Acumar finalizó la primera etapa de limpieza de arroyos en la Cuenca del Río Matanza Riachuelo

Fecha de Publicación: 31/12/2020
Fuente: Ministerio de Obras Públicas
Provincia/Región: Riachuelo


Desde agosto, los equipos trabajaron en más de 58.000 metros de arroyos, para mejorar la situación de las vecinas y vecinos de los barrios.
El Ministerio de Obras Públicas, junto a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo y la Dirección de Hidráulica de la Provincia de Buenos Aires, concluyó los trabajos de la primera etapa de limpieza y desobstrucción de arroyos de la cuenca.
Los trabajos se llevaron a cabo en los municipios de Almirante Brown, Cañuelas, Esteban Echeverría, Ezeiza, La Matanza, Lomas De Zamora, Merlo y Marcos Paz, con el objetivo de mejorar la situación de todos los habitantes de los barrios de la Cuenca Media, que sufren las consecuencias de las inundaciones.
En este sentido, las tareas, que comenzaron en agosto, estuvieron a cargo de los equipos de Acumar junto a trabajadores y trabajadoras de distintas cooperativas, y ya se intervinieron 54 tramos de arroyos subsidiarios del río Matanza Riachuelo y canales de drenaje pluvial, lo que significa un total de 58.300 metros.
Los trabajos consistieron en la desobstrucción, acondicionamiento, limpieza y perfilado de taludes de los arroyos y cuerpos de agua con alta incidencia en la regulación hídrica para retirar el exceso de vegetación y residuos que fueron enviados a predios de la CEAMSE.
Para el próximo año el objetivo es trabajar junto a los municipios y la provincia de Buenos Aires en una segunda etapa, que incluya el mantenimiento de los sitios ya intervenidos.
Todos los trabajos se realizan bajo el Protocolo de Seguridad e Higiene, impulsado desde el Ministerio con el objetivo de cuidar a los trabajadores y trabajadoras de la obra pública.
.

Buscan promover la producción de los biocombustibles en la provincia de Buenos Aires

Fecha de Publicación: 31/12/2020
Fuente: Grupo La Provincia
Provincia/Región: Buenos Aires

Un proyecto de Ley del senador Andrés De Leo pide declarar de interés provincial la promoción y desarrollo para la producción y consumo de biocombustibles. También crea un Consejo Consultivo Asesor.
La iniciativa del legislador de Juntos por el Cambio busca promover e impulsar la producción sustentable de biocombustibles, elaborar un plan de acción para reemplazar los combustibles fósiles, y fomentar la investigación científica en el tema.
Para ello, el proyecto prevé que el Estado bonaerense incentive la inversión desarrollando acciones que propicien el marco para la inversión en producción y consumo de biocombustibles; con líneas de crédito especialmente diseñadas para la producción y consumo de biocombustible en el territorio provincial; con beneficios impositivos; y diseñando e implementando un plan de migración en el consumo de combustible de los vehículos oficiales, al igual que las empresas del Estado y las empresas de transporte.
Finalmente busca crear un Consejo Consultivo Asesor para la producción y el consumo de biocombustibles, que funcionará como instrumento de asesoramiento para el desarrollo de políticas de estado que impulsen y promuevan la producción y consumo de biocombustibles.
“El objetivo central del presente proyecto de Ley es generar políticas dirigidas a fortalecer el crecimiento, en cuanto a producción y consumo, de biocombustibles en la provincia, que contribuya al crecimiento económico. Propiciando la innovación tecnológica, la competitividad del sector en nuestra provincia, la generación de empleo, y la diversificación de la matriz energética”, dijo De Leo respecto a su proyecto.
En nuestro país producen biocombustible treinta y cinco (35) empresas. El sesenta y nueve por ciento (69%) de ellas son PyMEs, que concentran el veintidós por ciento (22%) del total de la capacidad de producción. De esas PyMEs que producen biocombustibles, diez (10) están radicadas en la provincia de Buenos Aires, en Ramallo, Junín y Bahía Blanca.
“El desarrollo de la industria de biocombustibles necesita de un marco propicio que impulse su desarrollo”, dijo De Leo.
Y agregó para finalizar: “en la apertura de sesiones legislativas ordinarias del corriente año el Gobernador de la Provincia señaló su intención de convertir a la provincia de Buenos Aires en una provincia petrolera. En ese sentido, consideramos oportuno el debate y estudio de medidas que desde esta Legislatura pueden generarse para cumplir con ese objetivo, siendo la industria del biocombustible, parte de la industria petrolera”
.

La generación de los diques tiene la mayor caída de los últimos 4 años

Fecha de Publicación: 31/12/2020
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan


Lo que aportan los embalses este año es un 54% inferior a lo producido durante el mismo período del 2019.
Un informe elaborado por la empresa Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE) muestra que durante los diez primeros meses de este año la generación hidráulica de los diques cayó un 54% con respecto al año pasado en el mismo período. Y que es, además, la menor cantidad producida por los embalses en los últimos 4 años, contando a partir del 2017. La situación es producto de la grave crisis hídrica por la que atraviesa la provincia, que ya viene de arrastre, y que está lejos se solucionarse.
 Cabe señalar que con menos generación es menor el aporte de la provincia al Sistema Interconectado Nacional, que se traduce en menos recursos que ingresan, aunque no hay una estimación oficial de los montos.
Miguel Gil Pugliese, gerente de Ingeniería y Operaciones de la EPSE, dio un panorama de la actual situación. En el caso del dique Los Caracoles, apenas si ha generado unos 20 días durante el 2020, entre los meses de agosto y septiembre, mientras que el año pasado las generación fue casi normal hasta el 28 de diciembre del 2019.
Según el funcionario, lo que pasó el año pasado y se está repitiendo ahora, es que viene demorado el deshielo y por ende el aporte a los ríos. Y por eso la alta demanda para el riego de esta época se cubre con lo que aporta Caracoles, que se que ha quedado sin agua suficiente para mover las turbinas.
En el caso de los diques Punta Negra y la llamada La Olla, funcionan en forma paralela, porque el agua que sale del primero también sirve para generar en La Olla. Ambas centrales están generando.
El otro embalse que queda es Ullum, que está generando y también desembalsando agua para el riego de los cultivos y para abastecimiento humano. En el caso de este dique, Gil Pugliese explicó que, por una cuestión de seguridad, hay que mantenerlo en una cota determinada, no demasiado baja, porque en el caso de una crecida y si ingresara mucho material de arrastre correrían peligro las tomas para agua potable de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE).
También el funcionario advirtió que en el 2021 la central de Ullum dejará de funcionar durante casi todo el año porque será sometida a un proceso de reacondicionamiento y modernización, después de 31 años desde que se puso en marcha. Es porque la turbina generadora de la central hidroeléctrica ha envejecido y los expertos aseguran que sus componentes han llegado al final de su vida útil. Está en marcha una licitación internacional para asegurar que la central siga generando por 30 años más.
Según el informe de la EPSE, también hay otras dos plantas que generan energía hidráulica. Se trata de las microcentrales Salto de La Loma, en Jáchal, y San Guillermo, en Barreal, departamento Calingasta.
También la central de Cuesta del Viento está generando energía, según consta en el informe.
Según una nota publicada pocos días atrás, se consignaba que a raíz de la crisis hídrica que atraviesa la provincia, se sigue consumiendo más agua de la que ingresa por el río, y sólo en noviembre las reservas de los diques sanjuaninos han bajado 20%. De continuar con ese ritmo de consumo el agua almacenada alcanzará sólo para cuatro meses más, hasta marzo. Ante ese escenario la expectativa es que el río San Juan traiga más agua en los meses de más calor, y que ayude a paliar la situación, pero eso no está sucediendo.
Lo que está sucediendo es que desde hace años que se viene consumiendo más agua de la que ingresa a los diques y eso impacta en el nivel de reservas de los embalses que tiene la provincia.

También hay baja en el orden nacional
De acuerdo a un informe elaborado por la Compañía Administradora Mayorista del Mercado Eléctrico (Cammesa), durante octubre la generación eléctrica de Argentina alcanzó los 10.695 GWh, superando en casi un 1% los niveles que se habían alcanzado en el mismo mes del año pasado. Sin embargo, la generación hidráulica tuvo en el décimo mes del año una fuerte caída del 18,8% interanual, ya que aportó casi 500 GWh menos que el año pasado. Esta situación se debe a lo que sucede en los ríos tanto del Litoral como de la zona del Comahue, también afectados por la crisis hídrica. El informe consigna que los aportes siguen siendo menores a los caudales históricos y a igual período anterior.
En el caso del complejo El Chocón (foto) está 7 metros por debajo de su nivel máximo. Este emprendimiento está ubicado sobre el río Limay, en la zona patagónica.
.

Innovadora sanción por participar de un desmonte en Salta

Fecha de Publicación: 30/12/2020
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Provincia/Región: Salta


La resolución de la Justicia constituye un precedente novedoso que involucra la restauración del predio afectado a su estado previo y el financiamiento de material de concientización sobre esta problemática.
A partir de una sentencia inédita que constituye el primer antecedente de este tipo en el país, dos productores rurales del sur de la provincia de Salta deberán plantar ejemplares de quebracho blanco y colorado y financiar una campaña local de concientización para prevenir la tala indiscriminada en esa zona, según lo resuelto por el juez federal de Garantías Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas en el marco de la causa iniciada por una denuncia de la Administración de Parques Nacionales (APN) en diciembre de 2019, tras detectar un cargamento de quebracho que era extraído desde la Reserva Nacional Pizarro.
En la causa intervino el Área de Flagrancia de la Unidad Fiscal Salta, a cargo del fiscal general Francisco Snopek, y la acusación se enmarcó en la figura de “encubrimiento por ánimo de lucro”. Aunque no provocaron el daño de la tala de manera directa, la Fiscalía señaló en la imputación la participación activa de ambos productores rurales en la cadena de logística necesaria para el traslado de los ejemplares extraídos ilegalmente de la Reserva Nacional.
De acuerdo a lo establecido por la Fiscalía, los ejemplares talados pertenecían al Lote 1 de la Reserva Nacional Pizarro. En el mismo se encuentra la Comunidad wichí Eben Ezer, que cuenta con un acuerdo con la APN para habitar un área determinada y desarrollar allí proyectos comunitarios sostenibles.
En este sentido, la coordinadora de Asuntos Penales de la Dirección de Asuntos Contenciosos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la APN, Natalia Cardozo, indicó: “Es la primera vez que resolvemos de esta manera un litigio de estas características, incluyendo material de concientización para cumplir con la Ley General del Ambiente y la restauración del predio afectado a su estado inicial, antes de producirse el daño. Por eso se trata de un precedente novedoso”.
.

En el interior, las minas de oro son ajenas

Fecha de Publicación: 30/12/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Chubut

Algo huele mal en la provincia de Chubut: el panorama económico y social es desolador. Y el país federal, el verdadero, bien haría en atenderlo.
"Chubut está blindada mediáticamente, sobre todo respecto de la megaminería y la lucha por el agua en que estamos empeñados, fijese que el único río grande que nos queda está en peligro de contaminación por la ambición de unos pocos", informan colegas que piden anonimato. "No pasa semana sin que existan movilizaciones, amenazas y actos de violencia, porque hay muy fuertes intereses oprimiendo a la población y encima a los empleados públicos activos y jubilados se les adeudan dos meses de sueldo y el medio aguinaldo de junio, y ahora se suma un tercer mes y el medio aguinaldo de diciembre. Es desesperante y el país ni se entera".
Sobran denuncias, además, de procedimientos policiales contra dirigentes y militantes opositores al intento de validar la megaminería que impulsa el gobernador Mariano Arcioni. "Frente a lo cual estamos muy solos, luchando contra mineras poderosas y un gobierno provincial cada vez más autoritario".
Claro que lo que pasa en Chubut no es diferente de lo que sucede en otras provincias. Si sólo tres o cuatro décadas atrás el folklore tradicional andino hablaba de la belleza de los paisajes, el aire puro y las aguas cristalinas, hoy todo eso ya no existe. En Catamarca todo está contaminado por Aguas de Dionisio, la megaempresa que a través de Glencore (la misma que es socia de la mina Bajo la Alumbrera a través de Agua Rica, y es también socia principal de Renova, empresa que a su vez participa de Vicentin, y es una de las principales exportadoras de aceite de soja del mundo) explota esa megamina extractora de oro y cobre que, según economistas y geólogos de la Universidad Nacional de Tucumán -–que fue la que descubrió el yacimiento–- nadie sabe cuánto ganan porque sacan sus extracciones por declaración jurada, con lo que nunca se sabe cuánto extraen ni cuánto exportan realmente.
Pero sí se sabe lo que declaran las 10 minas que extraen oro de territorio argentino por comercio exterior, según el Informe del Indec de los Complejos Exportadores: unas 62 toneladas de oro puro por año. O sea, 62.000 kilos de oro. Y entre ellas está también Veladero, en la provinia de San Juan, megaempresa canadiense-australiano-china que está considerada una de las 10 minas de oro más grandes del mundo.
Nadie sabe verdaderamente cuánto extraen ni cuánto venden. Todas son explotadas por empresas extranjeras, aunque en algunos casos participan gobiernos provinciales. Gracias a la reforma constitucional de 1994, que les dio el manejo del subsuelo a las provincias, hacen lo que quieren. No controlan nada, aceptan las declaraciones juradas de lo que se dice vender, no hay fiscalización ni se controla la contaminación. Así, en el caso de Catamarca se ha dicho que hay 39 familias hiperpoderosas. Muy ricas, pero en una provincia cada vez más pobre.
Si hubiera voluntad política, debería revisarse la parafernalia de normas y decretos que son funcionales a estas realidades. Empezando por no permitir que se declaren las exportaciones por declaración jurada, sino con verdadero y exhaustivo control de Aduanas.
En la provincia de San Juan está Veladero, otra de las 10 minas más grandes del mundo y cuyos dueños son la canadiense Barrick Gold Corp y la china Shandong Gold en partes iguales. Y también quisieron hacer Megaminería en Famatina, pero el pueblo de La Rioja no lo permitió. El consumo de agua en Andalgalá, que tiene 15 mil habitantes, es de un millón y medio de litros de agua por día. Además esta actividad produce destrucción irreversible de los ecosistemas; contaminación de las fuentes de agua, peligrosidad de los insumos y efluentes, afectación de flora, fauna, habitat, paisaje, pérdida de biodiversidad, degradación de condiciones socioambientales minimas para la vida en general. Fue la ley de minería de Menem la que sacó al Estado Nacional del control del subsuelo. Y entregó esas riqueza a la débil capacidad de negociación de provincias empobrecidas y con dirigencias fácilmente corrompibles.
La provincia de Chubut está en este momento expuesta a presiones similares, si bien su caso es más paradójico porque en los años 80, y hasta 1996, se dio allí lo que se conoció como "Epopeya Antinuclear de Gastre”, surgida de un proyecto de la CNEA que impulsaba la instalación de un basurero nuclear en Gastre, pequeña localidad de la meseta central chubutense. La idea era enterrar allí los residuos radiactivos de las dos plantas de energía nuclear que entonces tenía la Argentina (la cordobesa Embalse y la bonaerense Atucha), asunto que se discutió arduamente. Hasta que el incalificable gobierno de Carlos Menem se propuso importar además basura nuclear de centrales atómicas europeas, desechos hipercontaminados que cruzarían el Atlántico y se depositarían en el corazón de la Patagonia.
La reacción popular fue tan extraordinariamente masiva que terminó frenando aquella delirante idea, y a partir de entonces se fortaleció la conciencia ambientalista de los chubutenses. Que debieron librar otra lucha en 2002, cuando en el oriente provincial la comunidad de Esquel frenó con gran determinación la explotación de oro y plata en zona montañosa, como pretendía la Minera el Desquite (de la multinacional canadiense Meridian Gold). Aunque llevaban ya tres años de exploraciones, vecinos y académicos de la Universidad Nacional de la Patagonia se concientizaron frente a la aviesa información de la empresa y el gobierno provincial. Multitudinarias asambleas vecinales se pronunciaron por unanimidad por el NO A LA MINA. Y así en Chubut se promulgó la ley 5001, en 2003, que prohibió toda actividad minera metalífera a cielo abierto, así como la utilización de cianuro.
Pero como el diablo siempre mete la cola, como se dice, a partir de 2016 cuando el macrismo habilitó el endeudamiento de las provincias con acreedores extranjeros, el entonces gobernador Mario Das Neves emitió un bono por 650 millones de dólares para "ordenar las cuentas provinciales e invertir en obra pública". Lo cual no sucedió, y desde 2018 y en la medida en que se agravaba la crisis salarial y social el nuevo y actual gobernador, Mariano Arcioni, otrora defensor de la Ley 5001, cambió su postura. Y el 20 de noviembre pasado presentó en la Legislatura Provincial un proyecto de “Desarrollo Industrial Minero Metalífero”, que bajo el pretexto de "re-zonificación" permitirá "excepciones" a la prohibición de esa ley. Por supuesto, en beneficio de la explotación en la meseta chubutense, donde es vox populi que ya está operando la transnacional Panamerican Silver, que extrae plata, plomo y cobre a cielo abierto.
Desde mesas sindicales chubutenses, y gremios docentes, se reclama ya, razonablemente, "frenar el pago de la deuda externa tomada por el gobierno de Das Neves en 2016, y realizar una auditoría, porque no se sabe adónde fue el dinero".
Alguna vez el Congreso Nacional deberá sancionar una ley de absoluta prohibición de la Megaminería, el Fracking y las actividades que derrochan agua y además contaminan. Es de esperar que con toda urgencia.

Por Mempo Giardinelli
.

Nadie sabe cuándo se acabará con el mayor basural de Buenos Aires

Fecha de Publicación: 30/12/2020
Fuente: Agencia EFE
Provincia/Región: Buenos Aires

Desde que tenía 10 años, Pablo Zárate no conoce otra cosa que el basural de Luján, ubicado en la provincia de Buenos Aires. Allí trabaja todos los días, entra a las 7 de la mañana y sale sobre las 6 de la tarde, once horas de esfuerzo que le reportan unos beneficios de unos 3.000 pesos diarios, unos 36 dólares estadounidenses, algo más de 29 euros.
Basta con echar un vistazo a su alrededor para comprobar que no es un lugar idóneo para pasar tanto tiempo. Mientras habla a cámara, decenas de pájaros sobrevuelan montañas de hasta 25 metros de todo tipo de basuras, con olores insoportables y vapores que son sumamente nocivos para la salud.Pero eso no inquieta a Pablo: él tiene que trabajar allí porque, si no, se moriría de hambre.
“Si quieren que se cierre, vamos todos a la ruina, qué le vamos a hacer. ¿Dónde vamos a laburar nosotros?”, se pregunta este recolector informal en una conversación con EFEverde.
Trabajadores como Pablo Zárate encarnan por sí mismos una realidad que lleva décadas sin solución, la del mayor vertedero a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires que, a pesar de ser sumamente peligroso para el bienestar de los vecinos, constituye el único sustento para las más de 150 personas que viven de recoger sus residuos.

Doce hectáreas de basura
Los orígenes de este enorme complejo no están del todo claros. Nadie es capaz de explicar cómo ni por qué hace 50 años un predio baldío, situado a unos ocho kilómetros al norte de Luján, comenzó a acumular más y más basura, hasta sembrar de cartones, plásticos y metales un terreno de doce hectáreas perteneciente al ayuntamiento local.
El 95 % de toda esa superficie está sepultado bajo los desechos, amontonados unos encima de otros hasta donde alcanza la vista y que no hacen más que aumentar: según el director del vertedero, Pedro Vargas, cada día entran 120 toneladas de nuevos residuos al recinto.
“120 toneladas diarias por cada 50 años, hay que sacar la cuenta”, comenta Vargas a EFEverde, agregando que al comienzo de su gestión este año se topó con un basural “prendido en fuego, literalmente, y repleto de residuos por todos lados, donde el tratamiento óptimo que se le tiene que dar a los residuos no funcionaba”.
De hecho, si algo caracteriza al basural de Luján son sus frecuentes incendios, y es que sobre el suelo del vertedero no sólo yacen desperdicios cotidianos, sino también otros elementos inflamables y algunos materiales, como el cobre, que resultan particularmente atractivos a ojos de los recolectores informales.
Así, la mezcla del fuerte calor y el viento, por un lado, y las quemas provocadas por algunos de los trabajadores para recoger metales, por otro, han terminado por provocar múltiples incendios en los últimos años, algunos de hasta dos semanas de duración.

Humaredas infernales para los vecinos
Son precisamente esos incendios los que más afectan a los vecinos del bloque de los Santos, una agrupación barrial de la periferia norte de Luján, en donde cada vez más personas acuden a la sanidad pública por problemas de salud relacionados con el basural.
Con este drama convive todos los días Sergio Almada, presidente de la Asociación de Fomento del Barrio de San Pedro, una de las más beligerantes en las protestas contra el lugar, para quien actividades tan cotidianas como tender la ropa o cocinar al aire libre se han convertido en un imposible por el humo del vertedero.
“Tengo a mi hijo asmático y a dos nietas enfermas bronquiales crónicas. El humo que produce el basural, y más en los últimos años, es muy contaminante y muy perjudicial para la salud”, cuenta Almada a EFEverde por teléfono.
La nueva Dirección de Gestión Ambiental municipal es consciente de esta realidad y ha tratado de buscar el “ordenamiento más óptimo” de este espacio, dividiendo los desechos en tres categorías (domiciliarios, de volquetes y de poda) para reducir el riesgo de incendio.
“Eso lo que genera es que vos puedas tener a los trabajadores informales en una playa de disposición trabajando, que es la de residuo domiciliario, y que si se prenden fuego las ramas o partes de los volquetes no agarre el residuo, para que no genere esa humareda infernal que nos complicó de salud a todos los barrios periféricos del basural”, señala Pedro Vargas.

Tres generaciones de recolectores
La lista de problemas ambientales y sanitarios que acarrea el basural es interminable, entonces, ¿por qué no cerrarlo definitivamente? La respuesta es sencilla: cientos de trabajadores informales dependen de recoger sus residuos y no tienen ningún tipo de alternativa. Clausurar el vertedero implicaría condenarlos a una pobreza aún más extrema.
“Que se cierre el basural afectaría de manera directa, porque históricamente es su fuente de trabajo y de comida. Dejarían de poder llevar el pan de todos los días a sus hogares (…). Acá hay tres generaciones de familias”, relata el director del vertedero, que cifra en unas 170 las personas que actualmente acuden cada día a recolectar basura.
En ese sentido, los vecinos exigieron durante muchísimo tiempo el cierre del basural, pero ahora son conscientes de que esa opción, en un país con más de un 40 % de pobres y una crisis económica agravada por la pandemia, es simplemente inviable.
“En estos últimos cuatro años se multiplicó la cantidad de gente del basural por la desocupación que hubo, y ahora por la pandemia también, porque la gente se quedó sin laburo y han ido a buscar sustento allí”, reconoce el vecino Sergio Almada, añadiendo que él mismo en el pasado tuvo que acudir al vertedero para ganarse la vida.
Para aliviar en algo esta situación, el ayuntamiento adquirió máquinas propias -antes eran alquiladas- e instaló varios baños con duchas para los recolectores, obligados durante décadas a hacer sus necesidades en medio de los desechos.

¿Un saneamiento posible?
En cualquier caso, unos y otros admiten que el vertedero más grande de la provincia de Buenos Aires no puede seguir tal y como está: su existencia resulta incompatible con el cuidado del medioambiente y de la salud de los habitantes de Luján.
Por ello, desde el ayuntamiento han trazado un plan de “reconversión” y “saneamiento” del recinto, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para convertirlo en una “planta de tratamiento, donde los trabajadores informales pasen a tener mejores condiciones y sigan trabajando de lo que tanto les dio de comer históricamente”.
“Nosotros no podemos pensar un basural, una reconversión o un saneamiento sin los trabajadores informales, sí o sí tenemos que pensar de manera integral la solución (…). Vamos a tratar de cambiar el paradigma del residuo acá en la ciudad de Luján”, subraya con confianza Pedro Vargas.
Sergio Almada se muestra más escéptico al respecto. En su opinión, el único modo de poner fin a 50 años de malas prácticas y abandono sería mantener temporalmente clausurado el basural, limpiarlo a conciencia y reorganizarlo, algo inconcebible para las familias que dependen económicamente de él.
“Nos ha llevado cinco años tratar de buscar un principio de solución y no se ha conseguido, todavía estamos muy verdes y más con la pandemia. La urgencia es poner la planta de reciclado y la separación en origen”, zanja el residente lujanense.
Lo único claro tras medio siglo de amontonamiento de toda clase de residuos es que todavía hoy, en pleno 2020, nadie sabe cuándo se pondrá fin al basural de Luján.
.

Una denuncia reactiva las sospechas ambientales en Vaca Muerta

Fecha de Publicación: 29/12/2020
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén

La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas dijo que recopiló información desde 2014 para hacer la presentación judicial que originó un allanamiento en la empresa que debía sanear el basurero petrolero de Neuquén.
El jueves pasado, la fiscalía de Delitos Ambientales y Leyes Especiales recibió una denuncia penal en contra de Comarsa. La presentación, que se hizo vía mail, acusaba por contaminación a la empresa de tratamiento de residuos peligrosos. Así, una vez más, la mirada se volcó hacia lo que algunos llaman “el lado B de Vaca Muerta”.
“Residuos petroleros ultra contaminados, producto de la perforación de pozos mediante la técnica del fracking en la formación Vaca Muerta, se están acumulando a niveles escandalosamente peligrosos en “plantas de tratamiento” que no funcionan o sólo lo hacen en apariencia. Los establecimientos no sólo están dentro de los ejidos municipales de las ciudades de Neuquén y Añelo —contraviniendo las regulaciones ambientales—, sino que, además, funcionan en terrenos fiscales”, afirma la denuncia presentada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAAA).
No apuntaron únicamente contra Comarsa, sino también hacia las empresas petroleras generadoras, entre ellas YPF, Chevron, Shell y Exxon, por el principio “de la cuna a la tumba”. “También son responsables por los residuos que producen, independientemente si después fueron trasladados para su tratamiento”, señaló uno de los integrantes de la organización, Rafael Colombo.
Además, en la presentación se señala la responsabilidad penal de los funcionarios públicos, por no fiscalizar a las compañías que se dedican al tratamiento de tales residuos peligrosos. “Las autoridades gubernamentales concedieron casi 50 hectáreas de tierras fiscales para que la empresa Comarsa disponga de zonas liberadas entre Neuquén y Añelo para contaminar descontroladamente y generar un desastre con un pasivo ambiental valuado aproximadamente en 5 mil millones de pesos”, sostiene la exposición.
En la denuncia acusan a los tres actores – la empresa de tratamiento, las firmas petroleras productoras de residuos y funcionarios públicos- por: contaminación, incumplimiento de los deberes de funcionario público, encubrimiento y asociación ilícita. Exigen la “clausura inmediata de las plantas de Comarsa del Parque Industrial de Neuquén y de Añelo” y que “se ordene el saneamiento inmediato, completo y definitivo”.
Tras hacerse de la extensa exposición, que según informaron desde la AAAA consta de 160 carillas, el fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid ordenó el lunes pasado que se allanara la planta ubicada en la capital neuquina y la sede que Comarsa tiene en Añelo. El Ministerio Público Fiscal comunicó que, durante las diligencias, se secuestró diferente documentación que puede servir a la causa. Sin embargo, no dieron mayores precisiones.
Anteriormente a los allanamientos, el funcionario judicial solicitó informes sobre el funcionamiento de la compañía a la Subsecretaría de Ambiente de la Provincia. Desde la cartera indicaron que contestaron a los requerimientos del fiscal jefe de inmediato, el viernes pasado, tan sólo un día después de que se presentara la exposición penal en la Justicia.
Según afirmaron fuentes del área, quienes no pidieron información al organismo fueron los integrantes de la AAAA. “No conocemos a los abogados, pero sabemos que no son de Neuquén”, remarcaron y agregaron que “nunca” se presentaron a solicitar los expedientes. Desde la cartera indicaron que no tuvieron acceso a la denuncia penal y que se hicieron eco de la noticia a través de los medios.
Respecto a la denuncia en contra de la gestión del gobierno provincial, se mostraron muy seguros, pues señalaron que han hecho las fiscalizaciones correspondientes. “Hemos exigido estudios de sondeo verticales, que se hacen al nivel del subsuelo para ver si el hidrocarburo se está infiltrando. Ellos dan cuenta de que no hay infiltración. Está funcionando perfectamente”, recalcaron.
La presentación penal de la AAAA desempolvó la denuncia por contaminación contra la empresa Treater presentada en diciembre de 2018 y archivada en 2019. En ese entonces, la fiscalía solicitó que se analizaran las muestras de la planta de tratamiento.
Los resultados arrojaron valores normales, por debajo de los límites establecidos por la Ley, por lo que el caso no prosperó, ya que según explicó Breide Obeid en su momento, no había delito contra la afectación de la salud. Sin embargo, hace 10 días atrás se realizó una audiencia en la que la jueza Ana Malvido dispuso que se active la investigación y se desarchive la causa.
En mayo de este año, además, el mismo ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Juan Cabandié, avivó las dudas respecto a la contaminación que producen los yacimientos no convencionales. "Es inconcebible lo que está pasando en Vaca Muerta", aseveró durante una exposición que brindó a mediados de mayo en la comisión de Ambiente del Senado.
Aunque sostuvo que una inspección de su cartera había revelado que eran "alarmantes" los residuos que deja la actividad hidrocarburífera, con los que las empresas se manejaban con “total impunidad”, Breide Obeid desmintió que el funcionario haya presentado una denuncia formal en la Justicia.
Tras los dichos del ministro, la Subsecretaría de Ambiente elevó los informes sobre el funcionamiento de las plantas de tratamiento de residuos peligrosos a la cartera nacional. Además, invitaron al equipo de Cabandié a recorrer las instalaciones de las firmas: “Los pasamos a buscar y los llevamos hasta la planta. Ellos mismos redactaron las actas de la inspección, donde asentaron que no había irregularidades”.
Siete meses después, la contaminación en Vaca Muerta vuelve a reflotar tras una extensa denuncia que presentaron abogados ambientalistas. Queda esperar a la investigación que ya inició la fiscalía de Delitos Ambientales. Los denunciantes analizan constituirse como querellantes para contribuir con las averiguaciones.

Denuncian una “asociación ilícita” entre el estado y las empresas
La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas impulsó una denuncia de 160 carillas que incluye mapas, datos, fotos e imágenes satélites, junto con más documentación. El integrante de la organización Rafael Colombo remarcó que brindaron pruebas suficientes para develar las “fraudulentas maniobras” detrás de un “negocio millonario” que gira entorno a las compañías de tratamientos de residuos peligrosos, las empresas productoras de petróleo y el Estado neuquino.
La presentación judicial indica que existe una “comunidad ilícita” entre los tres actores, a quienes les compete responsabilidades penales.
El abogado ambientalista sostuvo que detrás de la denuncia hay un exhaustivo trabajo de investigación que se inició en 2014. Como antecedente, recoge el informe “20 mitos y realidades del fracking”, un trabajo realizado por Pablo Bertinat, Eduardo D´Elia, el Observatorio Petrolero Sur, Roberto Ochandio, Maristella Svampa y Enrique Viale. “Es una publicación que recoge testimonios de ingenieros, abogados, sociólogos, con aportes de las organizaciones de la sociedad civiles y de multisectoriales que deriva, entre otras acciones, en la presentación de esta denuncia”, señaló Colombo.
El letrado recalcó que la presentación tiene tanto “sustento”, que el mismo fiscal autorizó dos allanamientos contra Comarsa 48 horas hábiles después.
Aunque desde la Subsecretaría de Ambiente de Neuquén aseguraron que la AAAA “nunca” solicitó los expedientes, Colombo afirmó: “Ya los tenemos. Los hemos acompañado en la causa, junto a las ordenanzas municipales, decretos del gobernador y resoluciones. Todo lo que a nuestro modo deber revela el montaje de una ingeniaría legal en favor de Comarsa, para que actúe en condiciones de absoluta impunidad e ilegalidad”.
“Pedimos que se investigue a los funcionarios que avalan a una empresa que dice que está tratando los residuos, pero en realidad los está acumulado indiscriminadamente, sin bioseguridad e impermeabilización, con efectos dañosos en el aire, la tierra, el agua y la salud”, enfatizó el abogado ambientalista.

La Subsecretaría de Ambiente aseguró que Comarsa siempre fue monitoreada
Desde la Subsecretaría de Ambiente se desprendieron de la responsabilidad que les fue adjudicada en la denuncia presentada por la AAAA. Aseguraron que Comarsa ha sido monitoreada desde que se asentó en la localidad en 2008, cuando comenzó con el tratamiento de aceites usados.
Indicaron que en cada fiscalización la empresa no presentó inconveniente, hasta el avance de las urbanizaciones en 2015. En abril de ese año la Subsecretaría suspendió a la compañía por el mal funcionamiento del horno de desorción hasta mayo, cuando acreditaron mejorías.
Luego, en noviembre se dictó el Decreto 2263/15 que regula toda la actividad. En la norma se establece que las plantas de tratamiento y disposición final deben ubicarse a 8 kilómetros de las urbanizaciones.
Según un informe enviado por la Subsecretaría, tras el decreto, Comarsa solicitó tierras fiscales en Añelo y comenzó a tramitar la habilitación para una nueva planta de tratamiento de residuos especiales en el Ecoparque de la ciudad.
En agosto de 2016 la firma inició un plan de cierre y abandono de la planta, tras las demandas de los vecinos que vivían a pocos metros de la sede en Neuquén. “Vimos que no estaba cumpliendo con los plazos en el cronograma. Pidieron prórrogas, no se las dimos y los llenamos de infracciones”, afirmaron desde el área.
“Los expedientes hablan por sí solos. No podemos vulnerarlos y podemos dar cuenta de todas nuestras actuaciones. La puerta está abierta para todo el mundo, le dimos toda la información al fiscal”, aseguraron fuentes del organismo y remarcaron: “La función del organismo como autoridad de aplicación la podemos dar acabadamente”.
Por otro lado, desde la Subsecretaría señalaron que las plantas de tratamientos de residuos peligrosos son necesarias para el desarrollo de la industria hidrocarburífera. “Como el tratamiento siempre es tercerizado, hay que incentivar las inversiones con un esquema jurídico claro, como lo es el decreto, y después, como en cualquier actividad, se otorgan tierras fiscales”, explicaron.

Datos de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas
-La Planta de Comarsa del Parque Industrial de Neuquén está ubicada a 25 metros de viviendas, a sólo 500 metros de un barrio muy poblado y a 50 cuadras del centro de la ciudad.
-Allí hay acopiados 330.000 metros cúbicos de recortes de perforación. Equivale a 594.000 toneladas y 33 manzanas urbanas de 1 metro de altura.
-En Añelo la planta de tratamiento alberga 71.500 metros cúbicos de materiales contaminantes, lo que equivale a 128.700 toneladas.
-Las dos plantas de Comarsa tienen una superficie total de 46,5 hectáreas, el equivalente de 24 Plazas de Mayo con residuos peligrosos.
-Acumulan un total de 401.000 metros cúbicos de material altamente tóxico, equivalente a 722.700 toneladas o 500 piletas olímpicas.
-La denuncia es por: contaminación, incumplimiento de los deberes de funcionario público, encubrimiento y asociación ilícita.
-Exigen la “clausura inmediata de las plantas de Comarsa del Parque Industrial de Neuquén y de Añelo” y que “se ordene el saneamiento inmediato, completo y definitivo”.
.

Protección de los bosques: proponen penas duras para frenar los incendios intencionales

Fecha de Publicación: 29/12/2020
Fuente: El Cordillerano
Provincia/Región: Nacional

Ante un año signado por las llamas descontroladas, y considerando que, de acuerdo al Servicio Nacional de Manejo del Fuego, un alto porcentaje de los incendios forestales es producido “por intervenciones humanas”, la diputada nacional Fernanda Vallejo, del Frente de Todos, presentó un proyecto de Ley en pos de establecer una modificación al Código Penal, para crear un régimen sancionatorio que tienda a evitar la destrucción o degradación de bosques nativos, ya que, según se considera, las multas actuales no resultaron suficientes para proteger los ecosistemas.
La regla está prevista para que alcance, con penas de entre dos y diez años, a quien, sin autorización e intencionalmente, ocasione “el desmonte, incendio, cambio de uso de suelo o la destrucción de bosques nativos”, “queme a cielo abierto productos o subproductos derivados de desmontes o aprovechamientos sostenibles de bosques”, “realice la actividad de quema o de toda labor de eliminación de la vegetación mediante el uso del fuego”, o cause “incendio, explosión, liberación de patógenos, tóxicos o energía, inundación, derrumbe, emisión de radiaciones o cualquier otra situación capaz de producir estrago”.
Más allá de las condenas previstas en los casos citados, el proyecto establece que, si las acciones descriptas encierran un peligro para la vida, “el máximo de pena será de doce años”, y, en caso de que se “produjera la muerte de una o más personas”, la condena máxima “será veinticinco años de prisión”.
Se considera un agravante “la reincidencia en los delitos de naturaleza ambiental”, como también que el fuego se haya cometido “para obtener ventaja pecuniaria”, “coaccionando a otros para la ejecución material del delito”, “afectando o exponiendo al peligro, de manera grave, a la salud pública”, “alcanzando áreas urbanas o cualquier asentamiento humano o a una superficie de considerable importancia”, “por la noche”, “en épocas de sequía o inundaciones”, “mediante fraude o abuso de confianza”, con “abuso de derecho de licencia, permiso o autorización ambiental”, o “con la colaboración de un funcionario público en ejercicio de sus funciones”. A esto se le suma cuando “del hecho resulta la disminución de aguas naturales, o graves efectos erosivos en el suelo, o la modificación del régimen climático”, o se afectaran “bienes que sean de propiedad, uso y/o territorio de comunidades indígenas campesinas o de pequeños productores”, se alteraran “significativamente las condiciones de la vida animal o vegetal” o “algún espacio natural protegido, reservas, parques, áreas protegidas nacionales o provinciales o de alto valor de conservación”.
En las circunstancias mencionadas, “la escala penal prevista se elevará en un tercio en su mínimo y en su máximo”.
Lo mismo, de acuerdo al proyecto, sucederá cuando los delitos fueran cometidos por funcionarios o empleados públicos, caso en que, además, se impondrá “la inhabilitación perpetua para desempeñarse en la función pública”.
Para el funcionario que, contra la normativa vigente, habilitara o autorizara “la tala, desmonte, degradación o destrucción de bosques nativos”, más allá de la inhabilitación para cargos públicos, se dispone prisión de entre seis meses y cuatro años.
Cuando la falta sea de una persona jurídica, las sanciones serán: multa, cancelación de la personería jurídica, suspensión total o parcial de actividades, clausura total o parcial de establecimiento, publicación total o parcial de la sentencia, prestaciones obligatorias vinculadas con el daño producido, suspensión del uso de patentes y marcas, pérdidas o suspensión de beneficios estatales, suspensión para participar en concursos o licitaciones estatales, suspensión en los registros estatales.
En lo referido a las multas, “cuando no pudiera determinarse el valor de la ventaja económica obtenida por la acción sancionada”, los montos serán “entre diez y treinta mil Salarios Mínimos Vitales y Móviles por cada hectárea de bosque nativo en la cual se hubiere producido el desmonte, incendio, cambio de uso de suelo o la destrucción”.
Se advierte que, si el valor referido pudiera determinarse, “la multa podrá aumentarse”, siendo el máximo “el valor correspondiente al doble de la ventaja económica obtenida por la acción sancionada”.
También se aclara que podrán actuar como querellantes el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (o el organismo que en el futuro lo reemplazara) y las asociaciones o fundaciones cuyo objeto estatutario se vincule con la defensa del medioambiente.
El proyecto de la diputada Fernanda Vallejo culmina con una cita del Papa Francisco, que, en su Carta Encíclica Laudato (“Cuidado de la Casa Común”), dice: “Los recursos de la tierra también están siendo depredados a causa de formas inmediatistas de entender la economía y la actividad comercial y productiva. La pérdida de selvas y bosques implica al mismo tiempo la pérdida de especies que podrían significar en el futuro recursos sumamente importantes, no sólo para la alimentación, sino también para la curación de enfermedades y para múltiples servicios. Las diversas especies contienen genes que pueden ser recursos claves para resolver en el futuro alguna necesidad humana o para regular algún problema ambiental”.
.

Gran participación en capacitación sobre Especies Exóticas Invasoras

Fecha de Publicación: 29/12/2020
Fuente: Jujuy al Día
Provincia/Región: Jujuy


El Ministerio de Ambiente de Jujuy llevó adelante las Jornadas virtuales de Capacitación sobre Especies Exóticas Invasoras, en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación y la Administración de Parques Nacionales (APN).
Reunión del Ministerio de Ambiente de la provincia con el INTA Yuto, Parques Nacionales, la coordinadora NOA del Ministerio de Ambiente de Nación, Fundacion ProYungas, y la empresa Ledesma
Presidieron la apertura de las Jornadas, la ministra de Ambiente de la provincia, María Inés Zigarán, y la Secretaria de Política Ambiental en Recursos Naturales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Florencia Gómez. Acompañaron, por la provincia, la Secretaria de Biodiversidad y Desarrollo Sustentable, Verónica Sato; y el Director de Protección de la Biodiversidad y Áreas Protegidas, Daniel Zenón. Por parte de Nación, el Director de Biodiversidad, Guillermo Alejandro Priotto; y la Coordinadora del Proyecto Nacional para el abordaje de las Especies Exóticas Invasoras, Inés Kasulín.
La actividad se desarrolló a través de 3 módulos mediante una plataforma virtual, y el primer día contó con las exposiciones magistrales del Licenciado Flavio Moschione, el Malacólogo Diego Gutiérrez y la Licenciada Carla Nowak, quienes realizaron una introducción y expusieron generalidades sobre las Especies Exóticas Invasoras.
Por otro lado, en el segundo módulo se abordó la temática de las Especies Exóticas Invasoras que están presentes en nuestra provincia; expusieron el Doctor en Biología Segio Zalba, el Licenciado César Bracamonte, la Ingeniera Agrónoma Tania Witanowsky y el Doctor Carlos Ripoll.
Finalmente, el tercer módulo tuvo la presencia de la Doctora en Derecho Viviana Figueroa, la Doctora Rosana Seressi y la Doctora Andrea Olmos, quienes abordaron el marco normativo en la gestión de las Especies Exóticas Invasoras.
Asistieron a las Jornadas alrededor de 50 personas por módulo, entre estudiantes, docentes, investigadores y profesionales del campo de la Agronomía, la Biología, las Ciencias Naturales, el Derecho, y profesiones afines.

Acerca de las Especies Exóticas Invasoras
Las especies exóticas invasoras (EEI) son plantas, animales o microorganismos que habiendo sido trasladados más allá de sus límites naturales de distribución, consiguen establecerse y avanzar de manera espontánea en los nuevos ambientes donde son introducidos causando impactos severos sobre la diversidad biológica, la cultura, la economía y la salud pública.
No todas las especies introducidas se vuelven invasoras. Sin embargo, el impacto de las que consiguen invadir es con frecuencia muy significativo y varía en función de la especie y del hábitat. Las actuales tendencias de globalización del comercio internacional y las consecuencias del cambio climático permiten prever que el problema de las invasiones biológicas aumente en gravedad en el futuro cercano.

Estrategia Nacional sobre EEI
El proyecto Fortalecimiento de la Gobernanza para la protección de la Biodiversidad mediante la formulación e implementación de la Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras (ENEEI) (GCP/ARG/023/GFF) es coordinado a nivel nacional por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, cuenta con financiamiento parcial del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) y se encuentra bajo la asistencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) como agencia de implementación.
Entre sus objetivos se encuentran: desarrollar un marco fortalecido de gobernanza a lo largo del país que permita la protección efectiva de la biodiversidad contra los impactos de las EEI, potenciar los beneficios socioeconómicos, actuales y futuros, derivados de la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica, y promover la generación de políticas públicas para minimizar el impacto de las invasiones biológicas sobre la biodiversidad, la cultura, la economía y la salud, entre otros.
.

Los bosques desaparecidos: en los últimos 20 años la deforestación equivale a tres veces la provincia de Tucumán

Fecha de Publicación: 28/12/2020
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional


En las últimas dos décadas, sólo en el Chaco Seco argentino la destrucción fue brutal y pone a ese territorio como el segundo afectado en la cantidad de hectáreas en toda Sudamérica después del Amazonas. Un estudio pone en evidencia la aceleración de un fenómeno que no sólo afecta al ecosistema sino que impacta duramente sobre la vida de las comunidades indígenas y los pequeños productores
La expansión de la frontera agropecuaria está causando un impacto de características catastróficas en el ecosistema y la vida de las comunidades indígenas de la Argentina, particularmente por el proceso de deforestación que, por ejemplo, en la Región del Chaco Seco, en el norte del país, pone a ese territorio como el segundo afectado en cantidad de hectáreas de toda Sudamérica, después del Amazonas.
Este proceso se aceleró de manera ostensible en los últimos años, durante los cuales el porcentaje anual de pérdida de bosque nativo –respecto del total de bosque nativo remanente– aumentó en todo el territorio nacional de un 0,34% anual en 2015 a un 0,42% en 2018, lo que equivale a una superficie desmontadas de 183.368 hectáreas.
Un muy reciente estudio realizado por la Asociación para la Promoción de la Cultura y el Desarrollo (APCD) ubica a la Argentina “entre los diez países con mayor pérdida neta de bosques en el mundo durante el período 2000-2015”. También señala que desde la sanción de la Ley de Bosques Nativos, en 2007, la pérdida de superficie boscosa en el decenio 2008-2018 fue de aproximadamente 2,8 millones de hectáreas.

Más de 100.000 hectáreas en un año
Durante el último año, la situación en la región llegó a un pico aún más alarmante: “Este proceso continuó su deterioro en el año 2019, en el que se registraron 102.023 hectáreas deforestadas, totalizándose la suma de 6.011.867 hectáreas de bosques desmontados en el Chaco Seco para el período 1996 a 2019. Es decir, 60.118,67 kilómetros cuadrados, una superficie equivalente a casi tres veces la provincia de Tucumán”, grafica el estudio de APCD.
La ecorregión del Chaco Seco abarca Chaco, Santiago del Estero, Formosa, norte de Santa Fe, Córdoba y San Luis, oeste de Salta, Tucumán, La Rioja y Catamarca, y el oeste de Corrientes.
En el mismo sentido, el último informe del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible titulado “Causas e impactos de la deforestación de los bosques nativos de Argentina y propuestas de desarrollo alternativas”, señala que “desde el año 2016 la deforestación provocó, además, el desplazamiento de comunidades que desarrollaban su economía y cultura en base al bosque nativo, suponiendo así un proceso de concentración de la tierra y riqueza acompañado por una homogeneización de la producción en base a los monocultivos y la pérdida de generación de servicios ambientales forestales”.

El impacto social
Migraciones forzadas, pérdida de identidad individual y colectiva, desarraigo histórico y espiritual, aumento de la inequidad y de la pobreza son algunos de los efectos que la deforestación desenfrenada provoca en los habitantes de las zonas afectadas, principalmente en las comunidades indígenas.
“La destrucción del ambiente natural que suponen los bosques nativos tiene graves consecuencias para las poblaciones locales, compuestas principalmente por pueblos indígenas, familias campesinas y pequeños productores. Debido a la destrucción de su entorno, estos sectores muchas veces se ven forzados a desplazarse a grandes centros urbanos, aumentando así la concentración inequitativa de la población, los índices de pobreza y la pérdida de saberes culturales que hacen a una sociedad más diversa, justa e inclusiva”, explica a Infobae el veterinario Pablo Chianetta, uno de los autores del estudio.
En el lugar de las poblaciones desplazadas o afectadas por la deforestación y la expansión de la frontera agropecuaria se produce la aparición de nuevos actores económicos y rurales con una concepción totalmente diferente de la tierra y su relación con la vida humana. Se pasa así, de una visión de intercambio mutuamente enriquecedor de los sujetos con el entorno a una visión meramente extractiva, un verdadero saqueo de la riqueza que encierra la tierra.
“Los nuevos actores rurales que surgen luego del proceso de deforestación y reconversión de las tierras para fines de explotación agroganadera traen consigo otros criterios valorativos sobre la región, que se expresan, centralmente, en una visión reducida a lo meramente productivo. De esta manera, el ambiente se convierte solamente en un dispensario de recursos económicos que es preciso explotar con la mayor celeridad posible, sin tener en cuenta otras dimensiones que se juegan en el territorio”, describe el informe.

El caso de Formosa
El feroz avance de la frontera agropecuaria en Formosa no sólo se mide en hectáreas sino también en vidas. “Es un fenómeno que parece imparable y que afecta tanto al ecosistema como a la vida de las comunidades indígenas de todo el Chaco Argentino Paraguayo, ya que han perdido casi totalmente la posibilidad de cazar, melear (recoger miel) y pescar que han sido sus formas de subsistencia durante siglos. Y eso, finalmente, atenta contra los elementos y valores sobre los cuales se sustenta el ser indígena”, dice Chianetta a Infobae.
Si se sobrevolara el territorio formoseño el paisaje se podría describir como una enorme extensión de campos desmontados, de tierras rojizas, limitados por alambrados, entre los que subsisten, aquí y allá unas islas verdosas de bosques.
En algunas de esas islas todavía tratan de sobrevivir según sus costumbres ancestrales, diversas comunidades indígenas de las etnias wichí, qom, pilagá y nivaclé. De acuerdo con su cultura de cazadores y recolectores, durante siglos estas comunidades vivieron desplazándose por sus territorios ancestrales, según el ritmo que imponían las estaciones del año y la existencia de alimentos. Durante el verano, en las épocas de crecidas de los ríos se alejaban de sus márgenes y se asentaban en territorios interiores, mientras que en tiempos de bajantes, en los inviernos, se acercaban de nuevo cerca de las aguas para subsistir fundamentalmente de la pesca.

Pequeños productores y pobreza
Las comunidades indígenas no son el único colectivo afectado por el proceso de deforestación. En las últimas décadas, la expansión de la frontera agropecuaria afectó de manera regresiva a la diversificación productiva y, consecuentemente, a la posibilidad de supervivencia de los pequeños productores agropecuarios que históricamente tenían sus emprendimientos en las zonas deforestadas.
El informe de APCD detallar que “en el período 1988-2002, los pequeños productores agropecuarios vieron caer sus explotaciones en un 26%, porcentaje que asciende al 48% si se considera el período 1988-2018. Esto equivale a decir que casi la mitad de los pequeños productores ha desaparecido en sólo 30 años, llevando a una mayor concentración de la riqueza y aumento de las desigualdades”.
Así, la expansión irracional de la frontera agropecuaria, con la consecuente destrucción de los bosques nativos no sólo usurpa territorios a las comunidades que los habitaban desde hace siglos sino que también mata. A la tierra y a la gente.
.

Los estudios de impacto ambiental de la Hidrovía del río Paraná, bajo la lupa de los ambientalistas

Fecha de Publicación: 28/12/2020
Fuente: AireDigital
Provincia/Región: Litoral Argentino


Un trabajo del Taller Ecologista revela la falta de información que existe sobre las consecuencias de las obras de dragado en el río Paraná
Escasos, poco detallados, discontinuos, limitados y de difícil acceso público. Los estudios técnicos sobre los impactos socioambientales de la Hidrovía, el nombre productivista con el que se conoce a las obras de dragado y balizamiento del río Paraná, están bajo la lupa de las organizaciones ambientalistas de la región. La intención del gobierno nacional de volver a concesionar esas obras el año próximo reavivó el debate sobre las alteraciones territoriales que provoca modificar el cauce natural del río, que incluyen de manera directa erosión, pérdida de biodiversidad, desbarrancamientos y ocupación privada de las barrancas y que potencian, de manera indirecta, el modelo de agronegocio extractivista que el país sostuvo durante las dos últimas décadas.
Los detalles figuran en el trabajo “Ríos para la vida. Una revisión de los estudios de impacto ambiental de la Hidrovía Paraguay-Paraná” realizado por el Taller Ecologista de a raíz del nuevo proceso licitatorio para la concesión de la llamada “autopista fluvial”, que incluye nuevos parámetros de profundidad del canal de navegación del río, nuevas tarifas para la circulación del transporte y nuevas obras de infraestructura.

Revisión histórica
Desde su puesta en marcha en 1995 hasta ahora, las evaluaciones ambientales se basaron en tres aspectos: el incremento del tráfico de buques, los impactos propios de las obras y el impacto ambiental producido por la expansión del área productiva.
“Buscamos identificar los aspectos ambientales considerados históricamente en los estudios técnicos del proyecto contratados por el Comité Intergubernamental de la Hidrovía (CIH) para el tramo Cáceres-Santa Fe, los cuales complementamos con los estudios técnicos y de ingeniería. También revisamos los estudios independientes para el tramo Santa Fe-Oceáno, que comprende la región agroexportadora más importante de Argentina” explica el documento.
Desde el Taller Ecologista detallaron que los pliegos originales “sólo mencionaban que el concesionario debía evitar daños e impactos ambientales inconvenientes”, una “vaguedad que no exigía obligaciones ambientales específicas para el concesionario”.

Efectos directos e indirectos
La investigación destaca que existen diferencias entre lo que establecen los estudios oficiales y las críticas realizadas en los informes independientes. “En general, mientras los primeros concluyen que los impactos ambientales de la obra serían de magnitud moderada a menor, por el contrario, los informes independientes cuestionan dicha aseveración e indican la insuficiencia de los estudios realizados”.
Para el caso de los impactos en el área de Pantanal “estas discrepancias resultaron notables”. “Mientras los estudios calificaban de insignificantes los impactos de las obras proyectadas, por el contrario tanto las agencias consultadas como los especialistas destacaban los serios impactos ecológicos de las obras y las drásticas alteraciones, tanto en el régimen hidrológico y la biodiversidad asociada, como en las zonas de producción y explotación de gran escala”.
Además, el foco se puso (aún de forma deficiente) en los humedales del Pantanal “sin haber contemplado otros impactos relevantes que podría tener el proyecto en los humedales del Gran Chaco, en el complejo de planicies de inundación de los ríos Paraguay-Paraná y en los recursos pesqueros de los ríos”.

Superficiales y limitados
Una de las críticas del informe realizado por la organización ambientalista es que los estudios oficiales fueron “no adecuados e insuficientes” respecto a la complejidad socioambiental y sociocultural en el cual se implantaría el proyecto de la Hidrovía.
“Existe una falta de integralidad en los estudios oficiales, perdiendo así las especificidades propias. Observamos una aceptación incuestionada de la expansión de las actividades extractivas sin que se contemplen los impactos acumulativos”.
Los estudios no tuvieron en cuenta los impactos sobre las poblaciones afectadas y sus formas de vida y “sólo la variable económica fue tenida en cuenta”. Finalmente, destacaron “la dificultad que ha tenido la sociedad civil para acceder a la documentación técnica oficial, que permanece vigente”.
.

La minería gana en Catamarca: la Corte provincial declaró «inconstitucional» su prohibición en Andalgalá

Fecha de Publicación: 28/12/2020
Fuente: El Intransigente
Provincia/Región: Catamarca


El máximo tribunal hizo lugar a la acción interpuesta por la empresa Minera Agua Rica en contra de la localidad.
Este jueves, la Corte de Justicia de Catamarca dictó un fallo que favorece a la minería a cielo abierto, ya que considera «inconstitucional» que el municipio de Andalgalá la prohíba. El máximo tribunal judicial de la provincia hizo lugar de esta manera a la acción interpuesta por la empresa Minera Agua Rica en contra de la localidad norteña.
Andalgalá es una ciudad de 15.000 habitantes del centro norte de la provincia y capital del departamento homónimo, a 248 kilómetros al norte de la capital provincial San Fernando del Valle de Catamarca. Según NA, Agua Rica es un proyecto minero ubicado a unos 25 kilómetros al norte de dicha localidad, en el sector sur de la Sierra del Aconquija, en la provincia de Catamarca, donde se explota oro, cobre, plata y molibdeno a 3.300 metros sobre el nivel del mar.
En este marco, la Corte de Justicia decidió declarar la inconstitucionalidad de la Ordenanza Municipal 029/2016 sancionada por el Concejo Deliberante de la localidad por la que prohibía la actividad minera en el departamento. Además, tras cuatro años de tener la causa en su poder, el máximo tribunal de Justicia resolvió imponer las costas del proceso a la Municipalidad de Andalgalá.
El fallo de 86 páginas lleva las firmas de la presidenta del tribunal Vilma Juana Molina y de los ministros José Ricardo Cáceres y Miguel Figueroa Vicario. Y participaron los camaristas María Alejandra Azar y Manuel de Jesús Herrera por la inhibición de Amelia Sesto y Raúl Cippitelli, informaron medios de prensa de la provincia. En su voto, Figueroa Vicario dijo que la Constitución Provincial contempla a la minería entre las actividades industriales como fuente genuina de riquezas y señaló que la Carta Orgánica de la Municipalidad de Andalgalá dice que el municipio «promoverá y estimulará las actividades mineras». «Prohibir la actividad minera como lo expone la ordenanza N.º 029/16 colisiona con la Carta Provincial contradiciendo e incumpliendo precisamente el alcance dado a la autonomía municipal de asegurar y fomentar la actividad minera que auspicia la Constitución y ratifica la Carta Orgánica», dijo el ministro.  
Cáceres fue el único que voto en contra de dictar la inconstitucionalidad al sostener que la ordenanza objetada no ha hecho más que cumplimentar un deber constitucional, dado que la provincia no ha legislado los aspectos ambientales que conlleva la práctica de la minería a cielo abierto con la utilización de determinadas sustancias químicas tóxicas.  «Y ante tal vacío legal era más que pertinente que el municipio asuma su competencia en la materia y dicte esa regulación ambiental», señaló el funcionario, quien formuló también que varias provincias dictaron leyes en contra de la actividad minera.

Repudian el fallo de la Corte Suprema de Catamarca a favor de la contaminación que causa la megaminería

La licenciada Luciana Gagliardo, presidente de Conciencia Solidaria, habló en exclusiva con El Intransigente.
La licenciada Luciana Gagliardo, presidente de Conciencia Solidaria, habló en exclusiva con El Intransigente acerca del fallo de la Corte Suprema de Catamarca a favor de la contaminación que causa la megaminería y repudió la decisión judicial. En ese marco, dijo que “básicamente, desde diferentes organizaciones nos declaramos en repudio absoluto y total respecto de esta sentencia definitiva, que declara la inconstitucionalidad de la ordenada que en Andalgalá prohíbe la mega minería en cualquier de sus formas”.
Cabe recordar que a tan solo dos días de la Navidad y a poco de concluir el año en que la minería se declaró “actividad esencial” en plena pandemia, la Corte Suprema de Justicia de Catamarca declaró “inconstitucional” la Ordenanza 029/2016. La misma, prohíbe la explotación minera en cualquiera de sus formas a desarrollarse en la cuenca del río Andalgalá, ubicada en la localidad catamarqueña del mismo nombre.
En ese sentido, Luciana Gagliardo manifestó que “esta ordenanza la particularidad que tiene, además de prohibir esta actividad extractivista que ya tiene consecuencia a nivel ambiental de pasivos ambientales, sociales y económicos en la localidad de Anadalgalá y alrededores, tiene la particularidad que, independientemente del posicionamiento en los bloques políticos del Consejo Deliberante local, fue aprobada por todos y cada uno de sus representantes”.
“Es decir, es un fiel reflejo de la voluntad popular, de la voluntad de este pueblo que hace más de una década lucha para frenar esta actividad extractivita en su territorio”, explicó. Asimismo, añadió que “la justicia provincial catamarqueña, está avasallando en forma absoluta y brutal este derecho a la autodeterminación, a la voluntad popular que esta respaldada por el órgano legislativo municipal y tanto el gobierno provincial aduciendo que los recursos naturales son de las provincias, son administrados por la provincia”.
No obstante, expresó que “la empresa propiamente dicha manifiesta claramente que la minería es una actividad de corte legal, avanzan sobre una ordenanza que lo único que hace es prohibir una actividad comprobadamente nociva, tanto para la salud de las personas, como para la actividad del ambiente. Así como también va en detrimento de los genuinos procesos de sostenimiento de las economías regionales”.
.

La minería divide a Chubut y Río Negro se pone en guardia

Fecha de Publicación: 26/12/2020
Fuente: Letra P
Provincia/Región: Chubut - Río Negro

El proyecto del gobernador Arcioni, frenado en la Legislatura y con denuncias de corrupción. Asambleas rionegrinas activan protestas y una iniciativa popular.
El proyecto de zonificación productiva de la meseta impulsado por el gobernador Mariano Arcioni enardeció el clima social de Chubut. El plan minero, ahora trabado en la Legislatura y rodeado de un escándalo de corrupción, provocó una frontal oposición que dividió en dos a la sociedad de esa provincia y que tiene su réplica, por ahora de menor escala, en Río Negro.
A través de una iniciativa popular, las organizaciones ambientales rionegrinas buscan prohibir la minería metalífera y pusieron en marcha la recolección de firmas para que el parlamento trate este proyecto. Al mismo tiempo, organizaciones de pueblos originarios anunciaron una movilización a Valcheta, donde se encontró uranio, en contra de la actividad.

Al alargue
La actividad extractiva es rechazada históricamente por vastos sectores en la Patagonia. Sin embargo, acuciado por el déficit de las cuentas públicas y una pila de bonos de deuda, Arcioni avanzó con su propuesta de desarrollo minero con el objetivo de inyectarle dólares a la economía chubutense y revitalizar una zona postergada del territorio a su cargo. Se trata del segundo intento en pocos años, luego de que el gobierno de Mauricio Macri buscara reflotar el Proyecto Navidad de la firma canadiense Pan American Silver.
El proyecto oficialista “para la ampliación sustentable de la matriz productiva" provincial habilita la explotación minera en la meseta y afirma que deja a salvo de riesgo ambiental tanto a la cordillera como al río Chubut. Sin embargo, la Unión de Asambleas Ciudadanas del Chubut se opone y reunió unas 30.000 adhesiones que le permitieron presentar en el poder legislativo una Iniciativa Popular en favor de la sustentabilidad ambiental. A esta acción, le sumaron numerosas marchas bajo la consigna "No es No". Algunas de ellas, sorprendieron por su virulencia y radicalización, inclusive a muchos chubutenses que ya han pasado más de una vez por situaciones de este tenor.
La polarización social que abrió el proyecto minero en Chubut también se trasladó a la política y enturbió la sanción del proyecto de Arcioni, que a priori contaba con los votos necesarios para su aprobación. La unificación del peronismo chubutense erigió a un nuevo actor, que quiere participar del debate y exige más tiempo para discutir el proyecto. Encabezado por el exintendente de Comodoro Rivadavia Carlos Linares y con el regreso al partido de dirigentes que en 2019 acompañaron al gobernador en la coalición Chubut al Frente, el PJ trabó el trámite legislativo: algunos votos que parecían seguros dejaron de serlo y la iniciativa ya no será tratada en las sesiones ordinarias. No está claro si el gobernador apelará al alargue de las Extraordinarias para tratar de imponer el plan minero.
Pese a todo, Arcioni intentó mostrar respaldo en una movilización de sindicatos. En Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn y Trelew salieron a la calle los gremios vinculados a la actividad productiva, como la UOCRA, Camioneros y Petroleros.
El jefe provincial, apuntado por el descalabro económico y el malestar social, fue el único orador del acto en la cuenca petrolera. “Somos un ejemplo de lo que significan los procesos exploratorios y extractivos. Y sabemos muy bien luego de 113 años de petróleo, lo que significa cuidar el medio ambiente”, comenzó el mandatario, aliado del gobierno nacional pero con el PJ en la oposición  provincial. “Hoy tenemos la oportunidad de dar la discusión, no vamos a permitir que quieran instalar falsos dogmas que lo único que hacen es perjudicar la reconversión productiva de Chubut”.
El ejemplo que Arcioni cita no convence a buena parte de la sociedad. Letra P informó las numerosas manifestaciones para que se frene el plan de la meseta, que tendrá una nueva movilización en contra este martes. La previa de la marcha de antorchas está signada por una denuncia de la diputada Leila Lloyd Jones (Interbloque) en la que acusa a otros legisladores de recibir 10 millones de pesos para acompañar la zonificación minera y por la filtración de un video del legislador provincial del PRO, Sebastián López, en el que reclamaba 100 mil pesos para hacer lobby por la actividad.
Sobre este tema, como pudo saber Letra P, la titular nacional del partido, Patricia Bullrich, estaba al tanto antes de que trascendiera. La decisión del partido que ideó Mauricio Macri fue repudiar a su diputado y espera que avance la investigación. López, jaqueado desde ese momento en la alianza Juntos por el Cambio, responsabiliza al diputado nacional Ignacio Torres por el corrimiento que sufre dentro de JxC. El primer resultado fue la fractura del bloque provincial: los dos legisladores de la UCR se despegaron de López y armaron rancho aparte.
 
En guardia
Con ese álgido panorama al sur del paralelo 42, en Río Negro las asambleas socioambientales buscan curarse en salud y ya proyectan una segunda etapa de su plan de acción. Después de constituir una comisión de legales, empezará el 28 de diciembre el proceso de recolección de firmas para que el proyecto sea tratado en el parlamento local. “Estamos comprometidos con el medioambiente, con la vida. Estamos bregando para que no se instale la megaminería en nuestra provincia, por eso presentamos el proyecto”, coincidieron en una reunión virtual este martes diferentes integrantes de la asamblea Curru Leufu (Río Negro).
Como lo marca la Ley provincial 3654, el proceso de iniciativa suscribe requisitos básicos como el sustento de la firma del 3% de los ciudadanos inscriptos en el Padrón Electoral de la última elección. En total, un número cercano a las 17.000 adhesiones. Para conseguir ese número, aunque apuestan a un respaldo mayor, recorrerán diferentes localidades con las planillas que dispondrá la Legislatura. Tienen casi todo el 2021 para trabajar en este proyecto.
A esta movida se le suma el anuncio de una marcha a la región del Bajo Gualicho, en Valcheta. En esa localidad de la región sur, que se fundó tras la instalación de un campo de concentración de la Campaña del Desierto, la Coordinadora del Parlamento Mapuche–Tehuelche realizará una protesta para plantear el rechazo a lo que sucede en la vecina provincia y ante la presencia de empresas en el territorio.
.

La Justicia rafaelina confirmó prohibición de 1.000 metros para fumigar con agroquímicos en Sastre

Fecha de Publicación: 26/12/2020
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Santa Fe

La Cámara Civil y Comercial rechazó la apelación y el pedido de nulidad impulsado por la Municipalidad junto a productores agropecuarios contra una sentencia de primera instancia.
En medio del acalorado y creciente debate que se registra entre posturas ambientalistas/sanitarias y el campo sobre el límite agronómico, la decisión del Tribunal de Alzada rafaelino es de significativa trascendencia al ratificar, por primera vez en la provincia de Santa Fe, en una segunda instancia judicial, una distancia de 1 kilómetro de protección contra la aplicación de agroquímicos.
Vale recordar que en un fallo considerado histórico el juez en lo Civil, Comercial y Laboral Nº 1 de Rafaela, Duilio Hail, hizo lugar, sobre el final del pasado mes de setiembre, a un amparo colectivo ambiental y estableció un perímetro de exclusión o reserva de 1.000 metros a contar desde el límite de la planta urbana de la localidad de Sastre y Ortiz, en el Departamento San Martín, dentro del cual quedaron prohibidas las fumigaciones terrestres de todo tipo de agroquímicos. Esa resolución fue aplicada en el marco de un recurso de amparo presentado el 29 de noviembre de 2018 en los Tribunales de San Jorge, tras un reclamo de la familia de Zoe Giraudo, una niña de dos años que estaba en tratamiento oncológico y vivía en una casa expuesta a las fumigaciones.
Ahora, la Cámara de Apelaciones Civil, Comercial y Laboral de de Rafaela confirmó el fallo del juez Hail en los autos “González, Sonia María y otros c/ Municipalidad de Sastre y Ortiz s/ amparos colectivos.”

Principio precautorio
Para el abogado del fuero rafaelino, Enrique Marchiaro, especialista en derecho a la salud y derecho público, “este fallo -como mucho otros- básicamente lo que hace es cumplir con la normativa ambiental argentina y su ‘principio precautorio’, haciendo los jueces lo que sin duda dejaron de hacer los poderes legislativo y ejecutivo provincial y municipal, porque si hay una causa de este tipo es porque antes no se legisló correctamente ni se controló adecuadamente”.
En ese marco, puntualizó que “luego del análisis de los antecedentes y los elementos de la causa judicial, la Cámara consideró, además de otras pruebas, fundamental la opinión de dos científicos santafesinos: Damián Verzeñassi de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y Rafael Lajmanovich de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), los que coinciden sobre la necesidad de fijar 1.000 metros como zona de resguardo”.
Entre otros puntos, indicó Marchiaro, se resalta la opinión del primero de los nombrados, quien informó que “los perfiles epidemiológicos construidos han evidenciado la existencia de patología en cuyo proceso puede estar vinculado con la exposición a los agroquímicos entre las que se destacan por su prevalencia las endócrinas como el hipotiroidismo, patologías respiratorias crónicas y agudas, problemas de salud sexual y reproductiva con el incremento a lo largo del tiempo de los casos de abortos espontáneos y una incidencia creciente de los casos de patologías oncológicas, que abonan el hecho de que esas enfermedades sean responsables de la mayor cantidad de muertes”.
En otro tramo del informe de Verzeñassi se señala que “a lo largo de los últimos años hemos identificado un incremento en la incidencia de enfermedades alérgicas respiratorias y pulmonares obstructivas (como asma y EPOC) así como referencias de personas de entre 50 y 59 años que ya tienen diagnósticos de Alzheimer o enfermedad de Parkinson, enfermedades que generalmente presentan sus síntomas a partir de los 65 años”.
Marchiaro aclaró que “tanto el municipio de Sastre y Ortiz como los productores agropecuarios que apelaron la decisión judicial aún tienen la instancia de interponer un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, aunque disponen de un plazo perentorio para hacerlo que vencerá en la última semana del año”.
Finalmente, el profesional del Derecho destacó “que este precedente se suma a otro similar dado por la Cámara Civil Sala II de Santa Fe (autos Bassi, Norberto Oscar y otros c/ Comuna de Zenón Pereyra y otros s/ amparo) con lo cual se va confirmando un criterio judicial que, vale recordar, esta en sintonía con lo que la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe ha dicho en el conocido caso “Peralta c-Municipalidad de San Jorge”, que fue la primer sentencia judicial en Argentina (año 2009) en la que judicialmente se determinó la validez de la prohibición de fumigaciones cercanas a los radios urbanos”.
.

Rosario presentó su proyecto para reducir la contaminación ambiental

Fecha de Publicación: 25/12/2020
Fuente: Impulso
Provincia/Región: Santa Fe


La iniciativa tiene como objetivo disminuir este índice un 22% para el 2030 a través de un Plan Local de Acción Climática que marcará el rumbo de la ciudad para los próximos diez años. La tarea es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
La ciudad se prepara y planifica su futuro pensando en los efectos del cambio climático, y por ello el municipio presentó este martes Su Plan Local de Acción Climática.
La presentación estuvo a cargo del intendente Pablo Javkin que dio precisiones del plan que traza objetivos concretos para reducir en un 22% las emisiones de gases de efecto invernadero en los próximos diez años.
Con un fuerte proceso de trabajo conjunto con la ciudadanía, el proyecto fue desarrollado a través de la Secretaría de Ambiente y Espacio Público municipal, tras experiencias y pasos previos, entre los que se destacan compromisos internacionales asumidos por la ciudad y el Inventario de Gases de Efecto Invernadero generado en 2018.
“Todo este proceso sirvió para generar una herramienta de planificación estratégica del gobierno que permite optimizar la gestión de recursos técnicos y económicos, internos y externos, para hacer posible la transición hacia una ciudad resiliente. Para ello, se enfatiza en tres aspectos para la reducción de emisiones en materia de residuos, energía y movilidad, y otros tres para la adaptación: biodiversidad, salud y agua” informaron a través de un comunicado.
Al mismo tiempo Javkin señaló: “Lo estratégico de la sostenibilidad de un plan ambiental siempre fue muy claro, pero después de este año está más claro que nunca. Rosario firmó varios pactos globales en relación al clima, y éstos implican crear planes de acción climática, no sólo definir objetivos generales sino cuáles son las medidas y cómo las vamos a hacer. La primera de todas estas acciones seguramente sea la nueva planta de separación”.
“Si la pandemia nos mostró algo es que acá no hay más tiempo que perder, que ya no es solamente es una teoría sino que ya vemos cuáles son los efectos concretos de ignorar la problemática ambiental, por eso es importante este Plan Local de Acción Climática”, agregó.
Asimismo señaló: “Las ciudades somos grandes responsables, el mundo se ha urbanizado y por eso hay que llevar adelante acciones. Y este Plan es para lo inmediato, para los próximos diez años, que excede una gestión”.
Los objetivos principales del Plan Local de Acción Climática (PLAC), son cuatro: mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero; impulsar la eficiencia energética, la movilidad sostenible y la gestión de residuos; aumentar el acceso a energía limpia, e identificar y adaptarse a los riesgos asociados al cambio climático.
Para cumplir dichos objetivos, en primera instancia se realizó un diagnóstico de la ciudad y cuál es el escenario si no se llevan adelante medidas que apunten a tener una ciudad resiliente y sostenible. Los efectos e impactos, conocidos a nivel global, van desde el aumento de la temperatura media, hasta el incremento de precipitaciones que conlleven inundaciones y anegamientos, entre otros.
En detalle, el documento propone una serie de proyectos vinculados a los ejes nombrados, que tienen una meta de reducción para el 2030 del 22% de las emisiones, compuesto por un 10% en materia de residuos, un 7% en lo relacionado a la movilidad y un 5% en energía.
Para ello, los proyectos incluyen la puesta en marcha de plantas de tratamiento de residuos, la ampliación de la red de ciclovías y la iluminación led en la totalidad de la ciudad, entre otros.
Además, se apunta a la recuperación de las cuencas de los arroyos Ludueña y Saladillo, la creación de un Tríptico Ambiental (conformado por el Bosque de los Constituyentes, el parque Regional Sur y la Reserva Municipal Los Tres Cerros), la consolidación de áreas verdes destinadas a la producción sustentable de alimentos y la adecuación de la red de desagües y cloacas.
.