Sancionarán ante quemas ilegales de islas entrerrianas
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Sancionarán a propietarios de campos donde haya quemas sin autorización
Fecha de Publicación: 16/09/2018
Fuente: El Once (Entre Ríos)
Provincia/Región: Entre Ríos
La Secretaría de Ambiente de Entre Ríos denunciará ante el Ministerio Público Fiscal a los propietarios de los campos de las islas donde se constataron quemas sin autorización previa del organismo.
Así lo hizo saber el secretario de Ambiente, Martín Barbieri, tras el encuentro que mantuvo en Buenos Aires con el ministro de Ambiente de Santa Fe, Jacinto Speranza; el secretario de Medio Ambiente santafecino, César Mackler; la jefa de Gabinete de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Nación, Patricia Holzman; funcionarios del Ministerio de Seguridad de Nación; encargados del Plan Nacional de Manejo de Fuego y representantes de los gobiernos municipales de Rosario y de Victoria.
Tal como lo expresa la Ley provincial Nº 9868, la Secretaría de Ambiente está facultada para denunciar cuando se constate la quema intencional sin previa autorización del organismo entrerriano. En ese sentido, y en el marco del intenso trabajo que viene realizando el Plan de Manejo del Fuego en las islas de Victoria donde se constataron incendios intencionales sin permiso y se identificaron a los propietarios de los campos que no están cumpliendo con la ley, es que se decidió realizar las acciones penales pertinentes.
Las denuncias serán respaldadas por las actas de infracción que se han venido aplicando en los últimos días por parte del Plan de Manejo del Fuego de Entre Ríos.
En el encuentro Entre Ríos dio precisiones de la situación actual en las islas donde están controlados los incendios y al día de hoy hay focos menores cuya pluma de humo no afecta ni las poblaciones cercanas ni la traza vial.
Barbieri, acompañado por el coordinador provincial del Plan del Fuego, Mariano Benetti, hizo hincapié en el intenso trabajo que viene realizando Entre Ríos en el lugar, a través de todos los medios disponibles. Dispuso que los aviones hidrante y de monitoreo y los brigadistas del Plan y de la Brigada Forestal de la Policía se asienten en Victoria. Eso ha permitido que hoy la situación esté controlada.
Además, en el encuentro los presentes acordaron acciones concretas para reforzar el trabajo entrerriano. Nación, a través del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, afectará los medios disponibles (aéreos y brigadistas) para el trabajo con las autoridades jurisdiccionales competentes en el combate de incendios. Entre Ríos se comprometió a continuar con el monitoreo y aplicando las sanciones pertinentes como así también las acciones legales, cuando se constaten quemas sin permisos.
Acciones legales
La Ley provincial Nº 9868, que pauta acciones y normas para el manejo y prevención del fuego en áreas rurales y forestales de la provincia, en su artículo tercero establece que "toda persona que tome conocimiento de un incendio rural o forestal sin autorización está obligada a denunciar". Asimismo, en su artículo séptimo "faculta expresamente al Plan Provincial de Manejo del Fuego a denunciar ante la presencia de una quema a la autoridad jurisdiccional correspondiente" que, en este caso es el Ministerio Público Fiscal.
Finalmente, el artículo 17 ratifica lo antes mencionado expresando que el Plan Provincial de Manejo del Fuego, dependiente de la Secretaría de Ambiente, "tiene que denunciar a toda persona que intervenga en la provocación de incendios en zonas rurales, naturales o forestales". Es decir que cuando se identifica a una persona que está quemando, sin autorización previa, debe ser denunciada.
Ante la presencia de incendios intencionales, las denuncias se pueden realizar en la sede destacamento policial más cercano a la zona donde se está generando un foco ígneo, en las oficinas del Plan del Manejo de Fuego en calle Laprida 465 3º piso de Paraná, o al teléfono 0343 4840555.
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Fecha de Publicación: 16/09/2018
Fuente: El Once (Entre Ríos)
Provincia/Región: Entre Ríos
La Secretaría de Ambiente de Entre Ríos denunciará ante el Ministerio Público Fiscal a los propietarios de los campos de las islas donde se constataron quemas sin autorización previa del organismo.
Así lo hizo saber el secretario de Ambiente, Martín Barbieri, tras el encuentro que mantuvo en Buenos Aires con el ministro de Ambiente de Santa Fe, Jacinto Speranza; el secretario de Medio Ambiente santafecino, César Mackler; la jefa de Gabinete de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Nación, Patricia Holzman; funcionarios del Ministerio de Seguridad de Nación; encargados del Plan Nacional de Manejo de Fuego y representantes de los gobiernos municipales de Rosario y de Victoria.
Tal como lo expresa la Ley provincial Nº 9868, la Secretaría de Ambiente está facultada para denunciar cuando se constate la quema intencional sin previa autorización del organismo entrerriano. En ese sentido, y en el marco del intenso trabajo que viene realizando el Plan de Manejo del Fuego en las islas de Victoria donde se constataron incendios intencionales sin permiso y se identificaron a los propietarios de los campos que no están cumpliendo con la ley, es que se decidió realizar las acciones penales pertinentes.
Las denuncias serán respaldadas por las actas de infracción que se han venido aplicando en los últimos días por parte del Plan de Manejo del Fuego de Entre Ríos.
En el encuentro Entre Ríos dio precisiones de la situación actual en las islas donde están controlados los incendios y al día de hoy hay focos menores cuya pluma de humo no afecta ni las poblaciones cercanas ni la traza vial.
Barbieri, acompañado por el coordinador provincial del Plan del Fuego, Mariano Benetti, hizo hincapié en el intenso trabajo que viene realizando Entre Ríos en el lugar, a través de todos los medios disponibles. Dispuso que los aviones hidrante y de monitoreo y los brigadistas del Plan y de la Brigada Forestal de la Policía se asienten en Victoria. Eso ha permitido que hoy la situación esté controlada.
Además, en el encuentro los presentes acordaron acciones concretas para reforzar el trabajo entrerriano. Nación, a través del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, afectará los medios disponibles (aéreos y brigadistas) para el trabajo con las autoridades jurisdiccionales competentes en el combate de incendios. Entre Ríos se comprometió a continuar con el monitoreo y aplicando las sanciones pertinentes como así también las acciones legales, cuando se constaten quemas sin permisos.
Acciones legales
La Ley provincial Nº 9868, que pauta acciones y normas para el manejo y prevención del fuego en áreas rurales y forestales de la provincia, en su artículo tercero establece que "toda persona que tome conocimiento de un incendio rural o forestal sin autorización está obligada a denunciar". Asimismo, en su artículo séptimo "faculta expresamente al Plan Provincial de Manejo del Fuego a denunciar ante la presencia de una quema a la autoridad jurisdiccional correspondiente" que, en este caso es el Ministerio Público Fiscal.
Finalmente, el artículo 17 ratifica lo antes mencionado expresando que el Plan Provincial de Manejo del Fuego, dependiente de la Secretaría de Ambiente, "tiene que denunciar a toda persona que intervenga en la provocación de incendios en zonas rurales, naturales o forestales". Es decir que cuando se identifica a una persona que está quemando, sin autorización previa, debe ser denunciada.
Ante la presencia de incendios intencionales, las denuncias se pueden realizar en la sede destacamento policial más cercano a la zona donde se está generando un foco ígneo, en las oficinas del Plan del Manejo de Fuego en calle Laprida 465 3º piso de Paraná, o al teléfono 0343 4840555.
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El INTI apunta al reciclado de neumáticos
El INTI creó una comisión para impulsar el reciclado de neumáticos
Fecha de Publicación: 16/09/2018
Fuente: argentina.gob.ar
Provincia/Región: Nacional
El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) creó una Comisión Permanente de Trabajo de Reciclado de Neumáticos, e impulsó de esta manera el desarrollo de una planta de reciclado de cubiertas en la provincia de Buenos Aires.
En el país se desechan anualmente 150 mil toneladas de cubiertas de las cuales un alto porcentaje posee un destino inadecuado, como puede ser la incineración o focos de contaminación que provocan la proliferación de roedores y de mosquitos vectores del dengue, ya que un neumático puede tardar más de 600 años en degradarse.
Desde el INTI se analizó el impacto de los desechos de neumáticos, para brindar soluciones efectivas a la comunidad y agregar valor a los residuos.
Por lo tanto, el INTI –junto al centro de Caucho- creó la comisión y solicitó la Coordinación Ecológica Area Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) para iniciar las tareas en la planta.
Después de analizar los cuatro proyectos presentados, la propuesta que tenía el capital y el mercado que hiciera posible la instalación de la primera planta recicladora de neumáticos en el país fue la de Regomax, una empresa ubicada en la localidad bonaerense de José León Suárez.
El INTI brindó asistencia técnica en toda la gestión necesaria para su puesta a punto, desde la nivelación del terreno cedido por CEAMSE, el diseño y tipo de equipamiento necesarios, hasta la asistencia técnica en toda la cadena de producción, desde la recepción del Neumático fuera de Uso (NFUs) hasta la obtención del gránulo de caucho, el principal producto obtenido del proceso de reciclado que sirve de insumo para la fabricación de césped sintético.
Las cubiertas de los autos, que pesan alrededor de siete kilos, se transportan con una cinta hacia una trituradora que la reduce a trozos de cinco a diez milímetros. En la actualidad la producción de Regomax a partir de los neumáticos usados se compone de un 95 por ciento de gránulos de caucho que se utilizan como piso para las canchas de pasto sintético y el resto polvo de caucho como insumo para la industria del sector.
El granulado obtenido del procesamiento de los neumáticos se mezcla con arena y se coloca debajo de la alfombra de césped sintético para dar amortiguación y extender la durabilidad del pasto.
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Fecha de Publicación: 16/09/2018
Fuente: argentina.gob.ar
Provincia/Región: Nacional
El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) creó una Comisión Permanente de Trabajo de Reciclado de Neumáticos, e impulsó de esta manera el desarrollo de una planta de reciclado de cubiertas en la provincia de Buenos Aires.
En el país se desechan anualmente 150 mil toneladas de cubiertas de las cuales un alto porcentaje posee un destino inadecuado, como puede ser la incineración o focos de contaminación que provocan la proliferación de roedores y de mosquitos vectores del dengue, ya que un neumático puede tardar más de 600 años en degradarse.
Desde el INTI se analizó el impacto de los desechos de neumáticos, para brindar soluciones efectivas a la comunidad y agregar valor a los residuos.
Por lo tanto, el INTI –junto al centro de Caucho- creó la comisión y solicitó la Coordinación Ecológica Area Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) para iniciar las tareas en la planta.
Después de analizar los cuatro proyectos presentados, la propuesta que tenía el capital y el mercado que hiciera posible la instalación de la primera planta recicladora de neumáticos en el país fue la de Regomax, una empresa ubicada en la localidad bonaerense de José León Suárez.
El INTI brindó asistencia técnica en toda la gestión necesaria para su puesta a punto, desde la nivelación del terreno cedido por CEAMSE, el diseño y tipo de equipamiento necesarios, hasta la asistencia técnica en toda la cadena de producción, desde la recepción del Neumático fuera de Uso (NFUs) hasta la obtención del gránulo de caucho, el principal producto obtenido del proceso de reciclado que sirve de insumo para la fabricación de césped sintético.
Las cubiertas de los autos, que pesan alrededor de siete kilos, se transportan con una cinta hacia una trituradora que la reduce a trozos de cinco a diez milímetros. En la actualidad la producción de Regomax a partir de los neumáticos usados se compone de un 95 por ciento de gránulos de caucho que se utilizan como piso para las canchas de pasto sintético y el resto polvo de caucho como insumo para la industria del sector.
El granulado obtenido del procesamiento de los neumáticos se mezcla con arena y se coloca debajo de la alfombra de césped sintético para dar amortiguación y extender la durabilidad del pasto.
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Inicio de la Fase II en la remediación del caso Los Pelambres
Con el doble de camiones, comenzó la Fase II en escombrera Cerro Amarillo
Fecha de Publicación: 16/09/2018
Fuente: Si San Juan
Provincia/Región: Si San Juan
En septiembre aumentará el ritmo de remoción de escombros en Cerro Amarillo por parte de la empresa chilena a cargo de Los Pelambres.
Culminada la Fase I del plan de trabajo, se trasladaron al lado chileno más de 1.300.000 toneladas de material estéril. Antofagasta Minerals empleó cinco camiones de 100 toneladas de capacidad cada uno para dar cumplimiento a lo estipulado.
A partir del 1 de septiembre comenzó la Fase II del plan de retiro. Involucra una flota de diez camiones fuera de ruta de 240 toneladas de capacidad. Así, retirarán más de 10 millones de toneladas de roca por año.
La campaña ambiental
San Juan marcó un hito en la historia de la minería argentina cuando, en defensa de la soberanía, la minería sustentable y en resguardo del medio ambiente; logró obligar a la operadora de Los Pelambres a trasladar la escombrera a suelo chileno.
El botadero en Cerro Amarillo, en territorio calingastino, fue construido sin ninguna autorización.
Desde el inicio de su gestión el gobernador Sergio Uñac encaró el litigio realizando numerosas gestiones junto al ministro de Minería, Alberto Hensel.
El juez federal Leopoldo Rago Gallo, por pedido de Fiscalía de Estado de la Provincia y el fiscal federal Francisco Maldonado, dispuso una medida cautelar para que Los Pelambres sacara el material estéril acumulado. Previo a ello la firma debía confeccionar un plan revisado por peritos del Ministerio de Minería y los designados oficialmente.
Ante la Cancillería Argentina Uñac y Hensel gestionaron los mecanismos binacionales para que la operadora chilena se haga cargo del traslado de pasivos ambientales a un lugar pertinente en su territorio.
El plan de retiro implica un plazo de cinco años y medio, con uno más de prórroga en caso de que sea necesario ante contingencias climáticas.
Los Pelambres deberá comunicar al magistrado todo tipo de contingencia que pudiera poner en riesgo la continuidad y el desarrollo del plan.
Remoción vigilada
Todas las tareas de limpieza y de perforaciones de pozos de agua subterránea para control se monitorean desde San Juan con tres videocámaras en Cerro Amarillo.
Una es propia del Ministerio de Minería y dos fueron instaladas por la empresa. Todas están emplazadas en territorio argentino y son operadas por la autoridad minera sanjuanina.
Esa labor de control ambiental se complementa con las inspecciones al terreno y la verificación de los informes trimestrales que presenta la empresa.
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Fecha de Publicación: 16/09/2018
Fuente: Si San Juan
Provincia/Región: Si San Juan
En septiembre aumentará el ritmo de remoción de escombros en Cerro Amarillo por parte de la empresa chilena a cargo de Los Pelambres.
Culminada la Fase I del plan de trabajo, se trasladaron al lado chileno más de 1.300.000 toneladas de material estéril. Antofagasta Minerals empleó cinco camiones de 100 toneladas de capacidad cada uno para dar cumplimiento a lo estipulado.
A partir del 1 de septiembre comenzó la Fase II del plan de retiro. Involucra una flota de diez camiones fuera de ruta de 240 toneladas de capacidad. Así, retirarán más de 10 millones de toneladas de roca por año.
La campaña ambiental
San Juan marcó un hito en la historia de la minería argentina cuando, en defensa de la soberanía, la minería sustentable y en resguardo del medio ambiente; logró obligar a la operadora de Los Pelambres a trasladar la escombrera a suelo chileno.
El botadero en Cerro Amarillo, en territorio calingastino, fue construido sin ninguna autorización.
Desde el inicio de su gestión el gobernador Sergio Uñac encaró el litigio realizando numerosas gestiones junto al ministro de Minería, Alberto Hensel.
El juez federal Leopoldo Rago Gallo, por pedido de Fiscalía de Estado de la Provincia y el fiscal federal Francisco Maldonado, dispuso una medida cautelar para que Los Pelambres sacara el material estéril acumulado. Previo a ello la firma debía confeccionar un plan revisado por peritos del Ministerio de Minería y los designados oficialmente.
Ante la Cancillería Argentina Uñac y Hensel gestionaron los mecanismos binacionales para que la operadora chilena se haga cargo del traslado de pasivos ambientales a un lugar pertinente en su territorio.
El plan de retiro implica un plazo de cinco años y medio, con uno más de prórroga en caso de que sea necesario ante contingencias climáticas.
Los Pelambres deberá comunicar al magistrado todo tipo de contingencia que pudiera poner en riesgo la continuidad y el desarrollo del plan.
Remoción vigilada
Todas las tareas de limpieza y de perforaciones de pozos de agua subterránea para control se monitorean desde San Juan con tres videocámaras en Cerro Amarillo.
Una es propia del Ministerio de Minería y dos fueron instaladas por la empresa. Todas están emplazadas en territorio argentino y son operadas por la autoridad minera sanjuanina.
Esa labor de control ambiental se complementa con las inspecciones al terreno y la verificación de los informes trimestrales que presenta la empresa.
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Ya es hora de contar con tribunales ambientales
Innovación judicial: la hora de los tribunales ambientales
Fecha de Publicación: 15/09/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Es que la evolución de la sociedad, en su conciencia sobre la importancia de la protección del medioambiente y su influencia en nuestra salud, es impensable e imparable, como también lo son, en consecuencia, sus exigencias al respecto.
Hasta no hace mucho tiempo, los conflictos medioambientales se presentaban como un tema de menor importancia; podríamos decir que, incluso, se subestimaban y, en general, se utilizaban calificativos casi despectivos para quienes defendían estos derechos.
Sin embargo, cada vez que surge un conflicto de este tipo, lejos de minimizarse, una significativa preocupación invade a empresarios, a autoridades, a la Justicia y a la ciudadanía.
Es que la evolución de la sociedad, en su conciencia sobre la importancia de la protección del medioambiente y su influencia en nuestra salud, es impensable e imparable, como también lo son, en consecuencia, sus exigencias al respecto.
Frente a esto, es casi una obligación preguntarse: ¿es suficiente la institucionalidad ambiental que existe para abordar y resolver este tipo de conflictos? ¿Cómo puede garantizarse un desarrollo verdaderamente sustentable?
Es posible que existan muchas respuestas al respecto. Pero, en mi opinión, ha llegado la hora de los tribunales ambientales. Tribunales que vengan a fortalecer la débil institucionalidad ambiental y que se conviertan en una plataforma para gestionar el equilibrio entre crecimiento y desarrollo económico y los derechos de las personas que puedan verse afectados por las decisiones de la autoridad pública en esta materia.
Si bien existen diferentes opciones, a nivel internacional, la Corte medioambiental de Nueva Zelanda y su importante labor en la formación de una jurisprudencia ecológica son uno de los modelos que deberían ser considerados a la hora de pensar en el diseño de estos tribunales. A nivel regional, es Chile el país que cuenta con la institucionalidad ambiental más fuerte y avanzada, la cual debió ser rediseñada para incluir la creación de este tipo de tribunales, como requisito para su ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), dato importante si se tiene en cuenta la intención de Argentina de ingresar a dicha institución.
Estos órganos especializados son los encargados de resolver las controversias contencioso-administrativas y las demandas por daño ambiental, asegurando eficacia y eficiencia ambiental, la protección del medioambiente y certeza jurídica para las inversiones, y garantizando el acceso a la Justicia ambiental.
Teniendo en cuenta la alta complejidad, el carácter multidisciplinario y los tecnicismos implicados en los conflictos ambientales, su resolución requiere de un análisis no sólo jurídico, sino también técnico. Por tal motivo, en el caso de Nueva Zelanda, la Corte actúa con un cuerpo de comisionados especializados en la materia, mientras que el modelo chileno ha optado por tribunales de carácter mixto, integrados por abogados y otros profesionales; por caso, ingenieros, biólogos, economistas, todos con especialización y experiencia acreditable en temas de medioambiente.
Para el supuesto de los tribunales mixtos, el primer cuestionamiento que se hace desde el mundo del derecho a esta opción es que, si finalmente se terminará tratando y resolviendo sobre una cuestión jurídica, no es necesario este tipo de integración y es suficiente contar con un cuerpo de especialistas. Sin embargo, hay quienes consideran que la incorporación del quehacer científico a una decisión jurisdiccional supondría un significativo avance en la consolidación de una Justicia ambiental.
Por otro lado, resulta dificultoso pedirles a los jueces preparación y conocimientos técnicos que les permitan abordar, por sí solos, determinadas aristas ambientales que nada tienen que ver con el derecho; en ese sentido, un equipo multidisciplinario y permanente puede ser capaz de crear espacios comunes, en los que la ciencia y el derecho construyan mecanismos que permitan garantizar la calidad y la oportunidad en las soluciones a los conflictos ambientales.
Pero, más allá del modelo que se escoja, lo que está claro es que el funcionamiento de tribunales con estas características, además de reducir los costos asociados a los conflictos jurídicos que se generen entre Estado y particulares, aliviaría la acción de los tribunales ordinarios en materias que no son de su especialización y contribuiría al desarrollo y a la consolidación de una jurisprudencia que busque el equilibrio entre el derecho al desarrollo y el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación.
En resumen: 1) es necesaria una reforma a la institucionalidad ambiental existente; 2) el espíritu de esta reforma debe estar signado por la garantía de un desarrollo sostenible; 3) los conflictos ambientales deben abordarse necesariamente con una mirada interdisciplinaria, que permita coordinar distintas visiones sobre un mismo problema; 4) una judicatura ambiental especializada es hoy urgente e indispensable, y 5) no hay por qué temer la colaboración y el aporte que las ciencias naturales y económicas pueden hacer a las causas jurídicas.
Por todo lo anterior, sería deseable que Córdoba abriera este debate.
Por Natacha Blázquez - Magíster en Derecho
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Fecha de Publicación: 15/09/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Es que la evolución de la sociedad, en su conciencia sobre la importancia de la protección del medioambiente y su influencia en nuestra salud, es impensable e imparable, como también lo son, en consecuencia, sus exigencias al respecto.
Hasta no hace mucho tiempo, los conflictos medioambientales se presentaban como un tema de menor importancia; podríamos decir que, incluso, se subestimaban y, en general, se utilizaban calificativos casi despectivos para quienes defendían estos derechos.
Sin embargo, cada vez que surge un conflicto de este tipo, lejos de minimizarse, una significativa preocupación invade a empresarios, a autoridades, a la Justicia y a la ciudadanía.
Es que la evolución de la sociedad, en su conciencia sobre la importancia de la protección del medioambiente y su influencia en nuestra salud, es impensable e imparable, como también lo son, en consecuencia, sus exigencias al respecto.
Frente a esto, es casi una obligación preguntarse: ¿es suficiente la institucionalidad ambiental que existe para abordar y resolver este tipo de conflictos? ¿Cómo puede garantizarse un desarrollo verdaderamente sustentable?
Es posible que existan muchas respuestas al respecto. Pero, en mi opinión, ha llegado la hora de los tribunales ambientales. Tribunales que vengan a fortalecer la débil institucionalidad ambiental y que se conviertan en una plataforma para gestionar el equilibrio entre crecimiento y desarrollo económico y los derechos de las personas que puedan verse afectados por las decisiones de la autoridad pública en esta materia.
Si bien existen diferentes opciones, a nivel internacional, la Corte medioambiental de Nueva Zelanda y su importante labor en la formación de una jurisprudencia ecológica son uno de los modelos que deberían ser considerados a la hora de pensar en el diseño de estos tribunales. A nivel regional, es Chile el país que cuenta con la institucionalidad ambiental más fuerte y avanzada, la cual debió ser rediseñada para incluir la creación de este tipo de tribunales, como requisito para su ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), dato importante si se tiene en cuenta la intención de Argentina de ingresar a dicha institución.
Estos órganos especializados son los encargados de resolver las controversias contencioso-administrativas y las demandas por daño ambiental, asegurando eficacia y eficiencia ambiental, la protección del medioambiente y certeza jurídica para las inversiones, y garantizando el acceso a la Justicia ambiental.
Teniendo en cuenta la alta complejidad, el carácter multidisciplinario y los tecnicismos implicados en los conflictos ambientales, su resolución requiere de un análisis no sólo jurídico, sino también técnico. Por tal motivo, en el caso de Nueva Zelanda, la Corte actúa con un cuerpo de comisionados especializados en la materia, mientras que el modelo chileno ha optado por tribunales de carácter mixto, integrados por abogados y otros profesionales; por caso, ingenieros, biólogos, economistas, todos con especialización y experiencia acreditable en temas de medioambiente.
Para el supuesto de los tribunales mixtos, el primer cuestionamiento que se hace desde el mundo del derecho a esta opción es que, si finalmente se terminará tratando y resolviendo sobre una cuestión jurídica, no es necesario este tipo de integración y es suficiente contar con un cuerpo de especialistas. Sin embargo, hay quienes consideran que la incorporación del quehacer científico a una decisión jurisdiccional supondría un significativo avance en la consolidación de una Justicia ambiental.
Por otro lado, resulta dificultoso pedirles a los jueces preparación y conocimientos técnicos que les permitan abordar, por sí solos, determinadas aristas ambientales que nada tienen que ver con el derecho; en ese sentido, un equipo multidisciplinario y permanente puede ser capaz de crear espacios comunes, en los que la ciencia y el derecho construyan mecanismos que permitan garantizar la calidad y la oportunidad en las soluciones a los conflictos ambientales.
Pero, más allá del modelo que se escoja, lo que está claro es que el funcionamiento de tribunales con estas características, además de reducir los costos asociados a los conflictos jurídicos que se generen entre Estado y particulares, aliviaría la acción de los tribunales ordinarios en materias que no son de su especialización y contribuiría al desarrollo y a la consolidación de una jurisprudencia que busque el equilibrio entre el derecho al desarrollo y el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación.
En resumen: 1) es necesaria una reforma a la institucionalidad ambiental existente; 2) el espíritu de esta reforma debe estar signado por la garantía de un desarrollo sostenible; 3) los conflictos ambientales deben abordarse necesariamente con una mirada interdisciplinaria, que permita coordinar distintas visiones sobre un mismo problema; 4) una judicatura ambiental especializada es hoy urgente e indispensable, y 5) no hay por qué temer la colaboración y el aporte que las ciencias naturales y económicas pueden hacer a las causas jurídicas.
Por todo lo anterior, sería deseable que Córdoba abriera este debate.
Por Natacha Blázquez - Magíster en Derecho
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Advierten de los plásticos en el Paraná
Alarma por la contaminación con plásticos en el río Paraná
Fecha de Publicación: 15/09/2018
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Litoral
Los hay de todos los tamaños, formas y colores. Los más voluminosos se ven en las playas, en la costa, flotando o enganchados en ramas, mientras que los casi invisibles están en los estómagos de las especies que pueblan el Paraná. Los plásticos son un ejército invasor que todo lo coloniza y el río no es una excepción. Tanto así que según explicó Martin Bletter, del laboratorio de Hidroecología del Instituto Nacional de Limnología (Inali) de la Universidad Nacional del Litoral, el Paraná podría convertirse en "una sopa de plásticos" por la cantidad de basura de ese material que soporta su caudal, así como la fauna y la flora que lo habita.
"La bajante del río es como levantar la alfombra y ver lo que había abajo" dijo el científico, quien además informó que en una muestra realizada en sábalos encontraron microplásticos en todos los ejemplares analizados.
Bletter fue invitado la semana pasada por el centro tecnológico del Acuario de Rosario a dar una charla pública sobre ese tema. "La contaminación por plásticos en el Paraná es como un elefante en la sala: algo que obviamente todos perciben y ven, pero todos ignoran también" agregó.
"Estamos ignorando la realidad y seguimos adelante fingiendo que el problema no existe. El Paraná, los plásticos y nuestra sociedad somos eso, es similar. No se puede seguir así" explicó, para agregar que incluso desde los ámbitos científicos "tampoco se ha abordado el tema en la medida que deberíamos hacerlo".
Un problema global
Es muy frecuente escuchar hablar del plástico que contamina los océanos, pero mucho menos se menciona que, en gran parte, esa basura viene desde los ríos que confluyen a los mares en un sistema similar al de las venas del cuerpo humano.
Según información de organismos internacionales, se estima que se fabrican alrededor de 35 kilos de plástico por habitante por año a nivel mundial, una cifra que para Bletter es "absolutamente insostenible", sobre todo si se tiene en cuenta que hasta el 43 por ciento de esa cantidad se desecha y un porcentaje muy importante sólo se usa una vez.
Ya en la década de los 70 comenzó a aparecer esa preocupación en la gran mayoría de la comunidad científica internacional. Hoy es un problema grave que afecta a alrededor de 700 especies marinas, y se estima que unas 2,4 millones de toneladas entran a los océanos desde los ríos.
Si bien la cuenca del Paraná no aparece (por suerte) en el ránking de los ríos más contaminados y contaminadores del planeta (que están casi todos en Asia), la contaminación por plásticos en zonas aledañas a los grandes centros urbanos es un problema visible y de urgente resolución.
La bajante que desde hace ya tres meses atraviesa el río Raraná destapó lo que habitualmente se esconde debajo de las aguas marrones: "El río es turbio y no se ve el fondo. Pero nosotros en nuestra investigación encontramos desechos en las costas, en barrancas, en las islas, flotando en la superficie de ríos y arroyos urbanos, en playas publicas, en los puertos y también en las columnas de agua", dijo el experto, quien agregó que además, con el tiempo, el plástico se fragmenta "lo que multiplica el problema y también la contaminación".
A nivel local existen muy pocos estudios científicos sobre el tema, lo que llevo a Bletter a encarar una investigación con su equipo de trabajo bajo algunas preguntas ordenadoras: ¿Qué tipos de plásticos hay en el Paraná? ¿Cuál es su origen? ¿Cómo llegaron hasta ahí? ¿Dónde se acumulan? ¿Qué especies de fauna son las más afectadas?
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Fecha de Publicación: 15/09/2018
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Litoral
Los hay de todos los tamaños, formas y colores. Los más voluminosos se ven en las playas, en la costa, flotando o enganchados en ramas, mientras que los casi invisibles están en los estómagos de las especies que pueblan el Paraná. Los plásticos son un ejército invasor que todo lo coloniza y el río no es una excepción. Tanto así que según explicó Martin Bletter, del laboratorio de Hidroecología del Instituto Nacional de Limnología (Inali) de la Universidad Nacional del Litoral, el Paraná podría convertirse en "una sopa de plásticos" por la cantidad de basura de ese material que soporta su caudal, así como la fauna y la flora que lo habita.
"La bajante del río es como levantar la alfombra y ver lo que había abajo" dijo el científico, quien además informó que en una muestra realizada en sábalos encontraron microplásticos en todos los ejemplares analizados.
Bletter fue invitado la semana pasada por el centro tecnológico del Acuario de Rosario a dar una charla pública sobre ese tema. "La contaminación por plásticos en el Paraná es como un elefante en la sala: algo que obviamente todos perciben y ven, pero todos ignoran también" agregó.
"Estamos ignorando la realidad y seguimos adelante fingiendo que el problema no existe. El Paraná, los plásticos y nuestra sociedad somos eso, es similar. No se puede seguir así" explicó, para agregar que incluso desde los ámbitos científicos "tampoco se ha abordado el tema en la medida que deberíamos hacerlo".
Un problema global
Es muy frecuente escuchar hablar del plástico que contamina los océanos, pero mucho menos se menciona que, en gran parte, esa basura viene desde los ríos que confluyen a los mares en un sistema similar al de las venas del cuerpo humano.
Según información de organismos internacionales, se estima que se fabrican alrededor de 35 kilos de plástico por habitante por año a nivel mundial, una cifra que para Bletter es "absolutamente insostenible", sobre todo si se tiene en cuenta que hasta el 43 por ciento de esa cantidad se desecha y un porcentaje muy importante sólo se usa una vez.
Ya en la década de los 70 comenzó a aparecer esa preocupación en la gran mayoría de la comunidad científica internacional. Hoy es un problema grave que afecta a alrededor de 700 especies marinas, y se estima que unas 2,4 millones de toneladas entran a los océanos desde los ríos.
Si bien la cuenca del Paraná no aparece (por suerte) en el ránking de los ríos más contaminados y contaminadores del planeta (que están casi todos en Asia), la contaminación por plásticos en zonas aledañas a los grandes centros urbanos es un problema visible y de urgente resolución.
La bajante que desde hace ya tres meses atraviesa el río Raraná destapó lo que habitualmente se esconde debajo de las aguas marrones: "El río es turbio y no se ve el fondo. Pero nosotros en nuestra investigación encontramos desechos en las costas, en barrancas, en las islas, flotando en la superficie de ríos y arroyos urbanos, en playas publicas, en los puertos y también en las columnas de agua", dijo el experto, quien agregó que además, con el tiempo, el plástico se fragmenta "lo que multiplica el problema y también la contaminación".
A nivel local existen muy pocos estudios científicos sobre el tema, lo que llevo a Bletter a encarar una investigación con su equipo de trabajo bajo algunas preguntas ordenadoras: ¿Qué tipos de plásticos hay en el Paraná? ¿Cuál es su origen? ¿Cómo llegaron hasta ahí? ¿Dónde se acumulan? ¿Qué especies de fauna son las más afectadas?
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Se espera un fenómeno de “El Niño” intenso
Con la llegada del fenómeno de “El Niño” el verano será más lluvioso
Fecha de Publicación: 15/09/2018
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
La agencia climática de la ONU estimó en 70% las chances de que se registre desde octubre. Para la Argentina, prevén meses húmedos con riesgo de inundaciones. El Litoral, más afectado.
Según la Organización Meteorológica Mundial, dependiente de Naciones Unidas, hay un 70% de posibilidades de que se produzca este efecto a nivel global durante el último trimestre del año. Según los expertos, la consecuencia en nuestro país será un nivel más intenso de lluvias, especialmente en el centro del país y en la región del Litoral con riesgo de inundaciones. Y también pronostican más lluvias que las habituales en la Costa Atlántica durante enero. Aunque este fenómeno suele traer bajas en la tempertura, se duda que esto se produzca ahora debido al calentamiento global.
La Organización Meteorológica Mundial (OMM), el ente especializado en el clima de la Naciones Unidas, estimó ayer en un 70% las probabilidades de que se produzca, durante el último trimestre del año, el fenómeno climático de El Niño, que ejerce una gran influencia en las condiciones meteorológicas de todo el planeta.
Según expertos consultados por Clarín, no es algo para entrar en pánico en la Argentina, pero sí para estar alerta ante la cierta posibilidad de lluvias más intensas de lo normal. Especialmente, en la región del Litoral y en el Centro del país.
Se trata de un dato clave, por ejemplo, para un productor agropecuario que tiene que decidir cuándo sembrar, pero también para quien planea veranear en las playas bonaerenses, aunque la costa argentina en princi- pio no esté en el ojo de la tormenta.
La corriente de El Niño es el más importante fenómeno a nivel de variabilidad climática y es uno de los que más alertas produce en el mundo por su impacto a nivel global. Eso explica las declaraciones del finlandés Petteri Taalas, secretario general de la OMM, quien expresó que no espera que este episodio de El Niño “sea tan intenso como el registrado en 20152016, pero aun así sus consecuencias serán notables”. “La predicción anticipada de este episodio ayudará a salvar muchas vidas y a prevenir cuantiosas pérdidas económicas”, añadió.
Ocurre que El Niño, según la OMM, es un fenómeno que “tiene mucha preponderancia en el clima mundial y provoca sequías e inundaciones en distintas regiones del mundo”.
Desde el Servicio Meteorológico Nacional, la difusora Cindy Fernández es muy cautelosa al referirse a los efectos locales de El Niño, pero subraya que “las precipitaciones podrían cobrar mayor intensidad, es decir, con gran cantidad de agua en pocas horas, lo que generaría complicaciones. La influencia de este fenómeno aumenta las posibilidades de que esto suceda, pero no es una regla de tres simple directa”, grafica.
Fernández dice que El Niño, que acá tiende a generar temperaturas menores a las normales, regresa a la región después del verano 2014-15 ya que “venimos de veranos muy calurosos con la influencia del fenómeno de la Niña”. “El último Niño con temperaturas por debajo de lo normal fue en el verano de 2003, que fue levemente frío a nivel país. Desde entonces, el calentamiento global siempre se impuso en esta lucha de pesos pesados, registrándose niveles elevados en casi todo el país. Igualmente, no podemos hacer futurología de lo que ocurrirá en el verano”, agregó.
Por lo pronto, según el pronóstico trimestral del Servicio Meteorológico, hasta noviembre las perspectivas son que en todo el centro y el norte del país se registren temperaturas superiores a las normales.
“Hoy sólo podemos decir que El Niño, de llegar, incrementaría las chances de que tengamos un enero lluvioso”, recordó Fernández.
En el Servicio Meteorológico Nacional habían informado, en línea con los datos de la ONU, y según las previsiones locales actualizadas hasta el viernes, que hay un 62% de probabilidades de que comience un Niño en los próximos meses. Sin embargo, coincidieron en que, de ser un Niño, “sería tardío y de débil intensidad”.
Marisol Osman, becaria postdoctoral del Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera del Conicet, hace saber que “desde mayo estamos advertidos sobre la posible llegada de El Niño hacia la primavera-verano, lo que significa, en primera instancia, que el agua del océano Pacífico se calentaría por encima de lo normal”. “De concretarse, las lluvias aumentarían especialmente en las provincias del Litoral, por eso el Servicio Meteorológico advierte sobre estar alerta ante más precipitaciones a partir de fines de septiembre”.
Para el verano, cree Osman, “las temperaturas deberían ser apenas más frescas, uno o dos grados por debajo del promedio, pero venimos hace más de una década con una tendencia impulsada por el cambio climático, que suele dominar por encima de otros fenómenos. Hay chances de que la intensidad de la temperatura sea menor a la de 20152016, cuando estuvo elevadísima, resultando un verano seco, algo llamativo si tomamos en cuenta que la primavera de 2015 fue muy lluviosa”.
Sobre qué podría pasar en la Costa, “por ahora no tenemos un indicio de que El Niño pueda motivar más lluvias en las playas argentinas, pero no está descartado porque el cambio climático alteró la naturaleza de las precipitaciones”, afirma Osman.
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Fecha de Publicación: 15/09/2018
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
La agencia climática de la ONU estimó en 70% las chances de que se registre desde octubre. Para la Argentina, prevén meses húmedos con riesgo de inundaciones. El Litoral, más afectado.
Según la Organización Meteorológica Mundial, dependiente de Naciones Unidas, hay un 70% de posibilidades de que se produzca este efecto a nivel global durante el último trimestre del año. Según los expertos, la consecuencia en nuestro país será un nivel más intenso de lluvias, especialmente en el centro del país y en la región del Litoral con riesgo de inundaciones. Y también pronostican más lluvias que las habituales en la Costa Atlántica durante enero. Aunque este fenómeno suele traer bajas en la tempertura, se duda que esto se produzca ahora debido al calentamiento global.
La Organización Meteorológica Mundial (OMM), el ente especializado en el clima de la Naciones Unidas, estimó ayer en un 70% las probabilidades de que se produzca, durante el último trimestre del año, el fenómeno climático de El Niño, que ejerce una gran influencia en las condiciones meteorológicas de todo el planeta.
Según expertos consultados por Clarín, no es algo para entrar en pánico en la Argentina, pero sí para estar alerta ante la cierta posibilidad de lluvias más intensas de lo normal. Especialmente, en la región del Litoral y en el Centro del país.
Se trata de un dato clave, por ejemplo, para un productor agropecuario que tiene que decidir cuándo sembrar, pero también para quien planea veranear en las playas bonaerenses, aunque la costa argentina en princi- pio no esté en el ojo de la tormenta.
La corriente de El Niño es el más importante fenómeno a nivel de variabilidad climática y es uno de los que más alertas produce en el mundo por su impacto a nivel global. Eso explica las declaraciones del finlandés Petteri Taalas, secretario general de la OMM, quien expresó que no espera que este episodio de El Niño “sea tan intenso como el registrado en 20152016, pero aun así sus consecuencias serán notables”. “La predicción anticipada de este episodio ayudará a salvar muchas vidas y a prevenir cuantiosas pérdidas económicas”, añadió.
Ocurre que El Niño, según la OMM, es un fenómeno que “tiene mucha preponderancia en el clima mundial y provoca sequías e inundaciones en distintas regiones del mundo”.
Desde el Servicio Meteorológico Nacional, la difusora Cindy Fernández es muy cautelosa al referirse a los efectos locales de El Niño, pero subraya que “las precipitaciones podrían cobrar mayor intensidad, es decir, con gran cantidad de agua en pocas horas, lo que generaría complicaciones. La influencia de este fenómeno aumenta las posibilidades de que esto suceda, pero no es una regla de tres simple directa”, grafica.
Fernández dice que El Niño, que acá tiende a generar temperaturas menores a las normales, regresa a la región después del verano 2014-15 ya que “venimos de veranos muy calurosos con la influencia del fenómeno de la Niña”. “El último Niño con temperaturas por debajo de lo normal fue en el verano de 2003, que fue levemente frío a nivel país. Desde entonces, el calentamiento global siempre se impuso en esta lucha de pesos pesados, registrándose niveles elevados en casi todo el país. Igualmente, no podemos hacer futurología de lo que ocurrirá en el verano”, agregó.
Por lo pronto, según el pronóstico trimestral del Servicio Meteorológico, hasta noviembre las perspectivas son que en todo el centro y el norte del país se registren temperaturas superiores a las normales.
“Hoy sólo podemos decir que El Niño, de llegar, incrementaría las chances de que tengamos un enero lluvioso”, recordó Fernández.
En el Servicio Meteorológico Nacional habían informado, en línea con los datos de la ONU, y según las previsiones locales actualizadas hasta el viernes, que hay un 62% de probabilidades de que comience un Niño en los próximos meses. Sin embargo, coincidieron en que, de ser un Niño, “sería tardío y de débil intensidad”.
Marisol Osman, becaria postdoctoral del Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera del Conicet, hace saber que “desde mayo estamos advertidos sobre la posible llegada de El Niño hacia la primavera-verano, lo que significa, en primera instancia, que el agua del océano Pacífico se calentaría por encima de lo normal”. “De concretarse, las lluvias aumentarían especialmente en las provincias del Litoral, por eso el Servicio Meteorológico advierte sobre estar alerta ante más precipitaciones a partir de fines de septiembre”.
Para el verano, cree Osman, “las temperaturas deberían ser apenas más frescas, uno o dos grados por debajo del promedio, pero venimos hace más de una década con una tendencia impulsada por el cambio climático, que suele dominar por encima de otros fenómenos. Hay chances de que la intensidad de la temperatura sea menor a la de 20152016, cuando estuvo elevadísima, resultando un verano seco, algo llamativo si tomamos en cuenta que la primavera de 2015 fue muy lluviosa”.
Sobre qué podría pasar en la Costa, “por ahora no tenemos un indicio de que El Niño pueda motivar más lluvias en las playas argentinas, pero no está descartado porque el cambio climático alteró la naturaleza de las precipitaciones”, afirma Osman.
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A la Corte por las represas de Santa Cruz
Abogados Ambientalistas irán a la Corte para frenar la represas
Fecha de Publicación: 14/09/2018
Fuente: La Opinión Austral
Provincia/Región: Santa Cruz
La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia (AAAAP) informó que la Sala I de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, por dos votos contra uno, confirmó el levantamiento de las medidas cautelares, que habían obtenido respecto de la construcción de Los Diques, La Barrancosa y Condor Cliff (Ex Kirchner-Cepernic).
“Resta, entonces, la ultima posibilidad de detener este despropósito, en orden al recurso extraordinario que interpondremos para acceder a la Corte Suprema de Justicia de La Nación, quien dará la ultima palabra al respecto”, anticiparon desde su cuenta de Facebook.
La AAAAP y la Fundación Banco de Bosques para el Manejo Sustentable de los Recursos Naturales, que iniciaron la presentación legal acudieron a la Cámara de Apelaciones objetando el fallo de la Jueza Federal de Primera Instancia, Dra. Macarena Marra Giménez, quien había dispuesto el levantamiento de la medida cautelar dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 21 de diciembre de 2016.
El fallo adverso a los ambientalistas tuvo el voto favorable a la construcción de las represas por parte de las juezas Clara María Do Pico y Liliana María Heiland; mientras que Rodolfo Eduardo Facio votó en disidencia.
Aquella decisión del máximo órgano judicial había paralizado la obra de la construcción de las represas hasta tanto el Gobierno no cumpla con la realización de un nuevo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y su correspondiente Audiencia Pública.
Esto ocurrió en julio del año pasado y en septiembre la jueza Marra Gimenez decidió permitir el inicio de las obras. Sin embargo las ONGs apelaron le medida argumentando que varios organismos (IANIGLA, Parques Nacionales, INPRES) no tuvieron el tiempo suficiente para estudiar el EIA y expedirse como corresponde ante una situación de tanto riesgo potencial al ambiente del río Santa Cruz y la cuenca del Lago Argentino, que incluye los glaciares.
En su voto en disidencia el juez de la Cámara de Apelaciones, doctor Facio aclaró que si bien comparte “la reseña de los antecedentes del caso…suscripto por mis colegas de sala, disiento, en cambio con la solución a la que llegan en el referido texto”.
Lo que pidió el Juez Facio fue justamente que se otorgue un plazo de 30 días a los organismos técnicos para que se expidan sobre las objeciones planteadas por las actoras (Banco de Bosques y Abogados Ambientalistas). Pero su postura perdió ante la decisión de las juezas Do Pico y Heiland.
Días atrás el máximo órgano judicial, rechazó el recurso Per Saltum que había solicitado Banco de Bosques para saltear la instancia de la Cámara de Apelaciones, que ahora dictó su fallo en mayoría.
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Fecha de Publicación: 14/09/2018
Fuente: La Opinión Austral
Provincia/Región: Santa Cruz
La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia (AAAAP) informó que la Sala I de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, por dos votos contra uno, confirmó el levantamiento de las medidas cautelares, que habían obtenido respecto de la construcción de Los Diques, La Barrancosa y Condor Cliff (Ex Kirchner-Cepernic).
“Resta, entonces, la ultima posibilidad de detener este despropósito, en orden al recurso extraordinario que interpondremos para acceder a la Corte Suprema de Justicia de La Nación, quien dará la ultima palabra al respecto”, anticiparon desde su cuenta de Facebook.
La AAAAP y la Fundación Banco de Bosques para el Manejo Sustentable de los Recursos Naturales, que iniciaron la presentación legal acudieron a la Cámara de Apelaciones objetando el fallo de la Jueza Federal de Primera Instancia, Dra. Macarena Marra Giménez, quien había dispuesto el levantamiento de la medida cautelar dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 21 de diciembre de 2016.
El fallo adverso a los ambientalistas tuvo el voto favorable a la construcción de las represas por parte de las juezas Clara María Do Pico y Liliana María Heiland; mientras que Rodolfo Eduardo Facio votó en disidencia.
Aquella decisión del máximo órgano judicial había paralizado la obra de la construcción de las represas hasta tanto el Gobierno no cumpla con la realización de un nuevo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y su correspondiente Audiencia Pública.
Esto ocurrió en julio del año pasado y en septiembre la jueza Marra Gimenez decidió permitir el inicio de las obras. Sin embargo las ONGs apelaron le medida argumentando que varios organismos (IANIGLA, Parques Nacionales, INPRES) no tuvieron el tiempo suficiente para estudiar el EIA y expedirse como corresponde ante una situación de tanto riesgo potencial al ambiente del río Santa Cruz y la cuenca del Lago Argentino, que incluye los glaciares.
En su voto en disidencia el juez de la Cámara de Apelaciones, doctor Facio aclaró que si bien comparte “la reseña de los antecedentes del caso…suscripto por mis colegas de sala, disiento, en cambio con la solución a la que llegan en el referido texto”.
Lo que pidió el Juez Facio fue justamente que se otorgue un plazo de 30 días a los organismos técnicos para que se expidan sobre las objeciones planteadas por las actoras (Banco de Bosques y Abogados Ambientalistas). Pero su postura perdió ante la decisión de las juezas Do Pico y Heiland.
Días atrás el máximo órgano judicial, rechazó el recurso Per Saltum que había solicitado Banco de Bosques para saltear la instancia de la Cámara de Apelaciones, que ahora dictó su fallo en mayoría.
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Especialista afirma que podemos ser "una potencia eólica"
Aseguran que "Argentina puede ser una potencia eólica"
Fecha de Publicación: 14/09/2018
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Nacional
En medio de una montaña de incertidumbres, algunas certezas parecen escribir su propio camino en Argentina: es el caso de las energías renovables, un campo en el cual el país tiene un potencial gigante de la mano de la extensión de su territorio y del abaratamiento de las tecnologías disponibles para producir electricidad de manera sustentable.
En ese marco la energía eólica tiene su propio espacio de crecimiento. "Si todo va bien durante este año se puede convertir en la tercera potencia de América Latina en potencia eólica instalada en un año ya que el plan Renovar está funcionando bien" señaló Ramón Fiestas, el presidente del Global Wind Energy Council (GWEC) para Latinoamérica y uno de los expositores destacados de "Argentina Wind Power 2018", el evento eólico más importante y representativo de esa industria que tuvo lugar en Buenos Aires hace pocos días atrás.
En charla con Más, el especialista destacó la necesidad de profundizar la transición hacia las energías renovables de la mano de una mayor conciencia ambiental y del abaratamiento de esas tecnologías.
—¿La transición energética hacia las renovables es un hecho que los países ya no pueden eludir?
—La transición energética es la consecuencia de la conciencia que toma la sociedad sobre la necesidad de preservar el medioambiente y utilizar los combustibles fósiles para otros fines que no sean quemarlos. Esa conciencia habla de poder explotar los recursos naturales renovables que son inagotables con nuevas tecnologías que los hacen absolutamente competitivos con respecto a otras fuentes de generación de electricidad. Es muy novedoso eso respecto al estado de la tecnologías y sus costos de hace 15 años. En este siglo hubo un gran salto y esas tecnologías son muy competitivas respecto a las otras, por eso existe la necesidad de incorporarlas a la matriz con más volumen y capacidad y revertir la situación.
—Se trata de que las renovables sean las nuevas convencionales...
—Claro, las renovables deben ser las convencionales y esto ya es así en algunos países de Europa como España, donde estamos hablando de que estas tecnologías que en América Latina se conocen como no convencionales en Europa ya son convencionales.
—¿La urgencia por el cambio climático aceleró esa transición?
—Esto es fundamental para luchar contra el cambio climático ya que uno de los sectores que más contribuye a la emisión de gases es el energético, sobre todo el eléctrico por lo que representa la combustión de los fósiles sea petróleo, carbón o gas natural, o sea los combustibles que están detrás del sector del transporte que es uno de los más contaminantes. Lo bueno es que es allí donde la acción de la tecnología tiene más capacidad ya que se puede reemplazar a las antiguas con bastante facilidad desde lo económico y lo tecnológico.
—¿Cuál es el panorama de energía eólica en América Latina?
—América Latina en general es un continente al que le queda muchísimo recorrido en cuanto a su modernización energética, aunque hay casos singulares como el de Brasil que está en un proceso de inversión en eólicas muy intensivo ya que anualmente se instalan unos 2.000 megavatios de origen eólico. Uruguay también acometió una inversión muy eficiente e intensiva en la última década y hoy está a la cabeza de los países del mundo que más generación eléctrica eólica integran en su sistema. Se están produciendo desarrollos importantes, serios y con regulación en México y en Chile, un poco menos en Perú. Y está apenas empezando apenas en Colombia con una primera subasta que se hará antes de fin de año.
—¿Y Argentina?
—Si todo va bien durante este año se puede convertir en la tercera potencia de América Latina en potencia eólica instalada en un año ya que el plan Renovar está funcionando bien, ha atraído inversiones para ponerlo en marcha de forma sólida y hay aproximadamente 1.800 megavatios en construcción. Es posible que el año termine con entre 300 y 400 megavatios conectados a la red por lo que Argentina ha dado un salto de gigante. El 2019 si todo va bien se convertirá en un año muy intensivo logísticamente hablando para las eólicas porque se van a tener que concretar más de 2.000 megavatios que deberían ingresar al sistema. La cartera de proyectos es grande y se ha financiado más del 50% de la potencia adjudicada. Esperemos que a pesar de las circunstancias el proceso pueda continuar porque el mecanismo económico financiero del Renovar es sólido como para enfrentar la coyuntura. Puede aparecer un cuello de botella en el financiamiento de los proyectos pero confiamos en lo atractivo del sistema. En el caso argentino es indispensable seguir apretando el acelerador de las renovables porque precisa potencia eléctrica instalada para mejorar su suministro y además ahora dispone de una tecnología que es la más eficiente de todas. No hay muchas excusas para no avanzar en el programa de renovables, hay una necesidad de satisfacer la demanda eléctrica y una necesidad de hacerlo de forma sostenible desde lo ambiental y desde lo económico.
—Ya no se puede decir que las renovables son un lujo de sociedades ricas...
—Antes se decía que las renovables eran caras y que algunos países no podían acceder a ellas pero ese mito ya fue derribado. Hoy en muchos países es la tecnología más eficiente porque hay muchos y buenos lugares para el aprovechamiento eólico, y Argentina es uno de esos lugares. Las centrales son energéticamente muy eficientes y eso redunda en la competitividad porque se deja de pagar combustibles, el viento no se paga. Hay que hacer una inversión importante pero la diferencia es que la central convencional exige pagar el gas o el petróleo o el carbón, mientras que en las renovables los recursos son inagotables y están en la naturaleza. Esa es una ventaja muy grande una vez que se ha llegado a un punto de eficiencia competitiva.
—¿Qué opina de la apuesta por Vaca Muerta en un contexto de transición energética global? ¿Tiene sentido seguir invirtiendo en los fósiles?
—Entiendo que los sistemas eléctricos en cada territorio responden a los recursos de cada territorio y a las tecnologías disponibles, que son complementarios unos y otros y esa es una necesidad que existe, ya que las renovables tienen una gestión variable por su propia naturaleza. Las tecnologías que queman combustibles fósiles son más predecibles desde lo técnico porque el suministro es constante, entonces hace falta una complementariedad entre uno y otro. En este momento de transición energética en el que estamos hay que tener la visión de ese carácter complementario sin perder de vista hacia donde vamos y que el objetivo debe ser el aprovechamiento máximo de las renovables con el respaldo para que esto funcione de una manera segura y permanente. Cada sistema tiene sus necesidades y son todos diferentes, los consumidores son distintos y las demandas también en cada país, así como los recursos naturales. Si ahora se puede explotar el gas de Vaca Muerta hay que planificar cuánto gas hace falta para respaldar la transición, sin perder de vista que el Renovar tiene que llegar al objetivo del 20% para el 2025 de fuentes renovables.
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Fecha de Publicación: 14/09/2018
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Nacional
En medio de una montaña de incertidumbres, algunas certezas parecen escribir su propio camino en Argentina: es el caso de las energías renovables, un campo en el cual el país tiene un potencial gigante de la mano de la extensión de su territorio y del abaratamiento de las tecnologías disponibles para producir electricidad de manera sustentable.
En ese marco la energía eólica tiene su propio espacio de crecimiento. "Si todo va bien durante este año se puede convertir en la tercera potencia de América Latina en potencia eólica instalada en un año ya que el plan Renovar está funcionando bien" señaló Ramón Fiestas, el presidente del Global Wind Energy Council (GWEC) para Latinoamérica y uno de los expositores destacados de "Argentina Wind Power 2018", el evento eólico más importante y representativo de esa industria que tuvo lugar en Buenos Aires hace pocos días atrás.
En charla con Más, el especialista destacó la necesidad de profundizar la transición hacia las energías renovables de la mano de una mayor conciencia ambiental y del abaratamiento de esas tecnologías.
—¿La transición energética hacia las renovables es un hecho que los países ya no pueden eludir?
—La transición energética es la consecuencia de la conciencia que toma la sociedad sobre la necesidad de preservar el medioambiente y utilizar los combustibles fósiles para otros fines que no sean quemarlos. Esa conciencia habla de poder explotar los recursos naturales renovables que son inagotables con nuevas tecnologías que los hacen absolutamente competitivos con respecto a otras fuentes de generación de electricidad. Es muy novedoso eso respecto al estado de la tecnologías y sus costos de hace 15 años. En este siglo hubo un gran salto y esas tecnologías son muy competitivas respecto a las otras, por eso existe la necesidad de incorporarlas a la matriz con más volumen y capacidad y revertir la situación.
—Se trata de que las renovables sean las nuevas convencionales...
—Claro, las renovables deben ser las convencionales y esto ya es así en algunos países de Europa como España, donde estamos hablando de que estas tecnologías que en América Latina se conocen como no convencionales en Europa ya son convencionales.
—¿La urgencia por el cambio climático aceleró esa transición?
—Esto es fundamental para luchar contra el cambio climático ya que uno de los sectores que más contribuye a la emisión de gases es el energético, sobre todo el eléctrico por lo que representa la combustión de los fósiles sea petróleo, carbón o gas natural, o sea los combustibles que están detrás del sector del transporte que es uno de los más contaminantes. Lo bueno es que es allí donde la acción de la tecnología tiene más capacidad ya que se puede reemplazar a las antiguas con bastante facilidad desde lo económico y lo tecnológico.
—¿Cuál es el panorama de energía eólica en América Latina?
—América Latina en general es un continente al que le queda muchísimo recorrido en cuanto a su modernización energética, aunque hay casos singulares como el de Brasil que está en un proceso de inversión en eólicas muy intensivo ya que anualmente se instalan unos 2.000 megavatios de origen eólico. Uruguay también acometió una inversión muy eficiente e intensiva en la última década y hoy está a la cabeza de los países del mundo que más generación eléctrica eólica integran en su sistema. Se están produciendo desarrollos importantes, serios y con regulación en México y en Chile, un poco menos en Perú. Y está apenas empezando apenas en Colombia con una primera subasta que se hará antes de fin de año.
—¿Y Argentina?
—Si todo va bien durante este año se puede convertir en la tercera potencia de América Latina en potencia eólica instalada en un año ya que el plan Renovar está funcionando bien, ha atraído inversiones para ponerlo en marcha de forma sólida y hay aproximadamente 1.800 megavatios en construcción. Es posible que el año termine con entre 300 y 400 megavatios conectados a la red por lo que Argentina ha dado un salto de gigante. El 2019 si todo va bien se convertirá en un año muy intensivo logísticamente hablando para las eólicas porque se van a tener que concretar más de 2.000 megavatios que deberían ingresar al sistema. La cartera de proyectos es grande y se ha financiado más del 50% de la potencia adjudicada. Esperemos que a pesar de las circunstancias el proceso pueda continuar porque el mecanismo económico financiero del Renovar es sólido como para enfrentar la coyuntura. Puede aparecer un cuello de botella en el financiamiento de los proyectos pero confiamos en lo atractivo del sistema. En el caso argentino es indispensable seguir apretando el acelerador de las renovables porque precisa potencia eléctrica instalada para mejorar su suministro y además ahora dispone de una tecnología que es la más eficiente de todas. No hay muchas excusas para no avanzar en el programa de renovables, hay una necesidad de satisfacer la demanda eléctrica y una necesidad de hacerlo de forma sostenible desde lo ambiental y desde lo económico.
—Ya no se puede decir que las renovables son un lujo de sociedades ricas...
—Antes se decía que las renovables eran caras y que algunos países no podían acceder a ellas pero ese mito ya fue derribado. Hoy en muchos países es la tecnología más eficiente porque hay muchos y buenos lugares para el aprovechamiento eólico, y Argentina es uno de esos lugares. Las centrales son energéticamente muy eficientes y eso redunda en la competitividad porque se deja de pagar combustibles, el viento no se paga. Hay que hacer una inversión importante pero la diferencia es que la central convencional exige pagar el gas o el petróleo o el carbón, mientras que en las renovables los recursos son inagotables y están en la naturaleza. Esa es una ventaja muy grande una vez que se ha llegado a un punto de eficiencia competitiva.
—¿Qué opina de la apuesta por Vaca Muerta en un contexto de transición energética global? ¿Tiene sentido seguir invirtiendo en los fósiles?
—Entiendo que los sistemas eléctricos en cada territorio responden a los recursos de cada territorio y a las tecnologías disponibles, que son complementarios unos y otros y esa es una necesidad que existe, ya que las renovables tienen una gestión variable por su propia naturaleza. Las tecnologías que queman combustibles fósiles son más predecibles desde lo técnico porque el suministro es constante, entonces hace falta una complementariedad entre uno y otro. En este momento de transición energética en el que estamos hay que tener la visión de ese carácter complementario sin perder de vista hacia donde vamos y que el objetivo debe ser el aprovechamiento máximo de las renovables con el respaldo para que esto funcione de una manera segura y permanente. Cada sistema tiene sus necesidades y son todos diferentes, los consumidores son distintos y las demandas también en cada país, así como los recursos naturales. Si ahora se puede explotar el gas de Vaca Muerta hay que planificar cuánto gas hace falta para respaldar la transición, sin perder de vista que el Renovar tiene que llegar al objetivo del 20% para el 2025 de fuentes renovables.
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Promueven una nueva Ley de Suelos
Desde Senadores y Diputados promueven una nueva Ley de Suelos
Fecha de Publicación: 14/09/2018
Fuente: El diario de Madryn
Provincia/Región: Nacional
La senadora nacional Norma Durango y el diputado nacional Ariel Rauschenberger presentaron en ambas cámaras un proyecto de ley vinculado a una preocupación común en torno a la problemática ambiental y productiva de los suelos argentinos.
Durango argumentó que “desde 1975 estamos asistiendo a ciclos de inundaciones y sequías prolongadas que impactan sobre nuestra calidad de vida, últimamente con mayor frecuencia y severidad debido al cambio climático mundial.
Reducción drástica
“La FAO estima que un tercio de los recursos mundiales de suelos, se está degradando debido a la erosión, la compactación, la obturación, la salinización, el agotamiento de la materia orgánica y los nutrientes, la acidificación, la contaminación u otros procesos causados por prácticas no sostenibles de manejo del suelo.
De la superficie agrícola mundial ya están deterioradas 2.000 millones de hectáreas, mientras que en las restantes 1.700 millones de hectáreas el 60% ya se encuentra en proceso de deterioro. Si no se adoptan nuevos enfoques, la superficie mundial de tierra cultivable y productiva por persona equivaldrá en 2050 a solo una cuarta parte del nivel de 1960” expresó.
El proyecto presentado señala que “para el caso de Argentina, 60 millones de hectáreas ya se encuentran afectadas por erosión.
Con este panorama, Argentina no puede ignorar el desafío impuesto por la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 para incrementar un 50% la producción mundial de alimentos”. Para ello, como necesaria estrategia a nivel nacional los pampeanos abogan por reformular la vieja Ley Nacional de Suelos 22.428 con 19 provincias adheridas, que beneficiara hace treinta años a 1022 productores, nucleados en 202 consorcios dentro de 82 distritos de conservación de suelos. Al discontinuarse este beneficio por falta de continuidad en la partida del Presupuesto nacional y la transferencia de la competencia a la autoridad nacional ambiental en 1992, remarcada por la Constitución Nacional de 1994 y definida por una Política Ambiental Nacional con presupuestos mínimos para una gestión sustentable (Ley nacional 25675/2002), algunas provincias buscaron una solución de continuidad de la vieja ley de suelos sobre la base de estímulos locales.
Por las generaciones futuras
El proyecto tiene en cuenta el postulado del artículo 41º de la Constitución nacional, que establece que “todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley”.
El proyecto de los legisladores pampeanos también enfatiza la necesidad de educar desde el nivel primario, concibiendo al suelo como un sistema viviente que nos brinda beneficios ecosistémicos, se integra a sistemas ecológicos más complejos como cultivos, praderas o bosques y nos genera alimentos. Conforma la base principal para la seguridad alimentaria de una nación por lo que reviste carácter estratégico para Argentina en el concierto internacional, con su capacidad actual de generar dos de cada tres dólares de divisas que se exportan (en 2017 los productos primarios y las manufacturas de origen agropecuario aportaron el 64% de los USD58.428 millones del total exportado por Argentina). Por ello, debe ser concebido como un recurso renovable sólo cuando se maneja en forma sustentable, y como tal adecuadamente preservado para las generaciones que nos sucederán.
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Fecha de Publicación: 14/09/2018
Fuente: El diario de Madryn
Provincia/Región: Nacional
La senadora nacional Norma Durango y el diputado nacional Ariel Rauschenberger presentaron en ambas cámaras un proyecto de ley vinculado a una preocupación común en torno a la problemática ambiental y productiva de los suelos argentinos.
Durango argumentó que “desde 1975 estamos asistiendo a ciclos de inundaciones y sequías prolongadas que impactan sobre nuestra calidad de vida, últimamente con mayor frecuencia y severidad debido al cambio climático mundial.
Reducción drástica
“La FAO estima que un tercio de los recursos mundiales de suelos, se está degradando debido a la erosión, la compactación, la obturación, la salinización, el agotamiento de la materia orgánica y los nutrientes, la acidificación, la contaminación u otros procesos causados por prácticas no sostenibles de manejo del suelo.
De la superficie agrícola mundial ya están deterioradas 2.000 millones de hectáreas, mientras que en las restantes 1.700 millones de hectáreas el 60% ya se encuentra en proceso de deterioro. Si no se adoptan nuevos enfoques, la superficie mundial de tierra cultivable y productiva por persona equivaldrá en 2050 a solo una cuarta parte del nivel de 1960” expresó.
El proyecto presentado señala que “para el caso de Argentina, 60 millones de hectáreas ya se encuentran afectadas por erosión.
Con este panorama, Argentina no puede ignorar el desafío impuesto por la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 para incrementar un 50% la producción mundial de alimentos”. Para ello, como necesaria estrategia a nivel nacional los pampeanos abogan por reformular la vieja Ley Nacional de Suelos 22.428 con 19 provincias adheridas, que beneficiara hace treinta años a 1022 productores, nucleados en 202 consorcios dentro de 82 distritos de conservación de suelos. Al discontinuarse este beneficio por falta de continuidad en la partida del Presupuesto nacional y la transferencia de la competencia a la autoridad nacional ambiental en 1992, remarcada por la Constitución Nacional de 1994 y definida por una Política Ambiental Nacional con presupuestos mínimos para una gestión sustentable (Ley nacional 25675/2002), algunas provincias buscaron una solución de continuidad de la vieja ley de suelos sobre la base de estímulos locales.
Por las generaciones futuras
El proyecto tiene en cuenta el postulado del artículo 41º de la Constitución nacional, que establece que “todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley”.
El proyecto de los legisladores pampeanos también enfatiza la necesidad de educar desde el nivel primario, concibiendo al suelo como un sistema viviente que nos brinda beneficios ecosistémicos, se integra a sistemas ecológicos más complejos como cultivos, praderas o bosques y nos genera alimentos. Conforma la base principal para la seguridad alimentaria de una nación por lo que reviste carácter estratégico para Argentina en el concierto internacional, con su capacidad actual de generar dos de cada tres dólares de divisas que se exportan (en 2017 los productos primarios y las manufacturas de origen agropecuario aportaron el 64% de los USD58.428 millones del total exportado por Argentina). Por ello, debe ser concebido como un recurso renovable sólo cuando se maneja en forma sustentable, y como tal adecuadamente preservado para las generaciones que nos sucederán.
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La mitad de los desmontes son ilegales y afectan a los pobres
En Argentina la mitad de los desmontes son ilegales y reina la impunidad: otra cara del modelo agroexportador
Fecha de Publicación: 13/09/2018
Fuente: Agencia Blanco Negro
Provincia/Región: Nacional
Greenpeace atribuyó la emergencia forestal en la que se encuentra Argentina al actual modelo agroexportador . La mitad de los desmontes son ilegales, por eso la organización reclamó "la penalización de la deforestación ilegal y de los incendios intencionales". Además, la entidad difundió imágenes sobre (que compartimos al final de la nota) sobre "este modelo agroexportador, que continúa avanzando, y marcha también hacia la destrucción de la agroecología y la agricultura familiar".
“Argentina está entre los diez países que más destruyen sus bosques en todo el mundo. En las últimas tres décadas, se perdieron 8 millones de hectáreas de bosques nativos, el equivalente a la provincia de Entre Ríos”, detallaron desde Greenpeace.
“Existe una falsa teoría, muy difundida entre grandes productores agropecuarios, dirigentes políticos y promotores del actual modelo agroexportador, de que el desmonte es sinónimo de progreso y, por eso, es necesario sacrificar nuestros bosques para aumentar el bienestar de la población. Sin embargo, este paradigma de producción depende del mercado externo y de la concentración en grandes latifundios, donde se margina la agricultura campesina y la subsistencia de los indígenas, a quienes no se les reconoce el derecho a la tierra”, explicó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de bosques de Greenpeace.
Según argumentan desde la ONG, “la principal razón de la deforestación es el avance de la frontera agropecuaria, cuya producción abocada principalmente a soja y ganadería intensiva tiene como principal destino la exportación y no el consumo local”.
“El 80% de los desmontes se concentran en Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa. Tras 30 años de deforestación descontrolada, esas provincias siguen estando entre las más pobres (entre el 40 y 50% de su población) y, para peor, ahora con muchos menos bosques”, agregó Cruz.
Un reciente informe de Naciones Unidas ubicó a esas mismas cuatro provincias como las peores de un ranking que mide tres variables fundamentales para el desarrollo sostenible: crecimiento económico, inclusión social y sostenibilidad ambiental.
Este modelo agroexportador continúa avanzando, y marcha también hacia la destrucción de la agroecología y la agricultura familiar. “Resulta evidente que los beneficiarios de la devastación de estos métodos son los grandes productores agropecuarios y el Estado Nacional. La producción de soja transgénica no genera mucho empleo y trae consigo la constante fumigación con agrotóxicos que impactan fuertemente sobre la flora y la fauna; sobre ríos, arroyos y lagunas y sobre la salud de los pobladores”, agregó Cruz.
La ONG también atribuye a este modelo una responsabilidad en el aceleramiento del cambio climático. Cuando un bosque es destruido, el carbono almacenado se libera a la atmósfera, se incrementa la temperatura y se modifican los patrones de precipitaciones.
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Fecha de Publicación: 13/09/2018
Fuente: Agencia Blanco Negro
Provincia/Región: Nacional
Greenpeace atribuyó la emergencia forestal en la que se encuentra Argentina al actual modelo agroexportador . La mitad de los desmontes son ilegales, por eso la organización reclamó "la penalización de la deforestación ilegal y de los incendios intencionales". Además, la entidad difundió imágenes sobre (que compartimos al final de la nota) sobre "este modelo agroexportador, que continúa avanzando, y marcha también hacia la destrucción de la agroecología y la agricultura familiar".
“Argentina está entre los diez países que más destruyen sus bosques en todo el mundo. En las últimas tres décadas, se perdieron 8 millones de hectáreas de bosques nativos, el equivalente a la provincia de Entre Ríos”, detallaron desde Greenpeace.
“Existe una falsa teoría, muy difundida entre grandes productores agropecuarios, dirigentes políticos y promotores del actual modelo agroexportador, de que el desmonte es sinónimo de progreso y, por eso, es necesario sacrificar nuestros bosques para aumentar el bienestar de la población. Sin embargo, este paradigma de producción depende del mercado externo y de la concentración en grandes latifundios, donde se margina la agricultura campesina y la subsistencia de los indígenas, a quienes no se les reconoce el derecho a la tierra”, explicó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de bosques de Greenpeace.
Según argumentan desde la ONG, “la principal razón de la deforestación es el avance de la frontera agropecuaria, cuya producción abocada principalmente a soja y ganadería intensiva tiene como principal destino la exportación y no el consumo local”.
“El 80% de los desmontes se concentran en Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa. Tras 30 años de deforestación descontrolada, esas provincias siguen estando entre las más pobres (entre el 40 y 50% de su población) y, para peor, ahora con muchos menos bosques”, agregó Cruz.
Un reciente informe de Naciones Unidas ubicó a esas mismas cuatro provincias como las peores de un ranking que mide tres variables fundamentales para el desarrollo sostenible: crecimiento económico, inclusión social y sostenibilidad ambiental.
Este modelo agroexportador continúa avanzando, y marcha también hacia la destrucción de la agroecología y la agricultura familiar. “Resulta evidente que los beneficiarios de la devastación de estos métodos son los grandes productores agropecuarios y el Estado Nacional. La producción de soja transgénica no genera mucho empleo y trae consigo la constante fumigación con agrotóxicos que impactan fuertemente sobre la flora y la fauna; sobre ríos, arroyos y lagunas y sobre la salud de los pobladores”, agregó Cruz.
La ONG también atribuye a este modelo una responsabilidad en el aceleramiento del cambio climático. Cuando un bosque es destruido, el carbono almacenado se libera a la atmósfera, se incrementa la temperatura y se modifican los patrones de precipitaciones.
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Residuos, extender la responsabilidad al productor como opción
¿Quién se hace cargo de los envases?: se abrió el debate
Fecha de Publicación: 13/09/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
El Congreso analiza la responsabilidad sobre botellas y paquetes. El plástico, uno de los residuos que más crece. Qué dice el Instituto Argentino del Envase sobre la responsabilidad de fabricantes y productores.
Los malos basurales gozan de buena salud y a Córdoba, como a todo el país, le cuesta encaminar políticas para un tratamiento más sustentable de los residuos. En esta provincia, menos del cinco por ciento de los habitantes tiene hoy servicios de recolección diferenciada. El porcentaje de los desechos que se recuperan para reciclar es también muy bajo. Mientras menos se recupera, más se entierra. O, peor, queda contaminando sin tratar.
En este marco, los envases –sobre todo derivados de plásticos– representan un dilema especial: cada vez hay más de ellos entre los residuos que desechamos. Hasta en los océanos son un problema por su acumulación.
En Argentina, hace años se promete discutir en el Congreso una “ley de envases” que ordene en esta materia. Para algunos sectores, el que pone en el mercado el envase debe hacerse cargo de su destino final (lo que se llama “responsabilidad extendida del productor”). Para otros, la cadena de responsabilidades es más compleja.
Ayer estuvo en Córdoba Roberto Sánchez, coordinador del área Medio Ambiente del Instituto Argentino del Envase. Participó de la jornada Reciclar, organizada por Green Drinks Córdoba y la Universidad Tecnológica Nacional. Antes de ese encuentro, habló con La Voz sobre lo que hoy se discute en torno a qué hacemos con tanto envase, aportando la perspectiva del sector industrial que representa.
Un asunto pendiente
El Instituto Argentino del Envase es una asociación civil sin fines de lucro, creada hace medio siglo por empresas relacionadas con el empaquetamiento (del vidrio, el cartón, la madera, el plástico y otras). Casi 400 firmas de todos los rubros y materiales lo integran. “Tiene como misión el desarrollo de la industria del envase, apuntando a mejorar la calidad de vida de la gente y el cuidado del ambiente”, apuntó Sánchez.
“Los envases mejoraron la calidad de vida: consumir un yogur fabricado a 500 kilómetros y dos semanas después, en buenas condiciones, es un servicio que presta un envase. Pero a la vez, como todo lo que se hace, deja una huella ambiental, un impacto que empezamos a darnos cuenta de que es importante contemplar”, admitió.
Sánchez remarcó que esa institución analiza el impacto ambiental de los envases desde hace años. “Lo abordamos en su sentido más amplio: desde revisar cómo usar menos materia prima, o menos energía y agua para fabricarlos, a cómo reducir su presencia como residuo o cómo mejorar el circuito del reciclado”, apuntó.
Sobre la ley de envases, que suma proyectos en el Congreso, pero nunca termina de ser aprobada, Sánchez opinó: “Nosotros apoyamos la necesidad de una ley ordenadora. Creemos que la sociedad en su conjunto debe tomar cartas en ese asunto. Una buena ley ayudaría mucho. Hay aún discusiones, sobre matices”.
El gran bonete
–Lo más discutido es quién se hace cargo del envase como desecho. ¿El productor o fabricante no es su responsable final?
–Es lo que llaman la responsabilidad extendida del productor. Es un criterio que parecería aceptado y, con matices, se avanza hacia eso. Pero la discusión está en qué grado de responsabilidad le corresponde a cada uno. Toda la industria está de acuerdo en que hay que sacar una ley de envases. Algunos creen que la gestión debe ser privada, otros, estatal, y hay quienes prefieren algo mixto. El sector privado plantea que esto no debería transformarse en un nuevo impuesto, sino en un sistema para gestionar con eficiencia este tema. Algunos sostienen que la responsabilidad, y el costo, es para los dueños de las marcas que ponen los envases en el mercado. Otros piensan que la cosa debe ser más compartida con otros actores de la cadena, como los fabricantes del envase o de la materia prima. Y otros apuntan a lo que llaman la ‘percepción anticipada’, es decir que el fabricante de la materia prima ponga ese dinero y lo cargue en el precio de ese material, de manera que de allí en adelante se sostenga ese costo y no aparezcan otros adicionales. La industria de la materia prima apunta que no tiene cómo saber en qué se usa su producción, porque no todo va a envases. Todo eso está en debate.
–Chile fue el primer país de Sudamérica con ley de envases. Recién está empezando a aplicarla, pero admiten que un buen tratamiento implicaría un leve costo mayor para los consumidores, en cada compra…
–Es un debate que como país aún nos hemos negado. Hasta ahora, los consumidores nos hemos dado el lujo de trasladarle el costo del destino final del envase al Estado. Antes, cuando yo compraba aceite debía llevar la botella de vidrio vacía y el negocio la guardaba y entregaba al mayorista, que la regresaba al fabricante del aceite que, a su vez, debía lavarla y volverla a llenar. Así pasaba con tantos productos. Iban y venían los envases y el cajón de alambre o luego de plástico. En general, eso generaba menos residuos y menor impacto, aunque habría que hilar fino con los fletes y el lavado, por ejemplo. Pero, en general, el envase reutilizado es más sustentable en lo ambiental. Variaron los hábitos comerciales y de consumo y el envase descartable, más liviano, representa, por ejemplo, que no haya más tantos depósitos. Y el Estado se fue haciendo cargo de su destino: esos envases ya no volvían sino que terminaban en la recolección de basura de cada municipio. Y esa recolección, y tratamiento final, cuesta. Este modelo implica que toda la sociedad absorbe los costos de los que más consumen. El Estado se hace cargo de todo ese costo y no en proporción al consumo de envases de cada uno.
–Traducido: ¿que las empresas se hagan cargo, pero que los consumidores sean corresponsables? Que el que más descartable consume, más aporte para su tratamiento…
–Quiero decir que es legítimo si asignamos ese costo al que se beneficia por ese servicio. Tanto la empresa que hace el negocio con ese envase como el consumidor que los usa. Es el modelo que se aplica, en general, en los países donde funcionan leyes de envases. Adicionalmente, se impone que la comunidad asuma otra tarea para que todo tenga sentido: que separe los envases de los residuos en su hogar. Entonces, el costo se hace razonable. El cuidado que hay que tener es que esto no se transforme en una caja negra que nadie sabe qué sucede adentro. El Estado tiene déficit y los municipios tienen en la recolección de residuos su mayor gasto después de sueldos. Pero muchos recolectan seis días por semana, que es una exageración costosa. Habría que ahorrar ahí, para poder hacer por ejemplo una recolección diferenciada.
El hilo más delgado
–De lo macro que plantea, a lo micro: a los recuperadores de papel, plástico o vidrio, que apenas subsisten, se les paga muy poco. Si eso no mejora, es difícil afianzar un modelo razonable…
–Sí, es real. En general, la economía de las cooperativas de recuperadores se sostiene porque el Estado las subsidia. Hay tiempos en que lo que juntan vale más y otros en lo que vale menos. Pero siempre es muy básico. Hay que ir a un modelo que contemple eso. Si se pudieran reducir los enormes costos de recolección, podrían derivarse recursos a mejorar el circuito de los recuperadores. Otra cosa es ayudar a que esas cooperativas puedan acortar las cadenas de comercialización.
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Fecha de Publicación: 13/09/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
El Congreso analiza la responsabilidad sobre botellas y paquetes. El plástico, uno de los residuos que más crece. Qué dice el Instituto Argentino del Envase sobre la responsabilidad de fabricantes y productores.
Los malos basurales gozan de buena salud y a Córdoba, como a todo el país, le cuesta encaminar políticas para un tratamiento más sustentable de los residuos. En esta provincia, menos del cinco por ciento de los habitantes tiene hoy servicios de recolección diferenciada. El porcentaje de los desechos que se recuperan para reciclar es también muy bajo. Mientras menos se recupera, más se entierra. O, peor, queda contaminando sin tratar.
En este marco, los envases –sobre todo derivados de plásticos– representan un dilema especial: cada vez hay más de ellos entre los residuos que desechamos. Hasta en los océanos son un problema por su acumulación.
En Argentina, hace años se promete discutir en el Congreso una “ley de envases” que ordene en esta materia. Para algunos sectores, el que pone en el mercado el envase debe hacerse cargo de su destino final (lo que se llama “responsabilidad extendida del productor”). Para otros, la cadena de responsabilidades es más compleja.
Ayer estuvo en Córdoba Roberto Sánchez, coordinador del área Medio Ambiente del Instituto Argentino del Envase. Participó de la jornada Reciclar, organizada por Green Drinks Córdoba y la Universidad Tecnológica Nacional. Antes de ese encuentro, habló con La Voz sobre lo que hoy se discute en torno a qué hacemos con tanto envase, aportando la perspectiva del sector industrial que representa.
Un asunto pendiente
El Instituto Argentino del Envase es una asociación civil sin fines de lucro, creada hace medio siglo por empresas relacionadas con el empaquetamiento (del vidrio, el cartón, la madera, el plástico y otras). Casi 400 firmas de todos los rubros y materiales lo integran. “Tiene como misión el desarrollo de la industria del envase, apuntando a mejorar la calidad de vida de la gente y el cuidado del ambiente”, apuntó Sánchez.
“Los envases mejoraron la calidad de vida: consumir un yogur fabricado a 500 kilómetros y dos semanas después, en buenas condiciones, es un servicio que presta un envase. Pero a la vez, como todo lo que se hace, deja una huella ambiental, un impacto que empezamos a darnos cuenta de que es importante contemplar”, admitió.
Sánchez remarcó que esa institución analiza el impacto ambiental de los envases desde hace años. “Lo abordamos en su sentido más amplio: desde revisar cómo usar menos materia prima, o menos energía y agua para fabricarlos, a cómo reducir su presencia como residuo o cómo mejorar el circuito del reciclado”, apuntó.
Sobre la ley de envases, que suma proyectos en el Congreso, pero nunca termina de ser aprobada, Sánchez opinó: “Nosotros apoyamos la necesidad de una ley ordenadora. Creemos que la sociedad en su conjunto debe tomar cartas en ese asunto. Una buena ley ayudaría mucho. Hay aún discusiones, sobre matices”.
El gran bonete
–Lo más discutido es quién se hace cargo del envase como desecho. ¿El productor o fabricante no es su responsable final?
–Es lo que llaman la responsabilidad extendida del productor. Es un criterio que parecería aceptado y, con matices, se avanza hacia eso. Pero la discusión está en qué grado de responsabilidad le corresponde a cada uno. Toda la industria está de acuerdo en que hay que sacar una ley de envases. Algunos creen que la gestión debe ser privada, otros, estatal, y hay quienes prefieren algo mixto. El sector privado plantea que esto no debería transformarse en un nuevo impuesto, sino en un sistema para gestionar con eficiencia este tema. Algunos sostienen que la responsabilidad, y el costo, es para los dueños de las marcas que ponen los envases en el mercado. Otros piensan que la cosa debe ser más compartida con otros actores de la cadena, como los fabricantes del envase o de la materia prima. Y otros apuntan a lo que llaman la ‘percepción anticipada’, es decir que el fabricante de la materia prima ponga ese dinero y lo cargue en el precio de ese material, de manera que de allí en adelante se sostenga ese costo y no aparezcan otros adicionales. La industria de la materia prima apunta que no tiene cómo saber en qué se usa su producción, porque no todo va a envases. Todo eso está en debate.
–Chile fue el primer país de Sudamérica con ley de envases. Recién está empezando a aplicarla, pero admiten que un buen tratamiento implicaría un leve costo mayor para los consumidores, en cada compra…
–Es un debate que como país aún nos hemos negado. Hasta ahora, los consumidores nos hemos dado el lujo de trasladarle el costo del destino final del envase al Estado. Antes, cuando yo compraba aceite debía llevar la botella de vidrio vacía y el negocio la guardaba y entregaba al mayorista, que la regresaba al fabricante del aceite que, a su vez, debía lavarla y volverla a llenar. Así pasaba con tantos productos. Iban y venían los envases y el cajón de alambre o luego de plástico. En general, eso generaba menos residuos y menor impacto, aunque habría que hilar fino con los fletes y el lavado, por ejemplo. Pero, en general, el envase reutilizado es más sustentable en lo ambiental. Variaron los hábitos comerciales y de consumo y el envase descartable, más liviano, representa, por ejemplo, que no haya más tantos depósitos. Y el Estado se fue haciendo cargo de su destino: esos envases ya no volvían sino que terminaban en la recolección de basura de cada municipio. Y esa recolección, y tratamiento final, cuesta. Este modelo implica que toda la sociedad absorbe los costos de los que más consumen. El Estado se hace cargo de todo ese costo y no en proporción al consumo de envases de cada uno.
–Traducido: ¿que las empresas se hagan cargo, pero que los consumidores sean corresponsables? Que el que más descartable consume, más aporte para su tratamiento…
–Quiero decir que es legítimo si asignamos ese costo al que se beneficia por ese servicio. Tanto la empresa que hace el negocio con ese envase como el consumidor que los usa. Es el modelo que se aplica, en general, en los países donde funcionan leyes de envases. Adicionalmente, se impone que la comunidad asuma otra tarea para que todo tenga sentido: que separe los envases de los residuos en su hogar. Entonces, el costo se hace razonable. El cuidado que hay que tener es que esto no se transforme en una caja negra que nadie sabe qué sucede adentro. El Estado tiene déficit y los municipios tienen en la recolección de residuos su mayor gasto después de sueldos. Pero muchos recolectan seis días por semana, que es una exageración costosa. Habría que ahorrar ahí, para poder hacer por ejemplo una recolección diferenciada.
El hilo más delgado
–De lo macro que plantea, a lo micro: a los recuperadores de papel, plástico o vidrio, que apenas subsisten, se les paga muy poco. Si eso no mejora, es difícil afianzar un modelo razonable…
–Sí, es real. En general, la economía de las cooperativas de recuperadores se sostiene porque el Estado las subsidia. Hay tiempos en que lo que juntan vale más y otros en lo que vale menos. Pero siempre es muy básico. Hay que ir a un modelo que contemple eso. Si se pudieran reducir los enormes costos de recolección, podrían derivarse recursos a mejorar el circuito de los recuperadores. Otra cosa es ayudar a que esas cooperativas puedan acortar las cadenas de comercialización.
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Despiden docente que se opone a las fumigaciones rurales
Denuncian que echaron a docente por su oposición a fumigaciones
Fecha de Publicación: 13/09/2018
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
Un profesor de la Escuela de la Familia Agrícola "Colonias Unidas" Nº 8.248 de Totoras denunció que fue despedido del establecimiento educativo como consecuencia de su "militancia en el grupo de Vecinos Autoconvocados por la Vida" de esa localidad, organización que brega por evitar la fumigación en inmediaciones de los centros poblados y escuelas rurales en defensa de la salud y el ambiente.
La escuela donde hasta el miércoles último trabajaba Daniel Mangold, está ubicada a 5 kilómetros de la zona urbana y funciona en un predio que pertenece a productores agropecuarios que siembran soja en los terrenos linderos.
Para el profesor, el despido está relacionado a su participación en el colectivo de Vecinos Autoconvocados por la Vida de Totoras.
"También a mi militancia en favor de las ordenanzas que restringen las fumigaciones, por haber sido amparista en un recurso interpuesto por el mismo tema contra la municipalidad local y quizás además por mi forma de ejercer la docencia vinculada a la educación libre y orientada hacia el cuidado del medio ambiente, las prácticas agroecológicas, el bienestar animal, la agricultura familiar y por denunciar fumigaciones ilegales en el ámbito de la escuela", señaló.
Amparo y reacción
El docente, quien trabajó durante tres años en la Escuela de la Familia Agrícola, contó a La Capital que el amparo interpuesto "tuvo dos instancias. La primera fue validada por el juez de Cañada de Gómez pero al ser apelada por la Municipalidad, se elevó a segunda instancia, en la Cámara de Rosario quien resolvió a favor de los vecinos en tres de los cuatros puntos que figuraban en el recurso de amparo".
Con ese amparo se limitaron las aspersiones a una distancia de 500 metros a contar desde el inmueble rural y de algunos puntos y barrios de la ciudad y de las escuelas rurales.
"Esa situación hizo que el lobby sojero local reaccione contra el cuerpo de concejales y los vecinos autoconvocados y generaron presiones para que las ordenanzas sancionadas sean totalmente regresivas, como la sancionada durante la mañana del jueves último, y desobedeciendo lo que el juez dictaminó en segunda instancia. A la par se dio la exclusión de mi trabajo", explicó Mangold.
Sin argumentos
"Formalmente no tengo ningún tipo de explicación que motive el cese de mis funciones en la escuela. Me enviaron una carta documento donde sólo se me dice que no necesitan más de mis servicios, sin ningún tipo de explicación", indicó el docente.
La escuela es de gestión privada pero los sueldos son pagados por el Estado provincial. La carta de despido está firmada por el representante legal de la entidad propietaria de la Escuela de la Familia Agrícola.
"Entiendo que esto es un acto discriminatorio, una persecución ideológica por mi militancia en este tema de las fumigaciones. De acuerdo al gremio de los docentes privados (Sadop), este es un caso totalmente inédito por lo menos que haya sido denunciado formalmente".
Tras ser despedido, Mangold inició acciones desde el gremio que lo ampara como docente y en primer lugar se solicitó su reincorporación, algo que todavía no fue atendido por los directivos de la escuela.
La escuela cuenta con unos 300 alumnos y una veintena de docentes. Hasta el día jueves, los encargados del establecimiento se habían negado a dialogar con Mangold, pero en las últimas horas se concretó una reunión entre Sadop y el representante legal del establecimiento.
Reclamo de Sadop
Al respecto, el secretario gremial de Sadop, Gustavo Monduzzi, expresó que "ayer al mediodía fuimos recibidos por el representante legal y miembros del concejo directivo escolar. Fuimos confiados por la apertura de un espacio de diálogo para solicitar la reincorporación del compañero pero recibimos la negativa y si bien ellos no lo reconocen, la militancia de Mangold en pos de fumigaciones controladas y la presión de la gente del agro que solicitaron que se tomen medidas con este docente desencadenaron su despido".
Sobre el futuro inmediato, Monduzzi indicó que "al no lograr la reincorporación continuaremos con las acciones gremiales que deban realizarse y nos solidarizamos con Daniel quien es el primer despedido sin causa tras la sanción de la ley contra los despidos arbitrarios hace un año y medio".
Por otro lado, el representante gremial indicó que "ya solicitamos al Ministerio de Educación de la provincia el retiro del subsidio por 18 meses correspondiente a las horas que pertenecían al compañero en la institución, que es una multa que deben pagar las patronales que despiden sin causa de acuerdo a la ley vigente".
Entre las irregularidades que rodean el despido de Mangold, el Ministerio de Educación ratificó ante Sadop que "no existe un sumario previo" como dicta la norma, por lo tanto, para el gremialista se trata de "un despido sin causa, arbitrario y que indudablemente tiene que ver con la militancia del compañero".
"Además vamos a denunciar una serie de irregularidades estructurales que ponen de manifiesto las malas condiciones laborales en las que se desempeñan los docentes del establecimiento", agregó el dirigente de Sadop.
Repudio
Desde los Vecinos Autoconvocados, muchos particulares, así como diferentes organizaciones de todo el país expresaron su solidaridad con el profesor y manifestaron su repudio por redes sociales y medios de prensa. "Lo que más indigna es que hayan dejado sin trabajo a una persona por pensar distinto", comentó Mangold.
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Fecha de Publicación: 13/09/2018
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
Un profesor de la Escuela de la Familia Agrícola "Colonias Unidas" Nº 8.248 de Totoras denunció que fue despedido del establecimiento educativo como consecuencia de su "militancia en el grupo de Vecinos Autoconvocados por la Vida" de esa localidad, organización que brega por evitar la fumigación en inmediaciones de los centros poblados y escuelas rurales en defensa de la salud y el ambiente.
La escuela donde hasta el miércoles último trabajaba Daniel Mangold, está ubicada a 5 kilómetros de la zona urbana y funciona en un predio que pertenece a productores agropecuarios que siembran soja en los terrenos linderos.
Para el profesor, el despido está relacionado a su participación en el colectivo de Vecinos Autoconvocados por la Vida de Totoras.
"También a mi militancia en favor de las ordenanzas que restringen las fumigaciones, por haber sido amparista en un recurso interpuesto por el mismo tema contra la municipalidad local y quizás además por mi forma de ejercer la docencia vinculada a la educación libre y orientada hacia el cuidado del medio ambiente, las prácticas agroecológicas, el bienestar animal, la agricultura familiar y por denunciar fumigaciones ilegales en el ámbito de la escuela", señaló.
Amparo y reacción
El docente, quien trabajó durante tres años en la Escuela de la Familia Agrícola, contó a La Capital que el amparo interpuesto "tuvo dos instancias. La primera fue validada por el juez de Cañada de Gómez pero al ser apelada por la Municipalidad, se elevó a segunda instancia, en la Cámara de Rosario quien resolvió a favor de los vecinos en tres de los cuatros puntos que figuraban en el recurso de amparo".
Con ese amparo se limitaron las aspersiones a una distancia de 500 metros a contar desde el inmueble rural y de algunos puntos y barrios de la ciudad y de las escuelas rurales.
"Esa situación hizo que el lobby sojero local reaccione contra el cuerpo de concejales y los vecinos autoconvocados y generaron presiones para que las ordenanzas sancionadas sean totalmente regresivas, como la sancionada durante la mañana del jueves último, y desobedeciendo lo que el juez dictaminó en segunda instancia. A la par se dio la exclusión de mi trabajo", explicó Mangold.
Sin argumentos
"Formalmente no tengo ningún tipo de explicación que motive el cese de mis funciones en la escuela. Me enviaron una carta documento donde sólo se me dice que no necesitan más de mis servicios, sin ningún tipo de explicación", indicó el docente.
La escuela es de gestión privada pero los sueldos son pagados por el Estado provincial. La carta de despido está firmada por el representante legal de la entidad propietaria de la Escuela de la Familia Agrícola.
"Entiendo que esto es un acto discriminatorio, una persecución ideológica por mi militancia en este tema de las fumigaciones. De acuerdo al gremio de los docentes privados (Sadop), este es un caso totalmente inédito por lo menos que haya sido denunciado formalmente".
Tras ser despedido, Mangold inició acciones desde el gremio que lo ampara como docente y en primer lugar se solicitó su reincorporación, algo que todavía no fue atendido por los directivos de la escuela.
La escuela cuenta con unos 300 alumnos y una veintena de docentes. Hasta el día jueves, los encargados del establecimiento se habían negado a dialogar con Mangold, pero en las últimas horas se concretó una reunión entre Sadop y el representante legal del establecimiento.
Reclamo de Sadop
Al respecto, el secretario gremial de Sadop, Gustavo Monduzzi, expresó que "ayer al mediodía fuimos recibidos por el representante legal y miembros del concejo directivo escolar. Fuimos confiados por la apertura de un espacio de diálogo para solicitar la reincorporación del compañero pero recibimos la negativa y si bien ellos no lo reconocen, la militancia de Mangold en pos de fumigaciones controladas y la presión de la gente del agro que solicitaron que se tomen medidas con este docente desencadenaron su despido".
Sobre el futuro inmediato, Monduzzi indicó que "al no lograr la reincorporación continuaremos con las acciones gremiales que deban realizarse y nos solidarizamos con Daniel quien es el primer despedido sin causa tras la sanción de la ley contra los despidos arbitrarios hace un año y medio".
Por otro lado, el representante gremial indicó que "ya solicitamos al Ministerio de Educación de la provincia el retiro del subsidio por 18 meses correspondiente a las horas que pertenecían al compañero en la institución, que es una multa que deben pagar las patronales que despiden sin causa de acuerdo a la ley vigente".
Entre las irregularidades que rodean el despido de Mangold, el Ministerio de Educación ratificó ante Sadop que "no existe un sumario previo" como dicta la norma, por lo tanto, para el gremialista se trata de "un despido sin causa, arbitrario y que indudablemente tiene que ver con la militancia del compañero".
"Además vamos a denunciar una serie de irregularidades estructurales que ponen de manifiesto las malas condiciones laborales en las que se desempeñan los docentes del establecimiento", agregó el dirigente de Sadop.
Repudio
Desde los Vecinos Autoconvocados, muchos particulares, así como diferentes organizaciones de todo el país expresaron su solidaridad con el profesor y manifestaron su repudio por redes sociales y medios de prensa. "Lo que más indigna es que hayan dejado sin trabajo a una persona por pensar distinto", comentó Mangold.
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Incineración: dinero para cambiar la opinión de periodistas
Incineración de basura: “El dinero de todos es para disciplinar periodistas”
Fecha de Publicación: 12/09/2018
Fuente: Plural Noticias
Provincia/Región: CABA
La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº35, a cargo de Celsa Ramírez, de la Unidad Fiscal Sur determinó que el material de estrategias de manipulación pública y la entrega de pauta oficial para cambiar la posición de periodistas sobre la incineración de residuos, salió de las oficinas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
La causa se había iniciado por una denuncia penal contra el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por parte del abogado Alejandro Viale, la legisladora Myriam Bregman y el ex diputado de la Ciudad, Facundo Di Filippo.
A partir de este peritaje, Viale sostuvo que se evidenció la utilización del dinero de los ciudadanos “para disciplinar periodistas”. De hecho, consideró que pone sobre la mesa por qué no existen investigaciones periodísticas respecto a la cantidad de negocios con obras y tierras públicas. “Todo eso se mantiene en lugares subterráneo”, planteó sobre el blindaje al alcalde de la Ciudad.
“El Gobierno nunca los cuestionó (sobre las pruebas presentadas) porque sabía que eran verdaderos”, expresó. En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el abogado marcó que podrían configurarse tres delitos: abuso de autoridad, malversación de fondos públicos y incumplimiento de los deberes de funcionario público.
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Fecha de Publicación: 12/09/2018
Fuente: Plural Noticias
Provincia/Región: CABA
La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº35, a cargo de Celsa Ramírez, de la Unidad Fiscal Sur determinó que el material de estrategias de manipulación pública y la entrega de pauta oficial para cambiar la posición de periodistas sobre la incineración de residuos, salió de las oficinas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
La causa se había iniciado por una denuncia penal contra el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por parte del abogado Alejandro Viale, la legisladora Myriam Bregman y el ex diputado de la Ciudad, Facundo Di Filippo.
A partir de este peritaje, Viale sostuvo que se evidenció la utilización del dinero de los ciudadanos “para disciplinar periodistas”. De hecho, consideró que pone sobre la mesa por qué no existen investigaciones periodísticas respecto a la cantidad de negocios con obras y tierras públicas. “Todo eso se mantiene en lugares subterráneo”, planteó sobre el blindaje al alcalde de la Ciudad.
“El Gobierno nunca los cuestionó (sobre las pruebas presentadas) porque sabía que eran verdaderos”, expresó. En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el abogado marcó que podrían configurarse tres delitos: abuso de autoridad, malversación de fondos públicos y incumplimiento de los deberes de funcionario público.
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El Estado neoliberal con políticas ambientales débiles
De Ministerios a MiniEstado
Fecha de Publicación: 12/09/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
La devaluación de diez ministerios nacionales a secretarias decidida por el presidente Mauricio Macri tiene una implicancia cristalina, que salta a la vista con el solo trámite de revisar en la historia el momento y los motivos por lo que fueron creados. Cada ministerio que se cierra o se desjerarquiza, es una política pública que se jibariza. No son casuales las permanentes alusiones del presidente a la ineficiencia del estado en los últimos setenta años. Con solo agarrar una calculadora, si le restamos esos años al presente 2018, nos trasladamos a 1948, y le pegamos de lleno al primer gobierno peronista. Fue con la reforma constitucional de 1949 que se crearon los ministerios de Trabajo, y el de Salud entre otros, y se separó el de Educación del de Justicia. Crear ministerios no era cosa de todos los días, eran apuestas a nuevas políticas.
La Constitución Nacional de 1853 estableció que el Poder Ejecutivo debía contar con cinco ministerios: del Interior, de Relaciones Exteriores, de Hacienda, de Justicia e Instrucción Pública y de Guerra y Marina. Una modificación constitucional en 1898 elevó a ocho el número de ministerios, al agregarse: Agricultura https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Agroindustria_(Argentina), Obras Públicas y se escindió Marina del Ministerio de Guerra. No volvió a haber cambios hasta 1949 por lo que tenemos en casi cien años una sola modificación.
El disuelto y rebajado ministerio de Trabajo, fue el fruto de un largo proceso histórico. La primera vez que el Estado tuvo un interés profundo por saber la situación de los trabajadores fue en 1904, se le encomendó al médico y abogado, Juan Bialet Massé, un informe sobre la situación de las clases obreras, quien luego de viajar durante meses por los lugares más recónditos del país, entregó 1500 páginas estremecedoras. Se creó en 1907 una Dirección del Trabajo que fue la que Juan Domingo Perón convirtió en Secretaría en 1945 y luego en ministerio. La idea era que el Estado sea árbitro en los conflictos entre el capital y los trabajadores, pero sobre todo, cumplió la función de vigilar que todas las nuevas leyes laborales se cumplan. Por eso este ministerio molestó tanto a las elites. A partir de 1955 le cambiaron sus funciones, el máximo ejemplo de ese nuevo rumbo fue el nombramiento al frente de Trabajo del ultraliberal, Ingeniero Alvaro Alsogaray. Devaluar el ministerio de Trabajo es achicar la intervención del Estado y dejar inermes a los laburantes y sus sindicatos frente a los grandes empresarios.
No muy diferente es el significado del paso del Ministerio de Salud a secretaría. En 1945 Perón le escribió a Ramón Carrillo la carta que ha circulado en forma viral por las redes: “Mire Carrillo, me parece increíble que tengamos un Ministerio de Ganadería que se ocupa de cuidar a las vacas y no haya un organismo de igual jerarquía para cuidar la salud de la gente”. Carrillo pasó a ser el primero en ocupar ese ministerio, y su labor en el fortalecimiento de la salud pública fue inigualable. A modo de ejemplo basta con decir que Argentina erradicó el paludismo antes que EEUU. En el mejor sentido de la palabra Carrillo politizó la medicina: “la peor enfermedad es la pobreza”. No le perdonaron su audacia, después del golpe de 1955 lo acusaron de enriquecerse, de ser un corrupto. Lo cierto es que murió al año siguiente en medio de grandes penurias económicas en un pueblo perdido de Brasil.
Están claras las prioridades de un gobierno si se le baja la categoría al Ministerio de Salud, y se fortalece el de Transporte.
En diciembre de 2007, al asumir la presidencia, Cristina Fernández de Kirchner, una de las decisiones que tomó fue crear el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva; Su misión era orientar la ciencia, la tecnología y la innovación al fortalecimiento de un nuevo modelo productivo que genere mayor inclusión social y mejore la competitividad de la economía argentina, bajo el paradigma del conocimiento como eje del desarrollo. Fue en el contexto en el que se hicieron grandes esfuerzos por repatriar científicos que se habían ido al exterior en cada una de las recurrentes crisis que constituyen nuestro modus vivendi. El primer y único ministro que ocupó el cargo fue Lino Barañao, quien se aferró con éxito a su cargo a pesar del cambio copernicano que el gobierno de Cambiemos decidió darle al desarrollo científico. El ahogo presupuestario, el corte de becas y de ingresos a la investigación fueron denunciados desde 2016. El paradigma científico actual difiere largamente del que estaba vigente al crearse el ministerio. Se ha priorizado traer desde el exterior todo lo que podría haberse desarrollado con recursos nacionales. En su camino a la degradación recuerdo cuando Barañao dijo en la revista Noticias que el Conicet no debería financiar el estudio de la Edad Media, sin darse cuenta que se estaba echando tierra encima. No se han escuchado palabras del ex ministro, tal vez preocupado por no convertirse también en ex secretario.
En esta línea de “defensa de la soberanía extranjera”, no puede asombrar que el Ministerio de Cultura de la Nación vuelva a ser una secretaría. Creado en mayo de 2014, su corta vida es solo una muestra más del derrotero pendular de la historia argentina. La función que se le había asignado en el momento de su creación era: “planificar y ejecutar estrategias para la promoción, rescate, preservación, estímulo, acrecentamiento y difusión, en el ámbito nacional e internacional, del patrimonio cultural de Argentina”. En aquel momento parecía lógica la apuesta, solo cuatro años después pareciera que hablamos de otra era geológica.
El que fuera hasta hace unos días el ministro de Medio Ambiente hace mucho tiempo que no está en la palestra pública. Una de las últimas veces que se lo vio estaba disfrazado de árbol intentando transmitir un mensaje que no fue entendido en su momento, ni en ningún otro. Tiempo después se lo vio trayendo televisores Leds desde Chile. El ministerio fue creado por el actual gobierno, y tal vez sea el de más corta existencia de nuestra historia. En su declaración de principios, el ministro rabino explicó que su principal objetivo era asistir al Presidente de la Nación y sus ministerios en el área, como así “coordinar las políticas del gobierno nacional que tengan impacto en la política ambiental, estableciendo la planificación estratégica de políticas y programas ambientales del gobierno nacional” . Tal vez no sea muy aventurado afirmar que este ministerio nunca existió.
Si la creación de cada uno de estos ministerios fue en su momento una apuesta por nuevas políticas, no cabe duda que su degradación, constituyen renuncias, un nuevo paso atrás del Estado, una mayor indefensión de la sociedad frente a eso que llaman mercado.
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Fecha de Publicación: 12/09/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
La devaluación de diez ministerios nacionales a secretarias decidida por el presidente Mauricio Macri tiene una implicancia cristalina, que salta a la vista con el solo trámite de revisar en la historia el momento y los motivos por lo que fueron creados. Cada ministerio que se cierra o se desjerarquiza, es una política pública que se jibariza. No son casuales las permanentes alusiones del presidente a la ineficiencia del estado en los últimos setenta años. Con solo agarrar una calculadora, si le restamos esos años al presente 2018, nos trasladamos a 1948, y le pegamos de lleno al primer gobierno peronista. Fue con la reforma constitucional de 1949 que se crearon los ministerios de Trabajo, y el de Salud entre otros, y se separó el de Educación del de Justicia. Crear ministerios no era cosa de todos los días, eran apuestas a nuevas políticas.
La Constitución Nacional de 1853 estableció que el Poder Ejecutivo debía contar con cinco ministerios: del Interior, de Relaciones Exteriores, de Hacienda, de Justicia e Instrucción Pública y de Guerra y Marina. Una modificación constitucional en 1898 elevó a ocho el número de ministerios, al agregarse: Agricultura https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Agroindustria_(Argentina), Obras Públicas y se escindió Marina del Ministerio de Guerra. No volvió a haber cambios hasta 1949 por lo que tenemos en casi cien años una sola modificación.
El disuelto y rebajado ministerio de Trabajo, fue el fruto de un largo proceso histórico. La primera vez que el Estado tuvo un interés profundo por saber la situación de los trabajadores fue en 1904, se le encomendó al médico y abogado, Juan Bialet Massé, un informe sobre la situación de las clases obreras, quien luego de viajar durante meses por los lugares más recónditos del país, entregó 1500 páginas estremecedoras. Se creó en 1907 una Dirección del Trabajo que fue la que Juan Domingo Perón convirtió en Secretaría en 1945 y luego en ministerio. La idea era que el Estado sea árbitro en los conflictos entre el capital y los trabajadores, pero sobre todo, cumplió la función de vigilar que todas las nuevas leyes laborales se cumplan. Por eso este ministerio molestó tanto a las elites. A partir de 1955 le cambiaron sus funciones, el máximo ejemplo de ese nuevo rumbo fue el nombramiento al frente de Trabajo del ultraliberal, Ingeniero Alvaro Alsogaray. Devaluar el ministerio de Trabajo es achicar la intervención del Estado y dejar inermes a los laburantes y sus sindicatos frente a los grandes empresarios.
No muy diferente es el significado del paso del Ministerio de Salud a secretaría. En 1945 Perón le escribió a Ramón Carrillo la carta que ha circulado en forma viral por las redes: “Mire Carrillo, me parece increíble que tengamos un Ministerio de Ganadería que se ocupa de cuidar a las vacas y no haya un organismo de igual jerarquía para cuidar la salud de la gente”. Carrillo pasó a ser el primero en ocupar ese ministerio, y su labor en el fortalecimiento de la salud pública fue inigualable. A modo de ejemplo basta con decir que Argentina erradicó el paludismo antes que EEUU. En el mejor sentido de la palabra Carrillo politizó la medicina: “la peor enfermedad es la pobreza”. No le perdonaron su audacia, después del golpe de 1955 lo acusaron de enriquecerse, de ser un corrupto. Lo cierto es que murió al año siguiente en medio de grandes penurias económicas en un pueblo perdido de Brasil.
Están claras las prioridades de un gobierno si se le baja la categoría al Ministerio de Salud, y se fortalece el de Transporte.
En diciembre de 2007, al asumir la presidencia, Cristina Fernández de Kirchner, una de las decisiones que tomó fue crear el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva; Su misión era orientar la ciencia, la tecnología y la innovación al fortalecimiento de un nuevo modelo productivo que genere mayor inclusión social y mejore la competitividad de la economía argentina, bajo el paradigma del conocimiento como eje del desarrollo. Fue en el contexto en el que se hicieron grandes esfuerzos por repatriar científicos que se habían ido al exterior en cada una de las recurrentes crisis que constituyen nuestro modus vivendi. El primer y único ministro que ocupó el cargo fue Lino Barañao, quien se aferró con éxito a su cargo a pesar del cambio copernicano que el gobierno de Cambiemos decidió darle al desarrollo científico. El ahogo presupuestario, el corte de becas y de ingresos a la investigación fueron denunciados desde 2016. El paradigma científico actual difiere largamente del que estaba vigente al crearse el ministerio. Se ha priorizado traer desde el exterior todo lo que podría haberse desarrollado con recursos nacionales. En su camino a la degradación recuerdo cuando Barañao dijo en la revista Noticias que el Conicet no debería financiar el estudio de la Edad Media, sin darse cuenta que se estaba echando tierra encima. No se han escuchado palabras del ex ministro, tal vez preocupado por no convertirse también en ex secretario.
En esta línea de “defensa de la soberanía extranjera”, no puede asombrar que el Ministerio de Cultura de la Nación vuelva a ser una secretaría. Creado en mayo de 2014, su corta vida es solo una muestra más del derrotero pendular de la historia argentina. La función que se le había asignado en el momento de su creación era: “planificar y ejecutar estrategias para la promoción, rescate, preservación, estímulo, acrecentamiento y difusión, en el ámbito nacional e internacional, del patrimonio cultural de Argentina”. En aquel momento parecía lógica la apuesta, solo cuatro años después pareciera que hablamos de otra era geológica.
El que fuera hasta hace unos días el ministro de Medio Ambiente hace mucho tiempo que no está en la palestra pública. Una de las últimas veces que se lo vio estaba disfrazado de árbol intentando transmitir un mensaje que no fue entendido en su momento, ni en ningún otro. Tiempo después se lo vio trayendo televisores Leds desde Chile. El ministerio fue creado por el actual gobierno, y tal vez sea el de más corta existencia de nuestra historia. En su declaración de principios, el ministro rabino explicó que su principal objetivo era asistir al Presidente de la Nación y sus ministerios en el área, como así “coordinar las políticas del gobierno nacional que tengan impacto en la política ambiental, estableciendo la planificación estratégica de políticas y programas ambientales del gobierno nacional” . Tal vez no sea muy aventurado afirmar que este ministerio nunca existió.
Si la creación de cada uno de estos ministerios fue en su momento una apuesta por nuevas políticas, no cabe duda que su degradación, constituyen renuncias, un nuevo paso atrás del Estado, una mayor indefensión de la sociedad frente a eso que llaman mercado.
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Biocombustibles en Argentina con malas perspectivas
Biocombustibles en Argentina: impuestazo y mercados cerrados paralizan las exportaciones de biodiesel
Fecha de Publicación: 12/09/2018
Fuente: biodiesel.com.ar
Provincia/Región: Nacional
La industria acusa de poco razonable el nuevo tributo, en medio del cierre de los principales mercados como Estados Unidos y Europa. El sector ya trabaja al 30%.
El nuevo marco de retenciones establecidas por el Gobierno nacional para hacer frente a la crisis económico-financiera le dio un nuevo golpe a la industria doméstica del biodiesel.
A los cierres de los principales mercados de exportación, como lo fueron el de los Estados Unidos y Europa este mismo año, se sumó, en las últimas horas, esta “nueva pérdida de competitividad”, tal como definieron algunas voces de esta industria.
A una retención ya subida meses atrás (a partir de julio, pasó de 8% al 15%, después de tener 0% el año pasado), se sumó la decisión de las últimas horas que ubicó al biocombustible entre los “productos primarios”, que lo dejó con una alícuota cercana al 12% o $ 4 por dólar exportado.
Eso, sumado al 15% que ya tributaba.
Con este panorama, el sector externo quedó “paralizado”, ya que, en estos días, se terminaron de embarcar los últimos barcos hacia Europa. “Lo que quedó funcionando es el sector de las pymes domésticas que abastecen al mercado interno. La industria grande exportadora está parada”, afirmó a El Cronista Luis Zubizarreta, presidente de la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio).
Otra fuente calculó que el sector en su totalidad (alrededor de 37 fábricas que disponen de una capacidad de 5000 millones de litros) trabaja, actualmente, al 30% de su capacidad total. En general, se asume como una realidad lo que adelantó el USDA (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos) acerca de una fuerte caída de esta industria prevista para este año: los datos marcaron un baja estimada en la producción de alrededor del 15%, combinado con un desplome de las exportaciones cercanas al 30 por ciento.
Así, los envíos al exterior alcanzarán este año unos 1350 millones de litros, después de los 1875 millones que tuvo el año pasado (nivel más alto desde 2011). Mientras que la producción llegará a unos 2760 millones de litros, contra los 3260 millones del 2017. “Llamó la atención las nuevas medidas tomadas por el Gobierno y que se haya ubicado el biodiesel entre los productos primarios. La verdad que no es muy razonable. Es una medida mala y un desincentivo al valor agregado”, afirmó Zubizarreta.
Respecto de la decisión de Europa de abrir un registro para las importaciones argentinas, tomada unos meses atrás, en medio de la investigación por supuestos subsidios a la industria local, que provocó la detención del flujo de envíos por temores a que los posibles aranceles sean retroactivos, el directivo manifestó que habrá novedades recién en noviembre de este año.
“Confiamos en que no pongan ningún arancel, pero también sabemos que en 2011 tuvimos que esperar cinco años para que nos den la razón”, comentó Zubizarreta (la Argentina le terminó ganando un panel en la Organización Mundial de Comercio luego de que Europa decidiera aplicar aranceles antidumping, en un mercado que representaba alrededor de u$s 1500 millones).
El bloqueo externo sí hará saltar al mercado doméstico. Esta demanda, según el USDA, aumentaría alcanzando un record histórico de 1480 millones de litros (un avance del 10,8% contra el año pasado, cuando se consumió internamente unos 1335 millones de litros), considerando que podría ser el primer año en que se alcance la tasa de corte oficial de 10% (mezcla gasoil con biodiesel).
En este sentido, se negocia para que dicho corte se eleve al 12%, aunque en la industria del biocombustible son poco optimistas.
También, comentaron que el sector trabaja para impulsar el uso de unidades de transporte público a base del biocombustible; por ejemplo, en Santa Fe ya existen tres unidades funcionando con el 100% y otra flota al 25%, pero todavía “son pruebas”.
En este sentido, recientemente la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) solicitó al Gobierno aumentar el corte obligatorio en las naftas hasta el 15% y posteriormente avanzar hasta el 20%; además de intensificar el uso de biodiesel en los equipos de transporte, de generación eléctrica existentes y en otros segmentos de consumo de gasoil mineral.
Hasta el momento, el Gobierno respondió con una suba de los precios utilizado para la mezcla, tanto del biodiesel como del etanol. Según publicó el lunes pasado en el Boletín Oficial, el ex Ministerio de Energía fijó un valor para el biodiesel de $ 22.589 (u$s 610,51) por tonelada, desde un precio de $ 22.095 del mes pasado.
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Fecha de Publicación: 12/09/2018
Fuente: biodiesel.com.ar
Provincia/Región: Nacional
La industria acusa de poco razonable el nuevo tributo, en medio del cierre de los principales mercados como Estados Unidos y Europa. El sector ya trabaja al 30%.
El nuevo marco de retenciones establecidas por el Gobierno nacional para hacer frente a la crisis económico-financiera le dio un nuevo golpe a la industria doméstica del biodiesel.
A los cierres de los principales mercados de exportación, como lo fueron el de los Estados Unidos y Europa este mismo año, se sumó, en las últimas horas, esta “nueva pérdida de competitividad”, tal como definieron algunas voces de esta industria.
A una retención ya subida meses atrás (a partir de julio, pasó de 8% al 15%, después de tener 0% el año pasado), se sumó la decisión de las últimas horas que ubicó al biocombustible entre los “productos primarios”, que lo dejó con una alícuota cercana al 12% o $ 4 por dólar exportado.
Eso, sumado al 15% que ya tributaba.
Con este panorama, el sector externo quedó “paralizado”, ya que, en estos días, se terminaron de embarcar los últimos barcos hacia Europa. “Lo que quedó funcionando es el sector de las pymes domésticas que abastecen al mercado interno. La industria grande exportadora está parada”, afirmó a El Cronista Luis Zubizarreta, presidente de la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio).
Otra fuente calculó que el sector en su totalidad (alrededor de 37 fábricas que disponen de una capacidad de 5000 millones de litros) trabaja, actualmente, al 30% de su capacidad total. En general, se asume como una realidad lo que adelantó el USDA (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos) acerca de una fuerte caída de esta industria prevista para este año: los datos marcaron un baja estimada en la producción de alrededor del 15%, combinado con un desplome de las exportaciones cercanas al 30 por ciento.
Así, los envíos al exterior alcanzarán este año unos 1350 millones de litros, después de los 1875 millones que tuvo el año pasado (nivel más alto desde 2011). Mientras que la producción llegará a unos 2760 millones de litros, contra los 3260 millones del 2017. “Llamó la atención las nuevas medidas tomadas por el Gobierno y que se haya ubicado el biodiesel entre los productos primarios. La verdad que no es muy razonable. Es una medida mala y un desincentivo al valor agregado”, afirmó Zubizarreta.
Respecto de la decisión de Europa de abrir un registro para las importaciones argentinas, tomada unos meses atrás, en medio de la investigación por supuestos subsidios a la industria local, que provocó la detención del flujo de envíos por temores a que los posibles aranceles sean retroactivos, el directivo manifestó que habrá novedades recién en noviembre de este año.
“Confiamos en que no pongan ningún arancel, pero también sabemos que en 2011 tuvimos que esperar cinco años para que nos den la razón”, comentó Zubizarreta (la Argentina le terminó ganando un panel en la Organización Mundial de Comercio luego de que Europa decidiera aplicar aranceles antidumping, en un mercado que representaba alrededor de u$s 1500 millones).
El bloqueo externo sí hará saltar al mercado doméstico. Esta demanda, según el USDA, aumentaría alcanzando un record histórico de 1480 millones de litros (un avance del 10,8% contra el año pasado, cuando se consumió internamente unos 1335 millones de litros), considerando que podría ser el primer año en que se alcance la tasa de corte oficial de 10% (mezcla gasoil con biodiesel).
En este sentido, se negocia para que dicho corte se eleve al 12%, aunque en la industria del biocombustible son poco optimistas.
También, comentaron que el sector trabaja para impulsar el uso de unidades de transporte público a base del biocombustible; por ejemplo, en Santa Fe ya existen tres unidades funcionando con el 100% y otra flota al 25%, pero todavía “son pruebas”.
En este sentido, recientemente la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) solicitó al Gobierno aumentar el corte obligatorio en las naftas hasta el 15% y posteriormente avanzar hasta el 20%; además de intensificar el uso de biodiesel en los equipos de transporte, de generación eléctrica existentes y en otros segmentos de consumo de gasoil mineral.
Hasta el momento, el Gobierno respondió con una suba de los precios utilizado para la mezcla, tanto del biodiesel como del etanol. Según publicó el lunes pasado en el Boletín Oficial, el ex Ministerio de Energía fijó un valor para el biodiesel de $ 22.589 (u$s 610,51) por tonelada, desde un precio de $ 22.095 del mes pasado.
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