Afirman que no habrá más áreas para desmonte que las ya previstas

Fecha de Publicación: 25/04/2022
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Ambientalistas, organizaciones sociales e indígenas se manifestaron fuera de la casa de Gobierno de Salta.
La provincia comprometió el "principio de no regresividad", lo cual implicaría no extender las superficies de desmontes más allá de las actualmente previstas. Así lo indicó el equipo técnico a cargo de la actualización del  mapa de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OBTN), que analizó ayer en reunión el Consejo Asesor conformado para tal fin.
En las afueras de la Casa de Gobierno, donde se había realizado el encuentro, ambientalistas, organizaciones sociales, de derechos humanos, y referentes de comunidades originarias, se manifestaron bajo el lema "Basta de Desmontes", con la intención de alertar a la población sobre posibles maniobras que signifiquen un avance en la deforestación.
La advertencia tiene su origen en lo que aconteció entre 2009 y 2010 cuando pese a que se había acordado un mapa de OTBN con un poco más de 600 mil hectáreas a desmontar, se aprobó por imperio de decisión del gobierno a cargo de Juan Manuel Urtubey otra cartografía que le sumó un millón más de hectáreas en verde. Este color define los lugares donde se puede desmontar, mientras que el amarillo y el rojo indican por donde no deben pasar las topadoras.
La otra desavenencia sobre la guía que debían seguir las topadoras fueron dos decretos de 2011, las cuales permitieron que zonas amarillas y rojas pasen a ser verdes, y que fueron luego desmontadas.
"En 2017 Salta fue la provincia con la tasa de deforestación más alta del mundo", dijo Cristian Venencia, ingeniero en Recursos Naturales y Medio Ambiente y becario doctoral de la iniciativa Land Matrix, quien participó de la manifestación que se realizó fuera de la reunión. El antecedente, dijo, refiere a un estudio que se conoció en aquel año, y en el cual investigadores de la provincia hicieron un análisis de los desmontes realizados entre 2004 y 2014.
Venencia añadió que el mapa está desactualizado desde 2014, cuando la provincia presentó una cartografía en la que pretendía, a su entender, "blanquear" los desmontes ilegales. Aunque la ley dispone que la cartografía debe actualizarse cada 5 años, el nuevo mapa de ordenamiento está suspendido hasta ahora. Esto a su vez pone en peligro la llegada de los fondos para la conservación de los bosques nativos establecida por la ley nacional.
El becario doctoral entendió que debería aplicarse la necesidad de no retroceder en la cuestión ambiental y de conservación al momento de definir las áreas de desmonte. "El amarillo y el rojo del OTBN deberían mantenerse, y no ir para atrás o aumentar las hectáreas a desmontar", sostuvo. Un principio que, según las consideraciones realizadas ayer, se prevé cumplir.
Las sospechas de Venencia tienen su base en que los pedidos que se vienen manifestando por parte de grandes empresarios agrícolas (que no participaron de esta reunión). La intención del sector es extender las superficies a desmontar para, según sus argumentos, generar "un área de desarrollo para salir de la pobreza". Al referir a este presunto fin que implica deforestaciones, Venencia recordó que los desmontes no mejoraron las condiciones de vida en los pueblos y ciudades cercanas a estas grandes empresas.
Asimismo, observó la necesidad de contar con controles efectivos cuando se habla del Manejo de Bosques con Ganadería Integrada (MBGI), que es uno de los ejes en los que se hace hincapie para trabajar. "En la práctica se está haciendo muy poco", afirmó al indicar que estos proyectos deben ser controlados para que no se conviertan luego en un desmonte extensivo.
Mencionó como otro punto fundamental la disputa por la tierra, en tanto en el Chaco salteño (la región en la que coexisten los bosques con el desmonte) persisten los conflictos por la tenencia de los territorios entre comunidades indígenas, criollas y titulares registrales. En este punto, sostuvo que el MBGI podría funcionar entre las comunidades originarias dado que son las que viven en el lugar y precisan contar con acciones que permitan su arraigo. Y es que el desmonte no solo implicó el exterminio de los bosques, sino también la expulsión de integrantes de estas  comunidades de sus lugares de origen.
"Hay que evitar que se siga avanzando con los desmontes porque con ellos también se generó extrema pobreza y muertes por desnutrición que se ven a causa de la menor posibilidad de las comunidades de susbsistir en el bosque", afirmó Venencia.

Sin mapa actualizado hace más de una década
El ministro de la Producción y Desarrollo Sustentable de Salta, Martín de los Ríos, y el secretario de Ambiente, Alejandro Aldázabal, encabezaron ayer la reunión del Consejo Asesor de Revisión de OTBN, luego del traspié de la renuncia del presidente de este Consejo, Carlos Trucco, en septiembre pasado.
“Tenemos una obligación legal de actualizar el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de esta forma: abierta, absolutamente transparente y participativa” sostuvo De los Ríos y agregó: “este proceso y continuidad de trabajo técnico tiene que confluir en un resultado virtuoso producto de la opinión, conocimiento, participación, responsabilidad y sustento técnico de todos los que estamos trabajando".
En la primera parte del encuentro se expuso lo actuado hasta el momento, incluyendo las reuniones del Consejo y los talleres informativos realizados con comunidades originarias, pequeños productores y comunidades criollas, que se llevaron a cabo desde el inicio del proceso, en 2021, en los distintos municipios y localidades con bosque.
Los técnicos a cargo explicaron las falencias del mapa de 2009 y la necesidad de elaborar una nueva cartografía teniendo como primer mandato, en todos los sentidos, el principio de no regresividad. En la misma línea presentaron la metodología participativa, inclusiva y vinculante, de la cual saldrá un nuevo mapa de OTBN.
Durante la tarde, organizados en grupos, los presentes trabajaron con la aplicación del método Q, herramienta utilizada para agrupar percepciones y relevarlas.
Se invitó a 120 organizaciones. Participaron representantes de Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (SAFICI), la Universidad Nacional de Salta, la fundación Hombre y Hábitat, la Defensoría del Pueblo de la Nación, integrantes de los pueblos Kolla, Diaguita, Wichí, Lule, Wichí y Iogys; el Instituto IDEAS, la Universidad Católica de Salta, Asociana, Proyungas, Redes Chaco, la Asociación Ragone, la Fundación Cebil, la Fundación RE Verdecer, represenantes del Instituto Provinicial de Pueblos Indígenas (IPPIS) de los pueblos Chané, Wichi, Tapiete, Toba (Qom), la Fundación Vida Silvestre y la diputada provincial Sofía Sierra.

El sector productivo, ausente
Uno de los visibles ausentes en la reunión fue el sector de los grandes productores. Al ser consultada, desde la Secretaría de Ambiente se afirmó que las invitaciones habían sido cursadas el 29 de marzo pasado, y se les recordó la convocatoria el domingo último. Sin embargo, se desconocían las razones de esta ausencia.
Mientras, se prevé que el proceso participativo implique un acuerdo entre todos los actores involucrados para determinar las superficies que podrían desmontarse. Incluso no se descarta una reubicación de zonas verdes, amarillas y rojas. Pero el principio fundamental es no extender más hectáreas para el desmonte, sino ir en sentido contrario, se insistió.
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Causa UPM Botnia: el juez Viri dispuso una audiencia pública para el próximo 16 de junio

Fecha de Publicación: 25/04/2022
Fuente: Diario El Argentino
Provincia/Región: Entre Ríos - Nacional


El juez Federal de Primera Instancia de Gualeguaychú e Islas del Ibicuy, a cargo del juez Hernán Viri, dispuso una audiencia pública para el 16 de junio, que se celebrará en el Centro de Convenciones del predio de la antigua estación ferroviaria, para abordar la aletargada causa ambiental contra la contaminante pastera UPM (ex Botnia), que además su presencia genera un conflicto social sin precedentes en la historia de Argentina y la República Oriental del Uruguay.
A esta audiencia, el juez convocó a participar miembros de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), al gobernador Gustavo Bordet, al Intendente Eteban Martín Piaggio, al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Nación, Juan Cabandié, al embajador de Uruguay y al presidente de UPM (ex Botnia), entre otras personas con responsabilidad en este conflicto ambiental y social, informó el portal de R2820Radio que dirige la periodista Paola Robles.
En febrero de 2006 el entonces gobernador de Entre Ríos, Jorge Pedro Busti (ya fallecido), se presentó ante el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay para denunciar a los empresarios dueños de las pasteras que comenzaban a construirse en la localidad de Fray Bentos (República Oriental del Uruguay) por tentativa de contaminación. En ese entonces se hablaba de “tentativa” porque la pastera no había sido inaugurada: hoy hay que hablar de hechos consumados y de una reiterada contaminación a escala de ecocidio.
Lo cierto es que esa fue la única investigación judicial en los tribunales argentinos en materia ambiental vinculada a este conflicto, y que acumuló varias fojas y se mezcló entre otros expedientes, aguardando respuesta a las solicitudes enviadas tanto a la CARU como a la República Oriental del Uruguay.
Los empresarios jamás declararon, las sucesivas autoridades de la CARU nunca brindaron una información en tiempo y forma ni tampoco la solicitada en el marco de la investigación judicial, nadie tuvo la suficiente voluntad para que la causa avanzara.
Días previos a una nueva convocatoria de la Asamblea Ciudadana Ambiental al Puente Internacional 2General San Martín” para un nuevo “Abrazo al Río Uruguay”, el juez federal Hernán Viri convocó a una audiencia pública informativa, para el 16 de junio a las 11, en el Centro de Convenciones ubicado en el Parque de la Estación, informó el portal R2820Radio.
Para dicha audiencia se convocó además de las autoridades de la CARU, de la provincia y de la empresa, a representantes de la Asamblea Ciudadana Ambiental Gualeguaychú y al comisario (Químico) Alberto Raúl Candia del Departamento Unidad Federal de Investigaciones en Materia Ambiental de la Policía Federal Argentina, quien ha sido el encargado de realizar las pericias encomendadas por el juez Viri.

Falta de colaboración
A fines de febrero, el juez federal Hernán Viri dialogó con R2820Radio sobre el estado de la causa que llegó a sus manos durante fines de marzo de 2021: “Tengo intención de mantener una reunión con el canciller, ya que la realidad es que la CARU no responde, Uruguay tampoco. Lo que tiene aletargada la causa es lo que necesito que me respondan desde Uruguay y desde la CARU, sigo reclamando a través de la Cancillería que me den respuesta”, admitió el juez en ese entonces; mientras por esos días (concretamente el 25 de febrero de 2022) el intendente Piaggio se reunió con funcionarios de la CARU “para analizar la situación del río Uruguay”. A menos de diez cuadras, el Juzgado Federal aguardaba información específica del organismo binacional para avanzar en la investigación que lleva más de 15 años esperando una resolución. La información que circuló en torno a aquella reunión -luego que se cancelara la conferencia de prensa prevista para los medios locales- fue una gacetilla que reafirmó “el compromiso ambiental de la gestión”, divulgó algunas de las preguntas que se le hicieron a la CARU sin mencionar la causa judicial y un subsidio para que la Asamblea Ciudadana reconstruyera el refugio de Arroyo Verde luego del último incendio.

Las medidas de Viri
“El pedido tiene que ver con el resultado de declaraciones que ordené que se tomen en Uruguay, informes técnicos en cuanto a Botnia, ver si se está cumpliendo con el fallo de la Corte de la Haya, mediciones, etcétera”, enumeró Viri.
En otro tramo de la entrevista, el juez federal reconoció que “la causa tiene alrededor de 15 años. Como miembro del Poder Judicial considero una vergüenza que una causa lleve tanto tiempo abierta sin una definición. No se puede continuar con esta incertidumbre”, advirtió.
“Hasta ahora las pericias de tierra y agua del lado argentino no arrojaron una contaminación directa por parte de Botnia”, reconoció Viri a la vez que explicó que las Fuerzas de Seguridad encargadas de realizar las pericias fueron “Prefectura y Policía Federal, divisiones con mayor especialidad y tecnología para este tema. Pero no se puede avanzar más allá del punto que establece el límite de mi jurisdicción en el río”. En aquella oportunidad aún faltaban los resultados de las pericias correspondientes al aire.
Es oportuno recordar que para la propia cancillería argentina se violan como mínimo los siguientes parámetros:
1) La temperatura de los efluentes.
2) Presencia de fenoles en el efluente.
3) Presencia de fósforo en el efluente.
4) Presencia de níquel y cromo en el efluente.
5) Presencia de endosulfán (que está prohibido su uso en el Uruguay) en el efluente y en los pluviales.
6) Además de exceso de sólidos disueltos en el efluente.
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Ambiente y la SIGEN aprobaron el informe del reporte de resultados de la primera etapa del índice de sostenibilidad

Fecha de Publicación: 25/04/2022
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Provincia/Región: Nacional


Se trata de una herramienta de diagnóstico, evaluación y seguimiento cuyo propósito es analizar y medir la adopción de medidas sostenibles en el sector público nacional.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, junto a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) aprobaron, a través de la Resolución Conjunta 1/2022, el Informe Ejecutivo Reporte de Resultados Etapa N° 1 - ISSos (índice de seguimiento y sostenibilidad) de la Unidad de Auditoría Interna (UAI) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
La UAI de la cartera ambiental diseñó el ISSos, una herramienta de diagnóstico, evaluación y seguimiento de medidas sustentables en la administración pública. La misma contempla cuatro etapas: relevamiento y conformación de la línea de base; identificación de compromisos y mejoras; seguimiento y monitoreo; y retroalimentación.
En esta primera instancia se evaluaron datos generales de los edificios y de las prácticas de consumo como la gestión de la energía, agua y residuos; la racionalización del uso del papel e implementación del expediente electrónico; mantenimiento, orden y limpieza; compras públicas sostenibles; higiene y seguridad; accesibilidad; movilidad sostenible y teletrabajo; superficie y espacios verdes; capacitación, concientización y difusión.
La implementación de esta iniciativa permitirá integrar los resultados de todos los organismos del Estado al proceso de evaluación con el objetivo de generar una línea de base a nivel nacional sobre sostenibilidad. De esa manera, se podrán visualizar las mejoras adoptadas por cada organización y llevar a cabo el seguimiento y monitoreo para contrastar las mediciones iniciales del conjunto de actores de la Administración Pública Nacional y los resultados obtenidos en el transcurso de acciones, para llegar a la etapa de sostenibilidad en crecimiento e integración. Las evaluaciones son implementadas por la SIGEN a través de las UAIs.
En marzo de este año se dieron a conocer los resultados del trabajo conjunto de evaluación, gestionado a través de las unidades de auditoría internas de diversos organismos, que toma como referencia los edificios más representativos de los organismos públicos a nivel federal. Como conclusión, considerando que el ISSos posee una escala de evaluación que puede variar de 0 a 5, del total de los organismos que participaron de la evaluación se obtuvo una valoración media de 2.6, verificando la necesidad de una mayor adhesión de las instituciones a las acciones de sostenibilidad, que representan grandes oportunidades de mejoras de la administración para que se pueda lograr un rango deseable superior de puntuación.
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En el Día de la Tierra, reclamaron políticas ambientales “amigables”

Fecha de Publicación: 23/04/2022
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional


Activistas ecologistas y organizaciones sociales pidieron, entre otros, por la sanción de la Ley de Protección de los Humedales.
Organizaciones sociales, ambientales y políticas participaron ayer de la Marcha Global por el Clima que, en conmemoración por el Día de la Tierra, reclamó por políticas públicas que fomenten acciones amigables con el planeta y por el cambio de modelos de desarrollo y producción, con el objetivo de disminuir el impacto del cambio climático.
En Argentina, la convocatoria se desarrolló a partir de las 17 con epicentro en una marcha que irá desde Plaza de Mayo hacia el Congreso Nacional y que tuvo como eje el reclamo de la urgente sanción de una Ley de Protección de los Humedales, entre otras demandas.
“Salimos a las calles para seguir luchando por ese mundo que creemos posible. Un mundo con justicia socioambiental, climática, de género y racial. Un mundo donde quepan todos los mundos”, señaló la organización Climate Save Argentina a través de sus redes sociales.
En este sentido, la organización ambientalista convocó a participar de la marcha en reclamo de una Ley de Humedales, acciones integrales para el fomento de la producción agroecológica para la soberanía alimentaria y un plan para la transición energética ya que –advierten– el 53% de las emisiones de gases de efecto invernadero que se producen en Argentina corresponden a la generación de energía.
También Amnistía Nacional Argentina estará apoyando “las movilizaciones de las y los defensores del ambiente en todo el país y exigiendo Ley de Humedales ya”, con una convocatoria a concentrarse a partir de las 17:30 en la explanada del Teatro Colón para desde allí sumarse a la marcha prevista al Congreso.
En tanto, la organización Change.org en la Argentina irá a la movilización con un stand que instalará frente al Congreso Nacional, desde donde dará visibilidad a los principales reclamos creados en su plataforma vinculados con la defensa del medio ambiente, con eje en la demanda de la sanción de una Ley de Humedales (Change.org/PorLosHumedales), que reúne ya más de 720 mil firmas.
Además, la Secretaría de Ambiente de la Ciudad celebró el Día de la Tierra con la plantación de veinte ejemplares de talas y molles en la Reserva Ecológica Lago Lugano. Con esta acción, marcó el inicio de la “Semana de la Tierra” durante la que se llevarán a cabo plantaciones de árboles nativos en todas las Comunas. El objetivo es plantar ochocientos ejemplares en toda la Ciudad.
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Catamarca: multados por dañar una reserva natural

Fecha de Publicación: 23/04/2022
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Catamarca


Cuatro turistas deberán pagar una multa de aproximadamente 650.000 pesos, cada uno, por haber provocado daños con sus cuatriciclos en el área natural protegida Campo de Piedra Pómez, que se encuentra en el departamento Antofagasta de la Sierra, al noroeste de Catamarca, lo que podría demandar entre 30 y 40 años para la recuperación del patrimonio natural.
“El martes pasado unos turistas recorrieron nuestra zona de la puna catamarqueña e infringieron la Ley 5.070 que regula la creación y manejo de las áreas protegidas en nuestra provincia”, aseguró el jefe de la División de Guardaparques de Catamarca, Wilson Solohaga.
Solohaga explicó que estas personas “se salieron de la ruta habilitada para el turismo y dañaron el patrimonio natural de la zona que va a tardar muchísimos años en recuperarse naturalmente, entre 30 y 40 años para que el accionar del ambiente pueda restaurar ese lugar”. El funcionario precisó que la zona tiene cartelería instalada y está señalizado que “está prohibido ingresar a la zona de volcanes”.
Solohaga explicó, en diálogo con el canal TN, que lo que se dañó es la ladera del volcán, por "las huellas que dejaron los cuatriciclos al treparse, porque es una superficie con una capa muy fina de color negro y con solo caminarlo se daña”.
Según el guardaparque, hay cuatro personas identificadas que asumieron la responsabilidad y “pidieron disculpas, pero un daño ocasionado dentro de un área protegida se tiene que pagar con una multa severa”.
“No respetaron la señalización. Se ofrecieron a venir con rastrillos y solucionar la macana que se mandaron, pero es imposible arreglarlo. Lo que provocaron es inadmisible”, advirtió Carlos Barrionuevo, director de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas de la provincia.
De acuerdo con el artículo 54 de la Ley 5.070, cada turista deberá pagar el monto equivalente a 5.000 litros de combustible al valor actual, que alcanzaría aproximadamente a $650.000 por persona.
El área protegida campo tiene más de 5.000 formaciones rocosas concentradas en un área de 25 kilómetros de largo y un mar de piedras pómez que parecen olas petrificadas.
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Hidrógeno Verde en Río Negro: se aprobó el proyecto por unanimidad

Fecha de Publicación: 23/04/2022
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro


También se votaron 10 proyectos más en la Legislatura de Río Negro que impactarán sobre los servicios de justicia, salud y acceso a la vivienda en la provincia.
La Legislatura de Río Negro aprobó pasada las 15 horas, el proyecto de la firma Fortescue para la instalación de una planta de hidrógeno verde y la zona Franca para Sierra Grande. Fue durante la sesión de este miércoles donde hubo movilizaciones en apoyo por parte de la Uocra y de las Comunidades Indígenas.
La votación fue unánime para el proyecto privado de Fortescue para la producción de Hidrógeno Verde. De esta forma, se avalará inicialmente el proceso licitatorio para el uso de tierras fiscales por parte del grupo australiano inversor.
Con dos ejes centrales, se concentró en el tratamiento de las condiciones establecidas por Río Negro en el llamado a licitación pública para concesionar el uso de tierra fiscales a Fortescue con el objetivo de la producción de Hidrógeno Verde. Esa concesión, que llegaría a las 625.000 hectáreas, está orientada al emplazamiento de parques eólicos y las construcciones del proyecto, cuya inversión final se estimó originalmente en 8.400 millones de dólares.
El segundo eje se relaciona con la zona Franca para Sierra Grande, empezando con la conformación del Ente de Promoción, exigido por la legislación nacional.
Durante el plenario de ayer, el presidente del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (CODECI), Nehuén Maico Loncoman insistió con las críticas por la entrega de tierras y la falta de consulta previa.
En tanto, la gobernadora Arabela Carreras respondió a esas demandas de comunidades mapuches y del INAI. Dijo hoy en Bariloche que después del proyecto general que se apruebe hoy, habrá propuestas puntuales que cumplirán con audiencias públicas y estudios ambientales.
Por otra parte, la Legislatura de Río Negro sancionó hoy diez leyes. Según informaron impactarán sobre los servicios de justicia, salud y acceso a la vivienda. «Los municipios del Alto Valle contarán con nuevas infraestructura. Una de las iniciativas le permite al Poder Ejecutivo transferir inmuebles a la localidad de Cinco Saltos; y otras que declaran de utilidad pública a terrenos ubicados en Contralmirante Cordero y Campo Grande, a fin de generar allí lotes sociales», detallaron mediante un comunicado.
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Ambientalistas pidieron a la Justicia una medida cautelar para evitar el desmonte en la Ribera de Hudson

Fecha de Publicación: 23/04/2022
Fuente: Perspectiva Sur
Provincia/Región: Buenos Aires


El Foro Regional en Defensa del Río de la Plata, la Salud y el Medio Ambiente hizo una nueva presentación judicial reclamando la urgente intervención de la Justicia para paralizar la depredación y desmonte en el country Puerto Nizuc, en la Ribera de Hudson.
“Ante la incesante depredación del bosque ribereño que se está produciendo en Puerto Nizuc, y la vulneración de todos los plazos razonables para obtener una respuesta, el Foro Regional en Defensa del Río de la Plata, la Salud y el Medio Ambiente se ha presentado ante la Cámara de Apelaciones de La Plata denunciando la continuación de la actividad antrópica de depredación, tala y desmonte durante este año,  como así también la concreta destrucción y/o extinción del Bosque Ribereño y sus humedales en Hudson”, se informó.
El escrito deja asentado que “las denuncias realizadas no han surtido efectos y que las obras continúan cada vez con mayor agresividad hacia el bien colectivo del ambiente. Es decir que mientras esperamos un pronunciamiento de la Cámara Contenciosa Administrativa se continúa con las tareas de desmonte, movimiento de suelo y depredación en zonas protegidas, categoría amarilla y roja, por el la Ley provincial de ordenamiento territorial”.
“Atentos a que en materia ambiente debe imperar el principio preventivo y que si el tiempo continúa corriendo ya no habrá nada que proteger es que solicitamos al órgano se expida a la mayor brevedad. Se trata de una medida precautoria fundamental para hacer efectivo el principio de prevención y precautorio, previsto en la Ley General del Ambiente 25675, indispensable para evitar la profundización del daño ambiental ya producido en la zona, a consecuencia de la tala y desmonte indiscriminados”.
Basado en estos y otros argumentos es que reclamamos que se disponga urgente una protección cautelar ordenándose la suspensión de las acciones que lleva a cabo la empresa. A los jueces les solicitamos rapidez para que hagan Justicia, a la sociedad les pedimos que nos acompañen en este reclamo porque ya no hay más tiempo”, añadieron los ambientalistas berazateguenses.
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22A, Día de la Tierra: las juventudes vuelven a salir a las calles para reclamar medidas contra el cambio climático

Fecha de Publicación: 22/04/2022
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


Reclaman Ley de humedales, plan integral para la transición energética, y fomento de la agroecología "para la soberanía alimentaria".  "El Congreso no trabaja con urgencia y seriedad esta agenda", cuestionan las ONG convocantes.
El movimiento juvenil que advierte de las severas consecuencias del cambio climático y exige políticas públicas para mitigarlas regresa a las calles. Este viernes, Día de la Tierra, habrá una movilización desde Plaza de Mayo hasta el Congreso (17.30), y otras en Neuquén, Córdoba, Salta, Santiago del Estero, Mendoza, Tucumán, Santa Fe y provincia de Buenos Aires (La Plata). "Es en el marco de la manifestación internacional convocada por Fridays for Future, que fue el mes pasado, el 25 de marzo. Quedaba muy cerca del Día de la Memoria. Quisimos respetar esa fecha histórica, el 24, para que tenga el lugar que ocupa para todos los ciudadanos. Y decidimos movilizarnos en una más que importante para concientizarnos y exigir a los gobernantes que actúen de manera urgente", dice a Página/12 Cruz Ruax, integrante de Sustentabilidad sin Fronteras, una de las organizaciones convocantes.

Cuáles son los reclamos de les jóvenes
"Esta movilización es política pero apartidaria. No importa quién esté en el poder. Lo importante es que los dirigentes tomen cartas en el asunto y empiecen a realizar planes de adaptación y mitigación respecto del cambio climático. Es la consigna histórica. La esencia, el alma del movimiento", define Ruax. El lema será "La deuda es con el sur. Sin financiamiento no hay transición justa". Y habrá tres reclamos principales: ley de humedales, plan integral para la transición energética, fomento de la agroecología "para la soberanía alimentaria".
La última vez que las organizaciones socioambientales se movilizaron en el país fue en septiembre, en el contexto de la Huelga Mundial por el Clima. "Son varios meses de no salir a la calle. Estamos en un contexto sumamente crítico a nivel nacional, regional y global, sin grandes avances. Tenemos una ley en la Argentina (la 27.520, de adaptación y mitigación al cambio climático) y hay distintas instancias que no se implementaron. El consejo asesor del que tienen que participar autoridades de ministerios se reunió en veces contadas con los dedos de la mano. El consejo en que tienen que participar distintos sectores no se ha reunido. Estamos cansados de tanto discurso. Por eso pedimos, de vuelta, pasar del dicho al hecho", señala Mijael Kaufman, de Consciente Colectivo.
"La ley de humedales tiene que salir ya. Hay que aprobar el proyecto que logró pasar en otros años por todas las instancias de participación, con aportes de la ciencia y las comunidades más afectadas", remarca Ruax, sobre una iniciativa cuyo tratamiento quedó trunco en tres ocasiones en la historia argentina y que se volvió a presentar hace dos meses. "El plan de descarbonización al 2050, que tiene que ver con la transición energética, es un objetivo al que la Argentina se comprometió. Pero una cosa es anunciarlo y otra es el cómo. Se necesitan comunicados claros para ver cuál es el camino que se quiere tomar", agrega el periodista socioambiental. En relación a la agroecología, la exigencia es que se apruebe la Ley de Acceso a la Tierra, una demanda de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), que permitiría "mejorar las condiciones de trabajo y los ingresos de lxs pequeñxs productores", de acuerdo a la síntesis de un comunicado de Climate Save. Perdió estado parlamentario y se presentó por cuarta vez.
"La comisión de Ambiente no está conformada en Diputados. El tratamiento de la ley de humedales requiere de distintas comisiones; reclamamos que se conformen. El Congreso no trabaja con urgencia y seriedad esta agenda", cuestiona Kaufman. "En el plano internacional, la pregunta es cómo hacemos para que las grandes potencias, que históricamente han saqueado a países como el nuestro, con prácticas extractivistas a costa de contaminar ecosistemas y enfermar poblaciones, se hagan cargo de sus responsabilidades históricas, cambien sus políticas y financien la transición de países subdesarrollados. Hay acuerdos firmados desde 2009 pero seguimos esperando", aporta Ruax.

Quiénes van a marchar
Uno de los elementos novedosos que expuso la manifestación de septiembre de 2021 fue la marcada presencia de distintos partidos políticos --se veían banderas de La Cámpora y del Pro en la misma columna--. Por el lado de la militancia socioambiental el listado de participantes incluye a Sustentabilidad sin Fronteras, Climate Save, Jóvenes por el Clima, Fridays for Future, Eco House, Consciente Colectivo, Prosperar y la Red de Universitarios por el Cambio Climático. "Se espera que se sumen otros movimientos sociales y organizaciones, como la UTT, La Garganta Poderosa y el Movimiento Evita. La izquierda va a salir a la calle; lo hace siempre. Habrá que ver la composición final", dice Kaufman.
"Algo jugoso es que las juventudes de los partidos están exigiendo a sus dirigentes que hay que atender a esta agenda, que no pueden seguir mirando para el costado. Esto tiene que dejar de ser algo de unos pocos. Estamos siendo cada vez más, pero nos falta crecer en términos de impacto, poder, masividad. La causa tiene que llenar las calles de cada rincón del país. Se tiene que entender que no estamos peleando por los osos polares y que no somos ambientalistas falopa", expresa el joven. "Hay que entender la transversalidad de esta agenda. Todo lo que hacemos en nuestras vidas tiene un trasfondo socioambiental: la ropa que tengo puesta, el teléfono con el que estoy hablando, lo que voy a comer en unas horas. Lo que se discute es la forma en que la humanidad tiene que transitar en este planeta", concluye.
"Nos vuelve a llevar a la calle la convicción de que es la única forma de ver cambios. Ya no se encuentra gente que niegue la crisis climática o que crea que no es a partir de la actividad humana, pero sí se escucha que es imposible hacer algo", señala Nicole Becker, integrante de Jóvenes por el Clima. "Eso paraliza. Agruparnos, ser un montón, actuar como colectivo es la forma de encontrar una esperanza llena de acción."
Federico Pellegrino, de la asociación civil Eco House, manifiesta: "Estamos entusiasmados con una consigna que pone en el centro un problema estructural, la asimetría de poder entre el norte y el sur global, y que marca que somos conscientes de estar en un país periférico y subordinado en un orden internacional injusto. Vamos a poner esa bandera bien alta para que incluso el movimiento internacional por la justicia climática reconozca este rol en que quedan los países del sur global".
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Enviaron a la Legislatura un proyecto de Ley para ampliar el Área Natural Protegida Punta Marqués

Fecha de Publicación: 22/04/2022
Fuente: Diario Crónica de Comodoro Rivadavia
Provincia/Región: Chubut


Enviaron a la Legislatura un proyecto de Ley para ampliar el Área Natural Protegida Punta Marqués El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, envió este miércoles a la Honorable Legislatura de la Provincia, el proyecto de ley que propicia la ampliación de los límites del Área Natural Protegida (ANP) Punta Marqués, con el fin de resguardar las especies reinantes en la superficie terrestre y marina.
El proyecto señala que, a tres décadas de su creación, se observa que se han generado cambios en la distribución y abundancia de los individuos que constituyen sus valores de conservación. En el año 1990, la colonia estaba conformada por cientos de lobos (Reyes y Crespo 1994) mientras que, en la actualidad, la población supera los 3500 individuos en época reproductiva (Censo ANP PM).
Actualmente se trata de una colonia permanente calificada como "de transición", ya que se cuenta con registros de nacimientos en el lugar desde el año 2013, con un máximo de 64 nacimientos en el verano del año 2019. Desde el año 2018 se registra la presencia de nidificación de cormoranes de cuello negro (Phalacrocorax magellanicus) en el faldeo sur del acantilado. Anteriormente, solo se contaba con registros de unas 100 parejas de estos cormoranes nidificando en cercanías de Punta Marqués en dos plataformas petroleras y en el puerto de Comodoro Rivadavia (Yorio et al.1998).
Las últimas investigaciones han establecido que existe una importante diversidad de cetáceos en las costas del ANP. Estas especies incluyen a la ballena franca (Eubalaena australls), y a los rorcuales como la ballena jorobada (Megaptera novaenglae), al menos tres especies del género Balaenoptera y distintas especies de delfines de la familia Delphinidae (Páez et al. 2017b; 2018; Riera et al. 2019).
Dentro de los fundamentos también se destaca la superficie terrestre, las especies vegetales típicas de la estepa que en su conjunto promueven la posibilidad de realizar actividades educativas, recreacionales y turísticas.
Asimismo, los objetivos que se plantean en el Proyecto de Ley son los siguientes: Conservar el apostadero del lobo marino de un pelo (Otaria flavescens); conservar el ambiente marino y particularmente brindar un hábitat propicio para los cetáceos, como la ballena franca (Eubalaena australís), rorcuales como la ballena jorobada (Megaptera novaengliae) y al menos tres especies del género Balaenoptera, y distintas especies de delfines de la familia Delphinidae que se observan en el área.
Conservar las características del paisaje para asegurar la perpetuación del valor escénico; incentivar la investigación científica de los valores de conservación del área. Promover la educación ambiental, estimulando el conocimiento de los valores que justifican la existencia del área y contribuir a las economías locales mediante el desarrollo de actividades turísticas sustentables.
Por todo ello es que, en el marco de la elaboración del Plan de Manejo, se ha determinado que la superficie, terrestre y marina del ANP, es insuficiente a efectos de cumplimentar los objetivos de conservación establecidos y de resguardar las especies emblemáticas.
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Chaco es la segunda provincia con mayor cantidad de registros de fauna silvestre atropellada

Fecha de Publicación: 22/04/2022
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco


El Mapa nacional de atropellamiento de fauna ubicó a la provincia del Chaco en el segundo lugar en los registros de atropellamiento de fauna silvestre en todo el país, sólo superada por Misiones. Le siguen Corrientes, Buenos Aires, Entre Ríos y Formosa.
Este mapa es un proyecto interinstitucional y abierto de monitoreo participativo para el registro de atropellamientos de fauna silvestre en rutas de Argentina basado en la aplicación móvil de acceso libre Epicollect5. Confluyen en su desarrollo el Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico (Ceiba) y el Instituto de Biología Subtropical, con doble dependencia en el Conicet y la Universidad Nacional de Misiones. Así como fundaciones, organizaciones civiles y clubes ambientalistas de toda la Argentina.
“Los feriados son, para quienes tienen la posibilidad de hacer turismo, momentos de mucho tránsito en las rutas y donde los atropellamientos de fauna se incrementan. Por ello es importante recordar la necesidad de respetar los límites de velocidad”, asegura Lucía Lazzari, coordinadora de paisajes terrestres de Fundación Vida Silvestre Argentina. “Esta problemática tiene un impacto sobre la fauna en general, pero afecta en mayor medida a los grandes depredadores, como el yaguareté, no solo porque son víctimas directas de atropellamientos sino por la enorme pérdida de otros animales más pequeños que son sus presas”, agregó.
La fragmentación del hábitat sucede cuando un ambiente natural es transformado de manera tal que queda dividido en fragmentos o “parches” aislados entre sí. Es una de las principales causas de pérdida de biodiversidad y puede conducir a algunas especies a la extinción. Las rutas generan fragmentación de hábitat, y obligan a la fauna silvestre a atravesarlas en busca de agua, alimento, pareja, refugio o simplemente trasladarse de un fragmento a otro.
“Es por esa razón que hay ciertos tramos en las rutas donde la velocidad máxima es de 60 kilómetros por hora. Estos tramos están en áreas de selva que son esenciales para conservar la diversidad natural y cultural, y brindar bienes y servicios ambientales que son imprescindibles para la sociedad”, remarcó la fundación en un comunicado.
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COP1 de Escazú: ¿Argentina cumple con el derecho al acceso a la información ambiental?

Fecha de Publicación: 21/04/2022
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional


Este miércoles comenzó la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú, el primero de derechos ambientales en la región. El panorama para el acceso a la información en Argentina continúa con los problemas de siempre.
 COP1 de Escazú: ¿Argentina cumple con el derecho al acceso a la información ambiental? Hace un año, el 22 de abril de 2021, entró en vigencia el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, mejor conocido como Acuerdo de Escazú.
El convenio, que fue ratificado por doce países -incluyendo Argentina-, refiere a estos tres derechos principales que buscan ampliar la democracia ambiental. A su vez, suma una cláusula especial sobre la protección de personas defensoras de derechos humanos en pos de la naturaleza. Esta es importante considerando que América Latina es la región más violenta para los ambientalistas, según Global Witness.
A 365 días de la entrada en vigencia, este miércoles comenzó la primera Conferencia de las Partes (COP1), donde los estados debatirán las reglas básicas para su funcionamiento, control y la participación de la sociedad civil.
¿En qué condiciones llega Argentina a la COP1 de Escazú? La Voz entrevistó a tres organizaciones ambientales para conocer su perspectiva sobre cuál es la situación del acceso a la información pública ambiental, paso fundamental para que la sociedad pueda ejercer el resto de los derechos que forman parte del tratado.

Escazú y el acceso a la información en Argentina
En el país rige desde 2016 la ley 27.275 del Derecho a la Información Pública que regula la transparencia pasiva, es decir, que el Estado responda a las solicitudes de información pública que realiza la ciudadanía. Además, se instalan los presupuestos básicos para la transparencia activa, o que los gobiernos comuniquen de primera mano los datos que poseen.
Escazú, que Argentina ratificó en septiembre de 2020, refiere a los mismos principios de transparencia, pero específicamente sobre la información ambiental. Andrés Nápoli, director ejecutivo de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y representante del público de Escazú, lo describió desde la perspectiva de derechos humanos: “Está basado en las personas, para que puedan ejercer derechos y que, a partir de allí, puedan proteger el ambiente”.
“Escazú es un acuerdo ambiental que no está planteado para generar una solución ambiental específica, sino en clave de derechos. Yo lo veo como una gran caja de herramientas para que la sociedad utilice”, agregó el abogado.
Con palabras similares, Leonel Mingo, economista y líder de proyectos en Greenpeace, expresó que el tratado es una herramienta más para el reclamo: “Ahora que tenemos el Acuerdo de Escazú, nos permite a las organizaciones esgrimir el argumento de que esta ley nos protege y limitaría que se hagan atrocidades”.
Mingo resaltó el rol de Escazú y la importancia de la información pública ambiental para el activismo social. “Desde nuestra experiencia, cuando la gente sabe lo que está pasando, se agarra la cabeza y dice ‘no puede ser’ y hace algo al respecto. Que la información sea pública es el primer enorme paso para la acción”, dijo.
“La sociedad se enteró de algo que está pasando hace años, y se indignó de tal manera que está generando ruido político, y está llevando a que la Justicia frene las acciones”, afirmó Mingo. frase destacada
Justamente, uno de los primeros fallos en citar el tratado fue el del juez Santiago Martín, a cargo del Juzgado Federal N° 2 de Mar del Plata, quien dio lugar a la suspensión de la exploración sísmica por “el cumplimiento defectuoso de los estándares sobre información y participación que se desprenden del Acuerdo de Escazú”.
Máximo Mazzoco, integrante de Eco House, sostuvo que para tener una sociedad más educada, abierta y transparente, el acceso a la información debería ser mucho más amable y constante: “Debería ser prioridad de los gobiernos informar a la población qué está haciendo. Para participar, necesitamos información”.

Un derecho fuera del alcance de todos
Alejandra Bauer, experta en Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la fundación Poder Ciudadano, opinó que la implementación de los pedidos de acceso a la información, que la 27.275 reglamenta, es “bastante exitosa” a nivel nacional. Pero que, aun así, el proceso no es fácil para todos.
“La ley fue un gran logro democrático (...) Pero en lo que respecta a la información mínima prevista en ella para la transparencia activa nunca está, sino que hay mucho de prensa. Además, a nivel diseño la web del Estado nacional no es amigable, es muy difícil buscar información: Argentina.gob.ar es una nube donde te perdés”, expresó Bauer.
“Es difícil para un ciudadano promedio solicitar o encontrar información pública que está publicada si no sos especialista en buscar esa información”, afirmó Bauer.
En un sentido similar se expresó Nápoli, quien investigó la calidad de la información ambiental que obtiene del gobierno al hacer pedidos de acceso. Lo que descubrieron fue que reciben respuestas diferentes ellos por ser una fundación, de la que obtienen otros ciudadanos.
“Desde nuestra organización somos muy usuarios de los pedidos de acceso a la información, hacemos 200-300 pedidos por año, y vemos respuestas muy diversas con un déficit de calidad. El desafío es que el Estado no solo responda el pedido de información de una organización que se especializa en ello, sino que lo haga a cualquier ciudadano. Eso lo tenemos medido y no es igual, a nosotros nos dan una información y a ellos otra”, explicó Nápoli.
Mazzocco planteó en sentido similar que Eco House realizó en el último año “varios pedidos de acceso a la información”, pero que no les fue bien:
“Nunca se respondió en tiempo y forma. Siempre tenemos que hacer de detectives o tener contactos. Eso no es aceptable. Así, queda en manos que uno tenga mayor o menor capacidad de influencia masiva o poder económico para que te abran la puerta. Eso no es acceso a la información pública. Queda relegado a unos pocos o pocas privilegiados/as”, expresó.
Leonel Mingo postuló otro problema para la transparencia pasiva: muchas veces, la respuesta no es información, sino parte de un proceso burocrático. “Lo que sucede cuando se cumplen esos diez días hábiles es la contestación, lo que no significa que te entreguen la información que vos pedís. Te hacen una berenjena de que te faltó una coma o lo que sea durante dos años”, sostuvo el especialista de Greenpeace y subrayó:
“La información no tiene que ser un privilegio de aquellos que puedan acceder por contactos, por conocimientos técnicos o por tener un abogado que te siga un juicio durante años”.

Escazú y el ambientalismo
Sobre si mejoró el acceso a la información pública ambiental desde Escazú, Mingo señaló que es muy reciente su aplicación para hacer un diagnóstico, pero que siempre “se está mejor con Escazú”.
“Previo a Escazú era malísimo el acceso a la información pública ambiental. Post Escazú, creo que todavía se está adaptando, por lo que cuentan otras organizaciones que sí hacen este tipo de pedidos. Pero claramente se está mejor con Escazú que sin Escazú”, afirmó.
Aun así, señaló que la existencia de una ley, no es garantía de nada: “Tristemente vemos en Argentina que exista una ley no alcanza para resolver un problema. Lo vemos todo el tiempo en las leyes ambientales que se violan sistemáticamente, como la de bosques o de glaciares. ¿Te da tranquilidad absoluta que esté Escazú? No, pero sí tenemos una herramienta extra”.
“El acceso a la información pública es un derecho primordial en la República Argentina, que no se está cumpliendo, en términos generales. Claro que podemos analizar a nivel nacional, provincia por provincia o por municipios. En general no es algo a lo que la política le ha dado prioridad”, cerró Mazzocco, quien aclaró que existen mejoras por una mayor participación ciudadana. “Todos los días hay pequeños avances porque somos más ojos viendo, reclamando, pidiendo y comunicando”, afirmó.

Cómo mejorar el acceso a la información
Planteados los problemas que se enfrenta Escazú para lograr la aplicación de sus derechos, Bauer señaló una serie de puntos para mejorar el acceso a la información pública.
“Primero hay que cambiar el acceso desigual en las provincias. Algo pasa con el federalismo que no lo estamos implementando. Además hay faltantes en la transparencia pasiva, como que se imponen requisitos que pueden ser barreras”, explicó la especialista en transparencia, quien agregó.
“Por ejemplo, con la forma de identificarse, que la ley sólo pide nombre y mail de contacto; pero en la reglamentación se solicita DNI para personas humanas, y para las jurídicas, deben inscribir un representante primero. Estos trámites son obstaculizantes”.
A su vez, Bauer señaló que aunque haya voluntad de respuesta, suele suceder que no se fundamentan las decisiones que se toman, como por ejemplo si se alargan los plazos o se restringe la información. “Las restricciones deben interpretarse restrictivamente, primando el derecho al acceso a la información pública”, expuso.
A su vez, la experta de Poder Ciudadano resaltó la falta de estadísticas que hay de cada organismo obligado a dar información, que son necesarias para ajustar la ley y mejorar la aplicación.
La Agencia de Acceso a la Información Pública dio a conocer en una plataforma virtual la cantidad de solicitudes que recibe, la demora y la tasa de respuesta; desglosando los datos por ministerio. En específico de Ambiente y Desarrollo Sostenible, recibieron 35 pedidos en 2022, a los que respondieron en 21 días en promedio.
Pero estos datos no especifican qué respuesta obtuvo, si fue satisfactoria o si el solicitante debió volver a pedir la información porque hubo algún problema.
“Habría que mejorar los mecanismos. Todos los ministerios deberían contar con equipos específicos que deberían estar permanentemente, con canales y plataformas, para que la información sobre los temas más relevantes, coyunturales, sea siempre pública. Y que esté bajada a los distintos niveles de comprensión: tiene que ser apta para todo público, tanto para menores, adolescentes, adultos. Así debería funcionar para que todos estemos informados, eso no es una utopía”, expresó Mazzocco sobre el funcionamiento.
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El Gobierno prorrogó hasta 2041 la concesión de la explotación de hidrocarburos en la cuenca Austral   

Fecha de Publicación: 21/04/2022
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional


El acuerdo vencía en 2031. Se aprobó un Plan de Inversiones y Obras por 700 millones de dólares.
El Gobierno prorrogó hasta 2041 la concesión de la explotación de hidrocarburos en la cuenca Austral El Gobierno extendió la concesión de la explotación de hidrocarburos en la cuenca Austral, en el extremo sur de nuestro país, hasta el año 2041. Así lo confirmó en el Boletín Oficial, donde dio cuenta de la renovación por el plazo de una década, contando desde el 1° de mayo de 2031.
El Decreto 195/2022 publicado este martes lleva la firma del Presidente Alberto Fernández, así como también las del Jefe de Gabinete, Juan Luis Manzur, y del ministro de Economía, Martín Guzmán.
Allí se detalla que el convenio corresponde a los Lotes de Explotación “Argo”, “Aries”, “Carina”, “Fénix”, “Orión”, “Orión Norte”, “Orión Oeste” y “Vega Pleyade”, pertenecientes al “Área I” de la cuenca Austral, en lo que respecta a la superficie bajo la jurisdicción del Estado Nacional, en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y Plataforma Continental.
Los Lotes de Explotación referidos, que según el artículo 2° de la resolución cuentan con “una superficie aproximada de mil novecientos cuarenta y ocho kilómetros cuadrados, con cincuenta y siete hectómetros cuadrados”, son de titularidad de Total Austral S.A. sucursal Argentina, Wintershall Dea Argentina S.A. y Pan American Sur S.A., en un porcentaje del 37,5% para las dos primeras firmas, y de un 25% para la restante.
Fueron estas empresas, según el Boletín Oficial, las que solicitaron ante la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía la prórroga de la concesión, por espacio de diez años. Según los considerandos, el pedido se fundamentó “en la necesidad de contar con un horizonte temporal más amplio dada la complejidad y los elevados costos que implica la explotación de hidrocarburos costa afuera”.
El Estado estimó que “el otorgamiento de la prórroga permitirá continuar con el desarrollo de las inversiones en el área, con el fin de mantener un caudal de producción de gas natural del orden de veinte millones de metros cúbicos por día”, cifra que representa entre el 13,8 por ciento y el 16,7 por ciento del total del gas natural producido en el país.
A través de este decreto se aprobó, además, un “Plan de Inversiones y Obras comprometido por las empresas Total Austral S.A. sucursal Argentina, Wintershall Dea Argentina S.A. y Pan American Sur S.A. para el período de prórroga de la concesión de explotación, que representará una inversión total de 700.000.000 de dólares”.
Se aclaró, en este caso, que “el cumplimiento del Plan de Inversiones y Obras que se aprueba es condición para la vigencia de la concesión que en virtud de este acto se prorroga”.
También se precisó que “la empresa formalmente designada Operadora del área remitirá en forma anual a la Autoridad de Aplicación Nacional los informes específicos que den cuenta del avance y cumplimiento en la ejecución del Plan de Inversiones y Obras”, así como también “sobre el abandono de los pozos y las instalaciones”. También “cumplimentará las demás obligaciones de información emanadas de la normativa vigente y/o de la que se dicte en el futuro”.
El artículo 4° del decreto establece, por su parte, que aquellas empresas deberán depositar 15.270.403 dólares, en función de sus respectivos porcentajes de participación, en los próximos novena días, como parte del “monto del bono de prórroga que regula el artículo 58 bis de la Ley N° 17.319, con la modificación introducida por la Ley N° 27.007”.
El Estado argentino se aseguró, a partir de la entrada en vigencia de la prórroga, el ingreso de un porcentaje del 15 por ciento “en concepto de regalías sobre el producido de los hidrocarburos extraídos de los lotes del Área CMA-1 bajo su jurisdicción”.
La actual concesión se había firmado con una vigencia de 25 años y “dado los plazos de suspensión de comercialidad otorgados oportunamente”, se vencía el 30 de abril de 2031.
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Mejora la infraestructura de energías renovables en los Parques Nacionales Patagonia y Perito Moreno

Fecha de Publicación: 21/04/2022
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Provincia/Región: Nacional


Se alcanzó un incremento significativo en la generación de energía fotovoltaica y comunicaciones radiales para seccionales ubicadas en áreas remotas, mejorando la calidad de vida y seguridad de los guardaparques destinados a las mismas.
Entre el 30 de marzo y el 11 de abril personal de los Programas de Energías Alternativas y Comunicaciones de la Dirección de Lucha Contra Incendios y Emergencias (DLIFE) realizaron tareas de mantenimiento y mejoras del servicio eléctrico y de comunicaciones en los Parques Nacionales Patagonia y Perito Moreno, en la provincia de Santa Cruz, mediante la utilización de sistemas alternativos para la generación de energía amigable con el ambiente.
Los trabajos estuvieron destinados a desarrollar mejoras en áreas remotas frente a la pronta llegada del invierno, dado que estos Parques cuentan con seccionales que podrían quedar aisladas por las inclemencias climáticas propias de estación.
En la seccional El Sauco del Parque Nacional Patagonia se repotenció el sistema fotovoltaico existente, cambiando los 12 paneles existentes por otros seis de mayor potencia, y se construyó una nueva estructura acorde a las características de dichos paneles. Asimismo, se instalaron las medidas de protección correspondientes para la seguridad de los sistemas y las personas.
Por su parte, en la seccional El Cisne se instaló un kit fotovoltaico compuesto por un inversor/cargador, un regulador de carga, cuatro paneles y un banco de baterías. Se construyeron y fijaron las estructuras soporte de los módulos en el techo de la seccional y se realizaron las tareas necesarias para la instalación adecuada de los equipos, su protección, programación y puesta en marcha. En esta seccional se colocó también una base de VHF asociada a paneles fotovoltaicos para garantizar las comunicaciones a través de un funcionamiento autónomo.
En el Parque Nacional Perito Moreno se trabajó en la seccional El Rincón, donde también se reemplazaron los paneles existentes por otros nuevos de mayor potencia y dimensión junto a un regulador acorde para mejorar su rendimiento, logrando así una mayor capacidad de captación solar y generación eléctrica del sistema. Se realizaron a su vez mejoras tecnológicas y se amplió el banco de baterías, además del aumento de su protección.
Además de concretar la programación y puesta en marcha de los equipos, los equipos de la DLIFE capacitaron al personal de la seccional en su uso, mantenimiento y maniobras de corte, reseteo y ecualización.
De esta manera, se logró un incremento significativo en la generación de energía renovable y comunicaciones radiales para las seccionales, mejorando en consecuencia la calidad de vida y seguridad de las/os guardaparques destinadas/os a las mismas.
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Lago Escondido: La IGJ pide la liquidación de Hidden Lake, la sociedad de Joe Lewis

Fecha de Publicación: 20/04/2022
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Río Negro - Nacional


La Inspección General de Justicia requiriró la intervención judicial  y la nulidad de la sociedad del magnate inglés que posee 12 mil héctareas en las inmediaciones de Bariloche y El Bolsón. También solicitó que el patrimonio de la firma sea liquidado. La resolución se basa en que Hidden Lake incumple con el fallo que la obliga a liberar el acceso al Lago Escondido y en que la sociedad es una pantalla para ocultar que Lewis es el único dueño de esas tierras patagónicas.
La Inspección General de Justicia (IGJ), que conduce Ricardo Nissen, pidió la inmediata intervención judicial de la sociedad Hidden Lake, del magnate inglés Joe Lewis, la nulidad de esa compañía y la liquidación de su patrimonio que consiste básicamente en la enorme propiedad que está en las inmediaciones de Bariloche y El Bolsón.
La IGJ es el órgano de control de las sociedades comerciales en la Argentina y en un extenso dictamen de 61 páginas señala, en primer lugar, que Hidden Lake incumple con una sentencia firme de la Justicia rionegrina que ordenó la libre circulación hacia el Lago Escondido; en segundo lugar, que Hidden Lake es una sociedad simulada, que no tiene actividad alguna, y mediante sociedades offshore de Bahamas --donde vive Lewis-- esconde que el único dueño de las 12 mil hectáreas en la Patagonia es justamente el millonario británico. Nissen le pide a la Justicia comercial de CABA --porque Hidden Lake tiene domicilio en un estudio de abogados de la Avenida del Libertador-- que actúe, inicialmente, ordenando la intervención de la compañía.
En el frondoso escrito de la IGJ se hace un largo y detallado análisis de la documentación que presentó Hidden Lake y de la insólita historia de sociedades offshore que se van turnando, sin muchas explicaciones, en la titularidad de las acciones. Por ejemplo, la compañía empezó con 2700 hectáreas junto al Lago Escondido, pero ahora tiene 7 mil, sin que haya actas de directorio en las que se haya consignado la compra del resto de las propiedades. Tampoco se registró la adquisición de maquinarias, vehículos, parte de los cuales se donaron a organismos del municipio o de la provincia de Río Negro. En los 26 años de existencia de Hidden Lake y sus antecesoras se pidieron créditos, pero no figura a quién se le pidieron ni en qué condiciones.
El punto clave del que parte la presentación judicial de la IGJ es el incumplimiento de las resoluciones judiciales firmes del Superior Tribunal de Río Negro y de tribunales de la Nación que datan, algunas de ellas, del año 2005. Las sociedades deben cumplir con las resoluciones judiciales, es el argumento del organismo que conduce Nissen.
Hay una segunda cuestión de fondo que argumenta la IGJ: las sociedades son la alianza de dos o más personas para emprender una actividad comercial, de explotación, proveer servicios, producir. No pueden ser una “pantalla jurídica” de alguien que se esconde detrás, en este caso Lewis. Y en las 61 páginas de la resolución se detalla, por ejemplo, que el origen de Hidden Lake se remonta a 1996 cuando se formó otra sociedad, Lago Corporation, con domicilio en Nassau Bahamas. Esa offshore era la dueña de 11.999 acciones del total de 12 mil. En tanto que la acción restante también terminó apareciendo a nombre de Baylin Inc, otra offshore de Nassau.
En los 26 años de historia, los pases de mano continuaron: siguió Skyland Inc, luego Berkley Capital Managment y luego Tahami Ltd, todas de Bahamas y no inscriptas en la IGJ. En 2013 apareció en escena Grupo H.L. SA, una sociedad nacional, propiedad de Lewis y su hija, que tenía un pequeño capital de 12 mil pesos pero que creció a 55 millones gracias al aporte de Twinleaft Holding, inscripta en el estado de La Florida, en Estados Unidos. Twinleaft pasó a quedarse con toda la propiedad de Hidden Lake.
Tal vez lo más simbólico es que de las reuniones de directorio nunca participó una persona que vive en la Argentina, salvo dos hombres que manifiestan ser empleados. Por supuesto que ni Lewis ni sus hijos estuvieron nunca en ninguna reunión de directorio ni firmaron ninguna resolución y tampoco se quejaron porque las sucesivas sociedades siempre tuvieron pérdidas dado que no realizan ninguna actividad comercial, sino que el complejo está únicamente dedicado a recibir a Lewis cuatro meses por año. Eso le llamó la atención a la IGJ: una sociedad comercial normal trata de obtener ganancias con su actividad y si en 20 años hubo pérdidas se denota que disimula otra cosa.
Como relató Página/12 en febrero, la propiedad cuenta con un hipódromo, una pista de equitación para salto de caballos, un kartódromo profesional, canchas de tenis y de paddle, un gimnasio ultramoderno y una masión de 1200 metros cuadrados que alberga, por ejemplo, cuatro cuadros de Pablo Picasso en el living. Más allá de los lujos, lo que puntualiza la IGJ es que se usó una sociedad para esconder la propiedad de Lewis, muy al estilo de lo que hacen algunos empresarios para ocultar bienes de sus matrimonios o para acogerse a los beneficios de una sociedad comercial, que paga menos impuestos que los individuos.
La resolución de la IGJ incluye un largo análisis de los fallos sobre el acceso a Lago Escondido y el incumplimiento de la compañía de Lewis, un conflicto que no se menciona en ninguna de las actas de directorio de las sucesivas sociedades. Menos aún se habló de la cuestión en febrero de este año cuando un grupo de vecinos de Bariloche intentó llegar a Lago Escondido y fue enfrentado por una especie de patota armada por Lewis. En la contabilidad de Hidden Lake se visualiza lo que se llama "un enorme pasivo laboral", es decir mucha gente contratada. Seguramente en ese concepto están algunos de los que agredieron a los visitantes.
Sobre la base de las irregularidades, la IGJ se presentó a la Justicia comercial de la Ciudad de Buenos Aires, pidió la intervención inmediata de Hidden Lake, la nulidad de la sociedad, la liquidación de los bienes y la incorporación de esos bienes al Estado. La sede de la empresa --concluye la resolución-- es un estudio de abogados de Avenida del Libertador al 600, "a 1600 kilómetros del espejo de agua que permanece inaccesible".
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¿Por qué se presumen malos vientos para los aerogeneradores?

Fecha de Publicación: 20/04/2022
Fuente: La Nueva
Provincia/Región: Nacional


Las restricciones de las empresas al acceso de divisas asoman como un inconveniente de compleja resolución. La situación impide el ingreso de repuestos indispensables.
Si hay un mercado que creció en los últimos años, de manera contundente y sostenida, ese es el de las energías alternativas.
Se trata de la producción de electricidad a partir de aerogeneradores eólicos; es decir, el aprovechamiento del viento convirtiendo su energía cinética en eléctrica.
Sin embargo, luego de una gran etapa de instalación de parques, la situación se ha vuelto cada día más complicada.
En nuestro país hay cerca de 800 molinos, con capacidad instalada de 3.000 MW, de los cuales se estima que hay alrededor de 50 con problemas técnicos; algunos detenidos hace meses, por las dificultades que encuentran las empresas para importar insumos y repuestos, por falta de divisas y por complejidades burocráticas.
“Pareciera que ningún funcionario tiene esa mirada integral de lo que ocurre; nadie hace estas cuentas”, agregaron.
Las energías renovables en general —eólica, solar— crecieron a pasos agigantados y, en cuatro años, pasaron de generar el 2,5 % de la demanda de electricidad, en el año 2018, al 14 % en 2021.
Bahía Blanca —y su región— han sido de los sitios del país donde más se ha visto el crecimiento de este sistema, atento a una serie de ventajas (ver aparte) que ofrece, entre ellas, claro, un viento por demás adecuado.
Sin embargo, el sistema se ha topado en estos meses con un gran inconveniente: las restricciones que encuentran las empresas al acceso de divisas.
De manera que no es la falta de viento lo que está restringiendo la generación de energía eólica sino la falta de dólares, situación que toma más relevancia en el contexto de crisis energética producida por la falta de gas.
Por esta situación, la Cámara Eólica Argentina (CEA) envió una carta al presidente del Banco Central, Miguel Pesce, con copia al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; al secretario de Energía, Darío Martínez y a la titular de la AFIP, Mercedes Marcó de Pont, alertando sobre esta situación.
La cantidad de destinatarios que tiene la carta se debe a las varias —y variadas— barreras burocráticas que deben vencer las empresa para importar, ya que cada ventanilla impone una restricción cambiaria, agravada por la imposición del Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI) y de la Capacidad Económica Financiera (CEF).
Consultado por este medio respecto si algunos de esos molinos se ubican en nuestra zona, el gerente general de la entidad, Héctor Ruiz Moreno, indicó que prefería no individualizarlos para no exponer a alguna empresa en particular, ya que el problema alcanza a las veinte compañías que integran la CEA y son las encargadas de generar el 70 % de la energía eólica del país.
Mencionó —de todas maneras— que “si esos inconvenientes no se subsanan, la cantidad de aerogeneradores detenidos aumentará”, más allá de reconocer que “algunas empresas van resolviendo los inconvenientes, invirtiendo tiempo y esfuerzos que podrían evitarse”.
El sector eólico importa más del 60 % de bienes e insumos.
Consultado por este medio respecto si algunos de esos molinos se ubican en nuestra zona, el gerente general de la entidad, Héctor Ruiz Moreno, indicó que prefería no individualizarlos para no exponer a alguna empresa en particular, ya que el problema alcanza a las veinte compañías que integran la CEA y son las encargadas de generar el 70 % de la energía eólica del país.
Mencionó —de todas maneras— que “si esos inconvenientes no se subsanan, la cantidad de aerogeneradores detenidos aumentará”, más allá de reconocer que “algunas empresas van resolviendo los inconvenientes, invirtiendo tiempo y esfuerzos que podrían evitarse”.
El sector eólico importa más del 60 % de bienes e insumos.
“Tenemos facturas adeudadas de varios meses que no podemos pagar por no tener acceso a los dólares. Algunos aerogeneradores exigen estudios específicos, como las radiografías de palas, que no los podemos hacer, y tenemos que dejarlos fuera de servicio”, explicaron.
También hay complicaciones con las empresas navieras.
Como el Banco Central restringió la posibilidad del pago a término, atienden a otros mercados y a las compañías locales les cuesta conseguir quien les entregue la mercadería.

La carta
La crisis se agudizó con la Comunicación 7030 del Banco Central, con efectos en las importaciones para la industria eólica.
La CEA explicó que la situación se traslada a toda la cadena de valor del sector, particularmente a quienes fabrican y desarrollan componentes nacionales (torres, insumos eléctricos, logística y servicios) que ven frenada su expansión y el mantenimiento de las fuentes de trabajo si los desarrolladores y tecnólogos no pueden encarar sus proyectos con normalidad.
Las restricciones y requerimientos para las empresas que deban acceder al Mercado Único y Libre de Cambios han producido un profundo desarreglo, que no sólo entorpece la instalación de los parques, sino también su operación y  mantenimiento.
Los procesos burocráticos obstaculizan aún más la posibilidad de llevar a cabo las importaciones y pagarlas, a través de procesos que se suman a las restricciones como concretamente son el SIMI y el CEF.
“No desconocemos las dificultades por las que atraviesa el país en su macroeconomía. Y por esa razón hacemos los esfuerzos posibles, porque es nuestro sector el que hará posible que la Argentina cumpla con sus compromisos de París y COP 26 de Glasgow en materia de cuidado ambiental a través de la sustitución de los combustibles fósiles”, se indicó.
Por último, la CEA plantea conformar una mesa de trabajo y ayuda para tratar los problemas, encontrar soluciones de coyuntura y hacer propuestas para resolver la situación y ayudar al crecimiento del sector eólico.

Generación paralizada
Desde fines del siglo XX, dos generaciones de parques eólicos dan cuenta del desarrollo alcanzado en nuestro país.
Con el inicio del siguiente siglo, la mayoría de los parques de primera generación quedaron inoperantes por los inconvenientes técnicos y los obstáculos financieros y regulatorios, fruto de la fluctuación político-económica del país.
El parque eólico instalado en el año 1990 en la localidad de Río Mayo, en la provincia de Chubut, con 4 turbinas de origen alemán, abrió la primera generación de parques que se concretó entre 1990 y 2008.
La CEPA se puso en contacto con la consultora alemana DECON y gestionó, con el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Alemania, la adquisición de tres equipos Bonus, de 600 kW cada uno.
El ministerio alemán subsidió el 65 % de los equipos, la construcción y la conexión a la red y un vecino de Punta Alta puso a disposición el espacio necesario para su instalación.
A fines de 1998 quedó inaugurado el Parque Eólico Centenario.
A pesar de un mantenimiento regular, el desgaste provocó cada vez mayores desperfectos en motores, engranajes y cableado de los molinos.
La crisis de 2001 y la partida del país de empresas del rubro de eólico agravaron la situación y obligó a importar repuestos. Aparecieron, además, inconvenientes en la Dirección General de Aduanas que retrasaban el ingreso y la entrega de productos.
En la primera década de 2000 dos de los equipos quedaron inoperantes y el tercero fue detenido antes de que se rompiera.
CEPA buscó obtener subsidios y ayuda externa para costear las reparaciones pero, pese a los numerosos intentos, los aerogeneradores dejaron de operar.

En números
—La energía eólica es el aprovechamiento de la energía cinética del viento para transformarla, a través de aerogeneradores, en eléctrica.
—Por su carácter renovable es inagotable, no contaminante y de gran potencial de explotación.
—La Argentina cuenta con uno de los mejores vientos en cuanto a velocidad y persistencia y posee tierras para emplazar parques.
—El sector creció con la promulgación de la Ley del Régimen de Fomento Nacional para el uso de Fuentes Renovables de Energía, que permitió sentar las bases para su desarrollo.
—El pasado 1 de marzo se registraron dos marcas históricas, estableciendo un récord de aportes de generación eólica y solar, con 3.670 MW.
—El citado día 1, el 25.96 % de la demanda de energía eléctrica fue abastecida por fuentes renovables. De ese porcentaje, el 70,34 % provino del sector eólico; el 22 % del fotovoltaico; el 4,56 % del hidráulico y el  3,1 % de las bioenergías.
—En el año 2021 la energía renovable cubrió —en promedio— el 13 % del abastecimiento eléctrico del país.
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