Plantean habilitar desmontes sin control en zonas verdes

 


La Nación quiere habilitar desmontes sin control en zonas verdes y crece el rechazo

Fecha de Publicación
: 10/04/2026
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Nacional


El punto más cuestionado permitiría desmontar sin evaluación ambiental en áreas de menor protección. Funcionarios, técnicos y entidades advierten que sería un retroceso en un país que ya perdió 3,8 millones de hectáreas de bosque nativo.
La discusión todavía está en etapa de propuesta, pero en Misiones ya se lee como una señal de alarma. Los cambios promovidos por el Gobierno nacional a través del Consejo de Mayo sobre dos normas centrales -la Ley de Bosques Nativos y la Ley de Manejo del Fuego- abrieron un nuevo frente de preocupación en una provincia donde la conservación dejó de ser un discurso aislado para convertirse en parte de una estrategia territorial, productiva e identitaria.
El punto que más inquietud genera es la posibilidad de habilitar el desmonte total en la categoría III, conocida como zona verde, sin pasar por una evaluación de impacto ambiental. Actualmente, aun en esos sectores de menor valor de conservación, el cambio de uso del suelo requiere autorización previa.
Según el monitoreo oficial de la Dirección Nacional de Bosques, desde la sanción de la Ley 26.331, en 2007, Argentina perdió 3,8 millones de hectáreas de bosque nativo. Solo en 2023 se registraron 173 mil hectáreas afectadas y más de la mitad del desmonte ocurrió en zonas donde la ley vigente no permite cambiar el uso del suelo: 47% en categoría amarilla y 6% en roja.
El dato expone una contradicción de base en la discusión actual: si con la norma vigente el Estado no logra frenar de manera eficaz la deforestación ilegal, reducir controles y filtros previos aparece para muchos sectores como una decisión de riesgo antes que una solución.
En esa línea, una de las objeciones más firmes es que el problema no está en la existencia de la ley sino en su cumplimiento. La Red Agroforestal Chaco Argentina sostuvo que la norma es una herramienta estratégica de ordenamiento territorial y que sus principales déficits pasan por el financiamiento insuficiente, las debilidades de monitoreo y las limitaciones institucionales para controlar desmontes y asegurar gobernanza.
Para REDAF, flexibilizar el régimen actual implicaría aumentar la vulnerabilidad frente a incendios, inundaciones y sequías, además de generar costos sociales, productivos y fiscales que superan cualquier ventaja inmediata derivada del avance sobre el monte.
En Misiones, el rechazo a una marcha atrás fue explícito. El ministro de Ecología y Recursos Naturales Renovables, Martín Recamán, advirtió que “no se puede ir hacia atrás en el proceso de conservación” y sostuvo que los cambios impulsados desde la Nación representan un riesgo “ambiental, productivo y social”, especialmente para provincias que sostuvieron una política continuada de protección de sus recursos naturales.
El funcionario remarcó además que “los misioneros demostraron que se puede conservar, producir y seguir creciendo” y resumió la posición provincial en una frase con fuerte contenido político y estratégico: “El desarrollo es con el ambiente”.
Recamán también planteó que el debate no puede ser reducido a una lógica de rentabilidad inmediata. “Cuando no se conserva el ambiente, eso afecta la salud, también afecta la economía y compromete un recurso vital como el agua, que está directamente vinculada a la producción”, señaló. Y fue más allá al vincular la defensa del bosque con la propia identidad misionera: “La conservación del bosque y de los componentes del ambiente es fundamental para la economía de un pueblo y, en el caso de Misiones, está estrechamente vinculada a nuestro patrimonio y a nuestra identidad”.
En una provincia donde el monte nativo incide sobre el régimen hídrico, la biodiversidad, el turismo y la sustentabilidad de varias cadenas productivas, ese argumento encuentra una base concreta.
La otra modificación que genera rechazo es la vinculada a la Ley de Manejo del Fuego. La propuesta busca eliminar restricciones incorporadas en 2020 que impiden durante 60 años, en el caso de bosques nativos o implantados, y durante 30 años en otras superficies, cambiar el uso del suelo en predios incendiados.
Ese blindaje legal fue pensado para evitar que el fuego se utilice de manera intencional como paso previo a desarrollos agropecuarios o inmobiliarios. Su eventual derogación es interpretada por organizaciones ambientales como una señal regresiva en un contexto donde los incendios ya son una amenaza creciente.
La Agrupación Forestal Peronista (AFOPE) habló de un “grave retroceso institucional y ambiental” y planteó que cualquier reducción de estándares debe analizarse bajo el principio de no regresión ambiental. Incluso desde sectores vinculados a la actividad forestal aparecieron advertencias. La Asociación Forestal Argentina señaló que un debilitamiento de la ley también puede afectar la competitividad internacional del país, comprometer el acceso a financiamiento climático y generar ruido en mercados que hoy exigen trazabilidad y productos libres de deforestación, como ocurre con la regulación europea EUDR y las discusiones asociadas al acuerdo Mercosur-Unión Europea.
Ese punto agrega una dimensión política y económica de fondo. Ya no se trata solo de una discusión ambiental clásica entre conservación y producción. Lo que se debate es si Argentina quiere mostrar previsibilidad normativa y estándares consistentes o abrir una etapa de mayor permisividad en un tema cada vez más sensible para el comercio internacional, la inversión y los mercados de carbono. AFoA, por ejemplo, advirtió que cualquier debilitamiento de la ley podría afectar acuerdos, certificaciones y oportunidades de financiamiento verde, un aspecto que para provincias forestales como Misiones no es menor.
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Instalan más de 250 cámaras para estudiar al yaguareté en Misiones

 


Proyecto Yaguareté desplegará más de 250 cámaras trampa en el Corredor Verde para monitorear a la Panthera onca

Fecha de Publicación
: 10/04/2026
Fuente: Canal 12 de Misiones
Provincia/Región: Misiones


La ONG Proyecto Yaguareté inició un monitoreo binacional con más de 250 cámaras trampa en el Corredor Verde, que abarca más de 500 mil hectáreas entre argentinas en Misiones y el sur de Brasil. 
La investigadora asistente del Conicet en el Instituto de Biología Subtropical Nodo Iguazú, Paula Cruz, brindó detalles sobre el monitoreo binacional con más de 250 cámaras trampa a lo largo del Corredor Verde, iniciado por la ONG Proyecto Yaguareté. Se trata de un área protegida que conecta selvas de Argentina y Brasil. Según la profesional, el objetivo es preservar al gran felino y fortalecer la conservación de la biodiversidad en uno de los refugios más importantes del Bosque Atlántico.
Cruz detalló a LT17 Radio Provincia de Misiones que este año la propuesta es diferente a las anteriores. “Buscamos realizar un monitoreo a lo largo de todo el año, es un trabajo más concentrado, unos tres meses, que lo vamos a iniciar a partir de la segunda mitad del año”, precisó. El censo se realiza cada dos años y se convirtió en uno de los seguimientos de grandes felinos más prolongados del mundo, con más de dos décadas de historia.

El área cubierta y la evolución de la población
La investigadora explicó que el monitoreo abarca una superficie muy extensa. “Estamos hablando de más de 500 mil hectáreas, todo el norte de Misiones y el Parque Nacional brasileño”, señaló. El Corredor Verde, protegido por la Ley Provincial XVI – Nº 60, cuenta con aproximadamente 1,1 millones de hectáreas y alberga la población silvestre más importante del país, con entre 90 y 100 ejemplares circulando libremente.
Sobre el objetivo del relevamiento, Cruz fue clara. “Queremos entender cómo está la población de yaguaretés de nuestra región”, afirmó. Gracias a las cámaras trampa, los científicos pueden estimar la cantidad de individuos y analizar la tendencia de la población, si aumenta, disminuye o se mantiene estable.
En los últimos años, según la investigadora, la población mostró cierta estabilidad. “Hay una leve tendencia a la baja, aunque esos no son resultados significativos”, aclaró. En el último relevamiento de 2024, las estimaciones arrojaron una media de 84 individuos, con un rango que va desde 64 a 110 ejemplares.

Un panorama mejor que hace 20 años, pero aún crítico
Cruz comparó la situación actual con los inicios del monitoreo. “Cuando iniciamos estos relevamientos, por el 2003-2004, había la mitad de los individuos. La población se estimaba en unos 40 individuos y esa población se fue recuperando y fue levemente aumentando a lo largo del tiempo”, recordó, lo cual pone en valor también la fuerte política de protección ambiental implementada por el Gobierno de Misiones.
A pesar de la mejora, la investigadora advirtió que la situación sigue siendo delicada. “Estamos mejor que hace 20 años, pero sigue siendo una población crítica”, afirmó. Para que la población esté bien y no necesite acciones de conservación adicionales, se estima que debería haber unos 250 individuos.
Gracias a las manchas de cada animal, las cámaras trampa permiten identificar a los ejemplares de manera individual. Esa información, combinada con modelos matemáticos, posibilita a los científicos estimar cuántos yaguaretés hay en total y cuántos están registrando en cada monitoreo.
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Ley de Glaciares. El agua espera, la minería avanza

 


Glaciares: el Gobierno y sus aliados aprobaron la reforma pedida por las mineras

Fecha de Publicación
: 09/04/2026
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


Por amplia mayoría, el oficialismo se impuso esta madrugada en Diputados y logró modificar la Ley 26.639 que protege las zonas periglaciares como reservorio estratégico de agua. La oposición apuesta a judicializar la norma.
Tras casi 11 horas de debate, la Cámara de Diputados aprobó esta madrugada la modificación a la ley de Glaciares, que redefine el alcance de las zonas periglaciares a fin de permitir el avance de proyectos mineros. Con el acompañamiento de sus principales aliados y de los gobernadores de las provincias mineras la Libertad Avanza cedió al lobby de las principales mineras, que denunció la oposición, y avanzó con una iniciativa que rechazaron fuertemente las agrupaciones ambientalistas y los expertos. Frente al Congreso hubo incidentes por el fuerte operativo de seguridad desplegado para frenar la marcha convocada bajo la consigna: “La Ley de Glaciares No Se Toca”.
La iniciativa que flexibiliza las condiciones para desarrollar explotaciones de recursos se sancionó con 137 votos a favor, 111 negativos y tres abstenciones.
La reforma a la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial establece un cambio fundamental; deja de proteger a todos los glaciares y a las zonas periglaciales como “reservas estratégicas”, para pasar solo a proteger a aquellos que acrediten un “aporte hídrico relevante y comprobable” a las cuencas. De esta forma, muchas formaciones de hielo menores quedarían fuera de la tutela legal, permitiéndose así el avance de proyectos mineros. Por esta razón, los bloques de la oposición y organizaciones ambientalistas rechazaron la iniciativa debido a que quedaría sin efecto la prohibición de actividades que puedan afectar la condición natural de áreas consideradas reservas estratégicas de recursos hídricos, que son vitales para el consumo humano, para la biodiversidad y para el equilibrio climático.
La aposición aprovechó el debate para plantear apartamientos de reglamento sobre cuestiones sensibles para el gobierno con la intención de mostrar que están a poco de conseguir los números necesarios para avanzar en una moción de censura contra el jefe de Gabinete y emplazar comisiones para el tratamiento de proyectos que complicarían al Gobierno de Javier Milei. El caso LIBRA, y los pedidos de interpelación a Adorni por sus pomposos viajes y propiedades recientemente adquiridas protagonizaron los planteos.
Quienes habilitaron la sesión fueron los diputados de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Innovación Federal, Elijo Catamarca, Producción y Trabajo (San Juan), Independencia (Tucumán), algunos monobloques e incluso varios diputados de Provincias Unidas (Alejandra Torres, Jorge Rizzotti, Ignacio García Aresca, Gabriela Scaglia, José Nuñez, y Sergio Cappozzi), quienes también se espera que acompañen la iniciativa oficialista. La secretaria general de la presidencia, Karina Milei se acercó al Palacio Legislativo pasadas las 22.15 para asistir a la sanción de la norma.

El debate
Las primeras palabras fueron las del miembro informante y presidente de la comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente José Paluc, que contrariamente a lo que planteó la oposición festejó la audiencia pública por Glaciares al catalogarla de “histórica”. Para el diputado libertario fue un logro que de los 106.407 inscriptos. 90 hayan podido subir videos al canal de YouTube de la Camara de Diputados, que 2990 se pronunciaran de manera escrita, que 113 expusieran de manera presencial y que solo 98 pudieran dar su opinión de manera virtual. Paluc, hizo una corta intervención sin hacer prácticamente referencias al detalle del proyecto que pretende reducir el cuidado del agua y los glaciares.
Por el contrario, la diputada de Unión por la Patria, Sabrina Selva definió como “farsa” la audiencia pública y denunció el lobby de las empresas mineras al resaltar que la modificación que se le pretende hacer a la ley “no es aclaratoria porque la ley actualmente no tiene vacíos legales”. En este sentido, la massista recordó que la norma actual fue ratificada en su constitucionalidad por la Corte Suprema. Asimismo, cuestionó la interpretación que se intenta hacer del art 41 de la Constitución Nacional, y resaltó que el máximo tribunal saldó esa discusión respecto a quien tiene potestad sobre los recursos naturales. Y denunció que no corresponde que los gobiernos provinciales decidan sobre la capacidad hídrica en desmedro del Conicet. “Para tomar decisiones se basarán más en criterios políticos que en criterios científicos”, cuestionó. Finalmente, apuntó contra las criticas que se le hacen a la norma vigente. “Tampoco es cierto que la ley actual es antiminera. La Cámara Argentina de Minería reconoce el crecimiento exponencial”, cerró.
Desde la izquierda, también salieron a cruzar las intenciones del Gobierno de reformar la Ley de Glaciares. Myriam Bregman afirmó que el oficialismo busca aprobar la iniciativa para lograr “un saqueo rápido”. Además, aprovechó para recordarle a Luis Petri, que presidía ese tramo de la sesión, que tiempo atrás defendía la norma. “Desde el Frente de Izquierda tenemos memoria, los pueblos tienen memoria y se van a acordar de la entrega infame de este modelo”, aseguró, al tiempo que expresó que “Milei tiene claro que fue elegido por las corporaciones para un saqueo rápido”.
A su turno, el jefe del bloque de UP, Germán Martínez, aseguró que están a favor de la protección de los glaciares y las áreas periglaciares, y recordó que “la ley de 2010 permitió del desarrollo minero”. De esta forma, llamó a “salir de falsas antinomias, el peronismo hizo más que nadie para el desarrollo productivo vaya de la mano con la protección ambiental”. También criticó las audiencias públicas, a las que calificó de “amañadas”. Finalmente, recordó al Papa Francisco por su defensa del agua para la vida humana y el mensaje de Juan Domingo Perón de 1972 en defensa del medio ambiente.
En el mismo sentido, se expresó la diputada Lucia Cámpora, que arrancó caracterizando de “bochornosa” la audiencia pública que llevó adelante el oficialismo con la intención de evitarse futuras judializaciones, y donde pudo participar “menos del 2 por ciento de los inscriptos”. Por otra parte, señaló que se debería estar discutiendo “agua dulce si o agua dulce no”, al hablar sobre “el plan de saqueo” que se intenta llevar adelante a pedido del Fondo Monetario Internacional que plantea “una triple flexibilización” laboral, ambiental y económica.
Para el diputado de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto “esta ley es un retroceso, es un hecho negativo” y marcó que “no hay ningún elemento nuevo” a la que se trató en el 2010. A su vez, estimó que “se abre un camino peligroso para el pueblo argentino”, por lo cual manifestó estar en contra " del proyecto del oficialismo.
Para el santacruceño, Juan Carlos Molina la ley debería de llamarse “ley de entrega del agua” y “ley de las megaminerías”. Además, para el sacerdote la norma promoverá una competencia entre las provincias para ver “quién entrega primero sus glaciares”, en busca de recursos económicos.

Más Información:

Perfil - Se aprobó la reforma de la Ley de Glaciares con una mayoría fortalecida por aliados de LLA
La Cámara de Diputados aprobó durante la madrugada de este jueves 9 de abril la reforma de la Ley de Glaciares en una sesión que combinó el tema ambiental con una fuerte ofensiva opositora centrada en el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El oficialismo logró la aprobación de su proyecto a las 2.30 de la mañana, gracias a un fuerte apoyo de los bloques aliados. Con tres abstenciones, la votación resultó en 137 a favor y 111 en contra. 

Agencia EFE - La minería se acerca al hielo en Argentina: claves de la reforma de la ley de glaciares
Los glaciares argentinos han dejado de estar protegidos automáticamente por ley. Tras casi 12 horas de debate, la Cámara de Diputados ha aprobado con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones la reforma de la Ley de Glaciares que ha impulsado el Gobierno de Javier Milei.

Ambito -  Industria minera celebra la reforma de la ley de Glaciares: "Remueve ambigüedades que generaban incertidumbre" 
Diputados aprobó la adecuación de la ley de Glaciares con el impulso del Gobierno y el respaldo clave de las provincias. Mientras el sector minero celebra la medida, ambientalistas anticipan una avanzada judicial.

La Nación - El Gobierno celebró la reforma de la ley de glaciares y cargó contra los ambientalistas
El gobierno de Javier Milei celebró este jueves la reforma de la ley de glaciares, aprobada en la Cámara de Diputados. A través de un comunicado, la Oficina del Presidente aseguró que, con estos cambios, se cuida “genuinamente el ambiente” y apuntó contra los ambientalistas, a quienes acusó de “intentos de interferencia” para “impedir el progreso”. 
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Aumenta el uso de agroquímicos un 2.000% y alerta por acuíferos

 


Informe de la UNRC advierte que el uso de agroquímicos creció un 2.000% y ya impacta en acuíferos

Fecha de Publicación: 09/04/2026
FuenteLa Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional


La investigadora del Conicet y docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Verónica Lutri, presentó un trabajo audiovisual sobre el impacto del modelo agropecuario "químico-dependiente" y apunta a “la contaminación que no se ve”.
En 1991, en Argentina se aplicaban 30 millones de litros de agroquímicos por año. Hoy, esa cifra trepó a los 600 millones de litros. El dato, contundente, forma parte de un documental realizado por la doctora en Geología e investigadora del Conicet, Verónica Lutri.
La docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) fue seleccionada para este proyecto por el International Groundwater Resources Assessment Centre (IGRAC), organismo vinculado a la Unesco. Tras realizar el material sobre la problemática del agua subterránea, Lutri fue nombrada embajadora del World Water Film Festival, que este año tendrá su edición en Argentina.
“Argentina es el tercer país productor mundial de soja y el tercero en consumo de pesticidas para este cultivo”, explica Lutri.
Su trabajo insta a reflexionar sobre una amenaza invisible: la contaminación de los acuíferos en la llanura chaco-pampeana.
Durante dos años, la investigadora reunió testimonios sobre el impacto del modelo agropecuario extractivista para dar visibilidad local a una problemática global. Según recordó, la superficie cultivada de soja en el país pasó de apenas 960 hectáreas en 1960 a más de 13 millones en 2024.
“Existen toneladas de evidencia científica sobre el efecto nocivo de los herbicidas y diversas especies y de su presencia casi total en todas las matrices ambientales. Se han detectado plaguicidas en sangre, orina y polvo ambiental, pero muchos de estos estudios fueron censurados”, sostuvo Lutri. 
También marcó la importancia de la investigación y su divulgación porque “sin agua no podemos vivir y no se cuida lo que no se conoce”.

Agroquímicos, “un problema silencioso”
La especialista detalló que la contaminación se produce con mayor facilidad cuando los acuíferos están a pocos metros de profundidad y el suelo es de materiales gruesos, como arena o grava. “Allí el agua de descarga de lluvia infiltra con mayor velocidad. Hemos detectado atrazina en acuíferos a 20 metros de profundidad. Es decir, el lixiviado está ocurriendo”, sostuvo.
Señaló que la atrazina es un herbicida de amplio espectro utilizado desde la década de 1960. Mientras que en la Unión Europea está prohibido desde 2004 por su impacto en la salud humana y el ambiente, en Argentina su uso continúa. “Hay reglamentaciones según el tipo de herbicida y suelo, pero las malezas se han hecho resistentes y se está usando mucha más cantidad, más dosis”, advirtió Lutri.
La investigadora riocuartense destacó que la expansión de la frontera agrícola conlleva la pérdida de humedales y de bosques nativos.
Además, alertó que el riesgo no se limita al consumo de agua: “Existen estudios que fueron ‘censurados’ a nivel nacional —como el Proyecto Sprint— que analizaban herbicidas en sangre y orina. El impacto no es solo a través del agua; en el polvo ambiental y en los sedimentos que vuelan en el campo hay herbicidas y la gente los respira”, apuntó.
Para el documental, Lutri consultó, entre otros, al especialista en Agroecología de la UNRC, Claudio Sarmiento. Resumió que se aboga por una producción que no sea tan “químico-dependiente”. “El sistema está saturado y es necesario buscar alternativas naturales como la agroecología, alternativas naturales, como el uso de insectos benefactores”, dijo.
 Su trabajo audiovisual plantea que así como una persona enferma tiene medicamentos en su mesita de luz, la gran cantidad de envases de agroquímicos que pueden observarse tirados, en medio de la naturaleza, son indicadores de lo que está en el suelo y en los acuíferos “Cuando el campo te muestra esto, hay algo que no está bien (…). ¿Ojos que no ven, corazón que no siente?”, se preguntó.
El video documental para divulgar el asunto fue presentado recientemente en las Jornadas sobre el uso de agroquímicos en la Facultad de Ciencias Exactas de la UNRC y está disponible en este link de Youtube.
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Alerta ambiental en la costa chubutense por derrames de aceite

 


Alerta ambiental y sanitaria en Chubut: manchas de aceite y agua contaminada en una playa de Camarones

Fecha de Publicación
: 09/04/2026
Fuente: Portal PrensaMercosur
Provincia/Región: Chubut


La localidad de Camarones (Chubut) enfrenta una situación crítica tras la aparición de manchas de aceite en el mar, justo en la playa pública contigua al muelle pesquero. Vecinos registraron videos que muestran hidrocarburos flotando en el agua, lo que transformó un debate técnico sobre la expansión portuaria en una alerta sanitaria tangible.
Organizaciones ambientales y especialistas advierten que la intensidad de la actividad pesquera industrial es incompatible con el uso recreativo de la playa. La falta de infraestructura para contener derrames y el manejo deficiente de residuos peligrosos agravan el problema.

Riesgos para la salud comunitaria
El impacto no se limita a la contaminación visible:
- Investigadores del CENPAT confirmaron la presencia de pinturas antiincrustantes en los cascos de barcos, que liberan estaño.
- Este compuesto provoca imposex, una alteración reproductiva severa en moluscos.
- Un informe técnico reveló que un alto porcentaje de moluscos en el puerto de Camarones presenta anomalías físicas por exposición a estos químicos.
Aunque aún no se ha demostrado riesgo directo para la salud humana por contacto con el agua, el peligro real está en la ingesta de caracoles o bivalvos contaminados, lo que podría afectar la seguridad alimentaria local.

Impacto social y económico
La posibilidad de clausurar la playa pública genera incertidumbre en la comunidad, ya que es el espacio más concurrido durante el verano y un atractivo turístico clave.
Sin embargo, las imágenes de derrames y los informes técnicos obligan a replantear prioridades, poniendo la seguridad de la población por encima de los intereses comerciales de la pesca industrial.

Crisis en el agua potable
El problema ambiental se extiende más allá de la costa: un estudio oficial del Ministerio de Salud de Chubut (febrero de 2026) reveló que el agua de la red municipal supera los límites de sodio, arsénico y fluoruro establecidos por la OMS.
- En la cisterna de La Lochiel, los niveles de arsénico superan hasta ocho veces la norma permitida.
- En la red del pueblo, triplican el máximo tolerable.
- El cloro residual es insuficiente, ya que se pierde en los 35 km de acueducto, comprometiendo la potabilidad.
El exceso de cloruros y el sabor salobre del agua elevan el riesgo de complicaciones graves para la salud con el consumo prolongado.

Alerta sanitaria en Camarones
Camarones enfrenta una doble crisis ambiental y sanitaria: contaminación marina por hidrocarburos y químicos tóxicos, junto con un suministro de agua potable de baja calidad.
La situación exige medidas urgentes de control portuario, monitoreo ambiental y mejoras en la infraestructura de abastecimiento. La comunidad se encuentra en un punto de inflexión donde debe decidir entre sostener la actividad pesquera industrial o garantizar la salud y seguridad de sus habitantes.
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Hoy tratarán (para mal) la modificación de la Ley de Glaciares

 


Ley de Glaciares: el oficialismo consiguió dictamen y Diputados sesiona este miércoles para convertirla en ley 

Fecha de Publicación
: 08/04/2026
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional


El proyecto del Ejecutivo consiguió 37 de las 66 firmas del plenario de comisiones. Unión por la Patria y Provincias Unidas lo rechazaron.
Tras la última jornada de exposiciones- con funcionarios nacionales y de provincias mineras- el oficialismo consiguió dictamen a la modificación de la Ley de Glaciares y apuesta a convertirla en ley en la sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados.
Organizaciones y partidos de la oposición ya convocaron a una marcha a partir de las 17, desde 9 de Julio y Avenida de Mayo hasta el Congreso. "No a la flexibilización ambiental de Milei y el FMI. Defender los glaciares es defender el agua, la soberanía y el futuro de los argentinos", lanzó La Cámpora, uno de los sectores que organizan.
El dictamen de mayoría obtuvo 37 firmas de las 66 que integran el plenario de Ambiente y Asuntos Constitucionales. Acompañaron a La Libertad Avanza, diputados del PRO, la UCR y legisladores provinciales de Catamarca, San Juan y Misiones.
Mientras tanto, Unión por la Patria (23 firmas), Provincias Unidas (5 firmas) y Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica firmaron dictámenes propios, aunque los tres de rechazo.
Si bien LLA confía en que los números están, la apertura del recinto -con el escándalo de Manuel Adorni fresco- promete conflicto. Hay pedidos de interpelación al jefe de Gabinete presentados, aunque la oposición necesita mayoría suficiente para emplazar a las comisiones que deben tratarlos y Adorni ya tiene cita para el 29 de abril con el objetivo de brindar su informe de gestión en el Congreso.
La oposición también va a presionar al propio Javier Milei por sus declaraciones, y las de sus funcionarios, sobre la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán. Buscarán recalcar el artículo 75 de la Constitución que establece como facultad exclusiva del Parlamento decidir si el país entra en guerra o no, al igual que permitir la entrada de tropas extranjeras o la salida de las fuerzas nacionales
La normativa actual de Glaciares resguarda todos los glaciares y el entorno periglacial pero la reforma plantea que solo queden bajo protección estricta aquellas formaciones que demuestren un “aporte hídrico relevante y verificable” a una cuenca.
A su vez, conceden mayor poder a los gobernadores para la elaboración del inventario glaciar con el argumento de que la Constitución establece que los recursos naturales son de las provincias.
La Libertad Avanza cuenta con el apoyo del grueso del PRO, la UCR y las bancadas federales, sobre todo de las provincias con intereses mineros que están pidiendo modificar la ley porque les frena inversiones millonarias. Provincias Unidas votará dividido, aunque el grueso está en contra.
En el Senado, dos legisladores de Unión por la Patria, votaron junto al oficialismo. En Diputados calculaban que solo los dos sanjuaninos que integran el bloque iban a desmarcarse del resto, principalmente por motivos políticos locales.
La última jornada de exposiciones también estuvo cargada de tensión porque fueron invitados sólo funcionarios del gobierno nacional y de provincias con intereses en la actividad minera: Catamarca, Jujuy, Mendoza, San Juan, Salta.
"Tomaron la decisión de traer solamente a los representantes y gobernadores de provincias cordilleranas con proyectos actuales de desarrollo mineros o futuros proyectos de exploración. Como si el dominio originario establecido en el 124 de la Constitución de los recursos naturales solamente fuera el de las provincias cordilleranas", se quejó Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica, quien sentenció que el oficialismo no dejó que acudan presencialmente los constitucionalistas que ellos solicitaron.
A su vez, Ferraro y Myriam Bregman de la Izquierda apuntaron contra el secretario de Minería Luis Lucero -quien este martes fue denunciado penalmente- porque no debería haber sido invitado ya que fue parte de un estudio de abogados que asesoraba a empresas mineras.
En la previa a la sesión, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) publicó un informe en el que señaló que el 74,1% de los ATN girados por Nación a las provincias (equivalente a $20.000 millones) fue transferido tres días antes de la votación en el Senado y advierten que entre el 19 y el 20 de marzo, se asignaron otros $47.000 millones en ATN a once provincias.

Los argumentos del Ejecutivo y gobernadores de provincias mineras
El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, desmintió que los mandatarios de la mesa del cobre o litio quieran eliminar la ley o cambiar el estándar de calidad. "Estamos a favor de la Ley de Glaciares", aseguró, aunque agregó: "La minería genera una actividad enorme en generación de empleo directo, indirecto y cadena de proveedores locales. No solo se desarrolla en una provincia, sino que se precisa, por ejemplo, la industria metalmecánica de Córdoba o Santa Fe".
El secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, apuntó que se hizo una campaña del miedo contra el proyecto. "Ponen fotos del glaciar Perito Moreno que nadie en su sano juicio piensa tocar, para decir que los argentinos nos vamos a quedar sin agua", señaló Lucero, quien igualmente consideró que "el agua dulce no es un verdadero problema, sino que hay que distribuirla mejor".
A su vez planteó que 3227 glaciares de escombros aportan un caudal equivalente al 1,65 % del Río San Juan, que los glaciares de escombros de 10 hectáreas puede producir 30 litros de agua por minuto y señaló que "es como poner dos canillas al final del glaciar de escombros". "Es una barbaridad frenar el desarrollo por esto", agregó y lo comparó con el desperdicio de agua que existe por mal uso en distintas localidades.
"Con el agua de un glaciar de escombro se podrían regar dos hectáreas de vides, generar dos puestos de trabajo y un valor bruto de producción de 15 mil dólares por año. Un glaciar de escombro que no puede tocarse prohíbe el desarrollo de un proyecto minero y deja truncos: 24 mil puestos de trabajo, generación de 1.251 millones de dólares al año a proveedores nacionales y empleados. Regalías e Ingresos Brutos por 125 millones de dólares e impuestos nacionales por 406 millones", agregó.
El subsecretario de Ambiente de Nación, Fernando Brom, también se expresó a favor: "No hagamos una lectura de la Constitución sólo de los artículos que nos convienen. El ambiente sano es mi tarea diaria pero en la cual pueda también desenvolverse la producción. Esta ley ha paralizado no solamente la producción minera sino también la evaluación y estudio del recurso hídrico", señaló.
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El uranio vuelve y reabre viejos conflictos en Mendoza

 


Mendoza vuelve al mapa del uranio: historia, potencial y los tres proyectos en danza

Fecha de Publicación
: 08/04/2026
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza


Tras años sin producción, la provincia vuelve a escena con este mineral, impulsado por la transición energética, con nuevas iniciativas de exploración minera.
Durante décadas, Mendoza fue el centro de la explotación de uranio en Argentina. Desde las primeras exploraciones en los años ‘40 hasta el cierre del Complejo Minero Fabril Sierra Pintada en 1997, la provincia lideró la producción nacional del mineral, que hoy vuelve a cobrar protagonismo global en el marco de la transición energética.
Mientras el país importa uranio desde Kazajistán para abastecer sus tres centrales nucleares —que generan el 9% de la electricidad nacional— la mirada del sector vuelve a dirigirse hacia el sur mendocino, donde resurgen proyectos de exploración y remediación.
Ese resurgimiento se apoya en tres iniciativas clave: Sierra Pintada, que se encuentra en proceso se remediación; Huemul, una mina histórica hoy en proceso de volver a explorarse; y Corcovo, una apuesta con potencial de convertirse en uno de los primeros desarrollos argentinos bajo la metodología ISR (recuperación in situ).
Guillermo Pensado, presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (Camem), señaló que la primera mina de uranio de Argentina fue Huemul, que se encuentra en Malargüe, en el ámbito de la cuenca neuquina. Y resaltó que este es un dato importante porque en esa cuenca hay muchas manifestaciones de este mineral.
De hecho, allí se encuentra el depósito Ivana, donde se desarrolla el proyecto Amarillo Grande, en Río Negro. Añadió que también es donde se ubica Corcovo. “Es una cuenca que los geólogos llamamos fértil en contenido de uranio”, indicó, aunque aclaró que eso no significa que sea rentable su explotación.

Cambio de paradigma
Pensado recordó que Huemul empezó a producir uranio a principios de los ’50 y terminó en 1975, luego de que comenzara la operación de Sierra Pintada, que representó el cambio de la pequeña minería a una de escala. También cerraron Agua Botada, que se encontraba al lado de Huemul, y varias otras minas en distintas partes del país, ya que la Comisión Nacional de Energía Atómica decidió enfocarse en una producción de mayor volumen.
Pero en 1997 también se detiene Sierra Pintada, por la caída del precio del uranio, debido a dos razones. Por un lado, el accidente de Chernobyl, que hizo que muchos cuestionaran el sostenimiento de sus programas de energía nuclear. Y, por otro, el fin de la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos, que llevó al desarme de ojivas nucleares y el uso del material para la generación de energía limpia.
Hasta ese momento, indicó el geólogo, Sierra Pintada producía 120 toneladas de uranio -con recursos provenientes de Mendoza y de Chubut, del proyecto Cerro Solo-, para abastecer las dos centrales nucleares que había en Argentina, que consumían esa misma cantidad. Cuando se detiene, comienza el proceso de remediación en el complejo en San Rafael.

Potencial en Mendoza
El presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (Camem) indicó que en Huemul se está evaluando la posibilidad de recuperar el uranio, que está presente con cobre y vanadio, por lo que la idea es determinar la conveniencia de su explotación.
Carlos Ferrer, titular de la Cámara de Servicios Mineros de Mendoza (Casemza), resaltó que la minera Jaguar ha comprometido, en un acuerdo reciente con el Gobierno provincial, una inversión de US$ 25 millones para iniciar la exploración en Huemul. Y si bien indicó que no se trata de un monto elevado para la minería, sí representa una señal importante de que una empresa junior esté interesada en explorar.
Pensado indicó que, en Corcovo, en el límite de Mendoza con Neuquén y La Pampa, el uranio se encuentra en profundidad y se detectó a partir de pozos petroleros (se utilizaron esas perforaciones para medir radiación). Explicó que ahora se está planteando un proyecto con potencialidad de recuperación in situ, que es posible cuando el uranio está en un depósito confinado -sellado- y se encuentra en el agua, lo que permite oxidarlo y recuperarlo por solución.
Precisó que es más un minado por bombeo de pozos de agua que un minado tradicional, de cantera o subterráneo. “Hoy, el 60% del uranio del mundo se produce de esa forma, porque genera una menor huella ambiental y reduce el costo”, destacó.
El especialista indicó que una de las compañías que empezó a prospectar en Malargüe, por cobre, encontró depósitos de uranio. “Podemos tener en la cuenca muchos más descubrimientos de uranio que los que se conocen hoy día”, aventuró.

Ventana de oportunidad
Con el uranio sucede lo mismo que con el cobre: la mayor parte de los proyectos se encuentran en etapa de prospección o de exploración, por lo que aún resta encontrar un yacimiento para luego determinar su factibilidad económica.
Ferrer expresó que, si bien hay un interés muy grande por el cobre en Mendoza, también lo hay por el uranio, ya que los dos son minerales estratégicos. La diferencia es que el primero es de utilización genérica (para cables, autos eléctricos, tecnología en general), mientras que el uranio tiene un uso más puntual, para la generación de energía nuclear y la medicina.
Pensado resalta que la transición energética configura una ventana de oportunidad porque los dos son minerales críticos para ese proceso: el cobre, esencialmente, para la electrificación y el uranio para la generación de energía sin emisión de dióxido de carbono. Subrayó que, en las COP (Conferencias de Cambio Climático) más recientes se ha planteado que habría que triplicar la energía nuclear en el mundo para poder alcanzar las metas de carbono neutralidad.

Un recurso estratégico en debate
En un contexto global que revaloriza la energía nuclear como fuente de generación de energía de base -disponible las 24 horas, a diferencia de lo que sucede con la solar o la eólica- y bajas emisiones de gases de efecto invernadero, el uranio vuelve a posicionarse en la mira.
Mendoza no sólo cuenta con la reserva más grande que se conoce hasta ahora en el país (Sierra Pintada), sino que también tiene la empresa que está trabajando en la construcción de piezas para reactores nucleares modulares (Impsa). La provincia que alguna vez lideró la producción nacional toma relevancia en el radar internacional, no sólo por el cobre, sino también por este otro mineral estratégico en la transición energética.

Sierra Pintada: el gigante histórico que avanza en su remediación
Ubicado en San Rafael, Sierra Pintada es el depósito de uranio más grande conocido en Argentina. Entre 1975 y 1997 produjo alrededor de 1.600 toneladas, aproximadamente el 20% de los recursos estimados en el área. Su cierre dejó un complejo legado ambiental que hoy la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) está remediando bajo un plan técnico de gran escala.
El proyecto, que figura oficialmente en etapa de prefactibilidad, combina dos procesos paralelos: la remediación del sitio —incluidos miles de tambores con residuos, agua de cantera con uranio disuelto y material sólido acumulado— y la puesta en valor de instalaciones, que podrían ser clave para futuros estudios técnicos. Las tareas contemplan la construcción de un dique de disposición final con múltiples barreras, la instalación de cañerías, obras de tratamiento y diques especiales para radio y arsénico.
Aunque hoy la prioridad es ambiental, Sierra Pintada sigue siendo observado como un recurso estratégico: conserva mineral disponible y figura como el único proyecto de uranio en Argentina con estudios avanzados. Su evolución es un termómetro del debate social, regulatorio y técnico que acompañará cualquier reactivación del sector.

Huemul: de mina histórica a nuevo polo exploratorio en Malargüe
La mina Huemul, descubierta en 1952 y explotada desde 1955, fue uno de los pilares del desarrollo nuclear argentino. Su mineral abasteció la planta de Malargüe durante más de dos décadas y dejó una impronta geológica que vuelve a ser explorada.
Hoy, el área se encuentra en una etapa temprana pero activa: Jaguar Uranium Corp, en convenio con el Gobierno de Mendoza, avanza en los pasos preliminares para explorar específicamente uranio. El proyecto se encuentra dentro de Malargüe Distrito Minero Occidental I, por lo que obtuvo la Declaración de Impacto Ambiental para la exploración de cobre, pero ahora deberá realizar una nueva gestión para solicitar permiso para estudiar la mineralización uranífera.

Corcovo: el proyecto que pone a Mendoza en la frontera del ISR
El proyecto Corcovo, impulsado por la canadiense Blue Sky Uranium, suma un capítulo nuevo a la exploración mendocina. La empresa adquirió derechos sobre unas 20.000 hectáreas en el sur provincial y en 2025 confirmó resultados preliminares que apuntan a un sistema mineralizado de alta continuidad, detectado a partir de datos de 89 pozos petroleros históricos.
Corcovo se posiciona como un objetivo para extracción ISR (recuperación in situ), un método de bajo impacto físico. La compañía destacó anomalías radiométricas de hasta 10 metros de espesor y porosidades favorables, comparando el modelo geológico con el yacimiento Inkai, en Kazajistán, uno de los más importantes del mundo en esta tecnología.
La apuesta es de largo plazo, pero ubica a Mendoza en un mapa de exploración moderna, con potencial para generar uno de los primeros proyectos ISR del país.
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Ley de Bosques, la pulseada por territorio y negocios

 


En el norte argentino se perdieron más de 210 mil hectáreas de bosques nativos durante 2025

Fecha de Publicación
: 07/04/2026
Fuente: Diario El Argentino
Provincia/Región: Nacional


Greenpeace, con el patrocinio legal de Enrique Viale, presentó ante la Corte Suprema un informe actualizado que denuncia el aumento de la deforestación en el norte argentino durante 2025 y advierte sobre el incumplimiento de la Ley de Bosques y los compromisos internacionales de Deforestación Cero.
La Fundación Greenpeace Argentina, con el asesoramiento del abogado Enrique Viale, presidente de la Asociación de Abogados Ambientalistas, presentó un informe ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación denunciando un aumento significativo de la deforestación en el norte del país. El relevamiento satelital estima que durante 2025 se desmontaron 94.204 hectáreas de bosques nativos en Santiago del Estero, Chaco, Salta y Formosa. 

Desmontes e incendios
Según el informe, Santiago del Estero fue la provincia con mayor pérdida de bosques, con 51.149 hectáreas desmontadas, seguida por Chaco (16.872), Salta (15.129) y Formosa (11.059). Greenpeace advierte que el 80% de los desmontes en Santiago del Estero fueron ilegales, realizados en zonas prohibidas por la Ley de Bosques (26.331).
En cuanto a los incendios forestales, las imágenes satelitales revelan que se quemaron 116.498 hectáreas en la región: 53.325 en Santiago del Estero, 22.715 en Formosa, 21.520 en Chaco y 18.938 en Salta.
La sumatoria de áreas desmontadas e incendiadas arroja una pérdida total de 210.702 hectáreas de bosques nativos en 2025, un 40% superior a la registrada el año anterior. Santiago del Estero encabeza la lista con 104.474 hectáreas, seguida por Chaco (38.392), Salta (34.067) y Formosa (33.769). 

Riesgo para la biodiversidad
El documento advierte que la degradación y fragmentación de los bosques nativos pone en serio riesgo la supervivencia de los menos de 20 ejemplares de yaguareté que se estima sobreviven en la región del Gran Chaco Argentino.
Greenpeace y Viale remarcan que Argentina está lejos de cumplir con el compromiso de Deforestación Cero para 2030, asumido en la Cumbre Climática de Glasgow (COP26) y ratificado por la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
De esta manera, la organización ambientalista busca visibilizar la gravedad de la pérdida de bosques en el norte argentino y exigir el cumplimiento de la Ley de Bosques y de los compromisos internacionales asumidos por el país. 
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Detectan rica fauna en la selva misionera, con una amenaza creciente

 


Descubren un tesoro de fauna en Misiones, pero alertan por los pastizales exóticos

Fecha de Publicación: 07/04/2026
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Misiones


Un equipo de biólogos documentó 759 ejemplares de anfibios y reptiles de 38 especies diferentes en la Reserva Privada San Sebastián de la Selva, en Comandante Andresito. La amenaza que encontraron detrás del hallazgo
En uno de los rincones más verdes y biodiversos del terruño argentino, un equipo de científicos recorrió la Reserva Privada San Sebastián de la Selva, en Comandante Andresito, Misiones, y logró identificar una sorprendente variedad de anfibios y reptiles: 759 ejemplares de 38 especies distintas. 
El hallazgo, sin embargo, vino acompañado de una advertencia inquietante. Allí donde la selva original fue reemplazada por pastizales exóticos, la riqueza y la diversidad de la fauna disminuyen drásticamente. Los ambientes transformados muestran menos especies y menor abundancia que la selva protegida, el bosque en recuperación y el arbustal de chilcas, lo que enciende una alarma sobre el futuro de estos ecosistemas únicos.
El reemplazo silencioso de la selva por pastizales exóticos no solo transforma el paisaje, también borra parte de la riqueza natural que hace única a esta región. Tras seis campañas intensas de muestreo entre 2019 y 2023, los biólogos comprobaron que los pastizales artificiales albergan menos especies y menos animales. Esa caída en la diversidad deja expuesta la fragilidad de la fauna local ante los cambios que impone el avance humano sobre el suelo misionero.
La investigación, liderada por el licenciado en biología y fotógrafo de vida silvestre Alfredo Sabaliauskas junto a Morgan Sebastián Miller (Facultad de Ciencias Exactas de la UBA), Tomás Carranza Perales (Ciencias Exactas de Córdoba) y Matías Romano (Reserva Privada San Sebastián de la Selva), se propuso mirar la selva con lupa. ¿El desafío? Comparar cuánta vida resiste en cuatro escenarios distintos de este rincón de Misiones, clave dentro del Corredor Biológico Urugua-í-Foerster. Desde la selva primaria intacta hasta el bosque en recuperación, pasando por el arbustal de chilcas y el pastizal exótico, cada ambiente reveló su propio pulso de biodiversidad.
La Selva Paranaense, pulmón verde y santuario natural de la Argentina, resiste como puede el avance de la deforestación y los cambios de uso del suelo. Esta región, la más biodiversa del país, es también la más amenazada. El estudio advierte que cada modificación ambiental—desde la alteración del microclima hasta la pérdida de cuerpos de agua—desequilibra el delicado engranaje que sostiene a anfibios y reptiles. Por eso, los investigadores subrayan la importancia de registrar y monitorear cada rincón de este ecosistema, una tarea clave para diseñar estrategias de conservación y restauración en un territorio que no admite distracciones.

Reducción de anfibios y reptiles en pastizales exóticos de Misiones
Durante largas jornadas de campo, los científicos lograron identificar 759 ejemplares pertenecientes a 38 especies distintas de herpetofauna: 21 eran anfibios y 17 reptiles. Entre los registros figuran 21 especies de anuros de cinco familias, 12 serpientes de cuatro familias, 3 lagartijas de tres familias, además de una tortuga y una anfisbena. Todos fueron fotografiados y devueltos a su lugar, en un esfuerzo por no alterar el delicado equilibrio del ecosistema.
Pero detrás de los números, el análisis reveló una tendencia imposible de ignorar. “La diversidad alfa fue más baja en el pastizal exótico, con diferencias significativas respecto de los otros tres sitios”, informaron los investigadores. En otras palabras, la variedad de especies—y la abundancia de animales—se desploma allí donde la selva fue desplazada por el avance de los pastizales.
El contraste resulta contundente: los ambientes nativos, como la selva y los sectores en recuperación superan los 24 taxones, mientras que en el pastizal exótico apenas lograron contabilizar nueve especies.
La selva primaria es el sector más antiguo y menos intervenido de la reserva, donde se conservan árboles de gran porte, arroyos naturales y una vegetación exuberante que sirve de refugio para numerosas especies.
El bosque en recuperación, en cambio, es una zona que estuvo alterada por actividades humanas como la extracción de madera, pero que hoy muestra signos de regeneración, con árboles jóvenes y vegetación en crecimiento.
El arbustal de chilcas, en tanto, se caracteriza por la presencia dominante de arbustos y algunas especies nativas, y suele incluir lagunas artificiales o temporarias. 
Por último, el pastizal exótico es un ambiente abierto dominado por pastos introducidos para la ganadería, con menos diversidad de plantas y escasos refugios naturales para la fauna silvestre. Cada uno de estos ambientes ofrece distintas condiciones, y eso se refleja en la variedad y cantidad de animales que los habitan.

Los resultados en otro indicador clave
Los investigadores también midieron otro indicador clave como la diversidad beta, que permite comparar la composición de especies entre distintos ambientes. Los resultados volvieron a poner en la mira a los pastizales exóticos, donde este índice resultó notoriamente más bajo. El informe advierte que la baja diversidad alfa y beta en estos sectores está directamente ligada a la pérdida de biodiversidad provocada por el reemplazo de la vegetación nativa.
Cuando el ambiente se simplifica, las comunidades quedan reducidas a pocas especies y a una abundancia uniforme. Esta monotonía debilita la capacidad del ecosistema para recuperarse y abre la puerta a la llegada de especies que se adaptan a condiciones menos exigentes. En contraste, el arbustal de chilcas y el bosque en recuperación demostraron conservar una riqueza de especies en muchos casos similar a la de la selva primaria.
La explicación, según el estudio, está en la transformación profunda del hábitat: la homogeneización del paisaje, la pérdida de cuerpos de agua y la falta de refugios naturales privan a reptiles y anfibios de los recursos imprescindibles para completar sus ciclos de vida. La alteración de estos factores clave hace que la supervivencia de muchas especies quede en jaque.

Conservación y restauración de hábitats para preservar la biodiversidad herpetológica
El trabajo advierte que las huellas de la intervención humana sobre ranas, serpientes y lagartos pueden perdurar mucho más allá del fin de la ganadería o la pesca deportiva. Los científicos señalan que la recuperación de estos ambientes es un proceso lento, que exige paciencia y compromiso, y que no siempre logra devolver en poco tiempo lo que se perdió durante años de alteración.
Por eso, conservar y restaurar los ambientes nativos se vuelve indispensable para evitar la desaparición de especies. “La creación de reservas y áreas protegidas desempeña un papel central en la conservación de ambientes fragmentados, como la selva paranaense”, remarcan los especialistas. Espacios como San Sebastián de la Selva funcionan como refugios para la fauna original y ayudan a reconectar los distintos parches de naturaleza que aún persisten en la región.
A la luz de estos resultados, los investigadores recomiendan mirar con atención el impacto humano sobre cada ambiente y sostener monitoreos continuos de la vida silvestre. También sugieren ajustar y mejorar las técnicas de restauración y los métodos de relevamiento, para captar con mayor precisión las variaciones ecológicas.
Desde el enfoque de la gestión ambiental y las políticas públicas, el estudio pone el foco en la necesidad urgente de frenar el avance de los pastizales exóticos sobre la selva. Al mismo tiempo, destaca los logros alcanzados en aquellas áreas donde la restauración permitió, aunque sea en parte, recuperar la riqueza de especies que alguna vez definió a la selva misionera.
Aunque los efectos perjudiciales de los pastizales exóticos sobre anfibios y reptiles pueden persistir incluso mucho tiempo después de que desaparecen la ganadería y otras actividades humanas, hay un mensaje de esperanza en la reserva. Las áreas menos intervenidas muestran que, cuando se le da una oportunidad a la naturaleza, el hábitat puede regenerarse y devolver buena parte de la diversidad perdida, incluso en lugares que parecían irremediablemente degradados.
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Cambios en glaciares, entre urgencia política y alertas ambientales

 


Ley de Glaciares: optimismo libertario para dictaminar y aprobar la reforma en 48 horas 

Fecha de Publicación
: 06/04/2026
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional


Diputados convocaron a dictaminar el proyecto para el 7 de abril y podrían llamar a una sesión al día siguiente. Manuel Adorni, en la mira de la oposición.
En el 2025 cada semana de sesión representaba una mala noticia para La Libertad Avanza (LLA). La victoria electoral de octubre y las nuevas afinidades legislativas que absorbió revirtieron esa tendencia y el Congreso se convirtió en una de las principales fuentes de triunfos políticos para el Gobierno, que proyecta aprobar la reforma a la ley de Glaciares esta semana.
La propuesta, impulsada por la insistencia de provincias aliadas a Casa Rosada que buscan potenciar la actividad minera que ya existe en sus distritos, transitó con bajo perfil las instancias del Senado. Allí se dictaminó un texto un día después de la conformación de la Comisión de Ambiente, y esa redacción se presentó con modificaciones en la misma sesión en la que se aprobó en el período de extraordinarias. 
Diputados trató de blindar con legitimidad el debate: accedió a algunas solicitudes opositoras y abrió la inscripción a audiencias públicas. La participación en tan sólo dos días de menos del 1% de los 120.000 inscriptos desdibujó esa pretensión oficialista, tanto como el extendido rechazo de los disertantes: de los primeros 175 que tomaron la palabra, 160 (91,43%) no acompañaron el tratamiento.
Ese escrutinio no alteró los planes de LLA, que ya agendó un plenario para el martes 7 de abril a las 14 horas para dictaminar el proyecto, al que pretenden llevar a sesión al día siguiente. En la instancia de debate se abrió la posibilidad de que haya presencias de los gobernadores que promueven la reforma: el catamarqueño Raúl Jalil y el sanjuanino Marcelo Orrego, que ya defendieron el texto en el Senado, volverían a asistir a Diputados. El mendocino Alfredo Cornejo, el santacruceño Claudio Vidal y el pampeano Sergio Ziliotto también estaban entre las posibilidades, siendo este último el único opositor claro a la iniciativa.

El oficialismo asegura tener los votos, mientras la oposición apunta a Manuel Adorni
La participación de los gobernadores parecen ser anecdóticas cuando en la convocatoria ya se anticipa la voluntad de dictaminar el proyecto: así como ocurrió con los disertantes de las audiencias públicas, lo que digan los mandatarios provinciales no alteraría el curso de la votación. Y en ese cálculo, el oficialismo se ve ganador. Cuentan que tienen 132 votos como mínimo (se necesitan 129), entre las manos de su bloque, las del PRO, la UCR y los provincialistas salteños, sanjuaninos, catamarqueños y tucumanos.
Ante ellos, habría oposición de la mayoría de los representantes patagónicos, peronistas y del interbloque Unidos (espacios desde también donde saldrían respaldos a la ley), aunque el único sector que vota en contra de forma unánime es el Frente de Izquierda. Sectores que rechazan el proyecto ya apuntan en la instancia de judicialización, con el antecedente de la sucesión de fallos contra la reforma laboral.
En ese escenario, la oposición busca una mayoría simple para un proyecto que no integra el temario de la sesión. A pesar de que Manuel Adorni adelantó que se presentará en Diputados para dar su informe de gestión el 29 de abril, algunos bloques tienen la intención de interpelar al jefe de Gabinete antes de esa fecha, lo que implica una modalidad de preguntas y respuestas más incómodas para el funcionario del Ejecutivo. Para ello, podrían votar un emplazamiento que luego decante en la convocatoria. El movimiento, que parece audaz porque les permitiría recuperar iniciativa en un tema de sensibilidad pública, requiere de un sorpresivo apoyo de aliados del Gobierno que en esa misma jornada se llevarían un proyecto para sus provincias.
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Ciencia y pesca, juntas por los tiburones en Río Negro

 


Científicos y pescadores unidos por la conservación de tiburones en Río Negro: un trabajo conjunto en la Norpatagonia

Fecha de Publicación
: 06/04/2026
Fuente: Portal NoticiasAmbientales
Provincia/Región: Río Negro


En la costa atlántica de la Norpatagonia, y particularmente en el litoral de Río Negro, los tiburones cumplen un rol esencial en el equilibrio del ecosistema marino. Sin embargo, en las últimas décadas han enfrentado presiones crecientes vinculadas principalmente a la actividad pesquera.
Frente a este escenario, se ha consolidado un modelo de trabajo que articula el conocimiento científico con la experiencia de pescadores deportivos y comerciales, generando información clave y promoviendo prácticas más responsables.

Tres pilares de la estrategia
El enfoque integral se sostiene en:
- Investigación: monitoreo y recolección de datos sobre las especies.
- Educación: instancias de concientización para pescadores y comunidades.
- Normativa vigente: devolución obligatoria de los ejemplares capturados en pesca deportiva.

Ciencia ciudadana en acción
El biólogo Lucas Albornoz, integrante del subprograma de Tiburones y Rayas en Argentina, destacó el proyecto de ciencia ciudadana Conservar Tiburones en Argentina, que lleva más de 15 años de desarrollo.
- Pescadores deportivos colaboran colocando marcas en los ejemplares capturados.
- Se han marcado cerca de 4.000 tiburones en todo el país.
- El monitoreo reveló que entre el 70 y 80% de los ejemplares capturados son hembras, lo que incrementa el impacto sobre las poblaciones.
Este trabajo permitió conocer los desplazamientos de los tiburones, confirmando que muchas especies migran hacia aguas de Uruguay, lo que impulsa la necesidad de políticas de conservación regionales.

Normativa y cambio cultural
La ley de pesca deportiva establece la devolución obligatoria de los tiburones, sin prohibir la actividad. Esto permite sostener una práctica cultural arraigada de manera sostenible.
Albornoz destacó el cambio de conciencia en los pescadores: “Hoy muchos valoran más la experiencia, la foto o el video que llevarse el tiburón como trofeo. Es un proceso que lleva tiempo, pero cada vez hay más compromiso”.

Importancia ecológica de los tiburones
Los tiburones en la costa de Río Negro son depredadores tope, fundamentales para:
- Equilibrio ecológico: regulan poblaciones de especies intermedias, evitando la sobrepoblación y protegiendo herbívoros.
- Conservación: leyes locales protegen especies como el escalandrún, bacota, azul, gatopardo, cazón y martillo.
- Valor científico: el Golfo San Matías ha registrado más de 100 tiburones bacota, permitiendo estudios sobre comportamiento y abundancia.
- Biodiversidad: su presencia indica un océano próspero y saludable.
La alianza entre científicos y pescadores en Río Negro demuestra que la conservación de tiburones es posible mediante la colaboración, la educación y la normativa adecuada. Estos grandes peces, de crecimiento lento y reproducción tardía, requieren protección urgente para garantizar su permanencia como reguladores naturales del ecosistema marino.
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Denuncian descarga radiactiva irregular en Atucha

 


Descarga de elemento radiactivo en la Central Nuclear Atucha I 

Fecha de Publicación
: 04/04/2026
Fuente: El Chubut
Provincia/Región: Buenos Aires


Una investigación interna reveló que, en mayo de 2022, una descarga de cesio-137 por encima de los límites permitidos, fue el resultado de una fórmula de cálculo obsoleta, un filtro de purificación inoperante y una gestión administrativa deficiente en el Sitio Atucha.
En mayo de 2022, la descarga de las aguas residuales de la Pileta de Maniobras 3 en la Central Nuclear Atucha I provocó una emisión radiactiva que superó las restricciones trimestrales vigentes. El radionucleido más significativo liberado al ambiente fue el cesio-137.
Para dimensionar el evento, debe considerarse que el combustible nuclear gastado de Atucha I se almacena bajo agua en dos depósitos, Casas de Piletas I y II, cada uno con su propia pileta de maniobras. Asimismo, el combustible nuclear gastado de mayor tiempo de decaimiento se traslada a un Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Quemados (ASECQ).
La secuencia de errores comenzó en octubre de 2018, cuando Nucleoeléctrica SA la empresa oficial administradora de todas las centrales nucleares argentinas, dispuso modificar el programa informático de seguimiento de las emisiones líquidas.
La actualización fue superficial: se modificaron las leyendas en pantalla, pero no la fórmula matemática interna. Esta vulnerabilidad se vio agravada por la falta de personal clave, debido a la licencia médica prolongada del jefe de la División Radioquímica.
A este escenario se sumó una falla de infraestructura en abril de 2021: dejó de funcionar un filtro de resinas del sistema de purificación de agua de Casa de Piletas II. La imposibilidad de extraer las resinas apelmazadas, por la falta de diseño y fabricación de un dispositivo para ese fin, impidió retener radionucleidos solubles como el cesio-137.
El desenlace ocurrió en mayo de 2022, cuando se dispuso el vaciado de la Pileta de Maniobras 3, durante las pruebas de puesta en marcha del depósito de combustibles gastados en seco. La actividad del cesio- 37 había alcanzado un valor de unas cien veces superior a las emisiones rutinarias. Bajo el criterio de la constante obsoleta anterior, los valores de actividad parecían aceptables.
137 había alcanzado un valor de unas cien veces superior a las emisiones rutinarias. Bajo el criterio de la constante obsoleta anterior, los valores de actividad parecían aceptables.
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Ciencia argentina busca frenar los microplásticos en el agua

 


Microplásticos y contaminación en el agua: una científica argentina creó un innovador filtro para el hogar

Fecha de Publicación
: 04/04/2026
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Nacional


Desde el Conicet, desarrollan un dispositivo que podría cambiar la forma en que consumimos agua potable. La investigadora marplatense fue reconocida con la Distinción Franco-Argentina en Innovación 2025. Está en etapa experimental.
Sin olor ni color, casi imperceptibles, millones de partículas plásticas están presentes en los sistemas de potabilización y llegan al agua que se consume en los hogares. 
Se trata de micro y nanoplásticos, fragmentos diminutos capaces de ingresar al organismo humano y acumularse en tejidos, con efectos aún bajo estudio, pero cada vez más preocupantes para la comunidad científica.
Frente a este desafío, un equipo del Conicet en Mar del Plata avanza en una solución tecnológica que podría marcar un punto de inflexión. Es un dispositivo doméstico diseñado específicamente para remover estas partículas invisibles del agua de red.
La iniciativa, liderada por la investigadora Carla Di Luca del Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales (Intema, Conicet, UNMdP) de la ciudad de Mar del Plata, fue distinguida en 2025 con la Distinción Franco-Argentina en Innovación 2025 en la categoría Senior. Ese premio no solo valida el desarrollo, sino que también pone en agenda una problemática ambiental de escala global.

La ciencia detrás del filtro
El corazón del proyecto radica en una estrategia poco convencional: no intenta destruir los microplásticos, sino volverlos “atrapables”.
El dispositivo es de uso doméstico y su funcionalidad combina dos etapas. Primero, una activación mediante luz ultravioleta UVC, que altera químicamente la superficie de las partículas. Este proceso las vuelve más reactivas, aumentando su afinidad con otros materiales. 
Luego, en una segunda fase, estas partículas modificadas son capturadas mediante adsorción en materiales porosos desarrollados a partir de residuos industriales.
La innovación no solo está en el método, sino también en el enfoque. La idea es transformar un residuo problemático como son los plásticos microscópicos en un objetivo detectable y retenible mediante ingeniería de materiales.

Un problema que los filtros actuales no resuelven
Aunque los purificadores domésticos están ampliamente extendidos, la mayoría no fueron diseñados para enfrentar esta amenaza. Funcionan principalmente por filtración física porque retienen partículas más grandes que el tamaño de sus poros.
El problema es que los nanoplásticos, con dimensiones inferiores a un micrómetro, pueden atravesarlos sin dificultad. 
Tecnologías más avanzadas, como la ósmosis inversa o la ultrafiltración, sí logran removerlos con mayor eficacia, pero presentan limitaciones críticas porque tienen un alto costo, elevado consumo energético y, en algunos casos, eliminan minerales esenciales del agua potable. En ese escenario, el desarrollo argentino busca un equilibrio clave: combina eficiencia, bajo costo y viabilidad doméstica.
Actualmente, el proyecto se encuentra en fase experimental, con pruebas en condiciones similares al agua de red. Los resultados preliminares ya son alentadores y el próximo paso es la construcción de un prototipo funcional.
El objetivo final es ransformar este avance científico en una tecnología accesible, capaz de integrarse a los sistemas de purificación en las viviendas. Si se cumplen estos pasos, el dispositivo argentino podría representar una herramienta para reducir la exposición cotidiana a microplásticos, una de las contaminaciones emergentes más difíciles de controlar.
La presencia de micro y nanoplásticos en el agua es una evidencia científica. Lo que aún está en discusión es su impacto a largo plazo en la salud humana. “Nuestra expectativa es que esta línea de trabajo pueda evolucionar hacia una solución innovadora, eficiente y accesible para la mitigación de micro- y nanoplásticos en sistemas de abastecimiento de agua”, concluyó la investigadora.
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Ya hay fecha para debatir la reforma de la ley de Glaciares

 


Nación acelera la reforma de la Ley de Glaciares y busca aprobarla el 8 de abril

Fecha de Publicación
: 03/04/2026
Fuente: Portal LaTeclaPatagonica
Provincia/Región: Nacional


La Libertad Avanza fijó fecha para el tratamiento en Diputados y asegura contar con los votos. La previa incluirá un plenario con funcionarios y gobernadores mineros, en medio de fuertes críticas de la oposición, ambientalistas y especialistas internacionales
El oficialismo en la Cámara de Diputados avanzó con el cronograma para tratar la reforma de la Ley de Glaciares y fijó el próximo 8 de abril como fecha para su debate en el recinto, con la expectativa de lograr la aprobación.
Desde La Libertad Avanza aseguran que cuentan con los votos necesarios para sancionar la iniciativa, en un contexto político en el que el Gobierno busca revertir el desgaste acumulado en las últimas semanas.
Como paso previo, el martes 7 se realizará un plenario informativo de las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales. Allí expondrán funcionarios del Poder Ejecutivo y un grupo selecto de gobernadores vinculados a la actividad minera, principalmente de las denominadas mesas del cobre y del litio.
El proyecto en discusión introduce modificaciones clave al esquema vigente, otorgando a las provincias mayor potestad para definir en qué zonas periglaciares pueden habilitarse actividades extractivas, en función de su “función hídrica”. Este punto encendió alarmas en la oposición y en sectores ambientalistas, que advierten sobre posibles impactos en cuencas compartidas entre distritos.
Legisladores opositores cuestionaron el formato de las audiencias públicas previas, al señalar que se limitó la participación de más de 100 mil inscriptos, lo que podría derivar en presentaciones judiciales si la norma es aprobada.
Pese a este escenario, el oficialismo se muestra confiado en conseguir dictamen el mismo día del plenario y avanzar rápidamente hacia la sanción. En ambas comisiones clave, los libertarios cuentan con el respaldo de aliados del PRO y sectores de la UCR, lo que inclinaría la balanza a su favor.
El debate, sin embargo, trasciende el plano político. En los últimos días, especialistas internacionales en glaciología, junto a organismos como la UNESCO, expresaron su preocupación por la reforma. En una carta enviada al Congreso, advirtieron que el ambiente periglacial cumple un rol central en el sistema hídrico y que su alteración podría tener consecuencias graves.
Entre los principales riesgos mencionados figuran la pérdida de reservas de agua, la reducción de caudales en períodos críticos y una mayor vulnerabilidad frente a sequías, en un contexto global marcado por el retroceso acelerado de los glaciares debido al cambio climático.
Así, la iniciativa avanza en el Congreso en medio de una fuerte tensión entre los intereses productivos vinculados a la minería y las advertencias ambientales sobre la protección de recursos estratégicos como el agua.
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La Justicia no castiga la contaminación en Vaca Muerta

 


La justicia no sanciona a los basureros petroleros en Vaca Muerta

Fecha de Publicación
: 03/04/2026
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Neuquén


En un fallo polémico, el juez neuquino Lucas Yancarelli concedió la suspensión del juicio a prueba en el caso COMARSA. La causa tiene como imputados a los directivos de una empresa encargada de tratar los residuos peligrosos provenientes del fracking en Vaca Muerta.
La investigación de la Fiscalía de Delitos Ambientales provincial y de las querellas de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y la APDH-Neuquén demostró que la empresa no realizó ese tratamiento, acumuló los desechos, ocupó terrenos ilegalmente, contaminó gravemente su suelo, puso en riesgo la salud de la población y, gracias a todo el dinero que se ahorró a través de esos desmanejos, obtuvo ganancias millonarias en forma ilegal.
Pese a que el Código Procesal Neuquino exige “la conformidad de la fiscalía” (artículo 108) para este tipo de salidas, el juez se apartó de la ley y suspendió el proceso.
La decisión judicial impide que el caso llegue a juicio oral —que, además, la fiscalía había solicitado que sea por jurados— y aplica un criterio que, en una suerte de “hipergarantismo selectivo”, termina consolidando la tradicional impunidad estructural de los sectores más poderosos.

Un caso clave para la persecución penal de los delitos ambientales
El caso COMARSA no es uno más. Es un leading case en materia de persecución penal de la dimensión económica de los delitos ambientales.
Quien contamina lo hace, casi siempre, para reducir costos y así generar ganancias económicas. Se trata de verdaderos mercados ilegales, donde empresas y personas intercambian bienes o servicios —en este caso, el servicio de tratamiento de residuos peligrosos— al margen de la ley, generando ganancias ilícitas.
Una persecución penal eficaz de estos fenómenos requiere sanciones capaces de reparar el daño ambiental y, al mismo tiempo, impactar sobre esos mercados ilegales, generando incentivos para que esas conductas no se repitan. Lograrlo no es fácil: requiere dedicar tiempo y recursos a investigaciones complejas, en un contexto de alta demanda de casos y recursos limitados en las fiscalías.
Por eso los códigos procesales penales modernos, como el de Neuquén, le otorgan a los Ministerios Públicos Fiscales la posibilidad de optar por distintos tipos de soluciones para los casos: desde la sanción penal hasta otras más sencillas, como los acuerdos reparatorios o las suspensiones condicionales del proceso.
Es el Ministerio Público Fiscal, y no el juez, quien debe tomar esa decisión, ponderando la gravedad del caso, sus perspectivas de éxito, los intereses comunitarios en juego y el impacto que cada decisión puede tener sobre el fenómeno criminal investigado. Lo hace en el marco de su mandato legal de definir la política de persecución penal y tutelar los intereses generales de la sociedad.
En este caso, la Fiscalía de Delitos Ambientales, encabezada por el fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid, tomó una decisión clara: el caso debía llegar a juicio oral y recibir una sanción penal, además de la reparación del daño ambiental prevista por el Código Penal. Las organizaciones querellantes, que acompañaron la investigación desde un comienzo, sostuvieron el mismo criterio.
Sin embargo, el juez se arrogó una facultad que no le compete y concedió la suspensión del juicio a prueba solicitada por la defensa. La ley provincial es clara: la suspensión del juicio a prueba no es un derecho automático del imputado, sino una de las posibles salidas que puede optar el Ministerio Público. El Código exige que la fiscalía esté de acuerdo con la medida. En un sistema acusatorio, el juez no puede sustituir la decisión político-criminal del fiscal, sino sólo controlar que su oposición sea razonable. En este caso existía una decisión absolutamente fundada de la acusación pública (y de las querellas) que impedía adoptar esa solución.
La explotación de recursos naturales no puede realizarse al margen de las normas básicas de protección ambiental ni a costa de la salud de la población, en beneficio económico de empresarios"
Lo único irrazonable en este caso fue la decisión del juez, que no sólo se corrió de la ley, sino también de la jurisprudencia. Por un lado, tergiversó fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que referían a un régimen procesal distinto: el previsto en el Código Penal, que es supletorio y por lo tanto no es aplicable a Neuquén, que se dio su propia regulación. Y, por otro lado, la propia jurisprudencia neuquina, que solo avala esta facultad jurisdiccional en otro tipo de casos de menor envergadura, o en donde exista contraposición de intereses entre la fiscalía y la víctima (como suele suceder en casos de violencia de género), o cuando la posición fiscal sea irrazonable. Nada de eso pasó en este caso, que tenía una pena en expectativa de hasta 10 años de prisión y en donde todos los niveles de víctimas, representadas por el Ministerio Público y las querellas, manifestaron su oposición fundada.

El falso garantismo de los poderosos
Neuquén cuenta desde 2014 con uno de los sistemas penales más modernos del país. La reforma tuvo tres objetivos centrales, y la decisión judicial en el caso COMARSA se aparta de los tres.
Siempre habrá un funcionario judicial dispuesto a suavizar el muchas veces impiadoso poder de la justicia penal"
El primero era revertir la selectividad tradicional del sistema penal, que José Hernández describía hace más de un siglo en Martín Fierro: “La ley es como la telaraña: la rompe el bicho grande y sólo enreda a los chicos”. La reforma ordenó reservar la sanción penal para los delitos más graves y resolver los casos menores con respuestas alternativas. Cuando el Ministerio Público aplica correctamente ese criterio y decide llevar a juicio un caso de enorme gravedad económica y ambiental, resulta escandaloso que un juez, al margen de la ley, vuelva a imponer el funcionamiento selectivo de siempre.
El segundo objetivo era fortalecer el sistema de garantías para evitar el abuso de poder estatal. Sin embargo, en la práctica muchas veces ocurre lo contrario: las garantías se relativizan frente a los imputados más vulnerables y se sobreactúan cuando el acusado tiene un poder económico a veces superior al del propio Estado. Probablemente la provincia no tendría hoy más de un centenar de personas detenidas en dependencias policiales en condiciones precarias si el garantismo que se aplica a los delitos de cuello blanco se extendiera al resto del sistema. La selectividad en el alcance de las garantías es el otro lado de la moneda de la más reconocible selectividad persecutoria.
El tercer objetivo era recuperar legitimidad y confianza ciudadana en la justicia, a través del juicio por jurados. En este caso, el fiscal había solicitado que el proceso fuera juzgado por un jurado popular. El juicio por jurados no asegura un resultado determinado, pero sí algo esencial: que el caso sea decidido por ciudadanos independientes y no por funcionarios permanentes, cuya carrera depende de estructuras estatales permeables a presiones políticas o económicas.
No es casual que este fuera el primer gran caso de criminalidad económica ambiental de todo el país en el que la fiscalía solicitó un juicio por jurados, ni que ese camino haya sido interrumpido. La sucesión de obstáculos jurisdiccionales que enfrentó anteriormente la investigación explica la desconfianza de la fiscalía respecto de la capacidad de los jueces profesionales para juzgar imparcialmente este caso. Esta nueva decisión confirma esa sospecha.

Mucho más que una causa judicial
La decisión será revisada por los tribunales de impugnación y corresponde esperar ese resultado. Pero el problema excede este caso. La discusión ambiental vinculada a la industria petrolera divide opiniones, pero hay un punto que debería generar consenso: la explotación de recursos naturales no puede realizarse al margen de las normas básicas de protección ambiental ni a costa de la salud de la población, para beneficio económico de unos pocos empresarios.
Por eso la decisión de impedir el juicio no es sólo discutible en términos jurídicos. También envía un mensaje político preocupante: cuando se investigan delitos complejos que involucran grandes intereses económicos, y aun cuando el daño ambiental sea inocultable, siempre habrá un funcionario judicial dispuesto a suavizar el muchas veces impiadoso poder de la justicia penal. 
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Blog del Foro Ambiental Córdoba

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