Energía renovable: YPF Luz aumentó la generación verde y avanza con sus nuevos parques eólicos

Fecha de Publicación: 15/05/2024
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Nacional


El brazo eléctrico de la petrolera de bandera, YPF Luz, presentó otro buen balance de sus operaciones del primer trimestre de 2024, en el que se destacó un incremento en la generación de energía renovable y un salto en sus ingresos. Además, la firma anunció los avances de sus nuevos parques eólicos.
La empresa, que tiene un 26% de su capacidad instalada en el Mercado a Término de Energías Renovables (Mater), generó un total de 505 GWh de energía verde en el primer trimestre del año. Esto equivale a un salto del 11,2% respecto a los 454 GWh del mismo período del año pasado.
Los datos son oficiales y se desprenden del último reporte oficial de Resultados de la compañía.
Según indicaron, el aumento en la generación se explica por la entrada en operación del parque solar Zonda y por la mejor performance del parque eólico Manantiales Behr. El proyecto chubutense alcanzó un factor de capacidad promedio de 74,74% en marzo, su segunda mejor marca, lo que impulsó la media trimestral a 62,4%.
En cuanto a los ingresos del trimestre, informaron que fueron de 120,3 millones de dólares, lo que equivale a un salto de casi el 10% interanual.  
“Principalmente, la incorporación de los ingresos por ventas de la Central Dock Sud y los correspondientes al parque solar Zonda, durante el segundo trimestre de 2023”, indicaron desde la firma.
Si bien la participación de YPF en el Mater fue del 26% en el primer trimestre del año, a nivel interanual registraron un descenso de casi el 15%. Informaron que la disminución se debe a la entrada en operación de otros proyectos renovables.  
De la mano de los nuevos proyectos eólicos que la empresa tiene en distintos estados de obra, estiman recuperar un 10% de participación en ese mercado.  
El último parque que estrenó la compañía energética fue la granja solar Zonda, al inicio del año pasado. En la actualidad la empresa tiene dos proyectos eólicos en construcción, de los cuales uno tiene Fecha de Operación Comercial (COD) para finales de este año.  
Se trata del parque General Lavalle, que se está construyendo en la provincia de Córdoba, y tendrá una capacidad instalada de 155 MW. Según reportó YPF, el proyecto tiene un 78% de avance de obra y un CapEx estimado de unos 262 millones de dólares. La fecha de puesta en marcha será durante el cuarto trimestre de este año.
Según precisaron, las obras civiles de sitio 1 y 2 finalizaron, y solo quedan pendientes trabajos menores. Además, se avanzó en el montaje electromecánico de la Estación Transformadora y el traslado de los componentes principales de aerogeneradores al sitio alcanzó un avance del 49%.
La obra que tiene en carpeta YPF Luz es el parque eólico Cementos de Avellaneda, que tendrá unos 63 MW de potencia instalada. El CapEx de este desarrollo es menor y rondará los 80 millones de dólares.
Este nuevo proyecto contará con tecnología de Nordex, y tendrá aerogeneradores de 7 MW de potencia nominal.  
Hasta la fecha, se avanzó con los contratos de tecnología y obra que están en marcha y antes de fin de mes comenzarán el inicio de actividades de obra. La inauguración de este proyecto está fijada para el primer semestre de 2026.  
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Ley Bases: “El RIGI es un régimen de ocupación, atenta contra la protección ambiental”

Fecha de Publicación: 15/05/2024
Fuente: Canal Abierto
Provincia/Región: Nacional


Andrés Nápoli, de FARN, desgrana los principales peligros de un mamotreto legal que de ser aprobado amenaza al ambiente y los propios cimientos del federalismo. Sobre el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) sostiene que es absolutamente anticonstitucional.
La denominada Ley Bases, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, da por tierra con gran parte de la legislación existente referida a la protección del ambiente. Contra su posible consolidación como norma en el Senado advierte un amplio colectivo de organizaciones ambientales, de derechos humanos y sociales. “Atenta contra la protección ambiental y contradice principios jurídicos nacionales e internacionales vigentes”, sostienen en una carta enviada al cuerpo legislativo, “socava las bases necesarias para avanzar hacia un horizonte de justicia ambiental y social”.
“El R.I.G.I. es un régimen de ocupación. Atenta contra el artículo 1 de la Constitución que dice que Argentina establece un régimen de gobierno republicano, representativo y federal. Esto afectaría al federalismo porque las provincias no podrían proponer sus propias normas”, sostiene Andrés Nápoli, abogado y director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

Un estado adentro de un estado
“El RIGI establece una plataforma distinta para aquellos que promuevan inversiones por encima de los 200 millones de dólares hasta los 1.000 millones destinada claramente al sector minero, al sector petrolero y al agropecuario, eventualmente al portuario. Estos grandes inversores no van a tener que cumplir una serie de requisitos. El primero de ellos, el más grave de todos diría yo, es que no se les va a poder oponer ni legislación nacional, ni legislación provincial, ni legislación municipal que pueda afectar el desarrollo de esas inversiones. Ahí vienen de la mano, los regímenes de protección ambiental”, explica Nápoli.
“Es crear una legislación y un régimen especial, es como un régimen de ocupación. Lo que pasa es que atenta contra el artículo 1 de la Constitución. Recordemos que el artículo 1 de la Constitución dice que en Argentina se establece un régimen de gobierno republicano, representativo y federal; esto afectaría al federalismo porque las provincias no podrían proponer sus propias normas”.
“Además, hay un elemento que es bastante más gravoso: es que toda ley que se le oponga es de nulidad absoluta. Es una cosa que no se ha visto nunca porque las leyes que sanciona el Congreso de la Nación, por el régimen federal, deben ser adheridas por las provincias, si la provincia no las adhiere no las toma. En este caso se pasa por encima, se salta por encima de la Constitución, por eso muchos constitucionalistas plantean que esta ley es una reforma constitucional encubierta dentro de una ley”, concluye.
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Enarsa y Gezhouba confirman que seguirá la obra de las represas en Santa Cruz

Fecha de Publicación: 14/05/2024
Fuente: Tiempo Sur
Provincia/Región: Santa Cruz


Lo informó el Gobierno de Santa Cruz en un comunicado de prensa luego de la tercera audiencia. El mega proyecto de aprovechamiento hidroeléctrico está parado desde diciembre y ya hubo más de 2000 despidos.  
Tras la audiencia (la tercera) que llevó adelante por la continuidad de la obra de las represas Jorge Cepernic y Néstor Kirchner, ENARSA y Gezhouba (la firma china que lidera el consorcio UTE Represas) se comprometieron al reinicio de la obra luego del invierno, informó el Gobierno de Santa Cruz.  
El ministro de Trabajo de Santa Cruz, Julio Gutiérrez, participó en representación del Estado provincial de esa audiencia y afirmó que “está el compromiso por parte de ENARSA del gobierno nacional y de la empresa china Gezhouba, de retomar la construcción de las represas luego de la veda invernal; y eso creo que es el tema más importante que nos mueve”.
Explicó que “ahora estamos con la letra fina, obviamente conteniendo a la masa laboral que va justamente a ejecutar la obra. Lo más importante es lo que tiene que ver con los salarios de la gente. A esta altura se transformó en un pedido concreto, incluso de los sectores sindicales, que tienen que ver con el rescate alimentario de la gente. Nosotros le hicimos ver que toda esta dilación es un perjuicio directo hacia los trabajadores, sin duda, y obviamente la demora de la construcción también genera un perjuicio para la región”
De la reunión en Buenos Aires participaron, además de Gutiérrez, Nazareno Retortillo del ministerio de Energía de Santa Cruz, Daniel De La Torre, Wang Mingyi, Zhao He y Nicolás Bobroff por Gezhouba y la UTE Represas Patagónicas; y Julio Palacios y Matías Ramos por ENARSA.
Gutiérrez indicó que “todos los sectores, la UTE y el comitente que es ENARSA, se comprometieron a trabajar para acelerar los tiempos de manera que los trabajadores tengan la posibilidad de percibir salarios que están caídos”.
La provincia de Santa Cruz, luego que la UTE de empresas materializara el envío de telegramas de despidos a los trabajadores, dictó de manera inmediata la conciliación obligatoria que da marco a estas reuniones. Además de ello, desde el inicio de su gestión, el gobernador Claudio Vidal, realiza pedidos para que se retome y finalice este ambicioso proyecto, de vital importancia para el desarrollo provincial.
Gutiérrez adelantó, finalmente, que ENARSA “en estos días firmará la adenda 12, que es por la deuda de la que ya hemos hablado públicamente varias veces, con lo cual el reinicio de la obra es una realidad. Lo que nos preocupa ahora es llegar hasta ese día con los trabajadores en relación de dependencia, para que rápidamente también se pueda llevar esta tranquilidad”.
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Incendios forestales: Chubut es la provincia patagónica con mayor pérdida de bosques

Fecha de Publicación: 14/05/2024
Fuente: Diario Rïo Negro
Provincia/Región: Chubut


Entre octubre del 2023 y marzo de este año, los incendios forestales arrasaron con 7.747 hectáreas en la región de los Bosques Andino Patagónicos de Argentina.
Chubut registró 6.985 hectáreas afectadas; Río Negro, 425 hectáreas; Neuquén, 223 hectáreas y Santa Cruz, 114 hectáreas. El 90% del área forestal quemada durante este período corresponde a Chubut.
Desde Greenpeace, recalcaron la gravedad de los incendios forestales ocurridos en el parque nacional Los Alerces -que se extendieron por casi dos meses- y en el Brazo Tristeza del parque Nacional Nahuel Huapi, que arrasaron con amplias superficies de bosques protegidos en buen estado de conservación.
El informe de la organización toma como antecedente la recopilación de datos oficiales de la Secretaría de Ambiente de Nación. Para el período 2001-2005, Río Negro encabezaba los registros con 2.330 hectáreas afectadas, seguida por Chubut, con 1.933 hectáreas y Neuquén, con 1.586 hectáreas. La situación se invirtió.
«Durante la última primavera y verano de este año, hicimos un nuevo procesamiento con imágenes satelitales y Chubut sigue siendo la provincia con mayor pérdida de bosques. Río Negro es la segunda«, advirtió Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace Argentina. Mencionó que el monitoreo satelital es «similar al que realiza en el norte del país para conocer el desmonte». Este reporte anual de deforestación se lleva a cabo desde hace 8 años y ahora, se incluye el informe de incendios en la Patagonia.
«Hay una tendencia promedio mundial de pérdida del bosque andino patagónico que impacta de acuerdo a la etapa de sequía o no. Nos preocupa que se trata de una tendencia estable y, si tenemos en cuenta la crisis climática, los veranos con temperturas más altas y mayor presencia de turistas en los bosques, es necesario aumentar la prevención, la cantidad de brigadistas a nivel provincial y nacional y la infraestructura para lograr un ataque rápido del fuego», precisó Giardini.
En este sentido, recalcó que el 95% de los incendios forestales se genera por causas humanas (fogatas mal apagadas o en lugares no permitidos). «Resulta evidente que las multas no son suficientes para desalentar tanto a los desmontes como a los incendios, por lo que consideramos que en forma urgente se debe prohibir y penalizar la destrucción de bosques nativos», indicó.
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Ambiente y la Federación Argentina de Ingeniería Forestal analizaron el presente y futuro de la Ley de Bosques

Fecha de Publicación: 13/05/2024
Fuente: Subsecretaría de Ambiente
Provincia/Región: Nacional


En la ocasión, se acordó avanzar de manera conjunta en la evaluación de los proyectos ejecutados en el marco de la Ley de Bosques, con la intención de identificar indicadores que permitan impulsar una mejora en los temas de impacto ambiental, social y económico.
La Subsecretaría de Ambiente de la Nación a través de su director de Bosques, Octavio Pérez Pardo mantuvo un encuentro con representantes de la Federación Argentina de Ingeniería Forestal con el objetivo de analizar distintas líneas de trabajo de interés común que lleva adelante la dirección. En la ocasión, se acordó avanzar de manera conjunta en la evaluación de los proyectos ejecutados en el marco de la Ley de Bosques, con la intención de identificar indicadores que permitan impulsar una mejora en los temas de impacto ambiental, social y económico, además de obtener una estadística sistematizada de buenas experiencias que puedan volcarse para futuros planes en el marco de dicha ley.
En relación con la valorización de los bosques, se abordó la posibilidad de incorporar a la Federación, junto con el Consejo Federal de Medio Ambiente, la Comisión de Bosques, el Departamento Forestal del INTA y la división de Economía, en un trabajo que determine los impactos ambientales medibles que lleven a un análisis integrado de la importancia de sostener inversiones en materia ambiental, social y económica que se traduzcan en beneficios para generar riqueza, impactos sociales positivos y sostenibilidad ambiental.
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Secuestran Topadoras Por Desmonte En El Sudoeste Chaqueño

Fecha de Publicación: 13/05/2024
Fuente: Noticias del Paraná
Provincia/Región: Chaco


Durante la siesta del viernes policías Rurales de General Pinedo secuestraron dos topadoras por supuesta infracción al Régimen de actividad forestal. Intervino la Dirección de Bosques.
El primer procedimiento sucedió cerca de las 13, en un campo ubicado en Mesón de Fierro, a 30 kilómetros de Pinedo. Aquí dieron con una máquina Caterpillar D6 D.
El segundo procedimiento se dio por la siesta, en un campo ubicado en Parcela 206, del Departamento Almirante Brown. Se incautó una topadora Caterpillar D6 G más un rolo de 4 metros. El trabajo estuvo acompañado por la Dirección de Bosques de Pampa del Infierno y el allanamiento se hizo con orden del Juzgado de Garantías de Sáenz Peña.
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Alerta en Santa Cruz: realizan nuevos estudios en las aguas cerca del Perito Moreno para determinar si hay contaminación

Fecha de Publicación: 11/05/2024
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Santa Cruz


La Justicia busca determinar si hubo un derrame de hidrocarburos en el lago Argentino; Parques Nacionales estima que se trata de una estela causada por materia orgánica
Un equipo de la Fiscalía Federal de Río Gallegos tomó muestras hoy en el muelle Bajo de las Sombras y en el Brazo Rico del lago Argentino, en el marco de la investigación que se lleva adelante en el juzgado federal sobre un presunto derrame de hidrocarburos cerca del glaciar Perito Moreno.
La presunta contaminación ambiental habría sido descubierta entre el 11 y el 12 de abril pasado cuando un guardaparque del Parque Nacional Los Glaciares detectó la presencia de manchas oscuras flotando en el agua, compatibles con rastros de aceite e hidrocarburos.
Sobre ese punto, ayer la Administración de Parques Nacionales (APN) difundió un comunicado: “Durante todas las inspecciones y recorridas realizadas con posterioridad al hecho, no se encontraron vestigios de sustancias ni objetos contaminantes, tanto en el espejo de agua como en la costa; no obstante, se continúa monitoreando la situación”.
El operativo de hoy fue llevado adelante a pedido de la Fiscalía Federal de Río Gallegos, a cargo del fiscal federal subrogante Julio Zárate y con la colaboración de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (Ufima), bajo la dirección del fiscal general Ramiro González. Además, desde la fiscalía se requirió que se instruya sumario penal por la presunta infracción a la ley N°24.051, de residuos peligrosos.
Son dos los aspectos sobre el Brazo Rico que hicieron sonar las alarmas: uno es una falla en uno de los motores de un barco de la empresa Hielo y Aventura y otro son las estelas negras sobre el lago que se pueden divisar, incluso, a través de imágenes satelitales. Los investigadores serán los que determinen si ambas están relacionadas o si la mancha sobre el lago solo se trata de materia orgánica que ingresa al lago desde las montañas durante el otoño, según explicaron ayer a través de un comunicado desde la APN.
Desde el organismo informaron anoche que la institución ordenó a la empresa Hielo y Aventura dejar en puerto la embarcación “Alacalufe” con el objeto de cesar el daño ambiental, en tanto que se radicó una denuncia penal ante el Fuero Federal y se inició el sumario contravencional correspondiente.
Ante la solicitud del fiscal Zárate, miembros del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina (PFA), de la División Unidad Operativa Federal Río Gallegos de la PFA y la Prefectura Naval Argentina, con intervención de su Departamento Científico Pericial, extrajeron muestras de sustancias oleosas u otros líquidos presentes en las embarcaciones ubicadas en puerto Bajo Las Sombras, así como muestras de agua de la zona del glaciar Perito Moreno.

Comunicado
Según el comunicado de prensa del Ministerio Público Fiscal, “el primer hallazgo habría sido durante una recorrida por el cordón montañoso de Punta del Viento, mientras que, al otro día, el 12 de abril, fueron observados rastros sobre el cuerpo de agua del Brazo Rico del lago Argentino, que atravesaban el lago desde la margen sur hasta la margen norte del brazo y se dispersaban en varios puntos cercanos al glaciar Perito Moreno y a los puertos utilizados por la empresa turística”.
El Ministerio Público Fiscal detalló que, de acuerdo a la documentación con la que cuentan, un guardaparque informó que, cuando se encontraba de paseo a bordo de un buque de pasajeros, el barco Alacalufe habría vertido un líquido y/o humo de color oscuro. La circunstancia fue puesta en conocimiento de la Prefectura Naval Argentina, que inspeccionó el buque para evaluar la situación y corroborar lo que dijo el guardaparque. “Del análisis no surgieron deficiencias, ni tampoco se observaron manchas en el espejo de agua y/o contaminante en popa ni próximas al buque, sin perjuicio de que el buque paró operaciones para realizar la revisión de las plantas propulsoras por la posible emisión de hollín; no volvió a operar y quedó inactivo en el muelle”, se detalló el comunicado.
Aunque se continúa monitoreando la situación, fuentes de Parques Nacionales consideraron que la estela negra en el Brazo Rico del lago Argentino podría deberse a “la descarga habitual de ríos y arroyos de la zona, típico del otoño”.
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La lucha por el derecho ambiental

Fecha de Publicación: 11/05/2024
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional


¿Cómo serán el derecho y la justicia ambiental de los próximos años?
Eso se está decidiendo ahora, por medio de una puja doctrinaria que tiene como contendientes, por un lado, a la corriente “ecologista” y, por el otro, a quienes sostienen la compatibilización entre desarrollo socio-económico y protección ambiental (en adelante, la corriente “compatibilizadora”, cuyas ideas comparto). Para orientarnos, proponemos leer -o releer- el siguiente artículo https://abogados.com.ar/quien-es-quien-en-el-derecho-ambiental-2021/28557
La contienda entre compatibilizadores y ecologistas -que involucra también a la Agenda sobre Empresa y Derechos Humanos (DDHH)- no es académica, ya que se libra en los tribunales, en los procedimientos administrativos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), en foros internacionales, en las comunidades y en el ciberespacio. La verdadera acción está en ese “territorio”, que funciona como un filtro que detecta la diferencia entre teoría y realidad; entre conocimiento fundamental y conocimiento cosmético; entre nitidez conceptual y exceso de abstracción.
Mientras tanto, en la “biblioteca”, la doctrina “expansiva” (representada por Néstor Cafferatta y sus discípulos) permanece mayoritaria gracias a su reconocida capacidad de producir réplicas casi idénticas de sí misma. Todo paradigma jurídico materializa, en un momento determinado, la idea sociopolítica dominante en la sociedad. La corriente arriba mencionada transita en paralelo con las ideas preferidas durante las últimas décadas por la mayoría de la sociedad argentina, cuyas características son el estado-centrismo, la desconfianza hacia la economía de mercado y la tolerancia al capitalismo clientelar. A falta de una dimensión generalista, la doctrina “expansiva” sostiene un derecho ambiental autorreferencial y cuasi-soberano, que es “mucho más que una especialidad” (1).    
El derecho es una cuestión práctica, no un amontonamiento de ríos de tinta, citas eruditas, notas al pie y frases en latín. Cuando un orden vetusto ya no convence resulta confrontado porque “el derecho es de los que luchan”. Lo que enseña el best seller La Lucha por el Derecho (1872), de Rudolph von Ihering, también se refleja en el presente del Derecho Ambiental argentino. Por eso, tomamos prestado para este trabajo el título elegido por el gran jurista alemán (con las adaptaciones del caso).
Fue a principios de ésta tercera década del siglo XXI cuando el credo “ecologista” -más elemental, pero más discernible- corrió a la doctrina “expansiva” de uno de los extremos del debate ambiental.  Aún prevalente desde el punto de vista cuantitativo, la doctrina “expansiva” hoy marcha por la “avenida del medio”: voluminosa, pero política y emotivamente menos gravitante. Sin perjuicio de lo anterior, “ecologistas” y “expansivos” cultivan importantes vínculos, y comparten la ética de “buenos y malos” que hemos criticado –por autocomplaciente- en otro artículo (2). La única diferencia fundamental que subsiste es que el credo “ecologista” rechaza abiertamente la Teoría del Desarrollo Sostenible y abraza la Teoría del Ecologismo Profundo, que postula “los límites del crecimiento”. Ésa es la última frontera que la doctrina “expansiva” no cruzó… hasta el momento (3).
Como dijimos, la doctrina “compatibilizadora” se ubica en el otro extremo del debate ambiental. Esta valora –no idealiza- la positividad del sector privado, especialmente la de aquel que es más representativo del mercado; así como también la positividad del Estado, pero no de “cualquier” Estado (4). Partiendo de una visión generalista, sostiene la autonomía relativa del derecho ambiental en el marco de la unidad del derecho, entendida ésta como subordinación a los principios constitucionales e interacción (inter-dependencia) con el resto del ordenamiento jurídico (casi siempre desde su posición de normativa de orden público).
Concluida la preeminencia de la doctrina “expansiva” (5), la “lucha por el derecho ambiental” es el enfrentamiento entre “compatibilizadores” y “ecologistas” por imponer el nuevo arquetipo dominante.

Los cuatro principios ordenadores del derecho ambiental
La doctrina “expansiva” desarrolló y la doctrina “ecologista” adoptó -con gran sentido de la oportunidad- una concepción del derecho ambiental que gira exclusivamente alrededor de dos de los principios ordenadores del derecho ambiental que establece la Constitución Nacional (CN): I) el Paradigma Ambiental establecido por los Arts. 41 y 43 de la CN y por la Ley General del Ambiente 25675 (LGA); y II) el Paradigma Social conformado principalmente por el Art. 75, incs. 17 y 23; y el Art. 14 bis, CN; así como por el Pacto Internacional por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pidesc), con jerarquía constitucional en los términos del Art. 75, inc. 22, CN); y por el Acuerdo de Escazú sobre Ambiente y DDHH, ratificado por la ley nacional Nº 27566.
¿Es posible que gran parte de lo que se escribió y leímos sobre derecho ambiental durante las últimas dos décadas adolezca de omisiones fundamentales?
La respuesta es “sí”. Al calor de aquel abordaje “bipartito” se escribieron y publicaron innumerables libros, artículos y ponencias, pero lo cierto es que existen otros dos principios ordenadores del derecho ambiental que dicho abordaje subestima (doctrina expansiva) o rechaza (doctrina ecologista), a saber: III) el Paradigma Republicano, articulador de todos los demás, conformado por: a) la constelación de valores que conforman el estado de derecho (Arts. 14, 15, 16, 18, 19, 28, 33 CN); b) la  democracia republicana y representativa (Arts. 1, 5 y 6, CN); c) la inviolabilidad de la propiedad (Art. 17 CN); y d) la supremacía de la Constitución (Art. 31, CN); y IV) el Paradigma del Desarrollo, establecido por: a) el Art. 41 CN, que señala que se debe propender a la “utilización racional” de los recursos naturales; b) el Art. 75, inc. 18 CN, que establece que el Congreso de la Nación proveerá lo conducente a la prosperidad del país, promoverá la industria, el establecimiento de nuevas industrias y las inversiones extranjeras (el Art. 125 CN reconoce potestades similares a las provincias); y c) el Art. 75, inc. 19 CN, que ordena “proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional y a la generación de empleo”.
En resumen: el Derecho Ambiental de la Constitución se apoya en estas “cuatro patas de la mesa”: I) El Paradigma Ambiental; II) El Paradigma Social; III) El Paradigma Republicano; y IV) El Paradigma del Desarrollo.
A fuerza de repeticiones y de citas endogámicas, los autores “expansivos” colocaron en la “biblioteca” su noción de un derecho ambiental “de circuito cerrado”, que se apoya en solo dos de las cuatro patas de la mesa. Esa concepción desnivelada influyó a un sector de la doctrina ambiental argentina, que desde entonces deambula alrededor de la “trampa de la especialidad” (6).  La corriente “ecologista” tomó como propia dicha concepción desnivelada y, apalancándose en ella a) postula “prohibir por las dudas”, en lugar de “regular estrictamente”; b) fusiona academia con activismo socio-ambiental; y c) procura arrimar la interpretación de los conceptos jurídicos indeterminados del derecho ambiental a la teoría del ecologismo profundo, para luego utilizarlos como “eslogan” en su activismo político y judicial (de esto último hablaremos en la segunda parte de este artículo) (7).   

¿De qué sorprenderse?
La corriente doctrinaria “compatibilizadora” tiene una concepción nivelada del derecho ambiental, es decir, apoyada sobre los cuatro Principios Ordenadores del Derecho Ambiental que establece la CN. Los autores “compatibilizadores” abogan por la armonización entre ellos y, por lo tanto, sostienen que es necesario “regular estrictamente y prohibir excepcionalmente”. Dicha posición responde a la teoría del desarrollo sostenible que, con sus luces y sus sombras, es la adoptada por nuestra CN; así como por la casi totalidad de las constituciones, los gobiernos y las organizaciones multilaterales del mundo.
El abordaje “bipartito” del derecho ambiental -propuesto por la doctrina “expansiva” y usufructuado por la doctrina “ecologista”- no convenció a la Justicia. Tanto es así, que éste nunca hizo pie más allá de la primera instancia.  
En efecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) reafirmó el Paradigma Republicano en el fallo «Coihue» (2022) (8) y el Paradigma del Desarrollo en los fallos «Salas» y «Telefónica Móviles» (9).  La Justicia hizo lo propio en varios fallos «Post-Escazú» (10). ¿De qué sorprenderse?  La CN conforma un sistema integrado por principios entrelazados entre sí: “La Constitución debe interpretarse como un conjunto armónico, en el cual el significado de cada parte debe determinarse en armonía con el de las partes restantes; ninguna disposición debe ser considerada aisladamente y siempre debe preferirse la interpretación que armonice y no la que coloque en pugna a las distintas cláusulas de la Ley Suprema” (11).
Con apenas algo de formación generalista se advierte la gravitación del paradigma republicano y el paradigma del desarrollo en el derecho, la justicia y la política ambiental nacional.  Veamos algunos ejemplos:

A. El Paradigma del Desarrollo -que conlleva tanto la dimensión económica como su intersección con la dimensión social- califica la Sostenibilidad.  Tal como Siano puntualiza en un artículo que merece muchas relecturas: “No hay Desarrollo Sostenible si no hay Desarrollo” (12). En razón de eso, “… no debe buscarse oposición entre medio ambiente y desarrollo, sino complementariedad” (CSJN, Fallo “Salas”).  La CSJN resalta el vínculo del Paradigma del Desarrollo con el principio de equidad intergeneracional (Paradigma Ambiental): “La tutela del ambiente no significa detener el progreso, sino por el contrario, hacerlo más perdurable en el tiempo de manera que puedan disfrutarlo las generaciones futuras” (CSJN, Fallo “Salas”).
B. En razón de lo dispuesto por su Art. 31 (Paradigma Republicano), la CN prevalece sobre las normas de rango inferior.  Pero eso no es todo: la CN -junto con todo el “bloque de legalidad” y los principios generales del derecho que constituyen su causa y fundamento- también está por encima de la invocación de cualquier “entidad” (nación, patria, pueblo, sector político, raza, etnia, clase social, deidad, etcétera), o “relato” (religión, ideología, cosmovisión, tradición, agenda particularista; etcétera).  Por ejemplo, si la invocación de la religión mayoritaria o la de una deidad como Viracocha se pusieran en entredicho con el estado de derecho, son esas invocaciones las que deben dar un paso al costado.
C. Con fundamento en la democracia representativa (Paradigma Republicano), ni las audiencias públicas, ni las consultas previas, ni los mecanismos de participación pública tienen ni podrían tener carácter “asambleario” ni legalmente vinculante, ya que las personas que participan no lo hacen en calidad de “representantes del pueblo”.
D. Con fundamento en lo dispuesto en el Art. 75, inc. 19, CN (Paradigma del Desarrollo), el derecho ambiental se vale del progreso científico y tecnológico para reducir el margen de conjeturas.  La “rigurosidad técnica” del derecho ambiental (13) se traduce en la vigencia de un modelo racional de prueba (mediciones, análisis, muestreos, modelos informáticos, estudios técnicos; monitoreos; estándares; etcétera), sin perjuicio del margen de apreciación propio de la sana crítica judicial y de la admisión de que no todo conocimiento es científico.
E. La CSJN reafirmó el derecho de propiedad (Paradigma Republicano) como una institución fundamental para el Derecho Ambiental en el fallo “Coihue”, al que la doctrina mayoritaria dedicó algunos comentarios poco entusiastas. Sin embargo, Esaín rompió filas con efusividad: “Los derechos individuales no deben ser sacrificados sino armonizados con la protección del entorno” … “al nivel más alto, el mensaje de la sentencia de la Corte es que nuestro modelo de desarrollo sostenible no consiente normativas que por proteger el ambiente impidan el desarrollo, las actividades productivas, la propiedad privada” … “el derecho al ambiente tampoco es absoluto, debe coordinarse, armonizarse” (14).
F. Pasado el ímpetu inicial, decayó rápidamente el intento por posicionar al Principio de No Regresión como una suerte de “contenido pétreo” impuesto por el derecho ambiental al resto del orden jurídico. Quedó muy claro que no constituye un impedimento de la variabilidad normativa cuando la misma se justifica en necesidades públicas, en avances técnicos y en el interés general; así como tampoco como un límite a la potestad estatal de preferir tal o cual curso de acción por razones de oportunidad, mérito o conveniencia. En el entendimiento de que el concepto ambiental de “regresión” no puede ser determinado en abstracto, el Principio de No Regresión permanece como el deber de justificar la causa y de desarrollar la motivación de cada ley o acto administrativo de alcance particular o general que modifique la normativa ambiental.

Los ejemplos arriba mencionados no hacen más que confirmar la autonomía relativa del derecho ambiental, al tiempo que desmienten su carácter autárquico y cuasi-soberano, idea cultivada por la doctrina “expansiva” y cosechada por la doctrina “ecologista”.
El difícil equilibrio entre desarrollo socioeconómico y protección ambiental exige que se acentúe el Paradigma Ambiental y el Paradigma Social, pero salvaguardando los demás Principios Ordenadores de la CN.

Conclusiones
En materia de interpretación, la CSJN señala que debe preferirse la que mejor concuerde con todos los principios consagrados por nuestra CN.
La falta de apego al universo de valores que conforman el Paradigma Republicano, la subestimación del Paradigma del Desarrollo y la desvirtuación del Paradigma Social condujeron a nuestro país a la imposibilidad de satisfacer siquiera las necesidades presentes (no hablemos de las de las futuras generaciones). Esto se comprueba en niveles nunca vistos de miseria, indigencia e improductividad: una gigantesca inequidad intergeneracional, una verdadera traición al espíritu del Art. 41, CN (15).
El Paradigma del Desarrollo no es el enemigo sino el aliado de la compasión y de los derechos sociales. La doctrina “compatibilizadora” remarca el Principio N° 5 de la Declaración de Río de 1992: “Erradicar la pobreza como requisito indispensable del Desarrollo Sostenible”. Dicho principio reafirma la línea iniciada por la Conferencia de Estocolmo de 1972, y se ve consagrado como ODS N° 1 (“Fin de la Pobreza”) en los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, al tiempo que los ODS N° 8, 9, 10 y 12 lo retroalimentan (16).
Lorenzetti, quien a pesar de su cercanía académica no debe ser confundido con la doctrina “expansiva”, advirtió que el ecologismo “opone dialécticamente desarrollo versus preservación del medio ambiente” (17), a pesar de que -según la CN- no son ni podrían ser valores opuestos.  No en vano la CSJN destaca que “uno de los principios fundamentales en materia interpretativa consiste en lograr la coherencia y mutua compatibilidad de normas de igual jerarquía” (18).
No hay Sostenibilidad sin producción, sin trabajo y sin una cierta prosperidad material.  Sin Desarrollo, no hay equidad intergeneracional.  Sin progreso económico (Art. 75, inc. 19, CN) no hay desarrollo humano ni justicia social.
Dicho esto, el Paradigma del Desarrollo no es lo que fue décadas atrás.  Sin perjuicio de la aplicación del Principio de Progresividad (Art. 4, LGA), el mismo supone hoy la adhesión a la Agenda Climática.  El Paradigma del Desarrollo debe entenderse alineado con el Protocolo de Kyoto (Ley Nac. 25438) y el Acuerdo de París (Ley Nac. 27270), que dieron nuevo contenido al Principio de Sustentabilidad (Art. 4, LGA), y lo encauzan hacia su confluencia con el Paradigma Ambiental.  En la actualidad, el Paradigma del Desarrollo se define internacionalmente como aquel que está en consonancia con la Agenda de Descarbonización.  En nuestro país y en la mayoría del mundo es -a la fecha- una agenda de mercado (19) que se impone progresivamente desde las principales empresas a su cadena de valor; así como también desde el sector bancario, financiero, y asegurador, bajo el compromiso de financiar y asegurar proyectos en la medida de su alineamiento con el Acuerdo de París (20).
La Sostenibilidad se apoya en tres columnas: ambiental, social y económica, principio que se mantiene invariable a lo largo de todos los hitos convencionales que mencionamos.  Decir “ambiental, social y económica”, significa aludir al Paradigma Ambiental, al Paradigma Social y al Paradigma del Desarrollo, todos ellos articulados alrededor del Paradigma Republicano.
La CN y el derecho ambiental internacional son el escollo a vencer por parte del credo “ecologista” si de lo que se trata es de perpetuar el “no crecimiento”.    

Por Horacio J. Franco - Socio de Franco Abogados – Consultores Ambientales www.francoabogados.com.ar  

NOTAS
(1) Cafferatta, Néstor; Cuestiones actuales de Derecho Ambiental (obra colectiva); ED 2007, págs. 9 -11.
(2) Ver Franco, Horacio; Ecosistemas e Inversiones Privadas frente a la Responsabilidad del Estado por omisión; https://abogados.com.ar/ecosistemas-e-inversiones-privadas-frente-a-la-responsabilidad-del-estado-por-omision/32706 – 31/05/2023.
(3) Siano relata el esfuerzo de autores de las corrientes “ecologista” y “expansiva” (a las que llama colectivamente la doctrina “populista”) por “cancelar” el concepto de “Desarrollo Sostenible” mediante el sencillo recurso de borrar dicha terminología constitucional de su narrativa. Ver Título “g” en Siano, Juan M; Los sofismas del populismo ambiental argentino; EL DERECHO; ED-MVDCCCII-9; 09/2023.  Si la doctrina “expansiva” en bloque terminara de atravesar ese límite, su identidad perecería absorbida por el “ecologismo”.
(4) Ver Siano, Juan M. y Franco, Horacio; El Manifiesto Compatibilizador; https://abogados.com.ar/derecho-ambiental-el-manifiesto-compatibilizador/31208 – 08/09/2022.
(5) Analizaremos las causas que explican este fin de ciclo en la segunda parte de este artículo. La preeminencia de la doctrina “expansiva” ocurrió desde fines de 2002, cuando fue sancionada la Ley General del Ambiente 25675 (LGA), hasta aproximadamente 2021, cuando ubicamos -de manera tentativa- el impacto de dos eventos transformadores: A) el ascenso de hitos sociales como la Agenda sobre Empresa y DDHH; la Agenda sobre Pueblos Originarios; y el Acuerdo de Escazú; y B) la consolidación de la Agenda de Descarbonización como hito del mercado.
(6) La «trampa de la especialidad» es un concepto que aplica al pensamiento jurídico que se enfoca tanto en una parcela del conocimiento, que se torna insatisfactorio para gestionar profesionalmente la realidad en toda su amplitud, complejidad y diversidad.  Es mejor no quedar atrapados allí …  El antídoto consiste en constatar la unidad del derecho y tomar conciencia de que la formación generalista es ineludible como plataforma para el desarrollo exitoso de cualquier especialidad.
(7) Los conceptos jurídicos son “indeterminados” cuando están sujetos a interpretación, dado que sus alcances y límites no fueron establecidos de manera precisa.
(8) “Coihue SRL c/ Santa Cruz, Provincia de s/acción declarativa de inconstitucionalidad y daños y perjuicios”; CSJN 3162/2004 (40-C) / CS1 Originario, 18/11/2021).
(9) Ver Franco, Horacio; La Corte Suprema encarriló el Principio Precautorio Ambiental;  https://abogados.com.ar/la-corte-suprema-encarrilo-el-principio-precautorio-ambiental/30311 – 22/04/2022.
(10) Ver Sanz, Ignacio y Franco, Horacio; Se afirma la interpretación sensata del Acuerdo de Escazú;  https://abogados.com.ar/se-afirma-la-interpretacion-sensata-del-acuerdo-de-escazu/32434 – 14/04/2023.
(11) Linares Quintana, Segundo V.; Reglas para la Interpretación Constitucional; Plus Ultra; 1988; pág. 84.
(12) Ver Siano, Juan Martín; El Desarrollo Humano como objetivo de la Constitución Nacional y fundamento de la eficacia del Derecho Ambiental; EL DERECHO MMXMVI – 646; 19/05/2022.   
(13) Conf. Mosset Iturraspe, Jorge; Daño Ambiental; Tº I; Ed. Rubinzal Culzoni, 1999; pág. 21.
(14) Esaín, José A.; La Corte y los confines del Derecho Ambiental; LL 9/03/2022 pág. 6 y ss.
(15) Según el Observatorio de la Deuda Social (UCA), en diciembre de 2024 la pobreza llegó a 57,4% de la población, el mayor valor en 20 años: casi 27 millones de pobres.
(16) Nº 8: Trabajo decente y crecimiento económico; Nº 9: Industria, Innovación e Infraestructura; Nº 10: Reducción de las Desigualdades; Nro 12: Producción Responsable y Consumo Responsable.  También se vinculan con el Desarrollo los ODS Nro 2: Hambre Cero, Nº 3: Salud y Bienestar; Nº 4: Educación de Calidad; Nº 6: Agua Limpia y Saneamiento; y Nº 7: Energía Asequible y No Contaminante.
(17) Lorenzetti, Ricardo; Las normas fundamentales de Derecho Privado; Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 1995.  Como miembro de la CSJN y como codificador, Lorenzetti contribuyó a frenar las iniciativas más próximas al “ecologismo” que fueron impulsadas por la doctrina “expansiva” (ver Nota al Pie N° 7).
(18) Fallos, 272:107.
(19) A la fecha, sólo en la Unión Europea (UE) y en algunos países (Reino Unido, Suecia, Nueva Zelanda, Canadá), así como en varios estados de los EEUU (California, Nueva York, Massachusetts, Oregon, Washington), la Agenda de Descarbonización se impone también a través de metas legales obligatorias.
(20) Ver Inglese, José Luis y Franco, Horacio; Net Zero: la versión “hard” de la Sostenibilidad; Gerencia Ambiental; Ed. 295; https://gerencia-ambiental.com/295_abril2023/index.html#page=1 – Nº del 03/2023.
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Hallaron un nuevo ejemplar de yaguareté en el noroeste argentino

Fecha de Publicación: 10/05/2024
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Formosa


Para celebrar este suceso, desde la Administración de Parques Nacionales invitaron a la gente a elegir el nombre
La Reserva Natural Formosa ha sido testigo de un evento esperanzador para la preservación de la biodiversidad argentina: el avistamiento confirmado de un nuevo yaguareté macho adulto, especie actualmente en peligro de extinción en el país. Con apenas 250 yaguaretés restantes en Argentina, este hallazgo renueva las esperanzas de conservación de este emblemático felino.
El yaguareté, que había sido avistado y fotografiado por cámaras trampa dentro de la reserva desde el año pasado, fue identificado gracias al análisis de su patrón de manchas, una característica única que permite distinguir a cada individuo de esta especie.
Tras confirmar que las imágenes recientes corresponden al mismo ejemplar visto anteriormente, la Administración de Parques Nacionales aprovechó este acontecimiento para lanzar una iniciativa participativa: la elección del nombre del yaguareté.

Cómo participar en la elección del nombre
La comunidad está invitada a votar por el nombre del yaguareté a través del sitio oficial del Ministerio del Interior, donde se presentan tres opciones reflejando la riqueza cultural y natural de la región:
    Tañhi wük (dueño del monte en idioma wichi)
    Hayaj (yaguareté en idioma wichi)
    Gualamba (gentilicio para identificar a quienes viven en la región chaqueña)
La votación, abierta hasta el 31 de mayo, es parte de una serie de actividades de educación ambiental y sensibilización dirigidas a las comunidades escolares rurales de Formosa y Chaco, zonas aledañas a la reserva.
El resultado será anunciado el 5 de junio, coincidiendo con el Día Mundial del Ambiente, en un esfuerzo por destacar la importancia de la conservación del yaguareté y entretejer la cultura local en la protección de la biodiversidad.

Conservación del yaguareté en Argentina
El yaguareté, también conocido como el mayor felino de América, enfrenta actualmente serias amenazas que ponen en riesgo su supervivencia. Históricamente distribuido desde el sur de los Estados Unidos hasta la Patagonia argentina, este emblemático felino hoy se encuentra principalmente en México y el norte de Argentina, ocupando solo entre un 15 a 20% de su rango original. La combinación de la pérdida y fragmentación de su hábitat, la caza furtiva y la disminución de sus presas han llevado a un alarmante descenso en sus poblaciones, estimándose actualmente que solo quedan cerca de 300 ejemplares en territorio argentino.
Esta dramática situación ha llevado a que el yaguareté sea catalogado a nivel nacional e internacional como una especie en peligro, lo que ha impulsado esfuerzos legislativos y conservacionistas para protegerlo. En particular, la legislación argentina lo ha declarado como Monumento Natural Nacional, prohibiendo su caza y comercialización en todo el país. Además, a nivel internacional, la IUCN lo considera “Cercano a la Amenaza” y está incluido en el Apéndice 1 de la convención CITES.
Uno de los esfuerzos más destacados por preservar a este felino es el Proyecto Yaguareté, que se enfoca en la conservación del hábitat, el rescate de ejemplares, la creación de conciencia y la gestión conjunta con direcciones de fauna silvestre locales. Este proyecto busca no solo salvaguardar al yaguareté sino también promover la conservación del ecosistema que habita, dado que el felino actúa como una “especie paraguas”: protegiéndolo, se protege toda la biodiversidad del área.
El yaguareté se caracteriza por su robusto tamaño, con machos que pesan alrededor de 80 kg y hembras 60 kg. Su aspecto es único, con un pelaje que varía de pardo-amarillento a blanca en su zona ventral, salpicado de rosetas negras. Aunque menos comunes, existen también ejemplares melánicos (con pelaje completamente negro) y albinos. La especie muestra una gran versatilidad en sus nombres vulgares, reflejo de la diversidad cultural de las regiones que habita: Yaguareté, Tigre, Yaguar, Uturunco, Nahuel, Overo, y otros.
Históricamente, el yaguareté se extendía por un vasto territorio. Sin embargo, cambios en el paisaje, principalmente la deforestación y el avance de la agricultura y ganadería, han fragmentado su hábitat, dejando a las poblaciones aisladas entre sí, lo cual complica su capacidad de sobrevivir y reproducirse. Esta fragmentación ha sido especialmente dañina en la Selva Paranaense, donde la población de yaguaretés se encuentra completamente aislada de otros grupos.
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Caza controlada de ciervos axis: de qué se trata la actividad qué los cazadores misioneros proponen como solución a la sobrepoblación de la especie

Fecha de Publicación: 10/05/2024
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones


Misiones registra un aumento significativo de ciervos axis en el territorio provincial, lo que genera preocupación por el impacto que podría tener en la biodiversidad. En este contexto, cazadores misioneros solicitan la habilitación de la caza de control para contener su expansión y explican de qué se trata esta práctica.
El Ministerio de Ecología lanzó un plan de relevamiento destinado a evaluar la distribución y el impacto del ciervo axis en el ecosistema local. Esta iniciativa responde a la creciente preocupación por los daños que esta especie invasora, introducida en Argentina desde Asia en el siglo pasado, está causando en al menos trece provincias del país.
El ciervo Axis, con su proliferación descontrolada, representa una seria amenaza para los ecosistemas locales, ya que daña la corteza de los árboles, erosiona el suelo y compite con las especies autóctonas y el ganado por recursos alimenticios. Ante esta problemática, el plan de manejo poblacional tiene como objetivo principal preservar la rica biodiversidad misionera mediante un enfoque integral.
En el marco de este plan, los cazadores deportivos solicitaron formalmente a Ecología una respuesta fundamentada sobre la posibilidad de habilitar la actividad cinegética de esta especie invasora. Lucas Ortega, integrante de la Asociación que nuclea a los cazadores deportivos, enfatizó la importancia de informar a la población sobre sus pedidos, destacando que su objetivo es el control de especies invasoras exóticas, no la recreación.
«En principio somos cazadores y en la provincia estamos pidiendo algo muy particular que es en forma exclusiva que es la caza de control que se refiere a el tratamiento de especies invasoras exóticas no nativas», explicó.
Y añadió que: «Nuestro pedido se circunscribe a la protección de la biodiversidad de la provincia, claro está que el ciervo axis se conjuga dos elementos porque es una especie invasora y segundo, tiene interés cinegético, porque es una presa de caza, pero al ser invasora se simplifica la cuestión», expresó Ortega quien remarcó que el ciervo axis representa una amenaza como especie invasora, lo que justifica la necesidad de controlar su población.
El abogado además destacó que su solicitud se basa en la experiencia de gestiones exitosas en otras jurisdicciones, como el Parque Nacional Iberá en Corrientes y el Parque Nacional El Palmar en Entre Ríos. Además, mencionó la importancia de aprender de la gestión de reservas en el sur argentino para proteger las especies autóctonas.
En cuanto a los métodos de control, Ortega subrayó que la caza es la única herramienta efectiva: «Es imposible otra alternativa, como en algún momento se habló de un santuario, por ejemplo, eso demandaría un gasto muy importante para la provincia y generaría un foco de infección que no es positivo», señaló.
Ante la falta de respuesta por parte del Ministerio de Ecología, Ortega destacó la necesidad de tomar medidas rápidas. «Hemos perdido un valioso tiempo porque ahora en la reunión de hace tres semanas, referencia también se arrancó con con el censo», lamentó.
Por otro lado abordó las preocupaciones sobre el financiamiento de las excursiones de caza, asegurando que cada cazador asumirá los costos. Además, enfatizó que la caza controlada no tiene como objetivo la recreación, sino la protección de la biodiversidad.
Asimismo destacó la importancia de educar a la población sobre la necesidad de controlar la población de ciervos axis y el compromiso de la Asociación de Cazadores Deportivos con la conservación del medio ambiente. En ese sentido reiteró la importancia de tomar medidas urgentes para abordar este problema y proteger la fauna autóctona de Misiones.
El debate en torno a la caza del ciervo axis generó polémica, especialmente en lo que respecta al financiamiento de las expediciones de caza y a las medidas posteriores a la caza. Los cazadores defienden su actividad como parte de una tradición arraigada en la identidad misionera, mientras que los detractores cuestionan su impacto en el medio ambiente y la falta de garantías sobre el control de la población de ciervos.
Ante estas controversias, es fundamental contar con información precisa sobre la distribución y el impacto de esta especie invasora, así como con un enfoque coordinado y transparente en la toma de decisiones. El relevamiento lanzado por el Ministerio es un primer paso hacia una gestión más efectiva de esta problemática, pero se requiere una mayor cooperación entre las autoridades, los cazadores deportivos y la comunidad en general para alcanzar una solución equilibrada y sostenible.
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Casi medio centenar de despidos en Acumar frenan el proceso de transformación del Riachuelo

Fecha de Publicación: 09/05/2024
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional - Riachuelo


Los mensajes enviados desde Recursos Humanos causaron indignación pero no sorpresa. Entre el personal ya habían recibido gran cantidad de intimaciones por supuestos incumplimientos en asistencias y horarios. Sobre esa base se concretaron despidos con causa, por lo que no habría indemnizaciones.
Con el modus operandi que caracteriza al mileísmo, el viernes a última hora llegaron casi medio centenar de despidos a trabajadores y trabajadoras de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR). En su mayoría, con contratos o pases a planta desde 2020 o con intimaciones a jubilarse por su edad. Este lunes hubo protesta y retención de tareas, con un paro convocado para mañana martes. El ajuste repercute sobre el proceso de saneamiento y políticas ambientales ordenado por la Justicia que en el último tiempo había tenido la grata noticia de la aparición de especies que no se veían hacía años.
Los mensajes enviados desde Recursos Humanos causaron indignación pero no sorpresa. Entre el personal de Acumar ya habían recibido gran cantidad de intimaciones por supuestos incumplimientos en asistencias y horarios. Sobre esa base se concretaron despidos con causa, por lo que no habría indemnizaciones.

Modus operandi
“El viernes a la noche, con el modus operandi que tienen, empezaron a llegar alrededor de 40 despidos y algunas sanciones como suspensiones por determinado tiempo. Pero ya antes de Pascuas empezaron a mandar intimaciones por incumplimientos laborales bastante truchos. Hubo 120 intimaciones en un comienzo, después otras 20 a compañeros ‘jubilables’, luego otras 90 y la semana pasada otro puñado. Las intimaciones eran por supuestas ausencias o cuestiones de horarios, se valieron del registro biométrico y cuando hay home office por ejemplo eso no está. O en áreas territoriales hay planillas remitidas a Recursos Humanos que luego no se cargaban, hay compañeras –sobre todo, mujeres- que estaban dos veces por semana en los barrios relevando población, haciendo tareas de contención, de acompañamiento en huertas, de apoyo escolar. Todo lo que es abordaje social previo y posterior a la relocalización de las familias”, describió un trabajador que fue intimado pero aún no recibió notificación de despido.
Los despidos, alertó, tienen que ver con la reestructuración orquestada por la nueva gestión, a cargo del abogado chaqueño Lucas Figueras, quien ya había pasado por la función pública de la mano de Cambiemos. “Hubo despidos en las áreas de salud –que se encarga del relevamiento sanitario de la población-, de adecuación ambiental, de laboratorio, que desaparece del organigrama con la reestructuración del nuevo presidente”, enumeró el empleado, poco después de la asamblea y el ruidazo realizados para visbilizar el conflicto desde el edificio de Esmeralda 255.

“Ahora peligra todo”
Acumar es el organismo público creado luego del fallo de la Corte Suprema de 2008 en la Causa Mendoza, que obligó al Estado (nacional, provincial y porteño) a avanzar en el saneamiento del río y sus afluentes. Se encarga de coordinar la política ambiental del curso de agua golpeado por largas décadas de contaminación industrial, cloacal y domiciliaria.
El proceso –largo e inconcluso- mostró avances en los últimos años. Lo saben quienes se acercaron al Riachuelo en el último tiempo. “Hemos tenido la posibilidad de navegarlo y no hay olor, se ve fauna y flora, el camino de sirga está avanzado. Antes de 2020 ya no había olor. Falta mucho por hacer, pero es una situación en la que se puede estar en el río. El año pasado hubo audiencia pública por un proyecto de navegabilidad y ahora va a quedar en stand by. Acumar trabaja mucho con cooperativas y se sabe que no les dan plata, eso también va a quedar a la buena de Dios”, describió otro trabajador que prefirió no dar su nombre, por razones obvias.
“La mitad de los trabajadores despedidos están todo el día en territorio. El 9 de abril el presidente tenía que ir al juzgado de Morón a dar un parte del estado de avance de la causa y planteó la restructuración. Quiere trasladar responsabilidades los municipios, algo que va en contra del fallo Mendoza”, advirtió.
Una de las mujeres despedidas llevaba más de una década en Acumar. “En lo que hace a lo que yo me ocupo, relocalización, las familias en situaciones malas de vida la han mejorado sobre todo a partir de 2021, cuando el Ministerio de Vivienda empezó a dar impulso y financiamiento a los municipios para que terminen las obras que estaban iniciadas y paradas. A partir de eso tuvimos mucha actividad y las obras se reactivaron, fue un período de mucho trabajo, cuando antes habían estado detenidas bastante, con el macrismo totalmente detenidas”, recordó.
Y lamentó: “En lo personal, me cortaron el deseo y el estímulo de laburo. Ahora peligra totalmente todo. Se pararon todas las obras. A las familias de la cuenca las va a afectar, porque siempre hay cosas para reparar en las viviendas entregadas y las cooperativas de trabajo no están cobrando. Nadie va a reparar nada”.
En marzo, el portal Letra P publicó que el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, tenían en la mira a Figueras por sus demoras para recortar el 45% del personal de Acumar. Finalmente, parece que puso la motosierra en marcha como le pedían.

“Maniobras fraudulentas”
“Este vaciamiento responde a la decisión política de retirar al Estado de tareas que son fundamentales. Es lamentable que acudan a maniobras fraudulentas para despedir personal”, escribió en redes sociales el ex titular de Acumar, Martín Sabbatella. “Nuestra experiencia de gestión en el organismo nos deja en claro que cada trabajador y cada trabajadora cumple con absoluta dignidad sus tareas para lograr cumplimentar el Plan Integral de Saneamiento Ambiental, ordenado por la Corte Suprema de Justicia –agregó- Son trabajadorxs que con sus tareas contribuyen a mejorar la calidad de vida de toda la población de la Cuenca Matanza Riachuelo, con compromiso y dedicación cumplen las misiones del organismo para lograr el saneamiento del río, prevenir futuros daños, y hacer de este territorio un lugar más habitable y con mejor calidad ambiental”.
“Desguazar ACUMAR también implica violar la Ley 26.168 que protege la Cuenca y reconoce a lxs vecinxs el derecho a vivir en un ambiente sano, como indica el artículo 41 de la Constitución Nacional. La motosierra de Milei nos demuestra una vez más que la variable de ajuste son los trabajadores. En ACUMAR no sobra ningún trabajador, ninguna trabajadora”, sostuvo.
Una de las respuestas que recibió Sabbatella fue de una de esas trabajadoras: “La mitad de mis compañeros está intimado por inasistencias injustificadas de forma fraudulenta. Son trabajadores que cumplieron día a día sus tareas. Sin embargo y haciendo una necesaria autocrítica, durante tu gestión hubo funcionarios que ni cargaron nuestros presentismos y nos dejaron a merced de esta nueva gestión que nos acusa y criminaliza tratándonos de ñoquis”.

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El estudio de impacto ambiental del Distrito Malargüe entró en una fase clave antes de llegar a la Legislatura

Fecha de Publicación: 09/05/2024
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza


El gobernador Alfredo Cornejo anunció que el frondoso estudio de impacto ambiental realizado en el perímetro de Distrito Minero Malargüe Occidental llegó a la Dirección de Minería. Luego, desembarcará en la Legislatura.
“Hemos presentado ante la Dirección de Minería el informe de impacto ambiental del Distrito Minero Malargüe Occidental, elaborado conforme a los más rigurosos estándares internacionales en exploración minera”, expresó Cornejo en las redes sociales desde el sur provincial.
Para el mandatario provincia, este estudio “marca un hito histórico para nuestra provincia, al ofrecer un análisis exhaustivo y detallado sin precedentes en esta actividad, elevando el nivel de estudio ambiental para proyectos futuros”.
“La profundidad y precisión que logramos incorporando información adicional a la exigida por la ley y abarcando todos los aspectos existentes, no sólo ha generado confianza dentro de la comunidad local, sino que también ha despertado un creciente interés entre los inversores para trabajar en Malargüe”, agregó el mandatario provincial.
En ese sentido, destacó que el objetivo del Poder Ejecutivo es “agilizar los procesos de exploración para impulsar la creación de empleo y fortalecer la economía local, manteniendo siempre el pleno cumplimiento de la normativa legal vigente”.

Qué es el Distrito Occidental Minero
Agrupará más de 200 permisos mineros para zonas que se distribuyen en un área de 20.000 kilómetros cuadrados y buscará una sola Declaración de Impacto Ambiental (DIA) legislativa porque se utilizará el mismo estudio de impacto ambiental como base.
Con los cambios en el Código de Procedimiento Minero se busca poner plazos o bien, que el Estado provincial recupere ese permiso y lo administre a través de la firma estatal Impulsa Mendoza.
Todo este proceso entusiasma al oficialismo porque podrán “limpiar” el catastro. “Vamos a tener, en serio, los proyectos o minas con un potencial serio, mensurado y demás”, le había dicho Jerónimo Shantal, funcionario a cargo del área de Minería, a Los Andes semanas atrás desde Canadá.
Así, se avanza con un estudio de impacto ambiental en esos 20.000 kilómetros cuadrados y esa es la llave que destraba todo el trámite legislativo. El expediente será uno solo que contendrá uno o más proyectos. Para tener una noción, Potasio Río Colorado era uno solo que contenía varios derechos mineros.

La factura al peronismo
Durante su recorrida por Malargüe, el gobernador Alfredo Cornejo habló de los recursos que corresponden al resarcimiento de la promoción industrial y aseguró que está buscando invertir en proyectos que tengan rentabilidad privada y generen repago, por lo que se seguirán explorando otras opciones. Afirmó que busca trabajar en conjunto con el sector privado y el intendente de Malargüe, Celso Jaque, en proyectos de desarrollo que sean viables y rentables.
Asimismo, recordó que la obra se cayó porque el ex presidente Alberto Fernández laudó contra Mendoza e impidió avanzar, dándole la razón a La Pampa en el Coirco. Cabe recordar que la provincia vecina exigió un estudio de impacto ambiental de toda la cuenca y su aprobación por unanimidad, “lo cual es una barbaridad, porque lleva cualquier cantidad de tiempo y La Pampa exige que las cinco provincias que componen este comité voten por unanimidad”, según explicó Cornejo.
“Portezuelo del Viento, como proyecto, no está cancelado”, disparó el Gobernador y aseguró que puede hacerse, pero no con estos fondos, como estaba previsto con anterioridad. Además, sumó a El Baqueano como proyecto que está listo para licitar.
El mandatario señaló que tanto los actores privados como públicos interesados en la obra sabían que no se podía hacer Portezuelo en estos momentos. “La única novedad y la única sorpresa que no se comunicó, y la verdad que pido disculpas, es la firma de la adenda, nada más que eso”, aseguró.
En la oportunidad, Cornejo también recordó que el Gobierno Provincial cuenta con casi el total del dinero de la obra, porque se inició un juicio por los perjuicios que le ocasionó a Mendoza la Promoción Industrial en la década del ‘90. “Este juicio no lo inició la Cámara de San Rafael, sino el gobierno de Arturo Lafalla en el ‘98, que era de otro signo político distinto al mío”, aseguró el mandatario y recordó que también fracasaron los dos amparos de San Rafael, tanto el del 2010 como el del 2014.
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Denuncia de “desastre ambiental” por derrame de hidrocarburos en el glaciar Perito Moreno

Fecha de Publicación: 08/05/2024
Fuente: Diario Crónica
Provincia/Región: Santa Cruz


El Glaciar Perito Moreno es uno de los grandes atractivos que posee nuestro país, fenómeno natural conformado por un frente de hielo que mide unos 5 kilómetros de ancho y 60 metros de alto, el que fue declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1981.
Pese a esa declaración y a los cuidados lógicos que demandarían del propio Gobierno nacional, el mes pasado se reportó un presunto derrame de hidrocarburos y aceites en las aguas del Lago Argentino-Brazo Rico, destacándose que si bien el incidente sucedió hace un mes, la noticia se conoció recién ahora tras un reclamo por la falta de controles por parte de las autoridades.
El hecho fue notificado el pasado 11 de abril, cuando los guardaparques del Parque Los Glaciares detectaron la presencia de dos manchas oscuras compatible con un derrame de hidrocarburos y aceites. Una de ellas se situó en el frente del glaciar, mientras que la segunda abarcó la costa del Puerto Bajo las Sombras que es utilizada por la empresa de turismo Hielo y Aventura. Frente a esto, los agentes labraron el acta correspondiente, la cual fue ingresada al sistema de Parques Nacionales de Argentina el pasado 18 de abril.
De esta manera, las autoridades dispusieron que una cuadrilla de agentes autorizados realizaran un recorrido para observar el estado en el que se encontraba el cuerpo de agua. Más tarde, el organismo de control corroboró la gravedad del asunto al señalar que la mancha también era visible desde las imágenes satelitales.
Ante la situación, se denuncia la ausencia de controles adecuados sobre las embarcaciones que circulan por el lago, señalándose que solo una empresa es la que cuenta con la concesión en el Parque Nacional Los Glaciares, para su circulación prestando servicio de traslado al turismo.
Mientras que seguramente la denuncia abrirá los controles e investigaciones pertinentes, se destaca que la mancha en forma de hilo que está frente al glaciar afectaría a las piedras, aves y plantas autóctonas, que son conocidas por ser altamente sensibles. Por este motivo, los expertos ambientales remarcaron que es vital contar con una rápida actuación ante situaciones de derrames de hidrocarburos, calificándose el hecho como “un verdadero desastre ambiental”.
En paralelo, la Asociación de guías de turismo de la provincia de Santa Cruz (AGUISAC) y la Asociación de Guías de Montaña de El Chaltén (AGMEC) enviaron un pedido de información de daño ambiental en el Lago Argentino a la administración de Parques Nacionales, con el objetivo de dimensionar los efectos que esta situación podría tener en el medio ambiente.
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Polémica en Chaco | Profesionales de Ingeniería Forestal del país piden al gobernador el veto de la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos

Fecha de Publicación: 08/05/2024
Fuente: Argentina Forestal
Provincia/Región: Nacional - Chaco


Ante el incumplimiento del Punto 4 Anexo I, Resolución 236/2012 del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), desde la Federación Argentina de Ingeniería Forestal (FAIF) solicitaron al Poder Ejecutivo de la Provincia del Chaco “el veto de la Ley 4005R, manifestando nuestra colaboración para el proceso de actualización”.
La Federación Argentina de Ingeniería Forestal (FAIF) –que nuclea a cinco colegios de profesionales del país- se puso a disposición del ejecutivo provincial para el asesoramiento técnico necesario que permita entender la gestión forestal sostenible y mejorar la gobernanza ambiental de la provincia.
Desde la Federación se apoyó el trabajo técnico-político que ha realizado oportunamente el Consejo Profesional de Ciencias Forestales de la Provincia de Chaco (CPCFCH), con respecto al Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia del Chaco y, también las advertencias planteadas en distintos ámbitos institucionales sobre las inconsistencias técnico-normativas con respecto a la actualización del OTBN que se analizó y aprobó en la Legislatura provincial el pasado lunes.
“La aprobada, la Ley 4005R no cumple con el principio de no regresividad ambiental al modificar, en un nivel menor de categoría de conservación, a cientos de miles de hectáreas de bosques nativos que pasan de la categoría II (Amarilla) a categoría III (Verde), quedando así habilitadas al cambio de uso de suelos (CUS) para actividades agropecuarias con sus consecuentes impactos en el territorio”, remarcaron desde la FAIF, en un comunicado en el que marcan su posición de rechazo a la norma aprobada.

Fortalecer el diálogo y fomentar la gestión sostenible
La ampliación de las áreas boscosas a la categoría de conservación III (verde) generan la reducción de las áreas boscosas susceptibles de manejo sostenible (industria forestal) y a perpetuidad, con la disminución consecuente de la provisión de servicios ecosistémicos, para su goce, no solo para los chaqueños, sino también para toda la sociedad, entienden los profesionales nucleados en la FAIF.
“Los bosques recategorizados a un nivel inferior de conservación (verde), se asientan sobre un sistema de corredores biológicos regionales que dan conectividad a las distintas áreas protegidas para la conservación de flora y fauna, dónde la conectividad forestal es imprescindible. También, junto con la actividad forestal (industria forestal), estos bosques sostienen producciones asociadas como la ganadería y apicultura que son muy importantes en la economía de la región”, explican en el comunicado.
De esta manera, remarcaron la necesidad de mejorar la gestión forestal sostenible, garantizando la gobernanza ambiental en esos territorios. “En este sentido, reivindicamos la necesidad de fortalecer el diálogo institucional, destacando la buena predisposición colaborativa de nuestros colegas chaqueños, para abordar de manera mancomunada los diferentes aspectos que merecen resolución asertiva en la actualidad, que se ha evidenciado en la Mesa Técnica de la Unidad Ejecutora provincial durante el año 2021”, agregaron.
Por otra parte, ante el incumplimiento del Punto 4 Anexo I, Resolución 236/2012 del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), solicitaron al Poder Ejecutivo de la Provincia del Chaco “el veto de la Ley 4005R, manifestando nuestra colaboración para el proceso de actualización”.
Es necesario frenar la deforestación y poner en valor a los bosques nativos de Argentina, pues en ellos está la garantía de salvaguarda a futuro de nuestras comunidades. Para esto, es necesario tomar medidas técnico-políticas eficaces, donde los ingenieros forestales tienen un rol muy importante por su formación para la gestión forestal sostenible”, remarcaron.
Por otro lado, consideraron que “es necesario debatir y consensuar una visión forestal con los distintos actores institucionales y territoriales, que posibiliten avanzar y mejorar la formulación e implementación de una política forestal de Estado para los próximos años en provincia de Chaco y las provincias que comparten territorialmente el ecosistema forestal nativo del Parque Chaqueño. La FAIF y CPCFCH están comprometidos con la gobernanza forestal sostenible para garantizar el desarrollo del Parque Chaqueño”, concluyeron.
La federación está conformada por el Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones, el Colegio de Graduados en Ciencias Forestales de Santiago del Estero; la Asociación de Ingenieros Forestales de Chubut,; el Consejo Profesional de Ciencias Forestales del Chaco; y el Colegio de Ingenieros Forestales de Formosa.
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Parques Nacionales: Monsanto al gobierno, los privados al poder

Fecha de Publicación: 07/05/2024
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional


El gobierno nombró al frente de Conservación de Áreas Protegidas a Leonardo Sarquis, ex CEO de la empresa de agroquímicos. Recortes y ataques a un sector clave para el patrimonio del país.
Los antecedentes de Leonardo Sarquis –primero como gerente del gigante Monsanto y luego como ministro de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires durante la gestión de María Eugenia Vidal– no parecen ser los mejores argumentos para justificar su desembarco como director de Conservación de Áreas Protegidas de la Administración de Parques Nacionales (APN). O sí. “Su designación guarda lógica con el pensamiento nefasto del actual gobierno nacional, pero no deja de sorprender tanta irracionalidad institucional”, se queja el abogado ambientalista Fernando Cabaleiro. Enseguida aporta la explicación: “Sarquis fue el ideólogo de la Resolución del Veneno, que autorizó las fumigaciones con agrotóxicos a cero metros de las viviendas, las escuelas rurales, los ríos y lagunas. Y también, aunque parezca increíble, de las reservas naturales. Por eso decimos que pusieron al lobo a cuidar a las ovejas”.
Publicada en el Boletín Oficial del 17 de diciembre de 2018, la Resolución N° 246-MAGP-18 firmada por el entonces ministro Sarquis habilitaba a partir del 1° de enero de 2019 la aplicación de fitosanitarios “en los lotes contiguos al área urbana, zona residencial extraurbana, área de población dispersa, márgenes de cursos o cuerpos de agua, zonas de bombeo, establecimientos educativos, áreas de esparcimiento y reservas naturales que comprenderán la zona de amortiguamiento”.
En febrero de 2019, luego del repudio unánime de las asambleas de vecinos y organizaciones sociales y ambientalistas, el gobierno de Vidal decidió suspender la resolución por un año. Desde entonces (y ya con Axel Kicillof en funciones) las prórrogas de la suspensión se sucedieron, evidenciando la nula voluntad política de derogarla.
“Sarquis es un lobbysta activo del agronegocio, que opera alternando las consultorías privadas y los cargos públicos, promoviendo y consolidando el modelo agroindustrial ecocida. Un genuino caso de puertas giratorias”, lo describe Cabaleiro en Naturaleza.ar, y agrega que “exhibe con auto-exaltaciones su paso como CEO de Monsanto, una empresa atravesada por el daño ambiental ocasionado a través de su paquete tecnológico para su uso en la agricultura, que comprende la utilización de los Organismos Genéticamente Modificados (OGM) asociados con agrotóxicos, principalmente el herbicida cancerígeno glifosato”.
Si bien se espera por un anuncio oficial, desde hace unos días Sarquis se pasea por las oficinas de Parques Nacionales. “Con la asunción del nuevo gobierno –explica una fuente– hay un caos total en el sistema de cargos de los organismos públicos. En el caso de Parques Nacionales se sabe que lo quieren desmantelar y por eso hay direcciones que todavía no tienen nombramientos. Pero mientras tanto se necesita que sigan funcionando operativamente, que alguien firme y por eso lo trajeron a Sarquis”.

Sin protección
En junio de 2022, la por entonces candidata a vicepresidente por La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, fue la única diputada que votó en contra de la creación de nuevos Parques Nacionales. “Estoy a favor de proteger nuestros recursos, flora y fauna pero NO lo estoy para crear zonas donde el Estado NO ejerce la soberanía, NO protege ni avala a los guardaparques y fortalece cajas”, justificó luego en sus redes sociales. Sin darse cuenta sembró las primeras pistas de lo que sería una política de Estado en su gobierno: el desinterés por la preservación de nuestros recursos naturales.
De acuerdo a los cálculos de los propios trabajadores de Parques Nacionales, la intención de las nuevas autoridades es llegar a diciembre de 2024 con un recorte del 50% del personal. La motosierra ya se había prendido a fines de marzo, cuando no se le renovaron contratos a unos 80 trabajadores entre profesionales, técnicos y administrativos. El Parque Nacional Lanín, en Neuquén, fue el que sufrió las mayores bajas, lo que motivó una serie de protestas sobre la Ruta Nacional 40, a la altura de San Martín de Los Andes.
Argentina tiene 55 áreas protegidas que resguardan el patrimonio natural y cultural del país. La conservación hoy está en peligro. También son una fuente turística, aunque el gobierno no se muestra preocupado por promover las visitas: el lunes 13 de mayo las entradas a los Parques Nacionales aumentarán un 400 por ciento.
«Iniciaremos una auditoría que revele a todos los argentinos en qué estado encontramos los parques en aspectos ambientales, sociales, económicos, el desarrollo turístico y la relación con las comunidades originarias», prometió Cristian Larsen al asumir como presidente de la APN hace un mes atrás. Al igual que con las universidades, la excusa de las «auditorías» para tapar el ajuste. Para cumplir con el propósito encomendado por Javier Milei, Larsen debió pedir licencia como miembro del directorio de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado (RTA) en representación del PRO.
Pero la designación de Larsen causó rechazo entre los trabajadores de la Televisión Pública por considerarlo “el brazo ejecutor de las políticas de Hernán Lombardi de rebaja salarial, violación de convenios y censura en TVP y Radio Nacional durante el macrismo”. Además, señalaron que “cuando ostentó el cargo de auditor interno entre 2017 y 2019 se denunciaron numerosas irregularidades que deben ser investigadas”. Sobre su rol de auditor interno de RTA, la Oficina Anticorrupción “dio cuenta de irregularidades», como fue «una activa intervención en diferentes asuntos de la gestión de dicha empresa estatal, sobre los cuales no poseía atribuciones de gestión sino de control interno, por lo que hipotéticamente habría quedado en posición de tener que controlar su propia actuación”. La “mancha” en el legajo de Larsen (un apellido que curiosamente portan decenas de trabajadores de Parques Nacionales) no alcanzó a convencerlo de bajar el perfil. En sus redes sociales se lo ve posando con el presidente y su hermana Karina, celebrando el cambio de nombre del Centro Cultural Kirchner o militando el cierre de la agencia Télam.  «
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