Riachuelo: Dos jueces en reemplazo de Luis Armella
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Llegan los reemplazos del juez Armella
Fecha de Publicación: 21/12/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Riachuelo
La Corte Suprema de Justicia de la Nación designó a dos jueces federales para el proceso de ejecución del saneamiento del Riachuelo, en reemplazo del desplazado Luis Armella. El máximo tribunal emitió el miércoles una nueva resolución en la que se adopta un conjunto de medidas destinadas a reencauzar el proceso de ejecución de la sentencia, que había quedado paralizado luego de la remoción del juez federal de Quilmes. En esa resolución, la Corte resuelve dividir la ejecución de la sentencia: por un lado, mantiene la mayor parte de las temáticas vinculadas con la ejecución del Plan de Saneamiento en cabeza del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 2 de Morón, Jorge Rodríguez; por el otro, transfiere al juez federal Sergio Torres, de la Capital Federal, la función de controlar las contrataciones relacionadas con los planes de provisión de agua y cloacas (a cargo de AySA y empresas provinciales) y la gestión de residuos sólidos urbanos (a cargo del Ceamse). La Corte también instó a la pronta y completa solución para la población en situación de riesgo, solicitada al tribunal por la Defensoría del Pueblo y las ONG que integran el cuerpo colegiado encargado de supervisar el cumplimiento de la sentencia.
La ejecución de la sentencia está suspendida desde el 6 de noviembre último, cuando la Corte desplazó al juez Armella en virtud de una serie de irregularidades en las contrataciones de obras de saneamiento, de las cuales dio cuenta Página/12.
“Valoramos que se haya restablecido un procedimiento judicial de seguimiento y control de la ejecución de la sentencia, pero no comprendemos las razones por las que se escogieron a dos magistrados del fuero criminal y correccional cuando gran parte de su tarea consistirá en la revisión y supervisión de cuestiones medioambientales, administrativas y sociales”, afirmó Diego Morales, director del área de Derechos Económicos Sociales y Culturales del CELS.
“Es muy importante que la Corte haya solicitado a los magistrados que pongan especial énfasis en el cumplimiento de metas y objetivos que involucran directamente a la población en situación de riesgo, como la relocalización de barrios y asentamientos”, agregó Morales.
Sobre este aspecto, la Corte establece que deberá instarse al efectivo y completo cumplimiento del plan de relocalizaciones de aquellos que se encuentran sobre el camino de sirga y supervisarse el traslado de los vecinos de Villa Inflamable. Además, afirma que en esos procedimientos deberá resguardarse el derecho de los vecinos a participar en las decisiones, así como preservarse el derecho de todas las personas relocalizadas a acceder a los servicios públicos esenciales, a la educación, a la salud y seguridad en los nuevos inmuebles.
“En este valioso pronunciamiento, la Corte reconoce el derecho de los vecinos de Villa Inflamable de participar en las decisiones relacionadas con el proceso de relocalización de sus viviendas. Así, la Corte fija un estándar según el cual todas las medidas futuras que se realicen en el marco de la efectivización de la sentencia deberán asegurar que los vecinos accedan a la información y participen en la determinación de los detalles de su relocalización para que el proceso se considere legítimo y respetuoso de los derechos”, destacó la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que acompañó en lo legal a los vecinos de ese barrio del partido de Avellaneda.
“La resolución adoptada por la Corte marca un nuevo hito en el complejo proceso de saneamiento del Riachuelo”, destaca en un comunicado la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), una de las organizaciones que integran el cuerpo colegiado. “Tal como lo ha expresado el propio tribunal, se inicia a partir de aquí una nueva etapa en la recomposición de la cuenca hídrica más contaminada de la Argentina”, agregó la organización.
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Fecha de Publicación: 21/12/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Riachuelo
La Corte Suprema de Justicia de la Nación designó a dos jueces federales para el proceso de ejecución del saneamiento del Riachuelo, en reemplazo del desplazado Luis Armella. El máximo tribunal emitió el miércoles una nueva resolución en la que se adopta un conjunto de medidas destinadas a reencauzar el proceso de ejecución de la sentencia, que había quedado paralizado luego de la remoción del juez federal de Quilmes. En esa resolución, la Corte resuelve dividir la ejecución de la sentencia: por un lado, mantiene la mayor parte de las temáticas vinculadas con la ejecución del Plan de Saneamiento en cabeza del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 2 de Morón, Jorge Rodríguez; por el otro, transfiere al juez federal Sergio Torres, de la Capital Federal, la función de controlar las contrataciones relacionadas con los planes de provisión de agua y cloacas (a cargo de AySA y empresas provinciales) y la gestión de residuos sólidos urbanos (a cargo del Ceamse). La Corte también instó a la pronta y completa solución para la población en situación de riesgo, solicitada al tribunal por la Defensoría del Pueblo y las ONG que integran el cuerpo colegiado encargado de supervisar el cumplimiento de la sentencia.
La ejecución de la sentencia está suspendida desde el 6 de noviembre último, cuando la Corte desplazó al juez Armella en virtud de una serie de irregularidades en las contrataciones de obras de saneamiento, de las cuales dio cuenta Página/12.
“Valoramos que se haya restablecido un procedimiento judicial de seguimiento y control de la ejecución de la sentencia, pero no comprendemos las razones por las que se escogieron a dos magistrados del fuero criminal y correccional cuando gran parte de su tarea consistirá en la revisión y supervisión de cuestiones medioambientales, administrativas y sociales”, afirmó Diego Morales, director del área de Derechos Económicos Sociales y Culturales del CELS.
“Es muy importante que la Corte haya solicitado a los magistrados que pongan especial énfasis en el cumplimiento de metas y objetivos que involucran directamente a la población en situación de riesgo, como la relocalización de barrios y asentamientos”, agregó Morales.
Sobre este aspecto, la Corte establece que deberá instarse al efectivo y completo cumplimiento del plan de relocalizaciones de aquellos que se encuentran sobre el camino de sirga y supervisarse el traslado de los vecinos de Villa Inflamable. Además, afirma que en esos procedimientos deberá resguardarse el derecho de los vecinos a participar en las decisiones, así como preservarse el derecho de todas las personas relocalizadas a acceder a los servicios públicos esenciales, a la educación, a la salud y seguridad en los nuevos inmuebles.
“En este valioso pronunciamiento, la Corte reconoce el derecho de los vecinos de Villa Inflamable de participar en las decisiones relacionadas con el proceso de relocalización de sus viviendas. Así, la Corte fija un estándar según el cual todas las medidas futuras que se realicen en el marco de la efectivización de la sentencia deberán asegurar que los vecinos accedan a la información y participen en la determinación de los detalles de su relocalización para que el proceso se considere legítimo y respetuoso de los derechos”, destacó la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que acompañó en lo legal a los vecinos de ese barrio del partido de Avellaneda.
“La resolución adoptada por la Corte marca un nuevo hito en el complejo proceso de saneamiento del Riachuelo”, destaca en un comunicado la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), una de las organizaciones que integran el cuerpo colegiado. “Tal como lo ha expresado el propio tribunal, se inicia a partir de aquí una nueva etapa en la recomposición de la cuenca hídrica más contaminada de la Argentina”, agregó la organización.
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Fiscal Penal actúa por desmonte en Salta
Un fiscal Penal interviene por la denuncia de un desmonte en Orán
Fecha de Publicación: 20/12/2012
Fuente: Nuevo Diario de Salta
Provincia/Región: Salta
En relación a los recientes reclamos hechos por pobladores del paraje Saucelito en una manifestación pública en la ciudad de Orán a fin que se detenga el desmonte en esa región, se supo que el fiscal Penal y Correccional 2, de esa ciudad, Rodrigo Gonzalo Miralpeix ya tomó intervención y ahora el caso se trata en la órbita judicial.
Los vecinos se quejaron por la tala ilegal de más de mil hectáreas en el paraje El Saucelito, ubicado a unos tres kilómetros de Colonia Santa Rosa. Indicaron que pese a la denuncia que se radicó, la Policía y Gendarmería habrían hecho oídos sordos debido a que las empresas a cargo del desmonte les entregaría combustible gratis a cambio.
También se supo que funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente se trasladaron hasta el lugar a fin de verificar la denuncia, la cual no sólo comprobaron sino que de inmediato pusieron freno. Al respecto, se conoció que la denuncia fue hecha por Luis Sachetti, jefe de Fiscalización Ambiental, pero las actuaciones tomaron curso como una contravención. Por su parte, y debido a que las gestiones que hasta ese momento se hacía amenazaban a la empresa como mucho con una multa, los pobladores revelaron que las empresas hicieron caso omiso a las autoridades ambientales de la Provincia y siguieron adelante con el desmonte. Asimismo, sostuvieron que ante la inacción de la Policía local tomaron imágenes de las máquinas que abrieron picadas para utilizar el procedimiento del 'cadeneo' para realizar el desmonte. Explicaron que la deforestación se realiza a partir de las 20:30, para evitar los controles durante el día.
Según se informó desde la Secretaría de Ambiente, en el catastro 27.994 de Orán se encontró la vegetación "volteada y acordonada", mientras que al hacer las averiguaciones se constató que las tierras están en manos de Javier y Francisco Vidizzoni, que adquirieron 500 hectáreas de la finca El Tipal en mayo de este año. Este finquero es uno de los que también asomó en conflictos que tenían campesinos de Rivadavia, en la Finca Santafecina y La Juanita.
Denuncia verificada
A partir de todos estos hechos, ayer se pudo saber que el fiscal Miralpeix se abocó a investigar lo sucedido e incluso ya habría verificado la denuncia y por ello el caso ahora se tramita en la órbita correccional, ya que todavía en el interior no rige la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, por lo tanto la Fiscalía trabaja con la iniciación de un acta única y las diligencias preliminares del caso, entre ellas acciones para prevenir la tala en esa región. No se descarta la posibilidad que el representante del Ministerio Público no sólo inicie las actuaciones correccionales correspondientes, sino también pueda abrir una causa penal por el delito de desobediencia a la autoridad, puesto que la orden de frenar los desmontes provinieron de un Programa de Control Ambiental, con rango gubernamental.
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Fecha de Publicación: 20/12/2012
Fuente: Nuevo Diario de Salta
Provincia/Región: Salta
En relación a los recientes reclamos hechos por pobladores del paraje Saucelito en una manifestación pública en la ciudad de Orán a fin que se detenga el desmonte en esa región, se supo que el fiscal Penal y Correccional 2, de esa ciudad, Rodrigo Gonzalo Miralpeix ya tomó intervención y ahora el caso se trata en la órbita judicial.Los vecinos se quejaron por la tala ilegal de más de mil hectáreas en el paraje El Saucelito, ubicado a unos tres kilómetros de Colonia Santa Rosa. Indicaron que pese a la denuncia que se radicó, la Policía y Gendarmería habrían hecho oídos sordos debido a que las empresas a cargo del desmonte les entregaría combustible gratis a cambio.
También se supo que funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente se trasladaron hasta el lugar a fin de verificar la denuncia, la cual no sólo comprobaron sino que de inmediato pusieron freno. Al respecto, se conoció que la denuncia fue hecha por Luis Sachetti, jefe de Fiscalización Ambiental, pero las actuaciones tomaron curso como una contravención. Por su parte, y debido a que las gestiones que hasta ese momento se hacía amenazaban a la empresa como mucho con una multa, los pobladores revelaron que las empresas hicieron caso omiso a las autoridades ambientales de la Provincia y siguieron adelante con el desmonte. Asimismo, sostuvieron que ante la inacción de la Policía local tomaron imágenes de las máquinas que abrieron picadas para utilizar el procedimiento del 'cadeneo' para realizar el desmonte. Explicaron que la deforestación se realiza a partir de las 20:30, para evitar los controles durante el día.
Según se informó desde la Secretaría de Ambiente, en el catastro 27.994 de Orán se encontró la vegetación "volteada y acordonada", mientras que al hacer las averiguaciones se constató que las tierras están en manos de Javier y Francisco Vidizzoni, que adquirieron 500 hectáreas de la finca El Tipal en mayo de este año. Este finquero es uno de los que también asomó en conflictos que tenían campesinos de Rivadavia, en la Finca Santafecina y La Juanita.
Denuncia verificada
A partir de todos estos hechos, ayer se pudo saber que el fiscal Miralpeix se abocó a investigar lo sucedido e incluso ya habría verificado la denuncia y por ello el caso ahora se tramita en la órbita correccional, ya que todavía en el interior no rige la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, por lo tanto la Fiscalía trabaja con la iniciación de un acta única y las diligencias preliminares del caso, entre ellas acciones para prevenir la tala en esa región. No se descarta la posibilidad que el representante del Ministerio Público no sólo inicie las actuaciones correccionales correspondientes, sino también pueda abrir una causa penal por el delito de desobediencia a la autoridad, puesto que la orden de frenar los desmontes provinieron de un Programa de Control Ambiental, con rango gubernamental.
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Riachuelo: designan a dos jueces
Dos nuevos jueces se harán cargo de la causa Riachuelo
Fecha de Publicación: 20/12/2012
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Riachuelo
La Corte Suprema designó a Sergio Torres como responsable de administrar el plan de obras de provisión de agua y tratamiento de la basura. Jorge Rodríguez trabajará con 15 distritos.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió una serie de medidas que buscan reforzar la ejecución del plan de saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo, en el marco del cumplimiento de la sentencia del caso Mendoza. La novedad saliente es la designación de los jueces federales Sergio Torres y Jorge Rodríguez, en lugar del juez Luis Armella, separado por el máximo tribunal el 6 de noviembre.
El escrito llevó la firma de los ministros Lorenzetti, Highton de Nolasco, Fayt, Maqueda, Argibay y Zaffaroni y resuelve, entre otras cosas, deslindar a Torres, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal Correccional Federal N° 12, la responsabilidad de administrar el plan de obras de provisión de agua potable y cloacas y el tratamiento de la basura. De esta forma, Torres se hace cargo de las relaciones que complicaron a Armella, dado que tendrá que trabajar con AySA y el CEAMSE.
La competencia del Juzgado Federal en lo Criminal Correccional N° 2 de Morón, cargo del doctor Jorge E. Rodríguez, tampoco será liviana. El magistrado deberá lidiar con los 15 distritos que conforman los tres sectores de la cuenca, principales responsables del atraso más significativo del proceso: las relocalizaciones de los asentamientos que todavía ocupan el camino de sirga.
El máximo tribunal tomó en cuenta varios de los aspectos planteados en las audiencias públicas realizadas y, en ese sentido, exigió "una pronta y completa solución" a los siguientes problemas:
Relocalización de establecimientos industriales, en especial el predio ACUBA, en el partido de Lanús; creación de sistemas de medición de calidad de aire de agua; detección de conexiones clandestinas; relocalización de barrios de emergencia y asentamientos poblacionales precarios, la Corte hizo especial mención a Villa Inflamable, responsabilidad del municipio de Avellaneda.
En cuanto a las obras a concluir, el máximo tribunal pidió celeridad para que se termine la planta depuradora del Bicentenario, en Berazategui y la de tratamiento en Dock Sud. AySA se comprometió a finalizar la primera en junio de 2013 y no dio precisiones sobre la segunda.
Además, reclamaron la implementación de "medidas necesarias para que los nodos de vigilancia epidemiológica reciban información no sólo de los efectores públicos sino también de los privados". Este pedido busca darle mayor entidad al trabajo realizado por los organismos de la sociedad civil que integran el órgano consultivo y cuyo trabajo fue elogiado por el tribunal.
También pidieron "agilizar la aprobación de los planes de reconversión industrial" y "finalizar la puesta en funcionamiento de las unidades sanitarias ambientales que se encuentran en ejecución y avanzar en la licitación de aquellas aún no adjudicadas". En este punto mencionaron el caso del Hospital de Cuenca Alta en la localidad de Cañuelas que, según lo informado por ACUMAR, avanzó sólo un 40 por ciento.
Finalmente, la Corte exhortó a los magistrados "a buscar mecanismos eficaces de coordinación de su actuación para evitar tanto los conflictos de competencia como el dictado de pronunciamientos contradictorios que pudieran obstaculizar el avance del plan de saneamiento, recomposición prevención de daños en la cuenca".
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Fecha de Publicación: 20/12/2012
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Riachuelo
La Corte Suprema designó a Sergio Torres como responsable de administrar el plan de obras de provisión de agua y tratamiento de la basura. Jorge Rodríguez trabajará con 15 distritos.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió una serie de medidas que buscan reforzar la ejecución del plan de saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo, en el marco del cumplimiento de la sentencia del caso Mendoza. La novedad saliente es la designación de los jueces federales Sergio Torres y Jorge Rodríguez, en lugar del juez Luis Armella, separado por el máximo tribunal el 6 de noviembre.
El escrito llevó la firma de los ministros Lorenzetti, Highton de Nolasco, Fayt, Maqueda, Argibay y Zaffaroni y resuelve, entre otras cosas, deslindar a Torres, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal Correccional Federal N° 12, la responsabilidad de administrar el plan de obras de provisión de agua potable y cloacas y el tratamiento de la basura. De esta forma, Torres se hace cargo de las relaciones que complicaron a Armella, dado que tendrá que trabajar con AySA y el CEAMSE.
La competencia del Juzgado Federal en lo Criminal Correccional N° 2 de Morón, cargo del doctor Jorge E. Rodríguez, tampoco será liviana. El magistrado deberá lidiar con los 15 distritos que conforman los tres sectores de la cuenca, principales responsables del atraso más significativo del proceso: las relocalizaciones de los asentamientos que todavía ocupan el camino de sirga.
El máximo tribunal tomó en cuenta varios de los aspectos planteados en las audiencias públicas realizadas y, en ese sentido, exigió "una pronta y completa solución" a los siguientes problemas:
Relocalización de establecimientos industriales, en especial el predio ACUBA, en el partido de Lanús; creación de sistemas de medición de calidad de aire de agua; detección de conexiones clandestinas; relocalización de barrios de emergencia y asentamientos poblacionales precarios, la Corte hizo especial mención a Villa Inflamable, responsabilidad del municipio de Avellaneda.
En cuanto a las obras a concluir, el máximo tribunal pidió celeridad para que se termine la planta depuradora del Bicentenario, en Berazategui y la de tratamiento en Dock Sud. AySA se comprometió a finalizar la primera en junio de 2013 y no dio precisiones sobre la segunda.
Además, reclamaron la implementación de "medidas necesarias para que los nodos de vigilancia epidemiológica reciban información no sólo de los efectores públicos sino también de los privados". Este pedido busca darle mayor entidad al trabajo realizado por los organismos de la sociedad civil que integran el órgano consultivo y cuyo trabajo fue elogiado por el tribunal.
También pidieron "agilizar la aprobación de los planes de reconversión industrial" y "finalizar la puesta en funcionamiento de las unidades sanitarias ambientales que se encuentran en ejecución y avanzar en la licitación de aquellas aún no adjudicadas". En este punto mencionaron el caso del Hospital de Cuenca Alta en la localidad de Cañuelas que, según lo informado por ACUMAR, avanzó sólo un 40 por ciento.
Finalmente, la Corte exhortó a los magistrados "a buscar mecanismos eficaces de coordinación de su actuación para evitar tanto los conflictos de competencia como el dictado de pronunciamientos contradictorios que pudieran obstaculizar el avance del plan de saneamiento, recomposición prevención de daños en la cuenca".
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Shale gas: Vaca Muerta será explotado por Chevron
Chevron buscará 'shale gas' con YPF
Fecha de Publicación: 20/12/2012
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Neuquén
Firmaron un acuerdo para perforar 100 pozos en Vaca Muerta, Neuquén. En esta primera fase se invertirían U$S 1.000 millones.
YPF y la estadounidense Chevron firmaron ayer un acuerdo para desarrollar gas no convencional (shale gas) en el yacimiento patagónico de Vaca Muerta, uno de los más importantes del mundo.
El presidente de YPF, Miguel Galuccio, y su par para América latina y África de Chevron, Ali Moshiri, firmaron “un acuerdo de términos y condiciones” para poner en marcha “el primer piloto de desarrollo masivo de petróleo no convencional” en el yacimiento de Vaca Muerta, situado en la provincia de Neuquén.
Lo harán sobre un área de 290 kilómetros cuadrados, que comprende las zonas de Loma La Lata Norte y Loma Campana.
El acuerdo se firmó en las oficinas centrales de Chevron, en Houston.
Galuccio se mostró “muy contento” de “haber terminado este hito” con Chevron, con quien YPF tiene relaciones “desde hace 50 años”.
Moshiri dijo en tanto que “YPF es muy buena en tecnología y recursos humanos”, y que la asociación de las dos empresas en este proyecto servirá “como base” para el desarrollo de “recursos no convencionales, de petróleo y gas, y de otras áreas para incursionar”.
YPF buscaba desde hace meses socios para aumentar su producción de hidrocarburos, que en Argentina pasan necesariamente por los combustibles no convencionales, muy costosos de explotar porque se encuentran a altas profundidades y atrapados en rocas y sedimentos que es necesario destruir con agua, químicos y explosiones.
YPF no maneja la tecnología llamada fracking , para la que hacen falta multimillonarias inversiones que la firma estatal no está en condiciones de afrontar.
En Vaca Muerta, hay 37 pozos perforados (27 pozos completados y por terminar), algunos iniciados en la era Repsol.
Pero el plan con Chevron es más ambicioso. Se prevé perforar 100 pozos en 12 meses en “modo factoría”. Así, los equipos trabajan como si lo hicieran en serie en una línea de ensamble industrial. Uno perfora, el otro lo prepara, otro coloca las máquinas. Los pozos están en un área relativamente pequeña, lo que abarata los costos en cañerías superficiales que los conectan y derivan el combustible. Esos 100 pozos demandarán mil millones de dólares.
Ni Galuccio ni Moshiri precisaron cuánto dinero aportará cada empresa. Pero se descuenta que el mayor capital que aportará YPF será su derecho de concesión sobre el área.
Si todo sale bien, el acuerdo terminaría en unos años con la perforación de 1.500 a 2.000 pozos y una inversión acumulada de 15 mil millones de dólares.
La perforación de los 100 pozos comenzaría hacia marzo o abril.
Datos básicos
Grande. Está desde hace años entre las 5 mayores compañías de EE.UU., según Fortune.
Global. Presente en 180 países.
Origen. Fue una de las 7 compañías en que se dividió la Standard Oil en 1911.
Devoradora. En su camino, compró firmas como Texaco y Gulf Oil.
Empleados. 62 mil directos.
Condoleza Rice. Integró su directorio antes de asumir como secretaria de Estado de George W. Bush.
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Fecha de Publicación: 20/12/2012
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Neuquén
Firmaron un acuerdo para perforar 100 pozos en Vaca Muerta, Neuquén. En esta primera fase se invertirían U$S 1.000 millones.YPF y la estadounidense Chevron firmaron ayer un acuerdo para desarrollar gas no convencional (shale gas) en el yacimiento patagónico de Vaca Muerta, uno de los más importantes del mundo.
El presidente de YPF, Miguel Galuccio, y su par para América latina y África de Chevron, Ali Moshiri, firmaron “un acuerdo de términos y condiciones” para poner en marcha “el primer piloto de desarrollo masivo de petróleo no convencional” en el yacimiento de Vaca Muerta, situado en la provincia de Neuquén.
Lo harán sobre un área de 290 kilómetros cuadrados, que comprende las zonas de Loma La Lata Norte y Loma Campana.
El acuerdo se firmó en las oficinas centrales de Chevron, en Houston.
Galuccio se mostró “muy contento” de “haber terminado este hito” con Chevron, con quien YPF tiene relaciones “desde hace 50 años”.
Moshiri dijo en tanto que “YPF es muy buena en tecnología y recursos humanos”, y que la asociación de las dos empresas en este proyecto servirá “como base” para el desarrollo de “recursos no convencionales, de petróleo y gas, y de otras áreas para incursionar”.
YPF buscaba desde hace meses socios para aumentar su producción de hidrocarburos, que en Argentina pasan necesariamente por los combustibles no convencionales, muy costosos de explotar porque se encuentran a altas profundidades y atrapados en rocas y sedimentos que es necesario destruir con agua, químicos y explosiones.
YPF no maneja la tecnología llamada fracking , para la que hacen falta multimillonarias inversiones que la firma estatal no está en condiciones de afrontar.
En Vaca Muerta, hay 37 pozos perforados (27 pozos completados y por terminar), algunos iniciados en la era Repsol.
Pero el plan con Chevron es más ambicioso. Se prevé perforar 100 pozos en 12 meses en “modo factoría”. Así, los equipos trabajan como si lo hicieran en serie en una línea de ensamble industrial. Uno perfora, el otro lo prepara, otro coloca las máquinas. Los pozos están en un área relativamente pequeña, lo que abarata los costos en cañerías superficiales que los conectan y derivan el combustible. Esos 100 pozos demandarán mil millones de dólares.
Ni Galuccio ni Moshiri precisaron cuánto dinero aportará cada empresa. Pero se descuenta que el mayor capital que aportará YPF será su derecho de concesión sobre el área.
Si todo sale bien, el acuerdo terminaría en unos años con la perforación de 1.500 a 2.000 pozos y una inversión acumulada de 15 mil millones de dólares.
La perforación de los 100 pozos comenzaría hacia marzo o abril.
Datos básicos
Grande. Está desde hace años entre las 5 mayores compañías de EE.UU., según Fortune.
Global. Presente en 180 países.
Origen. Fue una de las 7 compañías en que se dividió la Standard Oil en 1911.
Devoradora. En su camino, compró firmas como Texaco y Gulf Oil.
Empleados. 62 mil directos.
Condoleza Rice. Integró su directorio antes de asumir como secretaria de Estado de George W. Bush.
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Corrientes: audiencia para desmontar 12 mil hectáreas
Corrientes quiere más desmontes
Fecha de Publicación: 19/12/2012
Fuente: Medio y Medio
Provincia/Región: Corrientes
El Gobierno de Corrientes convocó a una Audiencia Pública para el día 21 de diciembre en la ciudad de Curuzú Cuatiá para dar cumplimiento a la habilitación de desmontes de unas 12 mil hectáreas de Espinal repartidas en siete establecimientos rurales. Según la Fundación Iberá organización ambientalista correntina el procedimiento está viciado de ilegalidad y resulta por lo menos imprudente, ya que expone a los productores rurales a situaciones jurídicamente comprometidas. La Fundación impugnó la constitucionalidad del Plan de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Corrientes (POTBN) por ser una mera reproducción del decreto 1439/9, mediante un Recurso de Amparo presentado en agosto de 2010.
El POTBN correntino había sido manipulado en la legislatura por mandato del ejecutivo provincial de manera artificiosa para justamente dar vía libre a los desmontes en el tercio provincial sur conocido como "Espinal", un ecosistema típico y valioso de la naturaleza correntina.
El pedido de inconstitucionalidad de la norma contó con el apoyo de legisladores provinciales, técnicos y científicos intervinientes en el desarrollo del plan (organismos dependientes del CONICET) y de las principales organizaciones conservacionistas del país, como Greenpeace, Fundación Biodiversidad, Aves Argentinas, Fundación Proteger y Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Pese a ello y a más de un año de radicada la causa, el Juez interviniente no ha resuelto nada, dejando ver la pesada influencia de los sistemáticos, continuos e intimidantes mensajes emitidos por parte de las máximas esferas del Ejecutivo Provincial.
Es que es justamente en esta área del Espinal donde las empresas COPRA y ADECO AGRO, pretenden la instalación de la Represa Ayuí Grande, afectando bosques ribereños del Espinal y fueron éstos intereses, con fuerte apoyo del Ejecutivo, los que impulsaron que todo el Espinal quedara pintado de verde y a merced de las topadoras.
Una reciente resolución de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación analizó el caso pormenorizadamente y sentenció concluyente: "El plan de ordenamiento de bosques correntinos es Ilegal" (Resolución 1238/2011).
De esta forma, la provincia de Corrientes desafía y vulnera la implementación de la Ley Nacional de Protección de los Bosques Nativos, la Ley Gral. del ambiente y cuanta norma jurídica se oponga a los intereses del ejecutivo provincial, ofreciendo un pésimo antecedente, que compromete incluso inversiones privadas de manera irresponsable, dejando expuestos a productores que podrían estar actuando de buena fe.
La Fundación Iberá no pretende que el Espinal sea declarado "intocable", pero reclama que el Plan de Ordenamiento sea una herramienta técnica y legalmente válida que permita el uso sostenible de los recursos forestales. Este procedimiento es en cambio, abiertamente ilegal y se espera que sea anulado por las autoridades pertinentes.
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Fecha de Publicación: 19/12/2012
Fuente: Medio y Medio
Provincia/Región: Corrientes
El Gobierno de Corrientes convocó a una Audiencia Pública para el día 21 de diciembre en la ciudad de Curuzú Cuatiá para dar cumplimiento a la habilitación de desmontes de unas 12 mil hectáreas de Espinal repartidas en siete establecimientos rurales. Según la Fundación Iberá organización ambientalista correntina el procedimiento está viciado de ilegalidad y resulta por lo menos imprudente, ya que expone a los productores rurales a situaciones jurídicamente comprometidas. La Fundación impugnó la constitucionalidad del Plan de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Corrientes (POTBN) por ser una mera reproducción del decreto 1439/9, mediante un Recurso de Amparo presentado en agosto de 2010.El POTBN correntino había sido manipulado en la legislatura por mandato del ejecutivo provincial de manera artificiosa para justamente dar vía libre a los desmontes en el tercio provincial sur conocido como "Espinal", un ecosistema típico y valioso de la naturaleza correntina.
El pedido de inconstitucionalidad de la norma contó con el apoyo de legisladores provinciales, técnicos y científicos intervinientes en el desarrollo del plan (organismos dependientes del CONICET) y de las principales organizaciones conservacionistas del país, como Greenpeace, Fundación Biodiversidad, Aves Argentinas, Fundación Proteger y Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Pese a ello y a más de un año de radicada la causa, el Juez interviniente no ha resuelto nada, dejando ver la pesada influencia de los sistemáticos, continuos e intimidantes mensajes emitidos por parte de las máximas esferas del Ejecutivo Provincial.
Es que es justamente en esta área del Espinal donde las empresas COPRA y ADECO AGRO, pretenden la instalación de la Represa Ayuí Grande, afectando bosques ribereños del Espinal y fueron éstos intereses, con fuerte apoyo del Ejecutivo, los que impulsaron que todo el Espinal quedara pintado de verde y a merced de las topadoras.
Una reciente resolución de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación analizó el caso pormenorizadamente y sentenció concluyente: "El plan de ordenamiento de bosques correntinos es Ilegal" (Resolución 1238/2011).
De esta forma, la provincia de Corrientes desafía y vulnera la implementación de la Ley Nacional de Protección de los Bosques Nativos, la Ley Gral. del ambiente y cuanta norma jurídica se oponga a los intereses del ejecutivo provincial, ofreciendo un pésimo antecedente, que compromete incluso inversiones privadas de manera irresponsable, dejando expuestos a productores que podrían estar actuando de buena fe.
La Fundación Iberá no pretende que el Espinal sea declarado "intocable", pero reclama que el Plan de Ordenamiento sea una herramienta técnica y legalmente válida que permita el uso sostenible de los recursos forestales. Este procedimiento es en cambio, abiertamente ilegal y se espera que sea anulado por las autoridades pertinentes.
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Contaminación del acueducto en el río Colorado
La Pampa vuelca aluminio del Acueducto en el río Colorado
Fecha de Publicación: 19/12/2012
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa
La empresa estatal pampeana "Aguas del Colorado" fue señalada por dos organismos oficiales como responsable de la pérdida de calidad que se está registrando en el río Colorado desde que comenzó a funcionar el Acueducto del Río Colorado. Los informes confirmaron la creciente salinidad en el agua del curso y estimaron que la causa podría estar en el volcado directo al río, sin ningún tratamiento, de los barros que quedan luego del proceso de depuración en la planta de Pichi Mahuida, donde nace el Acueducto.
Las novedades fueron publicadas por dos sitios web de carácter informativo de la ciudad de Río Colorado: Diario Digital de Río Colorado (www.inforiocolorado.com.ar) y Río Colorado Noticias (www.riocoloradonoticias.com.ar). Ambos dieron cuenta de dos informes técnicos que llegaron la semana pasada al Concejo Deliberante referidos a la calidad del agua del río Colorado, de donde se nutre la red domiciliaria de esa población.
Los informes habían sido solicitados meses atrás a raíz de las reiteradas quejas de los vecinos de Río Colorado por la "dureza" del agua que reciben en sus domicilios, y luego de conocerse un informe privado solicitado por la familia Garcia Llorente, una familia que tiene una extensa propiedad sobre la costa del río, aguas abajo del paraje Pichi Mahuida, que daba conclusiones más que preocupantes.
Curva ascendente.
En el primer informe, la empresa Aguas Rionegrinas Sociedad Anónima (ARSA) detalló que la salinidad del agua del río "mantiene una curva ascendente" en forma permanente desde el año 2005. Ese año, el nivel de salinidad fue de 815 partes por millón, mientras que en la actualidad está en 1.293 ppm, muy cerca del límite máximo tolerable de la legislación argentina que es de 1.400 partes por millón.
Según puntualizó el ingeniero Edgardo Viotti, gerente de explotación de ARSA, "la salinidad del río Colorado sufre un paulatino aumento que pone en riesgo la capacidad de potabilización de las plantas de la ciudad homónima". De continuar elevándose el grado de salinidad "podría afectar la calidad del agua potable entregada a la población", advirtió el gerente, quien declinó hacer alguna consideración sobre el origen del incremento pero aconsejó un trabajo conjunto entre los organismos que tienen jurisdicción sobre el río.
El concejal Martín Castro -una de las voces consultadas por los diarios riocoloradenses- señaló que si bien la salinidad empezó a subir en el año 2005 -antes de que empezara a funcionar el Acueducto del Río Colorado-, a partir del 2009 tuvo una marcada aceleración. Con este elemento, el edil vinculó el deterioro en la calidad del río con el funcionamiento del Acueducto que abastece a 16 localidades pampeanas.
Mucho aluminio.
El segundo pedido de informes estuvo dirigido al Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco), principal organismo con jurisdicción sobre la calidad del agua del río. En su respuesta, el comité admitió que "existen altos niveles de concentración de aluminio en el agua a la salida del Acueducto Pampeano, en la zona de Pichi Mahuida", según el informe de Río Colorado Noticias. Ese nivel, acotó, disminuye a medida que el agua avanza río abajo.
"En ocasiones en la cuales el río, aguas abajo de la descarga, presenta concentraciones elevadas de aluminio, se comprueba que el efecto de las mismas en la columna de agua, tiene lugar en un corto trayecto", afirmó el titular del comité, el pampeano Miguel Boyero.
En su informe Boyero acepta que se deben realizar obras de depuración a la salida de la descarga de la planta potabilizadora en Pichi Mahuida. Estas obras "están previstas, pero la empresa no las realiza y tampoco se establecieron plazos para que esto se concrete". La empresa mencionada es Aguas del Colorado, un organismo estatal que tiene a su cargo la gestión integral de ese Acueducto y de otras obras similares del territorio provincial.
El aluminio provendría del producto que se utiliza como floculante en la planta potabilizadora de Pichi Mahuida. Ese producto y los elementos floculados conformarían un barro que se deposita en el fondo de las grandes piletas de potabilización, de donde se limpia en forma periódica. A estar por los artículos, esos barros se arrojarían no muy lejos del curso de agua, o bien directamente en él.
Volcado directo
"Como se recordará -informó el portal Río Colorado Noticias-, esta situación se inició a partir de un hallazgo de este medio que se topó con un durísimo informe privado, encarado por la familia García Llorente, de Pichi Mahuida, que hablaba literalmente de envenenamiento del agua sobre el Acueducto Pampeano, desde donde se arrojan los desechos de la planta potabilizadora sin tratamiento previo a las aguas del Colorado".
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Fecha de Publicación: 19/12/2012
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa
La empresa estatal pampeana "Aguas del Colorado" fue señalada por dos organismos oficiales como responsable de la pérdida de calidad que se está registrando en el río Colorado desde que comenzó a funcionar el Acueducto del Río Colorado. Los informes confirmaron la creciente salinidad en el agua del curso y estimaron que la causa podría estar en el volcado directo al río, sin ningún tratamiento, de los barros que quedan luego del proceso de depuración en la planta de Pichi Mahuida, donde nace el Acueducto.
Las novedades fueron publicadas por dos sitios web de carácter informativo de la ciudad de Río Colorado: Diario Digital de Río Colorado (www.inforiocolorado.com.ar) y Río Colorado Noticias (www.riocoloradonoticias.com.ar). Ambos dieron cuenta de dos informes técnicos que llegaron la semana pasada al Concejo Deliberante referidos a la calidad del agua del río Colorado, de donde se nutre la red domiciliaria de esa población.
Los informes habían sido solicitados meses atrás a raíz de las reiteradas quejas de los vecinos de Río Colorado por la "dureza" del agua que reciben en sus domicilios, y luego de conocerse un informe privado solicitado por la familia Garcia Llorente, una familia que tiene una extensa propiedad sobre la costa del río, aguas abajo del paraje Pichi Mahuida, que daba conclusiones más que preocupantes.
Curva ascendente.
En el primer informe, la empresa Aguas Rionegrinas Sociedad Anónima (ARSA) detalló que la salinidad del agua del río "mantiene una curva ascendente" en forma permanente desde el año 2005. Ese año, el nivel de salinidad fue de 815 partes por millón, mientras que en la actualidad está en 1.293 ppm, muy cerca del límite máximo tolerable de la legislación argentina que es de 1.400 partes por millón.
Según puntualizó el ingeniero Edgardo Viotti, gerente de explotación de ARSA, "la salinidad del río Colorado sufre un paulatino aumento que pone en riesgo la capacidad de potabilización de las plantas de la ciudad homónima". De continuar elevándose el grado de salinidad "podría afectar la calidad del agua potable entregada a la población", advirtió el gerente, quien declinó hacer alguna consideración sobre el origen del incremento pero aconsejó un trabajo conjunto entre los organismos que tienen jurisdicción sobre el río.
El concejal Martín Castro -una de las voces consultadas por los diarios riocoloradenses- señaló que si bien la salinidad empezó a subir en el año 2005 -antes de que empezara a funcionar el Acueducto del Río Colorado-, a partir del 2009 tuvo una marcada aceleración. Con este elemento, el edil vinculó el deterioro en la calidad del río con el funcionamiento del Acueducto que abastece a 16 localidades pampeanas.
Mucho aluminio.
El segundo pedido de informes estuvo dirigido al Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco), principal organismo con jurisdicción sobre la calidad del agua del río. En su respuesta, el comité admitió que "existen altos niveles de concentración de aluminio en el agua a la salida del Acueducto Pampeano, en la zona de Pichi Mahuida", según el informe de Río Colorado Noticias. Ese nivel, acotó, disminuye a medida que el agua avanza río abajo.
"En ocasiones en la cuales el río, aguas abajo de la descarga, presenta concentraciones elevadas de aluminio, se comprueba que el efecto de las mismas en la columna de agua, tiene lugar en un corto trayecto", afirmó el titular del comité, el pampeano Miguel Boyero.
En su informe Boyero acepta que se deben realizar obras de depuración a la salida de la descarga de la planta potabilizadora en Pichi Mahuida. Estas obras "están previstas, pero la empresa no las realiza y tampoco se establecieron plazos para que esto se concrete". La empresa mencionada es Aguas del Colorado, un organismo estatal que tiene a su cargo la gestión integral de ese Acueducto y de otras obras similares del territorio provincial.
El aluminio provendría del producto que se utiliza como floculante en la planta potabilizadora de Pichi Mahuida. Ese producto y los elementos floculados conformarían un barro que se deposita en el fondo de las grandes piletas de potabilización, de donde se limpia en forma periódica. A estar por los artículos, esos barros se arrojarían no muy lejos del curso de agua, o bien directamente en él.
Volcado directo
"Como se recordará -informó el portal Río Colorado Noticias-, esta situación se inició a partir de un hallazgo de este medio que se topó con un durísimo informe privado, encarado por la familia García Llorente, de Pichi Mahuida, que hablaba literalmente de envenenamiento del agua sobre el Acueducto Pampeano, desde donde se arrojan los desechos de la planta potabilizadora sin tratamiento previo a las aguas del Colorado".
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FARN presenta informe sonre la pesca Argentina
La situación pesquera en la Argentina insustentable
Fecha de Publicación: 19/12/2012
Fuente: FARN
Provincia/Región: Nacional
En el día de ayer se realizó la charla Crisis económica y social del sector pesquero: ¿tiene futuro la pesca en la Argentina? realizada por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Fundación Vida Silvestre Argentina y en la Universidad Tecnológica Nacional de Mar del Plata, ante más de 30 referentes del sector. Allí se presentó la visión de distintos sectores sobre la situación actual y los desafíos que enfrenta la sociedad y el sector pesquero para mantener ecosistemas sanos y productivos que sostengan una actividad que logre un balance en las cuatro dimensiones de la sustentabilidad: la ambiental, social, política y económica.
El evento estuvo coordinado por Guillermo Cañete, Coordinador del Programa Marino de Vida Silvestre, y expusieron Ana Di Pangracio, Coordinadora de Conservación de FARN, el Capitán Luis Martini, José Michelsen, representante del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y Oscar Fortunato, Presidente del Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA)
En primer lugar Guillermo Cañete de Vida Silvestre remarcó que "si existe la posibilidad de explotar el recurso hay que hacerlo, pero no de cualquier manera sino de forma responsable, por eso es fundamental generar un nuevo modelo pesquero sustentable. También es necesario una mejora en la investigación pesquera para poder responder en forma eficiente a las nuevas demandas que impone el manejo basado en el ecosistema y la incidencia del cambio climático”.
Ana Di Pangracio, Coordinadora de Conservación de FARN, presentó los principales resultados del informe elaborado por FARN junto a Vida Silvestre y la Defensoría del Pueblo de la Nación, detallando en los aspectos legales e institucionales de la pesca en la Argentina y haciendo especial foco en el caso de la merluza común. Di Pangracio remarcó que existen "serias falencias en materia de acceso a la información y participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones en asuntos pesqueros y deficiencias institucionales en el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) con las campañas de relevamiento, sistema de revisión de pares y falta de puesta en valor de tal organismo”. También resaltó "la importancia de que se lleve adelante un entrecruzamiento de la legislación pesquera con la legislación ambiental, ajustando la primera a los principios que dispone la segunda, a fin de cambiar la acuciante realidad de la pesca en Argentina”.
Por su parte, el Capitán Luis Martini realizó una exposición que se basó en la historia y actualidad de la actividad pesquera en la Argentina, y afirmó que "la era industrial tecnológica obliga a todos los involucrados a repensar sobre la responsabilidad que se debe asumir en relación al cuidado de nuestra plataforma submarina y redefinir los planteos de desarrollo pesquero en nuestro país”. Martini también mencionó que "la sobrepesca ha destruido ecosistemas marinos completos. Un estudio de la revista Science (2009) afirma que el conjunto de las pesquerías mundiales se agotarán para el año 2048, y según otros estudios el 90% de los grandes peces (atunes) ha desaparecido en el último siglo”.
A su vez, el representante del Sindicato Obreros Marítimos Unidos (SOMU), José Michelsen, destacó la necesidad de defender los ingresos de los trabajadores frente a la inflación, asegurando la voluntad de diálogo con el sector empresario para lograr acuerdos en las negociaciones paritarias.
Por último, Oscar Fortunato, presidente del Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA), focalizó en la crisis económica que atraviesa el sector, mencionando que "las economías regionales están en crisis debido al incremento de los costos internos que no se traslada en las ventas al exterior (el sector pesquero exporta el 95% de su producción), lo que termina agotando las reservas de capital de la industria y a su vez repercute en una mayor presión sindical.. El problema hoy es económico pero va a ser social y político si no hay soluciones en el corto plazo, porque además no tenemos herramientas para cambiar la situación ni se han tomado decisiones políticas importantes al respecto”.
Finalizado el espacio de preguntas y comentarios con la intervención del público, se enfatizó la necesidad de que el Estado genere una política de manejo sustentable de los recursos pesqueros argentinos, dialogando con todos los sectores involucrados, tal como se realiza en las pesquerías mejor manejadas a nivel internacional.
Para descargar el informe "Implicancias ecológicas, sociales y económicas de la pesca no sustentable en el Mar Argentino: El caso de la Merluza”
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Fecha de Publicación: 19/12/2012
Fuente: FARN
Provincia/Región: Nacional
En el día de ayer se realizó la charla Crisis económica y social del sector pesquero: ¿tiene futuro la pesca en la Argentina? realizada por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Fundación Vida Silvestre Argentina y en la Universidad Tecnológica Nacional de Mar del Plata, ante más de 30 referentes del sector. Allí se presentó la visión de distintos sectores sobre la situación actual y los desafíos que enfrenta la sociedad y el sector pesquero para mantener ecosistemas sanos y productivos que sostengan una actividad que logre un balance en las cuatro dimensiones de la sustentabilidad: la ambiental, social, política y económica.
El evento estuvo coordinado por Guillermo Cañete, Coordinador del Programa Marino de Vida Silvestre, y expusieron Ana Di Pangracio, Coordinadora de Conservación de FARN, el Capitán Luis Martini, José Michelsen, representante del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y Oscar Fortunato, Presidente del Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA)
En primer lugar Guillermo Cañete de Vida Silvestre remarcó que "si existe la posibilidad de explotar el recurso hay que hacerlo, pero no de cualquier manera sino de forma responsable, por eso es fundamental generar un nuevo modelo pesquero sustentable. También es necesario una mejora en la investigación pesquera para poder responder en forma eficiente a las nuevas demandas que impone el manejo basado en el ecosistema y la incidencia del cambio climático”.
Ana Di Pangracio, Coordinadora de Conservación de FARN, presentó los principales resultados del informe elaborado por FARN junto a Vida Silvestre y la Defensoría del Pueblo de la Nación, detallando en los aspectos legales e institucionales de la pesca en la Argentina y haciendo especial foco en el caso de la merluza común. Di Pangracio remarcó que existen "serias falencias en materia de acceso a la información y participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones en asuntos pesqueros y deficiencias institucionales en el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) con las campañas de relevamiento, sistema de revisión de pares y falta de puesta en valor de tal organismo”. También resaltó "la importancia de que se lleve adelante un entrecruzamiento de la legislación pesquera con la legislación ambiental, ajustando la primera a los principios que dispone la segunda, a fin de cambiar la acuciante realidad de la pesca en Argentina”.
Por su parte, el Capitán Luis Martini realizó una exposición que se basó en la historia y actualidad de la actividad pesquera en la Argentina, y afirmó que "la era industrial tecnológica obliga a todos los involucrados a repensar sobre la responsabilidad que se debe asumir en relación al cuidado de nuestra plataforma submarina y redefinir los planteos de desarrollo pesquero en nuestro país”. Martini también mencionó que "la sobrepesca ha destruido ecosistemas marinos completos. Un estudio de la revista Science (2009) afirma que el conjunto de las pesquerías mundiales se agotarán para el año 2048, y según otros estudios el 90% de los grandes peces (atunes) ha desaparecido en el último siglo”.
A su vez, el representante del Sindicato Obreros Marítimos Unidos (SOMU), José Michelsen, destacó la necesidad de defender los ingresos de los trabajadores frente a la inflación, asegurando la voluntad de diálogo con el sector empresario para lograr acuerdos en las negociaciones paritarias.
Por último, Oscar Fortunato, presidente del Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA), focalizó en la crisis económica que atraviesa el sector, mencionando que "las economías regionales están en crisis debido al incremento de los costos internos que no se traslada en las ventas al exterior (el sector pesquero exporta el 95% de su producción), lo que termina agotando las reservas de capital de la industria y a su vez repercute en una mayor presión sindical.. El problema hoy es económico pero va a ser social y político si no hay soluciones en el corto plazo, porque además no tenemos herramientas para cambiar la situación ni se han tomado decisiones políticas importantes al respecto”.
Finalizado el espacio de preguntas y comentarios con la intervención del público, se enfatizó la necesidad de que el Estado genere una política de manejo sustentable de los recursos pesqueros argentinos, dialogando con todos los sectores involucrados, tal como se realiza en las pesquerías mejor manejadas a nivel internacional.
Para descargar el informe "Implicancias ecológicas, sociales y económicas de la pesca no sustentable en el Mar Argentino: El caso de la Merluza”
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Piden declarar emergencia por las tierras rurales
Por la tierra
Fecha de Publicación: 18/12/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) realizó ayer una nueva presentación en la Cámara de Diputados para reclamar que se avance con un proyecto de ley que propone declarar la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras rurales. El texto fue elaborado por el conjunto de las organizaciones campesinas y presentado el año pasado por el diputado Edgardo Depetri, pero cobró un nuevo impulso político tras el asesinato en octubre pasado de Miguel Galván, campesino de Santiago del Estero. Ayer fueron recibidos por la diputada Diana Conti y colaboradores del diputado Remo Carlotto, y Depetri, todos del Frente para la Victoria. También hubo un encuentro con Liliana Parada, del FAP. En paralelo, otra delegación del MNCI mantuvo una reunión con el subsecretario de Agricultura Familiar, Emilio Pérsico, donde expresaron su preocupación en relación con un posible cambio en la ley de semillas.
La iniciativa de los campesinos propone suspender por cinco años los desalojos en todo el país. En ese tiempo, el Estado nacional debería realizar un relevamiento de tierras para conocer la situación jurídica de todos los campos del país, como así también la cantidad de familias afectadas. Como experiencia previa, el Gobierno ya realizó un relevamiento sobre la titularidad de las tierras en manos extranjeras. En realidad, el proyecto podría servir como una herramienta legal para que las distintas jurisdicciones puedan administrar los conflictos que tienen.
“Se propicia esta ley de emergencia como remedio a los innumerables conflictos por la tenencia de las tierras rurales, que son causa de una vulneración sistemática de los derechos humanos de estas familias campesinas en tanto son desalojadas y desapropiadas de sus pertenencias”, puede leerse en los fundamentos del proyecto. Más allá de la insistencia de la distintas organizaciones, la iniciativa quedará para el próximo año, ya que el período de sesiones ordinarias finalizó el 30 de noviembre.
En Salta existe una experiencia similar a lo que plantea este proyecto de ley. En diciembre de 2010, la Cámara de Senadores de esa provincia convirtió por unanimidad una ley que obliga al Estado provincial a frenar los desalojos de familias rurales y pequeños productores agropecuarios por 18 meses. La iniciativa pretende regularizar la situación dominial de aproximadamente ocho mil familias salteñas que enfrentan juicios por desalojo, a pesar de tener el derecho de posesión por habitar y trabajar las tierras por varias generaciones.
En relación con la ley de semillas, el MNCI, junto al Foro de Agricultura Familiar (Fonaf), el Frente Darío Santillán y la Mesa de Agricultores Familiares de la provincia de Buenos Aires le presentaron a Pérsico un documento con diez puntos. “Hacemos un llamado a rechazar cualquier proyecto que atente contra el conjunto de los habitantes de nuestro país. La agricultura tiene un carácter eminentemente social, puesto que tiene la función de sustentar y alimentar a toda la población. Poner en riesgo la seguridad y la soberanía alimentaria de Argentina a través de la concesión de nuevos privilegios para las empresas transnacionales que están en el negocio agrícola es avanzar por el camino de la pérdida de soberanía para nuestro pueblo”, sostiene el documento.
Si bien todavía no se conoció el proyecto oficial para las semillas en el que está trabajando el Ministerio de Agricultura, el FAP y la UCR, de la mano de sus legisladores vinculados con la Federación Agraria, también presentaron sus iniciativas parlamentarias.
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Fecha de Publicación: 18/12/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) realizó ayer una nueva presentación en la Cámara de Diputados para reclamar que se avance con un proyecto de ley que propone declarar la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras rurales. El texto fue elaborado por el conjunto de las organizaciones campesinas y presentado el año pasado por el diputado Edgardo Depetri, pero cobró un nuevo impulso político tras el asesinato en octubre pasado de Miguel Galván, campesino de Santiago del Estero. Ayer fueron recibidos por la diputada Diana Conti y colaboradores del diputado Remo Carlotto, y Depetri, todos del Frente para la Victoria. También hubo un encuentro con Liliana Parada, del FAP. En paralelo, otra delegación del MNCI mantuvo una reunión con el subsecretario de Agricultura Familiar, Emilio Pérsico, donde expresaron su preocupación en relación con un posible cambio en la ley de semillas.La iniciativa de los campesinos propone suspender por cinco años los desalojos en todo el país. En ese tiempo, el Estado nacional debería realizar un relevamiento de tierras para conocer la situación jurídica de todos los campos del país, como así también la cantidad de familias afectadas. Como experiencia previa, el Gobierno ya realizó un relevamiento sobre la titularidad de las tierras en manos extranjeras. En realidad, el proyecto podría servir como una herramienta legal para que las distintas jurisdicciones puedan administrar los conflictos que tienen.
“Se propicia esta ley de emergencia como remedio a los innumerables conflictos por la tenencia de las tierras rurales, que son causa de una vulneración sistemática de los derechos humanos de estas familias campesinas en tanto son desalojadas y desapropiadas de sus pertenencias”, puede leerse en los fundamentos del proyecto. Más allá de la insistencia de la distintas organizaciones, la iniciativa quedará para el próximo año, ya que el período de sesiones ordinarias finalizó el 30 de noviembre.
En Salta existe una experiencia similar a lo que plantea este proyecto de ley. En diciembre de 2010, la Cámara de Senadores de esa provincia convirtió por unanimidad una ley que obliga al Estado provincial a frenar los desalojos de familias rurales y pequeños productores agropecuarios por 18 meses. La iniciativa pretende regularizar la situación dominial de aproximadamente ocho mil familias salteñas que enfrentan juicios por desalojo, a pesar de tener el derecho de posesión por habitar y trabajar las tierras por varias generaciones.
En relación con la ley de semillas, el MNCI, junto al Foro de Agricultura Familiar (Fonaf), el Frente Darío Santillán y la Mesa de Agricultores Familiares de la provincia de Buenos Aires le presentaron a Pérsico un documento con diez puntos. “Hacemos un llamado a rechazar cualquier proyecto que atente contra el conjunto de los habitantes de nuestro país. La agricultura tiene un carácter eminentemente social, puesto que tiene la función de sustentar y alimentar a toda la población. Poner en riesgo la seguridad y la soberanía alimentaria de Argentina a través de la concesión de nuevos privilegios para las empresas transnacionales que están en el negocio agrícola es avanzar por el camino de la pérdida de soberanía para nuestro pueblo”, sostiene el documento.
Si bien todavía no se conoció el proyecto oficial para las semillas en el que está trabajando el Ministerio de Agricultura, el FAP y la UCR, de la mano de sus legisladores vinculados con la Federación Agraria, también presentaron sus iniciativas parlamentarias.
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Marcos Paz: clausuran el basural
La Provincia clausuró un basural en Marcos Paz
Fecha de Publicación: 18/12/2012
Fuente: Diario Popular
Provincia/Región: Buenos Aires
El gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Dirección de Controladores Ambientales del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), impuso una clausura preventiva total en un basural ubicado en la localidad de Marcos Paz a raíz de las quejas efectuadas por vecinos de esa zona, quienes denunciaron el predio ante el riesgo de contaminación ambiental.
El mismo está ubicado a un costado de la ruta 234, junto al arroyo Pinazo, a escasos metros del límite entre esa comuna y la de Presidente Derqui, donde se constató la presencia de residuos domiciliarios y provenientes de la poda de especies arbóreas, además de focos que dejaron entrever la existencia de quema casera de residuos.
De acuerdo al procedimiento realizado por personal de la Unidad de Respuestas Rápidas (URR) de Moreno en colaboración con Dirección de Prevención Ecológica y Sustancias Peligrosas de la Policía, no se encontraron residuos especiales en la zona relevada. Personal técnico de la Dirección de Residuos Sólidos Urbanos de la cartera ambiental provincial evaluará la tipificación de los residuos a los fines de proyectar un plan de remediación ambiental.
Los operativos de control y fiscalización ambiental que lleva adelante el Organismo se realizan habitualmente en todo el territorio provincial con el fin de que se cumplan las normas vigentes y evitar la contaminación en pos de un ambiente sano para los habitantes de la Provincia de Buenos Aires.
El Gobierno de Daniel Scioli sigue desarrollando una política activa en torno a la erradicación de los basurales a cielo abierto.
Ya se han saneado y cerrado más de 180 basurales en distintas localidades de la Provincia: muchos se encontraban situados en zonas urbanas de gran tránsito o cerca de establecimientos escolares u hospitales por lo que se hacía imprescindible su saneamiento y posterior cierre para evitar el deterioro de la salud y del medio ambiente de la población.
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Fecha de Publicación: 18/12/2012
Fuente: Diario Popular
Provincia/Región: Buenos Aires
El gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Dirección de Controladores Ambientales del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), impuso una clausura preventiva total en un basural ubicado en la localidad de Marcos Paz a raíz de las quejas efectuadas por vecinos de esa zona, quienes denunciaron el predio ante el riesgo de contaminación ambiental.El mismo está ubicado a un costado de la ruta 234, junto al arroyo Pinazo, a escasos metros del límite entre esa comuna y la de Presidente Derqui, donde se constató la presencia de residuos domiciliarios y provenientes de la poda de especies arbóreas, además de focos que dejaron entrever la existencia de quema casera de residuos.
De acuerdo al procedimiento realizado por personal de la Unidad de Respuestas Rápidas (URR) de Moreno en colaboración con Dirección de Prevención Ecológica y Sustancias Peligrosas de la Policía, no se encontraron residuos especiales en la zona relevada. Personal técnico de la Dirección de Residuos Sólidos Urbanos de la cartera ambiental provincial evaluará la tipificación de los residuos a los fines de proyectar un plan de remediación ambiental.
Los operativos de control y fiscalización ambiental que lleva adelante el Organismo se realizan habitualmente en todo el territorio provincial con el fin de que se cumplan las normas vigentes y evitar la contaminación en pos de un ambiente sano para los habitantes de la Provincia de Buenos Aires.
El Gobierno de Daniel Scioli sigue desarrollando una política activa en torno a la erradicación de los basurales a cielo abierto.
Ya se han saneado y cerrado más de 180 basurales en distintas localidades de la Provincia: muchos se encontraban situados en zonas urbanas de gran tránsito o cerca de establecimientos escolares u hospitales por lo que se hacía imprescindible su saneamiento y posterior cierre para evitar el deterioro de la salud y del medio ambiente de la población.
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Ingenios: piden imputación de empresario contaminante
Fiscal pidió la imputación de empresario y la clausura de un ingenio
Fecha de Publicación: 18/12/2012
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Nacional
Hizo lugar a una denuncia de Fiscalía de Estado y de la Defensoría del Pueblo, por el vuelco de más de 80 millones de litros de vinaza que afectó a la localidad El Palomar. El juez tucumano Fernando Poviña quiere llevar a su jurisdicción la causa que investiga el Juzgado Federal local.
Una importante resolución tomó el fiscal federal de instrucción local, Pedro Simón, en defensa del medio ambiente santiagueño, al solicitar que se impute al dueño del ingenio La Florida, Jorge Rocchia Ferro, por infringir la ley de Residuos Peligrosos. Esto, a raíz del vuelco de más de 80 millones de litros de vinaza pura que la planta industrial descargó en un canal interprovincial y que llegó a una localidad del departamento Jiménez.
Por este hecho que ocurrió a principios de noviembre, Simón también dictaminó favorablemente al pedido de Fiscalía de Estado y de la Defensoría del Pueblo, para que se clausure preventivamente el ingenio hasta tanto la Secretaría de Medio Ambiente (Sema) de Tucumán, tome los recaudos y verifique que el ingenio no tiene derivas a canales públicos.
“Hemos declarado la competencia en el requerimiento de instrucción por la última denuncia, por el vuelco de vinaza derivada por un canal de riego a la localidad El Palomar; también se pidió la imputación del empresario Rocchia Ferro y del gerente general del ingenio, de acuerdo con la ley de Residuos Peligrosos”, reveló Simón en entrevista con EL LIBERAL.
También indicó que se ha dictaminado favorablemente a la medida cautelar de Fiscalía de Estado y Defensoría del Pueblo y que está para resolver por el juez Guillermo Molinari.
Simón recordó que la firma tenía una orden judicial a través de un amparo de abogado tucumano, de no derivar vinaza ni desechos industriales a través de canales. Explicó que por el incumplimiento judicial y el envenenamiento de aguas en flagrante violación al Código Penal se pidió esta medida. También solicitó que Gendarmería realice tomas de muestra.
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Fecha de Publicación: 18/12/2012
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Nacional
Hizo lugar a una denuncia de Fiscalía de Estado y de la Defensoría del Pueblo, por el vuelco de más de 80 millones de litros de vinaza que afectó a la localidad El Palomar. El juez tucumano Fernando Poviña quiere llevar a su jurisdicción la causa que investiga el Juzgado Federal local.Una importante resolución tomó el fiscal federal de instrucción local, Pedro Simón, en defensa del medio ambiente santiagueño, al solicitar que se impute al dueño del ingenio La Florida, Jorge Rocchia Ferro, por infringir la ley de Residuos Peligrosos. Esto, a raíz del vuelco de más de 80 millones de litros de vinaza pura que la planta industrial descargó en un canal interprovincial y que llegó a una localidad del departamento Jiménez.
Por este hecho que ocurrió a principios de noviembre, Simón también dictaminó favorablemente al pedido de Fiscalía de Estado y de la Defensoría del Pueblo, para que se clausure preventivamente el ingenio hasta tanto la Secretaría de Medio Ambiente (Sema) de Tucumán, tome los recaudos y verifique que el ingenio no tiene derivas a canales públicos.
“Hemos declarado la competencia en el requerimiento de instrucción por la última denuncia, por el vuelco de vinaza derivada por un canal de riego a la localidad El Palomar; también se pidió la imputación del empresario Rocchia Ferro y del gerente general del ingenio, de acuerdo con la ley de Residuos Peligrosos”, reveló Simón en entrevista con EL LIBERAL.
También indicó que se ha dictaminado favorablemente a la medida cautelar de Fiscalía de Estado y Defensoría del Pueblo y que está para resolver por el juez Guillermo Molinari.
Simón recordó que la firma tenía una orden judicial a través de un amparo de abogado tucumano, de no derivar vinaza ni desechos industriales a través de canales. Explicó que por el incumplimiento judicial y el envenenamiento de aguas en flagrante violación al Código Penal se pidió esta medida. También solicitó que Gendarmería realice tomas de muestra.
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Hidrofractura: el nuevo rostro de la voracidad
Argentina - hidrofractura: el nuevo rostro de la voracidad
Fecha de Publicación: 17/12/2012
Fuente: ANRed - Sur
Provincia/Región: Nacional
"Diversos gobiernos y empresas están dando un fuerte impulso al desarrollo de estos yacimientos a pesar de que requieren una ocupación más extensa e intensa del territorio, la utilización de grandes cantidades de agua y químicos de alta toxicidad". Por comisión ambiental de COB-La Brecha Comahue
El desarrollo del capitalismo necesita, en el afán de producir cada vez más (y que cada vez menos aprovechan), obtener mayores fuentes de energía. Al mismo tiempo, los yacimientos de hidrocarburos tradicionales, una de las principales fuente de energía del siglo pasado, se están agotando. Y el aumento de precios que eso genera, más el mejoramiento de algunos recursos técnicos, hace viable la explotación no convencional.
Diversos gobiernos y empresas están dando un fuerte impulso al desarrollo de estos yacimientos a pesar de que requieren una ocupación más extensa e intensa del territorio, la utilización de grandes cantidades de agua y químicos de alta toxicidad, y que las tecnologías empleadas para su extracción redoblan el impacto generado por las explotaciones tradicionales.
Argentina es, según un informe por la Administración de Información de Energía de Estados Unidos, el tercer país con mayor potencial geológico para este tipo de hidrocarburos, después de China y Estados Unidos. La expropiación parcial de YPF profundiza el camino hacia la explotación de estos recursos. Por eso, la compañía cuya mayoría accionaria corresponde ahora al estado Nacional sale a buscar socios privados para desarrollar este tipo de emprendimientos, lo que certifica que la lógica empresarial seguirá estando regida por la maximización de la producción, sin tener en cuenta otras variables como las poblaciones locales o seguridad ambiental.
¿De qué estamos hablando?
La denominación de "hidrocarburos no convencionales" (gas y petróleo) se debe a que dichos minerales se encuentran en rocas compactas y a una profundidad que supera a las formaciones que reservan los "convencionales".
La técnica para la extracción es diferente a la explotación convencional. La perforación es vertical hasta una profundidad que supera los 5000 metros y luego horizontal por otros 2000 metros , atravesando napas y diversas formaciones.
Son extraídos a través de la "hidrofractura" o "fracking". La hidrofractura es un sismo subterráneo producido por medio de explosiones. Se utiliza una gigantesca cantidad de agua junto a una mezcla de productos químicos que contiene "inhibidores de corrosión", "gelificantes", "complementos biácidos", "demulsificantes espesantes" para generar la presión necesaria que rompe la roca que contiene los minerales.
Cada excavación necesita, en promedio, 30 millones de litros de agua, lo que es igual a la cantidad que consume por día una población de 80.000 personas. Un pozo se puede hidrofracturar hasta 18 veces: es decir que puede requerir 540 millones de litros de agua. Los minerales se chupan por los tubos y con suerte, un porcentaje de los químicos y elementos radioactivos, vuelven a la superficie, mientras que la mayoría son absorbidos por las napas subterráneas. Los desechos tóxicos se vierten en piletas de almacenamiento a cielo abierto donde se disipan en el aire y se convierten en gases altamente nocivos para el ambiente.
En la provincia de Neuquén, la empresa petrolera Apache comenzó con la técnica de hidrofractura en la comunidad mapuche Gelay Ko. El gobierno neuquino otorgó la concesión a la compañía norteamericana sin el consentimiento de la comunidad originaria. De la misma manera hizo lo suyo YPF. Las dos empresas operan en la formación geológica denominada "Vaca Muerta", territorio donde viven 17 comunidades mapuche.
¿Para qué?
Uno de los principales motivos para que el gobierno nacional fomente el desarrollo de no convencionales es el objetivo de volver a lograr el autoabastecimiento de hidrocarburos (objetivo este que se perdió debido a la política implementada por Repsol). Sin embargo, en ningún momento el discurso oficial explica en qué se consumen los hidrocarburos generados.
Se sabe, por ejemplo que un convenio firmado entre Repsol YPF y la compañía minera Vale, permitirá a esta utilizar importantes cantidades del gas obtenido en Neuquén en la extracción de potasio en el yacimiento Potasio Rio Colorado. Producción esa que se exportará en su totalidad a los campos de transgénicos que están destruyendo el Amazonas.
Entonces ¿Para qué más producción? ¿En qué se consume lo que se produce? ¿Quién debe definir cuánto se produce y para qué? ¿Quién debe controlar el cumplimiento de las normas ambientales? ¿Quién establece los parámetros ambientales?
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Fecha de Publicación: 17/12/2012
Fuente: ANRed - Sur
Provincia/Región: Nacional
"Diversos gobiernos y empresas están dando un fuerte impulso al desarrollo de estos yacimientos a pesar de que requieren una ocupación más extensa e intensa del territorio, la utilización de grandes cantidades de agua y químicos de alta toxicidad". Por comisión ambiental de COB-La Brecha Comahue
El desarrollo del capitalismo necesita, en el afán de producir cada vez más (y que cada vez menos aprovechan), obtener mayores fuentes de energía. Al mismo tiempo, los yacimientos de hidrocarburos tradicionales, una de las principales fuente de energía del siglo pasado, se están agotando. Y el aumento de precios que eso genera, más el mejoramiento de algunos recursos técnicos, hace viable la explotación no convencional.
Diversos gobiernos y empresas están dando un fuerte impulso al desarrollo de estos yacimientos a pesar de que requieren una ocupación más extensa e intensa del territorio, la utilización de grandes cantidades de agua y químicos de alta toxicidad, y que las tecnologías empleadas para su extracción redoblan el impacto generado por las explotaciones tradicionales.
Argentina es, según un informe por la Administración de Información de Energía de Estados Unidos, el tercer país con mayor potencial geológico para este tipo de hidrocarburos, después de China y Estados Unidos. La expropiación parcial de YPF profundiza el camino hacia la explotación de estos recursos. Por eso, la compañía cuya mayoría accionaria corresponde ahora al estado Nacional sale a buscar socios privados para desarrollar este tipo de emprendimientos, lo que certifica que la lógica empresarial seguirá estando regida por la maximización de la producción, sin tener en cuenta otras variables como las poblaciones locales o seguridad ambiental.
¿De qué estamos hablando?
La denominación de "hidrocarburos no convencionales" (gas y petróleo) se debe a que dichos minerales se encuentran en rocas compactas y a una profundidad que supera a las formaciones que reservan los "convencionales".
La técnica para la extracción es diferente a la explotación convencional. La perforación es vertical hasta una profundidad que supera los 5000 metros y luego horizontal por otros 2000 metros , atravesando napas y diversas formaciones.
Son extraídos a través de la "hidrofractura" o "fracking". La hidrofractura es un sismo subterráneo producido por medio de explosiones. Se utiliza una gigantesca cantidad de agua junto a una mezcla de productos químicos que contiene "inhibidores de corrosión", "gelificantes", "complementos biácidos", "demulsificantes espesantes" para generar la presión necesaria que rompe la roca que contiene los minerales.
Cada excavación necesita, en promedio, 30 millones de litros de agua, lo que es igual a la cantidad que consume por día una población de 80.000 personas. Un pozo se puede hidrofracturar hasta 18 veces: es decir que puede requerir 540 millones de litros de agua. Los minerales se chupan por los tubos y con suerte, un porcentaje de los químicos y elementos radioactivos, vuelven a la superficie, mientras que la mayoría son absorbidos por las napas subterráneas. Los desechos tóxicos se vierten en piletas de almacenamiento a cielo abierto donde se disipan en el aire y se convierten en gases altamente nocivos para el ambiente.
En la provincia de Neuquén, la empresa petrolera Apache comenzó con la técnica de hidrofractura en la comunidad mapuche Gelay Ko. El gobierno neuquino otorgó la concesión a la compañía norteamericana sin el consentimiento de la comunidad originaria. De la misma manera hizo lo suyo YPF. Las dos empresas operan en la formación geológica denominada "Vaca Muerta", territorio donde viven 17 comunidades mapuche.
¿Para qué?
Uno de los principales motivos para que el gobierno nacional fomente el desarrollo de no convencionales es el objetivo de volver a lograr el autoabastecimiento de hidrocarburos (objetivo este que se perdió debido a la política implementada por Repsol). Sin embargo, en ningún momento el discurso oficial explica en qué se consumen los hidrocarburos generados.
Se sabe, por ejemplo que un convenio firmado entre Repsol YPF y la compañía minera Vale, permitirá a esta utilizar importantes cantidades del gas obtenido en Neuquén en la extracción de potasio en el yacimiento Potasio Rio Colorado. Producción esa que se exportará en su totalidad a los campos de transgénicos que están destruyendo el Amazonas.
Entonces ¿Para qué más producción? ¿En qué se consume lo que se produce? ¿Quién debe definir cuánto se produce y para qué? ¿Quién debe controlar el cumplimiento de las normas ambientales? ¿Quién establece los parámetros ambientales?
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Patentan técnica para captar el carbono del aire
Técnica argentina contra el cambio climático
Fecha de Publicación: 17/12/2012
Fuente: La Razón
Provincia/Región: Nacional
Graciela Chichilnisky, junto a otros investigadores, patentó una técnica que permite captar el carbono de la atmósfera y venderlo para uso industrial.
La científica argentina Graciela Chichilnisky, junto a otros investigadores, patentó una técnica que permite captar el carbono de la atmósfera y venderlo para uso industrial.
El proyecto, fruto de años de ensayos en el centro de investigaciones de la Universidad de Stanford, en EE.UU., promete detener el calentamiento en 20 años. Si sus plantas para capturar el dióxido de carbono funcionaran en todo el mundo, se podría bajar la concentración de carbono en la atmósfera desde las actuales 400 ppm (partes por millón) a 275 ppm. Es decir, el mismo nivel que había hace 250 años, antes de la revolución industrial.
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Fecha de Publicación: 17/12/2012
Fuente: La Razón
Provincia/Región: Nacional
Graciela Chichilnisky, junto a otros investigadores, patentó una técnica que permite captar el carbono de la atmósfera y venderlo para uso industrial.
La científica argentina Graciela Chichilnisky, junto a otros investigadores, patentó una técnica que permite captar el carbono de la atmósfera y venderlo para uso industrial.
El proyecto, fruto de años de ensayos en el centro de investigaciones de la Universidad de Stanford, en EE.UU., promete detener el calentamiento en 20 años. Si sus plantas para capturar el dióxido de carbono funcionaran en todo el mundo, se podría bajar la concentración de carbono en la atmósfera desde las actuales 400 ppm (partes por millón) a 275 ppm. Es decir, el mismo nivel que había hace 250 años, antes de la revolución industrial.
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Escuelas rurales que padecen los agroquímicos
Escuelas rurales padecen las fumigaciones
Fecha de Publicación: 17/12/2012
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Un colectivo de docentes de pequeños pueblos del interior denuncia que no se respeta la ley provincial que fija una distancia mínima para aplicar agroquímicos. Vincula esta práctica con problemas de salud. Diferentes realidades provinciales.
Colonia Caroya, Río Tercero, Río Cuarto, Villa María, Santa Rosa de Calamuchita, Villa Dolores. Un grupo de maestros del colectivo Docentes de Escuelas Fumigadas viene denunciando la falta de controles en Córdoba cuando se aplican productos químicos en cercanía de escuelas rurales (Infografía).
El problema no afecta a todos los establecimientos, pero sí a muchos de los ubicados en zonas de intensa actividad agrícola, con campos cultivados a metros de las aulas. El grupo de docentes plantea que, en ciertos casos, no se respetan las distancias mínimas, ni la obligación de dar aviso, ni la comunicación sobre productos y clase tóxica que se aplica, según fija que fija la ley provincial 9.164. Y relacionan esa falta de controles a la aparición de enfermedades entre pobladores rurales.
La norma prohíbe la fumigación aérea de agroquímicos más peligrosos (Clases Ia, Ib y II) en un radio de 1.500 metros del límite de áreas urbanas. La restricción es de 500 metros para los productos menos riesgosos (Clases III y IV).
También se prohíbe la aplicación terrestre de los químicos del primer grupo dentro de un radio de 500 metros de zonas urbanas. Las escuelas rurales pueden considerarse un sector urbano a pesar de estar pegadas a campos.
Alrededor de 700 mil niños de escuelas rurales de todo el país se encontrarían expuestos a esta práctica, dicen desde esta agrupación, que impulsa la Campaña “Escuelas Fumigadas ¡Nunca más!”. Medardo Ávila, uno de los coordinadores de la iniciativa, dice que la campaña busca revertir una grave problemática sanitaria a la que se encuentran expuestas alrededor de 1.500 instituciones educativas a nivel provincial.
También advierten que en muchos pueblos se siguen utilizando a los niños como banderilleros (marcan por donde debe pasar el avión fumigador), con lo cual se exponen a posibles envenenamientos agudos, además de problemas crónicos.
En un escrito, citaron como ejemplo el diagnóstico de 17 casos de cáncer entre 2000 y 2009 en Cañada de Luque, una comunidad de menos de mil habitantes. También, aseguraron que se repiten los casos de niños de escuelas rurales con alergias, problemas respiratorios y de piel. En este paraje los campos están pegados a las escuelas de la zona y hay pruebas de que se fumigan según pudo verificar La Voz del Interior (ver Aulas pegadas a los campos ). La situación es diversa en otros puntos del interior provincial.
Por región. En el este. En la escuela rural José de San Martín, de Colonia Luis Sauze, a 22 kilómetros de San Francisco, alumnos y docentes plantean quejas por partida doble: las fumigaciones de los campos que la rodean y el casi constante humo por quemas de un basural cercano. Laura Rossetti, la directora, contó que no tienen protección cuando se fumiga en los campos vecinos, separados por un tejido. “Cuando escuchamos las avionetas no dejamos salir a los chicos al patio. Cerramos puertas y ventanas, pero cuando salimos se nota que hay algo en el aire”, comentó. También dijo que nadie les avisa cuando se realizan fumigaciones.
A ese problema suman el del humo de un relleno sanitario ?de basura, situado a tres kilómetros.
En Traslasierra. 15 kilómetros al sur de Villa Dolores se encuentra Conlara, pequeño pueblo rodeado de plantaciones, sobre todo de maíz. “Fumigan más cerca de las viviendas que lo permitido” señala Francisco Cerrutti, vecino del lugar. “Los campos no están tan pegados a la escuela, pero sí de las cisternas abiertas que contienen agua para todo el pueblo, la escuela y varias casas rurales”, citó.
Cerrutti es apicultor y afirma sentirse afectado en su actividad. Denunció las fumigaciones en la comisaría de San Javier y abrió una causa en los tribunales de Villa Dolores. “En la escuela no hemos tenido hasta ahora quejas de alumnos ni de padres” señaló Patricia Sosa Campana, docente coordinadora del colegio.
En el sur. Luciana Thoreau es docente de la Escuela San Martín, ubicada al pie del cerro Suco, a 30 kilómetros de Sampacho, en el departamento Río Cuarto. “Nuestra escuela, por suerte, tiene una hectárea y no nos llegan los agroquímicos que usan en los campos. Se nota porque los yuyos crecen”, comentó. Según la docente, los dueños de los campos vecinos son padres de alumnos por lo que toman todos los recaudos. “El problema más serio lo tienen las escuelas rurales ubicadas cerca de grandes campos, que encargan la fumigación a empresas de afuera”, explicó.
En el centro. En la escuela rural Juan Bautista Alberdi, del paraje Los Potreros (entre Río Tercero y Villa Ascasubi) no hay reclamos por fumigaciones, a pesar de los campos cultivados a su alrededor. Según la docente Mariela Farías, allí los productores vecinos fumigan solamente en horario nocturno o en días sin actividad escolar.
“Frecuentemente lo hacen a las 5 de la mañana, cuando no hay viento”, dijo. La docente mencionó que no se plantearon quejas respecto a fumigaciones mal aplicadas en otras escuelas de la zona.
En el centro-este. En la Escuela Domingo Faustino Sarmiento, ubicada en campos Los Prados, cerca de Villa María, dicen no sufrir el problema de fumigaciones cercanas. La razón central: está ubicada en plena cuenca láctea, rodeado por ocho tambos, donde no se aplican agroquímicos.
En otras escuelas rurales del sudeste, la zona agrícola más próspera de Córdoba, suelen plantearse inquietudes por aplicaciones en campos vecinos a colegios rurales.
En las sierras. La inspectora de zona de escuelas primarias de Calamuchita Norte, sostuvo que no hay reclamos de escuelas rurales víctimas de aplicaciones de agroquímicos. En la zona serrana no abundan los campos cultivados que requieren fumigaciones.
De todos modos, en la comunidad de Villa Ciudad Parque, pequeño pueblo cercano a Villa General Belgrano, hay algunas quejas: se viene reclamando hace tiempo por las pulverizaciones en campos pegados a las viviendas y a la única escuela del pueblo.
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Fecha de Publicación: 17/12/2012
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Un colectivo de docentes de pequeños pueblos del interior denuncia que no se respeta la ley provincial que fija una distancia mínima para aplicar agroquímicos. Vincula esta práctica con problemas de salud. Diferentes realidades provinciales.Colonia Caroya, Río Tercero, Río Cuarto, Villa María, Santa Rosa de Calamuchita, Villa Dolores. Un grupo de maestros del colectivo Docentes de Escuelas Fumigadas viene denunciando la falta de controles en Córdoba cuando se aplican productos químicos en cercanía de escuelas rurales (Infografía).
El problema no afecta a todos los establecimientos, pero sí a muchos de los ubicados en zonas de intensa actividad agrícola, con campos cultivados a metros de las aulas. El grupo de docentes plantea que, en ciertos casos, no se respetan las distancias mínimas, ni la obligación de dar aviso, ni la comunicación sobre productos y clase tóxica que se aplica, según fija que fija la ley provincial 9.164. Y relacionan esa falta de controles a la aparición de enfermedades entre pobladores rurales.
La norma prohíbe la fumigación aérea de agroquímicos más peligrosos (Clases Ia, Ib y II) en un radio de 1.500 metros del límite de áreas urbanas. La restricción es de 500 metros para los productos menos riesgosos (Clases III y IV).
También se prohíbe la aplicación terrestre de los químicos del primer grupo dentro de un radio de 500 metros de zonas urbanas. Las escuelas rurales pueden considerarse un sector urbano a pesar de estar pegadas a campos.
Alrededor de 700 mil niños de escuelas rurales de todo el país se encontrarían expuestos a esta práctica, dicen desde esta agrupación, que impulsa la Campaña “Escuelas Fumigadas ¡Nunca más!”. Medardo Ávila, uno de los coordinadores de la iniciativa, dice que la campaña busca revertir una grave problemática sanitaria a la que se encuentran expuestas alrededor de 1.500 instituciones educativas a nivel provincial.
También advierten que en muchos pueblos se siguen utilizando a los niños como banderilleros (marcan por donde debe pasar el avión fumigador), con lo cual se exponen a posibles envenenamientos agudos, además de problemas crónicos.
En un escrito, citaron como ejemplo el diagnóstico de 17 casos de cáncer entre 2000 y 2009 en Cañada de Luque, una comunidad de menos de mil habitantes. También, aseguraron que se repiten los casos de niños de escuelas rurales con alergias, problemas respiratorios y de piel. En este paraje los campos están pegados a las escuelas de la zona y hay pruebas de que se fumigan según pudo verificar La Voz del Interior (ver Aulas pegadas a los campos ). La situación es diversa en otros puntos del interior provincial.
Por región. En el este. En la escuela rural José de San Martín, de Colonia Luis Sauze, a 22 kilómetros de San Francisco, alumnos y docentes plantean quejas por partida doble: las fumigaciones de los campos que la rodean y el casi constante humo por quemas de un basural cercano. Laura Rossetti, la directora, contó que no tienen protección cuando se fumiga en los campos vecinos, separados por un tejido. “Cuando escuchamos las avionetas no dejamos salir a los chicos al patio. Cerramos puertas y ventanas, pero cuando salimos se nota que hay algo en el aire”, comentó. También dijo que nadie les avisa cuando se realizan fumigaciones.
A ese problema suman el del humo de un relleno sanitario ?de basura, situado a tres kilómetros.
En Traslasierra. 15 kilómetros al sur de Villa Dolores se encuentra Conlara, pequeño pueblo rodeado de plantaciones, sobre todo de maíz. “Fumigan más cerca de las viviendas que lo permitido” señala Francisco Cerrutti, vecino del lugar. “Los campos no están tan pegados a la escuela, pero sí de las cisternas abiertas que contienen agua para todo el pueblo, la escuela y varias casas rurales”, citó.
Cerrutti es apicultor y afirma sentirse afectado en su actividad. Denunció las fumigaciones en la comisaría de San Javier y abrió una causa en los tribunales de Villa Dolores. “En la escuela no hemos tenido hasta ahora quejas de alumnos ni de padres” señaló Patricia Sosa Campana, docente coordinadora del colegio.
En el sur. Luciana Thoreau es docente de la Escuela San Martín, ubicada al pie del cerro Suco, a 30 kilómetros de Sampacho, en el departamento Río Cuarto. “Nuestra escuela, por suerte, tiene una hectárea y no nos llegan los agroquímicos que usan en los campos. Se nota porque los yuyos crecen”, comentó. Según la docente, los dueños de los campos vecinos son padres de alumnos por lo que toman todos los recaudos. “El problema más serio lo tienen las escuelas rurales ubicadas cerca de grandes campos, que encargan la fumigación a empresas de afuera”, explicó.
En el centro. En la escuela rural Juan Bautista Alberdi, del paraje Los Potreros (entre Río Tercero y Villa Ascasubi) no hay reclamos por fumigaciones, a pesar de los campos cultivados a su alrededor. Según la docente Mariela Farías, allí los productores vecinos fumigan solamente en horario nocturno o en días sin actividad escolar.
“Frecuentemente lo hacen a las 5 de la mañana, cuando no hay viento”, dijo. La docente mencionó que no se plantearon quejas respecto a fumigaciones mal aplicadas en otras escuelas de la zona.
En el centro-este. En la Escuela Domingo Faustino Sarmiento, ubicada en campos Los Prados, cerca de Villa María, dicen no sufrir el problema de fumigaciones cercanas. La razón central: está ubicada en plena cuenca láctea, rodeado por ocho tambos, donde no se aplican agroquímicos.
En otras escuelas rurales del sudeste, la zona agrícola más próspera de Córdoba, suelen plantearse inquietudes por aplicaciones en campos vecinos a colegios rurales.
En las sierras. La inspectora de zona de escuelas primarias de Calamuchita Norte, sostuvo que no hay reclamos de escuelas rurales víctimas de aplicaciones de agroquímicos. En la zona serrana no abundan los campos cultivados que requieren fumigaciones.
De todos modos, en la comunidad de Villa Ciudad Parque, pequeño pueblo cercano a Villa General Belgrano, hay algunas quejas: se viene reclamando hace tiempo por las pulverizaciones en campos pegados a las viviendas y a la única escuela del pueblo.
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Atucha II tuvo su primer carga de uranio
Atucha II. la central nuclear más grande del país que producirá 700 MW
Fecha de Publicación: 16/12/2012
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
A 32 años de su nacimiento y $13.200 millones de inversión, la planta tuvo su primera carga de uranio. En junio entrará a producir 700 MW de potencia al sistema interconectado de energía. Programan una cuarta planta
De espaldas ala Río Paraná de las Palmas asoma el caparazón de la planta nuclear Atucha II que insumió 13.200 millones de pesos y que hoy vivió un "día histórico" porque se realizó la primera carga de uranio, el mineral combustible previamente procesado que servirá para generar energía.
La Calle Nº 1 del complejo conduce hasta el corazón de la central: el reactor. Este es de diseño alemán y estuvo guardado durante muchos años como otras 85 mil piezas cuando en 1996 fue decidido paralizar el proyecto que vendría a sumar más generación de energía nuclear a la producida por Atucha I.
El reactor es una suerte de olla gigante que esta "protegido" de una semiesfera de hormigón y acero cuyas paredes son de hasta 1.8 metros de espesor.
A las 10.30 del viernes, cinco técnicos ayudados por un láser de precisión introdujeron el primer elemento de uranio natural. El tubo insertado en el reactor, el primero de 451, contiene 190 kilogramos de uranio natural fraccionados en pastillas.
Luego de un proceso nuclear disparará una "reacción en cadena" llamada fisión servirá para calentar agua produciendo vapor, el cual alimentará las turbinas y que su vez moverán el generador. El resto: energía conducida a la subestación de Atucha y que se conectará al sistema interconectado energético nacional.
Personal de seguridad custodia celosamente cada acceso a los edificios como los pasillos internos. Se mezclan con los ingenieros ataviados con mamelucos blancos y pesar del calor, la ropa de trabajo en área nuclear se usa de manera rigurosa.
Pueden divisarse los edificios auxiliar del reactor, administración, maniobras, máquinas, piletas de depósito, toma de aguas y sala de control.
"Desde estos monitores controlamos la planta", explica David Cuello, un técnico operador de la sala de control. El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, que viajó a Zarate para monitorear la puesta en marcha de la carga, pregunta sobre el funcionamiento de las bombas de agua, clave en el proceso de enfriamiento.
De Vido adelantó que en junio de 2013 Atucha II será parte del sistema interconectado aportando el 10 por ciento del total actual y que forma parte del programa para diversificar la generación. La idea es utilizar menos gas en la centrales y por eso se apuesta a la producción de energía eólica en la Patagonia como la sola en San Juan, entre otras.
La parte nuclearmente activa de cada elemento combustible está compuesto por 347 barras de una aleación de zirconio, que contiene pastillas de dióxido de uranio natural.
Una piedra de uranio llegada desde de Chubut ha sido la pieza elegida para dar inicio al proceso. El gobierno afirma que con la puesta en marcha de la central habrá más oferta de energía para hogares e industrias.
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Fecha de Publicación: 16/12/2012
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
A 32 años de su nacimiento y $13.200 millones de inversión, la planta tuvo su primera carga de uranio. En junio entrará a producir 700 MW de potencia al sistema interconectado de energía. Programan una cuarta planta De espaldas ala Río Paraná de las Palmas asoma el caparazón de la planta nuclear Atucha II que insumió 13.200 millones de pesos y que hoy vivió un "día histórico" porque se realizó la primera carga de uranio, el mineral combustible previamente procesado que servirá para generar energía.
La Calle Nº 1 del complejo conduce hasta el corazón de la central: el reactor. Este es de diseño alemán y estuvo guardado durante muchos años como otras 85 mil piezas cuando en 1996 fue decidido paralizar el proyecto que vendría a sumar más generación de energía nuclear a la producida por Atucha I.
El reactor es una suerte de olla gigante que esta "protegido" de una semiesfera de hormigón y acero cuyas paredes son de hasta 1.8 metros de espesor.
A las 10.30 del viernes, cinco técnicos ayudados por un láser de precisión introdujeron el primer elemento de uranio natural. El tubo insertado en el reactor, el primero de 451, contiene 190 kilogramos de uranio natural fraccionados en pastillas.
Luego de un proceso nuclear disparará una "reacción en cadena" llamada fisión servirá para calentar agua produciendo vapor, el cual alimentará las turbinas y que su vez moverán el generador. El resto: energía conducida a la subestación de Atucha y que se conectará al sistema interconectado energético nacional.
Personal de seguridad custodia celosamente cada acceso a los edificios como los pasillos internos. Se mezclan con los ingenieros ataviados con mamelucos blancos y pesar del calor, la ropa de trabajo en área nuclear se usa de manera rigurosa.
Pueden divisarse los edificios auxiliar del reactor, administración, maniobras, máquinas, piletas de depósito, toma de aguas y sala de control.
"Desde estos monitores controlamos la planta", explica David Cuello, un técnico operador de la sala de control. El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, que viajó a Zarate para monitorear la puesta en marcha de la carga, pregunta sobre el funcionamiento de las bombas de agua, clave en el proceso de enfriamiento.
De Vido adelantó que en junio de 2013 Atucha II será parte del sistema interconectado aportando el 10 por ciento del total actual y que forma parte del programa para diversificar la generación. La idea es utilizar menos gas en la centrales y por eso se apuesta a la producción de energía eólica en la Patagonia como la sola en San Juan, entre otras.
La parte nuclearmente activa de cada elemento combustible está compuesto por 347 barras de una aleación de zirconio, que contiene pastillas de dióxido de uranio natural.
Una piedra de uranio llegada desde de Chubut ha sido la pieza elegida para dar inicio al proceso. El gobierno afirma que con la puesta en marcha de la central habrá más oferta de energía para hogares e industrias.
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Así la Barrick perfora y vuela la cordillera
Explosivo: mirá cómo la Barrick busca oro y plata en San Juan
Fecha de Publicación: 16/12/2012
Fuente: MDZ
Fecha de Publicación: 16/12/2012
Fuente: MDZ
Provincia/Región: San Juan
Filmado y editado de manera amateur, el impresionante video muestra las tareas de perforación y voladura de la cordillera en el área de Veladero.
El impresionante video que te muestra MDZ circula mayormente en las netbooks y teléfonos celulares de quienes han trabajado o trabajan en el proyecto Veladero, que lleva adelante la minera multinacional Barrick en la provincia de San Juan.
En el clip pueden observarse maniobras de perforación y de voladura en alta montaña, imágenes que usualmente las mineras tratan de evitar que se filtren por los controles de seguridad y trasciendan al público en general.
De hecho cámaras fotográficas y filmadoras están terminantemente prohibidas en las explotaciones mineras, por lo que el advenimiento masivo de los teléfonos celulares con internet, cámara y grabadora de video incorporado -pero que a la vez son artículos de uso personal y por tanto no "confiscables"- les han puesto la misión de evitar estas filtraciones sumamente difícil a los encargados de la seguridad.
Las tareas de perforación y voladura, conocidas en inglés como "drilling and blasting" fueron registradas en el área de Veladero, donde la empresa de origen canadiense extrae principalmente oro y plata de la Cordillera de los Andes.
Según explica la empresa en su página Barrick Sudamérica (la unidad de negocios de Barrick Gold Corp. en la región), Veladero es "explotada a través de voladuras controladas" para volver más transportable "la masa sólida de roca".
El trabajo que se aprecia en el video casero y del que se desconoce su artífice, se hace en "bancos que alcanzan una altura de unos 15 metros y que siguen un diseño para "garantizar la seguridad" de la operación.
Luego de volarlo y cargarlo en camiones, el mineral es trasladado para su trituración y agregado de cal, como paso previo a su lixiviación.
El método de lixiviación en el caso de la extracción de oro y plata (los minerales más buscados por Barrick), es altamente cuestionado por la utilización de cianuro y mercurio, dos componentes en extremo tóxicos para los animales y los seres humanos.
A raíz de la utilización del método de lixiviación, Barrick ha sido acusado en diferentes partes del mundo donde ha explotado minerales, de prácticas ambientalmente perjudiciales. También ha sido criticado por derrames tóxicos de cianuro, mercurio y otros metales pesados.
En Argentina, Barrick Sudamericana lleva a cabo la operación minera de Veladero, y en la misma región comparte con Chile el proyecto Pascua-Lama (Pascua del lado argentino y Lama del lado chileno), primer proyecto binacional consistente en la explotación de una mina a cielo abierto para la extracción de oro, plata, cobre y otros minerales.
También en el caso de Pascua-Lama el oro se extraerá con el método de lixiviación empleando cianuro, lo que ha despertado un fuerte rechazo por parte de grupos ambientalistas como Greenpeace de ambos lados de la cordillera. La razón más poderosa para oponerse al proyecto es la posibilidad de contaminación del agua de los glaciares próximos a la zona de extracción.
Explosivo II: Barrick responde por el video de las voladuras
La minera que extrae oro y plata en San Juan explicó cómo se hace esta tarea y dijo que es "imposible verificar" que el video corresponda a Veladero. Hace una semana, Barrick fue denunciada desde Chile por "falsificar" el protocolo de Pascua Lama.
Recientemente MDZ publicó un video aportado por una fuente que aseguró ser ex empleado de la minera Barrick en Veladero. En las imágenes se pueden ver tareas de perforación y voladuras en una zona montañosa.
A través de la red social Twitter, la multinacional canadiense en su cuenta argentina salió al cruce del video indicando que "es imposible verificar que tales imágenes correspondan a nuestra mina Veladero".
"Sin embargo -consigna la compañía- es necesario explicar que la voladura es parte del proceso de minado en cualquier operación minera a cielo abierto". Y en un tuit más adelante Barrick invita a ver una infografía (http://barricksudamerica.com/proceso-de-produccion-del-oro/barrick/2012-08-06/183541.html) donde se explica el proceso en detalle.
El mismo video que mostró MDZ sobre una serie de trabajos de perforación y voladura que se le atribuyen a Barrick, fue publicado hace un año en el portal de videos YouTube por el usuario Mauriten, con la diferencia que en su publicación (debajo) hay agregadas dos placas. La primera está ubicada al comienzo y dice "Drilling and blasting Barrick VELADERO", mientras que la segunda puede verse al final del contenido y dice "Muchas Gracias".
La actividad de Barrick es resistida por un sector de la ciudadanía y ONG proambientalistas como Greenpeace (fundada en Canadá) porque realizan procesos de lixiviación con cianuro para extraer oro y por el temor de que los proyectos mineros en alta montaña deterioren los glaciares y por ende la calidad del agua que toman los sanjuaninos montaña abajo.
La minera Barrick no es la única cuestionada por sus accionar en la vecina provincia. La canadiense McEwen Mining ha sido denunciada recientemente en Canadá por el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA) con sede en Córdoba, y la Fundación Ciudadanos Independientes (FuCI), argumentando la destrucción de glaciares y periglaciares en su proyecto Los Azules, situado en la cordillera de Los Andes.
Según el CEDHA, básicamente el problema con McEwen es que ponen en peligro glaciares sanjuaninos sólo con los trazados de los caminos exploratorios que han iniciado, a fin efectuar unaa prospección de cobre en alta montaña.
Por lo pronto, en Canadá y según el CEDHA la Oficina del Consejero de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) del Sector Extractivo del Gobierno de Canadá hizo lugar a su reclamo, por lo que McEwen se retiró de la mediación por el impacto de sus tareas en Los Azules y prefirió ir con sus argumentos a la Justicia para dirimir el asunto.
Al respecto, la colega Cecilia Jamasmie, periodista del portal Mining ya advertía en mayo de este año que McEwen tenía serias intenciones de "despojarse" de su proyecto en Los Azules o compartirlo (join-venture) entre dos o más empresas, divulgando a la prensa que lo haría efectivo "una vez que la propiedad del proyecto en disputa se resuelva el próximo año" (por si fuera poco el asunto de los glaciares, la McEwen tiene otro litigio con su par TNR Gold, una novel empresa minera canadiense, por la mitad de la parte norte del proyecto Los Azules).
Denuncian a Barrick en Chile
Sabido es que Barrick es la protagonista del primer proyecto binacional para la explotación y extracción de oro y plata en alta montaña. Este proyecto es conocido como Pascua-Lama. Pascua se ubica del lado chileno y Lama del lado argentino, dentro de la provincia de San Juan.
El jueves próximo pasado, y según informó el portal de noticias chileno El Ciudadano, el abogado Juan Guillermo Torres Fuentealba presentó una solicitud de exhorto de carácter internacional contra los propietarios del Proyecto Pascua-Lama, fundamentando la querella en que Barrick incluyó en el protocolo pertenencias mineras sobre las que no tenía título de propiedad.
Entrevistado por el colega trasandino Leonardo Robles, Torres Fuentealba sostiene que las propiedades mineras "concesiones Tesoro Uno 1 al 30 a Tesoro Doce 1 al 5" que incluye Barrick, en realidad pertenecen a "don Héctor Unda Llanos", un vecino chileno, y no a Barrick Gold Corporation (ni a Minera Nevada SpA, ni a ninguna de las filiales que tiene la minera canadiense en Chile).
El hecho de incluirlas para poder así trabajar en las concesiones antes enumeradas es, según el documento legal presentado ante la Fiscalía, "falsificación de instrumento público y/o uso malicioso del Protocolo Pascua-Lama".
.Siempre de acuerdo a la información recogida por el periódico chileno de la Región de los Ríos, el director legal regional para Sudamérica de la Compañía Minera Barrick Chile Limitada, abogado Manuel Fumagalli Drago, declaró con respecto al tema que "las decisiones de índole gubernamental son tomadas por Kevin Dushnisky", por lo que los implicados en la supuesta falsificación son los directores residentes en Canadá.
Es por esto que la "carta rogatoria internacional" , fundada en base a las declaraciones de Drago llama a comparecer ante los tribunales de Canadá a una docena de ejecutivos de Barrick Gold, comenzando por el presidente y fundador de la megaminera, William D.Birchall y su vicepresidente, Gustavo Cisneros.
Mientras tanto y de acuerdo a la información proporcionada por la minera canadiense, el proyecto Pascua-Lama sigue firme en su camino hacia la extracción de oro y plata de la cordillera de Los Andes. De hecho por estos días quienes desarrollan Pascua-Lama y sus colegas alrededor del mundo están festejando además un nuevo reconocimiento, pues Barrick Gold Corporation fue distinguida por la publicación canadiense Corporate Knights como la "compañía con mejor desempeño en el ranking de sustentabilidad de compañías mineras canadienses".
Según la publicación chilena sobre el exhorto antes descripto, para llevar ante un tribunal a los directivos de Barrick, una de las compañías internacionales más grandes y poderosas y la primera gran productora de oro a nivel mundial, hará falta la voluntad y el trabajo conjunto del Ministerio Público, la Corte Suprema, el Ministerio de Relaciones Exteriores chilenos, y por supuesto las instituciones judiciales que tengan competencia en el caso en Toronto, Canadá, donde están ubicadas las oficinas centrales de Barrick Gold Corporation.
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La minera que extrae oro y plata en San Juan explicó cómo se hace esta tarea y dijo que es "imposible verificar" que el video corresponda a Veladero. Hace una semana, Barrick fue denunciada desde Chile por "falsificar" el protocolo de Pascua Lama.
Recientemente MDZ publicó un video aportado por una fuente que aseguró ser ex empleado de la minera Barrick en Veladero. En las imágenes se pueden ver tareas de perforación y voladuras en una zona montañosa.
A través de la red social Twitter, la multinacional canadiense en su cuenta argentina salió al cruce del video indicando que "es imposible verificar que tales imágenes correspondan a nuestra mina Veladero".
"Sin embargo -consigna la compañía- es necesario explicar que la voladura es parte del proceso de minado en cualquier operación minera a cielo abierto". Y en un tuit más adelante Barrick invita a ver una infografía (http://barricksudamerica.com/proceso-de-produccion-del-oro/barrick/2012-08-06/183541.html) donde se explica el proceso en detalle.
El mismo video que mostró MDZ sobre una serie de trabajos de perforación y voladura que se le atribuyen a Barrick, fue publicado hace un año en el portal de videos YouTube por el usuario Mauriten, con la diferencia que en su publicación (debajo) hay agregadas dos placas. La primera está ubicada al comienzo y dice "Drilling and blasting Barrick VELADERO", mientras que la segunda puede verse al final del contenido y dice "Muchas Gracias".
La actividad de Barrick es resistida por un sector de la ciudadanía y ONG proambientalistas como Greenpeace (fundada en Canadá) porque realizan procesos de lixiviación con cianuro para extraer oro y por el temor de que los proyectos mineros en alta montaña deterioren los glaciares y por ende la calidad del agua que toman los sanjuaninos montaña abajo.
La minera Barrick no es la única cuestionada por sus accionar en la vecina provincia. La canadiense McEwen Mining ha sido denunciada recientemente en Canadá por el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA) con sede en Córdoba, y la Fundación Ciudadanos Independientes (FuCI), argumentando la destrucción de glaciares y periglaciares en su proyecto Los Azules, situado en la cordillera de Los Andes.
Según el CEDHA, básicamente el problema con McEwen es que ponen en peligro glaciares sanjuaninos sólo con los trazados de los caminos exploratorios que han iniciado, a fin efectuar unaa prospección de cobre en alta montaña.
Por lo pronto, en Canadá y según el CEDHA la Oficina del Consejero de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) del Sector Extractivo del Gobierno de Canadá hizo lugar a su reclamo, por lo que McEwen se retiró de la mediación por el impacto de sus tareas en Los Azules y prefirió ir con sus argumentos a la Justicia para dirimir el asunto.
Al respecto, la colega Cecilia Jamasmie, periodista del portal Mining ya advertía en mayo de este año que McEwen tenía serias intenciones de "despojarse" de su proyecto en Los Azules o compartirlo (join-venture) entre dos o más empresas, divulgando a la prensa que lo haría efectivo "una vez que la propiedad del proyecto en disputa se resuelva el próximo año" (por si fuera poco el asunto de los glaciares, la McEwen tiene otro litigio con su par TNR Gold, una novel empresa minera canadiense, por la mitad de la parte norte del proyecto Los Azules).
Denuncian a Barrick en Chile
Sabido es que Barrick es la protagonista del primer proyecto binacional para la explotación y extracción de oro y plata en alta montaña. Este proyecto es conocido como Pascua-Lama. Pascua se ubica del lado chileno y Lama del lado argentino, dentro de la provincia de San Juan.
El jueves próximo pasado, y según informó el portal de noticias chileno El Ciudadano, el abogado Juan Guillermo Torres Fuentealba presentó una solicitud de exhorto de carácter internacional contra los propietarios del Proyecto Pascua-Lama, fundamentando la querella en que Barrick incluyó en el protocolo pertenencias mineras sobre las que no tenía título de propiedad.
Entrevistado por el colega trasandino Leonardo Robles, Torres Fuentealba sostiene que las propiedades mineras "concesiones Tesoro Uno 1 al 30 a Tesoro Doce 1 al 5" que incluye Barrick, en realidad pertenecen a "don Héctor Unda Llanos", un vecino chileno, y no a Barrick Gold Corporation (ni a Minera Nevada SpA, ni a ninguna de las filiales que tiene la minera canadiense en Chile).
El hecho de incluirlas para poder así trabajar en las concesiones antes enumeradas es, según el documento legal presentado ante la Fiscalía, "falsificación de instrumento público y/o uso malicioso del Protocolo Pascua-Lama".
.Siempre de acuerdo a la información recogida por el periódico chileno de la Región de los Ríos, el director legal regional para Sudamérica de la Compañía Minera Barrick Chile Limitada, abogado Manuel Fumagalli Drago, declaró con respecto al tema que "las decisiones de índole gubernamental son tomadas por Kevin Dushnisky", por lo que los implicados en la supuesta falsificación son los directores residentes en Canadá.
Es por esto que la "carta rogatoria internacional" , fundada en base a las declaraciones de Drago llama a comparecer ante los tribunales de Canadá a una docena de ejecutivos de Barrick Gold, comenzando por el presidente y fundador de la megaminera, William D.Birchall y su vicepresidente, Gustavo Cisneros.
Mientras tanto y de acuerdo a la información proporcionada por la minera canadiense, el proyecto Pascua-Lama sigue firme en su camino hacia la extracción de oro y plata de la cordillera de Los Andes. De hecho por estos días quienes desarrollan Pascua-Lama y sus colegas alrededor del mundo están festejando además un nuevo reconocimiento, pues Barrick Gold Corporation fue distinguida por la publicación canadiense Corporate Knights como la "compañía con mejor desempeño en el ranking de sustentabilidad de compañías mineras canadienses".
Según la publicación chilena sobre el exhorto antes descripto, para llevar ante un tribunal a los directivos de Barrick, una de las compañías internacionales más grandes y poderosas y la primera gran productora de oro a nivel mundial, hará falta la voluntad y el trabajo conjunto del Ministerio Público, la Corte Suprema, el Ministerio de Relaciones Exteriores chilenos, y por supuesto las instituciones judiciales que tengan competencia en el caso en Toronto, Canadá, donde están ubicadas las oficinas centrales de Barrick Gold Corporation.
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