Mendoza endurece las multas por desmontes ilegales de flora y bosques nativos

Fecha de Publicación: 12/06/2026
Fuente: Portal MendoVoz
Provincia/Región: Mendoza


El Gobierno modernizó el sistema de cálculo de sanciones ambientales. El nuevo esquema eleva los montos y evalúa la gravedad del impacto, los antecedentes del infractor y el valor de conservación de la zona afectada.
La Dirección de Áreas Protegidas del Ministerio de Energía y Ambiente aprobó una nueva metodología para el cálculo de infracciones vinculadas a desmontes de flora nativa y bosques nativos realizados sin autorización.
La medida busca actualizar un sistema de sanciones que había quedado desfasado frente a la complejidad de los casos detectados y a la magnitud de los daños ambientales que pueden producir este tipo de intervenciones, especialmente en un contexto de cambio climático, donde las especies nativas cumplen un rol central para amortiguar los efectos de las lluvias intensas, las inundaciones, las olas de calor y los procesos de degradación del suelo.
La actualización fue impulsada por el Departamento de Flora Nativa y aprobada mediante el proyecto denominado “Modernización de cálculo de infracciones de desmonte de flora nativa y bosque nativo”, con el objetivo de incorporar criterios técnicos y ambientales que permitan graduar las sanciones de manera más precisa y homogénea.
El director de Áreas Protegidas, Iván Funes Pinter, destacó que la medida responde a una necesidad detectada durante las tareas de control y fiscalización que desarrolla el organismo. “Era necesaria una actualización. La metodología anterior no contemplaba de manera suficiente las distintas variables que intervienen en una afectación de flora nativa o bosque nativo, por lo que avanzamos en una herramienta más objetiva y ajustada a la realidad ambiental de cada caso”.
La nueva metodología reemplaza un esquema basado en valores establecidos por la Resolución Nº 419/18, cuyos montos máximos habían quedado desactualizados en relación con el daño ambiental generado. “Se contemplan de manera integral factores como la ubicación de la infracción, la gravedad de la afectación, la presencia de especies protegidas o la reincidencia de los responsables”, explicó Funes Pinter.
Funes Pinter señaló que uno de los cambios más importantes es la incorporación de criterios vinculados al valor de conservación de los ambientes afectados. “La Ley Nacional de Bosques establece tres categorías: I, II y III, también identificadas como rojo, amarillo y verde. La Categoría I, o roja, es la de máxima protección. La Categoría II, o amarilla, permite un uso sostenible. Y la Categoría III, o verde, funciona más como una zona de amortiguación o buffer”, explicó. 
El funcionario precisó que estas categorías pasan a tener incidencia directa en la determinación de las sanciones. “Existen distintos agravantes. Por ejemplo, si se usa fuego, si se realiza rolado, dónde se hace la intervención y qué categoría de bosque tiene el área afectada. Si se trata de una zona de bosque de máxima protección, no se puede desmontar de ninguna manera”.

Más factores para medir el daño
La nueva fórmula también considera el tipo de cobertura vegetal afectada, la capacidad de recuperación natural del ecosistema, la presencia de especies de flora o fauna amenazadas y otras características ecológicas que permiten dimensionar el impacto de la intervención. 
“Influyen otros factores, como el tipo de cobertura vegetal, la capacidad de restauración del sitio —si es alta o baja— y si en el lugar hay flora o fauna amenazada o con alguna categoría especial de protección. Todos esos elementos pueden funcionar como agravantes o atenuantes y ahora se tienen en cuenta dentro de la fórmula, además de la superficie afectada”, concluyó Funes Pinter. 
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Ecocidio: avanza en el Senado un proyecto que prevé hasta 25 años de prisión por delitos ambientales graves

Fecha de Publicación: 11/06/2026
Fuente: Portal LaPolíticaAmbiental
Provincia/Región: Nacional


La iniciativa busca incorporar el delito de ecocidio al Código Penal argentino impulsado por la senadora nacional Edith Terenzi de CHUBUT (PRO). Contempla penas de hasta 25 años de prisión y multas millonarias para quienes provoquen daños graves, extensos o irreversibles sobre ecosistemas, recursos naturales o la salud de las poblaciones.
El debate sobre los delitos ambientales dio un paso importante en el Congreso de la Nación. Un proyecto de ley que propone incorporar la figura de ecocidio al Código Penal comenzó a avanzar en el Senado y reabre una discusión que gana fuerza en distintos países: cómo sancionar penalmente los daños ambientales de gran magnitud.
Las características de este tipo de delito presenta un desafio y uno de las falencias jurídicas que tiene el sistema de protección ambiental.
La iniciativa plantea que determinadas conductas que generen destrucción masiva o irreversible de ecosistemas puedan ser consideradas delitos autónomos, con penas que llegarían hasta los 25 años de prisión para sus responsables.
De aprobarse, Argentina se convertiría en uno de los países de la región con una de las legislaciones más severas en materia de protección penal del ambiente.
Qué es el ecocidio
El concepto de ecocidio comenzó a instalarse en el ámbito jurídico internacional durante los últimos años.
La definición más utilizada describe al ecocidio como aquellos actos ilícitos o arbitrarios realizados con conocimiento de que existe una probabilidad sustancial de causar daños graves, extensos o duraderos al ambiente.
La discusión ya llegó a organismos internacionales, universidades, organizaciones ambientales y parlamentos de distintos países.
Quienes impulsan su incorporación sostienen que muchas de las grandes catástrofes ambientales actuales no encuentran una respuesta adecuada dentro de los sistemas penales tradicionales.
Derrames petroleros, desmontes masivos, contaminación industrial, destrucción de humedales, incendios intencionales o actividades extractivas que generan daños irreversibles suelen ser abordados mediante sanciones administrativas o económicas que, según sus promotores, resultan insuficientes frente a la magnitud de los impactos.

Qué propone el proyecto
La iniciativa que se discute en el Senado busca crear una figura penal específica para los delitos ambientales más graves.
Según el texto impulsado por legisladores y organizaciones especializadas en derecho ambiental, podrían ser alcanzadas aquellas personas físicas o jurídicas que provoquen daños significativos sobre:
    Bosques nativos.
    Humedales.
    Glaciares.
    Cuencas hídricas.
    Ecosistemas marinos.
    Áreas protegidas.
    Recursos naturales estratégicos.
Las sanciones previstas incluyen penas de prisión de hasta 25 años, multas económicas de gran magnitud, decomiso de bienes utilizados para cometer el delito y obligaciones de reparación ambiental.
Uno de los puntos centrales es que la responsabilidad no se limitaría únicamente a quienes ejecutan materialmente la actividad dañosa, sino que también podría alcanzar a directivos, funcionarios o responsables de decisiones empresariales que hubieran participado de las conductas investigadas.

Una respuesta a los grandes conflictos ambientales
La propuesta aparece en un contexto marcado por conflictos ambientales cada vez más frecuentes en Argentina.
Los incendios forestales en la Patagonia, los desmontes en el norte argentino, las denuncias por contaminación industrial, los conflictos vinculados a la minería y los cuestionamientos por fumigaciones con agroquímicos impulsaron durante los últimos años reclamos para fortalecer las herramientas judiciales de protección ambiental.
Quienes apoyan el proyecto sostienen que existe una brecha entre la gravedad de algunos daños ecológicos y las consecuencias legales que actualmente enfrentan sus responsables.
Según esta mirada, el derecho penal debería intervenir cuando la afectación ambiental alcanza niveles extraordinarios capaces de comprometer ecosistemas completos o generar riesgos para generaciones futuras.
Las críticas al proyecto

La iniciativa también genera cuestionamientos.
Algunos especialistas advierten sobre posibles problemas de precisión jurídica al momento de definir qué constituye exactamente un daño "grave", "extenso" o "irreversible".
Otros sectores sostienen que el desafío principal no radica en crear nuevos delitos sino en mejorar la aplicación de las normas ambientales ya existentes y fortalecer los organismos de control.
También existe preocupación en sectores productivos que temen que la incorporación de figuras penales amplias pueda generar incertidumbre jurídica para determinadas actividades económicas.
Por ese motivo, uno de los principales debates legislativos girará en torno a la definición precisa de los alcances del delito y los estándares probatorios necesarios para acreditar el daño ambiental.

Un debate que crece en el mundo
La discusión sobre el ecocidio ya trascendió las fronteras argentinas.
Diversos países europeos analizan reformas similares y organizaciones internacionales impulsan su incorporación como un crimen perseguible a nivel global.
Incluso existe una campaña internacional que busca que el ecocidio sea reconocido como el quinto crimen bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, junto con el genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión.
Aunque ese objetivo todavía enfrenta obstáculos jurídicos y políticos, refleja un cambio de paradigma en la forma en que la comunidad internacional comienza a abordar los daños ambientales de gran escala.

Lo que está en juego
Más allá de las diferencias sobre el contenido del proyecto, el avance de la iniciativa marca un cambio en la discusión ambiental argentina.
Durante décadas, gran parte de los conflictos ecológicos fueron abordados desde el derecho administrativo o civil. La incorporación del ecocidio al Código Penal trasladaría parte de ese debate al terreno de la responsabilidad criminal.
La pregunta que deberá responder el Congreso es hasta dónde está dispuesto a llegar el sistema jurídico para proteger ecosistemas que cumplen funciones esenciales para la biodiversidad, el clima y la calidad de vida de las poblaciones.
La respuesta podría redefinir la manera en que Argentina enfrenta algunos de los mayores desafíos ambientales del siglo XXI.
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Advierten que el embargo a los Karlen no remedia el desmonte en el norte salteño 

Fecha de Publicación: 11/06/2026
Fuente: El Nuevo Diario de Salta
Provincia/Región: Salta


La Justicia amplió a más de $21.800 millones el embargo preventivo contra Juan José y Daniel Darío Karlen por el incumplimiento de un acuerdo de restauración ambiental firmado tras el desmonte ilegal de más de 11 mil hectáreas en el norte salteño.
El doctor en Biología Enrique Derlindati sostuvo que la provincia vuelve a mostrar una falla estructural: la ausencia de datos, monitoreo y voluntad real de recomposición. También cuestionó las “zonas marrones” del nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, que podrían habilitar nuevas áreas de desmonte.
El Juzgado en lo Civil de Personas y Familia de Tartagal hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y elevó la cautelar de poco más de $171 millones a $21.805 millones sobre los catastros Nº 30.746 y 30.747. La medida busca garantizar fondos suficientes ante una eventual ejecución forzada de las tareas de restauración ambiental, luego de años de incumplimientos al acuerdo homologado en 2018. Según los informes de la Justicia, desde entonces no existe evidencia concreta de restauración activa. Por el contrario, se detectaron actividades productivas incompatibles con las restricciones judiciales, como actividades agrícolas no autorizadas, almacenamiento de maíz, incumplimientos en la reforestación y falta de avances en la recuperación del bosque nativo.
Pero para el especialista en ambiente Enrique Derlindati, el caso no se agota en el monto del embargo. Lo que queda expuesto es una falla más profunda: una provincia que no toma datos, no monitorea, no controla y después pretende hablar de restauración.

“No es sólo plantar árboles”
Uno de los puntos centrales del análisis de Derlindati es la diferencia entre restaurar un ecosistema y realizar acciones aisladas de reforestación. “Restaurar es más complejo que plantar árboles. En realidad, no se debería plantar árboles. En una restauración, plantar árboles es casi la etapa final, si es que se hace”, explicó.
Para el especialista, el primer paso debió haber sido mucho más simple y, al mismo tiempo, mucho más profundo: clausurar el área desmontada. “El mejor método para restaurar es la clausura. Se debería haber clausurado el bosque. Esas 11 mil hectáreas deberían haberse dejado en recuperación, quizás con algún enriquecimiento o formando islas de recuperación, pero básicamente clausurarlo y dejar que la naturaleza actúe”, señaló.
Derlindati explicó que, si esa medida se hubiera aplicado desde el inicio, después de ocho años ya podría observarse un proceso visible de recuperación.
“En ocho años ya tenés un arbustal y un bosque, al menos el inicio de un bosque en recuperación. Eso es restaurar, no es reforestar ni nada de esas cosas que suelen publicarse”, remarcó.
La diferencia no es menor, porque restaurar un bosque nativo no significa colocar plantines para una foto ni cumplir con una formalidad administrativa, sino que implica permitir que vuelva a funcionar un sistema complejo.

Ocho años sin recuperación efectiva
La causa judicial señala que el acuerdo de restauración ambiental fue firmado en 2018. Desde entonces, distintos relevamientos realizados entre 2019 y 2026 indicaron que no hubo evidencia concreta de restauración activa.
Para Derlindati, las consecuencias son directas: “No aumentó la superficie de bosque, no hay recuperación de la biodiversidad, no hay nada de eso. Más si lo que se hizo fue mantener actividades agropecuarias en ese sector”, sostuvo.
El paso del tiempo, advirtió, no juega a favor del ambiente cuando no hay clausura ni seguimiento, porque cada año perdido reduce las posibilidades de recomposición y profundiza la degradación del ecosistema.
También la Justicia consideró acreditado el peligro en la demora, atento a que, en su resolución, el juzgado entendió que el paso del tiempo y las actividades incompatibles con el plan ambiental agravan los daños y dificultan la recomposición del bosque nativo.

Sin datos no hay restauración
El planteo más duro de Derlindati apunta a una falencia estructural del Estado provincial: la falta de información. “Lo grave acá, y es lo que siempre repito, es que tampoco hay información. No se sabe, no hay una línea de base, tengo entendido que no hay ningún tipo de relevamiento en la zona, nadie hizo nada”, cuestionó.
Según explicó, cualquier plan serio de restauración debía comenzar con una medición inicial del estado del ambiente luego del desmonte. A partir de allí, debían realizarse controles periódicos para saber si el ecosistema se recuperaba o no. “Se tendrían que haber tomado los datos de la zona tal cual se la dejó y anualmente, o bianualmente, o cada cinco años, tomar datos y ver si se está recuperando o no. No podemos hablar de ningún tipo de restauración y de recuperación si no sabemos qué está pasando en el ambiente”, afirmó.
La ausencia de datos vuelve imposible evaluar avances, exigir cumplimiento o corregir errores. Derlindati sostuvo que esta situación no es exclusiva del caso Karlen, sino parte de una forma de gestionar los conflictos ambientales en Salta. “Ahí es donde siempre las políticas públicas, sobre todo en esta provincia, fallan: en la falta de datos”, afirmó.
El especialista vinculó este déficit con otros casos sensibles de la provincia: “Hablemos de Karlen, hablemos de los pozos de petróleo, hablemos de Tolar Grande y los Ojos de Mar. Cualquiera de las situaciones, cualquiera de las catástrofes ambientales, porque ya son catástrofes de las que hablamos, no hay datos. Entonces no podemos saber hacia dónde van, si hay restauración, si hay recuperación, no podemos saber nada”, advirtió.
Para Derlindati, esa falta de información debería generar una reacción social mucho más fuerte:

Un embargo millonario, pero no reparador
La ampliación del embargo preventivo fue presentada como una medida destinada a garantizar recursos para una eventual ejecución forzada de la restauración.
Derlindati consideró que se trata de una medida importante, aunque insuficiente. “Me parece ejemplificadora la multa, si es que realmente es de cerca de 22 mil millones de pesos. Es una penalización importante, pero no repara”, sostuvo.
Si bien técnicamente se trata de un embargo preventivo y no de una multa definitiva, el especialista marcó una diferencia clave: asegurar dinero no equivale a recomponer el ambiente. “No hay remediación, no hay reparación, no hay valorización del daño ambiental. Es una penalización jurídica nada más”, afirmó.
Para que la medida tenga un impacto real, Derlindati sostuvo que debe traducirse en acciones concretas sobre el territorio. “Sería bueno que se encuentre la forma de que haya una remediación efectiva. Y para que esa remediación sea efectiva deberían convocar a profesionales que saben hacerlo, y en la provincia los tenemos”, planteó.

El nuevo ordenamiento bajo sospecha
El caso se conoce mientras se encuentra vigente el nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta, una herramienta clave para definir qué zonas deben conservarse, cuáles pueden tener usos productivos y cuáles podrían quedar habilitadas para desmontes. Derlindati fue crítico del rumbo que tomó ese proceso, ya que según explicó, las bases técnicas iniciales del ordenamiento contenían restricciones importantes. Sin embargo, luego el proceso habría cambiado de dirección.
“Las bases iniciales técnicas del ordenamiento estaban muy bien, se plantearon un montón de restricciones, pero después comenzó a ir en la dirección que siempre conocemos”, sostuvo. El especialista señaló que, tras ese cambio, quedaron como referentes ambientales que impulsaron la incorporación de las llamadas “zonas marrones” o áreas condicionadas al uso de tecnología.
La advertencia de Derlindati cobra mayor peso frente a los antecedentes provinciales. En una Salta atravesada por desmontes ilegales, causas judiciales, acuerdos incumplidos y restauraciones demoradas, cualquier flexibilización normativa puede convertirse en una señal peligrosa.
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Vuelve el streaming del Conicet por las profundidades del Mar Argentino: el Falkor navegará frente a las costas de Chubut

Fecha de Publicación: 10/06/2026
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


La campaña, que transmitirá en vivo las inmersiones del ROV SuBastian, busca descubrir nuevas especies, analizar la biodiversidad y fomentar la ciencia abierta y la educación pública en torno al Mar Argentino.
El Conicet anunció que los biólogos marinos que formaron parte de la expedición al cañón submarino Mar del Plata en 2025 volverán a explorar el océano profundo a bordo del buque Falkor (too) del instituto internacional Schmidt Ocean. Se trata de una nueva hazaña en el Mar Argentino, a partir de la cual, en abril de 2027, y a lo largo de 23 días, un grupo de 19 científicos explorará los cañones Ameghino y Almirante Brown, ubicados frente a la provincia del Chubut, a aproximadamente 600 kilómetros de la costa.
Se trata de un área clave porque Argentina tiene una de las regiones marinas más ricas y productivas del mundo con más de un millón de kilómetros cuadrados de superficie sumergida.
Según se precisó, la inmersión del ROV SuBastian será transmitida en vivo por streaming desde el canal oficial de la entidad científica al igual que en la campaña anterior. En paralelo, se realizarán actividades educativas en tiempo real con escuelas de todo el país y contenidos para divulgación científica.
La expedición, bautizada Talud Continental V, tiene como objetivo reunir información de una región poco explorada del Atlántico Sudoccidental, con alto potencial de biodiversidad y presencia de Ecosistemas Marinos Vulnerables.
“Para nosotros es una alegría enorme poder volver a trabajar en aguas profundas de nuestro país. Esta campaña se llama Talud continental V y eso tiene que ver con que es la continuación de un plan de trabajo que inició allá por el 2011, cuando Pablo Penchaszadeh y Mariano Martínez pusieron el foco en el cañón Mar del Plata", explicó al respecto Daniel Lauretta, el investigador del Conicet en el Museo Argentino “Bernardino Rivadavia” (MACNBR, CONICET) y jefe científico de las campañas Talud Continental IV y V.
Y agregó: “Poder ir a trabajar a un área nueva e inexplorada maximiza la probabilidad de encontrar especies nuevas para la ciencia, que es uno de los grandes objetivos de la campaña”.
Por su parte, Martín Brogger, investigador del Instituto de Biología de Organismos Marinos (IBIOMAR, CENPAT, CONICET) sostuvo: “Además de la emoción científica por descubrir nuevos ambientes y especies, también sentimos una gran motivación por seguir construyendo capacidades en el país, fortaleciendo equipos de trabajo interdisciplinarios y generando información que pueda ser útil para la conservación y el manejo del Mar Argentino”.

Qué esperan encontrar en la misión Talud V
Talud Continental V se propone avanzar hacia una nueva región del margen continental argentino, para ampliar el conocimiento sobre los ecosistemas profundos, de acuerdo con una línea de investigación sostenida durante más de una década sobre el estudio de la fauna del mar profundo.
Uno de los objetivos centrales será explorar profundidades superiores a los 4 mil metros, ampliando el rango de observación alcanzado en campañas anteriores y accediendo a ambientes aún no estudiados en Argentina.
En relación a las expectativas que genera la exploración de los cañones Ameghino Almirante Brown, Lauretta afirmó: “Los cañones submarinos mundialmente son considerados posibles zonas de alta biodiversidad, ya que presentan una gran variedad de ambientes en una zona relativamente pequeña. Dado que el tiempo de barco es muy limitado y que los fondos bajo jurisdicción nacional son muy amplios, nosotros tratamos de ir a zonas donde suponemos que la biodiversidad es particularmente alta. En ese sentido tenemos grandes expectativas respecto a la fauna a encontrar en los cañones“.
En tanto, remarcó que “la zona profunda de estos cañones no ha sido estudiada desde el punto de vista biológico hasta la fecha, por lo que va a ser la primera vez que vamos a poder ver y estudiar esta fauna”.
El científico añadió que si bien por un lado esperan encontrar especies que ya vieron en el cañón Mar del Plata, también tienen expectativas de hallar muchas especies diferentes.
“Parte del plan de estudiar la fauna en los diferentes cañones que se encuentran a lo largo del talud continental argentino es ver cómo se distribuye la fauna de norte a sur”, explica.
El equipo multidisciplinario de GEMPA, integrado por investigadores de distintas instituciones del país, abordará: biodiversidad de fondos profundos (invertebrados y peces); arrecifes de corales de aguas frías y hábitats vulnerables; ADN ambiental (eDNA) y conectividad biológica; procesos oceanográficos y dinámica de sedimentos e impacto humano en ambientes remotos, incluyendo microplásticos.
Los científicos que conformarán el grupo pertenecen en su mayoría insitucioens argentinas, como el CONICET, el Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” (MACN, CONICET) el Instituto de Biología de Organismos Marinos (IBIOMAR, CONICET), el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC, CONICET- UNMDP), el Instituto de Biodiversidad y Biología Experimental y Aplicada (IBBEA, UBA-CONICET), el Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC, CONICET) y el Instituto de Diversidad y Ecología Animal (IDEA, CONICET-UNC). También forman parte investigadores de las Universidades Nacionales de Buenos Aires, Córdoba, La Plata y Mar del Plata y Prefectura Naval Argentina.
Desde la institución destacaron el valor de la nueva misión y de la profesionalidad del cuerpo científico argentino. “Fortalece el desarrollo de investigaciones sobre biodiversidad y ecosistemas marinos vulnerables. Talud Continental V representa una oportunidad para continuar descubriendo la biodiversidad del Mar Argentino, generar información clave para su conservación y reforzar el vínculo entre la ciencia y la sociedad”, ponderaron.
“El océano profundo es uno de los ambientes menos explorados del planeta, y en Argentina todavía conocemos muy poco sobre gran parte de la biodiversidad que habita estos ecosistemas. Estudiar las profundidades del mar permite comprender cómo funcionan estos ambientes, qué especies viven allí, cómo se conectan con otros ecosistemas y qué rol cumplen en procesos globales como el ciclo del carbono o la regulación climática”, aseguró Brogger.

Talud Continental IV: un hito en la exploración marina argentina
Entre el 23 de julio y el 11 de agosto del 2025 una expedición liderada por científicos del Conicet exploró el océano profundo en el cañón submarino Mar del Plata -una región de alta biodiversidad y poco explorada del Atlántico Sur- a bordo del Falkor (too). Durante esta expedición se utilizó por primera vez en la región un vehículo operado remotamente (ROV), lo que permitió capturar imágenes del fondo marino en ultra alta definición de hasta casi 4 mil metros de profundidad y recolectar muestras sin alterar el entorno.
En el marco de esta histórica campaña se documentaron arrecifes de corales de aguas frías, extensos campos de corales blandos y una biodiversidad extraordinaria, incluyendo más de 40 especies potencialmente nuevas para la ciencia.
Además, la expedición generó un impacto sin precedentes en la comunicación pública de la ciencia, con millones de visualizaciones en transmisiones en vivo desde el fondo del océano. Esta experiencia permitió acercar la exploración científica a la sociedad y a instituciones educativas de todos los niveles, y consolidó un modelo de ciencia abierta con fuerte participación pública.
“Nunca imaginamos que la transmisión podía tener semejante repercusión. La sorpresa genuina ante cada ambiente o animal que descubríamos fue compartida con miles de personas, especialmente con los más chicos. Recibir tanto interés por el océano profundo y su fauna fue algo muy lindo que vamos a recordar durante toda nuestra carrera como investigadores”, comenta Ignacio Chiesa, investigador del Conicet en el Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC).
Para Brogger, se trató de una experiencia muy movilizadora: “Muchas veces la exploración científica ocurre lejos de la sociedad, especialmente cuando hablamos de ambientes tan remotos como el océano profundo. Ver a millones de personas siguiendo en vivo las inmersiones, haciendo preguntas, emocionándose con los hallazgos y siendo parte de alguna manera de la expedición fue muy importante para todo el equipo. También mostró que existe un enorme interés por la ciencia y por el océano cuando la información se comparte de manera abierta y accesible. Para nosotros fue una confirmación de que la comunicación pública y la ciencia abierta tienen que ser parte central de este tipo de expediciones”, expresa el científico.
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Atropellamientos en ruta: un fenómeno que crece y mutila a la fauna mendocina

Fecha de Publicación: 10/06/2026
Fuente: Portal MDZ
Provincia/Región: Mendoza


Organizaciones ambientales alertan por el aumento de los atropellamientos a animales en rutas mendocinas y reclaman más señalización y controles.
Las imágenes de animales muertos al costado de las rutas mendocinas son cada vez más frecuentes. Aunque muchas veces pasan desapercibidos para quienes circulan por estos caminos, detrás de cada atropellamiento existe un impacto que preocupa a organizaciones ambientalistas, investigadores y especialistas en conservación de la fauna.
 Desde la Fundación Cullunche advierten que la problemática viene creciendo y que Mendoza no está ajena a una situación que se repite en distintas provincias del país. Según explicó Jennifer Ibarra a MDZ, durante un viaje de ida y vuelta a Malargüe pudieron observar cerca de una decena de animales muertos sobre la ruta.
La situación no solo implica la pérdida de ejemplares silvestres. También genera lo que los especialistas denominan defaunación, es decir, la disminución progresiva de animales en los ecosistemas por causas vinculadas a la actividad humana.

 Lo que se puede observar en las rutas
"El otro día fuimos a Malargüe y de ida y vuelta vimos más o menos una decena de animales muertos", relató Ibarra. Desde la organización sostienen que las altas velocidades y la falta de señalización adecuada favorecen este tipo de episodios en distintos puntos de la provincia.
De hecho, en un solo fin de semana y en un recorrido de 356 kilómetros entre ida y vuelta, integrantes de la fundación registraron la muerte de una liebre, tres zorros grises, dos zarigüeyas, dos zorrinos y tres perros. Para los ambientalistas, estos números reflejan una realidad que muchas veces queda invisibilizada.
Las rutas suelen atravesar zonas donde los animales viven, buscan alimento o se desplazan naturalmente. Cuando esos corredores quedan divididos por el avance de la infraestructura vial, aumenta considerablemente el riesgo para la biodiversidad.

Los estudios también muestran el impacto
La preocupación no surge únicamente de observaciones ocasionales. Un trabajo presentado por investigadores del IADIZA, la Reserva de Biósfera Ñacuñán y organismos provinciales analizó los atropellamientos registrados en la Ruta Provincial 153, que atraviesa un área protegida de Mendoza.
Durante el monitoreo se contabilizaron 189 animales atropellados pertenecientes a 31 especies diferentes. El grupo más afectado fue el de los mamíferos, seguido por aves y reptiles. Entre las especies registradas aparecieron zorros grises, cuises y pequeños felinos, entre otros ejemplares de la vida silvestre.
Los investigadores también detectaron que la cantidad de atropellamientos era mayor dentro del área protegida que fuera de ella. Por ese motivo recomendaron reforzar medidas de mitigación y promover una conducción más responsable en zonas donde existe presencia de animales.

Cartelería y concientización
Ambientalistas piden campañas de concientización y más cartelería para reducir un problema que afecta tanto a la fauna como a las personas.
Ante este escenario, desde Cullunche anunciaron nuevas campañas para visibilizar el problema. Además, adelantaron que presentarán pedidos formales ante organismos viales para incorporar más señales que adviertan sobre cruces de animales en sectores críticos.
La organización sostiene que muchas rutas de Mendoza y del resto del país atraviesan ambientes naturales sin contar con la señalización suficiente. Por eso consideran que una mayor presencia de carteles puede ayudar a que los conductores reduzcan la velocidad y estén atentos a posibles cruces de especies.
En la Legislatura provincial también surgieron iniciativas vinculadas al tema. Durante 2025 se presentó el proyecto "Un cartel, una vida", que busca prevenir atropellamientos de animales en rutas y caminos mendocinos mediante mayor señalización y acciones de sensibilización.

Un desafío ambiental y también vial
Los especialistas remarcan que el problema no afecta únicamente a los animales. Los choques con fauna silvestre también pueden provocar accidentes graves, daños materiales e incluso víctimas fatales entre los conductores y acompañantes.
Experiencias desarrolladas en otras provincias muestran que existen alternativas para reducir estos episodios. Entre ellas aparecen los pasos seguros para animales, mejoras en la infraestructura vial, monitoreos científicos y campañas permanentes de prevención.
Mientras tanto, desde las organizaciones ambientales insisten en una medida simple que cualquier conductor puede adoptar de inmediato: disminuir la velocidad y prestar atención al entorno. Para quienes trabajan en la conservación de la naturaleza, cada animal que logra cruzar una ruta de manera segura representa una pequeña victoria para el equilibrio de los ecosistemas y para la seguridad de todos los que transitan por los caminos de Mendoza.
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Depredación pesquera de buques extranjeros en el Mar Argentino 

Fecha de Publicación: 09/06/2026
Fuente: Diario El Día
Provincia/Región: Nacional


Una vez más volvieron a conocerse denuncias sobre la pesca ilegal por parte de buques extranjeros que operan en el Mar Argentino, la mayoría de ellos sin permiso y dentro de la zona pesquera de nuestro país. Así, un informe de la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (FULASP), determinó que flotas de otros países que operan sobre el borde de la milla 201 extraen entre 1,5 y 3 millones de toneladas de recursos por año, una cifra que supera ampliamente las capturas de la industria nacional.
Se trata de una situación que se presenta hace décadas, con barcos que se llevan los mejores recursos, un verdadero botín millonario del que despojan a la Argentina sin que nada los detenga. Los datos relevados indican que mientras la pesca argentina desembarca entre 750.000 y 900.000 toneladas anuales, los buques internacionales llegan a capturar hasta cuatro veces más volumen. El estudio señala además que entre 2019 y 2024 la extracción en el Atlántico Sudoccidental aumentó un 65 por ciento.
La mayoría de las embarcaciones proviene de China, Corea del Sur y Taiwán. Cada año, entre 400 y 600 embarcaciones extranjeras se concentran en la zona para capturar recursos migratorios asociados al ecosistema argentino. Imágenes aéreas tomadas hace años desde un avión argentino mostraron lo que desde lejos parece ser una ciudad nocturna totalmente iluminada en el mar, aunque se trataba de una concentración de barcos pesqueros.
La FULASP advirtió que muchas especies están siendo capturadas antes de completar sus ciclos reproductivos, lo que compromete la capacidad de recuperación de los recursos. “El daño más grave es biológico: muchas especies están siendo capturadas antes de completar su ciclo natural”, señaló el especialista.
Uno de los recursos que genera mayor preocupación es el calamar Illex argentinus, considerado una especie clave para la actividad pesquera y para la cadena alimentaria del Atlántico Sur. La organización Environmental Justice Foundation (EJF) advirtió que la combinación de sobrepesca y cambios ambientales podría provocar un colapso poblacional en apenas un año debido al corto ciclo de vida de esta especie.
De acuerdo a versiones, la presencia de esta verdadera flota de barcos que piratean la inmensa riqueza ictícola del país, llevándose una pesca que luego es enlatada y vendida a muy altos costos –en una actividad que debiera ser aprovechada por los argentinos- se vio intensificada desde principios de la pandemia, en 2020, hasta la fecha.
Distintos operadores coinciden en que faltan patrullajes, logística y decisión política por parte de la Argentina para combatir esta gigantesca depredación de sus recursos. Se han registrado últimamente ingresos masivos de pesqueros ilegales al Mar Argentino, sin que frente a ellos resultaran suficientes los escasos patrullajes y la presencia del Estado para proteger los recursos naturales del país.
Desde luego que también está en juego el concepto de la soberanía y de allí la necesidad de acudir en protesta ante los organismos internacionales, avanzando asimismo en acuerdos diplomáticos con los Estados cuyos barcos violan el espacio marítimo argentino, depredando recursos que nos pertenecen y que, si el país decidiera explotar esa enorme riqueza desaprovechada, podría allegar una enorme cantidad de divisas al país.
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Ampliaron a $21 mil millones un embargo por desmontes ilegales

Fecha de Publicación: 09/06/2026
Fuente: Página12
Provincia/Región: Salta


El desmonte ilegal fue detectado por la AFIP en 2014 junto a una situación de trata laboral. El Ministerio Público Fiscal llegó a un acuerdo de restauración que los dueños de las tierras incumplieron recurrentemente.
La administración de justicia salteña hizo lugar a un pedido del Ministerio Público Fiscal y amplió a más de 21.800 millones de pesos el embargo preventivo sobre dos catastros rurales del norte provincial, ante los reiterados incumplimientos de un acuerdo de restauración ambiental firmado en 2018 por el desmonte ilegal de más de 11 mil hectáreas de bosque nativo.
La jueza en lo Civil de Personas y Familia de Tartagal, Viviana Yance, resolvió en tal sentido tras el pedido del procurador General de la provincia, Pedro García Castiella, y de la fiscal civil de Tartagal, Rosa Vélez Román.
La ampliación de la medida cautelar ambiental es en contra de los hermanos Juan José y Daniel Darío Karlen, por el incumplimiento de un acuerdo de recomposición ambiental firmado en 2018.
Se trata de una causa por el desmonte ilegal de más de 11 mil hectáreas de bosque nativo ubicadas cerca de la localidad de Dragones, en el departamento San Martín, y detectado por la ex AFIP en 2014, en un operativo a raíz de denuncias sobre personas que estaban en situación de trata laboral.
El embargo original era de 171 millones de pesos. A cambio, durante la gestión como procurador General del ahora juez de la Corte de Justicia, Pablo López Viñals, en 2018 se había acordado la reparación del monte.
Pero desde entonces fueron insistentes las denuncias sobre incumplimientos del Acuerdo Definitivo de Restauración Ambiental, y también las resoluciones judiciales que daban cuenta de la situación.
La última decisión judicial elevó el embargo preventivo original que recae sobre los catastros afectados por el desmonte ilegal -catastros 30.746 y 30.747- del departamento San Martín con el fin de garantizar fondos suficientes para una eventual ejecución forzada de las tareas de restauración ambiental.
Según los informes técnicos y económicos elaborados por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), el nuevo monto representa el valor actualizado del costo de restauración ambiental.
En sus fundamentos, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que, pese al convenio homologado judicialmente, persistieron reiterados incumplimientos por parte de los demandados, detectados en distintos informes técnicos y relevamientos realizados entre 2019 y 2026.
Los informes del CIF sostienen, además, que desde 2018 no hubo evidencia concreta de restauración activa y que persisten actividades productivas dentro de los catastros afectados, pese a las restricciones judiciales.
Como vinieron denunciando comunidades indígenas de la zona y hasta la asociación ambientalista Greenpeace en estos últimos años, e el Ministerio Público Fiscal confirmó ahora que “entre las irregularidades señaladas figuran actividades agrícolas no autorizadas, almacenamiento de maíz, incumplimientos en la reforestación y ausencia de avances en la restauración del bosque nativo”.
El Juzgado consideró acreditado el peligro en la demora, al advertir que el paso del tiempo y las actividades incompatibles con el plan ambiental agravan los daños y dificultan la recomposición del ecosistema afectado.

Uso judicial para dilatar
En su presentación, ella con asistencia de la Relatoría Ambiental, a cargo de Juan Sebastián Lloret, el procurador García Castiella señaló también que los demandados habrían utilizado recursos judiciales con fines dilatorios, y aseguró que en efecto, esto demoró el avance del expediente y la ejecución efectiva de la sentencia ambiental. Asimismo, advirtió que el paso del tiempo agrava el daño ambiental y dificulta la recomposición del bosque nativo, por lo que se considera necesario asegurar fondos suficientes para afrontar una eventual ejecución forzada de las tareas de restauración.
El 20 de septiembre de 2017, los demandados asumieron voluntariamente el compromiso de llevar a cabo un plan de recomposición ambiental que debía abarcar toda la finca y que debía extenderse por 30 años, integrando en la solución a los puesteros y a las comunidades indígenas de la zona.
“En ese acuerdo, que se firmó con la Procuración General de la Provincia, se buscaba una salida concertada de justicia restaurativa que permitiera la recomposición de un paisaje de bosque nativo con trabajo local e indígena, y la regularización de los ocupantes”, explicó Lloret.
Asimismo, indicó que la intención, a partir de allí, era “paulatinamente pasar a actividades agropecuarias bajo un monte protegido por el color amarillo del Manejo de Bosques con Ganadería Integrada (MBGI), con beneficios económicos, ambientales y climáticos para la sociedad del departamento San Martín”.
Ante la posterior reticencia a cumplir, la fiscal de Tartagal requirió la imposición de una multa por incumplimiento procesal, este pedido fue concedido por la jueza Viviana Yance, que intimó a los hermanos Karlen a cumplir desde el 19 de mayo de 2020.
Contra ello, los Karlen interpusieron un planteo de nulidad que fue rechazado, tanto en primera instancia como en segunda instancia, por la Sala Segunda de la Cámara Civil, con el voto de los jueces Alejandro Lávaque y Leonardo Aranibar.
El coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini, destacó la actualización de la multa, pero advirtió en la penalización de los desmontes ilegales.
“Si bien es muy importante que se actualice la multa a uno de los mayores desmontes ilegales de la historia, la nula restauración del bosque y la demora en el pago de las sanción económica, demuestran que es necesario avanzar con la penalización de la destrucción de bosques”, aseguró. 
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Montañas de residuos del fracking contaminan el ambiente en Argentina

Fecha de Publicación: 08/06/2026
Fuente: Portal Chequeado
Provincia/Región: Neuquén


La ciudad de Neuquén está dividida en dos realidades por un gran barranco que la atraviesa. Las calles suburbanas del valle son muy parecidas a las de cualquier otra ciudad argentina. Pero en la meseta, la industrialización cubre en absoluto el paisaje. Es un páramo con tendido eléctrico que espera nuevos residentes en una de las regiones de más rápido crecimiento del país.
El motor de estos cambios es Vaca Muerta, uno de los yacimientos de shale gas más grandes del mundo y una formación aclamada por todo el espectro político argentino como la salvación económica del país.
Según datos del Ministerio de Energía de Neuquén, más del 97% del petróleo de la provincia y más del 90% de su gas se extraen mediante fracking, una técnica que consiste en inyectar agua, arena y productos químicos a alta presión para fracturar la roca y liberar hidrocarburos. A finales de 2025 se batió el récord histórico de producción.
Se trata de una técnica controvertida que se ha relacionado con un aumento de los sismos. Pero los residentes señalan otra cara oculta del auge: los residuos. Los expertos sostienen que los residuos del fracking no se están tratando adecuadamente en Argentina, lo que provoca contaminación ambiental y riesgos potenciales para la salud pública.
La normativa local exige que se procesen adecuadamente. Pero allí hay montañas de residuos que demuestran lo contrario.

La vida bajo las montañas de residuos
La calidad de vida en Neuquén depende de la dirección del viento. “Cuando pega para este lado, sube mucho olor. También te agarra irritación en los ojos y estornudás constantemente”, dice Julio Polo. Es guardia de seguridad en el desarrollo urbano que rodea el Parque Industrial Neuquino Oeste (PINO).
El olor es similar al del azufre, aunque hay muchas más sustancias químicas en el aire y el suelo. El fracking genera dos tipos de residuos. El agua contaminada vuelve a la superficie tras la fractura, junto con salmuera natural, y se inyecta en pozos subterráneos.
Esta práctica se ha relacionado con la sismicidad inducida, ya que la presión puede reactivar fallas inactivas. En algunos países de América del Norte, hasta el 70% de estas aguas residuales se reutiliza para el fracking y otros fines industriales, pero en Argentina, más del 95% se deposita bajo tierra, según explicó a Vaca Muerta News Pedro Brisio, miembro de la comisión directiva del Colegio de Profesionales del Ambiente de Neuquén.
Los residuos semisólidos del fracking, por su parte, son una pasta del color de la tierra húmeda y compuesta por roca perforada, denominada cuttings, mezclada con residuos procesados y arena. Dentro del procesamiento de estos lodos, industrias tercerizadas los acumulan formando montañas visibles. Algunas de estas plantas lo han hecho muy cerca de poblaciones.
La normativa provincial exige que estos lodos se traten mediante métodos autorizados, entre ellos hornos de alta temperatura que queman los componentes tóxicos y los reducen a cenizas en un ambiente controlado. Sin embargo, en la práctica, la capacidad de tratamiento ha sido sistemáticamente insuficiente para los volúmenes que se producen. Los residuos se acumulan. En 2023, los volúmenes aumentaron en más de un tercio con respecto al año anterior, según datos a los que ha tenido acceso Chequeado.
Los inversores internacionales tienen una participación significativa en el auge que genera estos residuos. Las empresas chinas han invertido aproximadamente US$ 6.000 millones en el sector de los combustibles fósiles de Argentina, incluida Vaca Muerta, según un análisis de Perfil. Esto representa alrededor de una cuarta parte de todas las inversiones chinas en el país.
Pan American Energy, el cuarto mayor productor de petróleo de Vaca Muerta, es propiedad conjunta de Bridas Corporation y BP. Bridas es una empresa conjunta entre la familia argentina Bulgheroni y el gigante energético marítimo estatal chino CNOOC, cuya participación en Bridas supuso la mitad de la inversión total de China en combustibles fósiles en Argentina.
Mientras Argentina se apresura a convertirse en un importante exportador de gas natural licuado (GNL), China figura entre los principales compradores potenciales a los que apunta la empresa energética estatal argentina YPF, junto con Brasil, India, Japón y Europa.
El fracking y sus residuos constituyen importantes fuentes de contaminación para las zonas circundantes. Según un estudio de 2019 realizado por la iniciativa Concerned Health Professionals of New York, se detectaron más de 200 contaminantes en el aire cerca de las operaciones de fracking en Estados Unidos, y se encontraron más de 1000 sustancias químicas en los fluidos de fracking. El estudio también describe la presencia de radiactividad en las aguas residuales.
En la provincia de Neuquén actualmente hay 5 vertederos y 5 plantas de tratamiento en funcionamiento, según Leticia Esteves, ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales provincial. También hay tres plantas de tratamiento que han estado o están actualmente involucradas en disputas legales relacionadas con casos de contaminación: E.ET., HP&V y Comarsa.
Esteves afirmó que no se autorizarán nuevos vertederos. “Las empresas deben invertir en métodos alternativos de tratamiento de residuos, no solo por razones medioambientales, sino también por razones logísticas”, añade a Dialogue Earth.
Destaca que los emplazamientos existentes son seguros y cuentan con las licencias pertinentes, pero reconoció que son “zonas de sacrificio”: “No podrán utilizarse para nada más”.

El caso Comarsa
Una de las empresas acusadas de contaminar la zona es la Compañía de Saneamiento y Recuperación de Materiales (Comarsa), que opera dentro del PINO desde 2009.
La fiscalía del caso, acompañada de una querella compuesta por organizaciones ambientales y vecinales, le imputa haber aceptado una cantidad de material muy superior a la que podía tratar en sus cuatro hornos.
El resultado, según explica la querella a Dialogue Earth, fue que se acumularon alrededor de 350.000 metros cúbicos de residuos al aire libre sobre terreno sin impermeabilizar, desbordando los muros de contención de hormigón de las instalaciones.
En 2024, Comarsa perdió su licencia estatal para procesar residuos de perforación, incluidos los recortes. Sus hornos fueron desmantelados y se ordenó a la empresa que transportara los residuos a un emplazamiento designado a unos 115 kilómetros de distancia, en una zona alejada de entornos urbanos, según coinciden tanto Esteves como la fiscalía.
Rafael Colombo, un abogado que forma parte de la querella contra Comarsa y es miembro de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA), alega que la acumulación de residuos ha causado contaminación del suelo y del aire, incluyendo elementos que pueden ser perjudiciales para la salud humana como el benceno, el plomo y el arsénico.
En la última audiencia judicial celebrada en marzo, los abogados que representan a Comarsa intentaron restar importancia al daño ambiental, según documentos a los que ha tenido acceso Dialogue Earth. Afirmaron que la empresa ya estaba retirando los residuos del emplazamiento de Neuquén y que esta tarea concluiría en breve; el acuerdo con el gobierno provincial puso como fecha límite octubre. También señalaron que el suelo que rodea la planta no estaba contaminado.
Los hornos originales, que ahora están cerrados, han pasado factura a los residentes de la zona. Varias personas que conversaron con Dialogue Earth describen experiencias similares: olores fuertes que causan irritación en la boca, la nariz y los ojos, dificultad para respirar y dolores de cabeza. Todos lo atribuyen a la planta de Comarsa. Varios vecinos afirman que estos síntomas reaparecen cuando hace calor o después de llover.
Carlos, que prefirió no revelar su apellido, ha vivido allí toda su vida y recuerda que, cuando los hornos estaban en funcionamiento, los síntomas eran mucho más graves. “Los hornos quemaban mal. Se emitía un humo negro. A la noche se ve menos el humo y por eso muchas veces quemaban más a la noche”, afirma, haciéndose eco de las opiniones de otros cuatro residentes.
Daniel, un profesor que protestó contra la planta en 2016, dijo que el humo provocó problemas de salud. “Fue entonces cuando los bebés y los niños comenzaron a sufrir los efectos de la contaminación”, afirma. “Imagínense, las personas que viven en estos asentamientos informales son familias jóvenes. El grupo vulnerable son principalmente los niños”, añade.
El equipo jurídico de Comarsa no respondió a la solicitud de comentarios de Dialogue Earth. El caso está a la espera de juicio.
En la apertura de la sesión legislativa de este año, un discurso anual en el que los líderes políticos exponen sus logros y prioridades, el gobernador Rolando Figueroa anunció que ya se habían retirado 139 mil toneladas de residuos de la planta de Comarsa en Neuquén.

Los vertederos de Añelo
Neuquén no es la única localidad transformada por el fracking. Añelo se encuentra a poco más de 100 kilómetros de distancia, junto a una ruta que ofrece acceso directo al yacimiento de Vaca Muerta. Un flujo constante de camionetas blancas y camiones pesados satura el camino.
Pero Añelo no siempre fue así. “Tenía más o menos mil habitantes. Arrancó como una posta de correo que después se convirtió en un pueblo de crianceros, sobre todo de chivos. Eso cambió hace poco más de 15 años”, cuenta Cecilia Romero, profesora y vecina del lugar. “De estar en asados de chivos y en fiestas criollas con todos usando alpargatas, boina y a caballo pasamos a una hilera de camiones todo el día”, añade. Calcula que ahora pasan por Añelo unas 50 mil personas al día.
Al igual que en la capital provincial, Añelo cuenta con una meseta donde se asienta la población que llega para trabajar en la industria. A pesar de estar situados junto a uno de los yacimientos de gas más grandes del mundo, estos barrios solo tuvieron gas instalado hace unos meses, según contaron algunos residentes a Dialogue Earth. Se encuentran a menos de dos kilómetros de uno de los vertederos donde se procesan los residuos sólidos del fracking en Vaca Muerta.
En estas instalaciones se encuentra una planta operada por Indarsa, una empresa controlada por el Grupo Urcera, uno de los grupos empresariales más importantes de la provincia. Este grupo controla 2 de los 5 vertederos de la zona, según registros del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) a los que tuvo acceso Dialogue Earth.
En una recorrida por la zona para este artículo, se pudo observar que es el relleno más grande: una montaña de cenizas con una altura similar a la de un edificio de cinco plantas. Los lodos se procesan hasta convertirse en cenizas que luego se depositan allí. Por el fuerte viento patagónico, las empresas riegan con agua la cresta de esos montículos para evitar que el polvo vuele, aunque no siempre lo logran.
Los lodos transportados desde Comarsa, en Neuquén, también terminan en este emplazamiento.
Algunos residentes están preocupados por el impacto de estos residuos en el suministro de agua. “Nosotros tomamos agua embotellada porque sabemos que la del río no es buena. Puede venir con químicos del petróleo”, afirma un vecino.
Indarsa no ha respondido a una solicitud de comentarios.
Sin embargo, los residuos no son la principal preocupación para la mayoría de los residentes de Añelo. No ven que Vaca Muerta les aporte desarrollo ni puestos de trabajo. “Estamos peleando contra gente de afuera, formada para la actividad petrolera. Nosotros somos neuquinos que crecimos en el valle con crianceros y chivos”, reflexiona un residente. “Entonces te tenés que adaptar a una situación que te impusieron”.
Esteves reconoce que existe presión para resolver el problema de los residuos sólidos del fracking lo antes posible. Pronto se exigirá a las petroleras que traten sus residuos con métodos más modernos, afirma. La intención es que esto se haga en el propio lugar de extracción. La petrolera estatal YPF ya está desarrollando una planta de tratamiento de residuos a 17 kilómetros de Añelo.
Para Esteves, Estados Unidos es un ejemplo de las oportunidades que se están perdiendo en Argentina. “Allá se está discutiendo usar las cenizas en la construcción de caminos y rutas”, dijo.
Mientras tanto, en Argentina, la producción crece y las montañas de residuos siguen acumulándose.
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Caza de nutrias: ONG rechazó la autorización para matar 100 mil ejemplares

Fecha de Publicación: 08/06/2026
Fuente: El Once
Provincia/Región: Entre Ríos


La caza de nutrias volvió a generar polémica en Entre Ríos luego de que organizaciones ambientalistas cuestionaran la autorización provincial para la extracción de hasta 100 mil ejemplares de coipo. Gabriel Bonomi, integrante de una ONG dedicada al estudio de las aves y el ambiente, manifestó su rechazo a la medida durante una entrevista en el programa “GPS”, que se emite por Elonce.
El referente explicó que existe una confusión habitual sobre la especie involucrada. “Lo que se autoriza es la matanza de coipos. En Entre Ríos se conoce casi indistintamente dos especies diferentes de nutrias, que en realidad no es una nutria, sino algo similar. Son familias totalmente diferentes. Los coipos son animales acuáticos muy importante para los ecosistemas acuáticos de la provincia”.
Según indicó, la preocupación principal radica en la ausencia de estudios científicos que permitan determinar el impacto que podría tener una extracción de semejante magnitud sobre las poblaciones silvestres de la especie. 

Falta de estudios y controles
Bonomi cuestionó los fundamentos utilizados para habilitar la actividad y sostuvo que los argumentos expuestos tienen un fin económico: “El gobierno provincial autorizó la matanza de 100 mil ejemplares de esta especie. Los argumentos son comerciales, pero lo que entendemos es que no hay estudios realizados por la provincia para determinar si las poblaciones de esta especie están en condiciones de hacer semejante extracción porque estamos hablando de un número sideral”.
Asimismo, remarcó que la falta de controles constituye otro de los aspectos que genera preocupación entre las organizaciones ambientalistas. “Además, considerando la absoluta falta de control que hay en cuanto a la matanza. El Estado provincial no tiene ningún tipo de capacidad para controlar la matanza”.
Las declaraciones se suman al debate que desde hace tiempo mantienen distintos sectores respecto de la conservación de la fauna silvestre en la provincia y el equilibrio entre las actividades económicas y la protección ambiental.

El papel del coipo en los humedales
El integrante de la ONG también hizo referencia a la función ecológica que cumplen estos animales dentro de los ecosistemas acuáticos entrerrianos. En ese sentido, destacó que su importancia excede ampliamente el valor comercial que pueda atribuirse a la especie.
“Estas especies además de formar parte de la cadena trófica –son presas de yacarés, de gatos montés, de lobitos de río-, son grandes dispersores de huevos y semillas de plantas acuáticas que se pegan en su pelaje y lo van trasladando a lo largo de los humedales de la provincia de Entre Ríos. Esto no se está teniendo en cuenta por parte del gobierno provincial”, sostuvo.
Para los ambientalistas, cualquier decisión vinculada con la extracción de fauna silvestre debería contemplar estudios técnicos actualizados y mecanismos de monitoreo que permitan evaluar las consecuencias sobre los ecosistemas. 

Pedido de información y posibles acciones
En relación con los pasos a seguir, Bonomi adelantó que solicitarán documentación oficial para conocer los fundamentos de la medida y los estudios que respaldan la autorización.
“Vamos a pedir información pública al gobierno provincial, algo que debió haberse hecho sin necesidad de que se la solicite. Esto debió ser una decisión participativa para honrar acuerdos internacionales que hablan de la protección del ambiente”, afirmó.
Además, dejó abierta la posibilidad de avanzar por la vía judicial si no obtienen respuestas satisfactorias. “Consideramos la posibilidad de accionar nuevamente contra el gobierno provincial por esta cuestión, más allá de la demanda que existe por la caza de aves”, resaltó.
De esta manera, la autorización para la extracción de coipos volvió a instalar el debate sobre la gestión de la fauna silvestre en Entre Ríos, mientras organizaciones ambientalistas reclaman mayor información, estudios científicos y participación ciudadana en las decisiones vinculadas a los recursos naturales. 
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San Nicolás: ordenan la indagatoria de directivos de una agroquímica y de funcionarios provinciales por su presunta responsabilidad en la contaminación del Río Paraná

Fecha de Publicación: 06/06/2026
Fuente: Portal fiscales.gob.ar
Provincia/Región: Buenos Aires


La Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario dispuso que el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo cite a declaración indagatoria a seis directivos de la empresa agroquímica ATANOR S.A., cinco funcionarios del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible y tres presidentes de la Autoridad del Agua por su presunta responsabilidad en la contaminación del Río Paraná y el suelo de la zona.
De este modo, los camaristas hicieron lugar a los recursos de apelación presentados por el fiscal federal Matías Di Lello, a cargo de la Sede Fiscal Descentralizada San Nicolás de los Arroyos, y la querella que representa a un grupo de vecinos de la ciudad.

La investigación
La causa comenzó el 3 de junio de 2014 cuando un grupo de habitantes de la localidad ubicada al norte de la provincia de Buenos Aires solicitó que se investigara a la empresa química por la posible comisión de delitos contra la salud pública –-previstos en los artículos 200 a 207 del Código Penal de la Nación-– e infracciones a las leyes N°24.051 de Residuos Peligrosos y N°22.421 de Conservación de Fauna Silvestre.
En su presentación, señalaron que, desde hacía varios años, la planta local de ATANOR S.A. generaba escapes de gas, vertía efluentes líquidos contaminantes al Río Paraná, tendía caños clandestinos, enterraba residuos tóxicos en las barrancas del río y las regaba con líquidos contaminados. También denunciaron que la firma abría las compuertas de la laguna de afinamiento de la planta para su lavado y que eran evidentes las deficiencias edilicias y tecnológicas.
Por otra parte, los denunciantes señalaron que sufrían daños en su salud y que diversos habitantes del Barrio Química habrían fallecido por causas relacionadas a la actividad contaminante de la planta.
La investigación fue delegada en la fiscalía a cargo de Di Lello, que solicitó una serie de medidas de prueba y recibió el testimonio de distintos vecinos y exempleados del predio. De los informes químicos solicitados surgió la presencia de atrazina en las muestras de agua obtenidas del río, y de cipermetrina y trifuralina en los muestreos del suelo.

Pedidos de indagatoria
El 11 de octubre de 2022, la querella pidió que se convocara a declaración indagatoria a las autoridades de la empresa, pero el juez Villafuerte Ruzo rechazó el pedido por considerarlo prematuro. La querella recurrió la decisión.
El 2 de mayo de 2023, el fiscal federal Di Lello le solicitó al juez que indagara a los directivos de Atanor, del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible y a los presidentes de la Autoridad del Agua.
A los seis responsables de la firma química, en su calidad de directivos y encargados de la planta, les endilgó haber contaminado —por lo menos— hasta el 16 de julio de 2020, el curso del río Paraná, sus barrancas, el suelo y el aire, mediante “el esparcimiento de partículas en el ambiente y el vuelco de efluentes al río, los que contenían residuos peligrosos categorizados como desechos Y4 del Anexo I de la ley 24.051 [de Residuos Peligrosos]”, lo cual -sostuvo- puso en riesgo la salud pública y la de la población de los barrios Química y Ponce de León de aquella ciudad del noreste bonaerense.
En relación a los cinco directores ejecutivos del organismo provincial de control, consideró que habían “incumplido con la misión y función impuesta a los funcionarios de dicho organismo”, por cuanto habrían omitido fiscalizar, ejecutar la política ambiental, preservar los recursos naturales, y desarrollar acciones de control sobre los elementos que pudieran causar la contaminación del aire, agua, suelo y, en general, todo lo que pudiere afectar el ambiente.
Finalmente, a los tres presidentes del organismo de supervisión provincial les imputó haber omitido cumplir con las disposiciones de la Ley provincial N°12.257 -Código de Aguas-, específicamente en lo relacionado con la reglamentación, supervisión y vigilancia de actividades y obras relativas al estudio, captación, uso, conservación y evacuación del agua. En tal sentido, el fiscal consideró que “se abstuvieron de actuar con el objeto de procurar la preservación del agua y para la protección del medio ambiente y de los bienes públicos y privados del impacto dañoso del agua”, y que tampoco supervisaron ni vigilaron las actividades y obras correspondientes.
El 13 de junio de 2023, la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones rechazó la apelación de la querella contra la resolución del 18 de noviembre de 2022 y ordenó remitir la causa al juez para que, en base a nuevos elementos incorporados a la investigación, se expidiera sobre las solicitudes de las partes acusadoras.
Tras varias idas y vueltas, el 2 de octubre de aquel año, el juez entendió que hasta que el tribunal de Alzada no resolviera las impugnaciones pendientes, no correspondía dar curso a las citaciones solicitadas por la fiscalía y la querella. La decisión fue recurrida por el fiscal Di Lello, al entender que el  magistrado había efectuado una errónea interpretación de la decisión de la Cámara rosarina y había propuesto una nueva diligencia que no tenía correlato con la plataforma fáctica y las pruebas consideradas al solicitar las indagatorias.
Además, el representante del MPF postuló: “el cúmulo probatorio que acredita la materialidad de los hechos y las eventuales responsabilidades de los imputados, sin fundamento e invocando condiciones inválidas, no es más que un rechazo tácito a lo peticionado y constituye un sobreseimiento ficto de los imputados de autos, en los términos del artículo 336 del CPPN, que frustra irremediablemente los fines de este proceso”.

La decisión de la Sala B
Al resolver la cuestión, la jueza Silvina María Andalaf Casiello consideró que correspondía hacer lugar a las apelaciones y citar a las personas imputadas a prestar declaración indagatoria.
En su voto, al que adhirió su colega Aníbal Pineda, la camarista sostuvo: “las pruebas en producción pendientes o por producirse, serán valoradas oportunamente para el caso del dictado de la situación de mérito de los encausados”.
Además, destacó que “la instrucción se encuentra delegada, hace once años, no habiéndola reasumido el magistrado” y que, en atención a ello, el juez debería haber considerado la postura de la fiscalía respecto a que “corresponde tachar la supeditada decisión a la realización de una medida probatoria que se encuentra pendiente…y que no resulta determinante, más si se contrapone con el caudal probatorio que existe hasta el momento”.
“Por todo lo analizado y dado los diversos y retirados pedidos de llamados a indagatoria, los que han sido diferidos de decidir, o rechazados por el magistrado, en base a distintas argumentaciones, siendo denegado ello una vez más en la providencia del 2 de octubre de 2025, consistiendo el motivo de tal denegatoria en la pericia del 30 de noviembre de 2020, atento el tiempo transcurrido y estando delegada la instrucción como referí, y no habiéndola reasumido a lo largo de estos años, considero corresponde hacer lugar a los recursos de apelación interpuestos, y disponer el llamado a recibir declaración indagatoria de las personas individualizadas por la fiscalía y la querella en sus respectivos escritos”, concluyó la jueza.
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Denuncias y sospechas de contrabando de fauna ponen bajo la lupa a un inspector

Fecha de Publicación: 06/06/2026
Fuente: El Once
Provincia/Región: Corrientes


Una investigación periodística reveló denuncias, causas judiciales y presuntas irregularidades vinculadas a la actividad cinegética en Corrientes. También se analizan posibles maniobras para exportar trofeos de caza.
La actividad vinculada al turismo cinegético en Corrientes quedó bajo observación tras una investigación que expuso sospechas de contrabando de fauna, presuntas irregularidades en la emisión de permisos de caza y el rol de un inspector provincial señalado por distintos actores del sector.
Según se informó, la organización internacional Freeland International, dedicada a investigar redes de tráfico de fauna silvestre, recibió en enero una alerta relacionada con viajes de caza deportiva organizados por influencers y cazadores extranjeros hacia la localidad correntina de Sauce, uno de los principales centros de turismo cinegético de la provincia, publicó La Nación. 
La información recopilada indicaba que estos operadores promocionaban excursiones para cazadores internacionales y afirmaban contar con la colaboración de un inspector local de vida silvestre para facilitar la exportación de animales cazados como trofeos hacia distintos países.

La investigación y las sospechas
A partir de esos datos, la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (Ufeco) abrió una carpeta de investigación luego de un informe elaborado por la Policía Federal Argentina. El objetivo fue determinar si existían maniobras de contrabando vinculadas a la actividad cinegética (caza deportiva) y si había funcionarios involucrados.
Uno de los puntos que llamó la atención de los investigadores fue que Sauce no cuenta con habilitaciones para exportar trofeos de caza al exterior, un requisito indispensable para concretar ese tipo de operaciones. 
En ese contexto apareció mencionado Diego Miguel Ruiz Díaz, inspector ad honorem de flora y fauna de la Dirección Provincial de Recursos Naturales. Diversas fuentes vinculadas al turismo cinegético y organismos estatales lo señalaron como una figura clave dentro del presunto esquema investigado.

Acusaciones y causas judiciales
Ruiz Díaz rechazó las acusaciones y sostuvo que muchas de las denuncias responden a conflictos con sectores vinculados a la caza furtiva.
De acuerdo con información judicial citada en la investigación, entre 2022 y 2025 acumuló nueve causas que incluyen denuncias por abuso de autoridad, detenciones injustificadas, incumplimiento de deberes, hurto, lesiones leves, depositario infiel y asociación ilícita. Varias de ellas continúan en trámite.
Desde la Dirección de Recursos Naturales minimizaron las denuncias y aseguraron que forman parte de cuestionamientos impulsados por personas afectadas por controles y procedimientos realizados en la zona.
 
Permisos, trofeos y conflictos en el sector
La investigación también puso bajo análisis el funcionamiento del sistema de permisos para la actividad cinegética y el manejo de productos derivados de la fauna silvestre.
Uno de los expedientes más relevantes estuvo relacionado con el secuestro de más de 580 kilogramos de astas de ciervo axis ocurrido en 2021, que tenían como destino final China y que, según fuentes del sector, estarían valuadas en alrededor de US$ 5000.
Según declaraciones incorporadas a la causa, parte del material decomisado habría sido posteriormente comercializado, aunque el inspector fue absuelto por falta de pruebas.
Asimismo, empresarios y operadores del sector denunciaron presuntos pedidos de beneficios económicos para facilitar autorizaciones o actividades vinculadas a la caza deportiva. Ruiz Díaz negó esas acusaciones y afirmó que las críticas son consecuencia de su tarea de control.

Bajo análisis judicial
Mientras continúan las actuaciones judiciales y administrativas, la investigación abrió interrogantes sobre el funcionamiento de los controles vinculados a la fauna silvestre, la actividad de los cotos de caza y la eventual existencia de circuitos destinados a la exportación irregular de trofeos.
Las autoridades provinciales defendieron el accionar de sus inspectores y remarcaron que los procedimientos se desarrollan dentro del marco legal vigente. Sin embargo, las denuncias y las causas en trámite mantienen la atención sobre un sector que mueve importantes recursos económicos y que ahora también enfrenta cuestionamientos vinculados a la protección de la fauna y el cumplimiento de la normativa ambiental.
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Exceso de uranio en napas y riesgo de migración de radionucleidos: puntos críticos en el predio El Chichón

Fecha de Publicación: 05/06/2026
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba


La Autoridad Regulatoria Nuclear advierte sobre la falta de un plan para el destino final de los residuos de Dioxitek y exige estudios de impacto en la población vecina tras detectar valores fuera de norma en los controles ambientales.
La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) hizo observaciones críticas sobre la seguridad radiológica en el predio denominado El Chichón, ubicado en barrio Alta Córdoba, en la ciudad de Córdoba.
Esta información se conoce por una respuesta a un pedido de acceso a la información pública realizado por Cristian Basualdo en la que el organismo regulador confirmó que el proceso de licenciamiento de cierre de la instalación se encuentra demorado por la falta de documentación esencial y por la detección de parámetros ambientales que superan los límites establecidos.
El pasivo ambiental de El Chichón y su remediación son el otro gran tema de discusión en torno a la prórroga que negocia Dioxitek para seguir operando en Córdoba, un trámite que está en el Juzgado federal 2 demorado por la falta de presentación de la habilitación de Bomberos de la empresa que produce el dióxido de uranio que utilizan las centrales nucleares del país.
Actualmente, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) conserva la responsabilidad sobre la seguridad radiológica del sitio mientras se tramita la licencia definitiva, la cual establecerá las condiciones regulatorias finales .

Los aspectos señalados por la ARN
Uno de los puntos de mayor preocupación técnica detallados en el Acta de Inspección IM N° 33 se refiere a la contaminación del agua subterránea. La comisión inspectora dejó constancia de que "hay un piezómetro que excede el valor de uranio de los niveles de referencia o de las restricciones de la legislación y normativa aplicable".
Ante esta anomalía, la ARN dictaminó que la CNEA debe realizar una "evaluación particular para analizar con mayor detalle su situación".
Como medida complementaria, se exigió un análisis estadístico de los monitoreos de los últimos 10 años para identificar variaciones estacionales y tendencias en la presencia de uranio y radio en el acuífero.
La integridad del suelo es otro de los aspectos críticos señalados por la supervisión. El organismo de control ha impuesto como requerimiento pendiente la necesidad de "evaluar la posible migración de radionucleidos a través de los distintos horizontes de suelo".
Este estudio es determinante para establecer si los pasivos ambientales presentes en el sitio están contenidos de forma efectiva o si existe un desplazamiento de material radiactivo hacia capas inferiores o laterales del terreno. 
La CNEA se había comprometido a enviar estos informes a fines del año 2022, pero los registros de la ARN los sitúan todavía como tareas "en proceso" de cumplimiento.
La situación se torna más compleja debido a la ubicación geográfica de El Chichón, que se encuentra "lindante a un barrio, en una zona urbana", señala el informe. Las fotografías adjuntas en el acta de inspección muestran viviendas situadas a escasos metros del cerco perimetral. 
Durante las mediciones de tasa de dosis ambiental, si bien los valores en el paredón lindante se registraron en 0,2 µSv/h, se detectó una "medición máxima sobre el chichón" de 13 µSv/h, lo cual supera significativamente el fondo natural de radiación de la zona, estimado en 0,12 µSv/h.
Debido a estos valores, la inspección concluyó que, aunque los resultados son aceptables bajo ciertos factores de ocupación, resulta "conveniente aplicar un plan de mejora" inmediato.

Demoras administrativas y otros incumplimientos
En el plano administrativo y de planificación, la ARN detectó un vacío estructural en la estrategia de remediación. En el año 2017, la CNEA presentó un proyecto de cierre que fue calificado como "parcial" debido a que "no incluía la información sobre el destino final de los residuos de minería de uranio presentes en El Chichón".
A raíz de esta omisión, el regulador ha solicitado formalmente que la CNEA aclare si dicho proyecto sigue vigente o si presentará una modificación que resuelva la disposición final de los materiales.
Sin un plan concreto para los residuos, el trámite de la Licencia de Cierre no puede avanzar hacia su etapa resolutiva.
Para subsanar las deficiencias en la evaluación del impacto hacia la comunidad, la ARN ha reiterado la exigencia de presentar el "cálculo actualizado de evaluación de dosis a público". Este documento es considerado la "base para el futuro Análisis de Seguridad" y es indispensable para verificar si se cumple con la restricción de dosis hacia los habitantes de los barrios circundantes. 
Asimismo, se ha solicitado un Plan de Monitoreo Radiológico Ambiental actualizado específicamente para la etapa de cierre, ya que las condiciones del sitio difieren de las fases operativas previas.
El control sobre el personal que realice tareas en el predio también presenta requerimientos pendientes. La ARN exige la entrega de un "Plan de Monitoreo Radiológico Ocupacional" que deba aplicarse durante cualquier actividad que implique el movimiento de materiales.
Esto busca garantizar que los operarios no se vean expuestos a niveles de radiación por encima de lo permitido durante las tareas de mantenimiento o eventual remediación.
Además, se ha solicitado la definición de las previsiones de plantel operativo para asegurar que el sitio cuente con la supervisión humana necesaria de forma permanente.
La resolución de estos puntos críticos es una condición previa para que la ARN otorgue la licencia solicitada. El organismo regulador ha enfatizado que la CNEA debe notificar formalmente "cuáles son las intenciones/perspectivas futuras para el sitio".
Esta definición es necesaria para que la autoridad pueda establecer "el marco de licenciamiento que mejor se adecúe respecto a la situación actual de la instalación y a las proyecciones futuras de ésta".
Mientras estos informes técnicos y planes de contingencia no sean entregados y aprobados, el predio de El Chichón continuará operando bajo un esquema de vigilancia provisoria, con pasivos ambientales cuya estabilidad a largo plazo sigue siendo objeto de revisión por parte del Estado.
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El ambicioso proyecto que busca devolver a la Argentina un ave extinta en estado silvestre

Fecha de Publicación: 05/06/2026
Fuente: Diario La Gaceta
Provincia/Región: Nacional - Misiones


La iniciativa de Aves Argentinas busca devolver el Maracaná Lomo Rojo a la Selva misionera tras 20 años de desaparición. 
El maracaná lomo rojo era un ave de la abundante Selva Misionera que hasta la década del 50 sobrevolaba los suelos de tierra colorada, palos rosas y araucarias. Sin embargo, en las últimas décadas, su ausencia se hizo insoslayable y no se registraron avistamientos, de manera que en el país está considerada En Peligro Crítico y extinta en estado silvestre en el territorio nacional. No obstante, un proyecto ambicioso busca restaurar por completo a la población de este grupo.
Aves Argentinas, la organización centenaria en conservación de aves y vida silvestre del país, junto al Ministerio de Ecología de Misiones y una red de instituciones y centros de manejo de fauna anunció en 2024 uno de sus proyectos más osados y auspiciosos: rescatar a la especie críticamente amenazada y posiblemente extinta por completo en toda la provincia de Misiones.

El símbolo de un regreso esperado
El proyecto que ya registró algunas victorias se enmarca en una intención más grande, resaltando la carga simbólica que supone devolver a su hábitat a esta especie. Esto lo afirmó Andrés Bosso, coordinador de Aves Argentinas que gestiona la reserva Puente Verde, ubicada en la Península de Andresito, en Misiones, en la que advierte que reincorporar a esta especie a nuestra geografía es “algo casi comparable a cantar el Himno Nacional o celebrar un gol de la Selección argentina”.
Algunas victorias incipientes ya se celebraron en el tiempo en que inició el proyecto. A finales del 2025, después de 20 años sin registros y en el marco de la iniciativa, nació el primer pichón de este guacamayo, algo que desde la organización denominaron “un símbolo del esfuerzo colectivo” por el enriquecimiento ambiental, alimentación con frutos nativos del Bosque Atlántico y entrenamiento de vuelo. Además, a principios de este año, el Parque de la Biodiversidad de la Municipalidad de Córdoba, en conjunto con la Policía Ambiental y Aves Argentinas trasladó un ejemplar a la reserva. Se trataba de un individuo adulto que fue incorporado tras un decomiso efectuado por las fuerzas ambientales.

Los motivos posibles de su desaparición
La iniciativa continúa con una especie virtualmente extinta en Argentina y que por 20 años no se registró en libertad en el país. Este guacamayo de 40 centímetros, al igual que la mayoría de los loros, era considerado una plaga agrícola de larga vida y baja tasa reproductiva, diferente de otras amenazas. Sin embargo, el maracaná lomo rojo ha desaparecido de nuestras tierras y, aunque la retracción ambiental de su hábitat fue señalada como la principal causa de su desaparición, no logra explicarla satisfactoriamente. De acuerdo con un trabajo de campo exhaustivo de 779 días, un estudio publicado en la Revista de Ornitología Neotropical pudo definir que una de las causas fundamentales de su desaparición en Argentina podría haber sido el control letal por parte de productores.
Para los especialistas, la pérdida de este animal cala hondo en el ecosistema y en la cultura local. En ese sentido, Bosso refuerza la urgencia de la iniciativa citando al poeta John Donne: "La muerte de un hombre me disminuye, porque formo parte de la humanidad. Lo mismo sucede cuando una especie se extingue: una parte del universo se pierde con ella". Por este motivo, el posible regreso del maracaná lomo rojo se convirtió en la bandera de un cambio de paradigma en la conservación, transformándola en una tarea concreta, urgente y profundamente vinculada con la identidad natural de nuestro país.

Puente Verde: el escenario de la hazaña
El escenario principal de esta hazaña es la reserva Puente Verde, un enclave de 183 hectares de selva en excelente estado de conservación, ubicado en la Península de Andresito, a unos 70 kilómetros de las Cataratas del Iguazú. Este santuario, donde conviven enormes palos rosas, palmitos y una fauna diversa que incluye 240 especies de aves y mamíferos como el aguará popé, la corzuela colorada e incluso el yaguareté, funciona como una pieza clave para la conectividad del Bosque Atlántico. El objetivo de Aves Argentinas es tender puentes entre los grandes bloques de selva para que la biodiversidad continúe conectándose y frenar el deterioro ambiental antes de que sea tarde.
Este enorme desafío, que genera "un compromiso mayor y un orgullo infinito" en el equipo científico, no se quedará solo en el territorio misionero. La historia de la lucha por el regreso del maracaná lomo rojo llegará próximamente a la provincia de Buenos Aires, según anunció Página 12, en un encuentro especial que reunirá cine, conferencias y experiencias interactivas vinculadas con la naturaleza, buscando contagiar a la sociedad la urgencia de salvar este patrimonio natural.
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