Una ley de semillas a pedir de Monsanto-Bayer
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El semillero empresario
Fecha de Publicación: 27/11/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Un proyecto de Cambiemos se votará en la sesión del miércoles en Diputados. Limita el uso de semillas obtenidas por los campesinos. En caso de utilizarlas, deberán pagar regalías a los grandes productores como Bayer-Monsanto.
“Quién controla las semillas controla la alimentación”, advierten desde hace décadas movimientos campesinos y agricultores de todo el mundo. Es la misma frase que resonará el miércoles 28 en el Congreso Nacional, cuando los diputados de Cambiemos intenten dar media sanción a “la ley Bayer-Monsanto de semillas”, legislación a pedido de las grandes empresas, que limita el uso propio (utilizar semillas de cosechas previas) y, de forma insólita, propone que los empresarios del agro descuenten las regalías de semillas de impuestos a las ganancias (lo que implica una transferencia de recursos desde el Estado a las grandes multinacionales del agro).
Cuatro grupos de empresas controlan el 90 por ciento de las semillas transgénicas y el 60 por ciento de todas las semillas (incluidas convencionales): Bayer-Monsanto, ChemChina-Syngenta, Corteva (Dow-DuPont) y BASF. Desde hace más de una década impulsan en América Latina leyes de semillas restrictivas para los agricultores y que asegura mayores ganancias a las compañías.
Con el ex presidente de la Sociedad Rural al frente de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, y secundado por Aapresid (Asociación de Productores de Siembra Directa), el Gobierno impulsó un proyecto de ley gestado por la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), donde confluyen las grandes empresas internacionales.
“Decimos no a este proyecto de ley porque implica el sometimiento de productores a pagos de regalías por años, cuando deseen guardar semillas para volver a sembrar. Esto significa la violación de un derecho básico, que da sentido a la agricultura. Esto permitirá la persecución de los productores y avanza en la criminalización de las semillas nativas y criollas impidiendo el libre intercambio entre productores”, denunciaron en un documento conjunto más de 300 organizaciones campesinas, indígenas, de derechos humanos, socioambientales y académicos.
El 13 de noviembre, en el plenario de Comisiones de Agricultura, Presupuesto y Legislación de la Cámara de Diputados, el oficialismo (Pro-UCR y sector de Martín Lousteau) firmaron el proyecto de ley que fue redactado a puertas cerradas junto a las empresas y no era conocido por el resto de los bloques.
Cambiemos buscó aliados. Si llega con los votos, lo presentará en labor parlamentaria (reunión previa a la sesión en recinto) y votarán el miércoles.
Desde el Gobierno, las empresas y los diarios del agro transgénico señalan que existe “consenso” para una nueva ley de semillas. “El proyecto que se piensa aprobar fue negociado fuera de la Cámara de Diputados por el Ejecutivo, los semilleros voceros de Bayer-Monsanto y los grandes productores de la Sociedad Rural. El proyecto excluye los intereses de los pueblos originarios, productores de la agricultura familiar, campesinos y consumidores”, denunciaron la Multisectorial contra la Ley Bayer/Monsanto de Semillas, la Unión de Trabajadores de la Tierra, el Movimiento Campesino Indígena, las Cátedras de Soberanía Alimentaria de la UNLP y de Nutrición de la UBA, la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), Encuentro de Pueblos Fumigados, el Grupo de Estudios Rural del Instituto Gino Germani y la Red Nacional de Acción Ecologista (Renace), entre otras organizaciones.
El “uso propio” es una práctica tan antigua como la agricultura. Consiste en utilizar las semillas de la cosecha para la próxima siembra. “El proyecto de ley establece que el uso propio deja de ser libre y gratuito, deja de ser un derecho de los agricultores que se enmarca de tratados internacionales de los que Argentina es signataria y pasa a ser una excepción”, explicaron las organizaciones campesinas y apuntaron al objetivo de las grandes multinacionales del agro: “Buscan cobrar regalías cada vez que un productor vuelva a utilizar ‘sus’ semillas”.
Facundo Cuesta, del colectivo de Comunicación Huerquen y de la Multisectorial contra la Ley Bayer/Monsanto, comparó: “Es como si te comprás un CD y con ese precio te cobran un extra por escucharlo los primeros cinco años. Esa locura quieren las multinacionales del agro y el Gobierno”.
El artículo 10 del proyecto establece que se incorpora como parte de las “deducciones especiales de la tercera categoría” (de la Ley de Impuesto a las Ganancias) la posibilidad de los productores de deducir “una vez y media los importes abonados en concepto de adquisición de semilla fiscalizada”. Lejos del lenguaje técnico-legislativo difícil de comprender, Carlos Vicente de la organización internacional Grain resume: “Implica que el pago de la semilla a las multinacionales será financiado por el estado argentino, osea todos los ciudadanos”.
En el plenario de comisiones lo explicó el diputado Axel Kicillof: un productor de soja que paga 100 dólares de regalías podrá descontar 150 de impuestos a las ganancias. “Es un escándalo. Es un subsidio de todos nosotros, del Estado, a las corporaciones del agro”, denunció Facundo Cuesta, de la Multisectorial contra Bayer/Monsanto.
El impulsor del proyecto en la Cámara de Diputados es el legislador Atilio Benedetti, que pretende ser gobernador de Entre Ríos. También forman parte del proyecto Sociedad Rural, Aacrea (Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola), Confederaciones Rurales (CRA), Coninagro y Bolsa de Cereales, entre otros.
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Fecha de Publicación: 27/11/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Un proyecto de Cambiemos se votará en la sesión del miércoles en Diputados. Limita el uso de semillas obtenidas por los campesinos. En caso de utilizarlas, deberán pagar regalías a los grandes productores como Bayer-Monsanto.
“Quién controla las semillas controla la alimentación”, advierten desde hace décadas movimientos campesinos y agricultores de todo el mundo. Es la misma frase que resonará el miércoles 28 en el Congreso Nacional, cuando los diputados de Cambiemos intenten dar media sanción a “la ley Bayer-Monsanto de semillas”, legislación a pedido de las grandes empresas, que limita el uso propio (utilizar semillas de cosechas previas) y, de forma insólita, propone que los empresarios del agro descuenten las regalías de semillas de impuestos a las ganancias (lo que implica una transferencia de recursos desde el Estado a las grandes multinacionales del agro).
Cuatro grupos de empresas controlan el 90 por ciento de las semillas transgénicas y el 60 por ciento de todas las semillas (incluidas convencionales): Bayer-Monsanto, ChemChina-Syngenta, Corteva (Dow-DuPont) y BASF. Desde hace más de una década impulsan en América Latina leyes de semillas restrictivas para los agricultores y que asegura mayores ganancias a las compañías.
Con el ex presidente de la Sociedad Rural al frente de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, y secundado por Aapresid (Asociación de Productores de Siembra Directa), el Gobierno impulsó un proyecto de ley gestado por la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), donde confluyen las grandes empresas internacionales.
“Decimos no a este proyecto de ley porque implica el sometimiento de productores a pagos de regalías por años, cuando deseen guardar semillas para volver a sembrar. Esto significa la violación de un derecho básico, que da sentido a la agricultura. Esto permitirá la persecución de los productores y avanza en la criminalización de las semillas nativas y criollas impidiendo el libre intercambio entre productores”, denunciaron en un documento conjunto más de 300 organizaciones campesinas, indígenas, de derechos humanos, socioambientales y académicos.
El 13 de noviembre, en el plenario de Comisiones de Agricultura, Presupuesto y Legislación de la Cámara de Diputados, el oficialismo (Pro-UCR y sector de Martín Lousteau) firmaron el proyecto de ley que fue redactado a puertas cerradas junto a las empresas y no era conocido por el resto de los bloques.
Cambiemos buscó aliados. Si llega con los votos, lo presentará en labor parlamentaria (reunión previa a la sesión en recinto) y votarán el miércoles.
Desde el Gobierno, las empresas y los diarios del agro transgénico señalan que existe “consenso” para una nueva ley de semillas. “El proyecto que se piensa aprobar fue negociado fuera de la Cámara de Diputados por el Ejecutivo, los semilleros voceros de Bayer-Monsanto y los grandes productores de la Sociedad Rural. El proyecto excluye los intereses de los pueblos originarios, productores de la agricultura familiar, campesinos y consumidores”, denunciaron la Multisectorial contra la Ley Bayer/Monsanto de Semillas, la Unión de Trabajadores de la Tierra, el Movimiento Campesino Indígena, las Cátedras de Soberanía Alimentaria de la UNLP y de Nutrición de la UBA, la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), Encuentro de Pueblos Fumigados, el Grupo de Estudios Rural del Instituto Gino Germani y la Red Nacional de Acción Ecologista (Renace), entre otras organizaciones.
El “uso propio” es una práctica tan antigua como la agricultura. Consiste en utilizar las semillas de la cosecha para la próxima siembra. “El proyecto de ley establece que el uso propio deja de ser libre y gratuito, deja de ser un derecho de los agricultores que se enmarca de tratados internacionales de los que Argentina es signataria y pasa a ser una excepción”, explicaron las organizaciones campesinas y apuntaron al objetivo de las grandes multinacionales del agro: “Buscan cobrar regalías cada vez que un productor vuelva a utilizar ‘sus’ semillas”.
Facundo Cuesta, del colectivo de Comunicación Huerquen y de la Multisectorial contra la Ley Bayer/Monsanto, comparó: “Es como si te comprás un CD y con ese precio te cobran un extra por escucharlo los primeros cinco años. Esa locura quieren las multinacionales del agro y el Gobierno”.
El artículo 10 del proyecto establece que se incorpora como parte de las “deducciones especiales de la tercera categoría” (de la Ley de Impuesto a las Ganancias) la posibilidad de los productores de deducir “una vez y media los importes abonados en concepto de adquisición de semilla fiscalizada”. Lejos del lenguaje técnico-legislativo difícil de comprender, Carlos Vicente de la organización internacional Grain resume: “Implica que el pago de la semilla a las multinacionales será financiado por el estado argentino, osea todos los ciudadanos”.
En el plenario de comisiones lo explicó el diputado Axel Kicillof: un productor de soja que paga 100 dólares de regalías podrá descontar 150 de impuestos a las ganancias. “Es un escándalo. Es un subsidio de todos nosotros, del Estado, a las corporaciones del agro”, denunció Facundo Cuesta, de la Multisectorial contra Bayer/Monsanto.
El impulsor del proyecto en la Cámara de Diputados es el legislador Atilio Benedetti, que pretende ser gobernador de Entre Ríos. También forman parte del proyecto Sociedad Rural, Aacrea (Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola), Confederaciones Rurales (CRA), Coninagro y Bolsa de Cereales, entre otros.
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Buenos Aires: media sanción a regulación minera
La Cámara de Diputados aprobó un proyecto que regula la actividad minera
Fecha de Publicación: 27/11/2018
Fuente: Télam
Provincia/Región: Buenos Aires
La iniciativa, que fue girada ahora al Senado bonaerense para su sanción definitiva, propone "la adecuación de los procedimientos mineros a las necesidades actuales".
La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó un proyecto que busca darle un marco regulatorio a la actividad minera en territorio bonaerense, que fue girado ahora a la Cámara de Senadores para su sanción definitiva.
La iniciativa propone "la adecuación de los procedimientos mineros a las necesidades actuales", y pide que se contemple también "el avance de la tecnología y procurando brindar la protección adecuada al medio ambiente".
Según el diputado Hugo Oroño (Cambiemos), presidente de la comisión de Industria y Minería y autor del proyecto, este nuevo código "brinda a la Autoridad Minera más y mejores herramientas de contralor a la actividad, teniendo en cuenta las nuevas tecnologías y otorgándole instrumentos
para poder cumplir con su rol en el territorio de la provincia".
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Fecha de Publicación: 27/11/2018
Fuente: Télam
Provincia/Región: Buenos Aires
La iniciativa, que fue girada ahora al Senado bonaerense para su sanción definitiva, propone "la adecuación de los procedimientos mineros a las necesidades actuales".
La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó un proyecto que busca darle un marco regulatorio a la actividad minera en territorio bonaerense, que fue girado ahora a la Cámara de Senadores para su sanción definitiva.
La iniciativa propone "la adecuación de los procedimientos mineros a las necesidades actuales", y pide que se contemple también "el avance de la tecnología y procurando brindar la protección adecuada al medio ambiente".
Según el diputado Hugo Oroño (Cambiemos), presidente de la comisión de Industria y Minería y autor del proyecto, este nuevo código "brinda a la Autoridad Minera más y mejores herramientas de contralor a la actividad, teniendo en cuenta las nuevas tecnologías y otorgándole instrumentos
para poder cumplir con su rol en el territorio de la provincia".
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Aeropuertos Argentina: negocios privados, tierras públicas
Un negocio de alto vuelo
Fecha de Publicación: 27/11/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: CABA
Pese a que hace veinte años que no paga el canon, que se venció la concesión y que no hizo ninguna de las obras a las que se comprometió, Aeropuertos Argentina 2000 recibirá 13 hectáreas, además de las 138 que ya tiene, para expandir el Jorge Newbery.
Aeropuertos Argentina 2000, que ocupa 138 hectáreas de dominio público a cambio de nada (no paga el canon que le corresponde, no hay concesión, no hay permiso de uso, no hay absolutamente nada), se seguirá expandiendo: el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires busca ampliar el Aeroparque Jorge Newbery con un faraónico proyecto que contempla extender el aeropuerto sobre trece hectáreas adyacentes de espacios verdes que son de dominio público y realizar un relleno de nueve hectáreas sobre el río para construir un estacionamiento subterráneo.
Para hacerlo, deberá aprobarse un convenio firmado a fines de 2017 entre Nación y Ciudad por el cual Horacio Rodríguez Larreta transfiere a la Nación terrenos porteños que el Ejecutivo Nacional transfiere a Aeropuertos Argentina 2000.
La medida, impulsada por el jefe de Gobierno porteño, ya tiene un primer aval en la Legislatura y el apoyo de todo el bloque oficialista y de un amplio sector de la oposición. Desde el oficialismo argumentan que "en la actualidad el Aeroparque se encuentra con su capacidad sobreexigida" y prometen que con la ampliación "habrá mayor seguridad aeroportuaria". Sin embargo, vecinos, arquitectos, urbanistas y ambientalistas denuncian el impacto ambiental negativo de la obra y expresaron su absoluto rechazo al proyecto del que, aseguran, sólo se beneficiará la empresa concesionaria, propiedad de Eduardo Eurnekian.
Por tratarse de territorios de dominio público de la Ciudad, el proyecto necesita ser aprobado en un sistema de doble lectura. Esto significa que debe aprobarse en primera instancia en la Legislatura, realizar audiencias públicas con funcionarios, vecinos y profesionales especializados en la cuestión y, luego, aprobarse de forma definitiva incorporando las observaciones que surjan en ese proceso. Así fue como el pasado 27 de septiembre la Legislatura ratificó por 42 votos a favor, 4 en contra y 11 abstenciones el convenio entre el Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad y la ampliación del aeropuerto. Desde la oposición señalaron algunas críticas al proyecto, entre ellas, que no se contempla el acceso del transporte público y la necesidad de ampliar la red de subtes de la Ciudad para acceder al Aeroparque, en lugar de priorizar la construcción de más cocheras. Sin embargo, todos los bloques legislativos, con la excepción del Frente de Izquierda y Autodeterminación y Libertad, votaron a favor del proyecto.
El martes pasado se llevó a cabo en la Legislatura la audiencia pública previa a la votación definitiva. El tema no parece generar mucho interés entre los funcionarios ya que ninguno de los legisladores anotados para exponer fueron a la audiencia, que tuvo sólo tres expositores: Osvaldo Guerrica Echevarría, arquitecto y presidente de la Asociación Amigos del Lago de Palermo y de Queremos Buenos Aires; María Teresa Gutiérrez Cullen de Arauz, integrante de la Fundación Ciudad; y la ex legisladora porteña María José Lubertino.
"Las obras ya comenzaron y están avanzadas, no esperaron a la aprobación de esta Legislatura", denunció allí Guerrica Echevarría, quien trabaja activamente en la defensa de los espacios verdes y el medio ambiente en la Ciudad desde hace más de veinte años. "Aprobar obras de semejante envergadura sin ley es una situación de demasiada irregularidad. La otra irregularidad manifiesta en este proyecto es la entrega de tierras públicas de la Ciudad a una empresa privada. Aeropuertos Argentina 2000 está ocupando 138 hectáreas de dominio público a cambio de nada: no le paga un canon a la Ciudad, no hay concesión y no hay permiso de uso. Sin embargo, el jefe de Gobierno porteño ahora le está entregando a una empresa privada 12 hectáreas más para uso gratuito a perpetuidad. Ese es el epicentro de la notable irregularidad de este proyecto de ley", aseguró.
Las tierras donde se ubica el Aeroparque estaban destinadas a ser un gran parque frente al Río de la Plata. De hecho, señala Guerrica Echevarría, "oficialmente en los planos de la Ciudad se lo sigue llamando Parque de La Raza".
En 1998, durante la presidencia de Carlos Menem, se avanzó con la privatización de los aeropuertos en todo el país y desde entonces, la empresa Aeropuertos Argentina 2000 controla el Aeroparque Jorge Newbery y otros 32 aeropuertos. Pero en el decreto de adjudicación de la licitación, firmado por el Poder Ejecutivo Nacional, se establecía que la empresa concesionaria asumía el compromiso de construir un aeropuerto alternativo en el Gran Buenos Aires o agrandar Ezeiza "con anterioridad al año siete (7) de la concesión". "Aeropuertos Argentina 2000 no sólo no cumplió con el acuerdo sino que, además, acumuló una deuda de más de 850 millones de pesos en concepto de canon no pagado y obras no realizadas. Pero el gobierno nacional le perdonó la deuda a la empresa a cambio de un 20 por ciento de las acciones, que pasaron a manos del Estado. El problema es que con ese 20 por ciento el Estado está en absoluta minoría y no resuelve nada y, lo que es peor aún, no quiere resolver. Son veinte años de irregularidades", recordó el arquitecto.
Además, el proyecto del oficialismo va a contramano del Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad aprobado en el 2000, vigente en la actualidad. En el Código, y teniendo en cuenta que --según lo acordado con la concesionaria-- el Aeroparque sería desalojado en 2005, se establece que el predio sería convertido en un parque público. El consenso expresado en ese código era, justamente, que el Aeroparque tiene un impacto negativo en términos ambientales y urbanísticos.
Al mismo tiempo, el Plan Urbano Ambiental aprobado en 2008 establece la necesidad de "preservar el perfil y/o silueta costera de los rellenos existentes". En otras palabras, prohíbe hacer nuevos rellenos al Río de la Plata. Todos estos factores son obviados en el proyecto que impulsa el oficialismo porteño, aunque hace campaña con la promesa de una Ciudad Verde.
El 9 de marzo pasado se realizó otra audiencia pública por este tema, en la que se habló sobre el impacto ambiental. En esa oportunidad participaron representantes de ONG y funcionarios de la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad, del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos y de la empresa Aeropuertos Argentina 2000.
Allí, se presentó un estudio técnico de evaluación ambiental que despertó muchas críticas, entre otras cosas, por pretender naturalizar el avance sobre el río al señalar que "la ciudad ya estaba habituada a los rellenos sobre la costa" y por no tener en cuenta el aumento de la contaminación sonora que vendría de la mano de una mayor cantidad de aterrizajes en Aeroparque. Según el informe, el principal problema del proyecto que impulsa el oficialismo de la mano del holding de Eurnekian serían el tránsito y los ruidos de los camiones, que día a día llevarán los 400 mil metros cúbicos de materiales para el relleno costero.
"El informe no tenía en cuenta lo que implica la alteración del perfil costero, el impacto del cambio climático, el traslado de la desembocadura del arroyo Maldonado, la contaminación sonora ni el hecho de que se van a liquidar árboles centenarios de la costanera. No les importa nada. Un desastre", sostuvo Guerrica Echevarría. "Es cierto que este aeroparque está fuera de las normas internacionales porque tiene una pista y una calle de carreteo que no tienen la distancia mínima que corresponde. Y, sí, es cierto, para dejar el aeroparque acá y ponerlo en norma, tienen que rellenar el río", reconoce el arquitecto, pero señala que eso no puede hacerse a costa del espacio público ni del medio ambiente de la Ciudad. "El problema es que cada vez se va a necesitar un aeropuerto más grande y esa situación puede seguir así hasta el infinito. Al final, vamos a terminar con la aeroisla de Menem", concluyó.
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Fecha de Publicación: 27/11/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: CABA
Pese a que hace veinte años que no paga el canon, que se venció la concesión y que no hizo ninguna de las obras a las que se comprometió, Aeropuertos Argentina 2000 recibirá 13 hectáreas, además de las 138 que ya tiene, para expandir el Jorge Newbery.
Aeropuertos Argentina 2000, que ocupa 138 hectáreas de dominio público a cambio de nada (no paga el canon que le corresponde, no hay concesión, no hay permiso de uso, no hay absolutamente nada), se seguirá expandiendo: el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires busca ampliar el Aeroparque Jorge Newbery con un faraónico proyecto que contempla extender el aeropuerto sobre trece hectáreas adyacentes de espacios verdes que son de dominio público y realizar un relleno de nueve hectáreas sobre el río para construir un estacionamiento subterráneo.
Para hacerlo, deberá aprobarse un convenio firmado a fines de 2017 entre Nación y Ciudad por el cual Horacio Rodríguez Larreta transfiere a la Nación terrenos porteños que el Ejecutivo Nacional transfiere a Aeropuertos Argentina 2000.
La medida, impulsada por el jefe de Gobierno porteño, ya tiene un primer aval en la Legislatura y el apoyo de todo el bloque oficialista y de un amplio sector de la oposición. Desde el oficialismo argumentan que "en la actualidad el Aeroparque se encuentra con su capacidad sobreexigida" y prometen que con la ampliación "habrá mayor seguridad aeroportuaria". Sin embargo, vecinos, arquitectos, urbanistas y ambientalistas denuncian el impacto ambiental negativo de la obra y expresaron su absoluto rechazo al proyecto del que, aseguran, sólo se beneficiará la empresa concesionaria, propiedad de Eduardo Eurnekian.
Por tratarse de territorios de dominio público de la Ciudad, el proyecto necesita ser aprobado en un sistema de doble lectura. Esto significa que debe aprobarse en primera instancia en la Legislatura, realizar audiencias públicas con funcionarios, vecinos y profesionales especializados en la cuestión y, luego, aprobarse de forma definitiva incorporando las observaciones que surjan en ese proceso. Así fue como el pasado 27 de septiembre la Legislatura ratificó por 42 votos a favor, 4 en contra y 11 abstenciones el convenio entre el Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad y la ampliación del aeropuerto. Desde la oposición señalaron algunas críticas al proyecto, entre ellas, que no se contempla el acceso del transporte público y la necesidad de ampliar la red de subtes de la Ciudad para acceder al Aeroparque, en lugar de priorizar la construcción de más cocheras. Sin embargo, todos los bloques legislativos, con la excepción del Frente de Izquierda y Autodeterminación y Libertad, votaron a favor del proyecto.
El martes pasado se llevó a cabo en la Legislatura la audiencia pública previa a la votación definitiva. El tema no parece generar mucho interés entre los funcionarios ya que ninguno de los legisladores anotados para exponer fueron a la audiencia, que tuvo sólo tres expositores: Osvaldo Guerrica Echevarría, arquitecto y presidente de la Asociación Amigos del Lago de Palermo y de Queremos Buenos Aires; María Teresa Gutiérrez Cullen de Arauz, integrante de la Fundación Ciudad; y la ex legisladora porteña María José Lubertino.
"Las obras ya comenzaron y están avanzadas, no esperaron a la aprobación de esta Legislatura", denunció allí Guerrica Echevarría, quien trabaja activamente en la defensa de los espacios verdes y el medio ambiente en la Ciudad desde hace más de veinte años. "Aprobar obras de semejante envergadura sin ley es una situación de demasiada irregularidad. La otra irregularidad manifiesta en este proyecto es la entrega de tierras públicas de la Ciudad a una empresa privada. Aeropuertos Argentina 2000 está ocupando 138 hectáreas de dominio público a cambio de nada: no le paga un canon a la Ciudad, no hay concesión y no hay permiso de uso. Sin embargo, el jefe de Gobierno porteño ahora le está entregando a una empresa privada 12 hectáreas más para uso gratuito a perpetuidad. Ese es el epicentro de la notable irregularidad de este proyecto de ley", aseguró.
Las tierras donde se ubica el Aeroparque estaban destinadas a ser un gran parque frente al Río de la Plata. De hecho, señala Guerrica Echevarría, "oficialmente en los planos de la Ciudad se lo sigue llamando Parque de La Raza".
En 1998, durante la presidencia de Carlos Menem, se avanzó con la privatización de los aeropuertos en todo el país y desde entonces, la empresa Aeropuertos Argentina 2000 controla el Aeroparque Jorge Newbery y otros 32 aeropuertos. Pero en el decreto de adjudicación de la licitación, firmado por el Poder Ejecutivo Nacional, se establecía que la empresa concesionaria asumía el compromiso de construir un aeropuerto alternativo en el Gran Buenos Aires o agrandar Ezeiza "con anterioridad al año siete (7) de la concesión". "Aeropuertos Argentina 2000 no sólo no cumplió con el acuerdo sino que, además, acumuló una deuda de más de 850 millones de pesos en concepto de canon no pagado y obras no realizadas. Pero el gobierno nacional le perdonó la deuda a la empresa a cambio de un 20 por ciento de las acciones, que pasaron a manos del Estado. El problema es que con ese 20 por ciento el Estado está en absoluta minoría y no resuelve nada y, lo que es peor aún, no quiere resolver. Son veinte años de irregularidades", recordó el arquitecto.
Además, el proyecto del oficialismo va a contramano del Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad aprobado en el 2000, vigente en la actualidad. En el Código, y teniendo en cuenta que --según lo acordado con la concesionaria-- el Aeroparque sería desalojado en 2005, se establece que el predio sería convertido en un parque público. El consenso expresado en ese código era, justamente, que el Aeroparque tiene un impacto negativo en términos ambientales y urbanísticos.
Al mismo tiempo, el Plan Urbano Ambiental aprobado en 2008 establece la necesidad de "preservar el perfil y/o silueta costera de los rellenos existentes". En otras palabras, prohíbe hacer nuevos rellenos al Río de la Plata. Todos estos factores son obviados en el proyecto que impulsa el oficialismo porteño, aunque hace campaña con la promesa de una Ciudad Verde.
El 9 de marzo pasado se realizó otra audiencia pública por este tema, en la que se habló sobre el impacto ambiental. En esa oportunidad participaron representantes de ONG y funcionarios de la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad, del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos y de la empresa Aeropuertos Argentina 2000.
Allí, se presentó un estudio técnico de evaluación ambiental que despertó muchas críticas, entre otras cosas, por pretender naturalizar el avance sobre el río al señalar que "la ciudad ya estaba habituada a los rellenos sobre la costa" y por no tener en cuenta el aumento de la contaminación sonora que vendría de la mano de una mayor cantidad de aterrizajes en Aeroparque. Según el informe, el principal problema del proyecto que impulsa el oficialismo de la mano del holding de Eurnekian serían el tránsito y los ruidos de los camiones, que día a día llevarán los 400 mil metros cúbicos de materiales para el relleno costero.
"El informe no tenía en cuenta lo que implica la alteración del perfil costero, el impacto del cambio climático, el traslado de la desembocadura del arroyo Maldonado, la contaminación sonora ni el hecho de que se van a liquidar árboles centenarios de la costanera. No les importa nada. Un desastre", sostuvo Guerrica Echevarría. "Es cierto que este aeroparque está fuera de las normas internacionales porque tiene una pista y una calle de carreteo que no tienen la distancia mínima que corresponde. Y, sí, es cierto, para dejar el aeroparque acá y ponerlo en norma, tienen que rellenar el río", reconoce el arquitecto, pero señala que eso no puede hacerse a costa del espacio público ni del medio ambiente de la Ciudad. "El problema es que cada vez se va a necesitar un aeropuerto más grande y esa situación puede seguir así hasta el infinito. Al final, vamos a terminar con la aeroisla de Menem", concluyó.
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Volt el primer auto eléctrico del país
Volt lanzó su auto eléctrico con foco en el cliente corporativo
Fecha de Publicación: 26/11/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional - Córdoba
Volt Motors presentó ayer la preserie de un city car eléctrico que venderá desde hoy y que entregará desde abril de 2019, con mira en el usuario urbano, pero con el objetivo comercial puesto en el cliente corporativo.
Es el primer auto eléctrico desarrollado y fabricado en el país en forma comercial. La firma fue fundada por Daniel Parodi, presidente de Ciudad Empresaria, y Javier Moyano, ingeniero con trayectoria en el sector aeronáutico.
La presentación se hizo ante mil personas, en un evento presidido por el gobernador Juan Schiaretti, el intendente Ramón Mestre, y por parte del Gobierno nacional: el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y el secretario de Industria, Fernando Grasso.
Volt fue autorizada como terminal automotriz por la Nación, pero restan licencias del vehículo que se lograrían en marzo.
La firma presentó dos versiones: el Volt e1, para particulares, a un precio de 750 mil pesos, aunque los primeras 100 unidades saldrán con una bonificación de 80 mil pesos; y Volt w1, para clientes corporativos y profesionales, que soporta una carga de hasta 300 kilos y costará 650 mil pesos.
Como todo city car, es para uso urbano. Tienen dos asientos (atrás se pueden colocar dos butacas, una para bebé y otra para niño de hasta 12 años), pesan 550 kilogramos, la velocidad máxima es de 110 kilómetros por hora y las baterías duran de 120 a 150 kilómetros.
Innovaciones
Volt reemplaza lo mecánico por lo tecnológico. No tiene chasis, partes metálicas, caja de cambio ni botones. Se carga en enchufes comunes, tiene dos motores que mueven las ruedas traseras y un único pedal que acelera y frena.
Tampoco tiene llaves. Se abre y se enciende con el celular, con el que también controla el vehículo a distancia, activa luces o aire acondicionado, abre ventanas y permite saber la ubicación y la energía que le queda en la batería, ya que está conectado a la web a través de dispositivos IoT (internet de las cosas) que emiten información permanentemente.
El auto tiene una pantalla de 17 pulgadas desde donde se controlan las funciones, se maneja el celular “de manera espejo” y ofrece música, videos y televisión digital.
Además, tiene un sistema head-up display que proyecta la pantalla en el parabrisas (para que el conductor no mire hacia abajo), y cuenta con sensores atrás y a los costados para manejo y estacionamiento, según indicó Moyano.
También innova en lo comercial y en lo productivo. “La venta se hará por internet (www.voltmotors.com.ar), pero tendremos Volt Stores, locales para que el cliente pueda verlo y probarlo; el primero se abrirá (desde hoy) en Ciudad Empresaria”, dijo Parodi.
El vehículo tiene 50 por ciento de componentes locales (tiene cerca de 20 proveedores), y la producción se hará en “células”, que con 100 empleados pueden fabricar tres mil unidades por año, ubicadas en la zona en la que se venden.
Apoyo estatal
En el evento, Mestre anunció que eximirá del 40 por ciento de la tasa de Comercio e Industria a las empresas de producción sustentable y de dos años del Automotor a los usuarios.
Por su parte, Schiaretti dijo que eximirá de impuestos por 10 años a los fabricantes, ofrecerá créditos prendarios del Banco de Córdoba a cuatro años y aplicará el programa de tarifa reducida al usuario para cargar el auto por la noche. Además, confirmó que comprará tres unidades para Epec y 10 para la administración provincial.
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Fecha de Publicación: 26/11/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional - Córdoba
Volt Motors presentó ayer la preserie de un city car eléctrico que venderá desde hoy y que entregará desde abril de 2019, con mira en el usuario urbano, pero con el objetivo comercial puesto en el cliente corporativo.
Es el primer auto eléctrico desarrollado y fabricado en el país en forma comercial. La firma fue fundada por Daniel Parodi, presidente de Ciudad Empresaria, y Javier Moyano, ingeniero con trayectoria en el sector aeronáutico.
La presentación se hizo ante mil personas, en un evento presidido por el gobernador Juan Schiaretti, el intendente Ramón Mestre, y por parte del Gobierno nacional: el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y el secretario de Industria, Fernando Grasso.
Volt fue autorizada como terminal automotriz por la Nación, pero restan licencias del vehículo que se lograrían en marzo.
La firma presentó dos versiones: el Volt e1, para particulares, a un precio de 750 mil pesos, aunque los primeras 100 unidades saldrán con una bonificación de 80 mil pesos; y Volt w1, para clientes corporativos y profesionales, que soporta una carga de hasta 300 kilos y costará 650 mil pesos.
Como todo city car, es para uso urbano. Tienen dos asientos (atrás se pueden colocar dos butacas, una para bebé y otra para niño de hasta 12 años), pesan 550 kilogramos, la velocidad máxima es de 110 kilómetros por hora y las baterías duran de 120 a 150 kilómetros.
Innovaciones
Volt reemplaza lo mecánico por lo tecnológico. No tiene chasis, partes metálicas, caja de cambio ni botones. Se carga en enchufes comunes, tiene dos motores que mueven las ruedas traseras y un único pedal que acelera y frena.
Tampoco tiene llaves. Se abre y se enciende con el celular, con el que también controla el vehículo a distancia, activa luces o aire acondicionado, abre ventanas y permite saber la ubicación y la energía que le queda en la batería, ya que está conectado a la web a través de dispositivos IoT (internet de las cosas) que emiten información permanentemente.
El auto tiene una pantalla de 17 pulgadas desde donde se controlan las funciones, se maneja el celular “de manera espejo” y ofrece música, videos y televisión digital.
Además, tiene un sistema head-up display que proyecta la pantalla en el parabrisas (para que el conductor no mire hacia abajo), y cuenta con sensores atrás y a los costados para manejo y estacionamiento, según indicó Moyano.
También innova en lo comercial y en lo productivo. “La venta se hará por internet (www.voltmotors.com.ar), pero tendremos Volt Stores, locales para que el cliente pueda verlo y probarlo; el primero se abrirá (desde hoy) en Ciudad Empresaria”, dijo Parodi.
El vehículo tiene 50 por ciento de componentes locales (tiene cerca de 20 proveedores), y la producción se hará en “células”, que con 100 empleados pueden fabricar tres mil unidades por año, ubicadas en la zona en la que se venden.
Apoyo estatal
En el evento, Mestre anunció que eximirá del 40 por ciento de la tasa de Comercio e Industria a las empresas de producción sustentable y de dos años del Automotor a los usuarios.
Por su parte, Schiaretti dijo que eximirá de impuestos por 10 años a los fabricantes, ofrecerá créditos prendarios del Banco de Córdoba a cuatro años y aplicará el programa de tarifa reducida al usuario para cargar el auto por la noche. Además, confirmó que comprará tres unidades para Epec y 10 para la administración provincial.
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Exar comienza la producción de litio más grande del país
Comienza la producción de litio más importante del país en Jujuy
Fecha de Publicación: 26/11/2018
Fuente: El Cronista Comercial
Provincia/Región: Jujuy
Exar, que invertirá en la primera etapa u$s 430 millones, inició la operación de una de las 20 pozas previstas. En 2022, con la expansión, se llegaría a las 50.000 toneladas
Tras la puesta en marcha del proceso productivo del yacimiento de Litio Olaroz-Caucharí, el presidente y CEO de Minera Exar Franco Mignacco espera producir en la primera fase 25.000 toneladas de carbonato de litio. El proyecto, en el que se llevan invertidos más de u$s 100 millones de dólares tendrá la producción más importante del país.
El yacimiento Olaroz-Cauchari está ubicado en el departamento Susques, al sur de la puna jujeña y allí se van a construir en total 20 pozas a lo largo de 1200 hectáreas. El martes pasado se inició la operación del llenado de la primera fosa de evaporación, la cual tiene 2 kilómetros de largo por 300 metros de ancho y con capacidad de llenado de 1,9 metros de salmuera. "La poza, en sí, es como una planta porque el proceso se inicia aquí con la pre-concentración y decantado de la salmuera que se extiende durante 18 a 24 meses. Una vez que la salmuera está lista, ingresa a la planta química para finalizar el proceso de carbonato de litio", destacó Mignacco.
La inversión prevista para la primera fase es de u$s 430 millones, más impuestos. "Durante el primer semestre del 2020, Exar estará produciendo una tonelada de carbonato de litio y lo venderá al mercado de las baterías de litio. Ya comenzamos a construir la segunda y la tercera poza", contó Mignacco a El Cronista.
ýExar es una joint venture que pertenece a Lithium Americas (62,5%) y Ganfeng Lithium (37,5%). "El 31 de octubre se incorporó Ganfeng como nuevo accionista. La empresa es el mayor productor chino de litio y el tercero a nivel mundial. La compañía accedió al proyecto mediante la compra de la parte de SQM. De este modo, quedo conformado el nuevo paquete accionista", señaló Mignacco. El proyecto es operado por una sociedad público-privada, donde la empresa estatal Jujuy Energía Minería S.E. (JEMSE) participa con un 8,5%.
Según Mignacco, el 80% de la producción estará en manos de Ganfeng porque la firma adelantó prestamos a cambio de abastecerse de producto. El litio producido será trasladado a China, Tailandia, Corea, Japón y Alemania para hacer baterías; luego a los Estados Unidos, Europa y a China para fabricar autos eléctricos. El proyecto posee una vida útil estimada de más de 40 años.
Exar tiene actualmente 190 trabajadores, de los cuales casi la mitad pertenece a las comunidades de Pastos Chicos, Huancar, Puesto Sey y Susques, entre otras, del departamento Susques. Indirectamente trabajan 350 personas más. Mignacco calcula que para el año que viene serán 800 empleados directos.
Para 2022 está prevista la segunda etapa del proyecto, que implica la expansión. En esta instancia, se podrá duplicar la producción, totalizando 50.000 toneladas de carbonato de litio. En esta fase, se requerirá una inversión adicional de u$s 266 millones.
En relación al contexto económico argentino, el CEO de Minera Exar dijo: "Al ser el litio un recurso demandado en el mundo, la inversión se mantuvo más allá del contexto del país. Es más, el proyecto se vio favorecido porque los dólares rendían más. De todos modos, estos desajustes de la economía se van a ir acomodando".
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Fecha de Publicación: 26/11/2018
Fuente: El Cronista Comercial
Provincia/Región: Jujuy
Exar, que invertirá en la primera etapa u$s 430 millones, inició la operación de una de las 20 pozas previstas. En 2022, con la expansión, se llegaría a las 50.000 toneladas
Tras la puesta en marcha del proceso productivo del yacimiento de Litio Olaroz-Caucharí, el presidente y CEO de Minera Exar Franco Mignacco espera producir en la primera fase 25.000 toneladas de carbonato de litio. El proyecto, en el que se llevan invertidos más de u$s 100 millones de dólares tendrá la producción más importante del país.
El yacimiento Olaroz-Cauchari está ubicado en el departamento Susques, al sur de la puna jujeña y allí se van a construir en total 20 pozas a lo largo de 1200 hectáreas. El martes pasado se inició la operación del llenado de la primera fosa de evaporación, la cual tiene 2 kilómetros de largo por 300 metros de ancho y con capacidad de llenado de 1,9 metros de salmuera. "La poza, en sí, es como una planta porque el proceso se inicia aquí con la pre-concentración y decantado de la salmuera que se extiende durante 18 a 24 meses. Una vez que la salmuera está lista, ingresa a la planta química para finalizar el proceso de carbonato de litio", destacó Mignacco.
La inversión prevista para la primera fase es de u$s 430 millones, más impuestos. "Durante el primer semestre del 2020, Exar estará produciendo una tonelada de carbonato de litio y lo venderá al mercado de las baterías de litio. Ya comenzamos a construir la segunda y la tercera poza", contó Mignacco a El Cronista.
ýExar es una joint venture que pertenece a Lithium Americas (62,5%) y Ganfeng Lithium (37,5%). "El 31 de octubre se incorporó Ganfeng como nuevo accionista. La empresa es el mayor productor chino de litio y el tercero a nivel mundial. La compañía accedió al proyecto mediante la compra de la parte de SQM. De este modo, quedo conformado el nuevo paquete accionista", señaló Mignacco. El proyecto es operado por una sociedad público-privada, donde la empresa estatal Jujuy Energía Minería S.E. (JEMSE) participa con un 8,5%.
Según Mignacco, el 80% de la producción estará en manos de Ganfeng porque la firma adelantó prestamos a cambio de abastecerse de producto. El litio producido será trasladado a China, Tailandia, Corea, Japón y Alemania para hacer baterías; luego a los Estados Unidos, Europa y a China para fabricar autos eléctricos. El proyecto posee una vida útil estimada de más de 40 años.
Exar tiene actualmente 190 trabajadores, de los cuales casi la mitad pertenece a las comunidades de Pastos Chicos, Huancar, Puesto Sey y Susques, entre otras, del departamento Susques. Indirectamente trabajan 350 personas más. Mignacco calcula que para el año que viene serán 800 empleados directos.
Para 2022 está prevista la segunda etapa del proyecto, que implica la expansión. En esta instancia, se podrá duplicar la producción, totalizando 50.000 toneladas de carbonato de litio. En esta fase, se requerirá una inversión adicional de u$s 266 millones.
En relación al contexto económico argentino, el CEO de Minera Exar dijo: "Al ser el litio un recurso demandado en el mundo, la inversión se mantuvo más allá del contexto del país. Es más, el proyecto se vio favorecido porque los dólares rendían más. De todos modos, estos desajustes de la economía se van a ir acomodando".
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Entre Ríos: sigue la presión para fumigar en cualquier lado
Productores confían que Bordet resolverá políticamente el conflicto por los fitosanitarios
Fecha de Publicación: 26/11/2018
Fuente: AIM
Provincia/Región: Entre Ríos
La Mesa de Enlace Gualeguaychú informó a AIM que acordó con el gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, un decreto reglamentario que pondrá fin al conflicto por la aplicación de fitosanitarios en inmediaciones de escuelas rurales. El fallo de la corte deja sin producir a miles de productores y frena el cultivo en alrededor de 300 mil hectáreas.
En el marco de la visita del gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, a Gualeguaychú, integrantes de la Mesa de Enlace local se reunieron con el mandatario entrerriano a los efectos abordar la problemática que enfrentan los productores luego que el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (Stjer), prohibiera las fumigaciones con agroquímicos a menos de mil y tres mil metros de distancia –según el tipo de pulverización- de las escuelas rurales.
Los dirigentes rurales valoraron el hecho de haber podido hablar sin intermediarios con el gobernador y expresaron: “Pudimos plantear la situación que atraviesan miles de productores y en este sentido, encontramos similar preocupación en Bordet, quién comentó que su gobierno se encuentra en constante contacto con la secretaría de Agroindustria de la Nación por este y otros temas”.
En tanto, los ruralistas -quienes estuvieron acompañados por el senador nacional, Alfredo De Ángeli y su par departamental, Nicolás Mattiauda-, aseguraron que el gobernador se “comprometió” a firmar la semana entrante el decreto reglamentario que establecerá las normativas para las fumigaciones con agroquímicos en toda la provincia, hecho que subsanará el vacío legal existente en este particular.
Además, señalaron que plantearon al gobernador “la imperiosa necesidad de que el Estado entrerriano sea eficiente en los controles a los productores ya que la Secretaría de la Producción no contaría hoy con la logística necesaria para esa tarea. Y en ese punto, la ministra de Gobierno, Rosario Romero, presente en la reunión, se comprometió a abocar móviles de otras reparticiones a tal efecto a la brevedad para ser eficiente en el contralor”.
Por último, destacaron que “la ausencia de una norma moderna y las falencias en el control son déficits del Estado y debe ser resuelto con carácter de urgente. Es imposible producir en este estado de incertidumbre y el gobernador debe poner límite a tanta precariedad en las formas de producción. Ojalá la semana que viene, el decreto reglamentario sea un paso fundamental para la normalización de la actividad agrícola”, finalizaron.
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Fecha de Publicación: 26/11/2018
Fuente: AIM
Provincia/Región: Entre Ríos
La Mesa de Enlace Gualeguaychú informó a AIM que acordó con el gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, un decreto reglamentario que pondrá fin al conflicto por la aplicación de fitosanitarios en inmediaciones de escuelas rurales. El fallo de la corte deja sin producir a miles de productores y frena el cultivo en alrededor de 300 mil hectáreas.
En el marco de la visita del gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, a Gualeguaychú, integrantes de la Mesa de Enlace local se reunieron con el mandatario entrerriano a los efectos abordar la problemática que enfrentan los productores luego que el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (Stjer), prohibiera las fumigaciones con agroquímicos a menos de mil y tres mil metros de distancia –según el tipo de pulverización- de las escuelas rurales.
Los dirigentes rurales valoraron el hecho de haber podido hablar sin intermediarios con el gobernador y expresaron: “Pudimos plantear la situación que atraviesan miles de productores y en este sentido, encontramos similar preocupación en Bordet, quién comentó que su gobierno se encuentra en constante contacto con la secretaría de Agroindustria de la Nación por este y otros temas”.
En tanto, los ruralistas -quienes estuvieron acompañados por el senador nacional, Alfredo De Ángeli y su par departamental, Nicolás Mattiauda-, aseguraron que el gobernador se “comprometió” a firmar la semana entrante el decreto reglamentario que establecerá las normativas para las fumigaciones con agroquímicos en toda la provincia, hecho que subsanará el vacío legal existente en este particular.
Además, señalaron que plantearon al gobernador “la imperiosa necesidad de que el Estado entrerriano sea eficiente en los controles a los productores ya que la Secretaría de la Producción no contaría hoy con la logística necesaria para esa tarea. Y en ese punto, la ministra de Gobierno, Rosario Romero, presente en la reunión, se comprometió a abocar móviles de otras reparticiones a tal efecto a la brevedad para ser eficiente en el contralor”.
Por último, destacaron que “la ausencia de una norma moderna y las falencias en el control son déficits del Estado y debe ser resuelto con carácter de urgente. Es imposible producir en este estado de incertidumbre y el gobernador debe poner límite a tanta precariedad en las formas de producción. Ojalá la semana que viene, el decreto reglamentario sea un paso fundamental para la normalización de la actividad agrícola”, finalizaron.
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La reforma de la ley 7.722 con final abierto
No se debatirán cambios a la ley minera si no hay consenso
Fecha de Publicación: 25/11/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
En el PJ hay puja entre legisladores a favor y en contra y podría declararse la libertad de acción para los bloques.
El Senado provincial está en proceso de discusión de los proyectos de reforma de la ley 7.722, que regula la actividad minera en Mendoza. Las dos iniciativas del peronismo, una del kirchnerista Alejandro Abraham, y la otra del peronista orgánico Juan Agulles, deberán contar primero con el aval de las comisiones internas de la Cámara Baja, aunque desde la Legislatura ya adelantaron que no se dará la discusión en el recinto si no están los votos necesarios para que se logre la aprobación.
Durante varias semanas participaron diferentes actores de la sociedad, quienes expresaron con opiniones, posturas y también investigaciones, la necesidad o no de reformar una de las leyes que ha generado polémica cada vez que se ha hablado del tema de ampliación de la matriz productiva, con el desarrollo minero a gran escala.
Los proyectos, que llevan días de debate, se encuentran en las comisiones de senadores de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), Hidrocarburos y Ambiente. Allí, durante cinco semanas pasaron funcionarios de Gobierno, asambleístas del cuidado del agua, especialistas en geología, gremios, cámaras empresariales y profesionales que han estudiado el tema, quienes dieron sus opiniones sobre la 7.722, que rige desde hace más de 10 años.
El jueves pasado concluyeron estas audiencias, por lo que ahora se verá lo estrictamente político, debido a que el proyecto de reforma de la llamada "ley antiminera", deberá conseguir primero despacho, es decir, la aprobación de la mitad más uno de los legisladores que integran las comisiones, para que se trate sobre tablas en la sesión del Senado.
El gobernador Alfredo Cornejo ya adelantó que no impulsará la derogación de la 7.722 sino hay alto consenso político y manifestó que cree que se necesita ser reformada, tal como propusieron Agulles y Abraham.
“La minería es una industria lícita, pese a que la mayoría de los mendocinos cree lo contrario. Nosotros hemos generado un nuevo clima para el debate de esa ley y que no se dé demagógicamente”, agregó el mandatario.
Además agregó que “están aquellos que dicen que la minería es peor que la Segunda Guerra Mundial. Cuando uno quiere cambiar, meten miedo. La estrategia del miedo es la más cobarde a esta altura de la cultura mundial”, completó.
Panorama legislativo
Las posturas políticas no están todavía planteadas por un sí o por el no a la modificación del proyecto, salvo algunas expresiones de manera individual.
En el frente Cambia Mendoza, el jefe de bloque radical, Diego Costarelli, aseguró que, salvo Ernesto Mancinelli (Libres del Sur), no hay grandes disidencias para rechazar las reformas, que han sido avaladas por el Gobernador y algunos funcionarios, como el subsecretario de Energía, Emilio Guiñazú; o el secretario de Ambiente, Humberto Mingorance.
No obstante, en base a lo que pueda ocurrir en las comisiones, luego tendrán reuniones de bloque para sentar las posturas y opiniones de algunos legisladores representantes de departamentos con más resistencia a la reforma de la 7.722, como puede ser General Alvear o las comunas del Valle de Uco.
Sin embargo, el ánimo que reina en el bloque oficialista es no ser impulsores de las modificaciones. La palabra “consenso” dicha por Cornejo resuena en los rumores: el oficialismo se sentará a votar, siempre y cuando haya voluntades dispuestas a hacerlo en la oposición. Tiene que haber una mayoría para aprobar las enmiendas o no se llega al recinto.
En el Partido Justicialista, todo indica que las diferencias estarán más vivas que nunca, aun teniendo en cuenta que ha sido el partido propulsor de las reformas, y también que ha destacado la necesidad de unión en la Legislatura que promueve la nueva dirigencia, que tiene a Guillermo Carmona como presidente.
Patricia Fadel, jefa de bloque del PJ orgánico, adelantó que ella está en contra de la reforma de la 7.722 y señaló que en los próximos días se realizarán reuniones entre el PJ, Unidad Ciudadana y la nueva dirigencia, para resolver este tema.
“Como tenemos que intentar mantener la unidad, y este es un tema que nos puede desunir, quizás lograr libertad de acción sería la mejor medida a tomar”, señaló la legisladora.
No obstante, el autor de uno de los proyectos, Alejandro Abraham, indicó que para evitar las especulaciones políticas, quizás lo mejor sería que no haya individualismos y se determine una “política de estado” entre los diferentes partidos.
Para eso se buscará realizar los retoques necesarios al proyecto para “sacar la mejor ley posible. De las exposiciones recibimos muy buenas propuestas para mejorar el proyecto”, señaló el ex intendente de Guaymallén.
En este sentido, las ideas van desde agregar controles internacionales hasta destinar más recursos de las regalías mineras para mejorar la infraestructura del riego agropecuario, entre otros.
Finalmente, desde el Frente de Izquierda se han mostrado desde el comienzo en contra de la modificación de la 7.722; mientras que en el fragmentado Partido Intransigente, Marcelo Romano (Protectora) también se opone a los cambios, aunque los demás senadores (Daniel Galdeano y Héctor Bonarrico) aún no definieron su postura.
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Fecha de Publicación: 25/11/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
En el PJ hay puja entre legisladores a favor y en contra y podría declararse la libertad de acción para los bloques.
El Senado provincial está en proceso de discusión de los proyectos de reforma de la ley 7.722, que regula la actividad minera en Mendoza. Las dos iniciativas del peronismo, una del kirchnerista Alejandro Abraham, y la otra del peronista orgánico Juan Agulles, deberán contar primero con el aval de las comisiones internas de la Cámara Baja, aunque desde la Legislatura ya adelantaron que no se dará la discusión en el recinto si no están los votos necesarios para que se logre la aprobación.
Durante varias semanas participaron diferentes actores de la sociedad, quienes expresaron con opiniones, posturas y también investigaciones, la necesidad o no de reformar una de las leyes que ha generado polémica cada vez que se ha hablado del tema de ampliación de la matriz productiva, con el desarrollo minero a gran escala.
Los proyectos, que llevan días de debate, se encuentran en las comisiones de senadores de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), Hidrocarburos y Ambiente. Allí, durante cinco semanas pasaron funcionarios de Gobierno, asambleístas del cuidado del agua, especialistas en geología, gremios, cámaras empresariales y profesionales que han estudiado el tema, quienes dieron sus opiniones sobre la 7.722, que rige desde hace más de 10 años.
El jueves pasado concluyeron estas audiencias, por lo que ahora se verá lo estrictamente político, debido a que el proyecto de reforma de la llamada "ley antiminera", deberá conseguir primero despacho, es decir, la aprobación de la mitad más uno de los legisladores que integran las comisiones, para que se trate sobre tablas en la sesión del Senado.
El gobernador Alfredo Cornejo ya adelantó que no impulsará la derogación de la 7.722 sino hay alto consenso político y manifestó que cree que se necesita ser reformada, tal como propusieron Agulles y Abraham.
“La minería es una industria lícita, pese a que la mayoría de los mendocinos cree lo contrario. Nosotros hemos generado un nuevo clima para el debate de esa ley y que no se dé demagógicamente”, agregó el mandatario.
Además agregó que “están aquellos que dicen que la minería es peor que la Segunda Guerra Mundial. Cuando uno quiere cambiar, meten miedo. La estrategia del miedo es la más cobarde a esta altura de la cultura mundial”, completó.
Panorama legislativo
Las posturas políticas no están todavía planteadas por un sí o por el no a la modificación del proyecto, salvo algunas expresiones de manera individual.
En el frente Cambia Mendoza, el jefe de bloque radical, Diego Costarelli, aseguró que, salvo Ernesto Mancinelli (Libres del Sur), no hay grandes disidencias para rechazar las reformas, que han sido avaladas por el Gobernador y algunos funcionarios, como el subsecretario de Energía, Emilio Guiñazú; o el secretario de Ambiente, Humberto Mingorance.
No obstante, en base a lo que pueda ocurrir en las comisiones, luego tendrán reuniones de bloque para sentar las posturas y opiniones de algunos legisladores representantes de departamentos con más resistencia a la reforma de la 7.722, como puede ser General Alvear o las comunas del Valle de Uco.
Sin embargo, el ánimo que reina en el bloque oficialista es no ser impulsores de las modificaciones. La palabra “consenso” dicha por Cornejo resuena en los rumores: el oficialismo se sentará a votar, siempre y cuando haya voluntades dispuestas a hacerlo en la oposición. Tiene que haber una mayoría para aprobar las enmiendas o no se llega al recinto.
En el Partido Justicialista, todo indica que las diferencias estarán más vivas que nunca, aun teniendo en cuenta que ha sido el partido propulsor de las reformas, y también que ha destacado la necesidad de unión en la Legislatura que promueve la nueva dirigencia, que tiene a Guillermo Carmona como presidente.
Patricia Fadel, jefa de bloque del PJ orgánico, adelantó que ella está en contra de la reforma de la 7.722 y señaló que en los próximos días se realizarán reuniones entre el PJ, Unidad Ciudadana y la nueva dirigencia, para resolver este tema.
“Como tenemos que intentar mantener la unidad, y este es un tema que nos puede desunir, quizás lograr libertad de acción sería la mejor medida a tomar”, señaló la legisladora.
No obstante, el autor de uno de los proyectos, Alejandro Abraham, indicó que para evitar las especulaciones políticas, quizás lo mejor sería que no haya individualismos y se determine una “política de estado” entre los diferentes partidos.
Para eso se buscará realizar los retoques necesarios al proyecto para “sacar la mejor ley posible. De las exposiciones recibimos muy buenas propuestas para mejorar el proyecto”, señaló el ex intendente de Guaymallén.
En este sentido, las ideas van desde agregar controles internacionales hasta destinar más recursos de las regalías mineras para mejorar la infraestructura del riego agropecuario, entre otros.
Finalmente, desde el Frente de Izquierda se han mostrado desde el comienzo en contra de la modificación de la 7.722; mientras que en el fragmentado Partido Intransigente, Marcelo Romano (Protectora) también se opone a los cambios, aunque los demás senadores (Daniel Galdeano y Héctor Bonarrico) aún no definieron su postura.
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Reunión del Gabinete Nacional de Cambio Climático
Décima reunión del Gabinete Nacional de Cambio Climático
Fecha de Publicación: 25/11/2018
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Los funcionarios nacionales discutieron los avances del año en la materia, de cara a la próxima Conferencia de las Partes, a realizarse en diciembre.
El Secretario de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, y el Secretario de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, Carlos Gentile, participaron esta tarde de la décima Reunión del Gabinete Nacional de Cambio Climático, realizada en la Quinta de Olivos y encabezada por el presidente Mauricio Macri. En el encuentro se compartieron los avances logrados durante el año y se intercambiaron distintas propuestas para consolidar la posición nacional de cara a la Conferencia de las Partes del Cambio Climático (COP24) que se realizará en Katowice, Polonia, el próximo mes de diciembre.
En la reunión se detallaron además los resultados del Plan de Acción Nacional de Industria y Cambio Climático, el proceso de revisión de los planes de acción nacionales presentados en 2017 y las acciones de fortalecimiento de capacidades en el marco de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental.
Finalmente, se presentaron los principales resultados del Grupo de Trabajo de Sustentabilidad Climática del G20 y los productos que se llevarán a la COP24.
En el encuentro también estuvieron presentes: el jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña; el secretario general de Presidencia; Fernando de Andreis, los ministros del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio; de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley; y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Alejandro Finocchiaro. También participaron los secretarios de Gobierno de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao; de Agroindustira, Luis Miguel Etchevehere; y de Modernización, Andrés Ibarra; el vicecanciller de la Nación, Daniel Raimondi, el secretario de Política Económica del Ministerio de Hacienda, Miguel Braun; la directora nacional de Cambio Climático, Soledad Aguilar y otros funcionarios nacionales comprometidos con la temática.
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Fecha de Publicación: 25/11/2018
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Los funcionarios nacionales discutieron los avances del año en la materia, de cara a la próxima Conferencia de las Partes, a realizarse en diciembre.
El Secretario de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, y el Secretario de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, Carlos Gentile, participaron esta tarde de la décima Reunión del Gabinete Nacional de Cambio Climático, realizada en la Quinta de Olivos y encabezada por el presidente Mauricio Macri. En el encuentro se compartieron los avances logrados durante el año y se intercambiaron distintas propuestas para consolidar la posición nacional de cara a la Conferencia de las Partes del Cambio Climático (COP24) que se realizará en Katowice, Polonia, el próximo mes de diciembre.
En la reunión se detallaron además los resultados del Plan de Acción Nacional de Industria y Cambio Climático, el proceso de revisión de los planes de acción nacionales presentados en 2017 y las acciones de fortalecimiento de capacidades en el marco de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental.
Finalmente, se presentaron los principales resultados del Grupo de Trabajo de Sustentabilidad Climática del G20 y los productos que se llevarán a la COP24.
En el encuentro también estuvieron presentes: el jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña; el secretario general de Presidencia; Fernando de Andreis, los ministros del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio; de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley; y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Alejandro Finocchiaro. También participaron los secretarios de Gobierno de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao; de Agroindustira, Luis Miguel Etchevehere; y de Modernización, Andrés Ibarra; el vicecanciller de la Nación, Daniel Raimondi, el secretario de Política Económica del Ministerio de Hacienda, Miguel Braun; la directora nacional de Cambio Climático, Soledad Aguilar y otros funcionarios nacionales comprometidos con la temática.
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Tucumán propone multas a la contaminación sonora
Un drama urbano: proponen multas contra la contaminación sonora
Fecha de Publicación: 25/11/2018
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
La iniciativa contempla la delimitación de zonas según la situación acústica. Las penas en dinero llegan a $ 65.000.
Un proyecto contra la contaminación sonora, idéntico a una ley que rige en Ciudad de Buenos Aires desde 2004, tomará un nuevo impulso mañana, cuando sea tratado en la comisión de Medio Ambiente de la Legislatura.
La propuesta cuenta con el dictamen favorable de Salud Pública desde marzo pasado, y quedará en condiciones de ser debatida en el recinto antes de que termine el año. Esto debe ser resuelto por la comisión de Labor Parlamentaria, que se reunirá hoy con miras a la sesión prevista para el jueves.
El texto, presentado por el radical Raúl Albarracín en febrero, propone un plazo de 180 días al Poder Ejecutivo (PE) para que ponga en vigencia la normativa. La meta parece ambiciosa, teniendo en cuenta que la Legislatura porteña aprobó la ley 1.540 en diciembre de 2004, y los vecinos tuvieron que aguardar hasta mayo de 2007 por el decreto reglamentario.
Hace nueve días, LA GACETA publicó un informe (“Ese infierno urbano que es vivir entre ruidos”) que detalla el estado de situación de la normativa que rige en materia de contaminación sonora. La arquitecta Beatriz Garzón, responsable de la materia electiva Sonido y Hábitat de la Facultad de Arquitectura de la UNT, relató en esa nota sus aportes para la reformulación de una ordenanza en Yerba Buena y su colaboración actual con el municipio capitalino. “Las normas eran de vieja data. Hoy las ciudades cambiaron mucho y es necesario establecer nuevos valores límites admisibles, y especificarlos por áreas”, indicó Garzón.
Este es precisamente uno de los aspectos incluidos en el proyecto firmado por Albarracín. El radical, que preside la comisión de Medio Ambiente, confirmó que el asunto será analizado en ese grupo de trabajo mañana, y consideró que será un paso favorable su discusión en el recinto porque otorgará un marco general al cual los concejos deliberantes podrán adherir.
Al igual que en Ciudad de Buenos Aires, la iniciativa propone un plan de actuación a través de la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia para que en seis meses se elabore “un plan permanente en materia de ruido y vibraciones, el cual será revisado y actualizado en períodos no superiores a cinco años a partir del establecimiento de los Estándares de Calidad Acústica (ECAs)”. Ese programa, además de “líneas de acción”, promueve la “zonificación acústica”; la “evaluación de la situación acústica existente”; medidas “para la reducción y control de la contaminación acústica”, y programas de educación y de capacitación.
El diseño de un “mapa del ruido” permitirá el acceso de la ciudadanía a conocer los alcances de la contaminación sonora en las distintas regiones. Debe contener, entre otros datos, el “número de viviendas en una zona dada que están expuestas a una serie de valores de un indicador de ruido”; y el “número de personas afectadas (molestias sonoras, alteración del sueño, etcétera)”.
Siguiendo el proyecto, esto posibilitará que se delimiten “áreas de protección de sonidos de origen natural”, que serán identificados como “lugares vulnerables al ruido”. “(Son sitios) en que la contaminación acústica producida por la actividad humana resulte imperceptible o pueda ser reducida hasta tales niveles”, expresa el texto. La contracara de esos puntos de la provincia serían las “zonas de situación acústica especial”. Para tratar de llevar paz a los oídos en esos lugares, la Secretaría de Medio Ambiente, con el apoyo de otras reparticiones estatales, podrá aplicar multas que comienzan en $ 200 (para particulares) y alcanzan los $ 65.000 (para emprendimientos que, pese a una orden de cese o clausura, ponga en funcionamiento sus actividades). Para que estas y otras disposiciones rijan, antes de debe aprobar una normativa sancionada hace 15 años por los legisladores porteños.
Definiciones y conceptos
Bel (B) y Decibel (dB).- Bel (B) es un índice adimensional utilizado para expresar el logaritmo decimal de la razón entre un nivel medido y un nivel de referencia, según el proyecto inspirado en la legislación porteña. Decibel (dB) es la décima parte del Bel (B). Es usado para describir niveles de presión, niveles de potencia o niveles de intensidad sonora.
Ruido.- Todo sonido no deseado que moleste, perjudique o afecte a la salud de las personas y los animales, capaz de producir efectos sicológicos o fisiológicos adversos.
Sonido.- Energía que es trasmitida como ondas de presión en el aire u otros medios materiales que puede ser percibida por el oído o detectada por instrumentos de medición.
Molestia sonora.- Sentimiento de displacer asociado con estímulos sonoros que afectan adversamente al individuo y por tanto su calidad de vida.
Vibración.- Perturbación que provoca la oscilación periódica de partículas en un medio elástico, respecto de su posición de equilibrio, a intervalos iguales, y que pasa por las mismas posiciones, animada por la misma velocidad.
Niveles dañinos.- “Estamos soportando niveles muy dañinos”, le dijo a LA GACETA en una nota reciente la arquitecta Beatriz Garzón, responsable de la materia electiva Sonido y Hábitat de la Facultad de Arquitectura de la UNT. De acuerdo a las mediciones que realizaron desde su cátedra, el centro soporta un ruido de entre 90 y 100 dB -una aspiradora andando equivale a 90 dB y 100 a una moto con escape libre-.
En las calles.- Marcelo Barrionuevo, inspector de la Dirección de Control Ambiental y Bromatología de la Municipalidad de la Capital, realizó un recorrido con decibelímetro para una producción de LA GACETA por las calles de la ciudad. Según la Organización Mundial de la Salud, de 65 dB para arriba es perjudicial para el oído. Las más ruidosas son aquellas por las que pasan los colectivos. Cuando suenan bocinas o pasa una moto sin silenciador las marcas superan los 80 dB.
“Tucumán sin ruido”
Para plantear el tema desde la salud pública
También tiene dictamen favorable de la comisión de Salud Pública desde marzo pasado el proyecto de creación del “Programa Tucumán sin Ruido”, que espera por su tratamiento en la comisión de Medio Ambiente. La iniciativa, planteada por el macrista Luis Brodersen, plantea por objeto “generar medios y herramientas de concientización para la sociedad, valiéndose de publicidad vial, folletos, cartillas, videos, talleres, charlas y demás herramientas que sean necesarias”. Además, busca “incluir el ruido como un tema de salud pública importante en la evaluación y (realización de) estudios de impacto ambiental”. “La población tucumana, según el Censo 2010, es casi de 1,5 millón de habitantes. El 77% es urbana y, por ello, generadora de contaminación de diferentes índoles”, argumentó el legislador macrista en la propuesta.
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Suspensión de la licencia ambiental (parcial) de Vaca Muerta
Derrame en Vaca Muerta: YPF cumplirá la suspensión de la licencia ambiental
Fecha de Publicación: 24/11/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Neuquén
La petrolera estatal emitió hoy un comunicado con el fin de referirse a la suspensión de la licencia ambiental en el bloque Bandurria Sur, establecida por el gobierno de la provincia de Neuquén, tras el derrame que se produjo en el área de la formación geológica Vaca Muerta, el pasado 19 de octubre.
"YPF informa que la empresa fue notificada en horas de la tarde del martes 20 de noviembre e inmediatamente acató la medida", explicó el comunicado y precisó que "la misma afecta los pads 8 y 9, donde se produjo la surgencia el día 19 de octubre, y la zona próxima por precaución y no impide el desarrollo en otros pads programados".
"La empresa ha sostenido un diálogo fluido y constante con las autoridades de aplicación, compartiendo sistemáticamente los avances de los trabajos de remediación, que están avanzando rápidamente", aseguraron desde la firma estatal.
Por último, el comunicado destacó que "YPF confía en continuar con un diálogo constructivo y abierto con la autoridad de aplicación y con el gobierno de Neuquén, que les permita seguir trabajando juntos en pos del desarrollo del potencial energético de la provincia, en el marco del cuidado de las personas, el medio ambiente y garantizando la sustentabilidad de las operaciones".
El derrame que se produjo durante la madrugada del viernes 19 de octubre en el área Bandurria Sur de Vaca Muerta fue el primer "blowout" (descontrol de pozo) de los últimos cuatro años en la formación geológica.
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Fecha de Publicación: 24/11/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Neuquén
La petrolera estatal emitió hoy un comunicado con el fin de referirse a la suspensión de la licencia ambiental en el bloque Bandurria Sur, establecida por el gobierno de la provincia de Neuquén, tras el derrame que se produjo en el área de la formación geológica Vaca Muerta, el pasado 19 de octubre.
"YPF informa que la empresa fue notificada en horas de la tarde del martes 20 de noviembre e inmediatamente acató la medida", explicó el comunicado y precisó que "la misma afecta los pads 8 y 9, donde se produjo la surgencia el día 19 de octubre, y la zona próxima por precaución y no impide el desarrollo en otros pads programados".
"La empresa ha sostenido un diálogo fluido y constante con las autoridades de aplicación, compartiendo sistemáticamente los avances de los trabajos de remediación, que están avanzando rápidamente", aseguraron desde la firma estatal.
Por último, el comunicado destacó que "YPF confía en continuar con un diálogo constructivo y abierto con la autoridad de aplicación y con el gobierno de Neuquén, que les permita seguir trabajando juntos en pos del desarrollo del potencial energético de la provincia, en el marco del cuidado de las personas, el medio ambiente y garantizando la sustentabilidad de las operaciones".
El derrame que se produjo durante la madrugada del viernes 19 de octubre en el área Bandurria Sur de Vaca Muerta fue el primer "blowout" (descontrol de pozo) de los últimos cuatro años en la formación geológica.
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Neuquén proyecta una red de monitoreo ambiental
Avalan proyecto para crear una red de estaciones de monitoreo ambiental en Neuquén
Fecha de Publicación: 24/11/2018
Fuente: Diario 7 Lagos
Provincia/Región: Neuquén
El Cofecyt financiará un proyecto municipal que prevé el desarrollo de una red de estaciones de monitoreo ambiental para medir la calidad del agua de los ríos, la contaminación del aire, los rayos UV y la contaminación sonora en la capital provincial.
El Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (Cofecyt) contribuirá a financiar un proyecto en la ciudad capital denominado “Neuquén digital: Monitoreo ambiental para una ciudad inteligente y sostenible”. Mediante esta iniciativa se pretende desarrollar una red de estaciones de monitoreo ambiental para medir la calidad del agua de los ríos, la contaminación del aire, los rayos UV y la contaminación sonora de la ciudad.
Así se informó desde la secretaría del COPADE, autoridad provincial de Ciencia y Tecnología, tras recibir la resolución del Cofecyt anunciando el envío de los fondos correspondientes a la convocatoria para la asignación de aportes no reembolsables destinados a financiar planes de Desarrollo Tecnológico Municipal (Detem).
El proyecto fue avalado por el área provincial de Ciencia y Tecnología en el marco del trabajo que se viene desarrollando a nivel territorial en tal materia, conforme lo establecido en el Plan Quinquenal 2019-2023. Este plan, presentado por el gobernador Omar Gutiérrez, propone la modernización del Estado como uno de los cuatro grandes ejes de visión estratégica de gestión que aúnan políticas sectoriales y transversales. Los otros tres ejes son: diversificación económica, articulación público-privada y equilibrio territorial.
El objetivo de este proyecto es incorporar tecnología para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y cuidar el medioambiente y la salud de las personas.
El plan demandará una inversión de 2.270.000 de pesos, de los cuales 1.588.000 pesos serán aportados por el área nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. La municipalidad deberá hacerse cargo de los restantes 682.000 pesos.
Del acuerdo también participa la Fundación de la Universidad Nacional del Comahue para el Desarrollo Regional (Funyder), en carácter de Unidad de Vinculación Tecnológica administradora del subsidio.
Implementación del proyecto
El plan constará de tres etapas: la primera incluye la determinación de la arquitectura de la red de comunicaciones y de sitios de muestreo: un estudio de las tecnologías y especificaciones necesarias, la búsqueda de antecedentes e información sobre calidad de cursos de agua, aire y sonido ambiente; y la incorporación de tecnología.
En una segunda etapa se desarrollará una estación ambiental y la puesta en funcionamiento de la red de monitoreo: montaje, instalación y puesta en marcha de las estaciones de aire y sonido, y la red de comunicaciones.
Luego, se realizará una propuesta de intervención a través de la educación ambiental, donde se realizarán mapeos ambientales a través de la metodología de la cartografía social. Asimismo se llevará a cabo la programación y desarrollo de sistemas, con la creación de una página web y una aplicación móvil.
En una tercera etapa, está prevista la transferencia de la experiencia a otros municipios de la zona Confluencia; y la búsqueda de la generación de conciencia ambiental y evaluación. Asimismo, se presentará un portal de datos abiertos, mediante unas jornadas de sociabilización y de difusión de la información generada.
Además de buscar beneficiar a los ciudadanos neuquinos, el proyecto pretende tener repercusión en los municipios de la Región Metropolitana Confluencia; y reúne a estudiantes, investigadores y docentes de la Facultad de Ingeniería (FAIN), y de Ciencias del Ambiente y la Salud (Facias) de la Universidad Naciona del Comahue; organizaciones civiles; y organismos del Estado como los Colegios de Profesionales del Ambiente, y de Ingenieros; la Red en Defensa de los Ríos; la Defensoría del Pueblo de Neuquén; y la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC).
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Fecha de Publicación: 24/11/2018
Fuente: Diario 7 Lagos
Provincia/Región: Neuquén
El Cofecyt financiará un proyecto municipal que prevé el desarrollo de una red de estaciones de monitoreo ambiental para medir la calidad del agua de los ríos, la contaminación del aire, los rayos UV y la contaminación sonora en la capital provincial.
El Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (Cofecyt) contribuirá a financiar un proyecto en la ciudad capital denominado “Neuquén digital: Monitoreo ambiental para una ciudad inteligente y sostenible”. Mediante esta iniciativa se pretende desarrollar una red de estaciones de monitoreo ambiental para medir la calidad del agua de los ríos, la contaminación del aire, los rayos UV y la contaminación sonora de la ciudad.
Así se informó desde la secretaría del COPADE, autoridad provincial de Ciencia y Tecnología, tras recibir la resolución del Cofecyt anunciando el envío de los fondos correspondientes a la convocatoria para la asignación de aportes no reembolsables destinados a financiar planes de Desarrollo Tecnológico Municipal (Detem).
El proyecto fue avalado por el área provincial de Ciencia y Tecnología en el marco del trabajo que se viene desarrollando a nivel territorial en tal materia, conforme lo establecido en el Plan Quinquenal 2019-2023. Este plan, presentado por el gobernador Omar Gutiérrez, propone la modernización del Estado como uno de los cuatro grandes ejes de visión estratégica de gestión que aúnan políticas sectoriales y transversales. Los otros tres ejes son: diversificación económica, articulación público-privada y equilibrio territorial.
El objetivo de este proyecto es incorporar tecnología para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y cuidar el medioambiente y la salud de las personas.
El plan demandará una inversión de 2.270.000 de pesos, de los cuales 1.588.000 pesos serán aportados por el área nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. La municipalidad deberá hacerse cargo de los restantes 682.000 pesos.
Del acuerdo también participa la Fundación de la Universidad Nacional del Comahue para el Desarrollo Regional (Funyder), en carácter de Unidad de Vinculación Tecnológica administradora del subsidio.
Implementación del proyecto
El plan constará de tres etapas: la primera incluye la determinación de la arquitectura de la red de comunicaciones y de sitios de muestreo: un estudio de las tecnologías y especificaciones necesarias, la búsqueda de antecedentes e información sobre calidad de cursos de agua, aire y sonido ambiente; y la incorporación de tecnología.
En una segunda etapa se desarrollará una estación ambiental y la puesta en funcionamiento de la red de monitoreo: montaje, instalación y puesta en marcha de las estaciones de aire y sonido, y la red de comunicaciones.
Luego, se realizará una propuesta de intervención a través de la educación ambiental, donde se realizarán mapeos ambientales a través de la metodología de la cartografía social. Asimismo se llevará a cabo la programación y desarrollo de sistemas, con la creación de una página web y una aplicación móvil.
En una tercera etapa, está prevista la transferencia de la experiencia a otros municipios de la zona Confluencia; y la búsqueda de la generación de conciencia ambiental y evaluación. Asimismo, se presentará un portal de datos abiertos, mediante unas jornadas de sociabilización y de difusión de la información generada.
Además de buscar beneficiar a los ciudadanos neuquinos, el proyecto pretende tener repercusión en los municipios de la Región Metropolitana Confluencia; y reúne a estudiantes, investigadores y docentes de la Facultad de Ingeniería (FAIN), y de Ciencias del Ambiente y la Salud (Facias) de la Universidad Naciona del Comahue; organizaciones civiles; y organismos del Estado como los Colegios de Profesionales del Ambiente, y de Ingenieros; la Red en Defensa de los Ríos; la Defensoría del Pueblo de Neuquén; y la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC).
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Abordaron en Salta la prueba pericial ambiental
Debate en Salta sobre peritaje ambiental
Fecha de Publicación: 24/11/2018
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Profesionales de la provincia, nacionales e internacionales abordaron los desafíos actuales de la prueba pericial ambiental.
La Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, que lidera el rabino Sergio Bergman, organizó con la Universidad Católica de Salta las jornadas internacionales de peritaje ambiental “Una visión técnico-científica de la justicia ambiental”. Los encuentros se llevaron a cabo los días 15 y 16 de noviembre, en el Aula Magna de la Universidad Católica Argentina de Salta.
La apertura estuvo a cargo de Mariela Chervin, subsecretaria Interjurisdiccional e Interinstitucional del organismo nacional ambiental, quien destacó la reciente firma del Acuerdo de Escazú por parte de Argentina y el proceso de ratificación en curso, como compromiso del país y la región hacia el estado de derecho ambiental. También resaltó la interdependencia de la tríada de acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales.
Durante las jornadas se realizaron exposiciones en torno a los desafíos del peritaje ambiental: los elementos a considerar, la experiencia europea y chilena; la valoración judicial-técnica de las pericias ambientales y la estimación económica del daño ambiental.
En la apertura también participaron Rodolfo Gallo Cornejo, rector de la Universidad Católica de Salta; y Paula Bibini, ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de esa provincia. Asimismo, el encuentro contó con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
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Fecha de Publicación: 24/11/2018
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Profesionales de la provincia, nacionales e internacionales abordaron los desafíos actuales de la prueba pericial ambiental.
La Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, que lidera el rabino Sergio Bergman, organizó con la Universidad Católica de Salta las jornadas internacionales de peritaje ambiental “Una visión técnico-científica de la justicia ambiental”. Los encuentros se llevaron a cabo los días 15 y 16 de noviembre, en el Aula Magna de la Universidad Católica Argentina de Salta.
La apertura estuvo a cargo de Mariela Chervin, subsecretaria Interjurisdiccional e Interinstitucional del organismo nacional ambiental, quien destacó la reciente firma del Acuerdo de Escazú por parte de Argentina y el proceso de ratificación en curso, como compromiso del país y la región hacia el estado de derecho ambiental. También resaltó la interdependencia de la tríada de acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales.
Durante las jornadas se realizaron exposiciones en torno a los desafíos del peritaje ambiental: los elementos a considerar, la experiencia europea y chilena; la valoración judicial-técnica de las pericias ambientales y la estimación económica del daño ambiental.
En la apertura también participaron Rodolfo Gallo Cornejo, rector de la Universidad Católica de Salta; y Paula Bibini, ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de esa provincia. Asimismo, el encuentro contó con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
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Agua Rica, se reactiva la causa judicial
Se reactiva la causa por la que se suspendió la actividad minera
Fecha de Publicación: 23/11/2018
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
Ocho años después de la presentación del amparo ambiental en contra de la actividad minera la causa vuelve a reactivarse.
En agosto de 2016, el juez de Control de Garantías de la segunda circunscripción, Rodolfo Cecenarro había dictaminado la suspensión de la actividad minera en los nevados del Aconquija, lo que implicaba la paralización del proyecto. Cecenarro fue recusado por los grupos ambientalistas y la causa no tuvo juez. Dos años después, el amparo regresa a su juzgado. El magistrado pidió que el fiscal penal de la segunda circunscripción informe ahora si se cumplió la medida que había dictaminado acerca de la suspensión de la actividad .
En agosto de 2016, Cecenarro resolvió a favor del recurso de amparo presentado por ambientalistas y suspendió todo tipo de actividades en el proyecto minero Agua Rica, ubicado en los nevados de Aconquija, Andalgalá. En aquel momento, el juez actuó en sintonía con el fallo que había emitido en marzo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que hizo lugar al recurso de queja presentado en noviembre de 2012 por los ambientalistas que solicitaban el cese de las actividades.
Tras dictar la resolución, grupos ambientalistas recusaron a Cecenarro. El listado de los conjueces que seguían en el listado se inhibieron por distintas razones. La causa fue girada también a Belén, pero por distintas circunstancias nadie se abocó al tratamiento.
Finalmente, la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, del Trabajo y de Minas de Segunda Nominación rechazó la recusación y, dos años despúes, el expediente regresó al Juzgado de Cecenarro.
Según pudo averiguar El Ancasti, el magistrado comenzó con el dictado de algunos decretos para realizar el ordenamiento administrativo de una causa muy voluminosa. Además, porque con el paso del tiempo cambiaron algunos actores, tanto de la demanda como de la defensa de los denunciados.
Además, se requirió informes al fiscal de Instrucción Penal, Alejandro Scidá para conocer si se cumplió con la suspensión de la actividad minera en Andalgalá. La resolución expresaba que la Policía debía dar cumplimiento a la medida de la suspensión de la actividad.
Tras recibir ese informe y notificar a todos los actores involucrados el magistrado deberá decidir si el amparo tiene materia o la causa debería continuar con el trámite de un juicio ordinario. El amparo había sido presentado en el año 2010 y se suponía que era un trámite sumarísimo, ya que ese recurso apunta a la tutela de un derecho.
En principio, se comenzó a notificar de la reactivación de la causa a los vecinos que presentaron el recurso y también a los demandados la empresa Agua Rica, subsidiaria de Yamana Gold, a la Municipalidad de Andalgalá y a Fiscalía de Estado porque la demanda involucra a varios organismos del Estado.
Un expediente de ocho años
- Julio de 2007. Agua Rica presenta su informe de Impacto Ambiental. La empresa pretendía iniciar la explotación del proyecto.
- Marzo de 2009. La Secretaría de Minería, a cargo de José Sinner, durante la gestión del FCS, aprobó de manera condicionada el informe, mediante la Resolución 035/09.
- Enero de 2010. Vecinos Autoconvocados por la Vida, de Andalgalá, presentan un recurso de amparo ante la Corte, que se rechazó en todas las instancias provinciales. El juez Cecenarro también lo había rechazado al considerar que debía ser un trámite ordinario.
- Noviembre de 2012. Se presenta el recurso de queja ante la Corte Suprema de la Nación.
- Marzo de 2016. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordena que se revea la sentencia local y que se atienda el pedido del amparo.
- Septiembre de 2016. El juez Cecenarro, resuelve la suspensión de la actividad minera. Luego fue recusado y la causa se quedó sin juez por dos años. Ahora vuelve.
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Fecha de Publicación: 23/11/2018
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
Ocho años después de la presentación del amparo ambiental en contra de la actividad minera la causa vuelve a reactivarse.
En agosto de 2016, el juez de Control de Garantías de la segunda circunscripción, Rodolfo Cecenarro había dictaminado la suspensión de la actividad minera en los nevados del Aconquija, lo que implicaba la paralización del proyecto. Cecenarro fue recusado por los grupos ambientalistas y la causa no tuvo juez. Dos años después, el amparo regresa a su juzgado. El magistrado pidió que el fiscal penal de la segunda circunscripción informe ahora si se cumplió la medida que había dictaminado acerca de la suspensión de la actividad .
En agosto de 2016, Cecenarro resolvió a favor del recurso de amparo presentado por ambientalistas y suspendió todo tipo de actividades en el proyecto minero Agua Rica, ubicado en los nevados de Aconquija, Andalgalá. En aquel momento, el juez actuó en sintonía con el fallo que había emitido en marzo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que hizo lugar al recurso de queja presentado en noviembre de 2012 por los ambientalistas que solicitaban el cese de las actividades.
Tras dictar la resolución, grupos ambientalistas recusaron a Cecenarro. El listado de los conjueces que seguían en el listado se inhibieron por distintas razones. La causa fue girada también a Belén, pero por distintas circunstancias nadie se abocó al tratamiento.
Finalmente, la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, del Trabajo y de Minas de Segunda Nominación rechazó la recusación y, dos años despúes, el expediente regresó al Juzgado de Cecenarro.
Según pudo averiguar El Ancasti, el magistrado comenzó con el dictado de algunos decretos para realizar el ordenamiento administrativo de una causa muy voluminosa. Además, porque con el paso del tiempo cambiaron algunos actores, tanto de la demanda como de la defensa de los denunciados.
Además, se requirió informes al fiscal de Instrucción Penal, Alejandro Scidá para conocer si se cumplió con la suspensión de la actividad minera en Andalgalá. La resolución expresaba que la Policía debía dar cumplimiento a la medida de la suspensión de la actividad.
Tras recibir ese informe y notificar a todos los actores involucrados el magistrado deberá decidir si el amparo tiene materia o la causa debería continuar con el trámite de un juicio ordinario. El amparo había sido presentado en el año 2010 y se suponía que era un trámite sumarísimo, ya que ese recurso apunta a la tutela de un derecho.
En principio, se comenzó a notificar de la reactivación de la causa a los vecinos que presentaron el recurso y también a los demandados la empresa Agua Rica, subsidiaria de Yamana Gold, a la Municipalidad de Andalgalá y a Fiscalía de Estado porque la demanda involucra a varios organismos del Estado.
Un expediente de ocho años
- Julio de 2007. Agua Rica presenta su informe de Impacto Ambiental. La empresa pretendía iniciar la explotación del proyecto.
- Marzo de 2009. La Secretaría de Minería, a cargo de José Sinner, durante la gestión del FCS, aprobó de manera condicionada el informe, mediante la Resolución 035/09.
- Enero de 2010. Vecinos Autoconvocados por la Vida, de Andalgalá, presentan un recurso de amparo ante la Corte, que se rechazó en todas las instancias provinciales. El juez Cecenarro también lo había rechazado al considerar que debía ser un trámite ordinario.
- Noviembre de 2012. Se presenta el recurso de queja ante la Corte Suprema de la Nación.
- Marzo de 2016. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordena que se revea la sentencia local y que se atienda el pedido del amparo.
- Septiembre de 2016. El juez Cecenarro, resuelve la suspensión de la actividad minera. Luego fue recusado y la causa se quedó sin juez por dos años. Ahora vuelve.
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Proyecto de Ley para identificar pasivos ambientales
Menna presentó un Proyecto de Ley para identificar pasivos ambientales en todo el país
Fecha de Publicación: 23/11/2018
Fuente: El Chubut
Provincia/Región: Nacional
La iniciativa del diputado nacional de Chubut por Cambiemos se trata de la Ley de Presupuestos mínimos para la gestión sustentable de los pasivos ambientales. Prevé fuertes sanciones ante el incumplimiento de la norma. “No podemos hablar de compromiso con las generaciones futuras y de un desarrollo sostenible y sustentable si antes no tenemos compromiso con la remediación y tratamiento de los pasivos ambientales que generamos”, dijo Menna.
Con el objetivo de identificar los pasivos ambientales de las actividades industriales y económicas de todo el país y establecer mecanismos para su remediación, el diputado nacional de Chubut por Cambiemos, Gustavo Menna, presentó en el Congreso un proyecto para crear la “Ley de Presupuestos mínimos para la gestión sustentable de los pasivos ambientales”. La norma prevé fuertes sanciones en los casos de incumplimiento.
La iniciativa fue presentada durante la última semana en el Congreso de la Nación y contó con el acompañamiento de otros nueve legisladores representantes de distintos distritos: Antonio Carambia (PRO-Santa Cruz), Fernando Iglesias (PRO-Ciudad de Buenos Aires), Roxana Reyes (UCR-Santa Cruz), Claudia Najul (UCR-Mendoza), Aída Ayala (UCR-Chaco), Lorena Matzen (UCR-Río Negro), Diego Mestre (UCR-Córdoba), Fabio Quetglas (UCR-Buenos Aires) y Luis Pastori (UCR-Misiones).
El Proyecto de Ley “tiene por objeto establecer los presupuestos mínimos para identificar, censar, registrar los pasivos ambientales provenientes de toda actividad antrópica, y establecer las obligaciones referentes a la recomposición de tales pasivos por parte de los responsables, todo ello a los fines de dar cumplimiento al artículo 41 de la Constitución Nacional”, indica la iniciativa, que prevé ser “de aplicación en todo el territorio argentino, sin perjuicio de lo que dispongan y establezcan las leyes locales dictadas en el marco de la competencia legislativa atribuida a los Estados provinciales”.
En los fundamentos se argumenta que “resulta imprescindible avanzar en la sanción de una ley que permita establecer los presupuestos mínimos para identificar, censar y registrar los pasivos ambientales provenientes de toda actividad antrópica y la obligación de recomponer por parte de los responsables contaminadores”, ya que “son propósitos que van en línea con el mandato constitucional de preservación del ambiente y consecuente prevención del daño ambiental” incluidos en el artículo 41 de la Carta Magna.
Responsabilidad ambiental
“Entendiendo que la responsabilidad pública ambiental debe insertarse en una política de conservación, defensa y mejoramiento del ambiente que incluye la prevención del daño, la gestión ambiental y la reparación del daño en base al derecho de los ciudadanos a disfrutar de un medio ambiente adecuado, debemos dar cumplimiento al mandato constitucional, avanzando en la ampliación de nuestra legislación ambiental”, agrega Menna en los fundamentos.
“No podemos hablar de compromiso con las generaciones futuras y de un desarrollo sostenible y sustentable si antes no tenemos compromiso con la remediación y tratamiento de los pasivos ambientales que generamos"”, añade.
En la propuesta se define el término pasivos ambientales como “todos aquellos daños ambientales que hubiesen consistido en la afectación negativa de la biota, el agua, el suelo, el subsuelo, la atmósfera, los recursos naturales, los ecosistemas y el patrimonio histórico cultural, producidos por cualquier tipo de actividad pública o privada, que impliquen un riesgo permanente o potencial para la salud de la población, el ecosistema circundante y la propiedad, y que la fuente generadora de tal contaminación fuese una actividad abandonada, inactiva o cesada por el titular responsable”.
Además se aclara que se alude a “recomposición” como “las tareas de remediación, saneamiento y todas aquellas tendientes a establecer medidas de seguridad que tienen por finalidad volver el lugar al estado de cosas anterior al daño ambiental producido”.
La norma también refiere a acciones de remediación, de saneamiento, de auditoría de cierre; y se define a daño ambiental como “toda alteración relevante que modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas, o los bienes o valores colectivos”.
Multas y clausuras
En este contexto, el proyecto de Ley establece fuertes sanciones, desde el apercibimiento hasta multa de entre 300 y 100.000 sueldos básicos de la categoría inicial de la administración pública nacional; la suspensión o revocación de las autorizaciones, concesiones, licencias, según corresponda en cada caso; la clausura temporal o definitiva, parcial o total del establecimiento; y la cancelación definitiva de las habilitaciones e inscripciones de los registros correspondientes.
La autoridad de aplicación será la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación “o el organismo de mayor jerarquía con competencia ambiental que en el futuro la reemplace”, dice la iniciativa, al tiempo que indica que el organismo “deberá establecer los criterios o ‘Buenas Prácticas’ para la gestión sustentable de los pasivos ambientales en consulta con los centros de excelencia de máximo nivel científico avocados al estudio ambiental”.
Registro Nacional y Fondo Federal
El proyecto de Ley crea, además, el Registro Nacional de Pasivos Ambientales, “que funcionará en el ámbito de la autoridad nacional de aplicación”, y para el cual “las autoridades competentes de las distintas jurisdicciones remitirán la información correspondiente a su ámbito de competencia territorial y verificarán su inclusión en el registro nacional, el cual será de acceso público”, indica la propuesta.
Y se crea también el Fondo Federal de Recomposición de Pasivos Ambientales, integrado por las multas percibidas por incumplimiento a la ley; las subvenciones, donaciones y legados de personas humanas o jurídicas, nacionales, extranjeras e internacionales; los recursos que determinen leyes especiales; y las asignaciones estipuladas a tal fin en la ley de presupuesto anual.
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Fecha de Publicación: 23/11/2018
Fuente: El Chubut
Provincia/Región: Nacional
La iniciativa del diputado nacional de Chubut por Cambiemos se trata de la Ley de Presupuestos mínimos para la gestión sustentable de los pasivos ambientales. Prevé fuertes sanciones ante el incumplimiento de la norma. “No podemos hablar de compromiso con las generaciones futuras y de un desarrollo sostenible y sustentable si antes no tenemos compromiso con la remediación y tratamiento de los pasivos ambientales que generamos”, dijo Menna.
Con el objetivo de identificar los pasivos ambientales de las actividades industriales y económicas de todo el país y establecer mecanismos para su remediación, el diputado nacional de Chubut por Cambiemos, Gustavo Menna, presentó en el Congreso un proyecto para crear la “Ley de Presupuestos mínimos para la gestión sustentable de los pasivos ambientales”. La norma prevé fuertes sanciones en los casos de incumplimiento.
La iniciativa fue presentada durante la última semana en el Congreso de la Nación y contó con el acompañamiento de otros nueve legisladores representantes de distintos distritos: Antonio Carambia (PRO-Santa Cruz), Fernando Iglesias (PRO-Ciudad de Buenos Aires), Roxana Reyes (UCR-Santa Cruz), Claudia Najul (UCR-Mendoza), Aída Ayala (UCR-Chaco), Lorena Matzen (UCR-Río Negro), Diego Mestre (UCR-Córdoba), Fabio Quetglas (UCR-Buenos Aires) y Luis Pastori (UCR-Misiones).
El Proyecto de Ley “tiene por objeto establecer los presupuestos mínimos para identificar, censar, registrar los pasivos ambientales provenientes de toda actividad antrópica, y establecer las obligaciones referentes a la recomposición de tales pasivos por parte de los responsables, todo ello a los fines de dar cumplimiento al artículo 41 de la Constitución Nacional”, indica la iniciativa, que prevé ser “de aplicación en todo el territorio argentino, sin perjuicio de lo que dispongan y establezcan las leyes locales dictadas en el marco de la competencia legislativa atribuida a los Estados provinciales”.
En los fundamentos se argumenta que “resulta imprescindible avanzar en la sanción de una ley que permita establecer los presupuestos mínimos para identificar, censar y registrar los pasivos ambientales provenientes de toda actividad antrópica y la obligación de recomponer por parte de los responsables contaminadores”, ya que “son propósitos que van en línea con el mandato constitucional de preservación del ambiente y consecuente prevención del daño ambiental” incluidos en el artículo 41 de la Carta Magna.
Responsabilidad ambiental
“Entendiendo que la responsabilidad pública ambiental debe insertarse en una política de conservación, defensa y mejoramiento del ambiente que incluye la prevención del daño, la gestión ambiental y la reparación del daño en base al derecho de los ciudadanos a disfrutar de un medio ambiente adecuado, debemos dar cumplimiento al mandato constitucional, avanzando en la ampliación de nuestra legislación ambiental”, agrega Menna en los fundamentos.
“No podemos hablar de compromiso con las generaciones futuras y de un desarrollo sostenible y sustentable si antes no tenemos compromiso con la remediación y tratamiento de los pasivos ambientales que generamos"”, añade.
En la propuesta se define el término pasivos ambientales como “todos aquellos daños ambientales que hubiesen consistido en la afectación negativa de la biota, el agua, el suelo, el subsuelo, la atmósfera, los recursos naturales, los ecosistemas y el patrimonio histórico cultural, producidos por cualquier tipo de actividad pública o privada, que impliquen un riesgo permanente o potencial para la salud de la población, el ecosistema circundante y la propiedad, y que la fuente generadora de tal contaminación fuese una actividad abandonada, inactiva o cesada por el titular responsable”.
Además se aclara que se alude a “recomposición” como “las tareas de remediación, saneamiento y todas aquellas tendientes a establecer medidas de seguridad que tienen por finalidad volver el lugar al estado de cosas anterior al daño ambiental producido”.
La norma también refiere a acciones de remediación, de saneamiento, de auditoría de cierre; y se define a daño ambiental como “toda alteración relevante que modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas, o los bienes o valores colectivos”.
Multas y clausuras
En este contexto, el proyecto de Ley establece fuertes sanciones, desde el apercibimiento hasta multa de entre 300 y 100.000 sueldos básicos de la categoría inicial de la administración pública nacional; la suspensión o revocación de las autorizaciones, concesiones, licencias, según corresponda en cada caso; la clausura temporal o definitiva, parcial o total del establecimiento; y la cancelación definitiva de las habilitaciones e inscripciones de los registros correspondientes.
La autoridad de aplicación será la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación “o el organismo de mayor jerarquía con competencia ambiental que en el futuro la reemplace”, dice la iniciativa, al tiempo que indica que el organismo “deberá establecer los criterios o ‘Buenas Prácticas’ para la gestión sustentable de los pasivos ambientales en consulta con los centros de excelencia de máximo nivel científico avocados al estudio ambiental”.
Registro Nacional y Fondo Federal
El proyecto de Ley crea, además, el Registro Nacional de Pasivos Ambientales, “que funcionará en el ámbito de la autoridad nacional de aplicación”, y para el cual “las autoridades competentes de las distintas jurisdicciones remitirán la información correspondiente a su ámbito de competencia territorial y verificarán su inclusión en el registro nacional, el cual será de acceso público”, indica la propuesta.
Y se crea también el Fondo Federal de Recomposición de Pasivos Ambientales, integrado por las multas percibidas por incumplimiento a la ley; las subvenciones, donaciones y legados de personas humanas o jurídicas, nacionales, extranjeras e internacionales; los recursos que determinen leyes especiales; y las asignaciones estipuladas a tal fin en la ley de presupuesto anual.
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Tierra del Fuego, aves migratorias y el peligro del petróleo
Contaminación por petróleo es la mayor amenaza para las aves playeras que se refugian en humedal de Tierra del Fuego
Fecha de Publicación: 23/11/2018
Fuente: El Sureño
Provincia/Región: Tierra del Fuego
Investigadores de Bahía Lomas, una de las áreas de conservación más importantes del hemisferio sur, destacan la necesidad de prevenir riesgos para proteger a los más de 60 mil individuos que anualmente migran o residen en el lugar ubicado en el sector chileno de la isla de Tierra del Fuego.
Un enorme restaurante de 59 mil hectáreas de superficie es la metáfora con la que sus investigadores describen Bahía Lomas, un humedal marino costero ubicado en la boca oriental del Estrecho de Magallanes, al norte de la Tierra del Fuego chilena.
Gran parte de los comensales de este particular restaurante son aves playeras, entre las que destaca el playero ártico (Calidris canutus rufa ), especie que cada año viaja 16 mil km entre el Polo Norte y Bahía Lomas para pasar el invierno boreal y alimentarse.
Ahí comparte mesa principalmente con zarapitos de pico recto, playeros de lomo blanco, chorlos de Magallanes, pilpilenes australes y chorlos de doble collar.
Bahía Lomas tiene la variación mareal más amplia de la costa chilena. Durante el día, la marea baja más de 7 kilómetros, dejando al descubierto una vasta planicie donde abundan numerosas especies de gusanos marinos, pequeñas almejas, choritos y otras criaturas que conforman el menú de las aves. Pero sobre este privilegiado ecosistema se ciernen varias amenazas.
“La principal es la contaminación por hidrocarburos provenientes de derrames en las plataformas de extracción activas e inactivas, oleoductos ubicados en la bahía y pozos o ductos cercanos. A eso se suman el tráfico naviero por el Estrecho y posibles derrames en los esteros y el río que desemboca en la bahía por accidentes de camiones que transportan petróleo. Es una bomba de tiempo en términos de hidrocarburos”, advierte Carmen Espoz, decana de la Facultad de Ciencias de la Universidad Santo Tomás y directora del Centro de Investigación Bahía Lomas, perteneciente a esa casa de estudios.
Potencial extinción
Por sus características, Bahía Lomas en uno de los humedales más importantes para aves playeras en el hemisferio sur. Esto le valió ser designado sitio Ramsar en 2004 y sitio de Importancia Hemisférica por la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras, RHRAP, en 2009. Y este año fue incluido por el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) dentro de los 40 sitios que entrarán al Plan Nacional de Protección de Humedales, para lo que se está solicitando darle categoría de Santuario de la Naturaleza.
El temor de un derrame en la bahía o sus alrededores es extendido entre los especialistas chilenos y extranjeros que la semana pasada participaron en el taller “Ecología, Conservación y Manejo de Hábitat de Aves Playeras”, realizado en Punta Arenas por el Centro Bahía Lomas, la ONG Manomet, de ciencias de la conservación (EE.UU.), la RHRAP y el Centro de Rehabilitación de Aves Leñadura.
“El petróleo puede mantenerse por largo tiempo -como se ha visto tras derrames en Alaska y el Golfo de México- y si impacta la zona intermareal puede contaminar a toda la comunidad de invertebrados con que se alimentan las aves migratorias y residentes, las que podrían ingerirlos o morir de hambre”, dice Brad Winn, director de Manejo de Hábitat de Aves Playeras de Manomet.
Diego Luna, especialista en Conservación de la RHRAP agrega que “cualquier accidente o emergencia ambiental que involucre derrame de hidrocarburos en el área durante la temporada de invernada (verano austral) del playero ártico, podría empujar a esta especie a la extinción”. 55% de la población de esta especie en peligro -unos 13 mil individuos- migran cada año hasta ahí para alimentarse y descansar entre octubre y febrero.
En ese sentido, indica Espoz, “la Empresa Nacional de Petróleo (ENAP) es un actor clave en el proceso de conservación de Bahía Lomas, dado que posee diversas operaciones en el área, tanto marítimas como terrestres”.
Consultada al respecto, Enap declaró a través de un comunicado que han contribuido y realizado diversas actividades relacionadas con la conservación del humedal. Entre ellas, “una vez que el humedal se declaró sitio Ramsar en 2004, se decidió dejar fuera de servicio varios oleoductos cercanos a la desembocadura del río ubicado en sus cercanías” y se cambió el sistema de traslado de productos por transporte en camiones. Agregan que mensualmente realizan inspecciones visuales por vía aérea y tienen un plan a largo plazo “para el adecuado manejo y cierre futuro de pozos en las plataformas no productivas”, junto con realizar “simulacros de posibles contingencias de hidrocarburos en conjunto con la Armada”, el último de los cuales se efectuó en marzo.
Para Espoz, sin embargo, lo esencial son “programas de seguridad efectivos y medidas preventivas que incluyan la inspección y mantención regular de instalaciones que datan de los años 70”.
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