Conservar áreas naturales, un desafío para el país
18:44 | 
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Conservar áreas naturales, un desafío para el país
Fecha de Publicación: 06/11/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Sólo el 7,7% del territorio cuenta con una categoría de protección
El 6 de noviembre de 1903, el doctor Francisco Pascasio Moreno, redactó una carta en la que manifestaba su decisión de donar tres leguas cuadradas de tierra en la zona de Puerto Blest, en Bariloche, para que se destinaran a la creación de un parque público natural. Esas tierras le habían sido cedidas por el Estado nacional, en mérito a su trabajo en la cuestión de límites con Chile.
En honor a aquella donación, se celebra el Día de los Parques Nacionales. Y como festejo anticipado, en el último mes la Argentina sumó un nuevo parque nacional continental: Las Islas, en Santa Fe, y tres áreas marinas protegidas.
En el Año de la Biodiversidad para la Organización de las Naciones Unidas, la Administración de Parques Nacionales (APN) anunció tres áreas marinas: Patagonia Austral, en Chubut, y Makenke e Isla Pingüino, en Santa Cruz. En conjunto cubrirán más de 400.000 hectáreas. "Gracias a esto, nuestro mar contará con más de 1.180.800 hectáreas (1,18% del total) destinadas a preservar parte de la inmensa riqueza del mar Argentino. Hasta el momento, menos del 1% estaba protegido", indicaron en la APN.
La coordinadora de Políticas de Areas Protegidas de la Fundación Vida Silvestre, Flavia Broffoni, celebró la incorporación de estas zonas a esa categoría. "Las áreas protegidas son una herramienta fundamental para conservar la diversidad biológica y proveer servicios ambientales", dijo. En este sentido, recordó que en la X Conferencia de las Partes de la Convención de Diversidad Biológica de las Naciones Unidas, que se celebró el mes pasado en Nagoya , Japón, los países -incluida la Argentina- acordaron proteger el 17% de cada región natural del mundo para 2020.
"Actualmente, nuestro país cuenta con el 7,7% de su territorio continental protegido, gracias a un trabajo conjunto entre la Nación, las provincias y el sector privado. Sin embargo, este porcentaje está lejos del 12% promedio a nivel global que ya está protegido, y más lejos aún de la nueva meta fijada por la Convención de Diversidad Biológica", acotó Broffoni.
Vida Silvestre encabeza una campaña que busca adhesiones para frenar un proyecto que desafecta áreas protegidas en la provincia de Tierra del Fuego, en las inmediaciones de la comuna de Tolhuin.
"La fundación envió una carta a los legisladores de la provincia para manifestar su oposición a la desafectación de las reservas Laguna Negra y Río Valdez, en relación con el proyecto de ley de ampliación del ejido urbano esa localidad, que será tratado en la Legislatura provincial el miércoles próximo", comentó Broffoni e invitó a quienes quisieran adherir a la iniciativa a firmar en www.vidasilvestre.org.ar/reservas_naturales/sumate .
Fecha de Publicación: 06/11/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Sólo el 7,7% del territorio cuenta con una categoría de protección
El 6 de noviembre de 1903, el doctor Francisco Pascasio Moreno, redactó una carta en la que manifestaba su decisión de donar tres leguas cuadradas de tierra en la zona de Puerto Blest, en Bariloche, para que se destinaran a la creación de un parque público natural. Esas tierras le habían sido cedidas por el Estado nacional, en mérito a su trabajo en la cuestión de límites con Chile.
En honor a aquella donación, se celebra el Día de los Parques Nacionales. Y como festejo anticipado, en el último mes la Argentina sumó un nuevo parque nacional continental: Las Islas, en Santa Fe, y tres áreas marinas protegidas.
En el Año de la Biodiversidad para la Organización de las Naciones Unidas, la Administración de Parques Nacionales (APN) anunció tres áreas marinas: Patagonia Austral, en Chubut, y Makenke e Isla Pingüino, en Santa Cruz. En conjunto cubrirán más de 400.000 hectáreas. "Gracias a esto, nuestro mar contará con más de 1.180.800 hectáreas (1,18% del total) destinadas a preservar parte de la inmensa riqueza del mar Argentino. Hasta el momento, menos del 1% estaba protegido", indicaron en la APN.
La coordinadora de Políticas de Areas Protegidas de la Fundación Vida Silvestre, Flavia Broffoni, celebró la incorporación de estas zonas a esa categoría. "Las áreas protegidas son una herramienta fundamental para conservar la diversidad biológica y proveer servicios ambientales", dijo. En este sentido, recordó que en la X Conferencia de las Partes de la Convención de Diversidad Biológica de las Naciones Unidas, que se celebró el mes pasado en Nagoya , Japón, los países -incluida la Argentina- acordaron proteger el 17% de cada región natural del mundo para 2020.
"Actualmente, nuestro país cuenta con el 7,7% de su territorio continental protegido, gracias a un trabajo conjunto entre la Nación, las provincias y el sector privado. Sin embargo, este porcentaje está lejos del 12% promedio a nivel global que ya está protegido, y más lejos aún de la nueva meta fijada por la Convención de Diversidad Biológica", acotó Broffoni.
Vida Silvestre encabeza una campaña que busca adhesiones para frenar un proyecto que desafecta áreas protegidas en la provincia de Tierra del Fuego, en las inmediaciones de la comuna de Tolhuin.
"La fundación envió una carta a los legisladores de la provincia para manifestar su oposición a la desafectación de las reservas Laguna Negra y Río Valdez, en relación con el proyecto de ley de ampliación del ejido urbano esa localidad, que será tratado en la Legislatura provincial el miércoles próximo", comentó Broffoni e invitó a quienes quisieran adherir a la iniciativa a firmar en www.vidasilvestre.org.ar/reservas_naturales/sumate .
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Freno al proyecto minero San Jorge
El Gobierno puso freno al proyecto minero San Jorge
Fecha de Publicación: 06/11/2010
Fuente: Loa Andes On Line
Provincia/Región: Mendoza
La Secretaría de Medio Ambiente exigió que la explotación cuente con la autorización de la Legislatura y un acuerdo entre la UTN y la UNCuyo.
La Secretaría de Medio Ambiente requirió a la empresa Minera San Jorge "que tramite y obtenga la autorización para el uso minero del agua pública de la provincia conforme al artículo 194 de la Constitución Provincial y las Leyes de Aguas".
Lo considera "un requisito indispensable para avanzar en la evaluación ambiental" (...) "teniendo en cuenta que el recurso hídrico constituye uno de los principales insumos del proyecto" y que "se trata de un recurso estratégico para la provincia, más aún ante la situación de emergencia hídrica que atraviesa y que podrían verse afectados derechos adquiridos por otros usuarios".
Así lo establece la resolución 614/10 dictada ayer por el secretario Guillermo Carmona. "Si la empresa no consigue la concesión para el uso del agua del Departamento General de Irrigación y esta no es aprobada por la Legislatura Provincial y si no se alcanza un informe científico uniforme entre las universidades que han presentado informes contrapuestos, San Jorge no es viable", aseguró a Los Andes Carmona.
La Secretaría a su cargo dirigió también dos notas a los decanos de la Universidad Nacional de Cuyo, Arturo Somoza, y de la UTN, Eduardo Antonio Balasch, reclamándoles un "consenso académico" que permita alcanzar "niveles de consenso social y político en torno a la viabilidad o no de este proyecto".
Es que en marzo de 2010 el dictamen de la UNCuyo concluyó que el informe ambiental presentado por la minera San Jorge "exhibe una gran cantidad de falencias e inexactitudes, las que impedirían garantizar su viabilidad ambiental particularmente ante la comunidad".
Mientras que seis meses antes -el 9 de setiembre de 2009- la UTN Regional Mendoza había calificado al mismo informe ambiental como "satisfactorio" limitándose a realizar una serie de observaciones y recomendaciones.
"Proponemos la integración entre ambos centros de estudios de una comisión especializada e interdisciplinaria que con rigor científico, aporte certeza acerca de los aspectos técnicos, económicos y sociales del proyecto en cuestión", dijo Carmona en las notas a Somoza y Balasch.
Tanto la UNCuyo como la UTN Mendoza, son integrantes de la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria de la Actividad Ambiental Minera (Ceiam), el organismo conformado además por el Conicet, Irrigación, Hidráulica, Vialidades (Nacional y Provincial); Patrimonio Cultural, Ambiente, Turismo, Recursos Naturales, Ordenamiento Territorial y el Instituto Nacional del Agua (INA). Este organismo se deberá reunir el próximo 23 de noviembre para evaluar la situación de San Jorge.
"No está definitivamente claro que el proyecto no vaya a impactar en la calidad del agua o en la cantidad aguas abajo", destacó Carmona. Y agregó que tanto desde la intendencia de Las Heras, que dirige Rubén Miranda, como desde Irrigación -a cargo de Eduardo Frigerio- se estimó necesaria la aplicación del "principio precautorio" que aconseja tomar todos los recaudos pertinentes para evitar consecuencias no deseadas.
La propia Irrigación ha tomado recaudos para el caso -no definitivamente confirmado ni desmentido- de que se esté ante una cuenca abierta (con posibilidad de que el agua subterránea se conecte con la cuenca del Río Mendoza) por lo que ha reclamado la impermeabilización de los diques de colas.
Irrigación puede otorgar una concesión precaria de manejo de aguas hasta por diez años, pero pasado ese plazo la que debe autorizar es la Legislatura Provincial, y el proyecto San Jorge tiene un horizonte previsto de 17 años. Además la empresa minera defiende el uso privado del agua de la cuenca -precisamente por considerarla una cuenca "cerrada" sin contactos con la cuenca del Río Mendoza- mientras que el Gobierno ratifica la naturaleza pública del agua.
Carmona se definió partidario de una minería sustentable y mostró malestar "por el desempeño de la empresa durante la audiencia pública en Uspallata" ya que "debió hacer un mayor esfuerzo por mostrar una mayor responsabilidad". Subrayó que sus decisiones están en línea "con la tarea que desde un principio me encomendó el gobernador Celso Jaque".
Consideró personalmente que "no hay que hacer caso omiso de las cosas que se plantearon a favor o en contra del proyecto durante la audiencia pública de Uspallata" y destacó que "no pocos legisladores oficialistas" le han hecho notar que -tal como está- al proyecto San Jorge le faltan los datos certeros necesarios para ser aprobado en la Legislatura.
Carmona rechazó anticipadamente cuestionamientos de "antiminero" sobre su persona por las exigencias a San Jorge, destacó: "Acompañé a Potasio Río Colorado, que es la mayor inversión minera del país, y la explotación petrolera en Llancanello". Y subrayó que las exigencias a San Jorge "son las mismas de Potasio Río Colorado".
La compañía de origen canadiense Coro Minning (representada a nivel local por la Minera San Jorge) busca explotar cobre y oro en el paraje de 115 mil hectáreas conocido como El Yalguaraz, a 45 km de la villa de Uspallata.
Fecha de Publicación: 06/11/2010
Fuente: Loa Andes On Line
Provincia/Región: Mendoza
La Secretaría de Medio Ambiente exigió que la explotación cuente con la autorización de la Legislatura y un acuerdo entre la UTN y la UNCuyo.
La Secretaría de Medio Ambiente requirió a la empresa Minera San Jorge "que tramite y obtenga la autorización para el uso minero del agua pública de la provincia conforme al artículo 194 de la Constitución Provincial y las Leyes de Aguas".
Lo considera "un requisito indispensable para avanzar en la evaluación ambiental" (...) "teniendo en cuenta que el recurso hídrico constituye uno de los principales insumos del proyecto" y que "se trata de un recurso estratégico para la provincia, más aún ante la situación de emergencia hídrica que atraviesa y que podrían verse afectados derechos adquiridos por otros usuarios".
Así lo establece la resolución 614/10 dictada ayer por el secretario Guillermo Carmona. "Si la empresa no consigue la concesión para el uso del agua del Departamento General de Irrigación y esta no es aprobada por la Legislatura Provincial y si no se alcanza un informe científico uniforme entre las universidades que han presentado informes contrapuestos, San Jorge no es viable", aseguró a Los Andes Carmona.
La Secretaría a su cargo dirigió también dos notas a los decanos de la Universidad Nacional de Cuyo, Arturo Somoza, y de la UTN, Eduardo Antonio Balasch, reclamándoles un "consenso académico" que permita alcanzar "niveles de consenso social y político en torno a la viabilidad o no de este proyecto".
Es que en marzo de 2010 el dictamen de la UNCuyo concluyó que el informe ambiental presentado por la minera San Jorge "exhibe una gran cantidad de falencias e inexactitudes, las que impedirían garantizar su viabilidad ambiental particularmente ante la comunidad".
Mientras que seis meses antes -el 9 de setiembre de 2009- la UTN Regional Mendoza había calificado al mismo informe ambiental como "satisfactorio" limitándose a realizar una serie de observaciones y recomendaciones.
"Proponemos la integración entre ambos centros de estudios de una comisión especializada e interdisciplinaria que con rigor científico, aporte certeza acerca de los aspectos técnicos, económicos y sociales del proyecto en cuestión", dijo Carmona en las notas a Somoza y Balasch.
Tanto la UNCuyo como la UTN Mendoza, son integrantes de la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria de la Actividad Ambiental Minera (Ceiam), el organismo conformado además por el Conicet, Irrigación, Hidráulica, Vialidades (Nacional y Provincial); Patrimonio Cultural, Ambiente, Turismo, Recursos Naturales, Ordenamiento Territorial y el Instituto Nacional del Agua (INA). Este organismo se deberá reunir el próximo 23 de noviembre para evaluar la situación de San Jorge.
"No está definitivamente claro que el proyecto no vaya a impactar en la calidad del agua o en la cantidad aguas abajo", destacó Carmona. Y agregó que tanto desde la intendencia de Las Heras, que dirige Rubén Miranda, como desde Irrigación -a cargo de Eduardo Frigerio- se estimó necesaria la aplicación del "principio precautorio" que aconseja tomar todos los recaudos pertinentes para evitar consecuencias no deseadas.
La propia Irrigación ha tomado recaudos para el caso -no definitivamente confirmado ni desmentido- de que se esté ante una cuenca abierta (con posibilidad de que el agua subterránea se conecte con la cuenca del Río Mendoza) por lo que ha reclamado la impermeabilización de los diques de colas.
Irrigación puede otorgar una concesión precaria de manejo de aguas hasta por diez años, pero pasado ese plazo la que debe autorizar es la Legislatura Provincial, y el proyecto San Jorge tiene un horizonte previsto de 17 años. Además la empresa minera defiende el uso privado del agua de la cuenca -precisamente por considerarla una cuenca "cerrada" sin contactos con la cuenca del Río Mendoza- mientras que el Gobierno ratifica la naturaleza pública del agua.
Carmona se definió partidario de una minería sustentable y mostró malestar "por el desempeño de la empresa durante la audiencia pública en Uspallata" ya que "debió hacer un mayor esfuerzo por mostrar una mayor responsabilidad". Subrayó que sus decisiones están en línea "con la tarea que desde un principio me encomendó el gobernador Celso Jaque".
Consideró personalmente que "no hay que hacer caso omiso de las cosas que se plantearon a favor o en contra del proyecto durante la audiencia pública de Uspallata" y destacó que "no pocos legisladores oficialistas" le han hecho notar que -tal como está- al proyecto San Jorge le faltan los datos certeros necesarios para ser aprobado en la Legislatura.
Carmona rechazó anticipadamente cuestionamientos de "antiminero" sobre su persona por las exigencias a San Jorge, destacó: "Acompañé a Potasio Río Colorado, que es la mayor inversión minera del país, y la explotación petrolera en Llancanello". Y subrayó que las exigencias a San Jorge "son las mismas de Potasio Río Colorado".
La compañía de origen canadiense Coro Minning (representada a nivel local por la Minera San Jorge) busca explotar cobre y oro en el paraje de 115 mil hectáreas conocido como El Yalguaraz, a 45 km de la villa de Uspallata.
Riachuelo: piden medidas por basurales
Riachuelo: piden adoptar medidas por basurales en toda la cuenca
Fecha de Publicación: 05/11/2010
Fuente: CIJ
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
El Juzgado Federal de Quilmes requirió implementar mejores alternativas y nuevas tecnologías para el tratamiento de residuos. Ordenó presentar antes de fin de año un plan de obras, bajo apercibimiento de aplicar multas a funcionaros.
El Juzgado Federal de Quilmes, a cargo del juez Luis Armella, requirió la adopción de las medidas necesarias para la implementación de mejores alternativas y la aplicación de nuevas tecnologías para el tratamiento de la totalidad de los residuos en el ámbito de la cuenca Matanza-Riachuelo.
Para ello, ordenó presentar un proyecto que contenga “una planificación clara y precisa, con detalle de fechas exactas de inicio y finalización de cada obra a realizarse, el costo estimativo de las mismas, los plazos para el trámite de licitaciones que resulten indispensables, la población beneficiada por cada una de ellas, y todo aquello que fuera funcional a la definitiva concreción del PLAN de GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (GIRSU) para toda la Cuenca Hídrica; cuya presentación no podrá excederse más allá del 31 de Diciembre del corriente año, de manera inexcusable”.
La obligación recae sobre el presidente de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), Homero Máximo Bibiloni; los miembros de su Consejo Directivo; el ministro de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Diego César Santilli; el jefe de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires, Alberto Pérez, y el presidente de la Empresa Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), Raúl Felipe de Elizalde.
En la resolución, el magistrado hizo saber a todos los funcionarios involucrados que “de no respetarse las exigencias y plazos establecidos en la presente manda, en forma efectiva, fehaciente, concisa, acabada y pormenorizada, incurrirán inmediatamente en la responsabilidad que les correspondiere, lo cual los hará pasibles de soportar con sus propios patrimonios el pago de una multa diaria por cada día de incumplimiento”
Fecha de Publicación: 05/11/2010
Fuente: CIJ
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
El Juzgado Federal de Quilmes requirió implementar mejores alternativas y nuevas tecnologías para el tratamiento de residuos. Ordenó presentar antes de fin de año un plan de obras, bajo apercibimiento de aplicar multas a funcionaros.
El Juzgado Federal de Quilmes, a cargo del juez Luis Armella, requirió la adopción de las medidas necesarias para la implementación de mejores alternativas y la aplicación de nuevas tecnologías para el tratamiento de la totalidad de los residuos en el ámbito de la cuenca Matanza-Riachuelo.
Para ello, ordenó presentar un proyecto que contenga “una planificación clara y precisa, con detalle de fechas exactas de inicio y finalización de cada obra a realizarse, el costo estimativo de las mismas, los plazos para el trámite de licitaciones que resulten indispensables, la población beneficiada por cada una de ellas, y todo aquello que fuera funcional a la definitiva concreción del PLAN de GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (GIRSU) para toda la Cuenca Hídrica; cuya presentación no podrá excederse más allá del 31 de Diciembre del corriente año, de manera inexcusable”.
La obligación recae sobre el presidente de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), Homero Máximo Bibiloni; los miembros de su Consejo Directivo; el ministro de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Diego César Santilli; el jefe de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires, Alberto Pérez, y el presidente de la Empresa Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), Raúl Felipe de Elizalde.
En la resolución, el magistrado hizo saber a todos los funcionarios involucrados que “de no respetarse las exigencias y plazos establecidos en la presente manda, en forma efectiva, fehaciente, concisa, acabada y pormenorizada, incurrirán inmediatamente en la responsabilidad que les correspondiere, lo cual los hará pasibles de soportar con sus propios patrimonios el pago de una multa diaria por cada día de incumplimiento”
Otra movilización contra la minería en Chubut
Otra movilización contra la minería en la meseta
Fecha de Publicación: 05/11/2010
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
La Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Gan Gan anunció la actividad, que será similar a la desarrollada en setiembre último. Caminarán por las calles de esa localidad de la meseta e intentarán llegar hasta los galpones del yacimiento Navidad.
Mañana a la tarde se realizará en Gan-Gan una nueva marcha contra la megaminería y en rechazo del avance del proyecto Navidad, que conduce Pan American Silver. Irán con antorchas manifestando el concepto de que la meseta debe ser una zona de sacrificio.
Después de la marcha de antorchas de setiembre último, quedó conformada la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Gan Gan. Ahora, esta organización junto a comunidades mapuche-tehuelches de la meseta, convocan a la marcha por las calles de Gan-Gan hasta llegar a los galpones del emprendimiento minero.
La Asamblea de Gan Gan viene reuniendo activistas los sábados, generando espacios de discusión, difusión, compartiendo información con el resto de la población y fundamentalmente buscando organizarse respecto del conflicto minero.
Los organizadores de la movilización afirmaron que “la empresa minera fue la encargada de instalar miedo y mentiras en la pequeña comunidad de la meseta, cuando estuvo anunciada la marcha anterior: que se generarían hechos de violencia, que se quemarían camionetas, alertando a los vecinos que no salieran a la calle, etc, etc. Así y todo, los pobladores, viendo la manifestación, se animaron y acompañaron”.
Entre las localidades de Gan-Gan y Gastre se ubica el mega proyecto minero de la empresa canadiense Pan American Silver. Conocido como “Navidad”, el yacimiento tiene recursos probados de plata y plomo que lo convierten en uno de los más grandes del mundo.
Si bien todavía se encuentra en etapa de exploración, aguarda cambios en la legislación vigente en la provincia. La Ley provincial 5001 prohíbe la minería de metales a cielo abierto, resultado del plebiscito de 2003 impulsado desde Esquel.
“La lucha por una vida sin megaminería viene encendida desde hace tiempo. La defensa del territorio y sus bienes no se abandonan; el fuego quedó encendido y este sábado iluminará la marcha de los pobladores de la meseta, acompañados por vecinos de Trelew, Comodoro, Sarmiento y todos los que puedan acercarse”, indicaron desde la asamblea.
Fecha de Publicación: 05/11/2010
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
La Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Gan Gan anunció la actividad, que será similar a la desarrollada en setiembre último. Caminarán por las calles de esa localidad de la meseta e intentarán llegar hasta los galpones del yacimiento Navidad.
Mañana a la tarde se realizará en Gan-Gan una nueva marcha contra la megaminería y en rechazo del avance del proyecto Navidad, que conduce Pan American Silver. Irán con antorchas manifestando el concepto de que la meseta debe ser una zona de sacrificio.
Después de la marcha de antorchas de setiembre último, quedó conformada la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Gan Gan. Ahora, esta organización junto a comunidades mapuche-tehuelches de la meseta, convocan a la marcha por las calles de Gan-Gan hasta llegar a los galpones del emprendimiento minero.
La Asamblea de Gan Gan viene reuniendo activistas los sábados, generando espacios de discusión, difusión, compartiendo información con el resto de la población y fundamentalmente buscando organizarse respecto del conflicto minero.
Los organizadores de la movilización afirmaron que “la empresa minera fue la encargada de instalar miedo y mentiras en la pequeña comunidad de la meseta, cuando estuvo anunciada la marcha anterior: que se generarían hechos de violencia, que se quemarían camionetas, alertando a los vecinos que no salieran a la calle, etc, etc. Así y todo, los pobladores, viendo la manifestación, se animaron y acompañaron”.
Entre las localidades de Gan-Gan y Gastre se ubica el mega proyecto minero de la empresa canadiense Pan American Silver. Conocido como “Navidad”, el yacimiento tiene recursos probados de plata y plomo que lo convierten en uno de los más grandes del mundo.
Si bien todavía se encuentra en etapa de exploración, aguarda cambios en la legislación vigente en la provincia. La Ley provincial 5001 prohíbe la minería de metales a cielo abierto, resultado del plebiscito de 2003 impulsado desde Esquel.
“La lucha por una vida sin megaminería viene encendida desde hace tiempo. La defensa del territorio y sus bienes no se abandonan; el fuego quedó encendido y este sábado iluminará la marcha de los pobladores de la meseta, acompañados por vecinos de Trelew, Comodoro, Sarmiento y todos los que puedan acercarse”, indicaron desde la asamblea.
Sin fondos para bosques
Tres provincias aseguran que faltan fondos para ejecutar la ley de bosques
Fecha de Publicación: 04/11/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Dicen que para el 2011 se asignó sólo el 27% de la partida de dinero prevista.
Los gobernadores de Salta, Santa Fe y Tierra del Fuego reclamaron por carta a la Cámara de Diputados que el Presupuesto Nacional 2011 incluya la totalidad de los fondos contemplados en la Ley de Bosques, ya que la partida prevista se reduce al 27%. El mismo pedido había realizado en octubre el Consejo Federal de Medio Ambiente, respaldado ahora por más de 40 organizaciones.
La Ley 26.331 prevé la conformación de un fideicomiso integrado por al menos el 0,3% del presupuesto nacional, lo que para 2011 implica un mínimo de 1.119 millones de pesos. Ese Fondo Nacional para el Enriquecimiento y Conservación de Bosques Nativos tiene dos fines: el 70% debe compensar a los propietarios de bosques que realicen tareas de conservación y manejo sostenible; y el 30% tiene que ser destinado a fortalecer la capacidad técnica y de control de las provincias, y a fomentar las actividades de los pequeños productores rurales y comunidades indígenas.
Pero el Presupuesto 2011 asignó a ese Fondo sólo 300 millones, o sea, un 27% de lo que marca la ley. Además, la ley obliga a sumarle el 2% de las retenciones a las exportaciones de productos agrícolas, ganaderos y forestales, con lo que el total debería acercarse a los 1.800 millones de pesos.
Ya para este año se había incluido sólo 300 millones, que tampoco llegaron a las provincias. “Se desviaron 88 millones para un programa experimental para el manejo de bosques fiscales y de reservas”, observa Hernán Giardini, de Greenpeace. “Fue por resolución, y no son lo mismo que la aplicación del Fondo”, coincide el ministro de Ambiente de Salta, Francisco López Sastre.
“Otros 144 millones del presupuesto de la Secretaría de Ambiente fueron desviados por la Jefatura de Gabinete para pagar ‘Fútbol para todos’; no sabemos cuánto se sacó del Fondo de Bosques”, agrega Giardini. “En agosto dijeron que quedaban 94 millones; nos prometieron 23, que aún no llegaron”, se queja López Sastre.
El secretario de Ambiente de Tierra del Fuego, Nicolás Lucas, considera que la suma presupuestada es suficiente, y que algunas provincias todavía “no tienen la capacidad técnica y administrativa de ejecutar” un monto mayor. Aún así, la gobernadora Fabiana Ríos adhirió solidariamente al reclamo, al igual que su par Hermes Binner: “Conceptualmente, esa plata tiene que estar. No queremos el corrimiento de la frontera agrícola, y debemos compensar a quienes conserven los bosques”, afirma el secretario de Medio Ambiente de Santa Fe, César Mackler.
Clarín quiso consultar a la Secretaría de Ambiente de la Nación, pero el vocero, Mario Migliorati, señaló que “no brindará información al respecto, dado que las preguntas se están contestando a través del Sistema de Información Pública”. En ese sentido, instó a la cronista a presentar el correspondiente formulario por ventanilla.
“Sin el financiamiento se hace muy difícil cumplir con el ordenamiento territorial –plantea el ministro de Ambiente de Salta–. Esto genera tensiones sociales, económicas y ambientales”.
Fecha de Publicación: 04/11/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Dicen que para el 2011 se asignó sólo el 27% de la partida de dinero prevista.
Los gobernadores de Salta, Santa Fe y Tierra del Fuego reclamaron por carta a la Cámara de Diputados que el Presupuesto Nacional 2011 incluya la totalidad de los fondos contemplados en la Ley de Bosques, ya que la partida prevista se reduce al 27%. El mismo pedido había realizado en octubre el Consejo Federal de Medio Ambiente, respaldado ahora por más de 40 organizaciones.
La Ley 26.331 prevé la conformación de un fideicomiso integrado por al menos el 0,3% del presupuesto nacional, lo que para 2011 implica un mínimo de 1.119 millones de pesos. Ese Fondo Nacional para el Enriquecimiento y Conservación de Bosques Nativos tiene dos fines: el 70% debe compensar a los propietarios de bosques que realicen tareas de conservación y manejo sostenible; y el 30% tiene que ser destinado a fortalecer la capacidad técnica y de control de las provincias, y a fomentar las actividades de los pequeños productores rurales y comunidades indígenas.
Pero el Presupuesto 2011 asignó a ese Fondo sólo 300 millones, o sea, un 27% de lo que marca la ley. Además, la ley obliga a sumarle el 2% de las retenciones a las exportaciones de productos agrícolas, ganaderos y forestales, con lo que el total debería acercarse a los 1.800 millones de pesos.
Ya para este año se había incluido sólo 300 millones, que tampoco llegaron a las provincias. “Se desviaron 88 millones para un programa experimental para el manejo de bosques fiscales y de reservas”, observa Hernán Giardini, de Greenpeace. “Fue por resolución, y no son lo mismo que la aplicación del Fondo”, coincide el ministro de Ambiente de Salta, Francisco López Sastre.
“Otros 144 millones del presupuesto de la Secretaría de Ambiente fueron desviados por la Jefatura de Gabinete para pagar ‘Fútbol para todos’; no sabemos cuánto se sacó del Fondo de Bosques”, agrega Giardini. “En agosto dijeron que quedaban 94 millones; nos prometieron 23, que aún no llegaron”, se queja López Sastre.
El secretario de Ambiente de Tierra del Fuego, Nicolás Lucas, considera que la suma presupuestada es suficiente, y que algunas provincias todavía “no tienen la capacidad técnica y administrativa de ejecutar” un monto mayor. Aún así, la gobernadora Fabiana Ríos adhirió solidariamente al reclamo, al igual que su par Hermes Binner: “Conceptualmente, esa plata tiene que estar. No queremos el corrimiento de la frontera agrícola, y debemos compensar a quienes conserven los bosques”, afirma el secretario de Medio Ambiente de Santa Fe, César Mackler.
Clarín quiso consultar a la Secretaría de Ambiente de la Nación, pero el vocero, Mario Migliorati, señaló que “no brindará información al respecto, dado que las preguntas se están contestando a través del Sistema de Información Pública”. En ese sentido, instó a la cronista a presentar el correspondiente formulario por ventanilla.
“Sin el financiamiento se hace muy difícil cumplir con el ordenamiento territorial –plantea el ministro de Ambiente de Salta–. Esto genera tensiones sociales, económicas y ambientales”.
Ley de Glaciares: cobertura de la suspensión
Esta vez el amparo fue para las mineras
Fecha de Publicación: 03/11/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: San Juan
El fallo firmado por el juez Miguel Angel Gálvez congeló los efectos de seis artículos de la norma. Fue a pedido de empresas mineras y gremios locales. La Corte Suprema deberá resolver si la ley es constitucional.
La Justicia de San Juan suspendió ayer la aplicación de la ley de Glaciares en respuesta a un reclamo presentado por empresas mineras y gremios locales. La medida, firmada por el juez federal Miguel Angel Gálvez, congeló los efectos de seis artículos de la norma y ahora la Corte Suprema deberá resolver si la ley promulgada el jueves por la presidenta Cristina Kirchner es constitucional. El titular de la Cámara Minera local, Jaime Bergé, celebró el fallo y expresó que “la Nación no tiene por qué legislar sobre algo que no le corresponde”, mientras que los senadores que votaron la iniciativa criticaron su interrupción. “No se entiende la decisión del juez”, expresó el kirchnerista Daniel Filmus.
La suspensión tuvo lugar un día después de que la Cámara Minera, la CGT y sindicatos de la rama presentaran un amparo aduciendo que la norma aprobada en el Congreso “avasalla las autonomías provinciales al querer fijar en qué zonas se puede trabajar y en cuáles no”, tal como indicó el abogado de los gremios, Carlos Cámpora. El letrado admitió que la presentación contó con el respaldo del gobernador de San Juan, José Luis Gioja. “El nos pidió esto, que no lo dejáramos solo”, aseguró. La resolución del juez Gálvez detuvo la vigencia de varios artículos clave, incluyendo aquellos que prohibían la actividad industrial y minera en la zona de alta montaña.
“Este es un lobby más que evidente de las empresas”, expresó a Página/12 el senador de Tierra del Fuego José Martínez. “Estamos plenamente convencidos de que la ley era necesaria y que el Congreso tiene facultades para imponer una serie de pautas mínimas”, agregó el legislador del ARI, que apoyó la iniciativa promulgada el jueves pasado. Su compañera de banca, María Rosa Díaz, dijo que “el punto más importante que objeta el fallo es el artículo 2, que define la zona protegida en glaciar y periglaciar, justamente lo que más peleamos en el recinto”.
De acuerdo con la senadora, quienes se oponen a la ley parten de una mala lectura de la reforma constitucional de 1994, que les otorgó a las provincias cierta potestad sobre los recursos naturales. “Cuando los gobernadores vienen a hablar a veces me dan miedo. Me los imagino en la Media Luna boliviana (la región donde años atrás varios prefectos intentaron separarse del resto del país). Lo suyo es un federalismo mal entendido”, se lamentó. En el mismo sentido, el senador oficialista Daniel Filmus –quien consensuó junto al opositor Miguel Bonasso el proyecto de ley que finalmente se terminó aprobando– destacó la validez de la legislación nacional sobre la materia y también repudió la suspensión. “Reservas de agua en peligro. ¡Hay que proteger los glaciares!”, insistió en su cuenta de Twitter.
Por último, la organización Greenpeace rechazó el fallo y aseguró que “se trata de una arbitrariedad ya que la ley nacional tiene preponderancia sobre la ley provincial”, de acuerdo con el principio constitucional de las leyes de presupuestos mínimos. El director de campañas de la organización, Juan Carlos Vilallonga, acusó a las empresas mineras de haberse “autoincriminado, porque si fuese cierto que no hay impactos de sus actividades en áreas de glaciares no estarían pidiendo la suspensión de la ley”.
El juez que concedió la cautelar, Miguel Angel Gálvez, fue uno de los magistrados que firmó el cuestionado fallo que apartó al juez Walter Bento de la causa contra los camaristas mendocinos Otilio Romano y Luis Miret, imputados de complicidad y participación en crímenes de la dictadura. Dentro de unos días vence su mandato dentro del Consejo de la Magistratura, donde se desempeñó como representante de los jueces. Fue él el encargado de comunicar la resolución al procurador general de la Nación y al gobierno provincial para pedirles que no aplicaran la norma en territorio sanjuanino mientras estuviera suspendida. Ahora el caso quedará en manos de la Corte, que deberá expedirse sobre la cuestión de fondo.
Más Información:
- La Nación - La Justicia suspendió la ley de glaciares
- Clarín - La Justicia frenó la aplicación de 6 artículos de la ley de Glaciares
- El Ancasti - Suspenden en San Juan la ley de Glaciares que afecta la minería
- Diario de Cuyo - César Gioja por glaciares: “Filmus no entendió nada”
- Diario de Cuyo - Greenpeace: mineros confiesan "su culpabilidad con estos reclamos”
- Ambito - Previsible: más provincias irán a la Justicia contra ley minera
Por fin se pusieron las pilas
Por fin se pusieron las pilas
Fecha de Publicación: 03/11/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Una campaña de la organización ambientalista Greenpeace culminó con el compromiso de las dos principales empresas importadoras de pilas en la Argentina, Duracell y Energizer, para hacerse cargo de la exportación y el reciclado de 10 toneladas de baterías que habían sido recolectadas en una campaña del gobierno porteño. Las dos empresas hicieron explícito ese compromiso en un convenio que sus representantes firmaron ayer con el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, y su ministro de Ambiente y Espacio Público, Diego Santilli.
María Eugenia Testa, directora Política de Greenpeace, dijo a Página/12 que la campaña pública se inició a fines de julio con sendas “cartas a las empresas, y acciones en la vía pública como la instalación de una pila gigante en el Obelisco, el reparto de volantes y mediante reclamos a través de las redes sociales, de las que participaron más de 100 mil personas”.
El reclamo consistía en pedir a las empresas “que se hicieran cargo de los residuos que ellas generaban, como están obligadas a hacer en sus países de origen”. Ambas empresas, que concentran la comercialización del 80 por ciento de las pilas en todo el país, son de origen norteamericano.
El gobierno porteño, a través de la Agencia de Protección Ambiental, había promovido una campaña de recolección de pilas a través de los CGP, que quedó trunca dado que vecinos de la provincia de Córdoba rechazaron el envío de los residuos a esa provincia, como había acordado el Gobierno de la Ciudad. Las 10 toneladas de pilas están desde entonces almacenadas en un depósito del barrio de Flores.
Ahora, mediante el acta firmada ayer, las empresas Procter & Gamble (Duracell) y Energizer se comprometen a hacerse cargo de los costos y la logística de la exportación y el reciclado en una planta de un país europeo. No se informaron los costos, pero la directora de Greenpeace estimó que no superarían los 65 mil pesos, de acuerdo con los presupuestos solicitados por la organización, contra los 72.600 que costaba almacenarlos en la provincia de Córdoba.
Las empresas se hacen cargo de las 10 toneladas de pilas pero no de la futura generación de ese tipo de residuos, cuyo destino dependerá de la sanción de una ley de gestión ambiental de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos”, afirmó Testa. Se trata de un proyecto presentado por el senador Daniel Filmus que, de aprobarse, crearía el marco para la instalación en el país de industrias destinadas al reciclado de materiales de aparatos descartados, los cuales hoy en su mayoría van a parar a rellenos sanitarios. Esas plantas también podrían encarar el reciclado de las pilas usadas. A instancias de Greenpeace, Duracell y Energizer se comprometieron además a apoyar la sanción de ese proyecto de ley.
“Es necesario que para este tipo de residuos se establezca el principio de responsabilidad extendida del productor: los fabricantes e importadores deben hacerse cargo de esos artefactos una vez finalizada su vida útil”, explicó la directora de Greenpeace a este diario.
Esa responsabilidad del productor, contemplada en el proyecto de Filmus, se materializa mediante un aporte de las empresas fabricantes o importadoras, para que no sea toda la sociedad la que pague el costo ambiental producido por esos desechos.
Fecha de Publicación: 03/11/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Una campaña de la organización ambientalista Greenpeace culminó con el compromiso de las dos principales empresas importadoras de pilas en la Argentina, Duracell y Energizer, para hacerse cargo de la exportación y el reciclado de 10 toneladas de baterías que habían sido recolectadas en una campaña del gobierno porteño. Las dos empresas hicieron explícito ese compromiso en un convenio que sus representantes firmaron ayer con el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, y su ministro de Ambiente y Espacio Público, Diego Santilli.
María Eugenia Testa, directora Política de Greenpeace, dijo a Página/12 que la campaña pública se inició a fines de julio con sendas “cartas a las empresas, y acciones en la vía pública como la instalación de una pila gigante en el Obelisco, el reparto de volantes y mediante reclamos a través de las redes sociales, de las que participaron más de 100 mil personas”.
El reclamo consistía en pedir a las empresas “que se hicieran cargo de los residuos que ellas generaban, como están obligadas a hacer en sus países de origen”. Ambas empresas, que concentran la comercialización del 80 por ciento de las pilas en todo el país, son de origen norteamericano.
El gobierno porteño, a través de la Agencia de Protección Ambiental, había promovido una campaña de recolección de pilas a través de los CGP, que quedó trunca dado que vecinos de la provincia de Córdoba rechazaron el envío de los residuos a esa provincia, como había acordado el Gobierno de la Ciudad. Las 10 toneladas de pilas están desde entonces almacenadas en un depósito del barrio de Flores.
Ahora, mediante el acta firmada ayer, las empresas Procter & Gamble (Duracell) y Energizer se comprometen a hacerse cargo de los costos y la logística de la exportación y el reciclado en una planta de un país europeo. No se informaron los costos, pero la directora de Greenpeace estimó que no superarían los 65 mil pesos, de acuerdo con los presupuestos solicitados por la organización, contra los 72.600 que costaba almacenarlos en la provincia de Córdoba.
Las empresas se hacen cargo de las 10 toneladas de pilas pero no de la futura generación de ese tipo de residuos, cuyo destino dependerá de la sanción de una ley de gestión ambiental de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos”, afirmó Testa. Se trata de un proyecto presentado por el senador Daniel Filmus que, de aprobarse, crearía el marco para la instalación en el país de industrias destinadas al reciclado de materiales de aparatos descartados, los cuales hoy en su mayoría van a parar a rellenos sanitarios. Esas plantas también podrían encarar el reciclado de las pilas usadas. A instancias de Greenpeace, Duracell y Energizer se comprometieron además a apoyar la sanción de ese proyecto de ley.
“Es necesario que para este tipo de residuos se establezca el principio de responsabilidad extendida del productor: los fabricantes e importadores deben hacerse cargo de esos artefactos una vez finalizada su vida útil”, explicó la directora de Greenpeace a este diario.
Esa responsabilidad del productor, contemplada en el proyecto de Filmus, se materializa mediante un aporte de las empresas fabricantes o importadoras, para que no sea toda la sociedad la que pague el costo ambiental producido por esos desechos.
Juez suspendió parcialmente la ley de glaciares
Un juez de San Juan suspendió parcialmente la ley de glaciares
Fecha de Publicación: 02/11/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: San Juan
El magistrado alegó que "corresponde a las provincias el dominio de los recursos naturales de su territorio"; respondió a un reclamo de cámaras minerasEl juez federal nº 1 de San Juan, Miguel Ángel Gálvez, suspendió parcialmente la ley de glaciares recientemente sancionada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo el pasado 28 de octubre.
La resolución se basa en una presentación de una acción meramente declarativa de inconstitucionalidad de la ley 26.639 realizada por la Cámara Minera de San Juan; la Cámara de Servicios Mineros, CASEMI; AOMA y CGT Regional San Juan.
En su declaración, el magistrado explicó: "Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales", según establece el artículo 41 de la Constitución Nacional.
Gálvez apoya sus considerandos en el artículo 124 al sostener que "corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio".
La suspensión rige para los artículos 2, 3, 5, 6, 7 y 15 de la llamada ley de glaciares y sólo es de aplicación en San Juan.
En declaraciones a lanacion.com , el magistrado sostuvo que algunos artículos rozan la legislación provincial, lo que no debe suceder.
Ahora también deberá citar a la provincia como tercero interesado a pedido de los presentantes y correr traslado de la demanda al Estado nacional.
Fecha de Publicación: 02/11/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: San Juan
El magistrado alegó que "corresponde a las provincias el dominio de los recursos naturales de su territorio"; respondió a un reclamo de cámaras minerasEl juez federal nº 1 de San Juan, Miguel Ángel Gálvez, suspendió parcialmente la ley de glaciares recientemente sancionada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo el pasado 28 de octubre.
La resolución se basa en una presentación de una acción meramente declarativa de inconstitucionalidad de la ley 26.639 realizada por la Cámara Minera de San Juan; la Cámara de Servicios Mineros, CASEMI; AOMA y CGT Regional San Juan.
En su declaración, el magistrado explicó: "Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales", según establece el artículo 41 de la Constitución Nacional.
Gálvez apoya sus considerandos en el artículo 124 al sostener que "corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio".
La suspensión rige para los artículos 2, 3, 5, 6, 7 y 15 de la llamada ley de glaciares y sólo es de aplicación en San Juan.
En declaraciones a lanacion.com , el magistrado sostuvo que algunos artículos rozan la legislación provincial, lo que no debe suceder.
Ahora también deberá citar a la provincia como tercero interesado a pedido de los presentantes y correr traslado de la demanda al Estado nacional.
Ibarlucea dicen "basta" a las fumigaciones
Vecinos de Ibarlucea dicen "basta" a las fumigaciones con agrotóxicos
Fecha de Publicación: 01/11/2010
Fuente: La Capital (Rosario)
Provincia/Región: Santa Fe
Por tercera vez, vecinos autoconvocados de esta localidad y de La Criolla junto a la ONG Ecos de Romang, enviaron una nota al presidente comunal, Juan José Prino, para reclamar su intervención en cuanto a las fumigaciones a corta distancia del casco urbano y el manejo de agroquímicos dentro del mismo, en virtud que no existe ninguna ordenanza local que regule al respecto ni que adhiera a la ley provincial vigente (11.273). El reclamo responde también a la preocupación de los pobladores ante la libre circulación por las calles de los llamados “mosquitos” fumigadores y la detección de agrotóxicos en la sangre de un niño de 9 años.
La primera misiva, acompañada con más de 50 firmas de vecinos y remitida también a la Defensoría del Pueblo de Santa Fe y a la Comisión Nacional de Investigación fue enviada al mandatario el 17 de septiembre último, y en ella exigieron la “urgente prohibición de la circulación de esos equipos de fumigación en un radio mínimo de 1.500 metros de la zona poblada o urbana de nuestra localidad” y “garantizar una zona de resguardo ambiental que tenga un eficaz cumplimiento y acatamiento”. También piden “la urgente reglamentación vía ordenanza” de estos puntos.
El 22 de septiembre último, el jefe comunal recibió a los vecinos en su despacho, donde comunicó el grupo autoconvocado: “Se tuvo la oportunidad de ser escuchados y expresamos nuestras inquietudes”. La Intendencia se comprometió a tomar cartas en el asunto y a convocar a un nuevo encuentro a la brevedad, pero no cumplió, por lo que los vecinos y ONGs se lo recordaron en una segunda carta, el 7 de octubre último, también sin eco. La tercera nota exigiendo la atención del mandatario y una reunión de la comisión vecinal para tratar el tema fue presentada la semana pasada y aún no hay respuesta.
Intoxicados. Los resultados de los análisis practicados a un niño ibarlucense de 9 años para detectar piretroides en sangre fueron contundentes: en su organismo hay 1,4 ppb de lambdaciolatrina, un químico que se usa en insecticidas clasificados por el Senasa como clase 2, banda amarilla, es decir, nocivo para el hombre. Es que a dos cuadras de su casa, en un barrio periférico del casco urbano fumigan campos sembrados.
El niño debe recibir tratamiento en el área de Toxicología del hospital Víctor J. Vilela de Rosario, donde también están estudiando el funcionamiento de su hígado y riñones, para evaluar secuelas. Con estos resultados, desde el nosocomio elevarán un informe a la comuna de Ibarlucea. Desde ya, los profesionales “me dijeron que sus malestares y el veneno detectado en la sangre no se irán mientras sigan fumigando cerca de la casa”, comentó a La Capital su mamá, Celeste, quien teme también por la salud de sus otros dos hijos de 5 y 3 años, que “también cada dos por tres se enferman”.
Celeste atribuye gran parte de los padeceres de sus niños (fiebre, diarrea, malestar general, entre otros síntomas) a las fumigaciones, porque en general estos estados aparecen luego de esas prácticas en campos aledaños, y que usualmente se realizan por la noche. Cuando pidió a los responsables de los sembrados que no se fumigue tan cerca de su casa, le sugirieron que toda la familia “se encierre en la casa”.
Los vecinos comentan “que hasta el aplicador habría terminado descompuesto luego de una del último riego con agrotóxicos”.
Según consignaron los vecinos en una de las cartas enviadas a Prino, “los piretroides son irritantes locales y pulmonares. Dañan el sistema nervioso y en dosis muy altas provocan daño permanente y afectan los nervios de las extremidades. Los primeros síntomas son alergias, picazón intensa, manchas en la piel, sibilancias, broncoespasmo y dificultad para respirar”.
Sin legislar. La ley provincial 11.273 sobre el uso de fitosanitarios establece que todos municipios y comunas deben adherir a sus términos, a través de las ordenanzas correspondientes. Pero a 16 años de la sanción de la norma, esto se acató en pocas localidades como La Criolla, San Justo, San Martín Norte y San Jorge, y luego de grandes luchas de sus pobladores y defensores del medio ambiente.
En este sentido, la ONG Ecos de Romang, encabezada por la abogada bonaerense Graciela Gómez, acompaña estas causas y tiene por objetivo “lograr que todas las comunas y municipios de Santa Fe adhieran a la ley, ya que sólo un tercio ha legislado al respecto. “, afirmó la profesional.
Gómez apoya y asesora a los vecinos de Ibarlucea en su cruzada y responsabiliza a las autoridades locales por su inacción. “Hay muchas presiones en esto. El intendente es médico y sabe lo que dieron los análisis del nene intoxicado. Además, por ley de comunas tiene que pedir una reunión con la comisión y no la está haciendo” denunció.
“Hace 16 años que la ley está violándose, desconociendo el deber de velar por la salud de los vecinos y el incumplimiento de deberes de funcionario público”, sentenciaron los vecinos en el petitorio presentado el 17 de septiembre último.
Espera. En tanto, en la Cámara alta aún se evalúa una serie de modificaciones a la ley 11.273, especialmente en cuanto a las distancias de las zonas urbanizadas que los aplicadores deben respetar a la hora de fumigar, según la toxicidad del producto empleado y la técnica (aérea o terrestre).
Fecha de Publicación: 01/11/2010
Fuente: La Capital (Rosario)
Provincia/Región: Santa Fe
Por tercera vez, vecinos autoconvocados de esta localidad y de La Criolla junto a la ONG Ecos de Romang, enviaron una nota al presidente comunal, Juan José Prino, para reclamar su intervención en cuanto a las fumigaciones a corta distancia del casco urbano y el manejo de agroquímicos dentro del mismo, en virtud que no existe ninguna ordenanza local que regule al respecto ni que adhiera a la ley provincial vigente (11.273). El reclamo responde también a la preocupación de los pobladores ante la libre circulación por las calles de los llamados “mosquitos” fumigadores y la detección de agrotóxicos en la sangre de un niño de 9 años.
La primera misiva, acompañada con más de 50 firmas de vecinos y remitida también a la Defensoría del Pueblo de Santa Fe y a la Comisión Nacional de Investigación fue enviada al mandatario el 17 de septiembre último, y en ella exigieron la “urgente prohibición de la circulación de esos equipos de fumigación en un radio mínimo de 1.500 metros de la zona poblada o urbana de nuestra localidad” y “garantizar una zona de resguardo ambiental que tenga un eficaz cumplimiento y acatamiento”. También piden “la urgente reglamentación vía ordenanza” de estos puntos.
El 22 de septiembre último, el jefe comunal recibió a los vecinos en su despacho, donde comunicó el grupo autoconvocado: “Se tuvo la oportunidad de ser escuchados y expresamos nuestras inquietudes”. La Intendencia se comprometió a tomar cartas en el asunto y a convocar a un nuevo encuentro a la brevedad, pero no cumplió, por lo que los vecinos y ONGs se lo recordaron en una segunda carta, el 7 de octubre último, también sin eco. La tercera nota exigiendo la atención del mandatario y una reunión de la comisión vecinal para tratar el tema fue presentada la semana pasada y aún no hay respuesta.
Intoxicados. Los resultados de los análisis practicados a un niño ibarlucense de 9 años para detectar piretroides en sangre fueron contundentes: en su organismo hay 1,4 ppb de lambdaciolatrina, un químico que se usa en insecticidas clasificados por el Senasa como clase 2, banda amarilla, es decir, nocivo para el hombre. Es que a dos cuadras de su casa, en un barrio periférico del casco urbano fumigan campos sembrados.
El niño debe recibir tratamiento en el área de Toxicología del hospital Víctor J. Vilela de Rosario, donde también están estudiando el funcionamiento de su hígado y riñones, para evaluar secuelas. Con estos resultados, desde el nosocomio elevarán un informe a la comuna de Ibarlucea. Desde ya, los profesionales “me dijeron que sus malestares y el veneno detectado en la sangre no se irán mientras sigan fumigando cerca de la casa”, comentó a La Capital su mamá, Celeste, quien teme también por la salud de sus otros dos hijos de 5 y 3 años, que “también cada dos por tres se enferman”.
Celeste atribuye gran parte de los padeceres de sus niños (fiebre, diarrea, malestar general, entre otros síntomas) a las fumigaciones, porque en general estos estados aparecen luego de esas prácticas en campos aledaños, y que usualmente se realizan por la noche. Cuando pidió a los responsables de los sembrados que no se fumigue tan cerca de su casa, le sugirieron que toda la familia “se encierre en la casa”.
Los vecinos comentan “que hasta el aplicador habría terminado descompuesto luego de una del último riego con agrotóxicos”.
Según consignaron los vecinos en una de las cartas enviadas a Prino, “los piretroides son irritantes locales y pulmonares. Dañan el sistema nervioso y en dosis muy altas provocan daño permanente y afectan los nervios de las extremidades. Los primeros síntomas son alergias, picazón intensa, manchas en la piel, sibilancias, broncoespasmo y dificultad para respirar”.
Sin legislar. La ley provincial 11.273 sobre el uso de fitosanitarios establece que todos municipios y comunas deben adherir a sus términos, a través de las ordenanzas correspondientes. Pero a 16 años de la sanción de la norma, esto se acató en pocas localidades como La Criolla, San Justo, San Martín Norte y San Jorge, y luego de grandes luchas de sus pobladores y defensores del medio ambiente.
En este sentido, la ONG Ecos de Romang, encabezada por la abogada bonaerense Graciela Gómez, acompaña estas causas y tiene por objetivo “lograr que todas las comunas y municipios de Santa Fe adhieran a la ley, ya que sólo un tercio ha legislado al respecto. “, afirmó la profesional.
Gómez apoya y asesora a los vecinos de Ibarlucea en su cruzada y responsabiliza a las autoridades locales por su inacción. “Hay muchas presiones en esto. El intendente es médico y sabe lo que dieron los análisis del nene intoxicado. Además, por ley de comunas tiene que pedir una reunión con la comisión y no la está haciendo” denunció.
“Hace 16 años que la ley está violándose, desconociendo el deber de velar por la salud de los vecinos y el incumplimiento de deberes de funcionario público”, sentenciaron los vecinos en el petitorio presentado el 17 de septiembre último.
Espera. En tanto, en la Cámara alta aún se evalúa una serie de modificaciones a la ley 11.273, especialmente en cuanto a las distancias de las zonas urbanizadas que los aplicadores deben respetar a la hora de fumigar, según la toxicidad del producto empleado y la técnica (aérea o terrestre).
Presentan plan de monitoreo sobre Botnia
Presentan plan de monitoreo sobre Botnia y el río Uruguay
Fecha de Publicación: 01/11/2010
Fuente: ADN
Provincia/Región: Entre Ríos
El plan de vigilancia que realizarán científicos argentinos y uruguayos en torno a UPM (ex Botnia) se dará a conocer mañana ante la Comisión Administradora del Río Uruguay, órgano encargado de revisar y aprobar ese proyecto.
Como consecuencia de que el plan de monitoreo conjunto aún no fue aprobado, pese al anuncio de la puesta en marcha del monitoreo a principios de octubre, no se ha podido tomar ninguna muestra para estudiar la eventual contaminación de la pastera.
Además, sin ese proyecto no se puede decidir qué laboratorios y qué organismo público será responsable de realizar los análisis ambientales.
Por esas dos razones, la CARU tiene en sus manos una determinación de importancia para la investigación en torno a la posible contaminación de la ex Botnia.
Mañana, el organismo binacional recibirá las carpetas que contienen el proyecto, le dará entrada y girará copia a las delegaciones de cada país con el objetivo de que sean estudiadas.
En caso de que no tengan ninguna observación, las delegaciones se reunirán en plenario para sellar el acuerdo y recién ahí será el momento de darlo a conocer públicamente de manera oficial.
El informe científico de cómo será el monitoreo deberá señalar además qué organismo o universidad realizará los análisis, luego la CARU deberá tomar contacto con esos laboratorios y se deberá rubricar un convenio.
Por eso, se calcula que el monitoreo como tal no comenzará hasta marzo o abril del próximo año.
Los cancilleres de ambos países, el uruguayo Luis Almagro y el argentino Héctor Timerman, coincidieron en varias oportunidades que es momento de "dejar actuar" a la ciencia.
El pasado 6 de octubre, el comité científico que reporta a la CARU ingresó a la planta de celulosa, pero fue una visita preparatoria, dado que no estaban las condiciones institucionales ni técnicas para realizar la toma de muestra alguna.
Lo mismo ocurrió con la recorrida que realizó dicho comité el 20 de octubre en el río Gualeguaychú, a bordo de las embarcaciones del organismo "Río de los Pájaros" y "Río de los caracoles".
Fecha de Publicación: 01/11/2010
Fuente: ADN
Provincia/Región: Entre Ríos
El plan de vigilancia que realizarán científicos argentinos y uruguayos en torno a UPM (ex Botnia) se dará a conocer mañana ante la Comisión Administradora del Río Uruguay, órgano encargado de revisar y aprobar ese proyecto.
Como consecuencia de que el plan de monitoreo conjunto aún no fue aprobado, pese al anuncio de la puesta en marcha del monitoreo a principios de octubre, no se ha podido tomar ninguna muestra para estudiar la eventual contaminación de la pastera.
Además, sin ese proyecto no se puede decidir qué laboratorios y qué organismo público será responsable de realizar los análisis ambientales.
Por esas dos razones, la CARU tiene en sus manos una determinación de importancia para la investigación en torno a la posible contaminación de la ex Botnia.
Mañana, el organismo binacional recibirá las carpetas que contienen el proyecto, le dará entrada y girará copia a las delegaciones de cada país con el objetivo de que sean estudiadas.
En caso de que no tengan ninguna observación, las delegaciones se reunirán en plenario para sellar el acuerdo y recién ahí será el momento de darlo a conocer públicamente de manera oficial.
El informe científico de cómo será el monitoreo deberá señalar además qué organismo o universidad realizará los análisis, luego la CARU deberá tomar contacto con esos laboratorios y se deberá rubricar un convenio.
Por eso, se calcula que el monitoreo como tal no comenzará hasta marzo o abril del próximo año.
Los cancilleres de ambos países, el uruguayo Luis Almagro y el argentino Héctor Timerman, coincidieron en varias oportunidades que es momento de "dejar actuar" a la ciencia.
El pasado 6 de octubre, el comité científico que reporta a la CARU ingresó a la planta de celulosa, pero fue una visita preparatoria, dado que no estaban las condiciones institucionales ni técnicas para realizar la toma de muestra alguna.
Lo mismo ocurrió con la recorrida que realizó dicho comité el 20 de octubre en el río Gualeguaychú, a bordo de las embarcaciones del organismo "Río de los Pájaros" y "Río de los caracoles".
Santa Fe ya tiene su primer parque nacional
Santa Fe ya tiene su primer parque nacional
Fecha de Publicación: 31/10/2010
Fuente: Telam
Provincia/Región: Santa Fe
Una decena de islas y diversos humedales que abarcan una extensión de casi 3.000 hectáreas en el delta del Paraná, integrarán el parque nacional “Islas de Santa Fe”, el primero en esa provincia, que estará ubicado cerca de las localidades de San Fabián y Puerto Gaboto.
El área comprende una amplia zona de 2.900 hectáreas, con atractivos paisajes de agua, islas, pastizales, bosques ribereños, flora y fauna, que fue cedida por el gobierno santafesino al Estado nacional y puesta bajo la jurisdicción de la Administración Nacional de Parques Nacionales (APN).
El parque “Islas de Santa Fe” comprende las islas Campo El Rico, Mabel o Chingolo, La Gallina, El Conscripto, El Lago, Del Medio o De Lillo, El Alisillar y Pajas Blancas.
La protección del área permitirá conservar una de las regiones naturales con mayor biodiversidad en el país y el importante humedal que conforman el sistema hídrico de los ríos Paraguay y Paraná y la Ecoregión del Delta e Islas del Paraná.
Posibilitará también garantizar la integridad ecológica del sistema de islas y cuerpos de agua de escasa profundidad, que constituyen los nichos de cría y desarrollo de numerosas especies ictícolas, el hábitat de aves acuáticas y el recurso de sobrevivencia de reptiles, anfibios y mamíferos.
Con anterioridad a la cesión dispuesta por el gobierno santafesino, una Comisión integrada por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Santa Fe, el Ente Administrador Puerto de Santa Fe, la Universidad Nacional del Litoral y la Fundación Hábitat y Desarrollo, estudió los alcances de la creación del nuevo parque.
El área fue aceptada recientemente por el Estado nacional mediante una ley dictada por el Congreso y la presidenta de APN, Patricia Gandini, manifestó su satisfacción por la creación del nuevo Parque Nacional.
La funcionaria destacó que la política de desarrollo turístico, implementada el ministro de Turismo, Enrique Meyer, ”se apoya en la conservación de nuestro patrimonio natural”.
El nuevo parque albergará una variada fauna, conformada principalmente por carpinchos, nutrias y yacarés, además de la fauna ictícola y la gran variedad de aves.
También se destacan distintas especies vegetales como el irupé y arbóreas como el sauce, el timbó y sangre de Drago, entre otras.
El nuevo espacio conservacionista permitirá desarrollar el turismo de naturaleza en el lugar, asegurar el uso sustentable de ese recurso y garantizar la sustentabilidad de las actividades pastoriles, apícolas y de pesca deportiva y artesanal.
Significa, además, un cambio sustancial en el manejo santafesino de la biodiversidad, que concreta el más importante activo ambiental provincial a orillas del Paraná.
El “Islas de Santa Fe” eleva a 38 los parques nacionales del país, tres de los cuales -las Cataratas del Iguazú, el Cañón de Talampaya y Los Glaciares-, han sido declarados Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO.
Fecha de Publicación: 31/10/2010
Fuente: Telam
Provincia/Región: Santa Fe
Una decena de islas y diversos humedales que abarcan una extensión de casi 3.000 hectáreas en el delta del Paraná, integrarán el parque nacional “Islas de Santa Fe”, el primero en esa provincia, que estará ubicado cerca de las localidades de San Fabián y Puerto Gaboto.
El área comprende una amplia zona de 2.900 hectáreas, con atractivos paisajes de agua, islas, pastizales, bosques ribereños, flora y fauna, que fue cedida por el gobierno santafesino al Estado nacional y puesta bajo la jurisdicción de la Administración Nacional de Parques Nacionales (APN).
El parque “Islas de Santa Fe” comprende las islas Campo El Rico, Mabel o Chingolo, La Gallina, El Conscripto, El Lago, Del Medio o De Lillo, El Alisillar y Pajas Blancas.
La protección del área permitirá conservar una de las regiones naturales con mayor biodiversidad en el país y el importante humedal que conforman el sistema hídrico de los ríos Paraguay y Paraná y la Ecoregión del Delta e Islas del Paraná.
Posibilitará también garantizar la integridad ecológica del sistema de islas y cuerpos de agua de escasa profundidad, que constituyen los nichos de cría y desarrollo de numerosas especies ictícolas, el hábitat de aves acuáticas y el recurso de sobrevivencia de reptiles, anfibios y mamíferos.
Con anterioridad a la cesión dispuesta por el gobierno santafesino, una Comisión integrada por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Santa Fe, el Ente Administrador Puerto de Santa Fe, la Universidad Nacional del Litoral y la Fundación Hábitat y Desarrollo, estudió los alcances de la creación del nuevo parque.
El área fue aceptada recientemente por el Estado nacional mediante una ley dictada por el Congreso y la presidenta de APN, Patricia Gandini, manifestó su satisfacción por la creación del nuevo Parque Nacional.
La funcionaria destacó que la política de desarrollo turístico, implementada el ministro de Turismo, Enrique Meyer, ”se apoya en la conservación de nuestro patrimonio natural”.
El nuevo parque albergará una variada fauna, conformada principalmente por carpinchos, nutrias y yacarés, además de la fauna ictícola y la gran variedad de aves.
También se destacan distintas especies vegetales como el irupé y arbóreas como el sauce, el timbó y sangre de Drago, entre otras.
El nuevo espacio conservacionista permitirá desarrollar el turismo de naturaleza en el lugar, asegurar el uso sustentable de ese recurso y garantizar la sustentabilidad de las actividades pastoriles, apícolas y de pesca deportiva y artesanal.
Significa, además, un cambio sustancial en el manejo santafesino de la biodiversidad, que concreta el más importante activo ambiental provincial a orillas del Paraná.
El “Islas de Santa Fe” eleva a 38 los parques nacionales del país, tres de los cuales -las Cataratas del Iguazú, el Cañón de Talampaya y Los Glaciares-, han sido declarados Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO.
Buscan que la educación ambiental sea ley
Buscan que la educación ambiental sea ley en todo el país
Fecha de Publicación: 31/10/2010
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Nacional
Diputados de la Nación discuten en comisiones un proyecto que respalda la tarea de cientos de organizaciones, escuelas, empresas y gobiernos que, hasta el momento, promueven la educación ambiental de manera espontánea y voluntaria.
La iniciativa pretende “unificar criterios” y “garantizar la política educativo-ambiental”, según reza el texto en cuestión. El antecedente más cercano había obtenido media sanción de la Cámara Baja en 2007 pero el Senado nunca lo trató. Ahora son diputados de los partidos Libres del Sur, Socialista, Proyecto Sur y Sí por la Unidad Popular quienes reimpulsan el proyecto.
Estos legisladores fundamentan que los problemas ambientales como la pérdida de especies y del patrimonio cultural de los pueblos, la escasez de agua segura, la desertificación, la minería a cielo abierto y la contaminación con agroquímicos, entre otros, son “de tal complejidad que resultan inéditas en la historia de la humanidad”.
Además, identifican que el origen de estos problemas está en el modelo de desarrollo actual, los valores que lo sostienen y el principal dispositivo que lo legitima: “la fragmentación y homogeneización del conocimiento”.
Por ello proponen crear una comisión que esté integrada por representantes nacionales y regionales, de las áreas de Educación, Ambiente y Ciencia que elabore y sostenga una Estrategia Nacional de Educación Ambiental. La meta es propiciar “un aprendizaje para la sustentabilidad”, fundamental para construir “una sociedad diferente, justa, participativa y diversa”.
Guillermo Priotto, coordinador de la Unidad de Educación Ambiental de la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales de la Nación, expresó: “desde hace diez años que venimos trabajando en esto”, ratificando el apoyo de su cartera al proyecto de ley.
Sin embargo, el Ministerio de Educación no actuó de igual forma, porque considera que la Educación Ambiental es una didáctica específica que ya está contemplada en la Constitución Nacional (artículo 41), la Ley General del Ambiente y la Ley de Educación. Aunque el motivo de fondo, según fuentes oficiales, es que el Ministerio no asume las críticas.
Variedad de experiencias
La Secretaría de Ambiente aloja en su sitio web un registro público de experiencias de Educación Ambiental llamado “Memoria Colectiva”. Allí se puede ver más de 120 historias clasificadas por región, tema, tipo de actividad y actores sociales involucrados.
Priotto aseguró que aún quedan muchas por publicarse y la convocatoria sigue abierta. Docentes, miembros de organizaciones sociales, equipos de voluntarios de empresas y funcionarios públicos pueden enviar su experiencia o consultar las buenas prácticas desarrolladas en distintos puntos del país.
Dado que el ambiente atraviesa todos los aspectos de la vida, hay ejemplos de Educación Ambiental aplicables tanto en el aula, como en el trabajo, la municipalidad o el barrio entero. Al mismo tiempo, el territorio argentino es tan diverso que una consigna puede tener múltiples respuestas según la idiosincrasia del lugar.
En la provincia de Buenos Aires, hay escuelas técnicas que estrecharon alianzas con universidades locales u organismos como el INTI o el INTA. Así los estudiantes aplicaron sus conocimientos en un proyecto por el que recuperan el aceite usado en los restaurantes de su barrio, lo reciclan, lo transforman en combustible para vehículos diesel y lo venden a un precio simbólico a los vecinos o a la tropilla municipal.
Programas como el de EcoEducArte ofrecen un buen complemento didáctico para las maestras que quieren introducir la Educación Ambiental al aula pero no saben bien cómo. Por su parte, la fundación Cascos Verdes forma a jóvenes con discapacidad intelectual que a su vez enseñan en escuelas de la Ciudad de Buenos Aires a separar los residuos, en coordinación con el gobierno porteño y la cooperativa de cartoneros “El Ceibo”.
En el ámbito estatal, la Agencia Ambiental de La Plata inauguró el primer edificio público sustentable del país: se construyó con materiales ecológicos, se autoabastece de energía solar y eólica y procesa sus efluentes. Además de cumplir con su función administrativa, realizará visitas didácticas, promoviendo la Educación Ambiental con el ejemplo.
Pero así como hay casos loables, también hubo malas experiencias. El doctor Edgar González Gaudiano, miembro de la Academia Nacional de Educación Ambiental de México, advirtió en el VI Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental: “como dicen en la Argentina, también hay mucho de chamullo”.
Estos casos frustrantes están relacionados con la falta de coherencia y continuidad. Por eso los defensores del proyecto aducen que la Ley de Educación Ambiental brindaría un marco institucional para evitar actividades “intuitivas, confusas e incluso contradictorias”.
Priotto agregó que la aplicación de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental no será verticalista porque “propone participación en cada instancia (provincial y municipal) de modo que responda a la demanda que no es cubierta por los diferentes medios, sean ONG, medios de difusión, empresas, escuelas, etc.”
En este sentido, lo que está en debate es el rol de la educación como engranaje hacia una sociedad más equitativa que se sustente en modos de desarrollo respetuosos con la diversidad biológica y cultural.
Fecha de Publicación: 31/10/2010
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Nacional
Diputados de la Nación discuten en comisiones un proyecto que respalda la tarea de cientos de organizaciones, escuelas, empresas y gobiernos que, hasta el momento, promueven la educación ambiental de manera espontánea y voluntaria.
La iniciativa pretende “unificar criterios” y “garantizar la política educativo-ambiental”, según reza el texto en cuestión. El antecedente más cercano había obtenido media sanción de la Cámara Baja en 2007 pero el Senado nunca lo trató. Ahora son diputados de los partidos Libres del Sur, Socialista, Proyecto Sur y Sí por la Unidad Popular quienes reimpulsan el proyecto.
Estos legisladores fundamentan que los problemas ambientales como la pérdida de especies y del patrimonio cultural de los pueblos, la escasez de agua segura, la desertificación, la minería a cielo abierto y la contaminación con agroquímicos, entre otros, son “de tal complejidad que resultan inéditas en la historia de la humanidad”.
Además, identifican que el origen de estos problemas está en el modelo de desarrollo actual, los valores que lo sostienen y el principal dispositivo que lo legitima: “la fragmentación y homogeneización del conocimiento”.
Por ello proponen crear una comisión que esté integrada por representantes nacionales y regionales, de las áreas de Educación, Ambiente y Ciencia que elabore y sostenga una Estrategia Nacional de Educación Ambiental. La meta es propiciar “un aprendizaje para la sustentabilidad”, fundamental para construir “una sociedad diferente, justa, participativa y diversa”.
Guillermo Priotto, coordinador de la Unidad de Educación Ambiental de la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales de la Nación, expresó: “desde hace diez años que venimos trabajando en esto”, ratificando el apoyo de su cartera al proyecto de ley.
Sin embargo, el Ministerio de Educación no actuó de igual forma, porque considera que la Educación Ambiental es una didáctica específica que ya está contemplada en la Constitución Nacional (artículo 41), la Ley General del Ambiente y la Ley de Educación. Aunque el motivo de fondo, según fuentes oficiales, es que el Ministerio no asume las críticas.
Variedad de experiencias
La Secretaría de Ambiente aloja en su sitio web un registro público de experiencias de Educación Ambiental llamado “Memoria Colectiva”. Allí se puede ver más de 120 historias clasificadas por región, tema, tipo de actividad y actores sociales involucrados.
Priotto aseguró que aún quedan muchas por publicarse y la convocatoria sigue abierta. Docentes, miembros de organizaciones sociales, equipos de voluntarios de empresas y funcionarios públicos pueden enviar su experiencia o consultar las buenas prácticas desarrolladas en distintos puntos del país.
Dado que el ambiente atraviesa todos los aspectos de la vida, hay ejemplos de Educación Ambiental aplicables tanto en el aula, como en el trabajo, la municipalidad o el barrio entero. Al mismo tiempo, el territorio argentino es tan diverso que una consigna puede tener múltiples respuestas según la idiosincrasia del lugar.
En la provincia de Buenos Aires, hay escuelas técnicas que estrecharon alianzas con universidades locales u organismos como el INTI o el INTA. Así los estudiantes aplicaron sus conocimientos en un proyecto por el que recuperan el aceite usado en los restaurantes de su barrio, lo reciclan, lo transforman en combustible para vehículos diesel y lo venden a un precio simbólico a los vecinos o a la tropilla municipal.
Programas como el de EcoEducArte ofrecen un buen complemento didáctico para las maestras que quieren introducir la Educación Ambiental al aula pero no saben bien cómo. Por su parte, la fundación Cascos Verdes forma a jóvenes con discapacidad intelectual que a su vez enseñan en escuelas de la Ciudad de Buenos Aires a separar los residuos, en coordinación con el gobierno porteño y la cooperativa de cartoneros “El Ceibo”.
En el ámbito estatal, la Agencia Ambiental de La Plata inauguró el primer edificio público sustentable del país: se construyó con materiales ecológicos, se autoabastece de energía solar y eólica y procesa sus efluentes. Además de cumplir con su función administrativa, realizará visitas didácticas, promoviendo la Educación Ambiental con el ejemplo.
Pero así como hay casos loables, también hubo malas experiencias. El doctor Edgar González Gaudiano, miembro de la Academia Nacional de Educación Ambiental de México, advirtió en el VI Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental: “como dicen en la Argentina, también hay mucho de chamullo”.
Estos casos frustrantes están relacionados con la falta de coherencia y continuidad. Por eso los defensores del proyecto aducen que la Ley de Educación Ambiental brindaría un marco institucional para evitar actividades “intuitivas, confusas e incluso contradictorias”.
Priotto agregó que la aplicación de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental no será verticalista porque “propone participación en cada instancia (provincial y municipal) de modo que responda a la demanda que no es cubierta por los diferentes medios, sean ONG, medios de difusión, empresas, escuelas, etc.”
En este sentido, lo que está en debate es el rol de la educación como engranaje hacia una sociedad más equitativa que se sustente en modos de desarrollo respetuosos con la diversidad biológica y cultural.
Riachuelo: ordenan desalojar empresas
Riachuelo: ordenan desalojar empresas
Fecha de Publicación: 30/10/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
La causa judicial por la limpieza y la implementación del llamado “camino de sirga” del Riachuelo, que se basa en un fallo de la jueza Beatriz Mendoza, sumó un nuevo capítulo. El juez federal de Quilmes Luis Armella –designado delegado de la causa–, ordenó desalojar cuatro empresas que no dejaban libre el espacio que debe haber entre las empresas instaladas y la vera del Riachuelo, impidiendo el paso.
Así, en la causa caratulada “ACUMAR s/limpieza de márgenes del río”, el juez le ordenó liberar la zona a las cuatro empresas, todas ubicadas del lado de la Provincia de Buenos Aires. La causa alcanza también al Estado porteño y el nacional aparte de las empresas privadas.
Consultado por Clarín , Armella fundamentó su orden de desalojo de las empresas en que “la costa del Riachuelo es un espacio público y no puede ser ocupada por industrias que impidan el paso”.
Clarín intentó comunicarse con las empresas Jilguero SA, ubicada en Avellaneda; Dicc SA, de Lanús; Ladrillería Lelo, de La Matanza y Codiamon SA, también ubicada en Avellaneda, que son las que el magistrado ordenó desalojar. Tres de ellas negaron a este diario haber recibido la orden de desalojo aún, y no se pudo ubicar a Ladrillería Lelo.
Con respecto al curso de esta causa, Armella adelantó a Clarín que a partir de la semana que viene “se hará lo mismo con las empresas que incumplen con la liberación del paso, pero esta vez las ubicadas del lado de Capital”, expresó. Armella agregó: “desde que soy delegado en la causa, se han llevado a cabo inspecciones y clausuras todos los días para que se cumpla con el fallo”, sobre la disposición de la Corte Suprema que ordenó sanear el Riachuelo. Y le encargó al Gobierno nacional, a la Ciudad y a la Provincia la presentación de un plan de acción para recuperar la cuenca que incluye también el río Matanza.
Además, el juez había allanado 13 empresas el jueves, por supuesta contaminación . Según informó el Centro de Información Judicial, se trata de las empresas Cooperativa de Trabajo Citrus Argentinos Ltda., Grintek SA, Desir SRL, Pork SRL, Cioffi y Arcondo SRL, Enrique Falcón, Cooperativa de Trabajo 23 de Febrero, Carlos Omar Puente, Lambertiana SA, Inteac SRL, Rodríguez y Parise SH, Equipos Flexibles Argentinos, y 14 de Julio SA. No se informó si efectivamente contaminan.
En el marco de la investigación, nueve empresas serán allanadas la semana próxima por las mismas razones de incumplimiento.
Ya el 30 de agosto el magistrado quilmeño había multado al secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable y a la vez titular de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo, Homero Bibiloni, quien debió pagar $ 4.000 diarios durante casi tres semanas por haber excedido el plazo de 20 días que se había dictado para solucionar el problema de la cuenca.
La limpieza del Riachuelo es un tema que viene de años. Y por ahora marcha lenta y a los empujones, con pocos resultados concretos.
Fecha de Publicación: 30/10/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
La causa judicial por la limpieza y la implementación del llamado “camino de sirga” del Riachuelo, que se basa en un fallo de la jueza Beatriz Mendoza, sumó un nuevo capítulo. El juez federal de Quilmes Luis Armella –designado delegado de la causa–, ordenó desalojar cuatro empresas que no dejaban libre el espacio que debe haber entre las empresas instaladas y la vera del Riachuelo, impidiendo el paso.
Así, en la causa caratulada “ACUMAR s/limpieza de márgenes del río”, el juez le ordenó liberar la zona a las cuatro empresas, todas ubicadas del lado de la Provincia de Buenos Aires. La causa alcanza también al Estado porteño y el nacional aparte de las empresas privadas.
Consultado por Clarín , Armella fundamentó su orden de desalojo de las empresas en que “la costa del Riachuelo es un espacio público y no puede ser ocupada por industrias que impidan el paso”.
Clarín intentó comunicarse con las empresas Jilguero SA, ubicada en Avellaneda; Dicc SA, de Lanús; Ladrillería Lelo, de La Matanza y Codiamon SA, también ubicada en Avellaneda, que son las que el magistrado ordenó desalojar. Tres de ellas negaron a este diario haber recibido la orden de desalojo aún, y no se pudo ubicar a Ladrillería Lelo.
Con respecto al curso de esta causa, Armella adelantó a Clarín que a partir de la semana que viene “se hará lo mismo con las empresas que incumplen con la liberación del paso, pero esta vez las ubicadas del lado de Capital”, expresó. Armella agregó: “desde que soy delegado en la causa, se han llevado a cabo inspecciones y clausuras todos los días para que se cumpla con el fallo”, sobre la disposición de la Corte Suprema que ordenó sanear el Riachuelo. Y le encargó al Gobierno nacional, a la Ciudad y a la Provincia la presentación de un plan de acción para recuperar la cuenca que incluye también el río Matanza.
Además, el juez había allanado 13 empresas el jueves, por supuesta contaminación . Según informó el Centro de Información Judicial, se trata de las empresas Cooperativa de Trabajo Citrus Argentinos Ltda., Grintek SA, Desir SRL, Pork SRL, Cioffi y Arcondo SRL, Enrique Falcón, Cooperativa de Trabajo 23 de Febrero, Carlos Omar Puente, Lambertiana SA, Inteac SRL, Rodríguez y Parise SH, Equipos Flexibles Argentinos, y 14 de Julio SA. No se informó si efectivamente contaminan.
En el marco de la investigación, nueve empresas serán allanadas la semana próxima por las mismas razones de incumplimiento.
Ya el 30 de agosto el magistrado quilmeño había multado al secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable y a la vez titular de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo, Homero Bibiloni, quien debió pagar $ 4.000 diarios durante casi tres semanas por haber excedido el plazo de 20 días que se había dictado para solucionar el problema de la cuenca.
La limpieza del Riachuelo es un tema que viene de años. Y por ahora marcha lenta y a los empujones, con pocos resultados concretos.
A juicio por fumigar a un pueblo
A juicio por fumigar a un pueblo
Fecha de Publicación: 29/10/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Córdoba
Dos productores agrarios y un piloto de avión serán juzgados por fumigar con plaguicidas en forma clandestina el barrio Ituzaingó Anexo, ubicado en las afueras de la ciudad de Córdoba. La decisión la tomó la Cámara de Acusación de esa provincia, que revocó un fallo de primera instancia que sobreseía a los imputados y elevó a juicio la causa, iniciada en 2002 por un grupo de habitantes de la zona, que denunció que las fumigaciones causaron 200 casos de cáncer.
El tribunal adoptó esa decisión ante la presentación del fiscal de instrucción del Distrito Judicial 3 de la capital provincial, Carlos Matheu, quien apeló el sobreseimiento que había dictado tiempo atrás el juez Esteban Díaz.
Matheu celebró el dictamen de la Cámara. “Es muy importante a nivel nacional porque es la primera vez que se pide la elevación a juicio de dos productores agropecuarios por fumigar campos con agroquímicos”, comentó el fiscal.
Los productores agrarios Francisco Para y Jorge Gabrielli, y el piloto Edgardo Pancello fueron acusados de violar el artículo 58 de la Ley de Agroquímicos 9164, en los dos primeros casos como instigadores del delito de contaminación ambiental y en el restante por ser, supuestamente, quien realizó la fumigación.
En el caso de ser encontrados culpables, los tres imputados podrían ser condenados a penas de reclusión o prisión de 3 a 10 años, aunque si el delito hubiera provocado una muerte el castigo rondaría entre 10 y 25 años.
La aplicación aérea de productos como endosulfán y glifosato, según la norma, está prohibida en un radio menor a los 1500 metros y 500 metros, respectivamente, de la población urbana.
En 2002, un grupo de mujeres presentó la denuncia judicial tras registrar en un documento que 200 habitantes, muchos de ellos jóvenes, padecían cáncer. Tres años después, un relevamiento sanitario recomendó evacuar el barrio Ituzaingó, situado al sudeste de la capital cordobesa, por su nivel de exposición a contaminantes.
La investigación de los casos de enfermedades fue realizada por una mujer, Sofía Gatica, que recorrió hogar por hogar durante varios meses para documentar las afecciones y a los pacientes. Además de distintos tipos de cáncer, se detectaron casos de lupus, anemias, leucemia, malformaciones y espina bífida.
Además, la realización de análisis químicos en el agua de la zona permitió detectar productos como endosulfán, glifosato, arsénico y carbonatos.
Fecha de Publicación: 29/10/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Córdoba
Dos productores agrarios y un piloto de avión serán juzgados por fumigar con plaguicidas en forma clandestina el barrio Ituzaingó Anexo, ubicado en las afueras de la ciudad de Córdoba. La decisión la tomó la Cámara de Acusación de esa provincia, que revocó un fallo de primera instancia que sobreseía a los imputados y elevó a juicio la causa, iniciada en 2002 por un grupo de habitantes de la zona, que denunció que las fumigaciones causaron 200 casos de cáncer.
El tribunal adoptó esa decisión ante la presentación del fiscal de instrucción del Distrito Judicial 3 de la capital provincial, Carlos Matheu, quien apeló el sobreseimiento que había dictado tiempo atrás el juez Esteban Díaz.
Matheu celebró el dictamen de la Cámara. “Es muy importante a nivel nacional porque es la primera vez que se pide la elevación a juicio de dos productores agropecuarios por fumigar campos con agroquímicos”, comentó el fiscal.
Los productores agrarios Francisco Para y Jorge Gabrielli, y el piloto Edgardo Pancello fueron acusados de violar el artículo 58 de la Ley de Agroquímicos 9164, en los dos primeros casos como instigadores del delito de contaminación ambiental y en el restante por ser, supuestamente, quien realizó la fumigación.
En el caso de ser encontrados culpables, los tres imputados podrían ser condenados a penas de reclusión o prisión de 3 a 10 años, aunque si el delito hubiera provocado una muerte el castigo rondaría entre 10 y 25 años.
La aplicación aérea de productos como endosulfán y glifosato, según la norma, está prohibida en un radio menor a los 1500 metros y 500 metros, respectivamente, de la población urbana.
En 2002, un grupo de mujeres presentó la denuncia judicial tras registrar en un documento que 200 habitantes, muchos de ellos jóvenes, padecían cáncer. Tres años después, un relevamiento sanitario recomendó evacuar el barrio Ituzaingó, situado al sudeste de la capital cordobesa, por su nivel de exposición a contaminantes.
La investigación de los casos de enfermedades fue realizada por una mujer, Sofía Gatica, que recorrió hogar por hogar durante varios meses para documentar las afecciones y a los pacientes. Además de distintos tipos de cáncer, se detectaron casos de lupus, anemias, leucemia, malformaciones y espina bífida.
Además, la realización de análisis químicos en el agua de la zona permitió detectar productos como endosulfán, glifosato, arsénico y carbonatos.
Quedó promulgada la ley de glaciares
Quedó promulgada la ley de glaciares
Fecha de Publicación: 29/10/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Se publicó en el Boletín Oficial la norma que obliga a preservar las "reservas estratégicas"
Luego de la reñida votación en el Senado, ayer quedó promulgada de hecho, al ser publicada en el Boletín Oficial, la ley de presupuestos mínimos para la protección de los glaciares.
La norma, resistida por el Gobierno y las compañías mineras, había dividido al oficialismo durante su tratamiento legislativo, y cuenta con el respaldo de las organizaciones ambientalistas.
La ley declara los glaciares como "bienes de carácter público" y apunta a garantizar su protección de "reservas estratégicas de recursos hídricos". El año último, la presidenta Cristina Kirchner había vetado una ley similar aprobada en el Congreso, que este año promovió un nuevo proyecto, impulsado por el diputado Miguel Bonasso (Diálogo por Buenos Aires).
En virtud de la norma, quedan prohibidas en los glaciares las actividades que puedan afectar su condición natural, como la liberación, dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier naturaleza.
Tampoco se pueden emprender obras de arquitectura, con excepción de las necesarias para la investigación científica, y la instalación de industrias o el desarrollo de obras o actividades industriales.
Entre las normas más controvertidas, la ley crea el Inventario Nacional de Glaciares, en el que se deberán registrar todas las reservas hídricas existentes en el territorio nacional, con toda la información necesaria para su adecuada protección. La regulación afectará a las provincias cordilleranas con intereses mineros, en especial la de San Juan, y las cámaras empresariales mineras y petroleras.
Las actividades proyectadas en los glaciares que no se encuentran prohibidas, sin embargo, estarán sujetas a estudios de evaluación de impacto ambiental. La ley establece un abanico de sanciones e infracciones, que van desde el apercibimiento hasta multas y el cese definitivo de la actividades. Los importes recaudados por esta vía se destinarán, prioritariamente, a la protección y restauración ambiental de los glaciares afectados.
"Era necesaria una norma que protegiera las reservas de agua para nosotros, para nuestros hijos y para las futuras generaciones", declaró el senador Daniel Filmus (FPV-Capital), al conocer la promulgación de la ley, que lleva el número 26.639.
Fecha de Publicación: 29/10/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Se publicó en el Boletín Oficial la norma que obliga a preservar las "reservas estratégicas"
Luego de la reñida votación en el Senado, ayer quedó promulgada de hecho, al ser publicada en el Boletín Oficial, la ley de presupuestos mínimos para la protección de los glaciares.
La norma, resistida por el Gobierno y las compañías mineras, había dividido al oficialismo durante su tratamiento legislativo, y cuenta con el respaldo de las organizaciones ambientalistas.
La ley declara los glaciares como "bienes de carácter público" y apunta a garantizar su protección de "reservas estratégicas de recursos hídricos". El año último, la presidenta Cristina Kirchner había vetado una ley similar aprobada en el Congreso, que este año promovió un nuevo proyecto, impulsado por el diputado Miguel Bonasso (Diálogo por Buenos Aires).
En virtud de la norma, quedan prohibidas en los glaciares las actividades que puedan afectar su condición natural, como la liberación, dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier naturaleza.
Tampoco se pueden emprender obras de arquitectura, con excepción de las necesarias para la investigación científica, y la instalación de industrias o el desarrollo de obras o actividades industriales.
Entre las normas más controvertidas, la ley crea el Inventario Nacional de Glaciares, en el que se deberán registrar todas las reservas hídricas existentes en el territorio nacional, con toda la información necesaria para su adecuada protección. La regulación afectará a las provincias cordilleranas con intereses mineros, en especial la de San Juan, y las cámaras empresariales mineras y petroleras.
Las actividades proyectadas en los glaciares que no se encuentran prohibidas, sin embargo, estarán sujetas a estudios de evaluación de impacto ambiental. La ley establece un abanico de sanciones e infracciones, que van desde el apercibimiento hasta multas y el cese definitivo de la actividades. Los importes recaudados por esta vía se destinarán, prioritariamente, a la protección y restauración ambiental de los glaciares afectados.
"Era necesaria una norma que protegiera las reservas de agua para nosotros, para nuestros hijos y para las futuras generaciones", declaró el senador Daniel Filmus (FPV-Capital), al conocer la promulgación de la ley, que lleva el número 26.639.
Se expande la energía eólica en Chubut
Se expande la energía eólica en Chubut
Fecha de Publicación: 28/10/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Chubut
El sistema insumió una inversión de $ 40 millones, financiados por el Banco Mundial y la provincia
Unos 6000 pobladores rurales distribuidos en el interior de Chubut se abastecerán de energía eléctrica producida por los 1500 molinos eólicos residenciales ya instalados en esta provincia, en el marco del Programa de Energías Renovables en Mercados Rurales. El sistema, inaugurado oficialmente esta semana, que insumió una inversión de $ 40 millones, contó con financiamiento del Banco Mundial y del gobierno provincial.
El acto se realizó en la localidad de Las Plumas. La energía que producen los aerogeneradores residenciales se utiliza "para iluminación y se deja alguna toma para cargar pilas o escuchar radio", un insumo fundamental en los campos, explicó Marcos Dickanson, gerente de obras de Incro, la empresa que ganó la licitación internacional para la instalación de los aerogeneradores.
La licitación internacional para la instalación de los molinos se realizó en 2008. Una vez adjudicada la obra, el trabajo se dividió en dos etapas: "Primero fuimos instalando los molinos y luego realizamos la instalación eléctrica en las viviendas. A veces lográbamos cumplir con ambos objetivos en la misma jornada de trabajo", explicó Dickanson.
Los molinos poseen un sencillo sistema de funcionamiento. "La energía cinética del viento es transformada en energía eléctrica, la cual es procesada en los diversos componentes del sistema, para luego ser consumida en artefactos eléctricos de la vivienda en su nivel de tensión nominal de alimentación, definida en 12 vcc por el organismo crediticio", explicaron fuentes oficiales.
El gobernador Mario Das Neves habilitó este programa que marca "un hito en la historia de energías renovables en Chubut y en América latina por la cantidad de equipos instalados, dado que pobladores y familias rurales que no tenían la posibilidad de tener electricidad en sus casas, además de hacer uso de este servicio básico, pudieron acceder también a un medio de comunicación como es la radio, fundamental en el campo", afirmó el mandatario.
El subsecretario de Servicios Públicos, Nelson Williams, recordó que lo que se licitó "es la provisión e instalación de una torre que comprende las palas y el molino. De ahí pasa a un regulador de voltaje y va a un banco de baterías, que es donde se almacena la energía cinética y transforma en energía eléctrica por el molino. También se incluye la provisión de una radio y todo el cableado, luminarias y tomas para la casa". Además, el funcionario dijo que "con la compra de un conversor permite pasar a 220 voltios y ya pensar en otro tipo de artefactos, como televisores y heladeras".
Das Neves señaló que la provincia ya lleva invertidos "alrededor de 1000 millones de pesos", lo que se traduce en que "el 99% de nuestra población tenga energía".
Informó que, con los nuevos aerogeneradores, "en la meseta central se beneficiaron 682 familias; en la costa sur, 308 familias, y en la Cordillera, 510 familias han tenido acceso a este servicio".
Fecha de Publicación: 28/10/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Chubut
El sistema insumió una inversión de $ 40 millones, financiados por el Banco Mundial y la provincia
Unos 6000 pobladores rurales distribuidos en el interior de Chubut se abastecerán de energía eléctrica producida por los 1500 molinos eólicos residenciales ya instalados en esta provincia, en el marco del Programa de Energías Renovables en Mercados Rurales. El sistema, inaugurado oficialmente esta semana, que insumió una inversión de $ 40 millones, contó con financiamiento del Banco Mundial y del gobierno provincial.
El acto se realizó en la localidad de Las Plumas. La energía que producen los aerogeneradores residenciales se utiliza "para iluminación y se deja alguna toma para cargar pilas o escuchar radio", un insumo fundamental en los campos, explicó Marcos Dickanson, gerente de obras de Incro, la empresa que ganó la licitación internacional para la instalación de los aerogeneradores.
La licitación internacional para la instalación de los molinos se realizó en 2008. Una vez adjudicada la obra, el trabajo se dividió en dos etapas: "Primero fuimos instalando los molinos y luego realizamos la instalación eléctrica en las viviendas. A veces lográbamos cumplir con ambos objetivos en la misma jornada de trabajo", explicó Dickanson.
Los molinos poseen un sencillo sistema de funcionamiento. "La energía cinética del viento es transformada en energía eléctrica, la cual es procesada en los diversos componentes del sistema, para luego ser consumida en artefactos eléctricos de la vivienda en su nivel de tensión nominal de alimentación, definida en 12 vcc por el organismo crediticio", explicaron fuentes oficiales.
El gobernador Mario Das Neves habilitó este programa que marca "un hito en la historia de energías renovables en Chubut y en América latina por la cantidad de equipos instalados, dado que pobladores y familias rurales que no tenían la posibilidad de tener electricidad en sus casas, además de hacer uso de este servicio básico, pudieron acceder también a un medio de comunicación como es la radio, fundamental en el campo", afirmó el mandatario.
El subsecretario de Servicios Públicos, Nelson Williams, recordó que lo que se licitó "es la provisión e instalación de una torre que comprende las palas y el molino. De ahí pasa a un regulador de voltaje y va a un banco de baterías, que es donde se almacena la energía cinética y transforma en energía eléctrica por el molino. También se incluye la provisión de una radio y todo el cableado, luminarias y tomas para la casa". Además, el funcionario dijo que "con la compra de un conversor permite pasar a 220 voltios y ya pensar en otro tipo de artefactos, como televisores y heladeras".
Das Neves señaló que la provincia ya lleva invertidos "alrededor de 1000 millones de pesos", lo que se traduce en que "el 99% de nuestra población tenga energía".
Informó que, con los nuevos aerogeneradores, "en la meseta central se beneficiaron 682 familias; en la costa sur, 308 familias, y en la Cordillera, 510 familias han tenido acceso a este servicio".
Los antimineros fueron mayoría
Los antimineros fueron mayoría
Fecha de Publicación: 27/10/2010
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Mendoza
Los grupos que rechazan la minería se instalaron con banderas en el frente de la sede de Vialidad nacional, donde se desarrolló la audiencia pública más convocante de la historia de la provincia.
Los antimineros coparon con banderas el frente de la sede de Vialidad nacional en Uspallata y fueron mayoría dentro del predio en donde se realizó la audiencia pública por el proyecto San Jorge. Fue la que tuvo mayor cantidad de oradores y público de las que se hicieron en Mendoza.
Para manifestarse a favor de la minería, además de un grupo de vecinos de Uspallata llegaron militantes de la Asociación de Obreros Mineros de Argentina (Aoma), dirigentes de uniones vecinales de Las Heras, un grupo de jóvenes entre los que lucían algunas camisetas de Huracán Las Heras y representantes del movimiento social Tupac Amaru de ese departamento.
En contra de la radicación del emprendimiento se mostraron los vecinos autoconvocados, quienes lucieron remeras negras con consignas contra la actividad minera.
También arribaron en apoyo a esa postura varios grupos del Gran Mendoza, entre los que se destacaron el compuesto por una treintena de delegados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), con una fuerte presencia de guardaparques, la asamblea en defensa del agua y un grupo que viajó desde General Alvear, también con la protección del líquido vital como bandera.
Completaron la lista de opositores al proyecto minero militantes de izquierda, entre ellos seguidores del diputado nacional Fernando Pino Solanas, quienes leyeron una carta del líder de Proyecto Sur en contra de la minería.
La convivencia de los bandos antagónicos en las inmediaciones del galpón en donde se hacía la audiencia no registró incidentes, ni siquiera cruces verbales. La rispidez entre ellos se concentró en el escenario de la audiencia.
Traslados en micros y combis
Buena parte de los participantes foráneos llegaron en colectivos o combis. Después de las 9, arribaron dos micros con militantes y dirigentes lasherinos de entidades intermedias con buena llegada al municipio conducido por Rubén Miranda (PJ), uno de los intendentes de la provincia que apoyan sin tapujos el desarrollo minero.
Celso Moretta, dirigente del movimiento Tupac Amaru de Las Heras, resumió la postura de los pasajeros de una decena de micros que partieron desde el centro del departamento. “Venimos porque Uspallata pertenece a Las Heras, estamos a favor de la minería porque te garantiza las fuentes de trabajo, aparte te garantizan que se está haciendo la audiencia pública para que no haya contaminación, como ha pasado en San Juan y otros lados”, sostuvo.
“El proyecto va a hacer crecer a todo un departamento tan rico como es Las Heras. Nosotros venimos porque estamos convencidos de que no va a haber contaminación”, agregó Bety Caro, de la unión vecinal del barrio Santa Rosa.
En la otra vereda, los delegados de ATE se congregaron a unos 300 metros de la entrada a la sede de Vialidad y caminaron en columna portando banderas y pancartas. Como les impidieron ingresar con los estandartes, los usaron para tapizar la entrada de Vialidad.
Entre los militantes de uno y otro bando demostraron sus diferencias dos ex aliados sindicales: Guillermo Pereyra (CEC) y Rodolfo Calcagni (Sipemom).
“Nosotros estamos apoyando al compañero Juan Carlos Ortiz (Aoma)”, dijo el líder de los colectiveros. En cambio, Pereyra se despegó del minero y aclaró: “Yo estoy como diputado nacional, el CEC no está en la CGT ni se deja manejar desde el cuarto piso de la Casa de Gobierno” (ahí tienen sus despachos el gobernador Celso Jaque y el secretario general de la Gobernación, Alejandro Cazabán).
Fecha de Publicación: 27/10/2010
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Mendoza
Los grupos que rechazan la minería se instalaron con banderas en el frente de la sede de Vialidad nacional, donde se desarrolló la audiencia pública más convocante de la historia de la provincia.
Los antimineros coparon con banderas el frente de la sede de Vialidad nacional en Uspallata y fueron mayoría dentro del predio en donde se realizó la audiencia pública por el proyecto San Jorge. Fue la que tuvo mayor cantidad de oradores y público de las que se hicieron en Mendoza.
Para manifestarse a favor de la minería, además de un grupo de vecinos de Uspallata llegaron militantes de la Asociación de Obreros Mineros de Argentina (Aoma), dirigentes de uniones vecinales de Las Heras, un grupo de jóvenes entre los que lucían algunas camisetas de Huracán Las Heras y representantes del movimiento social Tupac Amaru de ese departamento.
En contra de la radicación del emprendimiento se mostraron los vecinos autoconvocados, quienes lucieron remeras negras con consignas contra la actividad minera.
También arribaron en apoyo a esa postura varios grupos del Gran Mendoza, entre los que se destacaron el compuesto por una treintena de delegados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), con una fuerte presencia de guardaparques, la asamblea en defensa del agua y un grupo que viajó desde General Alvear, también con la protección del líquido vital como bandera.
Completaron la lista de opositores al proyecto minero militantes de izquierda, entre ellos seguidores del diputado nacional Fernando Pino Solanas, quienes leyeron una carta del líder de Proyecto Sur en contra de la minería.
La convivencia de los bandos antagónicos en las inmediaciones del galpón en donde se hacía la audiencia no registró incidentes, ni siquiera cruces verbales. La rispidez entre ellos se concentró en el escenario de la audiencia.
Traslados en micros y combis
Buena parte de los participantes foráneos llegaron en colectivos o combis. Después de las 9, arribaron dos micros con militantes y dirigentes lasherinos de entidades intermedias con buena llegada al municipio conducido por Rubén Miranda (PJ), uno de los intendentes de la provincia que apoyan sin tapujos el desarrollo minero.
Celso Moretta, dirigente del movimiento Tupac Amaru de Las Heras, resumió la postura de los pasajeros de una decena de micros que partieron desde el centro del departamento. “Venimos porque Uspallata pertenece a Las Heras, estamos a favor de la minería porque te garantiza las fuentes de trabajo, aparte te garantizan que se está haciendo la audiencia pública para que no haya contaminación, como ha pasado en San Juan y otros lados”, sostuvo.
“El proyecto va a hacer crecer a todo un departamento tan rico como es Las Heras. Nosotros venimos porque estamos convencidos de que no va a haber contaminación”, agregó Bety Caro, de la unión vecinal del barrio Santa Rosa.
En la otra vereda, los delegados de ATE se congregaron a unos 300 metros de la entrada a la sede de Vialidad y caminaron en columna portando banderas y pancartas. Como les impidieron ingresar con los estandartes, los usaron para tapizar la entrada de Vialidad.
Entre los militantes de uno y otro bando demostraron sus diferencias dos ex aliados sindicales: Guillermo Pereyra (CEC) y Rodolfo Calcagni (Sipemom).
“Nosotros estamos apoyando al compañero Juan Carlos Ortiz (Aoma)”, dijo el líder de los colectiveros. En cambio, Pereyra se despegó del minero y aclaró: “Yo estoy como diputado nacional, el CEC no está en la CGT ni se deja manejar desde el cuarto piso de la Casa de Gobierno” (ahí tienen sus despachos el gobernador Celso Jaque y el secretario general de la Gobernación, Alejandro Cazabán).
Informe ampliado del proyecto Ayuí
El Icaa elevó un informe ampliado del proyecto Ayuí
Fecha de Publicación: 26/10/2010
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes
El Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (Icaa) elevó una ampliatoria de la información a la Fiscalía de Estado, relacionada con el procedimiento, plazos y requerimientos establecidos para el proyecto productivo Ayuí. Dicha información será enviada a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en virtud del requerimiento formulado la semana pasada. Y consiste en copias certificadas de las resoluciones de concesión de uso de agua pública, en el marco del Código de Aguas de Corrientes, y que el máximo tribunal tuvo conocimiento tras recibir la comunicación, por nota múltiple, que el ICAA envió a instituciones públicas, tanto nacionales como provinciales y municipales, entre ellas el Congreso de la Nación, Legislatura correntina, Comisión Administradora del Río Uruguay, Defensoría del Pueblo, entre otros.
En el informe elevado a Fiscalía de Estado aclara respecto al alcance de los plazos establecidos tanto en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), como en las Resoluciones de Concesión de Agua, donde se destaca como requisito fundamental que los responsables de la UTE, al momento de decidir la construcción de la presa sobre el arroyo Ayuí, deben comunicar al Icaa el inicio de la misma, con una antelación de 60 días según lo dispuesto en la Resolución Nº 794/09 de Declaración de Impacto Ambiental. Y 30 días de acuerdo a lo estipulado en las resoluciones de concesiones de Derechos de Aguas, otorgadas al continuar los procedimientos administrativos, técnicos y legales al no existir impedimentos judiciales.
Fecha de Publicación: 26/10/2010
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes
El Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (Icaa) elevó una ampliatoria de la información a la Fiscalía de Estado, relacionada con el procedimiento, plazos y requerimientos establecidos para el proyecto productivo Ayuí. Dicha información será enviada a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en virtud del requerimiento formulado la semana pasada. Y consiste en copias certificadas de las resoluciones de concesión de uso de agua pública, en el marco del Código de Aguas de Corrientes, y que el máximo tribunal tuvo conocimiento tras recibir la comunicación, por nota múltiple, que el ICAA envió a instituciones públicas, tanto nacionales como provinciales y municipales, entre ellas el Congreso de la Nación, Legislatura correntina, Comisión Administradora del Río Uruguay, Defensoría del Pueblo, entre otros.
En el informe elevado a Fiscalía de Estado aclara respecto al alcance de los plazos establecidos tanto en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), como en las Resoluciones de Concesión de Agua, donde se destaca como requisito fundamental que los responsables de la UTE, al momento de decidir la construcción de la presa sobre el arroyo Ayuí, deben comunicar al Icaa el inicio de la misma, con una antelación de 60 días según lo dispuesto en la Resolución Nº 794/09 de Declaración de Impacto Ambiental. Y 30 días de acuerdo a lo estipulado en las resoluciones de concesiones de Derechos de Aguas, otorgadas al continuar los procedimientos administrativos, técnicos y legales al no existir impedimentos judiciales.
Cristina ratificó el plan nuclear
Cristina ratificó el plan nuclear desde Pilcaniyeu
Fecha de Publicación: 26/10/2010
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Nacional
En su segunda visita a Río Negro en menos de dos meses, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezó ayer el acto formal de reactivación del Complejo Tecnológico Pilcaniyeu. Allí ratificó que "el desarrollo de la energía nuclear con fines pacíficos es una política de Estado en la Argentina".
La mandataria sostuvo que "el nuestro es un gobierno de devolución y de reparación de derechos" vinculados al campo social, definición que hizo extensiva al campo de la investigación y el desarrollo científico nuclear.
"Cuando estamos poniendo en marcha, luego de tantos años de paralización, esta planta de enriquecimiento de uranio estamos devolvieron a nuestro país un derecho al que nunca debimos haber renunciado, como es manejar recursos estratégicos de carácter nuclear", enfatizó.
Fernández de Kirchner señaló que "lo mismo que ocurrió con Atucha II que estaba paralizada y ya estará en marcha el año próximo, va a ocurrir con esta planta de la que obtendremos el año que viene la primera muestra de uranio enriquecido".
El acto se desarrolló en una carpa montada junto al Complejo Tecnológico, con acceso restringido. En la mesa central, junto a la presidenta, se ubicaron el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido; el secretario General de la Presidencia, Oscar Parrilli (quienes también habían viajado con ella el 6 de septiembre a Catriel); la titular de CNEA, Norma Boero; el vicegobernador Bautista Mendioroz (a cargo del Ejecutivo por el viaje del gobernador, Miguel Saiz, a China), el senador Miguel Pichetto y el intendente de Pilcaniyeu, Nestor Ayuelef.
En una mesa lateral, acomodada sobre el mismo escenario, se ubicaron el presidente de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), Francisco Spano; la vicepresidente del organismo, Elena Maceiras, y el intendente de Roca, Carlos Soria.
Más lejos se entrelazaron legisladores nacionales y provinciales, los ministros rionegrinos de Economía y Producción, varios intendentes justicialistas, y profesionales e investigadores del Centro Atómico Bariloche y de Invap.
Ante ese nutrido público Boero destacó la presencia de la mandataria y sus ministros como "otra clara demostración del compromiso del gobierno nacional con la reactivación de la actividad nuclear en la Argentina".
La presidenta de CNEA reiteró los avances logrados en la reactivación del proceso de enriquecimiento de uranio por difusión gaseosa -anticipados por "Río Negro"- y anunció el inicio de "actividades de investigación y desarrollo de otras tecnologías avanzadas como uso de centrífugas y laser".
Boero recordó que la reactivación de todas las faces del ciclo de combustible "reposiciona a la Argentina en el grupo de naciones proveedoras de tecnologías de enriquecimiento de uranio", una decisión estratégica "trascendente" en un contexto internacional que busca "congelar" el número de países proveedores.
La recuperación de la capacidad tecnológica nacional en materia de enriquecimiento de uranio, paralizada en 1996, comenzó a principios de 2007, pocos meses después del relanzamiento del Plan Nuclear Argentino y cuenta con la autorización de la Organización Internacional de Energía Atómica.
Hasta el momento se invirtieron unos $25.000.000 y se reestructuró la planta de profesionales y técnicos que pasó de 17 empleados a 115. La puesta en funcionamiento de la instalación está prevista para setiembre de 2011 y demandará otros $35.000.000 y la incorporación de una treintena de profesionales. Dos meses después se alcanzará la primera muestra de uranio levemente enriquecido.
La etapa en desarrollo es sólo uno módulo de los 54 previstos en el proyecto original y tendrá carácter experimental. El "Mock Up" –réplica en escala real de un módulo de difusión gaseosa- servirá para "capacitar personal, probar componentes y estudiar cómo se comporta el proceso".
Fecha de Publicación: 26/10/2010
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Nacional
En su segunda visita a Río Negro en menos de dos meses, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezó ayer el acto formal de reactivación del Complejo Tecnológico Pilcaniyeu. Allí ratificó que "el desarrollo de la energía nuclear con fines pacíficos es una política de Estado en la Argentina".
La mandataria sostuvo que "el nuestro es un gobierno de devolución y de reparación de derechos" vinculados al campo social, definición que hizo extensiva al campo de la investigación y el desarrollo científico nuclear.
"Cuando estamos poniendo en marcha, luego de tantos años de paralización, esta planta de enriquecimiento de uranio estamos devolvieron a nuestro país un derecho al que nunca debimos haber renunciado, como es manejar recursos estratégicos de carácter nuclear", enfatizó.
Fernández de Kirchner señaló que "lo mismo que ocurrió con Atucha II que estaba paralizada y ya estará en marcha el año próximo, va a ocurrir con esta planta de la que obtendremos el año que viene la primera muestra de uranio enriquecido".
El acto se desarrolló en una carpa montada junto al Complejo Tecnológico, con acceso restringido. En la mesa central, junto a la presidenta, se ubicaron el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido; el secretario General de la Presidencia, Oscar Parrilli (quienes también habían viajado con ella el 6 de septiembre a Catriel); la titular de CNEA, Norma Boero; el vicegobernador Bautista Mendioroz (a cargo del Ejecutivo por el viaje del gobernador, Miguel Saiz, a China), el senador Miguel Pichetto y el intendente de Pilcaniyeu, Nestor Ayuelef.
En una mesa lateral, acomodada sobre el mismo escenario, se ubicaron el presidente de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), Francisco Spano; la vicepresidente del organismo, Elena Maceiras, y el intendente de Roca, Carlos Soria.
Más lejos se entrelazaron legisladores nacionales y provinciales, los ministros rionegrinos de Economía y Producción, varios intendentes justicialistas, y profesionales e investigadores del Centro Atómico Bariloche y de Invap.
Ante ese nutrido público Boero destacó la presencia de la mandataria y sus ministros como "otra clara demostración del compromiso del gobierno nacional con la reactivación de la actividad nuclear en la Argentina".
La presidenta de CNEA reiteró los avances logrados en la reactivación del proceso de enriquecimiento de uranio por difusión gaseosa -anticipados por "Río Negro"- y anunció el inicio de "actividades de investigación y desarrollo de otras tecnologías avanzadas como uso de centrífugas y laser".
Boero recordó que la reactivación de todas las faces del ciclo de combustible "reposiciona a la Argentina en el grupo de naciones proveedoras de tecnologías de enriquecimiento de uranio", una decisión estratégica "trascendente" en un contexto internacional que busca "congelar" el número de países proveedores.
La recuperación de la capacidad tecnológica nacional en materia de enriquecimiento de uranio, paralizada en 1996, comenzó a principios de 2007, pocos meses después del relanzamiento del Plan Nuclear Argentino y cuenta con la autorización de la Organización Internacional de Energía Atómica.
Hasta el momento se invirtieron unos $25.000.000 y se reestructuró la planta de profesionales y técnicos que pasó de 17 empleados a 115. La puesta en funcionamiento de la instalación está prevista para setiembre de 2011 y demandará otros $35.000.000 y la incorporación de una treintena de profesionales. Dos meses después se alcanzará la primera muestra de uranio levemente enriquecido.
La etapa en desarrollo es sólo uno módulo de los 54 previstos en el proyecto original y tendrá carácter experimental. El "Mock Up" –réplica en escala real de un módulo de difusión gaseosa- servirá para "capacitar personal, probar componentes y estudiar cómo se comporta el proceso".
La planta de uranio no está autorizada
Planta de uranio no está autorizada, CODEMA espera estudio ambiental
Fecha de Publicación: 25/10/2010
Fuente: ADN
Provincia/Región: Río Negro
El Complejo Tecnológico Pilcaniyeu de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) donde se enriquecerá uranio no tiene autorización para funcionar aún por la no presentación –al momento de la reinauguración que realizará hoy la presidenta Cristina Fernández- de un estudio de impacto ambiental que el CODEMA solicitó para analizar su viabilidad sin efectos en el ambiente.
Oscar Echeverría, titular del Consejo de Ecología y Medio Ambiente, aseguró que la planta de la CNEA en Pichileufu que reinaugurará hoy la presidenta, no tiene autorización provincial de los organismos de contralor como el CODEMA y el Departamento de Aguas, aunque reconoció dudas respecto de la potestad de Río Negro de intervenir y clausurar.
La reinauguración del complejo se realizará hoy con el objetivo de enriquecer uranio para el abastecimiento de los reactores estatales del país pero tiene el rechazo de vecinos movilizados y organizaciones ambientalistas que cuestionan la actividad y el “secretismo” con el que se maneja la CNEA respecto de lo que producirá dentro del complejo situado a 23 kilómetros de Pilcaniyeu.
Echeverría relató en diálogo con el programa “Así nos va” (94.5) que 20 días atrás el CODEMA y el DPA mantuvo una reunión con el área ambiental de la CNEA a quien le exigieron una serie de parámetros para la presentación del estudio de impacto ambiental y se le otorgó un plazo de 90 días que se extendería hasta fines de diciembre.
“Esperamos que la CNEA no ponga en funcionamiento esto hasta que las autorizaciones provinciales estén dadas, los sistemas de controles estén dados para garantizar que el Pichileufu no se va a afectar de ninguna manera”, dijo el funcionario provincial.
Uno de los principales planteos del CODEMA se basa en que “no puede haber ningún efluente que utilice como cuerpo receptor el río”, explicó Echeverría y agregó que el agua es prioritario para el consumo y la ganadería de la zona.
El funcionario afirmó que la planta de enriquecimiento no puede funcionar hasta que se otorgue la autorización correspondiente, mientras que prometió que una vez obtenida la información del estudio ambiental, el organismo provincial podría convocar a una audiencia pública para que la comunidad de Pilcaniyeu conozca los alcances.
Fecha de Publicación: 25/10/2010
Fuente: ADN
Provincia/Región: Río Negro
El Complejo Tecnológico Pilcaniyeu de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) donde se enriquecerá uranio no tiene autorización para funcionar aún por la no presentación –al momento de la reinauguración que realizará hoy la presidenta Cristina Fernández- de un estudio de impacto ambiental que el CODEMA solicitó para analizar su viabilidad sin efectos en el ambiente.
Oscar Echeverría, titular del Consejo de Ecología y Medio Ambiente, aseguró que la planta de la CNEA en Pichileufu que reinaugurará hoy la presidenta, no tiene autorización provincial de los organismos de contralor como el CODEMA y el Departamento de Aguas, aunque reconoció dudas respecto de la potestad de Río Negro de intervenir y clausurar.
La reinauguración del complejo se realizará hoy con el objetivo de enriquecer uranio para el abastecimiento de los reactores estatales del país pero tiene el rechazo de vecinos movilizados y organizaciones ambientalistas que cuestionan la actividad y el “secretismo” con el que se maneja la CNEA respecto de lo que producirá dentro del complejo situado a 23 kilómetros de Pilcaniyeu.
Echeverría relató en diálogo con el programa “Así nos va” (94.5) que 20 días atrás el CODEMA y el DPA mantuvo una reunión con el área ambiental de la CNEA a quien le exigieron una serie de parámetros para la presentación del estudio de impacto ambiental y se le otorgó un plazo de 90 días que se extendería hasta fines de diciembre.
“Esperamos que la CNEA no ponga en funcionamiento esto hasta que las autorizaciones provinciales estén dadas, los sistemas de controles estén dados para garantizar que el Pichileufu no se va a afectar de ninguna manera”, dijo el funcionario provincial.
Uno de los principales planteos del CODEMA se basa en que “no puede haber ningún efluente que utilice como cuerpo receptor el río”, explicó Echeverría y agregó que el agua es prioritario para el consumo y la ganadería de la zona.
El funcionario afirmó que la planta de enriquecimiento no puede funcionar hasta que se otorgue la autorización correspondiente, mientras que prometió que una vez obtenida la información del estudio ambiental, el organismo provincial podría convocar a una audiencia pública para que la comunidad de Pilcaniyeu conozca los alcances.
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