Quedó en firme la prohibición de fumigar las escuelas
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La Justicia dejó firme la 'prohibición de fumigar las escuelas'
Fecha de Publicación: 03/11/2018
Fuente: Noticia Uno
Provincia/Región: Entre Ríos
El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos falló a favor de los ambientalistas. No se puede fumigar en inmediaciones de escuelas rurales. Otro fallo histórico en defensa del medio ambiente.
De esta manera se rechazó la nulidad solicitada por el gobierno en la apelación a la sentencia de la Sala ll de la Cámara Segunda de Paraná.
En un extenso fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ) el máximo órgano judicial resolvió confirmar la sentencia de la Cámara Segunda de Paraná, Sala II presidida por Oscar Daniel Benedetto y de esta manera quedó prohibido todo tipo de fumigación aérea (tres mil metros) y terrestre (mil metros) en inmediaciones de escuelas rurales.
Según la sentencia firmada por Daniel Carubia, Miguel Giorgio y Claudia Mizawak, se rechazó la nulidad solicitada por el gobierno provincial en su apelación pero se hizo lugar parcialmente a lo expuesto por el Consejo General de Educación (CGE) en cuanto a la condena contra el organismo para que plante barreras vegetales "y confirmar el resto de la sentencia dictada". Es decir, salvo por la imposición para que el CGE se encargue de la protección en los alrededores de las instituciones, la prohibición de la fumigación de las escuelas quedó firme.
Es otro fallo histórico a favor de la lucha ambiental y la defensa de la vida impulsada por la Coordinadora Basta es Basta. El amparo ambiental firmado por el Foro Ambiental y AGMER obtuvo luz verde en el máximo tribunal de Justicia.
La decisión del máximo órgano judicial de la provincia se tomó este lunes 29 de octubre en la Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal, en los autos caratulados “Foro Ecologista de Paraná y Otra c/Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos y Otros s/Acción de Amparo”. El voto fundamentado fue el de Miguel Giorgio.
Las cuestiones planteadas para resolver en la sentencia fueron dos: si existe nulidad y qué cabe resolver. Sobre el primer punto para desentrañar, el juez consideró que “en un examen ex officio de las actuaciones y de acuerdo al planteo central que han formulado las partes, no se constata la presencia de vicios con entidad y trascendencia suficiente para justificar una sanción nulificante en este estadio del proceso, sin perder de vista a todo esto que tampoco se ha invocado la existencia de causal alguna que genere esa consecuencia procesal”. Al pronunciamiento adhirieron los dos vocales Mizawak y Carubia.
Sobre la segunda cuestión a resolver, Giorgio recordó el fallo de Benedetto en la Cámara Segunda de Paraná. En esa instancia, además de las limitaciones ratificadas se exhortó al Estado provincial para que, a través de sus reparticiones “efectúe en forma exhaustiva y sostenida en el tiempo, los estudios que permitan delinear pautas objetivas en torno al uso racional de químicos y agroquímicos, poniendo el acento precisamente en la prevención de los daños; y a realizar una correcta evaluación que permita determinar el estado de situación actual de contaminación, como paso imprescindible para identificar las medidas que deben adoptarse, su idoneidad y los espacios que deben mejorarse”. “Condenar al Estado provincial y al Consejo General Educación (CGE) a que en el plazo de dos (2) años contados desde la presente, procedan a implantar barreras vegetales a una distancia de ciento cincuenta metros (150 mts.) de todas las escuelas rurales de la Provincia, con las especificaciones detalladas en los considerandos. Suspender de inmediato las aplicaciones de productos fitosanitarios en las áreas sembradas lindantes a las escuelas rurales, en horario de clases, debiendo efectuarse las aplicaciones en horarios de contra turno y/o fines de semana, a modo de asegurar la ausencia de los alumnos y personal docente y no docente en los establecimientos durante las fumigaciones”.
Agregó Giorgio que “contra ese pronunciamiento se interpuso recurso de apelación” porque la “sentencia no respetó el principio de congruencia”. En el mismo recurso se aludió “a la Ley de Plaguicidas Nº 6599” y se manifestó que “es la Secretaría de Producción y no su representado quien se encuentra legitimado para llevar adelante las medidas dispuestas”. Asimismo se refirió a “la existencia de prueba suficiente que acredita que su representada lleva adelante programas de formación de docentes ante esta temática, como así también la difusión del Protocolo de Acción ante Pulverizaciones”.
El fiscal Adjunto de la Fiscalía de Estado de la provincia, Sebastián M. Trinadori, sumó argumentos a esa apelación. Dijo que “la cantidad de hectáreas que resultan improductivas considerando que de acuerdo al informe del Consejo General de Educación, existen 832 escuelas primarias y 137 secundarias que se encuentran en ámbitos rurales”. Se reconoció también “la importancia de adoptar medidas tendientes al cuidado de la salud de la población pero entendiendo que la vía del amparo no es la adecuada debido a la complejidad técnica y jurídica del caso”, entre otros argumentos del fiscal Adjunto del Estado.
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Fecha de Publicación: 03/11/2018
Fuente: Noticia Uno
Provincia/Región: Entre Ríos
El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos falló a favor de los ambientalistas. No se puede fumigar en inmediaciones de escuelas rurales. Otro fallo histórico en defensa del medio ambiente.
De esta manera se rechazó la nulidad solicitada por el gobierno en la apelación a la sentencia de la Sala ll de la Cámara Segunda de Paraná.
En un extenso fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ) el máximo órgano judicial resolvió confirmar la sentencia de la Cámara Segunda de Paraná, Sala II presidida por Oscar Daniel Benedetto y de esta manera quedó prohibido todo tipo de fumigación aérea (tres mil metros) y terrestre (mil metros) en inmediaciones de escuelas rurales.
Según la sentencia firmada por Daniel Carubia, Miguel Giorgio y Claudia Mizawak, se rechazó la nulidad solicitada por el gobierno provincial en su apelación pero se hizo lugar parcialmente a lo expuesto por el Consejo General de Educación (CGE) en cuanto a la condena contra el organismo para que plante barreras vegetales "y confirmar el resto de la sentencia dictada". Es decir, salvo por la imposición para que el CGE se encargue de la protección en los alrededores de las instituciones, la prohibición de la fumigación de las escuelas quedó firme.
Es otro fallo histórico a favor de la lucha ambiental y la defensa de la vida impulsada por la Coordinadora Basta es Basta. El amparo ambiental firmado por el Foro Ambiental y AGMER obtuvo luz verde en el máximo tribunal de Justicia.
La decisión del máximo órgano judicial de la provincia se tomó este lunes 29 de octubre en la Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal, en los autos caratulados “Foro Ecologista de Paraná y Otra c/Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos y Otros s/Acción de Amparo”. El voto fundamentado fue el de Miguel Giorgio.
Las cuestiones planteadas para resolver en la sentencia fueron dos: si existe nulidad y qué cabe resolver. Sobre el primer punto para desentrañar, el juez consideró que “en un examen ex officio de las actuaciones y de acuerdo al planteo central que han formulado las partes, no se constata la presencia de vicios con entidad y trascendencia suficiente para justificar una sanción nulificante en este estadio del proceso, sin perder de vista a todo esto que tampoco se ha invocado la existencia de causal alguna que genere esa consecuencia procesal”. Al pronunciamiento adhirieron los dos vocales Mizawak y Carubia.
Sobre la segunda cuestión a resolver, Giorgio recordó el fallo de Benedetto en la Cámara Segunda de Paraná. En esa instancia, además de las limitaciones ratificadas se exhortó al Estado provincial para que, a través de sus reparticiones “efectúe en forma exhaustiva y sostenida en el tiempo, los estudios que permitan delinear pautas objetivas en torno al uso racional de químicos y agroquímicos, poniendo el acento precisamente en la prevención de los daños; y a realizar una correcta evaluación que permita determinar el estado de situación actual de contaminación, como paso imprescindible para identificar las medidas que deben adoptarse, su idoneidad y los espacios que deben mejorarse”. “Condenar al Estado provincial y al Consejo General Educación (CGE) a que en el plazo de dos (2) años contados desde la presente, procedan a implantar barreras vegetales a una distancia de ciento cincuenta metros (150 mts.) de todas las escuelas rurales de la Provincia, con las especificaciones detalladas en los considerandos. Suspender de inmediato las aplicaciones de productos fitosanitarios en las áreas sembradas lindantes a las escuelas rurales, en horario de clases, debiendo efectuarse las aplicaciones en horarios de contra turno y/o fines de semana, a modo de asegurar la ausencia de los alumnos y personal docente y no docente en los establecimientos durante las fumigaciones”.
Agregó Giorgio que “contra ese pronunciamiento se interpuso recurso de apelación” porque la “sentencia no respetó el principio de congruencia”. En el mismo recurso se aludió “a la Ley de Plaguicidas Nº 6599” y se manifestó que “es la Secretaría de Producción y no su representado quien se encuentra legitimado para llevar adelante las medidas dispuestas”. Asimismo se refirió a “la existencia de prueba suficiente que acredita que su representada lleva adelante programas de formación de docentes ante esta temática, como así también la difusión del Protocolo de Acción ante Pulverizaciones”.
El fiscal Adjunto de la Fiscalía de Estado de la provincia, Sebastián M. Trinadori, sumó argumentos a esa apelación. Dijo que “la cantidad de hectáreas que resultan improductivas considerando que de acuerdo al informe del Consejo General de Educación, existen 832 escuelas primarias y 137 secundarias que se encuentran en ámbitos rurales”. Se reconoció también “la importancia de adoptar medidas tendientes al cuidado de la salud de la población pero entendiendo que la vía del amparo no es la adecuada debido a la complejidad técnica y jurídica del caso”, entre otros argumentos del fiscal Adjunto del Estado.
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Ahora parece que el Limay no está contaminado
Prefectura aseguró que el Limay no está contaminado
Fecha de Publicación: 03/11/2018
Fuente: La Mañana de Neuqu én
Provincia/Región: Neuqu én
Prefectura Naval Argentina no detectó índices de contaminación en la Planta de Tratamiento de Efluentes Tronador, que descarga sus líquidos en el río Limay.
La novedad fue trasmitida días atrás por el EPAS, que accedió a un informe bactereológico del muestreo en cuestión, realizado por el organismo hace dos meses, precisamente el 21 de agosto.
El informe asegura que tanto los parámetros de materia orgánica y los coliformes totales como la demanda bioquímica de oxígeno (DBO) están dentro de los niveles normales.
Según consta en el informe, las muestras obtenidas fueron enviadas a analizar con la cadena de custodia específica al Laboratorio Químico dependiente del Departamento Científico Pericial de Prefectura.
Los resultados certifican que, en relación con los límites permisibles de vertido de efluentes según Anexo II del Decreto Reglamentario 790/99 de la Provincia de Neuquén, “los valores obtenidos se encuentran dentro de los límites permisibles para metales pesados, hidrocarburos, coliformes totales, coliformes fecales y Escherichia coli”.
Si bien la muestra se realizó hace dos meses y en un determinado período en relación con el nivel del río Limay, el EPAS se encargó de difundir la novedad como positiva, en el contexto de la mira social que hay sobre la contaminación de los balnearios y las aguas públicas.
“El personal técnico de Prefectura, luego de la recorrida en las instalaciones de Tronador, pudo comprobar el normal funcionamiento del sistema con todas las fases de proceso”, explicó el presidente del EPAS, Mauro Millán.
Agregó que esto “confirma las condiciones óptimas de funcionamiento y por ende la calidad de vertido de la planta”, y sostuvo que están satisfechos con los resultados de los análisis del muestreo.
Se espera que los controles sigan en forma permanente, durante todas las etapas del año.
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Fecha de Publicación: 03/11/2018
Fuente: La Mañana de Neuqu én
Provincia/Región: Neuqu én
Prefectura Naval Argentina no detectó índices de contaminación en la Planta de Tratamiento de Efluentes Tronador, que descarga sus líquidos en el río Limay.
La novedad fue trasmitida días atrás por el EPAS, que accedió a un informe bactereológico del muestreo en cuestión, realizado por el organismo hace dos meses, precisamente el 21 de agosto.
El informe asegura que tanto los parámetros de materia orgánica y los coliformes totales como la demanda bioquímica de oxígeno (DBO) están dentro de los niveles normales.
Según consta en el informe, las muestras obtenidas fueron enviadas a analizar con la cadena de custodia específica al Laboratorio Químico dependiente del Departamento Científico Pericial de Prefectura.
Los resultados certifican que, en relación con los límites permisibles de vertido de efluentes según Anexo II del Decreto Reglamentario 790/99 de la Provincia de Neuquén, “los valores obtenidos se encuentran dentro de los límites permisibles para metales pesados, hidrocarburos, coliformes totales, coliformes fecales y Escherichia coli”.
Si bien la muestra se realizó hace dos meses y en un determinado período en relación con el nivel del río Limay, el EPAS se encargó de difundir la novedad como positiva, en el contexto de la mira social que hay sobre la contaminación de los balnearios y las aguas públicas.
“El personal técnico de Prefectura, luego de la recorrida en las instalaciones de Tronador, pudo comprobar el normal funcionamiento del sistema con todas las fases de proceso”, explicó el presidente del EPAS, Mauro Millán.
Agregó que esto “confirma las condiciones óptimas de funcionamiento y por ende la calidad de vertido de la planta”, y sostuvo que están satisfechos con los resultados de los análisis del muestreo.
Se espera que los controles sigan en forma permanente, durante todas las etapas del año.
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Chubut implementaría audiencias públicas para minería
Chubut avanzará en aprobar audiencias públicas para discutir si permite la minería
Fecha de Publicación: 03/11/2018
Fuente: Agencia ADN Sur
Provincia/Región: Chubut
La Cámara de Diputados de Chubut apunta a debatir en próximas sesiones el proyecto de “audiencias públicas” sobre proyectos de explotación minera en la provincia, dijo este lunes el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Manuel Pagliaroni.
Se trata del Reglamento para la celebración de Audiencias Públicas Legislativas que está en estudio en esa comisión y en la de Medio Ambiente, explicó a Télam.
“Están los números suficientes en la Legislatura para tratar el proyecto en las próximas sesiones porque hace rato está en comisión”, apuntó el diputado de Cambiemos.
“Ni bien se logre eso, se avanzará con el debate sobre la minería en general, para lo cual se invitará -con un protocolo establecido- a especialistas en todas las temáticas a fin de que opinen a favor y en contra y tener una posición tomada antes de fin de año”, agregó.
Pagliaroni señaló que la semana pasada legisladores provinciales, dirigentes del sindicato de petroleros y funcionarios nacionales trataron el asunto en Buenos Aires en una reunieron con el presidente Mauricio Macri.
Este lunes a la mañana, el diputado Jerónimo García (Chubut Somos Todos) informó en ADNSUR que hubo un apriete de Macri para que se retome la posibilidad de avanzar en proyectos mineros en Chubut. García informó que “fuimos compelidos a tomar una decisión” y sostuvo que “entendemos la posición pero es un recurso de la provincia y los tiempos los va a definir la provincia”. Además, remarcó que “hay que garantizar el tema ambiental”.
García informó que “fuimos compelidos a tomar una decisión. Explicamos la situación de la provincia, la falta de licencia social, la falta de que tiene que ser una cuestión que tenga un consenso determinado y provechoso para la provincia, que estamos dispuestos al debate que es positivo, pero hay que respetar los tiempos sociales sin descuidar el tema económico porque la ley que fija los márgenes de regalías es muy exigua y se pretende otra cosa”.
“El tema minero es de especial atención del gobierno nacional y entendemos la posición pero es un recurso de la provincia y los tiempos los va a definir la provincia”, remarcó.
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Encuentran otros 23 cóndores envenenados
Otros 23 cóndores aparecieron muertos por envenenamiento en la Patagonia y advierten que se acelera el peligro de extinción
Fecha de Publicación: 02/11/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Patagonia
Este lunes por la mañana se registraron otros dos casos de muerte masiva de cóndores, esta vez en las provincias de Neuquén y Santa Cruz donde murieron, al menos, 23 ejemplares de la especie que está en serio peligro de extinción. El veneno que provocó la muerte de los animales fue un poderoso agrotóxico cuya venta está prohibida en el país. Estos casos se suman a las muertes masivas ocurridas en Jujuy y Mendoza.
El uso ilegal de agrotóxicos está diezmando las poblaciones naturales del Cóndor andino con un impacto fulminante y en poco más de un año, al menos, 90 aves de esta especie murieron por envenenamiento. Esto genera muertes masivas a un ritmo que amenaza de extinción a la especie.
Uno de los casos registrados en las últimas horas sucedió en la localidad de Manzano Amargo, Chos Malal, provincia de Neuquén, donde al menos 13 individuos fueron hallados muertos.
Gracias a información que dieran los pobladores se coordinó el procedimiento entre el gobierno local y la Policía Rural, Guardafaunas y la Dirección General de Coordinación Operativa que encontraron los cuerpos, realizaron necropsias, tomaron muestras para estudios toxicológicos y sanearon la zona para que no haya que lamentar nuevas víctimas. Allí encontraron, además, cadáveres de aves rapaces, gatos, perros y vacas muertas, usadas como cebo.
Los estudios toxicológicos, realizados por Fundación Bioandina Argentina, determinaron que la muerte fue causada por la ingesta de un poderoso agrotóxico organofosforado, cuyo uso está prohibido en el país.
El otro episodio lamentable sucedió en Santa Cruz. Al menos 10 aves de esta especie, amenazada y considerada Monumento Natural Provincial, fueron halladas muertas en una zona cercana a Cueva de las Manos, en la localidad de Perito Moreno.
A partir de información suministrada por Aves Argentinas, especialistas de la Fundación Bioandina Argentina, montaron un rápido operativo con autoridades del Consejo Agrario Provincial, Fauna Provincia y el apoyo de los pobladores locales, para poder acceder a los cadáveres, tomar muestras para estudios toxicológicos y sanear la zona para no tener que sufrir nuevas víctimas. En el lugar, además de los cóndores, fueron halladas varias ovejas muertas usadas como cebo.
"Desgraciadamente, algunos pobladores rurales ilegalmente siguen usando veneno para tratar de controlar grandes carnívoros, como pumas, zorros e incluso perros. Con ello no solo causan la muerte de especies carroñeras, encargadas de mantener la limpieza del ambiente, sino también contaminan el suelo, el agua y ponen en peligro todas las formas de vida, incluso la humana", aseguran desde Fundación Bioandina.
Además, pusieron el alerta en el uso de esos poderosos venenos: "Los numerosos casos ocurridos en todo el país dejan al descubierto que cualquier persona, en cualquier lugar, accede libremente a estos peligrosos venenos, para usarlos con cualquier propósito".
Los casos de muerte masiva fueron presentados ante la Fiscalía de Estado, el Consejo Federal de Medio Ambiente, la Secretaría de Ambiente Nación y autoridades de fauna provincial, para que se estudien en profundidad y se apliquen medidas preventivas.
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Fecha de Publicación: 02/11/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Patagonia
Este lunes por la mañana se registraron otros dos casos de muerte masiva de cóndores, esta vez en las provincias de Neuquén y Santa Cruz donde murieron, al menos, 23 ejemplares de la especie que está en serio peligro de extinción. El veneno que provocó la muerte de los animales fue un poderoso agrotóxico cuya venta está prohibida en el país. Estos casos se suman a las muertes masivas ocurridas en Jujuy y Mendoza.
El uso ilegal de agrotóxicos está diezmando las poblaciones naturales del Cóndor andino con un impacto fulminante y en poco más de un año, al menos, 90 aves de esta especie murieron por envenenamiento. Esto genera muertes masivas a un ritmo que amenaza de extinción a la especie.
Uno de los casos registrados en las últimas horas sucedió en la localidad de Manzano Amargo, Chos Malal, provincia de Neuquén, donde al menos 13 individuos fueron hallados muertos.
Gracias a información que dieran los pobladores se coordinó el procedimiento entre el gobierno local y la Policía Rural, Guardafaunas y la Dirección General de Coordinación Operativa que encontraron los cuerpos, realizaron necropsias, tomaron muestras para estudios toxicológicos y sanearon la zona para que no haya que lamentar nuevas víctimas. Allí encontraron, además, cadáveres de aves rapaces, gatos, perros y vacas muertas, usadas como cebo.
Los estudios toxicológicos, realizados por Fundación Bioandina Argentina, determinaron que la muerte fue causada por la ingesta de un poderoso agrotóxico organofosforado, cuyo uso está prohibido en el país.
El otro episodio lamentable sucedió en Santa Cruz. Al menos 10 aves de esta especie, amenazada y considerada Monumento Natural Provincial, fueron halladas muertas en una zona cercana a Cueva de las Manos, en la localidad de Perito Moreno.
A partir de información suministrada por Aves Argentinas, especialistas de la Fundación Bioandina Argentina, montaron un rápido operativo con autoridades del Consejo Agrario Provincial, Fauna Provincia y el apoyo de los pobladores locales, para poder acceder a los cadáveres, tomar muestras para estudios toxicológicos y sanear la zona para no tener que sufrir nuevas víctimas. En el lugar, además de los cóndores, fueron halladas varias ovejas muertas usadas como cebo.
"Desgraciadamente, algunos pobladores rurales ilegalmente siguen usando veneno para tratar de controlar grandes carnívoros, como pumas, zorros e incluso perros. Con ello no solo causan la muerte de especies carroñeras, encargadas de mantener la limpieza del ambiente, sino también contaminan el suelo, el agua y ponen en peligro todas las formas de vida, incluso la humana", aseguran desde Fundación Bioandina.
Además, pusieron el alerta en el uso de esos poderosos venenos: "Los numerosos casos ocurridos en todo el país dejan al descubierto que cualquier persona, en cualquier lugar, accede libremente a estos peligrosos venenos, para usarlos con cualquier propósito".
Los casos de muerte masiva fueron presentados ante la Fiscalía de Estado, el Consejo Federal de Medio Ambiente, la Secretaría de Ambiente Nación y autoridades de fauna provincial, para que se estudien en profundidad y se apliquen medidas preventivas.
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Potasio Río Colorado, minería que sigue reflotándose
Cornejo busca inversores chinos para reactivar la mina de potasio de Malargüe
Fecha de Publicación: 02/11/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
El proyecto de Vale quedó suspendido en 2013. Esta semana el ministro Martín Kerchner busca tentar a una empresa.
El Gobierno provincial no se olvida del proyecto trunco minero Potasio Río Colorado, al sur de Malargüe, que se suspendió a mediados del 2013, costó una pérdida de al menos 3.000 puestos de trabajo. Durante una misión a China, que se desarrollará esta semana, el Ministerio de Economía intentará reflotarlo, o al menos dejar sentadas las bases para lograr una reactivación con inversiones concretas.
Según informó el ministro Martín Kerchner, se reunirán con dirigentes de la empresa Shangai Potash Engineering Research Center, encargada del control y entrada de potasio en el país asiático.
Junto a él, estará el subsecretario de Energía, Emilio Guiñazú, y explicarán a los potenciales inversores la reingeniería del proyecto, que fue iniciado por la empresa brasileña Vale en 2009, y que debió suspenderlo a mediados del 2013, a causa de problemas económicos de la empresa y de la abrupta caída del precio del potasio a nivel mundial, lo que quitó rentabilidad al proyecto.
Según el funcionario, China consume 14 millones de toneladas de potasio, y produce poco menos de la mitad, por lo que lo demás lo importa. “El precio del potasio está planchado, y nuestro panorama nos indica que seguirá así por un tiempo. Buscamos cerrar el esquema del negocio para que la operación se haya vendido, y así, una vez que suba el valor del potasio, esté todo listo para que se operativice”, agregó el ministro.
El valor del cloruro de potasio rondaba los 500 dólares por tonelada en 2013, pero actualmente se encuentra en los U$S215. Su pico igual fue en 2009 -cuando llegó Vale-, con un precio por tonelada de casi U$S900.
Reingeniería y problemas
Luego de la estrepitosa suspensión del proyecto, la empresa debió trabajar para modificarlo y hacerlo rentable, ya que como estaba pensado de manera primigenia no era viable.
De hecho, se acordó que el nuevo emprendimiento se achicaría a un tercio de lo que se había programado. Según cuenta la edición de este diario de abril del 2016, en vez de una inversión de U$S6.300 millones, bajaría a un desembolso de U$S1.300 millones; y la producción de sales de potasio rondaría 1,3 millón de toneladas por año, un número sensiblemente menor a los 4 millones proyectados en un primer momento.
De hecho, se acordó que Vale vendería el proyecto en Malargüe a inversores, para que continuara la posta con su posterior desarrollo.
Kerchner contó que en primer lugar se contrató a una reconocida consultora canadiense, Hatch, para hacer los estudios de factibilidad con los costos, logística de todo el proceso y los posibles beneficios.
“Los resultados no fueron positivos, porque debía hacerse una gran inversión en logística, para llevar el potasio al puerto”, detalló el ministro de Economía. En el proyecto original, se preveía la construcción -con una inversión de 500 millones de dólares- de una línea de tren 400 kilómetros desde la minera para trasladar el potasio y así conectarla con la traza actual de la red, para exportar el producto desde el puerto de Bahía Blanca.
Se llegó a un convenio en febrero de este año entre el presidente de YPF, Miguel Ángel Gutiérrez; el gobierno nacional, el local y Vale; en el cual solamente se construirían 120 kilómetros de líneas de tren hasta Añelo (Neuquén), pasando por Chinchinales. El recorrido sería entonces por el ferrocarril Roca, el cual el ministerio de Transporte refuncionalizó para hacer rentable Vaca Muerta.
“Esa solución reduce la inversión en un 50 por ciento, ya que además, es funcional a YPF, porque la carga del tren vendría con arena hasta Vaca Muerta, y se iría hacia el puerto de Bahía Blanca con potasio”, acotó Kerchner.
No obstante, hay aún otra propuesta superadora, que es la de utilizar los llamados "bitrenes" para que recorran los 120 kilómetros en una ruta con un camino consolidado, y así ahorrar el costo de la línea del tren.
“Hasta allí hemos llegado. Queremos estar preparados con un proyecto rentable para cuando suba el precio del potasio en el mercado”, finalizó Kerchner.
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Fecha de Publicación: 02/11/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
El proyecto de Vale quedó suspendido en 2013. Esta semana el ministro Martín Kerchner busca tentar a una empresa.
El Gobierno provincial no se olvida del proyecto trunco minero Potasio Río Colorado, al sur de Malargüe, que se suspendió a mediados del 2013, costó una pérdida de al menos 3.000 puestos de trabajo. Durante una misión a China, que se desarrollará esta semana, el Ministerio de Economía intentará reflotarlo, o al menos dejar sentadas las bases para lograr una reactivación con inversiones concretas.
Según informó el ministro Martín Kerchner, se reunirán con dirigentes de la empresa Shangai Potash Engineering Research Center, encargada del control y entrada de potasio en el país asiático.
Junto a él, estará el subsecretario de Energía, Emilio Guiñazú, y explicarán a los potenciales inversores la reingeniería del proyecto, que fue iniciado por la empresa brasileña Vale en 2009, y que debió suspenderlo a mediados del 2013, a causa de problemas económicos de la empresa y de la abrupta caída del precio del potasio a nivel mundial, lo que quitó rentabilidad al proyecto.
Según el funcionario, China consume 14 millones de toneladas de potasio, y produce poco menos de la mitad, por lo que lo demás lo importa. “El precio del potasio está planchado, y nuestro panorama nos indica que seguirá así por un tiempo. Buscamos cerrar el esquema del negocio para que la operación se haya vendido, y así, una vez que suba el valor del potasio, esté todo listo para que se operativice”, agregó el ministro.
El valor del cloruro de potasio rondaba los 500 dólares por tonelada en 2013, pero actualmente se encuentra en los U$S215. Su pico igual fue en 2009 -cuando llegó Vale-, con un precio por tonelada de casi U$S900.
Reingeniería y problemas
Luego de la estrepitosa suspensión del proyecto, la empresa debió trabajar para modificarlo y hacerlo rentable, ya que como estaba pensado de manera primigenia no era viable.
De hecho, se acordó que el nuevo emprendimiento se achicaría a un tercio de lo que se había programado. Según cuenta la edición de este diario de abril del 2016, en vez de una inversión de U$S6.300 millones, bajaría a un desembolso de U$S1.300 millones; y la producción de sales de potasio rondaría 1,3 millón de toneladas por año, un número sensiblemente menor a los 4 millones proyectados en un primer momento.
De hecho, se acordó que Vale vendería el proyecto en Malargüe a inversores, para que continuara la posta con su posterior desarrollo.
Kerchner contó que en primer lugar se contrató a una reconocida consultora canadiense, Hatch, para hacer los estudios de factibilidad con los costos, logística de todo el proceso y los posibles beneficios.
“Los resultados no fueron positivos, porque debía hacerse una gran inversión en logística, para llevar el potasio al puerto”, detalló el ministro de Economía. En el proyecto original, se preveía la construcción -con una inversión de 500 millones de dólares- de una línea de tren 400 kilómetros desde la minera para trasladar el potasio y así conectarla con la traza actual de la red, para exportar el producto desde el puerto de Bahía Blanca.
Se llegó a un convenio en febrero de este año entre el presidente de YPF, Miguel Ángel Gutiérrez; el gobierno nacional, el local y Vale; en el cual solamente se construirían 120 kilómetros de líneas de tren hasta Añelo (Neuquén), pasando por Chinchinales. El recorrido sería entonces por el ferrocarril Roca, el cual el ministerio de Transporte refuncionalizó para hacer rentable Vaca Muerta.
“Esa solución reduce la inversión en un 50 por ciento, ya que además, es funcional a YPF, porque la carga del tren vendría con arena hasta Vaca Muerta, y se iría hacia el puerto de Bahía Blanca con potasio”, acotó Kerchner.
No obstante, hay aún otra propuesta superadora, que es la de utilizar los llamados "bitrenes" para que recorran los 120 kilómetros en una ruta con un camino consolidado, y así ahorrar el costo de la línea del tren.
“Hasta allí hemos llegado. Queremos estar preparados con un proyecto rentable para cuando suba el precio del potasio en el mercado”, finalizó Kerchner.
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Un parque para curtiembres para el Riachuelo
Harán un parque para 60 curtiembres cerca del Riachuelo
Fecha de Publicación: 02/11/2018
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Riachuelo
Van a hacer el primer Parque Industrial Curtidor (PIC) en Lanús. Estará ubicado en el viejo predio de Acuba, en Olazábal al 3500, Villa Jardín, a menos de diez cuadras del nuevo Puente Lacarra.
Allí, se van a poder instalar unas 60 empresas del rubro, el más importante y característico de la zona. Dentro del predio, habrá recursos para tratar los residuos. Así, buscan evitar que tiren los efluentes al Riachuelo y que se siga contaminando.
Se trata del polo industrial más prometido en el distrito, en el marco de un proyecto que lleva años. El objetivo es darles un marco de control y regulación a las curtiembres, una actividad que puede ser altamente contaminante, y proveerles el acceso a una planta de tratamiento de residuos.
"La construcción del PIC permite concentrar la actividad productiva, favoreciendo un desarrollo y optimización de procesos, buscando la menor contaminación ambiental posible, y permitiendo dirigir los efluentes de manera concentrada a una planta. El tratamiento posibilitará, mediante una economía de escala, acceder a la mejor tecnología disponible ya que la eficiencia en el tratamiento es mayor cuanto más volumen se trata. Se logran además costos de operación bajos, lo que hace que esta respuesta sea sustentable en el tiempo: de nada sirve implementar una solución que económicamente deje fuera de competitividad al sector", afirmaron en ACUMAR.
Además indicaron que el predio tiene un total de 16 hectáreas y en las próximas semanas comenzarán con los trabajos de campo. Por lo tanto, se estima que el parque esté terminado para mediados de 2020. La obra va a demandar 18 meses y va a ser llevada a cabo por la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
Además, harán una planta de tratamiento que llevará 22 meses. En total, la inversión asciende a más de $243 millones y será financiada por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), una institución que forma parte del Banco Mundial.
El diagrama del PIC es una figura rectangular con una calle en el medio circular. En la parte central, según informaron en ACUMAR, habrá un macizo de ocho lotes.
En los laterales, sumarán 14 lotes. Allí, dependiendo del tamaño de las empresas, van a entrar cerca de 60. "En el macizo central las empresas (de forma individual o asociadas) podrán realizar los procesos de pelambre, curtido, semiterminado y terminado (proceso completo), mientras que en los macizos laterales se realizará preferentemente el proceso de semiterminado y terminado. El macizo central producirá los cueros wet blue (curtidos al cromo) que pueden terminarse allí o comercializar el cuero wet blue a las empresas de los macizos laterales para que realicen la terminación de los mismos", precisaron en ACUMAR.
No todas las firmas serán necesariamente de Lanús, pueden instalarse allí también algunas de otros puntos de la cuenca del Riachuelo. En el distrito, los curtiembreros que tienen pymes chicas dudan si tendrán los fondos para mudarse.
Se espera que lo hagan las empresas medianas y grandes, a las que tratar los residuos les demanda mucho dinero.
Para armar el PIC, harán desagües pluviales (los comunes que tiene cualquier calle), que desembocarán al Riachuelo. Pero además, armarán todo un circuito de desagües industriales que separará las aguas que tienen residuos orgánicos de las que además tienen restos de cromo y sulfuros.
En el terreno, tienen que empezar de cero: pondrán una red de cloacas, luz eléctrica y agua. Van a construir calles de circulación interna con calzada de hormigón que se vincularán con un boulevard de acceso y con veredas peatonales.
El parque estará perimetrado con muros y rejas y en la entrada habrá una balanza para el control de ingreso y egreso de camiones.
Para abastecer a las curtiembreras y complementar la red de agua, construirán cinco pozos subterráneos.
El plan representa un avance no solo para los curtiembreros, también para el barrio. Ese terreno estaba sin uso hacía años.
Ahora, apuntan a que la mudanza de las empresas va a ayudar a reactivar los alrededores, que forman parte de una de las zonas más humildes del distrito.
En ACUMAR sostienen que el parque y el tratamiento de los afluentes va a beneficiar de forma directa a 400 mil personas (equivalente a casi la población total de Lanús).
Esto incluye no solo a las que van a usar el parque, sino también a quienes viven cerca del Riachuelo, los vecinos del futuro PIC y a los que hoy tienen una curtiembre a pocos metros de su casa.
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Continúa alocada idea de una hidrovía de irreversible impacto
Hidrovía en Córdoba para transportar carga: los detalles de un proyecto fabuloso
Fecha de Publicación: 01/11/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Se trata de un canal de unos 600 kilómetros planeado desde Arroyito hasta la localidad pampeana de Catriló. La carga se transportaría en barcazas. Será una alternativa a la hidrovía del Paraná, por donde sale el 85% de las exportaciones.
Dos barcazas cargadas de contenedores salen desde un muelle instalado en el río Segundo, a la altura de Arroyito. Pasan después por las cercanías de Bell Ville y La Carlota, para seguir navegando hasta el pueblo pampeano de Catriló, donde esa producción continuará por ferrocarril hasta el puerto de Bahía Blanca para ser exportada.
Tras más de nueve meses de trabajo, un estudio de prefactibilidad realizado por técnicos holandeses plantea que ese canal o hidrovía es posible.
“Así es; es perfectamente posible llevar parte de la producción cordobesa por una vía navegable para ser descargada en un puerto del mar Atlántico; con esta hidrovía se crea una "cinta logística en el centro del país”, explicó a La Voz Pablo Bereciartua, Secretario de Infraestructura y Política Hídrica, oficina que depende del Ministerio del Interior.
Una hidrovía en paralelo a la del Paraná, el canal por el que sale el 85 por ciento de las exportaciones.
El proyecto ha sido bautizado “Hidrovía Continental” y junto con otras iniciativas, será presentado mañana en la “Conferencia Binacional de la Gestión Integral del Agua”, cumbre en la que coincidirán expertos en hidráulica y funcionarios ministeriales holandeses con sus pares argentinos, y donde también se espera la presencia de representantes de las cuatro provincias (Córdoba, La Pampa, Santa Fe y Buenos Aires) involucradas en el trazado de la hidrovía, universidades, cámaras empresariales y gerencias de puertos.
“El presente proyecto plantea un canal de navegación excavado a través de la zona central de la Argentina, como parte de cadenas logísticas que colecten producción agrícola y la transfieran hacia los puertos atlánticos”, afirma el estudio titulado “Hidrovia continental, una propuesta de desarrollo para la Argentina", del que aquí se publican sus lineamientos generales.
Primera etapa
Bereciartua estimó que “la primera etapa de la hidrovía puede ser llevada adelante en tres o cuatro años, lo que ya alcanzaría para despachar parte de la producción por una vía navegable alternativa al Paraná”.
La primera etapa, según una estimación oficial, fue presupuestada en 3 mil millones de dólares. “La mitad del impacto directo que tuvo la sequía este año”, apuntó Bericiartua.
La hidrovía continental, además de abrir un nuevo canal logístico, tiene como principal objetivo “disminuir la vulnerabilidad del centro del territorio argentino al cambio climático”. La región Centro tiene un problema: en el norte santafesino llueve demasiado, hay inundaciones; en el oeste bonaerense falta agua.
“Las inundaciones de esa zona tienen perjuicios de entre 3 mil o 4 mil millones de dólares anuales”, argumentó Bereciartua, para dar cierta dimensión a una obra civil que, dijo, “aunque ambiciosa, finalmente no es tan complicada”.
Características
La traza del canal se extiende por unos 635 kilómetros. Un canal de unos 25 metros de ancho y alrededor de 4 metros de profundidad. El diseño indica que en un extremo de la hidrovía está Arroyito, Córdoba, y en el otro, Catriló, La Pampa. Allí está planificado un nudo transbordador, un “puerto seco”. La carga de la barcaza que navegó por la hidrovía es traspasada al Ferroexpreso Pampeano (ramal bajo concesión de una empresa del grupo Sociedad Comercial del Plata), para recorrer otros 300 kilómetros hasta el puerto de Bahía Blanca.
“Se va a crear, de manera vertical, una ‘cinta logística’ que llevará de norte a sur la producción, y que será complementaria a la actual hidrovía del Paraná (con limitaciones a futuro por su calado y acceso a los puertos). El objetivo: aumentar la competitividad de la producción agropecuaria e industrial con fines de exportación”, explicó Bereciartua.
La hidrovía continental contempla distintos “centros de transferencias de carga”. En esos puntos, camiones o trenes intercambiarán sus cargas con las barcazas de la hidrovía, o las dejarán en los centros de acopios. Esos puntos se transformarán en “núcleos de desarrollo industrial y urbanístico”, según el estudio.
La hidrovía implica la realización de obras sobre el río Segundo (en Arroyito) y sobre el río Tercero, en Bell Ville.
Se incluyen, además, dos puentes canal, sobre el río Tercero y sobre el río Cuarto (a la altura de La Carlota) y 3 puentes internos: en Arroyito y en Realicó y Catriló, La Pampa.
También se deberán realizar obras para superar las interferencias de rutas y de vías férreas (18 puentes de ferrocarril, 28 rutas provinciales y nacionales y 112 caminos terciarios).
Otras interferencias a resolver son el cruce de dos gasoductos, dos poliductos y ocho cruces de líneas de alta tensión.
La traza de hidrovía propuesta en el estudio se conectará, entonces, con importantes poblaciones como Arroyito (a 13km del canal), Las Varillas (a 2km), Bell Ville (a 7km), La Carlota (a 7km), Laboulaye (a 6km) y General Pico (a 2km), en La Pampa.
Barcazas
El proyecto consideró una barcaza de diseño de 8,20 metros de manga (ancho) y más de 6 metros de eslora (largo) para llevar la carga. El convoy se compondrá con dos barcazas más un “empujador”, de dos metros de largo y uno de ancho.
“La eslora de la barcaza seleccionada corresponde a la más grande disponible en el mercado para la manga seleccionada”, dice el estudio, con lo que se “maximiza la capacidad del convoy y se minimiza la cantidad de viajes necesarios”.
Se estima que “con un convoy de esta capacidad, la cantidad de viajes se ubicaría dentro del rango de 9.000 a 18.000 embarcaciones por año (considerando ambos sentidos de circulación) para transportar una carga total de entre 5 y 10 millones de toneladas, respectivamente”.
“Las dimensiones del canal se adoptaron de acuerdo con las recomendaciones del manual holandés de diseño de vías de navegación interiores”, indica el estudio.
El proyecto final contempla una traza vial y otra férrea en paralelo a la hidrovía. “Hablamos de un corredor multimodal de Primer Mundo como un eje logístico central, que combinará la hidrovía con un nuevo corredor ferroviario y un corredor vial”, dijo Bereciartua.
El funcionario es optimista respecto a que el año próximo podrían empezar las primeras licitaciones. Se le preguntó si lo permitirá el “ajustado” Presupuesto 2019. “La Secretaría cuenta con los recursos para empezar”, respondió el funcionario.
Antes, aclaró, le esperan reuniones con los gobernadores de las provincias atravesadas por la hidrovía y con los distintos actores económicos.
“Un fideicomiso, integrado por la Nación y la provincias, podría recibir aportes privados para llevar adelante la obra”, dice Bereciartua en relación con la factibilidad económica.
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Fecha de Publicación: 01/11/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Se trata de un canal de unos 600 kilómetros planeado desde Arroyito hasta la localidad pampeana de Catriló. La carga se transportaría en barcazas. Será una alternativa a la hidrovía del Paraná, por donde sale el 85% de las exportaciones.
Dos barcazas cargadas de contenedores salen desde un muelle instalado en el río Segundo, a la altura de Arroyito. Pasan después por las cercanías de Bell Ville y La Carlota, para seguir navegando hasta el pueblo pampeano de Catriló, donde esa producción continuará por ferrocarril hasta el puerto de Bahía Blanca para ser exportada.
Tras más de nueve meses de trabajo, un estudio de prefactibilidad realizado por técnicos holandeses plantea que ese canal o hidrovía es posible.
“Así es; es perfectamente posible llevar parte de la producción cordobesa por una vía navegable para ser descargada en un puerto del mar Atlántico; con esta hidrovía se crea una "cinta logística en el centro del país”, explicó a La Voz Pablo Bereciartua, Secretario de Infraestructura y Política Hídrica, oficina que depende del Ministerio del Interior.
Una hidrovía en paralelo a la del Paraná, el canal por el que sale el 85 por ciento de las exportaciones.
El proyecto ha sido bautizado “Hidrovía Continental” y junto con otras iniciativas, será presentado mañana en la “Conferencia Binacional de la Gestión Integral del Agua”, cumbre en la que coincidirán expertos en hidráulica y funcionarios ministeriales holandeses con sus pares argentinos, y donde también se espera la presencia de representantes de las cuatro provincias (Córdoba, La Pampa, Santa Fe y Buenos Aires) involucradas en el trazado de la hidrovía, universidades, cámaras empresariales y gerencias de puertos.
“El presente proyecto plantea un canal de navegación excavado a través de la zona central de la Argentina, como parte de cadenas logísticas que colecten producción agrícola y la transfieran hacia los puertos atlánticos”, afirma el estudio titulado “Hidrovia continental, una propuesta de desarrollo para la Argentina", del que aquí se publican sus lineamientos generales.
Primera etapa
Bereciartua estimó que “la primera etapa de la hidrovía puede ser llevada adelante en tres o cuatro años, lo que ya alcanzaría para despachar parte de la producción por una vía navegable alternativa al Paraná”.
La primera etapa, según una estimación oficial, fue presupuestada en 3 mil millones de dólares. “La mitad del impacto directo que tuvo la sequía este año”, apuntó Bericiartua.
La hidrovía continental, además de abrir un nuevo canal logístico, tiene como principal objetivo “disminuir la vulnerabilidad del centro del territorio argentino al cambio climático”. La región Centro tiene un problema: en el norte santafesino llueve demasiado, hay inundaciones; en el oeste bonaerense falta agua.
“Las inundaciones de esa zona tienen perjuicios de entre 3 mil o 4 mil millones de dólares anuales”, argumentó Bereciartua, para dar cierta dimensión a una obra civil que, dijo, “aunque ambiciosa, finalmente no es tan complicada”.
Características
La traza del canal se extiende por unos 635 kilómetros. Un canal de unos 25 metros de ancho y alrededor de 4 metros de profundidad. El diseño indica que en un extremo de la hidrovía está Arroyito, Córdoba, y en el otro, Catriló, La Pampa. Allí está planificado un nudo transbordador, un “puerto seco”. La carga de la barcaza que navegó por la hidrovía es traspasada al Ferroexpreso Pampeano (ramal bajo concesión de una empresa del grupo Sociedad Comercial del Plata), para recorrer otros 300 kilómetros hasta el puerto de Bahía Blanca.
“Se va a crear, de manera vertical, una ‘cinta logística’ que llevará de norte a sur la producción, y que será complementaria a la actual hidrovía del Paraná (con limitaciones a futuro por su calado y acceso a los puertos). El objetivo: aumentar la competitividad de la producción agropecuaria e industrial con fines de exportación”, explicó Bereciartua.
La hidrovía continental contempla distintos “centros de transferencias de carga”. En esos puntos, camiones o trenes intercambiarán sus cargas con las barcazas de la hidrovía, o las dejarán en los centros de acopios. Esos puntos se transformarán en “núcleos de desarrollo industrial y urbanístico”, según el estudio.
La hidrovía implica la realización de obras sobre el río Segundo (en Arroyito) y sobre el río Tercero, en Bell Ville.
Se incluyen, además, dos puentes canal, sobre el río Tercero y sobre el río Cuarto (a la altura de La Carlota) y 3 puentes internos: en Arroyito y en Realicó y Catriló, La Pampa.
También se deberán realizar obras para superar las interferencias de rutas y de vías férreas (18 puentes de ferrocarril, 28 rutas provinciales y nacionales y 112 caminos terciarios).
Otras interferencias a resolver son el cruce de dos gasoductos, dos poliductos y ocho cruces de líneas de alta tensión.
La traza de hidrovía propuesta en el estudio se conectará, entonces, con importantes poblaciones como Arroyito (a 13km del canal), Las Varillas (a 2km), Bell Ville (a 7km), La Carlota (a 7km), Laboulaye (a 6km) y General Pico (a 2km), en La Pampa.
Barcazas
El proyecto consideró una barcaza de diseño de 8,20 metros de manga (ancho) y más de 6 metros de eslora (largo) para llevar la carga. El convoy se compondrá con dos barcazas más un “empujador”, de dos metros de largo y uno de ancho.
“La eslora de la barcaza seleccionada corresponde a la más grande disponible en el mercado para la manga seleccionada”, dice el estudio, con lo que se “maximiza la capacidad del convoy y se minimiza la cantidad de viajes necesarios”.
Se estima que “con un convoy de esta capacidad, la cantidad de viajes se ubicaría dentro del rango de 9.000 a 18.000 embarcaciones por año (considerando ambos sentidos de circulación) para transportar una carga total de entre 5 y 10 millones de toneladas, respectivamente”.
“Las dimensiones del canal se adoptaron de acuerdo con las recomendaciones del manual holandés de diseño de vías de navegación interiores”, indica el estudio.
El proyecto final contempla una traza vial y otra férrea en paralelo a la hidrovía. “Hablamos de un corredor multimodal de Primer Mundo como un eje logístico central, que combinará la hidrovía con un nuevo corredor ferroviario y un corredor vial”, dijo Bereciartua.
El funcionario es optimista respecto a que el año próximo podrían empezar las primeras licitaciones. Se le preguntó si lo permitirá el “ajustado” Presupuesto 2019. “La Secretaría cuenta con los recursos para empezar”, respondió el funcionario.
Antes, aclaró, le esperan reuniones con los gobernadores de las provincias atravesadas por la hidrovía y con los distintos actores económicos.
“Un fideicomiso, integrado por la Nación y la provincias, podría recibir aportes privados para llevar adelante la obra”, dice Bereciartua en relación con la factibilidad económica.
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Ley antiminera cordobesa es declarada constitucional
Dictaminaron que la ley cordobesa que prohíbe la minería a cielo abierto es constitucional
Fecha de Publicación: 01/11/2018
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Córdoba
La normativa analizada por Víctor Abramovich (9526) también veda el uso en la provincia de Córdoba de ciertos químicos -como cianuro, mercurio y ácido sulfúrico-. El funcionario enfatizó que la norma se dictó para complementar previsiones ya existentes en el ámbito nacional. El caso llegó ante la Máxima Instancia hace dos años
El procurador fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), Víctor Abramovich, opinó que es constitucional la ley 9526 de la provincia de Córdoba, que prohíbe la actividad minera metalífera en la modalidad de cielo abierto (que se lleva a cabo con minerales nucleares como el uranio y el torio y el uso de sustancias químicas contaminantes, tóxicas y/o peligrosas como el cianuro, el mercurio y el ácido sulfúrico).
El agente recordó que la provincia dictó la ley en ejercicio de su competencia en materia ambiental, a fin de complementar las normas nacionales que protegen el ambiente en el sector de la minería.
En tanto, advirtió sobre los graves e irreversibles efectos que las actividades prohibidas conllevan para la integridad del ambiente, la salud de la población y el acceso al agua.
En ese marco, entendió que el articulado de la Ley 9526 es coherente con los principios de prevención del daño, precaución y sustentabilidad que guían el derecho ambiental.
El caso
La decisión tiene lugar en el marco de un caso se generó a raíz de la acción declarativa de inconstitucionalidad presentada en 2009 por la Cámara Empresaria Minera de la Provincia de Córdoba y la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear en contra de la ley provincial 9526, que establece las prohibiciones referidas. En su demanda, las accionantes señalaron que la normativa avanza sobre aspectos regulados en el Código de Minería y en la Ley Nacional de Actividad Nuclear (24804), lo que implica afectación de las facultades delegadas por las provincias a la Nación.
Además, señalaron que las restricciones estipuladas para la actividad minera vulneran sus derechos de trabajar y a ejercer toda industria lícita y el de propiedad, garantizados en los artículos 14 y 17 de la Constitución Nacional (CN).
TSJ
El procurador fiscal dictaminó que correspondía confirmar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que desestimó la demanda impugnatoria de la ley provincial.
En agosto de 2015, a seis años de la promoción de la acción declarativa de inconstitucionalidad, el Alto Tribunal provincial ratificó la validez de la legislación, al valorar que las restricciones que establece son razonables si se tiene en cuenta que el ambiente constituye un bien colectivo supremo que debe ser preservado.
Asimismo, resaltó que la norma se dictó dentro de las competencias propias de la provincia de Córdoba en la materia y que, por ello, complementa las previsiones nacionales sobre minería; especialmente, en lo referido al ejercicio del poder de policía.
Paralelamente, indicó que el objetivo es amparar un “uso razonable” del agua y mantener en niveles “aceptables” los efectos contaminantes de determinadas y puntuales actividades, prácticas y procesos mineros, para lo cual tuvo en cuenta, fundamentalmente, que el método de lixiviación química resulta inaceptable desde la perspectiva ambiental contemporánea.
“Existe consenso en la literatura respecto de que ninguna actividad industrial es tan agresiva al ambiente como la minería metalífera a cielo abierto”, enfatizó, explicando que se trata de actividades con huellas ambientales de relevancia durante muchos años.
Bajo esa premisa, recordó que según el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba está comprobado empíricamente que la actividad minera que se desarrolla a “cielo abierto”, con utilización de procedimientos químicos, “daña severamente el ambiente y, en consecuencia, a los seres humanos”.
Por otra parte, ponderó que otra “columna vertebral” de la ley es la protección del agua, considerada patrimonio natural por tratarse de un bien único e irreemplazable que, como tal, requiere instrumentos de protección de naturaleza jurídica.
Desde ese punto de vista, subrayó que con el método extractivo “a cielo abierto” los niveles de consumo de agua son “altísimos”.
Los Gigantes
El tribunal puso como ejemplos las minas La Alumbrera (Catamarca) y Veladero (San Juan), donde se insumen 100 millones y 70 millones de litros de agua por día, respectivamente. También tuvieron en cuenta la experiencia histórica en la provincia, con los casos de la planta de procesamiento de uranio en la Mina “Schlagintweit” (yacimiento Los Gigantes).
No obstante, el TSJ aclaró que la ley 9625 solo restringe determinadas metodologías y procedimientos de explotación, pero que ni la actividad minera en sí misma ni los derechos obtenidos mediante concesiones quedan prohibidos, sino que se limitan para “tender a un equilibrio dinámico entre las actividades económicas y la protección del ambiente”.
Una vez que se conoció el fallo, los actores adelantaron que llevarían su planteo ante la Corte Suprema.
En octubre de 2016 los mineros cordobeses presentaron un recurso de queja ante la Máxima Instancia en insistieron con que la ley avasalla el sistema de distribución de competencias ambientales concurrentes previstas en el artículo 41 de la Constitución, cercena el principio de supremacía y el de razonabilidad constitucional y desconoce la cláusula de desarrollo y progreso prevista también en la Constitución”.
Competencias
Ahora, en su dictamen, el representante del Ministerio Público Fiscal consignó que el artículo 41 de la Constitución Nacional le reconoce competencias al Estado Nacional y a las provincias que se organizan bajo el principio de complementariedad y que de acuerdo con ese reparto, el gobierno federal tiene facultades para definir los presupuestos mínimos de protección y los gobiernos locales para complementar esos presupuestos, “aumentando el nivel de protección establecido por el piso de protección inderogable fijado por la Nación”.
Sobre la base de aquel principio, Abramovich explicó que las provincias están autorizadas para establecer, por encima de los contenidos mínimos, regulaciones más estrictas que las nacionales, pues lo que se busca es la optimización de la tutela en resguardo de las características específicas, geográficas, climáticas, poblacionales y socioculturales del entorno provincial.
Así, entendió que la ley 9526 se adecuó a las previsiones del artículo 41 de la CN, pues maximizó la protección ambiental establecida a nivel nacional en la Ley General del Ambiente y en el Código de Minería.
Abramovich afirmó que no avanza sobre las facultades exclusivas del Congreso de la Nación para dictar el Código de Minería.
Al respecto, precisó que ese compendio regula los derechos, obligaciones y procedimientos para adquirir, explotar o aprovechar las sustancias minerales, mientras que la ley local establece ciertas condiciones técnicas para la realización de la actividad minera, en base a criterios de protección ambiental.
El agente puso de relieve que el propio artículo 233 del Código de Minería, inserto en el título “Condiciones técnicas de la explotación”, prevé que los mineros deben respetar las normas vinculadas a la conservación del ambiente dictadas por la Nación y por las provincias, en los términos del artículo 41 de la Constitución Nacional, y puntualizó que esa previsión es aplicable en materia de minería nuclear.
Agua
En segundo lugar, señaló que las restricciones establecidas en la ley cordobesa resultan razonables y no afectan derechos de las empresas mineras; ello así, si se tienen en cuenta los efectos nocivos e irreversibles que las técnicas y actividades prohibidas le causan al medio ambiente y, en especial, al agua.
En particular, destacó que las medidas adoptadas por la ley local resultan coherentes con los principios de prevención del daño, precaución y sustentabilidad que guían el derecho ambiental, detallados en el artículo 4 de la Ley General del Ambiente. El funcionario enfatizó que aquéllos deben imperar ante la creación de un riesgo de efectos desconocidos y, por tanto, imprevisibles, y que cuando lo que se persigue es la tutela del bien colectivo, como los derechos de raíz constitucional al ambiente y al agua, tiene prioridad absoluta la prevención del daño futuro.
Entre algunos de esos efectos, transcribió los que surgen del debate parlamentario de la ley, donde se expuso que la minería metalífera a cielo abierto remueve cientos de toneladas de tierra y roca, “agravando los procesos de desertificación, alterando el normal escurrimiento de las aguas y, en consecuencia, de cuencas completas” y que los procesos de lixiviación y flotación con sustancias tóxicas emplean millones de litros de líquido, que se contaminan por el aporte de las sustancias tóxicas que utilizan: cianuro, mercurio y ácido sulfúrico, entre otras.
“Estos gigantes volúmenes de agua, recurso de altísimo valor para la vida, no será apta nunca más para el consumo humano, ni de ganado, ni de cultivos”, resaltó.
El procurador se basó en los estudios técnicos presentados en la causa y en los informes de la auditoría de cierre de la mina de uranio Schlagintweit, que fue explotada en la provincia de Córdoba hasta 1991, un emprendimiento que produjo serios perjuicios ambientales.
Citando esos antecedentes, advirtió que los accionantes no aportaron pruebas que rebatan la información científica sobre el daño ambiental que producen las actividades prohibidas por la ley ni demostraron que la norma cuestionada obstaculice la actividad minera en Córdoba.
En esa línea, hizo notar que la minería en la provincia “se halla orientada principalmente a la obtención de minerales no metalíferos, en canteras, y que actualmente no habría minas activas de uranio”.
La ley 9526 se dictó en 2008
El artículo 1 prohíbe la actividad minera metalífera en la modalidad a cielo abierto, en todas sus etapas, constituidas por cateo, prospección, exploración, explotación, desarrollo, preparación, extracción y almacenamiento de sustancias minerales.
El artículo 2 veda la actividad minera de minerales nucleares, tales como el uranio y el torio, y dispone que las explotaciones concedidas deben cerrar.
El artículo 3 bloquea la posibilidad de usar cianuro, cianuro de sodio, bromuro de sodio, yoduro de sodio, mercurio, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico, ácido nítrico y toda otra sustancia química incluida en el anexo I de la Ley Nacional 24051 o que posea alguna de las características enunciadas en el anexo II de esa legislación y normas concordantes o las que en el futuro las reemplacen.
La prohiubición se circunscribe a los procesos de prospección, cateo, exploración, explotación, desarrollo, preparación, extracción, almacenamiento, industrialización y/o en los detallados en el inciso b del artículo 249 del Código de Minería, de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo, cualquiera sea el lugar de la provincia el que se desarrollen.
Prevención, precaución y sustentabilidad
– El procurador ante la Corte advirtió sobre los graves efectos que las actividades prohibidas por la normativa conllevan a la integridad del ambiente, a la salud de la población y al acceso al agua.
– En ese sentido, entendió que el articulado cuestionado es coherente con los principios de prevención del daño, precaución y sustentabilidad.
– Además, destacó que que los actores no aportaron pruebas que rebatieran la información científica sobre el perjuicio que producen las actividades prohibidas por la legislación cordobesa.
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Fecha de Publicación: 01/11/2018
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Córdoba
La normativa analizada por Víctor Abramovich (9526) también veda el uso en la provincia de Córdoba de ciertos químicos -como cianuro, mercurio y ácido sulfúrico-. El funcionario enfatizó que la norma se dictó para complementar previsiones ya existentes en el ámbito nacional. El caso llegó ante la Máxima Instancia hace dos años
El procurador fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), Víctor Abramovich, opinó que es constitucional la ley 9526 de la provincia de Córdoba, que prohíbe la actividad minera metalífera en la modalidad de cielo abierto (que se lleva a cabo con minerales nucleares como el uranio y el torio y el uso de sustancias químicas contaminantes, tóxicas y/o peligrosas como el cianuro, el mercurio y el ácido sulfúrico).
El agente recordó que la provincia dictó la ley en ejercicio de su competencia en materia ambiental, a fin de complementar las normas nacionales que protegen el ambiente en el sector de la minería.
En tanto, advirtió sobre los graves e irreversibles efectos que las actividades prohibidas conllevan para la integridad del ambiente, la salud de la población y el acceso al agua.
En ese marco, entendió que el articulado de la Ley 9526 es coherente con los principios de prevención del daño, precaución y sustentabilidad que guían el derecho ambiental.
El caso
La decisión tiene lugar en el marco de un caso se generó a raíz de la acción declarativa de inconstitucionalidad presentada en 2009 por la Cámara Empresaria Minera de la Provincia de Córdoba y la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear en contra de la ley provincial 9526, que establece las prohibiciones referidas. En su demanda, las accionantes señalaron que la normativa avanza sobre aspectos regulados en el Código de Minería y en la Ley Nacional de Actividad Nuclear (24804), lo que implica afectación de las facultades delegadas por las provincias a la Nación.
Además, señalaron que las restricciones estipuladas para la actividad minera vulneran sus derechos de trabajar y a ejercer toda industria lícita y el de propiedad, garantizados en los artículos 14 y 17 de la Constitución Nacional (CN).
TSJ
El procurador fiscal dictaminó que correspondía confirmar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que desestimó la demanda impugnatoria de la ley provincial.
En agosto de 2015, a seis años de la promoción de la acción declarativa de inconstitucionalidad, el Alto Tribunal provincial ratificó la validez de la legislación, al valorar que las restricciones que establece son razonables si se tiene en cuenta que el ambiente constituye un bien colectivo supremo que debe ser preservado.
Asimismo, resaltó que la norma se dictó dentro de las competencias propias de la provincia de Córdoba en la materia y que, por ello, complementa las previsiones nacionales sobre minería; especialmente, en lo referido al ejercicio del poder de policía.
Paralelamente, indicó que el objetivo es amparar un “uso razonable” del agua y mantener en niveles “aceptables” los efectos contaminantes de determinadas y puntuales actividades, prácticas y procesos mineros, para lo cual tuvo en cuenta, fundamentalmente, que el método de lixiviación química resulta inaceptable desde la perspectiva ambiental contemporánea.
“Existe consenso en la literatura respecto de que ninguna actividad industrial es tan agresiva al ambiente como la minería metalífera a cielo abierto”, enfatizó, explicando que se trata de actividades con huellas ambientales de relevancia durante muchos años.
Bajo esa premisa, recordó que según el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba está comprobado empíricamente que la actividad minera que se desarrolla a “cielo abierto”, con utilización de procedimientos químicos, “daña severamente el ambiente y, en consecuencia, a los seres humanos”.
Por otra parte, ponderó que otra “columna vertebral” de la ley es la protección del agua, considerada patrimonio natural por tratarse de un bien único e irreemplazable que, como tal, requiere instrumentos de protección de naturaleza jurídica.
Desde ese punto de vista, subrayó que con el método extractivo “a cielo abierto” los niveles de consumo de agua son “altísimos”.
Los Gigantes
El tribunal puso como ejemplos las minas La Alumbrera (Catamarca) y Veladero (San Juan), donde se insumen 100 millones y 70 millones de litros de agua por día, respectivamente. También tuvieron en cuenta la experiencia histórica en la provincia, con los casos de la planta de procesamiento de uranio en la Mina “Schlagintweit” (yacimiento Los Gigantes).
No obstante, el TSJ aclaró que la ley 9625 solo restringe determinadas metodologías y procedimientos de explotación, pero que ni la actividad minera en sí misma ni los derechos obtenidos mediante concesiones quedan prohibidos, sino que se limitan para “tender a un equilibrio dinámico entre las actividades económicas y la protección del ambiente”.
Una vez que se conoció el fallo, los actores adelantaron que llevarían su planteo ante la Corte Suprema.
En octubre de 2016 los mineros cordobeses presentaron un recurso de queja ante la Máxima Instancia en insistieron con que la ley avasalla el sistema de distribución de competencias ambientales concurrentes previstas en el artículo 41 de la Constitución, cercena el principio de supremacía y el de razonabilidad constitucional y desconoce la cláusula de desarrollo y progreso prevista también en la Constitución”.
Competencias
Ahora, en su dictamen, el representante del Ministerio Público Fiscal consignó que el artículo 41 de la Constitución Nacional le reconoce competencias al Estado Nacional y a las provincias que se organizan bajo el principio de complementariedad y que de acuerdo con ese reparto, el gobierno federal tiene facultades para definir los presupuestos mínimos de protección y los gobiernos locales para complementar esos presupuestos, “aumentando el nivel de protección establecido por el piso de protección inderogable fijado por la Nación”.
Sobre la base de aquel principio, Abramovich explicó que las provincias están autorizadas para establecer, por encima de los contenidos mínimos, regulaciones más estrictas que las nacionales, pues lo que se busca es la optimización de la tutela en resguardo de las características específicas, geográficas, climáticas, poblacionales y socioculturales del entorno provincial.
Así, entendió que la ley 9526 se adecuó a las previsiones del artículo 41 de la CN, pues maximizó la protección ambiental establecida a nivel nacional en la Ley General del Ambiente y en el Código de Minería.
Abramovich afirmó que no avanza sobre las facultades exclusivas del Congreso de la Nación para dictar el Código de Minería.
Al respecto, precisó que ese compendio regula los derechos, obligaciones y procedimientos para adquirir, explotar o aprovechar las sustancias minerales, mientras que la ley local establece ciertas condiciones técnicas para la realización de la actividad minera, en base a criterios de protección ambiental.
El agente puso de relieve que el propio artículo 233 del Código de Minería, inserto en el título “Condiciones técnicas de la explotación”, prevé que los mineros deben respetar las normas vinculadas a la conservación del ambiente dictadas por la Nación y por las provincias, en los términos del artículo 41 de la Constitución Nacional, y puntualizó que esa previsión es aplicable en materia de minería nuclear.
Agua
En segundo lugar, señaló que las restricciones establecidas en la ley cordobesa resultan razonables y no afectan derechos de las empresas mineras; ello así, si se tienen en cuenta los efectos nocivos e irreversibles que las técnicas y actividades prohibidas le causan al medio ambiente y, en especial, al agua.
En particular, destacó que las medidas adoptadas por la ley local resultan coherentes con los principios de prevención del daño, precaución y sustentabilidad que guían el derecho ambiental, detallados en el artículo 4 de la Ley General del Ambiente. El funcionario enfatizó que aquéllos deben imperar ante la creación de un riesgo de efectos desconocidos y, por tanto, imprevisibles, y que cuando lo que se persigue es la tutela del bien colectivo, como los derechos de raíz constitucional al ambiente y al agua, tiene prioridad absoluta la prevención del daño futuro.
Entre algunos de esos efectos, transcribió los que surgen del debate parlamentario de la ley, donde se expuso que la minería metalífera a cielo abierto remueve cientos de toneladas de tierra y roca, “agravando los procesos de desertificación, alterando el normal escurrimiento de las aguas y, en consecuencia, de cuencas completas” y que los procesos de lixiviación y flotación con sustancias tóxicas emplean millones de litros de líquido, que se contaminan por el aporte de las sustancias tóxicas que utilizan: cianuro, mercurio y ácido sulfúrico, entre otras.
“Estos gigantes volúmenes de agua, recurso de altísimo valor para la vida, no será apta nunca más para el consumo humano, ni de ganado, ni de cultivos”, resaltó.
El procurador se basó en los estudios técnicos presentados en la causa y en los informes de la auditoría de cierre de la mina de uranio Schlagintweit, que fue explotada en la provincia de Córdoba hasta 1991, un emprendimiento que produjo serios perjuicios ambientales.
Citando esos antecedentes, advirtió que los accionantes no aportaron pruebas que rebatan la información científica sobre el daño ambiental que producen las actividades prohibidas por la ley ni demostraron que la norma cuestionada obstaculice la actividad minera en Córdoba.
En esa línea, hizo notar que la minería en la provincia “se halla orientada principalmente a la obtención de minerales no metalíferos, en canteras, y que actualmente no habría minas activas de uranio”.
La ley 9526 se dictó en 2008
El artículo 1 prohíbe la actividad minera metalífera en la modalidad a cielo abierto, en todas sus etapas, constituidas por cateo, prospección, exploración, explotación, desarrollo, preparación, extracción y almacenamiento de sustancias minerales.
El artículo 2 veda la actividad minera de minerales nucleares, tales como el uranio y el torio, y dispone que las explotaciones concedidas deben cerrar.
El artículo 3 bloquea la posibilidad de usar cianuro, cianuro de sodio, bromuro de sodio, yoduro de sodio, mercurio, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico, ácido nítrico y toda otra sustancia química incluida en el anexo I de la Ley Nacional 24051 o que posea alguna de las características enunciadas en el anexo II de esa legislación y normas concordantes o las que en el futuro las reemplacen.
La prohiubición se circunscribe a los procesos de prospección, cateo, exploración, explotación, desarrollo, preparación, extracción, almacenamiento, industrialización y/o en los detallados en el inciso b del artículo 249 del Código de Minería, de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo, cualquiera sea el lugar de la provincia el que se desarrollen.
Prevención, precaución y sustentabilidad
– El procurador ante la Corte advirtió sobre los graves efectos que las actividades prohibidas por la normativa conllevan a la integridad del ambiente, a la salud de la población y al acceso al agua.
– En ese sentido, entendió que el articulado cuestionado es coherente con los principios de prevención del daño, precaución y sustentabilidad.
– Además, destacó que que los actores no aportaron pruebas que rebatieran la información científica sobre el perjuicio que producen las actividades prohibidas por la legislación cordobesa.
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Más reuniones para habilitar la minería en Chubut
Dirigentes chubutenses se reunieron con Macri para habilitar la minería
Fecha de Publicación: 01/11/2018
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
El diputado nacional Gustavo Menna, los diputados provinciales Eduardo Conde, Manuel Pagliaroni, Jerónimo García, Alfredo Di Filippo y Carlos Gómez, y los dirigentes petroleros Jorge Ávila y José Lludgar se reunieron con el presidente Mauricio Macri para hablar de minería.
El presidente de la Nación, Mauricio Macri, recibió a los diputados provinciales Eduardo Conde, Manuel Pagliaroni, Jerónimo García, Alfredo Di Filippo y Carlos Gómez, el diputado nacional Gustvao Menna, el intendente de Telsen Leonardo Bowman y los dirigentes petroleros Jorge Ávila y José Llugdar para analizar los alcances de la minería.
Macri solicitó a los legisladores provinciales abrir el debate en la Legislatura y aseguró que la actividad “generará fuertes beneficios para el país y para la provincia que conduce Mariano Arcioni” informó El Chubut. Desde el sector petrolero, Ávila, Llugdar y el diputado Gómez respaldaron el pedido de Macri para discutir la minería en Chubut.
Los representantes chubutenses se comprometieron con el mandatario nacional para tratar en las próximas semanas en la Legislatura el proyecto que habilita y reglamenta la discusión minera.
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Fecha de Publicación: 01/11/2018
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
El diputado nacional Gustavo Menna, los diputados provinciales Eduardo Conde, Manuel Pagliaroni, Jerónimo García, Alfredo Di Filippo y Carlos Gómez, y los dirigentes petroleros Jorge Ávila y José Lludgar se reunieron con el presidente Mauricio Macri para hablar de minería.
El presidente de la Nación, Mauricio Macri, recibió a los diputados provinciales Eduardo Conde, Manuel Pagliaroni, Jerónimo García, Alfredo Di Filippo y Carlos Gómez, el diputado nacional Gustvao Menna, el intendente de Telsen Leonardo Bowman y los dirigentes petroleros Jorge Ávila y José Llugdar para analizar los alcances de la minería.
Macri solicitó a los legisladores provinciales abrir el debate en la Legislatura y aseguró que la actividad “generará fuertes beneficios para el país y para la provincia que conduce Mariano Arcioni” informó El Chubut. Desde el sector petrolero, Ávila, Llugdar y el diputado Gómez respaldaron el pedido de Macri para discutir la minería en Chubut.
Los representantes chubutenses se comprometieron con el mandatario nacional para tratar en las próximas semanas en la Legislatura el proyecto que habilita y reglamenta la discusión minera.
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Presupuesto: un peso por hectárea de bosques por mes
Subió la deforestación y preocupa la baja partida a la protección de bosques en el nuevo Presupuesto
Fecha de Publicación: 31/10/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
El Presupuesto para el año 2019, que esta semana obtuvo media sanción del Congreso, asigna apenas 595 millones de pesos para la protección de bosques nativos, lo que representa apenas el 4,75% de lo estipulado por la Ley de Bosques. Según números oficiales, el año pasado desaparecieron 172.639 hectáreas
Un peso por hectárea por mes. Ese es el presupuesto que el gobierno nacional asignó a la protección de este recurso natural que no para de perder frente al avance de la frontera agropecuaria. El ejercicio financiero, que esta semana obtuvo media sanción del Congreso, asigna apenas 595 millones de pesos para la protección las 53.645.545 hectáreas de bosque nativo de la Argentina, lo que representa apenas el 4,75% de lo estipulado por la Ley de Bosques.
A este panorama se suma un dato que preocupa: el año pasado volvió a subir la deforestación en el país. Según el Informe del Estado del Ambiente, presentado por la secretaría que conduce Sergio Bergman, en 2017 desaparecieron 172.639 hectáreas o el 0,38% de los bosques. En 2016, los desmontes habían bajado a 155.851 ha y se había detenido una tendencia que ya llevaba 10 años. Los desmontes en Chaco, Santiago del Estero, Salta y Formosa significaron el 72% de la deforestación.
"Las presiones del bosque están fundamentadas en la expansión de la frontera agropecuaria, la ganadería, la urbanización e infraestructura, la extracción de madera y los incendios forestales. Las áreas desmontadas son usadas para el cultivo de diferentes especies agrícolas, principalmente el cultivo de la soja, a causa de sus elevados precios internacionales y la incorporación de nuevos países a la demanda", sostiene el reporte que la actual gestión presenta por segunda vez.
La reactivación del cultivo de los commodities por la baja de retenciones es una de las razones de este cambio en los usos del suelo. Sin embargo, existe una ley, conocida como la Ley de Bosques, precisamente para proteger el bosque nativo que crea un fondo para compensar a las provincias por no permitir esa deforestación. Pero no se cumple.
La norma es clara: en su artículo 31 estipula que el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos estará integrado por las partidas presupuestarias que no podrán ser inferiores al 0,3% del presupuesto nacional. Ese fondo para 2019 debería ser de $12.500 millones. El monto se completaría con el 2% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal, correspondientes al año anterior del ejercicio en consideración.
"Lo único que estamos pidiendo es que se cumpla la ley. Sin el adecuado estímulo financiero previsto, las provincias se ven imposibilitadas de fortalecer, de manera apropiada, su capacidad de fiscalización, control y vigilancia. Por otro lado los propietarios de áreas con bosques nativos no reciben estímulos para desarrollar el uso sustentable o compensaciones por las áreas que deben destinarse exclusivamente a la conservación. Mientras el gobierno de turno desoye el pedido de la sociedad, la deforestación continúa, se pierden bosques, biodiversidad, servicios ambientales y oportunidades de un real desarrollo sustentable" explica Manuel Jaramillo, director General de Fundación Vida Silvestre Argentina.
El Gran Chaco es una de las principales ecorregiones del país y se encuentra seriamente amenazada. Lamentablemente, es uno los 11 sitios con mayor deforestación del mundo y niveles más altos de degradación. Desde hace más de un siglo esta región enfrenta la pérdida sostenida de su patrimonio natural y cultural a causa del uso no planificado de los recursos y el avance de la frontera agropecuaria.
En Argentina, durante los últimos 35 años se perdieron 12 millones de hectáreas de zonas boscosas en la región chaqueña, lo que significa aproximadamente un 20% de sus ecosistemas naturales. La mayor proporción de esta transformación ocurrió durante los últimos quince años y se concentró principalmente en las provincias de Chaco, Salta y Santiago del Estero.
"En el mundo existen cerca de 3.710 millones de hectáreas de bosques nativos, a las que Argentina contribuye con el 1,4%. Esa extensión equivale al 93% de la superficie de bosque del planeta, siendo el 7% de bosques implantados. Dentro de América del Sur, los bosques nativos de Argentina representan un 6,5 por ciento", sostiene el reporte oficial.
La conexión con el cambio climático
La conservación de los bosques es una herramienta central a la hora de hablar de la lucha contra el cambio climático. En la Argentina la deforestación provocó el 22% de las emisiones de gases de efecto invernadero, según consta en el último inventario de emisiones.
Un reciente estudio presentado en conjunto entre el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y Fundación Vida Silvestre Argentina, realizado en el marco del proyecto Collaboration for Forest and Agriculture demuestra que, continuando con la tendencia actual, la emisión de gases de efecto invernadero por deforestación al 2028 sería de un total aproximado de 800 millones de toneladas de CO2 (57 millones por año). Una correcta aplicación de la Ley de Bosques permitiría que esas emisiones se redujeran a la mitad: 400 millones de toneladas de CO2 (28 millones por año).
"El compromiso argentino frente al Acuerdo de París habla de no exceder las 483 millones de toneladas de CO2 al 2030. Si mantenemos el escenario actual, con nuestros bosques descuidados y desfinanciados, este compromiso será imposible de cumplir. La Ley de Bosques es la herramienta para poder comenzar a cumplir estos compromisos y, ¿por qué no? pensar en ampliarlos", detalló Jaramillo.
Por su parte, Diego Moreno, secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales de la Nación indicó: "Un instrumento que desarrollamos con el Conicet y la CONAE y lanzaremos en breve es un sistema de alerta temprana de deforestación. A través de imágenes satelitales, cada 15 días se emitirán alertas de posibles focos de deforestación".
Otra herramienta es la plataforma Forestar 2030 que el gobierno nacional lanzó en el marco del Gabinete de Cambio Climático, del que participan varios ministerios y secretarías y se basa en construir sobre los avances logrados en forestación por cada uno de los sectores para crear un nuevo mercado competitivo, sustentable y posicionar a la Argentina en el contexto forestal internacional.
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Fecha de Publicación: 31/10/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
El Presupuesto para el año 2019, que esta semana obtuvo media sanción del Congreso, asigna apenas 595 millones de pesos para la protección de bosques nativos, lo que representa apenas el 4,75% de lo estipulado por la Ley de Bosques. Según números oficiales, el año pasado desaparecieron 172.639 hectáreas
Un peso por hectárea por mes. Ese es el presupuesto que el gobierno nacional asignó a la protección de este recurso natural que no para de perder frente al avance de la frontera agropecuaria. El ejercicio financiero, que esta semana obtuvo media sanción del Congreso, asigna apenas 595 millones de pesos para la protección las 53.645.545 hectáreas de bosque nativo de la Argentina, lo que representa apenas el 4,75% de lo estipulado por la Ley de Bosques.
A este panorama se suma un dato que preocupa: el año pasado volvió a subir la deforestación en el país. Según el Informe del Estado del Ambiente, presentado por la secretaría que conduce Sergio Bergman, en 2017 desaparecieron 172.639 hectáreas o el 0,38% de los bosques. En 2016, los desmontes habían bajado a 155.851 ha y se había detenido una tendencia que ya llevaba 10 años. Los desmontes en Chaco, Santiago del Estero, Salta y Formosa significaron el 72% de la deforestación.
"Las presiones del bosque están fundamentadas en la expansión de la frontera agropecuaria, la ganadería, la urbanización e infraestructura, la extracción de madera y los incendios forestales. Las áreas desmontadas son usadas para el cultivo de diferentes especies agrícolas, principalmente el cultivo de la soja, a causa de sus elevados precios internacionales y la incorporación de nuevos países a la demanda", sostiene el reporte que la actual gestión presenta por segunda vez.
La reactivación del cultivo de los commodities por la baja de retenciones es una de las razones de este cambio en los usos del suelo. Sin embargo, existe una ley, conocida como la Ley de Bosques, precisamente para proteger el bosque nativo que crea un fondo para compensar a las provincias por no permitir esa deforestación. Pero no se cumple.
La norma es clara: en su artículo 31 estipula que el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos estará integrado por las partidas presupuestarias que no podrán ser inferiores al 0,3% del presupuesto nacional. Ese fondo para 2019 debería ser de $12.500 millones. El monto se completaría con el 2% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal, correspondientes al año anterior del ejercicio en consideración.
"Lo único que estamos pidiendo es que se cumpla la ley. Sin el adecuado estímulo financiero previsto, las provincias se ven imposibilitadas de fortalecer, de manera apropiada, su capacidad de fiscalización, control y vigilancia. Por otro lado los propietarios de áreas con bosques nativos no reciben estímulos para desarrollar el uso sustentable o compensaciones por las áreas que deben destinarse exclusivamente a la conservación. Mientras el gobierno de turno desoye el pedido de la sociedad, la deforestación continúa, se pierden bosques, biodiversidad, servicios ambientales y oportunidades de un real desarrollo sustentable" explica Manuel Jaramillo, director General de Fundación Vida Silvestre Argentina.
El Gran Chaco es una de las principales ecorregiones del país y se encuentra seriamente amenazada. Lamentablemente, es uno los 11 sitios con mayor deforestación del mundo y niveles más altos de degradación. Desde hace más de un siglo esta región enfrenta la pérdida sostenida de su patrimonio natural y cultural a causa del uso no planificado de los recursos y el avance de la frontera agropecuaria.
En Argentina, durante los últimos 35 años se perdieron 12 millones de hectáreas de zonas boscosas en la región chaqueña, lo que significa aproximadamente un 20% de sus ecosistemas naturales. La mayor proporción de esta transformación ocurrió durante los últimos quince años y se concentró principalmente en las provincias de Chaco, Salta y Santiago del Estero.
"En el mundo existen cerca de 3.710 millones de hectáreas de bosques nativos, a las que Argentina contribuye con el 1,4%. Esa extensión equivale al 93% de la superficie de bosque del planeta, siendo el 7% de bosques implantados. Dentro de América del Sur, los bosques nativos de Argentina representan un 6,5 por ciento", sostiene el reporte oficial.
La conexión con el cambio climático
La conservación de los bosques es una herramienta central a la hora de hablar de la lucha contra el cambio climático. En la Argentina la deforestación provocó el 22% de las emisiones de gases de efecto invernadero, según consta en el último inventario de emisiones.
Un reciente estudio presentado en conjunto entre el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y Fundación Vida Silvestre Argentina, realizado en el marco del proyecto Collaboration for Forest and Agriculture demuestra que, continuando con la tendencia actual, la emisión de gases de efecto invernadero por deforestación al 2028 sería de un total aproximado de 800 millones de toneladas de CO2 (57 millones por año). Una correcta aplicación de la Ley de Bosques permitiría que esas emisiones se redujeran a la mitad: 400 millones de toneladas de CO2 (28 millones por año).
"El compromiso argentino frente al Acuerdo de París habla de no exceder las 483 millones de toneladas de CO2 al 2030. Si mantenemos el escenario actual, con nuestros bosques descuidados y desfinanciados, este compromiso será imposible de cumplir. La Ley de Bosques es la herramienta para poder comenzar a cumplir estos compromisos y, ¿por qué no? pensar en ampliarlos", detalló Jaramillo.
Por su parte, Diego Moreno, secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales de la Nación indicó: "Un instrumento que desarrollamos con el Conicet y la CONAE y lanzaremos en breve es un sistema de alerta temprana de deforestación. A través de imágenes satelitales, cada 15 días se emitirán alertas de posibles focos de deforestación".
Otra herramienta es la plataforma Forestar 2030 que el gobierno nacional lanzó en el marco del Gabinete de Cambio Climático, del que participan varios ministerios y secretarías y se basa en construir sobre los avances logrados en forestación por cada uno de los sectores para crear un nuevo mercado competitivo, sustentable y posicionar a la Argentina en el contexto forestal internacional.
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Avanza la megaobra para sanear el Riachuelo
La planta para tratar efluentes, una “pieza” clave del Sistema Riachuelo
Fecha de Publicación: 31/10/2018
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Riachuelo
El emisario es una de las piezas clave del Sistema Riachuelo. Pero no la única. La megaobra también incluye una planta de tratamiento de efluentes y una nueva cloaca de 11 kilómetros. Su finalización, estiman desde AySA, beneficiará a 4.3 millones de personas.
La nueva cloaca -el Colector Margen Izquierda- transportará efluentes y "caudales en tiempo seco". El eufemismo técnico refiere a los desperdicios que ahora llegan a pluviales y arroyos a través de conexiones clandestinas o por fallas en la red. Captándolos se evitará que terminen en el Riachuelo.
"El colector se inicia en General Paz y Fernández de la Cruz, en Lugano, después toma Perito Moreno, pasa por Amancio Alcorta, toma Australia, Quinquela Martín, cruza el Riachuelo, va por todo el frente portuario de Dock Sud y llega a este predio", precisa la ingeniera Álvarez.
En Dock Sud primero pasa por una planta de pretramiento, que remueve sólidos gruesos, arenas y flotantes, y luego deriva los efluentes al emisario. A su turno, el túnel de 12 kilómetro adentra los desechos en el río, pasando por debajo de los canales de navegación.
Hoy los desagües de la Ciudad y parte del Gran Buenos Aires se transportan hasta una planta de tratamiento en Berazategui a través de tres saturadas cloacas máximas. Dos datan de fines del siglo XIX y principios del XX, y otra es de 1946. El nuevo sistema aliviará al actual, que funciona sobreexigido.
Si se cumplen los plazos, el sistema estará terminado el 31 de marzo de 2021. Desde AySA aseguran que ni la situación económica actual ni "la causa de los cuadernos" -en la construcción de la planta depuradora intervienen empresas involucradas en el caso- ponen en peligro su desarrollo y finalización.
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Fecha de Publicación: 31/10/2018
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Riachuelo
El emisario es una de las piezas clave del Sistema Riachuelo. Pero no la única. La megaobra también incluye una planta de tratamiento de efluentes y una nueva cloaca de 11 kilómetros. Su finalización, estiman desde AySA, beneficiará a 4.3 millones de personas.
La nueva cloaca -el Colector Margen Izquierda- transportará efluentes y "caudales en tiempo seco". El eufemismo técnico refiere a los desperdicios que ahora llegan a pluviales y arroyos a través de conexiones clandestinas o por fallas en la red. Captándolos se evitará que terminen en el Riachuelo.
"El colector se inicia en General Paz y Fernández de la Cruz, en Lugano, después toma Perito Moreno, pasa por Amancio Alcorta, toma Australia, Quinquela Martín, cruza el Riachuelo, va por todo el frente portuario de Dock Sud y llega a este predio", precisa la ingeniera Álvarez.
En Dock Sud primero pasa por una planta de pretramiento, que remueve sólidos gruesos, arenas y flotantes, y luego deriva los efluentes al emisario. A su turno, el túnel de 12 kilómetro adentra los desechos en el río, pasando por debajo de los canales de navegación.
Hoy los desagües de la Ciudad y parte del Gran Buenos Aires se transportan hasta una planta de tratamiento en Berazategui a través de tres saturadas cloacas máximas. Dos datan de fines del siglo XIX y principios del XX, y otra es de 1946. El nuevo sistema aliviará al actual, que funciona sobreexigido.
Si se cumplen los plazos, el sistema estará terminado el 31 de marzo de 2021. Desde AySA aseguran que ni la situación económica actual ni "la causa de los cuadernos" -en la construcción de la planta depuradora intervienen empresas involucradas en el caso- ponen en peligro su desarrollo y finalización.
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No subirán los impuestos a los biocombustibles
El Gobierno Nacional no subirá impuestos a los biocombustibles
Fecha de Publicación: 31/10/2018
Fuente: Sin Mordaza
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno Nacional decidió no gravar con más impuestos a la comercialización de los biocombustibles. La noticia trae alivio a todo el cordón industrial del Gran Rosario, donde se radican la mayoría de estas empresas.
La Nación había impulsado un artículo por el que sólo quedaran exentos del cobro de impuestos apenas el 12% de biodiesel con que se corta el diesel que expenden las estaciones de servicio, lo mismo que el 10% de alcohol de caña que llevan las naftas. Por sobre esos porcentajes, toda otra comercialización hubiera tenido que pagar los mismos impuestos que los derivados del petróleo.
La decisión se debió a la presión que se ejerció por parte de la oposición en el marco del debate por la aprobación del Presupuesto 2019, que ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados.
La Liga Bioenergética que forman las provincias de Santa Fe, Tucumán, Salta, Jujuy, Córdoba y Santiago del Estero presionó a la Casa Rosada para impedir el avance de esa iniciativa, que iba a discutirse en el seno de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside un santafesino: Luciano Laspina (PRO).
El sector teme que el poder de lobby de la industria del petróleo presione para frenar los proyectos en marcha, especialmente impulsados desde el gobierno de Santa Fe, para aumentar el corte de biocombustibles en los combustibles, y para hacer funcionar las flotas del transporte público de pasajeros con combustibles de fuentes renovables.
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Fecha de Publicación: 31/10/2018
Fuente: Sin Mordaza
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno Nacional decidió no gravar con más impuestos a la comercialización de los biocombustibles. La noticia trae alivio a todo el cordón industrial del Gran Rosario, donde se radican la mayoría de estas empresas.
La Nación había impulsado un artículo por el que sólo quedaran exentos del cobro de impuestos apenas el 12% de biodiesel con que se corta el diesel que expenden las estaciones de servicio, lo mismo que el 10% de alcohol de caña que llevan las naftas. Por sobre esos porcentajes, toda otra comercialización hubiera tenido que pagar los mismos impuestos que los derivados del petróleo.
La decisión se debió a la presión que se ejerció por parte de la oposición en el marco del debate por la aprobación del Presupuesto 2019, que ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados.
La Liga Bioenergética que forman las provincias de Santa Fe, Tucumán, Salta, Jujuy, Córdoba y Santiago del Estero presionó a la Casa Rosada para impedir el avance de esa iniciativa, que iba a discutirse en el seno de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside un santafesino: Luciano Laspina (PRO).
El sector teme que el poder de lobby de la industria del petróleo presione para frenar los proyectos en marcha, especialmente impulsados desde el gobierno de Santa Fe, para aumentar el corte de biocombustibles en los combustibles, y para hacer funcionar las flotas del transporte público de pasajeros con combustibles de fuentes renovables.
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Región Metropolitana de BA en riesgo por el cambio climático
El cambio climático en el AMBA afecta a los más vulnerables: está en riesgo el 30% de la población
Fecha de Publicación: 30/10/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Buenos Aires
Las amenazas del cambio climático sobre la Región Metropolitana son la mayor frecuencia de inundaciones, olas de calor y tormentas severas. Este es el diagnóstico de los científicos expertos que colaboran con las Naciones Unidas para enfrentar este escenario dramático. Un estudio realizado por el think tank Cippec suma otra preocupación: los más pobres son los que corren más riesgo e identifica geográficamente los potenciales impactos.
El trabajo, presentado el 8 de octubre en conmemoración del Día Metropolitano, es el resultado de la investigación de tres expertas y comienza poniendo en contexto el problema y la amenaza: "La situación más desfavorable, calculada en el Índice de Vulnerabilidad Social ante Desastres, afecta al 30,1% de la población, que vive en el 8,3% de la superficie total de la región, lo que refleja un alto grado de concentración poblacional".
Los índices más altos se observan en los partidos de Malvinas Argentinas, José C. Paz, Moreno, La Matanza, Esteban Echeverría, Florencio Varela y algunos sectores de Tigre, Avellaneda, Quilmes, Almirante Brown y Berazategui. "Los efectos del cambio climático en la Región Metropolitana comienzan a ser cada vez más evidentes. Si se toma en cuenta la última gran inundación del 2013 [La Plata y zonas aledañas] y la ola de calor en la Ciudad, entre diciembre de 2013 y enero de 2014, se produjeron más de 600 muertes a causa de sólo dos eventos climáticos", explica a Infobae Ana Carolina Herrero, investigadora del Programa de Ciudades de Cippec que realizó la investigación junto a Claudia Natenzon y Mariela Miño.
Herrero destaca que este trabajo pretende mostrar la evidencia para que los municipios cuenten con información para poder tomar acciones. "Hay veces que se piensa que las vulnerabilidades son probabilidades. Y, en el contexto de algunos municipios, invertir en probabilidades aparece como muy caro. Sin embargo, cuando algún evento extremo sucede, puede sacudir toda la gestión", indica.
El nivel de riesgo es la intersección entre amenaza y vulnerabilidad social: "La amenaza cada vez es mayor y con más frecuencia, entonces la forma de disminuir el riesgo es trabajando en la vulnerabilidad social", sostiene el informe.
Cada amenaza es diferente, según el punto geográfico. Así, el reporte identifica tres grandes grupos:
-Inundaciones
Los partidos con más del 50% de su superficie en áreas inundables son Campana, Escobar, Pilar, Tigre, San Fernando, San Isidro, General San Martín, Ituzaingó, Lanús, Lomas de Zamora y Brandsen. En menor medida también se pueden mencionar Zárate, Exaltación de la Cruz, Luján, General Rodríguez, Moreno, San Miguel, Malvinas Argentinas, Tres de Febrero, Avellaneda, Esteban Echeverría, Ezeiza, La Matanza, Cañuelas y San Vicente.
Aunque esta amenaza está relacionada con la pertenencia o no a una cuenca hídrica, si se cruza con el mapa de vulnerabilidad social, el riesgo se multiplica.
-Olas de calor
El informe de Cippec identifica a los partidos de Zárate, Campana y Exaltación de la Cruz, debido principalmente a la presencia de cultivos y/o rastrojo. Para los sectores urbanos, los focos de calor solar potencial o efectivo se deben al hormigón, principalmente a las autopistas Panamericana o Ruta 9 al norte, Ruta 3 en La Matanza, del Oeste desde el centro hasta Luján, General Paz en la CABA; también a los aeropuertos en Ezeiza, CABA, Palomar y Morón y en menor medida galpones, áreas industriales, techos, playas de estacionamiento, shoppings, etc.
-Vientos
Los peligros potenciales vinculados a los vientos según su velocidad, presenta claramente una franja noreste-sureste en el centro de la región, con partidos que reciben los temporales muy fuertes (Vicente López, San Martín, Tres de Febrero, ciudad de Buenos Aires, Avellaneda, Lanús, La Matanza, Ezeiza, Esteban Echeverría, Presidente Perón, Marcos Paz, Las Heras, Cañuelas y San Vicente). Los temporales fuertes, según los registros, se dan en los partidos del Oeste y, temporales de menor intensidad, en partidos del Noroeste.
12 años para actuar
Las políticas de adaptación o de mitigación frente al cambio climático son centrales y urgentes. Así lo indica el último reporte de la ONU que indica que, para frenar la suba promedio global del termómetro en 1.5ºC queda una ventana de 12 años para actuar. En la Región Metropolitana de Buenos Aires la suba promedio, desde que se tiene registro, es de 1ºC.
Gabriel Lanfranchi, quien dirige el Programa de Ciudades en Cippec, explica: "Las áreas urbanas producen el 67% de las emisiones de gas de efecto invernadero. Por esta razón, las ciudades deben liderar la lucha contra el cambio climático. La transición hacia ciudades resilientes y con bajas emisiones de carbono requiere cambios en la asignación de recursos que permitan financiar inversión pública en infraestructura".
Herrero sostiene que es fundamental que las acciones sean locales, porque "debe analizarse con qué población se trabaja, cómo deben ser los mensajes y los sistemas de riesgos que se implementan". Las medidas de adaptación abarcan medidas estructurales, como obras y mantenimiento de infraestructuras, con la creación de un sistema robusto de captación y análisis de variables climáticas, hasta acciones de evacuación. Las investigadoras también creen que deben existir otras acciones complementarias como capacitación y concientización, diseñada para cada barrio en función de sus características, necesidades y costumbres.
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Fecha de Publicación: 30/10/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Buenos Aires
Las amenazas del cambio climático sobre la Región Metropolitana son la mayor frecuencia de inundaciones, olas de calor y tormentas severas. Este es el diagnóstico de los científicos expertos que colaboran con las Naciones Unidas para enfrentar este escenario dramático. Un estudio realizado por el think tank Cippec suma otra preocupación: los más pobres son los que corren más riesgo e identifica geográficamente los potenciales impactos.
El trabajo, presentado el 8 de octubre en conmemoración del Día Metropolitano, es el resultado de la investigación de tres expertas y comienza poniendo en contexto el problema y la amenaza: "La situación más desfavorable, calculada en el Índice de Vulnerabilidad Social ante Desastres, afecta al 30,1% de la población, que vive en el 8,3% de la superficie total de la región, lo que refleja un alto grado de concentración poblacional".
Los índices más altos se observan en los partidos de Malvinas Argentinas, José C. Paz, Moreno, La Matanza, Esteban Echeverría, Florencio Varela y algunos sectores de Tigre, Avellaneda, Quilmes, Almirante Brown y Berazategui. "Los efectos del cambio climático en la Región Metropolitana comienzan a ser cada vez más evidentes. Si se toma en cuenta la última gran inundación del 2013 [La Plata y zonas aledañas] y la ola de calor en la Ciudad, entre diciembre de 2013 y enero de 2014, se produjeron más de 600 muertes a causa de sólo dos eventos climáticos", explica a Infobae Ana Carolina Herrero, investigadora del Programa de Ciudades de Cippec que realizó la investigación junto a Claudia Natenzon y Mariela Miño.
Herrero destaca que este trabajo pretende mostrar la evidencia para que los municipios cuenten con información para poder tomar acciones. "Hay veces que se piensa que las vulnerabilidades son probabilidades. Y, en el contexto de algunos municipios, invertir en probabilidades aparece como muy caro. Sin embargo, cuando algún evento extremo sucede, puede sacudir toda la gestión", indica.
El nivel de riesgo es la intersección entre amenaza y vulnerabilidad social: "La amenaza cada vez es mayor y con más frecuencia, entonces la forma de disminuir el riesgo es trabajando en la vulnerabilidad social", sostiene el informe.
Cada amenaza es diferente, según el punto geográfico. Así, el reporte identifica tres grandes grupos:
-Inundaciones
Los partidos con más del 50% de su superficie en áreas inundables son Campana, Escobar, Pilar, Tigre, San Fernando, San Isidro, General San Martín, Ituzaingó, Lanús, Lomas de Zamora y Brandsen. En menor medida también se pueden mencionar Zárate, Exaltación de la Cruz, Luján, General Rodríguez, Moreno, San Miguel, Malvinas Argentinas, Tres de Febrero, Avellaneda, Esteban Echeverría, Ezeiza, La Matanza, Cañuelas y San Vicente.
Aunque esta amenaza está relacionada con la pertenencia o no a una cuenca hídrica, si se cruza con el mapa de vulnerabilidad social, el riesgo se multiplica.
-Olas de calor
El informe de Cippec identifica a los partidos de Zárate, Campana y Exaltación de la Cruz, debido principalmente a la presencia de cultivos y/o rastrojo. Para los sectores urbanos, los focos de calor solar potencial o efectivo se deben al hormigón, principalmente a las autopistas Panamericana o Ruta 9 al norte, Ruta 3 en La Matanza, del Oeste desde el centro hasta Luján, General Paz en la CABA; también a los aeropuertos en Ezeiza, CABA, Palomar y Morón y en menor medida galpones, áreas industriales, techos, playas de estacionamiento, shoppings, etc.
-Vientos
Los peligros potenciales vinculados a los vientos según su velocidad, presenta claramente una franja noreste-sureste en el centro de la región, con partidos que reciben los temporales muy fuertes (Vicente López, San Martín, Tres de Febrero, ciudad de Buenos Aires, Avellaneda, Lanús, La Matanza, Ezeiza, Esteban Echeverría, Presidente Perón, Marcos Paz, Las Heras, Cañuelas y San Vicente). Los temporales fuertes, según los registros, se dan en los partidos del Oeste y, temporales de menor intensidad, en partidos del Noroeste.
12 años para actuar
Las políticas de adaptación o de mitigación frente al cambio climático son centrales y urgentes. Así lo indica el último reporte de la ONU que indica que, para frenar la suba promedio global del termómetro en 1.5ºC queda una ventana de 12 años para actuar. En la Región Metropolitana de Buenos Aires la suba promedio, desde que se tiene registro, es de 1ºC.
Gabriel Lanfranchi, quien dirige el Programa de Ciudades en Cippec, explica: "Las áreas urbanas producen el 67% de las emisiones de gas de efecto invernadero. Por esta razón, las ciudades deben liderar la lucha contra el cambio climático. La transición hacia ciudades resilientes y con bajas emisiones de carbono requiere cambios en la asignación de recursos que permitan financiar inversión pública en infraestructura".
Herrero sostiene que es fundamental que las acciones sean locales, porque "debe analizarse con qué población se trabaja, cómo deben ser los mensajes y los sistemas de riesgos que se implementan". Las medidas de adaptación abarcan medidas estructurales, como obras y mantenimiento de infraestructuras, con la creación de un sistema robusto de captación y análisis de variables climáticas, hasta acciones de evacuación. Las investigadoras también creen que deben existir otras acciones complementarias como capacitación y concientización, diseñada para cada barrio en función de sus características, necesidades y costumbres.
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Encuentro en Mendoza por el cambio climático
Cambio climático: especialistas debatirán en Mendoza
Fecha de Publicación: 30/10/2018
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
Profesionales de primer nivel de distintos lugares del mundo llegarán a la provincia para disertar sobre una temática que plantea, entre otros tantos aspectos, cómo hacer rentable la reducción de gases del efecto invernadero. Las inscripciones están abiertas.
Con el interrogante de "cómo hacer rentable la reducción de gases del efecto invernadero", se realizará el martes próximo el "Taller de captura y usos de CO2 con tecnología de carbono negativo" al que asistirán expertos en la materia.
Entre otros profesionales, se destaca la participación de Graciela Chichilnisky, economista y matemática, conocida por proponer y diseñar el comercio de emisiones de carbono subyacente al Protocolo de Kyoto. Su disertación se denomina "Una tecnología concebida para ganar dinero mientras revertimos el cambio climático".
Quienes quieran participar pueden inscribirse abonando la entrada en los siguientes correos electrónicos: carbononegativomza@gmail.com o tenocarbononegativomza@gmail.com
La cita es a las 8.30 en el Salón Fernando Fader del Hotel Sheraton, ubicado en Primitivo de la Reta 989 de Ciudad. El precio para público en general es de $2.000, mientras que los estudiantes deberán abonar $600.
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Fecha de Publicación: 30/10/2018
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
Profesionales de primer nivel de distintos lugares del mundo llegarán a la provincia para disertar sobre una temática que plantea, entre otros tantos aspectos, cómo hacer rentable la reducción de gases del efecto invernadero. Las inscripciones están abiertas.
Con el interrogante de "cómo hacer rentable la reducción de gases del efecto invernadero", se realizará el martes próximo el "Taller de captura y usos de CO2 con tecnología de carbono negativo" al que asistirán expertos en la materia.
Entre otros profesionales, se destaca la participación de Graciela Chichilnisky, economista y matemática, conocida por proponer y diseñar el comercio de emisiones de carbono subyacente al Protocolo de Kyoto. Su disertación se denomina "Una tecnología concebida para ganar dinero mientras revertimos el cambio climático".
Quienes quieran participar pueden inscribirse abonando la entrada en los siguientes correos electrónicos: carbononegativomza@gmail.com o tenocarbononegativomza@gmail.com
La cita es a las 8.30 en el Salón Fernando Fader del Hotel Sheraton, ubicado en Primitivo de la Reta 989 de Ciudad. El precio para público en general es de $2.000, mientras que los estudiantes deberán abonar $600.
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Ley 7.722 siguen debatiendo como dar luz verde a la minería
Minería: buscan darle más poder a los municipios
Fecha de Publicación: 30/10/2018
Fuente: El Sol
Provincia/Región: Mendoza
Como resultado de las distintas opiniones de los sindicatos que se escucharon este jueves en el Senado, surgieron propuestas para darle una mayor potestad a las comunas en los controles de la actividad y a los trabajadores del sector.
En medio de la discusión por los cambios en la Ley 7.722 que pone límites a la minería metalífera en la provincia, este jueves en el Senado se escucharon las opiniones de los sindicatos vinculados al sector, quienes pusieron de manifiesto otorgarle mayor competencia a los municipios para la realización de los controles, pero también de darle un rol de protagonismo a los empleados de la minería, como auditores de ese proceso.
Otros gremios, como la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y la Confederación General del Trabajo (CGT) y aquellos vinculados a la producción agropecuaria rechazaron de plano hacer modificaciones al texto de la normativa.
Esta legislación que regula la actividad desde el 2007, prohíbe el uso de sustancias químicas como el cianuro, mercurio y ácido sulfúrico en los procesos mineros.
Uno de los sectores que se manifestó en contra estuvo representado por la gremialista Raquel Blas, actual secretaria general de la CTA en Mendoza.
Las exposiciones se realizaron en el marco de una reunión conjunta entre las comisiones de Ambiente, Legislación y Asuntos Constitucionales en el Senado, como también la de Minería e Hidrocarburos y contó con la presencia de los legisladores justicialistas Juan Agulles y Alejandro Abraham, ambos autores de dos textos que buscan habilitar la minería metalífera en la provincia.
"Fue muy positivo escuchar los distintos análisis, sobre todo aquellos que plantean darle una mayor competencia a los municipios para los controles. Ahora, lamento que desde los gremios que están en contra se opongan por oponerse sin haber leído el proyecto", sostuvo Abraham al término de las exposiciones.
Por otro lado, destacó que "al darle un reconocimiento a las comunas donde se realizará la minería, estamos enriqueciendo su autonomía, el planteo fue interesante y lo podemos llegar a incorporar".
"Estamos abiertos a tomar nota de todo lo que están planteando. Hemos permitido que todos los sectores involucrados puedan hacer sus aportes. Ahora, quienes rechazan el proyecto no han hecho ninguna consideración que enriquezca el debate", afirmó, por su parte Agulles.
Entre los modelos que se buscan replicar en la provincia, se citaron las experiencias de Chile y de Canadá, donde según aseguraron los controles son efectivos.
Sin embargo, a nivel regional también se mencionaron las situaciones de contaminación, como las que se produjeron en San Juan, en donde se detectaron sustancias cianuradas en el río Jáchal.
Posturas a favor
Desde la Asociación Sindical del Personal Jerárquico y Técnico de la Actividad Minera (ASIJEMIN), Marcelo Mena Muñoz afirmó que "si se pudiera avanzar con un método de gran escala, estamos hablando de que se podrían generar unos 20.000 puestos de trabajo".
Mena recalcó que "Mendoza tiene una riqueza minera muy importante, pero se deberían incorporar controles estrictos que tienen que ser ejercidos por el mismo trabajador y el gobierno".
Por su parte, el productor e integrante de la Sociedad Rural en el Valle de Uco, Martín Garboide expuso su visión en contra de la modificación de la norma.
"Pertenezco a un movimiento que defiende a los trabajdores, ustedes no los están protegiendo, los ponen como mascarón de proa para disminuir los costos que requiere la minería seria y de la remediación para que el ambiente quede tal cual como estaba", disparó.
Las claves
- Ambos proyectos buscan flexibilizar la letra de la ley y permitir la minería metalífera.
- La iniciativa del senador Abraham elimina la obligatoriedad de que la Legislatura avale la declaración de impacto ambiental.
- Mientras que el de Agulles habla de fijar controles a la actividad, a través del concepto "parques mineros controlados".
- La próxima semana se espera la intervención de uno de los sectores más reactivos, las asambleas por el agua pura.
- Los proyectos podrían llegar a tratarse a mediados de noviembre, cuando se haya escuchado a todos los actores, como también, a los funcionarios del gobierno provincial.
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