Neuquén suma más fracking y más peligros ambientales
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Alarma por las perforaciones no convencionales que proyecta YPF en cercanías de los lagos Mari Menuco y Los Barreales
Fecha de Publicación: 15/04/2025
Fuente: Portal Minuto Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
La operadora estatal tiene previsto realizar 87 pozos en el itsmo que conecta ambos embalses.
Las concesión otorgada en marzo de este año a la empresa YPF para explotar en el área La Angostura Sur II, a través de la técnica del fracking, ha encendido las alarmas de comunidades mapuches y asociaciones ambientales por encontrarse muy cercana a los lagos Mari Menuco y Los Barreales, espejos de agua de donde se extrae el agua potable para gran parte de la población de la ciudad de Neuquén.
El proyecto de YPF es perforar tres pozos piloto en el istmo que conecta los embalses Mari Menuco y Los Barreales. Según informó el Observatorio Petrolero Sur, se trata de una etapa inicial que contempla pozos horizontales con ramas laterales de 2 mil metros y 28 etapas de fractura cada uno. El plan completo prevé desarrollar 87 pozos en ese lugar.
El istmo donde proyectan ubicar los los pozos piloto de YPF es una franja angosta de tierra entre los dos embalses, lugar en donde se encuentra el sistema hídrico que abastece la ciudad de Neuquén, la ciudad de Centenario y los canales de riego del Alto Valle. “Cualquier incidente —una fisura, una pérdida, un error operativo— puede tener consecuencias directas sobre la calidad del agua y el equilibrio del ecosistema”, explicaron desde Opsur.
El proyecto se realizará sobre el territorio que reclama la comunidad mapuche Kaxipayiñ, quienes exigieron al gobierno provincial que se respete el derecho a la Consulta Previa.
“Nos enteramos del proyecto porque tuvimos que parar un par de máquinas de YPF que ya estaban dentro del territorio reconocido de la comunidad”, declaró el werken Gabriel Rolando Cherqui a OPsur.
En el mismo contexto, la Confederación Mapuche de Neuquén organizó una reunión multisectorial de urgencia para analizar la situación y realizar posibles acciones en defensa de los lagos Mari Menuco y Los Barreales.
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Agrotóxicos. Controles en el agua. Escuelas Fumigadas
Fecha de Publicación: 14/04/2025
Fuente: Portal elDiarioAR
Provincia/Región: Nacional
Los plaguicidas usados actualmente no están contemplados en los controles del agua potable. El Estado reconoce la necesidad de regularlos, pero lleva casi dos décadas sin avanzar en una norma concreta, de acuerdo con este trabajo de la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR.
Beber como mínimo dos litros de agua a diario es una indicación que se repite hasta el hartazgo como una buena práctica para la salud. Esta prescripción se basa en un presupuesto: el agua que tomamos es segura. Pero, ¿qué pasa si el agua que ingerimos tiene contaminantes como plaguicidas y no lo sabemos? ¿Qué parámetros se utilizan para determinar que el agua es potable?
En Argentina -país agroindustrial por excelencia- el Estado evalúa la calidad del agua potable sin considerar la presencia de la mayoría de los plaguicidas de uso actual, como atrazina o glifosato. Es más: el Estado asumió la necesidad de regular cantidades máximas de estos contaminantes y creó dos grupos de trabajo para que realicen esta tarea, pero nunca lo concretó, de acuerdo con las consultas a documentos oficiales y entrevistas realizadas por la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR en los últimos meses.
En consecuencia, el agua de la canilla de cualquier persona que vive en Argentina -salvo en algunas provincias con regulaciones propias- podría contener concentraciones elevadas de agroquímicos sin que se detecte. Y lo que es peor aún: el Estado asumió hace 17 años esta carencia pero no ha dado todavía respuesta.
Crónica de una (no) regulación anunciada
En 2006, la Asociación Civil Foro Ambiental de Córdoba realizó un relevamiento en el que detectó que había dos temas prioritarios ambientales: “Uno era la necesidad de controlar residuos de plaguicidas en frutas y verduras y el otro era el de actualizar la normativa sobre plaguicidas en agua potable, que sólo incluía algunos desarrollados en tiempos de la Segunda Guerra Mundial”, contó a elDiarioAR Federico Kopta, biólogo y actual presidente del Foro.
Para abordar la segunda problemática lo que había que hacer era lograr una actualización del Código Alimentario Argentino, la normativa que en su Capítulo XII indica cuáles son las características que debe tener el agua para ser considerada potable.
El organismo encargado de su modificación es la Comisión Nacional de Alimentos (Conal), conformada por otros organismos oficiales: la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologías (Anmat), el Instituto Nacional de Alimentos, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y las distintas jurisdicciones del país.
Además, según establece la ley que lo creó, la revisión del Código Alimentario tiene que ser permanente, por lo que el camino no podría ser tan complicado: el Foro tenía que exponer el problema, la Conal, hacer un análisis de los pedidos y definir los cambios correspondientes.
Pero nada de esto sucedió. Lo que pudo reconstruir la UDI de elDiarioAR, a partir del análisis de los diferentes documentos oficiales obtenidos por pedidos de acceso a la información pública, fue que desde 2007 hasta la actualidad hubo un sinfín de idas y vueltas con esta tarea fundamental para la salud de las personas entre distintos organismos públicos y que quedaron en la nada.
La historia
En 2007, luego de que el Foro Ambiental de Córdoba relevara que en Argentina no estaban regulados niveles máximos permitidos de plaguicidas de uso actual en el agua potable, el colectivo envió una carta a la Anmat, otra a la Dirección Provincial de Agua y Saneamiento de la provincia de Córdoba y una tercera a la Defensoría del Pueblo, con los fundamentos técnicos sobre por qué había que actualizar la lista de plaguicidas.
Después de un año de burocracia el Estado asumió la necesidad de ampliar la regulación de agroquímicos en agua potable en septiembre de 2008, cuando la Conal ingresó el pedido del Foro en una reunión plenaria que quedó registrada en un acta que lleva el número 78. En ese encuentro, la comisión acordó estudiar la inclusión en el Código Alimentario Argentino de los niveles máximos permitidos en el agua potable de los plaguicidas autorizados entonces en el país.
Seis meses después, en marzo de 2009, la Conal creó el Grupo de Trabajo “Plaguicidas y Cianotoxinas en Aguas”, coordinado por Senasa y el Instituto Nacional de Alimentos, con el mandato de actualizar la lista de estos contaminantes.
El Grupo se reunió en tres oportunidades. De la primera no hay registro, pero sí de la segunda, que ocurrió el 26 de junio de 2009. En esta reunión hubo reclamos cruzados. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Alimentos dejó asentado que le había pedido datos sobre concentraciones de plaguicidas y cianotoxinas en el agua al Instituto Nacional del Agua y al entonces Ministerio de Ambiente pero que estos organismos no le habían respondido.
También le había solicitado esta información al Foro Ambiental de Córdoba, es decir, el Estado le pedía a una organización civil una información que, a priori, le corresponde tener oficialmente.
Hubo una tercera y última reunión del Grupo de Trabajo “Plaguicidas y Cianotoxinas en Aguas” el 28 de agosto de 2009 y participaron cuatro personas de Senasa y cuatro del Instituto Nacional de Alimentos. En el acta de ese encuentro se insistió con reclamos de información cruzada entre organismos. Además, Senasa destacó que consideraba “indispensable” para avanzar en el tratamiento de los límites de plaguicidas a incluir en la normativa “conocer el estado de situación de las aguas del país”, por lo que el organismo se comprometía a confeccionar un mapeo para informar en qué zonas se emplean puntualmente cada plaguicida.
Un dato sobre la composición de grupo de trabajo: uno de los coordinadores fue Diego Ciancaglini, por entonces coordinador de Agroquímicos y Biológicos de Senasa y quien desde ese lugar había expresado que el glifosato “cumple con todas las normativas” en una nota publicada por La Nación Campo.
Mientras en las reuniones de la Conal se pasaban la pelota unos a otros, la Defensoría del Pueblo de la Nación consultó a la cátedra de Toxicología de la Facultad de Medicina de la UBA sobre la necesidad de actualizar el Código Alimentario Argentino para incluir límites máximos de residuos de plaguicidas y cianotoxinas en el agua potable.
En su respuesta, su titular, el doctor Carlos Damin, y la jefa de trabajos prácticos de la cátedra, la doctora Ana Digón, consideraron “pertinente” el pedido de actualización.
En respuesta a un pedido de acceso a la información pública de elDiarioAR respecto a las conclusiones y acciones del Grupo de Trabajo “Plaguicidas y Cianotoxinas en Aguas” de 2009, la Anmat informó que “no presentó ninguna propuesta a la Comisión Nacional de Alimentos, por lo tanto, el grupo de trabajo quedó inactivo”.
Los años pasaron y el Foro Ambiental de Córdoba y la Defensoría del Pueblo de la Nación insistieron. En el acta número 142 de septiembre de 2021, la Comisión Nacional de Alimentos tomó un nuevo pedido de actuación para regular los agroquímicos en el agua potable. Pero esta vez, en lugar de crear un nuevo grupo de trabajo, amplió el alcance de otro ya existente rebautizándolo como “Contaminantes orgánicos e inorgánicos”. Para entonces, habían pasado 14 años y 64 reuniones sin avances sobre el tema.
Esta vez el pedido del Foro Ambiental era más concreto: proponía utilizar los niveles máximos permitidos por el Consejo de la Unión Europea (UE) de 1998: una legislación de avanzada con foco en la prevención de riesgos para la población que establece como regla que ningún agroquímicos puede superar una concentración de 0,1 μg/l (microgramo por litro) para una molécula aislada y que la suma de todos los plaguicidas encontrados no puede se mayor de 0,5 μg/l.
En junio de 2022 la Comisión Nacional de Alimentos acordó avanzar en un muestreo nacional a mediados de 2023 para evaluar el estado de situación en cuanto al agua potable de suministro público y agua potable de uso domiciliario. Pero tampoco sucedió.
La Anmat informó en agosto de 2024 en respuesta a un pedido de acceso a la información pública de elDiarioAR (y lo ratificó hace semanas por fuentes) que el último avance sobre el tema fue la tramitación para “adquirir bienes de laboratorio necesarios para optimizar las técnicas analíticas disponibles para la determinación de residuos de plaguicidas y así poder avanzar con el muestreo al que se refieren las mencionadas actas de la Conal”.
Estado de situación 2025
En las idas y vueltas entre el Foro, la Defensoría y distintos organismos estatales, el 22 de marzo de 2017, Alejandro Rubió -entonces integrante del Servicio de Evaluación Bromatológica del Departamento de Legislación del Inal- hizo un informe en el que aseguró: “Todo contaminante que no esté detallado en la normativa se encuentre prohibido”. Es decir, que si un contaminante está indicado en el Código Alimentario Argentino, el agroquímico puede contener ese contaminante en la concentración que fije el límite de la norma. Si por el contrario el contaminante no está mencionado ni fijado su límite en el código, su sola presencia hace que el producto no sea apto para su consumo, explicó Rubió en el documento.
En la actualidad el Código Alimentario Argentino establece límites para la presencia de 26 contaminantes orgánicos, 17 vinculados con el agronegocio como aldrin y dieldrin (insecticidas ampliamente usados en los 70 que ya fueron prohibidos), clordano y DDT (pesticidas que también fueron prohibidos en gran parte del mundo) o 2,4 D (herbicida).
Sin embargo, no están incorporados otros de amplio uso actual como los herbicidas atrazina (o su derivado hidroxiatrazina), metolaclor, imazetapir y glifosato ni insecticidas como el imidacloprid.
Siguiendo el principio que explicó Rubió sobre el Código Alimentario Argentino, si en una muestra de agua se detectara atrazina o glifosato entonces se podría considerar que el agua no es potable. Pero al no estar detallados sus límites, ¿quién busca si estos contaminantes están? La respuesta varía dependiendo de la jurisdicción, porque mientras la regulación nacional sigue sin actualizarse, algunas provincias o prestadoras de servicios de agua de red avanzaron por su cuenta.
De acuerdo al relevamiento que hizo la UDI de elDiarioAR con prestadoras de agua de red de distintas jurisdicciones, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima (ABSA) -que está en La Plata y otras localidades cercanas- y Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) -que opera en Mar del Plata y sus alrededores- se rigen por la ley provincial 11.820 (Anexo A), que no incorporan plaguicidas de uso actual como la atrazina o el glifosato.
Respecto a la Ley 26.221, que regula en el Área Metropolitana de Buenos Aires la prestación del servicio de provisión de agua potable, como el de la empresa AYSA, los contaminantes orgánicos que menciona son los mismos que el CAA, con algunas variaciones en los límites máximos, es decir que tampoco integran al análisis los agroquímicos más usados.
Distinto es el caso de Aguas Santafesinas SA (ASSA) - que presta servicio en las ciudades de Cañada de Gómez, Casilda, Capitán Bermúdez, Esperanza, Firmat, Funes, Gálvez, Granadero Baigorria, Rafaela, Reconquista, Rosario, Rufino, San Lorenzo, Santa Fe y Villa Gobernador Gálvez- que se rige por la ley provincial 11.220 pero, además, desde la empresa informaron que controlan la presencia de atrazina, glifosato, AMPA, endosulfán, y cualquier otro componente que fuera necesario controlar para garantizar la prestación del servicio.
En el caso de la provincia de Córdoba también se avanzó más allá del CAA: en 2016, gracias al trabajo del Foro Ambiental, el Estado provincial aprobó nuevas normas provinciales de calidad y control de aguas para bebida, que incorporaba 12 nuevos plaguicidas y una cianotoxina al control de rutina, además de nuevos elementos químicos como el uranio.
En diálogo con elDiarioAR, el presidente del Foro Ambiental de Córdoba, Federico Kopta, sostuvo que la diferencia por la cual se pudo avanzar en la provincia de Córdoba y no en la Nación es porque en esa jurisdicción “existió una competencia técnica por parte de un decisor que era un ministro y una posterior decisión política”.
El que busca, encuentra
Desde 2010, el Laboratorio de Análisis de Plaguicidas de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA-INTA) Balcarce fue contactado por comunidades vecinas, municipios y productores agropecuarios organizados para indagar sobre la presencia de plaguicidas en aguas destinadas al consumo humano.
Entre 2019 y 2022 se tomaron muestras de aguas subterráneas que tenían profundidades que variaban desde un mínimo de 17 metros hasta más de 50 y abastecían tanto a redes públicas (es decir, a empresas proveedoras de agua) como a privados (familias o establecimientos que realizan sus propios pozos).
En esas muestras se buscaron 53 plaguicidas y productos de degradación. En enero de 2024 se publicó un paper con los resultados que revelaron “una presencia generalizada de pesticidas y productos de degradación en el agua potable de la región pampeana”.
“Los pesticidas detectados con mayor frecuencia tanto en el suministro público (atrazina, imidacloprid , hidroxiatrazina, imazetapir y 2,4D) como en el suministro privado (atrazina, metolaclor , hidroxiatrazina, imidacloprid) fueron prácticamente los mismos”, indica el trabajo cuya primera autora es la investigadora argentina Virginia Aparicio.
De este listado, sólo el 2,4D se mide en el Código Alimentario Argentino. El estudio señala que “la población está expuesta a productos químicos que no son monitoreados debido a la obsolescencia de las normas actuales”.
Una clave: durante el período de recolección de muestras, el 25% del suelo estaba plantado con cultivos de invierno, mientras que poco menos del 50% estaba destinado a cultivos de verano, especialmente maíz y soja. “La correlación entre los plaguicidas utilizados en estos cultivos y los encontrados en el agua potable fue significativa/notable”, concluyó el estudio.
El agua en las escuelas
Ante la falta de mediciones oficiales y tras sufrir fumigaciones directas o cercanas, comunidades de escuelas rurales de todo el país —impulsadas muchas veces por docentes—realizaron relevamientos junto a equipos científicos de distintas universidades.
El 10 de septiembre de 2024, la Campaña por el Agua Limpia en las Escuelas (CALE) sistematizó información sobre la medición de más de 34 instituciones de nueve municipios bonaerenses: Baradero, Exaltación de la Cruz (tanto de Barrio San José como de Parada Robles), Lobos, Marcos Paz, Navarro, General Puerreydón (El Coyunco, La Peregrina, Laguna de los Padres), Pergamino, San Miguel del Monte y Tandil.
Los relevamientos fueron impulsados entre 2019 y 2022 por organizaciones locales, universidades y colectivos como la Red Federal de Docentes por la Vida, es decir que no fueron ordenados por gobiernos municipales, ni provinciales ni el nacional.
Luego de un trabajo de meses de recopilación de información, la CALE socializó un cuadro que muestran la presencia de distintos agroquímicos en agua, y en muchos casos también de arsénico, los cuales, combinados, generan un efecto sinérgico, maximizando su contaminación.
Entre los agroquímicos que más aparecieron en el agua de las escuelas figuran atrazina, glifosato (y su metabolito AMPA) y 2,4 D.
Política de Estado
El Estado argentino reconoce oficialmente no tener información sobre cuáles son los agroquímicos más usados. Al menos esto informó Senasa a elDiarioAR, aunque sí proveyó el listado de los autorizados.
Ante la falta de datos estatales, elDiarioAR consultó a la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe) que reúne a los principales fabricantes y vendedores de agroquímicos. Esta entidad informó que “de acuerdo con los últimos reportes de mercado (2022), se comercializaron en el país 188 millones de litros/kilogramos de principios activos de fitosanitarios excluyendo a los fertilizantes”, aunque aclaró que la venta no implica que efectivamente se haya usado ese volumen.
También señaló, en relación a las ventas, que “los herbicidas representan aproximadamente el 90%, mientras que el 10% restante está representado por insecticidas y fungicidas”. “Esto se debe al predominio del sistema de siembra directa y la gran extensión de superficie agrícola de nuestro país”, pero la organización tampoco tiene el listado de los agroquímicos más usados.
“La falta de esta información oficial no es casual, de hecho, es la primera excusa que esgrimieron para no regular. Hay una decisión tomada donde los vacíos, las negaciones y la ausencia de datos estatales son centrales”, señaló a elDiarioAR la antropóloga Paula Blois, coautora junto a Guillermo Folguera del libro Veneno.
Y continuó: “Hay cientos de estudios que demostraron que cuando las comunidades hacen mediciones hay agroquímicos en agua para consumo humano y es esperable que así sea si cursos de agua, suelos y lluvias tienen venenos”. Blois sostiene que cuando hay algún estudio promovido desde el Estado, la información disponible es deficitaria. Entonces, el Estado no está “ausente”, “el Estado interviene negando. Interviene corriéndose, negociando y dejando hacer a las empresas. Interviene con sus fragmentaciones. Y, también, interviene creando comisiones”.
En la misma línea de Blois, Federico Kopta sostuvo que “si algo no se mide da la sensación de que no existe, de que no hay problema, y entonces no hace falta hacer nada. En algún punto, la medición de los plaguicidas en el agua es la punta de la cadena que desnuda un modelo productivo basado en el uso de agroquímicos que termina envenenando el agua, y eso cuestiona el modelo del que ganan no sólo las empresas químicas y sus distribuidores, sino también los productores y los pueblos donde la economía se mueve con ese modelo productivo. Por eso hay un pacto de silencio implícito”.
La UDI de elDiarioAR se comunicó con Anmat y Senasa para solicitar entrevistas con miembros de los grupos de trabajo, así como con responsables para conocer el estado de situación actual pero al cierre de esta nota no tuvo respuesta.
“El problema es que, en definitiva, en Argentina el veneno es una política pública”, concluyó Blois.
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Escuelas fumigadas: estos son los niveles de agroquímicos detectados en el agua potable que toman los niños
La UDI de elDiarioAR informó cómo los plaguicidas usados actualmente no están contemplados en los controles del agua potable. El Estado reconoce la necesidad de regularlos, pero lleva casi dos décadas sin avanzar en una norma concreta. Los resultados de análisis del agua en las escuelas rurales de la provincia de Buenos Aires aportan datos urgentes ante el vacío que dejan las autoridades.
La Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR reveló este sábado que a pesar de haber creado dos comisiones para regular los agroquímicos en el agua de consumo, el Estado argentino no avanzó en ninguna propuesta por más de 17 años y dejó un vacío legal que podría afectar la salud de las personas. Esta situación impacta especialmente a las niñeces y adolescencias que acuden a escuelas rurales, donde ocurren fumigaciones frecuentes a metros e incluso por encima de sus edificios.
Ante la falta de mediciones oficiales estas comunidades educativas realizaron a lo largo y ancho del país relevamientos propios acompañadas por equipos multidisciplinarios de distintas universidades y organizaciones locales, según la investigación de la UDI de elDiarioAR. Así surgieron decenas de estudios impulsados por fuera de los gobiernos y de la mano de colectivos como la Red Federal de Docentes por la Vida y de maestras que son emblemáticas en esta disputa con el sector agroindustrial, como Ana Zabaloy, Estela Lemes y Mariela Leiva.
De hecho, algunos de estos estudios fueron clave para demostrar el impacto ambiental de las fumigaciones, como los que realizó el químico fallecido Damián Marino junto a su equipo en el Centro de Investigaciones del Medioambiente (del Conicet y la Universidad de La Plata) con muestras de diferentes territorios, pero en particular de escuelas fumigadas.
El 10 de septiembre de 2024, la Campaña por el Agua Limpia en las Escuelas (CALE) publicó una sistematización sobre algunas mediciones realizadas entre 2019 y 2022 que alcanzaron más de 35 instituciones (aunque algunas de ellas están en el mismo predio). Se realizaron en nueve municipios bonaerenses: Baradero, Exaltación de la Cruz (tanto de Barrio San José como de Parada Robles), Lobos, Marcos Paz, Navarro, General Puerreydón (El Coyunco, La Peregrina, Laguna de los Padres), Pergamino, San Miguel del Monte y Tandil.
Los resultados fueron contundentes: los estudios arrojaron resultados positivos de agroquímicos en mayor o menor concentración en el agua que toman en las escuelas. Entre los que más aparecieron figuraban atrazina, glifosato (y su metabolito AMPA) y 2,4 D.
Estos hallazgos se dan en este contexto: el Estado evalúa la calidad del agua potable sin considerar la presencia de la mayoría de los plaguicidas de uso actual, como atrazina o glifosato. Es más: en las últimas dos décadas, el Estado asumió la necesidad de regular cantidades máximas de estos contaminantes y creó dos grupos de trabajo para que realicen esta tarea, pero nunca lo concretó, de acuerdo con las consultas a documentos oficiales y entrevistas realizadas por la UDI de elDiarioAR en los últimos meses.
En consecuencia, el agua de la canilla de cualquier persona que vive en Argentina -salvo en algunas provincias con regulaciones propias- podría contener concentraciones elevadas de agroquímicos sin que se detecte. Y lo que es peor aún: el Estado asumió hace 17 años esta carencia pero no ha dado todavía respuesta.
Luego de un trabajo de meses de recopilación de información, la CALE socializó un cuadro que muestran la presencia de distintos agroquímicos en agua, y en muchos casos también de arsénico, los cuales, combinados, generan un efecto sinérgico, maximizando su contaminación.
En diálogo con elDiarioAR, Leonardo Moreno, docente y miembro de la CALE, sostuvo que en la problemática del agua posiblemente contaminada en las escuelas confluye la responsabilidad del Estado en sus distintos niveles: “Trabajar desde el ámbito educativo nos puso a reflexionar: ¿quién es responsable de la calidad del agua de la escuela? La respuesta es el Estado”.
Además, el docente agregó que no hay dudas sobre cuáles son los organismos responsables de garantizar la potabilidad: “En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, es el Consejo Escolar el que analiza y te da el apto para el agua”. También mencionó la inacción del Poder Judicial: “¿Qué hace el Poder Judicial sabiendo que hay análisis que dicen que el agua está contaminada?”
La solución que se brindó para algunas escuelas fue la de proveer bidones o tanques con agua de otros lugares para evitar que se tome el agua supuestamente potable. Sin embargo, desde la CALE creen que es un paliativo: “Al principio veíamos como una solución que si el agua está contaminada entreguen bidones o camiones cisterna, pero luego nos preguntamos: ”¿Este agua también tiene análisis integral?“.
Organizarse en base al reclamo por el agua limpia en las escuelas no fue casual: “La escuela es el punto donde está toda la comunidad. Están las niñeces, el derecho a su crecimiento adecuado, a una alimentación saludable, pero también pensamos los derechos laborales de quienes trabajamos en la escuela. Por eso después hicimos una nota presentada a los sindicatos en 2022”, sostuvo el docente.
Escuelas rurales bonaerenses: el botón de muestra
Nadia Martín es docente de distintas escuelas de la Zona Oeste Rural de Mar del Plata y miembro de la CALE. Sostiene que a pesar de tener conocimiento de la presencia de agroquímicos en el agua desde hace años, fue el estudio realizado por las organizaciones el que proporcionó evidencia científica a la comunidad, permitiendo una mayor visibilización del tema, aunque la cobertura mediática disminuyó con la pandemia.
En diálogo con la UDI de elDiarioAR, Nadia Martín contó cómo le dieron a conocer la situación apenas ingresó a su cargo en la escuela número 50: “Trabajo en la escuela hace más de 10 años y desde el día que entré me dijeron: ‘El agua no se puede tomar, está contaminada’, pero nunca habíamos tenido un estudio fehaciente”.
El trabajo del Grupo Aguas, publicado en 2020, mostró niveles alarmantes de nitratos en varias perforaciones estudiadas en 2019: la perforación que abastece a la escuela EEP N° 51, presenta un valor de 174 mg/L, casi cuatro veces por encima del límite permitido por la normativa nacional (45 mg/L). Por una medida cautelar vigente, la institución recibía ya en 2020 agua potable de Obras Sanitarias.
Lo mismo sucede con otras escuelas, como la EEP N° 46, JP N° 918 y EES N° 50, con 89 mg/L de nitratos. En el caso de la EEP N° 8, las mediciones arrojaron valores de 30 mg/L aunque este valor se mantiene por debajo del límite.
En estas últimas cuatro escuelas, también se detectó glifosato en 22,3 µg/L y 14,1 µg/L respectivamente, ambas perforaciones muy por encima del valor regulado por la Unión Europea: 0,1 µg/L por sustancia individual y 0,5 µg/L para el total de pesticidas en una muestra de agua potable.
Ante el reclamo por parte de los docentes y familias de las escuelas al Consejo Escolar, ente responsable de las instituciones, éste envió muestras de agua a analizar en distintas ocasiones. Entre marzo de 2022 y junio de 2024 se realizaron al menos tres análisis fisicoquímicos y bacteriológicos de agua en aquellas escuelas, todos a cargo del Instituto de Análisis y Certificación de Calidad (INAC). En cada caso, los informes concluyeron que las muestras cumplían con los límites exigidos por el Código Alimentario Argentino (CAA).
Sin embargo, ninguno de estos estudios realizados midió los pocos agroquímicos regulados, y mucho menos los que son ampliamente utilizados por las actividades agrícolas (por ejemplo, atrazina y glifosato) pero que no están regulados en el Código Alimentario Argentino.
La profesora describió el entorno donde están ubicadas algunas de estas escuelas: “La zona donde está la escuela N°50 es el mayor cordón frutihortícola a nivel de tamaño de Sudamérica, te imaginás la cantidad terrible de agroquímicos que se tiran. (La escuela) está al lado del frutillar, de la zona de producción más grande. La mayoría de mis estudiantes viven en ‘el campamento’, que es un lugar donde residen las familias de los trabajadores rurales”, contó la docente.
Consultados por elDiarioAR, científicos que analizan agroquímicos y distintas sustancias en el agua potable comentaron que el resultado de un análisis de una muestra es como una “foto”, ya que las napas de agua son permeables. Tanto es así que se encuentra una correlación directa entre los cultivos de época y los agroquímicos utilizados con los que se suelen encontrar en las muestras de agua.
Así lo demostró un estudio del Laboratorio de Análisis de Plaguicidas de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA-INTA) Balcarce que analizó un total de 53 plaguicidas y productos de degradación para evaluar su presencia en el agua potable. En enero de 2024 se publicó un paper con los resultados: “La correlación entre los plaguicidas utilizados en estos cultivos y los encontrados en el agua potable fue significativa/notable”. Además, se concluyó que “el estudio reveló una presencia generalizada de pesticidas y productos de degradación en el agua potable de la región pampeana”.
Por eso, el reclamo de los docentes puntualiza sobre el análisis integral del agua. En una gacetilla del 27 de diciembre último aseguraron que “el día 23 de diciembre se presentó la tercera nota en el año pidiendo el análisis integral del agua a las autoridades del Consejo Escolar y en particular, a la Consejera Escolar de Salud y Seguridad María Cristina Suarez... Habiendo transcurrido ya 3 meses, aún no hubo avances ni respuesta alguna”.
El último avance comunicado por la consejera escolar fue el 14 de enero pasado informando la presentación de la nota de pedido de análisis integral entregada por los docentes al Consejo, esta vez, en la sede de la Autoridad Del Agua (ADA) en La Plata. Además del envío por correo electrónico a la Comisión de Salud y Seguridad y a la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia de Buenos Aires.
“Lo que se necesita todos los años al iniciar el ciclo lectivo para tener seguridad es el estudio integral del agua. Un estudio químico y un estudio bacteriológico. La exigencia que teníamos nosotros como comunidad era el estudio más que nada químico para que detecte presencia de agroquímicos, de metales pesados, como por ejemplo el arsénico, que es lo que surgió, que tenía altos niveles en el último estudio, no aptos”, sostuvo Nadia Martín.
En aquel estudio de 2020, el Grupo Aguas concluyó que “las perforaciones que abastecen a la EP51, EEP N° 46, JPN° 918 , EES N°50 y EEP N°8 presentan contaminación por nitratos y/o el herbicida glifosato en niveles que representan un riesgo para la salud de la población que la consume. Por lo tanto, no pueden considerarse aptas para consumo y es urgente que se tomen las medidas necesarias para asegurar la provisión de agua potable en dichos establecimientos”.
Solo para ejemplificar, la Escuela Secundaria 50, que obtuvo en la muestra de 2019 un equivalente a 89 mg/l de nitratos y 14,1 ug/l de glifosato, luego tuvo el ya nombrado estudio químico y bacteriológico convencional, enviado por el Consejo Escolar. “Nos mandan este nuevo estudio medio recortado, que decía que estaba apto, pero eso fue hace dos años. No tenemos nada fehaciente que diga que no está contaminado. Entonces, los directivos lo toman como que no está contaminada y se cocina, se toma, los chicos van al patio y abren la canilla y toman”, contó la docente.
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Como se desmantela el área ambiental del gobierno de Milei
En plena crisis climática: la fuerte advertencia sobre la caída de los fondos destinados a la preservación del medio ambiente
Fecha de Publicación: 14/04/2025
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Según un informe de una ONG, la baja entre 2023 y 2024 del presupuesto fue de entre el 34% y el 81%; expertos alertan sobre el impacto en la atención de incendios forestales e inundaciones
Según el Monitor ambiental del presupuesto, elaborado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), que abarca el período de 2023 a 2024, el presupuesto designado a las partidas ambientales, se desplomó, entre un rango que va del 34% al 81%, según el área. La razón principal, destacaron los especialistas consultados por LA NACIÓN, fue la licuación de las partidas, impulsadas por la inflación y por la no actualización de los fondos.
Este escenario, según los expertos, se tradujo en pérdida de personal, deterioro y falta de infraestructura, en freno de una inmensidad de proyectos vinculados a la protección de la naturaleza y de la salud, y en la desatención de emergencias, como los incendios en la Patagonia a principios de año o la inundación de Bahía Blanca en marzo pasado.
Matías Cena Trebucq, economista, profesor de la Universidad Nacional de Córdoba y autor del reporte de FARN, detalló que esta licuación es solo una de las razones del deterioro de la política ambiental. Planteó que la caída en el sector superó por mucho la baja general del presupuesto de toda la administración pública, que fue de 26,3%. Ariel Slipak, coordinador del área de Investigación de FARN, destacó que hubo subejecución de partidas: “El desfinanciamiento de programas esenciales, como el de Manejo del Fuego, la protección de los bosques nativos y el fomento de energías renovables, evidencia la falta de una planificación ambiental a largo plazo, en un contexto en el que los impactos de la crisis climática son cada vez más evidentes”.
Despidos, salarios bajos e incertidumbre
Los ajustes en la estructura del Estado no han sido iguales para todos los sectores y la cartera ambiental es un claro ejemplo de ello. Un año después de la degradación de Ministerio de Ambiente a Subsecretaría, este organismo, dependiente ahora de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, sufrió una baja del presupuesto, en términos reales del 79,4%, según el informe de FARN.
Para empleados de esa subsecretaría, la baja se expresó en una gran cantidad de despidos, pero también de renuncias. “En marzo hubo una caída del personal de 50 personas y en toda la Secretaría, en febrero se fueron 150 más. A muchos no les renovaron el contrato [que en toda la administración pública se hace cada tres meses], pero otros se fueron por su cuenta. Porque los salarios son bajos y las condiciones muy precarias”, detalló una técnica de la Subsecretaría de Ambiente en estricto off de record.
Y explicó también que la gran mayoría del personal no son de planta. “Muchos se van porque no tienen ningún tipo de seguridad laboral”, añadió. A esto se suma el congelamiento de varios proyectos que se ejecutaban allí y que incluso recibían financiamiento internacional. LA NACIÓN intentó consultar al subsecretario de Ambiente, Fernando Jorge Brom, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.
Aquella situación es también descrita por brigadistas de la Administración de Parques Nacionales y del Servicio Nacional del Manejo del Fuego. “Un informe del 31 de diciembre de 2023 decía que la planta mínima de brigadistas que Parques Nacionales debería tener era de 700. Hoy rondamos los 350”, afirmó Alejo Fardjoume, coordinador nacional del sindicato Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Parques Nacionales. Según el informe de FARN, el presupuesto destinado a la Administración de Parques Nacionales (APN) cayó un 34%.
Para la atención de incendios, según indicaron desde ATE, el número de brigadistas es crítico. “Incluso, Cristian Larsen [director del organismo] pidió al [ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico] Sturzenegger ampliar en 150 la planta de brigadistas de Parques, pero les aprobaron solo 20”, afirmó Fardjoume. Según calcularon desde ATE, el número de brigadistas no superan los 2000, incluyendo los de Parques Nacionales, los del Servicio Nacional del Manejo del Fuego y los que tienen las provincias. “Pero los que peor estamos somos los que estamos coordinados por las instituciones nacionales”, agregó.
Sobre esto, el informe de FARN denunció también el freno a distintas obras de infraestructura dentro de las áreas naturales que maneja APN, como senderos, ciclovías y faros de conservación. LA NACIÓN contactó a la APN para conocer su versión. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota no recibió respuesta.
En el caso de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar), la institución tripartita encargada del saneamiento del Riachuelo, los fondos públicos cayeron en un 76,6%. El año pasado se manejaron con el menor presupuesto desde al menos 2021, y ejecutaron un 56,7%. FARN registró como consecuencia el despido de más de 300 personas. Y argumentaron que hay una intención de desarticulación que va más allá del presupuesto. “Lo que están haciendo es exponer el dogmatismo del Gobierno para concebir los problemas ambientales y sociales desde su visión ortodoxa de la economía”, opinó Slipak. Este medio se puso en contacto con Acumar, pero hasta el cierre de esta nota no recibió respuesta.
Subejecución
Para FARN, la subejecución del presupuesto se expresa concretamente tanto en la falta de políticas preventivas ante posibles emergencias climáticas como en la atención a los desastres que provocan. Uno de los casos que destacaron en su informe fue el del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos.
Esta caja, prevista en la Ley de Bosques Nativos (N°26.331), se creó, en gran parte, para financiar a productores rurales para que impulsen proyectos de conservación y para ayudar a evitar desmontes o incendios. Este fondo es considerado por FARN como el corazón de la política de protección de bosques y el año pasado, el Ejecutivo no depositó los fondos correspondientes del presupuesto del año pasado. Tampoco se ejecutaron los fondos que había. LA NACIÓN trató de contactar a la Subsecretaría de Ambiente, que coordina el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema). Sin embargo, no respondió.
FARN destaca el cierre del Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales (Permer), que desde 1999 recibía fondos del Banco Mundial para implementar energías renovables en zonas que se encuentran fuera de la red eléctrica. Según una ficha de prensa de la Auditoría General de la Nación publicada en junio del año pasado, el Ejecutivo decidió cerrar este programa. Las consecuencias, según consignó en diálogo con LA NACIÓN el último coordinador nacional del Permer, la falta de continuidad del proyecto vulnera el acceso a la energía de 34.777 hogares.
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Muy buena noticia, un seguro para cuidar al yaguareté
Primer caso en el mundo: una provincia contrató un inédito seguro para cuidar a su “Rey de la Selva”
Fecha de Publicación: 12/04/2025
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Misiones
Junto a Río Uruguay Seguros, Misiones diseñó una póliza que compensará a quienes el yaguareté mate vacas, cerdos u otros animales; buscan evitar la caza de represalia y no tendrá costo para los productores
En un trabajo conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y ONGs conservacionistas, el gobierno de esta provincia y la empresa Río Uruguay Seguros diseñaron y lanzaron una póliza que protegerá al yaguareté de uno de los mayores riesgos que afronta esta especie en peligro de extinción. El seguro no tiene costo para el productor.
El yaguareté es el felino más grande de América y considerado el “Rey de la Selva” con su lugar al tope de la cadena alimenticia, como el mayor predador. Hoy se calcula que quedan 250 yaguaretés en la Argentina, entre la selva de las Yungas (Salta y Jujuy), la Selva Misionera y el Gran Chaco (formado por Chaco, Formosa y Santiago del Estero).
Menos de la mitad de esa población (unos 90) se encuentra distribuidos por los distintos manchones de selva en Misiones, preservada por parques provinciales, áreas protegidas y el Parque Nacional Iguazú.
Como el principal peligro de extinción es la llamada caza de represalia, que se da cuando un productor mata a un felino porque atacó su ganado, se viene trabajando hace casi un año para diseñar esta solución a ese problema.
Cómo funciona
El seguro funciona de la siguiente forma: si un productor comprueba daños materiales en su hacienda hechos por un yaguareté, llama a la aseguradora e inmediatamente acude un perito para verificar los daños y realizar una compensación económica a ese productor, además de activar otros mecanismos preventivos a futuro.
“Los daños los determinará el perito, pueden ser cuatro vacas, dos chanchos. La compensación económica está dada de acuerdo a lo que se coma el yaguareté, si te come una vaca, depende de lo que pesaba, lo mismo con un chancho o una oveja”, explicó a LA NACION Emilce Errubidarte, directora administrativa del Ministerio del Agro y quien lideró el equipo que trabajó casi un año en diseñar este seguro, junto al Instituto Misionero de la Biodiversidad (IMIBio) y al Ministerio de Ecología.
Inicialmente se implementará el seguro para el área de Andresito, en el nordeste de la provincia y lindante con el Parque Nacional Iguazú, donde se produjeron los mayores ataques de yaguaretés a ganado en los últimos meses. El plan comprende luego abarcar toda la provincia y, eventualmente, “exportar” el modelo a la selva de las Yungas, al Chaco y también a otros países.
Como también estuvieron atacando y matando perros, se estableció un valor fijo para este caso en particular, mientras que para el resto se determina el valor de mercado del animal. Un dato: si el que ataca es un puma, ahí no hay cobertura del seguro, sino que se activan otros mecanismos de compensación contemplados en la Ley de Grandes Felinos, una norma provincial que reglamentó ciertas compensaciones, también a través del Ministerio del Agro.
“Antes la gente no denunciaba y sigue sin denunciar y a través de las ONGs de conservación pedimos que los productores notifiquen así activamos los mecanismos”, explicó Errubidarte. “Nos parece una iniciativa muy interesante esta prueba, y se espera que la gente también empiece a implementar medidas para facilitar la coexistencia, creando un camino que permita aliviar la tensión de la caza por represalia del yaguareté”, dijo Karina Schiaffino, especialista en áreas protegidas de la Fundación Vida Silvestre.
Durante la presentación del nuevo seguro en la Casa de Gobierno se destacó que esta es la primera vez a nivel mundial que se implementa una solución así para la preservación de una especie como el yaguareté.
“Hoy estamos lanzando el primer seguro del mundo diseñado específicamente para fomentar la convivencia entre uno de los motores productivos de la provincia y uno de sus animales emblemáticos: el yaguareté”, expresó Marcelo Borré, coordinador de Proyectos de Seguros Inclusivos, del programa de PNUD de la ONU.
“Este seguro cuida y protege nuestra biodiversidad, al mismo tiempo que garantiza la producción. Es un verdadero sello misionero: demuestra que se puede hacer política pública con enfoque ecosistémico", dijo el ministro del Agro, Facundo Sartori. En el lanzamiento estuvo también el presidente de Río Uruguay Seguros, Juan Carlos Godoy.
“El seguro no solo protege patrimonios, sino que cuida lo que nos hace únicos como región. Nos permite acompañar a los productores y a la vez financiar activamente la protección de la biodiversidad”, explicó Godoy, presidente ejecutivo de RUS. Consultado sobre el valor de la prima, que afrontará el gobierno de Misiones (se destacó que no tiene costo para el productor), Errubidarte explicó que “se trata de un monto simbólico”.
Según un cálculo del Ministerio del Agro, cada yaguareté tiene un valor ecosistémico equivalente a 1700 millones de pesos, citando un cálculo realizado por la Administración de Parques Nacionales. “El yaguareté es el rey de la selva, es el mayor predador y eso lo pone en una situación de bastante fragilidad porque cualquier desequilibrio por debajo de la cadena le impacta. Es una especie clave e indicador de la buena salud del ambiente, si está el yaguareté es un indicador de que la selva está en buenas condiciones porque hay animales que le sirven de alimento”, explicó a LA NACION Emiliano Salvador, de la Fundación Vida Silvestre. “A su vez tiene un valor cultural inmenso, en la cultura misionera, originaria y en los pueblos donde habitó, en Buenos Aires la localidad de Tigre se llama así por referencia al yaguareté, ni hablar en Chaco o Jujuy”, agregó Salvador.
Misiones tiene 22 parques provinciales. Dos monumentos naturales, dos Reservas Naturales Culturales, cinco Reservas de Usos Múltiples (acá se puede desarrollar cierta producción) y 12 Parques Naturales Municipales. En 2018 creó el Ministerio de Cambio Climático con el fin de obtener compensaciones económicas por preservar el monte y la selva.
Misiones sacó el cultivo de soja y también puso un límite al avance de la frontera forestal que ya no puede avanzar sobre el bosque nativo. Hoy busca cuantificar el costo económico de estas restricciones, concientizar y buscar compensaciones económicas a cambio de los servicios ecosistémicos que ofrece. En tanto, tras un trabajo de casi tres años, la provincia está a punto de emitir sus primeros bonos de carbono, por un valor que se estima le reportaría entre 50 y 70 millones de dólares, por las acciones de preservación que le permitieron mitigar gases de efecto invernadero entre 2017 y 2022. La certificadora internacional Verra ya tiene establecidos los montos y la provincia contrató a la trader Mercuria para vender estos instrumentos. En los años 90, Misiones creó el Ministerio de Ecología, que ejerce el poder de policía sobre las áreas selváticas tanto públicas como privadas.
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Santa Cruz. Controlan emisiones de metano con satélites
Santa Cruz implementa controles satelitales para detectar emisiones de metano
Fecha de Publicación: 12/04/2025
Fuente: Gobierno de Santa Cruz
Provincia/Región: Santa Cruz
Es a partir de su incorporación al Sistema de Alerta y Respuesta al Metano (MARS), impulsada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, mediante el que se detectan grandes emisiones de metano mediante imágenes satelitales, que luego son informadas por el Sistema de Alerta y Respuesta al Metano (MARS) a las autoridades provinciales.
El Gobierno Provincial, a través de la Secretaría de Estado de Fiscalización y Control Ambiental Energético y Minero, dependiente del Ministerio de Energía y Minería; y de la Secretaría de Estado de Ambiente, dependiente del Ministerio de Salud y Ambiente, forma parte – desde febrero de este año - del Sistema de Alerta y Respuesta al Metano (MARS).
Esta es una herramienta impulsada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), y permite detectar grandes emisiones de metano mediante imágenes satelitales, que luego son informadas por el Sistema de Alerta y Respuesta al Metano (MARS) a las autoridades provinciales.
En este marco, desde las carteras de Fiscalización y Control Ambiental, y de Ambiente, se ha asumido un rol activo en el abordaje de esta problemática, y fueron designadas como punto focal de IMEO en la provincia, trabajando de manera articulada para garantizar una respuesta oportuna y eficaz.
La incorporación de Santa Cruz a esta iniciativa, se enmarca dentro de la política climática nacional establecida por la Ley N° 27.520 de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático.
En este contexto, la Secretaría de Estado de Ambiente actúa como autoridad de aplicación, mientras que la Secretaría de Fiscalización y Control tiene a su cargo el contralor ambiental de las actividades hidrocarburíferas, mineras y energéticas.
La industria energética es una de las principales fuentes de emisiones de metano, un gas con alto impacto en el calentamiento global. Por eso, su monitoreo y reducción se han convertido en ejes clave de las estrategias climáticas actuales.
En línea con ello, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), realizada en Glasgow en 2021, dio origen al Compromiso Global de Metano, que busca reducir colectivamente un 30% de estas emisiones para 2030, respecto a los niveles de 2020.
Desde su cooperación con IMEO, Santa Cruz ya notificó a dos empresas por 10 emisiones importantes de metano detectadas en el norte de la provincia, marcando un avance significativo hacia una industria energética más responsable.
Esta primera experiencia abre el camino a futuras intervenciones y nuevas publicaciones que den cuenta del seguimiento de estas emisiones, en un esfuerzo sostenido por mejorar la calidad ambiental y contribuir a la lucha global contra el cambio climático.
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Las ciudades que podrían desaparecer bajo el agua para 2100
Cambio climático: las ciudades argentinas que podrían desaparecer bajo el agua para 2100
Fecha de Publicación: 11/04/2025
Fuente: Canal 26
Provincia/Región: Nacional
En un futuro no tan lejano, muchas regiones del país latinoamericano podrían verse completamente inundadas por el aumento del nivel del mar.
Un estudio realizado por la Universidad Tecnológica de Nanyang de Singapur indicó un futuro catastrófico en algunas regiones del mundo producto del cambio climático. Algunas zonas muy comprometidas forman parte de la República Argentina.
El país sudamericano podría perder parte de su territorio debido al avance del agua provocado por el aumento del nivel del mar. La investigación proyectó una elevación del mar de hasta 2.1 metros, lo que produciría cambios importantes sobre la topografía argentina y los terrenos a los que tiene acceso la nación hoy en día.
La organización meteorológica Climate Central de Estados Unidos también puso en alerta al país, principalmente a Buenos Aires y Entre Ríos. Según los científicos norteamericanos, algunas regiones de ambas provincias podrían quedar sumergidas bajo el agua por un aumento de temperatura de 3°, produciendo un derretimiento de los grandes cuerpos de agua congelada en los polos del planeta.
Una por una, las ciudades argentinas que quedarían bajo el agua para 2100
En Buenos Aires, las zonas amenazadas son Mar del Plata, Pinamar y Villa Gesell por estar frente al Atlántico. También las zonas de ríos -como el Delta del río de la Plata, el río Uruguay o el río Paraná- serían afectadas. Entre ellas están Lanús, Berazategui, Ensenada, Florencio Varela, Diamante, Victoria, Quilmes, Concepción del Uruguay, Gualeguay, Gualeguaychú y Tigre.
Los científicos de Singapur, por su parte, agregan algunas zonas como Río Grande en Tierra del Fuego; las Islas Cormorán y Justicia, los lugares linderos al río Coig, Deseado, Minerales, Santa Cruz y Gallegos en Santa Cruz; Rada Tilly, Comodoro Rivadavia y Rawson en Chubut; Viedma en Río Negro; Rosario y zonas cercanas al río Paraná en Santa Fe.
Dado que ya se advirtió sobre esta situación, estas localidades deberían empezar a tomar medidas para que las empresas y las comunidades tomen consciencia del daño que se le está ocasionando al medio ambiente.
A qué se debe el incremento en los niveles del mar
De acuerdo con el estudio de Climate Central, publicado en en la revista Nature Communications, el aumento del nivel del mar sería aproximadamente entre 0,6 y 2,1 metros durante el siglo XXI.
Este aumento es causado por el calentamiento global. El cual, según la Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, no solo contribuye al derretimiento de las capas de hielo y los glaciares, sino que además hace que “el volumen del océano se expande a medida que el agua se calienta”.
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Vuelven a postergar audiencia por minería en Malargüe
Vuelven a postergar la evaluación de un proyecto minero clave
Fecha de Publicación: 11/04/2025
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
El Gobierno postergó la audiencia pública y otorgó más tiempo a los organismos que evalúan la segunda etapa del Distrito Minero Malargüe Occidental. Los nuevos plazos.
El plan de exploración minera que impulsa el Gobierno se encuentra con algunos problemas en el camino. Por las demoras en la evaluación sectorial, volvieron a estirar los plazos de la evaluación ambiental de la segunda parte del Distrito Minero Malargüe Occidental. Por eso también se postergó la audiencia pública, que debía realizarse el próximo sábado y ahora será en mayo.
No es la primera dificultad de la segunda etapa del plan de exploración para buscar cobre en el Sur de Mendoza. El año pasado hubo cuestionamientos por carencias en el informe de impacto ambiental, por lo que fue necesario rectificarlo. Luego, se postergó la evaluación y dos de los proyectos que estaban en el paquete fueron rechazados por la presencia de glaciares. Finalmente 27 de esos proyectos fueron elevados para su evaluación ambiental y ahora el análisis final se demora.
La Municipalidad de Malargüe y la Dirección de Patrimonio son quienes solicitaron una prórroga para presentar su informe sectorial. La Dirección de Minería y la Dirección de Protección Ambiental accedieron y le dieron 9 días hábiles. Para la audiencia pública toda la información debe estar disponible con un margen de tiempo que permita el análisis. Por eso la audiencia se postergó un mes. La nueva convocatoria es para el sábado 10 de mayo.
Demoras
La Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria, de la UNCuyo, fue la encargada de auditar el informe de impacto ambiental. Pero deben haber informes sectoriales de más de varios organismos, entre los que están Municipalidad de Malargüe; Departamento General de Irrigación; Dirección de Áreas Protegidas; Dirección de Hidráulica, Dirección de Patrimonio Cultural y Museos, Dirección de Transición Energética; Dirección de Ganadería; Dirección de Biodiversidad y Ecoparque; Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI); Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA); Dirección de Planificación de la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial; Dirección de Bienes Registrables del Estado; Dirección de Hidrocarburos y al Instituto Argentino de Investigaciones de Zonas Áridas (IADIZA).
El Distrito Malargüe no existe como "entidad jurídica" pero es la estrategia que impulsa el Gobierno para ejecutar exploración minera acortando los plazos y requisitos de la ley 7722. Consiste en agrupar los proyectos y propiedades con algún potencial de cobre y, tras la evaluación ambiental, enviar por paquete a la legislatura y que se aprueben en un solo trámite. La empresa estatal Impulsa Mendoza es la que agrupa y financia el plan.
En paralelo, el proyecto más tangible es San Jorge, que está en Uspallata y tiene presentado el plan para explotar la mina de cobre.
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Más señalamientos a polémico proyecto de bosques chaqueño
Somos Monte en Diputados por controvertido proyecto de diputado imputado: "Los desmontes deberían ser delito penal"
Fecha de Publicación: 10/04/2025
Fuente: Portal ChacoAhora
Provincia/Región: Chaco
El pasado viernes 4, ante un pedido formal, Somos Monte fue invitado a la reunión extraordinaria de la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente del Poder Legislativo, junto a los diputados provinciales de dicha comisión, “para hablar sobre proyectos de ley relacionados al aprovechamiento de nuestros bienes comunes y las penas asociadas a los desmontes”, informaron desde la agrupación.
Y señalaron que “entre dichos proyectos, el promovido por el diputado Juan José Bergia, proyecto de Ley 1861/2024, ´Incremento de multas por desmonte ilegal y Régimen de restauración de bosques nativos´, propone que quien corta árboles ilegalmente obtenga beneficios comercializando los árboles que mató. Además, los proyectos proponen restauraciones sin definiciones o mecanismos claros para tal fin, abriendo la puerta a riesgosas interpretaciones”, explicó Somos Monte.
“Estuvimos presentes y expresamos nuestra posición sobre la necesidad de que los desmontes deberían ser delito penal, los desmontadores seriales avanzan con sus ilegalidades, pagando las multas y repitiendo sus crímenes. No aceptamos las multas a cambio de nuestro monte nativo”, afirma Somos Monte.
“Además, cuando se cortan ilegalmente los árboles, no se puede quemar pero tampoco se puede fomentar o alentar a que quien cometió ese crimen aproveche comercialmente esa madera, lo que sería un blanqueo encubierto del desmonte ilegal, cuestión ya planteada en el actual OTBN que busca legalizar grandes áreas en zona amarilla que han sido desmontadas en los últimos 10 años. Pensamos que esa madera, ya carente de sus funciones ecosistémicas, de todos modos debería quedar en el suelo contribuyendo a la restauración del sistema y como soporte para las especies pioneras que podrían, sin dudas con muchísima dificultad, recolonizar el monte destruido”, dice el colectivo ambientalista.
Por último, dejaron en claro que “la restauración no puede ser jamás realizada con especies exóticas, como pino o eucaliptus. Es necesario que la restauración y regeneración de nuestros bosques se haga idóneamente, abierta a la comunidad, involucrando profesionales calificados, grupos e instituciones que exceden la ingeniería forestal e incluyen ecólogos, mastozoólogos, entre otros, y tomando como referencia bosques nativos cercanos que aún no han sido desmontados. Hay suficiente evidencia en bosques del sur argentino de qué puede pasar cuando se implantan pinos indiscriminadamente, no solamente se promueven incendios sino pérdida de biodiversidad”.
Manifestación pública
Sobre la reunión en concreto, Somos Monte contó que “mientras se llevaba a cabo la audiencia en la Legislatura, nos manifestamos en la calle para compartir el gran problema del desmonte con el resto de la sociedad chaqueñ”a.
“Queremos dejar constancia también de que a los compañeros que habían notificado su participación presencial, los tuvieron esperando en el hall de acceso al recinto durante 40 minutos aproximadamente, y que la vicepresidenta se comprometió a pasar el vídeo en el recinto de la Cámara de Diputados, cuando se vuelva a tratar el tema referido a estos proyectos”, se agregó por último.
Megacausa "La mafia de los desmontes"
Es de recordar que el gobernador Leandro Zdero echó a su funcionario porque fue imputado por la Justicia Federal en una megacausa por los desmontes ilegales tras una denuncia de abogados ambientalistas. Se trata de Hernán Halavacs, quien era "el zorro en el gallinero" para los desmontes en el Chaco.
El 14 de agosto de 2024 se conoció la dura y contundente acusación y pedido de investigación ante el Juzgado Federal 1, a cargo de la jueza Zunilda Niremperger, es contra Hernán Javier Halavacs, gestor forestal, ex ministro de Producción y Desarrollo Económico Sostenible de la Provincia del Chaco; Miguel Ángel López ex Director de Bosques de la Provincia del Chaco, actualmente empresario forestal; Luciano Olivares, ex Subsecretario de Desarrollo Forestal, actual asesor legal del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico Sostenible de la Provincia del Chaco; Atlanto Honcheruk, empresario forestal, diputado provincial; Juan José Bergia, diputado provincial; Zenón Cuellar, intendente de la localidad de El Espinillo.
Desmonte en Chaco
Desde la sanción de la Ley Nacional de Bosques, en Chaco se han desmontado 485.162 hectáreas. La reciente aprobación de la Ley 4005-R en abril de 2024, que pretendía habilitar el desmonte de un millón de hectáreas adicionales, motivó nuestra denuncia penal. Esta legislación, hecha a medida para las empresas deforestadoras, refleja la connivencia entre el poder político y los intereses privados. La sociedad chaqueña no puede permitir que su patrimonio natural sea sacrificado por el beneficio económico de unos pocos.
Según datos oficiales, desde la sanción de la Ley Nacional de Bosques hasta fines de 2022, en Chaco se desmontaron 485.162 hectáreas. La reciente aprobación de la Ley 4005-R en abril de 2024, que habilitaba el desmonte de un millón de hectáreas adicionales, motivó la presentación de la denuncia penal y la solicitud de medida cautelar.
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Denuncian desmonte de selva en galería del río Uruguay
ONG denuncia “brutal desmonte de selva en galería” para construir un camping
Fecha de Publicación: 10/04/2025
Fuente: El Once
Provincia/Región: Entre Ríos
El Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres (CEYDAS), advirtió sobre un “desastre ambiental”, ante el “brutal desmonte de selva en galería para construir un camping en zona administrada por Codesal”.
“Brutal desmonte de selva en galería”. Desde la ONG dieron cuenta que se cortaron varios árboles autóctonos de la selva, algunos de más de 80 años. “El camping pertenece al sindicato STIA y se ubica en zona administrada por la CODESAL próxima a la Tortuga Alegre”.
En este sentido, dieron cuenta que “cientos de árboles autóctonos y arbustos recientemente cortados con motosierra o arrancados de raíz que dieron lugar a amplias picadas abiertas en la selva en galería del río Uruguay es el tristísimo espectáculo que ofrece hoy el denominado camping Pesca perteneciente al Sindicato de Trabajadores de la Industria Alimenticia (STIA) en zona administrada por la CODESAL (Corporación para el Desarrollo de Salto Grande), en proximidades del paraje La Tortuga Alegre”.
Sobre las especies afectadas mencionaron que hay “guayabos colorados, coronillos, ubajay, canelones, palos cruz, guayabos blancos, palos amarillos, yerbas de bugre, sarandíes negros, chalchales y espinillos son tan solo algunos de los cientos de árboles talados para la construcción del camping. Entre ellos, hay ejemplares de más de 80 años con troncos de más de 50 cm. de diámetro. Muchos de los troncos fueron apilados para su utilización como leña”.
Finalmente, desde CEYDAS expresaron que “lo más indignante de este polémico desmonte es que en la cartelería de ingreso al camping figura el logo de CODESAL, entidad que administra el polo turístico de Salto Grande”.
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Madre e hija yaguaretés capturadas para estudios
Hecho inédito en Iguazú: madre e hija yaguaretés fueron capturadas para estudios científicos
Fecha de Publicación: 09/04/2025
Fuente: La Voz de Cataratas
Provincia/Región: Misiones
El operativo, de carácter científico y autorizado por la disposición N.º 36/2024 del Instituto Misionero de Biodiversidad (IMiBio), contó con la participación de técnicos del IMiBio, veterinarios del refugio Güira Oga, personal de los Ministerios de Ecología y del Agro de Misiones, y trabajadores del establecimiento rural donde los ejemplares fueron localizados.
La propiedad en cuestión combina plantaciones forestales, áreas de ganadería y parches de bosque nativo, y desde hace meses se habían registrado casos de depredación sobre ganado doméstico por parte de grandes felinos. Ante esta situación, y lejos de adoptar medidas punitivas contra los animales, los propietarios decidieron colaborar con los científicos y realizar un monitoreo permanente con cámaras trampa, con apoyo de la Fundación Vida Silvestre Argentina.
Este compromiso con la conservación permitió identificar y finalmente capturar a los dos ejemplares: una hembra adulta conocida como Elecha, monitoreada desde 2014, y su hija de aproximadamente un año, recientemente bautizada como Ararokái (que significa «arcoíris» en guaraní), que ya pesa 47 kilos y presenta un tamaño similar al de su madre.
Collar satelital para estudiar sus desplazamientos
Durante la captura, Elecha fue equipada con un collar satelital, donado por la Fundación Agroecológica Iguazú, que permitirá conocer en detalle sus movimientos dentro de un territorio donde conviven actividades humanas con hábitats silvestres. Esta información será clave para diseñar estrategias de manejo que permitan mitigar conflictos con la ganadería y fortalecer la coexistencia entre la fauna y las actividades productivas.
Además, durante el procedimiento se tomaron muestras biológicas que pasarán a integrar el Biobanco del IMiBio, un reservorio genético que conserva material de especies amenazadas de la Selva Misionera. Estas muestras servirán para evaluar el estado de salud de los ejemplares y aportar datos científicos fundamentales para su conservación.
Un paso clave para proteger al felino más grande de América
La captura simultánea de dos yaguaretés no solo representa un hito técnico y logístico, sino también un ejemplo concreto de cómo la articulación entre ciencia, producción y compromiso ciudadano puede generar acciones efectivas para proteger una de las especies más amenazadas del continente.
Con una población estimada de menos de 100 individuos en la región del Corredor Verde, el yaguareté (Panthera onca) continúa en estado crítico de conservación, y este tipo de iniciativas marcan un antes y un después en los esfuerzos por asegurar su supervivencia en libertad.
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Piden pasafaunas en la ruta que une Rosario y Victoria
Piden pasafaunas en la ruta que une Rosario y Victoria para evitar que los animales sean atropellados
Fecha de Publicación: 09/04/2025
Fuente: TN
Provincia/Región: Santa Fe - Entre Ríos
Decenas de organizaciones ambientalistas elevaron un pedido a la Secretaría de Transporte nacional para que el nuevo concesionario de esa traza sume sistemas similares a los que ya funcionan en Misiones
La Ruta Nacional 174 que une a Rosario (Santa Fe) con Victoria (Entre Ríos) tendrá nuevo adjudicatario en los próximos meses. A cambio de explotar esa traza, deberá realizar diversas obras de mantenimiento, según se desprende del pliego que dio a conocer Vialidad Nacional en una audiencia pública desarrollada a principios de marzo en la ciudad entrerriana. Sin embargo, decenas de organizaciones ambientalistas piden que se incluya, entre las obligaciones del nuevo concesionario, la instalación de pasafaunas que contribuyan a disminuir las muertes por atropellamientos de animales que se dan sobre esa ruta que atraviesa buena parte de los humedales del Delta del Paraná.
Se necesita con urgencia que el pedido de las organizaciones sea atendido por el secretario de Transporte nacional, Franco Mogetta, ya que la actual concesión vence el próximo martes y todavía no se definió este punto mencionado por el que reclaman más de 70 organizaciones.
La solución sería que se replique la experiencia de Misiones. En diversas rutas de esa provincia se instalaron puentes y túneles para que la fauna pueda seguir movilizándose sin verse afectada por el paso de autos.
Tal vez el pasafaunas más conocido sea el “ecoducto”, un puente con vegetación selvática que se extiende sobre la Ruta Nacional 101 en Misiones. Pero el pedido es tal vez más simple, ya que la idea principal para el ecosistema de humedales es el desarrollo de túneles por debajo de la traza.
Túneles adaptados
“Los pasafaunas se pueden adaptar a los territorios y a los animales que viven en ellos”, explicó a TN Franco Peruggino, referente del refugio MundoAparte de Rosario, que vio pasar por sus instalaciones decenas de animales atropellados en esa ruta que llegan para ser rehabilitados en el mejor de los casos.
Y agregó: “Proponemos que sean túneles que se camuflen con vegetación natural para ambientarlos y que los animales lo vean como parte de la naturaleza. De esta manera, pasarían por abajo de la ruta y no buscarían hacerlo por arriba de la calzada”.
El referente del refugio fue uno de los presentes en la audiencia pública de principios de marzo, en la que presentaron el plan, brindaron detalles a las autoridades con informes adjuntos e incluso les facilitaron un mapa en el que marcaron puntos críticos donde podrían emplazarse los pasafaunas.
Peruggino resaltó que la empresa que gane la licitación tendrá derecho a la concesión de la traza por los próximos 30 años y es por eso la urgencia de que se incluya este punto entre las obligaciones que contraiga la nueva firma. No quieren que vuelva a pasar un período tan largo para discutir la cuestión: “Quisiéramos que entre las obras que deben hacer incluyan los pasafaunas. Y que instalen, al menos, uno por año”.
Buenos resultados en Misiones
La idea que buscan replicar en la Ruta Nacional 174 tiene su origen en las trazas de Misiones. Los primeros pasafaunas datan de la década de 1990, aunque se siguen instalando hasta hoy.
Para analizar si los animales hacían uso de las estructuras se llevaron a cabo diversas investigaciones con cámaras trampa y los resultados fueron positivos, detalló a TN el biólogo Diego Varela, que forma parte del Instituto de Biología Subtropical del Conicet en Puerto Iguazú.
“A medida que pasan los años, tuvimos muy buenos resultados de especies que van utilizando los pasos de fauna a medida que la vegetación en torno a esas estructuras se va recuperando”, explicó quien, además, es presidente del Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico (Ceiba). Y sumó que no sólo hay más especies que lo usan, sino que, además, aumenta la tasa de uso de los pasafaunas.
Otra de las estructuras que dieron sus frutos fueron las alcantarillas. En nada se parecen a las clásicas estructuras que existen en las ciudades, sino que se trata de ductos desarrollados hace unos 50 años y que se hicieron para el drenaje de agua en una de las rutas que pasa por el Parque Nacional Iguazú. En ese sentido, Varela aseguró que encontraron que varios animales las usaron también como pasafaunas: “Registramos cruces de yaguaretés, osos hormigueros y de ocelotes, que son especies amenazadas”.
Seguridad vial
Si bien la conservación de la fauna es uno de los puntos principales de la instalación de los pasafaunas, el biólogo destacó que la seguridad vial es un factor fundamental a la hora de pensar incorporar este tipo de estructuras en rutas que atraviesan ecosistemas con mucha presencia de animales.
Sobre todo, hizo hincapié en los graves perjuicios que pueden ocasionarse a partir del cruce accidental entre un automovilista y un animal grande: “Atropellar a animales grandes, como por ejemplo los carpinchos, puede convertirse en un accidente muy serio con heridos o muertos. El trabajo sobre la interacción de la fauna silvestre en rutas va más allá de la conservación de especies”.
“Los pasafaunas que se instalan en países de primer mundo derivan de cuestiones vinculadas a la seguridad vial”, añadió.
Mapeo nacional
Actualmente, no hay datos certeros sobre la cantidad de atropellamientos de fauna que se dan en las rutas de Argentina.
Para intentar llenar ese vacío, Varela coordina, junto a otros especialistas, la iniciativa de ciencia ciudadana denominada Red Argentina de Monitoreo de Fauna Atropellada. Se trata de un sitio que se nutre a partir de la colaboración de personas que registran y cargan en un mapa colaborativo casos de atropellamientos de fauna en rutas de todo el país.
La premisa del proyecto, contó el biólogo, es “visualizar el problema a nivel nacional y poder identificar cuáles son las áreas más sensibles y las especies más afectadas. Mientras más datos tengamos, podremos generar mejores recomendaciones para mitigar el impacto de los atropellamientos sobre la fauna”.
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Chaco. Allanan propiedades del empresario deforestador
Incautan maquinarias al empresario Nardelli por desobedecer cinco veces a la Justicia Federal
Fecha de Publicación: 08/04/2025
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
Tres máquinas habían sido llevadas por las fuerzas federales, una de las cuales estaba en resguardo judicial y fue retirada del depósito.
Ayer, por orden de la jueza federal Zunilda Niremperger, la Gendarmería requisó propiedades en Tres Isletas y Barranqueras, con el fin de incautar las máquinas. Una de las cuales el empresario Roberto Nardelli recuperó luego de abonar la multa ante el Ministerio de la Producción y por lo que el fiscal Patricio Sabadini puso énfasis en investigar para saber cómo fue que Nardelli, pese a que la máquina estaba bajo resguardo judicial, pudo volver a tenerla y seguir desmontando, a pesar de la cautelar que lo prohíbe.
Según Sabadini, fueron taladas 200.000 hectáreas, que es el total de la superficie en esta actividad restringida hace meses. La investigación de los desmontes ilegales se inicia a partir de la denuncia de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y mediante una medida cautelar dictada en agosto del año pasado, que prohíbe el desmonte en todo el territorio provincial, cuya medida se prolongará hasta agosto de este año. Pese a dicha resolución judicial, en empresario del carbón desoyó y siguió con la tala indiscriminada.
Los allanamientos contaron con la presencia de funcionarios judiciales federales y efectivos de Gendarmería Nacional Argentina y se realizó en Barranqueras y Tres Isletas. De acuerdo con fuentes de la investigación, en la localidad portuaria se inspeccionó la oficina comercial de Nardelli, ubicada en la avenida Laprida 4784.
En el lugar se recolectó documentación relacionada con el comercio exterior de carbón vegetal y otras actividades empresariales, que incluyeron facturas, libros de actas y documentación de importación y exportación. Sin embargo, por orden judicial, no se procedió al secuestro de dicha documentación.
En Tres Isletas, el allanamiento se centró en la planta industrial de la firma Alesio y Enzo Nardelli, ubicada en la ruta provincial 95. Allí, se constató la presencia de tres maquinarias de gran porte que fueron utilizadas para la deforestación, una de las cuales ya había sido incautada previamente el 21 de febrero de 2025 en una zona rural cercana a Tres Isletas y que fuera sustraída del lugar donde había quedado bajo custodia judicial, y por lo que Sabadini pidió el allanamiento. Por el momento no hubo detenidos.
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