Grave, APN denuncia la desaparición de Acaí
Denunciaron la desaparición de Acaí, la yaguareté silvestre que había sido liberada en El Impenetrable de Chaco
Fecha de Publicación: 10/11/2025
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional - Chaco
La Administración de Parques Nacionales (APN) reportó la pérdida de señal del collar rastreador que llevaba la hembra. Tras iniciarse una investigación, lo encontraron sumergido en el río Bermejo
La Administración de Parques Nacionales (APN) alertó por la desaparición de Acaí, la hembra de yaguareté silvestre que había sido liberada a principios de octubre en el Parque Nacional El Impenetrable de la provincia de Chaco. Luego de que se confirmara que no portaba su collar rastreador, las autoridades iniciaron una investigación para dar con su paradero.
Las alarmas se encendieron el 25 de octubre, apenas veinte días después de que fuera puesta en libertad. Esa jornada, el equipo a cargo del monitoreo del animal confirmó que habían dejado de recibirse señales del dispositivo que le habían colocado.
A raíz de esto, se inició una investigación para dar con el paradero del espécimen. Fue así que las autoridades confirmaron el hallazgo del rastreador sumergido en el río Bermejo y con signos de daño intencional. Por este motivo, aumentó la preocupación por el estado de Acaí entre los responsables de la conservación de esta especie en el norte argentino.
Según explicaron las autoridades, la desaparición del animal representó un golpe significativo para el Proyecto de suplementación del yaguareté en el área protegida, una iniciativa desarrollada por la APN en conjunto con la Provincia del Chaco y la Fundación Rewilding Argentina.
Esto se debe a que la liberación de esta hembra marcó un momento clave en la restauración ecológica de la región, ya que desde la década de 1990 no se habían registrado hembras silvestres ni nacimientos de la especie en la zona. Por esto, la presencia de Acaí era fundamental para restablecer la viabilidad reproductiva del yaguareté y revertir su estado crítico de conservación.
Durante las semanas posteriores a su liberación, el monitoreo satelital mediante collar VHF y GPS permitió seguir los movimientos de Acaí, quien se desplazó hacia el paraje Los Manantiales bajo la observación constante del personal técnico de la APN, la Dirección de Fauna provincial y la Fundación Rewilding Argentina.
“Argentina está muy orgullosa de liberar yaguaretés nacidos en la naturaleza que han sido translocados para su liberación. Sabemos que algunos yaguaretés machos silvestres siguen sobreviviendo en lugares aislados del norte de Argentina, pero necesitan hembras, diversidad genética y conectividad para prosperar”, destacó Sebastián Di Martino, el director de Conservación de Rewilding Argentina.
De la misma forma, aseguró que “esta acción ayudará a transformar una población casi extinguida a una población reproductiva saludable, y llamará la atención sobre la necesidad de expandir las áreas protegidas para proporcionar un hábitat seguro”.
En paralelo, se habían puesto en marcha varias campañas de sensibilización y trabajo comunitario para fortalecer la conciencia social sobre la importancia del yaguareté y su función en los ecosistemas del Chaco Seco.
Luego de que la APN apuntara que las circunstancias en las que se encontró el collar podrían indicar la intervención de terceros, se dio intervención inmediata a las autoridades judiciales y de seguridad competentes, con el objetivo de esclarecer lo que ocurrió con Acaí y, así, determinar las responsabilidades correspondientes.
El yaguareté, declarado Monumento Natural Nacional y protegido por la Ley N° 25.463, cuenta con un marco legal que sanciona severamente su caza, tenencia o daño, considerándolos infracciones graves tanto a la legislación nacional como provincial en materia de fauna silvestre y áreas protegidas.
A la vez que subrayaron la urgencia de profundizar las acciones de protección, educación y control territorial, la APN reiteró su compromiso con la conservación de la biodiversidad, el fortalecimiento de los mecanismos de prevención y fiscalización, y la continuidad del programa de reintroducción del yaguareté, en coordinación con organismos nacionales, provinciales y organizaciones de la sociedad civil.
Acaí se convirtió en símbolo del trabajo conjunto de instituciones y comunidades dedicadas a la recuperación de una de las especies más emblemáticas de la fauna argentina. Este episodio impulsa a redoblar los esfuerzos para que el yaguareté recupere su lugar en libertad y seguridad dentro de los Parques Nacionales y sus alrededores.
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Mendoza. Ya se está tratando el proyecto San Jorge en la Legislatura
Arrancó el tratamiento del proyecto minero San Jorge en la Legislatura
Fecha de Publicación: 08/11/2025
Fuente: Portal MendozaPost
Provincia/Región: Mendoza
Días después de que ingresara a la Legislatura la declaración de impacto ambiental del proyecto minero San Jorge (PSJ Cobre Mendocino), este jueves arrancó el plenario de comisiones donde será debatido y analizado.
La jornada se desarrolló en el anexo de Diputados sobre calle Espejo de Ciudad y contó con la presencia de la vicegobernadora Hebe Casado, como así también, de la Ministra de Energía y Ambiente Jimena Latorre y del Director de Minería, Jerónimo Shantal.
Si bien las expectativas estaban puestas en el tratamietno de la DIA del proyecto minero a desarrollarse en Uspallata, el encuentro se concentro sólo en el tratamiento de otros dos proyectos anunciados por el gobierno: en primer lugar, el proyecto de ley sobre regalías mineras y en segundo lugar, la creación del Fondo de Compensación Ambiental.
De esta manera, pasadas las 12 del mediodía el debate sobre los proyectos mencionados finalizó y el desarrollo de la comisión quedó programado para continuar el próximo lunes a partir de las 10 de la mañana, donde se espera empezar con el tratamiento de la DIA.
En este contexto, se trata del segundo tratamiento legislativo de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) vinculada a la explotación del proyecto minero San Jorge. Hace 14 años, durante la campaña política de 2011, la iniciativa fue rechazada en la Cámara de Diputados -sin llegar a ser tratada en el Senado- y quedó archivada. Con el paso del tiempo, el proyecto cambió de propietarios y actualizó la declaración de impacto ambiental original.
Durante la jornada de este jueves, la vicegobernadora Hebe Casado dio inicio al tratamiento de los proyectos. Luego tomó la palabra la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, quien participó de manera remota y presentó detalles sobre las iniciativas relacionadas con las regalías mineras y el fondo compensador.
Sobre este último, Latorre explicó: "Nos pareció una buena oportunidad para saldar una deuda de Mendoza con la creación de este Fondo, que no está destinado únicamente a la mitigación en caso de daños. Su alcance es más amplio, ya que también abarca otras actividades industriales con impacto ambiental".
En cuanto al proyecto de regalías, la ministra señaló: "Este proyecto brinda seguridad jurídica y previsibilidad respecto a la carga impositiva, tanto en lo que se recauda como en su destino. Da seguridad jurídica a los inversores".
Entre las posturas más críticas se registraron las intervenciones de los legisladores Emmanuel Fugazzoto y Duggar Chappel, del Partido Verde, así como la del diputado José Luis Ramón, de Protectora quienes cuestionaron, entre otras cosas, cómo se financiaría el Fondo de Compensación Ambiental.
Por su parte, la diputada Mercedes Derrache, del bloque peronista, cuestionó la distribución de la recaudación proveniente del desarrollo minero entre los departamentos y la provincia. A su vez, desde el Frente Renovador, la diputada Gabriela Lizana planteó la necesidad de elaborar una legislación que contemple "el cierre y post cierre de minas, algo que ya se aplica en otros países y aquí todavía no se contempla".
Todas las intervenciones fueron respondidas por la ministra Latorre y el director de Minería, Jerónimo Shantal. Aunque en algunos momentos hubo cruces y tensiones entre legisladores y funcionarios, el debate se desarrolló con normalidad. Afuera de la Legislatura, un grupo reducido pero ruidoso de militantes ambientalistas realizó una protesta que se hizo sentir dentro de la comisión, la cual volverá a reunirse la próxima semana.
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La tortuga terrestre patagónica podría ser monumento natural
La tortuga terrestre patagónica a un paso de convertirse en monumento natural en Río Negro
Fecha de Publicación: 08/11/2025
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
Un legislador presentó un proyecto para la conservación de esta especie en peligro de extinción desde 2023. Es el reptil autóctono más comercializado en el mercado ilegal de mascotas del país.
Las tortugas terrestres juegan un papel ecológico crucial como dispersoras de semillas, ya que favorecen la germinación de diversas especies vegetales. Esta especie, Chelonoidis chilensis, habita en zonas de arbustos, pero también en zonas áridas.
Ellas son emblema y clave para el ecosistema, pero pasaron a integrar la “lista roja” de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) el año pasado: cambió el estatus de especie “vulnerable” a “en peligro”.
Por eso, desde la Legislatura de Río Negro proponen declarar a la tortuga terrestre (Chelonoidis chilensis) como monumento natural, por ser una especie amenazada de extinción bajo los términos de la Ley N° 5.796 de Régimen Provincial de Gestión Integral de Fauna Silvestre.
Según la Ley de Parques Nacionales, los monumentos naturales son áreas, cosas, especies vivas de animales o plantas, de interés estético, valor histórico o científico, a los cuales se les acuerda protección absoluta.
El proyecto de Ley fue aprobado en primera vuelta por unanimidad en la sesión de octubre y volvió a comisión por unas observaciones. El autor es el legislador Fernando Frugoni quien integra el bloque de la CCARI como vicepresidente y además es periodista.
Programa de conservación de la tortuga terrestre patagónica
Desde el año pasado, la Legislatura rionegrina venía trabajando la temática. El 26 de septiembre se declaró de interés, social, educativo, ambiental y científico el “Programa de Conservación de la Tortuga Terrestre Patagónica” que se proponía hacer un monitoreo poblacional en San Antonio Oeste.
El programa fue creado por las investigadoras doctora Erika Kubisch y la licenciada María Eugenia Echave y tiene como objetivo profundizar en el conocimiento de este reptil. Desde 2016 desarrollan una importante labor científica en la zona cuando la tortuga todavía no estaba en peligro de extinción.
El monitoreo forma parte del tema de investigación postdoctoral de Kubisch y surgió como inquietud tras notar una disminución poblacional en comparación con décadas anteriores. A la par, Echave lleva a cabo su trabajo doctoral enfocado en los disturbios que afectan a esta especie en sus hábitats naturales.
Para ellas, dar pasos en la conservación depende de la recopilación de información sobre su historia de vida, áreas de actividad, comportamiento, estado de salud y estructura poblacional.
Para obtener esos datos, el programa cuenta con la colaboración de especialistas de diversas disciplinas como médicos veterinarios, ingenieros, físicos y científicos del Centro Atómico de Bariloche y del Instituto Balseiro, quienes desarrollaron dispositivos innovadores para estudiar los movimientos de las tortugas en su ambiente natural.
La investigación se lleva a cabo gracias al apoyo de diversas organizaciones, como la Fundación Félix de Azara y la Turtle Survival Alliance, además de subsidios y convenios nacionales e internacionales.
Las actividades de rescate, rehabilitación, charlas y difusión son financiadas por las investigadoras con la ayuda de algunas donaciones, mientras que paralelamnete ofrecen productos como camisetas y calcomanías alegóricas con el fin de cubrir los gastos que demanda esta tarea científica.
En estos años de estudio y conservación, el programa logró avances significativos para la protección de la especie. Se logró capacitar a más de 20 voluntarios que pudieron rescatar a unas 90 tortugas.
“Se han recogido miles de datos de movimiento, se han marcado cientos de tortugas, se han protegido nidos y se han desarrollado múltiples tesis y publicaciones científicas», balancearon sobre el proyecto.
Junto con la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro, las mentoras del programa desarrollan un protocolo de acción para situaciones de rescate de ejemplares encontrados, heridos o decomisados.
Las investigadoras insisten en que es vital manipular a las tortugas con cuidado para evitar el estrés y la deshidratación y que, en casos de avistamientos en rutas o entornos naturales, recomiendan moverlas con suavidad hacia zonas seguras, siempre en la dirección en la que ellas se dirigían.
Causas: qué pone en peligro a la tortuga terrestre patagónica
Los principales factores que causan la vulnerabilidad son: la reducción, modificación y destrucción de su hábitat debido a la expansión agropecuaria y el tráfico ilegal de fauna. Esta tortuga es el reptil autóctono más comercializado en el mercado ilegal de mascotas en Argentina.
La introducción de depredadores exóticos, como jabalíes y perros cimarrones, elevó la presión sobre estas poblaciones.
A su vez, influye de manera sustancial el gran incremento del turismo en las playas de Las Grutas en la época de mayor movimiento de las tortugas. Ellas cruzan rutas y caminos y solo algunas afortunadas se salvan de ser atropelladas.
En otros casos, los turistas se las llevan a sus casas, generalmente a otras provincias, donde estos animales no tienen ni las mínimas condiciones necesarias para sobrevivir.
La tortuga terrestre patagónica se reproduce mediante la puesta de uno a cuatro huevos en nidos excavados por las hembras, que luego son incubados por el calor solar durante un período de 12 a 14 meses. Estos nidos suelen ser presa de fauna autóctona y jabalíes. Muchas crías no llegan a nacer.
Más de una década de vulnerabilidad de la tortuga terrestre
Desde 2013, esta tortuga ya era considerada una especie vulnerable a nivel nacional por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (Resolución 1055/13) y por la Asociación Herpetológica Argentina.
Además, estaba incluida en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites).
En el ámbito internacional, tras el último taller de recategorización de tortugas continentales de Sudamérica en 2023, el Grupo Especialista de Tortugas Terrestres y de Agua Dulce de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la declaró aún más amenazada y se elevó su categoría de conservación a “peligro de extinción”.
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8 cada 10 argentinos ya sienten impactos del cambio climático
Encuesta internacional. El 81% de los argentinos ya sienten los impactos del cambio climático y están dispuesto a actuar
Fecha de Publicación: 07/11/2025
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Un estudio publicado hoy por el Pew Research Center, la reconocida consultora de los Estados Unidos, expuso que la Argentina se encuentra entre los países con mayor preocupación por los efectos del cambio climático. De acuerdo con el informe, el país figura entre los tres primeros lugares —de un total de nueve naciones de renta media definidas por el Banco Mundial— con mayor conciencia sobre esta crisis global y mayor disposición a modificar hábitos para mitigar su impacto.
El relevamiento incluyó 12.375 encuestas realizadas en la Argentina, Brasil, India, Indonesia, Kenia, México, Nigeria, Sudáfrica y Turquía. En el caso argentino, 504 adultos mayores de 18 años fueron entrevistados. La muestra abarcó a residentes de las siete principales ciudades del país —Buenos Aires, Córdoba, Rosario, La Plata, Mar del Plata, Tucumán y Salta—, junto con personas de otras localidades más pequeñas, para reflejar la diversidad geográfica y social del territorio.
El reporte revela que ocho de cada diez argentinos (81%) sienten el impacto del cambio climático en su vida cotidiana, lo que significa que, de una forma u otra, han experimentado directamente sus efectos. Entre los fenómenos más preocupantes, las sequías lideran la lista (57%), seguidas por las inundaciones y tormentas (36%) y las olas de calor (17%).
La huella de los eventos extremos recientes —como la sequía histórica que afectó al país entre 2020 y 2023, o las inundaciones registradas en el conurbano bonaerense, Bahía Blanca y el norte de la provincia de Buenos Aires— sigue presente en la memoria colectiva. Seis de cada diez argentinos consideran al cambio climático una amenaza grave, una proporción similar a la de países como Indonesia, Turquía y Sudáfrica. En contraste, en Brasil y México la preocupación desciende a cinco y tres de cada diez personas, respectivamente.
Uno de los hallazgos más significativos es el vínculo entre la experiencia directa de los impactos climáticos y la predisposición a actuar. Según los datos, el 57% de quienes afirman que el cambio climático ya afecta a su comunidad está dispuesto a hacer “muchos cambios” en su vida cotidiana, frente al 28% de quienes no perciben esos impactos de manera tan cercana. Esa brecha de 29 puntos porcentuales es la más amplia entre los nueve países analizados, lo que demuestra que el contacto con las consecuencias del cambio climático despierta una respuesta más concreta y comprometida en la población.
Sin embargo, esta voluntad de actuar no siempre se acompaña de optimismo respecto a la respuesta internacional. Solo el 40% de los argentinos confía en que la acción global será efectiva para frenar la crisis climática, un nivel de confianza comparable al de México y Turquía, donde menos de la mitad de los adultos comparte esa esperanza. Esta desconfianza parece estar vinculada a la percepción sobre las Naciones Unidas: mientras el 55% de quienes tienen una visión favorable de la ONU confía en las acciones internacionales, solo el 30% de quienes la miran con desconfianza cree en su eficacia.
La falta de fe en la cooperación global tiene raíces más profundas. A diez años del Acuerdo de París, los compromisos internacionales avanzan lentamente, mientras los impactos del calentamiento se aceleran. Según el analista argentino Juan Gabriel Tokatlián, el orden internacional basado en reglas comenzó a mostrar fisuras desde fines de los años 90 del siglo pasado.
Desde Pew Research Center aclararon que la afiliación o la ideología política no fueron factores determinantes en las respuestas de los argentinos, ni en este ni en otros países.
De todos modos, los investigadores sí identificaron patrones asociados a la edad y el nivel educativo. “Las diferencias entre los distintos grupos demográficos tendieron a concentrarse en la edad y la educación: los adultos más jóvenes y aquellos con mayor nivel educativo son —en la mayoría de los países— más propensos que sus pares a estar dispuestos a hacer cambios en sus vidas para reducir los efectos del cambio climático”, explicaron los especialistas de Pew Research Center a LA NACION.
El informe también evidencia una leve caída en el interés y la preocupación por el cambio climático entre los hombres argentinos, en comparación con la primera edición del estudio, realizada en 2015. En esa fecha, el 90% de los hombres decían estar preocupado por los efectos personales del cambio climático; en 2025, esa proporción descendió al 78%, una baja de 12 puntos porcentuales. Entre las mujeres, en cambio, el nivel de preocupación se mantuvo prácticamente igual, pasando del 90% al 87%.
En conjunto, los resultados trazan un panorama de alta conciencia ambiental y disposición individual a actuar, pero con escasa confianza en la respuesta internacional y cierta fatiga social frente a la crisis climática. La Argentina se ubica así entre los países donde la percepción del riesgo es más elevada, pero donde persiste una brecha entre la experiencia cotidiana del cambio climático y la expectativa de soluciones efectivas a nivel global. El desafío, según el estudio, será convertir esa conciencia en políticas sostenidas, capaces de responder a una población que ya siente —en su territorio y en su vida diaria— los efectos del calentamiento del planeta.
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Nuevamente tensiones en Entre Ríos - Uruguay
La planta de hidrógeno de HIF en Constancia reaviva el fantasma de las papeleras y pone en alerta a Colón
Fecha de Publicación: 07/11/2025
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Entre Ríos - Nacional
Uruguay avanza con la instalación de una planta de hidrógeno verde frente a Colón, Entre Ríos, y reaviva las tensiones por el impacto ambiental sobre el río Uruguay. El proyecto de HIF Global, de US$ 4.000 millones, promete desarrollo energético.
La historia vuelve a escribirse a orillas del río Uruguay. Dos décadas después del enfrentamiento binacional por las papeleras de Fray Bentos, la instalación de una planta de hidrógeno verde de HIF Global en Constancia, Paysandú, frente a Colón (Entre Ríos), vuelve a tensionar la relación entre ambos países. El proyecto, que promete transformar a Uruguay en un polo de combustibles sintéticos, ya generó reacciones políticas, advertencias diplomáticas y preocupación ambiental en la ribera argentina.
La futura planta estará emplazada en el paraje Constancia, a 18 kilómetros al sur de la ciudad de Paysandú y a apenas 12 kilómetros en línea recta de Colón, en Argentina, separados por el río Uruguay. El sitio proyectado se ubica incluso más próximo a Colón que al propio centro urbano sanducero, un dato que alimenta el reclamo entrerriano por la relocalización del proyecto. La distancia al puente internacional General Artigas, que une ambas ciudades, es de unos 20 kilómetros, lo que ubica a la obra dentro de una zona de alto tránsito binacional y turístico.
HIF Global, con capitales chilenos, estadounidenses y europeos, planea invertir más de US$ 4.000 millones para producir hidrógeno verde y e-combustibles destinados a la exportación. El proceso se alimentará de energía solar y eólica, y requerirá tomar agua del río Uruguay para su electrólisis. Si bien la empresa asegura que “no habrá descargas contaminantes” y que los efluentes serán “tratados según estándares internacionales”, las autoridades y vecinos de la costa argentina exigen garantías verificables y monitoreo binacional.
Desde la Cancillería argentina, fuentes consultadas por Perfil confirmaron que se solicitó información técnica a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) para evaluar si el proyecto debe ser notificado formalmente bajo el Estatuto del Río Uruguay de 1975, que regula las obras que puedan tener impacto transfronterizo.
Si bien el gobierno de Javier Milei no emitió una posición pública contundente, en el Palacio San Martín reconocen “la necesidad de transparencia ambiental y cooperación diplomática” con Uruguay. Un funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores señaló en reserva: “Argentina no se opone al desarrollo del hidrógeno, pero sí exige que cualquier obra que pueda afectar el río compartido se someta a información y monitoreo conjunto.”
Entre Ríos: apoyo al hidrógeno, pero rechazo a la ubicación
El gobernador Rogelio Frigerio fue categórico: “El principal punto es la ubicación: está mucho más cerca de Colón que de Paysandú. No nos oponemos a las energías limpias, pero queremos que el desarrollo no afecte a nuestras ciudades turísticas ni al río que compartimos.”
El Ejecutivo entrerriano respaldó oficialmente el pedido de relocalización impulsado por intendentes de la región de Tierra de Palmares, que incluye a Colón, San José y Villa Elisa. Además, la provincia trabaja con la CARU para acceder al estudio de impacto ambiental uruguayo y solicitar participación de técnicos argentinos en las evaluaciones.
Desde el municipio de Colón, el intendente José Luis Walser encabezó las gestiones para pedir información formal y la revisión del emplazamiento. El Concejo Deliberante colonense aprobó una resolución unánime pidiendo la intervención de la Cancillería argentina y la apertura de un monitoreo binacional preventivo.
Del lado uruguayo, el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, defendió el emprendimiento al considerarlo “una oportunidad histórica” para la región y dijo: “No es una pastera, es una planta de hidrógeno verde. Uruguay necesita producir energía limpia y atraer inversiones. Vamos a demostrar que se puede hacer con respeto ambiental.”
En tanto, las autoridades locales del municipio de Constancia, una zona rural con menos de 2.000 habitantes, sostienen que el proyecto traerá “empleo, infraestructura y desarrollo inédito para el norte de Paysandú”. Los promotores remarcan que el hidrógeno es “el combustible del futuro” y que el impacto ambiental será “mínimo y controlado”.
Gobierno de Orsi: desarrollo verde, diálogo abierto
El presidente Yamandú Orsi defendió públicamente la política energética del nuevo gobierno y el rol de HIF Global dentro de su estrategia de “transición justa”: “Uruguay seguirá apostando a las energías renovables y al hidrógeno verde como motor de empleo y desarrollo. No vamos a comprometer el ambiente ni la relación con Argentina. Todo lo que se haga será informado en el marco de la CARU.”
El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, agregó: “Este proyecto tiene una dimensión nacional e internacional. Queremos que sea un ejemplo de cooperación ambiental. Si hay inquietudes del otro lado del río, las atenderemos con total transparencia.”
Fuentes cercanas al Ejecutivo uruguayo aseguran que el gobierno está dispuesto a “abrir instancias técnicas de diálogo”, pero sin detener el avance administrativo del proyecto.
Combustibles sintéticos en Argentina: entre la oportunidad y la deuda tecnológica
Mientras Uruguay avanza con HIF Global, en Argentina el desarrollo de combustibles sintéticos todavía transita una fase inicial, aunque comienzan a surgir polos industriales y proyectos estratégicos. La Estrategia Nacional para el Desarrollo del Hidrógeno, elaborada por la Secretaría de Asuntos Estratégicos, prevé la producción de metanol, combustibles de aviación sostenibles (SAF) y aceite vegetal hidrogenado (HVO) como parte de la transición hacia energías limpias.
El ejemplo más concreto es el de YPF en San Lorenzo (Santa Fe), donde se proyecta la planta Santa Fe Bio, con una inversión estimada de US$ 400 millones para producir combustibles sintéticos para aviación. Además, la Patagonia, por su disponibilidad de recursos eólicos y solares, figura como zona prioritaria para futuros polos de hidrógeno verde y e-fuels, especialmente en las provincias de Santa Cruz, Chubut y Río Negro.
Sin embargo, la producción comercial a gran escala aún no se concretó: faltan marcos regulatorios específicos, infraestructura portuaria adaptada y acuerdos internacionales de exportación. En este contexto, el avance uruguayo con HIF expone la brecha tecnológica y regulatoria que separa a ambos países en la carrera por el hidrógeno verde.
La combinación de intereses ambientales, turísticos y energéticos vuelve a ubicar al río Uruguay en el centro de una tensión diplomática. El antecedente de Botnia/UPM aún resuena en la memoria colectiva de ambas orillas, y en Colón muchos temen que la historia vuelva a repetirse. El desafío será encontrar un equilibrio entre desarrollo y confianza, un punto medio donde el hidrógeno verde no termine teñido del mismo conflicto que, hace veinte años, dividió a dos pueblos unidos por el agua.
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Senasa profundiza la desregulación en agroquímicos y es peligroso
“Profundiza el cambio”: el Gobierno implementó una fuerte desregulación en agroquímicos
Fecha de Publicación: 06/11/2025
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El Senasa realizó modificaciones en el régimen de registro y permiso de productos; entre otros puntos, los establecimientos elaboradores podrán iniciar actividades con solo presentar una declaración jurada, sin necesidad de una autorización previa ni de contar con un director técnico
El gobierno nacional oficializó hoy nuevas modificaciones en el régimen de registro y autorización de productos fitosanitarios en el marco del proceso de desregulación del sector agropecuario impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Lo hizo a través de la resolución 843/2025, publicada este martes en el Boletín Oficial con la firma de la titular del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), María Beatriz “Pilu” Giraudo, donde se introdujeron cambios y aclaraciones a la resolución 458/25 que había establecido un nuevo manual de procedimientos para el registro, importación y comercialización de agroquímicos en el país.
La norma, que entrará en vigencia a partir del 5 de enero de 2026, simplifica los requisitos para los establecimientos elaboradores, acelera los tiempos de aprobación de productos y amplía los criterios para aceptar estudios y ensayos realizados en el exterior.
Entre los principales cambios, la nueva normativa destaca que los establecimientos elaboradores podrán iniciar actividades con solo presentar una declaración jurada, sin necesidad de una autorización previa ni de contar con un director técnico, por lo que quedarán sujetos a la fiscalización posterior del Senasa. Además, el organismo aceptará ensayos internacionales que acrediten buenas prácticas de laboratorio (GLP), lo que permitirá reducir costos y tiempos en los registros. También se agiliza la importación de productos fitosanitarios ya comercializados en países de alta vigilancia —como la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, y ahora también Suiza, Noruega y Liechtenstein— mediante un sistema de declaración jurada y registro transitorio.
En cuanto a los productos que contengan organismos genéticamente modificados (OGM), la resolución dispone que no deberán someterse a una nueva evaluación, siempre que cuenten con aprobación previa de la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (Conabia).
Asimismo, se aprueba una Guía de Procedimientos para la Gestión de Productos Fitosanitarios, que estará disponible en el sitio web del Senasa, con el objetivo de brindar mayor transparencia y facilitar la comprensión de los trámites. Con esta medida, también se incorpora al régimen general a los productos de la llamada “Línea Jardín”, de uso doméstico o no agrícola, que deberán inscribirse en el Registro Nacional de Productos Fitosanitarios.
“Aquellos productos que ya se comercializan para uso agrícola en la Argentina ingresarán automáticamente mediante la presentación de una Declaración Jurada, acompañando la documentación indicada en el punto I ‘Información Administrativa’ del Anexo V de la presente resolución, y un proyecto de marbete en idioma español, de acuerdo con la normativa vigente de etiquetado de productos fitosanitarios, considerando los usos autorizados en el país para el producto fitosanitario de referencia”, indica la resolución.
“Aquellos que aún no tienen antecedentes de registro y uso agrícola en la Argentina deberán presentar una Declaración Jurada en la que conste que el producto no representa un riesgo para la salud humana, animal ni para el ambiente en el Territorio Nacional”, observa.
Tras conocerse la nueva normativa, el ministro Federico Sturzenegger salió a destacar la medida en las redes sociales: “La aclaratoria de la resolución 458/25 publicada hoy en el Boletín Oficial, con firma del titular del Senasa, sobre registro de productos fitosanitarios, profundiza el cambio iniciado con la desregulación en el sector en línea con el pedido del presidente Javier Milei".
Citó, además, que se elimina la exigencia del director técnico en establecimientos. “Se aceptan ensayos internacionales siempre que acrediten buenas prácticas, reduciendo costos y tiempos para registrar productos", indicó.
En efecto, en la resolución 458/25, el artículo 2 exigía que los establecimientos elaboradores de productos fitosanitarios obtuvieran autorización previa del Senasa, lo que implicaba la intervención de un director técnico responsable. Sin embargo, la resolución 843/25 sustituye ese artículo y establece que la autorización se obtiene automáticamente con una declaración jurada, eliminando la necesidad de una evaluación o aprobación previa y sin mencionar la figura del director técnico.
Sturzenegger agregó que se admitirá ágilmente la importación de productos registrados y comercializados en los países de alta vigilancia, ahora ampliado con Suiza, Noruega y Liechtenstein. "Si un fitosanitario contiene un OGM que ya fue aprobado por Conabia, no requerirá una nueva evaluación. Un mercado de agroquímicos más competitivo es mayor productividad para nuestro agro. Gracias a los equipos de Senasa, a los de la Secretaría Coordinadora de Producción del Ministerio de Economía, y a los equipos del Ministerio de Desregulación, por esta vuelta de tuerca", resumió.
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Polémico emprendimiento inmobiliario en zona de humedales
Bosque nativo en Hudson: denuncian avance de un nuevo emprendimiento inmobiliario sobre 170 hectáreas
Fecha de Publicación: 06/11/2025
Fuente: Diario 5Días
Provincia/Región: Buenos Aires
Organizaciones y vecinos de la zona de Hudson alertan sobre el avance de las topadoras en un área de 170 hectáreas de humedales, bosque nativo y selva en galería, recientemente adquiridas por la desarrolladora Puerto Nizuc, lindera al country existente.
Las máquinas ya comenzaron a trabajar sobre el pastizal, arrasando con añosos ejemplares de Coronillo (Scutia buxifolia), que albergaban núcleos de Mariposas Bandera Argentina y muchas otras especies nativas que hoy están siendo desplazadas.
Según denuncian, el proyecto contempla continuar el desmonte hasta el río, eliminando por completo un sector de selva marginal de altísimo valor ambiental.
“Estamos siendo testigos de un ecocidio. Se está destruyendo uno de los últimos relictos de selva marginal más austral”, expresaron desde las organizaciones vecinales.
Las entidades señalan como responsables directos al Municipio de Berazategui, al Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires y al Poder Judicial, por permitir la destrucción de un ecosistema clave para la regulación hídrica y la biodiversidad del área.
Hace algunos meses, los vecinos habían presentado una acción judicial para frenar otro emprendimiento similar —el denominado Distrito “Eco” Urbano— en el límite con Ezpeleta. En esa oportunidad, el Municipio de Berazategui respondió en su descargo que las organizaciones “mueven todo el aparato judicial guiados por una ceguera contra el progreso y la urbanización”, y que “se erigen como paladines de los humedales sin explicar quién les otorgó dicha potestad”.
“Resulta una verdadera falta de respeto hacia los vecinos que defienden lo que es de todxs”, señalaron.
Mientras tanto, el Ministerio de Ambiente provincial aún no respondió al pedido de información pública ambiental presentado por las organizaciones, pese a que las tareas de desmonte continúan.
“No estamos pidiendo un favor: es un derecho consagrado por ley. El Estado tiene la obligación de garantizar el acceso a la información ambiental y de actuar para detener el daño”, enfatizaron.
El área afectada integra el relicto de selva marginal más austral, conocido en el informe realizado por la Universidad Nacional de La Plata y el CONICET a solicitud del propio Ministerio de Ambiente, a través del Consejo Federal de Inversiones. Dicho informe desaconseja enfáticamente la urbanización sobre la planicie de inundación del Río de la Plata, destacando la importancia de conservar estos ecosistemas.
“De nada sirven los informes técnicos y los discursos sobre sustentabilidad si en la práctica se permite que las topadoras destruyan los humedales”, concluyeron los vecinos.
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Gobierno de Milei anuncia su 'nuevo' compromiso climático
La Argentina cambió sus metas climáticas y ahora podrá emitir más gases efecto invernadero que hace cinco años
Fecha de Publicación: 05/11/2025
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional
Como parte de un acuerdo internacional, el país debe actualizar cada 5 años su plan para luchar contra el calentamiento global. En este caso, el Gobierno irá por un objetivo menos ambicioso que el que había asumido en 2020. La posibilidad de ingresar a los mercados de carbono.
Cada 5 años todos los países que están dentro del Acuerdo de París, como la Argentina, tienen que presentar un documento para mostrar su plan para reducir las emisiones de gases efecto invernadero para evitar que la Tierra siga calentándose. Este documento se llama Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC por su sigla en inglés) y durante la tarde del lunes la subsecretaría de Ambiente hizo una presentación con los principales puntos.
Aunque aun no se hizo la presentación formal de este texto en la ONU (se hará la semana que viene), según pudo saber TN el Gobierno fijó para los próximos años una meta de reducción de emisiones de gases efecto invernadero menos ambiciosa que la que había hecho en 2020. Así, se pasó del compromiso de no exceder la emisión neta de 349 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente en el año 2030 a 375 millones de toneladas de C02 al 2030 y 2035.
Sobre esta cambio, el subsecretario de Ambiente, Fernando Brom, aseguró: “Nuestro trabajo desde la subsecretaría de Ambiente es mitigar, adaptar y sobre todo postular para el 2030 y el 2035 objetivos alcanzables y realistas: la ambición debe ser siempre lo posible”.
Además se publicó un comunicado en donde se explicó: “La nueva contribución incorpora mejoras metodológicas; el aumento de la cobertura territorial; el incremento de categorías de emisión reportadas; y finalmente un cambio en las métricas del IPCC utilizadas. Todas estas modificaciones, que resultan en una mayor calidad y transparencia en la forma de medir, se traducen en una mejora frente a la NDC previa".
TN consultó al respecto a Carlos Villalonga, experto en clima y energía del Círculo de Políticas Ambientales, que señaló que este cambio parece ser una jugada de la Argentina para posicionarse como país en el mercado mundial de compra y venta de bonos de carbono. Además, criticó la falta de compromiso del Gobierno para la reducción de emisiones.
El mercado de carbono es un sistema que pone precio a la contaminación. Cada tonelada de dióxido de carbono emitida tiene un valor económico. Si hay países que tienen un sobrante en sus metas (es decir, que emitieron menos de lo previsto) pueden venderlo a países o empresas que hayan emitido más y así compensar.
“Es una tomada de pelo, muy serio. Esta discusión está fuera de registro (por parte del Gobierno). En el fondo de la cuestión el problema es que están especulando con entrar en el negocio de los bonos de carbono. Cuando vos inflás el inventario, te queda un remanente que podés vender. Es una contradicción”, explicó Villalonga. El experto asegura que la Argentina, con el correr de los años y con mejoras en la tecnología, reducirá sus emisiones en vez de aumentarlas.
Y sumó: “Con esta nueva meta estamos hablando de que no va a haber ningún tipo de reducción. Vamos a ser el hazmerreír de todo el mundo. Hay quienes se comprometen poco, mucho, pero hay compromiso. Lo de la Argentina es una falta total de compromiso".
Al respecto, el director nacional de Desarrollo Sostenible y Gestión Climática, Nazareno Castillo Marín, explicó en la presentación de esta tarde: “A través de los mercados de carbono, aplicados con el objetivo claro de contribuir al cumplimiento de la NDC, pueden ser un gran incentivo para que las acciones de mitigación ocurran”. Y aclaró: “La actualización y presentación de nuestra contribución es un requisito indispensable e ineludible para participar de estos mercados”.
La presentación de este plan llega días antes de que comience en Belém, Brasil, la COP30, la cumbre de cambio climático de la ONU más importante del año. La Argentina, si bien miembro de la organización, aun no definió la delegación que enviará.
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Mendoza. Aceleran el tratamiento de proyecto minero de San Jorge
El oficialismo acelera el tratamiento de la declaración de impacto ambiental de San Jorge
Fecha de Publicación: 05/11/2025
Fuente: Portal MDZ
Provincia/Región: Mendoza
Este jueves comienza el estudio en la Cámara de Diputados del expediente para avanzar con el emprendimiento minero PSJ Cobre Mendocino.
El Gobierno de Mendoza envió a la Legislatura provincial la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto PSJ Cobre Mendocino, junto a otras propuestas de leyes vinculadas al impulso de la minería en la provincia. El oficialismo no demorará la discusión legislativa de estas iniciativas y esta misma semana comenzará a analizar la ratificación del estudio que autoriza el arranque de la explotación de cobre en Uspallata.
El miércoles pasado el Gobierno provincial presentó una batería de proyectos mineros. Uno de ellos fue la DIA del proyecto minero San Jorge para la extracción de cobre y oro en Uspallata. También llegaron las DIA de los 27 proyectos del bloque Malargüe Distrito Minero Occidental II, que es la segunda etapa del plan para impulsar la minería en el departamento sureño.
Al mismo tiempo, también ingresaron a la Casa de las Leyes las propuestas de creación de un Régimen de Regalías Mineras de Mendoza; y otro proyecto para crear el Fondo de Compensación Ambiental.
Tratamiento sin demoras
La discusión de los proyectos, en especial la DIA de San Jorge, comenzará esta misma semana en la Legislatura.
Desde el oficialismo provincial confirmaron a MDZ que este jueves a las 10 se realizará un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, para debatir la ratificación al estudio de impacto ambiental para el proyecto de explotación de cobre y oro en la zona de Uspallata.
La agenda de invitados oradores para la etapa de análisis legislativo se terminará de definir este martes, pero adelantaron que este jueves dirán presente los funcionarios del Ministerio de Energía y Ambiente de la provincia, para dar detalles técnicos sobre el proyecto minero.
El radicalismo pretende que todas las iniciativas tengan apoyo de los legisladores de la oposición una vez que tengan que ser votados en el recinto. Apuestan fundamentalmente al respaldo del intendente peronista de Malargüe, Celso Jaque.
Batería de proyectos mineros
Además de la DIA de PSJ Cobre Mendocino, el Gobierno provincial también envió las declaraciones de impacto ambiental de 27 proyectos de exploración para el área de Malargüe Distrito Minero Occidental II.
La primera etapa de los emprendimientos mineros en el departamento sureño contó con el visto bueno para 34 DIA y ahora el Gobierno pretende ampliar los trabajos en la zona.
Asimismo, también se presentó un proyecto de Ley de Regalías Mineras para la provincia. Según la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, la iniciativa busca otorgar previsibilidad jurídica, fortalecer la institucionalidad y asegurar una distribución transparente de los beneficios de la actividad minera en la provincia.
El gobierno de Cornejo apunta a determinar una especie de formato móvil para el cobro de las regalías, que pueden llegar a ser de hasta el 3% o el 5%, pero que cambien en sintonía con los momentos de cada proyecto. Apuntan a que en las etapas de mayor rentabilidad la percepción sea más alta y que cuando sea necesaria una mayor inversión o haya una baja productividad o valor de los minerales, las regalías bajen.
El proyecto establece que la recaudación obtenida en concepto de regalías se dividirá en un 88% para la Provincia y un 12% para los municipios que adhieran a la ley. Los recursos municipales podrán tener destino en obras públicas, infraestructura social, ambiental y productiva.
En tanto, de los fondos que obtendrá la provincia un 15% estarán afectados al Fondo de Desarrollo Socioambiental.
Otra propuesta impulsada por el Ejecutivo provincial es la creación del Fondo de Compensación Ambiental. Será financiado con recursos provenientes de multas y tributos ambientales, indemnizaciones judiciales, aportes por Declaraciones de Impacto Ambiental, créditos, donaciones y recuperos legales. Permitirá una "intervención inmediata ante daños ambientales colectivos, emergencias o zonas degradadas".
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El Impenetrable argentino amenazado por la deforestación
El Impenetrable, un ‘pulmón’ de Sudamérica amenazado por la ganadería y la deforestación
Fecha de Publicación: 04/11/2025
Fuente: Agencia EFE
Provincia/Región: Norte Argentino
El Impenetrable, un vasto territorio del norte de Argentina ubicado en la ecorregión boscosa más grande de Sudamérica después del Amazonas, enfrenta la doble amenaza de la deforestación y la ganadería, actividades que ofrecen ingresos de subsistencia para sus habitantes pero que generan daños difíciles de reparar.
Esta región, cuyo nombre proviene de las arduas condiciones ambientales que limitaron su accesibilidad, es parte esencial del Gran Chaco americano, que con su millón de kilómetros cuadrados repartidos entre Argentina, Paraguay, Bolivia y Brasil funciona como un ‘pulmón’ continental clave para contener el aumento de las temperaturas.
En las entrañas del bosque un viento cálido levanta el polvo fino entre la densa vegetación: añosos algarrobos de madera dura conviven con quebrachos y espinosos vinales, que con facilidad destrozan las ruedas de los camiones que recorren sus senderos, rodeados también por las flores amarillas de la brea y envueltos por el aroma del palo santo.
A su vez, esta zona de más de 128.000 hectáreas de superficie es una de las más olvidadas por los sucesivos gobiernos nacionales y provinciales de Argentina, algo que se evidencia en el escaso servicio eléctrico, la ausencia casi total de señal de telefonía móvil y el limitado acceso al agua, dependiente en buena medida de las lluvias, que son impredecibles y solo llegan en verano.
Proteger el bosque o vivir de él
Las casi 60.000 personas que lo habitan son en su mayoría indígenas, campesinos y pequeños productores rurales.
Jorge Luna tiene 55 años, cuatro hijos y toda su vida transcurrió en parajes del Impenetrable como La Armonía, donde actualmente desarrolla tres actividades simultáneas: cría vacas, cerdos, cabras y caballos, guía a turistas por los senderos cerrados del bosque y es dueño de un camping a orillas del río Bermejito, uno de los dos cursos de agua primordiales para la zona.
Hace siete años, en momentos de crisis económica, aceptó una oferta de una empresa maderera que quería talar y llevarse toda la vegetación valiosa de sus 100 hectáreas de tierra.
«Acá tengo molles, algarrobos, palo santo, quebracho colorado y blanco. Son especies de madera buena. Por suerte rescindí el contrato», relató a EFE desde la sombra verde de su arboleda, y explicó que recibió asesoramiento de la Administración de Parques Nacionales y de la Fundación Rewilding Argentina.
Protección de la zona
Desde 2014, gracias a una iniciativa de organizaciones ambientales locales, esta región forma parte del Parque Nacional El Impenetrable, por lo que se prohibió la tala y la caza en su interior y se asignaron guardaparques para protegerla.
Uno de ellos, Matías Almeida, dialogó con EFE en una de las puertas de acceso al parque, y advirtió sobre los crecientes peligros que enfrenta el bosque: «Hace tres años que estoy trabajando en el área protegida, y en este corto tiempo he visto grandes cambios. El paso de camiones de extracción maderera es constante».
Durante sus patrullajes diarios bajo el agobiante sol del mediodía, Almeida y su equipo se topan con frecuencia con grandes extensiones de monte quemadas. «Todo se hace rápido, en el anonimato», señaló, y denunció que a la extracción maderera se suma el avance de cultivos de soja, que produce «riqueza para unos pocos en poco tiempo, pero no equivale a los beneficios ecosistémicos que tiene este bosque con su biodiversidad».
El problema de la deforestación ilegal no se limita únicamente al área protegida sino que afecta a buena parte de Chaco, la provincia argentina que lo alberga, donde, según un reciente estudio de la organización Greenpeace mediante imágenes satelitales, entre noviembre de 2020 y julio de 2025 esta práctica afectó 167.684 hectáreas.
«A mi papá y mi tío les dije ‘¿qué le quieren dejar a las generaciones siguientes? Si seguimos talando árboles, algún día no vamos a tener más lluvia o el calor va a ser insoportable’. Hemos tenido veranos de 50 grados», aseguró Melina Ybañez, estudiante de guardaparque de 26 años nacida y criada en el Impenetrable.
Ybañez es además guía de turismo, una industria creciente en la zona y vista por cada vez más vecinos como una alternativa prometedora y sustentable.
En los últimos años, muchos pobladores comenzaron a adaptar sus viviendas para ofrecer alojamiento y comidas a viajeros que llegan para observar la fauna. El turismo, sin embargo, enfrenta todavía fuertes trabas producto de la difícil accesibilidad y la falta de inversión.
La ganadería, otra amenaza
Otro de los peligros que enfrenta El Impenetrable acecha a plena luz del día, masticando pastos y hojas con aire cansino: las vacas. Criadas ‘a monte’, como sus dueños locales le llaman a la práctica de soltarlas en zonas del bosque sin delimitar, consumen las escasas reservas de agua disponibles para los animales silvestres.
Si bien la zona se emplaza entre el Bermejo y el Bermejito, dos ríos sinuosos y cargados de sedimento que dan su característico color té con leche al caudaloso Paraná y al Río de la Plata, la cantidad y diversidad de fauna en el bosque es tal que el agua no siempre alcanza.
«El ganado genera una competencia hídrica. Las vacas y los caballos toman mucha cantidad de agua por día, lo que seca muy rápidamente las charcas», alertó Almeida, que comprende que el ganado es un factor de subsistencia para los vecinos de la zona, pero que desbalancea tanto el frágil ecosistema que lo mejor sería erradicarlo.
En los márgenes inestables del Bermejo abrevan a diario decenas de especies de aves, así como tapires y pecaríes, mamíferos herbívoros que atraen a la creciente repoblación de yaguaretés, impulsada por la Fundación Rewilding.
«Los humanos somos los responsables de esa destrucción del bosque chaqueño, pero también podemos participar activamente de su recuperación», afirmó a EFE Débora Abregú, integrante del equipo de la fundación, que trabaja en paralelo en la concienciación de la población en la idea de que proteger y «producir naturaleza» es más beneficioso que el negocio de la tala y la ganadería.
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El Paraná, entre la contaminación y la espera en la justicia
Demora judicial y contaminación
Fecha de Publicación: 04/11/2025
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Litoral Argentino - Santa Fe
Procesan a ex directivos de Aguas Santafesinas por volcar efluentes cloacales e industriales sin previo tratamiento.
La Cámara Federal de Casación Penal, Sala IV, confirmó el procesamiento de exdirectivos de Aguas Santafesinas S.A (ASSA) por el presunto delito de contaminación peligrosa del río Paraná. El fallo, firmado el 30 de octubre de 2025 por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo, considera probado que los imputados “volcaron efluentes cloacales e industriales sin previo tratamiento en un volumen aproximado de 350.000.000 de litros diarios” desde la planta Emisario Sur en Rosario.
La resolución se produce tras los recursos interpuestos por el Ministerio Público Fiscal y la Asociación Civil Cuenca Río Paraná, que habían impugnado la decisión de la Cámara Federal de Rosario, la cual —en mayo de este año— había anulado los procesamientos. Casación consideró aquella nulidad “arbitraria” y fundada en “una deficitaria aplicación del marco jurídico y una valoración incongruente y parcial de la prueba reunida”.
El abogado Fabián Maggi, representante de la Asociación Civil Cuenca Río Paraná, celebró la decisión del máximo tribunal penal federal y la vinculó directamente con el proceso civil ambiental que tramita en paralelo. “La sentencia penal que anuló el fallo de la Cámara Federal de Rosario está estrictamente relacionada con la causa civil ambiental en la que la jueza Silvia Aramberri condenó a Aguas Santafesinas, al ENRESS, a la Provincia de Santa Fe y al Estado Nacional a arbitrar los medios para construir la planta de tratamiento que Rosario necesita”, explicó.
El letrado calificó como “preocupante” el patrón de demoras judiciales que, según dijo, “vulnera el derecho humano a obtener una resolución en un plazo razonable”. “La causa de Aguas Santafesinas ya lleva casi una década de expedientes judiciales. Esta apelación fue presentada en diciembre de 2024 y, pese a tratarse de un asunto ambiental urgente, la Cámara Federal de Rosario todavía no resolvió. Habitualmente este tipo de planteos se resuelven en cuatro o cinco meses”, apuntó.
El fallo de Casación remarcó que los residuos vertidos por ASSA “poseen la característica de ser encuadrados, según el Anexo II de la Ley 24.051, como sustancias infecciosas”, y que las muestras analizadas “dieron cuenta de coliformes termotolerantes elevados y la presencia de Escherichia coli que supera los límites legalmente permitidos”.
En su presentación, la querella sostuvo que “el predio de la firma denunciada no cuenta con una planta depuradora ni los desechos reciben el tratamiento adecuado y exigido por la ley, volcando los líquidos cloacales crudos al río Paraná”. Además, se denunció que Aguas Santafesinas operó durante años sin el Certificado de Aptitud Ambiental, y que el documento posteriormente presentado fue objetado por falsedad ideológica.
La sentencia también rechazó la interpretación de la defensa según la cual los residuos cloacales no serían peligrosos por no provenir de procesos industriales. “La norma penal tampoco puede quedar inhabilitada por una regulación administrativa que, de modo alguno, puede legitimar la realización del resultado típico contemplado en la normativa nacional”, afirmaron los jueces.
Para Maggi, los fallos penal y civil “deben verse como parte de una misma lucha por el saneamiento del Paraná”. “Siempre sucede en estas problemáticas ambientales que no se pueden tratar de manera aislada. Hay que abordarlas integralmente, porque el vertido de efluentes sin tratamiento se repite en todo el litoral del río, desde Santa Fe hasta San Nicolás y San Pedro”, señaló. “Se han detectado metales pesados y Escherichia coli en todas esas ciudades, y muchas carecen de planta de tratamiento. Incluso en San Pedro ya hay una causa penal en curso”, añadió.
El abogado advirtió también sobre el riesgo adicional que representa el dragado del Paraná, al remover los sedimentos donde se acumulan los contaminantes. “El dragado, sin la correspondiente evaluación ambiental, resuspende los metales pesados y los distribuye aguas abajo, afectando las plantas potabilizadoras que no pueden eliminar completamente estos elementos”, explicó.
La Asociación Cuenca Río Paraná insiste en la necesidad de que el Poder Judicial fije plazos concretos de cumplimiento para la construcción de la planta de tratamiento ordenada por la jueza Aramberri. “Si no hay fechas, la condena es simbólica e ineficaz. Necesitamos un plan con metas verificables que puedan exigirse tanto a la empresa como a los Estados condenados”, afirmó Maggi.
Por último, el letrado reiteró el pedido de un Estudio de Impacto Ambiental Estratégico y Acumulativo para toda la cuenca. “El Paraná necesita una verdadera línea de base que determine cuál es el nivel actual de contaminación y qué actividades pueden continuar. Sin eso, cada decisión aislada agrava el daño ambiental”, concluyó.
En rigor el fallo de Casación devuelve impulso a un proceso judicial de alto impacto institucional y ambiental. Por un lado, reabre la investigación penal por contaminación peligrosa; por el otro, refuerza las obligaciones del Estado y de Aguas Santafesinas en la causa civil que busca la construcción de la planta de tratamiento. Mientras tanto, el río Paraná —una de las principales fuentes de agua potable del país— sigue recibiendo diariamente cientos de millones de litros de efluentes sin tratamiento adecuado.
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