Por decreto, traspasan el manejo de incendios forestales de Ambiente a Seguridad: qué podría significar

Fecha de Publicación: 02/01/2025
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


La cartera a cargo de Patricia Bullrich tendrá ahora las competencias sobre el manejo del fuego; según el Gobierno, la decisión es “puramente operativa”; críticas de ONG y agrupaciones
Mediante el decreto 1136/2024, publicado hoy en el Boletín Oficial de la Nación con la firma de Javier Milei y sus ministros, todas las competencias relacionadas con el manejo del fuego fueron transferidas desde la Subsecretaría de Ambiente al Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich. Aunque desde el Poder Ejecutivo argumentan que se trata de una decisión “puramente operativa”, algunos activistas y organizaciones ambientales critican la medida y la califican de “ir en concordancia con el negacionismo climático del Gobierno”, según señaló Enrique Viale, abogado y fundador de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.
Desde la gestión mileísta, se ha reconocido que las carteras de ambiente y cambio climático no solo no son una prioridad, sino que se consideran una idea “enemiga dentro de la batalla cultural”. Varias acciones respaldan esta postura: la degradación del Ministerio de Ambiente a subsecretaría; los recortes presupuestarios a la protección de bosques nativos, parques nacionales y el manejo del fuego; el retiro de la delegación argentina de la COP29 y la no adhesión al Pacto para el Futuro.
“A mí me preocupa mucho que Seguridad tenga tantas atribuciones vinculadas a la política ambiental”, advierte Andrés Nápoli, director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). Según Nápoli, esta medida refleja la falta de priorización de la agenda ambiental por parte del Gobierno y la desarticulación de las estructuras estatales responsables.
Sin embargo, tanto desde la Jefatura de Gabinete como desde la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes afirman que el objetivo es “aprovechar la experiencia del Ministerio de Seguridad en la gestión de riesgos”. En concreto, destacan el trabajo del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir), dirigido por Ignacio Cabello, encargado de coordinar organismos de prevención, manejo y recuperación frente a emergencias.
Según el Gobierno, este cambio mejorará la operatividad frente a los incendios, un aspecto que fue criticado en administraciones anteriores tanto por sectores ambientalistas como agrícolas. “La gestión del fuego fue siempre lo más difícil y conflictivo”, admiten desde la secretaría a cargo de Daniel Scioli.
“Pero llevar a Seguridad el manejo del fuego es quitar las variables más importantes que tienen que ver con la prevención y con el cambio climático”, sostiene Viale. Para él, atender un incendio va más allá de la gestión de riesgos; implica también la educación ambiental, la prevención y la regulación de la expansión indiscriminada del campo hacia áreas protegidas, entre otros factores que usualmente inician los incendios.
Ante estas críticas, desde la Jefatura de Gabinete sostienen que el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) “seguirá funcionando con los mismos estándares y de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 26.815″. Esta norma establece la coordinación entre la Administración de Parques Nacionales, los gobiernos provinciales y la ciudad de Buenos Aires, además del Ministerio de Seguridad, e incluye medidas de “prevención y presupresión del fuego, además del combate”.
Sin embargo, para Nápoli este argumento carece de sentido operativo y está más relacionado con cuestiones conceptuales: “Para este Gobierno los incendios son solo una emergencia, los factores que provocan los incendios no son un tema que reciba tanta atención”. Hay que recordar que, según información oficial, el 95% de los incendios son provocados por el ser humano.
Además, Nápoli advierte que la política ambiental sufrió un deterioro notable este año. Un reporte de FARN publicado en agosto señala que los recursos asignados al Fondo Nacional de Manejo del Fuego fueron congelados en términos nominales y su ejecución fue mínima en el primer semestre. “Para agosto no se había desembolsado el presupuesto total para el manejo del fuego, y los fondos para los vuelos de los aviones hidrantes, por ejemplo, fueron mucho menores que en años anteriores”, detalla Nápoli.
El informe también mencionaba un recorte sustancial en las partidas del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, que después fue disuelto en octubre por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Según Nápoli, estas políticas complementarias a la prevención de incendios están prácticamente abandonadas.
“Y ahora que sabemos que se mantiene el presupuesto 2023 para el año que viene, nos preguntamos cuánto se destinará realmente a los temas ambientales, incluido el manejo del fuego”, concluye Nápoli.
Para FARN, persisten dudas sobre cómo el Ministerio de Seguridad abordará la prevención de incendios y la protección de bosques, competencias que para ellos corresponderían a una cartera especializada, en un contexto de recortes presupuestarios. Tampoco queda claro cómo será la coordinación con las provincias. LA NACION intentó obtener la palabra del Ministerio de Seguridad sobre este tema, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta alguna.
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"Se violaron normas nacionales": indignación y denuncia por un desmonte en las yungas tucumanas

Fecha de Publicación: 02/01/2025
Fuente: El Tucumano
Provincia/Región: Tucumán


La Municipalidad de Tafí Viejo realizó una denuncia por la tala de árboles y movimiento de suelo que se llevaba a cabo en una zona protegida. Videos.
Una denuncia del Grupo Ecologista Pro Eco y de vecinos de la zona, alertaron a la Municipalidad de Tafí Viejo para que detenga un desmonte ilegal que se llevaba a cabo en la yunga tucumana.
Los videos y las imágenes compartidas por el periodista David Correa en su cuenta de X, evidenciaban el daño que las máquinas causaban la zona de Uttinger al 1.400, dentro del municipio taficino.
Por esta razón, este lunes, Daniela Díaz Rudolf, de la dirección de medio ambiente de la municipalidad, dio una entrevista a FM La Tucumana 95.9, donde dio detalles de lo que ocurrió en la zona y las acciones tomadas para impedirlo. "Los operativos se sucedieron este fin de semana durante el viernes y el sábado a partir de una denuncia de vecinos y de una asociación civil es que se conoce la situación de un desmonte que estaba sucediendo en Uttinger al 1.400, donde se acercó el personal de inspección ambiental y de la dirección de inspección general, dos áreas competentes para abordar la temática, nos constataron de que había habido un desmonte, una extracción de árboles, tala, una remoción de suelo. No se encontró la maquinaria, no se encontró a los responsables en el lugar y en ese mismo instante se dio intervención a la policía de delitos Rurales y a la dirección de Flora y Fauna de la Provincia, que son también organismos competentes para poder eh realizar las actas correspondientes de infracción y poder encontrar a los responsables y, por lo tanto, penalizar", explicó la funcionaria.
Tras constatar las denuncias, desde el municipio labraron las actas correspondientes, como también la Provincia. "Nosotros tenemos en Tucumán diferentes leyes que van protegiendo nuestras yungas, nuestro pedemonte. En eso tenemos la ley de ordenamiento territorial de bosques nativos, la ley del ambiente y sobre todo Tafí Viejo en el 2020, pudo sancionar un código ambiental donde por supuesto también penaliza este tipo de acciones", aclaró.
"Los siguientes pasos es que se avance con las denuncias penales correspondientes, tanto desde el municipio como desde la Provincia. En esto ya también tiene que ir tomando intervención la Provincia, hacer los informes y elevarlos a la justicia penal, ya que lo que se violó, fueron normas nacionales. Entonces tenemos que verlo desde lo Federal", agregó.
Por último, sobre los culpables, Díaz Rudolf  dijo que "se menciona a una persona que es apellido Moyano, que es el propietario de la de las máquinas con las que se estaba realizando el desmonte". "Ya queda todo asentado, como denuncia: videos, fotos, tenemos la inspección in situ. O sea que son como muchos antecedentes que se van juntando para justamente demostrar lo que se está sucediendo", cerró.
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Agostino propone derogar la Ley que prohíbe centrales nucleares en Río Negro

Fecha de Publicación: 31/12/2024
Fuente: Portal NoticiasRíoNegro
Provincia/Región: Río Negro


La legisladora de la Coalición Cívica ARI-Cambiemos, Daniela Agostino, anticipó que presentará un proyecto destinado a derogar la Ley 5227, que prohíbe la instalación de centrales nucleares de generación de energía en la provincia de Río Negro.
La iniciativa de Agostino tiene como objetivo reposicionar a Río Negro en el mapa nuclear argentino, tras el reciente anuncio del presidente Javier Milei sobre el lanzamiento de un plan en ese sentido, que incluye la construcción de una nueva central nuclear en la Patagonia, como ya se intentó en el año 2017. El mandatario argentino destacó que su propuesta tiene como fin dotar al país de la energía eléctrica necesaria para el desarrollo de la inteligencia artificial.
La ley 5227, sancionada el 1 de septiembre de 2017, fue impulsada por el entonces gobernador Alberto Weretilneck. En esa ocasión, Agostino fue la única parlamentaria que votó en contra de la medida prohibicionista.
En su voto, la legisladora expresó que la decisión del gobierno provincial no estaba basada en fundamentos sólidos, sino que respondía al temor a protestas y a un mal desempeño electoral previo. En ese contexto, consideró que la casi unanimidad del voto reflejaba una postura demagógica, no solo del oficialismo, sino de otros sectores políticos.
“Río Negro debe discutir su lugar en el mapa nuclear argentino nuevamente, ya que tenía un papel central hasta el día que se aprobóo la Ley prohibiendo ese tipo de industrias. No hacerlo sería darle la espalda a los profundos cambios que se han producido en el mundo y en el continente en los últimos 14 meses”, afirmó Agostino.
Durante la 28ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, celebrada entre el 30 de noviembre y el 12 de diciembre de 2023 en Dubái (Emiratos Árabes Unidos), se acordó el impulso al desarrollo de “tecnologías limpias”, entre las cuales se incluyen las energías renovables, la nuclear y las tecnologías de captura y almacenamiento de carbono.
En este sentido, la legisladora desmintió la supuesta incompatibilidad entre el desarrollo nuclear y la actividad turística, señalando que en países vecinos como Brasil ambas conviven armoniosamente.
Agostino recordó que en Río de Janeiro, desde 1985, opera la central nuclear Angra 1, con una potencia de 640 megavatios (MW), y que en 2001 se sumó la central Angra 2, con una capacidad de 1.350 MW, suficiente para abastecer de energía a una ciudad de 4 millones de habitantes. Además, destacó que en 2030 comenzará a operar Angra 3, con una potencia de 1.405 MW. “Las tres centrales nucleares están ubicadas en la ciudad turística más importante de Sudamérica, Angra dos Reis, en la Costa Verde de Río de Janeiro”, subrayó la legisladora.
Por último, remarcó la necesidad de rediscutir la ley prohibicionista de 2017, pues considera que es fundamental para defender el desarrollo tecnológico de la provincia y apoyar a instituciones clave como el INVAP, la Comisión Nacional de Energía Atómica y el Instituto Balseiro. “Es hora de abrir el camino para jerarquizar el trabajo de nuestros científicos y del personal que contribuye al desarrollo de nuestro país y nuestra provincia”, concluyó.
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Día histórico para el mercado de carbono en Argentina: qué pasó y por qué es importante para el futuro

Fecha de Publicación: 31/12/2024
Fuente: El Economista
Provincia/Región: Nacional


Se registró la primera transacción en el Mercado Voluntario de Carbono presentado por BYMA. El beneficiario final de la operación es la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), quien compensó la huella de carbono generada por la 51° Asamblea General y Reunión Anual la Federación Iberoamericana de Bolsas (FIAB).
El Mercado Voluntario de Carbono es un desarrollo que proporciona un ámbito de negociación de Créditos de Carbono emitidos por entidades que posean proyectos que hayan sido verificados. De este modo, BYMA permite que las empresas, de modo voluntario, compensen sus emisiones de carbono de manera transparente en un entorno confiable para este tipo de transacciones.
Esta iniciativa está alineada con los principios de Bolsas de Valores Sostenibles de Naciones Unidas, reconociendo la importancia de instaurar en los mercados actividades que promuevan la descarbonización.  

Sobre la primera transacción
-El beneficiario final de la transacción es la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), quien compensó la huella de carbono generada por la 51° Asamblea General y Reunión Anual la Federación Iberoamericana de Bolsas (FIAB). Un evento clave en donde se discutieron los desafíos y las oportunidades del Mercado de Capitales en Iberoamérica con foco en innovación, educación financiera, sostenibilidad, entre otras aristas.
-La medición de la huella de carbono generada por el evento fue realizada por México CO2, Plataforma Mexicana de Carbono, y Genesis, Consultora especializada en Cambio Climático y Financiamiento Sostenible.
-La misma arrojó un total de 46 toneladas que fueron compensadas a través de la compra de Créditos de Carbono de Genneia, empresa líder en energías renovables, contribuyendo así de manera directa a la mitigación del cambio climático y promoviendo soluciones locales para un futuro más sostenible.
-Esta acción se alinea con el creciente enfoque hacia el desarrollo de productos ESG (ambientales, sociales y de gobernanza), los cuales buscan no solo generar valor económico, sino también promover inversiones responsables que favorezcan la preservación del medio ambiente y el bienestar social.
Claudio Zuchovicki, Secretario de la FIAB, Director de BYMA, Gerente de Difusión y Desarrollo de Mercado de Capitales BCBA - expresó: "El Mercado de Capitales tiene el poder de impulsar el desarrollo económico, pero también la responsabilidad de hacerlo de manera sostenible. Medir y compensar nuestra huella de carbono es una acción que refleja el compromiso de las Bolsas que integramos la FIAB. Es hora de que asumamos un liderazgo que no solo promueva el crecimiento, sino que también proteja nuestro futuro".
Por su parte, Gonzalo Pascual Merlo, CEO de BYMA, expresó: "El lanzamiento del Mercado Voluntario de Carbono en BYMA representa un hito clave hacia un futuro más sostenible. A través de innovaciones que fortalecen el ecosistema financiero buscamos promover las inversiones que enfrentarán la crisis climática facilitando la infraestructura y aportando la transparencia. Como Bolsa de Valores creamos las condiciones para que todo el ecosistema financiero y la sociedad argentina evolucionen en materia de sustentabilidad".  
Gabriela Guzzo, Gerente Comercial Senior de Genneia, agregó "Nos sentimos orgullosos de participar de la primera transacción en el Mercado Voluntario de Carbono de BYMA. Esta operación pionera marca un hito en el camino hacia un mercado de capitales más sostenible y refuerza nuestro compromiso con la mitigación del cambio climático a través de soluciones locales y concretas. Los créditos provienen de nuestros proyectos de energías renovables, que lideran la transición energética en Argentina, generando impactos positivos en el medioambiente y las comunidades".

Sobre el Mercado Voluntario de Carbono de BYMA
A través del Panel de BYMA se da visibilidad a las compras de créditos de carbono que han sido obtenidas para la compensación.
El proyecto abarca la negociación a través de los sistemas habilitados por BYMA y la custodia a través del sistema de Caja de Valores S.A.  
Se trata de un desarrollo pionero que BYMA incorporó al mercado argentino en octubre de este año. Se suma a productos de impacto como el Panel de Gobernanza Corporativa, el Índice de Sustentabilidad, los Bonos Sociales, Verdes y Sustentables, y los Bonos Vinculados a la Sostenibilidad.
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Afirman que en San Juan expropiaron un campo para favorecer a la minera Barrick Gold

Fecha de Publicación: 30/12/2024
Fuente: Perfil
Provincia/Región: San Juan


La expropiación del Cerro Coronel en el departamento de Iglesia, un pueblo sanjuanino de 9.000 habitantes, desató la polémica que combina intereses privados, y decisiones municipales polémicas.
Cuál es el conflicto de la empresa
Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el abogado Guillermo Leonardi, quien explicó que el problema radica en que la empresa ha ocupado una propiedad durante 20 años con una antena y “han facturado 13.000 millones de dólares, pero nunca han pagado un peso a los propietarios de la familia Leonardi”.
Según el entrevistado, ahora cuando judicialmente aparece la oportunidad de poder cobrarles, el gobierno de la provincia de San Juan junto con el intendente de la zona, “expropian la propiedad para sacarle a la empresa la posibilidad de cobrar”.
Cómo fue el accionar de los propietarios afectados
A raíz de este conflicto, la familia Leonardi demandó con una carta documento y “ellos contestan con una demanda judicial”, explicó el entrevistado. Y añadió: “Llama la atención también otros detalles como que por ejemplo, es una sucesión de 6 o 7 antenas y solamente expropia la propiedad de Leonardi”.
Al ser consultado sobre si la familia fue recibida por las autoridad, Leonardi comentó que el gobernador no accedió y con el intendente del municipio “hay una conversación, pero él dice que no quiere ser la mortadela de sándwich, porqué tiene que hacer a la expropiación debido a que se lo pide el gobernador y han firmado un convenio por el cual, la Municipalidad declara por una ordenanza, la expropiación y el gobierno es el que va a pagar eso”.
Para finalizar, el entrevistado mencionó que, “es un tema complejo”, pero “el problema es que una discusión privada entre un propietario de un inmueble y una empresa minera, el particular privado gana el juicio y aparece el estado tomando una decisión política jurídica de expropiar para beneficiar a la empresa minera”.

Más Información:

Tiempo Argentino - San Juan expropió un campo para favorecer a la minera Barrick Gold
Denuncian que la expropiación no solo atenta contra los derechos de los propietarios de Cerro Coronel, sino que además violaría un sinfín de leyes con el solo propósito de favorecer a una multinacional. El reclamo del propietario y los posibles juicios millonarios al Estado.
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Conservación de fauna: cómo protege Santa Fe a una de las aves más traficadas de Argentina

Fecha de Publicación: 30/12/2024
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe


La provincia se convirtió en un enclave ideal para la preservación de loros habladores, que son dispersores de semillas y contribuyen a regenerar ecosistemas
El Centro de Rescate La Esmeralda, en la capital provincial, es el hogar provisorio de alrededor de 30 loros habladores. Los ejemplares forman parte de un programa de conservación que busca preservar a una de las aves más traficadas del país y que, entre otras cosas, cumple un rol fundamental: es dispersor de semillas en una de las zonas del país más castigadas por la deforestación.
Los loros son parte de los más de 1.400 animales que animales silvestres que rescató el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático provincial. De esa cantidad, fueron liberados 570 ejemplares de distintas especies.
Si bien existieron varios rescates importantes, la situación en la provincia del loro hablador (Amazona aestiva) es para prestar atención. Se trata de una de las especies de aves más traficadas del país, según detalla a La Capital el Director de la Delegación Centro del Ministerio de Ambiente, Mauro Pergazere. Se encuentra mayormente en el extremo norte de la provincia, cerca de los límites con Santiago del Estero y Chaco (de hecho, también se lo conoce como loro chaqueño).
Pergazere, que además es veterinario, estima que los ejemplares que están en La Esmeralda podrán ser liberados en otoño ya que están en plena época de reproducción.

Aves amenazadas
El loro hablador se encuentra bajo amenaza según la categorización de aves de Argentina del ex Ministerio de Ambiente. Pergazere cuenta que la reducción poblacional se dio, sobre todo, por la pérdida de quebracho colorado en épocas de La Forestal y por la captura de individuos juveniles para el tráfico ilegal.
El Centro de Rescate La Esmeralda, en las afueras de la ciudad de Santa Fe, es un enclave ideal para la rehabilitación de ejemplares de loros habladores pensando, en el mejor de los casos, en sus liberaciones.
"Es una de las especies más emblemáticas que tenemos dentro de La Esmeralda. Otras instituciones del país, como los ecoparques de Mendoza y la Ciudad de Buenos Aires, además de direcciones de fauna de otras provincias, nos derivan ejemplares a nosotros", comenta el veterinario. Y agrega: "Hacemos la rehabilitación conductual, física y sanitaria antes de que sean liberados".

Parte del ecosistema
En la provincia existe un programa de conservación específico para la especie, que va más allá de preservar a los animales. Pergazere señala que, además, trabajan con las comunidades del norte de la provincia para concientizar sobre la importancia de los loros habladores en el ecosistema.
"Trabajamos para que integren a la especie en el territorio y que conozcan cuál es su rol ecológico", detalla, para sumar que estos loros son, principalmente, dispersores de semillas. Así, contribuyen a conservar y regenerar ecosistemas porque se alimenta de frutos y semillas de árboles autóctonos, como algarrobos, quebrachos y espina coronas que, luego, dispersa con sus excreciones.
El hábitat del loro hablador es uno de los más castigados por la deforestación a nivel nacional. Greenpeace estima que sólo durante 2023 se perdieron casi 100 mil hectáreas en Chaco y Santiago del Estero, dos zonas lindantes con el norte santafesino, el hábitat del loro hablador.
El principal punto del trabajo es que los miembros de la comunidad dejen de capturar los ejemplares jóvenes para su venta: "Estamos teniendo muy buenos resultados. Trabajamos mucho con escuelas para cambiar esta percepción". La comercialización de los loros habladores está prohibida en el país.
"El programa no contempla sólo la recuperación de un invidividuo sino la protección de la especie a nivel poblacional. Esto tiene que ver con preservar los ambientes en los que estas especies viven", añade el veterinario.

Rehabilitación y reinserción
Si bien lo ideal es que los ejemplares vuelvan a su hábitat, la realidad es que no todos pueden concretar ese objetivo.
Al respecto, Pergazere explica: "Una vez que ingresan, pasan por una etapa de cuarentena. Se les hacen chequeos médicos y aptos sanitarios y de comportamiento. Estos animales, si estuvieron mucho tiempo como mascotas, no reconocen su propio repertorio comportamental o lo que es propio de su dieta, por lo que son incompatibles con la vida silvestre".
"También puede pasar que tengan una lesión, como fracturas en un ala, ceguera o una afección que requiera un tratamiento crónico. Esas son lesiones que son incompatibles con la vida en su hábitat natural", agrega.
La idea es continuar conformando una red para evitar, entre otras cosas, el tráfico ilegal de la especie. La provincia cuenta además con otros programas de conservación, como los que se abocan a la preservación del aguará guazú, el águila coronada, el cardenal amarillo, el mono carayá y el yacaré.
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Alarma en Bariloche: incendios forestales en el Parque Nacional Nahuel Huapi

Fecha de Publicación: 28/12/2024
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Río Negro


La superficie afectada es de aproximadamente 1450 hectáreas. Hasta el momento, las autoridades no han podido determinar el origen de los focos ígneos. Reclamo de aumento de presupuesto.
Dos focos de incendio se encuentran activos en la zona sur del Parque Nacional Nahuel Huapi, en la zona de Reserva Estricta, en cercanías del Lago Los Manzanos. Según informa la intendencia del Parque, el fuego avanzó hacia la cabecera norte del lago Martin, llegando a una zona ya quemada por un incendio del 2022, un sector de bosque húmedo de difícil acceso.
Según Greenpeace, la superficie afectada es de aproximadamente 1450 hectáreas. Hasta el momento, las autoridades no han podido determinar el origen de los focos ígneos. Sin embargo, las tormentas eléctricas registradas hace pocos días podrían haber sido el detonante.
“Reclamamos se aumenten tanto desde Nación como desde las provincias los presupuestos, brigadistas e infraestructura para el rápido combate del fuego y que se establezca como delito penal a los desmontes e incendios forestales”, expresó la organización ambientalista en un comunicado.
Por su parte, el abogado Enrique Viale también recordó los recortes presupuestarios de la administración mileista.  “Los brigadistas del Parque Nacional Nahuel Huapi tienen contrato hasta el 31 de diciembre de este año. Están yendo a combatir un incendio feroz y no saben si se quedan sin laburo en 4 días”, escribió en su cuenta de X.

“Más cambio climático”
Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de bosques de Greenpeace, sostuvo que “los Bosques Andino Patagónicos constituyen una de las últimas reservas mundiales de bosques templados con poca alteración antrópica y valiosa biodiversidad, y son uno de los biomas argentinos mejor conservados”.
“Continuar con la destrucción de bosques significa más cambio climático; más desaparición de especies; más inundaciones; más desertificación; más desalojos de comunidades campesinas e indígenas; más pérdida de alimentos, maderas y medicinas; y más enfermedades”, concluyó.
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Conflicto ambiental y social en Puerto Ruiz por una arenera que afecta una reserva natural

Fecha de Publicación: 28/12/2024
Fuente: Portal AnálisisDigital
Provincia/Región: Entre Ríos


Otra vez las empresas areneras y la impunidad y el avance con hechos consumados. Otra vez la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos actuando de manera pasiva, dejando hacer, mirando para otro lado mientras el extractivismo daña el ambiente y afecta la paz social de los vecinos. Esta vez es la comunidad de Puerto Ruiz (Gualeguay) la que pone el grito en el cielo porque sabe que el gobierno entrerriano es –por el momento- sordo, ciego y mudo ante los reclamos ambientales, a pesar que pueden afectar la paz social de un pueblo.
La empresa Arenera Vita tiene en su haber innumerables denuncias, ha sido merecedora de cuantiosas infracciones (exiguas en términos económicos) e incluso suspendida por la autoridad ambiental para disimular que “hacen” algo, pero en rigor es para que todo siga igual.
La arenera ha logrado –casi en tiempo récord- el permiso de uso de suelo por parte de la Municipalidad de Gualeguay bajo la intendencia de Dora Bogdan.
Como ocurre siempre en estos casos, prevalece el interés económico por encima de los valores ambientales y sociales y por eso las autoridades no han dado curso a las notas presentadas por los vecinos, donde advierten que las operaciones de la arenera generarían impactos negativos al ambiente y la salud.

Escritos elocuentes que van a parar al canasto
ANÁLISIS accedió a varios escritos presentados en tiempo y forma por los vecinos, pero que nunca se tuvieron en cuenta, agravando una conflictividad ambiental y llevándola hacia el plano social.
Tan sólo a manera de ejemplo, se reproducen dos.
El primero está fechado el 17 de diciembre pasado y fue dirigido a la ingeniera agrónoma Rosa Hojman, secretaria de Ambiente de Entre Ríos y fue firmada por los integrantes de Asociación Solidaria para la promoción de la Educación y el mejoramiento Ambiental de Gualeguay (SEA).
En la nota, los vecinos le recuerdan a la funcionaria provincial que con su escrito están continuando con sus reclamos para “la reubicación y control de las Areneras que operan en el Río Gualeguay hemos tomado conocimiento que se tramita ante esa Secretaría en los expedientes; Nº 3.158.393 (REf: Planta de acopio de arena, Arenera Lezcano de Walter Lezcano – Puerto Ruiz) y Nº 3.032.519 (Ref: Extracción de arena en Zona V Río Gualeguay, Km 45 a Km 63 de Lezcano Walter (ex arenera Vita) – Gualeguay”.
“De acuerdo a la información municipal (Decreto N° 922/24 del 04-11-2024) se autorizó el uso de suelo para instalar  una Planta de Acopio en el Ejido de la ciudad, en el Barrio de Puerto Ruiz, calle por medio con el trazado urbano y a escasos 50 metros de la Escuela Pública (Escuelas de nivel Primario y secundario). El predio en cuestión se ubica lindante a la Reserva Natural “Santa Adelina – Vida y Producción en la naturaleza”. Los vecinos le recordaron a las autoridades ambientales de la provincia que “Santa Adelina es la única Reserva Natural Pública y Privada del Departamento Gualeguay.
“Nuestra Asociación considera la ubicación solicitada para dicha actividad extractiva como absolutamente inadecuada, ya que tendrá un impacto ambiental y social negativo sobre toda la zona y en particular sobre la población de Puerto Ruiz, de más de 500 habitantes. Manifestamos nuestra total disconformidad con la instalación de esa planta y su actividad; en una zona que el mismo municipio promocionaba en su campaña electoral para desarrollo náutico y turístico”.
“Esta población será sometida al ritmo de la actividad de la Planta, tránsito intenso de camiones pesado, especialmente sobre el camino que une la ciudad con puerto Ruiz-construido para tránsito liviano-  ruidos y luces, voladuras de partículas de arena de reconocida incidencia negativa en la salud humana, durante las 24 horas”.
“Por la presente solicitamos copia digital de los expedientes ut supra antes mencionados a efectos de conocer en detalle el potencial desarrollo de esos emprendimientos y reiteramos nuestra postura que los acopios de arena se podrían hacer al sur del Arroyo Peralta y la extracción de arena al sur de Puerto Ruiz”.
La respuesta fue el silencio y el permiten que la arenera extractivista avance, alimentando peligrosamente un conflicto que además de ambiental es social.
El segundo escrito –más extenso y detallado- tiene fecha 20 de diciembre pasado. Una vez más, está dirigido a la titular de Ambiente de Entre Ríos, Rosa Hojman. Y señala con pedagógica claridad lo siguiente:
“Desde el Área Natural Protegida - Reserva Natural de Usos Múltiples- Santa Adelina, ubicada en Puerto Ruiz Gualeguay nos comunicamos con Ud. para expresar nuestra   preocupación por los hechos que están ocurriendo en nuestro entorno”.
“En la fracción de terrero lindante al ANP la  Presidente Municipal Dra. Dora Bogdan  mediante Decreto 922/24 ( de fecha 04/11/24) ha otorgado “Permiso de Uso de Suelo” para la actividad Depósito y Acopio de arena al Sr. Walter Lezcano ( Ex arenera Vita), y actualmente se halla en trámite en su Secretaría los Expedientes Nros 3.158.393 Ref: Planta de Acopio Arenera Lezcano de Walter Lezcano – Puerto Ruiz y Expediente Nro 3.032.519 Ref.: Extracción de Arena en Zona V Río Gualeguay, Km 45 al Km 63 de Lezcano Walter (Ex arenera Vita) – Gualeguay. No escapará a su entendimiento nuestra GRAN SORPRESA por el hecho que el trámite de la autorización de la planta de acopio de ese material, al separarse administrativamente de la extracción, NO REQUERIRIA ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, con la posible configuración de UNA SIMULACION”.
“La actividad de la arenera por el movimiento de camiones, ruido de máquinas etc. emisión de gases de combustibles, voladura de arena, tendrá un Impacto directo sobre la RN, ya que el terreno se halla LINDANDO AL AREA PROTEGIDA y afectará en particular a las aves (Inventario del Plan de Manejo 117 especies, representando el 30% del total de aves identificadas en Entre Ríos). Especial afectación si se considera los muchos metros de alambrado lindante y la reducida superficie de la Reserva Natural.
La Reserva Natural Santa Adelina fue creada por Ley Provincial Nº 11.012/22  - UNICA AREA NATURAL  PROTEGIDA DEL DEPARTAMENTO GUALEGUAY -con el propósito de proteger las aves, fauna en general de la región, entre muchos otros valores naturales, paisajísticos y humanos, por lo que carece de racionalidad autorizar la instalación de la actividad de una arenera en la ZONA DE AMORTIGUACIÓN de la misma”.
“Informamos además que han comenzado el 17/12/2024 trabajos DEPOSITANDO MATERIAL DE DEMOLICION EN LA COSTA, ALAMBRADO DE POR MEDIO DE LA RESERVA, EN EL LUGAR DONDE PRETENDERIAN ATRACAR LOS BARCOS ARENEROS. Es evidente que la actividad de Depósito y acopio de arena no puede realizarse sin la previa   extracción de la arena del río. por lo que el lugar citado lindante con la RN se constituiría en un PUERTO INFORMAL”.
Este “Puerto” se halla en el “área de afectación” de la Reserva Natural. Impactara en la costa del río perjudicando la presencia de aves (algunas de ellas migratorias )  en nuestra costa de 1.400 metros y en la zona de vegetación aledaña.  La presencia de camiones ya hoy nos está afectando.
“Además, dado nuestro compromiso con la población de Puerto Ruiz, con quienes la RN Santa Adelina mantiene permanente actividad y buena vecindad decimos que NO CORRESPONDE INSTALAR UNA ARENERA en el ejido, a 50 metros de la Escuela Pública de nivel primario y secundario y de las viviendas familiares. También del TERRAPLAN DE DEFENSA CONTRA LAS INUNDACIONES (esta población las sufría periódicamente) QUE DEBERAN ATRAVESAR LOS CAMIONES. La actividad de la Arenera es incompatible con la presencia de la población, por las mismas razones contaminantes ya expuestas y otras que afectarán la salud, la seguridad del tránsito por la presencia de niños en las calles. En síntesis, se afectará DEFINITIVAMENTE EN FORMA NEGATIVA una forma de vida que es identidad de esta comunidad”.
“La comunidad ya vivió la experiencia de una arenera dentro de la trama urbana con afectación de la estructura del Puerto y de viviendas. Otra gran preocupación compartida con la comunidad del Puerto es la conservación del camino a la ciudad de Gualeguay. La obra más importante para Puerto Ruiz de los últimos 60 años. Significo romper el aislamiento de décadas, mejorando la calidad de vida de toda la población. Es un camino construido para TRÁNSITO LIVIANO y se lo pretende someter al paso de enormes camiones areneros con una alta frecuencia de viajes. De hecho, NO ESCAPARÁ A SU CONOCIMIENTO QUE ACTUALMENTE TRANSITAN CAMIONES DE DOS ARENERAS YA TRABAJANDO EN ZONA DEL CAMINO AL PUERTO. LO QUE SIN DUDA LO DESTRUIRÁ”.
También en el escrito elevado a Hojman le recordaron a la funcionaria que el 20 de diciembre, “vecinos del puerto han presentado nota con 156 firmas recabadas en UN DIA ante los concejales y la intendenta de GUALEGUAY PIDIENDO QUE NO SE INSTALE UNA ARENERA ALLI”.
“Puerto Ruíz durmió el sueño de los olvidados por décadas, el camino asfaltado lo despertó. La defensa contra inundaciones creo entusiasmo en la población, ahora se podía no perder todo en cada creciente. Hay buena luz, limpieza, casitas mejor construidas”, destacaron los vecinos.
“Falta trabajo es verdad, pero el Puerto tomo el rumbo lento pero firme como su río, del desarrollo Pesquero y turístico con una guardería náutica, la Reserva Natural, fiestas de Pesca, ferias de emprendedores, competencias ciclísticas y tantas cosas más que falta realizar. No abandonemos esta forma de desarrollo humano y también económico”, resaltaron.
“Por lo expuesto, pedimos a la Sra. Secretaria de Ambiente que NO AUTORICE   ACTIVIDADES DE EXTRACCIÓN, ACOPIO Y DEPÓSITO, YA SEA QUE SE PRESENTEN EN FORMA CONJUNTA O INDEPENDIENTE, de arena en PUERTO RUIZ por parte de la empresa Walter Lezcano, así como de NINGUNA OTRA”.
Por último, también solicitaron que estas notas sean incorporadas a los Expedientes número 3.158.393 Ref: Planta de Acopio Arenera Lezcano de WALTER LEZCANO – Puerto Ruiz y Expediente número 3.032.519 Ref.: Extracción de Arena en Zona V Río Gualeguay, Km 45 al Km 63 de LEZCANO WALTER (Ex arenera Vita) – Gualeguay”, sostiene la nota que lleva la firma de Carlos Weber y Cristina Arias por parte de la Asociación Solidaria para la promoción de la Educación y el mejoramiento Ambiental de Gualeguay (SEA).
Por el momento los vecinos se sienten solos, abandonados en la elemental protección que debe brindar el Estado provincial, a merced de la impunidad y con la congoja de ver cómo se destruye todo lo construido y protegido. Y cómo se erosiona en Entre Ríos el interés general para dar lugar a mezquinos intereses individuales o sectoriales.
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Cómo fue la política ambiental de Milei, para quien la economía sobre la naturaleza

Fecha de Publicación: 27/12/2024
Fuente: Portal AnalisisDigital
Provincia/Región: Nacional


A un año de la asunción de Javier Milei, expertos y representantes de organizaciones ambientalistas repasan los hitos que inclinaron aún más la balanza en contra del ambiente. En 2024 se profundizaron problemáticas históricas como la deforestación de los bosques nativos y los proyectos extractivistas. Pero fue también un año de resistencia y unión en el movimiento ambientalista, como informa Mongabay Latam en elDiarioAR.
En el Gran Chaco quedan se estima que tan sólo quedan entre 15 y 20 ejemplares de yaguareté -de un total de unos 250 en todo el país-, que, debido a la deforestación y a la caza furtiva, están acorralados y en peligro crítico de extinción.
Si el balance ambiental de Argentina en los últimos años ha sido negativo, la llegada del economista Javier Milei a la Presidencia ha significado la agudización de un panorama sombrío para el ambiente. Negacionista del cambio climático, detractor del sistema científico y convencido de que los ambientalistas son “vagos socialistas”, Milei lidera un gobierno que ha desplegado abiertamente una política contraria a garantizar los derechos socioambientales. La ciencia, según Milei, debe estar al servicio del aparato productivo y la naturaleza, al servicio del ser humano.
“Todas esas políticas que culpan al ser humano del cambio climático son falsas y lo único que buscan es recaudar fondos para financiar vagos socialistas que escriben papers de cuarta”, afirmó durante la campaña electoral de 2023.
Milei llegó al poder en diciembre de 2023 con más del 55% de los votos en la segunda vuelta electoral. Asumió en medio de una profunda y recurrente crisis económica y altos índices de inflación, que su Administración se ha jactado de haber dominado a tiempo para evitar una hiperinflación. Sin embargo, la pobreza, la marginalidad y la desigualdad no paran de crecer. En el primer semestre de 2024, el índice de pobreza alcanzó el 52,9%, un aumento de 11 puntos porcentuales con respecto al mismo período del año anterior. Fue la cifra más alta en dos décadas.
En un contexto de reducción del aparato estatal, la política ambiental del Gobierno ha sido reducir al mínimo la capacidad del Ejecutivo de intervenir, controlar y fiscalizar a las corporaciones extractivistas y contaminantes. “Ha sido un año de gran turbulencia en general y en particular en lo ambiental”, afirmó Andrés Nápoli, director ejecutivo de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
¿Cuáles son las deudas ambientales de Argentina en el 2024? Mongabay Latam analizó con expertos, científicos, organizaciones ambientales, activistas y congresistas el primer año de Javier Milei detrás del sillón presidencial. El panorama es preocupante.

Lo grave: la flexibilización de las normas ambientales
El año comenzó con la transformación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable en una Subsecretaría de Estado, reduciendo la capacidad, recursos e importancia de la cartera ambiental dentro de la estructura de gobierno. Milei nombró a Ana Vidal de Lamas en el cargo, quien trabajó para la cartera durante la gestión de la polémica María Julia Alsogaray, en la década de 1990, y luego se desempeñó como asesora legal ambiental de empresas.
Vidal de Lamas viene de asesorar a bancos y empresas para gestionar permisos, descargos administrativos, certificaciones ambientales, capacitaciones, auditorías, gestión de uso de energía y agua, de residuos y asesoría legal ambiental. Es también una negacionista. La funcionaria a cargo de diseñar la política ambiental cree que el cambio climático es “natural y cíclico” y “tiene poco que ver con la industrialización y el ser humano”, según admitió en una entrevista con Dialogue Earth.
Un buen ejemplo del rumbo que tomará el país en la lucha contra el cambio climático es que el gobierno de Milei retiró a la comitiva argentina de la cumbre del clima COP29, realizada en Azerbaiyán, en noviembre. “Es un signo de alta preocupación, que deja abierta una posición del gobierno argentino quizá contraria a la permanencia en el Acuerdo de París, lo que tendría implicancias fuertes en temas climáticos y ambientales, pero también productivos”, indicó a este medio Manuel Jaramillo, director ejecutivo de Fundación Vida Silvestre.
Este 2024 también finaliza sin presupuesto. “Vamos camino a dos años con un presupuesto prorrogado por falta de acuerdo en el Parlamento”, afirmó la diputada Margarita Stolbizer (GEN/Consenso Federal). “Eso hace que el Congreso de la Nación no pueda ni siquiera discutir cuáles son los recursos destinados a las áreas de Ambiente, entre otras cuestiones centrales para la sociedad”, agregó la legisladora nacional. “Mientras tanto vemos que el Gobierno va cada vez más para atrás en materia ambiental”, dijo Stolbizer.
Dos puntos positivos: el Gobierno no consiguió que el Congreso derogue la Ley de Glaciares y la Ley de Bosques, algo que había planteado en su monumental “Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, que fue enviado al Parlamento por el gobierno de Milei a fines de 2023.
La Ley Bases era un compendio de 238 artículos que buscaban modificar leyes centrales para la protección del ambiente, entre otras materias. Además de intentar avanzar sobre la Ley de Bosques y la Ley de Glaciares, el proyecto de Milei incluía modificaciones a otras leyes clave en la protección del ambiente, como la Ley de Quema y el manejo del fuego. El objetivo del Ejecutivo era ceder en protección para favorecer la inversión.
Las protestas de organizaciones ambientalistas, científicos y diputados de la oposición frenaron el embate de Milei. Sin embargo, tras la negativa de la mayoría de la cámara de Diputados, Milei firmó un decreto para eliminar el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos (FOBOSQUE), que permitía la administración del Fondo Nacional de Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos y que ahora, sin este fondo, podrá ser manejado de manera arbitraria por parte del Ejecutivo, alertó Noemí Cruz, coordinadora de la Campaña de Bosques de Greenpeace, en diálogo con Mongabay Latam.
En cuanto a la Ley de Glaciares, que tiene como objetivo la protección de los glaciares y del ambiente periglacial, especialmente ante el avance de la minería en la región andina, el Parlamento quedó dividido, pero ganaron los votos a favor de no modificar la legislación vigente. Sin embargo, “todo está a tiro de decreto”, resumió Stolbizer, en referencia al temor de la oposición y los ambientalistas de que Milei cambie la ley mediante un decreto.

Lo crítico: inversión sobre conservación
“Las palabras son acciones” es una frase histórica del expresidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, pero los argentinos nunca la habían vivido tan encarnizadamente hasta 2024. Las agresiones, insultos y desacreditación de Milei hacia ambientalistas, investigadores y científicos pobló los discursos y publicaciones en la red social X del Presidente.
Las palabras de agresión se enmarcaban en un proceso de hechos y acciones de gobierno que ponen al sistema productivo por encima de todo. Dos de esos hechos fueron el desfinanciamiento del aparato científico en el Estado por parte del Ejecutivo Nacional y la creación del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), uno de los apartados dentro de la Ley Bases para atraer grandes inversiones extranjeras o locales en minería e hidrocarburos, entre otros rubros, sin ningún tipo de perspectiva socioambiental.
Tres escenarios naturales son de los más perjudicados de 2024: el golfo San Matías, en la provincia de Río Negro; las Salinas Grandes, en el noroeste; y el Gran Chaco argentino, en el noreste del país.
En los tres casos, la situación se profundizó con el gobierno de Milei pero se trata de problemáticas que vienen de años atrás: comenzaron hace décadas -como el caso de la deforestación en el Gran Chaco argentino-, o durante el gobierno saliente de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, como el caso del golfo San Matías y el avance de las petroleras sobre el negocio del litio. Por otro lado, Argentina se había comprometido en la Cumbre Climática de Glasgow a alcanzar la meta de deforestación cero para 2030, pero el país está cada vez más lejos del objetivo.
“El monitoreo de deforestación de los primeros 10 meses del año arrojó que se desmontaron más de 100 000 hectáreas de bosques nativos en el Gran Chaco argentino (que abarca cuatro provincias de Formosa, Chaco, Salta y Santiago del Estero). El 50% de esos desmontes son ilegales”, explicó Cruz, desde la Campaña de Bosques de Greenpeace Argentina.
En la provincia de Chaco, donde la Justicia ordenó suspender la tala del monte -así se le llama a los bosques nativos en esta región-, la ganadería y la soja siguen avanzando sobre la vegetación autóctona, afirmó Cruz en diálogo con Mongabay Latam.
“Aquí, en el Gran Chaco argentino es donde sobreviven los menos de 20 ejemplares de yaguaretés (jaguares) de la región”, aseguró la activista, quien recordó que su organización presentó en 2019 un amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en nombre del felino más grande de América -en Ppeligro Crítico de extinción- que aún no ha sido tratado. El máximo tribunal admitió su competencia en el caso y anunció que se haría una audiencia pública para debatir la problemática de la deforestación pero aún no avanzó en ese camino.
Parte del equipo de científicos en la campaña Yaguarete, en el Gran Chaco argentino. Proyecto Yaguareté.
El año finaliza además con malas noticias en Salta: el gobernador Gustavo Sáenz anunció que la provincia modificará su Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos para permitir el desmonte de 700.000 hectáreas más, el equivalente a 3.500 veces la extensión de la Ciudad de Buenos Aires. Es una superficie monumental.
Santiago del Estero también va hacia un nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, que establece el mapa de lo que se puede deforestar y lo que no. Chaco ya lo hizo en 2024, aumentando la superficie a deforestar. El ordenamiento se actualiza cada cinco años, por ley.
“Las propuestas son regresivas, promueven más deforestación, y no incluye la participación de la sociedad en el debate, especialmente de los pueblos indígenas y campesinos que habitan estos bosques”, dijo Cruz.

Lo urgente: la carrera por la explotación de litio y petróleo
En el noroeste, tres petroleras (Tecpetrol, del grupo Techint; Pan American Energy y Pluspetrol) avanzan sobre un terreno sagrado en busca de litio: Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc, en la provincia de Jujuy, en la frontera con Bolivia.
Aquí, una treintena de comunidades indígenas Kolla y Atacama se oponen a la explotación del litio en la cuenca ante los riesgos de escasez de agua en una zona seca. Es, además, una área sagrada para la cultura de estos pueblos. Sin embargo, a pesar de medidas como el bloqueo de rutas, de enfrentar a las maquinarias, protestas, y de reclamos a las gobernaciones y las demandas judiciales —que incluyen presentaciones ante la Corte Suprema de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos—, las petroleras, mineras y el gobierno local han continuado con sus planes en la región.
Entre 2023 y 2024, estas petroleras lograron torcer la unidad de las comunidades y forzaron la licencia social para avanzar con la aprobación de cuatro comunidades de forma aislada, como explicó Mongabay Latam en una investigación conjunta con elDiarioAR. En la Puna, la minería de litio llegó para quedarse, aunque no le será tan fácil.
Mientras tanto en el golfo San Matías, al sur del país, las petroleras buscan desarrollar tres proyectos hidrocarburíferos en una zona protegida por ley hasta 2022, cuando la ley se modificó en la provincia de Río Negro a medida de las demandas de las compañías.
Un oleoducto que transportará crudo desde el yacimiento Vaca Muerta (provincia de Neuquén) hacia Punta Colorada, en el preciado golfo; un gasoducto; y un buque de licuefacción son los tres proyectos que ponen en riesgo una zona de migración de la ballena franca austral y sus crías, entre otras especies.
El golfo San Matías es vecino de Península Valdés, en la provincia de Chubut, Patrimonio de la Unesco. “Por la proximidad con Península Valdés y otras áreas protegidas marinas, estos proyectos aumentan los riesgos de colisión de las ballenas con buques -principal causa de muerte de la especie- y de posibles derrames en una zona altamente frágil”, explicó Jaramillo a Mongabay Latam.
Esta biorregión permite la vida de diferentes especies de aves y mamíferos marinos que se alimentan y/o reproducen en los golfos. Además de la ballena franca austral, puede encontrarse el elefante marino del sur, el lobo marino de un pelo sudamericano, el pingüino de Magallanes, cormoranes, orcas, delfín común, delfín oscuro, aves playeras, el caballito de mar y un gran número de especies de condrictios, entre muchas otras, afirman desde el Foro para la Conservación del Mar Patagónico. “Además de los posibles derrames y microderrames, el incremento del tráfico marino, el impacto acústico y la probabilidad de colisión entre las naves y las diferentes especies se transforman en un riesgo inminente”, aseguraron los científicos, ambientalistas y conservacionistas del Foro.
Una de las grandes preocupaciones de los expertos consultados es el riesgo de que las empresas puedan iniciar sus inversiones sin contar con la licencia social. “Las empresas hacen lo que les permiten o lo que pueden hacer en los países, por eso tienen un determinado estándar de funcionamiento en sus casas matrices y otro determinado estándar, tanto legal como de funcionamiento, en los países como los nuestros”, afirmó Nápoli.

Lo malo: la parálisis política
Desde el punto de vista legislativo, el balance también es negativo. “No hemos podido avanzar en ninguna de las leyes ambientales que estaban en la agenda parlamentaria en 2024”, explicó a Mongabay Latam la diputada Margarita Stolbizer.
Stolbizer es una de las 257 diputados nacionales y de las pocas que impulsan las temáticas ambientales en el parlamento.
Los diputados abandonaron a finales de año el tratamiento de un proyecto de ley para gestionar emisiones de gas metano en la exploración, explotación, transporte y refinación de hidrocarburos. El objetivo es reducir el impacto de estas emisiones en el medio ambiente. “Teníamos un acuerdo general en comisión parlamentaria y estábamos en condiciones para firmar dictamen y de repente no pudimos avanzar más. Hubo una aparente orden del Ejecutivo”, aseguró la diputada por la provincia de Buenos Aires.
Lo mismo sucedió con el proyecto de ley para ampliar la extensión del Parque Nacional de Monte León, en la provincia de Santa Cruz. Esta área natural protegida protege la biodiversidad de la estepa y costa patagónicas, como el pingüino de Magallanes, y mantiene sitios de valor paleontológico.
Zona de nidos de los pingüinos de Magallanes en la Reserva Punta Tombo, Chubut, junto al alambrado electrificado. Pablo Borboroglu y Laura Marina Reyes/Greenpeace.
“Otra de las grandes deudas que tenemos es sacar la ley de envases”, agregó Stolbizer. Se trata de un proyecto que se encuentra en el Congreso desde al menos 2021, pero nunca logra avanzar. Su objetivo es que los productores y fabricantes se responsabilicen por la gestión de los residuos plásticos que generan los productos que comercializan.
Si de deudas ambientales se trata, el proyecto de ley para proteger los humedales se ha convertido en un emblema de la morosidad parlamentaria. Stolbizer aseguró que tampoco se logró tratar ese proyecto en 2024. La demora ya arrastra más de una década. Los lobbies de grupos económicos, especialmente inmobiliarios, forestales y agropecuarios, han logrado frenarlo. Los humedales en la Argentina ocupan casi 277 000 kilómetros cuadrados, el 9,5 % de la superficie del país, según un estudio de 2022 del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
El objetivo de neutralizar a la comisión parlamentaria de Ambiente, según Stolbizer, fue un éxito del oficialismo.
La Corte Suprema y otros tribunales de Río Negro y Chubut también declinaron intervenir en cuestiones ambientales a pedido de las comunidades locales. Uno de los casos más resonantes fue la negativa del Poder Judicial para mediar en el conflicto del golfo San Matías, tras los amparos presentados tanto por ciudadanos de Río Negro como de la vecina provincia de Chubut para frenar los proyectos hidrocarburíferos en el golfo. Los distintos tribunales rechazan las presentaciones al no reconocer el derecho de los ciudadanos a intervenir o inician un derrotero judicial haciendo pasear al expediente de juzgado en juzgado.
Otro caso central fue la decisión de la Corte Suprema de dejar de intervenir en el saneamiento del Riachuelo-Matanza, en la ciudad y provincia de Buenos Aires, ícono argentino de la contaminación de ríos por parte de industrias. “Fue una decisión errónea. Nos hemos presentado ante la Corte para pedir una rectificación de esa resolución. Todos los tribunales tienen derecho a intervenir en un caso y a cerrarlo cuando consideren que está cumplido. Pero este caso estaba absolutamente incumplido, largamente incumplido”, dijo Nápoli.

Lo bueno: resistir unidos
“Ha sido un año en el que resistir cada día ha sido lo importante. Las organizaciones campesinas, indígenas se han dedicado a resistir”, afirmó Cruz desde el Chaco argentino. En Salta, por ejemplo, vecinos de la localidad de San Lorenzo se han organizado, han denunciado y han podido frenar la tala de bosque nativo, destacó Cruz.
A casi 2.000 kilómetros de allí, las comunidades costeras del golfo San Matías junto a organizaciones ambientalistas también le hacen frente al avance de tres proyectos hidrocarburíferos de las petroleras más poderosas del país en la costa atlántica de la provincia de Río Negro. Lo mismo sucede en el noroeste del país frente a la exploración de litio. Las comunidades, en ambos casos, exigen ser consultadas antes de la instalación de los proyectos extractivos en sus territorios.
 “Voy a rescatar la unidad del movimiento ambiental. Me parece que ha sido un año positivo para eso y se pudo manifestar en varias ocasiones en las presentaciones que hicimos más de 150 organizaciones en la Cámara de Diputados por el tema de la Ley de Bases y con la desaparición de los bosques nativos”, afirmó Nápoli.
Jaramillo, de Fundación Vida Silvestre, coincide con destacar este punto positivo de 2024: “La Ley Bases generó una alarma en el sector medioambiental que llevó a una rápida coalición de organizaciones que respondió ante los avances del Gobierno”, sostuvo. “El sector está unido y organizado, atento para llamar la atención a nivel nacional e internacional para que los logros socioambientales alcanzados en los últimos años se mantengan vivos”.
Como palabras y acciones van de la mano en el gobierno de Milei, durante la firma del Pacto de Mayo, el 9 de julio, el Presidente llamó a la explotación de los recursos naturales, sin contemplar la dimensión ambiental ni las demandas de las comunidades locales y de las organizaciones de la sociedad civil, destacó Jaramillo.
Una activista de la organización ambientalista Greenpeace desplegó un cartel con el mensaje “El ambiente no se negocia”, durante la sesión de tratamiento del proyecto de ley ómnibus en la Cámara baja. Greenpeace.
“Milei habló entonces de ‘minorías ruidosas’ a las que no había que darles importancia, en referencia al movimiento ambientalista. Esas minorías no son tan minorías y no son tan ruidosas pero sí lo que buscan es promover un verdadero modelo de desarrollo sostenible, en el que el acceso a recursos económicos no sea a costa de la pérdida de la salud de nuestro ambiente y el bienestar de las personas”, precisó el experto.
La unidad también se vio en la provincia de Chubut, donde organizaciones empresariales, vecinos, ambientalistas y científicos se juntaron para iniciar una batalla legal contra los proyectos en el golfo San Matías.
Playas de Las Grutas, en el golfo San Matías, una de las localidades turísticas más movilizadas contra los proyectos de hidrocarburos en la zona. Gentileza Ernesto D'Agostino/Multisectorial Golfo San Matías.
Además, durante 2024, fiscales y jueces respaldaron con acciones judiciales algunos reclamos centrales. Por primera vez, en Chubut, existió una condena por ecocidio. Se trató de una sentencia contra un empresario que destruyó una zona de nidificación de pingüinos en Punta Tomba para extender su proyecto ganadero. Se conoce el caso como “la masacre de pingüinos”.
Un segundo caso es la decisión de un fiscal y una jueza federales de la provincia de Chaco de frenar la deforestación de bosques nativos e investigar la conexión del ministro de Producción local con el negocio de los desmontes.
“En los papeles ha sido positivo, pero en la práctica eso no es real, lamentablemente”, dijo Cruz, de Greenpeace. “Esto tiene que ver con la falta de control por parte de la provincia de Chaco porque nosotros vemos a través de las imágenes satelitales cómo avanzan los desmontes día a día con la destrucción de las topadoras (excavadoras)”.
Nápoli también destaca que se esté trabajando en la creación de nuevas áreas naturales protegidas. “Las últimas áreas naturales que se han creado en la Argentina han venido de la mano del financiamiento del exterior y del trabajo, fundamentalmente, de las organizaciones locales. Por lo cual es un espacio importante para seguir trabajando, con diálogo con las autoridades de segundo nivel, con las cuales se puede seguir tratando”. Este es ahora uno de los desafíos de Argentina para el 2025.
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Entre Ríos avanzó para declarar plagas a tres animales exóticos invasores y se regulará su caza

Fecha de Publicación: 27/12/2024
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Entre Ríos


En el último mes del año 2024, la Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos aprobó por mayoría la declaración de plagas de tres especies animales que vienen causando crecientes y severos daños a la fauna autóctona, a la producción agropecuaria, a la salud de la población rural y a los animales domésticos en el campo. Se trata de los jabalíes, los ciervos axis y los chanchos asilvestrados que, al no tener predadores naturales ni regulación en la cadena trófica, han proliferado de manera descontrolada no solo en esa provincia sino también en la mayor parte del Litoral argentino.
El proyecto, cuya autoría pertenece a la diputada Gabriela Lena, habilita la caza controlada de las tres especies con fines de control poblacional y mitigación de los daños. Tras ser aprobado en Diputados, se descuenta que pasará favorablemente la votación en Senadores una vez que se retomen las sesiones parlamentarias. Luego, el Poder Ejecutivo de Entre Ríos deberá reglamentar la caza y el control del destino de los ejemplares capturados de esos animales en el territorio provincial. Esto último es especialmente importante para prevenir la triquinosis, enfermedad que aumentó notablemente debido a la elaboración de chacinados y embutidos con carne de jabalíes y chanchos salvajes cazados en el campo por los pobladores locales.
“Tenemos una superpoblación que causa graves daños en cultivos y en la ganadería, así como en nuestra fauna y flora autóctonas. Con esta declaración de plagas estamos autorizando al Ministerio a reglamentar mayores cupos de caza controlada y realizar convenios con otros organismos como Senasa e INTA para controlar la transmisión de enfermedades como la triquinosis”, explicó Lena luego de obtener la media sanción por mayoría en la Cámara de Diputados.
"Entre estas especies, la que más preocupa es el jabalí. Originario de Europa, está incluido en la lista de las especies exóticas invasoras más dañinas del mundo. Su acción de hozar, es decir remover la tierra con el hocico, para depredar semillas, afecta directamente los suelos y cultivos de los trabajadores rurales; existiendo casos también de destrozo de silobolsas", señaló el coordinador provincial de Políticas Agropecuarias, José Carlos Basaldúa al momento de analizar el proyecto.
Ahora, el Ministerio de Desarrollo Económico será el encargado de reglamentar las modalidades de licencia y permisos de caza, zonas habilitadas, temporadas, cupos para la caza de las especies exóticas invasoras, garantizando su control y supervisión.
Ya en noviembre, la provincia de Entre Ríos había ampliado el número de los tres animales exóticos que se podían cazar de manera deportiva, llevándolo hasta cuatro jabalíes, tres ciervos axis y un antílope negro por cazador autorizado y por excursión. Asimismo, habilitó el transporte de tres jabalíes y ciervos axis, y un antílope negro como máximo por persona habilitada y por excursión.
"Son especies reconocidas por la comunidad científico técnica y por los productores agropecuarios como perjudiciales en campos de cultivos y deterioro de bosques nativos, causando pérdidas económicas por el daño en las chacras, además al ganado y a fauna nativa. Asimismo, desarrollan una fuerte competencia por espacio y los recursos naturales con la fauna nativa", argumentaron en la modificación de la norma.

Plagas imparables
Desde hace algunos años, en las provincias de Corrientes, Entre Ríos, Chaco, Formosa y Misiones, vienen creciendo aceleradamente las poblaciones de estas tres especies exóticas invasoras y, según indican los agricultores y ganaderos del noreste argentino (NEA), están provocando serios perjuicios ambientales, productivos y económicos.
Estos animales circulan de campo a campo llevando parásitos y plagas de un campo a otro. Además, han producido un corrimiento de la fauna autóctona. El ciervo axis está desplazando al ciervo de los pantanos local, y el chancho silvestre a los teros, ñandúes y perdices ya que se alimentan de los huevos que ponen estas especies.
Los jabalíes y chanchos salvajes constituyen un serio perjuicios para la producción ganadera ya que atacan y matan a corderos, terneros, caballos y perros. Además, los chanchos silvestres son capaces de llevarse hasta un 30% de la comida de los silos de autoconsumo.
“El jabalí y el ciervo están causando grandes problemas. A nivel sanitario, ambos transmiten enfermedades a los animales de la producción; y el jabalí, como se lo caza y se lo usa para hacer embutidos, también transmite la triquinosis al ser humano. Es un problema importante porque son animales salvajes y no le hacen ningún tipo de control bromatológico”, contó el médico veterinario José Colombatto, vicepresidente 1° de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) e integrante de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER).
En agricultura, los chanchos asilvestrados atacan y destruyen a los cultivos de maíz, arroz y trigo, generando grandes pérdidas económicas.
“El chancho hace estragos, rompe todo, imagínate si te lo hace un día lluvia en el que no podés sacar el maíz y reembolsarlo. Hoy solo una bolsa para maíz cuesta 400 mil pesos la bolsa, además, cuesta alrededor de 1,5 millón el embolsado, y si le sumás el producto que está adentro estamos hablando de 40 millones de pesos de pérdida, así que imagínate el daño que te puede hacer un animalito de esos un día de lluvia”, dijo Raúl Sobredo, un ganadero del sur entrerriano, damnificado por la especies invasoras.
El ciervo axis, que es plaga en Entre Ríos, devora los verdeos y el trigo; ingresa en los sembradíos destruyéndolos; y rompe los alambrados eléctricos. Además, está dispersando en forma alarmante las semillas de acacia negra o tamarindo, un árbol invasor de muchas y grandes espinas, que una vez que se desarrolla, no permite ni la siembra ni el ingreso del ganado, transformando a los lotes en monte improductivo.
Por otra pare, los jabalíes representan un gran riesgo para los habitantes del campo ya que atacan a las personas que recorren los campos de a caballo o a pie y están causando numerosos accidentes de tránsito al cruzarse repentinamente en los caminos rurales.
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Ley de Agroquímicos: ambientalistas irán a la Justicia y pedirán su inconstitucionalidad

Fecha de Publicación: 26/12/2024
Fuente: Diario El Argentino
Provincia/Región: Entre Ríos


Ambientalistas irán a la Justicia por la Ley de Agroquímicos y estudian presentar texto propio. En el otro extremo, ruralistas satisfechos por la actualización de la norma que regula el uso de agroquímicos en las zonas rurales de Entre Ríos.
La sanción definitiva de la Ley de Agroquímicos o Ley de Fitosanitarios no dejó conforme al sector ambientalista, que recurrirá a la Justicia para pedir su anticonstitucionalidad debido a que la consideran “regresiva” ya que permite fumigar a 5 metros de un curso de agua, cuando Actualmente la distancia es 50.
La semana pasada la Legislatura sancionó finalmente el proyecto de ley de Buenas Prácticas en la Utilización de Fitosanitarios, o “Ley de Agroquímicos”, la cual volvió a Diputados con los cambios efectuados por la Cámara alta.
Facundo Scattone Moulins, integrante de la Coordinadora Basta es Basta y de Nuevo Brote Nativo señaló que está hecha para que las empresas que fumigan tengan vía libre y descuiden la producción de alimentos saludables.
Asimismo, las agrupaciones ambientalistas estudian la posibilidad de redactar un texto propio y presentarlo a través de algún mecanismo de participación ciudadana en la Legislatura provincial.
En el marco del debate en comisiones, la abogada ambientalista Aldana Sasia había advertido que la norma no se adecuaba al estado actual de la ciencia y al principio de no regresión y había cuestionado tanto las distancias pautadas para fumigar como la afirmación de que los productos químicos. . “son inocuos”.

Ruralistas conformistas
En el otro extremo, la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer) manifestó su satisfacción por la sanción de la nueva ley que regula el uso de fitosanitarios.
“Esta entidad gremial ha venido bregando desde hace muchos años en la búsqueda de una ley moderna, consensuada y cumplible como la recientemente aprobada, ya que era insostenible seguir produciendo con una norma arcaica y puesta en jaque permanentemente por acciones judiciales, dejando al productor a la intemperie y sin certeza alguna cada vez que iniciaba una campaña”.
“Resulta necesario reconocer el compromiso del Poder Ejecutivo entrerriano que, cumpliendo su palabra, impulsó la ley en la Legislatura. Del mismo, corresponde destacar la tarea parlamentaria de los distintos bloques que comprendieron la importancia de producir con el respaldo jurídico correspondiente”, agregó, informó Uno.
“En rigor de verdad, la nueva ley que nace ha sido posible gracias al trabajo concienzudo, profesional y responsable de muchos sectores económicos, productivos, técnicos y sociales de la provincia, donde emerge la Mesa de Buenas Prácticas Agropecuarias como impulsora y depositaria de todas. . las opiniones recogidas. En el mismo sentido, es importante destacar que, entre esas voces, se consultó y se recibió el consentimiento de las máximas autoridades nacionales en materia de salud humana”, indicaron en respuesta a los cuestionamientos.
Por último, dijeron: “Entendemos que esta norma marca un rumbo claro respecto de muchos temas vinculados o no a la producción agropecuaria: queda evidenciado que el camino del diálogo y los consensos terminan siendo imprescindibles y superadores para cualquier aspecto que las sociedades y la política. . deben enfrentar”.
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Ordenan la indagatoria de intendente por contaminación ambiental del río Paraná

Fecha de Publicación: 26/12/2024
Fuente: Diario Victoria
Provincia/Región: Buenos Aires


Es por el vuelco al curso de agua de efluentes líquidos cloacales sin tratamiento. La planta que debería realizar esa tarea está inactiva hace al menos 30 años.
El Juzgado Federal N°2 de San Nicolás ordenó la declaración indagatoria del intendente de la ciudad bonaerense de San Pedro y de otros cuatro actuales y exfuncionarios de su gestión, al considerarlos coautores de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real con contaminación ambiental, por el vuelco al río Paraná de efluentes líquidos cloacales sin tratamiento, lo cual se considera un riesgo para la salud de la población.
La resolución se dictó a requerimiento del titular de la Sede Fiscal Descentralizada de San Nicolás, el fiscal federal Matías Di Lello, en el marco de una investigación penal iniciada hace dos años, donde se constataron altos niveles de contaminación en el frente costero de San Pedro, localidad que hace al menos 30 años tiene inactiva su planta de tratamiento de efluentes cloacales. La fiscalía contó además con la colaboración de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA), cuyo titular es el fiscal federal Ramiro González.
El llamado a indagatoria que resolvió el martes pasado el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo, está dirigido al intendente de San Pedro, Cecilio Salazar; al secretario de Obras y Servicios Públicos de la municipalidad, Mariano Brañas; al director de Servicios Sanitarios, Jorge Ponzio; al exsecretario de Obras Públicas, Javier Silva; y al exsecretario de Servicios Públicos, Ariel Álvarez, los dos últimos con mandato cumplido en diciembre de 2023.
De acuerdo a los elementos y pruebas que recopiló en su investigación, el fiscal Di Lello consideró que las conductas atribuidas a los acusados se encuentran tipificadas en el artículo 248 del Código Penal, en concurso real con el artículo 55 de la Ley N°24.051 de Residuos Peligrosos, en carácter de coautores. Es decir, incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real con contaminación ambiental.
Según la notificación oficial, las indagatorias están previstas para los días 18, 19 y 20 de marzo de 2025, entre las 9.30 y las 10.30.

Problemática regional
La causa se inició el 13 de diciembre de 2022 a raíz de una investigación vinculada al vertido de efluentes con sustancias peligrosas en el río Baradero llevada a cabo por el titular de la Fiscalía Federal de Campana, Sebastián Bringas, quien dispuso realizar una pericia sobre muestras tomadas aguas arriba del tubo de descarga de la firma Ingredion Argentina SA (ubicada en Baradero) la cual arrojó como resultado niveles superiores a los límites establecidos por una resolución de la Autoridad del Agua (ADA) de la provincia de Buenos Aires
Pero los responsables de ese estudio alertaron acerca de que el agua de río ya bajaba con un grado de contaminación fecal. Es decir, una descarga cloacal anterior a la de la industria. En función de ese dato, la fiscalía ordenó ampliar las tareas investigativas al Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina (PFA), tendientes a identificar el origen de los coliformes fecales hallados en las muestras tomadas en Baradero.
Así, el grupo especial de la PFA se trasladó al límite de Baradero con San Pedro para obtener muestras en la confluencia del río Paraná con el río Paraná de las Palmas. El resultado de ese análisis fue superior al límite permitido de coliformes fecales termotolerantes, y dieron positivo para la presencia de bacterias de escherichia coli.
En virtud de ese resultado, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, dispuso declinar la competencia a su par de San Nicolás a los fines de que se investigue la posible contaminación del río Paraná advertida a la altura de San Pedro. Luego de que el juzgado federal de San Nicolás aceptara la competencia, la investigación fue asumida por el fiscal federal Di Lello, quien solicitó varias medidas a la División Delitos Ambientales de la PFA.
En primer lugar, que se identifique e inspeccionen los vuelcos de efluentes cloacales en todo el frente costero de San Pedro, relevar e informar si existía alguna anormalidad, que se establezcan las ubicaciones exactas de los puntos de vuelco, y obtener muestras líquidas aguas arriba y abajo. También, que se localicen las plantas de tratamientos de efluentes de cloacales.

Análisis
El 9 de enero de 2023 se tomaron muestras de un vuelco pluviocloacal ubicado en inmediaciones del puerto de San Pedro. De igual modo, se procedió en cercanías del Museo del ARA Irigoyen (en el cruce de las calles Reinaldo Ansaloni y Juan de Garay) donde se halló un ducto con caudal constante de vertidos que emanaban olores nauseabundos.
El resultado de laboratorio de esas muestras fue coincidente respecto a evidenciar que los valores de DQB (demanda química de oxígeno) y sólidos sedimentables estaban por fuera del parámetro establecido por la Resolución ADA 336/03. Además, tres estudios revelaron valores superlativos en cuanto a la presencia de coliformes fecales y se pudo constatar que San Pedro no cuenta con una planta de tratamiento de efluentes cloacales.
Al tomar conocimiento de la investigación, la UFIMA remitió al fiscal federa de San Nicolás una investigación iniciada el 28 de febrero de 2023 a partir del correo electrónico enviado por una vecina del barrio Unidos de San Pedro. La mujer adjuntó un artículo periodístico donde se describía: “La desidia en la ex planta depuradora: qué hacer con esos valiosos terrenos”. Y alertaba sobre el vuelco de desechos cloacales sin tratamiento al arroyo Baradero de San Pedro.
La causa acumuló un informe de la Dirección de Control Técnico de la ADA sobre los expedientes administrativos relacionados a las plantas de tratamiento de efluentes cloacales. En ese sentido, un monitoreo realizado el 28 de febrero de 2023 sobre los líquidos que fluyen al río Paraná sin paso previo por la Planta de Tratamiento de líquidos cloacales, concluyó que “no cumple con las normas de calidad acordes al marco regulatorio vigente”.
Y confirmó que la planta depuradora está totalmente desafectada de servicio, por lo que el líquido cloacal es conducido por un bypass que llega al río Paraná en una zona recreativa contigua al puerto. Esa situación “se agrava por la probable derivación de parte de efluente cloacal al sistema pluvial, con la consecuente descarga en otros puntos del río agua arriba”, agrega el informe.
En el marco de las múltiples medidas adoptadas por la fiscalía, se notificó al municipio sobre los resultados de esos estudios, y se solicitó que informe sobre los planes de acción, fuentes de financiamiento y plazos tendientes a la implementación de un sistema de tratamiento de efluentes cloacales dentro de los límites impuestos por la normativa vigente.

Preocupación desde 1982
El juez dispuso una orden de presentación y allanamiento en la Municipalidad de San Pedro, a los fines de obtener copias de los planos de la planta de tratamiento cloacal, el secuestro de toda la documentación tendiente a acreditar en qué estado se encontraba, quiénes resultaban ser los responsables del funcionamiento y toda información que fuera vital para evaluar el impacto ambiental denunciado.
El procedimiento se concretó el 31 de julio de 2023, instancia en la que el por entonces secretario de Servicios Públicos, Álvarez, manifestó que la planta de tratamiento cloacal de San Pedro pertenecía a la provincia de Buenos Aires, a principios de 1980 pasó a formar parte del patrimonio municipal y funcionó hasta el año 1982. Y aportó que los residuos cloacales son “desechados a un riachuelo que sería un brazo del río Paraná”.
Al ampliar esa presentación, la secretaria de Legal y Técnica de San Pedro indicó que “la ex planta de tratamiento cloacal ubicada en calle Rómulo Naón e Hipólito Irigoyen no se encuentra en funcionamiento, como así tampoco se realizan tareas vinculadas a reciclaje o cualquier actividad relacionada con desechos, sean éstos cloacales o residuos. Y que al menos hace 30 años no hay actividad”.
Otra evidencia que fortaleció la imputación fue un estudio solicitado a los especialistas de la UFIMA sobre el informe pericial que efectuó el laboratorio de la Autoridad del Agua. Los especialistas dictaminaron que la presencia elevada de coliformes fecales en el efluente presenta, a la luz de la Ley N°24.051, la característica peligrosa “H6.2”, que se traduce en sustancias infecciosas o desechos que contienen microorganismos viables o sus toxinas, agentes conocidos o supuestos de enfermedades en los animales o en el hombre.
La fiscalía también citó a prestar declaración testimonial al director provincial de Agua y Cloaca de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la provincia de Buenos Aires, Sergio Benet. El funcionario confirmó que ese organismo no había recibido ningún proyecto relacionado a la optimización, rehabilitación y/o construcción de una planta depuradora y efluentes cloacales para San Pedro, y que los funcionarios de esa ciudad no habían manifestado inconvenientes al respecto.

22 ordenanzas y más 30 resoluciones
También se citó a declaración testimonial a la presidenta del Concejo Deliberante de San Pedro, Mónica Beatriz Otero, a fin de que aportara toda la documentación relativa a los proyectos que se pudieron haber presentado desde el año 1982 a septiembre 2023, en relación al tratamiento de efluentes cloacales.
De la documentación aportada se desprende que en ese lapso de 41 años se presentaron 22 ordenanzas, 33 resoluciones y cinco comunicaciones vinculadas con el tema, pese a lo cual, nunca se volvió a poner en funcionamiento la planta depuradora o se presentaron proyectos al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires para construir una nueva.
La concejala también informó sobre la resolución N°8 del 10 de agosto de 2023, que el Concejo emitió luego de la entrada en vigencia de una medida cautelar dispuesta por el juez Villafuerte Ruzo, que ordenó al municipio eliminar las conexiones ilegales de vertido y acondicionar la planta de tratamiento.
En los considerandos de esa resolución, los concejales pusieron de manifiesto los reclamos que vienen haciendo los vecinos por esta problemática: “Después de 23 años sin funcionar la Planta Depuradora de San Pedro, es momento de realizar las tareas correspondientes de limpieza, desinfección y el posterior mantenimiento del lugar, por cuestiones de salud y seguridad de los ciudadanos vecinos del lugar y por toda la sociedad en general”.
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Ordenamiento territorial: Luz verde para nuevos desmontes

Fecha de Publicación: 25/12/2024
Fuente: Portal CuartoPoderSalta.com.ar
Provincia/Región: Salta


Con sólo 3 votos en contra, el senado provincial aprobó el pasado jueves el nuevo mapa de ordenamiento territorial que habilita el desmonte de 700 mil hectáreas. Fuertes observaciones y controversias en torno al apoyo que obtuvo el proyecto.
A días de finalizar el año, el senado dio sanción definitiva al proyecto oficial para modificar el ordenamiento territorial de bosques nativos. Las modificaciones se aprobaron por mayoría, con los votos negativos de los senadores Walter Wayar, del departamento Cachi; Manuel Pailler, del San Martín, y Miguel Calabró, de La Caldera.
El proyecto, que ahora pasa al Ejecutivo para su promulgación, ha sido criticado por organizaciones ambientalistas y comunidades originarias, debido a la habilitación para el desmonte de más de 700.000 hectáreas de bosques.
El legislador Esteban D’Andrea, representante de Chicoana, defendió la iniciativa, asegurando que responde a la obligación de actualizar el ordenamiento cada cinco años, según lo estipulado por la Ley de Bosques. Sin embargo, reconoció que el proceso debería haberse realizado en 2019, y destacó que el nuevo mapa busca fomentar el uso sustentable del medio ambiente. El plan divide el territorio en tres categorías: rojo para zonas de preservación, amarillo para áreas de actividades sustentables y verde para zonas transformables para usos productivos.
El proyecto redistribuye más de 30.000 hectáreas de categoría 1 y reduce en 300.000 hectáreas la categoría 3, buscando equilibrar la distribución del verde en toda la provincia. Además, pretende controlar los desmontes ilegales y la tala indiscriminada. Sin embargo, la medida fue rechazada por los legisladores Walter Wayar y Manuel Pailler, quienes pidieron que el proyecto volviera a comisión.
Desde Greenpeace, la respuesta fue contundente. Noemí Cruz, coordinadora de la Campaña de Bosques, calificó la aprobación como un golpe devastador para los ecosistemas de la región. La organización planea llevar el caso a la Corte Suprema, en un intento por frenar los desmontes que, según Cruz, amenazan la subsistencia de especies emblemáticas como el yaguareté. Además, criticaron la falta de consulta a las comunidades originarias, lo que considera una violación de sus derechos.
A principios de diciembre, activistas de la ONG protestaron frente al Palacio Legislativo, vistiendo trajes tradicionales de los gauchos Infernales de Güemes, para rechazar lo que consideran un retroceso en la protección del medio ambiente.
El nuevo ordenamiento territorial desató un intenso debate sobre los límites entre el desarrollo productivo y la preservación del patrimonio natural de la región, mientras las organizaciones sociales y ambientales continúan su lucha por una gestión más responsable y equitativa de los recursos naturales.

Observaciones
Según datos oficiales, desde la sanción, a fines de 2007, de la Ley Nacional de Bosques (26.331) hasta fines de 2022 en la provincia de Salta se desmontaron 714.052 hectáreas. Cabe advertir que gran parte de los desmontes se realizaron en zonas donde no está permitido (Categorías I–rojo, II–amarillo).
Por otra parte, resulta grave que, durante la gestión anterior, el gobierno provincial realizó numerosas recategorizaciones prediales (algo no permitido por la Ley Nacional), mediante las cuales autorizó desmontes en zonas protegidas. Las mismas fueron consideradas ilegales tanto por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación como por la Auditoría General de la Nación. A pesar de ello, las fincas que fueron ilegalmente deforestadas no fueron restauradas y deberían mantener su categoría original en la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. La nueva zonificación no debe dejar en suspenso ni validar la deforestación ilegal anterior.
El nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos permitirá el desmonte legal de otras 721.568 hectáreas, una superficie sumamente excesiva teniendo en cuenta la alta deforestación que viene teniendo la provincia en las últimas tres décadas, y que Argentina firmó en la Cumbre Climática realizada en Glasgow en el año 2022 un compromiso de Deforestación Cero para el año 2030. Las actualizaciones de los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos de las provincias deberían ir en esa dirección.
La zonificación propuesta no respeta el principio de no regresión ambiental ya que permite, en algunos casos, el desmonte en zonas actualmente clasificadas en las Categorías I–rojo y II–amarillo, algo prohibido por la normativa nacional. Este mecanismo es similar al utilizado para permitir las recategorizaciones prediales ilegales realizadas en la anterior gestión. De esta forma, se trata de una zonificación flexible, lo que en la práctica no es una zonificación, ya que no determina claramente dónde se puede y dónde no se puede desmontar. Además, la Categoría marrón no está contemplada en la Ley Nacional de Bosques. Esta metodología puede implicar decisiones arbitrarias del Poder Ejecutivo provincial y no favorecen al control social de los desmontes ilegales.
Al permitir algunos desmontes en las actuales Categorías I–rojo y II–amarillo, la propuesta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques de Salta, además de ser ilegal, promueve la fragmentación de los bosques al no garantizar áreas boscosas continuas, lo que pone en riesgo el funcionamiento del ecosistema forestal y la supervivencia de grandes mamíferos, como el yaguareté. De esta forma no se cumple con los Criterios 1, 2, 3, 4 y 5 de Sustentabilidad Ambiental establecidos por la Ley Nacional de Bosques.
La Ley Nacional 26.331 destaca la importancia de respetar los territorios de pueblos originarios. Por ello, resulta fundamental concluir el relevamiento territorial de comunidades indígenas establecido por la Ley 26.160. En Salta, como en la mayoría de las provincias, dicho relevamiento, que debe realizar el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, no fue concluido. Se trata de información indispensable para la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. Otro aspecto a destacar es que no se realizaron talleres en sus territorios y en su idioma originario, requisito para cumplir con la consulta libre, previa e informada establecida en tratados internacionales firmados por Argentina.

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Alerta en los bosques salteños

Fecha de Publicación: 25/12/2024
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Salta


La nueva ley de Salta permite la desforestación de 700 mil hectáreas sin evaluar su impacto ambiental ni el de las comunidades locales
El gobierno salteño dictó una sentencia de muerte a los bosques de la provincia. El gobernador envió el proyecto y los legisladores de ambas cámaras aprobaron, con pocas excepciones y en tiempo récord, una ley que permite destruir setecientas mil hectáreas de bosques, sin definir siquiera su importancia en el ecosistema y para las comunidades que allí habitan.
El proyecto de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta, enviado a la Legislatura provincial por el gobernador Gustavo Sáenz y aprobado en las últimas horas, concede la impunidad a los desmontadores para avanzar sobre setecientas mil hectáreas de bosques, sin determinar su ubicación; el mapa presenta tres millones de hectáreas en amarillo oscuro, con puntos verdes que indican con un número -cual si fuera una lotería-, el porcentaje de desaparición de bosques que se habilitaría en cada cuenca.
Esta zonificación, que se presentó como “transitoria” o “flexible”, dejó a total arbitrio del Poder Ejecutivo, la decisión de las áreas a proteger o deforestar, dificultando el control por parte de la sociedad. ¿Dependerá el destino de cada zona, de quién primeree el desmonte?
En medio de una crisis climática y de biodiversidad, habilitar el desmonte “legal” de 100.000 ha por año, es irracional. Más aún si tenemos en cuenta que Argentina se comprometió a llegar a Deforestación Cero para el 2030.
La zonificación aprobada vulnera en forma flagrante el principio de no regresión ambiental ya que permite, en algunos casos, el desmonte en zonas actualmente clasificadas en las Categorías I - rojo y II - amarillo, algo prohibido por la normativa nacional.
Esta actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques, además de ser ilegal, promueve la fragmentación de los bosques al no garantizar áreas boscosas continuas, lo que pone en riesgo el funcionamiento del ecosistema forestal y la supervivencia de grandes mamíferos, como el yaguareté, especie por la cual la provincia se encuentra demandada por Greenpeace ante la Suprema Corte de Justicia.
A comienzos de año, un equipo científico interdisciplinario del Conicet, presentó el mapa que señala las áreas prioritarias de la región chaqueña que deben ser conservadas para garantizar la supervivencia del yaguareté, que debía ser tenido en cuenta en los ordenamientos. Esto no ocurrió. Las serranías que hacen de corredor entre la Reserva Nacional Pizarro y el Parque Nacional El Rey, antes conservadas en rojo, por ejemplo, han sido puestas en amarillo, olvidando que hace pocos años, las cámaras trampa que monitorean Pizarro, fotografiaron a un ejemplar de yaguareté.
Mientras tanto, los pueblos indígenas de Salta, que habitan las zonas boscosas, en su gran mayoría no han participado del proceso, ni han sido consultados sobre el Ordenamiento Territorial de Bosques, cuando la Ley Nacional 26,331 establece claramente la importancia de respetar sus territorios.
Muchas comunidades ya se encuentran en crítica situación de emergencia territorial dado el avance de la deforestación sobre sus tierras. Algunas han sido víctimas de recategorizaciones, como el caso de Cuchuy, donde se desmontaron 9000 ha de territorio Wichí, pese a que la ley protegía esos bosques.

¿Qué quedará de los bosques que estas comunidades necesitan más que nadie?
Según el Informe Anual elevado por el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) al Honorable Congreso de la Nación, en diciembre 2023, en Salta fueron identificadas 520 comunidades indígenas y 298 son las que cuentan con relevamiento territorial culminado y su correspondiente resolución administrativa. Sin embargo, aún se hallaban pendientes del relevamiento 76 comunidades.
La ley 7121 reconoce a nueve pueblos en la actualidad: kolla, diaguita, wichí, chorote, chané, chulupí, guaraní, toba y tapiete, pero hay comunidades, como los Weenhayek, que no son reconocidas oficialmente como Pueblo Originario. Desde Greenpeace pudimos constatar en terreno, en diálogo con integrantes y organizaciones de estos pueblos, que no fueron invitados a discutir sobre el destino del monte.
El Ordenamiento Territorial de Bosques que estos legisladores aprobaron para Salta, es una condena para los bosques y sus habitantes. No protege la conservación de los corredores de vinculación de las comunidades, territorios de valor ambiental, memoria histórica, cultural y espiritual. Es un avance inconsulto, que se suma a las actuales posibilidades de desalojos, y deben resultar un llamado urgente a quienes representan los intereses de cada departamento. Más desmontes significa también, la muerte de nuestra diversidad cultural.
La grave crisis climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a poner fin a los desmontes y promover el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos, respetando los derechos y territorios de las comunidades indígenas.
La Ley de Bosques sirve para asegurar nuestra propia subsistencia y para evitar la impunidad de los destructores de bosques, y no para validar ordenamientos criminales, como el que se aprobó en Salta.

Por Noemí Cruz
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