Salta quiere aprobar el ordenamiento de bosques antes de fin de año

Fecha de Publicación: 09/12/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Tras el anuncio del gobernador el proyecto fue ingresado a la Legislatura este jueves, con presentaciones incluidas. Comenzaría a ser tratado el martes en Diputados.
Con visible resistencia de sectores ambientalistas, el gobierno provincial dio luz verde para que desde la Legislatura de Salta apruebe antes de fin de año el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN).
“El lunes a la mañana se va a presentar el proyecto en la Cámara de Diputados y se estaría tratando el martes”, dijo a Salta/12 el presidente de la Comisión de Producción de la Cámara Baja, Néstor Parra, tras la reunión que mantuvo con el ministro de la Producción, Martín de los Ríos.
El anuncio del envío del proyecto se hizo el miércoles último durante el acto de asunción de nuevas incorporaciones en el Gabinete provincial. “De qué nos sirve esa Ley de Bosques que nunca nos pagó nada de lo que nos corresponde”, disparó el gobernador Gustavo Sáenz al hacer referencia a la normativa que enmarca el OTBN.
Al día siguiente el proyecto fue presentado en el Senado de la provincia, aunque su tratamiento comenzará por Diputados. Una de las dudas es qué sucederá con aquellos permisos de desmonte solicitados en el OTBN ya vencido (desde 2014) pero que aún está vigente. Según comunicó el Senado, la respuesta del ministro a esa consulta fue que “se respetará el derecho adquirido, dado que el proyecto no tiene efecto retroactivo”. Al menos 30 mil hectáreas están a la espera del permiso de desmonte.
Parra contó que tras la reunión de ayer con los presidentes de las distintas comisiones de Diputados, para el lunes se prevé presentar el nuevo proyecto de OTBN en Diputados, para que el martes sea tratado en la sesión habitual.
“Algunos preguntaron por qué tan de repente. El ministro explicaba que una vez aprobado pasan unos 120 días para trabajar con Nación y evaluar los proyectos. La idea es que el año que viene vayan cobrando (los fondos de bosques establecidos por la ley nacional) los proyectos. Si no, sería difícil que se pueda cobrar el reintegro”, afirmó.
Tras el tratamiento en Diputados el proyecto debe ser aprobado por el Senado. Al respecto, el presidente de la Comisión de Minería, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara Alta, Miguel Calabró, sostuvo que revisron el mapa. “Lo que me pareció interesante fue el tema de la habilitación predial”, dijo al destacar la metodología del equipo técnico asesor a cargo del OTBN. “Para mí, que estuvo mal vendido”, opinó. Sin embargo, afirmó que en esta comisión “no tenemos ningún apuro” en que el proyecto salga antes de fin de año, como quiere el gobierno.

Un verde hipotético
En un anexo al proyecto, los técnicos del equipo que elaboró esta propuesta de OTBN y que fue liderado por Lucas Seghezzo, del Instituto de Investigaciones en Energía No Convencional (INENCO), explicaron la incorporación de una nueva área que se redefine respecto de cómo se había realizado el OTBN anterior. Se trata de la "categoría transitoria de producción, conservación (APC, Área de Producción y Conservación) y determinación de la Categoría III (verde) como hipotética, sin una ubicación geográfica definida”.
En el nuevo mapa se dispone que se podrán desmontar 721.568 hectáreas. Ese es el único stock que se deberá definir sobre una superficie de 3.013.692 hectáreas, pintada en el mapa primero de marrón y ahora de un amarillo un poco más oscuro.
Según indica el informe, para permitir el desmonte en un área en particular, se deberá tomar como criterio la situación de la cuenca de cada región definida en el OTBN. Una vez agotados los permisos que suman las más de 700 mil hectáreas a desmontar, el resto, 2.292.125 hectáreas, quedarán automáticamente en amarillo. Y en total, dado que las zonas amarillas estrictas son 3.247.625 hectáreas, quedará un total de 5.539.750 hectáreas (73.48 por ciento del total de bosques nativos de la provincia), en amarillo.
Otro tema que se abordó fue el de los desmontes ilegales que realizan desde el momento que entró en vigencia la Ley Nacional de Bosques Nativos en 2009. Al respecto, los técnicos afirmaron que la Autoridad Local de Aplicación (ALA), “cuenta con la identificación de los desmontes ilegales realizados detectados, y estas (superficies) deberán ser recuperadas y/o restauradas con anterioridad a la evaluación de cualquier nueva solicitud de intervención”. Añadieron que “en aquellos casos que se encuentren judicializados, la ALA no es quien decide sobre su destino y, eventualmente, la el Poder Judicial (es) quien determina qué hay que hacer en estos casos”.

Con quejas a la Justicia
Greenpeace, La Red de Defensoras del Ambiente y del Buen Vivir, la Fundación Cebil, y el Foro de Mujeres, ratificron sus observaciones sobre el nuevo proyecto de OTBN.
Entre las críticas señalan que la superficie que se quiere autorizar para el desmonte es excesiva, teniendo presente que en Salta ya se desmontarons 714 mil hectáreas.
También se critica que el proyecto valida los desmontes ilegales ya realizados y no obliga a su restauración; habilita a autorizar desmontes en bosques actualmente protegidos; provoca la fragmentación del territorio de grandes mamíferos amenazados, como el yaguareté, y para su elaboración no fueron consultadas las comunidades indígenas.
Otra crítica es sobre el nuevo color amarronado o amarillo oscuro que aparece en el mapa que, a entender de los ambientalistas, representa una forma de permitir la recategorización de las áreas que no se pueden desmontar.
Añadieron la exclusión de los Valles Calchaquíes dentro del OTBN. Al respecto, el equipo técnico explico a los legisladores que “dicha región no fue incorporada al OTBN aprobado en el año 2009" y aclararon que "por una cuestión de escala, estos bosques no pudieron ser incluidos en el análisis multicriterio y multiobjetivo descripto” del informe final del equipo técnico. Los ambientalistas sumaron que se dejó de lado la participación de comunidades que debieron haber sido consultadas.
Greenpeace por su parte advirtió que de avanzar con este Ordenamiento se harán presentaciones en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las demás asociaciones ambientalistas afirmaron que en la provincia podrían plantear una acción popular de inconstitucionalidad.
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“Cosmética”: vuelve la polémica por la reglamentación de una ley de agroquímicos en La Pampa

Fecha de Publicación: 09/12/2024
Fuente: La Nación
Provincia/Región: La Pampa


Luego de la controversia inicial, los productores recibieron del gobierno provincial un nuevo documento y, por el contenido, analizan rechazarlo
Tras la polémica que se generó en La Pampa por el avance de la reglamentación de la ley 3288 de gestión integral de plaguicidas, sancionada en 2020, el gobierno de Sergio Ziliotto accedió a modificar algunos puntos. Pero habría disconformidad con los cambios que los productores consideran más de “cosmética”. Por esa razón analizarían no validarlos. Para los productores la reglamentación inicial dejaba afuera de producción 200.000 hectáreas debido a fuertes condicionantes para la aplicación de agroquímicos, con distancias exigidas y el cumplimiento de numerosos requisitos.
En noviembre pasado, los productores recibieron de parte del Ministerio de Producción de La Pampa, que conduce Fernanda González y estaba a cargo del armado del borrador de un decreto reglamentario, un documento que contemplaba algunas enmiendas. Estos cambios, de acuerdo con los productores, no habrían sido tomados y ahora habrían llegado a un acuerdo para “rechazarlos”. A los productores les dieron 15 días, que vencen el 11 del actual, para responder a esos cambios. “Es peor que el borrador original”, precisó una fuente.
El borrador anterior que circuló tenía exigencias para diversos actores vinculados con la actividad, como los usuarios de agroquímicos, técnicos, los distribuidores/expendedores y hasta para aplicadores. A los aplicadores se les exigen 18 puntos. Entre ellos, además de cumplir con buenas prácticas agrícolas, con normas de seguridad y capacitación, tener la documentación de los empleados, contar con la inscripción de los equipos que usan, responder por los daños de una eventual aplicación incorrecta, planificar la aplicación en función de la distancia a zonas sensibles o pobladas y conservar por cinco años el remito o receta de compra del producto. Para el usuario responsable, el productor, también hay requisitos que van desde conservar por cinco años la receta de compra del producto, garantizar la correcta aplicación, cumplir con la normativa de protección al ambiente y reducir residuos de plaguicidas. En tanto, para los técnicos o asesores se plantea, entre otros puntos, que se hagan responsables de los daños de un eventual tratamiento incorrecto.
Los productores habían cuestionado que la ley desconocía los avances tecnológicos disponibles que permiten trabajar con Buenas Prácticas Agrícolas (BPAs). Resaltaron entonces que esta “atenta contra el derecho a la propiedad privada que está amparado por las Constituciones Nacional y provincial”. Y agregaron que “criminaliza la actividad agropecuaria e impacta fuertemente en los productores agropecuarios pampeanos, muy especialmente en los de menor infraestructura administrativa”.
Desde el Consejo Consultor, que integran entidades del agro, venían trabajando desde antes de 2020 para actualizar la ley en la materia en base con los desafíos que tienen los productores. Esta entidad se reunió con González para impedir el avance de la oficialización. Días después se realizó una reunión con Ziliotto y la Mesa de Enlace local en completo hermetismo, donde se gestó un principio de acuerdo para rever los puntos más cuestionados de la reglamentación y la ley. Esto se convirtió en un paso para los productores, quienes hasta ese momento se habían encontrado con la negativa de ser escuchados. En el gobierno provincial les insistieron en que “no es posible modificar la ley”, por eso dejaron la puerta abierta a rever la reglamentación.

Correcciones
En el primer capítulo sobre el control de plagas, se desprendía: “Autorizase toda realización de aplicaciones urbanas y/o rurales de control de plagas que sea declarada por el Estado Provincial o Nacional de interés epidemiológico o de sanidad productiva, debiendo dar aviso con una antelación no menor a 72 horas hábiles de la realización de la práctica a la Comisión Interdisciplinaria”. De acuerdo con el nuevo borrador, la antelación quedaría fuera del reglamento.
Sobre las “práctica e investigación”, señala: “Autorizase la realización de toda práctica experimental de investigación que involucre a los institutos educativos, instituciones técnicas, científicas y tecnológicas públicas, nacionales y/o provinciales, que requiera el uso de plaguicidas y demás productos por la Ley N° 3288. A los fines de efectuar esta práctica, se dictarán los Protocolos Específicos los que serán avalados por la Autoridad de Aplicación competente, debiendo contar con profesional debidamente registrado, el representante de la institución y dar aviso de los productos a utilizar, actividades en las que se aplicará y toda otra información que sea requerida”.
Según las correcciones se habría dejado fuera la decisión de “realizar esta práctica con profesional debidamente registrado; el representante de la institución, deberá dar aviso de los productos a utilizar, actividades en las que se aplicará y toda otra información que sea requerida por las autoridades de aplicación, conforme al sistema único de trazabilidad”.
Fue reemplazado el artículo N° 3 sobre el pago de las tasas de inscripción, registros y la retribución de servicios que preste la administración pública. En su defecto, se creó el de “trazabilidad”.
“Créase la plataforma digital que permita implementar el sistema único de trazabilidad del uso de los plaguicidas rurales y urbanos en el marco del presente Decreto Reglamentario. Para su funcionamiento solo se vinculará con la información que surja del Registro Provincial de Producción Agropecuaria (REPAGRO), de la Dirección General de Catastro y de toda otra que permita la mejora continua conforme los cambios tecnológicos. No se contemplará investigación relacionada con aspectos impositivos. La Autoridad de Aplicación competente determinará por norma complementaria su denominación, funcionalidades y forma de implementación”, dice.
Siguen estando las “tasas correspondientes” del fabricante y del expendedor y distribuidor. Así también se continúa con la exigencia de “la copia de la receta de compra para la entrega, venta o comercialización de los productos. En ese sentido, se mantiene la obligatoriedad de “archivar por un plazo de dos años, la copia, en versión digital o en formato papel, de la receta de compra de plaguicidas y demás productos de uso rural que le sea entregada”; así como el “remito, receta de compra y receta rural, en versión digital o en formato papel, las que se encontrarán a disposición de la autoridad de aplicación ante cualquier requerimiento”. Además, en vez de “declarar”, se deberá “informar” al profesional interviniente la compra de plaguicidas fuera del territorio provincial con los remitos correspondientes”.
Fueron modificadas también las facultades de verificación y de fiscalización oficial y se señala: “Ingresar e inspeccionar en días y horas hábiles, los locales donde se ejerzan las actividades reguladas en la ley salvo en la parte destinada a domicilio privado; pudiendo examinar y exigir la exhibición de la documentación pertinente, requerir información, nombrar depositarios de productos, proceder al secuestro de los elementos probatorios de la presunta infracción, citar y hacer comparecer a las personas que se considere procedente pudiendo recabar el auxilio de la fuerza pública si fuere necesario. Asimismo, se podrá inspeccionar las maquinarias y/o los inmuebles a los efectos de verificar el correcto cumplimiento de la ley 3.288 y/o el presente decreto reglamentario y/o normas complementarias”.
Por otra parte, agregaron que, “en caso de impedirse el ingreso de los inspectores a cualquiera de los inmuebles o maquinarias conforme inciso b), se podrá solicitar al juez competente autorización de registro prevista en el artículo 175 del Código Penal de la provincia de La Pampa, de domicilios privados y de los establecimientos/locales”.
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Blanco exige al INPRES datos sobre sismos inducidos por fracking

Fecha de Publicación: 07/12/2024
Fuente: Portal NoticiasNQN
Provincia/Región: Neuquén


El diputado del PTS-FITU reclama información sobre los más de 500 sismos en Sauzal Bonito y zonas afectadas por la actividad hidrocarburífera.
El diputado provincial Andrés Blanco (PTS-FITU) presentó un proyecto en la Legislatura de Neuquén para que el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) brinde información sobre los sismos inducidos por el fracking en la zona de Vaca Muerta. Este pedido se suma a los múltiples requerimientos de informes que el gobierno provincial aún no ha respondido.
Blanco alertó sobre el impacto que estas actividades tienen en localidades como Sauzal Bonito, Añelo y Rincón de los Sauces. “Ya suman más de 500 sismos provocados por el fracking. La población no tiene respiro y las autoridades, en connivencia con las petroleras, siguen sin dar explicaciones”, denunció.
El legislador pide al INPRES información detallada sobre los sismos ocurridos desde 2015, las causas identificadas, si se prevé modificar la zonificación sísmica de Neuquén y los convenios existentes con la Subsecretaría de Hidrocarburos, el Instituto Geofísico-Sismológico Volponi y las empresas petroleras.

Preocupación por el RIGI
Blanco también expresó su inquietud por la expansión de Vaca Muerta y la adhesión al Régimen de Incentivo para Inversiones en Gas y Petróleo (RIGI). “Con más beneficios para las petroleras, los impactos del fracking se multiplicarán. Para los gobiernos que defienden estos intereses, como Milei y Figueroa, nuestros territorios son zonas de sacrificio”, concluyó.
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La provincia mantuvo un encuentro con autoridades nacionales ante la crisis por desmontes

Fecha de Publicación: 07/12/2024
Fuente: TN24
Provincia/Región: Chaco


El diputado provincial de la UCR, Carlos Salom, destacó la reunión que convocó el Gobernador Leandro Zdero con autoridades de la Dirección Nacional de Bosques y el gabinete del ministerio de Producción, la cual lidera Víctor Zimmermann, para tratar la modificación de la Ley de Bosques del Chaco.
«Creemos que hay algunos artículos que tenemos que mejorarlos, que me parece que hay que hacerlo en tiempo y forma», indicó Salom que aseguró que la ley será «más que importante para los chaqueños».
Vale mencionar que meses atrás el fiscal Federal Patricio Sabadini solicitó al Juzgado Federal N°1, a cargo de la jueza Zunilda Niremperger, la imputación a funcionarios, ex funcionarios y empresarios por desmontes indiscriminatorios en el territorio chaqueño. Esta investigación se profundizó luego de una denuncia de la Asociación de Abogados Ambientalistas.
«Hay que dilucidar esta cuestión, terminar con esta suspicacia, sabemos que hay una zona particularmente que son una 220 mil hectáreas que lo tiene muy bien identificado, no sólo nuestro gobierno, y ahora se fortalece la musculatura en defensa del monte chaqueño con este respaldo nacional», afirmó el legislador radical.
Salom contó en rueda de prensa que ya empezaron a trabajar desde el minuto cero y nombró la representatividad de los sectores como el diputado Juan José Bergia y de Atlanto Honcheruk: «Que creo que acá tenemos que ponernos de acuerdo los chaqueños mirando a nuestra única reserva enriquecedora y natural que son nuestros bosques», aseguró.
También mencionó la modificatoria de algunos artículos: «En particular que creo que le va a hacer muy bien a la provincia del Chaco, sobre todo para nosotros y para la posteridad».
«Está tomada la decisión política, ahora falta la decisión legislativa y después la judicial», concluyó el diputado.
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Preocupación en Argentina por la degradación que sufren las tierras

Fecha de Publicación: 06/12/2024
Fuente: Canal 26
Provincia/Región: Nacional


El 36% del territorio nacional se encuentra bajo un proceso de degradación, por diversos motivos y con distintas consecuencias, tanto en el marco económico como en el efecto climático.
Argentina atraviesa un proceso de degradación del territorio, ya sea por erosión hídrica, eólica o biológica, que afecta a un 36% del total del territorio, lo que representa a unas 100 millones de hectáreas. Los motivos tendrían que ver con sobrepastoreo, incendios intencionales y deforestación, entre las causas principales que se asoman.
Justamente, dos regiones del país aparecen como las más afectadas por esta problemática. Por un lado, la Patagonia, producto del sobrepastoreo ovino, y por el otro aquellas provincias que conforman el Gran Chaco, como Salta, Santiago del Estero, Chaco y Formosa, en especial por los cambios en los usos del suelo y los desmontes.
Los datos mencionados surgen del Informe sobre el Estado del Ambiente de 2021, que ponen sobre la mesa la discusión acerca de las sequías y los procesos de desertificación de los territorios.
Según mencionó Ana Di Pangracio, directora ejecutiva de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), en charla con La Nación, “estos procesos de desertificación se aceleran por las otras dos grandes crisis ecológicas: la pérdida de biodiversidad y el cambio climático. Sin ecosistemas sanos no hay producción posible”.
En este marco, de cara a una proyección global, la 16° Conferencia de las Partes (COP16) de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación que tiene lugar desde el lunes en Arabia Saudita puede marcar el rumbo.
Allí, se intentará acelerar las acciones para el manejo sostenible de las tierras y mejorar la resiliencia ante fenómenos como las sequías. La Cnuld, por sus siglas en inglés, apunta que el 40% de las tierras del planeta se encuentran degradadas y se produjo un aumento del 29% desde 2000 acerca de las sequías, producto del cambio climático, aunque también el efecto de las modificaciones en los usos del suelo.
Facundo Vila, embajador argentino en Arabia Saudita, será el representante del país en la convención. Se esperan definiciones, ya que la nación padece estas situaciones. Por ejemplo, la zona más productiva, conformada por Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, atravesó una sequía de más de tres años, que se tradujo en pérdidas económicas, aunque también ambientales.
La Bolsa de Comercio de Rosario estima que se perdieron unos 20.000 millones de dólares en 2023 por la baja en la producción de soja, maíz y trigo.
El 70% de Argentina se encuentra clasificado como "tierras secas", según lo apuntado por el Informe sobre el Estado del Ambiente publicado en 2023, aunque cuenta con datos del 2021. Y agregan que estos sitios “presentan mayor vulnerabilidad a la erosión y a la pérdida de su capacidad de brindar servicios ecosistémicos ante cualquier alteración que afecte su equilibrio”.
Por su parte, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires indicó que la siembra directa se lleva adelante en un 90% de toda la superficie agrícola de Argentina. El país aparece como un líder a escala mundial en dicha práctica conservacionista del suelo, según coinciden productores, investigadores y técnicos.
La siembra directa refiere a la no remoción del suelo mediante del uso del arado, que permite preservar la materia orgánica, almacenar de manera óptima el agua y disminuir la utilización del combustible en la siembra de cultivos. En los últimos años, se agregaron los cultivos de servicio, que tienen como fin preservar el suelo verde a lo largo del año y capturar mayor cantidad de carbono.
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Greenpeace: “El gobernador de Salta busca legalizar la impunidad para desmontar”

Fecha de Publicación: 06/12/2024
Fuente: Portal SaltaSur
Provincia/Región: Salta


Greenpeace denunció que el gobierno provincial pretende que la legislatura apruebe antes de fin de año una flexibilización de la Ley Bosques que validará los desmontes ilegales ya realizados y permitirá la autorización de desmontes por más de 700.000 hectáreas, incluso en zonas donde hoy no está permitido.
El gobierno de Sáenz busca darle impunidad legal a los grandes productores agropecuarios para que puedan arrasar con los bosques de Salta.” Afirmó Noemí Cruz, coordinadora de la Campaña de Bosques de Greenpeace. “Sin embargo, Argentina firmó recientemente un compromiso climático de Deforestación Cero para el año 2030, por lo que las provincias deberían ir en esa dirección”.
La organización ecologista advirtió que la propuesta de actualización de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta viola lo establecido por la Ley Nacional de Bosques ya que permite desmontes en 720.000 hectáreas, una superficie sumamente excesiva; valida los desmontes ilegales ya realizados y no obliga a su restauración; habilita a autorizar desmontes en bosques actualmente protegidos; provoca la fragmentación del territorio de grandes mamíferos amenazados, como el yaguareté; y porque para su elaboración no fueron consultadas las comunidades indígenas.
“Insólitamente, el proyecto de Ordenamiento incluye una Categoría Amarilla con un círculo verde, en la que se permitirá autorizar desmontes, por lo que en realidad se trata de una zona verde encubierta. Estamos ante una evidente flexibilización de la norma para permitir deforestar donde hasta hoy no se puede”, afirmó Cruz.  
Salta es una de las provincias con más deforestación del país en las últimas décadas. Según datos oficiales, desde la sanción, a fines de 2007, de la Ley Nacional de Bosques hasta fines de 2022 en la provincia se desmontaron 714.052 hectáreas, muchas de manera ilegal.
“Instamos al gobernador Sáenz y a los legisladores provinciales a que no aprueben este ordenamiento territorial, ya que será una catástrofe para el ambiente y para las comunidades indígenas y campesinas. Es un retroceso ilegal e inadmisible. De sancionarse, iremos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para frenarlo”, advirtió Cruz.
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Impactó la cantidad de cóndores que se registraron en Neuquén

Fecha de Publicación: 05/12/2024
Fuente: Alerta Digital
Provincia/Región: Neuquén


El pasado 28 de octubre se llevó a cabo el primer censo simultáneo del cóndor andino en la provincia del Neuquén, un esfuerzo conjunto entre la Fundación Bioandina Argentina y el gobierno provincial. Este censo, que se realizó de manera simultánea con otro en Mendoza, marcó un hito como el primer censo biprovincial de la especie en el país.
Un total de 64 censistas distribuidos en 18 puestos de observación registraron hasta 61 cóndores en el mismo momento, una cifra que casi duplica los 32 cóndores observados en Mendoza en esa jornada. Los resultados obtenidos revelaron que el 60% de los cóndores observados eran adultos y el 40% inmaduros. Además, se detectó un sesgo en la proporción de sexos, con una mayor cantidad de hembras en edad no reproductiva y más machos adultos, lo que concuerda con estudios previos realizados en la región.
Este censo constituye una herramienta clave para evaluar la dinámica poblacional de una de las especies más amenazadas de Sudamérica y permitirá establecer estrategias de conservación más precisas. Cabe destacar que la provincia de Neuquén cuenta con el doble de cóndores que existen en Colombia, un dato obtenido mediante un censo similar realizado en ese país con la misma metodología.
El uso de una aplicación para la recolección de datos permitió optimizar el proceso, evitando el registro repetido de los individuos observados y mejorando la precisión de las estimaciones. Aunque algunos censistas enfrentaron dificultades iniciales con la herramienta, muchos destacaron su utilidad para otros registros relacionados con la fauna local.
La Dirección Provincial de Fauna, Áreas Naturales Protegidas y el Centro de Educación Ambiental de Neuquén, dependientes del Ministerio de Turismo, desempeñaron un papel fundamental en la organización y ejecución de este censo. Su colaboración incluyó la planificación logística, la capacitación de censistas, la supervisión y el análisis de los resultados obtenidos.
El cóndor andino, el ave carroñera más grande del mundo, se encuentra en peligro de extinción debido a amenazas como el envenenamiento por pesticidas y plomo. En particular, la región de la Patagonia Norte ha sido severamente afectada, con múltiples casos de cóndores muertos por envenenamiento. Este censo resulta crucial para obtener datos fiables sobre las poblaciones de cóndores en Neuquén, lo que contribuirá a su conservación.
Con este censo, se da un paso importante hacia el desarrollo de una metodología que permita realizar censos nacionales y continuar la protección del cóndor andino y su hábitat. La colaboración entre diversas instituciones y la capacitación de censistas son fundamentales para el éxito de esta iniciativa.
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Caza furtiva: operativos constantes contra la captura de fauna silvestre

Fecha de Publicación: 05/12/2024
Fuente: Diario El Libertador
Provincia/Región: Corrientes


Apostados en distintas rutas y caminos de la provincia, las fuerzas de seguridad realizan a menudo controles para evitar casos de abigeato y caza furtiva de animales, un delito que en el último tiempo presentó un notable incremento y que afecta al ecosistema, todo con fines de comercialización de las especies.
En ese sentido, se intensifican los operativos en diferentes puntos del territorio provincial, a fin de interceptar a cazadores que, en el afán de hacerse con los ejemplares, los acarrean a bordo de vehículos no autorizados y que, además, carecen de las condiciones básicas de seguridad e higiene para el transporte.
Asimismo, se fortalecen las inspecciones a carnicerías, sobre todo aquellas de las cuales se sospecha que adquieren mercadería producto del cuatrerismo. Así, efectivos de la Policía Rural y personal especializado constata si los cortes poseen las medidas sanitarias que garanticen que son aptas para el consumo y, de encontrar irregularidades, se procede a la desnaturalización por incineración de la carne.
Otros casos reportados usualmente por fuerzas nacionales e incluso desde la Policía de Corrientes dan cuenta del secuestro de ejemplares de distintas especies, aún con vida, transportadas con fines de comercialización o explotación.
La semana pasada, el joven ambientalista, Luis Martínez expuso dos casos de depredación de peces, ambos en aguas del río Paraná. Se trata de una práctica casi habitual, por lo que se insiste con mayor rigurosidad en las inspecciones. Los episodios que se evidenciaron muestran a pescadores con importantes cantidades de especies ícticas. «Las medidas que hoy se están tomando son tardías y frágiles ante un saqueo», aseveró y continuó: «La depredación, la imprudencia y la negligencia sobre el mal uso de los recursos ícticos, son las principales causas que deterioran al río Paraná».

Zonas claves: rigurosas inspecciones en rutas y caminos
Continúan los controles en zonas estratégicas de rutas provinciales y nacionales, donde los efectivos, tanto de la Policía de Corrientes como de la Gendarmería aumentan la rigurosidad para impedir casos de abigeato. El delito, en auge, atenta contra cientos de productores en todo el territorio correntino y al cual, desde la fuerza provincial, se intenta dar batalla, con un plan de prevención de cuatrerismo y la caza furtiva, «diagramado por la Jefatura de Policía e implementado en el ámbito de toda la provincia», sostienen desde la institución.
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Un productor fue condenado a solo 3 años de cárcel por la muerte de un niño al que intoxicó con agroquímicos

Fecha de Publicación: 04/12/2024
Fuente: LT7
Provincia/Región: Corrientes


El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes confirmó la sentencia dictada en el 2023 por el Tribunal de Goya confirmando la condena de tres años de prisión al hombre. Se trata de Oscar Antonio Candussi que fue condenado por el delito de homicidio culposo por la muerte del niño de 4 años, José Carlos "Kily" Rivero.
En la Sentencia N°254, el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes rechazó el recurso de casación interpuesto por la defensa y por la querella, confirmando la sentencia dictada por el Tribunal Oral Penal con asiento en la II Circunscripción Judicial que condenó al productor agropecuario a la pena de tres años de prisión por el delito de homicidio culposo en su modalidad de omisión impropia previsto y pena en el art. 84 del Código Penal, en calidad de autor material (arts. 40, 41 y 45 del Código Penal).
La sentencia dictada por el Tribunal de Goya en el 2023 coincidió con el pedido del fiscal de juicio, Guillermo Barry. Durante el juicio, dicho Tribunal consideró que las pruebas demostraron que Candussi había realizado fumigaciones con pesticidas en su plantación de tomates, que se encontraba a una distancia de apenas 15 metros de la casa del niño de cuatro años que sufrió la intoxicación que le costó  la vida.

Recursos de la defensa y querella
El abogado defensor de Candussi presentó un recurso de casación en el que cuestionó la sentencia condenatoria, señalando errores y arbitrariedades en la aplicación de la ley y en la valoración de las pruebas.  Sostuvo que "la causa de la muerte del menor no fue analizada ni valorada científicamente por el fiscal ni por el Tribunal".
También destacó la falta de pruebas materiales que vinculen a su cliente con el uso de agroquímicos organofosforados, alegando que "ni la inspección policial ni el acta del Ministerio de Producción encontraron evidencia de estos productos en la finca de mi defendido". Agregó que los fertilizantes hallados no representan riesgo tóxico y que eran aplicados mediante riego por goteo.
Por su parte, la querella solicitó recalificar el hecho como homicidio simple con dolo eventual. Argumentó que los hechos acreditados en el juicio configuran el delito de homicidio simple con dolo eventual (art. 79 del Código Penal), y no homicidio culposo por omisión impropia, como se resolvió en la instancia anterior.
En este sentido, el querellante sostuvo que Candussi actuó con plena conciencia del riesgo que implicaban sus acciones y aceptó las posibles consecuencias. Según el recurso, "Candussi tenía pleno conocimiento de que generaba un peligro desaprobado, pero aun así, actuó y continuó durante varios meses realizando la conducta desaprobada, sometiendo a la víctima a un riesgo que, en este caso concreto, llevó a su muerte".
El querellante solicitó que, en caso de recalificar los hechos, se aplique una pena de 14 años de prisión. Justificó este pedido en la necesidad de proporcionalidad con la gravedad del delito y en las características del acusado. "La pena debe adecuarse al injusto cometido y a la peligrosidad delictiva", afirmó, añadiendo que Candussi "nunca estuvo detenido y su conducta antisocial causó la muerte de un niño".

Dictamen Fiscal: Rechazo al recurso y reafirmación de la pena solicitada
El fiscal general, doctor César Pedro Sotelo, emitió su dictamen tras analizar en profundidad el fallo impugnado y los argumentos presentados por las partes. De acuerdo con el artículo 501 en función del artículo 489 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público concluyó que el recurso de casación presentado por la defensa debía ser rechazado. En cambio, el dictamen coincide con la postura de la querella, considerándose que la sentencia del Superior Tribunal de Justicia debe mantenerse en cuanto a la calificación del delito y la pena aplicada.
El fiscal solicitó que se reafirme la condena por homicidio simple con dolo eventual, conforme al artículo 79 del Código Penal, y que se impongan al imputado 14 años de prisión, la pena solicitada en los alegatos finales de la querella. La decisión subraya la validez de la argumentación y el análisis de la evidencia realizada en la primera instancia, destacando que los elementos probatorios fueron suficientes para acreditar la culpabilidad del acusado.

Conclusiones y argumentos del doctor Chain
En su voto, el ministro del Superior Tribunal de Justicia, doctor Alejandro Alberto Chain, subrayó que el hecho bajo examen afecta derechos fundamentales que trascienden lo individual y pertenecen a la esfera colectiva, señalando la relevancia del derecho a un ambiente sano como un derecho humano de incidencia colectiva. Este derecho, enfatizó, "ha sido reconocido tanto a nivel internacional como nacional".
El doctor Chain también repasó el marco jurídico nacional, haciendo referencia a la incorporación del derecho ambiental en la Constitución Nacional en 1994, dentro del capítulo de "Nuevos derechos y garantías". Según esta reforma, todos los habitantes tienen derecho a "gozar de un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras".
En cuanto a los hechos del caso, Chain concluyó que la sentencia cuestionada es sólida, razonada y responde adecuadamente a los planteos presentados por las partes. Resaltó que "la sentencia se basta a sí misma", destacando que se acreditaron el hecho, la autoría y responsabilidad del imputado, así como la calificación legal y la pena aplicable.
En su conclusión, el magistrado fue categórico al rechazar los recursos presentados, argumentando que estos no aportaron elementos nuevos y solo reiteraron agravios ya analizados por el tribunal sentenciante. "No se aprecia configurado ninguno de los vicios adjudicados a la sentencia; más bien se trata de una reedición de argumentos que ya fueron solventemente respondidos", concluyó.
Dicha fundamentación fue acompañada por los ministros; doctor Eduardo Panseri, doctor Guillermo Horacio Semhan, doctor Luis Eduardo Rey Vázquez y doctor Fernando Augusto Niz.
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Minería advirtió al Ianigla por la presencia de glaciares en algunos de los nuevos proyectos de cobre

Fecha de Publicación: 04/12/2024
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Mendoza


El Gobierno quiere que el Ianigla ponga especial cuidado en determinadas zonas. Ahora comienza el proceso para habilitar, o no, nuevos pedidos de exploración
La Dirección de Minería de Mendoza observó esta semana particularidades en 29 proyectos nuevos que iniciaron el camino hacia la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que los habilite a realizar exploración de cobre en el Malargüe Distrito Minero Occidental.
En uno de ellos hizo especial hincapié por estar completamente cubierto de glaciares, lo que podría dificultar o impedir la actividad minera. Lo mismo sucedió en parte de otro, que está dividido en varias propiedades.
Estas evaluaciones en marcha responden a una segunda tanda de proyectos en el Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO), que llega después de que los primeros 34 lograran la ratificación de la DIA en la Legislatura provincial y están prontos a iniciar las actividades de prospección para aprovechar la temporada veraniega.
Para seguir ese mismo camino y lograr la habilitación, tal como pasó con aquellos 34, propietarios de derechos mineros ubicados dentro del distrito se postularon para aprovechar el informe de impacto ambiental realizado por la firma GT Soluciones Integrales sobre toda la zona, a pedido de la empresa estatal Impulsa Mendoza SA.
Apenas comenzados los expedientes, el primer paso fue el informe técnico de la Dirección de Minería de Jerónimo Shantal; una revisión de cada uno de los proyectos con sugerencias y observaciones que los organismos sectoriales (como Ianigla, Iadiza, Irrigación, Patrimonio, Municipalidad, etcétera) deberán tener en cuenta en el paso siguiente, que es el de los dictámenes de cada uno de ellos, que luego se contemplan en la audiencia pública y la posterior aprobación o rechazo de la Declaración de Impacto Ambiental por parte de la autoridad minera de la Provincia.

Qué vio Minería en el informe ambiental y por qué la alerta al Ianigla
Según el informe técnico, Piedras Verdes, propiedad de la firma Agaucu, está completamente cubierto por glaciares por lo que se advirtió al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla- Conicet) que tenga especial consideración a la hora de analizarlo para el dictamen sectorial.
Lo mismo hizo en el caso de una de las propiedades mineras que forman parte del proyecto PAS, de SudFlow SAS, que ya tenía un viejo dictamen del Ianigla advirtiendo sobre la imposibilidad de realizar tareas en el área.
De los 29 totales, hay otros 14 proyectos en los que hay presencia de glaciares o cercanía con ellos, pero la Dirección de Minería les pidió a los expertos del Conicet que pongan el ojo principalmente en estos dos, porque sus condiciones difícilmente hagan posible la exploración anhelada en las zonas observadas.
Esto es porque, conforme recuerdan los informes de impacto ambiental de esos proyectos, existen las llamadas áreas de cautela sobre cada glaciar y además, las áreas de amortiguamiento que tienen un perímetro con radio no menor a los 500 metros alrededor de cada uno. Dentro de esas áreas protegidas "sólo se pueden realizar actividades científicas, a pie o sobre esquíes, con eventual toma de muestras, que no dejen desechos en los glaciares y el ambiente periglaciar".
La Dirección de Minería advirtió esa situación al revisar los proyectos y le tiró la pelota a los organismos sectoriales. Ahora, son ellos los que tienen hasta el martes 17 de diciembre para presentar sus dictámenes.
El proceso continuará recién el año próximo, con la audiencia pública convocada para principios de febrero. Y, después de ello, los expedientes volverán a manos de la Dirección de Minería (y de la Dirección de Protección ambiental) para la decisión administrativa final sobre la aprobación o no de cada una de las DIA.
Las aprobadas son las que pasarán luego a la Legislatura para su ratificación.

Las advertencias de la Dirección de Minería en los nuevos proyectos mineros
El informe técnico de la Dirección de Minería fue el paso previo y necesario para el inicio del proceso de Declaración de Impacto Ambiental, que quedó declarado el martes con las resoluciones 178/24 de la Dirección de Minería, y la 58/24 de la de Protección Ambiental.
Como decía, se realizó sobre 29 nuevos proyectos de exploración que se presentaron en el proceso que el Gobierno ha llamado como MDMO II. El proyecto que encabeza la petición de DIA es El Destino, propiedad de la firma canadiense Kobrea (que en total le compró 7 derechos a la minera Agaucu).
Para iniciar los estudios y avanzar en los trámites, los canadienses autorizaron por poder ser representados por la empresa estatal Impulsa Mendoza SA.
Además de El Destino, en esta etapa Kobrea va por la habilitación para la exploración de Cuprum y Sofi. Agaucu se quedó con el mencionado Piedras Verdes, con Tango, Sierra Azul y Tordillo; Raúl Concina –como particular, porque además es representante de Agaucu-, presentó Chamamé, Elisa, Excalibur, Pampa, Qatar y Titán. Silvia Marigliano es propietaria de los derechos de Lucero y SudFlow SAS, del proyecto PAS.
La Zubia tiene Malargüito; y Pampa Exploración, Clotilde y Villagra. Andean Exploration SA busca la DIA para otros cinco proyectos: Belluno, Benetto, Cateo 10, Mel y Roma; en tanto que, New Era Metals la busca para otros seis: Alicia de la Piedra, La Victoria, 14 de febrero, Huanquimileo, Mariano y Mercedes North.
Ingresados los expedientes, los técnicos dirigidos por Shantal hicieron sus observaciones y sacaron conclusiones sobre cada uno de los proyectos.
Algunos deben corregir coordenadas, otros tener en cuenta que se exceden de los límites del Distrito minero Malargüe Occidental; que están atravesados por rutas usadas para trasladar ganado; o que hay presencia de humedales o cavidades en el polígono.
Pero especialmente, lo que se procuró es transmitirle al Ianigla que “preste atención” a la presencia de cuerpos glaciares de diferentes tipos, glaciares y áreas de permafrost, es decir, capas de suelo que están congeladas.
“Según lo indicado en el Inventario Nacional de Glaciares, dentro de los límites de la propiedad minera, hay presencia de siete glaciares”, figura en el informe de impacto ambiental etapa exploración que preparó GT Ingeniería SA sobre Piedras Verdes.
De esos 7, tres son glaciares descubiertos, que ocupan una superficie de 58 hectáreas; otros dos son cubiertos con glaciar de escombros y ocupan 139 hectáreas; otro es un glaciar cubierto de 3,7 hectáreas y se observa un manchón de nieve de 0,6 hectáreas.
La primera conclusión de la Dirección de Minería sobre este proyecto en particular es contundente: “Resulta importante que el organismo dictaminador y los sectoriales, en particular, el Ianigla, presten especial atención a este proyecto minero, atento a que la superficie del pedimento está cubierta por 7 glaciares que ocupan casi la totalidad del mismo (sin considerar además el área periglaciar y de permafrost) y la alta probabilidad de existencia de humedales”.
Y además, concluyeron: “la Reserva Natural Laguna del Atuel se ubica a 1,37 km”.
También es directa la advertencia con relación al derecho minero Pehuenche, una de las tres propiedades que componen el proyecto PAS.
En este caso, en todo el área hay presencia de 11 cuerpos glaciares, pero la Dirección de Minería hizo foco especialmente en el expediente de Pehuenche, donde ya existe un dictamen previo del Ianigla "advirtiendo la presencia de glaciares y la imposibilidad de realizar tareas".
Según explicaron a Diario UNO desde Minería habrá que esperar las consideraciones de los expertos para poder tomar una decisión respecto de la viabilidad o no de una exploración en áreas con estas condiciones.
Y esto tiene que ver con uno de los puntos centrales que desde el gobierno de Alfredo Cornejo se intenta dejar en claro: "Estamos comprometidos en hacer minería sostenible y transparente, por eso los informes y esas conclusiones están a disposición, en la página de Minería", señaló Jerónimo Shantal en plena cumbre minera. Así, si los especialistas aconsejan no avanzar en ciertos polígonos, entonces no se permitirá.

Otros proyectos con glaciares
La Dirección de Minería pidió atención al Ianigla también en otros proyectos, aunque ya no con la misma preocupación.
En Chamamé hay presencia de 23 cuerpos glaciares y la probabilidad de permafrost y de humedales, por lo que también se advirtió al Iadiza.
En Sofi se pidió “especial atención a la presencia de 40 cuerpos glaciares de diferentes tipos y la presencia de permafrost. Además de la probabilidad de presencia de humedales”; y se señaló que la “Reserva Natural Provincial Laguna del Atuel, limita al sur con el proyecto”.
En Tordillo también destaca Minería que en especial Ianigla, Iadiza, Áreas Protegidas, Patrimonio y Dirección de Biodiversidad “deberán prestar especial atención a la presencia de un cuerpo glaciar, permafrost, probabilidad de humedales y 10 cavidades en la zona de buffer al proyecto”.
En el proyecto de exploración Villagra se aconseja “prestar atención a la presencia de un cuerpo glaciar en el área del proyecto y a la probabilidad de humedales”.
En el Mel, lo mismo por presencia de 21 cuerpos glaciares que ocupan gran parte del área, presencia de permafrost y la alta probabilidad de humedales.
En el proyecto Angélica, los organismos técnico- sectoriales deberán prestar especial atención a la presencia de 17 cuerpos glaciares y a la probabilidad de permafrost en la zona del proyecto. Además cuenta con la presencia de 1 ruta de trashumancia.
En éste las propiedades mineras sobrepasan levemente el límite del MDMO 2, por lo que Minería advirtió que “no toda el área del proyecto resulta aquí analizada, es decir, sólo se evalúan ambientalmente las propiedades que se encuentran dentro del área bajo análisis”.
En Malargüito, se pide prestar atención por la presencia de 3 glaciares y zonas de permafrost, así como a la presencia de humedales en el área del proyecto.
En las conclusiones de Minería sobre El Titán, se expresa que “se deberá prestar especial atención a la presencia en el área del proyecto de: 3 cuerpos glaciares, 2 rutas de trashumancia y la alta probabilidad de humedales”.
Excalibur, en tanto, deberá rectificar coordenadas, ya que el polígono sobrepasa levemente el límite del MDMO, y en el caso de glaciares, prestar atención a la presencia de uno.
Algo similar le pasa a Elisa, cuyo polígono sobrepasa levemente el límite del distrito minero, y tendrá que tener cuidado por la presencia de 8 glaciares en el área del proyecto.
Clotilde, por su parte, no cuenta con cuerpos glaciares dentro de su área pero sí a un kilómetro.
En tanto que el caso del proyecto Tango asoma como particular porque la mayor parte de sus propiedades mineras -Tango 1, Tango 2 y Tango 3- caen fuera de los límites del Distrito minero, y ha sido analizada por la consultora ambiental sólo la pequeña porción que cae dentro del mismo.
En caso de obtener la DIA, advierte Minería, ésta solo habilitará a los propietarios a realizar actividades dentro de las áreas estudiadas.
En lo que refiere a glaciares, dentro de esa zona analizada, existen 114 cuerpos glaciares de diferentes tipos y áreas de permafrost.
Otro que deberá corregir coordenadas es Cuprum, que sobrepasa el límite internacional con Chile. Además, deberá prestarse a la presencia de 27 glaciares y probable existencia de permafrost así como de humedales.
Igual es el caso de El Destino, el proyecto que encabeza el pedido de declaración ambiental, cuyo polígono abarca parte de Chile. Sobre los glaciares, se advierte la presencia de uno.
Sobre las diferencias de coordenadas que se dan en varios de los proyectos, la Dirección de Minería explicó que suelen darse por cuestiones de tipeo y de medición que resultan salvables.
Y que más allá de estas observaciones, especialmente dirigidas a los organismos sectoriales, todos los proyectos cumplieron con el resto de los requisitos para poder iniciar ese proceso de evaluación Ambiental.
Una vez concluidos los informes sector por sector, quedarán a disposición para que se desarrolle la audiencia pública. Realizadas o no las correcciones necesarias, volverán a la autoridad minera que será la que deba tomar la decisión respecto de la aprobación o no de cada una de las DIA.
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Cambio climático: el campo sí lo ve y además, lo padece

Fecha de Publicación: 03/12/2024
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional


En Europa hubo olas de calor insoportables, inundaciones y cientos de muertos, mientras la sequía sigue azotando partes de EE.UU. y Brasil, como antes lo hizo en Argentina. Hasta nieva en el Sahara. ¿Qué más para convencer a los negacionistas del cambio climático?
En años recientes, la agricultura y la ganadería, especialmente, fueron sentadas por el lobby petrolero en el banquillo de los acusados: ahora le apuntan a las emisiones de las vacas. Pero a juzgar por lo que acaba de pasar en Bakú, en la última cumbre del Clima, ese sector logró defenderse.
Cuando la delegación del gobierno de Milei se batía en retirada, se exhibió un nuevo paradigma productivo, del que Argentina es pionera, con la siembra directa, la agricultura regenerativa y los avances en genética animal y vegetal, por citar algunos hitos.
Por cierto, el sector agropecuario de América latina se hizo escuchar mostrando su rol en la seguridad alimentaria y ambiental global, y dejó en claro que los agricultores son víctimas y no responsables de las variaciones abruptas del clima y fenómenos cada vez más intensos.
Casi todo pasó en la Casa de la Agricultura que montó el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) junto a sus socios del sector privado y público, en el estadio olímpico de Bakú. Con un verdadero desfile de ministros, académicos y CEO de empresas, alzaron la voz para demostrar que la agricultura es parte de la solución.
“La transformación del sector agropecuario de nuestra región ya está en marcha y la estamos haciendo lo más rápido posible. Pero necesitamos que nuestros agricultores tengan mejor acceso a la financiación y a las nuevas tecnologías para que el proceso cobre aún mayor velocidad”, advirtió el Director General del IICA, el argentino Manuel Otero.
El profesor Rattan Lal, considerado la mayor autoridad mundial en ciencias del suelo, afirmó que se debe pagar a los agricultores por el secuestro de carbono a partir de la siembra y recuperación de los bosques, tarea que contribuye con la conservación de los ecosistemas planetarios. “Los agricultores son los principales actores de la producción y el cuidado ambiental, por lo que se deben impulsar políticas públicas que los recompensen”, sostuvo Lal.
El Premio Nobel de Economía, Michael Kremer, contó acerca de innovaciones sencillas para la mitigación del cambio climático.
En su disertación en el pabellón del IICA, el ministro de Agricultura uruguayo, Fernando Mattos, advirtió que las dimensiones económica y social de la agricultura son tan importantes como la ambiental y relató que en la región hay agricultores abandonando las zonas rurales, debido a que la producción es víctima de la variabilidad climática.
Y al compás de la decisión global de aumentar el financiamiento contra el cambio climático, el IICA lanzó el Fondo Hemisférico para la Resiliencia y la Sostenibilidad de la Agricultura, un mecanismo inédito.
Los principales actores de la cadena de valor de la producción animal de EE.UU. nucleados en el Protein Pact, detallaron su esquema basado en pasturas y el bienestar animal. CropLife Internacional, el Consejo de Exportadores Lácteos de EE.UU, la alemana Bayer y la líder mundial en carnes, la brasileña BRF/Marfrig explicaron sus programas de “descarbonización”. Esto es energía limpia y prácticas de cuidado ambiental.
El mismo camino mostró Carbon Asset Solutions, líder global en soluciones climáticas, el Consejo de Exportadores de Soja de EE.UU., el Consejo de Granos de EE.UU. y los gigantes Elanco, la brasileña JBS y PepsiCo. Se expuso sobre sistemas agroalimentarios con soluciones basadas en la naturaleza y los biocombustibles.
Las agujas del reloj ya se acercan a otra cita anual clave. La próxima cumbre o Conferencia entre las partes (COP) de la lucha contra el cambio climático se desarrollará en Belem do Pará, Brasil. Desde que volvió al Planalto es uno de los ejes del gobierno de Lula, listo para recibir multimillonarias inversiones al compás de bonos de carbono que premian la reforestación del Amazonas y el uso de los biocombustible. Lula intenta que el mundo vuelva a considerar a Brasil como el pulmón del planeta.
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Cazadores furtivos sorprendidos en el Parque Provincial Caá Yarí

Fecha de Publicación: 03/12/2024
Fuente: El Territorio
Provincia/Región: Misiones


Guardaparques incautaron armas y motocicleta tras un operativo en la selva
Durante un patrullaje de rutina en el Parque Provincial Caá Yarí, agentes del Grupo de Operaciones en Selva del Ministerio de Ecología detectaron la presencia de dos cazadores furtivos. Aunque los infractores lograron escapar, dejaron atrás dos escopetas y una motocicleta, que fueron incautadas por las autoridades.
El procedimiento fue notificado al Juzgado de Instrucción Tres de San Vicente, que ahora interviene en el caso. Tras el hallazgo, se llevó a cabo una intensa búsqueda en la zona selvática donde los cazadores se ocultaron, aunque no se logró dar con su paradero.
La acción de los guardaparques refuerza el compromiso con la preservación de la biodiversidad y la lucha contra actividades ilegales que amenazan los recursos naturales protegidos en la región.
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La Corte se desentendió de los sismos inducidos por el fracking y continúa el derrotero judicial del caso

Fecha de Publicación: 02/12/2024
Fuente: Portal elDiarioAR
Provincia/Región: Nacional - Neuquén


Desde hace más de tres años, la localidad de Sauzal Bonito aguarda una respuesta de los tribunales. El paraje rural tiembla desde que la petrolera de Techint se instaló en la zona, en 2018.
Desde hace casi tres años y medio, cinco juzgados y tribunales y hasta la Corte Suprema protagonizan un derrotero judicial para evitar una definición sobre los sismos inducidos por el fracking en los alrededores de Vaca Muerta, provincia de Neuquén. Así lo demuestran los escritos y testimonios consultados por elDiarioAR.
El Observatorio de Sismicidad Inducida ha registrado al menos 508 sismos en la zona desde 2015, explicó el geógrafo Javier Grosso Heredia.
El paraje rural que tiembla en esta zona de Neuquén es Sauzal Bonito, cercana al área explotada por Tecpetrol, la petrolera de Techint. Las denuncias de sus habitantes, los estudios del Observatorio de Sismicidad Inducida y los registros del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) avalan las denuncias contra la provincia y la compañía, aunque la petrolera se niega a dar su versión de los hechos o presentar públicamente estudios que demuestren lo contrario.
El área explotada por Tecpetrol se denomina Fortín de Piedra y es una zona hidrocarburífera de alrededor de 25.000 hectáreas ubicadas en ambos márgenes del río Neuquén y dividida en dos bloques: sólo el primero está desarrollado y en producción. Significa el 32% de la producción de gas en Vaca Muerta y conlleva una inversión de U$S3.500 millones desde que inició sus operaciones en 2017, según la agencia estatal Télam.
En marzo de 2017 Tecpetrol anunció que transportaría gas de Fortín de Piedra hasta el sistema logístico nacional. “Luego de ese anuncio, en apenas 18 meses, Fortín de Piedra comenzó a aportar el 15% del gas consumido a nivel nacional.
Su pico de producción se dio en 2018, año en que se produjeron registros sísmicos de magnitud en la zona, con picos de 3.1 y 4.9 Ml“ (Richter), de acuerdo a un estudio de los científicos Grosso Heredia (profesor de Geografía e investigador en la Universidad Nacional del Comahue, entre otros títulos) y Guillermo Tamburini Beliveau (doctor en ingeniería por la Universidad Nacional de Rosario e Ingeniero en Cartografía y Geodesia de la Universidad Politécnica de Valencia, además de investigador del Conicet) junto a la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Las primeras fracturas en Fortín de Piedra datan de 2018. Ese año se registraron los primeros sismos en Sauzal Bonito, pero la región donde se encuentra Vaca Muerta ya venía temblando desde 2015, cuando comenzó el fracking en la zona.
En julio de 2021, FARN, habitantes del paraje rural y la comunidad mapuche Lof Wirkaleo presentaron un amparo ante la Justicia federal de Neuquén, que decidió remitir el caso a la Corte Suprema, ya que los sismos estaban afectando a localidades de Río Negro. Cuando se trata de afectación a más de una jurisdicción, interviene la Corte.
El expediente pasó unos tres años en el máximo tribunal. Hasta que el 13 de agosto último, los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz rechazaron en apenas dos párrafos la competencia. Los supremos enviaron el caso a la Justicia provincial de Neuquén.
En el Tribunal Superior de Justicia de la provincia patagónica decidieron enviar la causa a un juzgado civil y comercial. Semanas más tarde, la jueza volvió a declinar su competencia y sostuvo que “la acción procesal idónea” debía ser planteada ante el fuero contencioso administrativo. Los amparistas apelaron la decisión.
Desde entonces, el expediente se encuentra en la Cámara de Apelaciones del fuero, que debe resolver el destino del caso.  
 Cristian Fernández, abogado de FARN, explicó a elDiarioAR que el amparo busca que la Justicia le ordene al Poder Ejecutivo de la provincia de Neuquén realizar estudios de impacto ambiental, audiencias públicas y consulta previa libre e informada con las comunidades originarias que pueden verse afectadas por la actividad sísmica en la zona de Vaca Muerta.
También solicitaron que se le ordene a la provincia que, hasta que no se realicen dichos estudios de impacto ambiental y audiencias públicas, exijan a los titulares de los permisos de explotación hidrocarburífera no convencional que incluyan o contemplen en sus Declaraciones de Impacto Ambiental la totalidad de los impactos que la actividad de explotación hidrocarburífera no convencional provoca e incluyan expresamente medidas para prevenir la sismicidad inducida.
Entre las peticiones, requieren que se ordene a la gobernación de Neuquén realizar un relevamiento de las construcciones de la zona, tanto de las propiedades, como de las represas y toda obra de ingeniería que haya sido construida para elaborar un  informe del riesgo de derrumbe y/o rotura.
En el amparo, los demandantes sostienen que la sismicidad inducida implica un riesgo grave para la seguridad de las personas, la infraestructura y el ambiente y que la fracturación hidráulica induce a numerosos microterremotos, la gran mayoría con un magnitud menor a 2 Mww, pero que en cercanías de la localidad de Añelo y Sauzal Bonito se han registrado desde 2015 numeros sismos de magnitud mayor a 3 ML y eventos de magnitud mayor a 4 Mww, con hipocentros de escasa profundidad, causando grandes daños en superficies, tanto a bienes materiales como a las personas.
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El Gobierno reglamentó otra parte de la Ley Bases: todos los cambios en hidrocarburos y energía

Fecha de Publicación: 02/12/2024
Fuente: Cronista
Provincia/Región: Nacional


A cinco meses de la promulgación de la Ley Bases, el Gobierno reglamentó una cantidad de artículos en materia energética, referidos a la explotación, exploración y exportación de hidrocarburos.
A cinco meses de la promulgación de la Ley de Bases, el Gobierno aprobó la reglamentación de más de 50 artículos de los capítulos I, II y XI del título de Energía.
De esta manera, se establecieron oficialmente modificaciones a la ley de hidrocarburos. El Ejecutivo busca flexibilizar la "exploración, explotación y exportación" de petróleo y gas, al promover la inversión y mejorando la competencia en el sector.
Mediante el Decreto 1057/2024, publicado en el Boletín Oficial este viernes, se reglamentaron los artículos 101 a 158 y el 160. Esencialmente, se pasa del objetivo de abastecer el mercado interno a enfocarse en la maximización de la renta petrolera y la exportación.

Nueva reglamentación de la Ley Bases: los cambios en hidrocarburos
En la disposición se incluyen varias reformas que tendrán un impacto directo en la seguridad jurídica para los inversores y en la reducción de la discrecionalidad estatal.
En los artículos 101 a 152 (capítulo I), se introdujeron cambios en la ley de hidrocarburos que "tienen como finalidad flexibilizar determinadas etapas de la actividad hidrocarburífera para permitir un mayor desarrollo de la exploración, la explotación y la exportación de petróleo y gas, y mejorar la competencia y la transparencia".
Además, señala: "Las reformas realizadas a partir del 10 de diciembre de 2023 han contribuido a la consolidación de un clima favorable y propenso a la generación de inversiones, brindando una mayor seguridad jurídica a los inversores y reduciendo ciertas prerrogativas discrecionales del Estado nacional y de las provincias como autoridades concedentes, excluyendo arbitrariedades".
A su vez, fijaron que quienes quieran obtener permisos, concesiones y habilitaciones deberán constituir un domicilio en el país y acreditar el cumplimiento de los requisitos de solvencia económico-financiera, los estándares de patrimonio neto mínimos y la capacidad técnica adecuada.

Explotación
En lo relacionado con la explotación de hidrocarburos, el Gobierno dejó en claro que "el libre ejercicio del derecho a la exportación" de los mismos y/o sus derivados, conforme lo establece el artículo 6° de la ley N° 17.319, "no podrá ser interrumpido durante todo el período o programa de embarques o entregas no objetados una vez cumplidos los requisitos establecidos".
Será, en este sentido, la Secretaría de Energía la que llevará un registro de las operaciones de exportación. Además, establecieron los procedimientos para objetarla.
"La Secretaría de Energía podrá fundadamente objetar total o parcialmente exportaciones debido a variaciones significativas e imprevistas en los precios de los hidrocarburos en el mercado interno, en forma temporaria y hasta que dicha situación haya finalizado", dispone.

Gas Natural Licuado
Entre los artículos 153 a 158 (capítulo II), se flexibilizaron las importaciones y exportaciones de gas y se promovieron nuevas actividades, como la producción de Gas Natural Licuado (GNL) y el almacenamiento subterráneo de gas natural en yacimientos.

Legislación ambiental
En el artículo 163 (capítulo XI) se facultó al Poder Ejecutivo para elaborar, con el aval de las provincias, una "legislación ambiental armonizada" en materia hidrocarburífera.
Tendrá como objetivo prioritario "aplicar prácticas internacionales de gestión ambiental a las tareas de exploración, explotación y transporte de hidrocarburos a fin de lograr el desarrollo de la actividad con un adecuado cuidado del ambiente".
En esa línea, el Ejecutivo precisó las cuestiones que deberá regular el marco normativo que sea elaborado por la Secretaría de Energía. Ente los principales puntos:
- Pasivos ambientales
- Gestión de residuos, emisiones y/o efluentes
- Condiciones de seguridad y control de integridad de pozos
- Emisión de gases de efecto invernadero asociada a la actividad (Descarbonización)
- Garantías y/o seguros u otros instrumentos económicos como respuesta ante
- Contingencias o situaciones ambientales
- Procesos de participación pública y acceso a la información pública
- Responsabilidad social ambiental
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Contaminación en Petroquímica Bermúdez: reclaman la creación de una Justicia ambiental en la provincia

Fecha de Publicación: 30/11/2024
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe


Desde la Secretaría de Política Ambiental de la UNR reclamaron un procedimiento de desarrollo sostenible de triple impacto
El secretario del área de Política Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y presidente del Instituto de Derecho de Política Ambiental del Colegio de Abogados, Matías De Bueno, reclamó la creación de una Justicia ambiental para poder adecuar la legislación vigente en casos de impacto como Petroquímica Bermúdez (ex Electroclor), empresa del cordón industrial que aún sigue contaminando el ambiente pese a estar cerrada. Para ello solicitó el compromiso del Estado a la hora de buscar inversores privados capaces de llevar a cabo las inversiones correspondientes para poder llevar adelante los controles ambientales.
Ocurrió que desde que se cerró la industria petroquímica en 2013 jamás se realizaron tareas correpondientes para remediar el daño ambiental ocasionado por el vertido de cloro en gran parte del predio de esa firma. El sitio aún cuenta con un pasivo ambiental de restos de mercurio, asbesto y otras sustancias químicas tóxicas con un fuerte potencial de daño a la salud y al ambiente.
 Hubo un fallo de primera instancia de la Justicia de San Lorenzo, donde planteba que la calidad del aire y el agua estaban contaminados y, por lo tanto, ordenaba el cese de las emisiones de un gas particular. No obstante, ese falló se apeló en la Cámara de Apelaciones y recién una década después ese tribunal de alzada solicita generar controles pertinentes.

Contaminación ambiental en Petroquímica Bermúdez
"En estos casos se busca el mayor equilibrio posible para proteger las fuentes laborales pero también aplicar el desarrollo sostenible de triple impacto, que tiene que ver con lo económico, lo social y lo ambiental. Sucede que ese equilibrio no es parejo y apunta a lo económico, que resulta complejo de sobrellevar en este país", planteó De Bueno en declaraciones al programa "Una tarde perfecta", de LT8.
En ese sentido, argumentó: "En esta cuestión se ve claramente cuánto hace falta una Justicia ambiental en la provincia. No se puede estar 20 años para decir que hay que controlar. Desde 2013 debió otorgarse una reparación del daño a la comunidad, evaluar el monto y aplicar un fondo de recomposición ambiental a determinar por una autoridad aplicación. Y luego, si existió el daño, reparar a las personas".
Y agregó: "En este caso me costa que hace muchos años que la empresa venía realizando acciones, desde hace casi de 20 años, donde hubo un primer amparo, se planteó la necesidad de terminar con emisiones, hubo un acuerdo entre la empresa y el municipio; y, además, una inversión de 100 millones dólares para cambiar la tecnología".

Petroquímica Bermúdez: falta de controles adecuados
No obstante, apuntó que "en lo que siempre nos quedamos cortos es en controles adecuados y la aplicación correcta de la normativa 201 de calidad de aire, que está absolutamente desactualizada y no refleja la necesidad del momento para poder tener una calidad de aire adecuada como lo exige la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Por eso consideró que es importante que no se paralicen las actividades, pero señaló que se deben tener cuidados a la hora de evaluar los peligros capaces de provocar daños de alto impacto, tales como alergias, enfermedades y hasta la muerte. Por eso existen principios preventivos y precautorios dentro del Derecho ambiental.
"Si un juzgado tiene que evaluar tiene que remitirse a la normativa para establecer los niveles guías y controles. Ahora, ¿quién se encargará de los mismos? ¿Una empresa privada? ¿Una universidad? ¿Cómo se realiza el control? La empresa tiene que entregar un plan de gestión y tiene que haber un organismo que monitoree esos controles, sea dueño o no de esos equipos", planteó.
Por eso reclamó la importancia de que haya organismos que velen por la seguridad de esos informes en el marco de Derecho ambiental. También hizo hincapié en la necesidad de presupuestos, que en el caso del Estado suelen ser escasos en la materia.
"Acá se ve claramente cuánto hace falta una Justicia ambiental en la provincia porque no se puede demorar 20 años para controlar y generar una gestión adecuada hacia adelante", apuntó.
Es por eso que reclamó: "La adecuación de la legislación ambiental para que se incorpore la cláusula ambiental; en segundo lugar exigirle al Poder Ejecutivo que aplique la mayor cantidad de controles y, a la vez, buscar financiamiento del sector privado para que se pueda cumplir la norma, ya que no se puede cargar sólo a quienes ofrecen fuentes laborales con este responsabilidad. Y en tercer lugar, la creación de un fuero ambiental dotado de juzgados y fiscales ambientales, y un organismo científico de generación de pruebas, mientas desde el Colegio de Abogados se abogará por la participación de la ciudadanía.
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