La Justicia empieza a bajarle el pulgar al trigo transgénico

Fecha de Publicación: 26/10/2021
Fuente: El Ciudadano
Provincia/Región: Nacional


HB4, resistente a la sequía, tiene un “paquete tecnológico” 15 veces más tóxico que el de la soja. Es un desarrollo nacional único en el mundo, pero no lo quiere nadie. Ahora un fiscal dejó en suspenso la autorización para comercializarlo.
Generó controversia nacional e internacional. Estaba sujeto a la aprobación de Brasil, destino del 50% del trigo que se cultiva en la Argentina. Generó una protesta en todo el país, en la que se replicó la preparación y horneado de pan que para entregarlo al público. Ahora el primer trigo transgénico del mundo, el desarrollo HB4, que llevó años de investigación con la intervención de la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad Nacional de Rosario y la empresa nacional Bioceres, que había sido aprobado por el gobierno nacional para su comercialización en octubre del año pasado, quedó otra vez en veremos: el titular de la Fiscalía en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal N°8, Fabián Canda, dictaminó que debía suspenderse el acto administrativo que “liberó” la variedad de laboratorio “por los graves vicios que presenta respecto a su fundamentación” la resolución 41/2020, y además por “el peligro para el medio ambiente y la salud humana que implicaría la distribución del cereal transgénico”. Será un hito de la investigación nacional, pero cada vez queda más claro que no lo quiere nadie.
La medida judicial pone freno a la resolución citada, emitida por la Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. La denuncia contra la comercialización de organismos genéticamente modificados (OGM) fue iniciada por un grupo de personas que interpusieron una medida de “no innovar diferenciada” para que se suspenda la autorización otorgada. Al convalidarla, la Justicia determinó que la propietaria del trigo HB4, el Instituto de Agrobiotecnología Rosario (Indear SA) no puede comercializar la semilla, ni los productos y subproductos de derivados de lo que se denomina “Trigo OGM IND 00412-7”. Además, los demandantes pidieron también la inmovilización de la cosecha de las áreas sembradas –todas de forma experimental– durante 2020.
Ya en la mitad del año pasado organizaciones ambientalistas, sociales, de derechos humanos, investigadores y docentes junto a un amplio abanico social, se habían puesto en alerta por el avance y trámites sobre el trigo HB4.
El desarrollo es de una semilla resistente a la sequía, pero conforma un paquete tecnológico similar en su estructura a las variedades de soja transgénica que invadieron las tierras nacionales desde su autorización, en 1996, cambiando por completo los paisajes productivos, llegándose a sembrar en lo que ahora se conoce como “zona núcleo” hasta en las banquinas de las rutas, incluido el retiro de banquina de la autopista Rosario-Santa Fe.
Se trata de un modelo severamente cuestionado, y el desarrollo del trigo transgénico venía a calcarlo. “Hay dos modelos de producción que no pueden convivir. Uno es el agronegocio, un modelo que ha adoptado nuestro país y desde 1996 deviene en campos fumigados, bosques arrasados y animales hacinados en granjas industriales.
En contraposición va consolidándose el movimiento de la agricultura y la agroecología, que es la producción alimentaria en relación a los vínculos que puede establecer la humanidad con lo que lo rodea sin declararle una guerra. Va ganando un espacio de legitimidad, va teniendo cada vez mas éxito”, sostuvo el año pasado el Colectivo Trigo Limpio, una de las cientos de agrupaciones que solicitaron al gobierno de Alberto Fernández dar marcha atrás con la preaprobación del HB4.
“El pan de cada día, un alimento básico para un gran consumidor de harinas como Argentina, podría llegar a la mesa con más carga tóxica que nunca. “El trigo es la base de nuestra alimentación”, había marcado la ONG, integrada por unos 1.400 científicos, científicas e investigadores,
Tamaña oposición tiene un razonamiento base. “El trigo transgénico HB4 es tolerante a la sequía y resistente al herbicida glufosinato de amonio (según la FAO, 15 veces más tóxico que el glifosato). Todos los cultivos transgénicos que tienen resistencia a herbicidas y se cultivan ampliamente en Argentina (soja, maíz, algodón, etcétera) se asocian finalmente con la aplicación de un exorbitante volumen de agrotóxicos que se esparcen sobre nuestros territorios cada año. Desde que comenzó a implementarse este paquete tecnológico en la década de 1990, el uso de agrotóxicos en Argentina se ha incrementado exponencialmente, llegando actualmente a 525 millones de kilogramos/litro de formulados por año”, sostuvo el colectivo. Y agregó que la cuenta da “12 litros por habitante, la tasa más alta del mundo”.
Trigo Limpio también advirtió que el HB4 se inserta en el sistema de agricultura aplicado en el país “que apuesta al extractivismo para producir commodities y beneficiar a una minoría de la población argentina que acumula las ganancias”. Y completó: “Lejos de apuntar a una transformación paulatina de este sistema, la aprobación del trigo HB4 y la iniciativa que propone incrementar en más de un 50% la producción de granos para 2030, refuerzan el modelo sin ninguna consideración respecto a las consecuencias socioambientales”.
El documento cosechó miles de adhesiones en todo el país. Y además requirió toda la información disponible –aun la que podía ser considerada “sensible”– en base al Acuerdo de Escazú (ley 27.566), que tiene jerarquía constitucional y sujeta al Estado a garantizar el acceso del ciudadano a la información sobre asuntos ambientales, uno de ellos, el trigo transgénico HB4.
Ahora la medida judicial –aunque transitoria– representa otro escalón más en el rechazo social al desarrollo. La demanda sostuvo que la autorización por parte del gobierno nacional de la comercialización se decidió “sin que se realizaran estudios de impacto ambiental previos, ni audiencias públicas que garantizasen la participación ciudadana en cuestiones de interés público relevante y que están vinculadas a la vida, la Salud Pública, el ambiente, la economía, el comercio y las relaciones internacionales”.
Y agregó que la aprobación “se efectuó a sabiendas del riesgo cierto de producir perjuicios graves e irreparables de índole económica, tales como la pérdida de mercados internacionales de exportación de granos, y perjuicios ambientales, dado la alta probabilidad de contaminación transgénica desde las 6 mil hectáreas ya sembradas en el país, cuya localización sólo es conocida por la Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional”.
El fiscal Canda tomó los argumentos de los denunciantes y apuntó que el acto administrativo fue dictado por la Secretaria de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional “y no por la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, tal como lo exige sin excepciones la resolución N°763/11” conformó un vicio, y agregó: “Este defecto se potencia aún más si se considera que la resolución N°41/20 constituye un acto estatal que debe ser dictado por un organismo altamente especializado en la complejidad técnica de la competencia que se le ha asignado”.
Además, el funcionario judicial cuestionó la fundamentación de la resolución de marras, “la cual sólo incluye transcripciones parciales de los informes técnicos, las cuales omiten los graves peligros que podrían surgir de la proliferación del organismo genéticamente modificado”.
Y resaltó: “Al estar en juego el bien jurídico ambiente, la autoridad administrativa, en el marco de la motivación del acto, debió ponderar los costos y beneficios derivados de la autorización comercial de cara a la observancia del principio precautorio aplicable”.
“La autorización comercial de la semilla, de los productos y subproductos derivados de ésta, provenientes del trigo IND-00412-7 sin aplicar el principio precautorio, ante el grado de incertidumbre científica, supone una violación a la ley aplicable en tanto desconoce el objetivo primario de la tutela ambiental consistente en el aseguramiento de la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de la calidad de los recursos ambientales”, describió el fiscal Canda.
Y concluyó, citando a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que cabe “la aplicación del principio «in dubio pro natura», que establece que «en caso de duda, todos los procesos ante tribunales, órganos administrativos y otros tomadores de decisión deberán ser resueltos de manera tal que favorezcan la protección y conservación del medio ambiente, dando preferencia a las alternativas menos perjudiciales».
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Insisten desde la Legislatura por la nueva Ley de Agrotóxicos

Fecha de Publicación: 26/10/2021
Fuente: Rosario Plus
Provincia/Región: Santa Fe


El proyecto puede perder estado parlamentario. Presión por parte de agrupaciones ambientalistas
El proyecto para modificar la Ley de Agrotóxicos (formalmente llamada de Productos Fitosanitarios) y alejar las fumigaciones de zonas habitadas, casas y escuelas en Santa Fe podría volver a perder estado parlamentario por sexta vez de no tratarse antes del 30 de noviembre.
La iniciativa, que fue presentada por el diputado Carlos Del Frade en junio de 2020, corre riesgo de no avanzar. El mismo contempla algunos puntos fundamentales, entre los que se destaca que el Ministerio de Medio Ambiente sea el nuevo órgano de aplicación y control su implementación. Además, establece una serie de prohibiciones: fumigaciones a menos de 1500 de los lugares ya mencionados y también los depósitos de agroquímicos en áreas urbanas y fumigaciones aéreas, de tránsito y estacionamiento de “mosquitos” en áreas urbanas.
En los primeros días de octubre la Multisectorial Paren de Fumigarnos se manifestó y presionó a los diputados santafesinos para que se garantice su tratamiento. Quien recogió el guante en esta ocasión fue la legisladora Matilda Bruera quien alertó que la situación es "preocupante".
"Es uno de los temas centrales de la protección del ambiente en la provincia de Santa Fe, es la sexta vez, vergonzosamente es la sexta vez que va a perder estado parlamentario”, argumentó.
En ese sentido, Bruera agregó:  “Eso solo es una grave mancha para la historia de la legislatura santafesina, en una oportunidad anterior tuvo media sanción de Diputados y se frenó en el Senado, pero esta vez ni siquiera tiene dictamen de la comisión de Medio Ambiente, y esto es muy grave, que la comisión no tome como tema central la ley de agroquímicos es un tema muy grave”, expresó la diputada justicialista
Para Bruera, “aprobar la ley no es mas ni menos que poner un límite al envenenamiento que estamos sufriendo los santafesinos con esta fumigación tóxica que permanentemente nos castiga”.
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Costanera Sur: rechazo a las torres de lujo por la especulación inmobiliaria y su impacto ambiental

Fecha de Publicación: 26/10/2021
Fuente: Grupo La Provincia
Provincia/Región: CABA


Tras una semana de audiencia pública por el futuro de la ex Ciudad Deportiva de Boca, los 286 oradores que participaron en esa instancia rechazaron el convenio urbanístico entre el grupo IRSA y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para habilitar en el predio de 71 hectáreas la construcción de un nuevo barrio con edificios de hasta 45.
El dato se desprende de un relevamiento realizado por la campaña "Costanera Verde Pública", que reúne a organizaciones ambientales y políticas como el Observatorio del Derecho a la Ciudad, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la Universidad de Buenos Aires, La Defensoría de Laburantes y la CTA-Autónoma, entre otros.
La audiencia pública tendrá al menos nueve jornadas más, ya que en total se inscribieron 2.593 personas y organizaciones, y si bien no es vinculante, puede influir en el debate legislativo, ya que el convenio entre IRSA y la administración de Horacio Rodríguez Larreta obtuvo media sanción, pero espera una segunda y definitiva aprobación.
Esta semana, los principales argumentos que los vecinos y referentes expusieron para rechazar el emprendimiento inmobiliario fueron su "impacto ambiental negativo" y su contribución a "profundizar la crisis habitacional" en la ciudad.
De acuerdo al proyecto de IRSA, el barrio "Costa Urbana" tendrá unas 6.000 viviendas, además de comercios y hoteles, y ocupará 24 hectáreas del predio ubicado a orillas del Río de la Plata y lindero con la Reserva Ecológica Costanera Sur.
A lo largo de las cinco jornadas de audiencia de esta semana, los argumentos ambientales se refirieron sobre todo a las funciones ecológicas de los humedales, ya que en ese ecosistema se encuentran tanto la ex Ciudad Deportiva como la Reserva Ecológica.
"Los humedales, en su estado natural, cumplen funciones de vital importancia para el medio ambiente y la salud, y que son imposibles o costosas de reemplazar", dijo Graciela Falivene, investigadora y docente de la Universidad de Concepción del Uruguay.
Felivene, quien intervino en la audiencia el miércoles pasado, mencionó algunas de las funciones de los humedales, como "proteger la calidad del agua, por filtrar metales pesados y otros contaminantes", ser "fuente de alimento, refugio y hábitat esencial para peces, aves migratorias y especies en peligro de extinción" y "proporcionar un medio natural de control de inundación".
Otra oradora, María Eva Koutsovitis, coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la UBA, apuntó que los humedales "permiten el ingreso de los vientos y las brisas desde la costa para mitigar el efecto de isla de calor urbana".
Además, ambas especialistas advirtieron que el barrio de IRSA afectará a la Reserva Ecológica, un humedal protegido por normas internacionales, ya que es uno de los sitios de la Convención Ramsar, un tratado intergubernamental establecido por la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) para preservar estos ecosistemas.
Según datos del Gobierno porteño, la reserva Costanera Sur "reúne la mayor cantidad de biodiversidad dentro de la Ciudad de Buenos Aires y se extiende a lo largo de 350 hectáreas".
Tanto la ex Ciudad Deportiva como la Reserva Ecológica son tierras ganadas al río mediante un relleno que se realizó a lo largo de varios años, principalmente durante la última dictadura, con escombros de la ciudad provenientes de la construcción de autopistas. Sobre esos escombros abandonados, prosperó la naturaleza de la Cuenca del Plata.
El otro eje fue el déficit habitacional que atraviesa la ciudad, donde, según coinciden varios relevamientos, el 40 por ciento de la población es inquilina, unas 300.000 personas viven en villas miseria y al menos otras 7.000 están en situación de calle.
"Este gran negociado que se quiere concretar está absolutamente alejado de las necesidades de los porteños y las porteñas. La ciudad no solo carece de vivienda accesible a los sectores con mayor vulnerabilidad, sino también, por ejemplo, a los docentes y profesionales de la salud", dijo María Elena Naddeo, quien fue legisladora porteña y actualmente coordina el área de Niñez y Género de la Defensoría del Pueblo porteña, e intervino ayer.
Ese día intervino también Federico Pellegrino, de la organización Eco House, quien afirmó: "Necesitamos más espacios verdes, pero la única respuesta de la Legislatura es la venta de Costanera Norte y la rezonificación de la Costanera Sur, para hacer torres de lujo con yates privados que tengas salida al mar, lo que nada tiene que ver con la preocupación de la gente común que habita la ciudad".
Pellegrino se refirió, por un lado, a una ley que aprobó la Legislatura porteña a fines de 2019, con votos del oficialismo local, para autorizar la venta de Costa Salguero, la cual se encuentra suspendida por la justicia de la Ciudad.
Por otro lado, se refirió a la rezonificación de la ex Ciudad Deportiva, lo que se discute en esta audiencia convocada por la Legislatura porteña y que busca modificar las normas urbanísticas del predio, habilitado solo para equipamiento deportivo.
En su página web, IRSA, en su sección de "reserva de tierras", ya publicó "Costa Urbana", como un emprendimiento ubicado en "Puerto Madero Sur" con un "área construible de 716,695 metros cuadrados", es decir 71 hectáreas.
Allí, la empresa define al nuevo barrio como un "proyecto de perfil residencial y de usos mixtos que incluye, entre otros: tiendas, oficinas, hoteles, clubes deportivos y de yates, grandes parques públicos, áreas de servicio de apoyo como escuelas, supermercados y estacionamientos".
Y agrega que, "este nuevo vecindario emergente tendrá como objetivo aumentar el nivel general del área", y, al mismo tiempo, "completará el desarrollo urbano de Puerto Madero".
Al respecto, Guadalupe Granero, urbanista investigadora de la UBA y residente en Saavedra, definió el proyecto como parte de un "modelo privatista y excluyente" y argumentó que "el precio de la vivienda está determinado por el precio del suelo, ya que el costo de construir no es significativo", y agregó que "al construir viviendas de lujo que en su mayor parte quedarán ociosas, se eleva artificialmente el precio del suelo, lo que impacta en toda la ciudad".
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Continúa alza del abastecimiento de energía eléctrica a partir de generación de fuentes renovables

Fecha de Publicación: 25/10/2021
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional


El abastecimiento de energía eléctrica a partir de la generación por fuentes renovables cubrió en septiembre el 14,2% de la demanda eléctrica nacional, con un pico histórico de casi el 29% el día 26, informó hoy la Secretaría de Energía de la Nación.
En la mejora colaboró que en el tercer trimestre de 2021 se incorporaron 103,22 MW de potencia instalada por fuentes renovables a través de cinco proyectos puestos en marcha en tres provincias.
De esta forma, el abastecimiento de energía eléctrica a partir de la generación por fuentes renovables continúa en alza, ya que en septiembre cubrió un máximo histórico de 14,2% (1.469,8 GWh) de la demanda nacional, en promedio, según datos de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA).
En agosto, la cobertura había sido del 13,3% (1556,1 GWh) promedio y, en julio, del 12,9% (1.600,4 GWh).
En este contexto, el 26 de septiembre a las 9.30 horas se alcanzó el pico histórico de abastecimiento, cuando el 28,84% de la demanda de energía eléctrica nacional fue cubierta por fuentes renovables: un 67,65% por tecnología eólica, un 21,75% por fotovoltaica (solar), 5,55% por pequeños aprovechamientos hidroeléctricos (PAH) y 5,05% por bioenergías.
El récord anterior, de 26,47%, se había registrado el 12 de septiembre a las 14:55.
En este marco, desde la cartera nacional plantearon que estos resultados se hallan en línea con el objetivo de cubrir el 20% de la demanda eléctrica en 2025, establecido por la Ley 27.191, que fue sancionada en forma casi unánime por el Congreso Nacional en 2015.
Camino a la transición energética. “Queremos compartir con todos y todas este nuevo récord de energías renovables que nos afianza en el camino de la transición energética a la par del desarrollo de nuestra industria nacional, como nos plantan nuestro presidente y vicepresidenta”, destacó el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez.
En el tercer trimestre de 2021, se habilitaron cinco nuevos proyectos de energías renovables en tres provincias que suman 103,22 MW de potencia instalada al Sistema Argentino de Interconexión (SADI), continuando con el crecimiento de los primeros seis meses del año, cuando se habilitaron 15 proyectos que incorporaron 569,84 MW.
“Desde el Estado nacional seguiremos contribuyendo al crecimiento de las renovables en la matriz energética nacional con iniciativas de apoyo a los proyectos que están avanzados, la liberación de capacidad de transporte para nuevos proyectos y el fomento a los contratos entre privados y las bioenergías», explicó el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo.
Asimismo, informaron que al concluir el tercer trimestre de 2021 existen 182 proyectos operativos, con una potencia instalada total de 4.852,47 MW.
Los últimos cinco proyectos habilitados son: el Parque Solar Guañizuil II A, localizado en la provincia de San Juan, con 100 MW; la Central Térmica de biogás Arre Beef Energía y la Central Térmica de Biogás Resener I en la provincia de Buenos Aires, que incorporan 1,5 MW y 0,72 MW, respectivamente.
Además, dos aprovechamientos hidroeléctricos en la provincia de Córdoba, PAH Cruz del Eje II y PAH Boca del Río, que aportan 0,5 MW cada uno. Todos fueron adjudicados bajo la Ronda 2 del programa RenovAr y, en conjunto, permitirán el abastecimiento de energía eléctrica a más de 76.000 hogares.
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La Justicia dispuso el cese de la actividad de una curtiembre por daño ambiental

Fecha de Publicación: 25/10/2021
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes


El Juzgado Civil, Comercial y Laboral, a cargo del doctor Gustavo R. Buffil, hizo lugar a la acción de amparo iniciada por la Fiscalía de Investigaciones Rurales y Ambientales contra el propietario del comercio que llevaba adelante actividad industrial clandestina de curtido y almacenados de cueros.  
La Justicia resolvió el cese de la actividad de una curtiembre que funcionaba en la ciudad de Mercedes por generar un daño ambiental colectivo.
El fiscal de Investigaciones Rurales y Ambientales, doctor Gerardo Humberto Cabral, constató la actividad industrial clandestina de curtido y almacenados de cueros para su manufacturación en productos terminados en una curtiembre. La misma está ubicada en la ciudad de Mercedes, en una zona densamente poblada y transitada, habitada por personas altamente vulnerables y de escasos recursos.
El funcionario relató además haber recibido un informe realizado por la Comisaría Primera de esa ciudad que dio origen a una causa penal, imputando al propietario de un negocio —con supuesta habilitación municipal insuficiente e irregular—  dedicado a fabricar elementos de talabartería y curtidos de piezas de animales.
Señaló que esa actividad requería el uso de una gran cantidad de fluidos químicos nocivos, entre ellos arsénico, cromo total y plomo, sumamente peligrosos para la salud y el ambiente.
Indicó además la existencia en el lugar de herramientas y maquinarias para tal fin, listas para ser utilizadas sin ningún tipo de autorización o estudios de impacto ambiental.
Esos químicos eran vertidos en la vía pública y parte a la cloaca, constituyendo un peligro para la comunidad.
En la presentación ante el Juzgado Civil, Comercial y Laboral, el fiscal agregó que la empresa no contaba con ninguna medida de protección al ambiente, ni evaluación de impacto ambiental, ni tenía una planta de tratamientos de los efluentes previos al volcado de los mismos a la vía pública o cloaca.
Se realizaron pericias que arrojaron la presencia de cromo total y plomo en cantidades superiores a las determinadas por ley 24.051 y decreto 831, y los índices más elevados se verificaron en la vía pública. “(…) la contaminación es continua y se sigue produciendo, resultando necesario el cierre definitivo, hasta tanto no se inicie una acción de recomposición ambiental del tipo judicial para asegurar la inocuidad con costos a cargo de la demandada”, sostuvo en el planteo el doctor Cabral.

Sentencia
El doctor Gustavo Buffil, en la sentencia N° 140 hizo lugar a la acción solicitada y estableció el cese de la actividad generadora de daño ambiental colectivo que causa la fábrica de curtido y terminación de cueros.
Al fundamentar su decisión, el magistrado entendió que el amparo —procedimiento para solicitar a la justicia protección inmediata de un derecho o garantía— era el medio idóneo para obtener el cese de actividades generadoras del daño ambiental colectivo. Afirmó que “la agresión al derecho a gozar de un medio ambiente sano, por acciones u omisiones que generen un daño a la vida, salud o integridad psicofísica —en el caso, contaminación producida por una curtiembre clandestina—, habilita la posibilidad de reclamar por la vía del amparo su tutela y protección a favor de la persona humana damnificada”.
Y citó: “Cuando hay peligro de contaminación en el ambiente, la legislación específica permite el acceso a la justicia en forma rápida con el objeto de impedir la degradación o, ya producida, repararla en lo inmediato, erigiéndose la vía del amparo como la más adecuada para el efectivo cumplimiento de los fines de las leyes de protección ambiental sobre la base de los principios de prevención y precautorio que la sustentan…”.
En esta causa, a fin de determinar la ilegalidad manifiesta, bastaba con comprobar la ausencia —por no obrar constancias en la causa— de los procedimientos administrativos para obtener la licencia ambiental, previa evaluación de impacto ambiental (art. 11, Ley 25.675).
La obligación de realizar un estudio de impacto ambiental existe en relación con cualquier actividad que pueda causar un daño ambiental significativo, aseguró, y este emprendimiento industrial no posee autorización para el vuelco a la red colectora cloacal de efluentes industriales ni plan de gestión ambiental.
Por último, entendió posible dictar sentencia, sin perjuicio de no haberse expedido la jurisdicción penal, dadas las características del tipo de proceso —acción de amparo ambiental contra un particular, acción rápida y expedita—. La dilación en el trámite penal provocaría una vulneración del derecho constitucional de defensa en juicio. “El  principio precautorio que rige en materia ambiental habilita a tomar decisiones aún en casos de controversia o incerteza científica cuando existe riesgo de daños graves o irreversibles, como es este caso”, finalizó el doctor Buffil.
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Catamarca es la única provincia que no tiene parques nacionales

Fecha de Publicación: 25/10/2021
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Catamarca


El biólogo Gonzalo Martínez aseguró que crear áreas protegidas  podría evitar, a corto plazo, mayores consecuencias ecológicas.
"La falta de educación ambiental, sumada al poco interés del Estado provincial en cuanto a la generación de conciencia sobre la crisis climática y sus consecuencias, se transforman en un combo mortal para la naturaleza". El biólogo catamarqueño Gonzalo Martínez, aseguró a Catamarca/12 que es momento para que la provincia comience a  generar políticas viables a corto y largo plazo para poder contrarrestar los efectos del calentamiento global y del daño que día a día se le produce a los ecosistemas.
En este contexto, mencionó que Catamarca es la única que no tiene parques nacionales y una de las provincias que menos áreas protegidas posee.
Para Martínez, quien ha realizado varios proyectos y estudios en toda la provincia, sobre todo en la parte centro y este de Catamarca, donde se ubican las yungas, “la educación ambiental desde la escuela primaria sería fundamental para que los catamarqueños no sólo conozcan la gran biodiversidad que tiene la provincia y su importancia, sino y sobre todo para que aprendan a identificarse y saber cómo cuidarla”.
“El Estado tiene que comenzar a trabajar, no sólo en educación sino también en la colocación de cartelería de prohibición, leyes más rigurosas que  permitan castigar de manera adecuada el tráfico ilegal de flora y fauna, entre otras cuestiones”, explicó.
En este contexto, mencionó que el tráfico se produce sobre todo con diferentes especies de pájaros que son nativos y cuya extracción de la naturaleza y posterior venta está penada. Sin embargo, "como no existe folletería ni información en ningún lado, la mayoría de la gente no sabe de cuáles especies hablamos y lo toman como natural", dijo.
Lo mismo sucede con la flora. Martínez refirió que existe una especie de cactus que es endémico de la zona de yungas de Catamarca y que es saqueado por los coleccionistas. “Estamos hablando de una especie que sólo se da en nuestra provincia, de la cual no voy a decir nombre ni características para evitar mayores daños, pero que la gente va a buscarlo para colección y de esta manera puede llegar a extinguirlo completamente”, manifestó.
Esta situación estaría tan naturalizada que incluso existen viveros y veterinarias que comercializan estas especies. “Generamos un desequilibrio natural por desinformación”, opinó el biólogo y agregó: “creo que tanto el consumidor como el que trafica son personas que si el Estado estuviera más presente, informando o castigando en esas cuestiones, esta comercialización se revertiría”.
Atento a que la educación en etapa escolar sería una solución a largo plazo, señala que "existen ecosistemas que deben comenzar a protegerse ya; la creación de mayores zonas protegidas en la provincia podría ser un paliativo", dice.
"Catamarca es la única que no tiene parques nacionales y una de las provincias que menos áreas protegidas posee", señaló.
“Lo lamentable es que en estas pocas áreas protegidas, como lo es el Campo de Piedra Pómez (en Antofagasta de la Sierra) sólo colocan guardaparques en determinadas épocas del año. O si yo voy a Laguna Blanca, por ejemplo, no me entero que estoy en un área de éstas porque no sólo no hay cuidadores, sino que tampoco cartelería que me indique, parece que las áreas cuidadas de las provincia sólo son un papel”, criticó.
En este sentido, rescató lo importante que sería para el turismo la posibilidad de tener zonas con guardaparques, centros temáticos y todo lo que implica un área protegida según las normas provinciales y nacionales.

El campo
Por otra parte, explicó que tener este tipo de áreas, permitiría evitar las consecuencias de la ganadería. “En el campo las personas que no tuvieron oportunidad de estudiar, tienen prácticas caducas, matan lo que ven y no cuidan nada”, refirió.
La ganadería extensiva actualmente ocupa casi toda la provincia, pero sobre todo está ubicada en las zonas húmedas donde hay mayor diversidad y me atrevo a decir que es la que mayor daño está produciendo. “Con extensiva me refiero a que el que tiene ganado, en vez de tenerlo encerrado en el corral y comprarle alfalfa, lo libera para que  caminen por las sierras y coman de la naturaleza. Por eso hay vacas en las rutas, que además generan accidentes. Se trata de una especie exótica, porque la vaca no es nativa, y  come y destruye los ecosistemas a su paso”, explicó.
En este sentido, el biólogo mencionó que no existe nada que controle la ganadería extensiva en la provincia pese al daño irreparable que produce. Asimismo, señaló que comprende que el Estado le tiene mucho respeto al ganadero, pero ese productor tiene que entender que debe respetar el medio ambiente como todos”, dijo.
Así, contó que los ganaderos también son quienes terminan matando a los depredadores como pumas y por ignorancia también lo hacen con cóndores, que es una especie amenazada.
“El ganadero genera un problema enorme a la naturaleza y el Estado no regula, es por eso que propongo las áreas protegidas, para cuidar zonas y de esta manera evitar que se metan las vacas o caballos en zonas en dónde sólo destruyen  por evitar un gasto en comida para el dueño”, dijo.
"Algo importantísimo a tener en cuenta que también genera la ganadería, es que el estiércol que producen es el mayor productor de metano, un gas de invernadero por excelencia y gran aportante al calentamiento global”, advirtió el biólogo.
"Hoy en todo el mundo se está debatiendo sobre el daño climático, el calentamiento global es real. La frontera agropecuaria en Catamarca ya eliminó el bosque chaqueño completamente y lo muy poquito que queda lo protegió la Ley de Bosques Nativos. El resto del bosque quebracho colorado ya no existe en Catamarca. La ley ayudó a que las grandes empresas no puedan deforestar. Es por eso que marco la necesidad de seguir protegiendo”, concluyó.
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Cordobesismo: advierten que el Segundo Anillo de Circunvalación avanzaría sobre bosque nativo

Fecha de Publicación: 23/10/2021
Fuente: La Tinta
Provincia/Región: Córdoba


El gobernador Juan Schiaretti avanza en la expropiación para la construcción del Segundo Anillo de Circunvalación, sin informar por dónde pasará la obra en su totalidad. Organizaciones de Sierras Chicas y legisladoras del FIT alertan que cuando la obra avance hacia el oeste, pondrá en peligro la integridad del bosque nativo y de reservas naturales ubicadas en ese sector.
En el marco del Plan de Desarrollo de la Región Metropolitana, el Gobierno de Córdoba planea construir en los próximos años un Segundo Anillo de Circunvalación para rodear la ciudad de Córdoba Capital.
La primera etapa de la traza arranca uniendo la Variante Juárez Celman con la autovía Córdoba-Río Ceballos, a la altura de la rotonda de la Asociación Cordobesa de Volantes, a lo largo de unos 6 kilómetros. Por el momento, el proyecto impulsado por el gobernador Juan Schiaretti avanza en la expropiación para la construcción de una autovía que conecta ruta E53 y Ruta 9, pero organizaciones de Sierras Chicas y desde el bloque del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) alertan que cuando la obra avance hacia el oeste, pondrá en peligro la integridad del bosque nativo y de reservas naturales ubicadas en ese sector.
Al respecto, la legisladora del FIT Noel Argañaraz acusa que el Ejecutivo “pretende que se vote tramo por tramo sin darnos a conocer la obra a gran escala”.
“Nos niegan saber en cuales zonas del oeste pretenden cerrar el Anillo de Circunvalación. Toda la zona oeste es zona de conflicto ambiental, adelantamos desde ya que nos opondremos a cualquier avance sobre zonas rojas, de reservas naturales y bosque. La zona desde la localidad de Villa Allende y La Calera es serrana y está protegida. Aun así es una zona de múltiples conflictos ambientales hace varios años”, afirmó.
La obra civil dispuesta para circunvalar la Capital y mejorar el tránsito con el Gran Córdoba, se presupone -porque efectivamente no hay ninguna información oficial al respecto- que pasaría cerca de las localidades de Unquillo, Juárez Celman, Colonia Tirolesa, Monte Cristo, Bouwer, Malagueño, La Calera, Villa Allende y el tramo hasta Unquillo nuevamente.
El pasado 7 de octubre, se votó y aprobó en la Legislatura de Córdoba la expropiación de terrenos situados sobre el arco norte de la ciudad Capital, puntualmente entre la localidad de Colonia Tirolesa, en la Ruta Provincial A-174, y la Ruta Nacional N° 9 Norte, a la altura de Estación Juárez Celman. La futura traza se ubicará a siete kilómetros del primer anillo de circunvalación.
Argañaraz indicó que ese tramo que pasa por la llanura norte no genera controversias, pero subrayó que la Provincia se niega a informar por dónde pasará precisamente la vía en la zona serrana del oeste, cuando se cierre el anillo.
En la columna periodística que Sala de Prensa Ambiental tiene en el programa Subversiones de FM 102.3, el geógrafo Joaquín Deón, remarcó que existen implicancias en el plano socioambiental que son “sumamente graves”.
“El tramo entre La Calera y Unquillo pasa por alrededor de 2 mil hectáreas de bosque nativo y están protegidas por ordenanzas municipales que crearon las reservas Bamba, Villa Allende, Los Quebrachitos, entre otras. Además pasaría por áreas rojas categorizadas en la Ley Provincial de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo”, puntualizó el investigador del Conicet e integrante de la Coordinadora por los DDHH y Ambientales de Sierras Chicas.
Deón criticó además el aspecto de planeamiento urbano del proyecto, ya que obliga seguir pensando la región con un modelo de ciudad concéntrico, que desarticula a las localidades y sigue pensando todo unido a un sólo centro.
Por su parte, en declaraciones mediáticas, el gobernador Schiaretti remarcó que se trata de una obra que “será muy buena para todo el Gran Córdoba (…) para que el progreso no se detenga y sigamos avanzando”.
Esa misma obsesión por el “progreso”, es la que llevó al mandatario cordobés a posicionarse prácticamente a favor de los incendios y el desmonte en el norte provincial: “Yo veo que el norte viene progresando. Y nuestro norte viene progresando por la voluntad de su gente y porque se ha extendido la frontera agropecuaria en estos últimos años. Antes, cuando uno sobrevolaba el norte, veía el monte. Hoy, la parte más llana, se ve lleno de cultivos, lleno de animales de los que crían ganado. Se ven establecimientos agropecuarios modelos. Porque también en el norte, la producción agroalimentaria es fundamental, es motor del progreso“, declaró Schiaretti la semana pasada.
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Tendrán energía renovable 11 parques nacionales

Fecha de Publicación: 23/10/2021
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Nacional


El gobierno nacional lanzó una licitación para la instalación de equipos fotovoltaicos en 60 instalaciones de áreas protegidas. Se realizarán 28 en Neuquén.
A través del Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales (Permer) el gobierno nacional realizó el llamado a licitación LPN N°7/2021 para la provisión de energía renovable a 11 parques nacionales. Para el desarrollo se invertirán 2,6 millones de dólares para la instalación de equipos fotovoltaicos que se repartirán en 60 instalaciones de las áreas protegidas.  
Los 60 establecimientos públicos en los que se instalarán los equipos están ubicados en las provincias de Córdoba, Entre Ríos, La Rioja, Neuquén, Santa Fe y Tucumán, así como de un destacamento fronterizo del Ejército Argentino en Pino Hachado. Por otra parte, el gobierno también confirmó que realizará el relevamiento de otras 169 áreas que serán beneficiaras en la próxima etapa.  
El lote N°. 1 de la LPN N°. 7 corresponde a 33 instalaciones en edificios públicos: 14 en Córdoba, 6 en Entre Ríos, 2 en La Rioja, 4 en Santa Fe y 7 en Tucumán, mientras que en lote N°. 2 a 28 instalaciones en la provincia de Neuquén. La licitación prevé un plazo de obra de ocho meses para ambos lotes.  
La licitación, prevé siete kits con características diversas adaptadas a cada tipo de locación, como viviendas, galpones o seccionales.  
El presidente de Parques Nacionales, Lautarú Erratchú, señaló: "La instalación de dispositivos para utilizar energías renovables son parte de las acciones concretas que estamos desarrollando para asegurar la sostenibilidad de los recursos que se utilizan en las áreas protegidas; es una cuestión esencial para las políticas públicas que impulsamos desde el Estado nacional, en conjunto con el Ministerio de Ambiente".
Del anuncio, además de Erratchú, por parte de Parques participó la jefa de Gabinete, Fernanda Álvarez y los directores nacionales de Operaciones y Uso Público, Federico Granato y Matías Poltorak. También estuvo presente del coordinador del Permer, Luciano Gilardon, y de la asesora de la subsecretaría de Energía Eléctrica, Dra. Analía García.
"Tenemos el mandato del presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, para acompañar el desarrollo de un mejor ambiente, con más fuentes de trabajo y más oportunidades para todos y todas y el Permer nos permite todo eso, así que estamos contentos de poder pronto abastecer con energía segura y renovable a los parques nacionales", expresó el secretario de Energía, Darío Martínez.
“Con estas obras sustentables para el ambiente, llegamos a instalaciones alejadas del tendido eléctrico en las áreas protegidas de Parques Nacionales y contribuimos a la descarbonización de la matriz energética nacional”, sostuvo Gilardon.
Según detallaron desde Nación, los equipos fotovoltaicos garantizarán la provisión segura y constante de energía limpia en estas áreas protegidas. Dentro de los principales objetivos buscan evitar la contaminación sonora y atmosférica que provocan los generadores eléctricos alimentados por combustibles fósiles.
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¿Dónde se ubica Argentina en el ranking histórico del calentamiento global?

Fecha de Publicación: 23/10/2021
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


Los principales países responsables en materia de emisiones de gases efecto invernadero son Estados Unidos, China y Rusia.
La "geopolítica del cambio climático" será uno de los grandes filtros de luz para analizar el desenvolvimiento de la Cumbre del Clima de la ONU (COP26), el evento más importante del año de la agenda política global, que comienza la semana próxima en Glasgow, Escocia. Los países en desarrollo, como la Argentina, buscan que la carga económica de tomar las medidas para cumplir con los compromisos en materia de emisiones de gases efecto invernadero se distribuya teniendo en cuenta varios parámetros, entre los cuales se destaca la "responsabilidad histórica".
En este sentido, la organización británica Carbon Brief publicó recientemente un informe en donde determina la contribución de cada país al calentamiento global desde el año 1850, momento en donde se ubica el comienzo de la era industrial. La novedad es que además de las emisiones de gases efecto invernadero por la utilización de combustibles fósiles, el análisis también incluye el impacto de la deforestación sobre el calentamiento global, en la medida en que ésta reduce los espacios de captación de carbono, como bosques nativos o selvas, entre otros.

El ranking
"El primer lugar es para los Estados Unidos, que ha emitido más de 509 gigatoneladas --lo cual equivale a 509 mil millones de toneladas-- de dióxido de carbono (CO2) desde 1850. Esto implica el 20 por ciento de las emisiones acumuladas", indica el informe. Le sigue China, con el 11 por ciento del total y Rusia (7 por ciento).
El país sudamericano con mayor responsabilidad histórica en emisión de CO2 es Brasil, con 16 gigatoneladas, muy por debajo de la marca de las economías industrializadas de Europa Occidental. Sin embargo, al incorporar el impacto de la deforestación, Brasil salta al cuarto lugar de la lista histórica, con el 5 por ciento de la emisión total. El informe calcula que la destrucción de entornos naturales implica para Brasil la emisión de casi 97 gigatoneladas de CO2. En una situación similar está Indonesia.  
Alemania, el Reino Unido y Japón tienen un perfil parecido. Son enormes emisores por quema de combustibles fósiles, con 93, 75 y 67 gigatoneladas, respectivamente. La variable del uso de la tierra les beneficia, porque no presentan un grado de utilización tan extensivo de la tierra como los países en desarrollo. Con todo, ocupan el sexto, octavo y noveno lugar, respectivamente.
Cabe resaltar que el análisis no contabiliza para las potencias la deforestación que sufrieron sus antiguas colonias. Sin ir más lejos, la India es el séptimo país con mayor contribución al calentamiento global y fue colonia inglesa hasta fines de los '40. En el mismo sentido, Sudáfrica ocupa el puesto 16 y recién se independizó en 1961.

El papel de Argentina
A la economía nacional se le asigna un total de emisiones por quema de combustibles fósiles del orden de las 8,6 gigatoneladas de CO2, por debajo de otras naciones periféricas como México (20,6), Polonia (28,1), Irán (19,7), Indonesia (14,6), Ucrania (30,0) y algo por arriba de Tailandia (7,7).
Sin embargo, Argentina queda perjudicada por la medición del uso de la tierra, por lo cual el informe le asigna 23,7 gigatoneladas emitidas. Por ello, queda en el puesto 14 de emisiones históricas.
Argentina es el sexto país del mundo en términos de tierra cultivada, con 39 millones de hectáreas. Según datos oficiales, el país está entre los diez países con mayor pérdida neta de bosques en el período 2000-2015. La región más afectada es el Parque Chaqueño, el segundo foco de deforestación de la región después del Amazonas.

La COP26
"Nuestro análisis de las emisiones históricas ofrece un contexto vital para las discusiones de la cumbre. Es central la inclusión del uso de la tierra y la deforestación, los cuales afectan el clima de la misma manera que la quema de combustibles fósiles", indicó a Página/12 Simon Evans, autor del citado informe.
La cumbre va a contar con la asistencia de líderes políticos de todo el mundo. De hecho, el presidente Alberto Fernández espera poder concretar una reunión con su par norteamericano Joe Biden, con la negociación con el FMI como prioridad de agenda. La Argentina buscará además instalar el tema de las políticas de alivio de deuda a cambio de conservación de los ecosistemas y de la distribución del financiamiento para encarar la transición energética desde los países centrales hacia los periféricos.
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IEASA firmó un acuerdo para la producción a gran escala de hidrógeno verde en Bahía Blanca

Fecha de Publicación: 22/10/2021
Fuente: La Nueva
Provincia/Región: Buenos Aires


Se trata de un acuerdo suscrito entre la empresa Integración Energética Argentina Sociedad Anónima y el Instituto Alemán Fraunhofe. Será a partir de generación eólica en la zona de Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires.
La empresa Integración Energética Argentina Sociedad Anónima (IEASA) firmó un acuerdo con el Instituto Fraunhofer para el desarrollo del primer proyecto de hidrógeno verde a gran escala en la República Argentina.
El desarrollo técnico y económico del un proyecto de producción de hidrógeno verde será a partir de generación eólica, dedicada a tal efecto, en la zona de Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires, dónde IEASA cuenta con un predio de 200 hectáreas con 2.5km frente al mar que destinará al Hub-Hidrógeno.
El Instituto Fraunhofer cuenta con más de 29.000 empleados dedicados a la investigación de las ciencias aplicadas. Desde IEASA señalaron que, mediante el acuerdo suscrito, la empresa "participará activamente en los procesos de análisis, durante el cual habrá una importante transferencia de conocimiento. Esto consolida nuestra visión sobre la construcción colectiva del futuro", añadieron.
En ese contexto, el presidente de IEASA, Agustín Gerez, aseguró que "estamos en el inicio de una nueva era en materia energética y debemos tener un rol esencial mediante hechos concretos que tiendan a transformar realidades. Este proyecto de energía sostenible será el vector de la transición energética en la República Argentina y un gran aporte para la reducción de las emisiones de carbono a nivel global, mediante su aplicación industrial y eventual exportación de amoníaco verde, posicionando a nuestro país como un actor central en el objetivo de cero emisiones netas de carbono para 2050".
Asimismo, resaltó que "en marzo del corriente año, al asumir, incorporamos el hidrógeno como parte de nuestros objetivos sociales, y hoy, luego de meses de trabajo, empezamos a materializar uno de nuestros ejes de gestión. Además, es un enorme privilegio trabajar en colaboración con uno de los institutos de desarrollo de conocimiento más importantes del planeta”.
Finalmente, agregó que “en el mundo se empieza a consolidar la migración del financiamiento de proyectos de energías fósiles a sostenibles, que obliga a las empresas tradicionales del sector a transformarse y adecuarse para crear una alternativa de futuro posible y Argentina no puede ser ajeno a ello".
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Impiden desmonte en Bañado de Ovanta

Fecha de Publicación: 22/10/2021
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Catamarca


La Ley de Bosques Nativos impide la tala en todo el territorio provincial sin permiso previo de Medioambiente.
La Dirección de Fiscalización del Ministerio del Agua y Medioambiente de la provincia, impidió ayer que productores desmontaran un terreno ubicado en la localidad de Bañado de Ovanta, en el departamento Santa Rosa. Sin permiso previo, lograron quitar al menos una hectárea de monte nativo y fueron multados. La denuncia de vecinos evitó que el daño fuera mayor.
Rubén Dorado, Jefe de Inspectores de la Dirección de Fiscalización de área de Medioambiente, confirmó a Catamarca/12 el daño producido. Según su relato, en horas del mediodía vecinos avisaron a la Comisaría de Bañado de Ovanta, que a unos dos kilómetros del centro de esa localidad se estaba produciendo un desmonte con máquinas topadoras.
Cumpliendo con el protocolo y procedimiento para estos casos, se llamó a la Dirección de fiscalización que es quien debe intervenir para corroborar las características de la denuncia.
“Los vecinos avisaron con tiempo. Cuando llegamos, recién estaban llevando las máquinas. Dijeron que tenían permiso, pero lo único que mostraron fue un papel del 2018, las autorizaciones, cuando se dan tienen validez de un año”, contó. En consecuencia, los inspectores labraron las actas correspondientes y se los multó, luego de ordenar el cese de las actividades.
“Se trató de productores, pero no dijeron muy bien qué es lo que quieren producir. Nosotros hacemos el informe pertinente y paramos las obras, ellos después pueden presentar un descargo si así lo desean. Por suerte, el daño alcanzó poco terreno, debe haber sido menos de una hectárea”, refirió el funcionario.
Según explicó, las multas por desmontes sin autorización habían disminuido como consecuencia de la pandemia. No obstante, desde que volvió la “normalidad” volvieron a surgir.
De acuerdo con el último informe oficial de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS), en el país entre los años 2012 y 2013 se perdieron más de un millón de hectáreas que debían estar protegidas según el ordenamiento territorial que establece la Ley Nacional de Bosques. Dentro de las zonas afectadas se encontraba Catamarca, donde según el estudio se perdieron unas 12.164 hectáreas.
La provincia está dividida en zonas según los colores del semáforo. La Ley 5311 de Bosques Nativos y Ordenamiento Ambiental Territorial, sancionada en 2010, es la que dice cuáles zonas, según el color, pueden ser desmontadas con permiso previo. “Todos los desmontes que se hagan en Catamarca necesitan autorización”, dijo Dorado.
“Denuncias se reciben todos los días en toda la provincia. A veces son por campos que ya fueron autorizados y la gente no lo sabía. Medioambiente es la autoridad de aplicación de Ley de Bosques Nativos que estipula cómo, dónde y cuándo autorizar y siempre con un estudio previo”, señala.
La autorización, cuando se da, no sólo es para hacer movimientos de suelo, sino que también se otorga una guía de tránsito para mover ese material.
En este contexto, Dorado señala que una de las mayores infracciones que se cometen es cuando se talan algarrobos. Este árbol está protegido en todo el territorio, para poder quitarlo, aunque se encuentre en una vivienda, también se necesita autorización.
El objeto de la Ley 5311 es el de Ley tienen como objetivo “promover y garantizar la protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible del bosque nativo de la Provincia de Catamarca, así como la valoración de los servicios ambientales que éstos brindan a la sociedad. Se establecen a su vez, los criterios para el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos y la zonificación resultante en la Provincia, en ejercicio del dominio que éstas tienen sobre sus recursos naturales”.
Las zonas más afectadas están en el departamento Santa Rosa, en donde las tierras son arrasadas para darles lugar a los cultivos de soja y maíz.
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El Gobierno reglamentó nuevo marco regulatorio para biocombustibles

Fecha de Publicación: 22/10/2021
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional


La nueva normativa precisó que las empresas que produzcan o destilen hidrocarburos no podrán ser titulares o tener participación en empresas y plantas productoras de biocombustibles.
El Gobierno reglamentó hoy el nuevo marco regulatorio de biocombustibles, que apunta a controlar, administrar y fiscalizar la producción y comercialización de ese producto.
A través del Decreto 717 publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo determinó que las actividades de elaboración, almacenaje, comercialización y mezcla de biocombustibles serán reguladas de conformidad a lo previsto en la Ley 27.640.
Esa ley fue sancionada por el Congreso en agosto de este año y tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2030, aunque ese plazo podría extenderse por cinco años más. Se entiende por biocombustible al bioetanol y al biodiésel que cumplan los requisitos de calidad que establezca la autoridad de aplicación y que se produzcan en plantas instaladas en la República Argentina a partir de materias primas nacionales cuyo origen sea agropecuario, agroindustrial y/o provenga de desechos orgánicos.
Según lo dispuesto, la Secretaría de Energía (que es la autoridad de aplicación de la ley) tiene un plazo de 180 días -contados a partir de este martes- para llevar a cabo una revisión del marco regulatorio en materia de seguridad, calidad y registración.
También, para que "propicie el dictado de la normativa pertinente, que resguarde debidamente la salud y seguridad de las personas y sus bienes, en el marco del nuevo régimen de biocombustibles". Esa misma Secretaría deberá dictar la normativa aclaratoria y complementaria necesaria, y convocar a las cámaras empresariales del sector y a otros actores de la industria de los biocombustibles.
En ese sentido, se fijó un plazo de doce meses para que las empresas que produzcan o destilen hidrocarburos y sean titulares o tengan participación en empresas y plantas productoras de biocombustibles, se ajusten a lo dispuesto en el artículo 5 de la ley 27.640.
Ese artículo determina que "solo podrán elaborar, almacenar o comercializar biocombustibles, o llevar a cabo la mezcla de estos con combustibles fósiles en cualquier proporción, las empresas que se encuentren debidamente habilitadas a tales efectos por la autoridad de aplicación, caso contrario la actividad será considerada clandestina".
Asimismo, precisa que "las empresas que produzcan o destilen hidrocarburos no podrán ser titulares o tener participación en empresas y plantas productoras de biocombustibles".
El decreto determinó que los precios del bioetanol a base de caña de azúcar y de maíz serán actualizados conforme y proporcionalmente a la variación del precio de las naftas en surtidor.
El Gobierno justificó esta medida al señalar que "resulta necesario instruir a la autoridad de aplicación para que realice una revisión integral de la normativa en vigor hasta la sanción de la Ley N° 27.640 y propicie el dictado de la reglamentación conducente a la adecuada implementación del nuevo régimen de biocombustibles".
"Hasta tanto la autoridad de aplicación dicte la nueva normativa en materia de seguridad, resulta conveniente establecer un régimen de transición y disponer que las instalaciones destinadas a la producción, almacenamiento y mezcla de biocombustibles se regirán por las disposiciones contenidas en la Ley N° 13.660, su Decreto Reglamentario N° 10.877 de fecha 9 de septiembre de 1960 y su modificatorio y la Resolución N° 1296 de fecha 13 de noviembre de 2008", añadió.
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Domínguez destacó el rol de la ganadería y "el compromiso con la tierra" que tiene Argentina

Fecha de Publicación: 21/10/2021
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional


El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca participó de un encuentro con entidades agropecuarias donde acordaron redactar un documento de cara a la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático 2021.
El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez, destacó este martes el valor de la ganadería local y relativizó su impacto en relación al medio ambiente al señalar que "extensiva es altamente segura en términos sanitarios, eficiente en materia ambiental y de bienestar animal". Asimismo, resaltó "el compromiso muy especial con la tierra” que tiene Argentina.
El funcionario participó de un encuentro con entidades agropecuarias y de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (AAPRESID) en el cual acordaron la redacción de un documento conjunto en materia de sostenibilidad del sistema productivo argentino y sus desafíos de cara a la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático 2021.
Pese a las críticas realizadas por organizaciones ambientalistas, que sostienen el fuerte impacto de la ganadería en la generación de gases de efecto invernadero, que en las últimas décadas contribuyeron al aumento de las temperaturas en el planeta, el funcionario sostuvo que "todas las medidas y definiciones de gestión tomadas por este ministerio se basan en la opinión de referentes e instituciones técnicas y académicas de prestigio".
El ministro nacional, quien asumió días después de la derrota del Frente de Todos en las primarias de septiembre y retomó parte de la agenda que había impulsado el saliente Luis Basterra, remarcó que su vocación está "en el diálogo constante, como hemos demostrado, tanto a nivel nacional como internacional".
En ese sentido, Domínguez subrayó que desde su cartera "se viene desarrollando una política activa de apoyo a los productores para impulsar la producción cárnica y el aumento del stock ganadero". "Como afirma el Presidente, ese es el camino para garantizar el consumo nacional y el aumento de las exportaciones", agregó.

Agenda
Por la tarde, Domínguez visitó la localidad bonaerense de Laprida, donde participó de la inauguración de un Centro de Acopio Transitorio (CAT) de envases vacíos de fitosanitarios junto al intendente Pablo Torres. Desde allí, retomó sus definiciones acerca de la posición argentina para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP26.
En ese marco, el ministro destacó “todo lo que Argentina ha hecho en materia de Siembra Directa" e indicó que "nuestros productores se adelantaron 30 años a lo que nos reclaman hoy las naciones más desarrolladas en nombre del medio ambiente".
"Lo que en realidad oculta este reclamo son barreras fitosanitarias para nuestra producción", continuó.
Domínguez resaltó "el compromiso muy especial con la tierra” que tiene la Argentina y recordó que "fue un argentino, el Papa Francisco, el que habló del cuidado de la tierra en la Encíclica Laudato Si".
Por ello, planteó que "hay capacidades que hay que liberar" y convocó a sostener un diálogo como propuso el presidente Alberto Fernández en torno a "defender el recurso más importante que tenemos los humanos que es la tierra" y a "escribir nuestra propia historia en función de nuestros propios intereses nacionales”. "Porque muchas veces de tanto mirar lo que no es nuestro dejamos de valorar nuestras propias cosas, nuestras propias capacidades", lamentó.
Finalmente, afirmó que "no importa cómo piensa cada uno; lo importante es lo cada uno puede puede aportar desde su lugar para hacer un destino mejor". "Se lo merece la Argentina con todas las capacidades que tiene", concluyó.
En Laprida, además, Domínguez recorrió una Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos de la ciudad y mantuvo un encuentro con representantes de la Cooperativa Obrera y de la Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados (Conarcoop). También visitó la Escuela Agraria donde encabezó una charla abierta con productoras y productores y la comunidad educativa y que contó con la participación del titular de la Sociedad Rural de Laprida, Luis Crippa. Recibió, además, un reconocimiento como Huésped de Honor de la ciudad.
En el cierre de su agenda por la actividad, se reunió con los intendentes Pablo Torres (Laprida), Esteban Acerbo (Daireaux), Roberto Álvarez (Tres Lomas), Marcelo Santillán (González Chávez). Participó, además, el senador bonaerense Alfredo Fisher.
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Implementan un sistema de alerta contra la deforestación del bosque nativo

Fecha de Publicación: 21/10/2021
Fuente: Gobierno de Tucumán
Provincia/Región: Tucumán


Es impulsado por la Dirección de Flora, Fauna Silvestre y Suelos para monitorear la pérdida de de la flora silvestre tucumana. De acuerdo a imágenes satelitales, labrarán actas de infracción de forma remota.
La Dirección de Flora, Fauna Silvestre y Suelos del Ministerio de Desarrollo Productivo de Tucumán informó que se encuentra vigente el Sistema de Alerta Temprana de Deforestación (SAT), herramienta mediante la cual se pretende monitorear la pérdida de bosque nativo de forma continua, a través de procesos automatizados basados en imágenes satelitales.
Este sistema fue aprobado mediante resoluciones del área del Ministerio de Desarrollo Productivo, que facultan la implementación del labrado de actas de infracción de manera remota a través de imágenes satelitales a propiedades en las cuales se realicen intervenciones sin autorización de la Ley de Preservación de la Flora Silvestre, los Recursos Biológicos Acuáticos y la Fauna Silvestre y la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos.
En esta línea, mediante el SAT se busca fortalecer las acciones de control y vigilancia sobre los bosques nativos por parte de la DFFSyS, autoridad de aplicación de las normativas citadas.
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Multan por 50 millones a una empresa cordobesa por desmonte ilegal en Chaco

Fecha de Publicación: 21/10/2021
Fuente: Diario Chaco
Provincia/Región: Chaco


Se trata de dos predios en el Departamento chaqueño, Almirante Brown, donde se constó el desmonte ilegal de 250 y 370 hectáreas respectivamente.
A pesar de las actuaciones realizadas por la Dirección de Bosques, una de las ONG Somos Monte cuestionó la actuación de la Dirección de Bosques y la del director en forma personal sobre un caso ocurrido en el Departamento Almirante Brown, en zona amarilla, más concretamente parcela 369 y 370.
El Director de Bosques Emanuel Carrocino explicó que el cuestionamiento se basa, según esta ONG, en que "la institución no cobró la multa por un desmonte ilegal que se hizo en esas parcelas y que ya se estaba sembrando nuevamente en ese sector".
Sobre el particular Carrocino aclaró que en relación a esos predios "hay cuatro expedientes iniciados, se trata de la parcela 369 que es propiedad de una empresa cordobesa donde se afectaron por un desmonte sin permiso unas 250 hectáreas. Anteriormente a este desmonte ya había tenido un expediente de infracción que había pagado y luego también se procedió a la quema de los productos forestales. El otro caso, es en la parcela 370, un predio de adjudicación en venta a una mujer cordobesa donde también se tramitaron dos expedientes, uno es un desmonte de 400 hectáreas y la otra por la quema de los productos forestales de ese desmonte. Explicó que por las dos parcelas que son del mismo grupo económico, se aplicaron multas por alrededor de 50 millones tanto por el desmonte como por la quema de productores forestales y también se aplicó la restauración de la superficie desmontada conforme a la ley.
Asimismo, Carrocino recordó que la Dirección de Bosques "el año pasado aplicó las sanciones, después con el tema de la pandemia, la suspensión de plazos administrativos hizo que se atrase un poco el trámite del expediente y por su parte los abogados de la empresa fueron presentando una serie de recursos".
El director aclaró que su área "ya resolvió la situación de estos predios relacionado con el recursos de reconsideración y se le otorgó el recurso jerárquico que ahora está en trámite en Resistencia en el ámbito del Ministerio de Producción y la Subsecretaria de Desarrollo Forestal para resolver este recurso, una vez solucionado esto y si no se paga la multa y no se proceda a la restauración según lo ordenado por las disposiciones de la Dirección de Bosques, se le dará intervención la Justicia a través de la Fiscalía de Estado para la ejecución judicial".
Carrocino sostuvo que “la Dirección de Bosques hizo lo administrativamente posible para que esto se resuelva rápido, pero lamentablemente la pandemia y los plazos administrativos hizo que se demorara un poco el proceso”.
Por otro lado, mencionó que a través del Ministerio de Producción se solicitó al des-adjudicación de la parcela 370, que es una adjudicación en venta.
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