Fiebre del litio: Argentina está en el pelotón de los que más producen y la extranjerización llega a más provincias

Fecha de Publicación: 23/05/2022
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Nacional


La voracidad de las compañías extranjeras por el litio local no se detiene y sigue ampliándose la frontera minera a partir de cateos en distritos que, al menos hasta ahora, no despertaban gran interés para las mineras globales. En esa dirección, distintas compañías se preparan para activar campañas de exploración en provincias como San Juan y La Rioja, y desde el Gobierno expusieron que hay indicios del mineral en San Luis y Córdoba. Esto ocurre a la par de un nuevo informe internacional que coloca a Argentina en el cuarto puesto del extractivismo de litio.
Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por su sigla en inglés), Argentina ocupa el cuarto lugar entre los mayores exportadores del metal a nivel mundial. La actividad de explotación que se lleva a cabo en el ámbito doméstico sólo se ubica detrás de Australia, Chile y China. Asimismo, la organización señaló que, a partir de las nuevas reservas constatadas, el país es el tercero –lideran Chile y Australia– con mayor disponibilidad probada del mineral y el segundo –solo detrás de Bolivia– en cantidad de recursos probables.
El USGS reconoce 38 proyectos de litio distribuidos entre Catamarca, Jujuy y Salta, con dos en producción plena –Fénix y Olaroz son, hasta el momento, los dos únicos emprendimientos en fase de explotación concreta–, seis en etapa de construcción, cinco en las instancias de pre factibilidad y factibilidad, cinco en evaluación preliminar y al menos una veintena en la fase de exploración avanzada.
En el mundo la extracción de litio trepó más del 20 por ciento sólo en el último año. En cuanto al consumo, la entidad señala que evidenció un incremento del orden del 30 por ciento sólo en 2021. El USGS reconoce que asegurarse el metal se ha convertido en una prioridad para las empresas de tecnología en Asia, Europa y Estados Unidos.

Litio: predominan las mineras extranjeras
Eso explica, también, este interés de las empresas extranjeras por afianzar su control sobre áreas con el mineral en la Argentina. Según datos de la cartera de Desarrollo Productivo y la Dirección Nacional de Economía Minera suman 18 las compañías con potestad sobre espacios con presencia del metal. Las 16 principales son actores privados de capital foráneo.
Ese bloque está integrado por empresas pertenecientes a 8 países diferentes. Australia, a través de 6 megamineras, encabeza la nómina de naciones con mayor posicionamiento sobre los salares de la Puna. Le siguen Canadá, con 3 firmas, China suma 2 y luego le siguen Gran Bretaña, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia y Japón.
En las apuestas que vienen para La Rioja y San Juan interviene el mismo privado canadiense: Origen Resources.
La compañía en cuestión opera en el país asociada a la sanjuanina Petra Gold Servicios Mineros. Roberto Lara, uno de los técnicos de la firma local, reconoció que "actualmente estamos presentando los requerimientos de minería para obtener la aprobación para comenzar con las tareas de exploración" en una zona conocida como Los Sapitos, ubicada en el departamento de Iglesia.

Litio: San Juan y La Rioja, en la mira de las mineras
El proyecto que pretende iniciar Origen Resources se llevará a cabo sobre una superficie total de 47.000 hectáreas. Incluiría una parte del territorio de la provincia de La Rioja, lo cual representará para ese distrito su ingreso oficial en el mercado de la minería de litio.
Lara señaló que las empresas cuentan con asistencia del Instituto de Investigaciones Mineras de la Universidad Nacional de San Juan.
Otra provincia que busca posicionarse en el mapa del litio es La Pampa. Durante la primera mitad de 2021, la administración que encabeza Sergio Ziliotto le encargó a Pampetrol, la petrolera provincial, que monitoree la presencia del metal en el oeste de ese territorio.
En 2017, un informe generado en ese distrito arrojó indicios de litio en la laguna La Amarga y la salina San Máximo, ambos espacios cercanos a la localidad de Puelches. La decisión de La Pampa es reconfirmar esa primera evaluación para luego evaluar si la extracción del mineral puede resultar económicamente redituable.

Litio: el Gobierno cuenta los dólares
Según datos oficiales, entre el 2020 y 2021 los anuncios de inversiones en minería de litio en Argentina superaron los 3.380 millones de dólares.
El Gobierno busca profundizar aún más la captación de dólares mediante la explotación de ese metal y de ahí el incentivo para las empresas en términos de facilidades fiscales y promoción de la actividad mediante marcos como la Ley de Electromovilidad.
La meta del oficialismo es alcanzar una producción anual cercana a las 120.000 toneladas del mineral durante el bienio 2023-2024. Hoy por hoy, el volumen de extracción de los dos yacimientos activos es de 40.000 toneladas.
De acuerdo a estimaciones de la Secretaría de Minería, la actual cartera de proyectos en Argentina tiene un potencial productivo de 328.500 toneladas anuales de carbonato de litio. La decisión del Gobierno que encabeza Alberto Fernández es acercarse fuertemente a ese techo potencial antes de que concluya esta gestión presidencial.
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Ambientalistas de Río Negro cuestionan el proyecto Hidrógeno Verde

Fecha de Publicación: 23/05/2022
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro


Entre otros temas plantean que incluye área natuales protegidas y que desconoce la "propiedad territorial" de las comunidades indígenas originarias.
Las Asambleas del Curru Leufu, que nuclea a distintas organizaciones socio-ambientales de la provincia, iniciaron una campaña con el nombre «HidrógeNO: La meseta no se toca» para oponerse a la instalación de la planta que se proyecta para Sierra Grande.
Según los organizadores el objetivo es «brindar información a la población sobre las cosecuencias ambientales y sociales que conllevará la implementación del megaproyecto de Hidrógeno Verde en Río Negro» y «visibilizar aspectos del emprendimiento que serán perjudiciales para la diversidad biológica presente en los territorios y la población».
Agregaron que «este proyecto de gran expansión territorial es realizado sin consulta a las comunidades mapuche y no es una solución para nuestro país, sino un emprendimiento destinado a Europa. Desde los sectores gubernamentales, empresariales y los medios masivos de comunicación, se promueve un discurso que oculta información imprescindible para el posicionamiento autónomo de la ciudadanía rionegrina».
Los ambientalistas cuestionan que se desarrollará en las área protegidas Meseta de Somuncura, Complejo Islote Lobos y Puerto Lobos, que «la exportación de hidrógeno verde se realizará en forma de amoníaco y este resulta altamente tóxico y corrosivo para los ecosistemas costeros marinos».
También se oponen a la cesión de más de 600.000 hectáreas «desconociendo» que son «propiedad territorial que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias» y alertan que el proyecto «va a generar puestos de trabajo solo al principio y dentor de 5 años».
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Ambiente organizó un encuentro de cara al próximo reporte de emisiones de gases de efectos invernadero

Fecha de Publicación: 21/05/2022
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Provincia/Región: Nacional


La jornada se realizó en el marco del proyecto “Cuarto Informe Bienal de Actualización de la República Argentina”, que cuenta con financiamiento del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF, por su sigla en inglés) y se desarrolla junto al Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, a través de la secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación, Cecilia Nicolini, llevó a cabo un encuentro que buscó coordinar criterios de mejora en los sistemas de información y monitoreo para la elaboración del próximo Informe Bienal de Actualización de la República Argentina (BUR, por su sigla en inglés).
Durante la apertura, Nicolini expresó: “Es muy grato participar hoy en este encuentro, que da cuenta del trabajo que se viene haciendo hace mucho tiempo y refleja, también, la importancia de la agenda ambiental y climática en el desarrollo de nuestras políticas públicas”.
Además, Nicolini destacó los esfuerzos que se vienen llevando a cabo para dar respuesta a las urgencias de la crisis climática y mencionó: “Las políticas climáticas expresan un proceso de debate y consenso sobre el modelo de desarrollo sostenible que queremos de acá a 20 o 30 años. Estas políticas de Estado se manifiestan no solamente en los compromisos internacionales que hemos asumido, sino también, a través de diferentes leyes que estamos impulsando y trabajando en el territorio nacional, como la Ley de Educación Ambiental Integral y la Ley Yolanda”.
Nicolini también hizo referencia al trabajo que llevan a cabo desde la Secretaría que conduce y explicó: “Estamos trabajando con el equipo del GNCC en la elaboración del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, donde plasmamos las medidas que nos van a permitir cumplir los compromisos que asumimos en nuestra Contribución nacional, y también con la Estrategia a largo plazo para poder alcanzar la carbono neutralidad a 2050”.
“Es fundamental que todos estos instrumentos se puedan trabajar de manera abierta y participativa, y que podamos hacer una estimación de cuál va a ser el costo que vamos a tener que afrontar para cumplir con nuestra Contribución”, sumó la funcionaria.
“Un elemento clave de la planificación climática es el diagnóstico, y en ese sentido, la información que nos proporciona el BUR nos permite identificar cuáles son los caminos que queremos seguir, cuál es la situación actual, cuáles son los obstáculos y los desafíos que tenemos para cumplir con estas metas”, finalizó la secretaria.
“Todo lo que nos permita generar información sobre nuestras emisiones es fundamental y la actualización constante de esa herramienta también es muy importante para poder cumplir no solamente con nuestros compromisos internacionales, sino también hacia adentro, en estos programas y en los esfuerzos que llevamos adelante para profundizar la sostenibilidad ambiental”, culminó la secretaria.
Cabe mencionar que a través de la ley n.º 24295, la Argentina ratificó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y asumió una serie de obligaciones. Entre ellas, la de informar sus inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, los programas nacionales que contengan medidas para mitigar y facilitar la adecuada adaptación al cambio climático, como así también, cualquier otra información relevante para el logro del objetivo de la CMNUCC. De esta manera, nuestro país elevó el primer Informe Bienal de Actualización en el año 2015, el segundo en el año 2017 y el tercero en 2019.
Asimismo, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, elaboró y presentó el cuarto Informe Bienal de Actualización en diciembre de 2021.
También estuvieron presentes durante el encuentro por parte de la cartera ambiental nacional, la directora nacional de Cambio Climático de la cartera ambiental nacional, Florencia Mitchell, el director general de Proyectos con Financiamiento Externo y Cooperación Internacional, Martín Illescas; y la coordinadora del programa BUR 4, Eluney Deliens; por parte del Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la coordinadora del Programa de Ambiente y Desarrollo Sostenible, María Eugenia Di Paola, y la oficial de Programa, Carolina Robles.
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Primera manifestación antiminera tras la iniciativa de Malargüe

Fecha de Publicación: 21/05/2022
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza


Se hizo frente al Hyatt donde se está desarrollando un foro minero en el participan empresarios y funcionarios. Se oponen al proyecto de zonificación que reclama el intendente Juan Manuel Ojeda. Prometen nuevas movilizaciones contra ese pedido de excepción a la ley 7722.
Las asambleas por el Agua hicieron esta mañana su primera manifestación luego de que el intendente de Malargüe Juan Manuel Ojeda dijera públicamente que quiere que en su departamento sea habilitado para desarrollar la minería sin las excepciones previstas en la ley 7722. La movilización fue frente al Park Hyatt Mendoza donde hoy se inició el Foro Metalmecánica y Minería, hacia un desarrollo sostenible que está organizado por Asinmet (Asociación de Industriales Metalúrgicos), la CAMEM (Cámara de Empresarios Mineros de Mendoza y la CAC (Cámara Argentina de la Construcción).

"Las asambleas sabemos que el agua no se zonifica y que en todo el territorio mendocino no hay licencia social para la megaminería", advirtieron en un comunicado que se difundió esta mañana. En ese sentido, aseguraron que la iniciativa de Malargüe de hacer minería  puede afectar a toda Mendoza ya que consideran que los ríos,que podrían contaminarse por el uso de sustancias químicas en la actividad, no se cortan en un departamento sino que la provincia está compuesta por "cuencas hídricas" , es decir áreas comunes donde el agua drena en un punto común.
En el Foro de Metalmecánica no sólo disertaron empresarios mineros sino que también funcionarios como Emilio Guiñazú, a cargo del proyecto Potasio Río Colorado y el propio Ojeda.

Las asambleas prometen más manifestaciones en los próximos días y rememoran las movilizaciones de diciembre de 2019 donde, advierten "el pueblo mendocino ya dijo que el agua de Mendoza no se negocia".    
Desde el departamento del sur provincial se ha vuelto a poner sobre la mesa la discusión minera por el revés de Portezuelo del Viento. El intendente Juan Manuel Ojeda expresó su malestar por la falta de empleo que hay en el municipio y la apuesta que significaba para la comuna la concreción de la ansiada obra hidroeléctrica. Ante ese escenario, apuntó a la minería como el salvavidas que necesita el municipio.
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El país tendrá una planta 100% nacional de baterías de litio

Fecha de Publicación: 20/05/2022
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional


La primera planta nacional de desarrollo tecnológico de celdas y baterías de ion litio «entraría en funcionamiento antes de 2023», para lo cual ya fue encargado el equipamiento que deberá llegar en los próximos meses al país, para avanzar en el proyecto que desarrollan el Conicet, la empresa Y-TEC y la Universidad Nacional de La Plata, en cuyo predio se avanza en la construcción de la obra civil.
El presidente de esa universidad, Fernando Tauber, indicó que ya se concretó la compra del equipamiento que se espera que arribe al país durante el último cuatrimestre del año; a la vez que se trabaja en la posibilidad de garantizar el autoabastecimiento para las materias primas que insumirá la planta, que busca promover el desarrollo y utilización de energías limpias en la región.
Tauber realizó este anuncio en el Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas (Inifta), durante el lanzamiento del curso de formación para operarios de planta de producción de celdas de ion Li. Allí adelantó que, si se cumplen los plazos previstos para la entrega de los equipos, la fábrica entraría en funcionamiento antes de 2023.
La planta de desarrollo para la fabricación de celdas y baterías de ion litio estará emplazada en el Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica, ubicado en diagonal 113 entre 64 y 66, de La Plata, un predio que reúne viejos galpones de la ex Obras Sanitarias, y que la Universidad viene remodelando para concentrar distintas iniciativas tecnológicas y de producción.
Félix Requejo, director Científico de la planta y director del Inifta, explicó que «la planta constituye la primera experiencia de tecnología cien por ciento nacional para la fabricación de celdas de ion litio en Argentina».
«Hace tiempo se comenzaron a advertir anuncios sobre el desarrollo de diversas iniciativas para la fabricación de baterías de litio en el país orientadas a múltiples aplicaciones. En todos los casos, se trata del ensamblado de celdas importadas para la confección de esas baterías», detalló.
Requejo destacó que «este proyecto, en cambio, se enfoca en la fabricación misma de las celdas, escalando el «know how» alcanzado desde sus aspectos básicos -como la síntesis de los materiales activos empleados para los electrodos de las celdas- para instalar una tecnología propia para la fabricación de celdas. De esta manera se elimina la importación de las mismas para generar un producto de alto valor agregado donde interviene el recurso natural del litio».
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Vaca muerta: se detectan graves irregularidades en los residuos tóxicos del fracking

Fecha de Publicación: 20/05/2022
Fuente: tramas.ar
Provincia/Región: Neuquén


El allanamiento de la Fiscalía de Neuquen que reveló la escandalosa situación, fue solicitada en el marco de una causa judicial iniciada contra la empresa Comarsa

Comunicado de Prensa de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas

Por primera vez en el marco de la causa iniciada en diciembre de 2020, fue allanado el interior de las plantas donde están depositados los residuos petroleros de Vaca Muerta. El relevamiento in situ fue llevado adelante por la Fiscalía de Neuquén y se dio en el marco de la investigación penal iniciada por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas. La causa investiga el escandaloso negocio millonario de los basurales petroleros en Vaca Muerta, al denunciar penalmente a la empresa COMARSA por acumular residuos peligrosos en las dos plantas inspeccionadas: Neuquén y Añelo.
Enormes irregularidades fueron constatadas en dicho allanamiento, con flagrantes violaciones a lo que la ley penal en materia de residuos peligros, dentro de los que se encuentra la “basura petrolera”. Una clase especial de residuo clasificado como “peligroso” puesto  que contiene restos radiactivos y metales pesados. También se encontró suelo empetrolado, líquidos con aceite y líquidos con petróleo, cuyo origen no se encuentra registrado. La planta se encuentra, ya desde hace varios años, en su límite de capacidad de procesamiento, lo cual implica que los residuos provenientes del fracking no deberían ser nuevamente incorporados en esta cadena de procesamiento.
En el allanamiento participaron la Ingeniera Cecilia Bianco, del área tóxicos de Taller Ecologista y el investigador Martín Alvarez Mullaly, del Observatorio Petrolero Sur. Bianco es una de las autoras del informe “La Basura del Fracking en Vaca Muerta”, que sistematiza la evidencia que ratifica la entidad, gravedad y cantidad de conductas irregulares detalladas cometidas por la empresa COMARSA y sobre el cual brindó testimonio formal ante el organismo fiscal. Al concluir el allanamiento, enfatizó: “La ausencia de información es escandalosa, incluso en las actas de inspección que se hicieron en ambas plantas. El control de napas, sin pozos freatímetros, es tan solo uno de los múltiples residuos peligrosos que deben tener un seguimiento exhaustivo por ley.”
Por su parte, Rafael Colombo, letrado impulsor de la denuncia en representación  de la Asociación de Abogados/as Ambientalistas, tuvo oportunidad de volver a recorrer las inmediaciones de las plantas pertenecientes a la empresa Comarsa: “Presentamos la denuncia hace poco más de 12 meses y la situación no ha cambiado. La basura del Parque Industrial de Neuquén continúa expuesta a cielo abierto. Impresiona aún el descomunal volumen de residuos allí acumulados. También persiste el riesgo que recae sobre una comunidad de vecinos/as lindantes a la planta, no observándose presencia alguna del estado para prevenir potenciales daños sobre la salud de las familias que allí viven en condiciones de vulnerabilidad”.

La denuncia penal presentada en diciembre de 2020
El allanamiento fue requerido por la Fiscalía especializada en Delitos Ambientales del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Neuquén, en el marco de la investigación en curso que pesa sobre Comarsa, las corporaciones petroleras que operan en Vaca Muerta y los funcionarios públicos del estado provincial.
En diciembre de 2020, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas reveló el escandaloso negocio millonario de los basurales petroleros en Vaca Muerta, al denunciar penalmente a la empresa COMARSA por acumular residuos peligrosos en sus plantas de Neuquén y Añelo; a las compañías petroleras como YPF, Shell, Chevron, entre otras, por producir esos residuos en el marco de las perforaciones – fracking mediante – para extraer hidrocarburos no convencionales; y a los funcionarios públicos del gobierno provincial responsables.
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UPM-Botnia: Piaggio y Cabandié firmaron un acta de entendimiento para el monitoreo del aire

Fecha de Publicación: 20/05/2022
Fuente: Minicipalidad de Gualeguaychú
Provincia/Región: Entre Ríos


Esta tarde, en el ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación el intendente y el ministro acordaron avanzar en la puesta en funcionamiento de la estación de monitoreo continuo de calidad del aire
El intendente Dr. Esteban Martín Piaggio y el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, acompañado por Soledad Cantero, jefa de Gabinete del Ministerio, Sergio Federovisky, secretario de Control y Monitoreo Ambiental, y Jorge Etcharrán, subsecretario de Fiscalización y Recomposición firmaron un acta de entendimiento para articular acciones de monitoreo de calidad del aire.
De esta manera, se avanzará en la puesta en funcionamiento de la Estación de Monitoreo Continuo de Calidad del Aire en Gualeguaychú con equipamiento que cumpla con la normativa de referencia de la agencia estadounidense de Protección Ambiental. Cabe destacar que, se iniciará el proceso técnico y administrativo para la transferencia del dominio de los equipos al municipio.
El arreglo de los equipos para la puesta en marcha de la estación será financiado por el Ministerio de Ambiente nacional y las tareas de control del aire serán realizadas por el municipio, para lo que se contará con el trabajo de dos profesionales de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
“Quiero agradecer al gobierno nacional y en especial al ministro Cabandié y su equipo. Seguimos avanzando para poner en funcionamiento la Estación de Monitoreo Continuo de Calidad del Aire en la ciudad” afirmó el intendente “En poco tiempo con este acompañamiento vamos a poder saldar esta deuda histórica con nuestro pueblo  y sus luchas ambientales. Siempre nos encontrarán trabajando para cuidar el ambiente y la salud de cada vecina y vecino”.
En tanto que el ministro Juan Cabandié afirmó “Trabajamos de manera federal para fortalecer las políticas ambientales en todos los municipios del país”, y concluyó “desde el gobierno nacional vamos a invertir en el equipamiento necesario para que Gualeguaychú pueda monitorear el aire y conocer más cabalmente sobre la situación vigente”
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Un proyecto que pone en el mapa la basura de todo el país

Fecha de Publicación: 19/05/2022
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Nacional


"Mapa Trash" geolocaliza basurales, rellenos sanitarios y plantas de tratamiento, además de composteras comunitarias y centros de reciclaje. Lo presentaron en Rosario
 La basura es eso que "se saca" y no solo "se saca" de las casas a los contenedores, sino también de los límites de las ciudades. A los residuos se los manda desde siempre "afuera", si puede ser más allá de las ciudades que los producen, mejor. Terminar con esa invisibilización para repensar las políticas públicas sobre el destino de los desechos que las urbes producen, sobre todo en los grandes centros urbanos como Rosario, es uno de los objetivos de Mapa Trash, un proyecto que pone en el mapa de todo el país y geolocaliza basurales a cielo abierto, rellenos sanitarios y plantas de tratamiento de residuos sólidos urbanos, además de composteras comunitarias y cooperativas y centros de reciclaje. Aunque aún está en construcción, la iniciativa del sitio Escritura Crónica ya está accesible en línea y este lunes se presentó en Rosario.
"Trash. El camino de la basura" fue el primer documental interactivo sobre los residuos en la Argentina y de algún modo, la génesis del mapa que Agustina Grasso, periodista ambiental, realizadora e integrante de Escritura Crónica presentó en el Centro Cultural Roberto Fontanarrosa en el marco del ciclo de Ecología y junto al Taller Ecologista.
"Fue a partir de ahí que la gente empezó a preguntar qué pasaba con la basura en sus ciudades y se generaron inquietudes que nos llevaron hacer, a partir de la investigación para el documental que tiene diez años de trabajo, una herramienta como el mapa que intenta ser además una herramienta para las personas y las mismas van colaborando en su construcción a partir del envío de mucha información", contó Grasso a La Capital.

También una herramienta de presión
Si bien se trata de información de acceso público, hasta ahora no estaba construida una herramienta de mapeo de este tipo que concentre en detalle no solo de basurales a cielo abierto, rellenos sanitarios y plantas de tratamiento de residuos sólidos urbanos, sino además de los proyectos que buscan llevar soluciones al problema del tratamiento de los residuos, como son en muchas ciudades las composteras comunitarias y cooperativas y centros de reciclaje.
Grasso estimó que a nivel nacional son unos 200 "los basurales más problemáticos" y las imágenes satelitales muestran que la mayoría están cercanos a cauces de agua, rutas (tapan la visibilidad con las humaredas e implican un peligro vial) e incluso poblaciones.
"Hay una idea que es cultural y es la de llevar la basura lejos, pero eso además de los problemas que conlleva en sí mismos, genera una ignorancia ambiental que hace que la gente tenga grandes confusiones, como seguir pensando que la basura aún se quema", continuó.
Así, el mapa busca ser una herramienta informativa y un lugar donde se pueda encontrar soluciones y cambiar hábitos: además de los basurales se puntualizan las cooperativas de reciclado y los sitios donde funcionan composteras comunitarias.
Con todo eso, Mapa Trash no deja de ser en un elemento más que "permita empujar políticas públicas", indicó la periodista y agregó: "En materia ambiental la información no siempre es clara y solo desde la información y el dato duro, se puede ejercer ese tipo de presión".

La basura en el escenario local
Mirko Moskat es referente del Taller Ecologista y trabaja sobre la problemática de los residuos. En el caso de Rosario, afirma que los basurales a cielo abierto y rellenos sanitarios que existen en la región no escapan de las características de las de los centros urbanos del resto del país.
"El basural de Villa Gobernador que fue saneado y reconvertido, como se señala en el mapa, estaba a orillas del Saladillo; el de Pérez está atravesado por el Arroyo Ludueña y si bien el de Ricardone no está tan cerca de un curso de agua, tiene canales en los campos que lo rodean que terminan en el Canal Ibarlucea y de ahí en el Ludueña, con el riesgo que implica que los líquidos de estos lugares lleguen a los cursos de agua", explicó.
Pero además recalcó la histórica decisión de "sacar" de los límites de la ciudad la basura, "algo que además como en muchos lugares del país provoca lo que se llama injustica ambiental y es que otras poblaciones tienen que soportar el impacto de los residuos que no generan".
"En Rosario y la región la mayoría de los residuos producidos terminan en rellenos sanitarios y basurales, incluso desde hace 19 años Rosario envía casi todos sus residuos al relleno de Ricardone, una enorme montaña de basura", señalan desde el Taller Ecologista, volviendo a remarcar el fracaso de la ordenanza Basura Cero, sancionada en 2008.
"Hoy la ciudad entierra más que residuos que en aquel momento", recalcaron, señalando un escenario que incluso a nivel metropolitano es "desalentador" y así lo dejó asentado el Ente de Coordinación Metropolitana de Rosario (Ecom) en su último informe, donde deja remarcadas las limitaciones de las políticas de reciclaje que también aparecen en el mapeo nacional.
"Hay muy poco y muy concentrado en la periferia de la ciudad", señaló Moskat y agregó que "deberían poder pensarse en estrategias de tratamiento de residuos más descentralizadas y en toda la ciudad, en centros de clasificación y pequeñas plantas de composta, todo lo contrario a la lógica centralizadora de la gestión".
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La historia de la osa hormiguera que inició la reintroducción de especies en el Iberá

Fecha de Publicación: 19/05/2022
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes


Ivoty Porá fue la osa que más crias dejó en el Parque del Iberá. Hoy la Fundación Rewilding celebra 15 años de trabajo y compartió su historia.
La Fundación Rewilding Argentina que se ocupa de la reintroducción de especies en el Parque Nacional y Provincial Iberá contó este domingo la historia de Ivoty Porá, el oso hormiguero que inició el proceso hace 15 años.
El oso hormiguero fue el primer animal que reintrodujeron en el paraíso natural correntino en el año 2007.  "La reintroducción del oso hormiguero gigante allanó el camino para trabajar con otras especies",  aseguraron desde Rewilding.  El nombre de la primera osa hormiguera después de tantos años en el paraíso correntino es Yvoty Porá o flor linda en Guaraní.
"En el año 2005 teníamos que elegir una especie para comenzar el proyecto de reintroducción en el Iberá. Optamos por el oso hormiguero porque consideramos que era la especie más facil y menos conflictiva", explicó Ignacio Giménez Pérez, coordinador de Rewilding.
Según indica el profesional, los osos hormigueros fueron capaces de generar interesantes emociones para con los humanos. "Tienen la capacidad de generar empatía y abrir el corazón de los hormigueros", sostiene.
En ese sentido, en relación a Ivoty Porá, otro de los profesionales admite que la embajadora del proyecto fue ella. "Su historia comienza como la de tantos otros osos hormigueros del norte argentino. Siendo una osita huérfana producto del tráfico de fauna", comenta Gustavo Solis, Coordinador de Incorporación de Individuos de la fundación.
Según relató, se había criado en el patio de la casa de una familia en Palpalá, Jujuy. Por esa situación no era la mejor candidata para el proyecto."Pero decidimos darle una oportunidad. Por eso, nos devolvió el favor dejando la mayor trascendencia registrada en la historia del proyecto", destacó Solís.
Por otro lado, otra de las experiencias que relataron sus cuidadores es que no se dejó puesto el collar de ubicación y se lo quitaba constantemente. Yamil Di Blanco, investigador, relató que: "Una de las cosas más interesantes es que a los pocos meses de estar suelta se sacó el collar que nos permitía localizarla. Por suerte, era un animal criado con alimento artificial lo que nos facilitó el trabajo para encontrarla. Cuando la encontramos, volvió a sacarse el collar y continuamos el monitoreo solo con cámaras trampas".
El primer bebé de Ivoty Porá llegó meses después mientras Yamil recorría la zona en busca de unos osos."La vi con una cría en el lomo y no lo podía creer. Lo chequeamos con las cámaras y efectivamente, así trajo al mundo la especie reintroducida al Iberá",  relató con emoción.   En total tuvo 7 osos hormigueros en el Iberá y vivió hasta los 15 años.
"Hoy le rendimos especial homenaje a Yvoty porá, el primer ejemplar liberado en Iberá en el marco de estos proyectos, donde ya cientos de osos caminan libres en los 5 núcleos poblacionales de esta especie", resaltaron.

15 años de trabajo en Corrientes
Rewilding Argentina es una fundación creada para enfrentar y revertir la extinción de especies y la degradación ambiental resultante, para recuperar la funcionalidad de los ecosistemas y fomentando el bienestar de las comunidades locales.
Creada en el año 2010 por conservacionistas argentinos, Rewilding Argentina es heredera del legado de Tompkins Conservation. Trabaja de forma mancomunada con el Estado nacional y los gobiernos provinciales, organizaciones conservacionistas y sociales nacionales e internacionales y filántropos argentinos y extranjeros.
"Hace 15 años comenzó la intrépida hazaña de devolverle al Iberá parte de las especies que le fueron extirpadas. En el camino se sumaron numerosos aliados en Corrientes y en el mundo, mientras se formó un equipo proactivo con una meta clara y ambiciosa: ayudar a revertir la crisis de extinción a través del rewilding", contaron desde la fundación internacional en sus redes sociales.
"Hoy el Proyecto Iberá se consolida como el mayor proyecto de reintroducción de especies de América, con 9 especies que están volviendo al Gran Parque Iberá a través del rewilding", sostuvieron.
"Desde un principio no fue solo un proyecto de reintroducción de especies, sino también de creación de áreas protegidas y de desarrollo local, planteado de una forma en la cual se beneficien también las comunidades locales aledañas a los esteros a través de actividades económicas relacionadas con el turismo de naturaleza", cerraron.
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Minería: sin licencia social no habrá paz social

Fecha de Publicación: 19/05/2022
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional


Dos episodios de la semana pasada muestran la necesidad de avanzar en un mecanismo que garantice la consulta a las comunidades en cuestiones ambientales, tal como lo establece el Acuerdo de Escazú.
El lunes 2 de mayo se realizó en la ciudad de Buenos Aires la primera Mesa Nacional sobre Minería Abierta a la Comunidad (Memac), promocionada por el Gobierno como “un espacio para el diálogo público, constructivo y federal sobre minería”.
Al otro día, el martes 3 de mayo, la Policía de Catamarca reprimió a asambleístas reunidos en Choya, en la localidad de Andalgalá. Hubo varias personas heridas trasladadas al hospital zonal y una vecina manifestante fue detenida (Karina Orquera) y liberada al día siguiente.
La minería es una de las actividades que mayor controversia genera en todo el continente. Tanto que encabeza el ranking continental de conflictividad socioambiental en América Latina y el Caribe, con 324 conflictos, casi el 35 por ciento de un total de 937 relevados (datos de diciembre de 2020). Los riesgos ambientales y la distribución de beneficios y perjuicios son parte de las denuncias de organizaciones especializadas y movilizan a las comunidades afectadas.
En muchas ocasiones los conflictos se producen tras la instalación del emprendimiento, ante hechos consumados, que quienes impulsaban la empresa, o sus expertos consultores, negaban enfáticamente que pudieran ocurrir. Es el caso del derrame de cianuro en Veladero, en la provincia de San Juan, que sacudió a la Argentina en 2015 y se ha convertido en emblemático.
La experiencia de la consulta. En la Argentina son numerosas las situaciones de conflicto socioambiental producidas por la megaminería, y las comunidades de distintos puntos del país -así como las organizaciones ambientales- acreditan una larga experiencia que se enriquece con cada nuevo conflicto. No obstante, desde los referendos de Esquel (hace casi veinte años) y de Loncopué (del que se cumplirán diez años el próximo 3 de junio), el poder político y los sectores empresariales no parecen haber aprendido demasiado.
En esos dos casos, la movilización social logró arrancar a los poderes públicos un proceso virtuoso de “licencia social”. ¿Por qué digo “virtuoso”? Porque el reclamo vecinal logró que se llevara adelante un mecanismo secuencial que proporciona los rasgos fundamentales de un proceso de licencia social:
- primero, la disposición de toda la información al alcance de la ciudadanía posiblemente afectada;
- segundo, la deliberación de la ciudadanía con participación de técnicos, científicos, juristas y demás personas expertas para esclarecer las diferentes posiciones confrontadas;
- tercero, tras un plazo razonable, una consulta popular o referéndum, para que la ciudadanía se exprese por “sí” o por “no” respecto del emprendimiento;
- cuarto, el poder político debe convalidar la decisión ciudadana y actuar en consecuencia.
En ambos casos la población rechazó los proyectos mineros por mayorías abrumadoras. En Esquel, con el 81 por ciento y en Loncopué, con el 82 por ciento de los votos. Algo parecido ha ocurrido con procesos similares en todo el continente: en los últimos veinte años se realizaron cerca de cien consultas populares sobre minería metálica en diferentes países de América Latina. Todas dijeron “no”. Todas. Los emprendimientos mineros no han ganado una sola. Esa es la razón por la que los poderes reales no quieren “licencia social”: cuando deben explicar a las comunidades con sencillez lo que quieren hacer, parece que no hay modo de convencerlas. Aun en condiciones socioeconómicas complicadas (como Esquel por aquellos años) las poblaciones no se muestran proclives a permitir el avance de proyectos que amenazan con la destrucción del ambiente.
Hechos consumados. Sin embargo, pese a los tratados internacionales que el país ha firmado en el medio, los poderes políticos de la Argentina no han hecho nada por convertir esos compromisos en normas jurídicas. Al contrario: la política sigue siendo la de hechos consumados. Por eso los conflictos continúan, y lo seguirán haciendo.
El más reciente tuvo como epicentro (todavía irresuelto) la provincia de Chubut, que se vio sacudida por el cambio de rumbo de un gobernador que en campaña se oponía a la “minería contaminante” y ya en funciones cambió brutalmente su posición para impulsar un proyecto que generó rechazo en sectores sociales, ambientales y académicos.
Pero lo que ocurrió la semana pasada fue de alto simbolismo: apenas un día después de lanzar las “Memac” en la ciudad de Buenos Aires, presentadas como “encuentros federales en donde todos los actores involucrados en la minería pueden debatir en base a información fidedigna” (y cuyo objetivo declamado es “potenciar una minería que cuida el ambiente, genera puestos de trabajo, mejora las comunidades donde se inserta y es clave para el desarrollo productivo nacional”), en Catamarca fueron reprimidas y encarceladas por unas horas personas que se oponen a la minería y cuyas voces no son incluidas en ninguna de esas mesas.
Fue en Andalgalá, donde asambleístas de la comuna de Choya -que tiene menos de 500 habitantes- denunciaron que fueron víctimas de una represión policial destinada a desalojarlos cuando protestaban e impedían el paso de camiones con maquinaria y combustible para el proyecto minero de exploración de la empresa Agua-Rica.
Preguntas y respuestas. ¿Esas mesas –las Memac– pueden ser el mecanismo que explore un diálogo social que apunte a una minería sustentable? La respuesta es negativa. Las mesas impulsadas por el gobierno (al menos la del lanzamiento, lo cual es ilustrativo del espíritu que las anima) no prevén la presencia de personas expertas del lado “crítico” de la experticia, es decir aquellas que fundamentan por qué la minería no puede ser sustentable. Tampoco incluyen a las comunidades que se verían afectadas al ser en sus territorios donde se llevarán a cabo los proyectos anunciados.
Tal es el llamativo diálogo que proponen, al que (más llamativamente) califican como “federal”, término remarcado en dos ocasiones. Pero ¿cómo se puede hablar de “diálogo federal” y no incluir a las comunidades que recibirán el impacto de los emprendimientos que se impulsan? ¿En qué pensarán las autoridades del Ministerio de Desarrollo Productivo cuando usan la palabra “federal” en este contexto, cuando ni siquiera se les ocurre que las comunidades deberían formar parte de ese diálogo?  
En cambio, sí invitaron a participar a un par de organizaciones ambientales. Para muchos sectores del movimiento ambiental fue una sorpresa desagradable encontrar sentadas allí a dos organizaciones como Eco House y Jóvenes por el Clima, agrupaciones juveniles con una trayectoria de lucha destacada y valiosa, y con posiciones definidas en contra de la megaminería.
Miradas contrapuestas. Ambas organizaciones comenzaron a recibir durísimas críticas (algunas de ellas muy injustas) por haber sido parte del lanzamiento de las Memac. Y cuando un día después llegó la noticia de la represión en Catamarca (primero por Whatsapp y redes sociales, y luego con algún módico impacto nacional) las dos entidades juveniles salieron públicamente a difundir su postura en una suerte de doloroso descargo.
Es que el movimiento ambiental, como cualquier otro campo de actividad humana, no es homogéneo: conviven en él matices y posiciones contrapuestas, y a veces las discusiones son duras y afiladas. También en el ambientalismo se observa con frecuencia la conducta que caracteriza a sectarismos de otros ámbitos: a la primera divergencia se cancela, o se condena “ad hominem”. Desde “traidores”, “alcahuetes” y “colaboracionistas” hasta “ingenuos”, les dijeron de todo.
Jóvenes por el Clima emitió un comunicado titulado “Dijeron diálogo, eligieron represión”. Allí explicaron que asistieron a la Mesa porque “creemos fundamental avanzar en la construcción de políticas activas que integren los reclamos de la sociedad civil, la juventud y las comunidades afectadas por la actividad minera”. Pero aclararon que esa tarea “está muy lejos de ser una realidad”. Algo similar dijo Eco House en sus redes.
También se quejaron de que las coberturas de los medios no reflejaron sus exposiciones, en las que marcaron “la inconsistencia en la constitución de la mesa, que jamás será posible sin esas voces” (las de las comunidades afectadas). Tienen razón: la difusión del encuentro reveló la intención de utilizarlos como una presencia legitimadora, al no hacer referencia a las exposiciones de las dos organizaciones juveniles, lo que significó nafta al fuego de las diferencias internas en el campo ambiental.
Para despejar dudas, Jóvenes por el Clima remarcó que “un día después del evento, el pueblo de Andalgalá recibe garrotes policiales y violencia institucional como respuesta a sus reclamos”. Y apuntaron hacia el ministro: “Matías Kulfas publicó una foto reivindicando al responsable de la represión en Catamarca burlándose de las comunidades abiertamente”.
Quizás hubo ingenuidad en las organizaciones juveniles al asistir o en su demora en difundir el discurso con el que participaron del diálogo: ambas dejaron claro allí mismo que no estaban en representación de las comunidades, que estas debían ser incluidas en las mesas de diálogo, y expresaron su rechazo a la megaminería.
¿Qué dice el Acuerdo de Escazú? Un detalle que es preciso enfatizar: iniciativas como la Mesa impulsada por el ministro Kulfas -y avalada por el Ministerio de Ambiente- desoyen el Acuerdo de Escazú, que fue ratificado por el Congreso de la Argentina a fines de 2020.
Ese Acuerdo (cuyo nombre formal es “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”) establece en su artículo 7° “el derecho de la ciudadanía a participar en la toma de decisiones ambientales cuando existan acciones que puedan tener un impacto sobre el medio ambiente o la salud de la población”. Ese artículo consta de 17 incisos con un nivel de detalle inédito acerca de las formas en que se debe garantizar esa participación, ya sea a través de “consulta o audiencia pública”.
Adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018, es el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe y fue firmado por 24 de los 33 países de la región. Y como desde la reforma constitucional de 1994 los acuerdos en materia de derechos humanos que la Argentina firma tienen jerarquía constitucional, el de Escazú tiene la misma validez que cualquier otra disposición de la Constitución Nacional.
En otras palabras, cada proyecto minero (o de cualquier otro tipo que pueda tener “impacto en el ambiente o la salud de la población”) que no consulte a la comunidad potencialmente afectada, es inconstitucional. Y no hay mesa de diálogo (amplia o no, sincera o no) que pueda reemplazar ese derecho ni disimular esa violación a la máxima ley argentina. Va siendo hora de entenderlo, de enterarse, de empezar a exigirlo.
Ese principio (la obligación de consultar a las comunidades que se puedan ver afectadas) se llama “licencia social”. Y mientras no haya licencia social, como dicen las banderas ambientales desde hace años, no habrá paz social. En minería, o en cualquier otro asunto que involucre el ambiente o la salud de las comunidades.


Por Américo Schvartzman
Licenciado en Filosofía y periodista. Integra la cooperativa periodística y cultural El Miércoles, de Entre Ríos.
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Actualizan las multas por contaminación ambiental

Fecha de Publicación: 18/05/2022
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible anunció la actualización de los montos de las multas a establecimientos que contaminan cursos de agua o provocan perjuicios a las instalaciones cloacales que rondarán entre los 100 mil hasta el millón de pesos.
La directora de Infracciones Ambientales, Paula Rosana Villani, desde la Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental, a cargo de Sergio Federovisky, impulsó la creación de la unidad fija (UF) como medida para la determinación de las infracciones que se cometan en violación de la Ley 13.577, cuyo valor será equivalente al de la unidad retributiva al Sistema Nacional del Empleado Público (SINEP), que desde abril de 2022 asciende a la suma de $104 cada unidad.
De este modo, y mediante el decreto 241/22, publicado el 6 de mayo pasado, se determinaron los montos mínimos, “graduadas de acuerdo a la peligrosidad y cantidad del vertido”, precisó el Ministerio.
En este marco normativo, los establecimientos que “descarguen vertidos sin autorización o que no se registren ante la cartera ambiental a los fines de su empadronamiento serán pasibles de una multa mínima de 10.000 UF”, lo que en la actualidad equivale a 1.040.000 pesos.
Por su parte, aquellos que efectúen vertidos no tolerados podrán recibir una “multa mínima de 2.000 UF” y los establecimientos que descarguen vertidos de “cualquier actividad directa o indirectamente en la vía pública y napas freáticas serán pasibles de una multa mínima de 3.500 UF”.
En tanto, aquellas empresas que “omitan presentar en término la declaración jurada anual podrán recibir una sanción mínima de 1.000 UF --104.000 pesos- -y los que incurran en omisión o falsedad de datos en la misma, de modo tal que esto oculte la existencia de actividad contaminante, serán pasibles de una multa de 2.500 UF”.
Esta iniciativa busca que la multa mantenga su carácter disuasivo en el transcurso del tiempo y genere un mecanismo de actualización automática de los montos con el objetivo de evitar el impacto ambiental asociado a la contaminación hídrica en todas sus etapas.
El documento oficial publicado por el Boletín Oficial argumenta que “los importes de las multas en cuestión han quedado desactualizados y obsoletos y perdieron su facultad punitiva en relación con el daño causado” ya que la última actualización databa del año 1992 y establecía multas máximas de $ 50.000 para las personas humanas o jurídicas que no cumplieran con las obligaciones establecidas y de $100.000 para el caso de los establecimientos industriales.
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La provincia tendrá un juzgado medioambiental

Fecha de Publicación: 18/05/2022
Fuente: El Territorio
Provincia/Región: Misiones


La ley creará un juzgado con asiento en Posadas que ejercerá jurisdicción en toda la provincia. Tendrá además dos secretarías y una fiscalía para impulsar las causas
La provincia de Misiones continúa marcando la agenda en materia ambiental y el trabajo legislativo también se perfila en ese sentido.
Así como el último jueves se aprobó la ley provincial de humedales (una cuenta pendiente aún a nivel nacional) hay más proyectos en carpeta respecto del cuidado del ambiente, algunas a pasos de convertirse en ley. La creación de un fuero ambiental provincial es uno de ellos.
La iniciativa es una unión de diferentes proyectos de los diversos bloques que conforman la Cámara de Representantes provincial y obtuvo dictamen con voto unánime en la última reunión de la comisión de Legislación General, Justicia y Comunicaciones del año pasado.
La implementación de este tipo de juzgados será un antes y un después en la resolución de conflictos que tienen como eje los recursos naturales de la provincia de Misiones.
Al respecto, la presidente de la referida comisión, Anazul Centeno, explicó a El Territorio que “con esta iniciativa se crea un juzgado con competencia ambiental, localizado en la primera circunscripción, en la localidad de Posadas. Pero la particularidad es que se va a crear el juzgado con dos secretarías letradas y con una fiscalía con competencia específica”.
“Es un primer paso, porque es la primera vez que vamos a inaugurar el fuero ambiental en nuestra provincia. El dictamen ya salió y está a la espera de ser ingresado al plan de labor para pasar a la votación y ser una ley”, puntualizó.
Seguidamente, sostuvo que el dictamen se sustenta en múltiples  iniciativas de diputados (incluso algunos de ellos con mandato cumplido) de diferentes partidos y bloques que integran la Cámara de Representantes.
“Al momento del tratamiento de comisión, que llevó varios meses de estudio, fue muy debatido y buscado. Por eso, al momento de la votación del dictamen en comisión fue muy festejado, en los términos de que todos los arcos políticos que integran la Cámara estábamos de acuerdo en que era una necesidad y un paso casi obligatorio para que lo dé nuestra provincia”, resaltó la legisladora.
Al tiempo que enfatizó: “Siendo Misiones una provincia que alberga el 52 por ciento de la biodiversidad y teniendo el territorio que tenemos con bosques, montes y especies nativas es necesario crear un fuero especializado con competencia específica para dar respuesta de manera inmediata desde la Justicia a acciones que generan un daño o menoscabo en nuestro ambiente”.
Ponderó por ello la creación de la fiscalía, ya que permitirá al fiscal actuar de manera inmediata y promover la acción.
Cabe aclarar que este juzgado va a entender en todo lo que tenga que ver con materia ambiental, excepto en la competencia penal, que le corresponde a la justicia del fuero penal.

La normativa
El dictamen de comisión de legislación que será analizado y votado en sesión próximamente está conformado por diferentes expedientes, algunos de ellos de diputados que ya terminaron mandato (MC, mandatos cumplidos). Entre los proyectos en unión se trabajó con las iniciativas presentadas por los legisladores Hugo Escalada (MC), Carlos Rovira, Roque Gervasoni (MC), como así también con el proyecto conjunto de Silvana  Giménez (MC) y Juan Pablo Ramírez (MC); y otro que había sido presentado por los diputados Gustavo González (MC), Jorge Lacour, Anita Minder (MC), Ariel Pianesi y Roxana Velázquez Larraburu.
Ya en el primer artículo del dictamen se determina la creación de un juzgado con competencia en materia ambiental, con dos secretarías letradas y una fiscalía con competencia en materia ambiental.
Al momento de la votación del dictamen en comisión fue muy festejado, todos los arcos políticos de la Cámara estábamos de acuerdo en que era una necesidad”. Anazul Centeno Diputada provincial
Se aclaró que aunque el juzgado tendrá asiento en Posadas, ejercerá jurisdicción en toda la provincia.
De la misma manera, se especifica en la normativa que el juzgado entenderá en “toda acción derivada del ejercicio de defensa del ambiente, ante cualquier hecho u omisión, ilegal o arbitrario que afecte, lesione, restrinja, altere, amenace o disminuya los recursos naturales, el equilibrio de sus ecosistemas y los bienes o valores colectivos, de manera actual o inminente y sin limitación de cuantía”.
Además, tendrá competencia “en los procesos cautelares ambientales; en los juicios ordinarios por reparación o remediación de daño ambiental, incluida la faz resarcitoria privada; en todos los demás procesos judiciales de naturaleza ambiental o regidos por legislación específica vinculada al ambiente”.

La fiscalía
Una de las figuras más importantes de esta iniciativa tiene que ver con el fiscal, que será el encargado de promover las acciones referidas a la defensa del ambiente.
De acuerdo al dictamen de comisión, el fiscal tendrá a su cargo las funciones de “promover y ejercer la tutela jurisdiccional del ambiente ante el juzgado con competencia en materia ambiental; solicitar informes, realizar presentaciones o peticiones administrativas para tutelar el ambiente ante organismos nacionales, provinciales o municipales; además de recibir denuncias y efectuar las derivaciones pertinentes, dentro del Ministerio Público y a otros entes e instituciones”.
Asimismo, deberá coordinar acciones con las distintas dependencias judiciales y administrativas provinciales, teniendo facultades para requerir la colaboración de instituciones nacionales e internacionales especializadas en materia ambiental; celebrar acuerdos de conciliación sobre cuestiones ambientales, siempre que resulte adecuado a las circunstancias del caso o gravedad del daño; y concurrir a las audiencias públicas que se llevan a cabo sobre cuestiones ambientales.
Es importante señalar, en tanto, que los procesos de conocimiento y cautelares ambientales se tramitarán conforme las normas establecidas en la Ley XII – N.º 27 Código Procesal Civil, Comercial, de Familia y Violencia Familiar de la Provincia de Misiones y en observancia a las normas de carácter procedimental contenidas en la legislación ambiental local y en las leyes nacionales de presupuestos mínimos ambientales.  
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El proyecto secreto del intendente Ojeda para saltearse la 7.722 ya movilizó a los ambientalistas  

Fecha de Publicación: 18/05/2022
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Mendoza


Las asambleas preparan su respuesta si la norma llega a la Legislatura. Ocupan la atención un vínculo con funcionarios nacionales que fue clave, el debate por la presunta inconstitucionalidad de zonificar Mendoza y por qué La Pampa podría frenarlo todo, como hizo con Portezuelo
El intendente Juan Manuel Ojeda prepara un proyecto de ley que exima a Malargüe de cumplir con la 7.722. Intenta darle aire a las empresas que buscan explotar los recursos de su departamento y guarda con llamativo recelo los pormenores de la norma. Hay preocupación porque los ambientalistas vayan a la Justicia y también porque el intento frene propuestas ya avanzadas, como San Jorge. Además, se desató una guerra de encuestas para demostrar quién tiene la tan declamada licencia social.
Funcionarios de Rodolfo Suarez juran que no lo conocen y algunos de sus propios asesores en el Sur dicen que lo tiene bajo “siete llaves”. Un alto perfil técnico de Casa de Gobierno, y muy conocedor de la materia, afirmó haberse enterado por los medios tras su discurso en el Día de la Minería. Para propios y extraños, el proyecto de Ojeda es un misterio. Lo que aumenta el interés a su alrededor.

Pedirá la zonificación
Se trata de excluir a todo el territorio de Malargüe de los alcances de la ley ambiental sancionada en 2007 y pasar a una nueva era de la actividad. Para elaborarlo, el intendente se contactó con especialistas de Buenos Aires e incluso tiene el apoyo de algunos funcionarios del Gobierno Nacional.
Es más: a mediados de abril, según contaron a este diario, Ojeda mantuvo una videollamada con el ministro Matías Kulfas y la secretaria de Minería de la Nación Fernanda Ávila. Junto al intendente habrían estado su mano derecha Raúl Guevara y algunos empresarios. Afirman que le prometieron fondos de estímulo no retornables, pero para proyectos de primera y segunda categoría: mármol, granito, etcétera. Nada de lo que está prohibido.
Ese vínculo con Buenos Aires está bien encaminado y es determinante para el proyecto. Ése del cual no cuentan demasiado, incluso en jornadas como las de ADN minero de este sábado, donde el jefe comunal tampoco brindó los pormenores del texto. En el medio, interesados en yacimientos como San Jorge (cobre y oro) o Paramillos (plomo, plata y zinc) se preguntan si una zonificación no sepultará para siempre a todo lo que no esté en Malargüe. Y lo plantean.

Sumar otras propuestas y sensibilizar a Mendoza
Algunos privados le sugieren tomar normas anteriores, como una presentada por Alejandro Abraham en 2019, que proponía controles de ONG ambientalistas, y también de Naciones Unidas a través de la oficina especial UNOPS (United Nations Office for Project Services). Algo muy similar a lo que firmó José Luis Gioja para Veladero, Pascua Lama y otros dos yacimientos hace exactamente ocho años, en mayo de 2014.
Una fuente de Casa de Gobierno (que tampoco ha visto el proyecto) aseguró que lo ven “lógico”, pero que no le tienen fe a su aprobación en la Legislatura. El miedo por lo ocurrido en 2019 y el recuerdo de hace meses en Chubut -donde “ambientalistas” quemaron su propio edificio de Gobierno por una ley similar- todavía están muy frescos en la memoria.
Ahí entra el aspecto complementario de la ley: comunicación. Lo ven como una carencia y por eso arman actividades para revertirlo. Entre otras cosas, viajes para que chicos de la escuela minera diserten en el Gran Mendoza y constantes foros de la actividad que se van sucediendo. Este sábado hubo un encuentro en el Sur y el martes habrá otro sobre metalmecánica y minería en el Hyatt, al que vendrá el funcionario nacional Feranando Ciacera.
 Ojeda ya anunció que de ser necesario “levantará” al pueblo de Malargüe. Tiene el apoyo de distintas cámaras y organizaciones vecinales. En julio, su proyecto debería ingresar al recinto para tratar –una vez más- de tener minería en Mendoza. Tiene diversos avales, asegura haberlo trabajado por meses y los tiempos parecen haber cambiado, pero igual hay riesgos.

Los peligros de la Justicia y el día después
Incluso entre quienes asesoraron a Ojeda, ven un dejo de inconstitucionalidad en la norma que comenzó a gestarse. Puntualmente porque los recursos no son de las comunas, sino de las provincias (artículo 124 de la Constitución Nacional) y entienden que cualquier utilización de ellos por parte de un municipio debería estar aprobada por los otros 17 y/o por el Gobierno.
Ahí hay un primer escollo. Sentaría un precedente complejo y abriría la puerta a reclamos de departamentos antimineros. Hace algunos días se lo plantearon al intendente, con el pedido expreso de que la norma blindara a los proyectos de las medidas precautorias que pudieran surgir. “Nadie se planteó el día después. ¿Qué pasa si sale la ley? ¿Cómo van a responder las facciones críticas?, anticipan.
Según reconstruyó este diario, los privados le temen más a la acción de un juez (que, con los tiempos de la Justicia en Argentina, podría congelar un proyecto minero por años) que a los reclamos de la gente en la calle, como pasó en 2019. Incluso, empresarios le advirtieron al ejecutivo comunal que, si el reclamo va por la inconstitucionalidad, ni siquiera un plebiscito -idea que Ojeda tiene en la cabeza- podría salvar la minería en el departamento.
Pero no será necesariamente así. Si es aprobada por la Legislatura, algunos juristas ven posible que la zonificación se mantenga, aun ante el asedio de ONG ambientalistas. Es el caso de Alejandro Pérez Hualde, por ejemplo. El ex ministro de la Suprema Corte cree que la política sí tiene las herramientas para establecer –y mantener- excepciones a la ley.
“A esa zonificación no la veo inconstitucional. Todas las reglamentaciones buscan no poner en el mismo sitio a intereses que son distintos. Una cosa es minería en Gualtallary, con uvas de competición en el primer mundo, y otra es hacerlo en Pampa Palauco, donde no hay más que petróleo. No puede existir una misma respuesta para una zona productora que para una desértica. Pero esas categorías deben provenir del consenso, no prefijadas por laboratorio”, dijo ante nuestra consulta. O sea, hay una puerta abierta, que no es poco.

Los planteos que se vienen
Los sectores ambientalistas empezaron a moverse. El clamor minero que se respira en Mendoza desde 2021, reactivado tras el freno a Portezuelo del Viento (fue como una palanca que impulsó a Malargüe a retomar la carga) se tornó uno de los temas centrales en las asambleas. Ya tienen los argumentos con los que podrían acudir a la Legislatura y a los juzgados.
Uno es el principio de no regresividad de la norma. La Ley General de Ambiente (25.675), establece que los objetivos de cuidado deben ser logrados de forma gradual y nunca pueden “proteger menos que en instancias anteriores”, según interpretan los detractores de la minería. En ese aspecto, validado por tratados internacionales como el de Escazú, Costa Rica (2018), basarán gran parte de su defensa a la 7.722
Pero en la opinión pública también se libra esta batalla. En redes sociales, los autoconvocados volvieron a insistir con fundamentos ya empleados cuando Suarez quiso echar a andar la ley 9.209: por ejemplo, el nivel –bajo, según entienden- de dinero que representa la actividad para las provincias que sí la han habilitado. Uno de los ejemplos lo ponen en Catamarca: comparten cálculos donde se devela que las regalías mineras sólo representaron el 0,6% del último presupuesto provincial.
Es cierto: el plan de gastos para la administración del gobernador Jalil es de $201.512.946.139 en 2022, mientras que las estimaciones de su propio Ministerio de Minería publicaron ingresos por $1.030.800.412 en el período 2020-2021. La respuesta es que no alcanza siquiera a ser el 0.6%. Quizás sería más correcto compararlo con el presupuesto del 2021 (poco más que la mitad del actual). En ese caso, la cuenta dice que los recursos mineros son el 0,93% del gasto.
Pero hay un planteo más. El secretario de Recursos Hídricos pampeano Néstor Lastiri ya avisó que daría curso al Coirco y a la Justicia si Malargüe avanzaba en sus intenciones mineras. Como si fuera un “déjà vu” de Portezuelo, el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado podría plantar bandera y volver a frenarlo todo, porque el agua de Malargüe no es sólo de Mendoza –entienden-, sino de toda la cuenca.
¿Posible salida al conflicto? Un estudio de impacto ambiental.
Aunque se agarren la cabeza los malargüinos.

Por qué podría perjudicar a San Jorge
Aparece otro de los peligros de la zonificación. Empresarios del sector creen que el intento va a generar la respuesta inmediata del sector antiminero , y que eso va a redundar en un golpe fatal a los proyectos que sí tendrían asegurado su avance, ya que ni siquiera infringen el marco jurídico actual. Concretamente, se refieren al proyecto San Jorge, en Uspallata; del cual aseguran tener un guiño favorable desde el gabinete suarista.
“El Gobierno prometió que, en uno o dos meses, la Declaración de Impacto Ambiental de San Jorge va a la Legislatura. Si lo que hacen en el Sur hace volar todo por los aires, las bancas le van a bajar el pulgar. Tenemos miedo de que la propuesta caldee los ánimos y volvamos para atrás”, dijo un empresario que solicitó quedar en off. “Si eso pasa, vamos a haber laburado 10 años para nada”.
Según contaron a UNO, el documento que debe ir al Legislativo para habilitar la explotación está casi listo. El tratamiento del mineral no usaría sustancias prohibidas ya que emplea el método de flotación y, a priori, hasta un férreo defensor de la 7722 como el diputado Jorge Difonso, podría votar a favor de ese expediente.
Diario UNO buscó al legislador, quien anticipó que, por supuesto, debería ver esa declaración primero, pero que no tendría problemas si el proyecto se encuadrara en la ley. “Dentro de la 7722, todo. Fuera de la 7722, nada. Ni un departamento, ni ninguna región”, contestó. “Igual es increíble discutir esto con la sequía que hay. Me desespera que no veamos cómo nos estamos quedando sin agua”.

Plebiscito y licencia social
Por último, Ojeda piensa en un plebiscito que zanje de una vez por todas la discusión sobre la licencia social para hacer minería. A Suarez le consultaron esta semana por esa posibilidad y respondió que “en Malargüe, saldría 100 a 0” (a favor de la explotación). Antes de escucharlo, sectores ambientalistas ya trabajaban en una campaña que podría contradecir sus dichos.
Están haciendo encuestas telefónicas. No es la primera vez que buscan cuantificar el rechazo o la aceptación a la minería, pero ahora las han focalizado en Malargüe, justamente donde está el quid de la discusión actual. La pregunta más concreta es la siguiente:
“¿Si pudiera obtener dinero de otra fuente, que no sea la megaminería, lo preferiría?”
Es claro. Entienden que la situación económica lleva a inclinarse por más desarrollo económico y que, en ese contexto, la gente irá contra las leyes que frenan actividades. Por eso el cuestionario sugiere entender la necesidad, pero ofreciendo solucionarla por otro lado. Antes de lo ocurrido en 2019, una consultora porteña se acercó a los ambientalistas de Oikos y ofreció mediciones. Según sus miembros, hasta en el Sur había un 40% de rechazo a la minería metalífera. Podrían volver a trabajar juntos.
Otra consultora de Mendoza aportó sus datos. Durante la campaña a gobernador de Suarez, midieron el apoyo de los mendocinos a la actividad, ya que era parte de su discurso político. Arrojó casi un 60% de respaldo, pero cuando se desataron las manifestaciones en las calles y en los medios de comunicación, “la gente se dio vuelta como una media, y ese aval bajó casi a la mitad. Después, volvió a subir”, contaron.
La batalla por demostrar quién tiene la licencia social no termina ahí. La intención de los malargüinos es movilizarse en caravanas al Gran Mendoza para concientizar sobre las bondades y ganancias que ofrece el sector. Sondean la posibilidad de llevar a alumnos y especialistas e, incluso, pensaron en plotear un colectivo para hacer más visible el mensaje. “Pero tenemos miedo de que los hagan mierda en el Valle de Uco”, aportó uno de los involucrados. “Por las dudas, creo que sólo vamos a hacer banderas”.
La política tiene ante sí tres grandes frentes: fortalecer las chances de recuperar la actividad con un proyecto sólido; sensibilizar a más de un millón de personas para ganarse su confianza en que habrá controles reales y concretos; y proponer un debate respetuoso con los sectores ambientalistas, que de buena fe, sólo defienden derechos a los que entienden vulnerados.
Todo eso lo tiene que hacer, casi en soledad, un intendente.
Por ahora son sólo él y ese proyecto al que guarda bajo siete llaves.
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La Legislatura aprobó la nueva ley de humedales

Fecha de Publicación: 17/05/2022
Fuente: El Territorio
Provincia/Región: Misiones


Con voto unánime, los legisladores dieron el visto bueno a la iniciativa que brindará un marco legal y clasificación. También se aprobaron normas en salud y producción
En la sesión de la Cámara de Representantes de Misiones, los legisladores aprobaron ayer por unanimidad la implementación de la ley provincial de humedales.
La medida viene a suplir la ausencia de una ley nacional que regule el cuidado de estos ambientes. Desde el año pasado se instaló con fuerza la discusión en el orden nacional sobre la necesidad de una normativa que regule este tipo de ecosistemas, aunque no se logró avanzar en ello.
Ante esto, el oficialismo provincial realizó el tratamiento de una normativa que fue propuesta por el ex diputado Julio Barreto en 2020. Ésta tuvo dictamen favorable en septiembre del año pasado y fue incorporada al Plan de Labor de la segunda sesión ordinaria del año.
Sobre esto, el ex legislador indicó a El Territorio que “al ser intendente de Montecarlo me ha tocado conocer la realidad del territorio y una de esas era la de los humedales de nuestra zona. Muchos vecinos, para ganar terreno, secaban los humedales, tiraban escombros, drenaban y como no estaba regulado, lo podían hacer. Lo mismo pasa a lo largo de la provincia y el país, porque no hay normas al respecto”.
“Este proyecto de ley busca proteger los humedales, con la enorme importancia que tienen en la vida de nuestros ecosistemas y la función que cumplen. Evidentemente es algo molesto para la gente que no conoce el tema”, explicó.
En ese marco, expresó que al ser Misiones la primera provincia en regular el marco jurídico de los humedales, el trabajo fue arduo. “En algún momento, dialogando con otros intendentes, ecologistas y defensores del medioambiente, vimos que seria importante una iniciativa al respecto y nace la idea. Con el equipo de trabajo, los asesores, empezamos a trabajar en la redacción, investigando primero la importancia que tienen”, contó.
Al mismo tiempo, apuntó: “Se debatió intensamente en 2020, a fines del 2021 se obtuvo dictamen y ahora ya es ley. Es una ley que no tiene partido político, una ley necesaria que tiene que ver con la defensa de la vida misma y que debería ser ejemplo para todos. Ojalá pueda replicarse en el resto del país, porque sin dudas esta ley va a significar un impacto en el tratamiento de la ley nacional que se viene cayendo desde hace unos años”.
Sobre las herramientas jurídicas, Barreto remarcó que los humedales tendrán diferente tratamiento, de acuerdo a la clasificación: uno será de protección absoluta, otro de restauración y, finalmente, otro de usos múltiples, es decir, de uso en forma correcta y sustentable. A modo de ejemplo, mencionó el turismo cuidado y de vivienda misma.

La normativa
Según la normativa, un humedal es un “ambiente en el cual la presencia, temporaria o permanente, de agua superficial o subsuperficial, incluidas las nacientes con las características de suelos o sustrato que así lo permitan, causan flujos biogeoquímicos propios y diferentes a los ambientes terrestres y acuáticos, con la presencia de biota adaptada a estas condiciones, comúnmente plantas hidrófitas, y suelos hídricos o sustratos con rasgos de hidromorfismo”.
Con esta ley se pretenden cuidar y regular las actividades que se desarrollen en esos entornos, con el objetivo de que su uso sea sustentable. Es decir, que puedan combinarse actividades económicas con el cuidado y la protección de este tipo de ecosistemas. Así es que en el cuarto de los artículos de la normativa se indica que “pueden realizarse en los humedales todos aquellos usos racionales tradicionales que no afecten su funcionamiento y sean compatibles con las finalidades de la presente”.
En ese sentido, se establecerán reglas que indiquen las actividades que “las personas humanas o jurídicas puede o no hacer” en este tipo de ambientes. El Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de la Provincia debe calificar a los humedales en tres áreas principales. Así, habrá áreas de Protección, de alto valor de protección, donde las actividades son absolutamente restringidas; áreas de Gestión de Recursos, donde se debe gestionar para su conservación a largo plazo; y, por ultimo, áreas de Usos Múltiples, que son sectores urbanos o rurales donde actualmente se realizan actividades económicas o industriales donde se debe administrar su conservación.
 “Estos aspectos son claves en la protección y conservación de los humedales y dotan al presente proyecto de ley de la eficacia y poder sancionatorio adecuado”, afirman en los argumentos. Así, según la normativa, “el aprovechamiento de los humedales debe ser planificado considerando un uso sustentable y respetuoso de sus características ecológicas, entre las cuales no puede prescindirse de su elasticidad, así como de la conservación de los servicios ambientales que brindan”.
Al respecto, en sesión, el diputado Rafael Pereyra Pigerl manifestó que “es un hecho trascendental en la historia de Misiones y Argentina”. Mencionó que la Constitucional Nacional expresa que corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, pero después de tantos años de espera, la Nación aún no dictó normas al respecto y “la Orovincia siempre primereó en normas ambientales a Nación”, lo que se ejemplifica con esta nueva norma.
Al respecto, contó que hay diputados nacionales misioneros que también ya propusieron proyectos de presupuestos mínimos de humedales.
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Marcha atrás con la habilitación de la caza deportiva de carpinchos en Corrientes

Fecha de Publicación: 17/05/2022
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes


En seis meses, la provincia volvió a ser el epicentro de un escándalo ambientalista. Un veterinario e influencer amenazó con tomar medidas severas.
Marcha atrás con la habilitación de la caza deportiva de carpinchos en Corrientes Por segunda vez en medio año, el Ministerio de Turismo de Corrientes anuló ayer una disposición de la Dirección de Recursos Naturales que autorizaba la cacería de diversas especies, entre ellas, el carpincho. En noviembre del año pasado solicitaron la renuncia del entonces responsable del área, Carlos Bacqué, por una medida similar para el control de población de 200 carpinchos en la localidad de Curuzú Cuatiá.
El ministro de Turismo de la provincia, Sebastián Slobayen, comunicó ayer que el gobernador Gustavo Valdés decidió anular en todos sus efectos la Disposición Nº 245 del actual director de Recursos Naturales, Agustín Portela. La misma permitía, hasta agosto de este año, ser objeto de caza deportiva a algunas especies de aves (palomas domésticas, picazuró, palomas manchadas, torcaza, todas las especies de patos, a excepción del real o criollo y el crestudo, y ipacaá), y mamíferos (liebre europea, antílope negro, chancho salvaje, ciervo axis, ciervo colorado y carpincho).
La disposición fue firmada el miércoles pasado, y se difundió ayer, lo que provocó una serie de repudios en la opinión pública. Al punto de que un veterinario, Fernando Pieroni, reconocido por colaborar durante los incendios forestales en Corrientes, aseguró en sus redes sociales que publicaría el número de teléfono de Gustavo Valdés, “para que todos le mandemos un mensajito”.
En caso de continuar con la medida, todas las especies habilitadas para la caza tendrían cupo por temporada. En el caso del carpincho, el límite establecido sería de un ejemplar por cazador, con licencia y jornada de caza, tanto para caza mayor como menor.

Antecedente
Corrientes fue el epicentro de un escándalo nacional en noviembre del año pasado, por una disposición de la Dirección de Recursos Naturales que permitía la extracción controlada de carpinchos en una propiedad privada con cultivos de arroz.
El ministro de Turismo de Corrientes, Sebastián Slobayen, confirmó entonces a El Litoral el pedido de renuncia para Bacqué, así como la cancelación de la medida repudiada.
Dos semanas después, asumió en ese cargo el doctor Agustín Portela. “El tema ambiental tenemos que empezar a educarnos, más que controlar, pasa por el autocontrol a través de nuestras conductas. El poder de policía se tiene, pero lo más importante es que mantengamos una conducta en base a las normas”, dijo el funcionario al asumir.
El argumento de los productores de Curuzú Cuatiá para la anterior disposición fue que estos roedores afectan a la producción de arroz. Pero Slobayen dejó en claro que la visión del gobernador Valdés ha sido siempre “valorizar la fauna, preservar los recursos naturales y, a la vez, lograr un equilibrio con los sectores productivos”. Si bien los carpinchos no están catalogados en peligro de extinción, su presencia en varios humedales de la Argentina está protegida por Ley 22.421, de fauna silvestre.
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