El sector de los biocombustibles busca una respuesta política ante la falta de precios

Fecha de Publicación: 09/09/2020
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Nacional


Expectativas ante una reunión con el nuevo secretario de Energía de la Nación. Empresarios y trabajadores encaran un camino unidos en la crisis
La situación del sector de los biocombustibles es crítica. Es por eso que la Federación Argentina Sindical de Petróleo, Gas y Biocombustibles, los sindicatos de Petróleo, Gas y Biocombustibles de San Lorenzo y de Bahía Blanca, y la Cámara Santafesina de Energías Renovables (Casfer), se reunieron en un encuentro virtual para tratar de encontrarle una salida a la crisis terminal que están atravesando las empresas pymes de biocombustibles ante el incumplimiento (desde hace más de 8 meses) por parte del Estado Nacional en la publicación de precios.
Rubén Pérez, secretario General del Sindicato del Petróleo, Gas y Biocombustibles, manifestó que se está llegando al límite y señaló que se están paralizando todas las actividades y está quedando la gente en la calle”. El dirigente contó que en Buenos Aires ya hay suspensiones de trabajadores y dijo que Santa Fe está en las vísperas de eso.
“La situación es acuciante. Se lo planteamos al gobierno, nos reunimos con Kulfas en marzo, hoy estamos con la pandemia pero la situación de los biocombustibles es que prácticamente el costo de la materia prima supera al costo que fija la secretaria de energía para el biocombustible por lo que se hace inviable y quedarían este mes cientos de trabajadores suspendidos o despedidos y sin trabajo”, precisó Pérez.
Durante otro encuentro virtual que se realizó el jueves la federación que nuclea a todos los sindicatos del país confirmó que ya tienen en agenda una reunión virtual con el nuevo secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, para abordar la situación y no publicación de precios de referencia.
Pérez se lamentó porque un gobierno con el mismo signo político como el de Néstor Kirchner que en 2006 promovió la producción de biocombustibles en el interior del país hoy no pueda brindar respuestas a los reclamos. “Es incongruente”, remató al tiempo que comentó que el loby de las petroleras presiona para que no se aumente el nivel de corte de los biocombustibles porque les significa una importante inversión en instalaciones y le genera un costo extra y las automotrices también porque no quieren ajustar los vehículos a nuevas mezclas.
“El biocombustible es una realidad en muchos países de Europa, Asia y hasta Estados Unidos, que lo utilizan para sus vehículos y tractores. No es algo que pedimos a contramano del mundo. En .. Alemania tienen el corte al 18%”, precisó sobre un sector que reúne a unos 4000 mil trabajadores en puestos de trabajo directo y suma 8 mil con los indirectos.
Juan Facciano, presidente de Cámara Santafecina de Energías Renovables (Casfer), apuntó por su parte que todos los actores del sector “coincidimos que la crisis que está atravesando la industria de los biocombustibles es política y requiere una definición política por parte del Estado nacional”.
“El sector empresario y los representantes de los trabajadores queremos que el Estado nacional y la secretaría de Energía cumpla con la ley, con el marco regulatorio que rige la actividad. Desde diciembre no se publican los precios que por disposición legal deberían publicarse todos los meses. Esta situación llevó a que hoy la industria del biodiesel pyme este en una absoluta situación de quebranto y a las puertas de tener que cesar sus actividades de manera definitiva”, destacó.

Mesa de trabajo
La Federación Argentina Sindical de Petróleo, Gas y Biocombustibles manifiesta su máxima preocupación por la profunda crisis que atraviesa la actividad de biodiesel en toda nuestra República Argentina poniendo en riesgo 9.000 puestos de trabajo, indicó en un comunicado.
La organización viene denunciando y solicitando respuesta desde hace meses, y hoy la situación ha empeorado notablemente con las consecuencias del parálisis total de plantas de biocombustibles y la suspensión y despidos de trabajadores. “La falta de una política clara sobre el sector energético empuja a las empresas, en su mayoría pymes, a discontinuar la producción y llevar a una realidad de total incertidumbre sobre el futuro de la actividad. Hoy tenemos compañeros afectados en distintas provincias, principalmente en Entre Ríos, Santa Fe, Tucumán, Córdoba y Buenos Aires, y es necesaria la urgente intervención de la Secretaria de Energía”, indicó.
La federación recordó que las empresas del sector fueron creadas durante la gestión del presidente Néstor Kirchner generando un gran impacto en las economías regionales, dando trabajo a miles de trabajadores en las zonas más alejadas de los centros urbanos. “Lamentablemente, en la actualidad y luego de cuatro años de falta de política energética en pos de la producción y el trabajo argentino, seguimos con la ausencia de acciones contundentes que defiendan esta actividad tan relevante en estos tiempos”, reseñó.
Los gremios que conformamos la Federación instaron a la conformación de una mesa de trabajo que lleve a soluciones urgentes a todos los actores de la rama biocombustible. “Necesitamos retornar al sendero de la producción y del trabajo”, resaltaron en un comunicado.

Pensando una nueva ley para la actividad
La Liga Bioenergética de Provincias Argentinas considera que, dada la relevancia de la industria sería mejor que el Congreso sancione una nueva ley para el sector. Este camino permitiría, entre otras cosas, ir hacia mayores porcentajes mínimos de corte, que hoy son del 12% para el bioetanol y del 10% para el biodiésel.
En el caso del bioetanol, el anteproyecto de la Liga Bioenergética prevé un corte obligatorio del 15% desde el inicio de su vigencia, que iría aumentando progresivamente hasta alcanzar el 27,5% en el año 2027, porcentaje que ya utiliza el mercado automotor de Brasil. Y también busca impulsar los vehículos con motores flex, que pueden utilizar 100% de etanol.
Este proyecto también ofrece un horizonte de largo plazo y reglas del juego previsibles, que permitirán a más jugadores invertir en el sector y favorecerán una mayor participación de las provincias en un modelo federal.
Sin embargo, esta posibilidad de desarrollo y agregado de valor ambiental y económicamente sostenible no es, lamentablemente, acompañada por todos. Hace unos días, comenzó a circular una propuesta que las petroleras le habrían presentado al ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, con lineamientos generales para otra ley de biocombustibles. Este otro proyecto es totalmente antagónico al propuesto por la Liga Bioenergética. Entre sus características, prevé que se habilite a las petroleras a producir biocombustibles y la construcción de plantas de gran tamaño.
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Cabandié anunció obras y entrega de bienes en Salta, Chaco y Santiago del Estero

Fecha de Publicación: 09/09/2020
Fuente: Ministerio de Ambiente
Provincia/Región: Nacional


Fue mediante una videoconferencia de la que participó el gobernador Jorge Capitanich y autoridades santiagueñas y salteñas. Las tres provincias recibirán una inversión total de $ 179 millones, otorgada por el BIRF y ejecutada por el Ministerio de Ambiente, para mejorar las condiciones de vida de numerosas comunidades rurales.
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, mediante una comunicación virtual con el gobernador chaqueño, Jorge Capitanich, y funcionarios de Santiago del Estero y Salta, encabezó el acto de firma de contratos para la adjudicación de pozos de agua, techos colectores y cocinas para más de 1500 familias campesinas e indígenas que viven en zonas de bosque nativo de dichas provincias.
La inversión total de las obras y bienes es de $ 179 millones, financiados por el Banco Mundial mediante el crédito BIRF 8493-AR. Este programa había sido subejecutado por la gestión anterior de la cartera de Ambiente, que había devuelto cerca de 40 millones de dólares. Además, la gestión precedente habían ejecutado estos fondos a un ritmo promedio de dos millones de dólares por año, mientras que ahora, por decisión de la actual gestión, ya se avanzaron en acciones por casi seis millones de dólares. Al respecto, el ministro Cabandié sostuvo que comienza a destrabarse “un préstamo que venía retrasado” destinado a la población más vulnerable de los bosques nativos.
Sobre las obras y bienes adjudicados, el titular de Ambiente afirmó: “Hoy dimos un gran paso y saldamos una deuda pendiente con las comunidades que habitan en nuestros bosques nativos”. “Las cocinas para reducir el consumo de leña y los techos recolectores de agua de lluvia son importantes, pero los pozos para el abastecimiento de agua tienen una importancia mayúscula, producto de lo que sucedió el último verano” en Salta. “Estamos saldando una deuda de muchos años, nos hemos propuesto llevar adelante siete pozos que son de mucha urgencia para que las comunidades locales tengan acceso a un derecho esencial, el agua”.
Por su parte, el gobernador Capitanich destacó con respecto a los beneficiarios que “además de pensar en el ambiente, se piensa en las personas que están muy alejadas de las grandes ciudades del país. Son familias humildes que esperan soluciones y medidas del Estado, acciones que les puedan cambiar la vida”.
Las obras de perforación profunda para el abastecimiento de agua con sistemas de bombeo alimentados por energía solar, que incluye el almacenamiento y el tratamiento de clorado para el consumo humano, demandan una inversión total de $ 112 millones y se estima un plazo de entrega por pozo de tres meses, que el ministro nacional pidió a los adjudicatarios sea respetado. Los siete pozos se emplazarán en el municipio de Santa Victoria del Este, del departamento salteño de Rivadavia, y beneficiarán a 500 familias.
Además se adjudicó el contrato a la empresa encargada de la provisión de cocinas para reducir el consumo de leña y mejorar las condiciones de salubridad en los procesos de cocción para más de 600 familias que habitan en el departamento de Rivadavia, Salta; el departamento de Güemes, Chaco; y los departamentos de Alberdi y Copo, Santiago del Estero.
En el acto, también rubricó la adjudicación la empresa que construirá los 17 techos de recolección de agua de lluvia. Se trata de tinglados de 160 m2 de superficie de captación y capacidad de almacenamiento de 40 mil litros de agua para 500 familias salteñas, chaqueñas y santiagueñas.
La iniciativa que cuenta con financiamiento del Banco Mundial es ejecutada a través de la Secretaría de Política Ambiental en Recursos Naturales del Ministerio de Ambiente, en el marco del Proyecto Bosques Nativos y Comunidad que busca fortalecer a comunidades rurales e indígenas que habitan zonas de bosques nativos. Martín Mónaco, director nacional de Bosques, sostuvo que la misma representa “una política para conservar los bosques mediante un aprovechamiento sostenible y con la gente que vive en zonas rurales, que tiene necesidades a cubrir y en eso el Estado tiene un rol central”.
Del acto participó de manera presencial en el Ministerio la titular de la Unidad Gabinete de Asesores, María Soledad Cantero. Desde Chaco acompañó al gobernador la secretaria de Ambiente provincial, Marta Soneira. En representación del Gobierno de Salta participaron el ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos, y el secretario de Ambiente, Alejandro Aldazábal. Y por Santiago del Estero, el ministro de Obras y Servicios Públicos, Agua y Medio Ambiente, Argentino Cambrini.
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Argentina está en el segundo lugar en el mundo por los incendios forestales

Fecha de Publicación: 08/09/2020
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Nacional


Lo informó el Monitoreo Global de Bosques. Los incendios se han producido en el este, norte y centro del país. Para la Patagonia, faltan alertas más tempranos, personal y presupuesto.
Argentina está ubicada en el segundo lugar en el ranking mundial de focos de incendios desde las últimas cuatro semanas, según el Monitoreo Global de Bosques que usa un sensor de un satélite de la NASA en base a los datos de las últimas cuatro semanas. En primer lugar está Israel, y en el tercer puesto, los Estados Unidos. La mayoría de los incendios forestales y de pastizales se han registrado en el Delta del Paraná y en la provincia de Córdoba, pero también se han desarrollado más hacia el Norte y el Centro del país. Ya afectaron a 11 provincias.
En Patagonia Norte, los incendios forestales se producen con mayor frecuencia a partir de noviembre. Pero científicos y encargados locales del manejo de incendios que fueron consultados por RÍO NEGRO advirtieron que falta trabajo en prevención, presupuesto, brigadistas y vehículos en buen estado para reducir los riesgos de incendios futuros.
“Los incendios forestales de este año en la Argentina están relacionados con diferentes causas. El año anterior fue muy seco y esto posibilitó una mayor cantidad de vegetación en los suelos, como ocurre en el Delta. También están los intereses de particulares”, dijo a RÍO NEGRO el viceministro de Ambiente de la Nación, el biólogo Sergio Federovisky. “Se están tomando medidas para prevenir más incendios. Con respecto a los incendios del Delta, que han afectado más de 90.000 hectáreas, el funcionario nacional dijo que “un puñado de inescrupulosos estuvieron detrás. Buscan obtener ganancias para liquidar a los humedales”. La cartera de Ambiente se presentó como querellante en una denuncia penal contra quienes provocaron las quemas de manera intencional.
Pero Federovisky reconoció que el problema de los incendios requiere de mayor atención. “Se necesita un sistema de alerta temprana”, afirmó El Estado Nacional tiene solo 70 brigadistas. Las provincias cuentan con más brigadistas, pero con recursos limitados. Días atrás, se hizo el traspaso del plan del manejo del fuego desde el Ministerio de Seguridad al Ministerio de Ambiente. “Estamos impulsando una tarea fuerte con las provincias para reducir riesgos e impactos”
El doctor en ciencias forestales e investigador del Conicet, Guillermo Defossé, explicó que el 90% de los incendios forestales en el país están asociados a la actividad humana (intencional o por dejar fuegos mal apagados por ejemplo). También otros incendios son causados por rayos. En el centro y norte del país, la época de incendios está en pleno desarrollo. Remarcó que “la temporada de incendios desde La Pampa y hacia la Patagonia se inicia a mediados de primavera y hasta inicios del otoño”. En coincidencia, Victorino Currual, a cargo desde Bariloche de la lucha contra el fuego dentro de Parques Nacionales, informó que “hoy tenemos gente de la Patagonia que está en baja temporada, trabajando en los incendios del Delta”.
¿Qué se puede hacer para prevenir incendios forestales hoy? “La pandemia plantea un desafío nuevo al obligar a mantener un distanciamiento y protocolos de uso de equipos y transportes que exigirá poner al límite los recursos que ya son escasos”, respondió Currual. Defossé opinó que “la ciencia puede aportar estudios, incluso socioculturales, que mejoren la determinación de las causas, pero lo principal gira siempre en torno a disminuir los incendios en las llamadas áreas de interfaz, donde convergen las urbanizaciones con áreas de vegetación natural ya que allí se producen la mayoría de estos incendios”.
María Marcela Godoy, ingeniera forestal que trabaja para el Conicet en el Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino-Patagónico (Ciefap), consideró que hay que cambiar la percepción del fuego como algo “diabólico”. “Muchas comunidades originarias de todo el mundo dependen del fuego, lo han utilizado como herramienta y han prevenido así los grandes incendios. El desafío hoy sería empezar a diseñar estrategias de manejo de la vegetación en forma sustentable, que podrían incluir quemas controladas, acompañadas de campañas de educación de la población que debe acceder al conocimiento sobre cómo prevenirse”. Recientemente publicó un trabajo con investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad de Wisconsin-Madison en los Estados Unidos.
Hicieron el estudio en El Bolsón reveló que el 77% de los fuegos recientes en la región ocurrieron en esas áreas que se mezclan lo urbano y la vegetación natural. “Habría que planificar el desarrollo en las áreas de interfaz urbano-rural antes de que la gente vaya a vivir ahí. Lo ideal es destinar lugares con ciertas pautas de manejo de la vegetación para que la gente pueda vivir con el mínimo riesgo posible de que ocurra un gran incendio forestal. Y los habitantes deben saber que viven en un lugar con riesgo de incendios”, resaltó Godoy
En la zona de la Patagonia andina, los residentes deberían considerar que alrededor de las viviendas los árboles deben estar podados al menos a dos metros desde el suelo, y si hay otros árboles, sus ramas no deberían tocarse entre sí. Tampoco debería haber arbustos debajo de los árboles.
En las áreas naturales protegidas, como los Parques Nacionales, Currual insistió en que los visitantes deberían ser más precavidos: “Si van a comer un asado, debe ser en un lugar permitido y se debe apagar bien el fuego. Que no tiren las colillas de cigarrillos, ni dejen basura. Porque con alta temperatura, un vidrio puede producir el incendio en un pastizal”, advirtió.
En el este rionegrino, que es zona de monte y pastizales y hay producción ganadera, hortícola y frutícola, entró en vigencia la reglamentación de la ley de Combate contra incendios que prohíbe la realización de quemas en la temporada de fuego. Después de los graves incendios de 2016, se creó la central del Servicio Provincial de Lucha contra Incendios Forestales (Splif) en General Conesa. “La herramienta legal es el punto de partida para el trabajo con los ganaderos”, según expresó el jefe de la central, Jorge Chiriotti, que con 44 efectivos deberá atender las alertas sobre 5 millones de hectáreas, en conjunto con 13 cuarteles de bomberos voluntarios de la región. Con el respeto a las normas, la adherencia a las medidas de prevención, y la disponibilidad de recursos se podría marcar una diferencia con respecto al manejo del fuego en la Patagonia y en todo el país.

Faltan brigadistas y vehículos que funcionen
El Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (Splif) dependiente de la provincia de Río Negro tieneun plantel estable de 98 empleados, de los cuales 59 son brigadistas forestales, con aptitud para el combate de incendios. El resto están destinados a tareas técnicas, administrativas y de mantenimiento.
La cantidad de personal no tuvo cambios en el último año, a pesar de los reclamos. Orlando Báez, delegado del gremio ATE, dijo a RíoNegro que al menos siete empleados dejaron el servicio por renuncias y jubilaciones recientemente y no fueron reemplazados. La situación con respecto al equipamiento y la movilidad es aun más preocupante. Según Báez, hoy el Splif en Bariloche sólo tiene una camioneta operativa, con carga de 300 litros de agua y apta para un primer ataque de incendios. El resto de los vehículos están todos parados, por problemas de cubiertas y roturas acumuladas que no se reparan. Integran la lista otras cinco camionetas, tres autobombas y dos camiones para logística. Son todos de doble tracción.
Báez dijo que “el desgaste es muy grande porque muchas veces los incendios demandan transitar a campo traviesa” y eso obliga a practicar un mantenimiento permanente de los rodados, y requiere un reemplazo periódico. Existe un expediente de compra abierto para adquirir camionetas, “pero no tiene asignación presupuestaria”. Agregó que mantuvieron una conversación con el ministro de Producción, Carlos Banacloy.
El Splif de El Bolsón “va a en el mismo camino”, aseguró Báez. Dijo que tienen 78 trabajadores, 2 camionetas y 4 camiones. Los vehículos están operativos y lo atribuyó a “un menor número de salidas: en El Bolsón tienen 100 salidas por temporada, mientras que en Bariloche no bajan de 600”.
El coordinador provincial del Splif, Marcelo Rey, reconoció que en Bariloche tienen problemas con el equipamiento vial y que la mayoría de los vehículos están en desuso y a la espera de reparaciones
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Hensel prefiere que haya empresas provinciales y no una nacional

Fecha de Publicación: 08/09/2020
Fuente: La Opinión Austral
Provincia/Región: Nacional


El secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel desestimó una propuesta para crear una empresa nacional minera. Por el contrario, avaló la visión que “las empresas provinciales” están llevando adelante dentro el negocio minero, “cosa que me parece bien”.
La pandemia corrió de eje las agendas de los sectores productivos. No hay actividad que directa o indirectamente no se vea afectada por el freno de emergencia forzado por el Covid-19. Por caso, desde que se declaró esencial en el mes de abril, la minería adaptó sus procesos al nuevo contexto y los ciñó a estrictos protocolos sanitarios.
En tanto, los desafíos pendientes siguen siendo los mismos que acarrea desde antes de la cuarentena, y el nuevo escenario global reafirma e intensifica: la necesidad de una licencia social más ampliada para el desarrollo en todo el territorio nacional y la solicitud de mayor certidumbre y previsibilidad en materia de seguridad jurídica para los inversores.

Plan estratégico
Mientras el secretario de Minería de la Nación Alberto Hensel pretende dar respuesta a esas demandas con la construcción del Plan Estratégico para el Desarrollo Minero, otras voces del peronismo, referentes históricos pero recientes para la minería nacional, volvieron a plantear como alternativa para desandar el desarrollo del sector, la creación de una sociedad mixta que contenga al Estado Nacional como aglutinador, a las provincias como dueñas de los recursos minerales y al capital privado.
“El Partido Justicialista tiene una serie de comisiones que son una especie de usina y opiniones. Uno no tiene que estar cerrado a ninguna visión, pero todo depende de cuál es la agenda en relación a la minería, donde hay varios temas bastante complejos que condicionan la inversión. Si no tenemos inversión, no tenemos operaciones, porque la minería funciona a la medida que hay exploración, operación, sostenimiento y producción de minerales”, dijo Hensel, e intentó ponerle un marco a la propuesta de creación de una gran empresa minera pública-privada que lleva la venia del presidente del PJ, José Luis Gioja, aunque la desechó: “hoy no está dentro de los temas de agenda”.

El proyecto
La idea se dio a conocer en el marco de un seminario de dos jornadas sobre empresas públicas y mineras que organizó la Comisión Federal de Técnicos y Profesionales de la Minería del Partido Justicialista a fines de agosto.
El proyecto fue desarrollado por el consultor minero Favio Casarin quién, incluso, le puso el nombre de “Compañía Argentina de Minerales S.A”. Según describió el especialista, la intención era conformar una empresa que, en líneas generales, contara con un 51% de capitalización de acciones por parte del Estado (26% de la Nación y 25% de las provincias), y el 49% restante sería ofertado al capital privado, preferentemente a fondos nacionales. Similar a la conformación que hoy tiene YPF.
Alberto Hensel ofició de presentador en la apertura del seminario virtual que se tituló “Proyecto público-privado. Presente y Futuro. Modelos nacionales”. Y cerró su conexión sin participar de las charlas que se dieron en ese marco.
Pero un par de días después, se refirió al tema en declaraciones a Radio Sarmiento de la provincia de San Juan y señaló que “con una enorme experiencia en campos de la exploración y estándares internacionales, perfectamente YPF podría involucrarse más en los temas mineros en Argentina”, afirmando que “esa es nuestra visión desde el Ministerio de Desarrollo Productivo y es algo que se tendrá que decidir en su momento”.
El funcionario aclaró que no está en los planes de su Cartera la institución de una nueva compañía nacional de minería. “Las empresas provinciales son las que están llevando adelante esta visión de una participación importante dentro el negocio minero, cosa que me parece bien”, agregó el secretario de Minería.
 
Licencia social y renta
Por otra parte, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, resaltó el rol de las empresas mixtas provinciales en la conformación de la licencia social que precisa la minería para su desarrollo en cada distrito. En ese contexto puso como ejemplo el modelo santacruceño.
Consultado sobre la posibilidad de que se permita hacer minería en Malargüe, una localidad de la provincia de Mendoza en donde la actividad está prohibida por ley, Cabandié dijo que “tendrá que determinarlo la Legislatura Provincial y los habitantes de Malargüe”. “Todos los proyectos tienen que hacerse en el marco de lo sostenible y con licencia social. Lo dije la semana pasada en Chubut; si no hay licencia social no se puede hacer nada”, señaló el ministro y ejemplificó: “En Santa Cruz, el Estado tiene el 50 por ciento en un esquema mixto privado y provincial que procura que no haya desajustes en la actividad para evitar contaminaciones que afecten a la población”.
En paralelo, -con respecto a la renta minera puntualmente, que es el otro gran objetivo que persigue la conformación de una empresa nacional minera, además de la licencia social-, Gioja, quien actualmente también es diputado nacional, avaló el proyecto presentado en el seminario virtual del PJ y estimó que las autoridades provinciales hoy podrían aumentar los aportes económicos. “Con la creación de un fondo fiduciario, en el que la empresa, el intendente del departamento y el gobierno definen obras de infraestructura en sus distritos”, apuntó el exgobernador cuyano y justificó: “ya que la onza de oro aumentó considerablemente y las empresas no deberían tener problema en aceptarlo”
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Nueva mediación ambiental por la calidad del agua del río Negro en la Comarca

Fecha de Publicación: 08/09/2020
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro


Los participantes analizaron diferentes temas y fijaron nuevos compromisos para el futuro. El encuentro, que se realizó en forma virtual,  fue convocado por la Defensoría de Pueblo de Río Negro.
Se realizó un nuevo encuentro para avanzar en acciones destinadas a mejorar la calidad de las aguas del río Negro en la zona de la Comarca Viedma y Carmen de Patagones.
El encuentro fue convocado por la Defensora del Pueblo de Río Negro, Adriana Santagati, y contó con la participación de representantes de los gobiernos rionegrino y bonaerenses y de diferentes instituciones locale.
En nombre de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados, Andrés Di Leo, enumeró como principales inquietudes avanzar en un sistema de retención de residuos sólidos en las bocas de tormenta y las descargas al río, tanto en Viedma como en Patagones; la educación y concientización de los ciudadanos, el desborde de líquidos cloacales en ambas ciudades que derivan en los pluviales y terminan en el río, y el estado de avance de las plantas de tratamientos de líquidos cloacales.
Durante el encuentro los presentes detallaron el cumplimiento de los compromisos asumidos en la última reunión, dentro de los que se destacaron: la pronta colocación del canasto de retención de residuos para la estación elevadora del bulevar Ayacucho en Viedma, el que servirá para evaluar los resultados del sistema y, en caso de ser positivos, existe el compromiso del DPA de financiar el canasto de retención de residuos para la estación elevadora del bulevar Ituzaingó.
A su turno, ARSA informó que entregó al DPA, para su financiamiento, el proyecto de reparación del sistema de saneamiento del barrio Guido y está trabajando para hacer lo mismo en el resto de los barrios Fonavi de la ciudad.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo de Buenos Aires comentó que ya tomó contacto con el Municipio de Patagones para trabajar en una campaña de educación ambiental, que tiene como ejes la separación de residuos y la correcta disposición final de los mismos y que cuentan con el asesoramiento profesional de una geóloga y de un biólogo.
Se destacaron las gestiones realizadas ante el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), donde está avanzado el proyecto de relocalización de la planta de tratamiento de líquidos cloacales de la localidad de Carmen de Patagones, una obra que demandará una inversión de 700 millones de pesos.

Nuevos compromisos asumidos
Los participantes acordaron nuevos compromisos y estrategias que quedaron plasmadas en el Acta N°4/2020

* La Defensoría del Pueblo de Río Negro articulará con la Secretaría de Ambiente, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático (SADSyCC) y la Municipalidad de Viedma, para realizar una campaña de concientización ambiental destinada al uso responsable de las riberas.
* La Defensoría del Pueblo de Buenos Aires hará un seguimiento del trámite administrativo destinado a la ejecución de la nueva planta de tratamiento de líquidos cloacales de Carmen de Patagones y trabajará con el Municipio en una campaña de concientización ambiental.
* La Universidad del Comahue (CURZA - UNCOMA) remitirá a la Defensoría del Pueblo de Río Negro el resultado del análisis realizado sobre los informes de calidad del agua del río Negro que fueran presentados por el Ministerio de Salud y el Departamento Provincial de Aguas.
*La empresa ARSA continuará con el relevamiento y elaboración de proyectos de obra para reparar las redes cloacales del interior de los barrios FONAVI, los que serán financiados por el DPA.
* El Departamento Provincial de Aguas (DPA) delimitará, antes del inicio de la próxima temporada estival, una zona de resguardo en proximidades al desagüe pluvial del boulevard Ayacucho, identificando adecuadamente con cartelería la zona no apta para bañarse.
* El Municipio de Patagones evaluará la posibilidad de realizar, durante el periodo estival, estudios con mayor periodicidad en la zona próxima al balneario “El Malecón”.
* La Municipalidad de Viedma avanzará con las tareas de desmalezamiento y limpieza del desagüe pluvial del boulevard Ayacucho, a fin que se pueda instalar el canasto de retención de residuos para la estación elevadora de ese boulevard.

Además de Santagati participaron Juan Justo, asesor jurídico y de políticas públicas de la defensora y el abogado Alejo Domínguez; por la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires a través de Marcelo Racciatti, secretario de Unidad Defensor; Gastón Arias, secretario del Área de Medio Ambiente; la geóloga Chune Castellano y el biólogo Mariano Pantaneti.
Por el gobierno rionegrino asistieron Ana Malis de la Secretaría de Ambiente, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático; Micaela Belén Espíndola, del Departamento de Salud Ambiental del Ministerio de Salud; Fernando Curetti, superintendente del Departamento Provincial de Aguas; y Omar Grill, presidente de Aguas Rionegrinas.
Además, Mónica Herrero, por la subsecretaria de Planeamiento Urbano, Obras y Servicios de la Municipalidad de Viedma; Juan Carlos Ricca, subsecretario de Planificación y Patrimonio Histórico de la Municipalidad de Patagones; y los representantes de Cáritas Diocesana Viedma, José Nervi; de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados, Facundo Molinari, Andrés Di Leo y Juan Bilos; y por el Centro Universitario Regional Zona Atlántica de la Universidad Nacional del Comahue, Gabriela Aschkar.
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La teoría de la involución: el fuego arrasó con una reserva de Corrientes donde viven monos amenazados de extinción

Fecha de Publicación: 07/09/2020
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Corrientes


Un incendio que habría sido intencional para obtener mejor pasto para el ganado devastó la mitad del área protegida del Parque Provincial San Cayetano. Las veterinarias y biólogos del CONICET que formaron parte del operativo para apagar el incendio advierten sobre las consecuencias en la biodiversidad y los riesgos para los animales que viven en la región. Reclaman una ley de humedales
No es el Amazonas. No es Australia. No es California. Es la Reserva San Cayetano, en Corrientes. “Nos quemaron casi el 50 por ciento de la superficie de un parque provincial en un área protegida”, advierte el biólogo, investigador del CONICET y director de la Estación Biológica Corrientes (que depende del CONICET nordeste) Martín Kowalewski.
El Parque Provincial San Cayetano está ubicado a 20 kilómetros al sur de la Ciudad de Corrientes. Tiene 76 hectáreas compuesto por pastizales, montes, palmares y riachuelo. Hay flora y fauna nativa. Nicki Becker, de Jóvenes por el clima, contextualiza: “Al igual que en el delta del Paraná, Córdoba y Formosa, el Parque Provincial San Cayetano ardió toda la noche y el incendio destruyó la mitad de la reserva”.
El domingo 23 de agosto, a partir de las 11 de la mañana, el fuego arraso con la reserva en donde monos, zorros, aves, reptiles y otros animales encontraban protección. El lunes 24 de agosto los focos de fuego continuaron. En el incendio se quemaron pastizales, palmares y partes del monte. El peligro paso, pero el efecto no tiene vuelta atrás.
¿Por qué es más grave el incendio en un parque provincial? “No es un campo privado que se les salió de control porque no pidieron permiso para hacer la quema, sino que nos quemaron un área conservada donde se protegía la biodiversidad y donde hay muchos proyectos de estudio que se ven afectados”, denuncia Kowalewski.
La pérdida de la mitad de la superficie del parque provincial no se puede recuperar y menos de forma rápida. “La sequía va a complicar que vuelvan a crecer las plantas y los animales que sobrevivieron van a salir a buscar refugio fuera del parque donde se van a encontrar con cazadores y con perros”, enmarca el biólogo.
“Esta pérdida significa mucho”, lamenta la veterinaria Belén Natalini, becaria doctoral del CONICET en la Estación Biológica de Corrientes. Ella estudia la dinámica de las enfermedades infecciosas en el noreste argentino, pero frente a los incendios salió a apagar el fuego y a controlar en guardias nocturnas que las cenizas no fueran traicioneras y tuvieran nuevos focos de riesgo.
Ella describe los efectos de los incendios: “En la primavera comienza la época reproductiva de las aves. Así que no vamos a tener los pastizales listos para que puedan anidar”. Por su parte, el biólogo describe: “Cuando el fuego empieza a arrasar hay animales que no pueden escapar como las víboras, reptiles, lagartijas y cuis y se queman en el lugar; también los carpinchos que no corren rápido. Los aguara guazú y zorros se pueden escapar, pero no encuentran un hábitat a donde regresar porque está todo quemado”.
“Los monos carayá que viven en esta zona -y están amenazados de extinción- pueden escapar por los arboles pero, a veces, el estado de deforestación es tan alto que quedan atrapados en montes y el fuego los aturde. Además se estresan por el calor, por eso gritan y aúllan. Además en casi todas las hembras de los monos carayá hay crías de uno o dos meses y por el humo, las hojas quemadas y las cenizas (que son tóxicas para las crías) aumenta la mortalidad para los pequeños infantes”, diagnostica el biólogo.
El problema no es un foco, sino la extensión del fuego en todo el país. “Los incendios se están saliendo de control por la sequía y la bajante del río a lo largo del Paraná que amenazan los suelos y el banco de semillas y la biodiversidad de toda una región”, remarca Kowalewski.
“El incendio fue intencional y obedece a prácticas tradicionales de hacer quemas para tener un pasto un poco mejor para el ganado. Pero ahora los incendios son más graves por la sequía, el viento y la bajante del río. Por eso, se deben cumplir con las leyes y concientizar a la población sobre las consecuencias que tiene esta practica”, enfatiza el investigador del CONICET.
Y él remarca: “Si un propietario ganadero quema campos tiene que ser castigado aunque sea amigo de un intendente. Por eso, necesitamos que la gente le pida a sus gobernantes que hagan cumplir la ley y no encubra a los que ostentan poder en cada territorio”.
Mientras que Natalini apunta: “Se deben erradicar las quemas en los campos para el rebrote de las pasturas porque estamos en una época de extrema sequía y con una chispa que prende nos arrebata el ambiente que se viene cuidando hace años. Lamentablemente, creemos que el fuego fue intencional y que prendió por toda el área”.
En Corrientes hay sectores que dicen que el fuego no los afecta y se oponen al tratamiento de una ley de humedales. Sin embargo, Becker reafirma: “En Corrientes hay alerta roja por el peligro de incendios por las sequías. Es decir, no se pueden hacer quemas en ningún lugar, y menos sin permiso. Sin embargo, la provincia arde y los bomberos no dan abasto”.
En la serie The Moorning show se muestran dos formas de abuso de poder: el abuso sexual y los incendios en donde los sectores de mayor poder adquisitivo contratan a bomberos privados (en California, Estados Unidos) y la noticia pretende ser encubierta por quienes son dueños de las casas caras y las señales de televisión.
En el relato de la serie el acoso sexual sistemático a las mujeres en la televisión se tapaba con la cobertura de los incendios. Pero lo que en realidad tapan las imágenes de los incendios es que no se trata de azar, sino de la causa intencional de las llamas. Desde Jóvenes por el clima están juntando firmas para la petición: “No es Australia, no es el Amazonas. Es la Argentina que se está quemando toda”, en donde reclaman mayor presupuesto para el Sistema Federal de Manejo del Fuego.
En la petición explican: “Este año una histórica sequía en la Cuenca del Plata afectó al delta del Paraná incrementando incendios a lo largo de todo el territorio cercano al río. En lo que va del año, solamente en el delta del río Paraná se registraron más de 25 mil focos de incendios y hemos perdido más de 90,000 hectáreas con todo el daño que esto conlleva hacia las personas que viven en estos lugares y la biodiversidad que alberga este sistema de humedales”.
La organización alerta sobre los incendios forestales en Córdoba, Formosa, reservas naturales de Santa Catalina, Laferrere, Ciudad Evita e Isla Verde, en el Área Metropolitana del Gran Buenos Aires: “El origen del fuego está enmarcado en acuerdos y negocios ilegales entre las autoridades locales y las industrias inmobiliarias, maniobras denunciadas por los consejos vecinales ya que no contemplan un aprovechamiento sostenible del ecosistema ni prioriza la salud pública de los habitantes”.
La extensión de los incendios generó un gran problema en Rosario invadida por el humo. En ese sentido, se pide una ley que proteja a los humedales. El diputado Leo Grosso es uno de sus impulsores y plantea: “Las quemas del Delta del Paraná y los desarrollos inmobiliarios de barrios cerrados en el segundo cordón del conurbano bonaerense están destruyendo los humedales en el país”.
“Se calcula que el 70 por ciento de los humedales del mundo están destruidos o en proceso de degradación. La Argentina no es la excepción. Necesitamos que el Estado proteja a los humedales que son grandes reservorios de agua dulce y mitigan el calentamiento global porque absorben los gases del efecto invernadero y son grandes reguladores de las inundaciones porque son esponjas que absorben el agua cuando hay muchas lluvias o desbordan los ríos”, destaca el diputado.
“Por eso, tenemos la voluntad que en el 2020 se sancione la ley de protección de humedales en la Argentina. Es hora de que nos hagamos cargo de la deuda pendiente”, sostiene Grosso. “Hay que generar reinversiones para proteger a estos ambientes de forma más intensiva en la ley de humedales”, propone Kowalewski.
“Los fuegos que se están dando en todo el país son ilegales e intencionales. Los montes quemados quedan a disposición de productores o agentes inmobiliarios. No son incendios espontáneos o casuales en la mayoría de los casos. Son un ejemplo del agronegocio con una explotación inadecuada del ambiente y con una forma de capitalismo insostenible”, advierte el biólogo.
En Corrientes, en el Parque Provincial San Cayetano, los incendios fueron controlados por la intervención de guardaparques, bomberos, los y las investigadores del CONICET, la gente del pueblo, el área de Evaluación de Impacto Ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el área de incendios forestales de la región NEA del Ministerio de Seguridad de la Nación.
El incendio en San Cayetano no tuvo peores consecuencias gracias al trabajo de las y los guardaparques de Corrientes Adriana Vallejos, Conrado Holzer y Francisco Sánchez Gavier. “Ellos salen a poner el pecho al fuego”, agradece Martín Kowalewski. El trabajo pudo evitar peores consecuencias.
Pero el daño es irreversible. Y doloroso. Las fotos y los videos tomados durante el incendio muestran que, mientras el humo tapaba el aire los monos observaban desde los árboles la involución del ser humano. El fuego paro, pero la destrucción no tiene vuelta atrás.
El área protegida es una isla donde pueden vivir y reproducirse especies que, fuera de esa orbita, son atacados o corren riesgos. Por eso, el fuego arraso con esa protección. Natalini relata: “Vimos reptiles calcinados y aves muertas. No solo mata el fuego, sino el humo que queda en el ambiente que hace que los animales no puedan respirar o que tengan que huir y que sean atropellados, cazados o atacados por perros”.
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Contaminación: ordenaron el cierre de una curtiembre clandestina

Fecha de Publicación: 07/09/2020
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes


El fiscal de Investigación Rural consideró “histórica” la sentencia del Juzgado Civil, que dispuso la cesación de la actividad generadora de daño ambiental colectivo de una curtiembre que funcionaba sobre la Ruta 123. Por otra parte, hay una instancia penal que aguarda juicio por delitos de caza furtiva y almacenamiento de pieles de la fauna silvestre.
El Juzgado Civil y Comercial de Mercedes dispuso la cesación de la actividad generadora de daño ambiental colectivo de una curtiembre, al hacer lugar a un amparo ambiental que fuera solicitado por la Fiscalía de Investigación Rural y Ambiental.
Se trata de un comercio que funcionaba de manera irregular, sin habilitaciones oficiales, en el kilómetro 111 de la Ruta Nacional 123 de donde secuestraron casi 1500 cueros de carpinchos en un procedimiento realizado por la delegación local de la Dirección de Recursos Naturales, a cargo de Julio González.
El titular de la Fiscalía Rural, Gerardo Cabral, dijo a El Litoral que es “histórica para la provincia de Corrientes una sentencia de primera instancia como esta, que se dio en base a un amparo ambiental que fue promovido desde este recinto”.
Añadió, además, que “hay dos instancias, una es la del fuero civil, que es el que ahora tuvo respuesta, y la otra se halla en el fuero penal, artículo 55 de la Ley 24.051”, la cual establece: “Será reprimido con penas el que, utilizando los residuos a que se refiere la presente ley, envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”.
Además, será penalizado por atentar contra la fauna y flora silvestres (Ley 22.421), por caza furtiva y tenencia de pieles autóctonas, explicó.
Esto se halla en la faz del Tribunal Oral Penal de la Mercedes a la espera de una resolución, explicó.
En cuanto a la contaminación comprobada en la curtiembre señaló que “se han tomado muestras en seis lugares distintos, ya sea dentro del galpón como afuera, y se ha detectado la altísima presencia de cromo: lo permitido es 500 partes por millón y acá había 7.500 partes por millón, o sea 15 veces más de lo permitido”, enfatizó Cabral a este medio.
Añadió, además, que “la curtiembre funcionaba de manera clandestina porque carecía de las habilitaciones de la Municipalidad de Mercedes, así como del Icaa”.
El Juzgado Civil y Comercial de Mercedes, a cargo de Gustavo Buffil, dispuso la cesación de la actividad generadora de daño ambiental colectivo, causado por una fábrica de curtido y terminación y terminación de cueros, cuya actividad ya había sido suspendida preventivamente.
Vecinos de la zona aledaña a los dos galpones de la firma atestiguaron olores nauseabundos, dolores de cabeza, picazón y alergias en la piel, además de neumonías, patologías que desaparecieron luego de esa suspensión provisoria de actividades.
Los informes periciales realizados dieron cuenta de la presencia de sustancias peligrosas –arsénico, cadmio, cromo total y plomo– tanto en el suelo como en el agua en niveles nocivos para la saludo tanto de los vecinos de la planta como para los propios trabajadores de la empresa, la flora y la fauna.
Según la pericia, esos elementos pueden provocar problemas respiratorios, defectos de nacimiento, infertilidad, formación de tumores (cromo), irritabilidad, insomnio, erupciones, hiperactividad o letargo, pérdida de apetito, dolores de cabeza, disconfort abdominal, daños del sistema nervioso, en altos niveles convulsiones, coma y muerte (plomo), irritación de intestinos, disminución de los glóbulos rojos, cambios de piel, en concentraciones muy altas puede causar infertilidad, abortos, pérdida de la resistencia a infecciones, perturbación y daño en el cerebro, así como dañar el ADN (arsénico), establece el fallo.  
En tanto que los productos terminados eran trasladados a otro local en el que eran almacenados para luego manufacturar boinas, botas, alpargatas, chalecos, cintos, lonjas y otros elementos con producto animal para la venta y comercialización clandestina.
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La UNER monitorea el ambiente en busca de plaguicidas

Fecha de Publicación: 07/09/2020
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Entre Ríos


Las facultades de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias, junto al INTA, implementan un plan de monitoreo en Oro Verde para detectar agrotóxicos en el ambiente.
A partir de una demanda del Municipio y la comunidad de Oro Verde, y a través de un proyecto de Estrategias de Articulación Territorial, la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNER, en conjunto con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), desarrollan un Plan de Monitoreo Ambiental para esa localidad del Área Metropolitana de Paraná. El objetivo general consiste en diseñar e implementar un sistema de monitoreo que pueda continuar siendo aplicado por el municipio. En este sentido, se está comenzando a realizar tomas de muestras, que buscarán determinar la presencia y la concentración de contaminantes agrícolas en el ambiente: suelo, aire y aguas subterráneas.
El proyecto tiene una duración de 18 meses, es dirigido desde el Laboratorio de Química Ambiental “Ing. Hugo Barbagelata” de la FIUNER, y en sus fundamentos establece que en los últimos años “se presentaron cambios en los usos del suelo y en la fisonomía de la localidad, que fue pasando de ser una localidad rural a satélite de una gran urbe como Paraná, poniendo en tensión dos usos de la tierra: residencial y agropecuario”.
En 2019 un trabajo de tesis del Departamento de Recursos Naturales y Gestión Ambiental del INTA Paraná analizó la presencia de glifosato y su principal metabolito ambiental, AMPA, en el aire de Oro Verde. El hallazgo generó preocupación en la población y el gobierno local solicitó asistencia a la FIUNER para el desarrollo de un plan, que consiste en monitorear no sólo el aire sino también del suelo y el agua, y evaluar la presencia y también la eventual concentración de agroquímicos.

Muestras
El equipo del proyecto diseñó un plan de muestreo y determinó tres puntos estratégicos: el centro y casco urbano más poblado; el sur, aproximadamente en la zona frente al INTA; y el área de El Triangular. Se realizarán protocolos de muestreo siguiendo normas internacionales y se redactarán tres protocolos: de agua subterránea, de suelos en espacios públicos y de aire en seco (partículas) y húmedo (lluvias). Para esto se utilizarán seis colectores de depositación atmosférica del INTA, se tomarán muestras de cinco pozos de agua subterránea y de suelo en cinco espacios de uso común, detallaron desde la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
El comienzo del monitoreo estaba previsto para marzo pero se atrasó por las dificultades del contexto de la pandemia y por la escasez de precipitaciones, ya que se necesita la presencia de lluvia para la siembra y aplicación de plaguicidas. El muestreo está dividido en tres etapas, acordes a los momentos de presiembra, siembra y cosecha. Ya se comenzó con la primera, según explicó el director del proyecto, Enrique Paravani, titular de la cátedra de Química General Inorgánica y director del Laboratorio de Química Ambiental.
Respecto de la posible contaminación ambiental, Paravani consideró que “es un llamado de atención. Es un tema pujante, pero hay que tener datos, analizarlos y a partir de ahí tomar medidas”. Por ello, “medir la presencia pero también la concentración de plaguicidas es importante, porque puede haber en algún momento pero con concentración mínima, que no tendría injerencia sobre la comunidad”, indicó Paravani. El proyecto, además, relevará no sólo la presencia y concentración de glifosato, “sino también de muchos residuos, para tener un panorama en todo el municipio”.
Los análisis fisicoquímicos de las muestras de suelos se realizarán en el Laboratorio de Suelos de la FCA-UNER; los de las muestras de agua en el Laboratorio de Química Ambiental de la FIUNER; y los de depositación atmosférica en el Laboratorio del Departamento de Recursos Naturales y Gestión Ambiental del INTA Paraná. Además, se enviarán alícuotas de cada muestra al Laboratorio de Investigación y Análisis de Residuos y Contaminantes Químicos (PRINARC) de la Facultad de Ingeniería Química de la UNL, que “cuenta con un equipo de última generación, que permite analizar más de 50 moléculas de los principales herbicidas, insecticidas y fungicidas”, destaca el proyecto.
Paravani advirtió el hecho de que Entre Ríos carezca de tecnología para hacer análisis de plaguicidas. “Hace tiempo venimos pidiendo y gestionando la adquisición de un equipo. Sale 600 mil dólares. Es un monto importante, pero para una provincia 30 o 40 millones de pesos no es tanto, teniendo en cuenta el potencial”, señaló.
Como etapa final, el proyecto elaborará un documento con los resultados, que se publicará en la página web del Municipio y se socializará en reuniones con autoridades comunales y con la comunidad en general. También se realizarán propuestas y recomendaciones para dar continuidad al sistema de monitoreo.
Además del director, el proyecto cuenta como co-directora con Carolina Sasal (INTA Paraná) y como integrantes con: Carolina Galetto, Mariana Bianchi y Gabriela Acosta por la FIUNER; Valeria Ormaechea y Silvana Spizzo por la FIUNER y la FCA-UNER; José Daniel Oszust, María Romina Befani y Carolina Elisabet Waigand por la FCA-UNER; Javier Fernández por la FIUNER y la Secretaría de Medio Ambiente del Municipio; Mariela Seehaus, Emmanuel Gabioud, Natalia Van Opstal y Marcelo Wilson y Ana Wingeyer por el INTA Paraná.
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Qué dice la ley de pesca ilegal aprobada en Diputados

Fecha de Publicación: 05/09/2020
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Nacional


La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado un proyecto propiciado por el gobierno nacional que reforma la ley de Pesca y las multas en Mar Argentino.
La Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría y giró al Senado un proyecto propiciado por el gobierno nacional que reforma la ley de Pesca, con el supuesto objetivo de "ampliar y actualizar las multas por pesca ilegal en el Mar Argentino".
Con la sanción de esta iniciativa, "el Gobierno busca combatir las prácticas ilícitas por parte de los buques en el Mar Argentino ya que las sanciones previstas antes de la reforma en debate quedaron desactualizadas porque datan de hace más de veinte años", según la agencia estatal Télam.
La iniciativa en Diputados fue aprobada por los votos que fueron aportados por la bancada del Frente de Todos, Interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, Córdoba Federal y el bloque Justicialista.
Al abrir el debate en Diputados, la diputada del Frente de Todos, Ayelen Sposito, dijo que esta ley "complementa las leyes que ya se aprobaron para reafirmar la soberanía sobre Malvinas" y defiende "el cuidado de nuestros recursos" .
Tras reseñar los detalles de la ley, la legisladora dijo que la Argentina pierde "millones de dólares por la pesca ilegal".
En tanto, el diputado oficialista Santiago Igon, señaló que "es fundamental la sanción de esta ley porque se pierden 300 mil toneladas que se lleva la pesca ilegal" en el Mar Argentino y dijo que "complementa las acciones comprendidas en el gobierno en la defensa de la soberania".
El diputado de Córdoba Federal, Carlos Gutiérrez, afirmó que esta iniciativa "es muy buena noticia porque es necesario armonizar una política en defensa de los recursos y completa sobre las leyes referidas a Malvinas" y destacó "un desafío de gran dimensión para todos nosotros".

Qué propone el proyecto
El proyecto aprobado por Diputados propone tomar para calcular la pena económica una variable sobre la base de unidades de valor denominadas Unidades Pesca (UP) cuyo monto será equivalente a un litro de combustible gasoil conforme lo que determine la Autoridad de Aplicación, a los fines de establecer el procedimiento de fijación del valor en moneda de curso legal.
De acuerdo a esta propuesta, las multas oscilarán entre los 500 mil litros de gasoil a los 3 millones de litros, lo que equivale a un piso de 1,1 millones de dólares y un techo de 6,5 millones de dólares.
En tanto, el texto contempla que se implemente el mismo mecanismo vinculado al litro de gasoil para el resto de las sanciones que pudieran corresponder a buques nacionales; naturalmente, con mínimos y máximos menores a los establecidos para cuando la infracción sea pescar sin permiso.
Durante la cuarentena se avistaron un sinfín de barcos realizando pesca ilegal en Mar Argentino.
Este Régimen Federal de Pesca previsto en la Ley N° 24.922 y sus modificatorias, en el Capítulo XIII, "Régimen de Infracciones y Sanciones", establece el procedimiento para la ejecución de las infracciones y la determinación de las sanciones que puede aplicar la Autoridad de Aplicación, previa sustanciación del sumario correspondiente.
En el caso de embarcaciones extranjeras pescando ilegalmente en Mar Argentino, la Autoridad de Aplicación podrá además disponer la retención del buque en puerto argentino hasta que, previa sustanciación del respectivo sumario, se haga efectivo el pago de la multa impuesta.
Asimismo, el proyecto tratado en maratónica sesión en Diputados establece que los gastos originados por servicios de remolque, practicaje, portuarios, tasas por servicios aduaneros, sanitarios y de migraciones, que se generen por el buque infractor; y los gastos en los que incurran los organismos actuantes en la órbita del Sector Público Nacional.
Esos gastos, de acuerdo al texto, serán devengados como consecuencia de la comisión de infracciones y deberán ser abonados por el propietario o armador o su representante, previo a su liberación.
A su vez, la iniciativa del Poder Ejecutivo enumera las posibles sanciones que van a aplicar de acuerdo a las características del buque, la gravedad del ilícito y los antecedentes del infractor, que van desde multas, suspensión de la inscripción en los registros llevados por la Autoridad de Aplicación al buque mediante el cual se cometió la infracción por un plazo que puede ir desde los cinco días a un año.
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Botnia y su "lacayo": El gobierno uruguayo consiente todos los incumplimientos de la segunda pastera

Fecha de Publicación: 05/09/2020
Fuente: Maxima OnLine
Provincia/Región: Nacional


Vencieron los plazos y las prórrogas que tenía la corporación finlandesa para la presentar los proyectos de las plantas química y de tratamiento de efluentes, exigidos por la autorización ambiental otorgada para UPM 2 en 2019
UPM continúa sin pausa la construcción de su segunda planta de pasta de celulosa a orillas del río Negro, con la incalificable admisión de las autoridades del Ministerio de Ambiente frente a los sucesivos incumplimientos de las condiciones que le fueron exigidas a la corporación en el momento de otorgarle la Autorización Ambiental Previa (AAP) que permitía el inicio de las obras de la nueva mega planta. Desde marzo de este año, las autoridades ambientales tienen pendiente la sanción de una irrisoria multa, a pesar de que la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) calificó que  la empresa incurrió en una “infracción grave”.
Lo más insólito es que ciertos investigadores uruguayos que cuestionan el proyecto de la segunda planta de celulosa de UPM, consignan que hay una Finlandia “conmocionada” por la decisión de la corporación de cerrar una planta que ocupa a 450 trabajadores en aquel país, poniendo en un segundo plano lo que denominan "permisividad” del Gobierno uruguayo ante la arrogante postura posición de la empresa nórdica respecto a la futura planta de Pueblo Centenario. Y por supuesto, no escriben una palabra sobre el hecho de que Uruguay está incumpliendo una vez más, el Tratado del Río Uruguay por negarse –hasta ahora- a cumplir con su obligación de entregar toda la documentación del proyecto a nuestro país, para que Delegación Argentina ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) lo analice y se expida. Ciertas omisiones no son inocentes.
El 14 de mayo de 2019, la entonces Ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Eneida De León, a través de la Resolución 690 extendió la APP, sujeta a una serie de condiciones y plazos para su cumplimiento, antes de que la planta entrara en operación. En tal sentido, se estableció que UPM disponía de ciento ochenta días para concretar las siguientes cuestiones pendientes:
- Definir la construcción de la Planta de Insumos químicos en la Zona Franca de pueblo Centenario (Kemira)
- Presentación de los proyectos de las Planta de Tratamiento de los Efluentes, del Sistema de Descarga de los mismos y en la zona de mezcla en el río
- Presentación del Plan General de Monitoreo de las condiciones ambientales y el Sitio de Disposición Final (SDF) de residuos en el interior de la Zona Franca.
- Plan de Gestión de Residuos Sólidos Industriales, con los gestores de las distintas líneas de residuos, los procedimientos y previsiones para el suministro del flujo del río requerido por la planta para la dilución de efluentes (mínimo de 80 metros cúbicos por segundo) y para las situaciones de sequía extrema y para cuando la planta tenga que realizar paradas de mantenimiento.
- Plan de Monitoreo de Calidad del agua, suelo y biota a comenzar a instrumentarse desde 2020.
El 15 de noviembre de 2019, venció el plazo sin que UPM hubiera cumplido ninguna de estas cuestiones. La corporación solicitó 90 días de prórroga para la Planta Química, la estructura de descarga de los efluentes y la zona de mezcla en el río y, además, solicitó una prórroga de 180 días más para el SDF de residuos sólidos y de una semana para el Plan de Monitoreo de Calidad del agua, el suelo y la biota.
Los finlandeses tampoco cumplieron con las prórrogas que ellos mismos habían requerido.
El 14 de febrero de este año, técnicos del  División Emprendimientos de Alta Complejidad de la DINAMA, encabezados por Cecilia Maroñas, llegaron al obrador ubicado en Pueblo Centenario, para constatar los avances de las obras. Allí comprobaron in situ que, pese a haber comenzado los trabajos a mediados de octubre de 2019,  “el camino del Tala aún se encuentra en obra (…) el tramo comprendido entre la Ruta 5 y la vía férrea se encuentra muy deteriorado (…) el tramo restante entre la vía férrea hasta el acceso al predio tiene conformada la base pero resta realizar la capa de rodadura definitiva”. Habían pasado cuatro meses del inicio de las obras y UPM no pudo cumplir con el plazo de 60 días en los que estaba previsto reacondicionar el camino del Tala. Los encargados de las obras dijeron los inspectores de la DINAMA que la pavimentación estaría lista “a fines de marzo de 2020”.

LA RESOLUCIÓN QUE NO "EXISTE"
En la DINAMA, los técnicos de la División Emprendimientos de alta Complejidad pusieron de manifiesto el delictivo ocultamiento de información que hace constantemente el Gobierno de la República Oriental sobre todo lo atinente al proceso de autorización y construcción de la segunda planta de celulosa de UPM, lo cual quedaría reflejado en el Informe de fecha 17 de febrero pasado de la técnica Maroñas.
En ese documento de la DINAMA, se revela algo que aún no se conocía. El 10 de enero de 2020, el entonces Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente emitió oficialmente un apercibimiento a UPM por los incumplimientos en los que venía incurriendo sistemáticamente. Sin embargo esa sanción, firmada por la entonces ministra De León, hasta el día de hoy no fue hecha pública. El instrumento administrativo en cuestión es la Resolución 45/2020, que no aparece en el registro de Normativa Publicada de la Presidencia uruguaya, está explícitamente mencionada en el Informe redactado por Cecilia Maroñas. Según el Gobierno uruguayo, esa resolución no es pública o es como si no existiera para ojos extraños. Pero existe.
Después que Maroñas firmara, el 18 de febrero, su Informe de “Propuesta de Sanción a UPM”, las empresas Cuecar S.A. y Blanvira S.A. –las fachadas que utiliza la corporación finlandesa para sus operaciones en Uruguay-  respondieron que la sanción que se les quería imponer era desproporcionada y, también, expresaron  que la infracción que estaban cometiendo era grave. Alegaron que no correspondía aplicar la multa y que “debería desestimarse o al menos disminuirse considerablemente el monto de la misma”.
El 11 de marzo de 2020, diez días después de la asunción de Lacalle Pou, el Área de Evaluación de Impacto Ambiental de la DINAMA desestimó las consideraciones de UPM al Informe de la técnica Maroñas, no aceptó nuevas prórrogas y ratificó su propuesta de sancionar a UPM por el incumplimiento en la reconstrucción y pavimentación del camino del Tala y propusieron aplicar a UPM una multa por “infracción grave” de 200 Unidades Reajustables, equivalentes a unos 6 mil dólares una cifra que, por lo irrisoria, exime de todo comentario. Cinco días después, el 16 de marzo, UPM solicitaba una nueva prórroga de 30 días para adjuntar el proyecto sobre la presunta construcción de la Planta Química de Kemira en Pueblo Centenario, mientras la petición de sanción a la corporación fue depositada en el anaquel de los expedientes cajoneados. Los acontecimientos, a esta altura, ya se asemejaban más a una broma siniestra.
El 13 de mayo de 2020, la División Emprendimientos de Alta Complejidad de la DINAMA, hizo un balance de la marcha del proyecto de UPM y concluyó que el Plan de Monitoreo Ambiental estaba “incompleto”, que “sigue pendiente de presentación el Proyecto la Planta Química (…) no se ha presentado por parte de la empresa el Plan de Tratamiento y el Sistema de Dilución de los Efluentes” y, tampoco, “el SDF de residuos sólidos”. Pese a constatar semejantes incumplimientos, la DINAMA en lugar de denunciar la grave situación y exigir un plazo perentorio para que UPM se pusiera al día con sus obligaciones, solo indicó la mayor o menor “premura” en los casos pendientes.
A esa altura, ya estaban en funciones las nuevas autoridades de la DINAMA designadas por el gobierno de Lacalle Pou y el 26 de agosto asumía el primer ministro de Ambiente uruguayo, Adrián Peña. Desde entonces, sigue sin haber decisión sobre si UPM debe pagar o no los 6000 dólares de multa.

PRONÓSTICO DE TORMENTAS
Mientras las autoridades uruguayas continúan otorgando prórrogas para favorecer que la corporación finlandesa no cumpla con lo que firmó, propone “multas” irrisorias, hay algunas otras cuestiones que son alarmantes.
La primera de ellas es la referida a la modificación del Digesto para el Uso y Aprovechamiento Integral del Río Uruguay, que fue aprobado por las Delegaciones argentina y uruguaya ante la CARU a finales de 2019 y que modificara diversos parámetros de control, para facilitar así que UPM disponga de total impunidad para contaminar dicho curso de agua.
Se sabe certeramente que en el piso 15° de la Cancillería Argentina, el equipo técnico de la Consejería Legal que encabeza Mario Oyarzábal ha recomendado rechazar varios aspectos de las reformas que aprobaron los ya ex delegados de Cambiemos y el Frente Amplio cuando estaban en la CARU. En estos análisis han participado, entre otros, la nueva Directora de Asuntos Ambientales Silvia Beatriz Vázquez, el Director de Tratados Internacionales, Gerardo Bompadre. Se sabe que también consultó la opinión de los por ahora, únicos vocales argentinos ante CARU: Rodolfo María Ojea Quintana y María Marta Insausti.
Es altamente probable que la Delegación de nuestro país que preside José Eduardo Lauritto, va a proponer dar marcha atrás con numerosos cambios introducidos en el Digesto, lo cual no será para nada sencillo, teniendo en cuenta que en el organismo binacional todo se resuelve por consenso.
Otro de los asuntos preocupantes en la CARU, ya lleva dos meses y sigue sin solución. El 3 de julio último, el Ingeniero Agrónomo Marco García fue “invitado” a renunciar como Secretario Técnico del organismo binacional. La Secretaría Técnica es la dependencia encargada de coordinar e instrumentar todos los planes de monitoreo que la CARU tiene sobre el río, incluido el Comité Científico que ingresa mensualmente con aviso previo a Botnia Fray Bentos. Tenía un contrato vigente de tres años, pero fue echado cuando apenas llevaba 15 meses de labor.
El tema tiene sus bemoles, porque el eyectado García –un explícito referente del Frente Amplio uruguayo- no recibió el mismo tratamiento que se ha adoptado respecto al poderoso Secretario Administrativo Marcos Di Giuseppe, puesto en ese cargo por el cambiemita Mauro Vazón y que ha sido confirmado en sus funciones por las nuevas autoridades argentinas en el organismo binacional. La Secretaría Administrativa es clave: maneja el presupuesto, las contrataciones de personal y gestiona las millonarias licitaciones en la CARU. Se da la circunstancia de que Vazón y su sucesor, Lauritto, son de Concepción del Uruguay y entre ambos hay estrechas relaciones.
Más allá de cualquier suspicacia, quizá se avecine una tormenta aún más peligrosa en torno a la CARU y que puede llegar a convertirse en una tempestad.
El Estado uruguayo, por ahora, ya ha transmitido a nuestro país su “negación” –término utilizado por las fuentes diplomáticas consultadas- a hacer entrega de toda la documentación del Proyecto UPM2 para que pueda ser evaluado por la CARU, de acuerdo a lo prescripto por el Estatuto del Río Uruguay, que rige en todos aquellos casos de emprendimientos que, por su envergadura, pueden afectar el curso de agua compartido.
Esta obligación de requerir o de ser requerido, es común tanto para Argentina como para Uruguay. Pero hay plazos establecidos para hacerlo. Cuando estalló el conflicto por la pastera que hoy funciona en Fray Bentos, nuestro país se durmió. Dejó extinguir los límites temporales previstos en el Estatuto para que el paisito respondiera. Hechos consumados que le dicen. Tan es así que tuvo que ser el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya el que, en su fallo de 2010, condenara al vecino de enfrente por su negación a informar en tiempo y forma.
Independientemente de que siempre hay prestar mucha atención al significado de ciertas palabras que se suelen utilizar en el vidrioso lenguaje diplomático, lo cierto es que los responsables de la Cancillería de nuestro país y de la CARU mantienen, hasta el momento, un ominoso silencio.
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Instan a la población a denunciar hallazgo de monos muertos o decaídos   

Fecha de Publicación: 05/09/2020
Fuente: El Territorio
Provincia/Región: Misiones


La detección de los monos muertos por fiebre amarilla en Cascavel, municipio brasileño ubicado a apenas 85 kilómetros de la frontera con Misiones, despertó la alerta de las autoridades sanitarias de Nación y la provincia, quienes reforzaron las actividades de prevención, es decir, de vacunación en la zona y monitoreo de monos. Es por ello que se desarrollaron reuniones para definir acciones en San Pedro, El Soberbio, San Vicente, Bernardo de Irigoyen, San Antonio, Pozo Azul, Comandante Andresito y Puerto Iguazú.
En la lucha contra esta enfermedad, que tuvo su último brote en 2008/2009, los monos son considerados centinelas, esto es, indicadores de que la enfermedad llegó a un lugar o zona. De ahí la importancia de ver su comportamiento para la detección temprana.
“Lo que pedimos es que la gente nos informe si tiene monos en sus cercanías para saber que tenemos un ambiente sano; si ellos los escuchan, los ven, quiere decir que están bien, sanos. Queremos que ellos sean nuestros colaboradores para saber si nuestro monte está saludable. En el caso de que llegasen a encontrar algún mono decaído, que se aleja de la manada o muerto también solicitamos que nos informen o se acerquen al primer puesto de guardaparques”, solicitó Patricia Sandoval, directora de Biodiversidad del Ministerio de Ecología de la provincia, en diálogo con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7.
El ministerio tiene habilitado para esto la línea Ecología te escucha: 376-4883555 donde cualquiera pueda notificar alguna situación irregular respecto de los primates.
En la provincia de Misiones existen tres especies de monos: el carayá rojo, el negro y el caí. Son tan susceptibles a la fiebre amarilla como los humanos pero al que más ataca es al carayá, pudiéndolo matar en el lapso de dos o tres días. El carayá rojo, en particular, está en peligro de extinción por lo que la detección temprana mediante el monitoreo puede evitar que la especie desaparezca.
“La especie carayá rojo está muy limitada porque tiene una distribución muy pequeña en la zona de San Pedro, vive muy asociado a la araucaria y por eso allí se lo encuentra, es la especie que corre peligro de extinción por la fiebre amarilla y es muy susceptible a ella”, explicó Sandoval.
Por su parte, Luciana Oklander, bióloga, investigadora adjunta del Conicet del Instituto de Biología Subtropical (Puerto Iguazú), resaltó que los monos no transmiten la enfermedad, es el mosquito Aedes aegypti, el mismo que transmite el dengue, el zika y la chikungunya.
“La gente piensa que los monos son los que traen la fiebre amarilla y pueden contagiar, pero no, el que llega es el mosquito, es la única manera que nos podemos contagiar. Ellos no tienen nada que ver con el ciclo del contagio, por el contrario, es muy bueno tener monos en la zona porque son los indicadores de que está llegando y en Brasil hizo que se pudiera alertar a la gente y empezaron a vacunar”, aseguró la profesional.
Oklander y Sandoval coincidieron que los monos son muy activos y se encuentran en las copas de los árboles por lo que las señales de alarma serían ver que no se pueden sostener, están decaídos, en el suelo y, en última instancia, muertos. “Son signos claros de que están enfermos, puede ser de cualquier cosa, pero es conveniente avisar al Ministerio de Ecología”, insistió Oklander.
“Venimos realizando campañas desde 2017 porque siempre dicen que Brasil está cerca, ahora los casos están a 80 kilómetros, entonces realizábamos avistaje de primates. Hasta ahora nuestra población de primates está sana, no hemos tenido ningún caso de epizootia y espero que no lo tengamos ahora. Desde 2008/2009 que tuvimos el último brote, no tenemos registro”, cerró Oklander.

Para denunciar
376-4883555
Ecología te escucha.
El ministerio habilitó esta la línea para que las personas que vean algún comportamiento inusual en los monos puedan denunciar.
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Las lluvias apagaron los focos de incendio en el Delta del Paraná

Fecha de Publicación: 04/09/2020
Fuente: El Argentino
Provincia/Región: Litoral Argentino


Sin focos de incendio, no se registran focos de incendio en la zona del Delta, a propósito de la lluvia. La imagen satelital es de la NASA y fue tomada el viernes 18 de abril. Se observa la nube de humo cubriendo el Delta y toda la región Nordeste de la Provincia de Buenos Aires, incluyendo a las ciudades de Buenos Aires y La Plata y el Sudeste del Uruguay. En rojo se señalan los focos de incendio de ese día.
Por primera vez en mucho tiempo, toda la margen santafesina del río Paraná está libre de fuego. Sólo la naturaleza pudo contener lo que el trabajo a destajo -de tantos brigadistas- no pudieron: las quemas en las islas entrerrianas.
Las lluvias de las últimas 96 horas han sido claves para poner fin al menos hasta el cierre de esta edición, al flagelo ambiental, que ya dañó 198 mil hectáreas en Santa Fe y en Entre Ríos, informó el portal Sin Mordaza.
El Servicio Meteorológico Nacional señaló que ayer las precipitaciones estuvieron presentes en modo intermitente hasta la llegada de la noche durante gran parte de la provincia. Para hoy jueves, las lluvias cesarían y el cielo permanecería nublado a parcialmente nublado.
La lluvia de las últimas horas, consiguieron sofocar los focos más problemáticos del Delta, incluso hasta la desembocadura en el Río de la Plata.
De acuerdo al último registro de la Nasa sobre la zona, no hay focos de incendio en toda la margen santafesina del río Paraná, incluso no se aprecia ningún “puntito rojo” hasta la desembocadura del Río de la Plata.

Terraplenes, más peligroso que el fuego
Por su parte, el abogado especialista en Derecho Ambiental, Fabián Maggi, explicó detalles sobre la causa judicial que sustancia la Justicia Federal por los incendios en islas del Delta y la incorporación de la Unidad de Información Financiera (UIF) para investigar el posible lavado de activos en la construcción de 19 terraplenes en la zona del Delta de Victoria.
En declaraciones realizadas al programa de radio “A Quien Corresponda” (Radio De la Plaza de Paraná), Maggi confirmó que “en el Delta no preocupa no solamente la cuestión del fuego sino también la construcción de terraplenes que vuelve al humedal como si fuera una zona pampeana y eso genera una degradación ambiental en términos de los ecosistemas de los humedales”.
En ese contexto, mencionó que “hubo una intervención de la UIF en el marco de la causa penal que, por lo que sabemos, investiga exclusivamente la cuestión de los incendios, y el tema terraplenes es abordado en el fuero civil, a cargo de Daniel Alonso en el Juzgado Federal de Paraná, que está llevando adelante una acción donde se reclama el daño causado por los terraplenes y la recomposición de ese ambiente”.
Sobre este punto, indicó que “para muchos especialistas el tema de los terraplenes es una preocupación aun mayor que la de del fuego” y agregó que “en la zona de Victoria se detectaron 19, pero son muchos más que abarcan otros Departamentos de Entre Ríos y la extensión que tienen es muy grande y eso genera un impacto en una zona muy amplia del humedal”.
Explicitó que “se construyen con la idea de volver similar a la Pampa a la zona de islas para poder sembrar soja, hacer ganadería y tener un manejo durante todo el año evitando las épocas de crecida. Esto es una modificación del sistema, que se denomina antrópica –es decir, hecha por el ser humano- que no contempla el funcionamiento del ecosistema, sino que lo modifica, y eso es un daño ambiental, un daño en el patrimonio de toda la sociedad, y un daño en la naturaleza como sujeto de derecho”.
Respecto del accionar de la Justicia, el abogado sostuvo que “la medida cautelar está dictada, y vigente, por el Juzgado Federal, pero hay un notorio incumplimiento, porque circulando por la traza vial que une Rosario y Victoria se pueden ver las máquinas retroexcavadoras trabajando en los terraplenes”.
“Ante eso los ciudadanos nos preguntamos cómo puede ser que no se prohíba esa prohíba, no se detenga ni se secuestre la máquina, tal como ordenó el juez Alonso. Y eso es una responsabilidad de la Gendarmería, la policía de Entre Ríos y la Prefectura que tienen una orden concreta de evitar todo movimiento de suelo, y por eso surge la preocupación y la inquietud de la sociedad”, planteó.
De todos modos, mencionó que “en torno a eso se presentó el reclamo en el Juzgado Federal a cargo de Alonso, y se está a la espera de que se movilice porque hasta hace pocos días el juez no hacía lugar a las notificaciones electrónicas, que agilizaría todo, pero en los últimos días cambio de temperamento y entendió la necesidad de notificar vía correo electrónico”.
Por otra parte, sostuvo que la intervención de la UIF “es una cuestión muy novedosa dentro de los delitos ambientales”. “En el último plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se decidió trabajar sobre los delitos ambientales y al recibir esas recomendaciones el Estado argentino decidió intervenir en esta causa porque indudablemente estamos en presencia de un delito ambiental que genera beneficios económicos en quienes los ejecutan y al integrarlos al sistema financiero se produce lo que se denomina el lavado de activos, y por eso la UIF pidió el ingreso en esta causa penal”, explicó.
En cuanto a la causa judicial por los incendios, Maggi reiteró que “el juez Alonso tiene la parte civil de la investigación y el control de la parte penal” y consideró que “acá la actividad instructora y el Ministerio Público Fiscal debería tener un trabajo de mayor calidad”. Apuntó que “se identificó a muchas personas como supuestos responsables, pero vemos que algunos están fallecidos, otros son personas discapacitadas y otros hace muchos años que ni siquiera van a la isla, con lo cual habría que hacer un enfoque más detallado, una investigación más puntual y además entendemos que debe incorporarse la cuestión de los terraplenes en la causa penal”.
“Todas estas son falencias que notamos en la actividad del Ministerio Público Fiscal y lo estamos tratando de modificar. Estamos pensando en una serie de medidas que vamos a pedir y una serie de actuaciones por fuera del expediente para dale algo más sólido al trabajo que se está llevando adelante, en el sentido de la identificación de los responsables en términos penales”, sentenció. Al respecto, dijo que “es necesario que en la causa penal sean llevados a juicio los verdaderos responsables”.

Acceso a la tierra
En otro orden de temas, se refirió al proyecto que buscar imponer un Régimen para el uso sustentable de bienes inmuebles de dominio público en islas y humedales, y sostuvo que “Entre Ríos tiene un protagonismo mucho mayor porque territorialmente es la que ocupa la mayor porción y también ahí desde hace años se verifican situaciones, al menos sospechosas, con tierras fiscales”.
Ejemplificó que “se han dado situaciones de tierras fiscales que en un principio fueron arrendadas y con el transcurso del tiempo fueron vendidas a precios que se presumen irrisorios y hoy se han transformado, de una manera un tanto cuestionable, en titulares de esas tierras”.
Por otra parte, dijo no tener “ninguna información concreta” sobre el proyecto para la instalación de granjas para la cría masiva de cerdos “pero no es difícil suponerlo por lo que han expuesto las autoridades respecto de estos megaproyectos que tienen una fuerte oposición de la sociedad por el riesgo ambiental que generan”.
“Según las explicaciones que ha dado la Cancillería están destinados a radicarse en zonas de producción de granos, con abundancia de agua y vías de comunicación, y esta zona cumple esos tres requisitos por lo cual podría pensarse que en algún lugar se podrían llegar a instalar”, concluyó.
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Trabajan en remediación de sitios contaminados

Fecha de Publicación: 04/09/2020
Fuente: El Chubut
Provincia/Región: Chubut


Se realizó una reunión en el Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, entre funcionarios del organismo y de la Administración de Vialidad Provincial (AVP), donde se unificaron criterios de trabajo para la remediación de sitios afectados.
 De la misma, participaron el subsecretario de Regulación y Control Ambiental, Juan Daniel Micheloud; la jefa de Departamento de Gestión de Sustancias y Residuos Peligrosos, Mariana Gigena; el director de Planeamiento, Marcelo Capart; y la jefa de Ambiente, Laura Vodanovich.
Cabe destacar que se llevan adelante una serie de reuniones de trabajo, en las que se establecieron cronogramas y planificación para llevar a cabo. Además se acordó que en el año 2021 se lograrán los objetivos planteados.
«Los residuos son parte de la matriz productiva», manifestó Micheloud, por lo que las empresas, o en este caso el organismo provincial, deben incorporarlos dentro de la gestión integral ambiental.
Agregó que «celebro la iniciativa de Vialidad Provincial en buscar soluciones, y por primera vez estamos logrando un acuerdo en la remediación de los sitios, totalmente abandonados».
Por su parte, Marcelo Capart señaló que «desde Vialidad Provincial, tenemos el compromiso de la presidenta, Cynthia Gelvez, quien reconoce que se debe trabajar en la búsqueda de alternativas para la remediación de los sitios contaminados».
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Crearán la Secretaría de Cambio Climático

Fecha de Publicación: 04/09/2020
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones


La iniciativa del presidente del Parlamento Misionero, Carlos Rovira, fue tratada por los diputados de la Comisión de Asuntos Constitucionales. En el caso de que sea aprobada por el pleno, se realizarían las adecuaciones presupuestarias correspondientes y se modificaría la Ley de Ministerios.
Durante la reunión la presidente de la Comisión, Adriana Bezus, explicó que la Secretaría tendrá por objetivo el desarrollo de políticas públicas relacionadas con el cambio climático y será la encargada de “planificar e impulsar todas las acciones tendientes para mitigar las consecuencias del efecto invernadero”.
“Esto tiene relación directa con el Acuerdo de París adoptado en diciembre de 2015 entre 195 países, entre ellos Argentina, para abordar la temática y combatir el cambio climático” y con el compromiso de la provincia “por sostener la biodiversidad”, añadió.
El área deberá asistir al Gobernador en el desarrollo e implementación de planes y monitoreo, como los planes estratégicos de disminución y emisión de gases de efecto invernadero y de mitigación, adaptación y resiliencia al cambio climático; además de desarrollar e implementar los principales indicadores y objetivos a corto, mediano y largo plazo en lo relativo a las emisiones y otras variables como las emisiones por actividades, emisión de Dióxido de Carbono (CO2), Metano (CH4), Óxido de Nitrógeno (N20), entre otros, calidad del aire y del agua, incendios, sequías, olas de calor, cambios de nivel de cursos de agua, efectos en la salud e impacto en la economía.
También adoptar modelos internacionalmente reconocidos para la presentación y disponibilidad de información de la calidad del aire y otras variables ambientales, compatibles con las prácticas actuales y en coincidencia con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación; intervenir en coordinación con los organismos regionales, nacionales e internacionales relacionados con sus competencias; y elaborar planes de acción, mapas de amenazas, vulnerabilidades y riesgos hídricos, de incendios y sequías ante nuevos escenarios climáticos.
Asimismo asesorar a otros organismos sobre nuevos criterios generales de diseño que contemplen los efectos en la troposfera generadores de cambios; firmar convenios con institutos y centros de investigación u otras personas humanas y jurídicas de derecho público o privado para promover el desarrollo de estudios e investigaciones referidas al cambio climático y su impacto regional; ejercer como Autoridad de Aplicación en las cuestiones relacionadas al cambio climático, en las áreas y materias que correspondan o se relacionen con la Provincia en virtud del régimen jurídico provincial y nacional; y promover el desarrollo sustentable a partir del uso de energías renovables, adopción del concepto de eficiencia energética en la construcción, uso de biocombustible, promoción del uso del transporte (automóviles, camiones y ómnibus) con cero emisiones; entre otros asuntos a cargo.
“El cambio climático es un problema de la humanidad, por lo tanto, como provincia, nos proponemos adoptar medidas para hacer frente a sus efectos adversos en cumplimiento del Acuerdo de París”, especificó Rovira en el proyecto que consideraron los legisladores.
Misiones cuenta en su estructura administrativa con la Dirección General de Cambio Climático dependiente del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables, precisó Rovira en los antecedentes, pero es necesario “sumar a los esfuerzos que ya se vienen realizando”.
“Por los impactos que hoy padece nuestro planeta y que afectan a todos es necesario tomar medidas inmediatas; no se trata de algo lejano que provocaba desastres naturales en otros continentes, sino que afecta directamente a nuestra provincia como se puede observar con la variabilidad climática que posee Misiones, donde se alternan periodos secos, húmedos, inundaciones y sequías, con los efectos negativos que ello conlleva a la producción rural”, describió el legislador en los fundamentos de la iniciativa.
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