Grave denuncia contra YPF por contaminación
23:23 | 
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Grave denuncia contra YPF por contaminación en una comunidad mapuche
Fecha de Publicación: 23/04/2012
Fuente: Política Digital
Provincia/Región: Neuquén
Cristina Cherqui tenía 55 años, y era miembro de la comunidad mapuche de Añelo, zona ubicada a 100 kilómetros de la ciudad de Neuquén. Falleció el lunes pasado, después que le detectaran plomo y otros metales pesados en la sangre, fruto de la contaminación que YPF y otras petroleras generan en el agua que se consume en la región.
Una publicación del diario Tiempo Argentino, revela que la investigación arrancó con una denuncia penal de la Asociación de Superficiarios de Petróleo de la Patagonia (ASSUPA), a la cual se sumaron 200 pobladores en calidad de querellantes. Cristina era uno de ellos. El escrito acusa como responsables a todo el directorio de la empresa, pero además a los otros grupos que explotan pozos en el lugar: Pan American, Chevron, Total Austral (de capitales franceses) y Medanito.
Después de analizar distintas muestras en superficie y en napas subterráneas, la División de Delitos Ambientales de la Policía Federal y el Laboratorio de Toxicología y Química Legal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinaron que los 4000 habitantes del "Desierto de Añelo", como se lo conoce, presentan medidas alarmantes de mercurio, cromo y plomo en la sangre, y que el agua del lago de la región está contaminada 500 veces más de lo permitido para uso recreativo.
"En realidad –dice Ricardo Apis, presidente de ASSUPA–, el problema es mucho más grave, porque además del terreno hay que sumar la contaminación en dos lagos: Los Barreales y Marimenuco, de donde sale el agua supuestamente potable para la ciudad de Neuquén y el área del Valle de Río Negro."
El reclamo se basó en dos tipos de muestras: la "calicata", que consiste en una perforación realizada para evaluar la calidad del agua de las napas freáticas, y la toma de aguas de superficie, efectuada generalmente en espejos naturales. Para esto último se eligió Los Barreales (uno de los tres del complejo Chocón-Cerro Colorado), que finalmente resultó contaminado 500 veces más del límite aconsejable.
Para Luis Arellano, apoderado legal de la Asociación y experto en temas ambientales, "los niveles de hidrocarburos en el agua que toma la gente son alarmantes. En un sector de Loma de la Lata, por ejemplo, la cifra es de 150 microgramos por litro".
Otra de las localidades perjudicadas es San Patricio del Chañar, lo que también demuestra que "los daños pueden seguir extendiéndose, si no se toman medidas de reparación", afirma Arellano. Y agrega: "La acción tiene en cuenta delitos penados en el artículo 200 del Código Penal y en los artículos 55,56 y 57 de la Ley 24.051. Estamos hablando de penas de hasta diez años de prisión. Aunque con un agregado: Cherqui era querellante en la causa penal, y su fallecimiento puede implicar un agravamiento de la figura, hasta alcanzar una pena de 25 años de prisión por envenenamiento seguido de muerte".
En medio de la investigación, Neuquén renegoció los contratos con las petroleras en 2009, y solicitó a YPF un listado para que la propia empresa informara cuáles eran sus focos de conflicto. El grupo reconoció 233 hechos contaminantes, cantidad muy por debajo de la real. En Loma de la Lata, por ejemplo, 13 episodios de distinta gravedad descubiertos por la Policía Federal no habían sido comunicados.
"Frente a este escenario –afirma Arellano–, puedo asegurar que si cualquiera hace una mínima perforación, encuentra agua contaminada rápidamente. Para colmo, el crudo no es lo único que contamina, porque a eso le tenés que sumar la llamada agua de formación. Para ser más claro: el petróleo no está en una pileta subterránea, puro y listo para ser extraído. Es una mezcla de arena, barro, piedra, tierra, que se saca inyectando líquidos, para buscar fluidez. Ni bien ese lodo aparece en la superficie, comienza un proceso de división y limpieza: petróleo propiamente dicho, pero además tierra, gasolina, diferentes productos químicos, y agua de formación, altamente tóxica y contaminante, en ocasiones siete veces más salada que el agua de mar. Agua que, por supuesto, las compañías tiran en los campos, arruinándolos por completo, y matando a los animales que se acercan."
El abogado reconoce que lo ocurrido en Los Barreales "fue de casualidad, porque la muestra que tomamos del lugar y mandamos a Buenos Aires surgió en realidad como 'blanqueo', es decir, una porción que suponíamos apta para el consumo y planeábamos usar como contraste de la contaminación de las napas. Pero para sorpresa nuestra, los estudios demostraron que también los índices contaminantes del lago eran gravísimos. Si esas 500 veces más de lo permitido son perjudiciales para la actividad recreativa, como puede ser la natación, imaginemos qué pasaría si alguien toma el agua."
"Si la justicia federal de Neuquén actuara como corresponde –finaliza Apis–, (Antonio) Brufau debería estar preso. Están muriendo seres humanos, y nosotros lo advertimos antes de que ocurriera." <
La cifra: 500 veces por encima del límite de lo aconsejable es la contaminación que se detectó en el agua de Los Barreales en Chocón-Cerro Colorado.
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Fecha de Publicación: 23/04/2012
Fuente: Política Digital
Provincia/Región: Neuquén
Cristina Cherqui tenía 55 años, y era miembro de la comunidad mapuche de Añelo, zona ubicada a 100 kilómetros de la ciudad de Neuquén. Falleció el lunes pasado, después que le detectaran plomo y otros metales pesados en la sangre, fruto de la contaminación que YPF y otras petroleras generan en el agua que se consume en la región.Una publicación del diario Tiempo Argentino, revela que la investigación arrancó con una denuncia penal de la Asociación de Superficiarios de Petróleo de la Patagonia (ASSUPA), a la cual se sumaron 200 pobladores en calidad de querellantes. Cristina era uno de ellos. El escrito acusa como responsables a todo el directorio de la empresa, pero además a los otros grupos que explotan pozos en el lugar: Pan American, Chevron, Total Austral (de capitales franceses) y Medanito.
Después de analizar distintas muestras en superficie y en napas subterráneas, la División de Delitos Ambientales de la Policía Federal y el Laboratorio de Toxicología y Química Legal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinaron que los 4000 habitantes del "Desierto de Añelo", como se lo conoce, presentan medidas alarmantes de mercurio, cromo y plomo en la sangre, y que el agua del lago de la región está contaminada 500 veces más de lo permitido para uso recreativo.
"En realidad –dice Ricardo Apis, presidente de ASSUPA–, el problema es mucho más grave, porque además del terreno hay que sumar la contaminación en dos lagos: Los Barreales y Marimenuco, de donde sale el agua supuestamente potable para la ciudad de Neuquén y el área del Valle de Río Negro."
El reclamo se basó en dos tipos de muestras: la "calicata", que consiste en una perforación realizada para evaluar la calidad del agua de las napas freáticas, y la toma de aguas de superficie, efectuada generalmente en espejos naturales. Para esto último se eligió Los Barreales (uno de los tres del complejo Chocón-Cerro Colorado), que finalmente resultó contaminado 500 veces más del límite aconsejable.
Para Luis Arellano, apoderado legal de la Asociación y experto en temas ambientales, "los niveles de hidrocarburos en el agua que toma la gente son alarmantes. En un sector de Loma de la Lata, por ejemplo, la cifra es de 150 microgramos por litro".
Otra de las localidades perjudicadas es San Patricio del Chañar, lo que también demuestra que "los daños pueden seguir extendiéndose, si no se toman medidas de reparación", afirma Arellano. Y agrega: "La acción tiene en cuenta delitos penados en el artículo 200 del Código Penal y en los artículos 55,56 y 57 de la Ley 24.051. Estamos hablando de penas de hasta diez años de prisión. Aunque con un agregado: Cherqui era querellante en la causa penal, y su fallecimiento puede implicar un agravamiento de la figura, hasta alcanzar una pena de 25 años de prisión por envenenamiento seguido de muerte".
En medio de la investigación, Neuquén renegoció los contratos con las petroleras en 2009, y solicitó a YPF un listado para que la propia empresa informara cuáles eran sus focos de conflicto. El grupo reconoció 233 hechos contaminantes, cantidad muy por debajo de la real. En Loma de la Lata, por ejemplo, 13 episodios de distinta gravedad descubiertos por la Policía Federal no habían sido comunicados.
"Frente a este escenario –afirma Arellano–, puedo asegurar que si cualquiera hace una mínima perforación, encuentra agua contaminada rápidamente. Para colmo, el crudo no es lo único que contamina, porque a eso le tenés que sumar la llamada agua de formación. Para ser más claro: el petróleo no está en una pileta subterránea, puro y listo para ser extraído. Es una mezcla de arena, barro, piedra, tierra, que se saca inyectando líquidos, para buscar fluidez. Ni bien ese lodo aparece en la superficie, comienza un proceso de división y limpieza: petróleo propiamente dicho, pero además tierra, gasolina, diferentes productos químicos, y agua de formación, altamente tóxica y contaminante, en ocasiones siete veces más salada que el agua de mar. Agua que, por supuesto, las compañías tiran en los campos, arruinándolos por completo, y matando a los animales que se acercan."
El abogado reconoce que lo ocurrido en Los Barreales "fue de casualidad, porque la muestra que tomamos del lugar y mandamos a Buenos Aires surgió en realidad como 'blanqueo', es decir, una porción que suponíamos apta para el consumo y planeábamos usar como contraste de la contaminación de las napas. Pero para sorpresa nuestra, los estudios demostraron que también los índices contaminantes del lago eran gravísimos. Si esas 500 veces más de lo permitido son perjudiciales para la actividad recreativa, como puede ser la natación, imaginemos qué pasaría si alguien toma el agua."
"Si la justicia federal de Neuquén actuara como corresponde –finaliza Apis–, (Antonio) Brufau debería estar preso. Están muriendo seres humanos, y nosotros lo advertimos antes de que ocurriera." <
La cifra: 500 veces por encima del límite de lo aconsejable es la contaminación que se detectó en el agua de Los Barreales en Chocón-Cerro Colorado.
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Sali-Dulce: Tucumán modificará ley ambiental
Para que se evite la contaminación, Tucumán modificará ley ambiental
Fecha de Publicación: 22/04/2012
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Tucumán
Ante el inminente inicio de la temporada de zafra, el gobierno de Tucumán enviará, la semana entrante, un proyecto del Ejecutivo para modificar la ley ambiental, donde se hará especial hincapié en el sistema de sanciones a quienes contaminen.
Así lo indicó en diálogo exclusivo con Nuevo Diario, LV11 y FM 88.1, el ministro de la Producción de esa provincia, Jorge Feijóo, quien agregó que “se trata de un sistema que tiene varios niveles de multa, con graduación muy alta, que va de 1 hasta 3 mil sueldos básicos de la administración provincial y un sistema expedito en materia de administración, el cual prevé una bonificación del 40 por ciento en las multas a los infractores que se allanen y no recurran a la instancia judicial con lo que evitan gastos y pérdida de tiempo”, explicó.
Control exhaustivo
Sostuvo además que “en aquellos casos que se recurra a una instancia judicial la resolución en primera instancia será inapelable. Creemos que entre el sistema de control, el de fiscalización anexo y el legal sancionatorio, se va a lograr un adecuado contralor para que los compromisos asumidos se cumplan”, indicó.
El funcionario remarcó que Tucumán dispuso un nuevo sistema de control con tres frentes. El primero es conocido como industrial y consiste en la evaluación y un balance de masa de la industria en cuanto a cantidad de producción.
Sobre ello, indicó que se trata de “un seguimiento preciso de los efluentes en determinación de volúmenes y destino de los mismos”.
El segundo trabajo será de monitoreo y consiste en control de los cauces hídricos en 60 puntos georreferenciados desde el 1 de mayo al 30 de noviembre, que serán monitoreados todos los días con tecnología de última generación con transmisión de datos online y análisis de las muestras.
El tercero será el tecnológico, que permitirá registrar la información que transmitan los puestos móviles como los sensores remotos que estarán instalados en los efluentes de cada uno de los 10 ingenios.
“Se trata de un sistema combinado de manera tal que nos permitirá realizar un monitoreo permanente y oportuno de toda la operación industrial”, indicó.
En cuanto a la visita del secretario de Medio Ambiente de la Nación, Dr. Juan José Mussi, dijo que mañana y el martes estará en Tucumán para visitar a los diez ingenios que firmaron los acuerdos.
El circuito comenzará por la zona sur y luego al este de la provincia (Banda del Río Salí, departamento Cruz Alta), adonde también fueron invitadas autoridades ambientales de Santiago del Estero.
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Fecha de Publicación: 22/04/2012
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Tucumán
Ante el inminente inicio de la temporada de zafra, el gobierno de Tucumán enviará, la semana entrante, un proyecto del Ejecutivo para modificar la ley ambiental, donde se hará especial hincapié en el sistema de sanciones a quienes contaminen.
Así lo indicó en diálogo exclusivo con Nuevo Diario, LV11 y FM 88.1, el ministro de la Producción de esa provincia, Jorge Feijóo, quien agregó que “se trata de un sistema que tiene varios niveles de multa, con graduación muy alta, que va de 1 hasta 3 mil sueldos básicos de la administración provincial y un sistema expedito en materia de administración, el cual prevé una bonificación del 40 por ciento en las multas a los infractores que se allanen y no recurran a la instancia judicial con lo que evitan gastos y pérdida de tiempo”, explicó.
Control exhaustivo
Sostuvo además que “en aquellos casos que se recurra a una instancia judicial la resolución en primera instancia será inapelable. Creemos que entre el sistema de control, el de fiscalización anexo y el legal sancionatorio, se va a lograr un adecuado contralor para que los compromisos asumidos se cumplan”, indicó.
El funcionario remarcó que Tucumán dispuso un nuevo sistema de control con tres frentes. El primero es conocido como industrial y consiste en la evaluación y un balance de masa de la industria en cuanto a cantidad de producción.
Sobre ello, indicó que se trata de “un seguimiento preciso de los efluentes en determinación de volúmenes y destino de los mismos”.
El segundo trabajo será de monitoreo y consiste en control de los cauces hídricos en 60 puntos georreferenciados desde el 1 de mayo al 30 de noviembre, que serán monitoreados todos los días con tecnología de última generación con transmisión de datos online y análisis de las muestras.
El tercero será el tecnológico, que permitirá registrar la información que transmitan los puestos móviles como los sensores remotos que estarán instalados en los efluentes de cada uno de los 10 ingenios.
“Se trata de un sistema combinado de manera tal que nos permitirá realizar un monitoreo permanente y oportuno de toda la operación industrial”, indicó.
En cuanto a la visita del secretario de Medio Ambiente de la Nación, Dr. Juan José Mussi, dijo que mañana y el martes estará en Tucumán para visitar a los diez ingenios que firmaron los acuerdos.
El circuito comenzará por la zona sur y luego al este de la provincia (Banda del Río Salí, departamento Cruz Alta), adonde también fueron invitadas autoridades ambientales de Santiago del Estero.
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El día de la Tierra se celebra en 192 países
El día de la Tierra se celebra en 192 países
Fecha de Publicación: 22/04/2012
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
Este domingo se espera que se realicen unos 22 mil actos en el mundo. Desde hace 42 años se conmemora esta fecha con el objeto de manifestarse y reclamar por un medio ambiente sano y la biodiversidad del planeta
Este domingo se celebra en el mundo el Día Internacional de la Tierra, conmemoración realizada desde 1970 con el fin de crear conciencia a los problemas de superpoblación, la producción de contaminación y la biodiversidad en el planeta.
El promotor de esta celebración fue el senador estadounidense Gaylard Nelson, un activista ambiental, que gracias al apoyo de universidades, escuelas y centenares de comunidades se creó en Estados Unidos la Environmental Protection Agency (Agencia de Protección Ambiental) y una serie de leyes destinada a la protección del medio ambiente.
En 1972 se celebró la primera conferencia internacional sobre el medio ambiente: la Conferencia de Estocolmo, cuyo objetivo fue sensibilizar a los líderes mundiales sobre la magnitud de los problemas ambientales y que se instituyeran las políticas necesarias para erradicarlos.
La Organización de las Naciones Unidas celebra el día de la Tierra cada año en el equinoccio de invierno, cerca del 21 de marzo.
El 26 de febrero de 1971, el secretario general U Thant firmó una proclamación a ese efecto. Al momento del equinoccio suena la Campana de la Paz en la sede central de la ONU en Nueva York.
El Día de la Tierra ha ayuda a las naciones a reflexionar sobre la importancia de cuidar los recursos no renovables del planeta y hacer frente a las nuevas crisis como de agua y las constantes sequías debido al cambio climático.
Este año en junio, los líderes mundiales se reunirán en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20) en Río de Janeiro.
Durante la reunión se centrarán en dos temas principales: cómo construir una economía verde para lograr el desarrollo sostenible y sacar a la gente de la pobreza y cómo mejorar la coordinación internacional para el logro del desarrollo sostenible.
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Fecha de Publicación: 22/04/2012
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
Este domingo se espera que se realicen unos 22 mil actos en el mundo. Desde hace 42 años se conmemora esta fecha con el objeto de manifestarse y reclamar por un medio ambiente sano y la biodiversidad del planetaEste domingo se celebra en el mundo el Día Internacional de la Tierra, conmemoración realizada desde 1970 con el fin de crear conciencia a los problemas de superpoblación, la producción de contaminación y la biodiversidad en el planeta.
El promotor de esta celebración fue el senador estadounidense Gaylard Nelson, un activista ambiental, que gracias al apoyo de universidades, escuelas y centenares de comunidades se creó en Estados Unidos la Environmental Protection Agency (Agencia de Protección Ambiental) y una serie de leyes destinada a la protección del medio ambiente.
En 1972 se celebró la primera conferencia internacional sobre el medio ambiente: la Conferencia de Estocolmo, cuyo objetivo fue sensibilizar a los líderes mundiales sobre la magnitud de los problemas ambientales y que se instituyeran las políticas necesarias para erradicarlos.
La Organización de las Naciones Unidas celebra el día de la Tierra cada año en el equinoccio de invierno, cerca del 21 de marzo.
El 26 de febrero de 1971, el secretario general U Thant firmó una proclamación a ese efecto. Al momento del equinoccio suena la Campana de la Paz en la sede central de la ONU en Nueva York.
El Día de la Tierra ha ayuda a las naciones a reflexionar sobre la importancia de cuidar los recursos no renovables del planeta y hacer frente a las nuevas crisis como de agua y las constantes sequías debido al cambio climático.
Este año en junio, los líderes mundiales se reunirán en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20) en Río de Janeiro.
Durante la reunión se centrarán en dos temas principales: cómo construir una economía verde para lograr el desarrollo sostenible y sacar a la gente de la pobreza y cómo mejorar la coordinación internacional para el logro del desarrollo sostenible.
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Aseguran que en 2020 podría haber vida en el Riachuelo
Aseguran que en 2020 podría haber vida en el Matanza-Riachuelo
Fecha de Publicación: 21/04/2012
Fuente: InfoRegión
Provincia/Región: Cuenca Matanza-Riachuelo
Según indicaron expertos, es posible lograr en 2020 niveles de oxigenación que permitan la vida. La premisa fue deslizada por profesionales de saneamiento de AySA para la cuenca Matanza-Riachuelo y el jurista en ambiente Malesh Mehta, quien aplica una orden de la Corte Suprema de India para limpiar el Ganges.
Expertos en saneamiento de AySA para la cuenca Matanza-Riachuelo y el jurista en ambiente Malesh Mehta, que aplica una orden de la Corte Suprema de India para limpiar el Ganges, coincidieron hoy en que es posible lograr en 2020 niveles de oxigenación que permitan la vida.
Con similitudes entre ambas problemáticas, persisten sin embargo diferencias de escalas, ya que sobre las márgenes del curso Matanza-Riachuelo se asientan unos 11 millones de habitantes, mientras que sobre las riberas del Ganges viven 400 millones.
"En la cuenca del Ganges hay más de 200 mil industrias agrupadas en 29 categorías productivas, con distintos niveles de peligrosidad, como curtiembres, destilerías, industrias químicas, usinas térmicas, lo cual es un problema muy serio para la India", dijo Metha, instantes después de la presentación.
El director de Técnica y Desarrollo Tecnológico en AySA, Alejandro Barrio, había respondido poco antes una pregunta de Metha, miembro de la Corte Suprema de India, acerca de si la empresa argentina de aguas cree que la meta que tienen ambos países por orden de sus cortes, el 2020, es realmente posible.
"Parando el volcado de deshechos cloacales (domiciliarios) e industriales, e introduciendo técnicas de aireación, se puede lograr niveles básicos para la vida", respondió Barrio.
El empresario afirmó que "AySA opera un sistema (de tratamiento cloacal) de seis millones de habitantes, que va a ampliar a 9 o 10 millones con lo que ya sabemos hacer: desde el punto de vista de la operación del servicio, no tenemos duda" de que es posible.
Metha contó que "el Ganges es un río sagrado y está siendo contaminado por industrias y municipios de 300 ciudades que abarca la cuenca, muchas de ellas sin establecimientos de servicios sanitarios". "La Corte notificó a cada una de las industrias, que vinieron al juzgado para obtener un cronograma con las acciones de remediación e inversiones en plantas de tratamiento de efluentes, y las empresas que no cumplieron con los plazos establecidos fueron sancionados y otras, clausuradas, así como se les dio extensión a quien lo solicitara", precisó acerca del caso indio.
Según Metha, "se hizo mucho pero queda mucho por hacer, y el conflicto indudablemente está, porque es una cuenca enorme, con muchos afluentes".
Respecto al caso argentino, Barrio diagnosticó que el tema industrial para la cuenca Matanza-Riachuelo "es complejo pero en el camino uno ve la luz".
La Cuenca Hídrica Matanza-Riachuelo tiene una superficie de 2.240 kilómetros cuadrados, área en la que recorre unos 80 kilómetros hasta desembocar en el Río de la Plata, en la Boca.
Las obras de infraestructura sanitaria que le mostraron a Mehta son parte del Plan Director de agua potable y desagües cloacales de AySA y están insertas en el proyecto de saneamiento aprobado por las autoridades para la Cuenca Matanza-Riachuelo.
Metha expresó haber encontrado "mucha similitud" entre el caso argentino y el indio, porque la cuenca bonaerense y porteña "también tiene un altísimo nivel de contaminación, al igual que el Ganges, y la gente sufre, por lo que es un momento adecuado para que se saneen ambas cuencas de modo de proteger el ambiente y la calidad de vida de los ciudadanos".
Acerca de si los industriales indios aceptaban la necesidad de producir con prácticas que no degraden el ambiente, Metha dijo que "cuando la Corte se puso firme, muchos industriales aprendieron esto, no de manera voluntaria, sino por la presión del Tribunal".
"Las industrias tienen que saber, más allá de que estén en la cuenca Matanza-Riachuelo o el Ganges, que tienen una responsabilidad social, y que si afectan a la gente, en algún momento van a ver afectada a la propia industria", concluyó.
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Fecha de Publicación: 21/04/2012
Fuente: InfoRegión
Provincia/Región: Cuenca Matanza-Riachuelo
Según indicaron expertos, es posible lograr en 2020 niveles de oxigenación que permitan la vida. La premisa fue deslizada por profesionales de saneamiento de AySA para la cuenca Matanza-Riachuelo y el jurista en ambiente Malesh Mehta, quien aplica una orden de la Corte Suprema de India para limpiar el Ganges.Expertos en saneamiento de AySA para la cuenca Matanza-Riachuelo y el jurista en ambiente Malesh Mehta, que aplica una orden de la Corte Suprema de India para limpiar el Ganges, coincidieron hoy en que es posible lograr en 2020 niveles de oxigenación que permitan la vida.
Con similitudes entre ambas problemáticas, persisten sin embargo diferencias de escalas, ya que sobre las márgenes del curso Matanza-Riachuelo se asientan unos 11 millones de habitantes, mientras que sobre las riberas del Ganges viven 400 millones.
"En la cuenca del Ganges hay más de 200 mil industrias agrupadas en 29 categorías productivas, con distintos niveles de peligrosidad, como curtiembres, destilerías, industrias químicas, usinas térmicas, lo cual es un problema muy serio para la India", dijo Metha, instantes después de la presentación.
El director de Técnica y Desarrollo Tecnológico en AySA, Alejandro Barrio, había respondido poco antes una pregunta de Metha, miembro de la Corte Suprema de India, acerca de si la empresa argentina de aguas cree que la meta que tienen ambos países por orden de sus cortes, el 2020, es realmente posible.
"Parando el volcado de deshechos cloacales (domiciliarios) e industriales, e introduciendo técnicas de aireación, se puede lograr niveles básicos para la vida", respondió Barrio.
El empresario afirmó que "AySA opera un sistema (de tratamiento cloacal) de seis millones de habitantes, que va a ampliar a 9 o 10 millones con lo que ya sabemos hacer: desde el punto de vista de la operación del servicio, no tenemos duda" de que es posible.
Metha contó que "el Ganges es un río sagrado y está siendo contaminado por industrias y municipios de 300 ciudades que abarca la cuenca, muchas de ellas sin establecimientos de servicios sanitarios". "La Corte notificó a cada una de las industrias, que vinieron al juzgado para obtener un cronograma con las acciones de remediación e inversiones en plantas de tratamiento de efluentes, y las empresas que no cumplieron con los plazos establecidos fueron sancionados y otras, clausuradas, así como se les dio extensión a quien lo solicitara", precisó acerca del caso indio.
Según Metha, "se hizo mucho pero queda mucho por hacer, y el conflicto indudablemente está, porque es una cuenca enorme, con muchos afluentes".
Respecto al caso argentino, Barrio diagnosticó que el tema industrial para la cuenca Matanza-Riachuelo "es complejo pero en el camino uno ve la luz".
La Cuenca Hídrica Matanza-Riachuelo tiene una superficie de 2.240 kilómetros cuadrados, área en la que recorre unos 80 kilómetros hasta desembocar en el Río de la Plata, en la Boca.
Las obras de infraestructura sanitaria que le mostraron a Mehta son parte del Plan Director de agua potable y desagües cloacales de AySA y están insertas en el proyecto de saneamiento aprobado por las autoridades para la Cuenca Matanza-Riachuelo.
Metha expresó haber encontrado "mucha similitud" entre el caso argentino y el indio, porque la cuenca bonaerense y porteña "también tiene un altísimo nivel de contaminación, al igual que el Ganges, y la gente sufre, por lo que es un momento adecuado para que se saneen ambas cuencas de modo de proteger el ambiente y la calidad de vida de los ciudadanos".
Acerca de si los industriales indios aceptaban la necesidad de producir con prácticas que no degraden el ambiente, Metha dijo que "cuando la Corte se puso firme, muchos industriales aprendieron esto, no de manera voluntaria, sino por la presión del Tribunal".
"Las industrias tienen que saber, más allá de que estén en la cuenca Matanza-Riachuelo o el Ganges, que tienen una responsabilidad social, y que si afectan a la gente, en algún momento van a ver afectada a la propia industria", concluyó.
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Piden que Chaco no autorice más desmontes
Greenpeace pide que el Gobierno del Chaco no autorice más desmontes
Fecha de Publicación: 20/04/2012
Fuente: Chaco On Line
Provincia/Región: Chaco
Greenpeace pidió al Gobierno del Chaco que no autorice más desmontes en El Impenetrable. El pedido fue después de un relevamiento por aire y tierra en el que constató el severo impacto ambiental de desmontes selectivos para zonas protegidas.
La organización ambientalista realizó un relevamiento por tierra y aire en El Impenetrable, y constató el severo impacto ambiental de desmontes selectivos para ganadería intensiva que fueron autorizados en zonas protegidas por la normativa nacional.
“Las topadoras dejan muy pocos árboles en pie y eliminan todo el bosque bajo, lo que no garantiza su regeneración y es el sustento de la mayoría de la fauna chaqueña. El gobierno del Chaco está autorizando en El Impenetrable desmontes encubiertos que violan la Ley de Bosques”, señaló Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace.
El Plan Ganadero Chaco tiene por objetivo duplicar el stock ganadero para el año 2015 y pasar de las 2.600.000 cabezas actuales a 5 millones.
“El avance de la ganadería intensiva puede implicar, en el mediano plazo, la fragmentación y desaparición de gran parte de El Impenetrable, un valiosísimo ecosistema forestal que abarca cerca de 4 millones de hectáreas de la región chaqueña semiárida y que alberga especies seriamente amenazadas como el yaguareté, el tatú carreta, y el oso hormiguero”, afirmó Giardini.
El Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de la provincia del Chaco clasifica a los bosques de “El Impenetrable” en la Categoría I (rojo) y la Categoría II (amarillo), que no permiten desmonte. Sin embargo, la aplicación de sistemas silvopastoriles para ganadería intensiva, claramente viola la Ley nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos.
Greenpeace reclama al gobierno del Chaco que, en cumplimiento con lo establecido por la Ley de Bosques, no autorice más desmontes en “El Impenetrable”.
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Fecha de Publicación: 20/04/2012
Fuente: Chaco On Line
Provincia/Región: Chaco
Greenpeace pidió al Gobierno del Chaco que no autorice más desmontes en El Impenetrable. El pedido fue después de un relevamiento por aire y tierra en el que constató el severo impacto ambiental de desmontes selectivos para zonas protegidas.La organización ambientalista realizó un relevamiento por tierra y aire en El Impenetrable, y constató el severo impacto ambiental de desmontes selectivos para ganadería intensiva que fueron autorizados en zonas protegidas por la normativa nacional.
“Las topadoras dejan muy pocos árboles en pie y eliminan todo el bosque bajo, lo que no garantiza su regeneración y es el sustento de la mayoría de la fauna chaqueña. El gobierno del Chaco está autorizando en El Impenetrable desmontes encubiertos que violan la Ley de Bosques”, señaló Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace.
El Plan Ganadero Chaco tiene por objetivo duplicar el stock ganadero para el año 2015 y pasar de las 2.600.000 cabezas actuales a 5 millones.
“El avance de la ganadería intensiva puede implicar, en el mediano plazo, la fragmentación y desaparición de gran parte de El Impenetrable, un valiosísimo ecosistema forestal que abarca cerca de 4 millones de hectáreas de la región chaqueña semiárida y que alberga especies seriamente amenazadas como el yaguareté, el tatú carreta, y el oso hormiguero”, afirmó Giardini.
El Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de la provincia del Chaco clasifica a los bosques de “El Impenetrable” en la Categoría I (rojo) y la Categoría II (amarillo), que no permiten desmonte. Sin embargo, la aplicación de sistemas silvopastoriles para ganadería intensiva, claramente viola la Ley nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos.
Greenpeace reclama al gobierno del Chaco que, en cumplimiento con lo establecido por la Ley de Bosques, no autorice más desmontes en “El Impenetrable”.
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Etiquetas:
Chaco,
Desmontes,
ecosistemas,
legislación y derecho ambiental,
política ambiental
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Tucumán: arquitectos defienden pulmones verdes
Piden a la Justicia que rescate los pulmones verdes
Fecha de Publicación: 19/04/2012
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
El Colegio de Arquitectos solicitó que se declare la inconstitucionalidad de la norma que reemplazará los centros de manzana por cocheras . La institución citó un pronunciamiento de la facultad de Arquitectura con argumentos históricas, patrimoniales y ambientales para resguardar los espacios libres.
Una ciudad más caliente, gris, ruidosa, contaminada, inundable y repleta de autos. Esa es la síntesis de las consecuencias que sufrirá San Miguel de Tucumán por la ordenanza Nº 4.425, según advierten los especialistas del Colegio de Arquitectos de Tucumán (CAT) y de la facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán. Por ese motivo, recurrieron a la Justicia para voltear la norma que modificó el artículo 28 del Código de Planeamiento urbano de la ciudad de San Miguel de Tucumán y permitió el reemplazo de los pulmones de manzana por estacionamientos.
El abogado del CAT, Luis Rodríguez Vaquero, realizó la presentación en la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Según se detalló desde la institución que preside Juan Bautista Ramazzotti, se trata de un recurso de amparo colectivo de protección y de reparación, mediante el que se solicita que se declare la inconstitucionalidad de la disposición municipal.
"El centro de manzana es el espacio parquizado en el interior de las manzanas que cumple la función de pulmón verde y de terreno absorbente y que garantiza la calidad ambiental, particularmente en los distritos residenciales y de áreas especiales", defendió Ramazzotti.
En los fundamentos de la acción, el letrado Rodríguez Vaquero evocó los artículos de las constituciones Nacional y Provincial (N° 41, en ambos casos) que mencionan el derecho de todos los habitantes a un ambiente sano y equilibrado y la responsabilidad de las autoridades de bregar por ello. Paralelamente, se instó a la Municipalidad a que se abstenga de ejecutar la ordenanza cuestionada.
Dictamen contundente
La presentación judicial se respaldó con un lapidario informe de la facultad de Arquitectura. A pedido del CAT, hace una semana se expidió sobre el impacto ambiental, urbanístico y arquitectónico de la ordenanza. En primera instancia, cita parte del aporte realizado por las catedráticas Daniela Moreno y Olga Paterlini que consignaron que, de acuerdo con el Código de Planeamiento Urbano, el espacio en el centro de manzana constituye uno de los elementos integrantes del espacio urbano de la ciudad, con igual jerarquía que espacios como la vía pública. Por otro lado, el informe advierte que se está poniendo en peligro el patrimonio urbano-arquitectónico de la ciudad histórica. En particular, puntualiza que afecta lo referido a los valores urbanos y ambientales; a los tipos arquitectónicos tradicionales y sus modos de ocupación de parcelas, dado que edificios de valor patrimonial están en la zona y a la integridad física del patrimonio arquitectónico, por el efecto nocivo que sobre los materiales pétreos naturales o artificiales producirá la contaminación derivada del incremento de automóviles en el área.
El área de influencia de la ordenanza incluye la parte central de la capital y las avenidas Mate de Luna, Sarmiento, Avellaneda, Sáenz Peña y Soldati. Al respecto, el arquitecto Raúl Di Lullo detalló en el escrito que la medida alcanza a 450 hectáreas. Los cálculos que efectuó "determinan un total de 290.000 metros cuadrados (29 hectáreas) de espacio urbano descubierto que podría desaparecer como tal".
En cuanto a la problemática ambiental, un informe del arquitecto Guillermo Gonzalo menciona que los cambios de la ordenanza disminuyen la superficie verde produciendo diversos problemas ambientales y funcionales: microclima urbano (isla de calor), mayor cantidad de vehículos con el consecuente incremento de los niveles sonoros y de la emisión de dióxido de carbono (gas que más contribuye al calentamiento del planeta y al cambio climático). Su colega Jorge Negrete condenó que no se haya efectuado ningún estudio de impacto ambiental previo.
Mañana, a las 19.30, habrá una reunión informativa en la sede del CAT (Rivadavia Nº 179), de la que participarán profesionales, ambientalistas y miembros de organizaciones no gubernamentales.
Fecha de Publicación: 19/04/2012
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
El Colegio de Arquitectos solicitó que se declare la inconstitucionalidad de la norma que reemplazará los centros de manzana por cocheras . La institución citó un pronunciamiento de la facultad de Arquitectura con argumentos históricas, patrimoniales y ambientales para resguardar los espacios libres.
Una ciudad más caliente, gris, ruidosa, contaminada, inundable y repleta de autos. Esa es la síntesis de las consecuencias que sufrirá San Miguel de Tucumán por la ordenanza Nº 4.425, según advierten los especialistas del Colegio de Arquitectos de Tucumán (CAT) y de la facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán. Por ese motivo, recurrieron a la Justicia para voltear la norma que modificó el artículo 28 del Código de Planeamiento urbano de la ciudad de San Miguel de Tucumán y permitió el reemplazo de los pulmones de manzana por estacionamientos.
El abogado del CAT, Luis Rodríguez Vaquero, realizó la presentación en la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Según se detalló desde la institución que preside Juan Bautista Ramazzotti, se trata de un recurso de amparo colectivo de protección y de reparación, mediante el que se solicita que se declare la inconstitucionalidad de la disposición municipal.
"El centro de manzana es el espacio parquizado en el interior de las manzanas que cumple la función de pulmón verde y de terreno absorbente y que garantiza la calidad ambiental, particularmente en los distritos residenciales y de áreas especiales", defendió Ramazzotti.
En los fundamentos de la acción, el letrado Rodríguez Vaquero evocó los artículos de las constituciones Nacional y Provincial (N° 41, en ambos casos) que mencionan el derecho de todos los habitantes a un ambiente sano y equilibrado y la responsabilidad de las autoridades de bregar por ello. Paralelamente, se instó a la Municipalidad a que se abstenga de ejecutar la ordenanza cuestionada.
Dictamen contundente
La presentación judicial se respaldó con un lapidario informe de la facultad de Arquitectura. A pedido del CAT, hace una semana se expidió sobre el impacto ambiental, urbanístico y arquitectónico de la ordenanza. En primera instancia, cita parte del aporte realizado por las catedráticas Daniela Moreno y Olga Paterlini que consignaron que, de acuerdo con el Código de Planeamiento Urbano, el espacio en el centro de manzana constituye uno de los elementos integrantes del espacio urbano de la ciudad, con igual jerarquía que espacios como la vía pública. Por otro lado, el informe advierte que se está poniendo en peligro el patrimonio urbano-arquitectónico de la ciudad histórica. En particular, puntualiza que afecta lo referido a los valores urbanos y ambientales; a los tipos arquitectónicos tradicionales y sus modos de ocupación de parcelas, dado que edificios de valor patrimonial están en la zona y a la integridad física del patrimonio arquitectónico, por el efecto nocivo que sobre los materiales pétreos naturales o artificiales producirá la contaminación derivada del incremento de automóviles en el área.
El área de influencia de la ordenanza incluye la parte central de la capital y las avenidas Mate de Luna, Sarmiento, Avellaneda, Sáenz Peña y Soldati. Al respecto, el arquitecto Raúl Di Lullo detalló en el escrito que la medida alcanza a 450 hectáreas. Los cálculos que efectuó "determinan un total de 290.000 metros cuadrados (29 hectáreas) de espacio urbano descubierto que podría desaparecer como tal".
En cuanto a la problemática ambiental, un informe del arquitecto Guillermo Gonzalo menciona que los cambios de la ordenanza disminuyen la superficie verde produciendo diversos problemas ambientales y funcionales: microclima urbano (isla de calor), mayor cantidad de vehículos con el consecuente incremento de los niveles sonoros y de la emisión de dióxido de carbono (gas que más contribuye al calentamiento del planeta y al cambio climático). Su colega Jorge Negrete condenó que no se haya efectuado ningún estudio de impacto ambiental previo.
Mañana, a las 19.30, habrá una reunión informativa en la sede del CAT (Rivadavia Nº 179), de la que participarán profesionales, ambientalistas y miembros de organizaciones no gubernamentales.
Chaco: Critican proyecto de ley de agroquímicos
Aseguran que "son insuficientes" las distancias para las fumigaciones
Fecha de Publicación: 19/04/2012
Fuente: Chaco Dia por Dia
Provincia/Región: Chaco
A través de un documento titulado: "¿Quién protegerá la salud pública, el ambiente y la biodiversidad?", el coordinador del Centro Mandela, Rolando Núñez, advierte que el proyecto de ley del Ejecutivo sigue sin dar respuestas a la cuestión ambiental.
Publicamos textualmente el documento firmado por el coordinador del Centro de Estudios e Investigación Social "Nelson Mandela" DDHH, Rolando Núñez:
"Durante los últimos años el tema ambiental estuvo en la agenda de la discusión pública, aunque no se logró el esclarecimiento necesario y menos aún las decisiones políticas e institucionales que posibiliten salvaguardar el interés general que supone la protección y administración sustentable de la salud pública, el ambiente y la biodiversidad. Al descontrol en los desmontes que favorecen la desertificación, al avance de la frontera agropecuaria por el mal uso de los suelos, a la contaminación de fuentes de agua y a la explotación irracional del monte para sacar madera, se suma la contaminación de poblaciones por la aplicación indiscriminada de agrotóxicos por la ausencia de controles por parte del Estado.
La realidad demuestra que a la hora de fumigar no se respetan las áreas urbanas, las escuelas, ni los centros de salud, para citar algunos ejemplos, perjudicándose a pequeños productores que ven secarse sus frutales y morir sus colmenas, contaminando fuentes de agua y provocando mortandad de animales. El Chaco no escapa al reclamo generalizado que crece en gran parte de nuestro país sobre las consecuencias nefastas que provoca el uso indiscriminado de sustancias químicas aplicadas a los cultivos que conforman el paquete de la agricultura industrial.
En diciembre de 2007, apenas asumió el gobernador Capitanich, promulgó la ley a través de la cual reorganizó la estructura administrativa del Estado. En el caso que nos interesa analizar, que es el de la producción, el uso de agrotóxicos, los recursos naturales y el ambiente, fueron dos los Ministerios creados. El tema “producción” se fusionó con economía y el tema “ambiente” se lo “llevó” el Ministerio de Infraestructura. De esa manera las políticas públicas en materia de biocidas pasó a la órbita de los Ministerios de Economía y de Producción.
Pasado casi dos años, ya en octubre de 2009, el gobierno decidió volver atrás. El gobernador anunció que se crearía el “nuevo” (¿?) Ministerio de Producción y Ambiente, que “se abocará al cuidado del medio ambiente”. Este Ministerio se encargaría de “la realización del registro, de las autorizaciones, de la supervisión y de la fiscalización de la elaboración, distribución y uso de productos de biocidas y fertilizantes”.
Los biocidas, una cuestión más que sensible
Diez años tuvieron que pasar para que se oyeran los reclamos de las madres del Barrio Ituzaingó en Córdoba, que denunciaban las enfermedades y muertes de sus hijos por el uso masivo de agrotóxicos. En nuestra provincia, las denuncias de los vecinos de La Leonesa y Las Palmas, a los que se sumaron los de otras localidades, generaron debates muy fuertes sobre la utilización de los plaguicidas y de los fertilizantes, seguidos de jornadas y talleres que se fueron dando en distintos puntos de nuestra geografía, incluida la legislatura del Chaco.
La creación de la Comisión Nacional de Investigación sobre Agroquímicos, los informes del Defensor del Pueblo de la Nación y la intervención de infinidad de científicos de muchas Universidades, avalaron los reclamos y las denuncias de los “vecinos de los pueblos fumigados”, como se autodenominaron, debido a la generalización de la problemática en casi todo el país. Lo mismo sucedía en el Chaco con la Comisión de Contaminantes del Agua, fiscales y jueces, que daban espacio a investigaciones más profundas y serias, haciéndose eco de las denuncias, incluso con medidas cautelares bastantes protectoras. Los indicios y las evidencias hicieron visibles los riesgos y daños sociales, sanitarios y ambientales derivados del uso de los agrotóxicos, al amparo del principio de precaución establecido en la ley nacional ambiental. Sin embargo, la negación y la “sordera” institucional fueron las respuestas comunes. Funcionarios que descalificaban y desmentían a madres y padres sobre la enfermedad de sus hijos. Otros que no se daban por aludidos sobre los controles que deberían haber efectuado y que nunca se realizaron. Se sucedían los incumplimientos por parte de las autoridades. Mientras tanto, las empresas continuaban fumigando desaprensivamente.
En junio de 2010, cuando la situación ya se tornaba insostenible, el gobernador Capitanich reconoció que “a nivel ambiental, estamos en falta”. Esto se produjo luego de que se diera a conocer públicamente el Informe que la Comisión Nacional de Investigación de Agroquímicos respecto a la situación sanitaria y ambiental de los pobladores de La Leonesa/Las Palmas como consecuencia del funcionamiento de las arroceras del grupo económico de la familia liderada por Eduardo José Meichtry.
Al reconocimiento oficial de las deudas pendientes en materia ambiental, en agosto de 2010, se sumó un hecho vergonzoso que todavía resuena en la Leonesa. Se produjeron agresiones verbales y físicas que sufrieron los asistentes, entre ellos dos diputados, a una charla científica de esclarecimiento que debía realizar el profesor Carrasco sobre el efecto de los plaguicidas en la salud. Las agresiones fueron organizadas por los que tenían y tienen intereses económicos y políticos en las arroceras, a los que evidentemente no les importó la salud pública, sino que se manejan con la lógica del dinero y el poder.
Asignatura pendiente y mal resuelta
Hubo que esperar a marzo de 2011 a que se hiciera un algún anuncio relacionado con el tema. Capitanich dijo que crearía el Ministerio de Medio Ambiente. El mandatario había reconocido que la preservación del ambiente era una de las asignaturas pendientes de su gestión, tras las denuncias por incumplimiento de la ley de Biocidas. De esta forma prometió el envío de un proyecto de ley a la legislatura chaqueña. Poco tiempo después se detectó un proyecto de modificación de la actual ley 3.378 de biocidas, que contaba con un despacho de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, sin que se hubieran realizado reuniones ni consultas.
El proyecto no satisfizo a las comunidades afectadas y a otros sectores preocupados por esta situación. Esto llevó a plantear la necesidad de que se realice una audiencia pública por gestión del bloque Libres del Sur, en la que pudieran participar los sectores involucrados en la temática. El gran interés generado y la cantidad de inscriptos, casi 200 personas de muchos puntos de la provincia, inclusive de los más alejados, dividió la audiencia pública en dos partes: la primera se realizó en julio y la segunda en agosto de 2011.
De las intervenciones de los pobladores de pueblos afectados, pequeños productores, técnicos de varias instituciones, organizaciones populares y sectores relacionados con la protección de la salud y del ambiente, se evidenciaron muchos puntos coincidentes. Entre las ideas compartidas sobresalieron las posturas de dejar de lado el proyecto de ley enviado por el poder ejecutivo porque no mejoraba el contenido de la ley vigente. También se acordó con la necesidad de prohibir las pulverizaciones aéreas, de establecer distancias mínimas para las terrestres para proteger zonas urbanas o pobladas, escuelas, centros de salud, fuentes o vías de aguas, producciones agropecuarias susceptibles y reservas naturales, entre otros espacios a proteger. También se coincidió en la necesidad de cambiar la autoridad de aplicación de la ley de biocidas, que hasta ahora sigue siendo atribución del Ministerio de la Producción, con sus concurrentes faltas de controles.
Creación del Ministerio de Planificación y Ambiente
Luego de sucesivos anuncios por parte de los diputados sobre el análisis de las propuestas presentadas en la audiencia pública, en diciembre de 2011, se sancionó la nueva Ley de Ministerios 6.906, en la que se estableció el rango de ministerio a la gestión de planificación y ambiente. A partir de allí, y analizando los anuncios, se suponía la solución de ciertos problemas graves y crónicos de contaminación y degradación del ambiente o, por lo menos, el inicio de las acciones para remediar las situaciones que se venían planteando. Se gestaron muchas expectativas puestas en el nuevo Ministerio, que luego desembocaron en descreimientos generalizados.
En la nueva Ley 6.906, específicamente en lo relacionado con las funciones del Ministerio de Planificación y Ambiente, se pudo observar algunas diferencias sustanciales entre lo legislado y lo anunciado por el gobernador. Entre las funciones específicas del área de Ambiente, se detalló que ejercería la función de autoridad ambiental. En general, las incumbencias establecidas apuntan a planificar, coordinar, gestionar la inclusión de cuestiones ambientales, la gestión ambiental en planes, programas y proyectos de gobierno, elaborar diagnósticos, informes y estadísticas, seguimiento del estado del ambiente y de las políticas relacionadas con organismos del propio gobierno provincial, nacional o internacional u organizaciones en general o especializadas en materia ambiental. También debía entender en las relaciones con las ong vinculadas a la cuestión ambiental y a fortalecer los mecanismos de participación ciudadana. Sin embargo, en ninguno de los puntos se menciona que será autoridad de aplicación de la cuestión ambiental, custodiando el respeto de las leyes vigentes en la materia.
El uso de biocidas, ¡También es una cuestión ambiental!
Llama la atención que en la órbita de incumbencias del Ministerio de Planificación y Ambiente no se incluyera la aplicación de la ley de biocidas, cuestión ampliamente reclamada por la ciudadanía y que la información que distribuyera el gobierno permitía suponer. Se estableció que este Ministerio debía entender en el registro, supervisión y autorización de la elaboración, distribución y uso de productos de biocidas y fertilizantes. O sea que nada cambió a pesar de los anuncios grandilocuentes del gobierno, mientras siguen otros anuncios del mismo tipo, con igual suerte.
Y siguen los anuncios...
A principios de marzo de 2012 el flamante Ministro de Planificación y Ambiente, Ing. Raúl Codutti, anunció que una nueva propuesta del ejecutivo para modificar la ley de biocidas sería presentada en la legislatura para ser debatida. Esta propuesta incluiría “que las fumigaciones aéreas se realicen a mil metros y las terrestres a 400 de los centros poblados”, además de que el control dejaría de depender del Ministerio de la Producción.
Finalmente, el 14 de marzo ingresó a la legislatura provincial el Proyecto de Ley 498/12, que fue presentado por el ejecutivo y que sería una “propuesta mejorada” del proyecto de modificación de la ley de biocidas discutido en las audiencias públicas de 2011. A primera vista, la nueva propuesta fue una copia casi textual del proyecto discutido en las audiencias públicas, con algunas diferencias. En primer lugar, sobresale el cambio de la autoridad de aplicación que pasaría a ser la Dirección de Fiscalización Ambiental de la nueva Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Ministerio de Planificación y Ambiente. Esta estructura organizativa aún no fue sancionada. Otro punto que aparece como nuevo y puede ser interesante, si se cumple, es el de responsabilizar de la disposición final de los envases (bidones, baldes ó botellas plásticas y latas) a las empresas fabricantes de los agroquímicos que comercializan en el territorio provincial, debiendo implementarse un sistema de recolección y transporte para retirarlos de los usuarios. Cabe preguntarse por qué solamente se pensó en los envases de productos de formulación líquida, cuando el espectro es mayor e igualmente contaminante.
Lo ambiental seguirá siendo una deuda del gobierno
El último punto, que sería “superador” del proyecto anterior, consiste en la inclusión del tema de las pulverizaciones, tanto aéreas como terrestres. Sin embargo, en el proyecto no se prohíben las aplicaciones aéreas, aunque se establecen las distancias para ser realizadas, como también las terrestres, de 1.000 y 500 metros, respectivamente. Es importante recordar que esta fue una cuestión altamente discutida y reclamada por las poblaciones. Como fácilmente se puede apreciar, las distancias contempladas por el proyecto que analizan actualmente los diputados son insuficientes para dar una verdadera cobertura social, sanitaria y ambiental. Nótese también que sólo se mencionan a los centros urbanos, establecimientos educativos y sanitarios. Nada se aclara sobre las distancias a cursos de agua o embalses para abastecimiento de agua de personas o animales, cultivos sensibles, ganado, colmenas, reservas naturales protegidas, o productores orgánicos o agroecológicos que no aplican productos de síntesis químicas a sus cultivos. Son muchos los interrogantes y puntos oscuros del proyecto que se pretende sancionar. Todo indica que la cuestión ambiental va a continuar siendo una deuda de esta gestión".
Fecha de Publicación: 19/04/2012
Fuente: Chaco Dia por Dia
Provincia/Región: Chaco
A través de un documento titulado: "¿Quién protegerá la salud pública, el ambiente y la biodiversidad?", el coordinador del Centro Mandela, Rolando Núñez, advierte que el proyecto de ley del Ejecutivo sigue sin dar respuestas a la cuestión ambiental.
Publicamos textualmente el documento firmado por el coordinador del Centro de Estudios e Investigación Social "Nelson Mandela" DDHH, Rolando Núñez:
"Durante los últimos años el tema ambiental estuvo en la agenda de la discusión pública, aunque no se logró el esclarecimiento necesario y menos aún las decisiones políticas e institucionales que posibiliten salvaguardar el interés general que supone la protección y administración sustentable de la salud pública, el ambiente y la biodiversidad. Al descontrol en los desmontes que favorecen la desertificación, al avance de la frontera agropecuaria por el mal uso de los suelos, a la contaminación de fuentes de agua y a la explotación irracional del monte para sacar madera, se suma la contaminación de poblaciones por la aplicación indiscriminada de agrotóxicos por la ausencia de controles por parte del Estado.
La realidad demuestra que a la hora de fumigar no se respetan las áreas urbanas, las escuelas, ni los centros de salud, para citar algunos ejemplos, perjudicándose a pequeños productores que ven secarse sus frutales y morir sus colmenas, contaminando fuentes de agua y provocando mortandad de animales. El Chaco no escapa al reclamo generalizado que crece en gran parte de nuestro país sobre las consecuencias nefastas que provoca el uso indiscriminado de sustancias químicas aplicadas a los cultivos que conforman el paquete de la agricultura industrial.
En diciembre de 2007, apenas asumió el gobernador Capitanich, promulgó la ley a través de la cual reorganizó la estructura administrativa del Estado. En el caso que nos interesa analizar, que es el de la producción, el uso de agrotóxicos, los recursos naturales y el ambiente, fueron dos los Ministerios creados. El tema “producción” se fusionó con economía y el tema “ambiente” se lo “llevó” el Ministerio de Infraestructura. De esa manera las políticas públicas en materia de biocidas pasó a la órbita de los Ministerios de Economía y de Producción.
Pasado casi dos años, ya en octubre de 2009, el gobierno decidió volver atrás. El gobernador anunció que se crearía el “nuevo” (¿?) Ministerio de Producción y Ambiente, que “se abocará al cuidado del medio ambiente”. Este Ministerio se encargaría de “la realización del registro, de las autorizaciones, de la supervisión y de la fiscalización de la elaboración, distribución y uso de productos de biocidas y fertilizantes”.
Los biocidas, una cuestión más que sensible
Diez años tuvieron que pasar para que se oyeran los reclamos de las madres del Barrio Ituzaingó en Córdoba, que denunciaban las enfermedades y muertes de sus hijos por el uso masivo de agrotóxicos. En nuestra provincia, las denuncias de los vecinos de La Leonesa y Las Palmas, a los que se sumaron los de otras localidades, generaron debates muy fuertes sobre la utilización de los plaguicidas y de los fertilizantes, seguidos de jornadas y talleres que se fueron dando en distintos puntos de nuestra geografía, incluida la legislatura del Chaco.
La creación de la Comisión Nacional de Investigación sobre Agroquímicos, los informes del Defensor del Pueblo de la Nación y la intervención de infinidad de científicos de muchas Universidades, avalaron los reclamos y las denuncias de los “vecinos de los pueblos fumigados”, como se autodenominaron, debido a la generalización de la problemática en casi todo el país. Lo mismo sucedía en el Chaco con la Comisión de Contaminantes del Agua, fiscales y jueces, que daban espacio a investigaciones más profundas y serias, haciéndose eco de las denuncias, incluso con medidas cautelares bastantes protectoras. Los indicios y las evidencias hicieron visibles los riesgos y daños sociales, sanitarios y ambientales derivados del uso de los agrotóxicos, al amparo del principio de precaución establecido en la ley nacional ambiental. Sin embargo, la negación y la “sordera” institucional fueron las respuestas comunes. Funcionarios que descalificaban y desmentían a madres y padres sobre la enfermedad de sus hijos. Otros que no se daban por aludidos sobre los controles que deberían haber efectuado y que nunca se realizaron. Se sucedían los incumplimientos por parte de las autoridades. Mientras tanto, las empresas continuaban fumigando desaprensivamente.
En junio de 2010, cuando la situación ya se tornaba insostenible, el gobernador Capitanich reconoció que “a nivel ambiental, estamos en falta”. Esto se produjo luego de que se diera a conocer públicamente el Informe que la Comisión Nacional de Investigación de Agroquímicos respecto a la situación sanitaria y ambiental de los pobladores de La Leonesa/Las Palmas como consecuencia del funcionamiento de las arroceras del grupo económico de la familia liderada por Eduardo José Meichtry.
Al reconocimiento oficial de las deudas pendientes en materia ambiental, en agosto de 2010, se sumó un hecho vergonzoso que todavía resuena en la Leonesa. Se produjeron agresiones verbales y físicas que sufrieron los asistentes, entre ellos dos diputados, a una charla científica de esclarecimiento que debía realizar el profesor Carrasco sobre el efecto de los plaguicidas en la salud. Las agresiones fueron organizadas por los que tenían y tienen intereses económicos y políticos en las arroceras, a los que evidentemente no les importó la salud pública, sino que se manejan con la lógica del dinero y el poder.
Asignatura pendiente y mal resuelta
Hubo que esperar a marzo de 2011 a que se hiciera un algún anuncio relacionado con el tema. Capitanich dijo que crearía el Ministerio de Medio Ambiente. El mandatario había reconocido que la preservación del ambiente era una de las asignaturas pendientes de su gestión, tras las denuncias por incumplimiento de la ley de Biocidas. De esta forma prometió el envío de un proyecto de ley a la legislatura chaqueña. Poco tiempo después se detectó un proyecto de modificación de la actual ley 3.378 de biocidas, que contaba con un despacho de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, sin que se hubieran realizado reuniones ni consultas.
El proyecto no satisfizo a las comunidades afectadas y a otros sectores preocupados por esta situación. Esto llevó a plantear la necesidad de que se realice una audiencia pública por gestión del bloque Libres del Sur, en la que pudieran participar los sectores involucrados en la temática. El gran interés generado y la cantidad de inscriptos, casi 200 personas de muchos puntos de la provincia, inclusive de los más alejados, dividió la audiencia pública en dos partes: la primera se realizó en julio y la segunda en agosto de 2011.
De las intervenciones de los pobladores de pueblos afectados, pequeños productores, técnicos de varias instituciones, organizaciones populares y sectores relacionados con la protección de la salud y del ambiente, se evidenciaron muchos puntos coincidentes. Entre las ideas compartidas sobresalieron las posturas de dejar de lado el proyecto de ley enviado por el poder ejecutivo porque no mejoraba el contenido de la ley vigente. También se acordó con la necesidad de prohibir las pulverizaciones aéreas, de establecer distancias mínimas para las terrestres para proteger zonas urbanas o pobladas, escuelas, centros de salud, fuentes o vías de aguas, producciones agropecuarias susceptibles y reservas naturales, entre otros espacios a proteger. También se coincidió en la necesidad de cambiar la autoridad de aplicación de la ley de biocidas, que hasta ahora sigue siendo atribución del Ministerio de la Producción, con sus concurrentes faltas de controles.
Creación del Ministerio de Planificación y Ambiente
Luego de sucesivos anuncios por parte de los diputados sobre el análisis de las propuestas presentadas en la audiencia pública, en diciembre de 2011, se sancionó la nueva Ley de Ministerios 6.906, en la que se estableció el rango de ministerio a la gestión de planificación y ambiente. A partir de allí, y analizando los anuncios, se suponía la solución de ciertos problemas graves y crónicos de contaminación y degradación del ambiente o, por lo menos, el inicio de las acciones para remediar las situaciones que se venían planteando. Se gestaron muchas expectativas puestas en el nuevo Ministerio, que luego desembocaron en descreimientos generalizados.
En la nueva Ley 6.906, específicamente en lo relacionado con las funciones del Ministerio de Planificación y Ambiente, se pudo observar algunas diferencias sustanciales entre lo legislado y lo anunciado por el gobernador. Entre las funciones específicas del área de Ambiente, se detalló que ejercería la función de autoridad ambiental. En general, las incumbencias establecidas apuntan a planificar, coordinar, gestionar la inclusión de cuestiones ambientales, la gestión ambiental en planes, programas y proyectos de gobierno, elaborar diagnósticos, informes y estadísticas, seguimiento del estado del ambiente y de las políticas relacionadas con organismos del propio gobierno provincial, nacional o internacional u organizaciones en general o especializadas en materia ambiental. También debía entender en las relaciones con las ong vinculadas a la cuestión ambiental y a fortalecer los mecanismos de participación ciudadana. Sin embargo, en ninguno de los puntos se menciona que será autoridad de aplicación de la cuestión ambiental, custodiando el respeto de las leyes vigentes en la materia.
El uso de biocidas, ¡También es una cuestión ambiental!
Llama la atención que en la órbita de incumbencias del Ministerio de Planificación y Ambiente no se incluyera la aplicación de la ley de biocidas, cuestión ampliamente reclamada por la ciudadanía y que la información que distribuyera el gobierno permitía suponer. Se estableció que este Ministerio debía entender en el registro, supervisión y autorización de la elaboración, distribución y uso de productos de biocidas y fertilizantes. O sea que nada cambió a pesar de los anuncios grandilocuentes del gobierno, mientras siguen otros anuncios del mismo tipo, con igual suerte.
Y siguen los anuncios...
A principios de marzo de 2012 el flamante Ministro de Planificación y Ambiente, Ing. Raúl Codutti, anunció que una nueva propuesta del ejecutivo para modificar la ley de biocidas sería presentada en la legislatura para ser debatida. Esta propuesta incluiría “que las fumigaciones aéreas se realicen a mil metros y las terrestres a 400 de los centros poblados”, además de que el control dejaría de depender del Ministerio de la Producción.
Finalmente, el 14 de marzo ingresó a la legislatura provincial el Proyecto de Ley 498/12, que fue presentado por el ejecutivo y que sería una “propuesta mejorada” del proyecto de modificación de la ley de biocidas discutido en las audiencias públicas de 2011. A primera vista, la nueva propuesta fue una copia casi textual del proyecto discutido en las audiencias públicas, con algunas diferencias. En primer lugar, sobresale el cambio de la autoridad de aplicación que pasaría a ser la Dirección de Fiscalización Ambiental de la nueva Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Ministerio de Planificación y Ambiente. Esta estructura organizativa aún no fue sancionada. Otro punto que aparece como nuevo y puede ser interesante, si se cumple, es el de responsabilizar de la disposición final de los envases (bidones, baldes ó botellas plásticas y latas) a las empresas fabricantes de los agroquímicos que comercializan en el territorio provincial, debiendo implementarse un sistema de recolección y transporte para retirarlos de los usuarios. Cabe preguntarse por qué solamente se pensó en los envases de productos de formulación líquida, cuando el espectro es mayor e igualmente contaminante.
Lo ambiental seguirá siendo una deuda del gobierno
El último punto, que sería “superador” del proyecto anterior, consiste en la inclusión del tema de las pulverizaciones, tanto aéreas como terrestres. Sin embargo, en el proyecto no se prohíben las aplicaciones aéreas, aunque se establecen las distancias para ser realizadas, como también las terrestres, de 1.000 y 500 metros, respectivamente. Es importante recordar que esta fue una cuestión altamente discutida y reclamada por las poblaciones. Como fácilmente se puede apreciar, las distancias contempladas por el proyecto que analizan actualmente los diputados son insuficientes para dar una verdadera cobertura social, sanitaria y ambiental. Nótese también que sólo se mencionan a los centros urbanos, establecimientos educativos y sanitarios. Nada se aclara sobre las distancias a cursos de agua o embalses para abastecimiento de agua de personas o animales, cultivos sensibles, ganado, colmenas, reservas naturales protegidas, o productores orgánicos o agroecológicos que no aplican productos de síntesis químicas a sus cultivos. Son muchos los interrogantes y puntos oscuros del proyecto que se pretende sancionar. Todo indica que la cuestión ambiental va a continuar siendo una deuda de esta gestión".
Justicia paró el desmonte en Bosque Alegre
Justicia de San Isidro paró el desmonte en Bosque Alegre
Fecha de Publicación: 18/04/2012
Fuente: Zona Norte Digital
Provincia/Región: Buenos Aires
En respuesta a un amparo presentando el viernes pasado, el juez Jorge Luis Zunino dictaminó que la Municipalidad de San Isidro se abstenga de iniciar o continuar obra alguna que implique la extracción de piezas arbóreas o desmalezamiento en un predio ubicado en Bajo de San Isidro.
Esta resolución está en un todo de acuerdo con las acciones del municipio que declaró el resto del predio no comprometido en las obras del Campo Municipal Nº 6 como “Paisaje Protegido”.
Esta situación, en términos prácticos, es una luz verde para terminar con las obras del mencionado campo municipal de deportes.
Este dictamen coincide además con la resolución que oportunamente hiciera la OPDS (Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable, entidad que dictaminó que “salvo los escasos ejemplares citados, los árboles del predio no han sido afectados y presentan un buen estado de conservación. Debe destacarse que el sector impactado, lindante con el campo de deportes, presentaba naturalmente escasa cobertura arbórea y predominio de arbustos y herbáceas y que la mayor cobertura, en especial árboles nativos, se da hacia el lado del río, espacio que no ha sido afectado”.
Fecha de Publicación: 18/04/2012
Fuente: Zona Norte Digital
Provincia/Región: Buenos Aires
En respuesta a un amparo presentando el viernes pasado, el juez Jorge Luis Zunino dictaminó que la Municipalidad de San Isidro se abstenga de iniciar o continuar obra alguna que implique la extracción de piezas arbóreas o desmalezamiento en un predio ubicado en Bajo de San Isidro.
Esta resolución está en un todo de acuerdo con las acciones del municipio que declaró el resto del predio no comprometido en las obras del Campo Municipal Nº 6 como “Paisaje Protegido”.
Esta situación, en términos prácticos, es una luz verde para terminar con las obras del mencionado campo municipal de deportes.
Este dictamen coincide además con la resolución que oportunamente hiciera la OPDS (Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable, entidad que dictaminó que “salvo los escasos ejemplares citados, los árboles del predio no han sido afectados y presentan un buen estado de conservación. Debe destacarse que el sector impactado, lindante con el campo de deportes, presentaba naturalmente escasa cobertura arbórea y predominio de arbustos y herbáceas y que la mayor cobertura, en especial árboles nativos, se da hacia el lado del río, espacio que no ha sido afectado”.
Riachuelo: “Clausurar o aplicar multas”
“Clausurar o aplicar multas ambientales”
Fecha de Publicación: 18/04/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Buenos Aires - Capital
Abogado y ambientalista de la Corte Suprema de la India, trajo su experiencia en la cuenca del Ganges. Propone aplicar duras sanciones y reubicar las empresas en parques industriales. De paso por Buenos Aires, habló con Página/12.
“Ha llegado el momento de que los actores involucrados en la temática de la Cuenca Matanza-Riachuelo no esperen un minuto más. Hay una inversión en tareas de saneamiento, pero si los resultados no se ven, la sociedad debe dar un paso adelante, exigir respuestas y tomar cartas en el asunto”, dijo a Página/12 Malesh Mehta, un prestigioso abogado de la Corte Suprema de la India, que trabaja desde hace más de 25 años en el saneamiento del mítico río Ganges. Las palabras de Mehta resonaron en la Primera Conferencia Ambiental sobre responsabilidad social en las Cuencas Matanza-Riachuelo y Reconquista (ver recuadro), que fue convocada por la Unión de Industriales para Saneamiento de esas cuencas (Uiscumarr). Es que las similitudes en materia de contaminación y de saneamiento –salvando las distancias– no son meras coincidencias.
Abogado de profesión y ambientalista comprometido por elección –desde mediados de los ’80–, Mehta ha hecho de la lucha para proteger el medio ambiente su misión, lo que lo ha llevado a cruzar fronteras. Sus casos ambientales se han traducido en protección del patrimonio natural y cultural de su país contra los efectos adversos de la contaminación.
“El río Ganges es parte integral de la identidad de la India, considerado como un río sagrado que desciende de los cielos, se ha reverenciado y adorado a lo largo de la civilización india. Este antiguo y magnífico río ahora está bajo amenaza debido a la construcción de represas hidroeléctricas en su curso superior, algo que será devastador para la ecología, la vida silvestre y las comunidades, ya que se irá haciendo un túnel en su cauce”, explicó el abogado ambientalista.
Mehta también comentó que “cuenca abajo, el río Ganges sufre los efectos de la deforestación y sigue siendo utilizado como un vertedero de residuos industriales y domésticos sin tratar”. Aunque advirtió que “en noviembre de 2008, el primer ministro de la India, Manmohan Singh, declaró al Ganges un río nacional y estableció una autoridad especial para atender a su limpieza. Sin embargo, hasta ahora no ha habido resultados totalmente visibles a la mejora de la situación de este curso de agua, porque se trata de un trabajo a muy largo plazo que podría llevar varias décadas hasta lograr su limpieza definitiva”.
El significativo río Ganges fluye por las llanuras del norte de la India hacia Bangladesh y culmina su largo viaje de 2510 kilómetros hasta llegar al delta de Sundarbans. En la actualidad, la contaminación extrema que sufre el río afecta a unos “400 millones de personas”, que viven en sus proximidades.
La Cuenca Matanza-Riachuelo y Reconquista, las dos más contaminadas de Argentina, y que se encuentran entre las 30 más contaminadas del mundo, afectan la calidad de vida de “más de 12 millones de personas”, a la vez que constituyen una “amenaza” para la economía de nuestro país.
Tal como el Ganges es símbolo para todos los habitantes de la India, el Riachuelo lo es para los habitantes del área metropolitana. Según señaló Mehta, tuvo “la posibilidad de recorrer en dos oportunidades la Cuenca Matanza-Riacuelo”, y el último lunes lo hizo junto a referentes de Uiscumarr. “Vi que toda la extensa Cuenca Matanza-Riachuelo está muy mal y aun como turista o visitante me sentí mal. Por ello, cuando hay cosas que no están funcionando de manera correcta y cuando la calidad ambiental es pobre, tengo el deber de señalar estos problemas”, expresó.
“Hay problemas alarmantes en toda la Cuenca Matanza-Riachuelo, que afectan la salud de quienes viven en sus márgenes y que son provocados por los desperdicios de las fábricas que utilizan grandes cantidades de cromo y otros componentes dañinos que no se controlan”, dijo Mehta.
“Responsabilidad social es respetar la ley. La única opción es colocar multas ambientales sobre las industrias y cerrarlas si no las acatan, como se hizo en la India, aunque aún falta mucho. Cumplir con la normativa nos llevó a cerrar 900 fábricas desde la década del ’80 hasta la actualidad”, expuso el abogado ambientalista. “En Calcuta, las fábricas se reubicaron en parques industriales de actividades afines y esa también sería una buena opción aquí”, agregó.
“Estoy en Argentina como ciudadano del mundo. El único objetivo es preocuparse por el cuidado del río hoy, porque si se trabaja con estos parámetros viviremos en un mundo mejor a corto plazo.”
Fecha de Publicación: 18/04/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Buenos Aires - Capital
Abogado y ambientalista de la Corte Suprema de la India, trajo su experiencia en la cuenca del Ganges. Propone aplicar duras sanciones y reubicar las empresas en parques industriales. De paso por Buenos Aires, habló con Página/12.
“Ha llegado el momento de que los actores involucrados en la temática de la Cuenca Matanza-Riachuelo no esperen un minuto más. Hay una inversión en tareas de saneamiento, pero si los resultados no se ven, la sociedad debe dar un paso adelante, exigir respuestas y tomar cartas en el asunto”, dijo a Página/12 Malesh Mehta, un prestigioso abogado de la Corte Suprema de la India, que trabaja desde hace más de 25 años en el saneamiento del mítico río Ganges. Las palabras de Mehta resonaron en la Primera Conferencia Ambiental sobre responsabilidad social en las Cuencas Matanza-Riachuelo y Reconquista (ver recuadro), que fue convocada por la Unión de Industriales para Saneamiento de esas cuencas (Uiscumarr). Es que las similitudes en materia de contaminación y de saneamiento –salvando las distancias– no son meras coincidencias.
Abogado de profesión y ambientalista comprometido por elección –desde mediados de los ’80–, Mehta ha hecho de la lucha para proteger el medio ambiente su misión, lo que lo ha llevado a cruzar fronteras. Sus casos ambientales se han traducido en protección del patrimonio natural y cultural de su país contra los efectos adversos de la contaminación.
“El río Ganges es parte integral de la identidad de la India, considerado como un río sagrado que desciende de los cielos, se ha reverenciado y adorado a lo largo de la civilización india. Este antiguo y magnífico río ahora está bajo amenaza debido a la construcción de represas hidroeléctricas en su curso superior, algo que será devastador para la ecología, la vida silvestre y las comunidades, ya que se irá haciendo un túnel en su cauce”, explicó el abogado ambientalista.
Mehta también comentó que “cuenca abajo, el río Ganges sufre los efectos de la deforestación y sigue siendo utilizado como un vertedero de residuos industriales y domésticos sin tratar”. Aunque advirtió que “en noviembre de 2008, el primer ministro de la India, Manmohan Singh, declaró al Ganges un río nacional y estableció una autoridad especial para atender a su limpieza. Sin embargo, hasta ahora no ha habido resultados totalmente visibles a la mejora de la situación de este curso de agua, porque se trata de un trabajo a muy largo plazo que podría llevar varias décadas hasta lograr su limpieza definitiva”.
El significativo río Ganges fluye por las llanuras del norte de la India hacia Bangladesh y culmina su largo viaje de 2510 kilómetros hasta llegar al delta de Sundarbans. En la actualidad, la contaminación extrema que sufre el río afecta a unos “400 millones de personas”, que viven en sus proximidades.
La Cuenca Matanza-Riachuelo y Reconquista, las dos más contaminadas de Argentina, y que se encuentran entre las 30 más contaminadas del mundo, afectan la calidad de vida de “más de 12 millones de personas”, a la vez que constituyen una “amenaza” para la economía de nuestro país.
Tal como el Ganges es símbolo para todos los habitantes de la India, el Riachuelo lo es para los habitantes del área metropolitana. Según señaló Mehta, tuvo “la posibilidad de recorrer en dos oportunidades la Cuenca Matanza-Riacuelo”, y el último lunes lo hizo junto a referentes de Uiscumarr. “Vi que toda la extensa Cuenca Matanza-Riachuelo está muy mal y aun como turista o visitante me sentí mal. Por ello, cuando hay cosas que no están funcionando de manera correcta y cuando la calidad ambiental es pobre, tengo el deber de señalar estos problemas”, expresó.
“Hay problemas alarmantes en toda la Cuenca Matanza-Riachuelo, que afectan la salud de quienes viven en sus márgenes y que son provocados por los desperdicios de las fábricas que utilizan grandes cantidades de cromo y otros componentes dañinos que no se controlan”, dijo Mehta.
“Responsabilidad social es respetar la ley. La única opción es colocar multas ambientales sobre las industrias y cerrarlas si no las acatan, como se hizo en la India, aunque aún falta mucho. Cumplir con la normativa nos llevó a cerrar 900 fábricas desde la década del ’80 hasta la actualidad”, expuso el abogado ambientalista. “En Calcuta, las fábricas se reubicaron en parques industriales de actividades afines y esa también sería una buena opción aquí”, agregó.
“Estoy en Argentina como ciudadano del mundo. El único objetivo es preocuparse por el cuidado del río hoy, porque si se trabaja con estos parámetros viviremos en un mundo mejor a corto plazo.”
En 6 años los bosques de Córdoba se redujeron 40%
En 6 años, se redujo un 40% el bosque nativo de Córdoba
Fecha de Publicación: 18/04/2012
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Según investigadores de la UNC, entre 2004 y 2010, otras 269 mil hectáreas cambiaron de uso. Una ley prohibía los desmontes.
El número impresiona por sí solo: casi el 40 por ciento de los bosques nativos que subsistían en 2004 en el norte y oeste de Córdoba ya no estaban en 2010.
En apenas seis años, desaparecieron 269 mil hectáreas de bosques cerrados (lo más parecido al monte original) y de bosques abiertos (que han tenido perturbaciones pero mantienen hasta 40 por ciento de cobertura de árboles autóctonos).
El dato surge de un relevamiento recientemente culminado por los investigadores Marcelo Cabido y Laura Hoyos, del Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal de la Universidad Nacional de Córdoba.
“En 2004 ya quedaba solamente el 10 por ciento del bosque que había en estas zonas en el año 1900. Ahora, vemos con preocupación que de aquel 10 por ciento remanente, casi el 40 por ciento se perdió en los últimos seis años”, señaló Cabido a este diario.
El estudio, realizado sobre la base de comparaciones de imágenes satelitales Landsat de 2004 y 2010, sólo se refiere al norte de Córdoba (desde Jesús María hasta el límite con Santiago del Estero) y al noroeste, pero sin contar la zona serrana, ni el centro y sur provincial.
“Si se evaluaran las sierras, estimamos que el balance sería similar o peor, porque además de la deforestación que no se detuvo se suma el efecto de los incendios forestales. Pero ese relevamiento está en proceso ahora”, acotó Cabido.
Al centro y sur provincial ya no tiene casi sentido medirlo, porque no registran bosques desde hace décadas, salvo en reductos muy pequeños. “Es insignificante lo que quedó allí, no más de 10 mil hectáreas en total”, apuntó el doctor en Biología.
El cuadro que resume la investigación (ver Cambio de uso... ) muestra que, en el norte y oeste provincial –donde más se conservaba el monte autóctono cordobés– se pasó de 681.293 hectáreas medidas en 2004 sumando bosques cerrados y abiertos, a 412.310 hectáreas relevadas en 2010.
La diferencia es de 269 mil hectáreas menos en seis años, a razón de 45 mil por año y a una tasa anual de 6 al 7 por ciento, lo que los investigadores, de perfil ambientalista, califican de “alarmante”.
Cabido plantea que en estas zonas la pérdida de bosque fue fundamentalmente por el avance en el uso de la tierra para fines agrícolas o ganaderos. En ciertas áreas serranas, en tanto, a ese cambio de uso de suelo se agrega el destinado a las nuevas urbanizaciones.
La ley. “Lo que también alarma es que en 2005 Córdoba sancionó una ley que prohibía todos los desmontes. A pesar de eso, desde entonces se perdieron cientos de miles de hectáreas, lo que demuestra que las leyes no se cumplen, o no se las hace cumplir”, sostuvo Cabido.
Además de bosques abiertos y cerrados, el relevamiento distingue las áreas de matorrales (que eran bosque pero se perdieron, aunque podrían recuperarse) y las culturales (ya de uso agropecuario o urbano).
Entre 1979 y 2010, el uso “cultural” en el norte y el oeste pasó del 26 al 49 por ciento de los suelos. En el mismo período de 30 años, el bosque cerrado se redujo del 33 al 5 por ciento.
Entre 2004 y 2010, el uso “cultural” del suelo avanzó del 43 al 49 por ciento. Y el bosque cerrado, sólo en esos seis años, bajó del 15 al 5 por ciento.
Tema de debate
Mañana. El relevamiento de los investigadores de la UNC será presentado este jueves, durante el encuentro Diálogo Ciudadano sobre Bosques Nativos, que se desarrollará a las 18.30 en la Legislatura Provincial. Es promovido por la senadora nacional Norma Morandini.
Abierto. Ante legisladores y público interesado, fueron invitados a exponer funcionarios nacionales y provinciales ligados al tema e investigadores universitarios. Entre ellos, Marcelo Cabido, del Conicet y la UNC, y coautor del relevamiento.
Dos leyes. En 2005, Córdoba sancionó una ley que prohibió los desmontes, salvo que fueran expresamente autorizados por la Secretaría de Ambiente. El estudio de la UNC muestra que se desmontó mucho más de lo eventualmente autorizado. En 2010, la Legislatura aprobó una nueva ley de bosques nativos, para adherir a una norma nacional en ese rubro. El texto generó fuertes controversias y hasta planteos judiciales de inconstitucionalidad.
Fecha de Publicación: 18/04/2012
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Según investigadores de la UNC, entre 2004 y 2010, otras 269 mil hectáreas cambiaron de uso. Una ley prohibía los desmontes.
El número impresiona por sí solo: casi el 40 por ciento de los bosques nativos que subsistían en 2004 en el norte y oeste de Córdoba ya no estaban en 2010.
En apenas seis años, desaparecieron 269 mil hectáreas de bosques cerrados (lo más parecido al monte original) y de bosques abiertos (que han tenido perturbaciones pero mantienen hasta 40 por ciento de cobertura de árboles autóctonos).
El dato surge de un relevamiento recientemente culminado por los investigadores Marcelo Cabido y Laura Hoyos, del Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal de la Universidad Nacional de Córdoba.
“En 2004 ya quedaba solamente el 10 por ciento del bosque que había en estas zonas en el año 1900. Ahora, vemos con preocupación que de aquel 10 por ciento remanente, casi el 40 por ciento se perdió en los últimos seis años”, señaló Cabido a este diario.
El estudio, realizado sobre la base de comparaciones de imágenes satelitales Landsat de 2004 y 2010, sólo se refiere al norte de Córdoba (desde Jesús María hasta el límite con Santiago del Estero) y al noroeste, pero sin contar la zona serrana, ni el centro y sur provincial.
“Si se evaluaran las sierras, estimamos que el balance sería similar o peor, porque además de la deforestación que no se detuvo se suma el efecto de los incendios forestales. Pero ese relevamiento está en proceso ahora”, acotó Cabido.
Al centro y sur provincial ya no tiene casi sentido medirlo, porque no registran bosques desde hace décadas, salvo en reductos muy pequeños. “Es insignificante lo que quedó allí, no más de 10 mil hectáreas en total”, apuntó el doctor en Biología.
El cuadro que resume la investigación (ver Cambio de uso... ) muestra que, en el norte y oeste provincial –donde más se conservaba el monte autóctono cordobés– se pasó de 681.293 hectáreas medidas en 2004 sumando bosques cerrados y abiertos, a 412.310 hectáreas relevadas en 2010.
La diferencia es de 269 mil hectáreas menos en seis años, a razón de 45 mil por año y a una tasa anual de 6 al 7 por ciento, lo que los investigadores, de perfil ambientalista, califican de “alarmante”.
Cabido plantea que en estas zonas la pérdida de bosque fue fundamentalmente por el avance en el uso de la tierra para fines agrícolas o ganaderos. En ciertas áreas serranas, en tanto, a ese cambio de uso de suelo se agrega el destinado a las nuevas urbanizaciones.
La ley. “Lo que también alarma es que en 2005 Córdoba sancionó una ley que prohibía todos los desmontes. A pesar de eso, desde entonces se perdieron cientos de miles de hectáreas, lo que demuestra que las leyes no se cumplen, o no se las hace cumplir”, sostuvo Cabido.
Además de bosques abiertos y cerrados, el relevamiento distingue las áreas de matorrales (que eran bosque pero se perdieron, aunque podrían recuperarse) y las culturales (ya de uso agropecuario o urbano).
Entre 1979 y 2010, el uso “cultural” en el norte y el oeste pasó del 26 al 49 por ciento de los suelos. En el mismo período de 30 años, el bosque cerrado se redujo del 33 al 5 por ciento.
Entre 2004 y 2010, el uso “cultural” del suelo avanzó del 43 al 49 por ciento. Y el bosque cerrado, sólo en esos seis años, bajó del 15 al 5 por ciento.
Tema de debate
Mañana. El relevamiento de los investigadores de la UNC será presentado este jueves, durante el encuentro Diálogo Ciudadano sobre Bosques Nativos, que se desarrollará a las 18.30 en la Legislatura Provincial. Es promovido por la senadora nacional Norma Morandini.
Abierto. Ante legisladores y público interesado, fueron invitados a exponer funcionarios nacionales y provinciales ligados al tema e investigadores universitarios. Entre ellos, Marcelo Cabido, del Conicet y la UNC, y coautor del relevamiento.
Dos leyes. En 2005, Córdoba sancionó una ley que prohibió los desmontes, salvo que fueran expresamente autorizados por la Secretaría de Ambiente. El estudio de la UNC muestra que se desmontó mucho más de lo eventualmente autorizado. En 2010, la Legislatura aprobó una nueva ley de bosques nativos, para adherir a una norma nacional en ese rubro. El texto generó fuertes controversias y hasta planteos judiciales de inconstitucionalidad.
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Premiada por luchar contra los agrotóxicos
Goldman: premio contra los plaguicidas
Fecha de Publicación: 17/04/2012
Fuente: Sin Mordaza
Provincia/Región: Córdoba
El mismo será entregado a Sofía Gatica de Madres de Ituzaingó, primera mujer argentina en recibirlo. El premio será entregado hoy en San Francisco, EE.UU.
Hace unos años Sofía dio a luz a una niña cuyos riñones no funcionaron, y la beba murió. Cuando sus vecinos le contaron que había muchos casos como ése además del cáncer y de múltiples problemas de salud, Sofía entró en acción.
Sofía es una de las Madres de Ituzaingó cuya lucha mostró al mundo las consecuencias del uso de plaguicidas en torno a las zonas urbanas. Además integra “Paren de fumigar”, colectivo nacional que pelea para prohibir la aplicación aérea de agroquímicos, la separación de las áreas urbanas de las fumigaciones terrestres y para promover la reconversión a la agroecología.
Con el grupo de madres empezaron a buscar la epidemiología que el gobierno se negaba y se resiste a hacer: de puerta en puerta llevaron a cabo el primer estudio epidemiológico de la zona y descubrieron los graves efectos que la fumigación con pesticidas estaba ocasionando.
Su organización creó el Mapa del cáncer a contrapelo de los decires de las autoridades locales, reacias a reconocer que en ese sector de la ciudad estaba pasando algo gravísimo: tasas extremadamente superiores a las normales para esa enfermedad.
Las Madres de Ituzaingó comenzaron a protestar en contra del uso de plaguicidas en su zona, concurriendo a las oficinas ambientales de la ciudad de Córdoba, sin obtener respuestas. Cortaron calles, realizaron marchas. En 2003 lograron la sanción de una ordenanza para prohibir las fumigaciones a menos de 2.500 metros de las viviendas. Y en junio próximo serán protagonistas del juicio que sienta por vez primera en el banquillo de los acusados a dos productores y a un aeroaplicador, por haber violado las restricciones para fumigar en Ituzaingó Anexo, en lo que es el primer proceso judicial de este tipo en Argentina.
Argentina es el tercer mayor exportador mundial de soja. Cada año, la industria aplica millones de litros de agrotóxicos. Si bien Monsanto afirma que no hay riesgo para los seres humanos con su producto estrella asociado al cultivo, en glifosato, profusión de estudios científicos muestran lo contrario. Aemás, el coctel utilizado incluye endosulfán, pesticida altamente tóxico que ha sido prohibido en 80 países a causa de las amenazas para la salud humana y el medio ambiente. En mayo de 2011, se añadió a la lista de la ONU de contaminantes orgánicos persistentes a ser elimindos del planeta.
Fecha de Publicación: 17/04/2012
Fuente: Sin Mordaza
Provincia/Región: Córdoba
El mismo será entregado a Sofía Gatica de Madres de Ituzaingó, primera mujer argentina en recibirlo. El premio será entregado hoy en San Francisco, EE.UU.
Hace unos años Sofía dio a luz a una niña cuyos riñones no funcionaron, y la beba murió. Cuando sus vecinos le contaron que había muchos casos como ése además del cáncer y de múltiples problemas de salud, Sofía entró en acción.
Sofía es una de las Madres de Ituzaingó cuya lucha mostró al mundo las consecuencias del uso de plaguicidas en torno a las zonas urbanas. Además integra “Paren de fumigar”, colectivo nacional que pelea para prohibir la aplicación aérea de agroquímicos, la separación de las áreas urbanas de las fumigaciones terrestres y para promover la reconversión a la agroecología.
Con el grupo de madres empezaron a buscar la epidemiología que el gobierno se negaba y se resiste a hacer: de puerta en puerta llevaron a cabo el primer estudio epidemiológico de la zona y descubrieron los graves efectos que la fumigación con pesticidas estaba ocasionando.
Su organización creó el Mapa del cáncer a contrapelo de los decires de las autoridades locales, reacias a reconocer que en ese sector de la ciudad estaba pasando algo gravísimo: tasas extremadamente superiores a las normales para esa enfermedad.
Las Madres de Ituzaingó comenzaron a protestar en contra del uso de plaguicidas en su zona, concurriendo a las oficinas ambientales de la ciudad de Córdoba, sin obtener respuestas. Cortaron calles, realizaron marchas. En 2003 lograron la sanción de una ordenanza para prohibir las fumigaciones a menos de 2.500 metros de las viviendas. Y en junio próximo serán protagonistas del juicio que sienta por vez primera en el banquillo de los acusados a dos productores y a un aeroaplicador, por haber violado las restricciones para fumigar en Ituzaingó Anexo, en lo que es el primer proceso judicial de este tipo en Argentina.
Argentina es el tercer mayor exportador mundial de soja. Cada año, la industria aplica millones de litros de agrotóxicos. Si bien Monsanto afirma que no hay riesgo para los seres humanos con su producto estrella asociado al cultivo, en glifosato, profusión de estudios científicos muestran lo contrario. Aemás, el coctel utilizado incluye endosulfán, pesticida altamente tóxico que ha sido prohibido en 80 países a causa de las amenazas para la salud humana y el medio ambiente. En mayo de 2011, se añadió a la lista de la ONU de contaminantes orgánicos persistentes a ser elimindos del planeta.
Mendoza entre dos posturas por la minería
Mendoza entre dos posturas: ¿Sí o no a la minería?
Fecha de Publicación: 17/04/2012
Fuente: Política Digital
Provincia/Región: Mendoza
Días atrás se produjeron fuertes cruces entre los los propios intendentes oficialistas (PJ) sobre la minería. Esta provincia, al igual que en La Rioja, Catamarca, San Luis y Neuquén, mantiene históricos enfrentamientos entre pro y anti mineros. Intendentes y empresarios mineros presionan al gobernador a pesar de que éste, prometió respetar una ley provincial que imposibilita el desarrollo de esa actividad.
Fue el caballito de batalla de campaña, donde los candidatos competían por mostrarse a favor del ambiente y en contra de toda actividad contaminante en la provincia. Anuncios rimbombantes sobre el tema, dejaron a los actuales funcionarios "presos" de sus propias promesas, aún en diferencia con la sintonía nacional, que promueve la actividad.
El problema: La contaminación
Con el argumento de que el estado "no está capacitado" o "no es confiable" para el control de esta actividad, que para la extracción y procesamiento de metales a cielo abierto, utiliza sustancias altamente contaminantes como el cianuro, y otras que poseen pasivos peligrosos para la salud, se vienen realizando marchas y protestas, con activistas que presionan desde distintos sectores, para que el estado provincial tome una decisión definitiva sobre el tema.
La Ley
Una ley provincial (7.722) prohíbe expresamente la actividad que utilice alguna de esta sustancias, por lo que se ha dado marcha atrás en varios proyectos mineros que pretendían operar en Mendoza. El año pasado, un emprendimiento llegó hasta la legislatura, pero no obtuvo los consensos necesarios para desarrollarse.
Los intendentes
Los intendentes de la zona sur y centro de la provincia, denominada "Valle de Uco" que comprende San Carlos, gobernada por el demócrata Jorge Difonso y de Tunuyán, por el justicialista Martín Aveiro reclamaron el apoyo del secretario de Ambiente, Marcos Zandomeni para ampliar las reservas naturales de Laguna del Diamante y El Manzano con el fin de evitar, como lo solicitan los habitantes de esas comunas, la explotación minera a cielo abierto.
Por otra parte, los caciques de los departamentos del norte, Ruben Miranda de Las Heras y Abraham de Guaymallén mostraron una férrea defensa a la actividad minera como posible eje productivo de sus departamentos.
Fecha de Publicación: 17/04/2012
Fuente: Política Digital
Provincia/Región: Mendoza
Días atrás se produjeron fuertes cruces entre los los propios intendentes oficialistas (PJ) sobre la minería. Esta provincia, al igual que en La Rioja, Catamarca, San Luis y Neuquén, mantiene históricos enfrentamientos entre pro y anti mineros. Intendentes y empresarios mineros presionan al gobernador a pesar de que éste, prometió respetar una ley provincial que imposibilita el desarrollo de esa actividad.
Fue el caballito de batalla de campaña, donde los candidatos competían por mostrarse a favor del ambiente y en contra de toda actividad contaminante en la provincia. Anuncios rimbombantes sobre el tema, dejaron a los actuales funcionarios "presos" de sus propias promesas, aún en diferencia con la sintonía nacional, que promueve la actividad.
El problema: La contaminación
Con el argumento de que el estado "no está capacitado" o "no es confiable" para el control de esta actividad, que para la extracción y procesamiento de metales a cielo abierto, utiliza sustancias altamente contaminantes como el cianuro, y otras que poseen pasivos peligrosos para la salud, se vienen realizando marchas y protestas, con activistas que presionan desde distintos sectores, para que el estado provincial tome una decisión definitiva sobre el tema.
La Ley
Una ley provincial (7.722) prohíbe expresamente la actividad que utilice alguna de esta sustancias, por lo que se ha dado marcha atrás en varios proyectos mineros que pretendían operar en Mendoza. El año pasado, un emprendimiento llegó hasta la legislatura, pero no obtuvo los consensos necesarios para desarrollarse.
Los intendentes
Los intendentes de la zona sur y centro de la provincia, denominada "Valle de Uco" que comprende San Carlos, gobernada por el demócrata Jorge Difonso y de Tunuyán, por el justicialista Martín Aveiro reclamaron el apoyo del secretario de Ambiente, Marcos Zandomeni para ampliar las reservas naturales de Laguna del Diamante y El Manzano con el fin de evitar, como lo solicitan los habitantes de esas comunas, la explotación minera a cielo abierto.
Por otra parte, los caciques de los departamentos del norte, Ruben Miranda de Las Heras y Abraham de Guaymallén mostraron una férrea defensa a la actividad minera como posible eje productivo de sus departamentos.
Audiencias para desmontar de 20 mil hectáreas
Convocan a audiencias para el desmonte de 20 mil hectáreas
Fecha de Publicación: 17/04/2012
Fuente: El Intransigente
Provincia/Región: Salta
El Ministerio de Ambiente y producción Sustentable convocó a tres audiencias para debate de emprendimientos ganaderos y agrícolas de desmontes que involucran 20 mil hectáreas
En dos semanas el Ministerio de Ambiente y producción Sustentable convocó a tres audiencias para poner en debate emprendimientos ganaderos y agrícolas de desmontes que involucran un total aproximado de 20 mil hectáreas. Más de la mitad de las se ubican en la finca San Francisco, del departamento San Martín. Las restantes son hectáreas a desmontar en Anta.
Así surge al menos de las convocatorias publicadas en el Boletín Oficial en las cuales (se aclara), no se trata de un desmonte total sobre esas tierras, sino emprendimientos que dejan zonas de "conservación" (y por tanto, se supone, no serán desmontadas), además de realizarse por "módulos", informó Nuevo Diario de Salta.
Llamó la atención que al menos en dos de las audiencias públicas convocadas los proyectos de desmonte se hicieran sobre tierras que, según el Mapa de Ordenamiento Territorial de la provincia las marca como amarillas o rojas, categorías que indican que las tierras no deberían ser desmontadas.
Pero "el mapa de ordenamiento territorial de Salta no es definitivo porque no tiene un análisis predial", sostuvo la secretaria de Ambiente, Mirta Terán, al ser consultada por esta situación.
Y es que ya salieron algunos ambientalistas a demostrar su preocupación, al igual que comunidades campesinas, en tanto no se sabe en Salta entonces, cuáles son los parámetros que se están tomando para seguir o no adelante con un emprendimiento de desmonte.
Al ser consultada sobre cuáles serán las zonas a respetar, Terán indicó que "todas las que no deban de ser tocadas. Cabeceras de cuenca, de los ríos", en donde sostuvo, se limita el desmonte a una distancia de entre 500 y 1000 metros.
Como al hacer su mapa Salta (al parecer en el apuro por recibir montos para la conservación, además de apurar el trámite para que permitan reiniciar los desmontes), no lo hizo con un análisis predial. Ello generó la disposición de un decreto provincial por el cual, en caso de hacer un análisis predial, se pueden cambiar los colores que dispone el mapa de Ordenamiento Territorial aprobado por Ley en Salta.
Terán aseguró que los proyectos de desmonte que quedaron de 2007 a la fecha paralizados "se analizan uno por uno", para luego pasar por manos de una comisión interdisciplinaria que analiza esta primera propuesta.
"Muchos de los proyectos dan respuestas de las consultas. Hay informes adicionales de consultores externos de la Universidad (Nacional de Salta).
Aseguró además que a los dos emprendimientos que solicitaron desmontes en zonas donde en principio, no debían realizarse las deforestaciones, se les redujo la superficie a desmontar "en un 20 o 25%" a fin de que "sean mayores las áreas de conservación".
Con respecto a la falta de prórroga de la audiencia por el desmonte en San Martín, suspensión que había sido solicitada por organizaciones criollas y originarias de los Lotes 55 y 14, justificó que cuando el proyecto fue al Instituto Provincial de Pueblos Indígenas (IPPIS), este dijo que no había afectación a ninguna comunidad originaria.
Fecha de Publicación: 17/04/2012
Fuente: El Intransigente
Provincia/Región: Salta
El Ministerio de Ambiente y producción Sustentable convocó a tres audiencias para debate de emprendimientos ganaderos y agrícolas de desmontes que involucran 20 mil hectáreas
En dos semanas el Ministerio de Ambiente y producción Sustentable convocó a tres audiencias para poner en debate emprendimientos ganaderos y agrícolas de desmontes que involucran un total aproximado de 20 mil hectáreas. Más de la mitad de las se ubican en la finca San Francisco, del departamento San Martín. Las restantes son hectáreas a desmontar en Anta.
Así surge al menos de las convocatorias publicadas en el Boletín Oficial en las cuales (se aclara), no se trata de un desmonte total sobre esas tierras, sino emprendimientos que dejan zonas de "conservación" (y por tanto, se supone, no serán desmontadas), además de realizarse por "módulos", informó Nuevo Diario de Salta.
Llamó la atención que al menos en dos de las audiencias públicas convocadas los proyectos de desmonte se hicieran sobre tierras que, según el Mapa de Ordenamiento Territorial de la provincia las marca como amarillas o rojas, categorías que indican que las tierras no deberían ser desmontadas.
Pero "el mapa de ordenamiento territorial de Salta no es definitivo porque no tiene un análisis predial", sostuvo la secretaria de Ambiente, Mirta Terán, al ser consultada por esta situación.
Y es que ya salieron algunos ambientalistas a demostrar su preocupación, al igual que comunidades campesinas, en tanto no se sabe en Salta entonces, cuáles son los parámetros que se están tomando para seguir o no adelante con un emprendimiento de desmonte.
Al ser consultada sobre cuáles serán las zonas a respetar, Terán indicó que "todas las que no deban de ser tocadas. Cabeceras de cuenca, de los ríos", en donde sostuvo, se limita el desmonte a una distancia de entre 500 y 1000 metros.
Como al hacer su mapa Salta (al parecer en el apuro por recibir montos para la conservación, además de apurar el trámite para que permitan reiniciar los desmontes), no lo hizo con un análisis predial. Ello generó la disposición de un decreto provincial por el cual, en caso de hacer un análisis predial, se pueden cambiar los colores que dispone el mapa de Ordenamiento Territorial aprobado por Ley en Salta.
Terán aseguró que los proyectos de desmonte que quedaron de 2007 a la fecha paralizados "se analizan uno por uno", para luego pasar por manos de una comisión interdisciplinaria que analiza esta primera propuesta.
"Muchos de los proyectos dan respuestas de las consultas. Hay informes adicionales de consultores externos de la Universidad (Nacional de Salta).
Aseguró además que a los dos emprendimientos que solicitaron desmontes en zonas donde en principio, no debían realizarse las deforestaciones, se les redujo la superficie a desmontar "en un 20 o 25%" a fin de que "sean mayores las áreas de conservación".
Con respecto a la falta de prórroga de la audiencia por el desmonte en San Martín, suspensión que había sido solicitada por organizaciones criollas y originarias de los Lotes 55 y 14, justificó que cuando el proyecto fue al Instituto Provincial de Pueblos Indígenas (IPPIS), este dijo que no había afectación a ninguna comunidad originaria.
Críticas al modelo extractivo
Críticas al modelo extractivo
Fecha de Publicación: 16/04/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Una resolución del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Agrarias declara “discrepancias con los lineamientos generales del PEA”. Sostiene que tendrá impacto negativo al consolidar el modelo de los agronegocios y la industria extractiva.
El Plan Estratégico Agroalimentario (PEA) fue presentado el año pasado por el gobierno nacional. Prevé metas productivas para los próximos diez años, entre ellas insta a aumentar un 60 por ciento la producción granaria e incorporar nuevos territorios al modelo de agronegocios. “El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata declara su discrepancia con los lineamientos generales del PEA”, destaca la resolución 048/2012 de la Facultad y advierte: “El Plan Agroalimentario tendrá un profundo y negativo impacto en el complejo sistema productivo de nuestro país, al consolidar el modelo de país agroexportador basado en la agricultura industrial, pools de siembra, agrotóxicos, monocultivos, despoblamiento rural y enormes ciudades insustentables.”
El PEA está plasmado en 160 carillas, repleto de estadísticas, cuadros y gráficos. Fue presentado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en septiembre ultimo en Tecnópolis. Contó con el apoyo de gobernadores y empresas del sector. En la página 15 figuran las 43 “unidades académicas” que “participan en la elaboración” del PEA, entre ellas Agronomía de La Plata –una de las referentes en la formación de profesionales e investigadores de la Argentina rural.
En la resolución, el Consejo Superior de la Facultad identifica al “modelo dominante” en el país como “agro-minero exportador” caracterizado por “una fuerte intervención del capital financiero en la actividad, uso indiscriminado de insumos derivados del petróleo, contaminación, exclusión de pequeños productores y pérdida de biodiversidad”. Afirma que, en el modelo vigente, las ganancias “formidables son para las cada vez más grandes empresas”.
“La agricultura industrial tiene un fuerte impacto negativo sobre el ambiente, por merma de nutrientes en el suelo, reducción de biodiversidad, uso indiscriminado de agroquímicos y la introducción del riego en zonas donde el agua es un recurso escaso. Se genera un modelo de agricultura sin agricultores”, alerta la resolución.
Y precisa respecto al plan oficial que “el PEA lejos está de promover políticas que vislumbren modificaciones a las tendencias actuales del modelo productivo”, Explicita que el Gobierno pretende aumentar la superficie sembrada de 32 millones de hectáreas a 41 millones (27 por ciento más) y, en línea con organizaciones campesinas, cuestiona que “Avanzará la frontera agrícola hacia territorios donde hoy las comunidades campesinas e indígenas están resistiendo desalojos”.
“Todo indica que el modelo antes descripto tenderá a profundizarse”, advierte la Facultad. Precisa que el PEA promueve que la soja transgénica ocupe no menos del 45 por ciento de la superficie a sembrar y que el maíz sea utilizado para producción de agrocombustibles. “Ambas medidas están absolutamente enfrentadas a la defensa de la soberanía y seguridad alimentaria de nuestro pueblo”, asegura la resolución, fechada el 23 de marzo último (la sesión fue el 20 de diciembre), y que, en su parte resolutiva, crea una comisión interclaustro para diseñar un “PEA alternativo”.
Augusto Calandrelli, consejero superior por el claustro estudiantil, explicó que las universidades participaron de debates y realizaron propuestas para la confección del PEA, pero aclaró que “ninguno de los aspectos críticos al modelo” fueron tenidos en cuenta por “la mesa chica del Ministerio de Agricultura” que redactó el documento final. “El PEA no es una síntesis debatida con universidades ni con organizaciones de la agricultura familiar, sino que es una decisión de funcionarios del Gobierno”, explicó.
“La resolución de nuestra Facultad es un primer paso para cuestionar un modelo de producción que mantiene profundas continuidades con el neoliberalismo de los años ’90”, avisó el consejero superior. La Facultad de Agronomía de La Plata, fundada en 1906 y referente entre las casas de estudios, se sumó a las facultades que cuestionan el modelo extractivo. La Universidad Nacional de Córdoba y la de Río Cuarto alertaron, en 2009 y 2010, sobre los efectos ambientales y económicos de la megaminería. La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario denunció, en marzo pasado, al modelo extractivo por sus “consecuencias comprobadas” en el ambiente y en la salud de las poblaciones. Y la Universidad de Buenos Aires también cuestionó la megaminería, el miércoles pasado, en una declaración de apoyo del Consejo Superior (el más alto espacio político de la UBA): apuntó a los efectos ambientales, pero también a la represión y violación de derechos que padecen las poblaciones que rechazan la cuestionada actividad (puntualizó casos de Catamarca y La Rioja).
“En las últimas semanas, han sido vulnerados derechos constitucionales de ciudadanos y ciudadanas de las regiones en conflicto al ser violentamente reprimidos por las fuerzas de seguridad del Estado en los cortes selectivos contra la Minera Alumbrera en las localidades de Belén, Amaicha del Valle y Tinogasta”, denunció la UBA y coincidió con Agronomía de La Plata respecto de los agronegocios: “Este modelo productivo extractivo-exportador está íntimamente asociado con el avance de la frontera agraria a costa del despojo de la tierra a campesinos y el desmonte y deforestación, con la utilización excesiva de agrotóxicos en las fumigaciones”.
Fecha de Publicación: 16/04/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Una resolución del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Agrarias declara “discrepancias con los lineamientos generales del PEA”. Sostiene que tendrá impacto negativo al consolidar el modelo de los agronegocios y la industria extractiva.
El Plan Estratégico Agroalimentario (PEA) fue presentado el año pasado por el gobierno nacional. Prevé metas productivas para los próximos diez años, entre ellas insta a aumentar un 60 por ciento la producción granaria e incorporar nuevos territorios al modelo de agronegocios. “El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata declara su discrepancia con los lineamientos generales del PEA”, destaca la resolución 048/2012 de la Facultad y advierte: “El Plan Agroalimentario tendrá un profundo y negativo impacto en el complejo sistema productivo de nuestro país, al consolidar el modelo de país agroexportador basado en la agricultura industrial, pools de siembra, agrotóxicos, monocultivos, despoblamiento rural y enormes ciudades insustentables.”
El PEA está plasmado en 160 carillas, repleto de estadísticas, cuadros y gráficos. Fue presentado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en septiembre ultimo en Tecnópolis. Contó con el apoyo de gobernadores y empresas del sector. En la página 15 figuran las 43 “unidades académicas” que “participan en la elaboración” del PEA, entre ellas Agronomía de La Plata –una de las referentes en la formación de profesionales e investigadores de la Argentina rural.
En la resolución, el Consejo Superior de la Facultad identifica al “modelo dominante” en el país como “agro-minero exportador” caracterizado por “una fuerte intervención del capital financiero en la actividad, uso indiscriminado de insumos derivados del petróleo, contaminación, exclusión de pequeños productores y pérdida de biodiversidad”. Afirma que, en el modelo vigente, las ganancias “formidables son para las cada vez más grandes empresas”.
“La agricultura industrial tiene un fuerte impacto negativo sobre el ambiente, por merma de nutrientes en el suelo, reducción de biodiversidad, uso indiscriminado de agroquímicos y la introducción del riego en zonas donde el agua es un recurso escaso. Se genera un modelo de agricultura sin agricultores”, alerta la resolución.
Y precisa respecto al plan oficial que “el PEA lejos está de promover políticas que vislumbren modificaciones a las tendencias actuales del modelo productivo”, Explicita que el Gobierno pretende aumentar la superficie sembrada de 32 millones de hectáreas a 41 millones (27 por ciento más) y, en línea con organizaciones campesinas, cuestiona que “Avanzará la frontera agrícola hacia territorios donde hoy las comunidades campesinas e indígenas están resistiendo desalojos”.
“Todo indica que el modelo antes descripto tenderá a profundizarse”, advierte la Facultad. Precisa que el PEA promueve que la soja transgénica ocupe no menos del 45 por ciento de la superficie a sembrar y que el maíz sea utilizado para producción de agrocombustibles. “Ambas medidas están absolutamente enfrentadas a la defensa de la soberanía y seguridad alimentaria de nuestro pueblo”, asegura la resolución, fechada el 23 de marzo último (la sesión fue el 20 de diciembre), y que, en su parte resolutiva, crea una comisión interclaustro para diseñar un “PEA alternativo”.
Augusto Calandrelli, consejero superior por el claustro estudiantil, explicó que las universidades participaron de debates y realizaron propuestas para la confección del PEA, pero aclaró que “ninguno de los aspectos críticos al modelo” fueron tenidos en cuenta por “la mesa chica del Ministerio de Agricultura” que redactó el documento final. “El PEA no es una síntesis debatida con universidades ni con organizaciones de la agricultura familiar, sino que es una decisión de funcionarios del Gobierno”, explicó.
“La resolución de nuestra Facultad es un primer paso para cuestionar un modelo de producción que mantiene profundas continuidades con el neoliberalismo de los años ’90”, avisó el consejero superior. La Facultad de Agronomía de La Plata, fundada en 1906 y referente entre las casas de estudios, se sumó a las facultades que cuestionan el modelo extractivo. La Universidad Nacional de Córdoba y la de Río Cuarto alertaron, en 2009 y 2010, sobre los efectos ambientales y económicos de la megaminería. La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario denunció, en marzo pasado, al modelo extractivo por sus “consecuencias comprobadas” en el ambiente y en la salud de las poblaciones. Y la Universidad de Buenos Aires también cuestionó la megaminería, el miércoles pasado, en una declaración de apoyo del Consejo Superior (el más alto espacio político de la UBA): apuntó a los efectos ambientales, pero también a la represión y violación de derechos que padecen las poblaciones que rechazan la cuestionada actividad (puntualizó casos de Catamarca y La Rioja).
“En las últimas semanas, han sido vulnerados derechos constitucionales de ciudadanos y ciudadanas de las regiones en conflicto al ser violentamente reprimidos por las fuerzas de seguridad del Estado en los cortes selectivos contra la Minera Alumbrera en las localidades de Belén, Amaicha del Valle y Tinogasta”, denunció la UBA y coincidió con Agronomía de La Plata respecto de los agronegocios: “Este modelo productivo extractivo-exportador está íntimamente asociado con el avance de la frontera agraria a costa del despojo de la tierra a campesinos y el desmonte y deforestación, con la utilización excesiva de agrotóxicos en las fumigaciones”.
Tesoros ocultos en la basura electrónica
Tesoros ocultos en la basura electrónica
Fecha de Publicación: 16/04/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
La recuperación y reciclado de oro, plata y cobre de celulares y computadoras es una industria que podría generar no pocos beneficios
Ariel Flores busca oro, cobre, plata y otros metales. Lleva casco, martillo, destornillador hidráulico y una protección para cubrirse los ojos. Hallar los tesoros que busca le demanda entre cinco y 20 minutos. Para obtener los metales que busca no usa ningún componente contaminante. Ni siquiera necesita usar líquidos que separen el hallazgo del material al que están adheridos.
La actividad de Flores se denomina minería urbana y es nada menos que el reciclado de residuos eléctricos y electrónicos (RAEE). "Empiezo con los cables, después separo el CPU y, por último, los monitores. Nosotros reconocemos el material y lo separamos en cajas y bolsones. Estos últimos después son exportados", contó este minero urbano que trabaja en Quilmes, en una de las tres plantas que se dedican a esta actividad en el país.
"Entre los aparatos electrónicos que más se usan, los celulares y las computadoras son los que poseen la tasa más alta de reciclado. Más del 90% de sus partes pueden ser recicladas, ya que son fáciles de desensamblar y reutilizar. Debido a varias causas, como la nueva legislación en los países desarrollados, la industria del reciclado se ha visto obligada a virar hacia tecnologías más eficientes que permitan recuperar cada vez más cantidad de materiales", dijo Eugenia Testa, directora política de Greenpeace Argentina.
En el caso del oro, y al contrario de lo que se especula, sólo puede encontrarse en cantidades mínimas dentro de celulares o computadoras: un celular sólo posee en promedio 0,025% de oro en su interior, además de otros elementos valorizables. No obstante, el consumo y descarte de estos artefactos implica el derroche de este recurso, según un informe especial realizado por la ONG ambientalista.
La mala noticia es que en la Argentina sólo se recicla el 15% de los RAEE que se generan. Los cálculos oficiales dan cuenta de que cada argentino genera alrededor de tres kilogramos de basura electrónica por año, lo que representa 120.000 toneladas de basura electrónica anuales. "Se calcula que alrededor del 50% de estos residuos están arrumbados en oficinas, hogares, entes públicos o depósitos, más del 40% se entierra o se descarta en basurales y rellenos y cerca del 10% ingresa en esquemas informales o formales de gestión de residuos. Esto representa un derroche de recursos que podrían recuperarse, además de una alta fuente de contaminación", indican en Greenpeace.
El aprovechamiento del oro, la plata y el cobre de los celulares generaría además muy buenos ingresos.
"La actividad que realizamos en esta empresa es 100% ambiental. Lo que no se puede separar se envía a refinerías que están en Bélgica, Alemania o Suecia", explicó Verónica Calona, responsable de Silkers, una de las tres compañías que realizan esta actividad en el país. Es que la minería urbana tiene un doble impacto positivo: por un lado, permite recuperar metales o materiales cada vez más escasos y cuya obtención, a través de la minería tradicional, genera un alto impacto ambiental. Por el otro, frena el impacto que estos residuos generan en el ambiente al degradarse en basurales contaminando las napas de agua, los suelos y el aire.
Sin embargo, la industria del reciclado de minerales por este medio no cuenta con una legislación para su promoción, como sí goza la minería tradicional. "Las trabas que te ponen para la exportación son muy importantes. Nosotros recibimos entre 100.000 y 170.000 kilos de aparatos para reciclar. El 2% de ese material puede ser dispuesto para exportar. El tema es que el 85% de los RAEE va a parar a los rellenos", agregó Calona.
La cuestión del volumen es fundamental. Según Gustavo Protomastro, consultor ambiental que trabaja para otra empresa que realiza la actividad, son necesarios al menos 15.000 kilos de plaquetas para poder exportar el cargamento. "No se puede exportar sólo un poco porque no resulta rentable. Por supuesto que una política de apoyo sería lo mejor", indicó.
Las plaquetas que están dentro de las CPU de las computadoras tienen metales como plata, oro, cobre, aluminio y tierras raras. Estas últimas están compuestas por una serie de metales utilizados para fabricar productos de alta tecnología como pantallas LED, componentes para autos, imanes y baterías recargables, entre otros. Hoy, China, países europeos y los Estados Unidos se disputan este mercado para poder abastecer el suyo para la fabricación de estos aparatos.
Desde 2008 se encuentra en el Congreso un proyecto de ley para la recuperación, reciclado y reutilización de la basura electrónica que se descarta en el país. El proyecto establece el concepto de Responsabilidad Extendida del Productor, bajo el cual las empresas que ponen en el mercado los productos eléctricos y electrónicos deberán ser responsables financiera y legalmente por la gestión y tratamiento de sus propios residuos. En 2011 el proyecto fue aprobado por el Senado, pero, por cuarto año consecutivo, el texto quedó descartado de la agenda de la Cámara baja.
Se aprovecha una mínima parte
En la ciudad de Buenos Aires se estima que cada habitante descarta siete kilos de residuos eléctricos y electrónicos por año, según estima la Cámara Argentina de Máquinas y Oficinas Comerciales y Afines (Camoca), el doble que el promedio en el nivel nacional, debido sobre todo a la gran cantidad de empresas que tienen sus oficinas en la Capital.
En la Argentina se recicla sólo el 15% de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) que se generan. La parte que se recicla corresponde en su mayoría a residuos provenientes de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) Las cifras de reciclado y recuperación de materiales presentes en los RAEE son mínimas. De las 120.000 toneladas anuales de basura electrónica producida, las empresas Dalafer y Silkers, operadores habilitados para reciclar residuos electrónicos, sólo procesan entre 3000 y 4000 toneladas cada una, mientras que otras 2000 toneladas son tratadas por el resto de los operadores habilitados por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Nación.
Los aparatos eléctricos y electrónicos son fabricados con un 25% de componentes reutilizables, un 72% de materiales reciclables (plásticos, metales ferrosos, aluminio, cobre, oro, níquel, estaño de las placas, entre otros) y con un 3% de elementos potencialmente tóxicos, como plomo, mercurio, berilio, selenio, cadmio, cromo, sustancias halogenadas, clorofluocarbonos, bifenilos policlorados, policloruro de vinilo, ignífugos como el arsénico y el amianto, entre otros. Más del 90% de sus partes pueden ser recicladas.
Fecha de Publicación: 16/04/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
La recuperación y reciclado de oro, plata y cobre de celulares y computadoras es una industria que podría generar no pocos beneficios
Ariel Flores busca oro, cobre, plata y otros metales. Lleva casco, martillo, destornillador hidráulico y una protección para cubrirse los ojos. Hallar los tesoros que busca le demanda entre cinco y 20 minutos. Para obtener los metales que busca no usa ningún componente contaminante. Ni siquiera necesita usar líquidos que separen el hallazgo del material al que están adheridos.
La actividad de Flores se denomina minería urbana y es nada menos que el reciclado de residuos eléctricos y electrónicos (RAEE). "Empiezo con los cables, después separo el CPU y, por último, los monitores. Nosotros reconocemos el material y lo separamos en cajas y bolsones. Estos últimos después son exportados", contó este minero urbano que trabaja en Quilmes, en una de las tres plantas que se dedican a esta actividad en el país.
"Entre los aparatos electrónicos que más se usan, los celulares y las computadoras son los que poseen la tasa más alta de reciclado. Más del 90% de sus partes pueden ser recicladas, ya que son fáciles de desensamblar y reutilizar. Debido a varias causas, como la nueva legislación en los países desarrollados, la industria del reciclado se ha visto obligada a virar hacia tecnologías más eficientes que permitan recuperar cada vez más cantidad de materiales", dijo Eugenia Testa, directora política de Greenpeace Argentina.
En el caso del oro, y al contrario de lo que se especula, sólo puede encontrarse en cantidades mínimas dentro de celulares o computadoras: un celular sólo posee en promedio 0,025% de oro en su interior, además de otros elementos valorizables. No obstante, el consumo y descarte de estos artefactos implica el derroche de este recurso, según un informe especial realizado por la ONG ambientalista.
La mala noticia es que en la Argentina sólo se recicla el 15% de los RAEE que se generan. Los cálculos oficiales dan cuenta de que cada argentino genera alrededor de tres kilogramos de basura electrónica por año, lo que representa 120.000 toneladas de basura electrónica anuales. "Se calcula que alrededor del 50% de estos residuos están arrumbados en oficinas, hogares, entes públicos o depósitos, más del 40% se entierra o se descarta en basurales y rellenos y cerca del 10% ingresa en esquemas informales o formales de gestión de residuos. Esto representa un derroche de recursos que podrían recuperarse, además de una alta fuente de contaminación", indican en Greenpeace.
El aprovechamiento del oro, la plata y el cobre de los celulares generaría además muy buenos ingresos.
"La actividad que realizamos en esta empresa es 100% ambiental. Lo que no se puede separar se envía a refinerías que están en Bélgica, Alemania o Suecia", explicó Verónica Calona, responsable de Silkers, una de las tres compañías que realizan esta actividad en el país. Es que la minería urbana tiene un doble impacto positivo: por un lado, permite recuperar metales o materiales cada vez más escasos y cuya obtención, a través de la minería tradicional, genera un alto impacto ambiental. Por el otro, frena el impacto que estos residuos generan en el ambiente al degradarse en basurales contaminando las napas de agua, los suelos y el aire.
Sin embargo, la industria del reciclado de minerales por este medio no cuenta con una legislación para su promoción, como sí goza la minería tradicional. "Las trabas que te ponen para la exportación son muy importantes. Nosotros recibimos entre 100.000 y 170.000 kilos de aparatos para reciclar. El 2% de ese material puede ser dispuesto para exportar. El tema es que el 85% de los RAEE va a parar a los rellenos", agregó Calona.
La cuestión del volumen es fundamental. Según Gustavo Protomastro, consultor ambiental que trabaja para otra empresa que realiza la actividad, son necesarios al menos 15.000 kilos de plaquetas para poder exportar el cargamento. "No se puede exportar sólo un poco porque no resulta rentable. Por supuesto que una política de apoyo sería lo mejor", indicó.
Las plaquetas que están dentro de las CPU de las computadoras tienen metales como plata, oro, cobre, aluminio y tierras raras. Estas últimas están compuestas por una serie de metales utilizados para fabricar productos de alta tecnología como pantallas LED, componentes para autos, imanes y baterías recargables, entre otros. Hoy, China, países europeos y los Estados Unidos se disputan este mercado para poder abastecer el suyo para la fabricación de estos aparatos.
Desde 2008 se encuentra en el Congreso un proyecto de ley para la recuperación, reciclado y reutilización de la basura electrónica que se descarta en el país. El proyecto establece el concepto de Responsabilidad Extendida del Productor, bajo el cual las empresas que ponen en el mercado los productos eléctricos y electrónicos deberán ser responsables financiera y legalmente por la gestión y tratamiento de sus propios residuos. En 2011 el proyecto fue aprobado por el Senado, pero, por cuarto año consecutivo, el texto quedó descartado de la agenda de la Cámara baja.
Se aprovecha una mínima parte
En la ciudad de Buenos Aires se estima que cada habitante descarta siete kilos de residuos eléctricos y electrónicos por año, según estima la Cámara Argentina de Máquinas y Oficinas Comerciales y Afines (Camoca), el doble que el promedio en el nivel nacional, debido sobre todo a la gran cantidad de empresas que tienen sus oficinas en la Capital.
En la Argentina se recicla sólo el 15% de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) que se generan. La parte que se recicla corresponde en su mayoría a residuos provenientes de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) Las cifras de reciclado y recuperación de materiales presentes en los RAEE son mínimas. De las 120.000 toneladas anuales de basura electrónica producida, las empresas Dalafer y Silkers, operadores habilitados para reciclar residuos electrónicos, sólo procesan entre 3000 y 4000 toneladas cada una, mientras que otras 2000 toneladas son tratadas por el resto de los operadores habilitados por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Nación.
Los aparatos eléctricos y electrónicos son fabricados con un 25% de componentes reutilizables, un 72% de materiales reciclables (plásticos, metales ferrosos, aluminio, cobre, oro, níquel, estaño de las placas, entre otros) y con un 3% de elementos potencialmente tóxicos, como plomo, mercurio, berilio, selenio, cadmio, cromo, sustancias halogenadas, clorofluocarbonos, bifenilos policlorados, policloruro de vinilo, ignífugos como el arsénico y el amianto, entre otros. Más del 90% de sus partes pueden ser recicladas.
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