Científicos trabajan en el inventario de glaciares
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Científicos argentinos trabajan en el inventario nacional de glaciares
Fecha de Publicación: 06/09/2012
Fuente: No a la Mina - Agencia - Instituto Leloir
Provincia/Región: Nacional
Establecido por la Ley de Glaciares, será útil para establecer medidas de manejo y adaptación frente a una eventual escasez hídrica en zonas áridas del oeste del país. El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA)junto con la Secretaría de Ambiente de la Nación, es responsable del inventario y monitoreo del estado de los glaciares.
Cada cinco años la Argentina contará con un inventario nacional de glaciares. Así lo establece la ley nacional 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, más conocida como Ley de Glaciares, reglamentada en el país a fines de febrero de 2011. Y los trabajos ya están en marcha.
"Conocer el número, área y distribución espacial de los cuerpos de hielo no sólo brinda una estimación de las reservas hídricas en estado sólido existentes en las diferentes cuencas andinas, sino también información básica para conocer la capacidad reguladora de dichos cuerpos sobre los caudales en distintas condiciones climáticas", indicó a la Agencia CyTA Ricardo Villalba, director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), dependiente del CONICET. El IANIGLA, junto con la Secretaría de Ambiente de la Nación, es responsable del inventario y monitoreo del estado de los glaciares.
De acuerdo a Villalba, el relevamiento es fundamental a la hora de establecer medidas de manejo y adaptación frente a eventos de escasez hídrica en zonas áridas del oeste argentino.
Para realizar el inventario de los glaciares, los investigadores del IANIGLA analizan imágenes satelitales y realizan periódicamente relevamientos y determinaciones de campo junto con mediciones de GPS.
Aunque todavía no se presentaron los resultados, diversos estudios indican que la gran mayoría de los glaciares estudiados en los Andes de Argentina han sufrido un franco retroceso durante el último siglo, en sintonía con lo observado en otras regiones montañosas del planeta.
"En promedio, los glaciares de seis áreas de estudio en los Andes patagónicos han perdido alrededor del 10 por ciento de su superficie entre 1984 y 2004", indicó Villalba.
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Fecha de Publicación: 06/09/2012
Fuente: No a la Mina - Agencia - Instituto Leloir
Provincia/Región: Nacional
Establecido por la Ley de Glaciares, será útil para establecer medidas de manejo y adaptación frente a una eventual escasez hídrica en zonas áridas del oeste del país. El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA)junto con la Secretaría de Ambiente de la Nación, es responsable del inventario y monitoreo del estado de los glaciares.Cada cinco años la Argentina contará con un inventario nacional de glaciares. Así lo establece la ley nacional 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, más conocida como Ley de Glaciares, reglamentada en el país a fines de febrero de 2011. Y los trabajos ya están en marcha.
"Conocer el número, área y distribución espacial de los cuerpos de hielo no sólo brinda una estimación de las reservas hídricas en estado sólido existentes en las diferentes cuencas andinas, sino también información básica para conocer la capacidad reguladora de dichos cuerpos sobre los caudales en distintas condiciones climáticas", indicó a la Agencia CyTA Ricardo Villalba, director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), dependiente del CONICET. El IANIGLA, junto con la Secretaría de Ambiente de la Nación, es responsable del inventario y monitoreo del estado de los glaciares.
De acuerdo a Villalba, el relevamiento es fundamental a la hora de establecer medidas de manejo y adaptación frente a eventos de escasez hídrica en zonas áridas del oeste argentino.
Para realizar el inventario de los glaciares, los investigadores del IANIGLA analizan imágenes satelitales y realizan periódicamente relevamientos y determinaciones de campo junto con mediciones de GPS.
Aunque todavía no se presentaron los resultados, diversos estudios indican que la gran mayoría de los glaciares estudiados en los Andes de Argentina han sufrido un franco retroceso durante el último siglo, en sintonía con lo observado en otras regiones montañosas del planeta.
"En promedio, los glaciares de seis áreas de estudio en los Andes patagónicos han perdido alrededor del 10 por ciento de su superficie entre 1984 y 2004", indicó Villalba.
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Botnia con varias irregularidades
Botnia confirma todos los malos pronósticos
Fecha de Publicación: 06/09/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Luego de meses de divergencias en la comisión binacional que debe vigilar el río Uruguay, los funcionarios argentinos dieron a conocer un informe sobre Botnia que enumera varias irregularidades. Y acusan a Uruguay de poner trabas.
Después de diecisiete meses de silencio, los funcionarios argentinos a cargo del plan de vigilancia de UPM-Botnia dieron a conocer un informe sobre el funcionamiento de la pastera. El documento advierte sobre gravísimas irregularidades detectadas en la planta, como el vuelco clandestino de efluentes al río. También denuncia que Uruguay ha puesto continuamente trabas al monitoreo y que modificó normas ambientales para adecuarlas a la necesidad de la empresa.
Los hechos están detallados en un informe preliminar sobre el monitoreo que los técnicos presentaron al canciller Héctor Timerman. La Cancillería decidió difundirlo después de un nuevo cortocircuito con los funcionarios uruguayos, que el lunes aseguraron públicamente que UPM-Botnia no contamina y que la Argentina no quiere dar a conocer los resultados de los análisis para no tener que admitirlo.
El plan de vigilancia ambiental está a cargo de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), un organismo binacional integrado por una delegación argentina y una uruguaya. Dentro de la CARU, a su vez, hay un comité científico con dos representantes por cada país, que son los que se encargan de entrar a UPM-Botnia para tomar las muestras. El comité ingresó 16 veces a la planta. La CARU debía dar a conocer, luego de cada entrada, un informe conjunto pero, enredada en una sucesión de desacuerdos, nunca pudo redactar nada.
El documento dado a conocer ayer da una idea de por qué. Estas son sus principales denuncias:
- En octubre de 2010 el comité científico hizo su primera entrada a la pastera. Encontró que la empresa estaba diluyendo parte de sus efluentes industriales con agua del río antes de verterlos en el cauce. La dilución está prohibida, incluso por las propias normas uruguayas.
- Tras el reclamo argentino, la empresa dejó de diluir los efluentes. Pero obtuvo de las autoridades uruguayas un permiso para aumentar a 37 grados la temperatura de vuelco de sus efluentes al río. Una fuente de la CARU explicó a Página/12 que para el resto de las industrias, la temperatura máxima permitida sigue siendo de 30 grados, “es decir que la norma fue cambiada a medida de UPM-Botnia”. Pero en el caso del río Uruguay, la modificación es más grave porque el Digesto aprobado por ambos países estipula que esa temperatura no puede superar “las condiciones naturales del río Uruguay”, que están en los 20 grados.
- Un año después del primer ingreso, en noviembre de 2011, los científicos se toparon con “un vertedero clandestino de efluentes industriales sin tratar la costa del río”, detalla el informe. Según pudo saber este diario, estaba a mil metros del vuelco declarado y vertía al río 170 litros por segundo.
- Los científicos argentinos sospechan además sobre el posible uso de otro caño para verter efluentes industriales directamente al río. Pudieron ver el ducto de lejos, en la visita a la planta de abril pasado. Constataron que se trataba de un caño no declarado, pero cuando quisieron acercarse para saber de qué se trataba, les prohibieron llegar hasta él.
- Hubo –y sigue habiendo– trabas para instalar equipamiento para medir la contaminación. Por ejemplo, cita el caso de un caudalímetro que lograron instalar sólo después de ocho meses de discusiones. Y revela que el sistema de boyas centinelas –que en su interior llevarán almejas, por su sensibilidad a la contaminación– todavía no pudo ser instalado, a pesar de que transcurrieron 17 meses desde que fue acordado.
Parte de las kafkianas dificultades para realizar el monitoreo es que los dos países deben ponerse de acuerdo en qué parámetros usar para establecer si los efluentes están dentro o fuera de lo permitido. La fuente consultada por Página/12 explicó que en el año ’90, Uruguay y Argentina acordaron un Digesto del río Uruguay. En él se ordenaba que las partes debían adecuar sus legislaciones locales a los parámetros del Digesto, salvo que la norma local fuera más exigente. “El Uruguay no lo hizo y pretende que sus normas rijan para Botnia, o incluso ha hecho una norma especial para la pastera, como con el caso de la temperatura de los efluentes.”
Una cuestión extra es que la planta está teniendo una producción anual mayor a la autorizada. Esto es un agravante de la situación, porque implica que se están volcando al río mayor cantidad de sustancias, advierte el informe, “incrementando su contaminación”.
Estos son los primeros datos oficiales que da a conocer la Cancillería argentina desde que empezó el monitoreo. Su difusión era un tema pendiente, ya que el gobierno argentino se había comprometido a hacer pública la información sobre el plan de vigilancia de la pastera, más allá de si llegaba o no a un acuerdo con Uruguay para redactar informes conjuntos.
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Fecha de Publicación: 06/09/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Luego de meses de divergencias en la comisión binacional que debe vigilar el río Uruguay, los funcionarios argentinos dieron a conocer un informe sobre Botnia que enumera varias irregularidades. Y acusan a Uruguay de poner trabas.
Después de diecisiete meses de silencio, los funcionarios argentinos a cargo del plan de vigilancia de UPM-Botnia dieron a conocer un informe sobre el funcionamiento de la pastera. El documento advierte sobre gravísimas irregularidades detectadas en la planta, como el vuelco clandestino de efluentes al río. También denuncia que Uruguay ha puesto continuamente trabas al monitoreo y que modificó normas ambientales para adecuarlas a la necesidad de la empresa.
Los hechos están detallados en un informe preliminar sobre el monitoreo que los técnicos presentaron al canciller Héctor Timerman. La Cancillería decidió difundirlo después de un nuevo cortocircuito con los funcionarios uruguayos, que el lunes aseguraron públicamente que UPM-Botnia no contamina y que la Argentina no quiere dar a conocer los resultados de los análisis para no tener que admitirlo.
El plan de vigilancia ambiental está a cargo de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), un organismo binacional integrado por una delegación argentina y una uruguaya. Dentro de la CARU, a su vez, hay un comité científico con dos representantes por cada país, que son los que se encargan de entrar a UPM-Botnia para tomar las muestras. El comité ingresó 16 veces a la planta. La CARU debía dar a conocer, luego de cada entrada, un informe conjunto pero, enredada en una sucesión de desacuerdos, nunca pudo redactar nada.
El documento dado a conocer ayer da una idea de por qué. Estas son sus principales denuncias:
- En octubre de 2010 el comité científico hizo su primera entrada a la pastera. Encontró que la empresa estaba diluyendo parte de sus efluentes industriales con agua del río antes de verterlos en el cauce. La dilución está prohibida, incluso por las propias normas uruguayas.
- Tras el reclamo argentino, la empresa dejó de diluir los efluentes. Pero obtuvo de las autoridades uruguayas un permiso para aumentar a 37 grados la temperatura de vuelco de sus efluentes al río. Una fuente de la CARU explicó a Página/12 que para el resto de las industrias, la temperatura máxima permitida sigue siendo de 30 grados, “es decir que la norma fue cambiada a medida de UPM-Botnia”. Pero en el caso del río Uruguay, la modificación es más grave porque el Digesto aprobado por ambos países estipula que esa temperatura no puede superar “las condiciones naturales del río Uruguay”, que están en los 20 grados.
- Un año después del primer ingreso, en noviembre de 2011, los científicos se toparon con “un vertedero clandestino de efluentes industriales sin tratar la costa del río”, detalla el informe. Según pudo saber este diario, estaba a mil metros del vuelco declarado y vertía al río 170 litros por segundo.
- Los científicos argentinos sospechan además sobre el posible uso de otro caño para verter efluentes industriales directamente al río. Pudieron ver el ducto de lejos, en la visita a la planta de abril pasado. Constataron que se trataba de un caño no declarado, pero cuando quisieron acercarse para saber de qué se trataba, les prohibieron llegar hasta él.
- Hubo –y sigue habiendo– trabas para instalar equipamiento para medir la contaminación. Por ejemplo, cita el caso de un caudalímetro que lograron instalar sólo después de ocho meses de discusiones. Y revela que el sistema de boyas centinelas –que en su interior llevarán almejas, por su sensibilidad a la contaminación– todavía no pudo ser instalado, a pesar de que transcurrieron 17 meses desde que fue acordado.
Parte de las kafkianas dificultades para realizar el monitoreo es que los dos países deben ponerse de acuerdo en qué parámetros usar para establecer si los efluentes están dentro o fuera de lo permitido. La fuente consultada por Página/12 explicó que en el año ’90, Uruguay y Argentina acordaron un Digesto del río Uruguay. En él se ordenaba que las partes debían adecuar sus legislaciones locales a los parámetros del Digesto, salvo que la norma local fuera más exigente. “El Uruguay no lo hizo y pretende que sus normas rijan para Botnia, o incluso ha hecho una norma especial para la pastera, como con el caso de la temperatura de los efluentes.”
Una cuestión extra es que la planta está teniendo una producción anual mayor a la autorizada. Esto es un agravante de la situación, porque implica que se están volcando al río mayor cantidad de sustancias, advierte el informe, “incrementando su contaminación”.
Estos son los primeros datos oficiales que da a conocer la Cancillería argentina desde que empezó el monitoreo. Su difusión era un tema pendiente, ya que el gobierno argentino se había comprometido a hacer pública la información sobre el plan de vigilancia de la pastera, más allá de si llegaba o no a un acuerdo con Uruguay para redactar informes conjuntos.
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Cancillería afirma que Botnia no se deja monitorear
Argentina denuncia que la ex Botnia pone obstáculos al monitoreo
Fecha de Publicación: 05/09/2012
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Desde Cancillería fueron muy duros con la empresa diciendo que “ignora e infringe lo ordenado por la Corte Internacional de Justicia".
La delegación argentina ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), celebró hoy "la aceptación por parte de la delegación uruguaya de dar a conocer los resultados" del monitoreo que el comité científico de ese ente viene realizando desde octubre de 2010 y hasta la fecha sobre la planta UPM (ex Botnia), según se informó desde cancillería.
"La delegación argentina manifiesta que está a la espera de reunirse con su contraparte uruguaya para acordar la difusión de los resultados", se afirma en un comunicado emitido por el ministerio de Relaciones Exteriores.
En el mismo texto se destaca que "esas actividades de monitoreo y control se llevaron a cabo pese a los obstáculos y retaceos de información por parte de la empresa".
Entre tanto, antes de que se ponga fecha a una nueva reunión, la cancillería argentina difundió el informe que le fue preparado al canciller Héctor Timerman, sobre la situación actual del monitoreo realizado sobre la planta UPM, ex Botnia, "desde el fallo de la Corte de La Haya hasta el presente y sobre excesos de los niveles de producción de la mencionada planta".
Duras críticas. Mediante el comunicado emitido por la cartera de Relaciones Exteriores y la difusión del informe completo, se puso a disposición de la opinión pública los elementos necesarios para evaluar el caso y responder así a las informaciones publicadas hoy por distintos medios locales, que se hicieron eco de un presunto comunicado emitido por la delegación uruguaya.
El informe comienza con la aclaración de que "hasta el momento no se ha podido dar información por parte de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) sobre el monitoreo de UPM, debido a desacuerdos en el seno de dicha Comisión sobre las normas que rigen los vuelcos de efluentes de la empresa".
Además dice que "ello implica ignorar e infringir lo ordenado por la Corte Internacional de Justicia en su sentencia del 20 de abril de 2010".
Otro de los motivos que se esgrime es la "carencia de información uruguaya que esclarezca episodios ocurridos en el curso del monitoreo del Comité Científico, e inconsistencias en los informes producidos por el laboratorio canadiense seleccionado para analizar la mayoría de las muestras obtenidas en ocasión de cada muestreo".
Además se destaca la "permanente obstrucción, de parte del Uruguay, al monitoreo de la planta de UPM (ex Botnia)".
El informe difundido contiene más de 10 páginas con un detalle pormenorizado de lo ocurrido en referencia al monitoreo desde 2010 hasta la fecha.
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Fecha de Publicación: 05/09/2012
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Desde Cancillería fueron muy duros con la empresa diciendo que “ignora e infringe lo ordenado por la Corte Internacional de Justicia".La delegación argentina ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), celebró hoy "la aceptación por parte de la delegación uruguaya de dar a conocer los resultados" del monitoreo que el comité científico de ese ente viene realizando desde octubre de 2010 y hasta la fecha sobre la planta UPM (ex Botnia), según se informó desde cancillería.
"La delegación argentina manifiesta que está a la espera de reunirse con su contraparte uruguaya para acordar la difusión de los resultados", se afirma en un comunicado emitido por el ministerio de Relaciones Exteriores.
En el mismo texto se destaca que "esas actividades de monitoreo y control se llevaron a cabo pese a los obstáculos y retaceos de información por parte de la empresa".
Entre tanto, antes de que se ponga fecha a una nueva reunión, la cancillería argentina difundió el informe que le fue preparado al canciller Héctor Timerman, sobre la situación actual del monitoreo realizado sobre la planta UPM, ex Botnia, "desde el fallo de la Corte de La Haya hasta el presente y sobre excesos de los niveles de producción de la mencionada planta".
Duras críticas. Mediante el comunicado emitido por la cartera de Relaciones Exteriores y la difusión del informe completo, se puso a disposición de la opinión pública los elementos necesarios para evaluar el caso y responder así a las informaciones publicadas hoy por distintos medios locales, que se hicieron eco de un presunto comunicado emitido por la delegación uruguaya.
El informe comienza con la aclaración de que "hasta el momento no se ha podido dar información por parte de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) sobre el monitoreo de UPM, debido a desacuerdos en el seno de dicha Comisión sobre las normas que rigen los vuelcos de efluentes de la empresa".
Además dice que "ello implica ignorar e infringir lo ordenado por la Corte Internacional de Justicia en su sentencia del 20 de abril de 2010".
Otro de los motivos que se esgrime es la "carencia de información uruguaya que esclarezca episodios ocurridos en el curso del monitoreo del Comité Científico, e inconsistencias en los informes producidos por el laboratorio canadiense seleccionado para analizar la mayoría de las muestras obtenidas en ocasión de cada muestreo".
Además se destaca la "permanente obstrucción, de parte del Uruguay, al monitoreo de la planta de UPM (ex Botnia)".
El informe difundido contiene más de 10 páginas con un detalle pormenorizado de lo ocurrido en referencia al monitoreo desde 2010 hasta la fecha.
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Ingenio multado por contaminar el Salí - Dulce
Un ingenio debe pagar $200.000 por contaminar la cuenca Salí - Dulce
Fecha de Publicación: 05/09/2012
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
La medida fue adoptada por la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia. Detectaron que el Santa Rosa arrojó cenizas en un efluente.
El Gobierno de Tucumán, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, le aplicó una sanción al ingenio Santa Rosa por el vuelco de ceniza en uno de los efluentes de la cuenca Salí - Dulce. La multa se fijó en $ 200.000, y marca un antecedente para la firma, ya que, de acuerdo con la nueva legislación, de haber una nueva sanción se duplicaría la cifra puesto que la severidad de los castigos aumenta ante cada nueva falta.
"En realidad, son dos las multas que estamos tramitando. La primera es de febrero por $ 100.000, cuando se labraron actas por arrojar cenizas y la segunda infracción, también por el mismo monto, obedece a que esa planta virtió vinaza en un afluente del río Salí", explicó el titular de Medio Ambiente, Alfredo Montalván.
Aclaró, sin embargo, que el cobro de las sanciones aún no se hizo efectiva porque se encuentran en trámite. Es decir, la firma recusó las multas ante el Ministerio de la Producción, de quien depende su área, quien debería confirmar las multas. "La actual ley nos ayuda bastante, porque ahora tenemos la posibilidad de trabar embargos en las cuentas de la empresa afectada, si esta se declara en rebeldía", explicó el funcionario.
Agregó, que jun to con el Santa Rosa, hay otros ingenios en igual situación, por infracciones que se detectaron desde febrero. Entre ellos, mencionó a las plantas azucareras La Florida y Concepción (de la firma Atanor), entre otras. En todos los casos, las multas son por cifras similares. También se encuentra en esta situación una citrícola.
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Fecha de Publicación: 05/09/2012
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
La medida fue adoptada por la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia. Detectaron que el Santa Rosa arrojó cenizas en un efluente.
El Gobierno de Tucumán, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, le aplicó una sanción al ingenio Santa Rosa por el vuelco de ceniza en uno de los efluentes de la cuenca Salí - Dulce. La multa se fijó en $ 200.000, y marca un antecedente para la firma, ya que, de acuerdo con la nueva legislación, de haber una nueva sanción se duplicaría la cifra puesto que la severidad de los castigos aumenta ante cada nueva falta.
"En realidad, son dos las multas que estamos tramitando. La primera es de febrero por $ 100.000, cuando se labraron actas por arrojar cenizas y la segunda infracción, también por el mismo monto, obedece a que esa planta virtió vinaza en un afluente del río Salí", explicó el titular de Medio Ambiente, Alfredo Montalván.
Aclaró, sin embargo, que el cobro de las sanciones aún no se hizo efectiva porque se encuentran en trámite. Es decir, la firma recusó las multas ante el Ministerio de la Producción, de quien depende su área, quien debería confirmar las multas. "La actual ley nos ayuda bastante, porque ahora tenemos la posibilidad de trabar embargos en las cuentas de la empresa afectada, si esta se declara en rebeldía", explicó el funcionario.
Agregó, que jun to con el Santa Rosa, hay otros ingenios en igual situación, por infracciones que se detectaron desde febrero. Entre ellos, mencionó a las plantas azucareras La Florida y Concepción (de la firma Atanor), entre otras. En todos los casos, las multas son por cifras similares. También se encuentra en esta situación una citrícola.
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Ley de Semillas y modificaciones polémicas
Cuestionamientos ante la inminente modificación de la Ley de Semillas
Fecha de Publicación: 04/09/2012
Fuente: El Puntal de Río Cuarto
Provincia/Región: Nacional
En el marco de la presentación de la nueva tecnología en soja Intacta RR2 realizada en los últimos días, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Norberto Yauhar también anunció que se está trabajando en la redacción de una nueva Ley de Semillas que en los próximos meses sería enviada al Congreso Nacional.
“Hemos tomado la decisión de avanzar en el transcurso de este año en un borrador de una Ley de Semillas como corresponde a un país que pretende ser líder en la producción de alimentos, buscamos proteger la propiedad intelectual del proceso de desarrollo”, afirmó Yauhar en esa oportunidad.
El investigador del Conicet Andrés Carrasco también cuestionó estos anuncios y analizó las implicancias que ésta modificación en la legislación podría tener para los productores del país al disminuir el denominado uso propio de las semillas para favorecer el pago de regalías a las empresas creadoras de los Organismos Genéticamente Modificados (OGM) aprobados por el gobierno nacional.
“El uso propio significa que un agricultor hace su cosecha y se reserva parte de las semillas para la cosecha próxima, o sea que buscan moderar o dificultar el uso de la semilla de la propia cosecha rompiendo una regla histórica de 10 mil años”, sostuvo al respecto Carrasco.
Refiriéndose a las afirmaciones del ministro días atrás, el investigador expresó: “Esto me parece un acto celebratorio de una enorme irresponsabilidad porque detrás de esto hay un montón de cosas que no se dicen, que no se han debatido, hay cosas que están seriamente cuestionadas por muchos, acá y en otras partes del mundo, y me parece que no debería celebrarse tan abiertamente que vamos a modificar la Ley de Semillas para favorecer a Monsanto”.
Hasta el momento, Monsanto jamás logró cobrar regalías por su primera semilla de soja transgénica debido a que esa variedad no había sido patentada en Argentina. Pero en 2009 la multinacional sí obtuvo patente en el país por la soja Intacta RR2 y, luego de que la empresa anunciara inversiones millonarias, el gobierno nacional le dio garantías a la empresa sobre el pago de regalías por parte de los productores.
“Un cambio cultural en la agricultura”
“Hasta ahora la agricultura argentina no pago patentes por distintas razones, recién ahora se van a establecer y lo que hace la empresa es establecer un contrato individual con el productor que firma un convenio contractual”, explicó Carrasco y agregó que al tratarse de contratos de índole privado el Estado no podrá intervenir en este ámbito.
“O sea que en realidad están celebrando ceder el control y la propiedad que regula los insumos de la producción agrícola a 3, 4 o 5 grandes transnacionales”, continuó.
Hasta el momento, se afirma que más del 60% de los productores de soja ya habrían firmado contratos para el uso de la nueva semilla Intacta RR2. Para el investigador del Conicet el resto de los OGM aprobados en el último tiempo también se regularán con el mismo criterio.
“Como Monsanto y Syngenta se aseguran los sistemas de control de qué semilla está usando cada agricultor a partir de estos contratos, cuando un agricultor mande su cosecha al lugar de embarque, el acopiador va a testear las características de ese poroto y va a determinar qué tipo de semilla está usando. Y si está usando una semilla indebidamente porque no la pagó ese productor va a ser penalizado”, describió el biólogo.
“Esto es todo un cambio cultural en la agricultura que los agricultores norteamericanos han denunciado infinidad de veces y hablan de la `policía de Monsanto´. Entonces si eso pasa allá me imagino lo que puede pasar acá, donde hay muchos circuitos informales”, alertó finalmente Carrasco.
“No estamos eliminando agroquímicos, estamos introduciendo nuevos”
El investigador del Conicet Andrés Carrasco, quien había denunciado los efectos tóxicos del glifosato, advirtió que la introducción en el país de diez nuevas semillas transgénicas de soja y maíz aumentará la aplicación de sustancias químicas nocivas para la salud, entre ellas el herbicida glufosinato de amonio
En el último año, el Ministerio de Agricultura de la Nación aprobó la introducción en el país de diez nuevas semillas transgénicas, entre ellas la soja Intacta RR2 anunciada en los últimos días. Contradiciendo lo afirmado desde el gobierno y las empresas, el investigador del Conicet y docente de la UBA Andrés Carrasco advirtió que estas tecnologías conllevarán una mayor aplicación de agroquímicos. Además, relató que cinco de los nuevos organismos que se usarán en el país son resistentes al glufosinato de amonio, un producto “más tóxico que el glifosato”.
“No estamos eliminando los herbicidas y los agroquímicos, estamos introduciendo nuevos”, dijo Carrasco a este diario en respuesta a los anuncios oficiales difundidos días atrás, según los cuales la introducción de nuevas semillas transgénicas en Argentina permitirá una agricultura más respetuosa con el medio ambiente.
El investigador del Conicet y director del Laboratorio de Embriología Molecular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA) difundió en 2009 un estudio que demostró los efectos tóxicos del glifosato en embriones. El uso de dicho herbicida comenzó a extenderse en 1996 cuando se aprobó por primera vez en el país la semilla de soja transgénica creada por la multinacional Monsanto.
Desde aquel momento hasta hoy, el gobierno nacional aprobó 27 Organismos Genéticamente Modificados (OGM) que buscan mejorar el rendimiento de la producción agrícola, diez de los cuales fueron autorizadas en el último año. Según indicó Carrasco, la soja Intacta RR2 desarrollada por Monsanto -resistente al glifosato y a determinados insectos- fue la que mayor difusión alcanzó en los últimos días, pero la lista incluye nueve semillas más de soja y maíz y cada una de ellas es resistente a distintos tipos de agroquímicos.
“Lo más significativo es que de las 10 nuevas semillas del último año -y de eso no se habla- 5 de ellas incorporaron el glufosinato de amonio. Es decir que son semillas resistentes al glifosato y a este nuevo herbicida”, explicó el investigador en relación al producto cuyo nombre comercial más difundido es “Liberty” de la empresa Bayer.
Según se establece en la página oficial del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ganadería de la Nación, las cinco semillas de soja y maíz aprobadas entre 2011 y 2012 resistentes al glufosinato de amonio fueron desarrolladas por las empresas Bayer, Syngenta, Dow AgroSciences y Monsanto.
“Era obvio que las empresas iban a tener que poner otro herbicida”, expresó el científico en relación a la creciente aparición de malezas resistentes al glifosato. Y explicó que actualmente quien utilice estos nuevos OGM combinará la aplicación de dos herbicidas en el proceso de pulverización, aumentando los riesgos a la salud y el ambiente.
“Más tóxico que el glifosato”
“Se ha dicho públicamente y con fuerza en discursos oficiales que las nuevas semillas introducidas por estas grandes transnacionales van a usar menos agroquímicos. A lo mejor usan menos agroquímicos de un tipo pero están introduciendo otros nuevos que no son mejores que los que se están usando hoy sino que son peores”, denunció Carrasco. Y agregó que la aplicación de glufosinato que conlleva el uso de algunas de estas semillas es la mayor demostración de esta realidad.
“Se sabe que es más tóxico que el glifosato, eso sin duda”, aseguró el investigador del Conicet respecto a los efectos que puede provocar este producto sobre la salud.
En este sentido, el biólogo precisó: “El problema es que si el glifosato era clase 4 -o sea que se decía que tenía baja toxicidad y después se descubrió que esa baja toxicidad era muy relativa, que más bien tenía efectos no deseables- desde el año 1996 se sabe que el glufosinato altera la síntesis de neurotrasmisores porque es un bloqueante de un aminoácido importante para el sistema nervioso”.
Según Carrasco, ya en 1996 experimentos de laboratorio realizados en mamíferos demostraron que este agroquímico puede provocar malformaciones congénitas. “Durante el desarrollo embrionario tiene efectos teratogénicos muy significativos”, señaló y destacó que entre los resultados de dicho estudio se encontraron incluso malformaciones en rostro.
De este modo, el director del Laboratorio de Embriología Molecular expresó que las investigaciones realizadas y publicadas hace más de una década en ratones ya indicaban que el glufosinato produce muertes celulares en el tejido nervioso.
En otros países
A su vez, el investigador principal del Conicet destacó que el glufosinato está siendo duramente cuestionado en otros países y señaló que ya fue declarado como tóxico por un informe de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. En ese marco, el producto fue incluido entre las 22 sustancias que la Unión Europea prohibiría próximamente por sus riesgos para la salud.
“Es muy probable que en Europa el glufosinato sea prohibido porque ya hay reportes oficiales de la Unión Europea que van en esa dirección y está en las listas negras, hay montones de organizaciones ambientalistas que están pidiendo que lo prohíban”, advirtió el biólogo.
Carrasco aclaró que en territorio europeo no están permitidos los cultivos transgénicos con resistencia a ningún tipo de herbicida, por lo que hasta ahora tanto el glifosato como el glufosinato se aplican para otros fines. Pese a ello, según informó el investigador, hace un año Bayer debió sacar este producto del mercado en Alemania por disposición de las autoridades.
Así, cuestionando la aprobación del kirchnerismo de las nuevas semillas de soja y maíz, concluyó: “Mientras los europeos tienden a no permitir que se vendan en los viveros herbicidas a base de glufosinato para las plantitas, nosotros lo estamos introduciendo en la producción agrícola”.
Finalmente, el profesor de la UBA advirtió que el panorama empeora si se tiene en cuenta que actualmente Argentina cuenta con 23 millones y medio de hectáreas sembradas con transgénico que pretenden aumentarse considerablemente en los próximos años, trayendo aparejado un uso creciente de agroquímicos.
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Fecha de Publicación: 04/09/2012
Fuente: El Puntal de Río Cuarto
Provincia/Región: Nacional
En el marco de la presentación de la nueva tecnología en soja Intacta RR2 realizada en los últimos días, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Norberto Yauhar también anunció que se está trabajando en la redacción de una nueva Ley de Semillas que en los próximos meses sería enviada al Congreso Nacional.“Hemos tomado la decisión de avanzar en el transcurso de este año en un borrador de una Ley de Semillas como corresponde a un país que pretende ser líder en la producción de alimentos, buscamos proteger la propiedad intelectual del proceso de desarrollo”, afirmó Yauhar en esa oportunidad.
El investigador del Conicet Andrés Carrasco también cuestionó estos anuncios y analizó las implicancias que ésta modificación en la legislación podría tener para los productores del país al disminuir el denominado uso propio de las semillas para favorecer el pago de regalías a las empresas creadoras de los Organismos Genéticamente Modificados (OGM) aprobados por el gobierno nacional.
“El uso propio significa que un agricultor hace su cosecha y se reserva parte de las semillas para la cosecha próxima, o sea que buscan moderar o dificultar el uso de la semilla de la propia cosecha rompiendo una regla histórica de 10 mil años”, sostuvo al respecto Carrasco.
Refiriéndose a las afirmaciones del ministro días atrás, el investigador expresó: “Esto me parece un acto celebratorio de una enorme irresponsabilidad porque detrás de esto hay un montón de cosas que no se dicen, que no se han debatido, hay cosas que están seriamente cuestionadas por muchos, acá y en otras partes del mundo, y me parece que no debería celebrarse tan abiertamente que vamos a modificar la Ley de Semillas para favorecer a Monsanto”.
Hasta el momento, Monsanto jamás logró cobrar regalías por su primera semilla de soja transgénica debido a que esa variedad no había sido patentada en Argentina. Pero en 2009 la multinacional sí obtuvo patente en el país por la soja Intacta RR2 y, luego de que la empresa anunciara inversiones millonarias, el gobierno nacional le dio garantías a la empresa sobre el pago de regalías por parte de los productores.
“Un cambio cultural en la agricultura”
“Hasta ahora la agricultura argentina no pago patentes por distintas razones, recién ahora se van a establecer y lo que hace la empresa es establecer un contrato individual con el productor que firma un convenio contractual”, explicó Carrasco y agregó que al tratarse de contratos de índole privado el Estado no podrá intervenir en este ámbito.
“O sea que en realidad están celebrando ceder el control y la propiedad que regula los insumos de la producción agrícola a 3, 4 o 5 grandes transnacionales”, continuó.
Hasta el momento, se afirma que más del 60% de los productores de soja ya habrían firmado contratos para el uso de la nueva semilla Intacta RR2. Para el investigador del Conicet el resto de los OGM aprobados en el último tiempo también se regularán con el mismo criterio.
“Como Monsanto y Syngenta se aseguran los sistemas de control de qué semilla está usando cada agricultor a partir de estos contratos, cuando un agricultor mande su cosecha al lugar de embarque, el acopiador va a testear las características de ese poroto y va a determinar qué tipo de semilla está usando. Y si está usando una semilla indebidamente porque no la pagó ese productor va a ser penalizado”, describió el biólogo.
“Esto es todo un cambio cultural en la agricultura que los agricultores norteamericanos han denunciado infinidad de veces y hablan de la `policía de Monsanto´. Entonces si eso pasa allá me imagino lo que puede pasar acá, donde hay muchos circuitos informales”, alertó finalmente Carrasco.
“No estamos eliminando agroquímicos, estamos introduciendo nuevos”
El investigador del Conicet Andrés Carrasco, quien había denunciado los efectos tóxicos del glifosato, advirtió que la introducción en el país de diez nuevas semillas transgénicas de soja y maíz aumentará la aplicación de sustancias químicas nocivas para la salud, entre ellas el herbicida glufosinato de amonio
En el último año, el Ministerio de Agricultura de la Nación aprobó la introducción en el país de diez nuevas semillas transgénicas, entre ellas la soja Intacta RR2 anunciada en los últimos días. Contradiciendo lo afirmado desde el gobierno y las empresas, el investigador del Conicet y docente de la UBA Andrés Carrasco advirtió que estas tecnologías conllevarán una mayor aplicación de agroquímicos. Además, relató que cinco de los nuevos organismos que se usarán en el país son resistentes al glufosinato de amonio, un producto “más tóxico que el glifosato”.
“No estamos eliminando los herbicidas y los agroquímicos, estamos introduciendo nuevos”, dijo Carrasco a este diario en respuesta a los anuncios oficiales difundidos días atrás, según los cuales la introducción de nuevas semillas transgénicas en Argentina permitirá una agricultura más respetuosa con el medio ambiente.
El investigador del Conicet y director del Laboratorio de Embriología Molecular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA) difundió en 2009 un estudio que demostró los efectos tóxicos del glifosato en embriones. El uso de dicho herbicida comenzó a extenderse en 1996 cuando se aprobó por primera vez en el país la semilla de soja transgénica creada por la multinacional Monsanto.
Desde aquel momento hasta hoy, el gobierno nacional aprobó 27 Organismos Genéticamente Modificados (OGM) que buscan mejorar el rendimiento de la producción agrícola, diez de los cuales fueron autorizadas en el último año. Según indicó Carrasco, la soja Intacta RR2 desarrollada por Monsanto -resistente al glifosato y a determinados insectos- fue la que mayor difusión alcanzó en los últimos días, pero la lista incluye nueve semillas más de soja y maíz y cada una de ellas es resistente a distintos tipos de agroquímicos.
“Lo más significativo es que de las 10 nuevas semillas del último año -y de eso no se habla- 5 de ellas incorporaron el glufosinato de amonio. Es decir que son semillas resistentes al glifosato y a este nuevo herbicida”, explicó el investigador en relación al producto cuyo nombre comercial más difundido es “Liberty” de la empresa Bayer.
Según se establece en la página oficial del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ganadería de la Nación, las cinco semillas de soja y maíz aprobadas entre 2011 y 2012 resistentes al glufosinato de amonio fueron desarrolladas por las empresas Bayer, Syngenta, Dow AgroSciences y Monsanto.
“Era obvio que las empresas iban a tener que poner otro herbicida”, expresó el científico en relación a la creciente aparición de malezas resistentes al glifosato. Y explicó que actualmente quien utilice estos nuevos OGM combinará la aplicación de dos herbicidas en el proceso de pulverización, aumentando los riesgos a la salud y el ambiente.
“Más tóxico que el glifosato”
“Se ha dicho públicamente y con fuerza en discursos oficiales que las nuevas semillas introducidas por estas grandes transnacionales van a usar menos agroquímicos. A lo mejor usan menos agroquímicos de un tipo pero están introduciendo otros nuevos que no son mejores que los que se están usando hoy sino que son peores”, denunció Carrasco. Y agregó que la aplicación de glufosinato que conlleva el uso de algunas de estas semillas es la mayor demostración de esta realidad.
“Se sabe que es más tóxico que el glifosato, eso sin duda”, aseguró el investigador del Conicet respecto a los efectos que puede provocar este producto sobre la salud.
En este sentido, el biólogo precisó: “El problema es que si el glifosato era clase 4 -o sea que se decía que tenía baja toxicidad y después se descubrió que esa baja toxicidad era muy relativa, que más bien tenía efectos no deseables- desde el año 1996 se sabe que el glufosinato altera la síntesis de neurotrasmisores porque es un bloqueante de un aminoácido importante para el sistema nervioso”.
Según Carrasco, ya en 1996 experimentos de laboratorio realizados en mamíferos demostraron que este agroquímico puede provocar malformaciones congénitas. “Durante el desarrollo embrionario tiene efectos teratogénicos muy significativos”, señaló y destacó que entre los resultados de dicho estudio se encontraron incluso malformaciones en rostro.
De este modo, el director del Laboratorio de Embriología Molecular expresó que las investigaciones realizadas y publicadas hace más de una década en ratones ya indicaban que el glufosinato produce muertes celulares en el tejido nervioso.
En otros países
A su vez, el investigador principal del Conicet destacó que el glufosinato está siendo duramente cuestionado en otros países y señaló que ya fue declarado como tóxico por un informe de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. En ese marco, el producto fue incluido entre las 22 sustancias que la Unión Europea prohibiría próximamente por sus riesgos para la salud.
“Es muy probable que en Europa el glufosinato sea prohibido porque ya hay reportes oficiales de la Unión Europea que van en esa dirección y está en las listas negras, hay montones de organizaciones ambientalistas que están pidiendo que lo prohíban”, advirtió el biólogo.
Carrasco aclaró que en territorio europeo no están permitidos los cultivos transgénicos con resistencia a ningún tipo de herbicida, por lo que hasta ahora tanto el glifosato como el glufosinato se aplican para otros fines. Pese a ello, según informó el investigador, hace un año Bayer debió sacar este producto del mercado en Alemania por disposición de las autoridades.
Así, cuestionando la aprobación del kirchnerismo de las nuevas semillas de soja y maíz, concluyó: “Mientras los europeos tienden a no permitir que se vendan en los viveros herbicidas a base de glufosinato para las plantitas, nosotros lo estamos introduciendo en la producción agrícola”.
Finalmente, el profesor de la UBA advirtió que el panorama empeora si se tiene en cuenta que actualmente Argentina cuenta con 23 millones y medio de hectáreas sembradas con transgénico que pretenden aumentarse considerablemente en los próximos años, trayendo aparejado un uso creciente de agroquímicos.
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Debate sobre la matriz energética argentina
Audiencia pública en el Congreso sobre la matriz energética argentina
Fecha de Publicación: 03/09/2012
Fuente: El Parlamentario
Provincia/Región: Nacional
El diputado Carlos Comi de la Coalición Cívica convoca a debatir un proyecto que propone el abandono paulatino de la energía nuclear y una mayor generación eléctrica en base a fuentes de energía renovable.
El diputado nacional Carlos Comi (Coalición Cívica-ARI) y el presidente del partido Los Verdes Juan Carlos Villalonga encabezarán este martes en el Congreso una jornada abierta para discutir un proyecto de ley que propone la transformación de la matriz energética argentina y el abandono paulatino de la energía nuclear.
La reunión está programada para las 10 en la Sala 1 del edificio Anexo de la Cámara baja.
El proyecto estipula que para el año 2020 se “apaguen” todas las centrales atómicas argentinas y se adopte una meta del 25 por ciento de la generación eléctrica en base a fuentes de energía renovable. "Creemos que ha llegado el momento, luego de transcurrido casi un año, de abrir un debate transversal en la esperanza de escuchar los distintos aportes y sugerencias que las organizaciones y las empresas del sector de las energías renovables puedan hacernos con el fin de mejorar la iniciativa y generar un consenso imprescindible para avanzar en un objetivo tan ambicioso como necesario para los futuros del país", sostienen Comi y Villalonga en la convocatoria.
“El proyecto pretende impulsar un nuevo consenso energético” explicó Comi, que remarcó que “hay que colocar a la Argentina en un sendero energético verde, abandonando la energía nuclear y disminuyendo la dependencia de los combustibles fósiles”.
Para desactivar el programa nuclear actualmente en vigencia, el diputado santafesino plantea derogar la Ley 26.566 aprobada en el 2009 que otorga múltiples beneficios fiscales y declara de interés nacional la finalización de Atucha II y la adquisición de nuevas plantas atómicas.
Entre las innovaciones que figuran en el proyecto, se encuentra un artículo que establece que la Secretaría de Energía y el Ente Nacional de Regulación de la Electricidad (ENRE) “deberán generar los instrumentos legales y técnicos para que todos los usuarios puedan ser generadores de energía eléctrica en base a fuentes renovables y volcar esa energía a las redes”. Para el área metropolitana de Buenos Aires, esa modalidad de producción eléctrica distribuida debería estar disponible para el 2015.
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Fecha de Publicación: 03/09/2012
Fuente: El Parlamentario
Provincia/Región: Nacional
El diputado Carlos Comi de la Coalición Cívica convoca a debatir un proyecto que propone el abandono paulatino de la energía nuclear y una mayor generación eléctrica en base a fuentes de energía renovable.
El diputado nacional Carlos Comi (Coalición Cívica-ARI) y el presidente del partido Los Verdes Juan Carlos Villalonga encabezarán este martes en el Congreso una jornada abierta para discutir un proyecto de ley que propone la transformación de la matriz energética argentina y el abandono paulatino de la energía nuclear.
La reunión está programada para las 10 en la Sala 1 del edificio Anexo de la Cámara baja.
El proyecto estipula que para el año 2020 se “apaguen” todas las centrales atómicas argentinas y se adopte una meta del 25 por ciento de la generación eléctrica en base a fuentes de energía renovable. "Creemos que ha llegado el momento, luego de transcurrido casi un año, de abrir un debate transversal en la esperanza de escuchar los distintos aportes y sugerencias que las organizaciones y las empresas del sector de las energías renovables puedan hacernos con el fin de mejorar la iniciativa y generar un consenso imprescindible para avanzar en un objetivo tan ambicioso como necesario para los futuros del país", sostienen Comi y Villalonga en la convocatoria.
“El proyecto pretende impulsar un nuevo consenso energético” explicó Comi, que remarcó que “hay que colocar a la Argentina en un sendero energético verde, abandonando la energía nuclear y disminuyendo la dependencia de los combustibles fósiles”.
Para desactivar el programa nuclear actualmente en vigencia, el diputado santafesino plantea derogar la Ley 26.566 aprobada en el 2009 que otorga múltiples beneficios fiscales y declara de interés nacional la finalización de Atucha II y la adquisición de nuevas plantas atómicas.
Entre las innovaciones que figuran en el proyecto, se encuentra un artículo que establece que la Secretaría de Energía y el Ente Nacional de Regulación de la Electricidad (ENRE) “deberán generar los instrumentos legales y técnicos para que todos los usuarios puedan ser generadores de energía eléctrica en base a fuentes renovables y volcar esa energía a las redes”. Para el área metropolitana de Buenos Aires, esa modalidad de producción eléctrica distribuida debería estar disponible para el 2015.
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Por error procesal absuelven a contaminador
Absolvieron a empresario frigorífico en una causa por contaminación del río Salí
Fecha de Publicación: 03/09/2012
Fuente: El Siglo
Provincia/Región: Tucumán
El Tribunal Oral Federal absolvió ayer a Manuel Aarón Bliman, dueño del frigorífico "La Barraca" en una causa por contaminación de la cuenca Salí-Dulce. Fueron anuladas las pruebas realizadas por la Policía Ecológica y la Gendarmería Nacional; y el Ministerio Público Fiscal desistió de proseguir con la acción pública.
Tras un largo proceso, que demandó ocho años desde que se inició la investigación, el Tribunal Oral Federal de Tucumán (TOF) absolvió ayer al empresario Manuel Aarón Bliman, propietario del frigorífico "La Barraca", quien estaba denunciado por la presunta contaminación del río Salí con efluentes industriales sin tratamiento previo.
En el fallo, que lleva la firma de los jueces María Alicia Noli (presidenta), Carlos Jiménez Montilla y Gabriel Eduardo Casas, se resolvió la absolución de Bliman "de las condiciones personales que constan en autos, del delito que le fuera imputado (violación a la ley 24.051, de Residuos Peligrosos), atento al desistimiento de la acción pública por parte del Ministerio Público Fiscal", que estuvo representado por Leopoldo Peralta Palma.
Además, el TOF dispuso diferir para el próximo lunes 10 de septiembre, a las 12.00, la lectura de los fundamentos de la sentencia.
Durante el desarrollo de la primera jornada del juicio oral, la semana pasada, el TOF había desestimado como prueba válida en el proceso una pericia concretada por la Policía Ecológica de la Provincia, ya que la misma se había producido sin la participación del juez obrante en ese momento (el ex magistrado Mario Racedo) y ante el desconocimiento del acusado.
La decisión de los magistrados fue fundamentada en razón de que, anteriormente, la Cámara Federal Penal de la Provincia ya había declarado nula esa actuación pericial, por considerar que se avasallaba el derecho a defensa del empresario.
Con argumentos similares, la Justicia tampoco consideró como válidas las pruebas recogidas por la Policía Científica de la Gendarmería Nacional en distintos tramos de un caño subterráneo que transportaba efluentes industriales y desembocaba en el río Salí, el cual a su vez alimenta el dique El Frontal de Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero.
Bliman había sido denunciado en 2004 y procesado un año más tarde por Racedo, quien estaba a cargo del Juzgado Federal II, por considerarlo presunto autor, penalmente responsable, del delito de contaminación ambiental con riesgo para la salud pública, previsto y penado por los artículos 55 y 57 de la Ley Nacional 24.051 (de Residuos Peligrosos).
Cuando declaró ante el TOF, el empresario basó su alegato en cuestionar el modo en que se realizaron las pericias para la recolección de pruebas, con la extracción de muestras de efluentes que contenían material orgánico en descomposición y eran volcados al río.
Bilman aseguró que el proceso que se lleva adelante para el tratamiento de los residuos provenientes del faenado animal que se realizaba en su frigorífico, instalado en la localidad de Alderetes, cumplía con todos los requisitos legales. Además, aseguró que resulta difícil de constatar que los residuos detectados correspondan al frigorífico de su propiedad, puesto que el conducto subterráneo que transportaba los efluentes era compartido con otros dos frigoríficos y una avícola de la zona.
Finalmente, y relacionado con los controles preventivos que se impusieron al frigorífico para garantizar que no contamine, Bilman indicó que "todos los meses inspeccionaban la Secretaría de Agricultura y el SIPROSA y nunca hubo una advertencia porque los análisis que se hacían nos daban perfecto", adujo.
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Fecha de Publicación: 03/09/2012
Fuente: El Siglo
Provincia/Región: Tucumán
El Tribunal Oral Federal absolvió ayer a Manuel Aarón Bliman, dueño del frigorífico "La Barraca" en una causa por contaminación de la cuenca Salí-Dulce. Fueron anuladas las pruebas realizadas por la Policía Ecológica y la Gendarmería Nacional; y el Ministerio Público Fiscal desistió de proseguir con la acción pública. Tras un largo proceso, que demandó ocho años desde que se inició la investigación, el Tribunal Oral Federal de Tucumán (TOF) absolvió ayer al empresario Manuel Aarón Bliman, propietario del frigorífico "La Barraca", quien estaba denunciado por la presunta contaminación del río Salí con efluentes industriales sin tratamiento previo.
En el fallo, que lleva la firma de los jueces María Alicia Noli (presidenta), Carlos Jiménez Montilla y Gabriel Eduardo Casas, se resolvió la absolución de Bliman "de las condiciones personales que constan en autos, del delito que le fuera imputado (violación a la ley 24.051, de Residuos Peligrosos), atento al desistimiento de la acción pública por parte del Ministerio Público Fiscal", que estuvo representado por Leopoldo Peralta Palma.
Además, el TOF dispuso diferir para el próximo lunes 10 de septiembre, a las 12.00, la lectura de los fundamentos de la sentencia.
Durante el desarrollo de la primera jornada del juicio oral, la semana pasada, el TOF había desestimado como prueba válida en el proceso una pericia concretada por la Policía Ecológica de la Provincia, ya que la misma se había producido sin la participación del juez obrante en ese momento (el ex magistrado Mario Racedo) y ante el desconocimiento del acusado.
La decisión de los magistrados fue fundamentada en razón de que, anteriormente, la Cámara Federal Penal de la Provincia ya había declarado nula esa actuación pericial, por considerar que se avasallaba el derecho a defensa del empresario.
Con argumentos similares, la Justicia tampoco consideró como válidas las pruebas recogidas por la Policía Científica de la Gendarmería Nacional en distintos tramos de un caño subterráneo que transportaba efluentes industriales y desembocaba en el río Salí, el cual a su vez alimenta el dique El Frontal de Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero.
Bliman había sido denunciado en 2004 y procesado un año más tarde por Racedo, quien estaba a cargo del Juzgado Federal II, por considerarlo presunto autor, penalmente responsable, del delito de contaminación ambiental con riesgo para la salud pública, previsto y penado por los artículos 55 y 57 de la Ley Nacional 24.051 (de Residuos Peligrosos).
Cuando declaró ante el TOF, el empresario basó su alegato en cuestionar el modo en que se realizaron las pericias para la recolección de pruebas, con la extracción de muestras de efluentes que contenían material orgánico en descomposición y eran volcados al río.
Bilman aseguró que el proceso que se lleva adelante para el tratamiento de los residuos provenientes del faenado animal que se realizaba en su frigorífico, instalado en la localidad de Alderetes, cumplía con todos los requisitos legales. Además, aseguró que resulta difícil de constatar que los residuos detectados correspondan al frigorífico de su propiedad, puesto que el conducto subterráneo que transportaba los efluentes era compartido con otros dos frigoríficos y una avícola de la zona.
Finalmente, y relacionado con los controles preventivos que se impusieron al frigorífico para garantizar que no contamine, Bilman indicó que "todos los meses inspeccionaban la Secretaría de Agricultura y el SIPROSA y nunca hubo una advertencia porque los análisis que se hacían nos daban perfecto", adujo.
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Las pruebas contra el juez Luis Antonio Armella
Las pruebas
Fecha de Publicación: 02/09/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Riachuelo
Esta semana el juez Luis Antonio Armella deberá presentar su descargo a la Corte Suprema de Justicia. Ante la contundencia de las pruebas sobre su desempeño corrupto, la duda se reduce a saber si sólo será separado de la causa en la que supervisa la limpieza del Riachuelo o del juzgado que ocupa desde hace seis años y que le ha valido el mote de Virrey de Quilmes. Aquí, las pruebas de todo lo informado el domingo y mucho más.
El martes, la Corte Suprema de Justicia resolvió investigar “los hechos difundidos” del juez federal de Quilmes Luis Antonio Armella que comprometen “la transparencia en el manejo patrimonial de la cosa pública” y reclamarle que formulara su descargo. Así lo informó a un grupo de periodistas el presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti. Sin embargo, la Acordada que dispuso la investigación recién se firmó el día siguiente. Además de emplazar al juez para que responda en cinco días con un “informe preciso y circunstanciado”, requiere a la Auditoría General de la Nación que en dos semanas identifique todas las contrataciones realizadas para la limpieza del Riachuelo con las empresas vinculadas con el juez que se mencionaron aquí el domingo 26. La defensa de Armella fue asumida por el más antiguo juez de la Corte, Carlos Fayt, de 94 años, quien luego de hablar con el juez trató de convencer a sus pares: “Pobre muchacho, se va a pegar un tiro”, argumentó. Enrique Petracchi, designado como Fayt por el ex presidente Raúl Alfonsín al concluir la dictadura militar, sostuvo que “el carácter gravísimo de las impugnaciones al juez” hacía inconveniente que siguiera a cargo de la ejecución de la sentencia de la Corte para la limpieza del Riachuelo, por lo que debía nombrarse un subrogante mientras se sustanciaba la investigación sobre los hechos. Petracchi entiende que el derecho de defensa del juez no debería poner en peligro la posibilidad de llegar a la verdad, ya que Armella podría manipular o destruir pruebas incriminatorias.
La familia unida
Armella adelantó parte de su descargo a Fayt y al diario La Nación. Dijo que la sociedad presidida por su suegro e integrada entre otros por su esposa y un tío se formó “a efectos de levantar un edificio en una antigua propiedad de Bernal”. Esta es una versión edulcorada de aquellos hechos que Armella no puede negar. La cuestión no es qué construye sino quienes integran esa sociedad llamada “San Martín 264 Bernal SA” y qué relación tienen esas personas con las obras por la limpieza del Riachuelo que ordena el juez. La dirección que le da nombre corresponde al antiguo domicilio de la suegra de Armella, Nora Alicia Martini, quien también es jueza, a cargo del tribunal en lo Correccional 8 de Lomas de Zamora. San Martín es un boulevard paralelo a la vía del tren, a metros de la Avenida Zapiola y a cuatro cuadras de la Estación Bernal. La casa de la suegra está en demolición y la familia se mudó al country Abril, el más caro de la zona sur, en Hudson, partido de Berazategui. Un cartel anuncia que cuando concluya la demolición allí se levantará el edificio Lacar, con departamentos de 2 y 3 ambientes. La obra, dirigida por el tío del juez, Aníbal Carlos Nietzel, comenzó hace un mes y medio, pero se paralizó desde la publicación aquí de la nota “Nieblas del Riachuelo”. Martini era prosecretaria del Juzgado Criminal y Correccional 4 de Dolores, entonces a cargo del juez Héctor Abel Musumano. Su designación como jueza en Lomas gozó de la misma tutela que la de su yerno, la Procuradora General bonaerense María Falbo. Con idéntica carta de presentación, la esposa del juez, Marina Laura Groba Martini, llegó a secretaria del Tribunal en lo Criminal 5, de Quilmes, cargo incompatible con su desempeño en la empresa “San Martín 264 Bernal SA”. También la esposa del tío arquitecto Aníbal Carlos Nietzel, Vanesa Maiola, fue designada fiscal de Florencio Varela. En su intento de control de daños, Armella adujo que “entre los socios de ese emprendimiento habría una empresa constructora que trabaja en una de las obras de saneamiento del Riachuelo”, como si se tratara de una casualidad sin importancia. No es una empresa, sino varias: Gildin SA, Compañía Constructora M&T SA, Tierras Provinciales SA, y Vial Rogo Constructora SA. Tampoco hay sólo un socio de la esposa, el suegro y el tío del juez que participe en obras vinculadas con el saneamiento del Riachuelo, sino cuatro. El principal de ellos es el abogado portugués Arturo Rodrígues da Silva y la coincidencia no se debe al azar. Varias veces por semana Rodrígues da Silva pasa por el tribunal para buscar a Armella en un automóvil Audi de color celeste. Rodrígues da Silva es presidente suplente de la empresa familiar del juez, presidente de Gildin, director de M&T, presidente y socio de Tierras Provinciales y socio de Vial Rogo. En Gildin es directora suplente Gilda González, cuyos hermanas Romina y Lorena son a su vez socias del suegro y la esposa de Armella. Otra socia en la empresa familiar de la mujer del juez es Graciela Susana Beatriz Aparicio, quien al mismo tiempo es directora suplente de M&T. Tanto Gildin como M&T están entre las empresas beneficiadas por las contrataciones que urge Armella bajo amenaza de multas y sanciones si no se realizan en plazos perentorios. El recurso de amparo que permitió seguir funcionando a la cantera de Gildin SA, mientras Armella clausuraba a todas las competidoras, no fue concedido por la jueza subrogante en Quilmes, Marcela Claudia Linares, sino por el juez federal de La Plata, Julio César Miralles, en junio de 2006. La causa sigue ahora en el Juzgado Nº 1 en lo Contencioso Administrativo de Quilmes, a cargo de Hugo Guarnieri. En septiembre de 2011, Armella ordenó el cierre de las canteras y en octubre amplió la directiva a todas las “que se constaten en el futuro”. La cantera Lomas de Brown, que se encuentra a 7 km de la cuenca, planteó que Armella se había excedido en su competencia. Según la Corte Suprema, sólo debía ejercerla sobre los aspectos hidrográficos. La Dirección de Minería le respondió que no podía concederle o negarle la inscripción porque el expediente había quedado retenido en el juzgado de Armella. El socio de Armella, Rodrigues da Silva, ya frecuentó las noticias policiales hace quince años, vinculado igual que ahora con un funcionario judicial: en 1997 el juez Samuel Saraví Paz lo condenó a tres años de prisión en suspenso por destruir carátulas judiciales, cambiar causas de juzgados, utilizar sellos falsos y no pagar la tasa de justicia, en combinación con el oficial primero del Juzgado Civil y Comercial Nº 5 de La Plata, Jorge Luis Madueña.
Adjudicación directa
Otro de los alegatos del juez ante Fayt y La Nación es que las contrataciones no fueron directas sino por licitación. Los documentos que se reproducen aquí lo desmienten:
- la solicitud de pedido para la rectificación de la ribera sur del Riachuelo indica que se trata de una “adjudicación directa” a la constructora M&T.
- la solicitud de pedido para la recuperación de márgenes, en el tramo 2.b. del proyecto también es por “adjudicación directa” a la constructora M&T.
- para justificar estas contrataciones directas, Armella amenaza con multas y sanciones a “todo funcionario responsable”.
- esto permite que Gildin y su alter ego M&T facturen las obras a realizar con impresionantes sobreprecios, que hasta triplican los valores de mercado, como se advierte en el cuadro para las obras de recuperación ambiental del margen sur tramo 2.b.
- a precios de mercado, la obra costaría 4,04 millones de pesos, pero la Acumar terminará pagando 12,1 millones. El 40 por ciento de anticipo que recibe la empresa vinculada con el magistrado supera el valor total de la obra: 4,8 millones de pesos. Es decir que antes de empezar los trabajos, M&T recibe más de lo que correspondería por todo el trabajo a precios de mercado. Los ocho millones restantes son plata dulce.
- para que sea inevitable que los contratos recaigan en la cantera de Gildin SA, Armella prohíbe el funcionamiento de todas las competidoras instaladas en la cuenca hídrica Matanza-Riachuelo.
Esta insistencia del juez en la clausura de todas las canteras públicas de la Cuenca también paralizó la construcción de la autopista Juan Domingo Perón, que de Merlo a La Plata continúa la del Buen Ayre. Desde hace un año y medio los trabajos no avanzan por falta de los materiales que se obtienen en las canteras prohibidas.
La última copa
En la reunión con los periodistas, Lorenzetti señaló que hasta ese momento ni los intendentes ni la Acumar se habían quejado del juez. No es un argumento muy sólido. El poder de un juez federal es muy superior al de los intendentes, cuyos cargos e incluso su libertad dependen de una razonable relación con el magistrado. En el caso de Armella, además, es conocido en la zona el destrato que prodiga a los alcaldes de la Cuenca, a quienes no permite levantarse de la mesa antes de que Su Señoría termine la última copa de vino, bajo apercibimiento de sanciones. Tampoco la Acumar está en condiciones de enfrentar al juez, ya que como órgano interjurisdiccional entre la Nación, la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y más de una docena de municipios, su poder es muy disperso. Lo preside un representante del gobierno nacional, que es el Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable Juan José Mussi, que está en minoría en un directorio con representantes de las demás jurisdicciones. El organismo accedió a designar en su planta a los recomendados del juez (ver “Barra de amigos”). Mussi no se quedó atrás y nombró primero como Subsecretario de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación, y en junio de 2011 como presidente ejecutivo de Acumar al bioquímico Oscar Deina, que está casado con su hija, la médica especialista en diagnóstico por imágenes Mariel Mercedes Mussi. El hermano de Mariel, Juan Patricio, quien presidía el Concejo Deliberante de Berazategui quedó a cargo de la intendencia cuando el padre asumió en la Acumar. La semana pasada, Armella dispuso intervenir el Sindicato de Trabajadores Municipales de Berazategui, al que están afiliados la mitad de los 3300 empleados del municipio, en un altísimo porcentaje como contratados, a pesar de la antigüedad en los cargos. La anterior conducción, alineada con el diputado de Unión PRO Alfredo Atanasof, fue desbancada en 2010, a instancias de Néstor Kirchner y del secretario general de la CGT, Hugo Moyano. En octubre de 2011 fue electa la nueva conducción, convalidada por el ministerio de Trabajo de la Nación, pero impugnada por Juan Patricio Mussi. Sin embargo, Armella convocó a nuevas elecciones, como reclamaba el intendente hereditario, quien se resiste a pasar a planta permanente a los contratados. La abrumadora cantidad de pruebas sobre la conducta del juez Armella reduce el margen de dudas a saber si sólo será separado de la megacausa del Riachuelo (en la que la Corte Suprema podría designar a un funcionario que se ocupe en exclusividad, sin atender al mismo tiempo un juzgado federal) o también se promoverá su juicio político para apartarlo del tribunal que le permitió convertirse en el Virrey de Quilmes. La causal de mal desempeño parece configurada con exceso e incluso el “delito en el ejercicio de sus funciones” que contempla el artículo 53 de la Constitución.
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Fecha de Publicación: 02/09/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Riachuelo
Esta semana el juez Luis Antonio Armella deberá presentar su descargo a la Corte Suprema de Justicia. Ante la contundencia de las pruebas sobre su desempeño corrupto, la duda se reduce a saber si sólo será separado de la causa en la que supervisa la limpieza del Riachuelo o del juzgado que ocupa desde hace seis años y que le ha valido el mote de Virrey de Quilmes. Aquí, las pruebas de todo lo informado el domingo y mucho más.
El martes, la Corte Suprema de Justicia resolvió investigar “los hechos difundidos” del juez federal de Quilmes Luis Antonio Armella que comprometen “la transparencia en el manejo patrimonial de la cosa pública” y reclamarle que formulara su descargo. Así lo informó a un grupo de periodistas el presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti. Sin embargo, la Acordada que dispuso la investigación recién se firmó el día siguiente. Además de emplazar al juez para que responda en cinco días con un “informe preciso y circunstanciado”, requiere a la Auditoría General de la Nación que en dos semanas identifique todas las contrataciones realizadas para la limpieza del Riachuelo con las empresas vinculadas con el juez que se mencionaron aquí el domingo 26. La defensa de Armella fue asumida por el más antiguo juez de la Corte, Carlos Fayt, de 94 años, quien luego de hablar con el juez trató de convencer a sus pares: “Pobre muchacho, se va a pegar un tiro”, argumentó. Enrique Petracchi, designado como Fayt por el ex presidente Raúl Alfonsín al concluir la dictadura militar, sostuvo que “el carácter gravísimo de las impugnaciones al juez” hacía inconveniente que siguiera a cargo de la ejecución de la sentencia de la Corte para la limpieza del Riachuelo, por lo que debía nombrarse un subrogante mientras se sustanciaba la investigación sobre los hechos. Petracchi entiende que el derecho de defensa del juez no debería poner en peligro la posibilidad de llegar a la verdad, ya que Armella podría manipular o destruir pruebas incriminatorias.
La familia unida
Armella adelantó parte de su descargo a Fayt y al diario La Nación. Dijo que la sociedad presidida por su suegro e integrada entre otros por su esposa y un tío se formó “a efectos de levantar un edificio en una antigua propiedad de Bernal”. Esta es una versión edulcorada de aquellos hechos que Armella no puede negar. La cuestión no es qué construye sino quienes integran esa sociedad llamada “San Martín 264 Bernal SA” y qué relación tienen esas personas con las obras por la limpieza del Riachuelo que ordena el juez. La dirección que le da nombre corresponde al antiguo domicilio de la suegra de Armella, Nora Alicia Martini, quien también es jueza, a cargo del tribunal en lo Correccional 8 de Lomas de Zamora. San Martín es un boulevard paralelo a la vía del tren, a metros de la Avenida Zapiola y a cuatro cuadras de la Estación Bernal. La casa de la suegra está en demolición y la familia se mudó al country Abril, el más caro de la zona sur, en Hudson, partido de Berazategui. Un cartel anuncia que cuando concluya la demolición allí se levantará el edificio Lacar, con departamentos de 2 y 3 ambientes. La obra, dirigida por el tío del juez, Aníbal Carlos Nietzel, comenzó hace un mes y medio, pero se paralizó desde la publicación aquí de la nota “Nieblas del Riachuelo”. Martini era prosecretaria del Juzgado Criminal y Correccional 4 de Dolores, entonces a cargo del juez Héctor Abel Musumano. Su designación como jueza en Lomas gozó de la misma tutela que la de su yerno, la Procuradora General bonaerense María Falbo. Con idéntica carta de presentación, la esposa del juez, Marina Laura Groba Martini, llegó a secretaria del Tribunal en lo Criminal 5, de Quilmes, cargo incompatible con su desempeño en la empresa “San Martín 264 Bernal SA”. También la esposa del tío arquitecto Aníbal Carlos Nietzel, Vanesa Maiola, fue designada fiscal de Florencio Varela. En su intento de control de daños, Armella adujo que “entre los socios de ese emprendimiento habría una empresa constructora que trabaja en una de las obras de saneamiento del Riachuelo”, como si se tratara de una casualidad sin importancia. No es una empresa, sino varias: Gildin SA, Compañía Constructora M&T SA, Tierras Provinciales SA, y Vial Rogo Constructora SA. Tampoco hay sólo un socio de la esposa, el suegro y el tío del juez que participe en obras vinculadas con el saneamiento del Riachuelo, sino cuatro. El principal de ellos es el abogado portugués Arturo Rodrígues da Silva y la coincidencia no se debe al azar. Varias veces por semana Rodrígues da Silva pasa por el tribunal para buscar a Armella en un automóvil Audi de color celeste. Rodrígues da Silva es presidente suplente de la empresa familiar del juez, presidente de Gildin, director de M&T, presidente y socio de Tierras Provinciales y socio de Vial Rogo. En Gildin es directora suplente Gilda González, cuyos hermanas Romina y Lorena son a su vez socias del suegro y la esposa de Armella. Otra socia en la empresa familiar de la mujer del juez es Graciela Susana Beatriz Aparicio, quien al mismo tiempo es directora suplente de M&T. Tanto Gildin como M&T están entre las empresas beneficiadas por las contrataciones que urge Armella bajo amenaza de multas y sanciones si no se realizan en plazos perentorios. El recurso de amparo que permitió seguir funcionando a la cantera de Gildin SA, mientras Armella clausuraba a todas las competidoras, no fue concedido por la jueza subrogante en Quilmes, Marcela Claudia Linares, sino por el juez federal de La Plata, Julio César Miralles, en junio de 2006. La causa sigue ahora en el Juzgado Nº 1 en lo Contencioso Administrativo de Quilmes, a cargo de Hugo Guarnieri. En septiembre de 2011, Armella ordenó el cierre de las canteras y en octubre amplió la directiva a todas las “que se constaten en el futuro”. La cantera Lomas de Brown, que se encuentra a 7 km de la cuenca, planteó que Armella se había excedido en su competencia. Según la Corte Suprema, sólo debía ejercerla sobre los aspectos hidrográficos. La Dirección de Minería le respondió que no podía concederle o negarle la inscripción porque el expediente había quedado retenido en el juzgado de Armella. El socio de Armella, Rodrigues da Silva, ya frecuentó las noticias policiales hace quince años, vinculado igual que ahora con un funcionario judicial: en 1997 el juez Samuel Saraví Paz lo condenó a tres años de prisión en suspenso por destruir carátulas judiciales, cambiar causas de juzgados, utilizar sellos falsos y no pagar la tasa de justicia, en combinación con el oficial primero del Juzgado Civil y Comercial Nº 5 de La Plata, Jorge Luis Madueña.
Adjudicación directa
Otro de los alegatos del juez ante Fayt y La Nación es que las contrataciones no fueron directas sino por licitación. Los documentos que se reproducen aquí lo desmienten:
- la solicitud de pedido para la rectificación de la ribera sur del Riachuelo indica que se trata de una “adjudicación directa” a la constructora M&T.
- la solicitud de pedido para la recuperación de márgenes, en el tramo 2.b. del proyecto también es por “adjudicación directa” a la constructora M&T.
- para justificar estas contrataciones directas, Armella amenaza con multas y sanciones a “todo funcionario responsable”.
- esto permite que Gildin y su alter ego M&T facturen las obras a realizar con impresionantes sobreprecios, que hasta triplican los valores de mercado, como se advierte en el cuadro para las obras de recuperación ambiental del margen sur tramo 2.b.
- a precios de mercado, la obra costaría 4,04 millones de pesos, pero la Acumar terminará pagando 12,1 millones. El 40 por ciento de anticipo que recibe la empresa vinculada con el magistrado supera el valor total de la obra: 4,8 millones de pesos. Es decir que antes de empezar los trabajos, M&T recibe más de lo que correspondería por todo el trabajo a precios de mercado. Los ocho millones restantes son plata dulce.
- para que sea inevitable que los contratos recaigan en la cantera de Gildin SA, Armella prohíbe el funcionamiento de todas las competidoras instaladas en la cuenca hídrica Matanza-Riachuelo.
Esta insistencia del juez en la clausura de todas las canteras públicas de la Cuenca también paralizó la construcción de la autopista Juan Domingo Perón, que de Merlo a La Plata continúa la del Buen Ayre. Desde hace un año y medio los trabajos no avanzan por falta de los materiales que se obtienen en las canteras prohibidas.
La última copa
En la reunión con los periodistas, Lorenzetti señaló que hasta ese momento ni los intendentes ni la Acumar se habían quejado del juez. No es un argumento muy sólido. El poder de un juez federal es muy superior al de los intendentes, cuyos cargos e incluso su libertad dependen de una razonable relación con el magistrado. En el caso de Armella, además, es conocido en la zona el destrato que prodiga a los alcaldes de la Cuenca, a quienes no permite levantarse de la mesa antes de que Su Señoría termine la última copa de vino, bajo apercibimiento de sanciones. Tampoco la Acumar está en condiciones de enfrentar al juez, ya que como órgano interjurisdiccional entre la Nación, la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y más de una docena de municipios, su poder es muy disperso. Lo preside un representante del gobierno nacional, que es el Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable Juan José Mussi, que está en minoría en un directorio con representantes de las demás jurisdicciones. El organismo accedió a designar en su planta a los recomendados del juez (ver “Barra de amigos”). Mussi no se quedó atrás y nombró primero como Subsecretario de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación, y en junio de 2011 como presidente ejecutivo de Acumar al bioquímico Oscar Deina, que está casado con su hija, la médica especialista en diagnóstico por imágenes Mariel Mercedes Mussi. El hermano de Mariel, Juan Patricio, quien presidía el Concejo Deliberante de Berazategui quedó a cargo de la intendencia cuando el padre asumió en la Acumar. La semana pasada, Armella dispuso intervenir el Sindicato de Trabajadores Municipales de Berazategui, al que están afiliados la mitad de los 3300 empleados del municipio, en un altísimo porcentaje como contratados, a pesar de la antigüedad en los cargos. La anterior conducción, alineada con el diputado de Unión PRO Alfredo Atanasof, fue desbancada en 2010, a instancias de Néstor Kirchner y del secretario general de la CGT, Hugo Moyano. En octubre de 2011 fue electa la nueva conducción, convalidada por el ministerio de Trabajo de la Nación, pero impugnada por Juan Patricio Mussi. Sin embargo, Armella convocó a nuevas elecciones, como reclamaba el intendente hereditario, quien se resiste a pasar a planta permanente a los contratados. La abrumadora cantidad de pruebas sobre la conducta del juez Armella reduce el margen de dudas a saber si sólo será separado de la megacausa del Riachuelo (en la que la Corte Suprema podría designar a un funcionario que se ocupe en exclusividad, sin atender al mismo tiempo un juzgado federal) o también se promoverá su juicio político para apartarlo del tribunal que le permitió convertirse en el Virrey de Quilmes. La causal de mal desempeño parece configurada con exceso e incluso el “delito en el ejercicio de sus funciones” que contempla el artículo 53 de la Constitución.
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Podrían autorizar el proyecto San Jorge de cobre
Una minera reflota su proyecto en Cuyo
Fecha de Publicación: 01/09/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Mendoza
El gobierno mendocino podría autorizar a San Jorge a extraer el cobre allí.
El proyecto minero San Jorge, que el año pasado movilizó fuertemente a la sociedad mendocina y puso incluso en peligro la elección del actual gobernador Paco Pérez, no está muerto.
El ministro de Infraestructura de la provincia, Rolando Baldasso, reconoció que el Gobierno evalúa el expediente remitido por la empresa minera (perteneciente al grupo canadiense Coro Mining) para modificar el rechazado proyecto, de manera que el cobre siga siendo extraído en Uspallata (departamento de Las Heras, Mendoza), pero sea trasladado después por tren a la provincia de San Juan para su procesamiento.
El proceso se centra ahora sólo en la extracción de cobre y no de oro, como estaba planteado inicialmente.
San Jorge se convirtió el año pasado en el asunto más candente de la política mendocina, por el fuerte malestar derivado de los riesgos ecológicos de la obra y su elevado consumo de agua (12 millones de litros al día), que superó las expectativas por los beneficios estimados (creación de 2000 empleos e ingresos anuales por regalías a la provincia cercanos a los 3 millones de dólares).
El 24 de agosto del año pasado, la Cámara de Diputados provincial decidió rechazar la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto, obligada por la marcha atrás de Pérez, entonces candidato justicialista a gobernador.
A pesar de que como ministro de Infraestructura del gobierno anterior había impulsado el proyecto, Pérez dio vuelta el voto peronista en contra de la posición del gobernador en ejercicio, Celso Jaque. El motivo no fue otro que un serio peligro electoral: Pérez fue socio del despacho de abogados que representaba a la compañía minera y no lograba quitarse el cartel de "prominero".
Las encuestas electorales coincidían en que los proyectos megamineros a cielo abierto generan rechazo en el 75 por ciento de la población según el censo mendocino. Ese día el hoy gobernador prometió que "San Jorge no tendrá la posibilidad de extraer oro y cobre en Uspallata".
A pesar de que el futuro del expediente es aún incierto, puede adivinarse un conflicto provincial por las regalías, dado que algunos dirigentes sanjuaninos ya han adelantado que reclamarían una parte de ellas por procesar el cobre en Calingasta (una ubicación problemática por su cercanía al parque nacional El Leoncito, en la provincia de San Juan).
El proyecto inicial de San Jorge fue rechazado en plena vigencia de la ley 7.722, aprobada en 2007, que preserva los recursos hídricos del uso de sustancias tóxicas como cianuro, ácido sulfúrico y mercurio, entre otros.
No existe una norma parecida en San Juan, cuyo gobierno, liderado por el justicialista José Luis Gioja, apoya la actividad megaminera. Numerosas empresas del rubro han presentado reclamos de inconstitucionalidad aún pendientes de la decisión del Poder Judicial mendocino.
Los ecologistas, que han juntado 35.000 firmas a favor de la ley, preparan acciones este mes en defensa de la norma.
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Fecha de Publicación: 01/09/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Mendoza
El gobierno mendocino podría autorizar a San Jorge a extraer el cobre allí.
El proyecto minero San Jorge, que el año pasado movilizó fuertemente a la sociedad mendocina y puso incluso en peligro la elección del actual gobernador Paco Pérez, no está muerto.
El ministro de Infraestructura de la provincia, Rolando Baldasso, reconoció que el Gobierno evalúa el expediente remitido por la empresa minera (perteneciente al grupo canadiense Coro Mining) para modificar el rechazado proyecto, de manera que el cobre siga siendo extraído en Uspallata (departamento de Las Heras, Mendoza), pero sea trasladado después por tren a la provincia de San Juan para su procesamiento.
El proceso se centra ahora sólo en la extracción de cobre y no de oro, como estaba planteado inicialmente.
San Jorge se convirtió el año pasado en el asunto más candente de la política mendocina, por el fuerte malestar derivado de los riesgos ecológicos de la obra y su elevado consumo de agua (12 millones de litros al día), que superó las expectativas por los beneficios estimados (creación de 2000 empleos e ingresos anuales por regalías a la provincia cercanos a los 3 millones de dólares).
El 24 de agosto del año pasado, la Cámara de Diputados provincial decidió rechazar la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto, obligada por la marcha atrás de Pérez, entonces candidato justicialista a gobernador.
A pesar de que como ministro de Infraestructura del gobierno anterior había impulsado el proyecto, Pérez dio vuelta el voto peronista en contra de la posición del gobernador en ejercicio, Celso Jaque. El motivo no fue otro que un serio peligro electoral: Pérez fue socio del despacho de abogados que representaba a la compañía minera y no lograba quitarse el cartel de "prominero".
Las encuestas electorales coincidían en que los proyectos megamineros a cielo abierto generan rechazo en el 75 por ciento de la población según el censo mendocino. Ese día el hoy gobernador prometió que "San Jorge no tendrá la posibilidad de extraer oro y cobre en Uspallata".
A pesar de que el futuro del expediente es aún incierto, puede adivinarse un conflicto provincial por las regalías, dado que algunos dirigentes sanjuaninos ya han adelantado que reclamarían una parte de ellas por procesar el cobre en Calingasta (una ubicación problemática por su cercanía al parque nacional El Leoncito, en la provincia de San Juan).
El proyecto inicial de San Jorge fue rechazado en plena vigencia de la ley 7.722, aprobada en 2007, que preserva los recursos hídricos del uso de sustancias tóxicas como cianuro, ácido sulfúrico y mercurio, entre otros.
No existe una norma parecida en San Juan, cuyo gobierno, liderado por el justicialista José Luis Gioja, apoya la actividad megaminera. Numerosas empresas del rubro han presentado reclamos de inconstitucionalidad aún pendientes de la decisión del Poder Judicial mendocino.
Los ecologistas, que han juntado 35.000 firmas a favor de la ley, preparan acciones este mes en defensa de la norma.
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Fumigaciones en Alberti limitadas por la justicia
Agroquímicos: Justicia falló a favor de un amparo ambiental en Alberti
Fecha de Publicación: 01/09/2012
Fuente: LN1
Provincia/Región: Buenos Aires
La Corte favoreció un reclamo por los riesgos en la salud provocado por pesticidas. Los mismos son utilizados en pulverizaciones agrícolas llevadas a cabo en el distrito que conduce Marta Susana Médici. La presentación había sido realizada por un vecino que rescató la aplicación del principio precautorio. Indicaron que no se cumple con la ley si se otorgan autorizaciones sin conocer el efecto.
La Justicia bonaerense se pronunció a favor de un amparo presentado por el vecino de Alberti, José Luis Forquera, por las consecuencias de la utilización de pesticidas en fumigaciones terrestres con agroquímicos, llevadas a cabo en cercanías de un ejido urbano.
La Suprema Corte decidió favorablemente ya que fundamentó que a raíz de las dudas existentes acerca de la peligrosidad de los agroquímicos para la población, aplicó el principio precautorio establecido en el artículo 4 de la ley 25.675.
Los jueces dieron lugar a la conclusión expuesta por los amparistas y consideraron equivocado el accionar de la cámara que exigió la acreditación de un daño concreto para avanzar en la causa cuando debió ponderar si la fumigación representaba peligro para la salud de los vecinos.
El fallo constituye claramente un avance muy significativo en lo que hace a los amparos ambientales en general y por los pesticidas en particular. Las intoxicaciones por plaguicidas constituyen uno de los principales motivos de consulta en los centros de asistencia toxicológica del país.
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Fecha de Publicación: 01/09/2012
Fuente: LN1
Provincia/Región: Buenos Aires
La Corte favoreció un reclamo por los riesgos en la salud provocado por pesticidas. Los mismos son utilizados en pulverizaciones agrícolas llevadas a cabo en el distrito que conduce Marta Susana Médici. La presentación había sido realizada por un vecino que rescató la aplicación del principio precautorio. Indicaron que no se cumple con la ley si se otorgan autorizaciones sin conocer el efecto.
La Justicia bonaerense se pronunció a favor de un amparo presentado por el vecino de Alberti, José Luis Forquera, por las consecuencias de la utilización de pesticidas en fumigaciones terrestres con agroquímicos, llevadas a cabo en cercanías de un ejido urbano.
La Suprema Corte decidió favorablemente ya que fundamentó que a raíz de las dudas existentes acerca de la peligrosidad de los agroquímicos para la población, aplicó el principio precautorio establecido en el artículo 4 de la ley 25.675.
Los jueces dieron lugar a la conclusión expuesta por los amparistas y consideraron equivocado el accionar de la cámara que exigió la acreditación de un daño concreto para avanzar en la causa cuando debió ponderar si la fumigación representaba peligro para la salud de los vecinos.
El fallo constituye claramente un avance muy significativo en lo que hace a los amparos ambientales en general y por los pesticidas en particular. Las intoxicaciones por plaguicidas constituyen uno de los principales motivos de consulta en los centros de asistencia toxicológica del país.
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Se juntó el consejo de la cuenca del Atuel
Se reunió el consejo asesor de la cuenca del Atuel
Fecha de Publicación: 01/09/2012
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Se trabajó en torno a tres ejes: Plan Estratégico Agua 2020, Desarrollo Socioeconómico de la región y Balance Hídrico.
Encabezada por el superintendente general de Irrigación, José Luis Álvarez, se llevó a cabo en General Alvear la primera reunión del Consejo Asesor de Cuenca del río Atuel. Participaron los intendentes sureños Emir Félix, de San Rafael, y Juan Carlos De Paolo, de Alvear, junto con 16 inspectores de cuenca, funcionarios del gobierno de la provincia, el subdelegado de Aguas del Atuel, Fabio Di Berardino, y legisladores de ambos departamentos para que a futuro acompañen los acuerdos que de allí surjan desde sus bancas, ratificándolos por ley "para tener un camino a futuro trazado y que el próximo superintendente se encuentre con los planes ya hechos y deba cumplirlos", según señaló Álvarez.
Estuvieron presentes además Carlos Achetoni -representante de la Federación Agraria- y Miguel Santolín presidente de la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Ganadería de Alvear.
Al término de la reunión que se prolongó hasta entrada la tarde, los principales puntos que se acordaron fueron articular el Gran Acuerdo del Agua para la Cuenca del Atuel, que establecerá los principios que deberán regir el agua en la misma, y trabajar en torno a tres ejes estratégicos: al Plan Estratégico Agua 2020, al Desarrollo Socioeconómico de la región y al Balance Hídrico.
También se trataron diversos temas que tienen que ver con el funcionamiento cotidiano del Departamento de Irrigación como la contaminación medio ambiental, los planes de erogaciones y obras además del crecimiento urbano territorial entre otros.
"Este consejo incide en la planificación, el uso eficiente del agua y en cada una de las acciones que vamos a ir tomando desde Irrigación, desde la definición de las obras que vamos a tener que realizar y la eficiencia de cada uno de los usos", sintetizó el superintendente.
La puesta en marcha de los consejos asesores de cuenca fue anunciada por el gobernador, Francisco Pérez, en su discurso de apertura de sesiones en la Legislatura el 1 de mayo, y la reunión del Consejo del Atuel es la tercera del año, luego de las del Tunuyán Superior y de la zona de riego de Malargüe.
Para el intendente Emir Félix "es un desafío importante" integrar una mesa de consenso. Mientras que su par alvearense Juan Carlos De Paolo destacó la importancia de trabajar junto con los representantes de la provincia.
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Fecha de Publicación: 01/09/2012
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Se trabajó en torno a tres ejes: Plan Estratégico Agua 2020, Desarrollo Socioeconómico de la región y Balance Hídrico. Encabezada por el superintendente general de Irrigación, José Luis Álvarez, se llevó a cabo en General Alvear la primera reunión del Consejo Asesor de Cuenca del río Atuel. Participaron los intendentes sureños Emir Félix, de San Rafael, y Juan Carlos De Paolo, de Alvear, junto con 16 inspectores de cuenca, funcionarios del gobierno de la provincia, el subdelegado de Aguas del Atuel, Fabio Di Berardino, y legisladores de ambos departamentos para que a futuro acompañen los acuerdos que de allí surjan desde sus bancas, ratificándolos por ley "para tener un camino a futuro trazado y que el próximo superintendente se encuentre con los planes ya hechos y deba cumplirlos", según señaló Álvarez.
Estuvieron presentes además Carlos Achetoni -representante de la Federación Agraria- y Miguel Santolín presidente de la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Ganadería de Alvear.
Al término de la reunión que se prolongó hasta entrada la tarde, los principales puntos que se acordaron fueron articular el Gran Acuerdo del Agua para la Cuenca del Atuel, que establecerá los principios que deberán regir el agua en la misma, y trabajar en torno a tres ejes estratégicos: al Plan Estratégico Agua 2020, al Desarrollo Socioeconómico de la región y al Balance Hídrico.
También se trataron diversos temas que tienen que ver con el funcionamiento cotidiano del Departamento de Irrigación como la contaminación medio ambiental, los planes de erogaciones y obras además del crecimiento urbano territorial entre otros.
"Este consejo incide en la planificación, el uso eficiente del agua y en cada una de las acciones que vamos a ir tomando desde Irrigación, desde la definición de las obras que vamos a tener que realizar y la eficiencia de cada uno de los usos", sintetizó el superintendente.
La puesta en marcha de los consejos asesores de cuenca fue anunciada por el gobernador, Francisco Pérez, en su discurso de apertura de sesiones en la Legislatura el 1 de mayo, y la reunión del Consejo del Atuel es la tercera del año, luego de las del Tunuyán Superior y de la zona de riego de Malargüe.
Para el intendente Emir Félix "es un desafío importante" integrar una mesa de consenso. Mientras que su par alvearense Juan Carlos De Paolo destacó la importancia de trabajar junto con los representantes de la provincia.
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A juicio por contaminar la Cuenca Salí - Dulce
Enjuician al dueño de un frigorífico por contaminar la Cuenca Salí - Dulce
Fecha de Publicación: 31/08/2012
Fuente: Tucumán Noticias
Provincia/Región: Nacional
Luego de un largo proceso llega a los estrados el caso por contaminación a la cuenca acuífera por parte de un frigorífico tucumano sin que se realzará tratamiento previo. La audiencia en tribunales federales comenzará a las 9.30
El propietario del frigorífico "La Barraca", instalado en Alderetes, Manuel Aarón Bliman, será sometido hoy a un juicio oral y público por contaminar las aguas del río Salí, que desemboca en el dique El Frontal, de Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero.
El empresario, quien fue procesado en 2005 por el entonces responsable del Juzgado Federal II de Tucumán, Mario Racedo, es considerado presunto autor, penalmente responsable, del delito de contaminación ambiental con riesgo para la salud pública, previsto y penado por los artículos 55 y 57 de la Ley Nacional 24.051 (de Residuos Peligrosos).
Según el requerimiento fiscal de elevación a juicio, Bliman "habría vertido efluentes industriales, de los previstos en el anexo I y II de la Ley 24.051, sin tratamiento previo, de modo peligroso para la salud común de las personas, derivados de su actividad frigorífica, los cuales derivan finalmente en el río Salí".
La audiencia, que se iniciará a las 9.30, es un hecho histórico en materia de la lucha contra la contaminación en la región, puesto que por primera vez un industrial estará en el banquillo de los acusados, en un debate oral y público. Anteriormente, el Tribunal Oral Federal de Tucumán (TOF) realizó juicios abreviados contra el ex intendente de Concepción, Octavio Muedra, y contra el dueño de un sanatorio privado de Banda del Río Salí, también por contaminar la cuenca Salí-Dulce. En ambos casos, se fijaron multas y prisión en suspenso, por violaciones a la Ley de Residuos Peligrosos.
En el caso de Bliman, el artículo 55 de la Ley 24.051 prevé penas de 3 a 10 años de prisión a aquel que "envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, la atmósfera o el ambiente en general". Además, establece que si esa contaminación "fuera seguida de la muerte de alguna persona, la pena será de 10 a 24 años de reclusión o prisión".
En tanto, el artículo 57 de esa norma señala que cuando la contaminación "se hubiese producido por decisión de una persona jurídica, la pena se aplicará a los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios o representantes de la misma que hubiesen intervenido en el hecho punible, sin prejuicio de las demás responsabilidades penales que pudiesen existir".
El Tribunal que juzgará a Bliman está integrado por los jueces del TOF María Alicia Noli, Carlos Jiménez Montilla y Gabriel Casas. En representación del Ministerio Público Fiscal actuará Leopoldo Peralta Palma, mientras que la defensa será ejercida por Próspero Barrionuevo (h)
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Fecha de Publicación: 31/08/2012
Fuente: Tucumán Noticias
Provincia/Región: Nacional
Luego de un largo proceso llega a los estrados el caso por contaminación a la cuenca acuífera por parte de un frigorífico tucumano sin que se realzará tratamiento previo. La audiencia en tribunales federales comenzará a las 9.30El propietario del frigorífico "La Barraca", instalado en Alderetes, Manuel Aarón Bliman, será sometido hoy a un juicio oral y público por contaminar las aguas del río Salí, que desemboca en el dique El Frontal, de Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero.
El empresario, quien fue procesado en 2005 por el entonces responsable del Juzgado Federal II de Tucumán, Mario Racedo, es considerado presunto autor, penalmente responsable, del delito de contaminación ambiental con riesgo para la salud pública, previsto y penado por los artículos 55 y 57 de la Ley Nacional 24.051 (de Residuos Peligrosos).
Según el requerimiento fiscal de elevación a juicio, Bliman "habría vertido efluentes industriales, de los previstos en el anexo I y II de la Ley 24.051, sin tratamiento previo, de modo peligroso para la salud común de las personas, derivados de su actividad frigorífica, los cuales derivan finalmente en el río Salí".
La audiencia, que se iniciará a las 9.30, es un hecho histórico en materia de la lucha contra la contaminación en la región, puesto que por primera vez un industrial estará en el banquillo de los acusados, en un debate oral y público. Anteriormente, el Tribunal Oral Federal de Tucumán (TOF) realizó juicios abreviados contra el ex intendente de Concepción, Octavio Muedra, y contra el dueño de un sanatorio privado de Banda del Río Salí, también por contaminar la cuenca Salí-Dulce. En ambos casos, se fijaron multas y prisión en suspenso, por violaciones a la Ley de Residuos Peligrosos.
En el caso de Bliman, el artículo 55 de la Ley 24.051 prevé penas de 3 a 10 años de prisión a aquel que "envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, la atmósfera o el ambiente en general". Además, establece que si esa contaminación "fuera seguida de la muerte de alguna persona, la pena será de 10 a 24 años de reclusión o prisión".
En tanto, el artículo 57 de esa norma señala que cuando la contaminación "se hubiese producido por decisión de una persona jurídica, la pena se aplicará a los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios o representantes de la misma que hubiesen intervenido en el hecho punible, sin prejuicio de las demás responsabilidades penales que pudiesen existir".
El Tribunal que juzgará a Bliman está integrado por los jueces del TOF María Alicia Noli, Carlos Jiménez Montilla y Gabriel Casas. En representación del Ministerio Público Fiscal actuará Leopoldo Peralta Palma, mientras que la defensa será ejercida por Próspero Barrionuevo (h)
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Conte, Legislador de Alperovich, desmonta
Legislador de Alperovich arrasa con bosques del Sur tucumano y acusa a indígenas de ladrones y drogadictos
Fecha de Publicación: 31/08/2012
Fuente: Contexto
Provincia/Región: Tucumán
En la semana en que se celebra el Día Nacional del Árbol, el legislador alperovichista Alberto José Conte festejó su cumpleaños 60.
Es una mera coincidencia, pero al cacique de la comunidad indígena de Solco Yampa, Rolando Fregenal Yampa, le suena a una mala broma del destino. "Ese hombre está matando la naturaleza", protesta, amargado, el líder de la organización diaguita.
Fregenal Yampa tiene fotos de cedros, cebiles y tipas derrumbados, y una carpeta con una colección de denuncias en la Dirección de Flora y Fauna, en la Defensoría del Pueblo y en la Policía. Sin embargo, no pudo lograr que cese la tala en los montes de Filo Orillero y El Último Potrero de la localidad de Arcadia, al sur de la provincia. "Esta no es una discusión por las tierras. A eso lo resolverán la Justicia, la Nación o quien tenga que ser. Aquí el problema es que están destrozando los pulmones de nuestra Madre Tierra. Y después, cuando vienen las tormentas fuertes, aparecen las inundaciones. Y todo por gente ambiciosa como ese hombre. ¿Para qué quiere más dinero?", dispara el cacique.
Ese hombre -al que alude Fregenal Yampa- es Conte, dueño de las fincas, ex delegado comunal del pueblo y actual integrante del bloque oficialista Tucumán Crece. "Tengo todos los permisos", asegura el alperovichista, que defiende sin dudarlo la tala de árboles. Pero no se quedará allí: además, el legislador sostiene que la comunidad de Solco Yampa subsiste mediante la comisión de diferentes delitos graves, como el narcotráfico y el abigeato. "Yo tengo otro concepto de la vida del ser. Ellos no trabajan. Para que tengan motocicletas o zapatillas Adidas y vivan de la forma en que viven ellos tienen que andar en robos o drogas u otras cosas fuera del contexto público de una persona de bien", afirma Conte, sentado en el bar de un hotel cinco estrellas.
La disputa entre la organización que comanda Fregenal Yampa y el legislador que más veces ha faltado a sesión en el último año no es nueva. Ambos se disputan la posesión del inmueble que, en la actualidad, explota el terrateniente alperovichista. "Las tierras son mías, de mi propiedad. Puedo exhibir la escritura pública; una parte se la compré a la empresa Pucará SA, de Juan Lastra; la otra es una herencia de mi padre, y legítimamente me pertenece como único hijo", asegura Conte. Y afirma que ha denunciado al cacique por amenazas de muerte, hace pocos meses, en la fiscalía penal de Concepción que comanda Edgardo Sánchez.
El legislador argumenta que ha obtenido el permiso para deforestar la zona en 2001, luego de haber comprado las parcelas de Lastra. ¿Qué hizo en los lugares donde antes estaban los robustos cedros y otras variedades típicas de la región? "He puesto citrus; ahí todo es limón. Van 1.200 personas a cosechar en la propiedad mía. Es una parte social que hago. Les doy de comer a 1.200 personas, y pienso que es una obra de bien", sostiene Conte. Y agrega que las autorizaciones para derribar los árboles continúan vigentes, aunque "hoy en día están restringidos" los permisos por la legislación actual. "Que los ambientalistas se queden tranquilos", remarca el alperovichista.
El reclamo de la comunidad de Solco Yampa, esta vez, no apunta a la tenencia de los terrenos. "Varias veces fuimos (a las fincas de Conte) y constatamos el daño que está haciendo este legislador. Ya dejó pelados varios sectores del monte. Estamos hartos de vivir así; ya no queremos ser esclavos de gente como esta, ni ver cómo destrozan la naturaleza para hacer plata. Alguien tiene que frenar lo que está haciendo Conte", exige Fregenal Yampa, que tiene el acompañamiento de otros caciques de la zona.
De hecho, el líder de la organización indígena firmó una denuncia por escrito hace algunas semanas en la Dirección de Flora y Fauna de la Provincia. En ella, le solicita a la repartición que no le devuelva las máquinas que le habrían secuestrado al parlamentario oficialista en julio, dado el riesgo de que "continúe con sus prácticas ilegales". Además, Fregenal Yampa asentó reclamos en la comisaría de Alpachiri y en la Defensoría del Pueblo. "Nosotros no llevamos una mala vida, eso no es cierto. Lo que queremos es que nuestros hijos tengan un lugar en el que crecer. No me sorprende que el legislador ahora diga que hacemos cosas ilegales. ¿Qué más va a decir un hombre como él?", se descarga el cacique.
En la Cámara, esta semana, se presentaron varios proyectos de ley destinados a la forestación. Las diversas iniciativas llevan las firmas de oficialistas y de opositores. Conte, sin embargo, defiende la tala masiva de árboles. "Esta gente no me va a perjudicar. Soy una persona que hace unos días cumplió 60 años y no voy a andar con tonteras o con cosas fuera de la ley. Soy un legislador de la Provincia", asegura el alperovichista.
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El PJ pedirá informes sobre la tala en las fincas de Conte
Fecha de Publicación: 31/08/2012
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
La intención es que la Dirección de Fiscalización Ambiental envíe un inspector a Arcadia. El planteo será efectuado por el titular de la comisión de Medio Ambiente de la Cámara, Alfredo Toscano. Una comunidad indígena denunció daños graves
El legislador alperovichista Alberto José Conte no termina feliz la semana de su cumpleaños. En la Cámara, ni oficialistas ni opositores vieron con buenos ojos que el parlamentario con más ausencias injustificadas al recinto de sesiones haya admitido que taló árboles en una finca de Arcadia, al sur de la provincia. Por eso, la comisión de Medio Ambiente de la Legislatura tomó nota de los desmontes, y tramitará un pedido de informes con el fin de determinar si la deforestación en esa zona tendrá algún impacto.
"El objetivo es que la Dirección de Fiscalización Ambiental, que depende de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente de la Provincia, envíe un inspector. Hace unos meses hicimos una modificación al régimen sancionatorio de la Ley General de Medio Ambiente y, en función de lo que se trate, la repartición actuará. Pero no me corresponde decir si debe haber algún tipo de sanción, porque no conozco la situación en profundidad", dijo el legislador oficialista Alfredo Toscano, presidente de esa comisión.
Ayer a la mañana, Conte se bajó de su auto BMW sin chapa patente en el estacionamiento del parlamento y entró al edificio con unos papeles en la mano. A quien se lo preguntara, irritado, el legislador le mostraba los permisos de la Dirección de Flora y Fauna de la Provincia para avanzar con la tala en las fincas de Filo Orillero y El Último Potrero.
De esta manera, Conte trató de hacerle frente a la denuncia de la comunidad indígena Solco Yampa. "Está matando la naturaleza", dice el cacique de esa organización, Rolando Fregenal Yampa, quien hizo presentaciones en la Policía, en la Defensoría del Pueblo y en otras reparticiones provinciales. Sin embargo, la deforestación continúa.
Debido a esta situación, la Cámara tiene pensado pedir los informes que indiquen qué impacto está produciendo la tala. Fregenal Yampa advirtió sobre posibles inundaciones por las lluvias de verano, entre otras consecuencias. Y los demás legisladores no quieren pagar los costos políticos por la actividad de Conte.
De hecho, varios parlamentarios recordaron por lo bajo los proyectos que se presentaron la última semana, en el marco de los eventos por el Día Nacional del Árbol, que se celebró el miércoles (incluso, existe una iniciativa del radical Ariel García que tiene el apoyo del jefe del bloque del PJ, Roque Álvarez; del titular de la comisión de Medio Ambiente, Toscano; del encargado del otro bloque de la UCR, Federico Romano Norri; y del demócrata cristiano José Páez).
Quien también estuvo de festejos esta semana -aunque no en defensa de los árboles- fue Conte. El domingo pasado, el dirigente descorchó en Arcadia por la victoria de su hijo, Paulino Conte, en una prueba del Provincial de rally. El legislador y su esposa, Rosa Alderete -que es comisionada rural del pueblo-, le entregaron el premio al ganador.
Al día siguiente, el parlamentario sopló las 60 velitas. El martes, sin embargo, Conte faltó a la sesión extraordinaria de la Cámara. Y el miércoles, luego de haber enviado el certificado médico para justificar una nueva inasistencia al recinto, recibió a LA GACETA en el bar de un hotel cinco estrellas. Allí, acusó a la comunidad indígena de Solco Yampa de estar involucrada en cuatrerismo y en drogas. "Que los ambientalistas se queden tranquilos", aseguró sobre su actividad privada. Sus colegas, por las dudas, están listos para pedir los informes.
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Fecha de Publicación: 31/08/2012
Fuente: Contexto
Provincia/Región: Tucumán
En la semana en que se celebra el Día Nacional del Árbol, el legislador alperovichista Alberto José Conte festejó su cumpleaños 60.
Es una mera coincidencia, pero al cacique de la comunidad indígena de Solco Yampa, Rolando Fregenal Yampa, le suena a una mala broma del destino. "Ese hombre está matando la naturaleza", protesta, amargado, el líder de la organización diaguita.
Fregenal Yampa tiene fotos de cedros, cebiles y tipas derrumbados, y una carpeta con una colección de denuncias en la Dirección de Flora y Fauna, en la Defensoría del Pueblo y en la Policía. Sin embargo, no pudo lograr que cese la tala en los montes de Filo Orillero y El Último Potrero de la localidad de Arcadia, al sur de la provincia. "Esta no es una discusión por las tierras. A eso lo resolverán la Justicia, la Nación o quien tenga que ser. Aquí el problema es que están destrozando los pulmones de nuestra Madre Tierra. Y después, cuando vienen las tormentas fuertes, aparecen las inundaciones. Y todo por gente ambiciosa como ese hombre. ¿Para qué quiere más dinero?", dispara el cacique.
Ese hombre -al que alude Fregenal Yampa- es Conte, dueño de las fincas, ex delegado comunal del pueblo y actual integrante del bloque oficialista Tucumán Crece. "Tengo todos los permisos", asegura el alperovichista, que defiende sin dudarlo la tala de árboles. Pero no se quedará allí: además, el legislador sostiene que la comunidad de Solco Yampa subsiste mediante la comisión de diferentes delitos graves, como el narcotráfico y el abigeato. "Yo tengo otro concepto de la vida del ser. Ellos no trabajan. Para que tengan motocicletas o zapatillas Adidas y vivan de la forma en que viven ellos tienen que andar en robos o drogas u otras cosas fuera del contexto público de una persona de bien", afirma Conte, sentado en el bar de un hotel cinco estrellas.
La disputa entre la organización que comanda Fregenal Yampa y el legislador que más veces ha faltado a sesión en el último año no es nueva. Ambos se disputan la posesión del inmueble que, en la actualidad, explota el terrateniente alperovichista. "Las tierras son mías, de mi propiedad. Puedo exhibir la escritura pública; una parte se la compré a la empresa Pucará SA, de Juan Lastra; la otra es una herencia de mi padre, y legítimamente me pertenece como único hijo", asegura Conte. Y afirma que ha denunciado al cacique por amenazas de muerte, hace pocos meses, en la fiscalía penal de Concepción que comanda Edgardo Sánchez.
El legislador argumenta que ha obtenido el permiso para deforestar la zona en 2001, luego de haber comprado las parcelas de Lastra. ¿Qué hizo en los lugares donde antes estaban los robustos cedros y otras variedades típicas de la región? "He puesto citrus; ahí todo es limón. Van 1.200 personas a cosechar en la propiedad mía. Es una parte social que hago. Les doy de comer a 1.200 personas, y pienso que es una obra de bien", sostiene Conte. Y agrega que las autorizaciones para derribar los árboles continúan vigentes, aunque "hoy en día están restringidos" los permisos por la legislación actual. "Que los ambientalistas se queden tranquilos", remarca el alperovichista.
El reclamo de la comunidad de Solco Yampa, esta vez, no apunta a la tenencia de los terrenos. "Varias veces fuimos (a las fincas de Conte) y constatamos el daño que está haciendo este legislador. Ya dejó pelados varios sectores del monte. Estamos hartos de vivir así; ya no queremos ser esclavos de gente como esta, ni ver cómo destrozan la naturaleza para hacer plata. Alguien tiene que frenar lo que está haciendo Conte", exige Fregenal Yampa, que tiene el acompañamiento de otros caciques de la zona.
De hecho, el líder de la organización indígena firmó una denuncia por escrito hace algunas semanas en la Dirección de Flora y Fauna de la Provincia. En ella, le solicita a la repartición que no le devuelva las máquinas que le habrían secuestrado al parlamentario oficialista en julio, dado el riesgo de que "continúe con sus prácticas ilegales". Además, Fregenal Yampa asentó reclamos en la comisaría de Alpachiri y en la Defensoría del Pueblo. "Nosotros no llevamos una mala vida, eso no es cierto. Lo que queremos es que nuestros hijos tengan un lugar en el que crecer. No me sorprende que el legislador ahora diga que hacemos cosas ilegales. ¿Qué más va a decir un hombre como él?", se descarga el cacique.
En la Cámara, esta semana, se presentaron varios proyectos de ley destinados a la forestación. Las diversas iniciativas llevan las firmas de oficialistas y de opositores. Conte, sin embargo, defiende la tala masiva de árboles. "Esta gente no me va a perjudicar. Soy una persona que hace unos días cumplió 60 años y no voy a andar con tonteras o con cosas fuera de la ley. Soy un legislador de la Provincia", asegura el alperovichista.
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El PJ pedirá informes sobre la tala en las fincas de Conte
Fecha de Publicación: 31/08/2012
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
La intención es que la Dirección de Fiscalización Ambiental envíe un inspector a Arcadia. El planteo será efectuado por el titular de la comisión de Medio Ambiente de la Cámara, Alfredo Toscano. Una comunidad indígena denunció daños graves
El legislador alperovichista Alberto José Conte no termina feliz la semana de su cumpleaños. En la Cámara, ni oficialistas ni opositores vieron con buenos ojos que el parlamentario con más ausencias injustificadas al recinto de sesiones haya admitido que taló árboles en una finca de Arcadia, al sur de la provincia. Por eso, la comisión de Medio Ambiente de la Legislatura tomó nota de los desmontes, y tramitará un pedido de informes con el fin de determinar si la deforestación en esa zona tendrá algún impacto.
"El objetivo es que la Dirección de Fiscalización Ambiental, que depende de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente de la Provincia, envíe un inspector. Hace unos meses hicimos una modificación al régimen sancionatorio de la Ley General de Medio Ambiente y, en función de lo que se trate, la repartición actuará. Pero no me corresponde decir si debe haber algún tipo de sanción, porque no conozco la situación en profundidad", dijo el legislador oficialista Alfredo Toscano, presidente de esa comisión.
Ayer a la mañana, Conte se bajó de su auto BMW sin chapa patente en el estacionamiento del parlamento y entró al edificio con unos papeles en la mano. A quien se lo preguntara, irritado, el legislador le mostraba los permisos de la Dirección de Flora y Fauna de la Provincia para avanzar con la tala en las fincas de Filo Orillero y El Último Potrero.
De esta manera, Conte trató de hacerle frente a la denuncia de la comunidad indígena Solco Yampa. "Está matando la naturaleza", dice el cacique de esa organización, Rolando Fregenal Yampa, quien hizo presentaciones en la Policía, en la Defensoría del Pueblo y en otras reparticiones provinciales. Sin embargo, la deforestación continúa.
Debido a esta situación, la Cámara tiene pensado pedir los informes que indiquen qué impacto está produciendo la tala. Fregenal Yampa advirtió sobre posibles inundaciones por las lluvias de verano, entre otras consecuencias. Y los demás legisladores no quieren pagar los costos políticos por la actividad de Conte.
De hecho, varios parlamentarios recordaron por lo bajo los proyectos que se presentaron la última semana, en el marco de los eventos por el Día Nacional del Árbol, que se celebró el miércoles (incluso, existe una iniciativa del radical Ariel García que tiene el apoyo del jefe del bloque del PJ, Roque Álvarez; del titular de la comisión de Medio Ambiente, Toscano; del encargado del otro bloque de la UCR, Federico Romano Norri; y del demócrata cristiano José Páez).
Quien también estuvo de festejos esta semana -aunque no en defensa de los árboles- fue Conte. El domingo pasado, el dirigente descorchó en Arcadia por la victoria de su hijo, Paulino Conte, en una prueba del Provincial de rally. El legislador y su esposa, Rosa Alderete -que es comisionada rural del pueblo-, le entregaron el premio al ganador.
Al día siguiente, el parlamentario sopló las 60 velitas. El martes, sin embargo, Conte faltó a la sesión extraordinaria de la Cámara. Y el miércoles, luego de haber enviado el certificado médico para justificar una nueva inasistencia al recinto, recibió a LA GACETA en el bar de un hotel cinco estrellas. Allí, acusó a la comunidad indígena de Solco Yampa de estar involucrada en cuatrerismo y en drogas. "Que los ambientalistas se queden tranquilos", aseguró sobre su actividad privada. Sus colegas, por las dudas, están listos para pedir los informes.
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Minería en Córdoba: Desestiman inconstitucionalidad
Cielo abierto para la minería
Fecha de Publicación: 30/08/2012
Fuente: Diario Judicial, edición del 28/08/2012
Provincia/Región: Córdoba
La Justicia rechazó una acción de inconstitucionalidad contra la ley provincial que prohíbe la explotación minera a cielo abierto, pues consideró que el actor carecía de legitimación activa. La Corte local afirmó que el demandante “no es titular de los permisos de cateo emanados de la autoridad de aplicación al haber sólo solicitado los mismos”, pues reviste “el carácter de mero solicitante”.
El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba rechazó la acción declarativa de inconstitucionalidad que inició un hombre, contra el Gobierno Provincial, para cuestionar la validez de la norma que prohíbe la explotación minera a cielo abierto. El actor había invocado su carácter de titular de un permiso de cateo, pero la Corte local consideró que el permiso nunca le fue otorgado y que, por ende, carecía de legitimación activa.
En particular, los jueces Domingo Sesín, María Esther Cafure de Battistelli, Aída Tarditti, Mercedes Blanc de Arabel, Armando Andruet, Carlos García Allocco y Luis Rubio indicaron que conforme el oficio de la Secretaría de Minería provincial “no se encuentran otorgados los pedidos de cateo”, por lo que “el presentante no es titular aún de los permisos de cateo emanados de la autoridad de aplicación, al haber sólo solicitado los mismos”.
El actor reviste “el carácter de mero solicitante” lo que implica que “no cuenta con legitimación suficiente para cuestionar el cambio legislativo plasmado a través de la ley provincial 9526”, precisó, además, el Máximo Tribunal cordobés.
En el caso, un hombre interpuso una acción declarativa ante la Corte cordobesa, contra el Gobierno local, con la finalidad de que se declare la inconstitucionalidad de la Ley 9526, artículos 1, 2, 3 y 4, que dispuso la prohibición que se realice actividad minera metalífera a cielo abierto –en todas sus etapas- dentro del territorio provincial.
Primero, el Alto Tribunal local indicó que el actor había interpuesto la acción “por derecho propio”, invocando “su carácter de titular de los permisos de cateo iniciados en fecha 29/07/05 ante la Secretaría de Minería de la Provincia de Córdoba”, para “la explotación de sustancias de primera categoría explotadas a cielo abierto en la pedanía Ischilín- Copacabana”.
No obstante, los magistrados provinciales afirmaron que según el oficio de la Secretaría de Minería de Córdoba, las actuaciones invocadas por el demandante eran “solicitudes de permisos de cateo de minerales de primera y segunda categoría”, por lo que “no se encuentran otorgados los pedidos de cateo”.
Además, la Secretaría de Minería informó que “atento a la entrada en vigencia de la Ley 9526” y a que “en el plan de trabajos el solicitante mencionó que catearía oro, plata y plomo”, entonces, “se procedió a requerirle que manifieste su interés en continuar con el pedido con respecto a minerales no metalíferos, a lo cual respondió que continuaría con los permisos de cateo en las condiciones solicitadas oportunamente”, precisó la Corte local.
Dicho eso, el Alto Tribunal cordobés expresó que la situación descripta implicaba que el actor “carece de un interés directo para postular la presente pretensión declarativa, al no sufrir una presunta amenaza a sus derechos en virtud de las disposiciones cuestionadas en su adecuación constitucional, las que no serían, en su caso, susceptibles de irrogarle un perjuicio concreto”.
“El accionante efectuó, en su momento, ante la autoridad de aplicación, las presentaciones pertinentes a los fines de la ulterior obtención de los permisos de cateo de minerales de primera y segunda categoría, acto que lo habilitaría a su exploración y, eventualmente, explotación de tales componentes naturales”, pero “tales componentes naturales no fueron concedidos, por lo que carece hasta la fecha de un título que le permita tales actividades”, precisaron los jueces.
Finalmente, al fundar el rechazo de la acción declarativa, el Tribunal Superior de Córdoba sostuvo que era “aplicable la doctrina de la Corte Suprema” en tanto “ha señalado enfáticamente que la modificación de las leyes por otras posteriores no da lugar a cuestión constitucional alguna, pues nadie tiene un derecho adquirido al mantenimiento de leyes o reglamentos, ni a la inalterabilidad de los mismos”.
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Fecha de Publicación: 30/08/2012
Fuente: Diario Judicial, edición del 28/08/2012
Provincia/Región: Córdoba
La Justicia rechazó una acción de inconstitucionalidad contra la ley provincial que prohíbe la explotación minera a cielo abierto, pues consideró que el actor carecía de legitimación activa. La Corte local afirmó que el demandante “no es titular de los permisos de cateo emanados de la autoridad de aplicación al haber sólo solicitado los mismos”, pues reviste “el carácter de mero solicitante”.El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba rechazó la acción declarativa de inconstitucionalidad que inició un hombre, contra el Gobierno Provincial, para cuestionar la validez de la norma que prohíbe la explotación minera a cielo abierto. El actor había invocado su carácter de titular de un permiso de cateo, pero la Corte local consideró que el permiso nunca le fue otorgado y que, por ende, carecía de legitimación activa.
En particular, los jueces Domingo Sesín, María Esther Cafure de Battistelli, Aída Tarditti, Mercedes Blanc de Arabel, Armando Andruet, Carlos García Allocco y Luis Rubio indicaron que conforme el oficio de la Secretaría de Minería provincial “no se encuentran otorgados los pedidos de cateo”, por lo que “el presentante no es titular aún de los permisos de cateo emanados de la autoridad de aplicación, al haber sólo solicitado los mismos”.
El actor reviste “el carácter de mero solicitante” lo que implica que “no cuenta con legitimación suficiente para cuestionar el cambio legislativo plasmado a través de la ley provincial 9526”, precisó, además, el Máximo Tribunal cordobés.
En el caso, un hombre interpuso una acción declarativa ante la Corte cordobesa, contra el Gobierno local, con la finalidad de que se declare la inconstitucionalidad de la Ley 9526, artículos 1, 2, 3 y 4, que dispuso la prohibición que se realice actividad minera metalífera a cielo abierto –en todas sus etapas- dentro del territorio provincial.
Primero, el Alto Tribunal local indicó que el actor había interpuesto la acción “por derecho propio”, invocando “su carácter de titular de los permisos de cateo iniciados en fecha 29/07/05 ante la Secretaría de Minería de la Provincia de Córdoba”, para “la explotación de sustancias de primera categoría explotadas a cielo abierto en la pedanía Ischilín- Copacabana”.
No obstante, los magistrados provinciales afirmaron que según el oficio de la Secretaría de Minería de Córdoba, las actuaciones invocadas por el demandante eran “solicitudes de permisos de cateo de minerales de primera y segunda categoría”, por lo que “no se encuentran otorgados los pedidos de cateo”.
Además, la Secretaría de Minería informó que “atento a la entrada en vigencia de la Ley 9526” y a que “en el plan de trabajos el solicitante mencionó que catearía oro, plata y plomo”, entonces, “se procedió a requerirle que manifieste su interés en continuar con el pedido con respecto a minerales no metalíferos, a lo cual respondió que continuaría con los permisos de cateo en las condiciones solicitadas oportunamente”, precisó la Corte local.
Dicho eso, el Alto Tribunal cordobés expresó que la situación descripta implicaba que el actor “carece de un interés directo para postular la presente pretensión declarativa, al no sufrir una presunta amenaza a sus derechos en virtud de las disposiciones cuestionadas en su adecuación constitucional, las que no serían, en su caso, susceptibles de irrogarle un perjuicio concreto”.
“El accionante efectuó, en su momento, ante la autoridad de aplicación, las presentaciones pertinentes a los fines de la ulterior obtención de los permisos de cateo de minerales de primera y segunda categoría, acto que lo habilitaría a su exploración y, eventualmente, explotación de tales componentes naturales”, pero “tales componentes naturales no fueron concedidos, por lo que carece hasta la fecha de un título que le permita tales actividades”, precisaron los jueces.
Finalmente, al fundar el rechazo de la acción declarativa, el Tribunal Superior de Córdoba sostuvo que era “aplicable la doctrina de la Corte Suprema” en tanto “ha señalado enfáticamente que la modificación de las leyes por otras posteriores no da lugar a cuestión constitucional alguna, pues nadie tiene un derecho adquirido al mantenimiento de leyes o reglamentos, ni a la inalterabilidad de los mismos”.
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La Ley 7.722 de Mendoza va a la Suprema Corte
La UCR presiona a la Corte por la ley antiminera provincial
Fecha de Publicación: 30/08/2012
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Senadores y diputados nacionales reclaman que los once planteos de inconstitucionalidad sean resueltos por un plenario del tribunal y no por una sola sala.
El lunes pasado, los cinco legisladores nacionales que tiene la UCR mendocina se reunieron en el salón de audiencias de la Suprema Corte provincial con autoridades del Poder Judicial. ¿El motivo? Pedir oficialmente al máximo tribunal que resuelva en un plenario los 11 pedidos de inconstitucionalidad que pesan sobre la ley 7.722 que regula y restringe los métodos extractivos en la actividad minera (prohíbe, entre otras sustancias. el uso del cianuro en la megaminería a cielo abierto). El presidente de la Suprema Corte, Pedro Llorente, se comprometió a enviar el petitorio a la Sala II de la Suprema Corte, que debe expedirse sobre el caso.
Los radicales que asistieron al cuarto piso del Palacio Judicial son los senadores Ernesto Sanz y Laura Montero y los diputados Enrique Vaquié, Mariana Juri y Jorge Albarracín. La preocupación de la oposición mendocina, por el fallo que debe dar la Sala II, no es nueva.
Por eso hace un mes los cinco legisladores antes mencionados pidieron una audiencia al titular de la Suprema Corte; al de la sala en cuestión, Herman Salvini y al procurador general, Rodolfo González. Es que cualquiera de estos tres hombres puede resolver que sea el plenario de los siete jueces supremos los que decidan en el espinoso tema. El lunes sólo González y Llorente recibieron a los legisladores nacionales de la UCR. Salvini estuvo ausente.
Los radicales, que defienden la constitucionalidad de la ley que fue sancionada durante la gobernación de Julio Cobos, temen que sea sólo una sala de la Suprema Corte la que termine definiendo la cuestión de fondo y siente jurisprudencia para próximos pleitos planteados por los empresarios mineros.
Este temor estaría fundado en que los 11 planteos de inconstitucionalidad, formulados por diferentes empresas mineras, están todos acumulados en la Sala II (Penal y Laboral), ya que por su competencia específica, es la adecuada para resolver sobre este tema. Especialmente, si se estima que la Sala I atiende aspectos de Derecho Civil, Comercial y Administrativo.
Además de Salvini, la Sala II está conformada por Mario Adaro y Carlos Böhm. En rigor, la Corte no está obligada a que sea un plenario la que resuelva la constitucionalidad o no de la ley 7.722 ya que todos los expedientes los tiene una misma sala. Pero la doctrina del máximo tribunal prevé que cuando un tema tiene alta significación política, económica y social es menester que sean todos los jueces los que tomen posición. De hecho el año pasado, cuando Alejandro Pérez Hualde era el presidente del máximo tribunal, hizo público a sus colegas su intención de que el caso fuera resuelto a través de un plenario.
Durante los últimos años, ha crecido significativamente el número de asambleas de vecinos en contra de la megaminería. De hecho, hace casi una semana, la Asamblea Popular por el Agua, donde están incluidos ciudadanos del Gran Mendoza, pidió a través de una concentración que se declare la constitucionalidad de la 7.722. Lo mismo sucede en el Valle de Uco, donde además de los asambleístas, el intendente de San Carlos, Jorge Difonso (PD), ha pedido públicamente el plenario de la Suprema Corte y que la ley quede firme.
Consultado por este diario sobre la reunión del lunes, Llorente dijo a través de un vocero, que envió "el petitorio a la Sala II" para que tenga conocimiento del mismo. Como publicó este diario el pasado 13 de julio, la propia Suprema Corte tiene diferentes posiciones sobre si debe ser o no un plenario el que deberá resolver el tema.
En la oposición creen que los jueces que llegaron al máximo tribunal de la mano del peronismo, básicamente Adaro (quien era ministro de Gobierno de Celso Jaque) impulsan la inconstitucionalidad de la norma sumándose al argumento planteado por las mineras que sostienen que no se respeta la igualdad ante la ley ya que las sustancias prohibidas por la ley 7.722 para la metal-minería no están restringidas en otras actividades, como la vitivinicultura.
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Fecha de Publicación: 30/08/2012
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Senadores y diputados nacionales reclaman que los once planteos de inconstitucionalidad sean resueltos por un plenario del tribunal y no por una sola sala.
El lunes pasado, los cinco legisladores nacionales que tiene la UCR mendocina se reunieron en el salón de audiencias de la Suprema Corte provincial con autoridades del Poder Judicial. ¿El motivo? Pedir oficialmente al máximo tribunal que resuelva en un plenario los 11 pedidos de inconstitucionalidad que pesan sobre la ley 7.722 que regula y restringe los métodos extractivos en la actividad minera (prohíbe, entre otras sustancias. el uso del cianuro en la megaminería a cielo abierto). El presidente de la Suprema Corte, Pedro Llorente, se comprometió a enviar el petitorio a la Sala II de la Suprema Corte, que debe expedirse sobre el caso.
Los radicales que asistieron al cuarto piso del Palacio Judicial son los senadores Ernesto Sanz y Laura Montero y los diputados Enrique Vaquié, Mariana Juri y Jorge Albarracín. La preocupación de la oposición mendocina, por el fallo que debe dar la Sala II, no es nueva.
Por eso hace un mes los cinco legisladores antes mencionados pidieron una audiencia al titular de la Suprema Corte; al de la sala en cuestión, Herman Salvini y al procurador general, Rodolfo González. Es que cualquiera de estos tres hombres puede resolver que sea el plenario de los siete jueces supremos los que decidan en el espinoso tema. El lunes sólo González y Llorente recibieron a los legisladores nacionales de la UCR. Salvini estuvo ausente.
Los radicales, que defienden la constitucionalidad de la ley que fue sancionada durante la gobernación de Julio Cobos, temen que sea sólo una sala de la Suprema Corte la que termine definiendo la cuestión de fondo y siente jurisprudencia para próximos pleitos planteados por los empresarios mineros.
Este temor estaría fundado en que los 11 planteos de inconstitucionalidad, formulados por diferentes empresas mineras, están todos acumulados en la Sala II (Penal y Laboral), ya que por su competencia específica, es la adecuada para resolver sobre este tema. Especialmente, si se estima que la Sala I atiende aspectos de Derecho Civil, Comercial y Administrativo.
Además de Salvini, la Sala II está conformada por Mario Adaro y Carlos Böhm. En rigor, la Corte no está obligada a que sea un plenario la que resuelva la constitucionalidad o no de la ley 7.722 ya que todos los expedientes los tiene una misma sala. Pero la doctrina del máximo tribunal prevé que cuando un tema tiene alta significación política, económica y social es menester que sean todos los jueces los que tomen posición. De hecho el año pasado, cuando Alejandro Pérez Hualde era el presidente del máximo tribunal, hizo público a sus colegas su intención de que el caso fuera resuelto a través de un plenario.
Durante los últimos años, ha crecido significativamente el número de asambleas de vecinos en contra de la megaminería. De hecho, hace casi una semana, la Asamblea Popular por el Agua, donde están incluidos ciudadanos del Gran Mendoza, pidió a través de una concentración que se declare la constitucionalidad de la 7.722. Lo mismo sucede en el Valle de Uco, donde además de los asambleístas, el intendente de San Carlos, Jorge Difonso (PD), ha pedido públicamente el plenario de la Suprema Corte y que la ley quede firme.
Consultado por este diario sobre la reunión del lunes, Llorente dijo a través de un vocero, que envió "el petitorio a la Sala II" para que tenga conocimiento del mismo. Como publicó este diario el pasado 13 de julio, la propia Suprema Corte tiene diferentes posiciones sobre si debe ser o no un plenario el que deberá resolver el tema.
En la oposición creen que los jueces que llegaron al máximo tribunal de la mano del peronismo, básicamente Adaro (quien era ministro de Gobierno de Celso Jaque) impulsan la inconstitucionalidad de la norma sumándose al argumento planteado por las mineras que sostienen que no se respeta la igualdad ante la ley ya que las sustancias prohibidas por la ley 7.722 para la metal-minería no están restringidas en otras actividades, como la vitivinicultura.
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Demuestran que la ARN miente sobre Atucha I
Desmienten a la Autoridad Nuclear
Fecha de Publicación: 29/08/2012
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Entidades ambientalistas insisten que una empresa holandesa observada hizo una parte clave de Atucha.
Distintas agrupaciones ambientalistas sumaron presión al polémico episodio sobre la seguridad de la central nuclear Atucha I.
Ayer, Greenpeace, Los Verdes y FARN hicieron público u n artículo de una revista holandesa de 1972 que evidencia que el recipiente de presión de la central argentina fue fabricado por Rotterdamsche Droogdok Maatschappij (RDM).
Se trata de la empresa que construyó la vasija del reactor belga con posibles fisuras y no por la empresa Siemens, como sostuvo la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) en un comunicado la semana pasada.
Dos semanas después de que la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE) denunciara que Atucha era uno de los 19 reactores en operación con vasijas provistas por la empresa holandesa RDM, la ARN hizo su descargo. El 22 de agosto emitió un comunicado en el que afirmó que “existen diferencias tanto en el material base como en el proceso constructivo del recipiente de presión, provisto por la empresa alemana Siemens y no por Rotterdam Droogdok Maatschappij de Holanda”. Sin embargo, el artículo difundido ayer por las organizaciones, titulado “La energía atómica y sus aplicaciones”, menciona que entre los dos proyectos que el sector nuclear holandés tenía a su cargo en ese momento, se encontraba “la vasija para el proyecto Atucha en Argentina, construido y financiado por Alemania”. Y la imagen que ilustró esa cita muestra el recipiente de Atucha I en los astilleros de RDM , en Rotterdam.
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Fecha de Publicación: 29/08/2012
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Entidades ambientalistas insisten que una empresa holandesa observada hizo una parte clave de Atucha.Distintas agrupaciones ambientalistas sumaron presión al polémico episodio sobre la seguridad de la central nuclear Atucha I.
Ayer, Greenpeace, Los Verdes y FARN hicieron público u n artículo de una revista holandesa de 1972 que evidencia que el recipiente de presión de la central argentina fue fabricado por Rotterdamsche Droogdok Maatschappij (RDM).
Se trata de la empresa que construyó la vasija del reactor belga con posibles fisuras y no por la empresa Siemens, como sostuvo la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) en un comunicado la semana pasada.
Dos semanas después de que la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE) denunciara que Atucha era uno de los 19 reactores en operación con vasijas provistas por la empresa holandesa RDM, la ARN hizo su descargo. El 22 de agosto emitió un comunicado en el que afirmó que “existen diferencias tanto en el material base como en el proceso constructivo del recipiente de presión, provisto por la empresa alemana Siemens y no por Rotterdam Droogdok Maatschappij de Holanda”. Sin embargo, el artículo difundido ayer por las organizaciones, titulado “La energía atómica y sus aplicaciones”, menciona que entre los dos proyectos que el sector nuclear holandés tenía a su cargo en ese momento, se encontraba “la vasija para el proyecto Atucha en Argentina, construido y financiado por Alemania”. Y la imagen que ilustró esa cita muestra el recipiente de Atucha I en los astilleros de RDM , en Rotterdam.
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Riachuelo: intiman a Armella a que de explicaciones
Otra limpieza en el Riachuelo
Fecha de Publicación: 29/08/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Riachuelo
El juez designado para ejecutar la sentencia sobre la limpieza del Riachuelo ordena obras complejas en plazos perentorios. Esto obliga al contrato directo de obras, que benefician a empresas vinculadas con él.
La Corte Suprema le exigió al juez federal de Quilmes Luis Armella que le dé explicaciones, en un plazo máximo de cinco días, sobre el mecanismo que viene aplicando para ejecutar las obras complejas y la limpieza de la cuenca Matanza-Riachuelo, que ha derivado en contrataciones millonarias sin licitación en beneficio de empresas cercanas al propio magistrado. A la vez, le pidió a la Auditoría General de la Nación (AGN) que haga su propia evaluación sobre los procedimientos utilizados y las firmas beneficiadas, y entregue un informe en el plazo “más breve posible”. El tribunal se basó en la información revelada por Página/12 en su edición del domingo último. Analiza desplazar a Armella de la gran causa de saneamiento del Riachuelo y, si la investigación comprueba las irregularidades denunciadas, la Corte debería formular una denuncia penal. Armella fue designado por la propia Corte Suprema para que se ocupara de la ejecución del plan de limpieza del Riachuelo derivado de una serie de sentencias que dictó a partir de 2006 (ver nota aparte). Le tocó a él por una cuestión de jurisdicción y porque, según explicaron en el alto tribunal, era el juzgado menos cargado de trabajo en la zona. Las resoluciones supremas dispusieron medidas protectoras y se le encomendaron a la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) los objetivos de mejorar la calidad de vida de los habitantes, recomponer el ambiente y prevenir daños. La Corte incluso fijó plazos precisos para sanear basurales, urbanizar villas y asentamientos, limpiar las márgenes del río, expandir la red de agua potable, construir una planta depuradora y generar un sistema sanitario de emergencia, entre otras cosas.
Este diario, en una nota firmada por el periodista Horacio Verbitsky, en su edición del domingo último, reveló que a través de documentos de la Acumar queda en evidencia un modus operandi en la actuación de Armella: intima a la Autoridad de Cuenca a realizar proyectos y obras en plazos perentorios, bajo apercibimiento de recibir sanciones graves. Ante la premura, Acumar (de la que participan la Nación, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma junto con catorce municipios) obvia la licitación y adjudica la realización de las obras a empresas cercanas, especialmente por lazos de parentesco, al mismo juez (ver aparte). Las obras iniciadas o a realizar por ese núcleo de empresas llegan por lo menos a 250 millones de pesos. Los precios duplican los valores de mercado. Las intimaciones sólo aceleran la firma de los contratos, pero no ocurre lo mismo con el avance de las obras.
Los jueces de la Corte recibieron la información como un baldazo de agua fría y le requirieron a Armella en una breve notificación que explique los que ya son “hechos de conocimiento público” que “afectan la credibilidad del plan de saneamiento” de la cuenca hídrica más contaminada del país. “En un tema de esta envergadura no podemos ser blandos”, dijo un juez supremo. “No podemos dejar esto en incertidumbre”, señaló. Durante el acuerdo de ayer, uno de los ministros, Enrique Petracchi, planteó que Armella debía ser directamente desplazado del tema. El resto de los jueces, en consideración a la complejidad de la causa, prefirió esperar a analizar la respuesta que proporcionen el magistrado y la auditoría encomendada.
La AGN auditará “las contrataciones y la regularidad de los procedimientos que involucran a las obras públicas previstas en el Plan Integral del Saneamiento Ambiental”. El organismo analizará “las obras, los procedimientos de selección e identificación de empresas adjudicatarias y su integración”, además de las transferencias de fondos desde distintas jurisdicciones. Su titular, Leandro Despouy, señaló que los datos publicados por este diario “son suficientemente contundentes como para justificar el pedido de auditoría formulado por la Corte”. Dijo que, ante la urgencia, la AGN armará un grupo especial para ocuparse del tema e irá haciendo entregas parciales de sus hallazgos a la Corte.
“Vamos a necesitar el apoyo de las autoridades locales”, advirtió Despouy. En la Corte ya están pensando en quién podría reemplazar a Armella, al menos en lo que al Riachuelo atañe.
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Fecha de Publicación: 29/08/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Riachuelo
El juez designado para ejecutar la sentencia sobre la limpieza del Riachuelo ordena obras complejas en plazos perentorios. Esto obliga al contrato directo de obras, que benefician a empresas vinculadas con él.La Corte Suprema le exigió al juez federal de Quilmes Luis Armella que le dé explicaciones, en un plazo máximo de cinco días, sobre el mecanismo que viene aplicando para ejecutar las obras complejas y la limpieza de la cuenca Matanza-Riachuelo, que ha derivado en contrataciones millonarias sin licitación en beneficio de empresas cercanas al propio magistrado. A la vez, le pidió a la Auditoría General de la Nación (AGN) que haga su propia evaluación sobre los procedimientos utilizados y las firmas beneficiadas, y entregue un informe en el plazo “más breve posible”. El tribunal se basó en la información revelada por Página/12 en su edición del domingo último. Analiza desplazar a Armella de la gran causa de saneamiento del Riachuelo y, si la investigación comprueba las irregularidades denunciadas, la Corte debería formular una denuncia penal. Armella fue designado por la propia Corte Suprema para que se ocupara de la ejecución del plan de limpieza del Riachuelo derivado de una serie de sentencias que dictó a partir de 2006 (ver nota aparte). Le tocó a él por una cuestión de jurisdicción y porque, según explicaron en el alto tribunal, era el juzgado menos cargado de trabajo en la zona. Las resoluciones supremas dispusieron medidas protectoras y se le encomendaron a la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) los objetivos de mejorar la calidad de vida de los habitantes, recomponer el ambiente y prevenir daños. La Corte incluso fijó plazos precisos para sanear basurales, urbanizar villas y asentamientos, limpiar las márgenes del río, expandir la red de agua potable, construir una planta depuradora y generar un sistema sanitario de emergencia, entre otras cosas.
Este diario, en una nota firmada por el periodista Horacio Verbitsky, en su edición del domingo último, reveló que a través de documentos de la Acumar queda en evidencia un modus operandi en la actuación de Armella: intima a la Autoridad de Cuenca a realizar proyectos y obras en plazos perentorios, bajo apercibimiento de recibir sanciones graves. Ante la premura, Acumar (de la que participan la Nación, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma junto con catorce municipios) obvia la licitación y adjudica la realización de las obras a empresas cercanas, especialmente por lazos de parentesco, al mismo juez (ver aparte). Las obras iniciadas o a realizar por ese núcleo de empresas llegan por lo menos a 250 millones de pesos. Los precios duplican los valores de mercado. Las intimaciones sólo aceleran la firma de los contratos, pero no ocurre lo mismo con el avance de las obras.
Los jueces de la Corte recibieron la información como un baldazo de agua fría y le requirieron a Armella en una breve notificación que explique los que ya son “hechos de conocimiento público” que “afectan la credibilidad del plan de saneamiento” de la cuenca hídrica más contaminada del país. “En un tema de esta envergadura no podemos ser blandos”, dijo un juez supremo. “No podemos dejar esto en incertidumbre”, señaló. Durante el acuerdo de ayer, uno de los ministros, Enrique Petracchi, planteó que Armella debía ser directamente desplazado del tema. El resto de los jueces, en consideración a la complejidad de la causa, prefirió esperar a analizar la respuesta que proporcionen el magistrado y la auditoría encomendada.
La AGN auditará “las contrataciones y la regularidad de los procedimientos que involucran a las obras públicas previstas en el Plan Integral del Saneamiento Ambiental”. El organismo analizará “las obras, los procedimientos de selección e identificación de empresas adjudicatarias y su integración”, además de las transferencias de fondos desde distintas jurisdicciones. Su titular, Leandro Despouy, señaló que los datos publicados por este diario “son suficientemente contundentes como para justificar el pedido de auditoría formulado por la Corte”. Dijo que, ante la urgencia, la AGN armará un grupo especial para ocuparse del tema e irá haciendo entregas parciales de sus hallazgos a la Corte.
“Vamos a necesitar el apoyo de las autoridades locales”, advirtió Despouy. En la Corte ya están pensando en quién podría reemplazar a Armella, al menos en lo que al Riachuelo atañe.
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Integrante del IPCC advierte sobre inundaciones
El diluvio que viene
Fecha de Publicación: 29/08/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Buenos Aires
Un integrante del Panel Intergubernamental de Cambio Climático sugirió a funcionarios bonaerenses y municipales realizar “obras de infraestructura como canales aliviadores y sistemas de alerta”.
Los modelos climáticos utilizados para hacer pronósticos meteorológicos advierten que de aquí en más habrá “mayores precipitaciones” en la provincia de Buenos Aires y que “las lluvias intensas serán aún más agudas”. Así lo adelantó ayer el meteorólogo Vicente Barros, investigador superior del Conicet y copresidente de Grupo de Trabajo II del panel Intergubernamental de Cambio Climático de Naciones Unidas. Para el especialista, esto obliga a realizar en la región afectada por las últimas inundaciones “obras de infraestructura como canales aliviadores y sistemas de alerta”, entre otras.
Las intensas precipitaciones que se produjeron en la provincia de Buenos Aires en las últimas semanas dejaron a la luz que hay “una adaptación de la infraestructura al ambiente que está pendiente”, sostuvo Barros. Su hipótesis se basa en que “las inundaciones en la región se hicieron más frecuentes desde la década de 1970” y en la actualidad, es posible evitar que miles de personas sean afectadas por el desborde de ríos y arroyos mediante obras preventivas. Lo dijo ante funcionarios bonaerenses e intendentes, en el encuentro “Eventos meteorológicos y fenómenos hidrológicos”.
Un ejemplo de planificación urbana inadecuada es la ubicación de la ciudad de Azul. Según el secretario de Espacio Público, Eduardo Aparicio, en 1832, la localidad fue fundada por el coronel Pedro Burgos, con la venia de Juan Manuel de Rosas, sobre la vera del río homónimo, pero del lado equivocado. “Del otro lado del río, donde vivían los indios, no se inunda”, dice el funcionario. Aparicio estimó que la situación “se resolvería con la construcción de un canal aliviador”.
Ese pueblo, en lo que va del año, sufrió tres inundaciones. La primera, en abril cuando una especie de tornado azotó el Gran Buenos Aires. Las otras dos, en las últimas semanas, cuando el pluviómetro sumó 297,6 milímetros para agosto, lo que superó el record histórico para ese mes en 1913, de 194 milímetros.
“El cambio climático ya se ha producido. Tenemos las mismas lluvias hace cincuenta años. Las precipitaciones intensas son las que terminan produciendo las inundaciones”, aseveró Barros. Por eso, desde su visión, es pertinente realizar obras de infraestructura como aliviadores, sistemas de alerta, canales, entre otras obras, con fondos provenientes del Global Environmental Fund, creado a partir de la Cumbre Climática de Copenhague, en 2009, que dispone de recursos aportados por los países desarrollados.
Según Barros, los modelos climáticos –ecuaciones utilizadas en meteorología para realizar los pronósticos del tiempo, analizar los movimientos y la circulación de la atmósfera y otras cuestiones que ayudan a comprender, por ejemplo, los efectos del cambio climático o el calentamiento global– “prevén mayores precipitaciones en la región” y se estima que las precipitaciones intensas “serán aún más agudas”.
A eso se suma la impermeabilización de los suelos a causa de tanta lluvia, que no llega a drenar ni a evaporarse naturalmente, por lo que Barros aventuró que en la primavera es posible que haya nuevas inundaciones, dado que las lluvias son mayores en esa época.
“El próximo paso es diagramar planes de infraestructura sobre las zonas afectadas para establecer los recursos necesarios para solicitar al fondo internacional”, asumió Aparicio ante el inminente panorama. Puso como ejemplo el caso de San Antonio de Areco, que en 2009 quedó bajo el agua, y que halló la solución en las obras hídricas. Y, este año, no hubo inundación alguna.
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Fecha de Publicación: 29/08/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Buenos Aires
Un integrante del Panel Intergubernamental de Cambio Climático sugirió a funcionarios bonaerenses y municipales realizar “obras de infraestructura como canales aliviadores y sistemas de alerta”.
Los modelos climáticos utilizados para hacer pronósticos meteorológicos advierten que de aquí en más habrá “mayores precipitaciones” en la provincia de Buenos Aires y que “las lluvias intensas serán aún más agudas”. Así lo adelantó ayer el meteorólogo Vicente Barros, investigador superior del Conicet y copresidente de Grupo de Trabajo II del panel Intergubernamental de Cambio Climático de Naciones Unidas. Para el especialista, esto obliga a realizar en la región afectada por las últimas inundaciones “obras de infraestructura como canales aliviadores y sistemas de alerta”, entre otras.
Las intensas precipitaciones que se produjeron en la provincia de Buenos Aires en las últimas semanas dejaron a la luz que hay “una adaptación de la infraestructura al ambiente que está pendiente”, sostuvo Barros. Su hipótesis se basa en que “las inundaciones en la región se hicieron más frecuentes desde la década de 1970” y en la actualidad, es posible evitar que miles de personas sean afectadas por el desborde de ríos y arroyos mediante obras preventivas. Lo dijo ante funcionarios bonaerenses e intendentes, en el encuentro “Eventos meteorológicos y fenómenos hidrológicos”.
Un ejemplo de planificación urbana inadecuada es la ubicación de la ciudad de Azul. Según el secretario de Espacio Público, Eduardo Aparicio, en 1832, la localidad fue fundada por el coronel Pedro Burgos, con la venia de Juan Manuel de Rosas, sobre la vera del río homónimo, pero del lado equivocado. “Del otro lado del río, donde vivían los indios, no se inunda”, dice el funcionario. Aparicio estimó que la situación “se resolvería con la construcción de un canal aliviador”.
Ese pueblo, en lo que va del año, sufrió tres inundaciones. La primera, en abril cuando una especie de tornado azotó el Gran Buenos Aires. Las otras dos, en las últimas semanas, cuando el pluviómetro sumó 297,6 milímetros para agosto, lo que superó el record histórico para ese mes en 1913, de 194 milímetros.
“El cambio climático ya se ha producido. Tenemos las mismas lluvias hace cincuenta años. Las precipitaciones intensas son las que terminan produciendo las inundaciones”, aseveró Barros. Por eso, desde su visión, es pertinente realizar obras de infraestructura como aliviadores, sistemas de alerta, canales, entre otras obras, con fondos provenientes del Global Environmental Fund, creado a partir de la Cumbre Climática de Copenhague, en 2009, que dispone de recursos aportados por los países desarrollados.
Según Barros, los modelos climáticos –ecuaciones utilizadas en meteorología para realizar los pronósticos del tiempo, analizar los movimientos y la circulación de la atmósfera y otras cuestiones que ayudan a comprender, por ejemplo, los efectos del cambio climático o el calentamiento global– “prevén mayores precipitaciones en la región” y se estima que las precipitaciones intensas “serán aún más agudas”.
A eso se suma la impermeabilización de los suelos a causa de tanta lluvia, que no llega a drenar ni a evaporarse naturalmente, por lo que Barros aventuró que en la primavera es posible que haya nuevas inundaciones, dado que las lluvias son mayores en esa época.
“El próximo paso es diagramar planes de infraestructura sobre las zonas afectadas para establecer los recursos necesarios para solicitar al fondo internacional”, asumió Aparicio ante el inminente panorama. Puso como ejemplo el caso de San Antonio de Areco, que en 2009 quedó bajo el agua, y que halló la solución en las obras hídricas. Y, este año, no hubo inundación alguna.
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Argentina se rinde ante Monsanto
Argentina planea una ley para seducir a Monsanto y le asegura regalías por su nueva soja transgénica
Fecha de Publicación: 28/08/2012
Fuente: Biodiversidad en América Latina y El Caribe
Provincia/Región: Nacional
Argentina está trabajando en una nueva ley de semillas para proteger los derechos de propiedad intelectual de biotecnología agrícola en un esfuerzo por incentivar a que Monsanto Co. traiga su segunda generación de semillas de soja transgénica al país.El ministro de Agricultura, Norberto Yauhar, dijo en un comunicado que el país ha decidido avanzar con un proyecto de ley de semillas, como corresponde en un país que aspira a ser líder en la producción de alimentos, y que busca proteger la propiedad intelectual en el proceso de desarrollo, informa hoy el diario The Wall Street Journal.
Yauhar agregó que el proyecto se enviará para discusión al Congreso en los próximos meses. Monsanto no logró obtener una patente local para las semillas de soya modificadas genéticamente que lanzó en Argentina hace 15 años, y sus esfuerzos por recaudar regalías han sido frustrados por las regulaciones locales.
Regalías aseguradas
Junto a la nueva soja transgénica que se presentó ayer en Buenos Aires, en 2013 el país adoptará también un sistema que le garantizará a Monsanto y a otras empresas de biotecnología agrícola el cobro de regalías o derechos por las patentes de sus inventos. Esto implicará un cambio profundo, pues a quince años de la adopción del primer transgénico, los productores nunca pagaron por dicha tecnología, destaca en su edición de hoy el diario Clarín.
Pablo Vaquero, vice de Monsanto Argentina, anunció junto al ministro de Agricultura, Norberto Yauhar, que la nueva soja “Intacta RR2 Pro” estará disponible en la campaña 2013/14 (en la próxima siembra solo se realizarán ensayos en el norte). Y calculó que la mejoría de los rendimientos podría llegar al 11%. No sería poca cosa: se producirían 5 millones de toneladas más, que al valor actual serían ingresos por US$ 3.000 millones.
Pero ese salto no será gratis para los productores, que no pagaron royalties por la primera soja RR, aprobada en 1996. Y es que en aquella oportunidad Monsanto no patentó en el país su transgénico debut, y cuando quiso cobrar se encontró con una fuerte resistencia. Incluso en 2004 el gobierno kirchnerista resistió esa pretensión en los tribunales europeos, donde Monsanto había accionado contra los exportadores argentinos. Según un estudio encargado por el sector semillero, de los US$ 61.917 millones que el país habría ganado en estos 15 años gracias a la primera soja RR, 72,4% fueron para los productores, 21,2% al Estado y solo 6,4% para los proveedores de tecnología. Es decir, el inventor de la semilla mágica apenas logró beneficios.
La situación con la “Intacta” sería diferente. Monsanto ya cuenta con una batería de patentes que le aseguran la propiedad intelectual. Y para reforzar ese escenario propició, junto al resto de la industria semillera, acopiadores y exportadores, un “sistema privado” que regirá no solo para esta soja sino para el resto de los transgénicos que desembarquen en un futuro.
Este acuerdo funcionará así: cuando el productor compre semilla de soja certificada pagará el derecho fijado. Pero si no lo hiciese, al vender sus granos se realizará un sencillo test que permite detectar la presencia de los genes buscados. Y si el resultado fuera positivo el comprador del grano cobrará a cuenta del desarrollador las regalías pendientes, algo más caras que al principio.
Yauhar, además, prometió ayer que se actualizará la Ley de Semillas para limitar el milenario derecho al Uso Propio (guardar parte de la cosecha como semilla) solo a pequeños productores. Los obtentores quieren evitar así que la soja transgénica sea multiplicada y vendida en canales informales. Hoy, solo 25% de la semilla de soja es certificada y el resto se divide entre Uso Propio y la llamada “Bolsa Blanca”, que es la semilla vendida por canales informales. Con esta reforma, más que a Monsanto, se intenta proteger a las empresas que venden la semilla con el gen de Monsanto. En el caso de la nueva soja, serán Don Mario, Nidera y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), aunque rápidamente se sumarán nuevos licenciatarios.
Vaquero aclaró que todavía no se fijó un valor por la patente, pero agregó que Monsato aspira a que se equipare con un tercio de los beneficios potenciales que logren los productores. La multinacional cree, de todos modos, que los productores están dispuestos a pagar: ya firmó acuerdos con 8.500 empresarios, nada menos que 60% del área sojera.
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Chubut planea eliminar gaviotas que atacan ballenas
Chubut planea capturar o eliminar gaviotas que atacan ballenas
Fecha de Publicación: 27/08/2012
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Chubut
Es para proteger a las ballenas francas australes. La caza se realizaría "en zonas próximas a Puerto Pirámides".
La provincia argentina de Chubut prepara un plan junto a científicos para la captura o eliminación de gaviotas que atacan a las ballenas francas australes, cuya aparición cerca de las costas patagónicas en épocas de apareamiento supone uno de los principales atractivos turísticos del sur del país.
La iniciativa, confirmada hoy por fuentes oficiales, despertó críticas de grupos ambientalistas, que consideran que matar a las gaviotas carroñeras no acaba con el problema de los daños que estas aves ocasionan a las ballenas.
"La captura o eliminación de las gaviotas", posiblemente por parte de policías, se realizará "en zonas próximas a Puerto Pirámides", en la península Valdés (unos 1.100 kilómetros al sur de Buenos Aires), declarada Patrimonio de la Humanidad, explicó el subsecretario de Conservación y Áreas Naturales Protegidas de la provincia sureña, Javier Tolosano, en un comunicado.
"Al no haber experiencias a nivel internacional, tenemos que ser muy cuidadosos. Sabemos que hay que controlar esta relación conflictiva entre las dos especies, pero también sabemos que esto implica un abordaje complejo", indicó el funcionario.
Fuentes ligadas al proyecto dijeron que los ataques que sufren las ballenas de las gaviotas hacen que asomen menos su cabeza fuera del agua y, por lo tanto, que los turistas no tengan tantas oportunidades para ver a estos mamíferos en los recorridos en lanchas que se suelen realizar desde las ciudades de Puerto Madryn y Puerto Pirámides.
Críticas. El coordinador de la campaña de Océanos para América Latina de Greenpeace, Milko Schvartzman, señaló al periódico Clarín que "lo que propone el gobierno de Chubut es una medida paliativa que no termina con el problema de fondo".
Los inconvenientes son "los basurales (vertederos) a cielo abierto, los residuos que terminan en el agua y los deshechos que descartan los buques pesqueros. Eso también atrae a las gaviotas. Es cierto que las gaviotas son un serio problema para las ballenas francas, pero dispararles no termina con la superpoblación", evaluó Schvartzman.
El plan del gobierno de Chubut, que se pondrá en marcha en las próximas semanas, también motivó un pedido de informes en la Legislatura provincial por parte de la opositora Unión Cívica Radical para obtener detalles del proyecto.
En la península Valdés, en la sureña Chubut, se concentran todos los años alrededor de 600 ballenas francas australes, la quinta parte de la población mundial, lo que supone una importante atracción que congrega todos los años a más de 100.000 turistas.
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Fecha de Publicación: 27/08/2012
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Chubut
Es para proteger a las ballenas francas australes. La caza se realizaría "en zonas próximas a Puerto Pirámides".La provincia argentina de Chubut prepara un plan junto a científicos para la captura o eliminación de gaviotas que atacan a las ballenas francas australes, cuya aparición cerca de las costas patagónicas en épocas de apareamiento supone uno de los principales atractivos turísticos del sur del país.
La iniciativa, confirmada hoy por fuentes oficiales, despertó críticas de grupos ambientalistas, que consideran que matar a las gaviotas carroñeras no acaba con el problema de los daños que estas aves ocasionan a las ballenas.
"La captura o eliminación de las gaviotas", posiblemente por parte de policías, se realizará "en zonas próximas a Puerto Pirámides", en la península Valdés (unos 1.100 kilómetros al sur de Buenos Aires), declarada Patrimonio de la Humanidad, explicó el subsecretario de Conservación y Áreas Naturales Protegidas de la provincia sureña, Javier Tolosano, en un comunicado.
"Al no haber experiencias a nivel internacional, tenemos que ser muy cuidadosos. Sabemos que hay que controlar esta relación conflictiva entre las dos especies, pero también sabemos que esto implica un abordaje complejo", indicó el funcionario.
Fuentes ligadas al proyecto dijeron que los ataques que sufren las ballenas de las gaviotas hacen que asomen menos su cabeza fuera del agua y, por lo tanto, que los turistas no tengan tantas oportunidades para ver a estos mamíferos en los recorridos en lanchas que se suelen realizar desde las ciudades de Puerto Madryn y Puerto Pirámides.
Críticas. El coordinador de la campaña de Océanos para América Latina de Greenpeace, Milko Schvartzman, señaló al periódico Clarín que "lo que propone el gobierno de Chubut es una medida paliativa que no termina con el problema de fondo".
Los inconvenientes son "los basurales (vertederos) a cielo abierto, los residuos que terminan en el agua y los deshechos que descartan los buques pesqueros. Eso también atrae a las gaviotas. Es cierto que las gaviotas son un serio problema para las ballenas francas, pero dispararles no termina con la superpoblación", evaluó Schvartzman.
El plan del gobierno de Chubut, que se pondrá en marcha en las próximas semanas, también motivó un pedido de informes en la Legislatura provincial por parte de la opositora Unión Cívica Radical para obtener detalles del proyecto.
En la península Valdés, en la sureña Chubut, se concentran todos los años alrededor de 600 ballenas francas australes, la quinta parte de la población mundial, lo que supone una importante atracción que congrega todos los años a más de 100.000 turistas.
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