Proponen convertir la Refinería San Lorenzo en un centro de producción de biocombustibles para aviación

Fecha de Publicación: 08/11/2024
Fuente: TN
Provincia/Región: Santa Fe


El proyecto de ley del diputado Joaquín Blanco busca transformar una planta en una biorrefinería de “biojet”, con una inversión de US$300 millones para reactivarla y generar empleo local.
En un ambicioso plan por revitalizar la industria local, el diputado provincial Joaquín Blanco presentó un proyecto de ley que busca convertir una planta en desuso desde 2018 en una biorrefinería dedicada a la producción de “biojet”, un biocombustible de aviación.
Durante su intervención, Blanco enfatizó que “recuperar este lugar, que hace seis años está abandonado, es clave para impulsar el desarrollo nacional desde lo local”.
La planta, que en su mejor momento empleó a 12.000 trabajadores, representa una importante oportunidad para la economía de Santa Fe, que se posiciona como pionera en la generación de biocombustibles a nivel nacional.
“Necesitamos volver a darle funcionamiento. Un párate tan extenso genera un grave impacto ambiental para la zona”, advirtió el legislador.

El proyecta contempla una inversión de US$ 300 millones
“Este tipo de inversiones son de largo plazo, y es fundamental brindar continuidad a este proyecto”, destacó Blanco, apoyado por todo su bloque socialista en esta iniciativa que podría transformar la industria local y generar empleos de calidad.
El diputado provincial señaló que “la elección de este lugar es estratégica para nuestra provincia. Los argentinos hicimos un gran esfuerzo en la reestatización de YPF y es necesario que ponga a disposición del desarrollo de Santa Fe, y del país, este espacio abandonado. Queremos impulsar desde lo local el desarrollo nacional”.
La propuesta busca transformar la planta en productora de “biojet”, un biocombustible que ha comenzado a ganar terreno en la industria aeronáutica.
Los Combustibles de Aviación Sostenibles (SAF) son considerados una opción clave para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por la aviación, logrando reducciones significativas de entre un 50% y un 60%.
En particular, se pretende generar Aceite Vegetal Hidrotratado (HVO), un diésel renovable que se obtiene mediante un tratamiento con hidrógeno como catalizador, utilizando como materia prima aceites vegetales y residuos de origen vegetal o animal.
Blanco subrayó que “el futuro de la aviación sostenible está en plena construcción y aquí reunimos todas las condiciones para liderar el proceso”.
Citó ejemplos de aerolíneas que ya están preparadas para operar con hasta un 50% de SAF en su mezcla de combustible.

La situación en Estados Unidos y la Unión Europea
En Estados Unidos, grandes refinerías de petróleo están adaptándose para convertirse en plantas de elaboración de SAF, lo que señala una tendencia creciente hacia la sostenibilidad en la industria.
A nivel global, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (Iata) se fijó el objetivo de alcanzar la neutralidad de carbono para 2050.
Actualmente, solo el 0,1% de los combustibles utilizados en la aviación son biocombustibles, aunque se espera que esta cifra aumente significativamente.
En este contexto, Estados Unidos y la Unión Europea están impulsando regulaciones para exigir que los aviones utilicen al menos un 2% de SAF, lo que podría disparar la demanda de estos combustibles renovables.
Este proyecto no solo tiene implicaciones ambientales, sino que también se posiciona como una oportunidad económica para Santa Fe.
Blanco concluyó que “estas políticas promueven la inversión en infraestructura, generan empleo de calidad y apuntan al crecimiento económico local”.
Con una alta rentabilidad y un significativo valor agregado, esta producción apostaría por un futuro más sostenible, contribuyendo a la transición energética y beneficiando a toda la cadena productiva en la provincia.
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Contaminación ambiental: estudio del Conicet detectó daño genético en docentes rurales

Fecha de Publicación: 07/11/2024
Fuente: Diario Corrientes Hoy
Provincia/Región: Santa Fe


Investigadoras de Conicet junto a docentes del gremio Amsafe Rosario presentaron los resultados de la investigación que se desarrolló desde marzo a noviembre de 2024, sobre la población de docentes rurales del departamento Rosario. Los resultados de dichas investigaciones encendieron las alarmas, ya que alerta sobre el riesgo que implica la exposicion de los trabajadores de la educación a contaminantes ambientales.
La información que se analizó se obtuvo a partir de encuestas, entrevistas y tomas de muestras biológicas realizadas a 32 docentes y auxiliares de escuelas rurales de Ibarlucea, Alvear, Villa Amelia, La Carolina y Acebal (depto. Rosario, Santa Fe).
Destacando que estas localidades se encuentran en zonas tradicionalmente dedicadas a la producción agrícola y ganadera y están, además, próximas al cordón industrial portuario de la ciudad de Rosario.
“Pudimos reconstruir que estas escuelas se encuentran situadas en contextos productivos caracterizados por la producción de soja y maíz, y que si bien están expuestas a diferentes contaminantes, por ejemplo los efluentes de industrias, de graseras, también los contaminantes que se encuentran en el agua o los olores que provienen de basurales próximos, lo más característico es la exposición a la deriva de las fumigaciones que se utilizan sobre los cultivos de soja y de maíz” enfatizó Lucía Caisso, investigadora de Conicet UNRAF en diálogo con Conclusión.
Las escuelas están ubicadas a un máximo de 700 metros de campos de cultivo, otras a un mínimo de 40 metros. “Las docentes no tienen muy visibilizado el hecho de que esta proximidad de los campos supone una exposición a estos contaminantes de los plaguicidas agrícolas. Sí pudimos reconstruir con el trabajo de campo que hay exposición a las derivas secundarias de los agroquímicos dado que se fumigan los campos a veces por la noche, pocas horas antes de que las docentes y los niños ingresen a las escuelas”.
Al analizar el material genético, encontraron, “que las docentes de las escuelas más próximas a los campos de cultivo, particularmente una situada en la localidad de Alvear, que está a 40 metros de un campo de cultivo, presentan un daño mayor, un daño genético mayor que el resto de las docentes. Si bien en general toda la muestra en promedio tiene un daño un poco mayor que los valores normales o de referencia, las docentes de Alvear lo tienen inclusive un poco más incrementado”.
Amsafe Rosario destacó que desde hace tiempo vienen denunciando a las escuelas fumigadas. “Pone de nuevo el eje en discusión y, por supuesto, discutir condiciones de trabajo. Nosotros queremos que este convenio sea un convenio provincial, que de norte al sur y el centro de la provincia de Santa Fe, los trabajadores de la educación, las maestras, los maestros tengan acceso a esto. Vamos a seguir interpelando a nuestros empleadores, como es el Ministerio de Educación y el de Trabajo para que dejen de mirar al costado y empiecen a hacerse cargo» concluyó Gabriela Meglio, secretaria adjunta de Amsafe Rosario.
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Informe alerta sobre un déficit de energía para el verano

Fecha de Publicación: 06/11/2024
Fuente: Cadena 3
Provincia/Región: Nacional


La Fundación Encuentro, cercana al Frente Renovador de Sergio Massa, estima que la falta de energía alcanzará 2500 MW, más del doble de lo proyectado por el Gobierno. Las causas incluyen la indisponibilidad de Atucha I y limitaciones en la capacidad de importación de los países vecinos.
Un informe reciente de la Fundación Encuentro, advierte que el déficit energético para el verano podría alcanzar los 2500 MW, en contraste con la previsión de 1000 MW del Gobierno. Este faltante, que se espera para los meses de mayor demanda, se atribuye a diversos factores, como la falta de disponibilidad de Atucha I y la incertidumbre sobre la entrada en operación de la Central Nuclear Néstor Kirchner (Atucha II) en diciembre de 2024.
El estudio evalúa distintos escenarios y plantea que la oferta máxima de generación alcanzaría entre 28.151 y 28.751 MW, mientras que la demanda en el pico del verano rondaría los 30.700 MW. Esto dejaría un faltante de aproximadamente 2500 MW, que podría traducirse en restricciones significativas para el suministro de energía.
Según el informe, el sistema actual de transmisión también representa una limitante importante. A pesar del aumento en la generación mediante energías renovables en los últimos años, la infraestructura de transmisión no permite evacuar toda la energía producida. Esto impide aprovechar plenamente la energía eólica y solar, que, al no poder almacenarse, debe despacharse de inmediato, afectando así el despacho de energía térmica.
Además, el informe señala que el Gobierno anuló una licitación de 3000 MW de potencia térmica adjudicada en noviembre de 2023, que hubiera permitido sumar energía en puntos críticos del sistema. Esta medida, que buscaba optimizar el uso de gas natural, habría cubierto gran parte del déficit estimado para este verano y los próximos, impactando la capacidad de respuesta en futuros períodos de alta demanda.
Ante esta situación, el Gobierno trabaja en un plan de contingencia que sumaría 1000 MW adicionales, aunque esta capacidad estaría lejos de cubrir las proyecciones de demanda de energía para el verano, según la Fundación Encuentro. La falta de licitaciones y nuevas obras de transmisión proyecta además problemas de suministro para los veranos de 2026 y 2027.
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Los empresarios y el gobierno van por la Ley de Glaciares

Fecha de Publicación: 06/11/2024
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional


El retroceso ambiental se profundiza. Tras el RIGI, la eliminación del Fondo para los Bosques y el retiro de la Corte del saneamiento del Riachuelo, las mineras apuntan a la norma que regula la actividad en estos reservorios de agua. El gobierno avala su modificación.
“Si no es ahora, cuándo”. El título que eligió el empresariado para el Coloquio de IDEA representa con claridad sus intenciones. Si no es ahora, cuándo. Durante el encuentro hubo representantes de mineras que explicitaron su pedido al Gobierno de ir contra la Ley de Glaciares. Con pocas semanas de diferencia, la subsecretaria de Ambiente de la Nación, Ana Lamas, admitió que se está trabajando para sacar “escollos” en una normativa que tiene “mucha indefinición”. Traducido: se apunta a reducir el alcance de protección de la ley para beneficio de las mineras.
“Varias provincias nos hicieron planteos, estamos conversando con la Secretaría de Minería también, pero el tema acá pasa por la cuenca. A nosotros como Ambiente lo que nos interesa es conservar el agua, el agua de los glaciares, la cuenca hidrográfica, la cuenca que no perjudique aguas abajo si hacemos una explotación minera y estamos arruinando el agua. En la Ley de Glaciares hay mucha indefinición. Se está trabajando en ver cómo se puede definir mejor para sacar todos estos escollos”, dijo la funcionaria a La Nación. Este medio consultó cuáles serían esos «escollos» a revisar. No hubo precisiones.
El tema emerge en un contexto crítico. Mientras en el mundo se ven los efectos concretos de la crisis climática, con evidencias como el drama de Valencia, la Argentina de Javier Milei rechaza las políticas ambientales. En los primeros días de octubre, a través del decreto 888, el Ejecutivo eliminó el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos establecido por la Ley 27.431. Días más tarde la Corte Suprema (siempre adaptándose a los tiempos) cerró una de las causas ambientales más importantes: la contaminación del río Matanza-Riachuelo.
En tanto, esta semana se dio el debut formal del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). YPF, Galan Lithium y Posco –dos mineras extranjeras– se inscribieron con proyectos de litio en Catamarca y Salta. Pero el planteo de ciertos empresarios del sector, como lo dejaron claro en IDEA, es que con el RIGI no alcanza. Quieren más, y eso implica ir contra la Ley de Glaciares. Si no es ahora, cuándo.

La Ley de Glaciares: un viejo anhelo
“La modificación de la Ley de Glaciares es un viejo anhelo del lobby minero, que siempre trabajó muy fuertemente contra esta norma. Tanto cuando se sancionó por primera vez –y logró su veto presidencial– como cuando insistimos con esa ley en 2010. El lobby siempre buscó la forma de boicotearla. Ahora creen que hay una ventana, con este gobierno liberal que no tiene en agenda la cuestión ambiental y es negacionista de la problemática ecológica. Creen que es la gran oportunidad”, advierte el abogado ambientalista Enrique Viale.
“Todos los rumores y datos que tenemos indican que van contra la Ley de Glaciares y que lo harían o buscando su modificación en el Congreso o con un decreto, que puede ser un DNU o un decreto reglamentario que termine desvirtuado los alcances de protección de la norma«, acota.
Apunta que el gran objetivo del lobby minero es derogar las prohibiciones –razonables– que establece la ley en cuanto a la realización de actividades mineras sobre glaciares y ambiente periglaciar: “nos vamos a oponer muy fuertemente a cualquier modificación, que sería manifiestamente inconstitucional por violar el principio de no regresión ambiental. Pero además lo haremos porque si efectivamente logran derogar una ley que tuvo tanto apoyo popular, que fue tan debatida por especialistas y universidades en los territorios, es una especie de vía libre para destruir toda la legislación ambiental del país”. Si no es ahora, cuándo.

«También afecta a sectores productivos»
La intención de las mineras de avanzar contra zonas protegidas se puede ver aún con la ley vigente. En 2019, por caso, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA-CONICET), en Mendoza, difundió que en el sector donde se pretendía instalar el proyecto Cerro Amarillo había “47 cuerpos de hielo que cubren una superficie de 3,42 km², todos ubicados en la subcuenca del río Grande (…). La mayor parte del área cubierta corresponde a glaciares de escombros representativos del ambiente periglacial”.
En el mismo sentido, la Asamblea El Algarrobo informó días atrás –según consignó ANRED– que la Cámara Federal de Casación Penal ordenó seguir investigando a directivos de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) por la validación de yacimientos de Minera Agua Rica – Alumbrera (MARA) sin tener en cuenta la existencia de glaciares y ambientes periglaciares.
“Tanto los glaciares como el ambiente periglaciar son reservas hídricas estratégicas porque ayudan a regular el ciclo hidrológico de cuencas de área andina. Cualquier tipo de actividad sobre estas reservas afecta este ciclo del agua, con impacto negativo no sólo en la biodiversidad sino también en poblaciones aledañas y en actividades productivas«, explica Leandro Gómez, coordinador del programa de Inversiones y Derechos del área de Política Ambiental de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Y se pregunta: «¿Qué impacto puede tener por ejemplo sobre el sector vitivinícola en Mendoza? A veces la importancia de las poblaciones y su acceso al agua son relegados y prima una mirada más economicista, pero incluso en estos términos esto también afectaría a sectores productivos”.
Los intentos de modificación de la ley, señala Gómez, apuntaron especialmente a esas zonas periglaciares. Cambiar la esencia protectora sobre esas áreas, de hecho, era algo que formaba parte de la versión original de la Ley Ómnibus, al inicio del gobierno de Milei. Ese ítem no quedó en la versión final, pero la intención sigue firme.
“Cualquier tipo de intento  llevaría a un reclamo y a una serie de inicios de judicialización y solicitudes de inconstitucionalidad –advierte el referente de FARN–. Muchas veces se postula la reforma de la Ley en nombre de una supuesta seguridad jurídica. Pero la Ley de Glaciares fue debatida dos veces en el Congreso, su constitucionalidad fue reafirmada por la Corte, fue aprobada en un proceso sumamente participativo. Que sea reformada por decreto o por otra vía no va a hablar de seguridad jurídica, sino al revés. Va a mostrar la debilidad institucional por la que estamos atravesados”.  «
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El peligroso “silencio positivo” en la autorización de trámites ambientales

Fecha de Publicación: 05/11/2024
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional


La Ley Bases modificó la Ley de Procedimientos Administrativos. E impactó en un instituto singular: el silencio estatal "positivo" frente a particulares. Esta ficción legal de “quien calla, otorga” resulta a todas luces peligrosa cuando estamos en presencia de autorizaciones vinculadas a cuestiones ambientales.
La Ley Bases (Ley 27.742) implica una reforma del Estado no sólo en su estructura interna sino también en sus relaciones con la ciudadanía. Por ello, bajo el pretexto de actualizar los procedimientos administrativos y en sintonía con los avances y trámites digitales de estos tiempos, la Ley Bases modificó la Ley de Procedimientos Administrativos. Más allá de la regulación de principios que definen el vínculo entre la ciudadanía y el Estado, plazos, reclamos y recursos que pueden interponer ciudadanas y ciudadanos ante los organismos públicos, la Ley Bases impactó en un instituto singular: el silencio estatal frente a pretensiones ciudadanas. ¿Cómo debe interpretarse ese silencio? ¿De forma negativa o positiva? Esa es la cuestión.
La regla general enseña que el silencio de los organismos públicos debe ser interpretado como negativa. La excepción a esta regla se da cuando una norma expresamente confiera a ese silencio una connotación positiva. Así, cualquier autorización administrativa solicitada por los particulares sin mediar respuesta concreta de las autoridades podría ser validada de manera tácita por el mero transcurso del tiempo a partir de una ficción legal conocida como “silencio positivo”. Esta ficción legal de “quien calla, otorga” resulta a todas luces peligrosa cuando estamos en presencia de autorizaciones vinculadas a cuestiones ambientales.
La Ley Bases estableció que el silencio positivo “no será de aplicación en materia de salud pública, medio ambiente, prestación de servicios públicos o derechos sobre bienes de dominio público”. Pero, existe una excepción: “cuando la norma específica otorgue sentido positivo al silencio”.
De la reglamentación de la Ley Bases (Decreto 695/2024) surge que la Jefatura de Gabinete será la encargada de aprobar el cronograma de implementación del silencio con sentido positivo en el marco de procedimientos mediante los cuales tramiten autorizaciones administrativas. Ese cronograma fue aprobado por la Decisión Administrativa 836/2024 de la Jefatura de Gabinete que dice que, a partir del 1 de noviembre de 2024, los organismos públicos deberán implementar el silencio positivo frente a autorizaciones solicitadas a través de la Plataforma Trámites a Distancia (TAD).  
No perdamos de vista que existen numerosos trámites de autorizaciones ambientales que pueden solicitarse desde la Plataforma TAD. Entre ellos, se encuentran:
- la exportación de productos químicos y artículos comprendidos en el Convenio de Estocolmo
- la exportación de residuos peligrosos
- la generación eventual de residuos peligrosos
- la importación de pilas y baterías
- la inscripción en el Registro de Importación y Exportación de Sustancias que Agotan la Capa de Ozono (RIESAO)
- la inscripción en el Registro Nacional de Consultores en Evaluación Ambiental
- la inscripción al Registro Público Único de Operadores de Fauna Silvestre
- el certificado de importación, exportación y reexportación de productos, subproductos y trofeos de caza de la fauna silvestre
- el Certificado Ambiental Anual por primera vez
- el certificado de flora silvestre
- la declaración jurada anual de efluentes líquidos industriales
- la renovación de Seguro Ambiental Obligatorio
- la renovación automática del Certificado Ambiental Anual
- el movimiento transfronterizo de muestras
- el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental para proyectos en el Puerto de Buenos Aires
- el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental para proyectos hidrocarburíferos en plataforma continental

La Decisión Administrativa 836/2024 de la Jefatura de Gabinete se refiere a los trámites TAD de manera genérica. Omite excluir a los citados trámites ambientales. En este contexto, se genera incertidumbre acerca de si las autorizaciones tácitas generadas a partir del silencio positivo alcanzan o no a los trámites digitales sobre las cuestiones ambientales mencionadas con anterioridad.
El panorama se torna preocupante en virtud de que ha iniciado la cuenta regresiva para que los trámites a distancia puedan avanzar como consecuencia de autorizaciones tácitas. En este sentido, de no aclararse esta cuestión, podría suceder que, a partir del próximo 1 de noviembre, por ejemplo, una consultora ambiental con escasa capacidad técnica, financiera y experiencia profesional se inscriba a través de la Plataforma TAD en el Registro Nacional de Consultoras en Evaluación Ambiental y sólo deba esperar que transcurra el plazo legal sin obtener respuesta para poder ingresar al listado de consultoras de la Subsecretaría de Ambiente. Lo mismo sucederá con empresas que persigan la exportación de residuos peligrosos, renovaciones de certificados y seguros ambientales y que pretendan sortear, bajo el pretexto del silencio, los controles estatales robustos que amerita una herramienta de política ambiental fundamental como lo es la evaluación de impacto ambiental de proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos a partir de las 12 millas marinas.
El “silencio positivo” en trámites con implicancias e impactos en el ambiente, sin presencia ni control de las autoridades, sin ponderación de parámetros ambientales ni de criterios técnicos y sin sanciones en caso de eventuales incumplimientos formales de los particulares nos transporta a un terreno de ilegalidad e irresponsabilidad estatal absoluta. Este escenario es contrario al deber constitucional de las autoridades de preservar el ambiente y la biodiversidad y constituye un retroceso inadmisible para la protección ambiental vulnerando así el principio de no regresión contenido en el Acuerdo de Escazú.
Silencio que no es silencio. Es sinónimo de la peor inactividad estatal y de la indiferencia frente a las consecuencias que la omisión de supervisión y fiscalización podría ocasionar a los derechos humanos en asuntos ambientales. Por ello, el Jefe de Gabinete debe dictar, antes del próximo 1º de noviembre, una nueva Decisión Administrativa que aclare que los trámites ambientales no se encuentran alcanzados por el silencio positivo.
Toda autorización de trámites ambientales debe ser siempre expresa y fundada. Nunca tácita, porque el silencio no es parte del idioma ambiental.
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Atropellamiento de fauna: Habrá radares y un tótem de velocidad para mitigar la problemática

Fecha de Publicación: 05/11/2024
Fuente: El Territorio
Provincia/Región: Misiones


La iniciativa busca no solo reducir los incidentes, sino también concienciar a los conductores sobre la importancia de respetar las velocidades máximas establecidas en el área, que son de 60 km/h en la mayoría de los tramos y 40 km/h en zonas críticas.
Después de dos episodios significativos en los que la fauna misionera sufrió la pérdida de una cría de yaguareté y un ejemplar adulto de puma, los funcionarios gubernamentales organizaron dos reuniones, una en Posadas y otra en Iguazú. El objetivo de estos encuentros fue desarrollar un enfoque integral para mitigar el problema de los atropellamientos de animales silvestres en las rutas de Misiones.
La mesa de trabajo conjunta, que incluye organismos provinciales y nacionales, así como organizaciones no gubernamentales, llevó a cabo dos reuniones clave. La primera se realizó el martes en la sede del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables (RNR) en Posadas. En esta ocasión, el ministro Arq. Martín Recamán recibió al presidente de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Ing. Sebastián Macías, junto a su equipo; al jefe de distrito de la Dirección Nacional de Vialidad, Ing. Marcelo Definino, y su personal; así como al subsecretario de Seguridad y Justicia, Milton Astroza, entre otros representantes del Ministerio de Gobierno.
La segunda reunión tuvo lugar este viernes en Puerto Iguazú, donde se sumaron la Agencia Nacional de Seguridad Vial (dependiente de la Secretaría de Transporte de la Nación), la Administración de Parques Nacionales, el Parque Nacional Iguazú, la Secretaría de Ambiente de la Nación. , el Instituto Misionero de Biodiversidad (IMiBio) y el Refugio de Animales Silvestres Güirá Oga.
Durante estas reuniones, se acordó transformar un tramo de la ruta 12 en una "ruta paisajística", donde los conductores transitarán a baja velocidad para disfrutar del paisaje y proteger la fauna local. Se desarrolló un plan de trabajo a corto, mediano y largo plazo con el propósito de fomentar el cuidado de la biodiversidad.

Etapas del plan:
Primera etapa: Implementación de controles móviles en el tramo crítico de la ruta 12 con una fuerte presencia policial. También se realizarán limpiezas periódicas en las banquinas y campañas de concientización en el aeropuerto internacional de Puerto Iguazú y otros puntos estratégicos.
Segunda etapa: En un plazo de 20 días se implementará un sistema de radarización para controlar la velocidad en tramos específicos, asegurando que los conductores no excedan los 60 kilómetros por hora, conforme a la legislación vigente para áreas naturales protegidas. Además, se instalará más señalización.
Tercera etapa: Prevista para realizar entre 30 y 60 días, esta fase contempla convertir ese tramo de la ruta 12 en una ruta paisajística. Se trabajará bajo el concepto de "ruta paseo", incluyendo la instalación de un tótem que indica la velocidad y guías o "pianitos" en la calzada.
Es relevante mencionar que, según estadísticas proporcionadas por la Fundación Vida Silvestre, más de 13 animales son atropellados diariamente en rutas que atraviesan áreas protegidas del norte de Misiones. Entre las especies afectadas se encuentran yaguaretés, pumas, ocelotes, tapires, corzuelas, zorros, hurones, pacas y osos meleros. Para prevenir estos atropellamientos y garantizar la seguridad de quienes transitan por estas rutas, se ha establecido un límite máximo de velocidad de 60 kilómetros por hora.
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COP 16: Argentina presentó su Estrategia Nacional de Biodiversidad y Plan de Acción a 2030 ante la Convención de Diversidad Biológica

Fecha de Publicación: 04/11/2024
Fuente: Portal Economis
Provincia/Región: Nacional


En el marco de la COP16 en Cali, Colombia, se presentó el documento en un momento crucial. De esta manera, se esperan definiciones sobre la línea de implementación con metas y planes específicos para avanzar en la conservación efectiva de la naturaleza de nuestro país
En 2022 se aprobó el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal (GBF, por sus siglas en inglés), mediante el cual la Argentina y otros 195 países adoptaron y se comprometieron a cumplir 23 metas para 2030 (alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible) y 4 objetivos a 2050, para detener y revertir la pérdida de biodiversidad y hacer frente a la crisis ambiental.
Entre los compromisos asumidos, cada país debía presentar ante la Conferencia de las Partes 16 (COP16) su Estrategia Nacional de Biodiversidad y Plan de Acción a 2030 (ENBPA o NBSAP en inglés), o como mínimo alienar sus metas anteriores al GBF. Argentina así lo ha hecho al presentar su ENBPA, luego de un proceso realizado durante 2024, en el marco de la Comisión Nacional Asesora para la Conservación y Utilización Sostenible de la Diversidad Biológica (CONADIBIO). Este documento es fundamental en a las negociaciones que están teniendo lugar en la COP16 llevada a cabo en la ciudad de Cali (Colombia) centradas en acceso a recursos financieros y monitoreo del cumplimiento del GBF, entre otros temas.
Para el armado de la ENBPA existió un proceso de participación en el que organismos estatales nacionales y provinciales, y diferentes sectores de la sociedad que son parte de la CONADIBIO, hicieron sus aportes a las consultas realizadas por las autoridades. En base a estos aportes, la Subsecretaría de Ambiente de Nación elaboró una propuesta de ENBPA que fue enviada a la Cancillería para su revisión a los fines de realizar la entrega formal ante la Convención de Diversidad Biológica.
Manuel Jaramillo, director general de Fundación Vida Silvestre Argentina afirmó: “Desde Fundación Vida Silvestre Argentina reconocemos la importancia de este proceso y valoramos el cumplimiento por parte del país de presentar su ENBPA actualizada, dado que es la herramienta principal para cumplir con los objetivos del GBF. Sin embargo, vemos con preocupación algunos puntos; creemos que aún hay que profundizar el trabajo para mejorar aspectos vinculados a las metas, finales e intermedias, la falta de temporalidad en muchas de las generadas y la ausencia de indicadores que permitan medir el progreso”.

¿Cuáles son los puntos positivos de la ENBPA presentada por Argentina?
Incorpora la meta de frenar la perdida de áreas importantes para la biodiversidad (meta 1), resaltando que serán incluidas bajo un marco general de un ordenamiento ambiental del territorio, siguiendo la Ley General del Ambiente.
Incorpora las metas de restaurar (meta 2), conservar y gestionar (meta 3) de manera efectiva el 30% de los ecosistemas terrestres, aguas continentales, costeras y marinas a 2030.
Plantea garantizar las medidas para detener las causas de extinción de las especies, haciendo foco en la relación entre los humanos y la naturaleza (meta 4), así como en la prevención de introducción y permanencia de especies exóticas invasoras (meta 6).
Incorpora la meta 10, mediante la cual se busca garantizar la gestión sostenible de las áreas destinadas a uso agrícola, pesca y silvicultura de manera que se conserve y restaure la biodiversidad.
Plantea garantizar la integración de la biodiversidad en políticas, reglamentos, procesos de planificación y desarrollo, erradicación de la pobreza y las evaluaciones de impacto ambiental (meta 14).
Incorpora garantizar el acceso a la información, a la participación y a la justicia (meta 20), y garantizar la participación y representación plena, equitativa, inclusiva, y efectiva a pueblos indígenas y comunidades locales (cumplimiento al Acuerdo de Escazú y la aplicación del Convenio Nº169 de la OIT).

¿Cuáles son las limitaciones de la ENBPA de Argentina?
En muchos casos, las líneas de base propuestas para medir progresos son deficientes, y en otros, las metas intermedias solamente se enfocan en líneas de base, diagnósticos o identificación de mecanismos. Faltan metas intermedias que incluyan la implementación de acciones que ayuden a cumplir con las metas a 2030.
La meta 2 de restauración no establece una línea de base, no explicita si se definirán áreas prioritarias ni cómo será monitoreado su progreso.
La meta 3 de conservación y restauración no establece años para el cumplimiento de metas intermedias fundamentales, como son el incremento de la superficie de áreas protegidas o la medición de la efectividad de la gestión de las áreas protegidas y conservadas.
La meta 4 sobre extinción de especies dispone metas intermedias como la revisión de planes de manejo de especies, cuando muchas aun ni siquiera tienen un plan nacional (como por ejemplo el pecarí quimilero o el tatú carreta, entre otros).
Además, establece programas de conservación de especies vegetales, pero no detalla cuáles, con qué objetivos medibles, ni en qué año deben estar finalizados.
Si bien Argentina adoptó la mayoría de las metas del GBF, se agruparon y realizaron modificaciones a las metas relativas a género. Mientras que el GBF tiene metas específicas sobre la participación con perspectiva de género (meta 22) y garantizar la igualdad de género en la aplicación del marco nacional (meta 23), en la ENBPA se opta por un lenguaje de “perspectiva integral” y “enfoque equitativo”.
En todas las metas nacionales, se incorporan dos metas intermedias que se repiten, una relacionada a la implementación de legislación y otra a la implementación de planes, programas y proyectos que contribuyan al cumplimiento de la meta. En ambos casos, es deseable que las metas sean especificas a cada meta nacional, con tiempos establecidos y un plan de monitoreo para su implementación.

Triple crisis ambiental: el cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad
A pesar de los esfuerzos mundiales, la pérdida de diversidad biológica sigue aumentando a tasas alarmantes y sin precedentes, lo cual se agrava y retroalimenta con la crisis del cambio climático y de contaminación. Según el último Informe de Planeta Vivo 2024, la región de América Latina y el Caribe presenta una disminución del 95% de la población de especies vertebradas, siendo el peor indicador en comparación a otras regiones del mundo desde 1970. Dentro de las causas de esta pérdida se encuentran, principalmente, el cambio de uso del suelo y la conversión para producción de alimentos por parte de la agricultura y la ganadería, así como también la urbanización. Esto afecta los medios de vida de millones de poblaciones locales que dependen directamente de la naturaleza, a la vez que pone en riesgo la seguridad alimentaria y las fuentes de sustento de toda la humanidad.
Argentina no se encuentra fuera de este contexto. Según la categorización de los mamíferos de Argentina realizada en 2019 por la Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos (SAREM), de las 417 especies evaluadas, 24,7% se encuentran en estado de vulnerabilidad o en algún estado de peligro. La pérdida de biodiversidad de nuestro país está sobre todo relacionada con las actividades productivas: en el caso de los bosques, pastizales y sabanas del Gran Chaco, las Pampas y la Selva Misionera, la deforestación y conversión de los ecosistemas para la producción ganadera y agrícola impacta de manera directa en la biodiversidad y la provisión de servicios ecosistémicos vitales para las personas. Lo mismo ocurre en las zonas costeras y el mar argentino, donde la sobreexplotación pesquera genera impactos en las poblaciones de especies marinas amenazadas y atenta contra la provisión de los recursos.
La pérdida de la biodiversidad avanza de forma alarmante, afectando a las personas, las actividades humanas y los medios de vida. La presentación de las estrategias nacionales de biodiversidad en el marco de la COP16 resalta la importancia de que tanto los gobiernos como las empresas actúen de forma urgente para eliminar las actividades que tienen efectos negativos sobre la biodiversidad y el clima, y redirigir el financiamiento de prácticas nocivas hacia actividades que permitan acceder a los recursos para alcanzar los objetivos globales”, afirmó Jaramillo.
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Especialista en fauna aseguró que no hay sobrepoblación de guanacos, sino recuperación de la especie

Fecha de Publicación: 04/11/2024
Fuente: El Cordillerano
Provincia/Región: Patagonia


Según Víctor Fratto, especialista en fauna, los guanacos en la Patagonia están recuperando su población, que había decaído a 400 mil individuos en el 2000.
Esta respuesta surge por declaraciones de productores de Río Negro, Chubut, Santa Cruz,  Neuquén y Tierra del Fuego, junto a Confederaciones Rurales Argentinas, quienes dijeron que en las últimas dos décadas, cayó un 32% el stock de ganado a causa de la superpoblación de guanacos en la Patagonia. Además agregaron que amaga destruir la producción ganadera.
Luego de la polémica que suscitó la alerta de productores de la Patagonia que indicaban esta sobrepoblación de guanacos que amenazaba con destruir la producción ovina, varios especialistas salieron a desmentir esa versión. Víctor Fratto, especialista en fauna, dijo en Cadena Tiempo que no hay sobrepoblación de guanacos, sino una recuperación de su población.
“Antes de la llegada del europeo, se calcula que en la Patagonia había entre 30 y 50 millones de guanacos. Es un estudio que se hizo en el 79 y unos 20 años después se hizo otro estudio que dio unos 22 millones”.
“Cuando se establece la industria ovina en la Patagonia, en la década del 80, llegó a haber 20 millones de ovejas que convivían con esos guanacos. La población de guanacos empezó a disminuir porque existía esta competencia por los pastizales y el agua. Se baja la población de guanacos entre 90 y 97 porciento. Para el año 2000, llegamos a 400 mil guanacos”, explicó.
“Después, cambio climático por medio, globalización y economía, empieza a caer la industria ovina, hubo abandono de campos, el guanaco empieza a aumentar su población, y para el 2016 calculan 2 millones de guanacos”, dijo.
“En el camino del crecimiento de la ganadería ovina, se cargaron a los choiques, a las maras, dejaron al puma sin sus presas habituales y hubo pumas que le entraron a las ovejas. Se generó un desequilibrio total, que lleva a los conflictos que hoy tenemos entre ganado y especies nativas", señaló.
Fratto apuntó que cuando se pide desde el sector productivo que el Estado tome medidas, lo que pide es “que se lo cace”. Y aclara: “No están pidiendo más permisos para cazar. Andando por la meseta encontré un lugar donde habían despostado centenares de guanacos. No se hizo con permiso. Lo que se pide es una especie de matanza autorizada de un gran número de guanacos”.
Hizo hincapié en el gran desequilibrio ecológico: “Al puma le han quitado sus presas predominantes. Cuando el puma tiene sus presas naturales, se dedica a sus presas naturales. Estamos hablando de quita de guanacos, quita de choiques, quita de maras. En este desbarajuste hay muchos condicionantes”.
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Aire puro era el de antes: causas y consecuencias de un modelo que enferma

Fecha de Publicación: 02/11/2024
Fuente: Agencia Tierra Viva
Provincia/Región: Nacional


Crisis climática y negocios de unos pocos, incendios de bosques y humedales, contaminación del aire y enfermedades. Un combo de causas y consecuencias para un presente distópico que impacta en cuerpos y vidas. De Córdoba en llamas a Rosario inundada de humo, la Organización Mundial de la Salud confirma que el 99% de la población global respira aire contaminado.
El humo cubrió distintas regiones del país durante casi dos meses en este segundo semestre del año. En Córdoba se respiró el monte calcinado. Sobre el Litoral y hasta el Conurbano Bonaerense llegó el aire contaminado del Amazonas en llamas. Ese aire viciado cambia los paisajes, reduce la luz en el ambiente y la vitalidad de las plantas que están brotando con la primavera. No hay vecino ni vecina que no lo sienta en el cuerpo: los ojos y la nariz irritados, dolor de garganta, náuseas, migrañas, y la exacerbación de cualquier enfermedad crónica.
Los estudios hablan en general de la contaminación del aire por causas relacionadas a la quema de combustibles fósiles: el humo que sale de un caño de escape o la chimenea de una fábrica, por resumirlo de manera simbólica. Son menos frecuentes los registros donde los especialistas hacen foco en la quema del ecosistema, aunque la causas y sus consecuencias son cada vez más evidentes.
El Colegio de Médicos de Rosario publicó un informe con datos y análisis de los efectos en la salud de la quema de humedales durante el período 2020-2022. Las consecuencias son tan contundentes como obvias: a más humo, más consultas, incluso en medio de una pandemia.
Pasaron dos años de los registros estudiados, pero la vigencia es total. Además, ante el incremento de las temperaturas por la temporada de verano y la sequía que afecta al Litoral, vuelven a encenderse las alarmas sobre la cuenca del Paraná.
El informe se publicó bajo el nombre Aire puro es salud y es de descarga gratuita. A lo largo de 50 páginas, especialistas rosarinos reflexionan y cuentan su experiencia, evidenciando los efectos agudos del humo proveniente de los incendios. Las conclusiones, sin embargo, están abiertas: quedan por conocerse los efectos a mediano y largo plazo en la población.
“Consideramos que la problemática de las quemas en la región del Delta del Paraná y el consecuente impacto del humo sobre la salud de la población requiere de acciones conjuntas e inmediatas por parte de los profesionales, las asociaciones y las instituciones del Estado generando los mecanismos necesarios para el monitoreo de la calidad del aire y fortaleciendo las medidas de prevención y control de los incendios”, señalan los autores.
Además, consideran que “la producción de conocimiento local es indispensable” para poder identificar “las problemáticas socioambientales de la región y diseñar estrategias de promoción de la salud y prevención de la enfermedad de acuerdo a las necesidades de la comunidad y los profesionales en el territorio”.

El aire que respiramos
"Aire puro es salud" se presentó en noviembre pasado y analiza los efectos en la salud de los incendios ocurridos en las islas del Delta del Paraná entre 2020 y 2022. Durante esos dos años, los incendios forestales en Argentina arrasaron con dos millones de hectáreas. La mitad pertenecen al Delta del Paraná. La mayor parte del fuego se registró en las islas que están en el sur de Santa Fe y el norte de Buenos Aires. Hubo importantes focos frente a Rosario. Lo que, sumado a la dirección del viento, dejó a la ciudad cubierta de humo.
El aire que respiraron esos días los rosarinos y rosarinas estuvo cargado de gases producidos por la combustión de materia orgánica (los restos de la flora y fauna calcinada) y material particulado (conocidos por sus siglas en inglés como PM10 y PM25) como hollín y cenizas. El humo proveniente de los incendios forestales se destaca por la presencia de monóxido de carbono (CO), hidrocarburos aromáticos policíclicos, dióxido de nitrógeno (NO), dióxido de azufre (SO₂), entre otros.
La mayoría de estos componentes son señalados, desde hace décadas, por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como los principales contaminantes ambientales. Siguiendo las cifras de la misma organización internacional, prácticamente toda la población mundial (el 99 por ciento) respira aire contaminado, trayendo importantes consecuencias en la salud: enfermedades cardiovasculares, pulmonares y muertes prematuras, entre otras. Esa contaminación viene de vehículos, industrias, aparatos domésticos de combustión como las estufas y los incendios forestales.
A mediados del 2023, la Comisión de Salud Socioambiental del Colegio de Médicos de Rosario hizo un relevamiento sobre el impacto del humo a causa de las quemas en las islas. Hasta el momento, no existían datos del estado de situación sobre las consultas ocurridas durante el periodo 2020-2022 y no había forma de desglosar cuáles eran los cuadros abordados en las consultas: ¿eran por Covid-19 o por la mala calidad del aire? La solución fue ir y entrevistar a los colegas.
Facundo Fernández, integrante del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario y parte de la comisión que realizó el informe Aire puro es salud, explica que, en las entrevistas, los médicos indicaron que los días de incendios ingresaban consultas relacionadas a la mala calidad del aire, que “los pacientes se daban cuenta de que el problema respiratorio que tenían era porque estaban respirando el aire con humo”. En el consultorio los síntomas agudos eran irritación ocular o respiratoria, dolor de cabeza, mareos y dificultad para respirar.
“Como el sistema de registro es tan endeble y no hubo un estudio de seguimiento paciente por paciente, no hay manera de saber, al menos en esta región, cuáles son las secuelas o los problemas de salud que están directamente vinculados a las quemas. Básicamente no hay registros”, problematiza Fernández.
Lo que sí surgió de las entrevistas fue que los pacientes con enfermedades respiratorias, como EPOC o asma, relataban que sus problemas de salud empeoraron: tenían más episodios de broncoespasmo y necesitaban más medicación. “No sabemos aún, sin embargo, cuál es el impacto que tuvo en términos de nuevos problemas de salud o complicaciones de los problemas de salud haber respirado ese humo durante dos o tres años en esta región”, describe el integrante del Colegio de Médicos de Rosario.
El estudio se apoyó en bibliografía científica, en estudios sobre contaminación ambiental, que son abundantes pero no específicos en relación a los efectos de la quema de humedales, pastizales o bosques. Lo que respaldaron con la bibliografía fue lo que decían los pacientes: que a pesar de que afectaba a toda la población o mayormente a todas las edades, existen poblaciones más vulnerable: niños y niñas, adultos mayores y personas que tienen problemas de salud, que se ven fácilmente afectados por la exposición a una mala calidad del aire, principalmente problemas respiratorios.
“En la bibliografía científica lo que está muy estudiado son las personas gestantes cursando un embarazo. ¿Por qué? Porque la contaminación ambiental tiene efecto directo sobre la madre y, a través de la placenta, los contaminantes pueden llegar al feto, perjudicando su desarrollo”, señala el médico.
Los datos se condicen con un estudio previo de la misma problemática. En 2022, el Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) presentó un informe sobre las consultas hechas durante los incendios de 2008 y 2020. Las conclusiones son similares: el aumento de la contaminación en el aire por humo produce múltiples eventos patológicos agudos, sean efectos respiratorios, oftalmológicos o más bien generales como el dolor de cabeza, el cansancio y los mareos. Ambos estudios coinciden también mayor susceptibilidad en grupos de riesgo como niños, niñas y ancianos y personas con enfermedades crónicas.

Sin límites, el fuego sobre los humedales
Los incendios en los humedales frente a Rosario son una constante en los últimos años. La quema de pastizales para la renovación de pasturas es histórica y, cada tanto, las condiciones meteorológicas como el viento, el desmanejo del fuego por parte de los productores y la falta de control del Estado se unieron para tapar de humo la ciudad. Lo que agravó la situación en los últimos años fue la bajante profunda que atraviesa la cuenca del Paraná.
“Es un panorama nuevo, un escenario que no habíamos visto en las últimas décadas”, explica Jorge Bártoli, integrante de la organización El Paraná No Se Toca. La bajante comenzó a fines de 2019 y tuvo su máxima expresión en 2020 y 2021. Si bien en los años siguientes el río recuperó su caudal, en 2024 volvió a marcar una bajante histórica.
El nivel promedio del Paraná en la primera semana de septiembre fue el segundo más bajo desde 1970, según datos del Instituto Nacional del Agua y de Prefectura Naval, analizados por la Bolsa de Comercio de Rosario; siempre atenta al nivel del río como vía de exportación de commodities.
“Es un ciclo que viene asociado a una muy extensa sequía y falta de lluvias extremas”, suma Bártoli y explica: “Esto generó, por la misma dinámica de masa vegetal de los humedales, una enorme cantidad de biomasa seca de muy fácil combustión. Esto no es nuevo, pasa en todos los inviernos. Lo que es nuevo es que el principal actor del humedal, que es el agua, está prácticamente desaparecido”.
El uso del fuego en territorio de humedales es frecuente también entre cazadores para atraer presas y entre los turistas para hacer un asado o calentar agua para el mate. Pero la génesis del problema de los incendios, dice Bártoli, está en la matriz productiva ganadera: que ocupa cada vez más lugar en los humedales y apela al uso del fuego para la renovación de pasturas.
“En medio de esta enorme bajante y gran sequía, los fuegos no encontraron límites. Al no haber lagunas ni arroyos en el interior de las islas, que actúan como cortafuegos naturales, las llamas se expandieron sin ningún tipo de límite y causaron una verdadera catástrofe ambiental, que trae una seria afectación a la salud humana”, cierra el círculo entre incendios y salud.
Los registros del Instituto Nacional del Agua indican que la última bajante del río Paraná de esta magnitud fue en 1944. En los últimos 80 años, la cuenca del Paraná pasó a estar intervenida por represas, a sufrir una deforestación monumental y, sobre todo, a padecer un fenomenal cambio de uso del suelo.
En las islas, frente a Rosario, la oferta va del el turismo a las fiestas electrónicas, que quiebran la calma natural. A estas modificaciones de intervención directa se le suma el cambio climático. “Creíamos que era un río poderoso y un bien natural infinito, hoy nos está demostrando que es un gigante vulnerado, que no deja de darnos señales de alerta”, apunta Bártoli.
“La gran pregunta es si vamos a una 'nueva normalidad' del río que tenga que ver con ciclos extremos, como dicen y proyectan los meteorólogos. Es decir, así como hoy nos estamos encontrando con ciclos de bajante extremas muy prolongadas en el tiempo, quizá también el año que viene nos encontremos con ciclos de crecientes extremas”, advierte Bártoli.

El impacto del negacionismo en la salud
El accionar de los últimos gobiernos nacionales y provinciales frente a los incendios sobre áreas naturales no fue positivo, pero la gestión de Javier Milei trae una decisión firme de negar la existencia de los problemas ambientales y sus consecuencias. Y no duda en desfinanciar proyectos, programas o leyes, que se ocupen de cuidar, con presupuestos mínimos, la biodiversidad.
“Nosotros como individuos tenemos siempre una posibilidad de ayudar a cambiar nuestro entorno. Todo suma”, propone Bártoli para hacer frente a estos tiempos. Fernández confirma el impacto que tendrá la falta de políticas públicas: “La promoción del cuidado del ambiente y de un ambiente saludable impacta positivamente en la salud. Mientras menos resguardos se tomen, principalmente a partir de las políticas negacionistas que está llevando adelante este Gobierno, va a terminar repercutiendo de manera aguda en el mediano y en el largo plazo sobre la salud de la gente”.
El integrante del equipo médico que elaboró Aire puro es salud describe que el modelo de La Libertad Avanza “considera al ambiente como una instancia o un espacio sacrificable en pos de de la acumulación de riqueza en algunos sectores” e indica que los problemas de salud descritos en el informe son considerados “externalidades, los costos que estas prácticas productivas no pagan y de los que tienen que hacerse cargo el Estado o, en la mayoría de los casos, la gente”. “Estas externalidades son invisibilizadas por estos modelos productivos y tienen impactos sumamente negativos sobre la salud de las personas”, afirma.
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Los 34 proyectos mineros que el Gobierno impulsa en Malargüe fueron aprobados por Diputados, con resistencia del Valle de Uco

Fecha de Publicación: 02/11/2024
Fuente: Diario NDI
Provincia/Región: Mendoza

 

Este miércoles la Cámara de Diputados aprobó las DIA (Declaración de Impacto Ambiental) de 34 proyectos de cobre en Malargüe. Se trata de la etapa exploratoria para esta zona en donde se calcula una importante reserva de cobre. El Gobierno se propuso avanzar con la minería en Mendoza.
A través de la creación del Malargüe Distrito Minero Occidental, el Gobierno instrumentó un mecanismo para acelerar los procesos y por eso estas 34 DIA pudieron tratarse en un solo expediente.
Ahora la Cámara de Senadores deberá darle sanción al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, trabajado en conunto con el municipio de Malargüe y que contó con 13 dictámenes sectoriales, con sugerencias y observaciones.
El proyecto fue aprobado por 39 votos afirmativos, cinco en contra (entre ellos de los ex intendentes sancarlinos Jorge Difonso y Rolando Scanio, además de la justicialista Valentina Morán, la diputada Gabriela Lizana del Frente Renovador y Emanuel Fugazzotto del Partido Verde. Se abstuvieron José Luis Ramón y Roxana Escudero.
Los 34 proyectos de exploración, que se ubican en el departamento de Malargüe, son: EI Seguro; Campeones; Canillitas; Conejera; Dibu; Fideo; Hechicera; La Herradura; La Pechera; Los Azulejos; Mate Amargo; Mochileros; Papu; Pehuenche Oriental; Vecindario; Los Galgos; Las Arañas; Las Estrellas; La Meli; Elena; EI Perdido; Cerro de la Virgen; Merlot – Sirah; EI Toro; Porticos; Malbec; Calmuco; EI Montón; Los Carrizos; Minue; Riesling; Valenciana; Lego y Huemul.
El proceso para llegar hasta esta instancia recorrió un largo camino. Según se destaca en la fundamentación, contó con “un amplio proceso de participación ciudadana, que fue integrado por talleres participativos, visita abierta a la comunidad para conocer un proyecto de exploración, audiencia pública con amplia difusión, posibilidad de presentaciones por escrito incluso días posteriores a la audiencia pública, y compulsa pública de las actuaciones donde obraba toda la información del procedimiento, en las páginas web de la Dirección de Minería y de la Dirección de Protección Ambiental”.
Tras cumplimentar las etapas técnicas y legales necesarias, estos proyectos obtuvieron sus respectivas Declaraciones de Impacto Ambiental (DIAs) a través de Resoluciones Conjuntas, quedando como último paso la ratificación legislativa,  tal como lo dispone el Artículo 3º de la Ley Nº 7722.
El gobernador Alfredo Cornejo destacó el “amplio consenso político”. “En un momento en que el cobre es clave para la transición energética, no podemos desaprovechar esta ventana de oportunidades. Mendoza está lista para impulsar una minería sostenible que genere crecimiento, empleo genuino y atraiga inversiones de clase mundial, fortaleciendo nuestra matriz productiva”, sostuvo.

Debate
Érica Pulido (UCR), miembro informante en el recinto, dijo que “hay nuevos desafíos en materia ambiental para disminuir el impacto del cambio climático, siendo una de las principales acciones la de disminuir y dejar de depender de los hidrocarburos y de otros combustibles fósiles”, lo cual “nos obliga a promover y consumir energías renovables y limpias,  que generen bajas emisiones de gases de efecto invernadero”.
Para que esa transición energética se dé, agregó, “es indispensable contar con recursos que permitan el desarrollo de una nueva matriz energética y el cobre es uno de los elementos claves”.
En este sentido, manifestó que “se necesita saber qué es lo que tenemos, cuánta cantidad y a qué profundidad. Se necesita monitorear este material, y para que esto se dé, se debe transitar un largo camino que se desarrollará con responsabilidad, protegiendo el ambiente, haciendo eficiente el uso de los recursos, con responsabilidad social y sobre todo con  transparencia. Así, aseguraremos que Mendoza pueda satisfacer las necesidades de la transición energética actuando en línea con los objetivos de sostenibilidad que demanda el país y el mundo”.
“Estos primeros 34 proyectos, representan una minería moderna y responsable”, expresó, añadiendo que Malargüe Distrito Minero Occidental, es un “concepto creado por los alumnos de la escuela técnica de Malargüe”, que los proyectos en cuestión “equivalen al 37,5% de la superficie total”, y que todo el proceso, “nos posiciona ante una minería responsable, sustentable y transparente”.
Por su parte, Alberto López (UCR), realizó un repaso jurídico de los proyectos  propuestos y del procedimiento administrativo dado. “Este es un acto administrativo, jurídico. La Legislatura puede aceptarlo o rechazarlo según lo establece la Ley 7722”, refrendó y destacó que “el pueblo de Malargüe lo pide, las autoridades de Malargüe lo piden”.
A su turno, José Luis Ramón (CyC), quien se abstuvo a la hora de la votación, sostuvo que “se habla de desarrollo económico” sin hablar de “calidad institucional”, y que si bien el intendente de Malargüe ha señalado que “esto generará trabajo y desarrollo económico en el departamento”, ese “desarrollo no irá de la mano de la calidad institucional”. Además, afirmó que se cae en la “trampa de crear sociedades anónimas que no tendrán la obligación de rendir cuentas”.
En tanto, la diputada Jimena Cogo (PRO) manifestó que lo que se está ratificando es un proceso de exploración, que tiene “impacto mínimo” y que busca “determinar si el potencial geológico es un potencial minero”. En esa línea, expuso que “la única manera de poder saberlo es explorando”, y que “en la discusión de ambientalistas y pro-mineros debemos encontrar puntos que nos lleven al consenso. Necesitamos hacer la transición energética, y eso se realiza con minería también”.
En la misma línea, señaló que “en Malargüe tenemos minería, y esa es nuestra identidad cultural, productiva, y nuestra historia. Por eso es que en Malargüe hay consenso social, somos fruto de las generaciones que trabajaron en las minas de carbón, uranio, y cuentan su historia y el desarrollo de su pueblo. No hay temores”.
Desde el bloque Mejor Mendoza, Mauro Giambastiani sostuvo que “en la provincia era necesario actualizar las leyes mineras”, algo en lo se ha trabajado y permitirá que “en Mendoza se de lo que se viene en el mundo”. De la misma manera, indico que la Ley 7722 “está vigente” y que “lo que aquí debatimos es lo que pasará en Malargüe, y este departamento se ha expresado a favor de la exploración. Tenemos que avanzar. La pobreza hay que combatirla y Malargüe necesita de esto para progresar”.
La diputada Valentina Moran (PJ) adelantó su voto negativo manifestando que “no podemos salir de la dicotomía entre minería sí o no. Tengo en claro que estamos en una etapa de exploración, es una oportunidad para Malargüe”, pero “mi posicionamiento es que siento que no logramos discutir cuál es el modelo de desarrollo. La Lógica extractivista es la discusión que no hemos saldado”.
En otro orden, Edgardo Civit Evans (PJA-LUM), adelantó el voto positivo “porque respetamos los derechos del pueblo de Malargüe”. Si bien dijo tener “reservas sobre ciertos temas”, aseguró que “el progreso está por encima de todo y podemos y debemos seguir discutiendo porque este es el primer paso, es solo la investigación de si existe mineral”.
Por su parte Rolando Scanio (LUM), votó de manera negativa por su “compromiso y convicciones con el cuidado del ambiente, basado en dudas y compromiso con la gente de mi región”.
Por otro lado, Gustavo Cairo (LLA), votó positivamente expresando que “es una oportunidad para Mendoza tener su cuarta pata, que es la minería. Pegadito a la montaña, los chilenos producen 10 mil millones de dólares en cobre y nosotros nos damos el lujo de producir cero, como si fuéramos los multimillonarios del mundo. Creo que el amplio nivel de consenso, más allá de alguna disidencia, da esperanzas no solo a los ciudadanos de Mendoza, sino también a quienes vean a la provincia como una posibilidad de inversión”.
Sol Salinas (Unión PRO), expresó en esa línea que “tanto los que están en contra y los que están a favor sabemos que no podemos vivir sin minería. No es Malargüe, es Mendoza entera la que se beneficia, es la región entera y el país” porque “es una de las actividades con mayor expansión”, a lo que agregó que “esperamos que las próximas generaciones dentro de 10, 15 y 20 años, sigan transparentando y mejorando estos procedimientos de los que hoy sentamos las bases”.
Gabriela Lizana (FR-LN), quien votó de manera negativa, indicó que “si vamos a estudiar y fomentar la actividad de la minera con sostenibilidad debemos hacerlo con otras áreas productivas de la provincia”. Sumó que “si los productores no están unidos para defender el agua, no lograremos reciprocidad  ya que vemos que se apoya algunas actividades en detrimento de otras”, y que “el todo es más que la suma de las partes”.
El diputado Guillermo Mosso (PRO Libertad), manifestó que “no hay afectación de cuencas, de glaciares. Se respeta la flora y la fauna, se tienen en cuenta los derechos de comunidades originarias, de los trashumantes puesteros, y con una batería de planes de manejo ambiental de cumplimiento muy estricto”. Tras asegurar que “ha habido y van a haber controles”, recordó que “han dictaminado 13 organismos del Estado, los cuales tienen personal técnico calificado”, por lo que consideró que “hay que traer confianza y tranquilidad a la sociedad mendocina”.
“Malargüe desde su nacimiento ha sido minero y petrolero. No tenemos nosotros el derecho de negarle la posibilidad de que se desarrolle, sobre todo cuando no comparte la misma geografía que toda la provincia”, subrayó.
Emanuel Fugazzotto (PV), rechazó la iniciativa postulando que “no tenemos que hablar de proyectos, tenemos que hablar de cartas de intención de desarrollo de 34 locaciones en las que se pretende realizar minería. Cuando sepamos si realmente esas locaciones están en condiciones o no, recién ahí se va a poder hablar de un proyecto minero”.  De igual manera indicó que “aspiracionalmente creo que lo que se está planteando es bueno”, “es perfectible hacia el futuro, pero no me da garantías” porque “hay abandono de los entes de control”.
Jorge Difonso (LUM), también mostró su disconformidad con el proyecto. Opinó que “no se cumple con la Ley 7.722, y no hay dictámenes sectoriales técnicos de los municipios de la cuenca con sus correspondientes   audiencias públicas en esos municipios, me refiero a San Rafael y Alvear. Se quiere correr al departamento de Malargüe de la provincia, toda una Ley que aplica en toda la provincia menos en un departamento”, a lo que agrego que hay “más de cuarenta  objeciones en la audiencia pública que no fueron respondidas”.
German Gómez (PJ), acompañó con su voto el proyecto y afirmó que quienes se oponen “lo que no quieren es la minería. Y no quieren nada. Hay que empezar a discutir con hechos y con datos que hacen a la verdad. Cambien el guion, ya no les cree nadie. Usan estas discusiones para seducir a un electorado que hoy no lo tienen”.
“No escuché a ninguno de los que votan el no  decir qué vamos a hacer con la pobreza en la República Argentina y en Mendoza. Hay un millón de mendocinos que reclaman alguna propuesta para diversificar esa matriz productiva”; si no quieren minería, “presenten con sus legisladores nacionales, o ustedes mismos la derogación absoluta, llana y absoluta del Código de Minería de la República Argentina. Pero dejen de hacer una cierta apología del delito y decir que esto no hay que hacerlo”, esgrimió.
Finalmente, Cecilia Rodríguez, titular del bloque UCR, hizo referencia a una Resolución publicada en el Boletín Oficial, en la que “constan todas las respuestas que recibieron las personas que, de cualquier forma, pudieron participar de la audiencia pública”; destacó que el tratamiento dado a este tema “ha sido respetuoso, serio, en el que las distintas dimensiones de este expediente se han analizado en profundidad, desde el ámbito legal, ambiental, socioeconómico, la participación”, y cerró: “el territorio no tiene que ver solamente con la geografía, sino que tiene que ver con la historia de un lugar, con su futuro, expectativas y con su presente”, por ello destacó la voz de docentes, estudiantes y profesionales malargüinos que se expresaron en los plenarios de comisiones en los que se estudió el proyecto.
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Juicio por la masacre de pingüinos: el daño ambiental fue valorado económicamente en 500.000 dólares

Fecha de Publicación: 01/11/2024
Fuente: ADN Sur
Provincia/Región: Chubut


Este jueves se desarrolló la cuarta jornada del debate oral y público por los hechos ocurridos en Punta Tombo en el año 2021. Allí, Ricardo La Regina, dueño de una estancia vecina a la reserva natural, destruyó una colonia de pingüinos durante la época de reproducción y cría.
Este jueves se desarrolló la cuarta jornada de debate oral y público por la Masacre de Pingüinos en Punta Tombo. Cabe recordar que el hecho ocurrió en el año 2021. Allí, Ricardo La Regina, dueño de una estancia vecina a la reserva natural, destruyó una colonia de pingüinos durante la época de reproducción y cría. De esta forma, se lo acusa por daño ambiental y maltrato animal.
En esta jornada expusieron guardafaunas, funcionarios provinciales, ambientalistas y una periodista. En tanto, los testigos fueron escuchados por el tribunal del juicio, integrado por la Dra. María Laura Martini, el Dr. Carlos Richeri y la Dra. Eve Ponce.
Cabe mencionar que la acusación está a cargo de la Fiscal General Florencia Gómez, mientras que el Dr. Martín Castro actúa en el juicio en representación de la Fiscalía de Estado. Además, el Dr. Eduardo Hualpa representará a los querellantes particulares en la causa: la Asociación de Abogados Argentina, Greenpeace y la Fundación Patagonia Natural. Mientras que la defensa de Ricardo La Regina es ejercida por el abogado particular Federico Ruffa.
El primer relato de la jornada fue realizado por Soledad Díaz Ovejero, quien formaba parte de la estructura del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas de Chubut al momento de ocurrir los hechos y en su testimonio brindó un detalle sobre la normativa, logística y políticas de las áreas protegidas en Chubut, en particular en lo referido a características y diferencias entre la Reserva de Biósfera, la denominada zona núcleo de las mismas, como el caso de Punta Tombo, como así también en lo relacionado con el proceso de redacción del plan de manejo de esa área natural protegida.
Luego, fue el turno de la guardafauna Romina Turco, quien habló sobre situaciones vinculadas al manejo del área Punta Tombo, la interacción con la ganadería en el campo de la familia La Regina, ya sea en lo vinculado a la actual reserva como también la parte que administra el imputado y donde se ubica el lugar de los hechos.  
Asimismo, declaró la guardafauna Carla Poleschi, como así también el abogado José Pendón, quien se desempeñó en la dirección general de Evaluación Ambiental del Ministerio de Ambiente. Además, se lo consultó respecto a si el imputado había requerido o no un estudio de impacto ambiental previo a realizar la traza de caminos dentro de su establecimiento y en una zona de nidada de Pingüinos de Magallanes.
La audiencia también contó con el relato de la periodista Silvina Cabrera, quien dio detalles sobre la cobertura periodística realizada en el año 2021 con posterioridad a los hechos y se reprodujeron tres tramos de una entrevista realizada en el lugar al imputado Ricardo La Regina.
Por lo tanto, el último testigo de la mañana del jueves fue el ambientalista de la Fundación Patagonia Natural y exfuncionario público José María Musmeci, quien dio un amplio panorama sobre la importancia ambiental, turística y económica de las áreas protegidas, el desarrollo de las mismas en el litoral marítimo patagónico, como así también el marco normativo e institucional de figuras como la reserva de biósfera, las reservas naturales y las zonas específicas dentro de cada área natural, como puede ser zona núcleo o de amortiguación.
En tanto, durante la tarde habló el abogado especialista en temáticas ambientales Otto Axel Wöhler, quien realizará a solicitud de la ONG Greenpeace una evaluación del daño ambiental ocurrido en el lugar, el cual calificó de “muy grave”, como así también la valoración económica de lo ocurrido, lo cual indicó rondaría los 500 mil dólares.
A su vez, la abogada ambientalista y directora ejecutiva de Greenpeace Argentina, explicó aspectos vinculados al derecho ambiental, de qué manera tomó conocimiento la organización que representa sobre lo ocurrido y los motivos que los llevaron a presentarse como querellantes en el presente caso.
Para este viernes 1 de noviembre y en el marco del quinto día del juicio, se esperan las declaraciones de los testigos aportados por la defensa del acusado.
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Presentan un recurso ante la Corte contra el cierre de la causa por la contaminación del Riachuelo

Fecha de Publicación: 01/11/2024
Fuente: elDiarioAR
Provincia/Región: Riachuelo


El máximo tribunal resolvió por unanimidad el pasado 22 de octubre dar por finalizada la supervisión del cumplimiento de la sentencia dictada por la propia Corte Suprema en 2008, rechazar el reclamo por daño ambiental colectivo y ordenar el archivo del caso, una de las causas judiciales por cuestiones ambientales más importantes que se hayan tramitado en Argentina. La queja fue presentada por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Vecinos de La Boca, la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Organizaciones de la sociedad civil presentaron ante la Corte Suprema un recurso de queja contra la decisión de ese tribunal de cerrar el prolongado proceso judicial por la contaminación de la cuenca del río Matanza-Riachuelo, severamente afectado por todo tipo de residuos.
La queja fue presentada por el denominado Cuerpo Colegiado, responsable de supervisar el Plan de Saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo e integrado por organizaciones no gubernamentales.
El máximo tribunal resolvió por unanimidad el pasado 22 de octubre dar por finalizada la supervisión del cumplimiento de la sentencia dictada por la propia Corte Suprema en 2008, rechazar el reclamo por daño ambiental colectivo y ordenar el archivo del caso, una de las causas judiciales por cuestiones ambientales más importantes que se hayan tramitado en Argentina.
“Los criterios utilizados para finalizar el proceso de ejecución de la sentencia, además de no haber sido incluidos en la sentencia original de 2008, se refieren justamente a nudos problemáticos que explican los retrasos en el cumplimiento de los mandatos socioambientales del caso”, indicó este martes en un comunicado el Cuerpo Colegiado.
El grupo está integrado por la Asociación Vecinos de La Boca, la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
La cuenca Matanza-Riachuelo, cuyas aguas desembocan en el Río de la Plata tras recorrer 64 kilómetros y atravesar 14 municipios de la provincia de Buenos Aires y la capital argentina, es una de las más contaminadas del país.
En el área, de 2.047 kilómetros cuadrados, viven unos 4,7 millones de personas, el 10 % de la población argentina.
Las principales causas de la contaminación son los efluentes cloacales, los residuos sólidos urbanos y los efluentes líquidos industriales en una cuenca donde operan unos 4.200 establecimientos fabriles.
En 2004, un grupo de vecinos interpuso una demanda contra el Estado nacional, la provincia de Buenos Aires, el Gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires y 44 empresas instaladas en la cuenca por daños y perjuicios sufridos a raíz de la contaminación del Riachuelo.
En 2008, la Corte Suprema ordenó a los tres Estados demandados a sanear el Riachuelo, tarea que quedó bajo responsabilidad de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) y cuya supervisión quedó en manos del propio máximo tribunal.
El Cuerpo Colegiado cuestiona que la Corte tome como base para su decisión los informes de la Acumar, organismo que antes criticaba por considerar “insuficientes las medidas adoptadas e incumplidos los objetivos trazados en el calendario fijado”.
Según el comunicado, ahora esos informes son “validados sin importar sus puntos ciegos, deficiencias y problemas metodológicos”.
“El fallo del máximo tribunal no contrastó la evolución de la contaminación de las aguas, el aire y los suelos con la información producida por la propia Acumar, omite explicar de qué manera han sido satisfechos y cumplidos los objetivos ambientales trazados en 2008, los cuales fueron reemplazados por el cumplimiento de objetivos institucionales que nunca habían sido explicitados en la causa”, señalaron.
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Área libre de deforestación: nuevas disposiciones del Gobierno para las exportaciones de granos a la Unión Europea

Fecha de Publicación: 01/11/2024
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Nacional


Tras la disposición de la Unión Europea para el ingreso y comercialización de granos en sus mercados a partir de 2025, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó hoy en un comunicado oficial que "avanza en la simplificación de los trámites para que el sector privado pueda cumplir con la nueva normativa de esa comunidad".
El organismo conducido por Florencia Misrahi dictó la Resolución General 5.594/2024, que "permitirá agilizar las gestiones que deben realizar los productores agrícolas para certificar que sus campos no han sido deforestados, requisito exigido por ese bloque de países a partir de 2025".
Según ARCA, la actualización de la normativa vigente facilitará la supervisión y seguimiento de los campos utilizados para la producción de granos, a través de controles vía geolocalización y verificaciones presenciales de los lotes. Se trata de una opción voluntaria, dentro del Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA), para compartir datos como la ubicación, georreferenciación, movimientos y existencias, a las empresas inscriptas en el Directorio de Esquemas de Diferenciación Agroindustriales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.
De esta manera, los titulares y representantes de explotaciones agropecuarias no deberán acudir personalmente a una entidad certificadora, por lo que podrán concretar el trámite en menos pasos. En ese sentido, el nuevo mecanismo permitirá una baja en los costos operativos de los productores, que ya no tendrán que demostrar por su cuenta el origen de su producción.
Esta opción estará disponible para las presentaciones correspondientes a la campaña agrícola 2024/2025 y sucesivas, realizadas a partir del 1 de octubre de 2024.
Según el comunicado oficial, la Resolución apunta a una mayor simplificación y agilización de procesos administrativos para la exportación. Al mismo tiempo, busca adaptar los sistemas a las nuevas normativas internacionales que buscan asegurar la sustentabilidad y trazabilidad de los productos agrícolas. Así, la Argentina se convierte en el primer país que con base en su trazabilidad podrá determinar fehacientemente el origen de los granos a exportar.
Mediante el Reglamento 2023/1115, la Unión Europea estableció que a partir del 30 de diciembre de 2024 estará prohibido el ingreso y la comercialización en su mercado, así como la exportación desde el mismo, de determinados productos agropecuarios y agroindustriales provenientes de zonas que hayan sido deforestadas en fecha posterior al 31 de diciembre de 2020.
De todas maneras, tras los pedidos de los diferentes países afectados a la medida, la Comisión Europea presentó una propuesta para postergar la implementación del Reglamento (UE) 2023/1115 para las cadenas libres de deforestación, que se extendería hasta el próximo 30 de diciembre de 2025.
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