Mendoza: fuerte presión lobista para reformar la 7722
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Ley 7722: revive un debate clave en el momento menos pensado
Fecha de Publicación: 19/11/2019
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
La ley 7722 es una de las más trascendentes de la historia reciente por el trayecto institucional que tuvo. Buscarán modificarla en un trámite exprés. Será una prueba de fuego para la política.
La ley 7722 es una de las normas que mayor tránsito institucional ha tenido en la historia reciente de Mendoza: se sancionó en la Legislatura como reemplazo de otra norma derogada, estuvo 10 años en la Suprema Corte donde se ratificó su vigencia y está citada como “dios y demonio” en mucha bibliografía. También es una de las más discutidas y, quizá, tomada como “chivo expiatorio” para simplificar algunos de los males de la economía mendocina.
La Legislatura apunta a ser nuevamente escenario político de esa discusión en un trámite exprés. Dos de los cambios que buscan es quitarle la exigencia de aprobación legislativa a los proyectos mineros metalíferos y “precisar” la prohibición de sustancias mencionadas en la norma.
El trámite puede ser rápido para aprovechar la inercia política y con la idea de acelerarlo antes del cambio legislativo en el que ingresarán algunos legisladores que pueden agitar el “no”, como Jorge Difonso (coautor de la ley hace 12 años). Pero el proceso comenzó hace tiempo con la “mesa de diálogo” minero donde hubo trabajo de base sin levantar el perfil. El propio Alfredo Cornejo evitó pronunciarse sobre el tema, mientras se maceraba la decisión internamente en el Gobierno.
En el medio, también voces disidentes internas se alejaron del Gobierno y se reenfocó la política ambiental y productiva. La Secretaría de Ambiente, por ejemplo, tomó el rol de promotor “con controles” de actividades y la minería entró en el mismo plan. La foto tomada en la Legislatura del secretario de Ambiente Humberto Mingorance junto al dueño del proyecto Hierro Indio lo resume. Años atrás, había disputa entre las áreas de gobierno que promocionaban las actividades extractivas y quienes debían controlarlas.
La Legislatura tendrá días agitados, en un contexto agitado.
La reapertura del debate también trajo viejos fantasmas. Pero por las dudas, vale aclarar: la ley tiene legitimidad total. La intención de modificarla, también.
La historia
Primero fueron algunos cateos, incluso el vuelo de helicópteros para hacer trabajos técnicos de exploración que llamaron la atención de los pobladores de San Carlos. La búsqueda de cobre y oro llamó la atención. Eso generó reacciones en la comunidad que, tras protestas en las rutas y calles, tuvieron repercusión política.
Bajo la presión social se sancionó una norma que prohibía la minería. Julio Cobos la vetó. La presión siguió y de manera inmediata se sancionó la 7722. En el medio el Gobernador y su equipo tuvieron posiciones oscilantes: mientras promocionaban la provincia en Canadá para atraer inversiones, en el territorio prometían lo contrario.
La ley tiene dos claves. El artículo 1 prohíbe "el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos". Los cuestionamientos a ese artículo es que la prohibición es solo para la industria minera y la frase "otras sustancias", que deja abierto el abanico hasta "el infinito".
El artículo 3 de la ley establece que "para los proyectos de minería metalífera obtenidos las fases de cateos, prospección, exploración, explotación, o industrialización, la DIA debe ser ratificada por ley". Es decir el aval político de cualquier proceso. El Gobierno y parte de la oposición buscan acotar ese paso a los proyectos de explotación. Hasta ahora solo el proyecto Hierro Indio superó esa instancia.
La ley 7722 no prohíbe la minería, pero la restringe. Y le agrega control político a cada paso. Allí estuvo el principal filtro. Ocurrió con el proyecto San Jorge que, tras recibir muchas críticas técnicas y financieras, fue aprobado por el Poder Ejecutivo (con más de 100 recomendaciones), pero la Legislatura le bajó el pulgar de manera unánime. En la previa, por ejemplo, el recinto se colmó de manifestantes.
La 7722 fue recurrida en la Suprema Corte con 11 pedidos de inconstitucionalidad. La mayoría proveniente de empresas mineras, pero también de organizaciones profesionales. La sentencia se conoció tras una década de acumulación de testimonios, pruebas y aportes. Pero la resolución se dilató más por cuestiones políticas. La Corte, que es tiempista, esquivó una definición.
La Ley fue declarada constitucional y el fallo tiene mucha interpretación política también. Jorge Nanclares citó, por ejemplo, el 'Laudato si' del papa, las consecuencias de tragedias ambientales como las ocurridas en Mina Gerais, Brasil, entre otras. Aunque fue unánime la decisión de la Corte, el ministro Mario Adaro presentó disidencias parciales y abonó los argumentos que luego se transformaron en proyectos de ley para modificarla en cuanto al control legislativo de las Declaraciones de Impacto Ambiental.
El abordaje legal reflejó cierta hipocresía en los gobiernos. Mientras los asesores legales oficiales defendían en la Corte la norma, en la vía política siempre la cuestionaron y querían cambiarla. No lo hacían por temor político. Ahora, Cornejo calculó los tiempos y busca “hacer el trabajo sucio” para Suarez. El Gobernador electo quiere impulsar la minería y para él la 7722 es un obstáculo. Tiene detrás suyo a todas las cámaras empresarias con las que había expresado su posición antes de las elecciones, de la misma manera que lo había hecho Anabel Fernández Sagasti.
Como dijimos en otros momentos, la decisión política no alcanza. Más allá de la reforma de esa norma, Mendoza y Argentina tienen una estructura de protección del ambiente que exige rigor. La Ley de Glaciares (que Cristina derogó primero y que Macri quiso modificar después), la ley 5961, la ley y el Plan de Ordenamieto Territorial, entre otros.
La provincia en particular tiene que “darle músculo”, recursos y poder a los organismos que tienen que controlar como la Dirección de Minería, la Dirección de Protección Ambiental, la Agencia de Ordenamiento Territorial, el Departamento General de Irrigación y hasta las municipalidades.
Mendoza tiene una larga trayectoria en defensa del ambiente. Por parte de organismos científicos, como el Iadiza y el Ianigla, como por parte del tercer sector. Es un valor agregado tangible: esa participación ha mejorado a la provincia.
El debate por la minería en Mendoza tiene que despojarse, como dijimos antes, de fantasmas y promesas mágicas. Ni oposición tozuda sin solidez, ni promesas de desarrollo a cualquier precio.
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Fecha de Publicación: 19/11/2019
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
La ley 7722 es una de las más trascendentes de la historia reciente por el trayecto institucional que tuvo. Buscarán modificarla en un trámite exprés. Será una prueba de fuego para la política.
La ley 7722 es una de las normas que mayor tránsito institucional ha tenido en la historia reciente de Mendoza: se sancionó en la Legislatura como reemplazo de otra norma derogada, estuvo 10 años en la Suprema Corte donde se ratificó su vigencia y está citada como “dios y demonio” en mucha bibliografía. También es una de las más discutidas y, quizá, tomada como “chivo expiatorio” para simplificar algunos de los males de la economía mendocina.
La Legislatura apunta a ser nuevamente escenario político de esa discusión en un trámite exprés. Dos de los cambios que buscan es quitarle la exigencia de aprobación legislativa a los proyectos mineros metalíferos y “precisar” la prohibición de sustancias mencionadas en la norma.
El trámite puede ser rápido para aprovechar la inercia política y con la idea de acelerarlo antes del cambio legislativo en el que ingresarán algunos legisladores que pueden agitar el “no”, como Jorge Difonso (coautor de la ley hace 12 años). Pero el proceso comenzó hace tiempo con la “mesa de diálogo” minero donde hubo trabajo de base sin levantar el perfil. El propio Alfredo Cornejo evitó pronunciarse sobre el tema, mientras se maceraba la decisión internamente en el Gobierno.
En el medio, también voces disidentes internas se alejaron del Gobierno y se reenfocó la política ambiental y productiva. La Secretaría de Ambiente, por ejemplo, tomó el rol de promotor “con controles” de actividades y la minería entró en el mismo plan. La foto tomada en la Legislatura del secretario de Ambiente Humberto Mingorance junto al dueño del proyecto Hierro Indio lo resume. Años atrás, había disputa entre las áreas de gobierno que promocionaban las actividades extractivas y quienes debían controlarlas.
La Legislatura tendrá días agitados, en un contexto agitado.
La reapertura del debate también trajo viejos fantasmas. Pero por las dudas, vale aclarar: la ley tiene legitimidad total. La intención de modificarla, también.
La historia
Primero fueron algunos cateos, incluso el vuelo de helicópteros para hacer trabajos técnicos de exploración que llamaron la atención de los pobladores de San Carlos. La búsqueda de cobre y oro llamó la atención. Eso generó reacciones en la comunidad que, tras protestas en las rutas y calles, tuvieron repercusión política.
Bajo la presión social se sancionó una norma que prohibía la minería. Julio Cobos la vetó. La presión siguió y de manera inmediata se sancionó la 7722. En el medio el Gobernador y su equipo tuvieron posiciones oscilantes: mientras promocionaban la provincia en Canadá para atraer inversiones, en el territorio prometían lo contrario.
La ley tiene dos claves. El artículo 1 prohíbe "el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos". Los cuestionamientos a ese artículo es que la prohibición es solo para la industria minera y la frase "otras sustancias", que deja abierto el abanico hasta "el infinito".
El artículo 3 de la ley establece que "para los proyectos de minería metalífera obtenidos las fases de cateos, prospección, exploración, explotación, o industrialización, la DIA debe ser ratificada por ley". Es decir el aval político de cualquier proceso. El Gobierno y parte de la oposición buscan acotar ese paso a los proyectos de explotación. Hasta ahora solo el proyecto Hierro Indio superó esa instancia.
La ley 7722 no prohíbe la minería, pero la restringe. Y le agrega control político a cada paso. Allí estuvo el principal filtro. Ocurrió con el proyecto San Jorge que, tras recibir muchas críticas técnicas y financieras, fue aprobado por el Poder Ejecutivo (con más de 100 recomendaciones), pero la Legislatura le bajó el pulgar de manera unánime. En la previa, por ejemplo, el recinto se colmó de manifestantes.
La 7722 fue recurrida en la Suprema Corte con 11 pedidos de inconstitucionalidad. La mayoría proveniente de empresas mineras, pero también de organizaciones profesionales. La sentencia se conoció tras una década de acumulación de testimonios, pruebas y aportes. Pero la resolución se dilató más por cuestiones políticas. La Corte, que es tiempista, esquivó una definición.
La Ley fue declarada constitucional y el fallo tiene mucha interpretación política también. Jorge Nanclares citó, por ejemplo, el 'Laudato si' del papa, las consecuencias de tragedias ambientales como las ocurridas en Mina Gerais, Brasil, entre otras. Aunque fue unánime la decisión de la Corte, el ministro Mario Adaro presentó disidencias parciales y abonó los argumentos que luego se transformaron en proyectos de ley para modificarla en cuanto al control legislativo de las Declaraciones de Impacto Ambiental.
El abordaje legal reflejó cierta hipocresía en los gobiernos. Mientras los asesores legales oficiales defendían en la Corte la norma, en la vía política siempre la cuestionaron y querían cambiarla. No lo hacían por temor político. Ahora, Cornejo calculó los tiempos y busca “hacer el trabajo sucio” para Suarez. El Gobernador electo quiere impulsar la minería y para él la 7722 es un obstáculo. Tiene detrás suyo a todas las cámaras empresarias con las que había expresado su posición antes de las elecciones, de la misma manera que lo había hecho Anabel Fernández Sagasti.
Como dijimos en otros momentos, la decisión política no alcanza. Más allá de la reforma de esa norma, Mendoza y Argentina tienen una estructura de protección del ambiente que exige rigor. La Ley de Glaciares (que Cristina derogó primero y que Macri quiso modificar después), la ley 5961, la ley y el Plan de Ordenamieto Territorial, entre otros.
La provincia en particular tiene que “darle músculo”, recursos y poder a los organismos que tienen que controlar como la Dirección de Minería, la Dirección de Protección Ambiental, la Agencia de Ordenamiento Territorial, el Departamento General de Irrigación y hasta las municipalidades.
Mendoza tiene una larga trayectoria en defensa del ambiente. Por parte de organismos científicos, como el Iadiza y el Ianigla, como por parte del tercer sector. Es un valor agregado tangible: esa participación ha mejorado a la provincia.
El debate por la minería en Mendoza tiene que despojarse, como dijimos antes, de fantasmas y promesas mágicas. Ni oposición tozuda sin solidez, ni promesas de desarrollo a cualquier precio.
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Desmontes: señalan que se debería recomponer
“El bosque desmontado se debe recomponer”
Fecha de Publicación: 19/11/2019
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones
Así lo afirmó Martín Ferroni, de la ONG ambiental Kaapuera. El abogado sostuvo que la ley obliga a resarcir el daño ambiental. No alcanza con una compensación económica.
“Una de las cosas esenciales del Derecho Ambiental es la recomposición de los daños sufridos por el ambiente”. De esta manera, Martín Ferroni, abogado especializado en la temática y presidente de la Asociación Civil Kaapuera, ilustra el alcance de las normativas constituidas para asegurar la conservación de los bienes naturales.
“Esto quiere decir que si hubo un desmonte ese ambiente de flora y fauna, suelo, agua, aire, debe ser recuperado. La ley obliga a recomponer el bosque desmontado”, ilustró Ferroni.
“Lo mismo ocurre –continuó- si hablamos de un ambiente urbano o un servicio imprescindible como el agua”.
El daño ambiental está establecido en el art. 41 de la Constitución Nacional y debe ser asumido por la autoridad competente, en el caso de Misiones, por el Ministerio de Ecología.
“Esta obligación de recomposición ante un daño ambiental significa que el sujeto obligado deberá generar las condiciones necesarias para que esos componentes puedan volver a tener esas relaciones complejas (inter – retro – relaciones) que fueron afectadas. Y esta obligación no puede ser sustituida por una compensación económica por el daño causado”, profundizó.
El derecho a un ambiente sano y equilibrado “es tanto un derecho como un deber”, señaló Ferroni, y “ejercerlo debiera ser una acción prioritaria para todos los ciudadanos, por cuanto hablamos de exigir que se cuiden los bienes que hacen que tengamos una buena calidad de vida, en todos los sentidos”, agregó.
Sobre los desmontes constatados por el Ministerio de Ecología, Martín Ferroni indicó que generalmente “la Institución hace referencia a la posible aplicación de una multa a los responsables, reconociendo que hubo una violación a una norma ambiental”.
“Entonces el hecho no es objeto de prueba en cuanto a la subjetividad o a la culpa, sino que el mero incumplimiento de una obligación ambiental, hace que la consecuencia sea considerada daño y por lo tanto se impone una recomposición del daño”.
Si ello no ocurre, señaló el abogado, “estaremos ante incumplimiento de los mandatos, una responsabilidad que recae en el máximo responsable del organismo público”, finalizó.
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Fecha de Publicación: 19/11/2019
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones
Así lo afirmó Martín Ferroni, de la ONG ambiental Kaapuera. El abogado sostuvo que la ley obliga a resarcir el daño ambiental. No alcanza con una compensación económica.
“Una de las cosas esenciales del Derecho Ambiental es la recomposición de los daños sufridos por el ambiente”. De esta manera, Martín Ferroni, abogado especializado en la temática y presidente de la Asociación Civil Kaapuera, ilustra el alcance de las normativas constituidas para asegurar la conservación de los bienes naturales.
“Esto quiere decir que si hubo un desmonte ese ambiente de flora y fauna, suelo, agua, aire, debe ser recuperado. La ley obliga a recomponer el bosque desmontado”, ilustró Ferroni.
“Lo mismo ocurre –continuó- si hablamos de un ambiente urbano o un servicio imprescindible como el agua”.
El daño ambiental está establecido en el art. 41 de la Constitución Nacional y debe ser asumido por la autoridad competente, en el caso de Misiones, por el Ministerio de Ecología.
“Esta obligación de recomposición ante un daño ambiental significa que el sujeto obligado deberá generar las condiciones necesarias para que esos componentes puedan volver a tener esas relaciones complejas (inter – retro – relaciones) que fueron afectadas. Y esta obligación no puede ser sustituida por una compensación económica por el daño causado”, profundizó.
El derecho a un ambiente sano y equilibrado “es tanto un derecho como un deber”, señaló Ferroni, y “ejercerlo debiera ser una acción prioritaria para todos los ciudadanos, por cuanto hablamos de exigir que se cuiden los bienes que hacen que tengamos una buena calidad de vida, en todos los sentidos”, agregó.
Sobre los desmontes constatados por el Ministerio de Ecología, Martín Ferroni indicó que generalmente “la Institución hace referencia a la posible aplicación de una multa a los responsables, reconociendo que hubo una violación a una norma ambiental”.
“Entonces el hecho no es objeto de prueba en cuanto a la subjetividad o a la culpa, sino que el mero incumplimiento de una obligación ambiental, hace que la consecuencia sea considerada daño y por lo tanto se impone una recomposición del daño”.
Si ello no ocurre, señaló el abogado, “estaremos ante incumplimiento de los mandatos, una responsabilidad que recae en el máximo responsable del organismo público”, finalizó.
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Presentan el “Sello de Vivienda Sustentable”
Presentaron un “sello de sustentabilidad” para clasificar las viviendas
Fecha de Publicación: 19/11/2019
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional
Busca promover buenas prácticas en materia de construcción sustentable y ubicar al beneficiario en el centro de la política habitacional, con el objetivo de asegurarle una casa de calidad, durable y que genere ahorro económico en el hogar
En el marco de la Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable, la Secretaría de Vivienda de la Nación, dependiente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, presentó el “Sello de Vivienda Sustentable” que busca promover buenas prácticas en materia de construcción sustentable y ubicar al beneficiario en el centro de la política habitacional, con el objetivo de asegurarle una vivienda de calidad, durable y que genere ahorro económico en el hogar; contribuyendo a su vez al cuidado del medio ambiente y a mitigar el cambio climático.
En esta oportunidad, técnicos de todo el país pertenecientes a los institutos provinciales de Vivienda, municipios y áreas de Gobierno se capacitaron sobre el uso de la herramienta y los contenidos necesarios para rendir el examen y formar parte del Registro de Técnico Diagnosticador Sustentable, que los habilitará para gestionar la presentación de la documentación necesaria y obtener luego el sello.
Sello sustentable
El sello de vivienda sustentable se implementa en el marco de las acciones previstas en la “Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable”, aprobada por resolución conjunta N° 2/2019, de la Secretaria de Vivienda y la Secretaria de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable, con el objetivo de integrar el pilar de la sostenibilidad ambiental y climática en el desarrollo de la política nacional de vivienda.
El secretario de Vivienda de la Nación, Iván Kerr, estuvo presente en el evento y subrayó:
“A través del trabajo conjunto logramos crear el Sello de Vivienda Sustentable que nos va a permitir contar con una metodología de evaluación, diagnóstico y certificación para la clasificación de viviendas de uso residencial, siendo un gran salto en materia cualitativa de optimización de recursos naturales, y permitiendo que las viviendas incorporen componentes de sustentabilidad que impacten positivamente en el ahorro económico de las familias beneficiarias”.
La aplicación del sello permitirá instalar la sustentabilidad a escala federal, siendo parte de este cambio todos los actores de la cadena de valor de la vivienda, del sector público y del privado, hasta quienes habiten o trabajen en las nuevas edificaciones sustentables.
Además, este instrumento de triple impacto ambiental, social y económico, hará que Argentina pueda medir y demostrar el grado de cumplimiento de las obligaciones asumidas para combatir el cambio climático en los acuerdos internacionales suscriptos.
Por su parte, la directora de Acceso al Suelo de la Secretaria de Vivienda, Lucila Rainuzzo, destacó la importancia de seguir trabajando en conjunto entre la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Secretaría de Energía y demás áreas para lograr la transformación en la construcción por medio de la transversalidad y la participación, resaltando que “la implementación del sello busca transformar la construcción en el país para promover la construcción sustentable, y a su vez vincularlo a futuros beneficios para quienes construyan o accedan a una vivienda certificada”.
Quiénes pueden obtener el sello
Pueden postularse a la obtención del sello todos los inmuebles destinados a vivienda que se encuentren ubicados en Argentina y su adhesión está orientada tanto a la vivienda unifamiliar como a edificios de vivienda multifamiliar o de propiedad horizontal, ejecutadas con fondos públicos y/o privados, ya sean en etapa de proyecto, vivienda nueva o vivienda existente.
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Fecha de Publicación: 19/11/2019
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional
Busca promover buenas prácticas en materia de construcción sustentable y ubicar al beneficiario en el centro de la política habitacional, con el objetivo de asegurarle una casa de calidad, durable y que genere ahorro económico en el hogar
En el marco de la Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable, la Secretaría de Vivienda de la Nación, dependiente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, presentó el “Sello de Vivienda Sustentable” que busca promover buenas prácticas en materia de construcción sustentable y ubicar al beneficiario en el centro de la política habitacional, con el objetivo de asegurarle una vivienda de calidad, durable y que genere ahorro económico en el hogar; contribuyendo a su vez al cuidado del medio ambiente y a mitigar el cambio climático.
En esta oportunidad, técnicos de todo el país pertenecientes a los institutos provinciales de Vivienda, municipios y áreas de Gobierno se capacitaron sobre el uso de la herramienta y los contenidos necesarios para rendir el examen y formar parte del Registro de Técnico Diagnosticador Sustentable, que los habilitará para gestionar la presentación de la documentación necesaria y obtener luego el sello.
Sello sustentable
El sello de vivienda sustentable se implementa en el marco de las acciones previstas en la “Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable”, aprobada por resolución conjunta N° 2/2019, de la Secretaria de Vivienda y la Secretaria de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable, con el objetivo de integrar el pilar de la sostenibilidad ambiental y climática en el desarrollo de la política nacional de vivienda.
El secretario de Vivienda de la Nación, Iván Kerr, estuvo presente en el evento y subrayó:
“A través del trabajo conjunto logramos crear el Sello de Vivienda Sustentable que nos va a permitir contar con una metodología de evaluación, diagnóstico y certificación para la clasificación de viviendas de uso residencial, siendo un gran salto en materia cualitativa de optimización de recursos naturales, y permitiendo que las viviendas incorporen componentes de sustentabilidad que impacten positivamente en el ahorro económico de las familias beneficiarias”.
La aplicación del sello permitirá instalar la sustentabilidad a escala federal, siendo parte de este cambio todos los actores de la cadena de valor de la vivienda, del sector público y del privado, hasta quienes habiten o trabajen en las nuevas edificaciones sustentables.
Además, este instrumento de triple impacto ambiental, social y económico, hará que Argentina pueda medir y demostrar el grado de cumplimiento de las obligaciones asumidas para combatir el cambio climático en los acuerdos internacionales suscriptos.
Por su parte, la directora de Acceso al Suelo de la Secretaria de Vivienda, Lucila Rainuzzo, destacó la importancia de seguir trabajando en conjunto entre la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Secretaría de Energía y demás áreas para lograr la transformación en la construcción por medio de la transversalidad y la participación, resaltando que “la implementación del sello busca transformar la construcción en el país para promover la construcción sustentable, y a su vez vincularlo a futuros beneficios para quienes construyan o accedan a una vivienda certificada”.
Quiénes pueden obtener el sello
Pueden postularse a la obtención del sello todos los inmuebles destinados a vivienda que se encuentren ubicados en Argentina y su adhesión está orientada tanto a la vivienda unifamiliar como a edificios de vivienda multifamiliar o de propiedad horizontal, ejecutadas con fondos públicos y/o privados, ya sean en etapa de proyecto, vivienda nueva o vivienda existente.
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La “lista roja” de mamíferos argentinos
Argentina tiene 395 especies de mamíferos y 98 están en riesgo de desaparecer
Fecha de Publicación: 18/11/2019
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Ambiente de la Nación dio a conocer el "Libro rojo" de estos animales. Nuestro país es el 10º en el mundo con mayor variedad de estas especies. Cinco están en peligro crítico de desaparecer en décadas.
Con 395 especies categorizadas, Argentina es el 10º país en el mundo con mayor número de mamíferos y el cuarto de América del Sur.
Sin embargo, más de un cuarto (98 especies) está en peligro de extinguirse.
El trabajo fue presentado esta semana por la Secretaría de Ambiente de la Nación y puede consultarse en este enlace. Participaron decenas de científicos de todo el país.
Hace unos días, el Gobierno de Córdoba firmó una resolución para categorizar a los 65 mamíferos que habitan la provincia.
Siete especies están en peligro crítico con un riesgo serio de desaparecer en las próximas décadas.
Se trata de la rata vizcacha de Los Chalchaleros, la rata vizcacha dorada, el tuco-tuco de Roig, el tuco-tuco de d'Orbigny, la rata nutria de Atuel, el yaguareté y el mono aullador rojo.
Los tuco-tuco son roedores de hábitos subterráneos que tienen los ojos bien arriba, en el cráneo, para poder asomarse a la superficie sin exponerse a demasiado riesgo, y garras potentes en las patas para cavar.
Las ratas vizcachas también son roedores de hábitos subterráneos que habitan regiones salinas.
Además de la rata vizcacha de Los Chalchaleros y dorada, descripta en 2000, también existe la rata vizcacha de Kirchner (descripta en 2014), nombre puesto en honor a Néstor Kirchner y a Cristina Fernández de Kirchner. Su estado de conservación es “vulnerable”.
Grandes en riesgo
La lista de “en peligro crítico” incluye a dos grandes mamíferos:
Aullador colorado. Es una especie similar a la que integra el refugio de monos aulladores en La Cumbre. Pero esta especie vive sólo en Misiones, y sufrió una notable reducción durante el brote de fiebre amarilla en 2008. Se estima que existen menos de 50 ejemplares adultos.
Yaguareté. El mayor felino de América. Se cree que existen entre 200 y 300 individuos distribuidos entre las regiones de Selva Paranaense, Chaco y Yungas.
Categoría “en peligro”
Es una categoría más baja que la anterior, pero implica que estas especies están enfrentando un riesgo de extinción muy alto en estado de vida silvestre.
Hay 26 especies; varias de ellas son el tuco-tuco y otros roedores.
Entre los animales grandes se encuentran el huemul, el venado de las pampas, la taruca, el pecarí labiado y el pecarí quimilero.
También están la ballena azul y la ballena fin (rorcual común), que viven en el Mar Antártico.
Vulnerable
“Vulnerable” es una categoría de conservación que también genera alarma. Si fuera un semáforo, sería el color amarillo, porque su población está más estable a pesar de las amenazas.
En este grupo hay 65 especies, otra vez, con varios roedores: tuco-tuco, ratas vizcazchas, lauchas y coendús (puercoespines americanos), entre otros.
Algunas especies “más famosas” son la mara, el tapir, la corzuela colorada, el aguará guazú y el pecarí de collar, entre otras.
También están vulnerables los murciélagos y felinos como el ocelote, la tigrina, el margay, la tirica, el gato huiña y el gato de los pajonales.
Además están el delfín nariz de botella, la franciscana (delfín del Plata) y el cachalote. Entre los monos figuran el caí, el aullador negro y dorado y el miriquiná.
Una mención especial merece el monito del monte, único representante de un orden de marsupiales llamado microbioterios.
Otras categorías
Luego, 40 especies están incluidas en la categoría "casi amenazadas" y 177, en "preocupación menor".
De 80 de ellas, los datos son insuficientes. Entre ellas hay varios tuco-tuco, murciélagos y cetáceos.
Cinco especies se consideraron extintas. Ellas son el lobo gargantilla, el colicorto de una raya, la rata acuática grande, el zorro-lobo continental y el zorro-lobo de Malvinas.
Y se reconoce la presencia de poblaciones de 24 especies de mamíferos exóticos dentro del territorio argentino, entre ellas el perro, el gato, la vaca, la oveja y el caballo.
Amenazas
- La pérdida y degradación del hábitat es considerada la amenaza más frecuente y señalada para más del 75 por ciento de estas especies.
- La caza ilegal es una amenaza relevante para la totalidad de los primates, para el 93 por ciento de los ungulados (ciervos, venados), para el 87 por ciento de los xenartros (armadillos y osos hormigueros) y para el 80 por ciento de los carnívoros terrestres.
- Los atropellamientos en rutas es un riesgo para el 89 por ciento de los carnívoros terrestres, para el 67 por ciento de los ungulados, para el 60 por ciento de los primates y para el 25 por ciento de los marsupiales.
- La depredación por perros se asignó al ciento por ciento de los ungulados, para el 92 por ciento de los carnívoros terrestres y para el 87 por ciento de los xenartros.
- Las principales amenazas indicadas para los cetáceos fueron la contaminación (afecta al 86% de las especies), la captura (65%) y la reducción de presas (51%).
- Las enfermedades fueron identificadas como amenazas importantes para ungulados, para primates y para carnívoros terrestres.
- La presencia de especies exóticas invasoras resulta de importancia principalmente para los ungulados, y en menor medida para los carnívoros terrestres.
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Fecha de Publicación: 18/11/2019
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Ambiente de la Nación dio a conocer el "Libro rojo" de estos animales. Nuestro país es el 10º en el mundo con mayor variedad de estas especies. Cinco están en peligro crítico de desaparecer en décadas.
Con 395 especies categorizadas, Argentina es el 10º país en el mundo con mayor número de mamíferos y el cuarto de América del Sur.
Sin embargo, más de un cuarto (98 especies) está en peligro de extinguirse.
El trabajo fue presentado esta semana por la Secretaría de Ambiente de la Nación y puede consultarse en este enlace. Participaron decenas de científicos de todo el país.
Hace unos días, el Gobierno de Córdoba firmó una resolución para categorizar a los 65 mamíferos que habitan la provincia.
Siete especies están en peligro crítico con un riesgo serio de desaparecer en las próximas décadas.
Se trata de la rata vizcacha de Los Chalchaleros, la rata vizcacha dorada, el tuco-tuco de Roig, el tuco-tuco de d'Orbigny, la rata nutria de Atuel, el yaguareté y el mono aullador rojo.
Los tuco-tuco son roedores de hábitos subterráneos que tienen los ojos bien arriba, en el cráneo, para poder asomarse a la superficie sin exponerse a demasiado riesgo, y garras potentes en las patas para cavar.
Las ratas vizcachas también son roedores de hábitos subterráneos que habitan regiones salinas.
Además de la rata vizcacha de Los Chalchaleros y dorada, descripta en 2000, también existe la rata vizcacha de Kirchner (descripta en 2014), nombre puesto en honor a Néstor Kirchner y a Cristina Fernández de Kirchner. Su estado de conservación es “vulnerable”.
Grandes en riesgo
La lista de “en peligro crítico” incluye a dos grandes mamíferos:
Aullador colorado. Es una especie similar a la que integra el refugio de monos aulladores en La Cumbre. Pero esta especie vive sólo en Misiones, y sufrió una notable reducción durante el brote de fiebre amarilla en 2008. Se estima que existen menos de 50 ejemplares adultos.
Yaguareté. El mayor felino de América. Se cree que existen entre 200 y 300 individuos distribuidos entre las regiones de Selva Paranaense, Chaco y Yungas.
Categoría “en peligro”
Es una categoría más baja que la anterior, pero implica que estas especies están enfrentando un riesgo de extinción muy alto en estado de vida silvestre.
Hay 26 especies; varias de ellas son el tuco-tuco y otros roedores.
Entre los animales grandes se encuentran el huemul, el venado de las pampas, la taruca, el pecarí labiado y el pecarí quimilero.
También están la ballena azul y la ballena fin (rorcual común), que viven en el Mar Antártico.
Vulnerable
“Vulnerable” es una categoría de conservación que también genera alarma. Si fuera un semáforo, sería el color amarillo, porque su población está más estable a pesar de las amenazas.
En este grupo hay 65 especies, otra vez, con varios roedores: tuco-tuco, ratas vizcazchas, lauchas y coendús (puercoespines americanos), entre otros.
Algunas especies “más famosas” son la mara, el tapir, la corzuela colorada, el aguará guazú y el pecarí de collar, entre otras.
También están vulnerables los murciélagos y felinos como el ocelote, la tigrina, el margay, la tirica, el gato huiña y el gato de los pajonales.
Además están el delfín nariz de botella, la franciscana (delfín del Plata) y el cachalote. Entre los monos figuran el caí, el aullador negro y dorado y el miriquiná.
Una mención especial merece el monito del monte, único representante de un orden de marsupiales llamado microbioterios.
Otras categorías
Luego, 40 especies están incluidas en la categoría "casi amenazadas" y 177, en "preocupación menor".
De 80 de ellas, los datos son insuficientes. Entre ellas hay varios tuco-tuco, murciélagos y cetáceos.
Cinco especies se consideraron extintas. Ellas son el lobo gargantilla, el colicorto de una raya, la rata acuática grande, el zorro-lobo continental y el zorro-lobo de Malvinas.
Y se reconoce la presencia de poblaciones de 24 especies de mamíferos exóticos dentro del territorio argentino, entre ellas el perro, el gato, la vaca, la oveja y el caballo.
Amenazas
- La pérdida y degradación del hábitat es considerada la amenaza más frecuente y señalada para más del 75 por ciento de estas especies.
- La caza ilegal es una amenaza relevante para la totalidad de los primates, para el 93 por ciento de los ungulados (ciervos, venados), para el 87 por ciento de los xenartros (armadillos y osos hormigueros) y para el 80 por ciento de los carnívoros terrestres.
- Los atropellamientos en rutas es un riesgo para el 89 por ciento de los carnívoros terrestres, para el 67 por ciento de los ungulados, para el 60 por ciento de los primates y para el 25 por ciento de los marsupiales.
- La depredación por perros se asignó al ciento por ciento de los ungulados, para el 92 por ciento de los carnívoros terrestres y para el 87 por ciento de los xenartros.
- Las principales amenazas indicadas para los cetáceos fueron la contaminación (afecta al 86% de las especies), la captura (65%) y la reducción de presas (51%).
- Las enfermedades fueron identificadas como amenazas importantes para ungulados, para primates y para carnívoros terrestres.
- La presencia de especies exóticas invasoras resulta de importancia principalmente para los ungulados, y en menor medida para los carnívoros terrestres.
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Amparo colectivo para descontaminación de asbesto
Presentan un recurso de amparo para pedir una política de descontaminación de asbesto
Fecha de Publicación: 18/11/2019
Fuente: Telam
Provincia/Región: CABA
Se trata de un recurso de amparo presentado por el Observatorio de Derecho de la Ciudad de Buenos Aires, el Instituto del Lenguas Vivas y el Hospital Durand.
El Observatorio de Derecho de la Ciudad, junto con la comunidad educativa del Instituto del Lenguas Vivas y trabajadores del Hospital Durand, interpusieron un recurso de amparo colectivo para solicitar al gobierno porteño que elabore una política pública de descontaminación de asbesto en los edificios públicos de la Ciudad de Buenos Aires.
"Solicitamos a la justicia que ordene al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires crear una política pública de descontaminación de Asbesto/Amianto en los edificios públicos porteños e implemente un relevamiento exhaustivo, un plan y cronograma de remoción y reemplazo de materiales e instalaciones con asbesto", indicó hoy un comunicado de la asociación civil Observatorio de Derecho de la Ciudad.
El amparo fue interpuesto ayer ante la justicia porteña, cuya causa fue caratulada como "Koutsovitis, María Eva y otros c/ GCBA s/ Amparo - Ambiental" y se encuentra radicada en el juzgado de primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Número 14, a cargo del Juez Fastman.
A su vez, recordó que "en el año 2011 el entonces jefe de gobierno, Mauricio Macri, compró coches del Subte con asbesto y los trabajadores se enteraron de su presencia en febrero de 2018 en base de noticias de casos españoles, además de que once trabajadores se enfermaron producto de trabajar en un ambiente con este tóxico".
Asimismo, el reclamo colectivo recordó que el gobierno porteño "removió otra caldera con asbesto en el Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas sin dar intervención a la Agencia de Protección Ambiental y sin informar a la comunidad educativa, lo que generó severos conflictos".
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Fecha de Publicación: 18/11/2019
Fuente: Telam
Provincia/Región: CABA
Se trata de un recurso de amparo presentado por el Observatorio de Derecho de la Ciudad de Buenos Aires, el Instituto del Lenguas Vivas y el Hospital Durand.
El Observatorio de Derecho de la Ciudad, junto con la comunidad educativa del Instituto del Lenguas Vivas y trabajadores del Hospital Durand, interpusieron un recurso de amparo colectivo para solicitar al gobierno porteño que elabore una política pública de descontaminación de asbesto en los edificios públicos de la Ciudad de Buenos Aires.
"Solicitamos a la justicia que ordene al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires crear una política pública de descontaminación de Asbesto/Amianto en los edificios públicos porteños e implemente un relevamiento exhaustivo, un plan y cronograma de remoción y reemplazo de materiales e instalaciones con asbesto", indicó hoy un comunicado de la asociación civil Observatorio de Derecho de la Ciudad.
El amparo fue interpuesto ayer ante la justicia porteña, cuya causa fue caratulada como "Koutsovitis, María Eva y otros c/ GCBA s/ Amparo - Ambiental" y se encuentra radicada en el juzgado de primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Número 14, a cargo del Juez Fastman.
A su vez, recordó que "en el año 2011 el entonces jefe de gobierno, Mauricio Macri, compró coches del Subte con asbesto y los trabajadores se enteraron de su presencia en febrero de 2018 en base de noticias de casos españoles, además de que once trabajadores se enfermaron producto de trabajar en un ambiente con este tóxico".
Asimismo, el reclamo colectivo recordó que el gobierno porteño "removió otra caldera con asbesto en el Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas sin dar intervención a la Agencia de Protección Ambiental y sin informar a la comunidad educativa, lo que generó severos conflictos".
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La importación de residuos reglamentada
El Gobierno aprobó el procedimiento para importar residuos peligrosos
Fecha de Publicación: 18/11/2019
Fuente: Minuto Uno
Provincia/Región: Nacional
Una resolución conjunta de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y el ministerio de Producción determinó los términos del ingreso de basura al país que Macri decretó en agosto.
El Gobierno modificó en agosto, a partir del Decreto N° 591/2019, la ley de Residuos Peligrosos que permitió ingresar al país materiales sin certificado de inocuidad. Ahora la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y el Ministerio de Producción y trabajo aprobaron el procedimiento para realizar la importación de residuos.
A través de la Resolución Conjunta N° 3/2019 se determinó la importación de aquellas sustancias u objetos obtenidos a partir de la valorización de residuos.
En el artículo 3 se detallan los insumos conforme al decreto firmado por el Ejecutivo. Se trata de chatarra ferrosa, chatarra no ferrosa, rezagos de papel y cartón, vidrio roto, casco, cascote y rezagos plásticos.
El decreto firmado por el Presidente en agosto modificó los decretos reglamentarios de la ley de Residuos Peligrosos para permitir el ingreso de "sustancias y objetos", procedentes de otros países, que puedan ser utilizados para otras finalidades o para los que exista un mercado o demanda específica.
La norma generó una gran polémica en el país: especialistas advirtieron sobre el riesgo potencial de que ingresen residuos peligrosos y señalaron que el Gobierno decidió traer de afuera lo que acá no se trata en vez de invertir en infraestructura de reciclado.
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Fecha de Publicación: 18/11/2019
Fuente: Minuto Uno
Provincia/Región: Nacional
Una resolución conjunta de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y el ministerio de Producción determinó los términos del ingreso de basura al país que Macri decretó en agosto.
El Gobierno modificó en agosto, a partir del Decreto N° 591/2019, la ley de Residuos Peligrosos que permitió ingresar al país materiales sin certificado de inocuidad. Ahora la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y el Ministerio de Producción y trabajo aprobaron el procedimiento para realizar la importación de residuos.
A través de la Resolución Conjunta N° 3/2019 se determinó la importación de aquellas sustancias u objetos obtenidos a partir de la valorización de residuos.
En el artículo 3 se detallan los insumos conforme al decreto firmado por el Ejecutivo. Se trata de chatarra ferrosa, chatarra no ferrosa, rezagos de papel y cartón, vidrio roto, casco, cascote y rezagos plásticos.
El decreto firmado por el Presidente en agosto modificó los decretos reglamentarios de la ley de Residuos Peligrosos para permitir el ingreso de "sustancias y objetos", procedentes de otros países, que puedan ser utilizados para otras finalidades o para los que exista un mercado o demanda específica.
La norma generó una gran polémica en el país: especialistas advirtieron sobre el riesgo potencial de que ingresen residuos peligrosos y señalaron que el Gobierno decidió traer de afuera lo que acá no se trata en vez de invertir en infraestructura de reciclado.
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El Arenales contaminado con metales pesados
Advierten que el río Arenales tiene metales difíciles de remover
Fecha de Publicación: 16/11/2019
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
Una técnica del CIF habló de la importancia de monitorear los sedimentos del cauce de agua, ya que los metales pesados se adhieren a estos y dificultan su saneamiento. Pidió más prevención.
Una técnica del área de Ambiente del Servicio de Ingeniería y Química Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), del Ministerio Público Fiscal, comparó la situación de contaminación en la que estaría el río Arenales con la del Riachuelo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ayer, por la mañana, se realizó una audiencia en el Salón de Grandes Juicios de la Ciudad Judicial, en el marco de un amparo ambiental colectivo iniciado por 157 vecinos afectados por el desborde de este río a fines de enero de 2011. El juez Marcelo Domínguez, de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, seguirá escuchando a las partes el 16 de diciembre, desde las 8.30, y quedó a disposición para nuevas inspecciones oculares.
Jimena Gato, funcionaria del CIF, advirtió que sería importante monitorear los sedimentos del cauce de agua que atraviesa la ciudad, ya que los metales pesados que están presentes en el líquido tienden a adherirse de manera natural a los sustratos sólidos.
Consultada sobre la posibilidad de quitar los metales pesados de los sedimentos, mencionó el caso porteño: "El Riachuelo es difícil de sanear, porque todos los metales pesados migraron a los sedimentos. En el momento en que una remueve los sedimentos, los metales vuelven a la matriz líquida del curso de agua".
Por eso, consideró que hay que tomar medidas preventivas, como detectar todas las industrias que están en el cauce urbano del río y analizar si vierten desechos a las cloacas o si están registradas como generadoras de residuos peligrosos.
Incluyó en este grupo a las que trabajan con agroquímicos. "Eso puede dar una idea de cómo monitorear y muestrear", aseguró.
La experta habló sobre un informe del CIF, de febrero de este año, en el que se develó la presencia excesiva de coliformes fecales y nitritos en el río Arenales. Mencionó que no había cartelería en la ribera para alertar a los ciudadanos sobre los riesgos de bañarse. "Si hay coliformes, el baño puede ser peligroso", advirtió.
El secretario de Ambiente y Servicios Públicos de la Municipalidad, Gastón Galíndez, señaló que los carteles que colocaron fueron vandalizados. A pocos metros, los vecinos lo negaban con la cabeza.
El representante de la comuna dijo que los vecinos son los responsables de ensuciar la ribera del río e incluyó entre ellos a una persona que está en situación de calle y vive debajo de un puente.
Sin fondos
Un funcionario del área de monitoreo de la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia señaló que la contaminación del río Arenales empieza a la altura de Santa Lucía; que alrededor de la avenida Discepolo hay una presencia elevada de sales y metales pesados y que la capacidad de la planta depuradora de líquidos cloacales está sobrepasada. Consideró que, si esta se ampliara, mejoraría mucho la situación.
Representantes de Aguas del Norte reconocieron que en la actualidad no hay fondos para la ampliación de la planta depuradora y dijeron que insistirán en la obtención de créditos para efectuarla.
El 22 de marzo, durante una inspección ocular en la ribera, los funcionarios se comprometieron a ejecutar obras para que los vecinos no sufran inundaciones esta temporada.
Verónica Moyano, vecina del barrio 13 de Abril, mencionó que desde entonces "no se hizo saneamiento, limpieza, nada". Reclamó por un canal que los mismos funcionarios reconocieron que está mal hecho. "¿Esperan que nos inundemos de nuevo?", preguntó.
Alertado sobre familias que siguen asentándose en la ribera del Arenales, el juez expresó que es urgente evitar que más personas se instalen a vivir allí. Consideró que una medida judicial sería efectiva para desalojar a un hombre que vive con su grupo familiar dentro del área inundable.
Planes para limpiar el cauce
Funcionarios de la Secretaría de Recursos Hídricos dijeron que hay una obra preadjudicada a la empresa Norte Áridos, por 7 millones de pesos, para limpiar el cauce del río, 270 metros aguas arriba y otros tantos aguas abajo del puente de la avenida Tavella.
Aseguraron que con esta obra, que durará 60 días corridos, quedarán libres las dos terceras partes que están cubiertas de piedras y malezas e impiden que, cuando el río crece, el agua escurra sin provocar daños.
El secretario Oscar Dean reconoció que no sabe cuándo comenzará la obra, aunque la temporada de lluvias es inminente. Consultado por el cambio de gestión a nivel provincial, que será en menos de un mes, dijo que “estima” que el próximo gobierno seguirá con este trabajo.
Tras la inundación de 2011, vecinos de una decena de barrios iniciaron un amparo ambiental colectivo por el nulo manejo del río, la posibilidad de que esto se repitiera y la contaminación. En la acción, requirieron la “estabilización y saneamiento de la cuenca del río Arenales”.
En agosto de 2017, Domínguez ordenó a la Provincia, a la Municipalidad y a Aguas del Norte que presentaran y ejecutaran un plan de manejo, un plan sanitario de emergencia y otro de monitoreo. En el mismo fallo, condenó a la empresa Néstor A. Marozzi SA a retirar el terraplén que hizo sobre el cauce.
En noviembre de 2018, rechazando las apelaciones interpuestas por la Provincia y Marozzi SA, la Corte de Justicia confirmó esta resolución, con la única disidencia del entonces juez y hoy procurador Abel Cornejo.
En abril del año pasado, tras la difusión de un estudio del CIF que reveló la situación “alarmante” del río Arenales por los niveles altos de metales pesados y de bacterias peligrosas para la salud, Domínguez ordenó medidas previsionales para impedir que las personas estuvieran en contacto con las aguas contaminadas.
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Fecha de Publicación: 16/11/2019
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
Una técnica del CIF habló de la importancia de monitorear los sedimentos del cauce de agua, ya que los metales pesados se adhieren a estos y dificultan su saneamiento. Pidió más prevención.
Una técnica del área de Ambiente del Servicio de Ingeniería y Química Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), del Ministerio Público Fiscal, comparó la situación de contaminación en la que estaría el río Arenales con la del Riachuelo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ayer, por la mañana, se realizó una audiencia en el Salón de Grandes Juicios de la Ciudad Judicial, en el marco de un amparo ambiental colectivo iniciado por 157 vecinos afectados por el desborde de este río a fines de enero de 2011. El juez Marcelo Domínguez, de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, seguirá escuchando a las partes el 16 de diciembre, desde las 8.30, y quedó a disposición para nuevas inspecciones oculares.
Jimena Gato, funcionaria del CIF, advirtió que sería importante monitorear los sedimentos del cauce de agua que atraviesa la ciudad, ya que los metales pesados que están presentes en el líquido tienden a adherirse de manera natural a los sustratos sólidos.
Consultada sobre la posibilidad de quitar los metales pesados de los sedimentos, mencionó el caso porteño: "El Riachuelo es difícil de sanear, porque todos los metales pesados migraron a los sedimentos. En el momento en que una remueve los sedimentos, los metales vuelven a la matriz líquida del curso de agua".
Por eso, consideró que hay que tomar medidas preventivas, como detectar todas las industrias que están en el cauce urbano del río y analizar si vierten desechos a las cloacas o si están registradas como generadoras de residuos peligrosos.
Incluyó en este grupo a las que trabajan con agroquímicos. "Eso puede dar una idea de cómo monitorear y muestrear", aseguró.
La experta habló sobre un informe del CIF, de febrero de este año, en el que se develó la presencia excesiva de coliformes fecales y nitritos en el río Arenales. Mencionó que no había cartelería en la ribera para alertar a los ciudadanos sobre los riesgos de bañarse. "Si hay coliformes, el baño puede ser peligroso", advirtió.
El secretario de Ambiente y Servicios Públicos de la Municipalidad, Gastón Galíndez, señaló que los carteles que colocaron fueron vandalizados. A pocos metros, los vecinos lo negaban con la cabeza.
El representante de la comuna dijo que los vecinos son los responsables de ensuciar la ribera del río e incluyó entre ellos a una persona que está en situación de calle y vive debajo de un puente.
Sin fondos
Un funcionario del área de monitoreo de la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia señaló que la contaminación del río Arenales empieza a la altura de Santa Lucía; que alrededor de la avenida Discepolo hay una presencia elevada de sales y metales pesados y que la capacidad de la planta depuradora de líquidos cloacales está sobrepasada. Consideró que, si esta se ampliara, mejoraría mucho la situación.
Representantes de Aguas del Norte reconocieron que en la actualidad no hay fondos para la ampliación de la planta depuradora y dijeron que insistirán en la obtención de créditos para efectuarla.
El 22 de marzo, durante una inspección ocular en la ribera, los funcionarios se comprometieron a ejecutar obras para que los vecinos no sufran inundaciones esta temporada.
Verónica Moyano, vecina del barrio 13 de Abril, mencionó que desde entonces "no se hizo saneamiento, limpieza, nada". Reclamó por un canal que los mismos funcionarios reconocieron que está mal hecho. "¿Esperan que nos inundemos de nuevo?", preguntó.
Alertado sobre familias que siguen asentándose en la ribera del Arenales, el juez expresó que es urgente evitar que más personas se instalen a vivir allí. Consideró que una medida judicial sería efectiva para desalojar a un hombre que vive con su grupo familiar dentro del área inundable.
Planes para limpiar el cauce
Funcionarios de la Secretaría de Recursos Hídricos dijeron que hay una obra preadjudicada a la empresa Norte Áridos, por 7 millones de pesos, para limpiar el cauce del río, 270 metros aguas arriba y otros tantos aguas abajo del puente de la avenida Tavella.
Aseguraron que con esta obra, que durará 60 días corridos, quedarán libres las dos terceras partes que están cubiertas de piedras y malezas e impiden que, cuando el río crece, el agua escurra sin provocar daños.
El secretario Oscar Dean reconoció que no sabe cuándo comenzará la obra, aunque la temporada de lluvias es inminente. Consultado por el cambio de gestión a nivel provincial, que será en menos de un mes, dijo que “estima” que el próximo gobierno seguirá con este trabajo.
Tras la inundación de 2011, vecinos de una decena de barrios iniciaron un amparo ambiental colectivo por el nulo manejo del río, la posibilidad de que esto se repitiera y la contaminación. En la acción, requirieron la “estabilización y saneamiento de la cuenca del río Arenales”.
En agosto de 2017, Domínguez ordenó a la Provincia, a la Municipalidad y a Aguas del Norte que presentaran y ejecutaran un plan de manejo, un plan sanitario de emergencia y otro de monitoreo. En el mismo fallo, condenó a la empresa Néstor A. Marozzi SA a retirar el terraplén que hizo sobre el cauce.
En noviembre de 2018, rechazando las apelaciones interpuestas por la Provincia y Marozzi SA, la Corte de Justicia confirmó esta resolución, con la única disidencia del entonces juez y hoy procurador Abel Cornejo.
En abril del año pasado, tras la difusión de un estudio del CIF que reveló la situación “alarmante” del río Arenales por los niveles altos de metales pesados y de bacterias peligrosas para la salud, Domínguez ordenó medidas previsionales para impedir que las personas estuvieran en contacto con las aguas contaminadas.
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Gualeguaychú no realizará el "Grito Blanco" este año
Finalmente el "Grito Blanco" de Gualeguaychú no se realizará
Fecha de Publicación: 16/11/2019
Fuente: El Once
Provincia/Región: Entre Ríos
Tras dos postergaciones, una por mal tiempo y otra por un paro docente, la XV edición del Grito Blanco no se realizará este año. De todas maneras, cada escuela hará una muestra de trabajos sobre el cuidado del medio ambiente.
El XV Grito Blanco, organizado por la Asamblea Ciudadana Ambiental, no podrá hacerse en lo que resta del ciclo lectivo actual.
Vale recordar que la marcha que realizan todos los años las escuelas de la ciudad del sur entrerriano a favor del medio ambiente y en contra de la contaminación, sufrió este año dos postergaciones. La primera fue el 4 de octubre a causa de la lluvia y la segunda, el viernes 8 de noviembre a causa del paro nacional de CTERA debido a la represión de los maestros chubutenses, al que adhirieron los gremios docentes entrerrianos.
Si bien todavía se barajaba la posibilidad de su concreción, todo dependía de que los establecimientos educativos tuvieran un día disponible para hacerlo. En este sentido, pasado el mediodía de este lunes, se confirmó que el Grito Blanco, como manifestación pública, no se realizará. En cambio, cada escuela hará una muestra de los trabajos realizados sobre el cuidado del medio ambiente y en apoyo a la paz en el mundo.
Desde la Asamblea ciudadana ambiental se destacó el trabajo hecho por docentes y alumnos, con vistas a este evento que tiene a los escolares por protagonistas. Realizaciones que ahora se mostrarán en cada establecimiento educativo, indica El Argentino.
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Fecha de Publicación: 16/11/2019
Fuente: El Once
Provincia/Región: Entre Ríos
Tras dos postergaciones, una por mal tiempo y otra por un paro docente, la XV edición del Grito Blanco no se realizará este año. De todas maneras, cada escuela hará una muestra de trabajos sobre el cuidado del medio ambiente.
El XV Grito Blanco, organizado por la Asamblea Ciudadana Ambiental, no podrá hacerse en lo que resta del ciclo lectivo actual.
Vale recordar que la marcha que realizan todos los años las escuelas de la ciudad del sur entrerriano a favor del medio ambiente y en contra de la contaminación, sufrió este año dos postergaciones. La primera fue el 4 de octubre a causa de la lluvia y la segunda, el viernes 8 de noviembre a causa del paro nacional de CTERA debido a la represión de los maestros chubutenses, al que adhirieron los gremios docentes entrerrianos.
Si bien todavía se barajaba la posibilidad de su concreción, todo dependía de que los establecimientos educativos tuvieran un día disponible para hacerlo. En este sentido, pasado el mediodía de este lunes, se confirmó que el Grito Blanco, como manifestación pública, no se realizará. En cambio, cada escuela hará una muestra de los trabajos realizados sobre el cuidado del medio ambiente y en apoyo a la paz en el mundo.
Desde la Asamblea ciudadana ambiental se destacó el trabajo hecho por docentes y alumnos, con vistas a este evento que tiene a los escolares por protagonistas. Realizaciones que ahora se mostrarán en cada establecimiento educativo, indica El Argentino.
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Desconocen fumigaciones ilegales en Buenos Aires
Vecinos de La Porteña manifestaron su enojo con la respuesta del Municipio por las fumigaciones
Fecha de Publicación: 16/11/2019
Fuente: El Eco
Provincia/Región: Buenos Aires
Volvieron a remarcar que el mosquito aplicó agroquímicos a tan sólo un metro de la Escuela 33 y que tienen pruebas de que así fue. Lamentaron que las autoridades no tomen con seriedad la denuncia que realizaron. “Tenemos derecho a un ambiente sano y saludable”, enfatizaron.
Luego de que los vecinos de La Porteña denunciaran la aplicación de glifosato a tan sólo un metro de la Escuela 33, desde el Municipio y Provincia fueron a inspeccionar el campo y aseguraron que corroboraron que se estaba cumpliendo la distancia de más de 150 metros respecto al establecimiento escolar sin aplicar agroquímicos, tal como lo establece la ordenanza. Sin embargo, los denunciantes expresaron su enojo e indignación por la respuesta oficial y reiteraron su reclamo.
Mediante un comunicado, expusieron que “debido a la respuesta del Municipio y de Fiscalización Vegetal en relación a nuestra denuncia, nosotros los vecinos denunciantes queremos que se sepa cómo fueron los hechos y en qué se sustenta nuestra denuncia”.
“Luego de varias reuniones donde debatimos acerca de las fumigaciones en el barrio, decidimos realizar una denuncia por el lote que linda a la Escuela 33, ya que no está respetando la distancia reglamentada para la aplicación de agroquímicos”, señalaron.
Y explicaron que el 4 de octubre presentaron una denuncia al Municipio por mesa de entradas firmada por más de 30 vecinos, solicitando que se multara al productor y que se les dé copia de la receta agronómica para saber qué tipo de agroquímico se había aplicado.
Cabe destacar que desde el Municipio en diálogo con El Eco de Tandil, negaron haber recibido esa denuncia, y manifestaron que la única que recibieron fue la del 27 de octubre, que se realizó posteriormente.
Sin embargo, los habitantes de la zona que llevaron adelante este reclamo expusieron en el comunicado que 25 días después de esa primera denuncia del 4 de octubre, el director de Medio Ambiente Héctor Creparula se comunicó telefónicamente con ellos para informarles que se multaría al responsable del campo, que era la primera vez que realizaba una multa de este tipo en Tandil, y que el monto de la multa sería dictaminada por un juez.
“Salimos a los medios de comunicación cuando nos enteramos que el productor realizó una descarga aduciendo que no se había aplicado glifosato en la distancia que establece la ordenanza. Pero en la foto que tenemos como prueba, se ve claramente el pasto de la escuela y el del lote en cuestión, quemado”, manifestaron.
Y añadieron que el 27 de octubre, un vecino pasó por la escuela y se encontró con un mosquito a punto de fumigar el lote lindero.
“Le preguntó qué es lo que estaba por aplicar, ‘el glifo’, le dijo. Inmediatamente le exigió que cumpliera con la distancia establecida. El aplicador dijo desconocer tal distancia por lo que el vecino le pidió que se comunicara con su patrón, quien inmediatamente aceptó el pedido, y se excusó en un malentendido. El vecino le pidió al aplicador que le diera el número de teléfono del responsable del lote, con quien acababa de hablar. Se lo dio, pero nunca pudimos comunicarnos con él. El número estaba equivocado. Ese día este vecino sacó una foto a la receta agronómica que tenía el aplicador, era glifosato”, expusieron.
Y explicaron que “si luego de la inspección que realizaron el lunes 11 de noviembre, consideran que no se incumplió con la ordenanza, ya que no hay signos de aplicación de agroquímicos, es porque un vecino detuvo esa aplicación. ¿Pero qué hay de las anteriores? Porque nuestra denuncia data del 4 de octubre por fumigaciones anteriores”.
“Somos un grupo vecinos, padres y madres de niños y niñas preocupados por la salud de todos. Cada minuto que le dedicamos a estas cuestiones es tiempo que le restamos a nuestros trabajos, y familias. Pero entendemos que esto es importante, tenemos derecho a un ambiente sano y saludable”, manifestaron.
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Fecha de Publicación: 16/11/2019
Fuente: El Eco
Provincia/Región: Buenos Aires
Volvieron a remarcar que el mosquito aplicó agroquímicos a tan sólo un metro de la Escuela 33 y que tienen pruebas de que así fue. Lamentaron que las autoridades no tomen con seriedad la denuncia que realizaron. “Tenemos derecho a un ambiente sano y saludable”, enfatizaron.
Luego de que los vecinos de La Porteña denunciaran la aplicación de glifosato a tan sólo un metro de la Escuela 33, desde el Municipio y Provincia fueron a inspeccionar el campo y aseguraron que corroboraron que se estaba cumpliendo la distancia de más de 150 metros respecto al establecimiento escolar sin aplicar agroquímicos, tal como lo establece la ordenanza. Sin embargo, los denunciantes expresaron su enojo e indignación por la respuesta oficial y reiteraron su reclamo.
Mediante un comunicado, expusieron que “debido a la respuesta del Municipio y de Fiscalización Vegetal en relación a nuestra denuncia, nosotros los vecinos denunciantes queremos que se sepa cómo fueron los hechos y en qué se sustenta nuestra denuncia”.
“Luego de varias reuniones donde debatimos acerca de las fumigaciones en el barrio, decidimos realizar una denuncia por el lote que linda a la Escuela 33, ya que no está respetando la distancia reglamentada para la aplicación de agroquímicos”, señalaron.
Y explicaron que el 4 de octubre presentaron una denuncia al Municipio por mesa de entradas firmada por más de 30 vecinos, solicitando que se multara al productor y que se les dé copia de la receta agronómica para saber qué tipo de agroquímico se había aplicado.
Cabe destacar que desde el Municipio en diálogo con El Eco de Tandil, negaron haber recibido esa denuncia, y manifestaron que la única que recibieron fue la del 27 de octubre, que se realizó posteriormente.
Sin embargo, los habitantes de la zona que llevaron adelante este reclamo expusieron en el comunicado que 25 días después de esa primera denuncia del 4 de octubre, el director de Medio Ambiente Héctor Creparula se comunicó telefónicamente con ellos para informarles que se multaría al responsable del campo, que era la primera vez que realizaba una multa de este tipo en Tandil, y que el monto de la multa sería dictaminada por un juez.
“Salimos a los medios de comunicación cuando nos enteramos que el productor realizó una descarga aduciendo que no se había aplicado glifosato en la distancia que establece la ordenanza. Pero en la foto que tenemos como prueba, se ve claramente el pasto de la escuela y el del lote en cuestión, quemado”, manifestaron.
Y añadieron que el 27 de octubre, un vecino pasó por la escuela y se encontró con un mosquito a punto de fumigar el lote lindero.
“Le preguntó qué es lo que estaba por aplicar, ‘el glifo’, le dijo. Inmediatamente le exigió que cumpliera con la distancia establecida. El aplicador dijo desconocer tal distancia por lo que el vecino le pidió que se comunicara con su patrón, quien inmediatamente aceptó el pedido, y se excusó en un malentendido. El vecino le pidió al aplicador que le diera el número de teléfono del responsable del lote, con quien acababa de hablar. Se lo dio, pero nunca pudimos comunicarnos con él. El número estaba equivocado. Ese día este vecino sacó una foto a la receta agronómica que tenía el aplicador, era glifosato”, expusieron.
Y explicaron que “si luego de la inspección que realizaron el lunes 11 de noviembre, consideran que no se incumplió con la ordenanza, ya que no hay signos de aplicación de agroquímicos, es porque un vecino detuvo esa aplicación. ¿Pero qué hay de las anteriores? Porque nuestra denuncia data del 4 de octubre por fumigaciones anteriores”.
“Somos un grupo vecinos, padres y madres de niños y niñas preocupados por la salud de todos. Cada minuto que le dedicamos a estas cuestiones es tiempo que le restamos a nuestros trabajos, y familias. Pero entendemos que esto es importante, tenemos derecho a un ambiente sano y saludable”, manifestaron.
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Avanza la ley nacional contra el cambio climático
La ley que busca luchar contra el cambio climático avanza en Diputados
Fecha de Publicación: 15/11/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
El proyecto, que ya cuenta con media sanción en el Senado, podría ser debatido en el recinto de la Cámara baja el 20 de noviembre
Con el despacho de la comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, avanza el tratamiento de la Ley de Presupuestos Mínimos de Cambio Climático en la Argentina. El proyecto, que ya cuenta con media sanción en el Senado desde hace cinco meses, podría ser debatido en el recinto el 20 de noviembre.
La iniciativa busca establecer estrategias, medidas, políticas e instrumentos relativos al estudio del impacto, la vulnerabilidad y las actividades de adaptación al cambio climático que puedan garantizar el comportamiento humano y de los ecosistemas. Asimismo, se pretende asistir y promover el desarrollo de estrategias de mitigación y reducción de gases de efecto invernadero en el país.
El gran impulso que tuvo la iniciativa fue la activa participación de los grupos de jóvenes que reclaman más acción climática. Fueron los que, luego de recorrer despachos, consiguieron que el Senado diera media sanción a la norma en julio pasado.
El proyecto propone crear un gabinete nacional de cambio climático, que será presidido por el jefe de Gabinete de ministros. Su función será articular –entre las distintas áreas de gobierno– este proyecto mediante la implementación de un “plan nacional de adaptación y mitigación al cambio climático”. El Gabinete estará integrado por los titulares de todos los ministerios y, a su vez, deberá convocar a un consejo asesor externo, integrado por especialistas en la materia, que “asistirán en la elaboración de políticas públicas relacionadas con la ley".
“Se despacharon dos proyectos, el que venía del Senado de presupuesto mínimos y despachar la emergencia climática. Finalmente se lograron las dos cosas con una discusión ardua. Estamos trabajando bien y se está armando un grupo de trabajo con diputados, científicos, recuperadores urbanos y los jóvenes y poniendo fichas para que el próximo gobierno tome este tema como transversal”, explicó a Infobae Gabriela Cerruti (Frente de Todos), diputada, autora del proyecto emergencia y miembro de la comisión.
Para Juan Carlos Villalonga, diputado de Cambiemos, ambos proyectos colisionan porque se generan ámbitos similares: “Si lo que queremos es tener una ley marco de cambio climático tenemos una bastante buena que viene del Senado con total unanimidad. El resultado de que haya dos proyectos que colisionan es que nos quedemos sin norma”.
"La crisis climática es un tema de derechos humanos y justicia social. Desde el bloque del Frente de Todos se le dio acompañamiento a la iniciativa pero con críticas sobre la inexistencia de fondos destinados a las provincias para su implementación. Después de un arduo debate, las organizaciones socioambientales (Jóvenes por el Clima y Alianza por el Clima) intervinieron categóricamente para pedir que se anulen las diferencias que implicaban modificar el proyecto actual, alargando su tratamiento e impidiendo tener una ley nacional de cambio climático en 2019. Se concretó un acuerdo después de dos horas de discusión para impulsar el proyecto con el compromiso de todos los bloques para aprobarlo este año”, indicaron mediante un comunicado los jóvenes que estuvieron presentes allí.
Las ONG ambientalistas celebraron el avance: “Esto marca el rumbo hacia el Acuerdo de París, que si bien es voluntario es exigible a nivel nacional. Tener una ley es una señal, hoy los planes que emanan del Poder Ejecutivo no tienen una normativa de instrumentación. Esto marca un camino de institucionalización de la lucha contra el cambio climático. La normativa tiene muchos instrumentos de participación y discusión, como elemento central. Además es de presupuestos mínimos, lo que da una diferencial porque obliga a las jurisdicciones a actuar en consecuencia. Y quiero agregar que esto es posible gracias al movimiento que generan los jóvenes por el clima y que han logrado que el Congreso se ponga a trabajar en el tema”, indicó Andrés Nápoli, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Farn).
Enrique Viale, de la Asociación de Abogados Ambientalistas de la Argentina, fue categórico: “Es muy importante lograr este año la sanción definitiva de la ley de cambio climático, necesitamos institucionalizar la problemática del cambio climático y convertirla en una cuestión de Estado”.
Algunos puntos a destacar del proyecto:
* Da un respaldo más sólido a la institucionalización del Gabinete Nacional de Cambio Climático, actualmente vigente mediante un decreto.
* Crea el Consejo Asesor Externo del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, que deberá ser convocado por el Gabinete y cuyos miembros deberán ser: científicos, representantes de organizaciones ambientales, comunidades indígenas, universidades, entidades académicas y empresariales, sindicatos, centros de investigación públicos y privados, representantes de partidos políticos con representación parlamentaria.
* Establece la obligación de todos los organismos del Poder Ejecutivo Nacional de aportar la información necesaria para la aplicación de la ley.
* Crea el Sistema Nacional de Información sobre Cambio Climático, para transparentar el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero y el monitoreo de las medidas de mitigación.
* Determina que todos los datos y documentos relacionados con la aplicación de la ley deben ser información pública ambiental, de acuerdo con las leyes 25.831 y 25.675.
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Fecha de Publicación: 15/11/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
El proyecto, que ya cuenta con media sanción en el Senado, podría ser debatido en el recinto de la Cámara baja el 20 de noviembre
Con el despacho de la comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, avanza el tratamiento de la Ley de Presupuestos Mínimos de Cambio Climático en la Argentina. El proyecto, que ya cuenta con media sanción en el Senado desde hace cinco meses, podría ser debatido en el recinto el 20 de noviembre.
La iniciativa busca establecer estrategias, medidas, políticas e instrumentos relativos al estudio del impacto, la vulnerabilidad y las actividades de adaptación al cambio climático que puedan garantizar el comportamiento humano y de los ecosistemas. Asimismo, se pretende asistir y promover el desarrollo de estrategias de mitigación y reducción de gases de efecto invernadero en el país.
El gran impulso que tuvo la iniciativa fue la activa participación de los grupos de jóvenes que reclaman más acción climática. Fueron los que, luego de recorrer despachos, consiguieron que el Senado diera media sanción a la norma en julio pasado.
El proyecto propone crear un gabinete nacional de cambio climático, que será presidido por el jefe de Gabinete de ministros. Su función será articular –entre las distintas áreas de gobierno– este proyecto mediante la implementación de un “plan nacional de adaptación y mitigación al cambio climático”. El Gabinete estará integrado por los titulares de todos los ministerios y, a su vez, deberá convocar a un consejo asesor externo, integrado por especialistas en la materia, que “asistirán en la elaboración de políticas públicas relacionadas con la ley".
“Se despacharon dos proyectos, el que venía del Senado de presupuesto mínimos y despachar la emergencia climática. Finalmente se lograron las dos cosas con una discusión ardua. Estamos trabajando bien y se está armando un grupo de trabajo con diputados, científicos, recuperadores urbanos y los jóvenes y poniendo fichas para que el próximo gobierno tome este tema como transversal”, explicó a Infobae Gabriela Cerruti (Frente de Todos), diputada, autora del proyecto emergencia y miembro de la comisión.
Para Juan Carlos Villalonga, diputado de Cambiemos, ambos proyectos colisionan porque se generan ámbitos similares: “Si lo que queremos es tener una ley marco de cambio climático tenemos una bastante buena que viene del Senado con total unanimidad. El resultado de que haya dos proyectos que colisionan es que nos quedemos sin norma”.
"La crisis climática es un tema de derechos humanos y justicia social. Desde el bloque del Frente de Todos se le dio acompañamiento a la iniciativa pero con críticas sobre la inexistencia de fondos destinados a las provincias para su implementación. Después de un arduo debate, las organizaciones socioambientales (Jóvenes por el Clima y Alianza por el Clima) intervinieron categóricamente para pedir que se anulen las diferencias que implicaban modificar el proyecto actual, alargando su tratamiento e impidiendo tener una ley nacional de cambio climático en 2019. Se concretó un acuerdo después de dos horas de discusión para impulsar el proyecto con el compromiso de todos los bloques para aprobarlo este año”, indicaron mediante un comunicado los jóvenes que estuvieron presentes allí.
Las ONG ambientalistas celebraron el avance: “Esto marca el rumbo hacia el Acuerdo de París, que si bien es voluntario es exigible a nivel nacional. Tener una ley es una señal, hoy los planes que emanan del Poder Ejecutivo no tienen una normativa de instrumentación. Esto marca un camino de institucionalización de la lucha contra el cambio climático. La normativa tiene muchos instrumentos de participación y discusión, como elemento central. Además es de presupuestos mínimos, lo que da una diferencial porque obliga a las jurisdicciones a actuar en consecuencia. Y quiero agregar que esto es posible gracias al movimiento que generan los jóvenes por el clima y que han logrado que el Congreso se ponga a trabajar en el tema”, indicó Andrés Nápoli, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Farn).
Enrique Viale, de la Asociación de Abogados Ambientalistas de la Argentina, fue categórico: “Es muy importante lograr este año la sanción definitiva de la ley de cambio climático, necesitamos institucionalizar la problemática del cambio climático y convertirla en una cuestión de Estado”.
Algunos puntos a destacar del proyecto:
* Da un respaldo más sólido a la institucionalización del Gabinete Nacional de Cambio Climático, actualmente vigente mediante un decreto.
* Crea el Consejo Asesor Externo del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, que deberá ser convocado por el Gabinete y cuyos miembros deberán ser: científicos, representantes de organizaciones ambientales, comunidades indígenas, universidades, entidades académicas y empresariales, sindicatos, centros de investigación públicos y privados, representantes de partidos políticos con representación parlamentaria.
* Establece la obligación de todos los organismos del Poder Ejecutivo Nacional de aportar la información necesaria para la aplicación de la ley.
* Crea el Sistema Nacional de Información sobre Cambio Climático, para transparentar el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero y el monitoreo de las medidas de mitigación.
* Determina que todos los datos y documentos relacionados con la aplicación de la ley deben ser información pública ambiental, de acuerdo con las leyes 25.831 y 25.675.
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Impulsarán la modificación de la Ley 7722 mendocina
La minería y un posible cambio de era en Mendoza
Fecha de Publicación: 15/11/2019
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
Rodolfo Suarez impulsará la modificación de la Ley 7722 que desde hace más de una década impuso restricciones muy fuertes a la actividad en la provincia. Las conversaciones ya comenzaron en la Legislatura y se espera una resistencia fuerte de diputados y senadores del Valle de Uco. Potasio Río Colorado es el otro puntal: el futuro gobierno buscó en China quien invierta U$S 1.500 millones, necesarios para reabrir un proyecto que mueve la aguja de la economía.
Más de una década debió pasar para que en Mendoza se vuelva a plantear, en esta oportunidad como salida a la crisis económica, la alternativa de desarrollar la minería a gran escala.
Luego de un largo tiempo de imperio de la ley 7722 (que estableció en 2007 restricciones fuertes para el desarrollo de la actividad en la provincia) un cambio de era aparentemente se aproxima impulsado por Rodolfo Suarez.
En su etapa de candidato, el gobernador electo mostró su plan para apostar, en el mediano y largo plazo, a dos ideas fuertes para diversificar la economía: desarrollar tanto Vaca Muerta como la minería y usarlos de motores para generar trabajo y riqueza.
En la cabeza de Suarez ronda la idea de terminar generando un círculo virtuoso que consiste en aprovechar los recursos que generarán las dos actividades para destinarlos, entre otras iniciativas, a obras de infraestructura que mejoren la gestión del agua.
Algo de este plan ya se comenzó a gestar estos últimos días en China, como parte de la gira que el gobierno de Mendoza encaró nuevamente por ese país y en la que, ademas de Suarez, participó también el ministro de Infraestructura, Martín Kerchner.
Una de los asuntos que en ese país se manejaron, fue la reactivación de lo que en su momento fue Potasio Río Colorado. El proyecto quedó trunco en 2013 por la salida de los propios inversores brasileros de Vale, quienes habían dejado intacta una inversión de más de U$S 2.000 millones en infraestructura para la extracción y el procesamiento del cloruro de potasio en ese yacimiento situado a unos 200 kilómetros al sur de la ciudad de Malargüe.
Desde hace meses, la administración de Alfredo Cornejo viene negociando la salida de los brasileros a través de un acuerdo que abarca la alternativa del retiro de los privados para que el Estado se haga cargo de la mina.
Esa negociación está en una etapa de auditoría y en un plazo de 90 días (que ya están corriendo) se podría terminar firmando un contrato para el traspaso de las acciones por parte de los privados a la provincia.
Cuando Vale se fue hace seis años, el impacto negativo fue fenomenal en la economía mendocina. La caída del proyecto movió fuerte la aguja y tuvo, entre otros, un efecto en los índices de empleo mendocino.
Según un estudio de la consultora mendocina Ideal, en aquel momento, la provincia precisó al menos un año para crear la cantidad de puestos de trabajo directos (unos 4.500) que estaban relacionados con Vale y de dos años y medio para cubrir el empleo indirecto (unos 6.500 empleos), que dependían de la firma que terminó resignando inversiones aquí y que luego terminó involucrada en el escándalo del Lavajato en su país.
Con mucho sigilo, Kerchner viene tejiendo con inversores chinos la reactivación de la mina y Mendoza ya tiene firmado con uno de ellos un acuerdo que quedó sujeto a la confidencialidad de las partes.
En este punto, hay un interesado visible que es el Instituto de Investigación en Minería de Potasio de Shangai (Shanghai Potash), aunque se menciona que existirían al menos dos posibles inversores más a nivel internacional.
Los chinos tienen la mirada sobre el yacimiento de minerales malargüino (utilizados como fertilizante) porque su propia producción no les alcanza para cubrir la demanda.
En China se consumen en la actualidad 17 millones de toneladas de sales de potasio, pero ese país alcanza a producir 10 millones de toneladas y el resto lo importa. El proyecto original de los brasileros de Vale fue producir en Mendoza 4 millones de toneladas, después se achicó a 1 millón de toneladas y ahora lo que se está analizando es establecer una planta piloto para producir 200.000 toneladas.
El problema no es solo la inversión requerida, que ronda los U$S1.500 millones. Sino que dese hace varios años (y en la actualidad) las sales de potasio han depreciado su valor y ya no es un negocio apetecible como sí lo era hace una década.
Lo que le resta al próximo gobierno en este sentido, es avanzar con el proyecto para que, en caso de que las sales recuperen su valor, estar listos para comenzar la explotación.
Pero más allá de lo que suceda en Malargüe con las sales de potasio, el cambio de época se dará si Suarez consigue avanzar con lo que ya anticipó en la campaña: modificar la ley 7722.
En este punto, el gobernador que viene tiene una postura que no dista mucho del que se va. Pero con una diferencia: Cornejo no quiso abrir el debate pendiente de la conflictividad social que el tema despierta, fundamentalmente, en el Valle de Uco.
Para él discutir esa ley, cuya constitucionalidad fue ratificada por la Suprema Corte en en 2017, siempre fue considerado como un beneficio que podría llegara a largo plazo. Pero con costos políticos altísimos y a pagar en el corto plazo.
Cuando un intento por cambiar la norma avanzó el año pasado, Cornejo solo la dejó correr. Pero nunca terminó de respaldarlo del todo.
Aquella iniciativa fue del senador kirchnerista Alejandro Abraham, aunque también ya existía otra presentada por el exintendente de Malargüe, Juan Agulles, quien desde hace años viene insistiendo con la misma modificación.
Lo que se pretende discutir son dos cambios clave. El más trascendente, es que se propone la eliminación de la ratificación legislativa de todos los proyectos mineros, tal como reza la actual normativa.
Y el otro aspecto es el que más controversia generó. Si bien se mantiene la premisa de prohibir el cianuro, el mercurio y el ácido sulfúrico, elimina la parte del anterior que añadía "y otras sustancias similares", lo que amplía el espectro de recursos químicos a utilizar. Entre ellos, el xantato que es utilizado para los procesos de lixiviación.
Algo hay que mencionar en ese proceso discusión. Está claro que las modificaciones no prosperaron, pero es cierto también que tampoco antes el debate legislativo por este tema había avanzado tan lejos.
Algunas conversaciones en los pasillos legislativos ya han comenzado entre el oficialismo y la oposición para intentar avanzar, por caso, en la unificación de los dos proyectos ya presentados para eventualmente comenzar a discutirlos en comisiones.
Pero no será sencillo. Por un lado, representantes de sectores vinculados al cuidado del ambiente ya comenzaron a alzar su voz en contra de los cambios a la ley. Uno de ellos fue Eduardo Sosa, de la organización ecologista OIKOS y exsecretario de Ambiente, quien alertó a través de una nota de opinión publicada el miércoles que no respaldará modificaciones a la 7722 porque, según dijo, “la ley sirve, solo hay que aplicarla”.
La reacción del ambientalista fue el correlato de la aprobación, el martes, del proyecto de Hierro Indio en el Senado. Allí, se tomó nota de otra realidad: la senadora tunuyanina del PJ, Patricia Fadel, junto a otros tres legisladores del PJ, se abstuvieron de votar en favor del nuevo proyecto minero. El Valle de Uco aportará más resistencia al debate seguramente. Con el recambio que llegará en diciembre, ingresará a Diputados Jorge Difonso, actual intendente de San Carlos y principal impulsor de la 7722 cuando se sancionó hace doce años.
El nivel de las protestas que habitualmente surgen desde esa zona de la provincia por este tema fue muy acotado el año pasado, sin embargo. Y, salvo un cruce muy virulento registrado en el comienzo del debate entre un legislador y el representante de la Cámara minera, prácticamente todas las audiencias legislativas transcurrieron con relativa normalidad.
En definitiva: por primera vez en mucho tiempo, ante un escenario muy complejo como siempre fue la discusión por la minería, se buscó salir con conversación política y con las alternativas que cada sector propuso para resolver el problema y cada uno escuchó lo que el otro tenía para decir. Ese es el clima que apunta a instalar nuevamente Suarez.
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Fecha de Publicación: 15/11/2019
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
Rodolfo Suarez impulsará la modificación de la Ley 7722 que desde hace más de una década impuso restricciones muy fuertes a la actividad en la provincia. Las conversaciones ya comenzaron en la Legislatura y se espera una resistencia fuerte de diputados y senadores del Valle de Uco. Potasio Río Colorado es el otro puntal: el futuro gobierno buscó en China quien invierta U$S 1.500 millones, necesarios para reabrir un proyecto que mueve la aguja de la economía.
Más de una década debió pasar para que en Mendoza se vuelva a plantear, en esta oportunidad como salida a la crisis económica, la alternativa de desarrollar la minería a gran escala.
Luego de un largo tiempo de imperio de la ley 7722 (que estableció en 2007 restricciones fuertes para el desarrollo de la actividad en la provincia) un cambio de era aparentemente se aproxima impulsado por Rodolfo Suarez.
En su etapa de candidato, el gobernador electo mostró su plan para apostar, en el mediano y largo plazo, a dos ideas fuertes para diversificar la economía: desarrollar tanto Vaca Muerta como la minería y usarlos de motores para generar trabajo y riqueza.
En la cabeza de Suarez ronda la idea de terminar generando un círculo virtuoso que consiste en aprovechar los recursos que generarán las dos actividades para destinarlos, entre otras iniciativas, a obras de infraestructura que mejoren la gestión del agua.
Algo de este plan ya se comenzó a gestar estos últimos días en China, como parte de la gira que el gobierno de Mendoza encaró nuevamente por ese país y en la que, ademas de Suarez, participó también el ministro de Infraestructura, Martín Kerchner.
Una de los asuntos que en ese país se manejaron, fue la reactivación de lo que en su momento fue Potasio Río Colorado. El proyecto quedó trunco en 2013 por la salida de los propios inversores brasileros de Vale, quienes habían dejado intacta una inversión de más de U$S 2.000 millones en infraestructura para la extracción y el procesamiento del cloruro de potasio en ese yacimiento situado a unos 200 kilómetros al sur de la ciudad de Malargüe.
Desde hace meses, la administración de Alfredo Cornejo viene negociando la salida de los brasileros a través de un acuerdo que abarca la alternativa del retiro de los privados para que el Estado se haga cargo de la mina.
Esa negociación está en una etapa de auditoría y en un plazo de 90 días (que ya están corriendo) se podría terminar firmando un contrato para el traspaso de las acciones por parte de los privados a la provincia.
Cuando Vale se fue hace seis años, el impacto negativo fue fenomenal en la economía mendocina. La caída del proyecto movió fuerte la aguja y tuvo, entre otros, un efecto en los índices de empleo mendocino.
Según un estudio de la consultora mendocina Ideal, en aquel momento, la provincia precisó al menos un año para crear la cantidad de puestos de trabajo directos (unos 4.500) que estaban relacionados con Vale y de dos años y medio para cubrir el empleo indirecto (unos 6.500 empleos), que dependían de la firma que terminó resignando inversiones aquí y que luego terminó involucrada en el escándalo del Lavajato en su país.
Con mucho sigilo, Kerchner viene tejiendo con inversores chinos la reactivación de la mina y Mendoza ya tiene firmado con uno de ellos un acuerdo que quedó sujeto a la confidencialidad de las partes.
En este punto, hay un interesado visible que es el Instituto de Investigación en Minería de Potasio de Shangai (Shanghai Potash), aunque se menciona que existirían al menos dos posibles inversores más a nivel internacional.
Los chinos tienen la mirada sobre el yacimiento de minerales malargüino (utilizados como fertilizante) porque su propia producción no les alcanza para cubrir la demanda.
En China se consumen en la actualidad 17 millones de toneladas de sales de potasio, pero ese país alcanza a producir 10 millones de toneladas y el resto lo importa. El proyecto original de los brasileros de Vale fue producir en Mendoza 4 millones de toneladas, después se achicó a 1 millón de toneladas y ahora lo que se está analizando es establecer una planta piloto para producir 200.000 toneladas.
El problema no es solo la inversión requerida, que ronda los U$S1.500 millones. Sino que dese hace varios años (y en la actualidad) las sales de potasio han depreciado su valor y ya no es un negocio apetecible como sí lo era hace una década.
Lo que le resta al próximo gobierno en este sentido, es avanzar con el proyecto para que, en caso de que las sales recuperen su valor, estar listos para comenzar la explotación.
Pero más allá de lo que suceda en Malargüe con las sales de potasio, el cambio de época se dará si Suarez consigue avanzar con lo que ya anticipó en la campaña: modificar la ley 7722.
En este punto, el gobernador que viene tiene una postura que no dista mucho del que se va. Pero con una diferencia: Cornejo no quiso abrir el debate pendiente de la conflictividad social que el tema despierta, fundamentalmente, en el Valle de Uco.
Para él discutir esa ley, cuya constitucionalidad fue ratificada por la Suprema Corte en en 2017, siempre fue considerado como un beneficio que podría llegara a largo plazo. Pero con costos políticos altísimos y a pagar en el corto plazo.
Cuando un intento por cambiar la norma avanzó el año pasado, Cornejo solo la dejó correr. Pero nunca terminó de respaldarlo del todo.
Aquella iniciativa fue del senador kirchnerista Alejandro Abraham, aunque también ya existía otra presentada por el exintendente de Malargüe, Juan Agulles, quien desde hace años viene insistiendo con la misma modificación.
Lo que se pretende discutir son dos cambios clave. El más trascendente, es que se propone la eliminación de la ratificación legislativa de todos los proyectos mineros, tal como reza la actual normativa.
Y el otro aspecto es el que más controversia generó. Si bien se mantiene la premisa de prohibir el cianuro, el mercurio y el ácido sulfúrico, elimina la parte del anterior que añadía "y otras sustancias similares", lo que amplía el espectro de recursos químicos a utilizar. Entre ellos, el xantato que es utilizado para los procesos de lixiviación.
Algo hay que mencionar en ese proceso discusión. Está claro que las modificaciones no prosperaron, pero es cierto también que tampoco antes el debate legislativo por este tema había avanzado tan lejos.
Algunas conversaciones en los pasillos legislativos ya han comenzado entre el oficialismo y la oposición para intentar avanzar, por caso, en la unificación de los dos proyectos ya presentados para eventualmente comenzar a discutirlos en comisiones.
Pero no será sencillo. Por un lado, representantes de sectores vinculados al cuidado del ambiente ya comenzaron a alzar su voz en contra de los cambios a la ley. Uno de ellos fue Eduardo Sosa, de la organización ecologista OIKOS y exsecretario de Ambiente, quien alertó a través de una nota de opinión publicada el miércoles que no respaldará modificaciones a la 7722 porque, según dijo, “la ley sirve, solo hay que aplicarla”.
La reacción del ambientalista fue el correlato de la aprobación, el martes, del proyecto de Hierro Indio en el Senado. Allí, se tomó nota de otra realidad: la senadora tunuyanina del PJ, Patricia Fadel, junto a otros tres legisladores del PJ, se abstuvieron de votar en favor del nuevo proyecto minero. El Valle de Uco aportará más resistencia al debate seguramente. Con el recambio que llegará en diciembre, ingresará a Diputados Jorge Difonso, actual intendente de San Carlos y principal impulsor de la 7722 cuando se sancionó hace doce años.
El nivel de las protestas que habitualmente surgen desde esa zona de la provincia por este tema fue muy acotado el año pasado, sin embargo. Y, salvo un cruce muy virulento registrado en el comienzo del debate entre un legislador y el representante de la Cámara minera, prácticamente todas las audiencias legislativas transcurrieron con relativa normalidad.
En definitiva: por primera vez en mucho tiempo, ante un escenario muy complejo como siempre fue la discusión por la minería, se buscó salir con conversación política y con las alternativas que cada sector propuso para resolver el problema y cada uno escuchó lo que el otro tenía para decir. Ese es el clima que apunta a instalar nuevamente Suarez.
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Siguen fumigando escuelas en Buenos Aires
Preocupación de vecinos de La Porteña por la fumigación con glifosato a sólo un metro de la Escuela Primaria 33
Fecha de Publicación: 15/11/2019
Fuente: El Eco
Provincia/Región: Buenos Aires
“La población de la escuela está en peligro”, advirtieron. Ya expusieron que “no sabemos qué va a pasar con nuestros chicos de acá a 10 años, qué afecciones a la salud pueden llegar a tener, entonces la situación es muy grave”. Consideran fundamental que se modifique la ordenanza municipal.
Vecinos del paraje La Porteña le manifestaron a El Eco de Tandil su preocupación por la fumigación con glifosato que se viene realizando hace tiempo en un campo situado a tan sólo un metro de la Escuela 33, situada en el kilómetros 122 de la Ruta 30. Asimismo, aseguraron que ellos como frentistas que residen en la zona temen por los efectos en la salud a largo plazo que puedan provocar los agroquímicos que se están utilizando en diversos espacios rurales de la zona. Buscan que se modifique la ordenanza municipal.
Silvia Gómez, una de las vecinas, explicó que si bien hay varios campos en la zona que están siendo fumigados y que sienten el olor a veneno, tienen especial preocupación por el que está situado lindante a la Escuela 33, ya que no hay ni un metro de distancia con el establecimiento educativo.
“Están los niños expuestos a los venenos. Si bien se fumiga en general los fines de semana, el veneno queda, así que estamos pidiendo que aunque sea se respeten los 150 metros de distancia respecto a las escuelas, que establece la ordenanza actual”, argumentó.
Por su lado, Lucía Mestre contó que con los vecinos se vienen reuniendo hace ya algunos meses preocupados por esta problemática, luego de que comenzaron a sentir olor a veneno y a padecer diversas enfermedades respiratorias, a las que no le encontraban sentido hasta que se empezaron a informar respecto al glifosato y su implicancia en la salud.
La ordenanza
Frente a ese panorama, presentaron una carta al Municipio firmada por más de 30 familias hace aproximadamente un mes, en la cual solicitaban que se cumpliera con la distancia establecida en la ordenanza vigente de 150 metros respecto a escuelas y 300 respecto a zona urbana.
De cualquier modo, en el caso de la Escuela 33, esa distancia no se está cumpliendo.
“Hicimos una nota, la firmamos los vecinos, la llevamos al Municipio, luego de unos días el director de Medioambiente se comunicó con nosotros para informarnos que había sido sancionado el dueño del lote lindero a la escuela, y que esa sanción la iba a dictaminar un juez. Hasta ahí fue, entre comillas, nuestra primera victoria, pero inmediatamente nos enteramos de que el arrendatario de este campo hizo un descargo en donde desconocía haber realizado un tratamiento con agroquímicos con glifosato”, expuso.
Y agregó que “nosotros tenemos fotos, y una situación muy testimonial de un vecino que el domingo de las elecciones pasó por acá, y vio el mosquito fumigando. El que lo manejaba le dijo que estaba por echar el glifo. Luego, se comunicaron con el dueño que dijo que iba a dejar la distancia correspondiente, pero a los dos días de la sanción desconoció el haber aplicado veneno”.
“Estamos en peligro”
“Cualquier persona que entiende sabe que el pasto está quemado, que está sembrado y esto es una receta, no hay mucha creatividad personal, se sabe que es abc cuando se echa fertilizante, así que estamos muy preocupados porque la población de la escuela está en peligro. Los vecinos también estamos en peligro, es un tema que nos convoca hace ya unos meses y empezamos a escuchar que en Gardey está sucediendo lo mismo, en De la Canal también y nos estamos empezando a organizar”, aseguró.
Remarcó que la problemática los desanima porque “del otro lado hay un ser muy poderoso, y nosotros somos familias normales que estamos preocupados por nuestra salud y la de nuestros hijos, la de los trabajadores de la educación que vienen a esta institución”.
Silvia Gómez recordó que hubo una presentación formal en el Concejo Deliberante a través de la Banca XXI, el 15 de agosto, a través de la doctora Graciela Canziani y un grupo de estudio, donde se pidió básicamente cambiar la regulación vigente, porque “150 metros es muy poco, en los fallos que están saliendo en distintos pueblos o ciudades por lo menos la distancia es de 1500 a 2 mil metros de escuelas”.
“Es pobre la ordenanza que tenemos, dentro de los 300 metros se permite igual usar banda azul dentro de los cual está el glifosato porque lo categorizan como levemente nocivo pero en realidad hay estudios que demuestran que es muy nocivo. Se hace esa ley a favor de la producción agroquímica”, manifestó.
Asimismo, sostuvo que “están saliendo ordenanzas a 1500, 2 mil metros, incluso algunas ciudades han logrado hasta 5 mil metros. Nosotros estamos apoyando la presentación del anteproyecto que hizo Graciela Canziani, y vamos a seguir con acciones para ayudarnos mutuamente. Justamente el 20 de noviembre tenemos una reunión con vecinos de otros sectores de Tandil con la misma problemática como para aunar fuerzas, y apoyar esta ordenanza que ya se presentó”.
En cuanto a la sanción al campo lindero a la escuela, afirmó que “eso pasa a Fiscalización Vegetal que tiene que comprobar si se está fumigando o no y eso va a caer en un juez que decidirá multar o no. Hay otros campos de la zona que también fumigan; muchos dejaron de fumigarse por quejas de vecinos, pero quedan otros que es muy fuerte el veneno que se siente. Sin embargo, están de alguna manera cumpliendo con esa ordenanza pero tampoco nos sirve, por eso queremos que se modifique”.
Una situación muy grave
Lucia Mestre indicó que “estamos en un momento donde toda la provincia está tratando estas cuestiones, justamente porque las poblaciones se están expandiendo y estamos llegando a los límites con estos campos. Los riesgos son muchísimos. Días atrás falleció la directora de una escuela rural en San Antonio de Areco a causa de los agroquímicos, que si bien no hay estudios que lo aseveren pero la aparición de cáncer y enfermedades respiratorias en pueblos fumigados son comunes”.
“Nosotros mismos no nos explicábamos el malestar, resfríos prolongados, dolores de cabeza constantes, hasta que empezamos a levantar la vista y ver un mosquito acá, otro allá, y empezamos a asociar”, manifestó.
Por su lado, Sebastián Jodra planteó que “algunas de las afecciones a la salud no son inmediatas, entonces es difícil dimensionarlas, pero los nenes vienen día a día a la escuela y no sabemos qué va a pasar con nuestros chicos de acá a 10 años, qué afecciones a la salud pueden llegar a tener, entonces la situación es muy grave”.
“Hay fallos en otras localidades dando cuenta de la vinculación directa del uso de agroquímicos y los daños a la salud”, sostuvo.
Silvia Gómez adelantó que van a “insistir por una ordenanza mejor. El grupo de Graciela Canziani hizo pruebas en 15 escuelas rurales y en todas encontraron agrotóxicos”.
Sebastián Jodra consideró que “Tandil está quedando muy atrás en comparación con otros distritos de la provincia. En este caso es aberrante la situación porque es directamente contra el alambrado, no hay posibilidad de que las aulas que están a 10 metros del alambre no tengan presencia de estos pesticidas dañinos para la salud. En relación al dueño del campo y los aplicadores, lo que están haciendo es desmedido porque no pueden argumentar no conocer”.
Por último, Lucía Mestre sostuvo que “nuestra ordenanza es limitada pero la Corte Suprema de Justicia dictaminó a favor de una distancia de mil metros lindantes a establecimiento escolares y viviendas, hay una contradicción entre la ordenanza municipal y la provincia”.
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Fecha de Publicación: 15/11/2019
Fuente: El Eco
Provincia/Región: Buenos Aires
“La población de la escuela está en peligro”, advirtieron. Ya expusieron que “no sabemos qué va a pasar con nuestros chicos de acá a 10 años, qué afecciones a la salud pueden llegar a tener, entonces la situación es muy grave”. Consideran fundamental que se modifique la ordenanza municipal.
Vecinos del paraje La Porteña le manifestaron a El Eco de Tandil su preocupación por la fumigación con glifosato que se viene realizando hace tiempo en un campo situado a tan sólo un metro de la Escuela 33, situada en el kilómetros 122 de la Ruta 30. Asimismo, aseguraron que ellos como frentistas que residen en la zona temen por los efectos en la salud a largo plazo que puedan provocar los agroquímicos que se están utilizando en diversos espacios rurales de la zona. Buscan que se modifique la ordenanza municipal.
Silvia Gómez, una de las vecinas, explicó que si bien hay varios campos en la zona que están siendo fumigados y que sienten el olor a veneno, tienen especial preocupación por el que está situado lindante a la Escuela 33, ya que no hay ni un metro de distancia con el establecimiento educativo.
“Están los niños expuestos a los venenos. Si bien se fumiga en general los fines de semana, el veneno queda, así que estamos pidiendo que aunque sea se respeten los 150 metros de distancia respecto a las escuelas, que establece la ordenanza actual”, argumentó.
Por su lado, Lucía Mestre contó que con los vecinos se vienen reuniendo hace ya algunos meses preocupados por esta problemática, luego de que comenzaron a sentir olor a veneno y a padecer diversas enfermedades respiratorias, a las que no le encontraban sentido hasta que se empezaron a informar respecto al glifosato y su implicancia en la salud.
La ordenanza
Frente a ese panorama, presentaron una carta al Municipio firmada por más de 30 familias hace aproximadamente un mes, en la cual solicitaban que se cumpliera con la distancia establecida en la ordenanza vigente de 150 metros respecto a escuelas y 300 respecto a zona urbana.
De cualquier modo, en el caso de la Escuela 33, esa distancia no se está cumpliendo.
“Hicimos una nota, la firmamos los vecinos, la llevamos al Municipio, luego de unos días el director de Medioambiente se comunicó con nosotros para informarnos que había sido sancionado el dueño del lote lindero a la escuela, y que esa sanción la iba a dictaminar un juez. Hasta ahí fue, entre comillas, nuestra primera victoria, pero inmediatamente nos enteramos de que el arrendatario de este campo hizo un descargo en donde desconocía haber realizado un tratamiento con agroquímicos con glifosato”, expuso.
Y agregó que “nosotros tenemos fotos, y una situación muy testimonial de un vecino que el domingo de las elecciones pasó por acá, y vio el mosquito fumigando. El que lo manejaba le dijo que estaba por echar el glifo. Luego, se comunicaron con el dueño que dijo que iba a dejar la distancia correspondiente, pero a los dos días de la sanción desconoció el haber aplicado veneno”.
“Estamos en peligro”
“Cualquier persona que entiende sabe que el pasto está quemado, que está sembrado y esto es una receta, no hay mucha creatividad personal, se sabe que es abc cuando se echa fertilizante, así que estamos muy preocupados porque la población de la escuela está en peligro. Los vecinos también estamos en peligro, es un tema que nos convoca hace ya unos meses y empezamos a escuchar que en Gardey está sucediendo lo mismo, en De la Canal también y nos estamos empezando a organizar”, aseguró.
Remarcó que la problemática los desanima porque “del otro lado hay un ser muy poderoso, y nosotros somos familias normales que estamos preocupados por nuestra salud y la de nuestros hijos, la de los trabajadores de la educación que vienen a esta institución”.
Silvia Gómez recordó que hubo una presentación formal en el Concejo Deliberante a través de la Banca XXI, el 15 de agosto, a través de la doctora Graciela Canziani y un grupo de estudio, donde se pidió básicamente cambiar la regulación vigente, porque “150 metros es muy poco, en los fallos que están saliendo en distintos pueblos o ciudades por lo menos la distancia es de 1500 a 2 mil metros de escuelas”.
“Es pobre la ordenanza que tenemos, dentro de los 300 metros se permite igual usar banda azul dentro de los cual está el glifosato porque lo categorizan como levemente nocivo pero en realidad hay estudios que demuestran que es muy nocivo. Se hace esa ley a favor de la producción agroquímica”, manifestó.
Asimismo, sostuvo que “están saliendo ordenanzas a 1500, 2 mil metros, incluso algunas ciudades han logrado hasta 5 mil metros. Nosotros estamos apoyando la presentación del anteproyecto que hizo Graciela Canziani, y vamos a seguir con acciones para ayudarnos mutuamente. Justamente el 20 de noviembre tenemos una reunión con vecinos de otros sectores de Tandil con la misma problemática como para aunar fuerzas, y apoyar esta ordenanza que ya se presentó”.
En cuanto a la sanción al campo lindero a la escuela, afirmó que “eso pasa a Fiscalización Vegetal que tiene que comprobar si se está fumigando o no y eso va a caer en un juez que decidirá multar o no. Hay otros campos de la zona que también fumigan; muchos dejaron de fumigarse por quejas de vecinos, pero quedan otros que es muy fuerte el veneno que se siente. Sin embargo, están de alguna manera cumpliendo con esa ordenanza pero tampoco nos sirve, por eso queremos que se modifique”.
Una situación muy grave
Lucia Mestre indicó que “estamos en un momento donde toda la provincia está tratando estas cuestiones, justamente porque las poblaciones se están expandiendo y estamos llegando a los límites con estos campos. Los riesgos son muchísimos. Días atrás falleció la directora de una escuela rural en San Antonio de Areco a causa de los agroquímicos, que si bien no hay estudios que lo aseveren pero la aparición de cáncer y enfermedades respiratorias en pueblos fumigados son comunes”.
“Nosotros mismos no nos explicábamos el malestar, resfríos prolongados, dolores de cabeza constantes, hasta que empezamos a levantar la vista y ver un mosquito acá, otro allá, y empezamos a asociar”, manifestó.
Por su lado, Sebastián Jodra planteó que “algunas de las afecciones a la salud no son inmediatas, entonces es difícil dimensionarlas, pero los nenes vienen día a día a la escuela y no sabemos qué va a pasar con nuestros chicos de acá a 10 años, qué afecciones a la salud pueden llegar a tener, entonces la situación es muy grave”.
“Hay fallos en otras localidades dando cuenta de la vinculación directa del uso de agroquímicos y los daños a la salud”, sostuvo.
Silvia Gómez adelantó que van a “insistir por una ordenanza mejor. El grupo de Graciela Canziani hizo pruebas en 15 escuelas rurales y en todas encontraron agrotóxicos”.
Sebastián Jodra consideró que “Tandil está quedando muy atrás en comparación con otros distritos de la provincia. En este caso es aberrante la situación porque es directamente contra el alambrado, no hay posibilidad de que las aulas que están a 10 metros del alambre no tengan presencia de estos pesticidas dañinos para la salud. En relación al dueño del campo y los aplicadores, lo que están haciendo es desmedido porque no pueden argumentar no conocer”.
Por último, Lucía Mestre sostuvo que “nuestra ordenanza es limitada pero la Corte Suprema de Justicia dictaminó a favor de una distancia de mil metros lindantes a establecimiento escolares y viviendas, hay una contradicción entre la ordenanza municipal y la provincia”.
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Los mamíferos de Córdoba algo más protegidos
Córdoba es la primera provincia en proteger a sus mamíferos
Fecha de Publicación: 14/11/2019
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Ambiente aprobó un sistema de categorización para las 68 especies que habitan en la provincia. El trabajo, realizado por la UNC, determinó que hay 25 especies en peligro de extinción.
La provincia de Córdoba es la primera del país en adoptar una categorización de mamíferos según su nivel de conservación.
El estudio fue realizado por investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), quienes relevaron los 68 mamíferos autóctonos de la provincia. El 37 por ciento de ellos está en riesgo de extinguirse.
El trabajo fue publicado hace un año en un libro editado por la UNC, pero ahora la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia la incluyó dentro de su cuerpo normativo para proteger el ambiente cordobés.
Se trata de la resolución 334 de este año. Allí figuran las 68 especies relevadas con su categoría de conservación.
Hay cinco especies que están en “peligro crítico” de extinguirse dentro de Córdoba: guanaco, pecarí quimilero, aguará guazú, tapetí y carpincho.
Otras 12 están en la categoría “en peligro”: mara, lobito de río, zorro colorado de Achala, pecarí de collar, conejo de los palos, oso melero, pichiciego menor y gato de los pajonales.
Las otras cuatro son tuco-tuco: de Pascual, de Reig, cordobés (estas tres sólo viven en Córdoba, son endemismos) y el serrano. Los tuco-tuco son roedores de hábitos subterráneos con los ojos bien arriba, en el cráneo, para poder asomarse a la superficie y garras potentes en las patas para cavar.
Otras especies endémicas de Córdoba, pero en riesgo menor, son el ratón serrano y el zorro colorado de Achala, una subespecie más colorada y más chica que el zorro colorado.
En tanto, otras ocho especies fueron incluidas dentro de la categoría “vulnerables”. Hasta ahí las 25 especies que están más en riesgo de extinguirse. El resto fueron etiquetadas como “cercana a la amenaza” y “preocupación menor”.
Resolución pionera
Daniela Tamburini, investigadora del Centro de Ecología y Recursos Naturales Renovables (Cernar) de la UNC, apunta: “La fauna siempre fue considerada como un elemento molesto. La única ley que tiene Córdoba es de 1958 y es una ley de caza, no de protección”.
Y recuerda que el primer esfuerzo de sistematización de los mamíferos de Córdoba fue de Rodolfo Miatello en 1994, pero no fue incorporada a la legislación de Córdoba.
Y da un ejemplo: “Hay especies como la vizcacha, que fue plaga, pero hoy ha desaparecido de muchos sitios. Ahora está en estado ‘vulnerable’, es decir, que no se puede tocar ni cazar”.
Tamburini apunta que esta resolución también debería tenerse en cuenta a la hora de definir si se realiza o no una obra pública o emprendimiento privado que requieran desmonte.
La pérdida de hábitat por el desmonte es la mayor amenaza para los mamíferos cordobeses. Luego le siguen la caza y el impacto de la urbanización, en especial en el oeste de la provincia.
La resolución obliga a actualizar esta categorización dentro de 10 años y además encomienda a la Provincia a que en el plazo de cinco años efectúe una categorización similar de otros grupos de la fauna silvestre como anfibios, reptiles y aves. Desde la Provincia no dieron más precisiones sobre el tema.
Cuidar el bosque
Más allá de la normativa, Tamburini cree que la mejor forma de proteger a estas especies es “como mínimo respetar las áreas de conservación y de manejo de la ley de bosques y atender las áreas protegidas”.
El otro autor del trabajo es Ricardo Torres, investigador del Instituto de Diversidad y Ecología Animal (UNC-Conicet).
“Esperamos que esta resolución sea una herramienta más para la conservación de los mamíferos ya que muchas especies son muy valiosas por los servicios ecosistémicos que prestan”, explica la bióloga.
De hecho murciélagos y roedores son los grupos de mamíferos más abundantes en Córdoba. A pesar de su mala fama, son importantes para el ser humano porque contribuyen al control de plagas y a la diseminación de semillas.
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Fecha de Publicación: 14/11/2019
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Ambiente aprobó un sistema de categorización para las 68 especies que habitan en la provincia. El trabajo, realizado por la UNC, determinó que hay 25 especies en peligro de extinción.
La provincia de Córdoba es la primera del país en adoptar una categorización de mamíferos según su nivel de conservación.
El estudio fue realizado por investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), quienes relevaron los 68 mamíferos autóctonos de la provincia. El 37 por ciento de ellos está en riesgo de extinguirse.
El trabajo fue publicado hace un año en un libro editado por la UNC, pero ahora la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia la incluyó dentro de su cuerpo normativo para proteger el ambiente cordobés.
Se trata de la resolución 334 de este año. Allí figuran las 68 especies relevadas con su categoría de conservación.
Hay cinco especies que están en “peligro crítico” de extinguirse dentro de Córdoba: guanaco, pecarí quimilero, aguará guazú, tapetí y carpincho.
Otras 12 están en la categoría “en peligro”: mara, lobito de río, zorro colorado de Achala, pecarí de collar, conejo de los palos, oso melero, pichiciego menor y gato de los pajonales.
Las otras cuatro son tuco-tuco: de Pascual, de Reig, cordobés (estas tres sólo viven en Córdoba, son endemismos) y el serrano. Los tuco-tuco son roedores de hábitos subterráneos con los ojos bien arriba, en el cráneo, para poder asomarse a la superficie y garras potentes en las patas para cavar.
Otras especies endémicas de Córdoba, pero en riesgo menor, son el ratón serrano y el zorro colorado de Achala, una subespecie más colorada y más chica que el zorro colorado.
En tanto, otras ocho especies fueron incluidas dentro de la categoría “vulnerables”. Hasta ahí las 25 especies que están más en riesgo de extinguirse. El resto fueron etiquetadas como “cercana a la amenaza” y “preocupación menor”.
Resolución pionera
Daniela Tamburini, investigadora del Centro de Ecología y Recursos Naturales Renovables (Cernar) de la UNC, apunta: “La fauna siempre fue considerada como un elemento molesto. La única ley que tiene Córdoba es de 1958 y es una ley de caza, no de protección”.
Y recuerda que el primer esfuerzo de sistematización de los mamíferos de Córdoba fue de Rodolfo Miatello en 1994, pero no fue incorporada a la legislación de Córdoba.
Y da un ejemplo: “Hay especies como la vizcacha, que fue plaga, pero hoy ha desaparecido de muchos sitios. Ahora está en estado ‘vulnerable’, es decir, que no se puede tocar ni cazar”.
Tamburini apunta que esta resolución también debería tenerse en cuenta a la hora de definir si se realiza o no una obra pública o emprendimiento privado que requieran desmonte.
La pérdida de hábitat por el desmonte es la mayor amenaza para los mamíferos cordobeses. Luego le siguen la caza y el impacto de la urbanización, en especial en el oeste de la provincia.
La resolución obliga a actualizar esta categorización dentro de 10 años y además encomienda a la Provincia a que en el plazo de cinco años efectúe una categorización similar de otros grupos de la fauna silvestre como anfibios, reptiles y aves. Desde la Provincia no dieron más precisiones sobre el tema.
Cuidar el bosque
Más allá de la normativa, Tamburini cree que la mejor forma de proteger a estas especies es “como mínimo respetar las áreas de conservación y de manejo de la ley de bosques y atender las áreas protegidas”.
El otro autor del trabajo es Ricardo Torres, investigador del Instituto de Diversidad y Ecología Animal (UNC-Conicet).
“Esperamos que esta resolución sea una herramienta más para la conservación de los mamíferos ya que muchas especies son muy valiosas por los servicios ecosistémicos que prestan”, explica la bióloga.
De hecho murciélagos y roedores son los grupos de mamíferos más abundantes en Córdoba. A pesar de su mala fama, son importantes para el ser humano porque contribuyen al control de plagas y a la diseminación de semillas.
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En el Canal Beagle estudian el cambio climático
Arrancó la primera campaña científica argentina-chilena en el Canal Beagle
Fecha de Publicación: 14/11/2019
Fuente: El Día (Buenos Aires)
Fecha de Publicación: 14/11/2019
Fuente: El Día (Buenos Aires)
Provincia/Región: Nacional
El buque de investigación Víctor Angelescu zarpó ayer del puerto de Ushuaia, en Tierra del Fuego, con equipos científicos de la Argentina y Chile que participarán de la primera campaña conjunta de investigación sobre los efectos del cambio climático en el Canal Beagle.
La campaña se extenderá hasta el próximo 15 de noviembre y estará a cargo de científicos del Centro Austral de Investigaciones Científicas (Cadic), dependiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de Argentina y el Centro de Investigación Dinámica de Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes de Chile.
El proyecto tiene como objetivo estudiar el problema de la acidificación y la hipoxia (falta de oxígeno) en las aguas del Canal Beagle y sus efectos en especies claves del ecosistema, informó Cancillería.
Los niveles de dióxido de carbono “han aumentado a niveles récord en la atmósfera, y los océanos captan dióxido de carbono de manera natural. Queremos saber si debido a este proceso el Canal Beagle está captando más dióxido de carbono del que debería captar, causando acidificación que tiene diversos efectos a lo largo de toda la cadena trófica”, explicó Mariano Diez, investigador del Cadic.
La iniciativa se enmarca en los trabajos de la Comisión Binacional Argentina-Chile de Cooperación en Investigación Científica Marina Austral, establecida en 2018, con el objetivo “de constituirse en un foro político para fortalecer y facilitar la cooperación bilateral permanente en los espacios subantárticos de ambos países”, detalló el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Asimismo “se pretende avanzar en una agenda científica común orientada a obtener un mayor conocimiento de los respectivos espacios marítimos, y contribuir a la conservación de los recursos naturales del Canal Beagle y los mares australes y a la lucha contra los efectos del cambio climático”.
El Canal Beagle es un área que mide aproximadamente 280 kilómetros de largo y se encuentra en una ubicación estratégica, pues comunica los océanos Atlántico y Pacífico.
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El buque de investigación Víctor Angelescu zarpó ayer del puerto de Ushuaia, en Tierra del Fuego, con equipos científicos de la Argentina y Chile que participarán de la primera campaña conjunta de investigación sobre los efectos del cambio climático en el Canal Beagle.
La campaña se extenderá hasta el próximo 15 de noviembre y estará a cargo de científicos del Centro Austral de Investigaciones Científicas (Cadic), dependiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de Argentina y el Centro de Investigación Dinámica de Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes de Chile.
El proyecto tiene como objetivo estudiar el problema de la acidificación y la hipoxia (falta de oxígeno) en las aguas del Canal Beagle y sus efectos en especies claves del ecosistema, informó Cancillería.
Los niveles de dióxido de carbono “han aumentado a niveles récord en la atmósfera, y los océanos captan dióxido de carbono de manera natural. Queremos saber si debido a este proceso el Canal Beagle está captando más dióxido de carbono del que debería captar, causando acidificación que tiene diversos efectos a lo largo de toda la cadena trófica”, explicó Mariano Diez, investigador del Cadic.
La iniciativa se enmarca en los trabajos de la Comisión Binacional Argentina-Chile de Cooperación en Investigación Científica Marina Austral, establecida en 2018, con el objetivo “de constituirse en un foro político para fortalecer y facilitar la cooperación bilateral permanente en los espacios subantárticos de ambos países”, detalló el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Asimismo “se pretende avanzar en una agenda científica común orientada a obtener un mayor conocimiento de los respectivos espacios marítimos, y contribuir a la conservación de los recursos naturales del Canal Beagle y los mares australes y a la lucha contra los efectos del cambio climático”.
El Canal Beagle es un área que mide aproximadamente 280 kilómetros de largo y se encuentra en una ubicación estratégica, pues comunica los océanos Atlántico y Pacífico.
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Frenan desmonte ilegal en Chaco
La Dirección de Bosques frenó un desmonte ilegal en la zona de Río Muerto
Fecha de Publicación: 14/11/2019
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
El pasado 8 de noviembre en la zona de Río Muerto, inspectores de la Dirección de Bosques interrumpieron el avance de una topadora que realizaba un desmonte ilegal. El predio se encuentra ubicado en la Parcela 262, Circunscripción V, del departamento Almirante Brown a unos 60 Km de la localidad de Río Muerto, al límite con la provincia de Santiago del Estero.
Este trabajo se inició gracias a la teledetección del Centro Geo Información dependiente de la Subsecretaría de Recursos Naturales del Gobierno Provincial. Posteriormente, el equipo legal del organismo requirió orden de allanamiento al Juzgado de Paz de la localidad de Los Frentones. Una vez que la justicia ordenó el ingreso los inspectores pudieron detener el avance de la topadora, labrando las actas de infracción correspondiente y procediendo al secuestro de la maquinaria.
La Tecnología aplicada a la custodia de los bosques
El centro Geo analiza periódicamente la información provenientes de los satélites LANDSAT, SPOT, SENTINEL, y RESOURCESAT, lo que permite conocer permanentemente el avance de los permisos autorizados por la dirección de bosques y también detectar las actividades ilegales.
Toda la información generada se cruza con la documentación digital que aportan los ingenieros forestales y agrónomos en la presentación de proyectos generando un Sistema de Información Geográfico (SIG), y se está manera se corrobora que los trabajos se ejecuten conforme a los planes técnicos autorizados. En el caso de verificar excesos o actividades fuera de los límites, se actúa rápidamente con el departamento de fiscalización y control para que detengan las actividades.
Sistema de alerta temprana
Esta dependencia también dispone de un esquema de trabajos en la cual se supervisa la totalidad de la masa forestal del chaco y al detectar una superficie de bosques afectada, se recurre a la información del catastro provincial y se individualiza el responsable para conformar un expediente que permitirá al equipo de abogados y de inspectores ingresar a los predios y detener los desmontes ilegales.
Este sistema de alerta temprana se trabaja en forma articulada con la Secretaria de Ambiente de la Nación (SAYDS) que remite habitualmente reportes que son documentados y tramitados por la Dirección de Bosques provincial.
Monitoreo de bosques.
En este 2019, se habilitó desde la Subsecretaria de Recursos Naturales un espacio web para que cualquier persona acceda a la información sobre la pérdida forestal en forma anual y trimestral. El objetivo es que la sociedad conozca la situación de los bosques nativos y disponga de este tipo de información pública.
Chaco pionera en la gestión forestal
La provincia del Chaco es la única que dispone de una dependencia específica para este tipo de servicio de teledetección que a su vez trabaja en la generación de información para diferentes organismos técnicos e instituciones académicas, incluso otros poderes del Estado.
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Fecha de Publicación: 14/11/2019
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
El pasado 8 de noviembre en la zona de Río Muerto, inspectores de la Dirección de Bosques interrumpieron el avance de una topadora que realizaba un desmonte ilegal. El predio se encuentra ubicado en la Parcela 262, Circunscripción V, del departamento Almirante Brown a unos 60 Km de la localidad de Río Muerto, al límite con la provincia de Santiago del Estero.
Este trabajo se inició gracias a la teledetección del Centro Geo Información dependiente de la Subsecretaría de Recursos Naturales del Gobierno Provincial. Posteriormente, el equipo legal del organismo requirió orden de allanamiento al Juzgado de Paz de la localidad de Los Frentones. Una vez que la justicia ordenó el ingreso los inspectores pudieron detener el avance de la topadora, labrando las actas de infracción correspondiente y procediendo al secuestro de la maquinaria.
La Tecnología aplicada a la custodia de los bosques
El centro Geo analiza periódicamente la información provenientes de los satélites LANDSAT, SPOT, SENTINEL, y RESOURCESAT, lo que permite conocer permanentemente el avance de los permisos autorizados por la dirección de bosques y también detectar las actividades ilegales.
Toda la información generada se cruza con la documentación digital que aportan los ingenieros forestales y agrónomos en la presentación de proyectos generando un Sistema de Información Geográfico (SIG), y se está manera se corrobora que los trabajos se ejecuten conforme a los planes técnicos autorizados. En el caso de verificar excesos o actividades fuera de los límites, se actúa rápidamente con el departamento de fiscalización y control para que detengan las actividades.
Sistema de alerta temprana
Esta dependencia también dispone de un esquema de trabajos en la cual se supervisa la totalidad de la masa forestal del chaco y al detectar una superficie de bosques afectada, se recurre a la información del catastro provincial y se individualiza el responsable para conformar un expediente que permitirá al equipo de abogados y de inspectores ingresar a los predios y detener los desmontes ilegales.
Este sistema de alerta temprana se trabaja en forma articulada con la Secretaria de Ambiente de la Nación (SAYDS) que remite habitualmente reportes que son documentados y tramitados por la Dirección de Bosques provincial.
Monitoreo de bosques.
En este 2019, se habilitó desde la Subsecretaria de Recursos Naturales un espacio web para que cualquier persona acceda a la información sobre la pérdida forestal en forma anual y trimestral. El objetivo es que la sociedad conozca la situación de los bosques nativos y disponga de este tipo de información pública.
Chaco pionera en la gestión forestal
La provincia del Chaco es la única que dispone de una dependencia específica para este tipo de servicio de teledetección que a su vez trabaja en la generación de información para diferentes organismos técnicos e instituciones académicas, incluso otros poderes del Estado.
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