Mendoza: fuerte presión lobista para reformar la 7722
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Ley 7722: revive un debate clave en el momento menos pensado
Fecha de Publicación: 19/11/2019
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
La ley 7722 es una de las más trascendentes de la historia reciente por el trayecto institucional que tuvo. Buscarán modificarla en un trámite exprés. Será una prueba de fuego para la política.
La ley 7722 es una de las normas que mayor tránsito institucional ha tenido en la historia reciente de Mendoza: se sancionó en la Legislatura como reemplazo de otra norma derogada, estuvo 10 años en la Suprema Corte donde se ratificó su vigencia y está citada como “dios y demonio” en mucha bibliografía. También es una de las más discutidas y, quizá, tomada como “chivo expiatorio” para simplificar algunos de los males de la economía mendocina.
La Legislatura apunta a ser nuevamente escenario político de esa discusión en un trámite exprés. Dos de los cambios que buscan es quitarle la exigencia de aprobación legislativa a los proyectos mineros metalíferos y “precisar” la prohibición de sustancias mencionadas en la norma.
El trámite puede ser rápido para aprovechar la inercia política y con la idea de acelerarlo antes del cambio legislativo en el que ingresarán algunos legisladores que pueden agitar el “no”, como Jorge Difonso (coautor de la ley hace 12 años). Pero el proceso comenzó hace tiempo con la “mesa de diálogo” minero donde hubo trabajo de base sin levantar el perfil. El propio Alfredo Cornejo evitó pronunciarse sobre el tema, mientras se maceraba la decisión internamente en el Gobierno.
En el medio, también voces disidentes internas se alejaron del Gobierno y se reenfocó la política ambiental y productiva. La Secretaría de Ambiente, por ejemplo, tomó el rol de promotor “con controles” de actividades y la minería entró en el mismo plan. La foto tomada en la Legislatura del secretario de Ambiente Humberto Mingorance junto al dueño del proyecto Hierro Indio lo resume. Años atrás, había disputa entre las áreas de gobierno que promocionaban las actividades extractivas y quienes debían controlarlas.
La Legislatura tendrá días agitados, en un contexto agitado.
La reapertura del debate también trajo viejos fantasmas. Pero por las dudas, vale aclarar: la ley tiene legitimidad total. La intención de modificarla, también.
La historia
Primero fueron algunos cateos, incluso el vuelo de helicópteros para hacer trabajos técnicos de exploración que llamaron la atención de los pobladores de San Carlos. La búsqueda de cobre y oro llamó la atención. Eso generó reacciones en la comunidad que, tras protestas en las rutas y calles, tuvieron repercusión política.
Bajo la presión social se sancionó una norma que prohibía la minería. Julio Cobos la vetó. La presión siguió y de manera inmediata se sancionó la 7722. En el medio el Gobernador y su equipo tuvieron posiciones oscilantes: mientras promocionaban la provincia en Canadá para atraer inversiones, en el territorio prometían lo contrario.
La ley tiene dos claves. El artículo 1 prohíbe "el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos". Los cuestionamientos a ese artículo es que la prohibición es solo para la industria minera y la frase "otras sustancias", que deja abierto el abanico hasta "el infinito".
El artículo 3 de la ley establece que "para los proyectos de minería metalífera obtenidos las fases de cateos, prospección, exploración, explotación, o industrialización, la DIA debe ser ratificada por ley". Es decir el aval político de cualquier proceso. El Gobierno y parte de la oposición buscan acotar ese paso a los proyectos de explotación. Hasta ahora solo el proyecto Hierro Indio superó esa instancia.
La ley 7722 no prohíbe la minería, pero la restringe. Y le agrega control político a cada paso. Allí estuvo el principal filtro. Ocurrió con el proyecto San Jorge que, tras recibir muchas críticas técnicas y financieras, fue aprobado por el Poder Ejecutivo (con más de 100 recomendaciones), pero la Legislatura le bajó el pulgar de manera unánime. En la previa, por ejemplo, el recinto se colmó de manifestantes.
La 7722 fue recurrida en la Suprema Corte con 11 pedidos de inconstitucionalidad. La mayoría proveniente de empresas mineras, pero también de organizaciones profesionales. La sentencia se conoció tras una década de acumulación de testimonios, pruebas y aportes. Pero la resolución se dilató más por cuestiones políticas. La Corte, que es tiempista, esquivó una definición.
La Ley fue declarada constitucional y el fallo tiene mucha interpretación política también. Jorge Nanclares citó, por ejemplo, el 'Laudato si' del papa, las consecuencias de tragedias ambientales como las ocurridas en Mina Gerais, Brasil, entre otras. Aunque fue unánime la decisión de la Corte, el ministro Mario Adaro presentó disidencias parciales y abonó los argumentos que luego se transformaron en proyectos de ley para modificarla en cuanto al control legislativo de las Declaraciones de Impacto Ambiental.
El abordaje legal reflejó cierta hipocresía en los gobiernos. Mientras los asesores legales oficiales defendían en la Corte la norma, en la vía política siempre la cuestionaron y querían cambiarla. No lo hacían por temor político. Ahora, Cornejo calculó los tiempos y busca “hacer el trabajo sucio” para Suarez. El Gobernador electo quiere impulsar la minería y para él la 7722 es un obstáculo. Tiene detrás suyo a todas las cámaras empresarias con las que había expresado su posición antes de las elecciones, de la misma manera que lo había hecho Anabel Fernández Sagasti.
Como dijimos en otros momentos, la decisión política no alcanza. Más allá de la reforma de esa norma, Mendoza y Argentina tienen una estructura de protección del ambiente que exige rigor. La Ley de Glaciares (que Cristina derogó primero y que Macri quiso modificar después), la ley 5961, la ley y el Plan de Ordenamieto Territorial, entre otros.
La provincia en particular tiene que “darle músculo”, recursos y poder a los organismos que tienen que controlar como la Dirección de Minería, la Dirección de Protección Ambiental, la Agencia de Ordenamiento Territorial, el Departamento General de Irrigación y hasta las municipalidades.
Mendoza tiene una larga trayectoria en defensa del ambiente. Por parte de organismos científicos, como el Iadiza y el Ianigla, como por parte del tercer sector. Es un valor agregado tangible: esa participación ha mejorado a la provincia.
El debate por la minería en Mendoza tiene que despojarse, como dijimos antes, de fantasmas y promesas mágicas. Ni oposición tozuda sin solidez, ni promesas de desarrollo a cualquier precio.
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Fecha de Publicación: 19/11/2019
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
La ley 7722 es una de las más trascendentes de la historia reciente por el trayecto institucional que tuvo. Buscarán modificarla en un trámite exprés. Será una prueba de fuego para la política.
La ley 7722 es una de las normas que mayor tránsito institucional ha tenido en la historia reciente de Mendoza: se sancionó en la Legislatura como reemplazo de otra norma derogada, estuvo 10 años en la Suprema Corte donde se ratificó su vigencia y está citada como “dios y demonio” en mucha bibliografía. También es una de las más discutidas y, quizá, tomada como “chivo expiatorio” para simplificar algunos de los males de la economía mendocina.
La Legislatura apunta a ser nuevamente escenario político de esa discusión en un trámite exprés. Dos de los cambios que buscan es quitarle la exigencia de aprobación legislativa a los proyectos mineros metalíferos y “precisar” la prohibición de sustancias mencionadas en la norma.
El trámite puede ser rápido para aprovechar la inercia política y con la idea de acelerarlo antes del cambio legislativo en el que ingresarán algunos legisladores que pueden agitar el “no”, como Jorge Difonso (coautor de la ley hace 12 años). Pero el proceso comenzó hace tiempo con la “mesa de diálogo” minero donde hubo trabajo de base sin levantar el perfil. El propio Alfredo Cornejo evitó pronunciarse sobre el tema, mientras se maceraba la decisión internamente en el Gobierno.
En el medio, también voces disidentes internas se alejaron del Gobierno y se reenfocó la política ambiental y productiva. La Secretaría de Ambiente, por ejemplo, tomó el rol de promotor “con controles” de actividades y la minería entró en el mismo plan. La foto tomada en la Legislatura del secretario de Ambiente Humberto Mingorance junto al dueño del proyecto Hierro Indio lo resume. Años atrás, había disputa entre las áreas de gobierno que promocionaban las actividades extractivas y quienes debían controlarlas.
La Legislatura tendrá días agitados, en un contexto agitado.
La reapertura del debate también trajo viejos fantasmas. Pero por las dudas, vale aclarar: la ley tiene legitimidad total. La intención de modificarla, también.
La historia
Primero fueron algunos cateos, incluso el vuelo de helicópteros para hacer trabajos técnicos de exploración que llamaron la atención de los pobladores de San Carlos. La búsqueda de cobre y oro llamó la atención. Eso generó reacciones en la comunidad que, tras protestas en las rutas y calles, tuvieron repercusión política.
Bajo la presión social se sancionó una norma que prohibía la minería. Julio Cobos la vetó. La presión siguió y de manera inmediata se sancionó la 7722. En el medio el Gobernador y su equipo tuvieron posiciones oscilantes: mientras promocionaban la provincia en Canadá para atraer inversiones, en el territorio prometían lo contrario.
La ley tiene dos claves. El artículo 1 prohíbe "el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos". Los cuestionamientos a ese artículo es que la prohibición es solo para la industria minera y la frase "otras sustancias", que deja abierto el abanico hasta "el infinito".
El artículo 3 de la ley establece que "para los proyectos de minería metalífera obtenidos las fases de cateos, prospección, exploración, explotación, o industrialización, la DIA debe ser ratificada por ley". Es decir el aval político de cualquier proceso. El Gobierno y parte de la oposición buscan acotar ese paso a los proyectos de explotación. Hasta ahora solo el proyecto Hierro Indio superó esa instancia.
La ley 7722 no prohíbe la minería, pero la restringe. Y le agrega control político a cada paso. Allí estuvo el principal filtro. Ocurrió con el proyecto San Jorge que, tras recibir muchas críticas técnicas y financieras, fue aprobado por el Poder Ejecutivo (con más de 100 recomendaciones), pero la Legislatura le bajó el pulgar de manera unánime. En la previa, por ejemplo, el recinto se colmó de manifestantes.
La 7722 fue recurrida en la Suprema Corte con 11 pedidos de inconstitucionalidad. La mayoría proveniente de empresas mineras, pero también de organizaciones profesionales. La sentencia se conoció tras una década de acumulación de testimonios, pruebas y aportes. Pero la resolución se dilató más por cuestiones políticas. La Corte, que es tiempista, esquivó una definición.
La Ley fue declarada constitucional y el fallo tiene mucha interpretación política también. Jorge Nanclares citó, por ejemplo, el 'Laudato si' del papa, las consecuencias de tragedias ambientales como las ocurridas en Mina Gerais, Brasil, entre otras. Aunque fue unánime la decisión de la Corte, el ministro Mario Adaro presentó disidencias parciales y abonó los argumentos que luego se transformaron en proyectos de ley para modificarla en cuanto al control legislativo de las Declaraciones de Impacto Ambiental.
El abordaje legal reflejó cierta hipocresía en los gobiernos. Mientras los asesores legales oficiales defendían en la Corte la norma, en la vía política siempre la cuestionaron y querían cambiarla. No lo hacían por temor político. Ahora, Cornejo calculó los tiempos y busca “hacer el trabajo sucio” para Suarez. El Gobernador electo quiere impulsar la minería y para él la 7722 es un obstáculo. Tiene detrás suyo a todas las cámaras empresarias con las que había expresado su posición antes de las elecciones, de la misma manera que lo había hecho Anabel Fernández Sagasti.
Como dijimos en otros momentos, la decisión política no alcanza. Más allá de la reforma de esa norma, Mendoza y Argentina tienen una estructura de protección del ambiente que exige rigor. La Ley de Glaciares (que Cristina derogó primero y que Macri quiso modificar después), la ley 5961, la ley y el Plan de Ordenamieto Territorial, entre otros.
La provincia en particular tiene que “darle músculo”, recursos y poder a los organismos que tienen que controlar como la Dirección de Minería, la Dirección de Protección Ambiental, la Agencia de Ordenamiento Territorial, el Departamento General de Irrigación y hasta las municipalidades.
Mendoza tiene una larga trayectoria en defensa del ambiente. Por parte de organismos científicos, como el Iadiza y el Ianigla, como por parte del tercer sector. Es un valor agregado tangible: esa participación ha mejorado a la provincia.
El debate por la minería en Mendoza tiene que despojarse, como dijimos antes, de fantasmas y promesas mágicas. Ni oposición tozuda sin solidez, ni promesas de desarrollo a cualquier precio.
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