Denuncian tala ilegal y desmonte en una reserva ribereña de Berisso

Fecha de Publicación: 28/07/2025
Fuente: Portal InfoPlatense
Provincia/Región: Buenos Aires

Vecinos alertaron sobre la extracción de árboles nativos en una zona protegida en los humedales del Río Santiago. Reclaman intervención urgente del Municipio y organismos provinciales.

Alerta ambiental en un área protegida
En la zona ribereña de Berisso, específicamente en el Río Santiago, vecinos y organizaciones ambientalistas denunciaron un preocupante caso de desmonte y tala ilegal. Según informaron, el avance sobre este ecosistema costero afecta directamente al monte nativo y podría generar un fuerte impacto ambiental si no se toman medidas urgentes.
Las imágenes difundidas muestran claros signos de tala de árboles y movimiento de suelo. Todo esto en un área que, además de ser parte del humedal del Río de la Plata, es considerada una reserva natural estratégica para la biodiversidad y el equilibrio ambiental de la región.

Preocupación vecinal y pedido de respuestas
Desde la organización Nuevo Ambiente que realiza tareas de conservación en la zona expresaron que “el lugar está siendo intervenido sin autorización”. Además, detallaron que estas acciones afectan tanto al hábitat natural como al uso recreativo y educativo que ofrece el espacio. Por eso, elevaron un reclamo formal al Municipio de Berisso y a la Dirección de Áreas Naturales Protegidas de la provincia de Buenos Aires.
Vecinos aseguran que en el lugar no hay carteles de obra, ni intervención oficial que justifique el desmonte. Temen que estas maniobras respondan a intereses inmobiliarios o comerciales ajenos al bien común.

Un sector clave en riesgo
Esta es una de las pocas zonas de humedal conservadas del cordón ribereño sur, junto a Punta Lara y Punta Indio. Allí habitan especies protegidas de flora y fauna, y también se desarrollan actividades culturales, deportivas y educativas impulsadas por escuelas e instituciones sociales.
Por estas razones, vienen reclamando desde hace años una política clara de protección y manejo sustentable de estos espacios. El caso de Berisso vuelve a poner en agenda el dilema entre el desarrollo urbano y la conservación ambiental.
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YPF apuesta al uranio: avanza un polo minero-nuclear en Chubut

Fecha de Publicación: 28/07/2025
Fuente: Portal Memo
Provincia/Región: Chubut


La petrolera YPF está dando forma a "YPF Nuclear", una nueva compañía con la que apunta a convertirse en referente de la minería de uranio en Argentina. El proyecto forma parte de la estrategia de expansión de la empresa para 2030 y se articula con el plan impulsado por Demian Reidel desde Nucleoeléctrica, que busca reforzar el papel de la energía atómica en la matriz energética nacional.
El punto de partida será la provincia de Chubut, donde ya se iniciaron conversaciones entre la administración local y el Gobierno nacional para que la provincia recupere minas de uranio actualmente bajo control de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Según cálculos oficiales, la CNEA tiene bajo su órbita más de 18 proyectos en ese territorio, cubriendo unas 25.000 hectáreas, con yacimientos de alto potencial, entre ellos Cerro Solo, Los Adobes, La Primera y Laguna Colorada, entre otros.
El miércoles pasado se reunieron en la Torre de YPF en Puerto Madero el gobernador de Chubut, Ignacio Torres; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el presidente de YPF, Horacio Marín; y Demian Reidel para coordinar la hoja de ruta de la nueva unidad de negocio. El encuentro también sirvió para repasar la demanda de Torres ante la Corte de Nueva York, donde busca levantar el embargo que pesa sobre acciones de la petrolera desde la expropiación de 2012.
En redes sociales, Reidel afirmó que la nueva estructura de YPF Nuclear será clave para posicionar al país como exportador de uranio, recurso que considera vital para abastecer la demanda energética futura. A nivel nacional, la idea es crear un polo de desarrollo minero-nuclear en Chubut, aprovechando la disponibilidad de uranio y la posibilidad de sumar nuevos reactores de diseño local.
Reidel presentó en abril el "Plan Nuclear Argentino", que define tres etapas para reposicionar la energía atómica. La primera es la construcción de un reactor modular SRM, con cuatro unidades previstas para el sitio destinado a la postergada Atucha 3, en la provincia de Buenos Aires. El diseño estará a cargo de Invap, Nucleoeléctrica, Conea y Conuar, en colaboración con inversores privados y capital extranjero.
La segunda fase, conocida como el "modelo Gillette", apunta a asociar la venta de reactores modulares con contratos de provisión de uranio argentino, aprovechando las reservas subutilizadas del país. La meta final es que, si se consolidan estas dos etapas, la Argentina se proyecte como destino atractivo para inversiones en infraestructura energética, centros de datos y proyectos de alto consumo eléctrico.
Actualmente, Nucleoeléctrica opera las tres centrales nucleares activas del país: Atucha I, Atucha II y Embalse. A través de este plan, se busca ampliar la capacidad instalada, diversificar la oferta de energía limpia y convertir la exportación de tecnología y mineral en una nueva vía de ingresos para la economía nacional.
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Peligra la causa contra la Mafia del Desmonte: Niremperger se declaró "incompetente" y alertan riesgo de impunidad

Fecha de Publicación: 26/07/2025
Fuente: Portal ChacoAhora
Provincia/Región: Chaco


Actualmente, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia debe resolver si revoca la decisión de Niremperger y sostiene la competencia federal.
Petición ambientalista. Detrás de esta maniobra está la presión directa de la #MafiaDelDesmonte sobre la justicia federal.
Organizaciones ambientales y comunidades del Chaco denuncian que la causa que investiga a una red de desmontes ilegales podría quedar en manos de juzgados locales, más expuestos a presiones políticas y económicas. Reclaman que la Cámara Federal de Resistencia revierta la decisión.
La investigación que sacó a la luz las operaciones ilegales de desmonte en el Chaco —conocida como la causa contra la Mafia del Desmonte— está en riesgo de desarticularse. La jueza federal Zunilda Niremperger se declaró de oficio “incompetente” para continuar con el expediente, pese a la existencia de pruebas que vinculan a empresarios, funcionarios y operadores judiciales en una trama delictiva compleja y con impacto ambiental masivo.
La decisión de Niremperger habilita que la causa se fragmente y pase a la órbita de juzgados provinciales, algo que desde distintas organizaciones consideran “una maniobra funcional a la impunidad”. Señalan que esos fueros son más permeables a presiones de sectores económicos interesados en seguir desmontando tierras protegidas por la Ley de Bosques y habitadas por comunidades indígenas y campesinas.
“La justicia federal debe sostener su competencia en esta causa si se quiere llegar a los responsables reales. Si se pierde, se abren las compuertas para más desmontes, más violaciones de derechos humanos y más expulsiones de familias del campo chaqueño”, afirmaron desde las organizaciones que impulsan la investigación.
Además, advierten que la presión para desactivar la causa proviene directamente de los actores denunciados: “Estamos viendo cómo la #MafiaDelDesmonte opera también sobre el sistema judicial para garantizar su impunidad”, agregaron.
Actualmente, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia debe resolver si revoca la decisión de Niremperger y sostiene la competencia federal. Diversas agrupaciones sociales, ambientales y territoriales iniciaron una campaña pública para exigir que no se frene la causa.
 “El monte nos necesita y esta causa puede marcar un antes y un después en la lucha contra el ecocidio en el norte argentino. Es ahora o nunca”, sostienen desde las comunidades que firmaron la petición, disponible en este enlace.
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Facultades delegadas: los impactos en la protección y el cuidado del ambiente

Fecha de Publicación: 26/07/2025
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional


El camino no es la motosierra ni la desregulación absoluta. Exigir mayor calidad, trabajo, transparencia y control debería ser el rumbo a tomar.
El 8 de julio venció el plazo de la delegación de facultades legislativas al Presidente. Esta norma habilitó al Poder Ejecutivo, durante el plazo de un año, a reorganizar y reducir la estructura estatal, modificar o eliminar competencias de organismos y disolver fondos fiduciarios.
Entre los 65 decretos promulgados por el Presidente, se eliminaron fondos y disolvieron o modificaron organismos claves para la protección y el cuidado del ambiente, incumpliendo tanto leyes nacionales como así también acuerdos internacionales que en nuestro país tienen rango constitucional.
El Decreto 888/2024 eliminó el Fondo Fiduciario de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (FOBOSQUE). Este fondo fue creado a través de la Ley 27.431 para implementar medidas relacionadas con la protección de los bosques, en el marco de la contribución nacional presentada por la Argentina al Acuerdo de París, y mejorar la eficiencia y transparencia en la administración y ejecución de los montos destinados a la conservación de estos ecosistemas.
El Decreto 1020/2024 disolvió el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA). Si bien este decreto dispuso la transferencia de los recursos materiales y financieros del ENOHSA al ámbito de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Secretaría de Obras Públicas, la gestión y ejecución de obras de agua potable y saneamiento a nivel nacional podrían verse afectadas por no contar con un ente especializado que las supervise de manera integral.
El Decreto 396/2025 fusionó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) con el Servicio Geológico Minero (SEGEMAR). El SEGEMAR produce información sobre los recursos geológicos y mineros del país, mientras que el INPRES evalúa proyectos como hidroeléctricas, fracking o minería, se especializa en estudios sismológicos y en prevención del riesgo sísmico.
Bajo ningún punto este organismo debería ser reemplazado por el SEGEMAR, ya que este se encuentra al servicio del sector minero. Además, la Ley Bases prohíbe la disolución del INPRES. Si bien el Decreto 396/2025 no lo realiza, los términos de la fusión establecida con SEGEMAR implican vaciarlo de contenido.
El Decreto 463/2025 disolvió el Fideicomiso Financiero para la administración del Fondo Nacional del Manejo del Fuego, lo que genera incertidumbre acerca de cómo se financiarán ahora tareas clave como la contratación y capacitación del personal, las obras de prevención y control, los estudios e investigaciones, y la logística para combatir incendios.
Además, este decreto se da en un contexto de subejecución de la partida presupuestaria del Servicio Nacional de Manejo del Fuego que, en 2024, tuvo una caída en términos reales del 81% y que durante el primer mes de 2025, mientras habían múltiples focos de incendio en la Patagonia y en Corrientes, no tuvo ejecución presupuestaria.
El principio de integración, contenido en la Ley General del Ambiente (Nº 25.675), establece que la variable ambiental debe estar presente en cada actividad que desarrolle el Estado. Esto se ve lesionado cuando se eliminan fondos o se disuelven organismos claves para la protección y el cuidado del ambiente.
Si se hubieran comprobado irregularidades o detectado ineficiencias, se deberían haber evaluado alternativas con el objeto de mejorar su ejecución y funcionamiento antes que su disolución o reducción.
El camino no es la motosierra ni la desregulación. Exigir mayor calidad, trabajo, transparencia y control debería ser el rumbo a tomar por el Estado. Es la única manera de poder llevar adelante políticas ambientales que se encuentren a la altura de los desafíos climáticos de nuestros días.

Por Cristian Fernández - Coordinador del área de Legales de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)
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Preocupación por la aparición de otra ballena muerta: ya son tres en las últimas dos semanas

Fecha de Publicación: 25/07/2025
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional


Especialistas de la Dirección Nacional de Fauna Silvestre y del CONICET realizaron los peritajes correspondientes para determinar las causas del deceso del mamífero. Los anteriores casos en Costanera y Vicente López.
Una ballena de gran tamaño sorprendió este lunes por la tarde a vecinos y navegantes de las aguas del río Paraná, a la altura de la ciudad de Zárate. El inusual episodio generó una fuerte preocupación, ya que es el tercer caso que se registra en los últimos 15 días.
Según supo la agencia Noticias Argentinas, una embarcación de la Prefectura Naval se hizo presente en el lugar para custodiar al cetáceo. Especialistas en fauna marina señalan que la ballena debió nadar más de 19 horas desde el mar por aguas dulces, un comportamiento anómalo que podría deberse a una desorientación o un grave problema de salud.
Desde esa fuerza de seguridad, consignó Diario El Norte, precisaron que enseguida informaron a especialistas de la Dirección Nacional de Fauna Silvestre y del CONICET, que realizaron los peritajes correspondientes para determinar las causas de la muerte del mamífero.

Casos similares
La semana pasada se registró un episodio similar en la Ciudad de Buenos Aires, cuando una ballena de unos seis metros de largo fue encontrada encallada en la Costanera Norte. El animal estaba en inmediaciones al Parque de la Memoria y a Tierra Santa.
Cinco días antes, durante el feriado por el 9 de julio, otro cetáceo fue hallado muerto por un pescador a la altura del kilómetro 18 del canal costero en Vicente López. Personal de la misma fuerza de seguridad constató que el mamífero estaba muerto y encallado en la zona del barrio de La Lucila.
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Desmontes ilegales: solo en dos provincias se perdieron 31.000 hectáreas de bosque en los primeros seis meses del año

Fecha de Publicación: 25/07/2025
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Chaco - Santiago del Estero


La organización Greenpeace alertó sobre la destrucción de una superficie más grande que la ciudad de Buenos Aires en Chaco y Santiago del Estero
La organización Greenpeace denunció que en los primeros seis meses de 2025 se deforestaron 31.000 hectáreas de bosque solo en las provincias de Chaco y Santiago del Estero. Por tala o quemas, fue completamente devastada una extensión que equivale a una ciudad de Buenos Aires y media. Todo, advirtieron desde la ONG ambientalista, es ilegal: las zonas en donde se tumbaron árboles y plantas nativas tienen protección de los gobiernos provincial y nacional. Al menos deberían tenerla, según lo estipula la Ley de Bosques Nativos (26.331).
No es nuevo que el mandato de esta ley impulsada por el exdiputado Miguel Bonasso (PJ) y sancionada sea una y otra vez incumplido en el norte del país. Es visible tan solo visitando Google Earth. Al poner en secuencia fotografías satelitales que encuadran a las provincias de Chaco y Santiago del Estero, donde en 1985 había una densa y verde masa forestal hoy se dibujan cuadros muy bien trazados de campo amarillento. En particular, para 2008 la tendencia se había acelerado, coincidente con el alza en el precio de la soja.
Si bien desde Greenpeace reconocen que, comparado a dos décadas atrás, la velocidad de desmonte disminuyó, los números aún generan alarma. “Seguimos estando dentro de los 15 países con más deforestación en el mundo”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace Argentina.
Los datos para la primera parte de 2025, a los que LA NACION accedió en exclusiva, muestran que Santiago del Estero perdió 22.315 hectáreas y Chaco, 8685, de manera ilegal. “Si bien en el resto del norte argentino hubo deforestación, estas dos provincias fueron las protagonistas en estos seis meses”, detalló Giardini. Si bien la desproporción es notoria entre ambas provincias y los contextos normativos y productivos, hay muchas similitudes en las dinámicas del desmonte.
El nuevo ministro de Producción de Chaco, Oscar Dudik, advirtió que en realidad fueron 8190 hectáreas deforestadas de manera ilegal. Afirmó también que en estos casos se actuó de acuerdo con la ley. “Ya fueron identificadas y labradas las actas correspondientes. En algunos casos, se secuestraron las máquinas y estamos esperando el pago de multas correspondientes”, detalló. A pesar de ello, reconoció que la legislación vigente es insuficiente para frenar el desmonte ilegal y anunció que la provincia reforzará los controles y las sanciones.
Este medio también trató, sin éxito, de contactarse con representantes del gobierno de Santiago del Estero, encabezado por Gerardo Zamora (UCR). 

Los desmontes santiagueños
Según explicó el representante de Greenpeace, en Santiago del Estero se reproduce una histórica dinámica asociada principalmente a la promoción ganadera desde la propia administración provincial y productores foráneos, aunque la producción de soja también crece en la zona. 
Un ejemplo de ello fue reportado en una investigación reciente de Mongabay Latam, que expuso el caso del director de la empresa Refresh Now, productora de las gaseosas Manaos, Orlando Canido. Canido fue acusado por el Movimiento Campesino de Santiago del Estero por desmontar 11.000 hectáreas –media ciudad de Buenos Aires– entre julio y agosto del año pasado en una finca cercana a la frontera con Salta y San Miguel de Tucumán. No era la primera vez que se vinculó a este empresario con la tala indiscriminada, acompañada de amenazas y violencia contra comunidades indígenas.
Según Giardini, esta dinámica es allí el business as usual. Todo derivado de una flexible ejecución de la legislación para la protección de bosques. “Es histórico que el gobierno provincial haga un cambio de zonificación en las zonas amarillas. Desmontan todo, quedan pasturas y algunos arbolitos”, denunció. 
Los bosques en la Argentina, según estipula la propia Ley de Bosques Nativos, deben ser categorizados por nivel de protección. Se fijaron criterios mínimos para la protección de los bosques, clasificándolos en tres categorías –roja, amarilla y verde– según su importancia para la conservación. Esta zonificación se conoce como Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) y cada provincia debe actualizarlo cada cinco años, sin violar principios como la no regresión. O sea que una zona roja, la de mayor nivel de protección, no podría convertirse en una verde, la de menor, de un lustro a otro. Ninguna de estas dos situaciones se cumplen en el norte argentino.
En el caso de Santiago del Estero, la última actualización del OTBN se realizó en 2015. Desde entonces, el mapa provincial refleja la siguiente distribución de sus bosques: un 14% en categoría roja, un 82% en amarilla y un 4% en verde.
El reporte del año pasado de Greenpeace sobre deforestación indicó que en esa provincia se desmontaron 54.123 hectáreas, casi tres veces la ciudad de Buenos Aires, durante todo 2024. Por esto, mantiene el primer lugar en deforestación en el país. LA NACION trató de comunicarse con la gobernación de Santiago del Estero, para contrastar los datos obtenidos por la ONG ambientalista y también conocer las medidas que está tomando para proteger los bosques, pero no recibió respuesta.

El caso chaqueño
En Chaco, comparado con el año pasado, la deforestación bajó mucho durante los primeros seis meses de 2025. El reporte de Greenpeace de 2024 puso a esta provincia como la segunda con más deforestación, con 39.182 hectáreas, dos veces la ciudad de Buenos Aires. Según la información de la gobernación fueron 23.129 hectáreas.
No obstante, Giardini consideró que deberían analizarse los datos al final del año, pues en seis meses puede cambiar todo. De todos modos, como se dijo, al regir una medida cautelar que prohíbe cualquier tipo de nuevo desmonte, toda la deforestación ocurrida entre enero y junio de este año es ilegal.
El 19 de agosto del año pasado, la jueza federal Zunilda Niremperger, del Juzgado Federal N°1 de la capital provincial, emitió una cautelar que regirá por lo menos hasta el mes que viene. Fue después de la denuncia penal interpuesta por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAAA) en contra de empresarios y funcionarios y exfuncionarios chaqueños. Los acusaron de lavado de dinero, trata de personas, defraudación contra la administración pública, falsedad ideológica de instrumento, cohecho, enriquecimiento ilícito y tráfico, todo asociado al desmonte en Chaco.
Entre los principales acusados está Hernán Halavacs, exministro de Producción provincial, que el año pasado renunció a su cargo. Sin embargo, según denunciaron desde AAAA, la presión sobre la jueza para remover la cautelar es inmensa. La semana pasada, Niremperger se declaró incompetente para llevar dicha causa penal.
Dudik niega categóricamente que el Ejecutivo provincial haya presionado a la magistrada. “Si tienen pruebas, deberán aportarlas a la causa. Pero si no las aportan, pienso que algún fiscal debería investigarlos a ellos”, apuntó el ministro.
“La gobernación debería haber hecho muchos más esfuerzos para hacer cumplir el fallo de la jueza”, opinó Giardini. Además, destacó que con la actual administración, encabezada por Leandro Zdero, Greenpeace no logró tener ningún tipo de diálogo.
También explicó que los desmontes ilegales como estos no son benéficos a mediano plazo ni siquiera para el sector productivo. “Tenemos que pensar que los mercados internacionales son cada vez más exigentes con temas como la deforestación. Adelante tenemos el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que exige trazabilidad de la madera desde 2020. Además, la Argentina se comprometió a la deforestación cero para 2030″, detalló.
Aunque algunos políticos, entre ellos, Zdero, se refirieron a que la deforestación es necesaria para impulsar el desarrollo, en especial en las provincias más pobres del país, tanto para Giardini como para otras organizaciones ambientalistas consultadas hay opciones para desarrollarse sin deforestar, como los mercados voluntarios de carbono, los manejos agroforestales y la reforestación.
Dudik planteó que tiene las “puertas abiertas” para todas las organizaciones dispuestas a dialogar. También anticipó a LA NACION que, a principios del mes próximo, se sancionará una reforma que intensifica la protección de los bosques. “No solo buscamos triplicar las multas, sino que queremos monitorear las topadoras y otras máquinas asociadas a la deforestación. Queremos poner un chip rastreador a cada máquina. También buscamos impulsar labranzas con criterios más sustentables y procesos productivos que impliquen la regeneración de pasturas”, describió el ministro.
Hay muchos cuestionamientos desde los sectores productivos sobre estas opciones que apuntan a la rentabilidad. Otra de sus históricas exigencias es el cumplimiento de la Ley de Bosques Nativos en términos de fondos: el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, que fue pensado principalmente como una herramienta para retribuir a los dueños de los terrenos por no deforestar, jamás llegó al financiamiento estipulado por la ley. Su máximo no superó el 11%. Durante la administración de Javier Milei, la política de conservación de bosques recibió un golpe en este sentido, en particular con la eliminación del Fondo Fiduciario de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (Fobosque), que también estaba diseñado como herramienta financiera para la conservación.
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La Corte Suprema les dio la razón a los vecinos de Chivilcoy en su derecho a tomar agua sin arsénico

Fecha de Publicación: 24/07/2025
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Buenos Aires


El máximo tribunal de justicia provincial rechazó la queja presentada por ABSA. Ahora la empresa deberá construir una planta de ósmosis inversa y mejorar el servicio en forma urgente.
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires rechazó la queja de Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) y dejó firme el fallo que obliga a la empresa a garantizar agua potable con menos de 10 µg/L de arsénico, tal como lo exige el Código Alimentario Argentino.
El conflicto comenzó hace más de una década, cuando vecinos y vecinas de Chivilcoy presentaron un amparo exigiendo agua segura. En su defensa, ABSA se respaldaba en una normativa provincial antigua que permitía hasta 50 µg/L, muy por encima de lo permitido a nivel nacional.
La justicia ya le había dado la razón a la comunidad en primera y segunda instancia. Ahora, con la desestimación del recurso de ABSA, la sentencia quedó firme: la empresa deberá construir una planta de ósmosis inversa y mejorar el servicio en forma urgente.
Aguas subterráneas peligrosas
Este fallo es un precedente histórico para Chivilcoy y para toda la provincia al reafirmar que el derecho humano al agua está por encima de cualquier interés económico. Además, obliga al Organismo de Control del Agua (OCABA) a realizar controles bimestrales y transparentes.
El planteo, tanto de ABSA como de la Provincia de Buenos Aires, es que un valor de 50 microgramos por litro de arsénico en el agua representaría un parámetro seguro. Sin embargo, tal postulación es contraria a lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) y varias entidades de investigación, académicas y de salud, como la Facultad de Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, el CONICET y el Hospital de Niños de la Plata, cuyos dictámenes fueron incorporados en los procesos judiciales.
Los estudios revelados en el Mapa del Arsénico en Argentina que se encuentra confeccionando el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) dan cuenta que los niveles de arsénico en el agua subterránea en un gran sector del interior bonaerense presentan un rango  promedio (de 75 a 370 microgramos por litro) que supera holgadamente lo determinado por la Suprema Corte (10 microgramos por litro) y recomendado por la OMS y el estado de la ciencia, e inclusive por encima del valor de referencia pretendido por ABSA y las autoridades provinciales (50 microgramos por litro).
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Comunidades indígenas de la Red Torna Lickana en Salinas Grandes, Salta, registran el primer TICCA de Argentina

Fecha de Publicación: 24/07/2025
Fuente: FARN
Provincia/Región: Salta


Diez comunidades indígenas de la Red Torna Lickana logran que su territorio sea registrado como un «Territorio de Vida» en una plataforma global, un reconocimiento a su rol esencial en la conservación de la naturaleza, por su gestión y protección de los humedales altoandinos.
El 27 de junio pasado se incorporó al Registro TICCA el primer territorio de Argentina: el Territorio de Vida donde habitan las comunidades de la Red Torna Lickana, ubicado en la cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, en la provincia de Salta.
Los TICCA son Territorios y Áreas conservadas por Pueblos y Comunidades Indígenas, también conocido como “Territorio de Vida”. Se trata de un espacio donde existe una conexión estrecha y profunda entre un pueblo indígena o comunidad local y su entorno, arraigada en la historia, la identidad cultural, la espiritualidad y las formas de vida que aseguran su bienestar material e inmaterial, y quienes, a través de sus sistemas de gobernanza y gestión del ambiente, contribuyen positivamente a la conservación de la naturaleza. 
Estos territorios se caracterizan por estar gestionados de forma autónoma por comunidades, que actúan como custodios mediante sus propias formas de gobernanza.  Son ellas quienes establecen las normas sobre el uso y cuidado del territorio a partir de conocimientos tradicionales y de gestión y gobernanza. Los TICCA se destacan, además, por su contribución significativa a la conservación de la naturaleza, mediante la preservación y el uso sustentable de ecosistemas, hábitats, especies y paisajes.
Dentro del Territorio de Vida de la Red Torna Lickana, una red de 10 comunidades originarias se encuentran los humedales altoandinos, conformados por salares, lagunas, vegas y bofedales. Estos ecosistemas tienen múltiples contribuciones para las comunidades indígenas son espacios sagrados, de sustento y de continuidad cultural, con los que las comunidades indígenas mantienen relaciones profundas, respetuosas y arraigadas a su identidad desde tiempos ancestrales. Estos humedales albergan una biodiversidad única, son fundamentales para la regulación del agua y desempeñan un rol clave en la adaptación al cambio climático. Su conservación es necesaria no sólo para garantizar los derechos de las comunidades que los habitan y cuidan, sino también por su papel esencial en el equilibrio ecológico y en el sostenimiento de todas las formas de vida que crecen y se desarrollan en este territorio.
Según el análisis global publicado por el Centro Mundial de Monitoreo de la Conservación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA-WCMC) y el Consorcio TICCA en el informe Territorios de Vida,  se estima que los territorios y áreas conservados por Pueblos Indígenas y comunidades locales cubren más del 20% de la tierra y hacen importantes aportes a las redes globales de conservación. Sin embargo, aún existe una importante falta de datos. El Registro TICCA busca documentar estos territorios y ya cuenta con 313 casos reportados a nivel mundial. Hasta ahora, ninguno provenía de la Argentina. La incorporación del territorio de la Red Torna Lickana como un TICCA – Territorio de Vida – marca un hito en el reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas en Argentina, y en la visibilización de sus aportes fundamentales a la conservación de la biodiversidad y al cuidado de la naturaleza. Es también una experiencia ejemplar hacia el fortalecimiento de formas de gobernanza propias, basadas en el respeto, la reciprocidad y el vínculo profundo con los territorios que habitan y sostienen desde hace generaciones.

¿Dónde está ubicado el TICCA y cuáles son las comunidades que forman parte?
La Red Torna Lickana —que significa “Nuestra Tierra”— es una red de comunidades indígenas pertenecientes al Pueblo Atacama, conformada por 10 comunidades originarias que integran el TICCA: Casa Colorada, Cerro Negro, Cobres, Corralito, Esquina de Guardia, Incahuasi, Matancillas, Raíces Andinas, Rangel y Tipan.
Este Territorio de Vida se encuentra en el norte de la República Argentina, en la provincia de Salta, dentro de la región del Altiplano conocida como Puna, abarca los departamentos de La Poma y Los Andes, y forma parte de la cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, que se extiende entre las provincias de Salta y Jujuy, a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar.

¿Cómo fue el proceso para la inclusión en el registro?
El Registro TICCA es una plataforma gestionada por el Centro Mundial de Monitoreo de la Conservación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA-WCMC) y gobernada por un comité directo con representantes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Consorcio TICCA, la UICN, el Programa para los Pueblos de los Bosques, la Fundación Kenono (Nagalandia, India), la Cooperativa Snowchange (Finlandia) y Amazon Frontlines.
La inclusión del territorio de la Red Torna Lickana en el Registro TICCA fue el resultado de un proceso sostenido de trabajo comunitario y articulación colectiva. Más allá de su visibilidad internacional, este camino tuvo un enorme valor interno. Desde 2022, las comunidades indígenas que integran esta Red mantuvieron encuentros e intercambios para impulsar la iniciativa, reuniéndose en talleres donde reflexionaron colectivamente sobre el sentido del territorio, su biodiversidad, la memoria, historia e identidad, y sobre las amenazas —históricas y actuales— que ponen en riesgo la continuidad de todas las formas de vida que existen en el TICCA.
Los datos requeridos por el Registro fueron preparados por la Red Torna Lickana, y contaron con el acompañamiento de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), en el marco del  programa Conservando los Humedales Altoandinos de Fundación Humedales/Wetlands International y de Pan para el Mundo/Brot für die Welt. A través de esta documentación, las comunidades reafirman su rol como custodias del territorio y comparten, desde su propia perspectiva, conocimientos, prácticas y formas de gobernanza ancladas en su historia y cosmovisión.

¿Qué potencial tiene para las comunidades de esta red y para otras?
La incorporación en la base de datos del Registro TICCA representa una herramienta valiosa para visibilizar el vínculo de la Red Torna Lickana con el territorio, su identidad y sus propias formas de gobernanza. Este acto no solo implica dejar constancia internacional de su presencia y relación con el lugar que habitan y cuidan desde tiempos ancestrales, sino también situarse dentro de una red global de pueblos indígenas y comunidades locales que conservan la naturaleza desde prácticas culturales, espirituales y sociales profundamente arraigadas, para construir alianzas e intercambiar experiencias, así como posicionar su rol clave en la cuidado y equilibrio de la Pachamama (naturaleza), que incluye territorios, humedales y biodiversidad. En un contexto de crecientes presiones sobre los territorios, como el avance de la actividad extractiva del litio en la región, contar con este reconocimiento simbólico y político refuerza su legitimidad frente a actores externos. Esto contribuye a visibilizar y valorar sus formas de vida, sus conocimientos, usos y relación con el territorio. 
En definitiva, registrar su territorio como un TICCA – Territorio de Vida – no es un acto simbólico aislado, sino una estrategia concreta para proyectar su presencia territorial, consolidar su autodeterminación y continuar defendiendo sus formas de vida en comunidad desde su propia cosmovisión.

Reacciones de la comunidad y especialistas que acompañaron el proceso de registro

Comunidades indígenas de la Red Torna Lickana, Salta.
“Las comunidades de la Red Torna Lickana decidimos avanzar en el proceso de registro de este TICCA con el objetivo de mantener los valores culturales y espirituales, preservar nuestra historia, incentivar a los jóvenes para permanecer en la zona, fortalecer el proceso de defensa de nuestros derechos sobre el territorio y la vida comunitaria.” 

Laura Castillo, coordinadora del Programa de Altoandinos en la Fundación Ambiente y Recursos Naturales
“El registro del territorio de vida de la Red Torna Lickana visibiliza el rol central de las comunidades en la protección de los humedales andinos, amenazados por la demanda de minerales para la transición energética global. El reconocimiento refleja su conexión profunda con el territorio, y el rol esencial de sus saberes para la protección de la naturaleza, en línea con lo establecido en múltiples marcos internacionales de biodiversidad. La reciente Opinión Consultiva 32/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos también destacó la importancia de los saberes, conocimientos y cosmovisiones indígenas para abordar de manera justa y eficaz la crisis climática y ecosistémica, en pleno respeto a los derechos humanos y los límites planetarios.”

Román Baigún, coordinador del Programa Conservando los Humedales Altoandinos para la Gente y la Naturaleza, de Wetlands International
“Creemos que el reconocimiento como ‘Territorio de vida’ por parte de la ONU a la Red Torna Lickana contribuye a la conservación de los humedales altoandinos. No alcanzan las áreas protegidas para proteger a estos frágiles ecosistemas, son las comunidades con su profunda conexión con la naturaleza quienes vuelven más efectiva la conservación.” 

Christof Wünsch, jefe del Departamento de América del Sur, Brot für die Welt
“Nos complace mucho que las comunidades indígenas de la Red Torna Lickana estén registradas ahora como TICCA. Esperamos que, de esta manera, se reconozcan y respeten sus derechos y su contribución a la protección del frágil medio ambiente de la región y a la diversidad cultural.”
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Especies en riesgo por el tráfico

Fecha de Publicación: 23/07/2025
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


Pese a la ley de conservación de fauna, el comercio ilegal pone en peligro a aves, reptiles, mamíferos y felinos nacionales.
Más de 140 especies silvestres son afectadas por el tráfico ilegal en el país, pese a las regulaciones de la ley nacional de conservación de la fauna (N°22.421). Las organizaciones ambientalistas denuncian que miles de ejemplares son capturados año a año para ser comercializados ilegalmente como mascotas, productos artesanales --como ornamentos y joyas-- , medicinas o para coleccionismo. Se calcula que sólo el comercio ilegal de fauna genera entre 15 y 20 mil millones de dólares al año.
Entre las aves se encuentran el loro hablador, el tucán, el flamenco y el cardenal amarillo; entre los reptiles el lagarto overo, la tortuga terrestre y la boa lampalagua; y entre los mamíferos los monos caí y carayá y las especies marinas. Aunque la organización ambientalista Wildlife Conservation Society Argentina (WCS) también resaltó dentro de esta lista a "una creciente cantidad de felinos" --dentro de este grupo se encuentra el yaguareté-- y a plantas como cactus, orquídeas e, incluso, maderas preciosas por diversas características.
Si bien llevarse piedras, plantas, semillas o huevos tras un paseo por la naturaleza o visitar algún destino turístico puede parecer inofensivo, la organización alerta sobre el impacto acumulativo de esta actividad, que podría ser grave para las especies y los ecosistemas. Por este mismo motivo tampoco hay que extraer ni recoger plantas nativas. Y para no fomentar esas extracciones, se recomendó evitar souvenirs que contengan derivados de la naturaleza --corales, caracoles, caparazones, plumas, pieles o maderas-- sin certificado legal.

"Comercio clandestino"
Carina Righi, coordinadora de prevención contra el tráfico de vida silvestre de WCS Argentina, explicó: "Al adquirir un animal o planta nativa o incluso un objeto elaborado con partes de animales --ya sea cuero, hueso, plumas o caparazones--, aunque muchas veces no lo sepamos, podemos estar contribuyendo a un mercado ilegal que causa un daño profundo y silencioso a la biodiversidad. Este comercio clandestino no solo destruye hábitats naturales y empuja a numerosas especies al borde de la extinción, sino que también altera gravemente los equilibrios ecológicos de los ecosistemas".
En esa línea, sostuvo: "extraer animales de su ambiente natural implica un riesgo sanitario porque pueden portar o transmitir enfermedades zoonóticas, que, al ser introducidos en nuevos entornos o entrar en contacto con personas, representan una amenaza concreta para la salud pública y ambiental". Por eso, la organización aconseja no levantar, "rescatar" o comprar animales silvestres en caminos, rutas o en los destinos. Además, tampoco es recomendable alimentar ni tocar animales silvestres.
El mascotismo --la práctica de mantener animales silvestres como mascotas-- y el avance de la agricultura y los proyectos inmobiliarios sobre zonas naturales colaboran en la expulsión de los animales de sus hogares. Esta pérdida de hábitats los lleva a lugares ajenos, como las ciudades: además de aumentar el riesgo de transmisión de enfermedades para la población humana, empeora sustancialmente la vida de los animales. Y se generan las dificultades propias de la cohabitación de humanos y animales sivestres, como por ejemplo los problemas causados por los carpinchos en los barrios privados del Tigre o las incursiones de mapaches y osos en ciudades de Estados Unidos o las "invasiones" de elefantes en zonas urbanas en distintos países de Asia y África.

Marcos legales
Para prevenir y hacerle frente a este comercio ilegal se debe trabajar tanto en la oferta como en la demanda. La coordinadora destacó la necesidad de un "trabajo conjunto entre las instituciones gubernamentales, el sector privado y la sociedad civil", donde se coordinen acciones con los distintos niveles del Estado para fortalecer el cumplimiento de los marcos legales.
La organización llama a que si se presencia o se sospecha de ventas que parecen no ser legales, extracción de especies o que alguien circula con animales silvestres o sus partes, sea notificado a las autoridades del lugar. La ley nacional plantea penas de un mes a cinco años para quienes cacen, capturen o comercialicen animales de fauna silvestre que estén prohibidas o vedadas por las autoridades jurisdiccionales, lo hagan sin autorización o con armas o medios prohibidos.
En cada provincia hay un organismo encargado de esta tarea. De todas formas, a nivel nacional esta tarea se engloba en la Brigada de Control Ambiental (BCA) dependiente de la Subsecretaría de Ambiente, que tiene como misión la fiscalización, control, preservación ambiental y prevención de la contaminación. En el primer tiempo de funcionamiento --fue creado a mediados del 2020-- rescató alrededor de 600 animales silvestres y otros 600 fueron protegidos judicialmente por las condiciones de vida en zoológicos.
Las especies nativas fueron reinsertados en su entorno natural, luego de un proceso de rehabilitación. Sin embargo, el porcentaje más grande de animales rescatados pertenece a especies exóticas, que no pueden liberarse. Para estos casos, se decidió trasladarlos a santuarios o centros de rescate.
A nivel mundial, la Organización Mundial de Aduanas (OMA) y la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) realizaron un operativo conjunto donde en un mes rescataron casi 20 mil animales vivos: todos eran especies en peligro de extinción o protegidas. Identificaron seis redes de tráfico internacional y arrestaron a más de 350 personas.
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Motocross en Parque Norte: una deuda ambiental que se arrastra hace décadas

Fecha de Publicación: 23/07/2025
Fuente: Portal NeuquenNews
Provincia/Región: Neuquén


Vecinos del barrio Rincón de Emilio reclaman el cumplimiento efectivo de fallos judiciales que ordenan la remediación del daño ambiental causado por el circuito de motocross en un área natural protegida.
La lucha por el derecho a un ambiente sano en el barrio Rincón de Emilio, en Neuquén capital, lleva más de tres décadas. Y aunque hubo avances en el plano judicial, las promesas políticas y las regulaciones ambientales parecen disolverse frente a una realidad que no cambia: el circuito de motocross sigue operando en plena área natural protegida, dentro de las bardas del Parque Norte.
Este mes de agosto, podría marcar un punto de inflexión. Según denuncian los vecinos, la concesión otorgada a la Asociación de Motocross Neuquén caería de pleno derecho y podría representar una oportunidad para que se cumpla de una vez por todas lo que dictan las leyes, las sentencias judiciales y el sentido común ambiental.

Un conflicto que persiste
El circuito de motocross funciona desde la década del ’90 en un predio que forma parte del Parque Norte, una vasta región de bardas y mesetas declarada área natural protegida por ordenanza municipal en 1998. Sin embargo, con el tiempo, el predio fue ampliado y consolidado, a pesar de las numerosas denuncias por contaminación acústica, destrucción del ecosistema y riesgos hidrológicos.
En 2018, tras años de reclamos, la Justicia neuquina falló a favor de los vecinos. La sentencia —basada en pericias técnicas realizadas por especialistas de la Universidad Nacional del Comahue y la Universidad de Flores que confirmaron niveles de contaminación sonora, afectación del suelo y alteración de la flora y fauna autóctona, entre otras-, ordenó una serie de medidas de remediación y protección ambiental. 
Nada de eso se cumplió.

La vida con olor a combustible
“Los domingos se respira combustible, se escucha un ruido insoportable y en la barda cada vez se ve menos vida”, cuenta una vecina del barrio, que regresó a vivir a Neuquén luego de años de estudiar fuera de la provincia. Su testimonio, refleja la frustración de una comunidad que ya no cree en las promesas.
La situación es más grave cuando se contempla el riesgo de inundación que pesa sobre el barrio. Al estar ubicado al pie de la barda, Rincón de Emilio ya ha registrado episodios de anegamientos importantes, y el uso intensivo de las laderas por parte del motocross aumenta la erosión del terreno, reduce su capacidad de absorción y empeora el escurrimiento en caso de lluvias fuertes.

Cronología normativa – Bardas Norte, Neuquén
1962 -  Creación del bosque protector en las bardas para contener aluviones tras fuertes lluvias, iniciando su conservación informada.
1990 -  Ordenanza Nº 4538 declara el “Parque Regional Bardas Norte” como patrimonio paisajístico y urbanístico, estableciendo límites (río Neuquén, Cañadón de las Cabras, Ruta 7) y regulando obras que alteren suelo, topografía o cauces naturales.
2002 - Ordenanza Nº 9640/02 complementa y refuerza la protección generada en 1990 (se menciona en varios documentos como parte del sistema de áreas protegidas).
2010 - Se sanciona la Ordenanza Nº 11.874, que crea el Sistema Municipal de Áreas Protegidas (SIMAP), institucionalizando gestión, manejo y planificación integral de las reservas urbanas, incluyendo Bardas Norte.
2008–2012 - Avanzan ajustes normativos y se incorpora un Anexo I con delimitación oficial del área, zonas de protección (como franja de borde de 50 m en la escarpa) y mecanismos de gestión específicos.
2018 - Documentos periodísticos levantan alertas sobre la pérdida de casi 30 ha (10 %) del área protegida, debido a ocupaciones irregulares, pese a los marcos normativos existentes.
2022 - Se firma convenio para traslado del club de motocross fuera del área protegida, en cumplimiento parcial de las regulaciones y medidas previstas por SIMAP.

Normas que no se cumplen
El artículo 41 de la Constitución Nacional establece que “todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano”. A nivel provincial, la Constitución de Neuquén refuerza esta premisa, y la Carta Orgánica de la ciudad de Neuquén declara como política prioritaria la protección de las bardas y su conservación como patrimonio natural.
Además, la Ordenanza Nº 4538/90  establece el “Parque Regional Bardas Norte” como área natural protegida, prohibiendo actividades que pongan en riesgo su integridad ambiental. En teoría, ninguna actividad contaminante o destructiva del suelo y la biodiversidad puede llevarse a cabo allí. En la práctica, la de motocross persiste como una excepción con aval tácito.

¿El fin de la concesión?
La esperanza de los vecinos ahora se enfoca en un punto clave: la posible caída de la concesión otorgada a la Asociación de Motocross Neuquén, que según denuncian, cae de pleno derecho este mes de agosto. Si esto se confirma, la Municipalidad tendría una oportunidad histórica de tomar una decisión valiente: no renovar el permiso, clausurar el circuito, e iniciar un verdadero proceso de remediación ambiental.
Consultada en otras ocasiones, la Municipalidad ha reconocido que se trata de un tema complejo, pero ha evitado avanzar en acciones concretas. Algunas gestiones intentaron plantear una eventual relocalización, aunque sin resultados.

¿Y ahora qué?
Neuquén creció, y con ella también creció la conciencia ambiental. Mientras otras ciudades del país convierten sus bardas en parques protegidos, corredores verdes o zonas de reserva educativa, en Neuquén capital se mantiene una concesión que contraviene todas las normas ambientales vigentes.
“No quedan excusas para seguir incumpliendo”, dicen con claridad los vecinos, que representa el sentir de una comunidad cansada de promesas rotas. No se trata de estar en contra del deporte, sino de exigir que este se practique en condiciones adecuadas, sin comprometer el ambiente ni la salud de quienes lo habitan.
El conflicto de Parque Norte no es solo una disputa por un predio: es un prueba concreta sobre el verdadero compromiso de las autoridades con el ambiente, con el derecho constitucional de los ciudadanos y con las generaciones futuras.
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Pampa del Indio: se sacó fotos con un puma muerto y fue detenido por caza furtiva

Fecha de Publicación: 22/07/2025
Fuente: TN24
Provincia/Región: Chaco


La imagen viralizada en WhatsApp permitió identificar al sospechoso. Secuestraron armas blancas, un aire comprimido y restos de otro animal silvestre.
La secuencia se inició cuando la Dirección General de Seguridad Rural y Ambiental tomó conocimiento de la imagen, ampliamente difundida a través de WhatsApp. En ella, se observa a un hombre sosteniendo en sus brazos a un ejemplar de puma concolor, aparentemente cazado en un área rural de la localidad chaqueña.
A partir del trabajo investigativo, los efectivos identificaron al sujeto como A.M., alias «Curo», y a un presunto cómplice, P.L., apodado «Pauli», ambos residentes del Barrio La Alegría, en Pampa del Indio. Según la información recabada, el puma habría sido abatido en un campo propiedad de O.I., alias «Pinocho».
Con los elementos reunidos, la Fiscalía de Investigación Rural y Ambiental de General San Martín ordenó allanamientos en los domicilios de los involucrados. En la casa de A.M., los agentes detuvieron al sospechoso y secuestraron un teléfono celular, un rifle de aire comprimido, un machete corto, dos puñales, un serrucho grande y un cuero de carpincho, otro animal protegido por la normativa de fauna silvestre.
El detenido fue examinado por personal médico y quedó alojado en la Comisaría de General San Martín, a disposición de la fiscalía interviniente. La investigación sigue su curso, y no se descartan nuevas detenciones o imputaciones.

Protección de fauna: un delito penal
El Puma concolor es una especie protegida por la Ley Nacional N.º 22.421, que prohíbe su caza, captura y tenencia sin autorización. Las autoridades recordaron que la caza furtiva es un delito penal y reiteraron el llamado a la población a no difundir ni participar de actos que atenten contra la fauna silvestre.
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Las “tierras raras”, una oportunidad para el país

Fecha de Publicación: 22/07/2025
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Nacional


América, en especial Argentina, cuenta con minerales críticos que son demandados en el mundo, según expertos. 
El continente americano cuenta con abundantes reservas de minerales críticos y tierras raras. El potencial fue analizado en el 3° Latam Forum, un espacio que reunió a líderes empresariales, inversionistas y funcionarios gubernamentales para debatir sobre las oportunidades estratégicas de la región en el contexto global.
En el panel sobre estos recursos, fue Michael Meding, vicepresidente de McEwen Copper y gerente general de Los Azules, quien afirmó: “el desarrollo de las tierras raras también ofrece oportunidades en Argentina, donde hay proyectos que llegan a tener 40 años de vida, lo que brinda un potencial de rentabilidad excepcional”.
“Necesitamos obras de infraestructura para ser más competitivos y esto se puede lograr a través de acuerdos entre el Gobierno y el sector privado”, expresó.
Para Meding, la clave para el despegue de los minerales críticos y las tierras raras es destrabar las reservas mineras con inversiones locales y extranjeras. “Están apareciendo bancos y otras entidades que están dispuestas a financiar la actividad minera porque ven que es altamente rentable”, dijo.
Además de Meding, el panel estuvo integrado por Eduardo Elsztain, Presidente deI RSA; Pablo Tarantini, director general de Integra Capital; y Guillaume Légaré, jefe para Sudamérica de Toronto Stock Exchange & TSX Venture Exchange.
Argentina invierte el 1% de su PBI en minería, cuando Chile -por el impulso del cobre- destina el 10%. Además, el país es el segundo país de América con yacimientos estratégicos, con más de 1000, sólo superado por Canadá que tiene 5000 propiedades mineras.
La búsqueda de financiamiento debe estar alineada a la diversificación minera, apoyando la actual explotación de oro y plata con el cobre, el litio y los minerales críticos.
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Neuquén busca proteger la fauna y los ecosistemas de las camionetas 4x4

Fecha de Publicación: 21/07/2025
Fuente: Portal NoticiasNQN
Provincia/Región: Nacional


Funcionarios provinciales y referentes turísticos reforzaron el compromiso por un uso responsable del entorno natural.
Con el objetivo de fortalecer el trabajo conjunto en la preservación de la biodiversidad y el cuidado de la fauna, se llevó a cabo una importante reunión entre autoridades ambientales y la Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Neuquén,  Silvana Cerda.
Durante el encuentro, se puso el foco en la necesidad de intensificar los controles sobre la actividad 4x4, una práctica que, si no se realiza de manera ordenada y responsable, puede generar un fuerte impacto en el suelo, la flora y la fauna del territorio neuquino.
“La protección del ambiente debe ir de la mano con el turismo y las actividades recreativas. El equilibrio entre el disfrute y la conservación es clave para garantizar un desarrollo sostenible”, señalaron desde la organización.
Desde ambas áreas manifestaron su compromiso en continuar articulando políticas públicas que promuevan un uso responsable del ambiente, evitando daños irreversibles en los ecosistemas locales y asegurando su preservación para las próximas generaciones.
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Desmontes sin control: el Gobierno de Insfrán admitió lo que negó durante años

Fecha de Publicación: 19/07/2025
Fuente: Portal PrensaLibreFormosa
Provincia/Región: Formosa


El columnista Juan Slash puso en evidencia el forzado e involuntario reconocimiento del Gobierno de Formosa sobre la pérdida de miles de hectáreas de monte nativo. La admisión oficial llegó justo después de la embestida judicial contra Atilio Basualdo y Francisco Paoltroni, los opositores más votados y promotores de la intervención federal.
Tras años de negaciones sistemáticas, relativizaciones oficiales y silencios cómplices, el Gobierno de Gildo Insfrán finalmente reconoció la existencia de desmontes ilegales y sin control en distintas zonas del territorio formoseño. Así lo reveló una nota difundida por la agencia estatal AGENFOR, donde el propio ministro de Producción y Ambiente, Lucas Rodríguez, admitió que "estos desmontes irregulares —sin permisos o con permisos excedidos— representan una grave afectación al ambiente y a los recursos naturales".
El reconocimiento tardío, interesado e involuntario, se produce en el contexto de una jugada política del gobierno provincial para atacar judicialmente a dos de los principales referentes de la oposición: el senador Francisco Paoltroni y el intendente de Las Lomitas, Atilio Basualdo, quienes fueron recientemente condenados y embargados por supuestas irregularidades ambientales, apenas días después de haberse convertido en los candidatos más votados del campo opositor y de haber impulsado la intervención federal de la provincia.
En su columna, Slash fue contundente al destacar: "Por fin el Gobierno Provincial reconoció que se pierden miles de hectáreas sin control", y Slash tiene razón aunque el reconocimiento no fue por honestidad política ni por compromiso ambiental, sino como parte de una maniobra para justificar la cacería judicial contra quienes se atreven a desafiar al régimen".
La nota de AGENFOR el ministro Lucas Rodríguez, circunscribe los desmontes exclusivamente a las zonas donde trabajan Paoltroni y Basualdo, asegurando que las irregularidades se concentran principalmente al sur de Las Lomitas y alrededores de Pozo del Tigre, Estanislao del Campo, Subteniente Perín e Ibarreta. Las cifras son alarmantes: 120 hectáreas desmontadas en Ibarreta, 478 en Subteniente Perín, 659 en Las Lomitas. En total, solo en estos casos, se han perdido más de 1250 hectáreas de monte nativo.
Lo que el gobierno provincial nunca pudo tapar con discursos, hoy lo exponen las imágenes satelitales. Desde hace años, Greenpeace viene alertando sobre la acelerada destrucción del monte nativo en varios departamentos de Formosa. Hernán Geraldini, coordinador de Campañas de Bosques de la organización, denunció que desde la sanción de la Ley de Bosques Nativos en 2007, la tasa de deforestación se cuadruplicó en la provincia.
El trasfondo de esta catástrofe ambiental está en la manipulación del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, donde Formosa decidió ir a contramano de lo que hicieron otras provincias.
Mientras jurisdicciones como Salta o Chaco protegieron hasta el 80% de sus masas forestales bajo zonas rojas o amarillas (donde no se puede desmontar), Formosa clasificó el 70% de sus bosques como "zona verde", permitiendo desmontes con simples permisos administrativos.
"El resultado está a la vista: en lo que va de 2024, ya se perdieron unas 36.000 hectáreas de monte formoseño, la mayoría con aval del propio Estado provincial", denunció Geraldini.
Lo que Slash, tal vez sin desearlo desnuda en su análisis no es solo la gravedad ambiental, sino la hipocresía política: "El gobierno que encubre desmontes ilegales y hace la vista gorda con grandes terratenientes, es el mismo que ahora persigue judicialmente a dos dirigentes opositores con el argumento de proteger los bosques".
La paradoja es brutal: el Estado que destruye, simula cuidar. El régimen que desmonte tras desmonte consolidó su poder, ahora acusa de ecocidas a quienes -alguna vez autorizó a desmontar -y hoy lo enfrentan en las urnas.
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