Cambio climático: por qué Argentina se calienta algo menos que el promedio mundial

Fecha de Publicación: 06/10/2025
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional


El cambio climático que supimos conseguir no implica solo el aumento de las temperaturas promedio en el mundo. También es el fenómeno que por esa razón eleva el nivel de los mares, altera los patrones de precipitaciones e intensifica (y hace más frecuentes) los eventos extremos, como sequías e inundaciones.
No es solo una cuestión ambiental: tiene –y tendrá aún más si no se mitiga– impactos directos en la salud humana y en las economías de todas las naciones. 
El cambio climático se refiere a alteraciones significativas en el estado del clima, principalmente causadas por actividades humanas que, desde la Revolución Industrial (hace más de un siglo), han generado un aumento en los niveles de gases de efecto invernadero en la atmósfera.
En 2025, la temperatura mundial promedio fue 1,55 °C mayor que la del período 1861-1890, superando el umbral crítico que los científicos consideraban el límite de 1,5 °C para evitar los impactos más severos.
Ya pasamos ese límite. Y parece que vamos por más.
El Acuerdo de París de 2015 estableció como objetivo mantener el calentamiento global “muy por debajo” de 2 °C, y hacer esfuerzos para limitarlo a 1,5 °C. 
Ese umbral no era arbitrario: el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) de Naciones Unidas advirtió que superarlo aumentaría notoriamente los riesgos de eventos climáticos extremos y de pérdida de biodiversidad, entre otros efectos severos.
¿Es igual el impacto en todo el planeta? ¿En Argentina ese cambio es similar al del promedio mundial?
Un informe del sitio Argendata, elaborado en colaboración con la fundación alemana Heinrich Böll, cita que en 2024 la temperatura de Argentina fue 1,13 °C mayor que el promedio de 1940-1969, período en el que comienzan a tenerse estimaciones por país. Esa cifra es menor que el promedio mundial para el mismo período (1,37°C).
La diferencia se explica, sobre todo, por una evidencia de contexto: refleja un patrón global donde todo el hemisferio sur se ha calentado menos que el norte.
La explicación –cita el estudio– está principalmente en la geografía. El hemisferio sur tiene una mayor proporción de océanos, que tardan más en calentarse que los continentes porque el agua tiene una mayor capacidad para absorber calor. Además, en el Ártico se produce un fenómeno singular: absorbe más radiación solar que la Antártida.
Gran parte de Europa del este y del norte registra los mayores aumentos de temperatura del planeta, con incrementos superiores a 3 °C respecto del período 1940-1969.
El informe de Argendata apunta que “si bien Argentina se encuentra por debajo del promedio mundial, un aumento de 1,13 °C sigue siendo muy significativo para nuestros ecosistemas, la agricultura y la vida cotidiana”.
Así como el impacto del calentamiento global no es, hasta ahora, igual en todas las regiones del planeta, tampoco lo es la contribución a las emisiones de gases de efecto invernadero. Varios de estos gases (sobre todo el dióxido de carbono) permanecen en la atmósfera durante décadas, por lo que el calentamiento actual es resultado de más de un siglo de emisiones.
“Hoy, Argentina representa el 1,1% de las emisiones globales acumuladas de gases de efecto invernadero. Eso quiere decir que contribuyó con el 1,1% del calentamiento global”, precisa el estudio comparativo.
Los países de altos ingresos concentran el 46,8% de las emisiones históricas. Sobresalen en esa lista Estados Unidos (17,2% del total) y la Unión Europea (12,7% en conjunto). El resto de los países ricos (entre los que destacan Rusia, Canadá, Japón y Australia) aportan un 16,9% adicional. 
Los países de ingresos medio-altos (grupo al que pertenece Argentina) dan cuenta de un 35,7% de las emisiones acumuladas. Aquí sobresale China, con 12,9%. En tanto, los países de ingresos medio-bajos aportaron un 13,9% adicional, destacándose India (4,8%). Por último, los países de ingresos bajos (compuesto mayormente por países africanos) solo contribuyeron con un 3,7% al impacto global.
Esta distribución de las emisiones marca una evidencia que debiera pesar a la hora de discutir salidas al problema: los países que se industrializaron primero y alcanzaron mayor prosperidad económica son los principales responsables del problema climático actual.
Sin embargo, el calentamiento es global y no exime ya a ninguno de tomar medidas y compromisos, aunque sean proporcionales.
La situación heredada de un siglo de contaminación se plantea injusta para los países de menores recursos. Porque pese a ser los que menos contribuyeron históricamente a las emisiones, se encuentran entre los más afectados, ya que cuentan con menos fondos para hacer frente a los efectos del cambio climático.
El cambio climático ya está modificando distintos territorios de la Argentina. Sus efectos se perciben en los regímenes de lluvias, la frecuencia de sequías e inundaciones, y la intensidad de fenómenos extremos.
Entre los cambios documentados, se destacan, por ejemplo, las precipitaciones extremas más recurrentes en el noreste del mapa argentino, con múltiples impactos. A la vez, en la Cordillera de los Andes, el retroceso de los glaciares compromete cada vez más el acceso futuro al agua de las poblaciones que dependen de esas fuentes y para actividades productivas o de turismo invernal. 
En el norte del país se observa un creciente estrés hídrico, resultado del aumento de temperaturas y de cambios en los patrones de precipitación. Al mismo tiempo, se registra un aumento del nivel del mar en la costa del Río de la Plata.
Para Córdoba, se presume que se acentuarán las lluvias más intensas, pero también las sequías más agudas. En ese marco, por ejemplo, aumentan las chances de incendios forestales más complejos. 
Desde la ciencia, casi no hay estudio que no advierta sobre la necesidad de adoptar, en cada país –pero también en cada provincia y en cada ciudad–, medidas de adaptación y mitigación, para anticiparse a bajar los costos económicos, sociales y ambientales del nuevo escenario.
Hasta ahora, esas medidas de adaptación no parecen muy visibles. 
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Cinco muitús fueron trasladados al parque Iberá para su reintroducción

Fecha de Publicación: 06/10/2025
Fuente: República de Corrientes
Provincia/Región: Corrientes


Se trata de ejemplares del ave galliforme que está en peligro de extinción. Los trajeron desde la ciudad de Córdoba.
Cinco ejemplares de muitú (Crax fasciolata), una especie de ave crucial para el ecosistema del Litoral, fueron exitosamente trasladados desde la provincia de Córdoba hasta el parque nacional Iberá, en Corrientes. Este evento representa un avance significativo en los esfuerzos de reintroducción y conservación de la fauna silvestre.
La iniciativa forma parte del ambicioso Programa de Conservación del Muitú, una colaboración estratégica liderada por la Fundación Rewilding Argentina y el Ente Municipal BioCórdoba, dependiente de la Municipalidad de esa ciudad. 
La misión principal es recuperar poblaciones de especies autóctonas que se encuentran amenazadas o extintas localmente, devolviendo la funcionalidad ecológica al parque nacional Iberá. En el último siglo, la amenaza de extinción de especies emblemáticas como el muitú y el yaguareté generó un severo desequilibrio ambiental en la región, un impacto que los científicos de Rewilding buscan mitigar y revertir.
Los cinco ejemplares son pichones nacidos y criados en las instalaciones del Parque de la Biodiversidad de Córdoba. Este éxito de cría ex situ se logró siguiendo rigurosamente las Directrices de Uso de la Gestión Ex Situ para la Conservación de Especies de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). 
El trabajo comprometido de todo el equipo técnico del Parque de la Biodiversidad fue fundamental para garantizar que las aves alcanzaran un excelente estado sanitario y estuvieran en condiciones óptimas para su viaje a su hábitat natural.
El muitú es un ave galliforme que habita los bosques del noreste de Argentina, el este de Bolivia, Brasil central y Paraguay. 
Su rol es vital, ya que actúa como un dispersor de semillas clave, influyendo directamente en la salud y regeneración de la flora nativa. Lamentablemente, este valioso pájaro se enfrenta a serias amenazas debido a la implacable deforestación y la caza furtiva, factores que han reducido drásticamente sus poblaciones.
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Greenpeace vuelve a la Corte Suprema para reclamar por la deforestación en Salta: su polémico ordenamiento de bosques

Fecha de Publicación: 04/10/2025
Fuente: Portal NoticiasAmbientales
Provincia/Región: Salta


Avanza la deforestación en Salta y Greenpeace volvió a reclamar contra la provincia frente a la Corte Suprema de Justicia. La organización se presentó otra vez ante el máximo tribunal para cuestionar el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN).
En esta oportunidad, la asociación ambientalista incorporó como hecho nuevo la reglamentación de la polémica norma recientemente aprobada por el gobierno de Gustavo Sáenz.
Se trata de la segunda vez que Greenpeace impugna el nuevo ordenamiento salteño. En febrero de este año, cuando el Ejecutivo Provincial promulgó la ley, la organización ya había presentado cuestionamientos.
Ahora, tras conocerse la reglamentación de esta normativa, la ONG reforzó su postura denunciando lo que considera «un golpe devastador para los bosques«.

Principales cuestionamientos a la nueva normativa salteña
Según Greenpeace, la actualización del OTBN de Salta viola disposiciones de la Ley Nacional de Bosques 26.331.
En particular, se denuncia que el nuevo ordenamiento habilitaría desmontes en aproximadamente 720 mil hectáreas de zonas anteriormente protegidas.
Esta cifra es especialmente alarmante si se considera que es casi idéntica a toda la superficie deforestada en la provincia en los últimos 15 años (714.052 hectáreas), según datos oficiales.
Además, la normativa convalidaría desmontes ilegales ya ejecutados sin exigir tareas de restauración ambiental.

Deforestación en Salta: los primeros pasos que alarman
La amenaza no es solo una proyección a futuro, sino que el primer paso ya está en marcha. El gobierno de Sáenz ya convocó a audiencias públicas para autorizar desmontes inmediatos en 30 fincas que suman 25.916 hectáreas.
«El gobierno de Sáenz avanza hacia la legalización de un ecocidio: está por autorizar desmontes por 26.000 hectáreas y pretende flexibilizar la actual ley de bosques provincial. Lo hace en favor de los grandes productores agropecuarios que quieren seguir arrasando bosques con total impunidad», afirmó al respecto poco meses atrás la coordinadora de la Campaña de Bosques de Greenpeace, Noemí Cruz.
Además, la activista remarcó un punto clave: «Argentina firmó en la Cumbre Climática realizada en Glasgow en el año 2022 un compromiso de Deforestación Cero para el año 2030. Las provincias deberían ir en esa dirección».
Según la entidad, entre las empresas y empresarios beneficiados con permisos de desmontes se encuentran: Agrodesmontes S.A., SILHER S.R.L., Antonio Ricardo Talavera, María Luisa Bracero, Campos del Trópico S.A., Alberto Cañizares, Rodrigo René Cuellar, José Ignacio Lecuona de Prat y Joaquín Alejandro Paz Salazar, entre otros.

La categoría «amarillo oscuro»: flexibilización cuestionada
Uno de los puntos más controvertidos es la creación de la categoría «amarillo oscuro«. Esta categoría permite la movilidad de zonas productivas condicionada por porcentajes de desmonte según cada cuenca hídrica.
Para Greenpeace, esta clasificación representa un «verde encubierto» que posibilita «deforestar donde hasta hoy no se puede».
La organización señala que estas categorías transitorias no están contempladas en la Ley 26.331. Esto implica una zonificación flexible sin determinar geográficamente dónde está permitido o prohibido deforestar con precisión.
La categoría amarilla abarca un total de 5.528.753 hectáreas donde el gobierno de Salta promueve el Manejo de Bosques con Ganadería Integrada (MBGI), también denominado sistema silvopastoril. Esta metodología implica la cría de ganado bajo cobertura forestal.
Greenpeace advierte que este sistema funcionó históricamente como desmonte selectivo en provincias como Chaco y Santiago del Estero. Esto contraviene lo establecido por la Ley Nacional de Bosques.
La organización considera que estos antecedentes demuestran que la práctica derivará inevitablemente en deforestación progresiva.

Deforestación en el norte argentino: su impacto en la conservación del yaguareté
Además de los desmontes, la asociación también alerta sobre la fragmentación territorial que afectaría a grandes mamíferos amenazados, particularmente al yaguareté.
Es que el área afectada por la nueva normativa coincide en gran medida con la zona identificada por científicos como crítica para la conservación del yaguareté.
Greenpeace concluye que la deforestación, degradación y fragmentación del hábitat resultantes de la aplicación del nuevo OTBN pondrán en serio riesgo la supervivencia de esta especie emblemática.
Otro aspecto criticado es la falta de consulta previa a las comunidades originarias, proceso que debería haberse realizado según la legislación vigente.
Por eso, la nueva presentación de Greenpeace ante la Corte Suprema se enmarca en un amparo judicial destinado a proteger el hábitat del yaguareté, especie en peligro de extinción.
La causa involucra no solo a Salta, sino también a otres tres provincias del norte argentino: Santiago del Estero, Formosa y Chaco, las cuatro con mayor cantidad de desmontes en los últimos años.
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El Gobierno avanza con la privatización de Nucleoeléctrica Argentina

Fecha de Publicación: 04/10/2025
Fuente: Diario Hoy
Provincia/Región: Nacional


La decisión de la administración libertaria abre la puerta al capital privado en un área estratégica, debilitando la soberanía energética y tecnológica del país.
El Gobierno nacional oficializó, mediante el Decreto 695/2025, el inicio del proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA). La medida habilita la venta del 44 % de las acciones a inversores privados y un 5 % bajo un Programa de Propiedad Participada, mientras que el Estado y la CNEA conservarán el 51 %.
Cabe mencionar que en 2024, la compañía alcanzó un récord de 10,4 millones de MWh generados, con un factor de carga del 73,3 %. Aun así, el Ejecutivo insiste en que la apertura al capital privado es necesaria para sostener inversiones y reducir el déficit fiscal. Los proyectos mencionados incluyen la extensión de vida útil de Atucha I y el almacenamiento en seco de combustibles de Atucha II.
En este marco, la diputada bonaerense de Unión por la Patria, Soledad Alonso, advirtió que “ningún país soberano entrega así su sector nuclear” y pidió frenar y revertir las privatizaciones. Calificó la medida como una amenaza para un activo estratégico que genera superávit y mantiene miles de empleos, reforzando la preocupación sobre la soberanía energética.
En 2023, la empresa recibió 700 millones de pesos en transferencias estatales, un monto marginal frente a su valor estratégico. Analistas y sindicatos remarcan que, más allá del impacto económico, la apertura al capital privado podría debilitar la planificación energética a largo plazo y limitar la capacidad del Estado para garantizar el suministro en situaciones críticas.
La decisión de la administración libertaria expone al país a intereses privados y abre un debate clave sobre la gestión futura de los recursos nucleares y la autonomía estatal.
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Defender los glaciares es un tema de supervivencia

Fecha de Publicación: 03/10/2025
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


Organizaciones ambientalistas destacaron la importancia de la Ley de Glaciares frente a los intentos del gobierno de modificarla. 
A 15 años de la sanción de la Ley de Glaciares un panel de especialistas planteó la necesidad de seguir defendiéndola, frente a los intentos del Gobierno y de las empresas mineras de recortar el área de protección. Y destacaron su importancia a la hora de proteger el agua y los ecosistemas.
En semicírculo, se sentaron Agostina Rossi Serra --especialista en biodiversidad de GreenPeace--, Pía Marchegiani --directora del área de Política Ambiental de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)--, Enrique Viale --presidente de la Asociación de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA)-- y Saúl Zeballos de la Asamblea Jáchal no se toca que en su regazo llevaba una bandera argentina.
"Cuando se planteó y cuando se propuso, no sabíamos que hoy --15 años después-- este contexto de crisis climática iba a ser tan extremo. Es por eso que tenemos que defenderla, tenemos que protegerla... No tenemos que permitir que se flexibilice esa ley, como se está buscando, porque implicaría una regresión ambiental: se está hablando de dejar de proteger el ambiente periglacial, que es una reserva de agua dulce estratégica igual que los propios glaciares", detalló Rossi Serra.
"Modificar la Ley de Glaciares es comprometer el acceso al agua de millones de argentinos", sintetizó Rossi Serra. "Cumplirla y defenderla es la única forma de resguardar el agua y la vida en un contexto de crisis climática", subrayó. 

Apertura democrática
En tanto, Viale destacó que 2010 "era un momento de ampliación democrática", ya que la ley se sancionó en la misma época que el Matrimonio Igualitario y después de largas horas de debate en el Congreso y de meses de debate público. "Si se retrocede en una ley de estas características, es un golpe muy fuerte a la democracia. Además de ser inconstitucional porque es una regresión ambiental", detalló el abogado.
Marchegiani describió el contexto como un "avance contra las instituciones democráticas, contra la agenda ambiental --en especial, la ley de biodiversidad y la ley de bosques, que son centrales en la Argentina... Siempre fueron resistidas en el momento de la sanción, pero también después con medidas cautelares en San Juan y Jujuy, cuando los sectores mineros dijeron 'esta ley acá no se aplica'. Pero la protección estratégica del agua es para todo el país y para toda su economía, no para un sector económico".
Justamente, los fundamentos del veto de 2008 fueron la presión de las provincias cordilleranas "a pedido de una multinacional muy poderosa a la cabeza: Barrick Gold", recordó Viale. La Corte Suprema tuvo que ordenar que se aplique la ley, pero con el gobierno de Mauricio Macri y el de Javier Milei se "reedita la misma discusión, el mismo texto", afirmó Marchegiani.

"Se reedita el mismo texto"
Según Viale, el texto de la ley Ómnibus que modificaba la Ley de Glaciares tenía "exactamente la misma letra" que el borrador filtrado del Ministerio de Ambiente de 2017 --a cargo de Sergio Bergman-- "porque lo escriben los abogados de Barrick Gold". Zeballos sumó que la modificación permitía 44 proyectos mineros porque proponía reducir la zona de protección de las zonas glaciares y periglaciares, permitiendo que se usen para actividades extractivas o contaminantes, y limitar su definición a "recarga de cuenca hídrica". En especial, desprotegía a los glaciares de menos de una hectárea, que son los más abundantes fuera de la Patagonia (por ejemplo, en los Andes desérticos).
"Los proyectos fueron limitados... Sin la protección legal, los hubieran destruido directamente. La ley es una herramienta concreta para la protección de glaciares. El ambiente periglaciar y el glaciar van juntos. Es una unidad ecosistémica, no hay una sin la otra y tienen que estar conectados", completó Marchegiani. A su vez, Viale explicó: "Los glaciares en nuestro país son fundamentales ya que funcionan como nuestras fábricas de agua. Lo que la megaminería nos quiere sacar cuando amenaza la ley son nuestras cuencas y ríos. Desde la cordillera alimentan a poblaciones mucho más allá de las fronteras provinciales. De ellos depende una enorme trama de vida, inclusive la actividad económica y la salud de nuestros ecosistemas. En ese sentido, los glaciares y su ambiente periglaciar son fábricas de vida. Están cada vez más amenazados por la crisis climática, y por eso tenemos que cuidarlos más que nunca".

Cianuro y mercurio
"Cinco años después de la sanción, en uno de sus proyectos mineros hubo un derrame, como consecuencia de la no aplicación de la ley", sostuvo Viale. Zeballos tomó la palabra para representar a su comunidad: "se cumplieron 10 años el derrame de cianuro y mercurio de Barrick Gold sobre la cuenta del río Jachal". Todavía sigue contaminado, así que el pueblo sanjuanino recibe agua del acuífero Huachi, también conocido como Pampa del Chañar. Pero el sanjuanino advirtió que el proyecto "Esperanza", de extracción de cobre y tierras raras, va a hacer distintas perforaciones de entre cinco mil y diez mil metros en el acuífero, "sobre las recargas de la última fuente de agua pura que le queda a Jáchal". 
También en San Juan, Luis Caputo, ministro de Economía, anunció la semana pasada en la red social X el proyecto extractivista Los Azules. Basándose en el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) --aprobado en la Ley Bases--, destruiría geoformas glaciares y periglaciares que miden menos de 1 hectárea y que, si bien siguen estando protegidas por la ley, no están inventariadas por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla). Zeballos denunció irregularidades en la inclusión de glaciares pequeños que, sin estar en el inventario, quedan "totalmente desprotegidos ante el avance de la minería", concluyó el sanjuanino.
Así, Viale reafirmó: "la seguridad jurídica no es sólo para las grandes corporaciones. Nosotros, las comunidades, también queremos seguridad jurídica, que se aplique la Ley de Glaciares". Desde el panel advirtieron que frenarán los intentos de las mineras de flexibilizar y violar esta ley que no prohíbe la minería, sino que no permite que la desaarrollen donde nacen los ríos, el agua y la vida argentina.
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La UIA y la Liga de Provincias Bioenergéticas impulsan una nueva Ley de Biocombustibles

Fecha de Publicación: 03/10/2025
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Nacional


Pidieron el acompañamiento del Ejecutivo nacional para el proeycto impulsado por Catamarca, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe y Tucumán.
La Unión Industrial Argentina (UIA), encabezada por su presidente Martín Rappallini y su secretario Eduardo Nougués, elevó una nota formal al Jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, para solicitar el acompañamiento del Poder Ejecutivo al Proyecto de Ley de Biocombustibles presentado por la Liga de Provincias Bioenergéticas, integrada por Catamarca, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe y Tucumán.
El proyecto, que ya cuenta con estado parlamentario en ambas cámaras, surge de un arduo trabajo de articulación entre sectores públicos y privados con el objetivo de fortalecer la producción de bioetanol y biodiesel, diversificar la matriz energética y promover el desarrollo federal.
En la nota presentada, la UIA destacó la importancia de esta iniciativa para agregar valor a la producción de caña de azúcar, maíz y soja, reducir la dependencia de combustibles fósiles importados con el consecuente ahorro de divisas, sostener cadenas de valor de alto impacto socioeconómico en las provincias productoras y garantizar la continuidad de inversiones en el sector. Asimismo, subrayó que los biocombustibles permiten mejorar la salud de la población al disminuir emisiones contaminantes y generar empleo genuino en las economías regionales.

Subir el corte de biocombustibles
El nuevo marco normativo propuesto contempla un incremento progresivo en los cortes obligatorios de biodiesel y bioetanol, la apertura a inversiones en transporte aéreo, marítimo y fluvial, la habilitación de un mercado de libre comercialización por encima de las mezclas mínimas, así como la posibilidad de incorporar motores flex y kits de conversión que optimicen el uso de la materia prima nacional. Además, reemplaza los cupos y precios fijados por el Estado por un esquema de licitaciones transparentes entre privados, promoviendo competitividad y previsibilidad en el sector.
En este contexto, Jorge Rocchia Ferro, presidente de la Unión Industrial de Tucumán, advirtió sobre la urgencia que atraviesa el norte argentino y la necesidad de políticas concretas para sostener sus economías regionales: “El norte argentino está en una situación límite y lo digo con total claridad: sin políticas concretas que fortalezcan nuestras economías regionales, el futuro será devastador. Tucumán no tiene petróleo, no tiene minerales, no tiene litio funcionando. Lo que tenemos es una columna vertebral que se llama azúcar, y si no la defendemos con decisión, vamos a condenar a nuestra gente a la pobreza y a la emigración masiva. Por eso exigimos que se avance ya en la ampliación del corte de bioetanol. Hoy tenemos un 12% (6% maíz y 6% caña), pero necesitamos que ese porcentaje crezca rápidamente. Esto no es un capricho: es la única manera de darle rentabilidad a nuestra producción, sustituir importaciones de combustibles y generar empleo genuino en el norte”.
Rocchia Ferro también remarcó que este reclamo no es partidario, sino de supervivencia, y que responde al mandato constitucional de promover un desarrollo equilibrado entre regiones: “No pedimos privilegios, pedimos cumplimiento de la Constitución. El azúcar y el bioetanol son nuestra bandera de desarrollo. Y si el país nos da las condiciones necesarias, el norte no solo va a producir, sino que va a crecer, a educar y a darle dignidad a su gente. Ese es nuestro compromiso y esa es nuestra lucha”.
Con el respaldo de la UIA y de las uniones industriales provinciales, el proyecto busca consolidar un modelo energético federal, competitivo y sostenible, capaz de aprovechar el potencial agroindustrial de la Argentina y garantizar un futuro económico y ambiental más equilibrado para todo el país, indicaron a través de un comunicado.
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Murió Huasi, el cóndor que había sido liberado en Río Negro en 2022: comió un cebo envenenado

Fecha de Publicación: 02/10/2025
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro


El año pasado sucedió lo mismo con Yastay. La fundación Bioandina por la conservación del Cóndor Andino comunicó el hallazgo de Huasi en sus redes sociales. Fauna provincial contó que se realizó la denuncia penal y que se reunirá con la asociación para debatir pasos a seguir. 
Huasi es un cóndor que había sido liberado en Sierra Paileman en el año 2022 junto a Yastay, otro ejemplar que fue hallado muerto el año pasado al comer una oveja envenenada. La historia se repite y el fin de semana pasado el destino de Huasi fue el mismo. Fauna de Río Negro comunicó que se realizó la denuncia penal y que se reunirá con el organismo para debatir pasos a seguir.
«Un evento de envenenamiento, ocurrido en cercanías de la localidad El Caín, en la Provincia de Río Negro, cobró la vida de Huasi, un Cóndor Andino que había sido liberado en Sierra Paileman en el año 2022″, contó la Fundación Bioandina y Programa de Conservación del Cóndor Andino (PCCA). «Los estudios toxicológicos determinaron que había ingerido Carbofuran, un peligroso agrotóxico prohibido en el país (SENASA Resolución 263/2018)», detalló.
La organización recordó que los cóndores son aves carroñeras que desempeñan un rol crucial en el ciclo natural: «limpian el entorno al consumir animales muertos, evitando la propagación de enfermedades y ayudando a mantener los ecosistemas saludables». El uso ilegal de cebos tóxicos, utilizados por algunos productores rurales para matar grandes carnívoros, como pumas, zorros o perros, resulta la mayor amenaza de extinción para esta especie. 
Es por estro que existen leyes provinciales y nacionales que prohíben la práctica de control letal de predadores mediante el uso de cebos tóxicos (veneno).
Según comunicaron el caso fue denunciado ante las autoridades de ambiente nacional, el gobierno provincial, el Consejo Federal de Medio Ambiente, la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA) y el SENASA. «Está siendo estudiado», dijeron. 
La fundación manifestó: «Resulta imprescindible insistir en la promulgación de leyes nacionales de trazabilidad y prescripción de estas peligrosas sustancias, así como solicitar las reformas necesarias al código penal para que se sancione debidamente este delito ambiental». 
Desde Fauna provincial indicaron que se reunirán con la organización para coordinar futuras liberaciones y ver la posibilidad de realizar talleres para los productores sobre el uso de venenos.

La historia de los cóndores Yastay y Huasi
El cóndor Yastay nació en el 2019 en la reserva Tatú Carreta en Córdoba, donde eran cuidados su madre y su padre, dos ejemplares que no podían volar por heridas de bala en las alas. La llegada del pichón entusiasmo a todos, se trataba de un ejemplar de esta especie que, amenazada por los balazos y los cebos tóxicos, tendría la posibilidad de volar en libertad.
Yastay fue trasladado a Temaikén en Buenos Aires para unirse a una bandada de cóndores juveniles antes de ser liberados en la Patagonia como parte del programa El retorno al mar, ya que habían desaparecido de esa zona al sur de Río Negro.
Allí conoció a Huasi, un cóndor que provenía de La Rioja. Ambos se unieron a la bandada de juveniles que sería liberada en Sierra Pailemán.
En este paraje atravesaron un período de adaptación en la plataforma de liberación, luego fueron soltados en octubre del 2022 desde ese punto estratégico, desde las rocas a 400 metros de altura con un número que los identificaba en el ala. Les habían colocado rastreadores satelitales.
En 2024 la peor noticia llegó: Yastay había dejado reportar señales de movimiento.
Así se encontraron a 32 kilómetros de El Caín en el sur de Río Negro, casi en el límite con Chubut, con un panorama desolador. Yasytay yacía sin vida a un metro de una oveja muerta. Los análisis detectaron que el cóndor había bajado a comer los restos de una oveja envenenada con Carbofuran, un poderoso agrotóxico prohibido en el país por el Senasa en el 2018.
Este fin de semana la historia volvió a repetirse: el cóndor que había atravesado el mismo proceso que Yastay tuvo idéntico desenlace. 

Cómo ayudar
La fundación Bioandina comunicó algunos puntos a tener en cuenta para ayudar a evitar que se propaguen estos hechos.
– Evitá el uso de venenos en las áreas rurales y comunicate con las autoridades si sospechás de casos similares.
– Compartí la noticia. Al difundir esta información, estarás ayudando a crear conciencia sobre la importancia de evitar el uso de venenos, promoviendo prácticas responsables para la protección de la fauna.
– Apoyá iniciativas locales que trabajen en la protección de la fauna silvestre. Tu voz puede marcar la diferencia.
– Cada pequeño gesto suma. Digamos NO al uso de Cebos tóxicos, digamos NO al veneno. Si todos nos involucramos, podemos garantizar un futuro más seguro para los cóndores y todas las formas de vida.
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Camino a la COP30: un grupo de provincias armaron un frente climático contra la política ambiental de Javier Milei

Fecha de Publicación: 02/10/2025
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


En Córdoba, 14 provincias conformaron un Parlamento del Clima para rechazar una posible salida de la Argentina del pacto climático y marcar distancia de la posición oficial
Las provincias se posicionan con mayor nitidez contra la política ambiental del Gobierno de Javier Milei. La semana pasada, en la Legislatura de Córdoba, 14 jurisdicciones se reunieron en la segunda sesión del “Parlamento del Clima” para rechazar una posible salida de la Argentina del Acuerdo de París.
Desde el Ejecutivo nacional no hay definiciones, aún no está claro si asistirá ni cómo se presentará a la próxima Cumbre del Clima (COP 30), que se celebrará en noviembre en Belém do Pará, Brasil. Según pudo saber LA NACION, esto se definirá muy cerca del evento. 
A pesar de ello, se preparan documentos para ese encuentro, pero “falta la palabra de Cancillería”, que tendría la decisión final. El año pasado, durante la COP 29 en Bakú, el Gobierno optó por retirar a la delegación argentina en plena negociación, una decisión que generó un escándalo internacional y sembró dudas sobre el comportamiento que tendrá el Gobierno.
El Parlamento del Clima está conformado por las comisiones de Ambiente de 14 de las 23 provincias y busca instalar una agenda paralela frente a lo que califican como “desarticulación de la política climática nacional”. Así lo definió Abraham Galo, titular de la Comisión de Ambiente y Recursos Renovables de Córdoba y presidente del bloque federal por dos años.
El encuentro no es vinculante, aunque apunta a generar influencia y marcar un camino político dentro del Poder Legislativo con una impronta federal. “Tenemos que seguir con el trabajo que veníamos haciendo, a pesar de tener por primera vez un Gobierno nacional negacionista”, afirmó Galo. 
Ante la consulta, desde la Subsecretaría de Ambiente de la Nación catalogaron estos esfuerzos provinciales como meros gestos electorales con vistas a octubre. “Nos hemos reunido con las provincias a través del Consejo Federal del Medio Ambiente y estamos funcionando como órgano coordinador para la elaboración de los planes de respuesta al cambio climático”, describieron. Para ellos, estas iniciativas provinciales utilizan argumentos “ideologizados” y plantearon que hay otros espacios en los que hay un encuentro federal. “Participamos de los encuentros de la Alianza Verde del Clima y también a través del Consejo Federal de Inversiones, en donde el Tesoro pone partidas”, añadieron.
Pero más allá del debate político, hay varios expertos que resaltaron una necesidad financiera para explicar los movimientos provinciales. Una asesora que trabaja con casi todas las provincias del país en materia de política ambiental y climática, explicó que muchas de estas iniciativas están atadas de manera primordial con la búsqueda de financiamiento internacional. “Sobre todo veo que lo buscarían implementar para proyectos vinculados al pago por servicios ambientales, en especial para incentivar a los productores a conservar los ecosistemas nativos”, explicó.
Recordemos que, tras la no actualización del presupuesto 2025, hubo una caída generalizada de la cooperación para las provincias que al cierre del año pasado sufrieron una caída real del 9,8%, y en la que la provincia de Buenos Aires sufrió el golpe más fuerte. Las acciones del oficialismo durante la primera sesión de debate sobre el presupuesto 2026 sembraron fuertes sospechas de que hay una intención de boicotear la búsqueda de consenso para tener una versión actualizada.
La tensión entre los gobernadores porque consideran que hubo promesas incumplidas por parte del Gobierno, ha desembocado, entre otras cosas, en la búsqueda de fondos que provengan de la banca multilateral o de acuerdos entre gobiernos subnacionales. El Consejo Federal de Inversiones ha asesorado a varias provincias para impulsar también mecanismos de adaptación al cambio climático. “Mucho tiene que ver con renovación o mejoramiento de infraestructura, pero con una perspectiva de adaptación”, dijo una asesora cercana a los gobiernos provinciales. 
Participaron representantes de Catamarca, de la ciudad de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Córdoba. También estuvo presente la vicegobernadora cordobesa Myrian Prunotto y una delegación uruguaya.
De acuerdo con observadores presentes, la sesión fue más declarativa que programática. Los legisladores provinciales manifestaron su rechazo al “negacionismo” del Gobierno nacional, pero no trazaron una hoja de ruta con medidas concretas de mitigación y adaptación al cambio climático. En la declaración oficial instaron a promover un consenso legislativo que “blinde cualquier posible salida del Acuerdo de París”.
María Eugenia Mancini, legisladora correntina y cofundadora del espacio, explicó que el parlamento es una iniciativa pionera que esperan que se replique en otros países; solo en Estados Unidos hubo un experimento similar. “Vamos a presentar al Campeón de Alto Nivel de la COP 30 y al embajador de Brasil en la Argentina este modelo de innovación institucional legislativa que no tiene antecedentes en el mundo. Gracias a las provincias, el liderazgo climático argentino se mantiene en lo alto. Siempre fuimos grandes actores en la cooperación internacional”, señaló.
El Parlamento del Clima no es nuevo. En 2017, durante el Gobierno de Mauricio Macri, hubo un primer intento impulsado por el exdiputado y cineasta Fernando “Pino” Solanas (quien falleció en 2020) y Sebastián Navarro, aunque no tuvo continuidad. Según Mancini, eso se debió a divisiones impulsadas desde el Gobierno nacional de entonces. En esta segunda sesión se conformaron comisiones conjuntas para establecer un programa de trabajo federal y ya hay reuniones previstas para este año y el próximo. A pesar de ello, la agenda no termina de ser nítida. Según informaron desde el “Parlamento”, es misión de las comisiones marcar una ruta de trabajo.

Un bloque federal
El Parlamento del Clima es solo una de las iniciativas provinciales que buscan distanciarse de la agenda ambiental de Milei. La de mayor fuerza surgió en junio pasado, durante la Conferencia Climática Internacional celebrada también en Córdoba.
Ese encuentro reunió a 5500 asistentes de más de 20 países y contó con seis gobernadores: Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Sergio Raúl Ziliotto (La Pampa), Hugo Passalacqua (Misiones) y Carlos Sadir (Jujuy). También participaron la vicegobernadora de Entre Ríos, Lisa Griselda Aluani, y Amador Sánchez Rico, entonces representante de la Unión Europea en Argentina.
“Hoy, lamentablemente, la Argentina salió de la visión de defensa del clima. Estamos en un país negacionista. No lo compartimos. Si estamos aquí es porque resistimos, con un compromiso personal y una responsabilidad histórica. El día de mañana podremos mirar a nuestros hijos y nietos”, había declarado Llaryora en ese momento.
Esa conferencia abrió la puerta a nuevas alianzas interprovinciales e internacionales. Según un asesor de gobiernos provinciales en política climática, existe la intención de conformar un frente subnacional en la COP 30 que sostenga una agenda distinta a la del Gobierno nacional.
Pocos días después, hubo otro encuentro en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, encabezado por la ministra de Ambiente bonaerense Daniela Vilar y con la presencia del gobernador bonaerense Axel Kicillof. La idea, nuevamente, fue delinear una agenda propia de cara a la cumbre de Belém do Pará.
El 8 y 9 de octubre se realizará un nuevo encuentro federal, “Camino a la COP30”, impulsado por la Alianza Verde Argentina. Se espera la participación de representantes de Entre Ríos y La Pampa, además de funcionarios de la embajada brasileña.
Más allá de los actos políticos, todavía hay un camino largo para recorrer en lo que respecta a la normatividad climática provincial. Hasta ahora, solo ocho de ellas cuentan con leyes distritales de cambio climático y, a pesar de que la mayoría de las jurisdicciones están trabajando en ello, solo tres tienen aprobados sus planes de acción frente a riesgos climáticos como inundaciones o incendios. 
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El ecocidio continúa de una manera silenciosa

Fecha de Publicación: 01/10/2025
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Litoral Argentino


Un informe de la UNR alerta sobre el aumento de las quemas en los últimos tres meses y la falta de responsables. Hubo audiencia pública por el tema en el Concejo.
Desde principio de año ya se quemaron más de 30 mil hectáreas en la zona del humedal del Delta del Paraná. El dato se desprende de un informe realizado por el Centro de Estudios Territoriales de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), donde se señala la existencia de condiciones climáticas como alta humedad y un nivel del río superior a años anteriores, que suponen “una barrera para la dispersión de los incendios”. Sin embargo, advierten sobre un aumento en los focos de incendio durante el último trimestre que da cuenta de una vinculación con la actividad humana. “Aún no pudimos resolver, a lo largo de los últimos cinco años, quien enciende el fuego”, cuestionó Matías De Bueno, secretario de Política Ambiental de la UNR. 
El tema se puso en debate en una audiencia pública en el Concejo, de la que participaron distintos actores y se reclamaron medidas de prevención sobre el humedal. Las organizaciones sociales remarcan que la situación nunca mermó y advierten que los incendios van a seguir ocurriendo. “Los factores siguen siendo los mismos”, sostuvo Rodolfo Martínez, de la Multisectorial Humedales.
El estudio arrojó que, desde principio de año, se registraron incendios sobre una superficie aproximada de 30.327 hectáreas, en los humedales que forman parte del Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible (Piecas) del Delta del Paraná. Según el informe, el primer bimestre del año comenzó con una fuerte actividad ígnea que afectó unas 12.976 hectáreas, para luego descender notoriamente: durante los siguientes cuatro meses se registraron 2.618 hectáreas incendiadas. Sin embargo, a partir de julio los incendios retomaron y el cuarto bimestre del año finalizó con 10.929 hectáreas de humedal incendiadas. En septiembre, los incendios registrados encienden las alarmas: en apenas 25 días se detectaron 13.188 hectáreas arrasadas por fuego.
En el relevamiento también se señala que la altura del río Paraná es mejor a la de años atrás, aunque sin recuperar sus niveles promedios. Esas condiciones climáticas (mayor humedad, precipitaciones y nivel del río superior) suponen “una barrera para la dispersión de los incendios” en la zona. 
A pesar de eso, el aumento considerable del fuego durante los últimos tres meses “dejaría en evidencia que están vinculados a la actividad humana”. Además, la mejora hídrica favoreció el crecimiento de la vegetación y, en consecuencia, una mayor cantidad de material “potencialmente combustible” en la zona, lo que deja una alerta encendida para el resto del año.
Además de la cuestión ambiental, el informe también pone el foco en el debilitamiento de las políticas públicas orientadas a prevenir y controlar los incendios. Por ejemplo, la eliminación del fondo fiduciario que alimentaba de recursos al Sistema Nacional de manejo del fuego (SNMF). A eso se le suma la disminución en la asignación del presupuesto desde 2023, que se agrava con la subejecución de esa partida: en 2024 solo se ejecutó un 22% de lo asignado y, en lo que va del 2025, se ejecutó un 30,7%. Con ese trasfondo, desde el Centro de Estudios Territoriales entienden que, sin recursos, la estrategia de manejo del fuego queda reducida a una reacción tardía.
“La magnitud y recurrencia de los incendios en el Delta del Paraná evidencian que ninguna provincia, por sí sola, puede enfrentar de manera eficaz el problema. El carácter interjurisdiccional del humedal exige articular esfuerzos entre las provincias involucradas y el Estado nacional, bajo un esquema de cooperación técnica, financiera y operativa”, expresa el informe. “Solo a través de una gobernanza compartida, con presupuestos adecuados y mecanismos de gestión conjunta, será posible garantizar la protección de la biodiversidad y de las comunidades que dependen de estos humedales”, agrega.

¿Quién prende?
Para De Bueno, el informe da cuenta no solo de que la problemática de los incendios nunca cesó, sino que se va a seguir produciendo. “El ecocidio continúa silenciosamente y podemos prever que se van a seguir produciendo incendios. Este año se quemaron más de 30 mil hectáreas, que son doscientas veces el Parque Independencia”, lamentó en diálogo con Rosario/12. “Creemos que podemos tener, por lo menos hasta fin de año, unas 20 mil hectáreas más de incendios. Por eso entendemos que se debería elaborar un plan de trabajo entre los distintos actores, en vistas de resolver esa pregunta: ¿quién prende el fuego?”, añadió.
El dirigente consideró que la ausencia de responsables es una de las grandes deudas de los últimos años. “Aún no pudimos resolver ni quién prende el fuego, ni por qué. Ese es el mayor fracaso que nosotros vemos en la Justicia”, expresó y agregó: “Creemos que se deben destinar los recursos necesarios para poder llevar adelante las investigaciones, porque actualmente son muy escasos. Están trabajando las jurisdicciones locales, que no dan abasto. Y el poco interés del gobierno nacional en la política ambiental no colabora con esta situación”.
En ese marco, el referente ambiental de la UNR habló de “retrocesos”, más que de avances, desde la temporada de incendios iniciada en 2020. “Hubo un grave retroceso sobre todo desde la jurisdicción federal. Hay menos financiamiento para el Servicio Nacional de Manejo del Fuego. En la Justicia, en lugar de tener mayores certezas, tenemos las absoluciones de la mayoría de los imputados dentro de los procesos federales, y pocos avances en los juzgados provinciales”, describió. “Nuestra propuesta concreta es que tenemos todavía tres meses por delante y podemos evitar que esto se siga profundizando”, completó.

Audiencia pública
Los resultados del informe se presentaron el pasado jueves, en una audiencia pública que puso el foco en el estado de las causas judiciales que investigan a los responsables de los incendios en las islas. La actividad fue impulsada por el concejal de Ciudad Futura, Julián Ferrero, que además preside la Comisión de Ecología en el Concejo. Uno de los convocados a exponer en la jornada fue el fiscal federal Claudio Kishimoto, con el fin de brindar los detalles de las causas en curso. Para el edil se trató de un “hecho histórico e inédito” para la ciudad.
“No es muy habitual que un fiscal acuda al Concejo para explicarle a la gente y la ciudadanía cuál es el estado de avance de las causas y mucho menos cuando se trata de causas que revisten esta complejidad, con tantos intereses en juego, e incluso problemas jurisdiccionales”, describió Ferrero a Rosario/12. 
“Fue una jornada para discutir en conjunto. Son pocas las veces en que podemos reunirnos todos los actores en un lugar, independientemente de nuestros pensamientos o trayectorias. Desde funcionarios, vecinales, la universidad, la militancia socioambiental y también los sectores ganaderos, que expresaron su posición sobre el tema”, añadió.
El concejal remarcó que la importancia de la jornada también radica en visualizar que los incendios continúan ocurriendo. “Las islas siguen siendo un territorio en disputa y los niveles de protección son muy bajos. Hoy en la isla casi que se puede hacer cualquier cosa, siempre y cuando se respeten algunos parámetros. Es importante controlar lo que se puede hacer en un ecosistema que es vital para la región”, expresó.
“Hoy son tímidas las políticas públicas o acciones que implementa tanto el gobierno de Santa Fe como Entre Ríos. Siempre lo fueron. Cuesta ver un gobierno, independientemente de la fuerza política a cargo, que tenga voluntad de asignar recursos específicos a este tema. Y a nivel nacional el desfinanciamiento de políticas orientadas a la conservación de los ecosistemas es absoluto”.

Las organizaciones
En la audiencia se hicieron presentes distintas organizaciones ambientales, que desde años vienen monitoreando lo que sucede en las islas y peleando por la sanción de una ley que proteja los humedales del país. “La conclusión que sacamos es que los incendios se van a seguir repitiendo, es algo que nunca dejó de pasar. Los factores siguen siendo los mismos”, dijo Martínez a Rosario/12. 
“Hay una realidad que todos reconocen y es la ausencia de control estatal. Victoria detenta la jurisdicción de un enorme territorio sobre el que no garantiza el cumplimiento de la ley. Es un Estado que ni siquiera llega tarde, nunca llega”, cuestionó.
Para el integrante de la Multisectorial Humedales, uno de los principales aspectos sigue siendo la falta de presencia del Estado respecto al ordenamiento territorial, productivo y ambiental en la zona. “No se trabaja con drones, hay pocas lanchas. Vemos que no hay nunca una reacción rápida del Estado para que esto no suceda”, expresó y agregó: “Siempre se pone como excusa la falta de recursos. Podemos empezar por cobrarles multas a quienes hacen los terraplenes ilegales, porque si no tenemos un estado bobo que absorbe todas las pérdidas sin dar ninguna respuesta. Por eso, creemos que esto va a seguir sucediendo”.
Por último, el dirigente consideró que la sociedad sigue acompañando el reclamo ambiental y aseguró que la militancia ambiental en los últimos años deja aprendizajes: “El apoyo a la causa está vigente. Hoy todos sabemos lo que es un humedal y como sociedad fuimos aprendiendo mucho en el camino. A la gente le importa lo que está pasando y se supone que son los funcionarios quienes deben resolver esto. En ese tiempo las organizaciones hemos institucionalizado algunos procesos más locales y eso es positivo. A nivel nacional tenemos un gobierno que es negacionista en la materia y eso es una novedad. Por eso es importante mantener una militancia presente en estos temas”. 
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El Soberbio: operativo ambiental ante denuncias de tala no autorizada de madera nativa

Fecha de Publicación: 01/10/2025
Fuente: La Voz de Cataratas
Provincia/Región: Misiones


El Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables investiga una presunta extracción ilegal de madera nativa en el municipio de El Soberbio, tras un operativo de control forestal realizado este sábado en zonas aledañas a la Reserva de Biósfera Yabotí.
El procedimiento fue encabezado por el ministro Martín Recamán, junto a personal de la Dirección General de Bosques y la Dirección de Defensa del Medio Ambiente y Delitos Rurales de San Vicente.
La intervención se concretó a partir de denuncias e indicios de infracciones vinculadas a planes de aprovechamiento forestal. Durante la inspección, el equipo técnico recorrió el terreno, tomó coordenadas, registró trayectorias GPS e identificó planchadas de acopio, caminos de extracción y áreas de aprovechamiento no declaradas.
Los investigadores detectaron además un movimiento inusual de camiones de gran porte que transportaban rollos de madera. Si bien parte del cargamento correspondería a planes autorizados, se presume que existirían lotes no declarados involucrados, lo que motivó la intervención inmediata.
Como resultado del operativo, se labró un acta donde se detallaron los hallazgos y se recabó información técnica del lugar. Estos registros serán contrastados con imágenes satelitales, guías de transporte y permisos vigentes, a fin de determinar el alcance de las posibles irregularidades detectadas.
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“Es fundamental”: la infraestructura destinada a salvar vidas que empezó a utilizarse en el país

Fecha de Publicación: 30/09/2025
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


Hay veces en que la riqueza de animales silvestres de determinada aérea es tan alta que se empieza a considerar que vale la pena construir un “paso de fauna”. Las primeras preguntas que se hacen quienes piensan y proyectan estos pasos, cada vez más comunes en el mundo, son: las tasas de accidentes de tránsito, las especies en peligro de extinción e investigaciones para saber –antes de hacer nada– por dónde pasarían naturalmente los individuos.
En la Isla de Navidad, un territorio australiano en el Océano Índico, millones de cangrejos rojos realizan un viaje anual desde la selva, adonde viven, hacia el mar con el fin de reproducirse. Treinta pasos de fauna construidos especialmente para protegerlos los ayudan a que lleguen a la costa sin ser atropellados. El espectáculo de los cangrejos rojos tiñendo la isla es considerado uno de los eventos naturales más impresionantes del mundo y seguramente el paso de fauna más conmovedor.
La cantidad de muertes de animales por atropellamiento en nuestro país es cada vez más alta. Con frecuencia las noticias se hacen eco de un yaguareté arrollado; pero cientos de especies, grandes y pequeñas, en vías de extinción o no, pierden la vida en las rutas a lo largo de todo el territorio argentino, sin que se tomen medidas para paliar este flagelo. 
Los pasos de fauna –también llamados puentes verdes o ecoductos– son estructuras como túneles o puentes construidos para permitir el cruce seguro de animales silvestres sobre o bajo carreteras, trenes u otras infraestructuras, garantizando la conectividad de sus ambientes y reduciendo tanto los atropellamientos como la fragmentación de los ecosistemas. 
Cuando existen áreas naturales divididas a causa de una ruta, otro de los problemas que se produce, al no poder cruzar y circular libremente, es la endogamia y pérdida genética. Los pasos de fauna pueden ayudar a la convivencia entre dos hábitats totalmente diferentes y a la conectividad. No es necesaria la invasión ni la perturbación de la fauna, algo tan importante para el ecosistema de una región.
Diego Varela trabaja para el Conicet en el Instituto de Biología Subtropical de Puerto Iguazú y forma parte de la ONG Ceiba, muy activa en Misiones y el norte de la Argentina. Coordina el Observatorio de Biodiversidad del Bosque Atlántico. Se especializa en ecología de mamíferos y biología de la conservación. Tiene más de 15 años de investigación en monitoreo y gestión, principalmente enfocado en pasos de fauna. 
Varela dirige además la Red Argentina de Monitoreo de Fauna Atropellada (Ramfa) y es el principal responsable del primer ecoducto construido en América Latina y en el país, sobre la ruta nacional 101 en la localidad de Andresito, Misiones. Se trata de un puente que imita la vegetación selvática para que la fauna se sienta cómoda al cruzar. Tuvo su inicio hace casi veinte años, cuando en el corredor biológico Urugua-í-Foerster se empezó a pavimentar en 2006 la ruta 101, hasta quedar inaugurado en 2013. Hoy, tiene una cobertura de bosque desarrollada.
“El paso tiene 40 metros de ancho; para poder captar los animales que pasan, se utilizan dos cámaras trampa en el centro y se limpia un área central de modo de poder verlos cuando cruzan de un lado hacia el otro. En los pasos subviales, que sirven como medidas de apoyo, también hay recuperación de vegetación, sin embargo esta solo está asociada a la entrada del paso y no al interior”, detalla Varela. 
El artífice del paso continúa: “Tenemos identificadas 28 especies de mamíferos medianos y grandes, 17 de los cuales tienen un grado de amenaza a nivel nacional. Tapires, pecarí de collar, venados, dos especies de corzuela típica del bosque atlántico, la paca que usaba muchísimo este paso. En los pasos subviales tenemos un gran registro de puma, ocelote y corzuela colorada. Hoy pasan muchos más animales que al principio y más especies dependientes de bosque nativo”.
Actualmente, con otros miembros de Ceiba y junto a la Fundación Vida Silvestre dedica horas a ofrecer una solución de pasos para el Canal de la Patria, en la provincia de Santiago del Estero. El ducto, inaugurado hace dos años, tiene un recorrido de 200 kilómetros hormigonados –paralelo a un canal de tierra existente de los años 70– y lleva agua desde Amamá hasta Quimilí, y desde allí hasta la localidad de Tintina. Desgarradoras imágenes de osos hormigueros, pecaríes de collar, animales domésticos, tortugas, serpientes y mucho más atrapados o ahogados en su interior se viralizaron en redes. Resulta urgente frenar las muertes, ante la inactividad del gobierno de esa provincia. 
“Otra de las zonas comprometidas en la provincia de Misiones –aclara Varela– son las de acceso al Parque Nacional Iguazú, a las Cataratas y al aeropuerto, con una incidencia altísima de atropellamientos. A partir de 2022 y 2023, junto a Fundación Vida Silvestre y Parques Nacionales, empezamos un proyecto para monitorear alcantarillas. Muchas de ellas están tapadas, tienen 50 años". 
“Pero ante la ausencia de otras estructuras posibles y la urgencia, decidimos evaluar cómo las usaban los animales. De 24 potenciales estructuras, en 21 de ellas colocamos entre una y dos cámaras, más otras 36 cámaras en lugares adicionales para controlar alrededor de las alcantarillas”, agrega. 
Una de las preguntas principales fue cuántas especies usan las alcantarillas. Y detectaron 35 especies de mamíferos que cruzaron rutas a través de estas estructuras, es decir, el 65% de las registradas en esas aéreas; siete de ellas, amenazadas a nivel nacional. “La gran sorpresa fue que encontramos al yaguareté cruzando las alcantarillas secas y al oso hormiguero. Como resultado estamos adaptando las alcantarillas existentes y proponiendo nuevos pasos específicos, además de un cercado de conducción en el tramo cercano al aeropuerto para que la fauna no ingrese a la calzada y se potencie el tránsito por los pasos que existen”, concluye. 
Mientras tanto, en la provincia de Buenos Aires, específicamente en el barrio cerrado Nordelta, partido de Tigre, los carpinchos siguen dando qué hablar. Silvia Soto, en representación de los vecinos autoconvocados en “La Voz de los Carpinchos”, afirma: “No existe un paso de fauna en las avenidas troncales, por las que la gente va muy rápido. Y es allí adonde han ocurrido todos los atropellamientos. Solo en el primer semestre de 2025 fueron 43. No se hizo nada”. 
Y detalla: “En la conectividad agua-tierra, que compete también a las tortugas y muchísimos animales con la ayuda de los vecinos, hicimos rampas de madera de pino que colocamos nosotros con la ayuda de la comunidad. Empieza la época de parición, estamos plantando, haciendo todo lo que podemos. Es fundamental crear un corredor biológico para que puedan circular. Seguimos sin tener respuestas para una convivencia natural con ellos, como se hace en otros lugares”.
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Por ley quieren prohibir que se contaminen los ríos con residuos cloacales en Neuquén ¿se pueden usar para regar?

Fecha de Publicación: 30/09/2025
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén


En la Legislatura neuquina debaten el proyecto de vertido cero de líquidos cloacales. Toman como ejemplo los proyectos en Río Negro que, en cuatro ciudades los reutilizan para poner bajo riego especies forestales y también cultivos industriales. 
La Legislatura neuquina analiza un proyecto del diputado Guillermo Monzani (Fuerza Libertaria) para eliminar progresivamente el vertido de líquidos cloacales e industriales en los cursos de agua.
El debate se apoya en antecedentes de la vecina Río Negro, donde el reúso de efluentes tratados para forestación y riego industrial ya muestra resultados positivos.
Monzani sostuvo que el agua es el recurso estratégico más valioso de la provincia, incluso por encima del gas y el petróleo.
Recordó que la cuenca del Limay y del Neuquén es la segunda más importante del país, después del Paraná, y advirtió que no se puede continuar con un esquema de vuelco que degrada los ríos.
Señaló además que estudios recientes del CONICET y del CEAN confirmaron altos niveles de contaminación en el río Chimehuín, un santuario de la pesca deportiva y atractivo turístico de Neuquén.
El legislador explicó que la iniciativa de vertido cero se aplicará de forma progresiva, ya que gran parte de los sistemas actuales están diseñados para derivar los líquidos tratados a los cursos de agua.
Planteó que, con planificación y recursos, es posible reconvertirlos y mencionó que varias localidades de Río Negro ya lo implementan de manera exitosa.
Resaltó que el proyecto no pretende imponer soluciones inmediatas sino construir un régimen gradual que permita a los municipios adaptarse.

El frustrado sueño del balneario en Urmenio Figueroa
La propuesta también se fundamenta en antecedentes locales.
Recordó que en gestiones anteriores se intentó habilitar un balneario en la calle Urmenio Figueroa, pero el plan fracasó debido a la mala calidad del agua.
“La discusión sobre el agua debe estar en el centro de la agenda pública, no solo como un tema ambiental, sino también de salud y de desarrollo económico”, afirmó.
El modelo de Río Negro aparece como referencia concreta.
El Departamento Provincial de Aguas (DPA) impulsa desde 2015 experiencias de reúso de líquidos cloacales tratados.
El ingeniero forestal Santiago Magnin detalló que en Ingeniero Jacobacci, una zona de extrema aridez, los efluentes se aplican en el riego de pasturas y forestaciones destinadas a la producción de leña. 
Más tarde, en 2018, se inauguró en Choele Choel la primera planta de tratamiento con vuelco cero al río Negro, que hoy riega 20 hectáreas de sauces.
Además, existen casos privados como el de un productor olivícola en Las Grutas que irriga 28 hectáreas con efluentes tratados, logrando una producción rentable de aceitunas y aceite de oliva.
Magnin subrayó que el líquido cloacal tratado es rico en nitrógeno y fósforo, lo que permite convertirlo en un “fertirriego” natural con altos rendimientos productivos, aunque con restricciones de uso sanitario.
Mientras en Río Negro aún no se cuenta con una ley específica y las iniciativas se respaldan en resoluciones del DPA, Neuquén avanza en darle un marco legal a la cuestión.
Para Monzani, esa normativa permitirá ordenar la transición hacia el vertido cero, consolidar políticas de protección ambiental y transformar un pasivo en un recurso productivo.
El debate legislativo se plantea, así, como una oportunidad para redefinir la relación de la provincia con sus ríos: de ejes de contaminación a motores de desarrollo sostenible.
En 2020 hubo un debate en Puerto Madryn sobre el riego de espacios públicos con agua cloacal tratada, luego de que el radicalismo local advirtiera posibles riesgos para la salud. 
Sin embargo, funcionarios municipales defendieron el uso de agua tratada para el riego, aclarando que no se trataba de agua cloacal sin tratar, sino de un recurso que se utilizaba tras haber pasado un proceso de saneamiento. 

Mendoza es el caso testigo
El ingeniero forestal Santiago Magnin, del Departamento Provincial de Aguas de Río Negro, señaló que la gran diferencia entre su provincia y Mendoza radica en la motivación que impulsa el reúso de aguas tratadas.
Mientras en Río Negro y Neuquén la prioridad es preservar la calidad de los ríos, en Mendoza la práctica se volvió estratégica por la escasez hídrica en un territorio semidesértico.
Mendoza fue una de las primeras provincias en implementar el reúso de aguas residuales tratadas para riego agrícola.
Marco legal: Cuenta con proyectos legislativos que regulan y promueven el uso de aguas cloacales y grises con fines productivos.
Beneficios: Ahorra agua dulce, aporta nutrientes que funcionan como fertilizantes naturales y contribuye a la sostenibilidad del recurso hídrico.
Desafíos: Requiere control estricto de la calidad del agua, enfrenta problemas de contaminación cuando no hay tratamiento adecuado y debe superar la desconfianza social en cultivos de consumo humano.
Magnin destacó que Mendoza se adelantó en esta agenda, apoyada en su necesidad de optimizar cada gota de agua disponible, mientras que en la Patagonia el objetivo es evitar que los ríos se transformen en receptores de contaminación con el vertido de líquidos cloacales.
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Presupuesto 2026: el Gobierno asignó el número más bajo de la historia para la protección de bosques nativos

Fecha de Publicación: 29/09/2025
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional


La Fundación Vida Silvestre Argentina alertó que el proyecto enviado al Congreso adjudica apenas el 3,5% de lo previsto por la Ley 26.331. Con ese nivel de recursos, advierten, las provincias no podrán fiscalizar ni restaurar áreas degradadas y la deforestación continuará avanzando.
El proyecto de Presupuesto Nacional 2026 contempla el financiamiento más bajo desde la sanción de la Ley de Bosques, en 2007. 
Según la Fundación Vida Silvestre Argentina, la propuesta del Poder Ejecutivo destina apenas el 3,5% de los fondos que establece la norma, una reducción que representa el desfinanciamiento más grave en casi dos décadas de implementación.
La Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos estableció que el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques debe recibir, como mínimo, el 0,3% del presupuesto nacional. 
Para 2026, ese monto equivaldría a $444.207 millones. Sin embargo, el proyecto oficial prevé solo $15.843 millones, a los que se suman $1624 millones para el Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos.
“La Argentina cuenta con más de 53 millones de hectáreas de bosques nativos. Con el presupuesto asignado, se destinarían apenas $298 por hectárea al año, es decir, $24 por mes para cuidar cada hectárea. Es imposible proteger nuestros bosques con estos recursos”, señaló Manuel Jaramillo, director general de Vida Silvestre.

El impacto del desfinanciamiento
Los especialistas advierten que la falta de fondos limita la capacidad de las provincias para fiscalizar y controlar desmontes ilegales, al tiempo que desalienta a los propietarios a conservar y restaurar sus tierras.
En paralelo, la deforestación continúa avanzando en zonas donde está expresamente prohibida, producto de la expansión agropecuaria, forestal, urbanística y vial.
Las áreas incendiadas o degradadas tampoco están siendo restauradas como indica la normativa. A esto se suma la ausencia de un registro nacional de infractores, una herramienta clave que permitiría articular sanciones y políticas públicas para desincentivar las violaciones a la ley.
“Desde Fundación Vida Silvestre realizamos este pedido todos los años, porque es algo que se repite en cada presentación del presupuesto nacional. Y aunque el proyecto de ley suele incorporar mejoras en su formulación, el monto asignado siempre termina siendo muy bajo e insuficiente”, agregó Jaramillo.
“Excepto en los inicios de la Ley, el presupuesto nunca superó el 10% de lo que correspondería, lo que evidencia una falta de voluntad política para cumplir con esta norma clave para la conservación”, sostuvo el experto en ambiente.
Los bosques nativos no solo albergan biodiversidad: cumplen funciones esenciales para la sociedad y la economía. Contribuyen a mitigar y adaptarse al cambio climático, regulan los ciclos hídricos, sirven como hábitat para miles de especies y sostienen a comunidades locales.
Además, proveen alimentos, agua potable, medicinas y materias primas, y ayudan a prevenir fenómenos extremos como inundaciones y erosión.
Su pérdida, advierten los especialistas, implica consecuencias sociales, económicas y ambientales muchas veces irreversibles. “Conservar y utilizar sustentablemente los bosques nativos es una obligación”, enfatizó Jaramillo.
El desfinanciamiento de la Ley de Bosques también pone en riesgo compromisos internacionales asumidos por la Argentina. El país se propuso alcanzar la carbononeutralidad en 2050 y reducir la deforestación, en línea con el Acuerdo de París de 2015 y el Convenio de Diversidad Biológica.
“Es hora de asumir los compromisos y salvar nuestros bosques. Conservarlos es esencial para preservar nuestra salud, bienestar y supervivencia”, concluyó el director de Vida Silvestre.
El proyecto de presupuesto será debatido en el Congreso en las próximas semanas. Desde las organizaciones ambientales advierten que el resultado de esa discusión será determinante para el futuro de la Ley de Bosques y para la conservación de uno de los patrimonios naturales más importantes del país.
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Villa Urquiza. Allanaron una casa con más de 200 prendas de piel de animales exóticos y amenazados

Fecha de Publicación: 29/09/2025
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Capital Federal


Había productos confeccionados con partes de yaguaretés, ocelotes, boas, yacarés y de especies asiáticas
Hace apenas un día se encontraron en un PH de Villa Urquiza pieles, cinturones, tapados y carteras elaborados con partes de 227 animales, muchos de ellos protegidos, en peligro de extinción o cuyo tráfico es ilegal en gran parte del mundo.
Entre las fotografías se muestran carteras que portan la cabeza de un yacaré o abrigos hechos de piel de yaguareté. La lista incluye además, ocelotes, nutrias, visones, serpientes y aves exóticas que permanecían en la terraza del edificio allanado. Según los cálculos del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina (PFA), el valor asciende a 600.000 dólares.
El hallazgo ocurrió el miércoles a la mañana, tras meses de investigación de la PFA y la Brigada de Control Ambiental. Aunque no está del todo claro cómo se llegó a la propiedad localizada en la calle Iberá, fuentes cercanas a la causa señalaron que los productos estaban publicados para su venta en internet y que entre las fotos aparecían tapados de piel, aunque sin precisar las especies. Sin embargo, el allanamiento reveló cientos de prendas confeccionadas con animales cuyo comercio está prohibido. “Hay incluso un tapado de yaguareté en el que usaron la cabeza para fabricar las mangas”, resaltó una fuente cercana a la causa.
Entre los productos se identificaron pieles de especies nativas argentinas: 11 de yaguareté y 30 de gato montés. También había restos de ejemplares provenientes de otros continentes, como una pieza de leopardo, una de cobra y dos de tahr del Himalaya. Entre las más numerosas se contaron 34 de zorro, 29 de visón, 12 de ocelote y 11 de nutria. Además, se hallaron restos de lagartos, armadillos, boas y aves del paraíso originarias de Asia.
“Pensamos que podrían ir o venir de Europa, porque acá es difícil que alguien use esto en público”, opinaron fuentes cercanas a la causa, aunque todavía faltaría determinar si esto se trata de un articulado complejo. Vale resaltar que el dueño de la propiedad se encuentra actualmente de viaje en Europa.
La investigación preliminar fue iniciada por la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (Ufima), a cargo del fiscal federal Ramiro González. El expediente ahora está radicado en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°6, bajo la subrogancia de Daniel Rafecas. Consultados por LA NACION, tanto la fiscalía como el juzgado señalaron que por el momento no darían más información.

“Un caso gigantesco”
Mariano Burundarena, especialista en derecho ambiental y animal del Poder Judicial de la ciudad, no está vinculado a la causa, pero explicó que se trata de un caso gigantesco. “No es para nada habitual. En las causas que vi, como mucho aparece un ejemplar en medio de varios que no están prohibidos, pero aquí la cantidad es enorme”, indicó.Según Burundarena, los objetos no necesariamente provienen de animales cazados recientemente, ya que las prendas podrían haber sido confeccionadas hace años. De hecho, entre las imágenes del anuncio de la vivienda había también artículos de colección como máquinas de juegos de la década del ochenta y radios antiguas. De todas formas, aclaró que esto no exime al propietario de responsabilidad: la ley de Protección de la Fauna (22.421) prevé penas de dos meses a dos años de prisión por comerciar con especies prohibidas. “En el caso del yaguareté, la sanción es mayor porque además es Monumento Nacional”, recordaron fuentes cercanas al caso.
Gran parte de los ejemplares hallados están protegidos por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites), de la que la Argentina es parte, que prohíbe expresamente la comercialización de animales como el yaguareté, el ocelote o la boa. Por la magnitud y sensibilidad del caso, existe un fuerte hermetismo en Comodoro Py.
Burundarena explicó además que gran parte del tráfico de especies prohibidas funciona en internet, como parece haber ocurrido en este caso. “Al igual que con los animales vivos, se usan redes sociales o aplicaciones con grupos y cuentas anónimas. Les resulta muy fácil concretar contactos internacionales y gran parte de las operaciones se hacen por encargo. Incluso hemos visto que utilizan Mercado Pago para cerrar las transacciones”, detalló.
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Agenda 2030 a bajo costo: Desde la cartera ambiental piden que se reconozcan a los Paisajes Productivos Protegidos (PPP) dentro de esas metas

Fecha de Publicación: 27/09/2025
Fuente: Bichos de campo
Provincia/Región: Nacional


El programa de Paisajes Productivos Protegidos (PPP) es implementado desde 2010 por la fundación ProYungas de la mano de empresas privadas en Argentina, Paraguay, Bolivia y Chile. El objetivo de la iniciativa es reservar zonas de conservación dentro de las explotaciones para generar a cambio mayor valor agregado en la producción y hasta alianzas que permitan el acceso a vías de financiamiento.
Como lo lleva a cabo el sector privado, no necesita de aportes del Estado, que igualmente puede verse beneficiado de esa iniciativa. Eso es lo que buscan en la subsecretaría de Ambiente de la Nación, desde donde impulsan el reconocimiento del PPP como parte del cumplimiento argentino de la Agenda 2030.
En particular, la cartera que dirige Fernando Brom evalúa que el programa de ProYungas puede ayudar al país a cumplir específicamente con uno de esos objetivos ambientales, la Meta 30×30.
Se trata de una de las 23 metas que 190 países asumieron como compromiso en el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal en 2022, y que tiene como propósito conservar el 30 % de la superficie terrestre y marina para 2030.
Según informaron desde la subsecretaría de Ambiente, la idea es “alcanzar 10 millones de hectáreas bajo el esquema PPP en Argentina, lo que equivaldría a un aporte adicional de 6 millones de hectáreas y representaría el 14 % de la meta nacional de conservación”.
Y eso, con costo cero, ya que la adhesión de las empresas productoras de granos, frutas, forestación, ganado, azúcar, lácteos y demás es voluntaria. La motivación está en que se puede convertir la conservación de la diversidad en valor económico, demostrando además que ser sustentable no es necesariamente poco rentable, sino todo lo contrario.
En ese esquema, los llamados “bonos verdes”, el financiamiento internacional o el plus de valor con certificaciones ligadas a ciertas normativas globales -como lo será, a futuro, la famosa resolución de la Unión Europea- son un importante incentivo.
El anuncio de este trabajo conjunto con el programa de ProYungas fue realizado en el cuarto Encuentro Anual Regional de la Red PPP, que tuvo lugar en Corrientes y reunió a empresas, especialistas académicos y organizaciones de la sociedad civil. “Producción y conservación no son opuestos, sino que juntos son motores del desarrollo sostenible”, aseguró allí el director nacional de Recursos Naturales, Octavio Pérez Pardo.
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Amparo ambiental por la tala del último monte de chañar del departamento Colón

Fecha de Publicación: 27/09/2025
Fuente: Portal EraVerde
Provincia/Región: Entre Ríos


El pasado 23 de diciembre de 2023, ERA Verde dio cuenta de la denuncia por un desmonte ilegal de un campo ubicado sobre la ruta nacional Nº 14, a la altura del puente sobre el arroyo Perucho Verna. El accionar desaprensivo se produjo por el nuevo dueño del lote con el fin de instalar una cantera de piedras, según trascendió. Pero el lugar donde arrasó con la vegetación y se realizó un importante movimiento de suelo se encuentra dentro de un área natural protegida provincial. Esto derivó en una presentación en la Justicia por la Asociación Arroyo Perucho Salvaje, de San José. A raíz de este pedido, el juez de Paz Facundo Ramat, dictó una “medida precautelar” para evitar que se altere el territorio intervenido, ordenando cesar la “destrucción de la flora y la fauna en dicho terreno”.
Este 23 de septiembre, el juez de Paz interino de San José, Facundo Manuel Ramat, resolvió disponer que el Francisco Rossier, propietario del campo donde se denunció la tala y nivelación de un terreno ubicado dentro del área natural provincial Arroyo Perucho Verna “deberá retirar o disponer el retiro de la totalidad de implementos, maquinarias y herramientas existentes en el lugar”. Esta directiva forma parte de la precautelar dictada en el marco de la solicitud de amparo ambiental interpuesto por la Asociación Civil Arroyo Peruho Salvaje, que preside Gustavo Velzi.
El magistrado también mandó que “se abstenga de adoptar cualquier decisión, acto y/o comportamiento que implique alterar la situación fáctico jurídica del territorio”, así como quedó “prohibido ejercer actos de turbación o ocupación del mismo”, se lee en la resolución a la que accedió ERA Verde. Además del cese de movimientos de sueldo y “destrucción de la flor y fauna”, se requirió a la autoridad policial pueda asegurar la medida, por lo que se le dio intervención a la comisaría de San José, hasta tanto se resuelva el fondo.
De acuerdo a lo relevado por la organización ambiental, en ese terreno a la altura del Puente del Barrio Perucho Verna se han destruido parte del bosque y especies nativas entre las cuales se encuentran “los últimos árboles de chañar que fueron arrancados en diciembre del año 2023, al igual que quebrachos blancos, coronillos, existente en la parte más alta y en la parte baja”. Se trata de “un ecosistema alimentado por el humedal, de juncos y totoras, pajonal, sauces, entre otras. Este daño lo provocó este vecino de la ciudad de Villa Elisa”, comentó el letrado y titular de la entidad ecologista, Gustavo Velzi.
Se precisó a ERA Verde que el comprador de lugar, empresario dedicado a la extracción y comercialización de áridos, recientemente reingresó al sector y “arrasó con todo”, sin contemplar los cuidados que amerita siendo que se encuentra dentro de una reserva provincial por ley N ° 11.011, que crea el “Área Natural Protegida, en la categoría de Reserva de Usos Múltiples”. Asimismo, realizó los trabajos sin ningún tipo de autorización municipal, ni provincial, se precisó.
El lugar donde se pretende poner una cantera de lavado de piedras se ubica en el lado oeste de la Autovía Gervasio Artigas, antes del puente que cruza el arroyo Perucho Salvaje, jurisdicción de la ciudad de San José, departamento Colón.
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Javier Milei redobló su rechazo a la Agenda 2030 ante la Organización de las Naciones Unidas

Fecha de Publicación: 26/09/2025
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional


En su intervención en la Asamblea General, el presidente además cuestionó la autoridad del organismo como ente supranacional. Eduardo Sartelli, Sixto Cristiani y Daniel Lipovetzky debatieron en "Comunistas" cómo diseñar una política ambiental que no conspire contra el desarrollo nacional. 
"Los malos resultados de la Agenda 2030 dan testimonio de esto que describo. Lo que persiste en la práctica es un ciclo de estructuras que se reciclan, recursos que se multiplican y metas que se reprograman. Por esta razón, la Argentina decidió en su momento apartarse de este proceso porque veíamos en esta agenda un mal gasto de recursos escasos, con fines que no compartíamos y con el efecto de distraer la atención de las dificultades reales de un mundo encaminado al estancamiento", expresó este miércoles el presidente Javier Milei en su discurso ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.
Oficialmente conocidos como Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y establecidos en 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, los 17 desafíos globales que la componen interconectan metas en términos de erradicación de la pobreza, protección del medio ambiente contra el cambio climático y garantizar prosperidad para todas las naciones. En esa línea, Milei aseguró que tales metas no deben imponerse por encima de la libertad individual, y denunció que la ONU ha derivado hacia un gobierno supranacional de burócratas que “pretenden decidir qué debe hacer cada Estado”.
La tensión que subyace en la Agenda 2030 criticada por el mandatario fue abordada por los integrantes de la mesa en "Comunistas". El historiador Eduardo Sartelli planteó que la agenda ambiental —y en general las dimensiones ecológicas del desarrollo— no pueden pensarse por separado de las estructuras económicas. Citó como ejemplo las políticas ambientales de Francia, que en su visión también responden a la protección de su sector agrícola contra las importaciones de otros países productores de sus mismas materias primas provenientes del campo.
Para Sartelli, el problema ambiental más urgente en Argentina no es "salvar ballenas", sino enfrentar realidades concretas como las que sufren diariamente las millones de personas que viven en la cuenca Matanza-Riachuelo. “Se soluciona con un plan de desarrollo que diga ‘no’ a la destrucción innecesaria, y que avance hacia paradigmas eléctricos”, afirmó, criticando severamente lo que calificó como un "ambientalismo cínico” que, según él, protege fronteras externas pero deja al país sin cambios necesarios para la población.​
También invitado al programa que se emite por Bravo TV de lunes a viernes a las 22, Sixto Cristiani, candidato a diputado nacional y licenciado en Administración de Empresas, asumió un giro doctrinal: “Si sos libertario, vamos a tener que transformar la economía hacia una de matriz ecológica”, apuntó. Advirtió que China ya está avanzando en la transición energética que va de los combustibles fósiles a las energías alternativas y que, de no transformarse,  Argentina perderá los "empleos del siglo XXI". No obstante, propuso que el país exporte recursos fósiles como petróleo o gas mientras que a nivel doméstico evolucione hacia energías renovables, ambivalencia por la que Sartelli le salió al cruce y la criticó.
Por su parte, Daniel Lipovetzky, candidato a diputado nacional y abogado con experiencia en comercio internacional, sostuvo que el cambio climático no puede utilizarse como un “obstáculo” para el desarrollo, sino como una materia que permitra articular la defensa de los recursos con la equidad. Según Lipovetzky, el desafío argentino radica en no caer en extremos: ni negar el problema ni quedar atrapado en regulaciones que paralicen la actividad productiva.
El debate encendido en "Comunistas" a partir de la crítica ensayada por Milei mantiene relevancia internacional en un contexto donde el alza de las temperaturas globales no se detiene, al tiempo que a nivel geopolítico se produce un reordenamiento de fuerzas donde las naciones buscan posicionarse política y comercialmente de la manera más favorable a sus propios intereses.
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