La central nuclear se pasa para el 2022
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Argentina y China cerraron un acuerdo para la construcción de una central nuclear para el 2022
Fecha de Publicación: 27/07/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
Luego de la decisión del Gobierno de anular por "problemas presupuestarios" el proyecto de una central nuclear con China que estaba pautado para el año que viene, el presidente Mauricio Macri se apresta a firmar un nuevo acuerdo con su par Xi Jinping para el desarrollo en el 2022 de la quinta central con tecnología china.
Según confirmaron a Infobae fuentes del Ejecutivo y ratificó el embajador argentino en Beijing, Diego Guelar, la idea es que Macri y Xi firmen a fin de noviembre en Buenos Aires el acuerdo para la construcción de una central nuclear que se haría con financiamiento chino por unos 9.000 millones de dólares.
Se trata de una central nuclear que tendrá tecnología china al ciento por ciento. El acuerdo que se canceló a principios de año era para la construcción de una central en Neuquén con tecnología canadiense y que iba a costar unos 8.000 millones de dólares. Este proyecto se canceló por "problemas presupuestarios", según transmitió en su momento el canciller Jorge Faurie.
Ahora, el Gobierno redefinió esta estrategia y decidió avanzar con un nuevo acuerdo con China pero a largo plazo.
"La firma del acuerdo nuclear es central en la visita de Estado del presidente Xi . No es solo la construcción de una planta nuclear con tecnología y financiamiento chino, sino, ademas, el desarrollar industria nuclear para usos pacíficos en forma conjunta en Argentina para vender a terceros países centrales energéticas y material de medicina nuclear", confirmó Guelar a Infobae.
A la vez, el embajador en China cree que "este acuerdo demuestra la gran madurez que ha alcanzado nuestra asociación estratégica". El nuevo acuerdo será para la construcción de la central en el 2022. El Gobierno cree que para ese entonces la Argentina estará en mejores condiciones de afrontar el financiamiento de China.
El acuerdo se firmará el 30 de noviembre cuando Xi llegue a la Argentina para la cumbre del G20 y se quede quede en visita oficial.
En marzo pasado el plan de recortes y achicamiento del déficit en el Estado que prometió profundizar Mauricio Macri llegó a la política exterior. Luego de arduas negociaciones secretas, el Gobierno decidió postergar para más adelante el proyecto de construcción de la Central Atucha III que tenía previsto realizar con China y se ahorró un programa de endeudamiento previsto en 8.000 millones de dólares.
La decisión fue cerrada entre la Cancillería y las autoridades de Beijing. Según confirmaron cuatro fuentes calificadas del Gobierno y la diplomacia china, el acuerdo alcanzado resultó beneficioso para ambas partes por una simple cuestión: la Central Atucha III era un proyecto de China compartido con tecnología de Canadá.
"Se alcanzó una solución que complace a los chinos y a la Argentina porque ratifica la asociación estratégica integral de ambos países. Y si bien China iba a financiar la construcción de Atucha III, el país tenía en su presupuesto un programa de endeudamiento inicial por USD 9.000 millones que ahora no lo tendrá", explicó en su momento un funcionario que trabajó arduamente en las negociaciones secretas con Beijing.
De esta manera, la Argentina podrá estar más holgada en sus cuentas en los próximos cuatro años y se asegurará para el 2022 la construcción de la Central Atucha IV con tecnología enteramente china.
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Fecha de Publicación: 27/07/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
Luego de la decisión del Gobierno de anular por "problemas presupuestarios" el proyecto de una central nuclear con China que estaba pautado para el año que viene, el presidente Mauricio Macri se apresta a firmar un nuevo acuerdo con su par Xi Jinping para el desarrollo en el 2022 de la quinta central con tecnología china.
Según confirmaron a Infobae fuentes del Ejecutivo y ratificó el embajador argentino en Beijing, Diego Guelar, la idea es que Macri y Xi firmen a fin de noviembre en Buenos Aires el acuerdo para la construcción de una central nuclear que se haría con financiamiento chino por unos 9.000 millones de dólares.
Se trata de una central nuclear que tendrá tecnología china al ciento por ciento. El acuerdo que se canceló a principios de año era para la construcción de una central en Neuquén con tecnología canadiense y que iba a costar unos 8.000 millones de dólares. Este proyecto se canceló por "problemas presupuestarios", según transmitió en su momento el canciller Jorge Faurie.
Ahora, el Gobierno redefinió esta estrategia y decidió avanzar con un nuevo acuerdo con China pero a largo plazo.
"La firma del acuerdo nuclear es central en la visita de Estado del presidente Xi . No es solo la construcción de una planta nuclear con tecnología y financiamiento chino, sino, ademas, el desarrollar industria nuclear para usos pacíficos en forma conjunta en Argentina para vender a terceros países centrales energéticas y material de medicina nuclear", confirmó Guelar a Infobae.
A la vez, el embajador en China cree que "este acuerdo demuestra la gran madurez que ha alcanzado nuestra asociación estratégica". El nuevo acuerdo será para la construcción de la central en el 2022. El Gobierno cree que para ese entonces la Argentina estará en mejores condiciones de afrontar el financiamiento de China.
El acuerdo se firmará el 30 de noviembre cuando Xi llegue a la Argentina para la cumbre del G20 y se quede quede en visita oficial.
En marzo pasado el plan de recortes y achicamiento del déficit en el Estado que prometió profundizar Mauricio Macri llegó a la política exterior. Luego de arduas negociaciones secretas, el Gobierno decidió postergar para más adelante el proyecto de construcción de la Central Atucha III que tenía previsto realizar con China y se ahorró un programa de endeudamiento previsto en 8.000 millones de dólares.
La decisión fue cerrada entre la Cancillería y las autoridades de Beijing. Según confirmaron cuatro fuentes calificadas del Gobierno y la diplomacia china, el acuerdo alcanzado resultó beneficioso para ambas partes por una simple cuestión: la Central Atucha III era un proyecto de China compartido con tecnología de Canadá.
"Se alcanzó una solución que complace a los chinos y a la Argentina porque ratifica la asociación estratégica integral de ambos países. Y si bien China iba a financiar la construcción de Atucha III, el país tenía en su presupuesto un programa de endeudamiento inicial por USD 9.000 millones que ahora no lo tendrá", explicó en su momento un funcionario que trabajó arduamente en las negociaciones secretas con Beijing.
De esta manera, la Argentina podrá estar más holgada en sus cuentas en los próximos cuatro años y se asegurará para el 2022 la construcción de la Central Atucha IV con tecnología enteramente china.
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Investigan a curtiembre en Nonogasta
Se investiga los efectos que estaría provocando la empresa en el medio ambiente
Fecha de Publicación: 27/07/2018
Fuente: El Independiente de La Rioja
Provincia/Región: La Rioja
La fiscal Federal de La Rioja, Virginia Miguel Carmona, dijo en diálogo con El Independiente que nosotros estamos investigando en Fiscalía cuáles son los efectos tóxicos o nocivos que los residuos provocan en el medio ambiente la curtiembre Curtume CBR S.A., radicada en Nonogasta, departamento Chilecito.
Carmona, tras la ampliación de la medida cautelar explicó que “como la primera medida cautelar había dispuesto que no se enterraran esos residuos y se fueron acumulando porque la empresa no le hizo el tratamiento correspondiente es que por eso el secretario de Ambiente se presenta en Fiscalía y le pido al juez la ampliación de la medida cautelar con esos puntos para que la empresa de una vez por toda cumpla con la responsabilidad empresarial del objeto que le produce el beneficio económico”.
“Lo que le digo al juez es que tenemos una empresa que está ganando dinero con la producción de los cueros y en definitiva no está invirtiendo en el tratamiento de los residuos que provoca entonces el juez hizo lugar y se dicta la ampliatoria”, señaló la fiscal.
Asimismo sostuvo que “en la causa ya hay un informe de impacto ambiental de Prefectura lo que estoy recabando son todos los efectos que puedo detectar dentro de la zona que se ha provocado por la actividad comercial de Curtume: declaraciones testimoniales, informes médicos, etc. Todo lo que pueda recabar para tener un panorama claro sobre los efectos que causan todos estos residuos en el medio ambiente y en las personas principalmente”.
Para finalizar dijo que “quiero averiguar qué es lo que pasa no solo habiéndole pedido la ampliación al juez sino también pidiendo una serie de informes y también viendo las consecuencias de la salud humana de las personas que viven ahí mas allá de lo científico que tiene que ver con el cromo”. “Se trata de averiguar los efectos que estaría provocando esta empresa en el medio ambiente y en la salud de la población”, concluyó.
Cabe recordar que la justicia federal resolvió, el jueves 12 de julio último, ordenar a la curtiembre de Nonogasta en un plazo de 30 días remover la cañería que transporta los líquidos a los piletones, derivar los residuos peligrosos a una planta de tratamiento y en 60 días presentar el Plan de Remediación Ambiental.
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Fecha de Publicación: 27/07/2018
Fuente: El Independiente de La Rioja
Provincia/Región: La Rioja
La fiscal Federal de La Rioja, Virginia Miguel Carmona, dijo en diálogo con El Independiente que nosotros estamos investigando en Fiscalía cuáles son los efectos tóxicos o nocivos que los residuos provocan en el medio ambiente la curtiembre Curtume CBR S.A., radicada en Nonogasta, departamento Chilecito.
Carmona, tras la ampliación de la medida cautelar explicó que “como la primera medida cautelar había dispuesto que no se enterraran esos residuos y se fueron acumulando porque la empresa no le hizo el tratamiento correspondiente es que por eso el secretario de Ambiente se presenta en Fiscalía y le pido al juez la ampliación de la medida cautelar con esos puntos para que la empresa de una vez por toda cumpla con la responsabilidad empresarial del objeto que le produce el beneficio económico”.
“Lo que le digo al juez es que tenemos una empresa que está ganando dinero con la producción de los cueros y en definitiva no está invirtiendo en el tratamiento de los residuos que provoca entonces el juez hizo lugar y se dicta la ampliatoria”, señaló la fiscal.
Asimismo sostuvo que “en la causa ya hay un informe de impacto ambiental de Prefectura lo que estoy recabando son todos los efectos que puedo detectar dentro de la zona que se ha provocado por la actividad comercial de Curtume: declaraciones testimoniales, informes médicos, etc. Todo lo que pueda recabar para tener un panorama claro sobre los efectos que causan todos estos residuos en el medio ambiente y en las personas principalmente”.
Para finalizar dijo que “quiero averiguar qué es lo que pasa no solo habiéndole pedido la ampliación al juez sino también pidiendo una serie de informes y también viendo las consecuencias de la salud humana de las personas que viven ahí mas allá de lo científico que tiene que ver con el cromo”. “Se trata de averiguar los efectos que estaría provocando esta empresa en el medio ambiente y en la salud de la población”, concluyó.
Cabe recordar que la justicia federal resolvió, el jueves 12 de julio último, ordenar a la curtiembre de Nonogasta en un plazo de 30 días remover la cañería que transporta los líquidos a los piletones, derivar los residuos peligrosos a una planta de tratamiento y en 60 días presentar el Plan de Remediación Ambiental.
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Lama y Veladero: el gobierno sigue lavando la cara de Barrick
Realizaron una inspección en Lama y Veladero
Fecha de Publicación: 27/07/2018
Fuente: Gobierno de San Juan
Provincia/Región: San Juan
Una comisión de Gestión Ambiental subió a la cordillera helada para realizar tareas de control ambiental y fiscalización minera en los proyectos iglesianos.
Del 11 al 13 de julio personal profesional de la Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero del Ministerio de Minería realizó trabajos de constatación y fiscalización en terreno sobre los trabajos que se realizan en la Mina Veladero y el proyecto Lama.
En Veladero se realizó una reunión de trabajo en la Planta de Procesos, con las autoridades presentes y profesionales de gerencia de mina, procesos, medio ambiente, regulatoria y construcciones de Minera Andina del Sol, operadora de la explotación. Ellos describieron los trabajos que están realizando en el Sistema de Lixiviación en Valle, controles de variables operativas y controles sobre las tareas diarias. Luego se recorrió todo el Valle de Lixiviación para constatar en campo los trabajos descriptos y verificar que se realicen de acuerdo a procedimientos descriptos por la empresa en el Informe de Impacto Ambiental en forma adecuada, cuidando el medio ambiente y la seguridad de las personas que trabajan.
De la misma forma se realizó el trabajo de fiscalización en Lama con personal profesional del proyecto. Explicaron los trabajos realizados respecto al mantenimiento de las obras de infraestructura y se inspeccionó además la obra de taponamiento del túnel transfronterizo.
El personal de la Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero que realizó esta inspección estuvo formado por el técnico minero Fabián Díaz, inspector de la Dirección de Fiscalización y Control Minero; técnico minero Facundo Ochoa, inspector de la Dirección de Fiscalización y Control Minero; Ingeniero Denis Monardez, coordinador de Proyectos Mineros (Mina Veladero) y el licenciado en Biología Juan Scaglia, de la Dirección de Evaluación Ambiental Minera.
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Fecha de Publicación: 27/07/2018
Fuente: Gobierno de San Juan
Provincia/Región: San Juan
Una comisión de Gestión Ambiental subió a la cordillera helada para realizar tareas de control ambiental y fiscalización minera en los proyectos iglesianos.
Del 11 al 13 de julio personal profesional de la Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero del Ministerio de Minería realizó trabajos de constatación y fiscalización en terreno sobre los trabajos que se realizan en la Mina Veladero y el proyecto Lama.
En Veladero se realizó una reunión de trabajo en la Planta de Procesos, con las autoridades presentes y profesionales de gerencia de mina, procesos, medio ambiente, regulatoria y construcciones de Minera Andina del Sol, operadora de la explotación. Ellos describieron los trabajos que están realizando en el Sistema de Lixiviación en Valle, controles de variables operativas y controles sobre las tareas diarias. Luego se recorrió todo el Valle de Lixiviación para constatar en campo los trabajos descriptos y verificar que se realicen de acuerdo a procedimientos descriptos por la empresa en el Informe de Impacto Ambiental en forma adecuada, cuidando el medio ambiente y la seguridad de las personas que trabajan.
De la misma forma se realizó el trabajo de fiscalización en Lama con personal profesional del proyecto. Explicaron los trabajos realizados respecto al mantenimiento de las obras de infraestructura y se inspeccionó además la obra de taponamiento del túnel transfronterizo.
El personal de la Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero que realizó esta inspección estuvo formado por el técnico minero Fabián Díaz, inspector de la Dirección de Fiscalización y Control Minero; técnico minero Facundo Ochoa, inspector de la Dirección de Fiscalización y Control Minero; Ingeniero Denis Monardez, coordinador de Proyectos Mineros (Mina Veladero) y el licenciado en Biología Juan Scaglia, de la Dirección de Evaluación Ambiental Minera.
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Agrotóxicos en el 80% de la lluvia
Monsanto y Bayer, hasta en la lluvia: a niveles que rompen marcas mundiales, detectan agrotóxicos en precipitaciones de Argentina
Fecha de Publicación: 26/07/2018
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Nacional
Estudio del CIM y CONICET publicado en el exterior detectó glifosato y atrazina en 80% de las muestras tomadas en ciudades de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y la provincia de Buenos Aires. La carga máxima de plaguicidas en las gotas fue hasta 20 veces superior a las registradas en EE.UU. y Canadá
La omnipresencia ambiental que ostentan los plaguicidas más utilizados por el agro en la Argentina dinamita cualquier límite del asombro.
Ahora, un estudio realizado por científicos del Centro de Investigaciones del Medioambiente (CIM), dependiente de la Universidad de La Plata, y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), develó que las lluvias presentaron recurrentes concentraciones de herbicidas como el glifosato y la atrazina.
Y que la carga máxima cuantificada de agrotóxicos en las precipitaciones locales es hasta 20 veces superior a la registrada en países como Estados Unidos, el territorio con mayor historia en lo que hace al uso de plaguicidas y el principal promotor mundial del uso de estas sustancias y su aplicación a través de las ultra cuestionadas fumigaciones.
Publicada en la revista internacional Science of the Total Environment, la investigación arrojó que, de 112 muestras de lluvia recolectadas, más del 80% dio positivo en glifosato y atrazina. También, que el elevado grado de concentración en las gotas es consecuencia de un uso mayor de herbicidas en comparación con otras naciones.
La experiencia cuyos resultados se conocen ahora tiene su origen en muestras tomadas a partir del año 2012. Según confiaron fuentes del CIM, los análisis se desarrollaron sobre precipitaciones ocurridas en las ciudades de Coronel Suárez y La Plata (provincia de Buenos Aires), Ituzaingó, Malvinas Argentinas y Brinkmann (Córdoba), Hersilia (Santa Fe) y Urdinarrain (Entre Ríos).
La presencia de herbicidas en la gota de lluvia, explicó a iProfesional Damián Marino, doctor en Ciencias Exactas y uno de los científicos que intervino en la investigación, ocurre a partir del trayecto que cubre el agua desde que se libera de la nube y hasta que alcanza el suelo. En ese camino, el líquido va lavando las partículas con las que se topa como parte de los fenómenos atmosféricos.
Al parecer, el glifosato y la atrazina ganan altura y se movilizan desde fuentes como los aerosoles que generan las fumigaciones, en modo fracción gaseosa, y a través de la erosión eólica. Este fenómeno es responsable de transformar al suelo (antes pulverizado con agrotóxicos) en polvo atmosférico, el cual puede transportar los plaguicidas a grandes distancias desde la zona de aplicación.
"Las concentraciones máximas cuantificadas en el agua de lluvia excedieron a las concentraciones reportadas anteriormente en Estados Unidos y Canadá", expone el estudio en uno de sus apartados.
Para luego añadir: "La zona estudiada involucra gran parte de la región pampeana, donde se concentra el 90% de la soja y entre el 80 y 90% del trigo, maíz, sorgo, cebada y girasol que se producen en el país".
Un aspecto a resaltar del trabajo en cuestión radica en que las concentraciones más altas de herbicidas en los eventos de lluvia tuvieron lugar en Córdoba antes que en Entre Ríos, siendo que el cultivo de soja transgénica atada principalmente al uso de glifosato es predominante en la segunda provincia.
Respecto de este enorme detalle, Marino argumentó ante iProfesional que en la ecuación intervienen variables como el régimen de lluvias de cada territorio. En tanto Urdinarrain ostenta una pauta de precipitaciones anuales muy por encima de las zonas cordobesas monitoreadas, la atmósfera es lavada con mayor frecuencia en comparación con Brinkmann o Ituzaingó.
"La lluvia en Córdoba mostró concentraciones hasta un 30% por encima de lo constatado en Entre Ríos. Pero en el análisis de suelo, Córdoba mostraba menos uso de herbicidas que la otra provincia. Entendimos que las isoyetas que marcan los regímenes de precipitaciones se relacionan con la acumulación de los herbicidas. En tanto Urdinarrain tiene más lluvias anuales que, por poner un ejemplo, Ituzaingó, la atmósfera en esa zona se ‘lava' mucho más y por eso la concentración del evento de lluvia es más baja, más allá de la carga total anual", dijo.
Marino sostuvo que estos resultados prueban que la presencia -elevada o no- de agrotóxicos en las gotas de lluvia no responde tanto a la práctica agropecuaria que se lleva a cabo en torno a una determinada ciudad si no a la dinámica atmosférica de cada lugar.
"Probablemente en provincias como Entre Ríos ubiquemos que la gota de lluvia tiene menos concentración de herbicidas que en Córdoba por la lógica del régimen de precipitaciones. Ahora eso no quita que lluvias frecuentes con menor carga de glifosato o atrazina no tengan un impacto similar a la precipitación escasa con carga elevada. Lo primero no sería más que la división en secuencias de un mismo problema", alertó, en diálogo con este medio.
Identidad tóxica
El glifosato es el producto estrella en la producción de soja, maíz y algodón transgénico en la Argentina. En la primera parte de 2015, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció un vínculo directo entre la aplicación de este herbicida y la proliferación del cáncer.
Desarrollado por la estadounidense Monsanto, ahora en proceso de fusión con la alemana Bayer, el agrotóxico en cuestión concentra el 65% de las ventas de este tipo de insumos a nivel doméstico. Más de 800 trabajos publicados en revistas internacionales demuestran la elevada toxicidad del glifosato.
En la actualidad, de forma anual se comercializa un promedio de 200 millones de litros del insumo y en términos de etiquetas más vendidas la nómina de marcas la encabeza Roundup, la formulación de la misma Monsanto. En la Argentina, Bayer también vende formulaciones del plaguicida vía nombres comerciales como Sitrin.
Por su parte, la atrazina es un herbicida que el agro local utiliza desde la década del 60. En Europa carga con un largo prontuario por su comprobado efecto nocivo sobre poblaciones de peces, aves y reptiles. De hecho, en el Viejo Continente su uso está vetado desde el año 2004.
En 2010, el químico en cuestión fue presa de una controversia internacional producto de un estudio de la universidad estadounidense de Berkeley que comprobó nuevos efectos sobre los anfibios.
La investigación arrojó que cuando los machos de los anfibios -se utilizaron ranas para la muestra- son expuestos a pequeñas cantidades de atrazina, el 75% de ellos queda estéril mientras que un 10% se convierte en hembra.
Llueven millones
La experiencia del CIM y el CONICET expone, además, que los niveles de herbicidas detectados son varias veces mayores a los ubicados en cuerpos de aguas superficiales como, por poner un caso, el río Paraná.
La carga de plaguicidas depositados sobre la superficie de la región estudiada, por estimaciones a partir de los resultados sobre lluvias, aseguran los especialistas, alcanza un volumen cercano a los 20 millones de litros anuales de formulaciones comerciales.
"Entre el 7 y 8% del total de litros de herbicidas que se venden en la Argentina vuelve a caer en las precipitaciones. Los 20 millones de litros estimados representan un cálculo conservador. Si se han ubicado moléculas de atrazina en zonas tan alejadas de un cultivo como la Antártida ¿cómo no pensar que el mismo fenómeno ocurrirá a mayor escala en el área lindante a las zonas fumigadas?", se preguntó Marino, en diálogo con iProfesional.
En el trabajo se hace mención a la necesidad de sumar la detección de este tipo de compuestos a los monitoreos sobre calidad de aire, al tiempo que recomienda se establezcan niveles regulatorios para ese ítem.
Llueve veneno sobre nosotros y, al menos dentro de la Argentina, no hay certeza de que exista un lugar exento de esta nueva variante de la que hace gala el bombardeo químico.
La confirmación científica aporta renovados argumentos a un reclamo de seguridad sanitaria que, lo confirman los últimos pronunciamientos oficiales, el sector político sigue esforzándose en desoír.
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Fecha de Publicación: 26/07/2018
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Nacional
Estudio del CIM y CONICET publicado en el exterior detectó glifosato y atrazina en 80% de las muestras tomadas en ciudades de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y la provincia de Buenos Aires. La carga máxima de plaguicidas en las gotas fue hasta 20 veces superior a las registradas en EE.UU. y Canadá
La omnipresencia ambiental que ostentan los plaguicidas más utilizados por el agro en la Argentina dinamita cualquier límite del asombro.
Ahora, un estudio realizado por científicos del Centro de Investigaciones del Medioambiente (CIM), dependiente de la Universidad de La Plata, y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), develó que las lluvias presentaron recurrentes concentraciones de herbicidas como el glifosato y la atrazina.
Y que la carga máxima cuantificada de agrotóxicos en las precipitaciones locales es hasta 20 veces superior a la registrada en países como Estados Unidos, el territorio con mayor historia en lo que hace al uso de plaguicidas y el principal promotor mundial del uso de estas sustancias y su aplicación a través de las ultra cuestionadas fumigaciones.
Publicada en la revista internacional Science of the Total Environment, la investigación arrojó que, de 112 muestras de lluvia recolectadas, más del 80% dio positivo en glifosato y atrazina. También, que el elevado grado de concentración en las gotas es consecuencia de un uso mayor de herbicidas en comparación con otras naciones.
La experiencia cuyos resultados se conocen ahora tiene su origen en muestras tomadas a partir del año 2012. Según confiaron fuentes del CIM, los análisis se desarrollaron sobre precipitaciones ocurridas en las ciudades de Coronel Suárez y La Plata (provincia de Buenos Aires), Ituzaingó, Malvinas Argentinas y Brinkmann (Córdoba), Hersilia (Santa Fe) y Urdinarrain (Entre Ríos).
La presencia de herbicidas en la gota de lluvia, explicó a iProfesional Damián Marino, doctor en Ciencias Exactas y uno de los científicos que intervino en la investigación, ocurre a partir del trayecto que cubre el agua desde que se libera de la nube y hasta que alcanza el suelo. En ese camino, el líquido va lavando las partículas con las que se topa como parte de los fenómenos atmosféricos.
Al parecer, el glifosato y la atrazina ganan altura y se movilizan desde fuentes como los aerosoles que generan las fumigaciones, en modo fracción gaseosa, y a través de la erosión eólica. Este fenómeno es responsable de transformar al suelo (antes pulverizado con agrotóxicos) en polvo atmosférico, el cual puede transportar los plaguicidas a grandes distancias desde la zona de aplicación.
"Las concentraciones máximas cuantificadas en el agua de lluvia excedieron a las concentraciones reportadas anteriormente en Estados Unidos y Canadá", expone el estudio en uno de sus apartados.
Para luego añadir: "La zona estudiada involucra gran parte de la región pampeana, donde se concentra el 90% de la soja y entre el 80 y 90% del trigo, maíz, sorgo, cebada y girasol que se producen en el país".
Un aspecto a resaltar del trabajo en cuestión radica en que las concentraciones más altas de herbicidas en los eventos de lluvia tuvieron lugar en Córdoba antes que en Entre Ríos, siendo que el cultivo de soja transgénica atada principalmente al uso de glifosato es predominante en la segunda provincia.
Respecto de este enorme detalle, Marino argumentó ante iProfesional que en la ecuación intervienen variables como el régimen de lluvias de cada territorio. En tanto Urdinarrain ostenta una pauta de precipitaciones anuales muy por encima de las zonas cordobesas monitoreadas, la atmósfera es lavada con mayor frecuencia en comparación con Brinkmann o Ituzaingó.
"La lluvia en Córdoba mostró concentraciones hasta un 30% por encima de lo constatado en Entre Ríos. Pero en el análisis de suelo, Córdoba mostraba menos uso de herbicidas que la otra provincia. Entendimos que las isoyetas que marcan los regímenes de precipitaciones se relacionan con la acumulación de los herbicidas. En tanto Urdinarrain tiene más lluvias anuales que, por poner un ejemplo, Ituzaingó, la atmósfera en esa zona se ‘lava' mucho más y por eso la concentración del evento de lluvia es más baja, más allá de la carga total anual", dijo.
Marino sostuvo que estos resultados prueban que la presencia -elevada o no- de agrotóxicos en las gotas de lluvia no responde tanto a la práctica agropecuaria que se lleva a cabo en torno a una determinada ciudad si no a la dinámica atmosférica de cada lugar.
"Probablemente en provincias como Entre Ríos ubiquemos que la gota de lluvia tiene menos concentración de herbicidas que en Córdoba por la lógica del régimen de precipitaciones. Ahora eso no quita que lluvias frecuentes con menor carga de glifosato o atrazina no tengan un impacto similar a la precipitación escasa con carga elevada. Lo primero no sería más que la división en secuencias de un mismo problema", alertó, en diálogo con este medio.
Identidad tóxica
El glifosato es el producto estrella en la producción de soja, maíz y algodón transgénico en la Argentina. En la primera parte de 2015, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció un vínculo directo entre la aplicación de este herbicida y la proliferación del cáncer.
Desarrollado por la estadounidense Monsanto, ahora en proceso de fusión con la alemana Bayer, el agrotóxico en cuestión concentra el 65% de las ventas de este tipo de insumos a nivel doméstico. Más de 800 trabajos publicados en revistas internacionales demuestran la elevada toxicidad del glifosato.
En la actualidad, de forma anual se comercializa un promedio de 200 millones de litros del insumo y en términos de etiquetas más vendidas la nómina de marcas la encabeza Roundup, la formulación de la misma Monsanto. En la Argentina, Bayer también vende formulaciones del plaguicida vía nombres comerciales como Sitrin.
Por su parte, la atrazina es un herbicida que el agro local utiliza desde la década del 60. En Europa carga con un largo prontuario por su comprobado efecto nocivo sobre poblaciones de peces, aves y reptiles. De hecho, en el Viejo Continente su uso está vetado desde el año 2004.
En 2010, el químico en cuestión fue presa de una controversia internacional producto de un estudio de la universidad estadounidense de Berkeley que comprobó nuevos efectos sobre los anfibios.
La investigación arrojó que cuando los machos de los anfibios -se utilizaron ranas para la muestra- son expuestos a pequeñas cantidades de atrazina, el 75% de ellos queda estéril mientras que un 10% se convierte en hembra.
Llueven millones
La experiencia del CIM y el CONICET expone, además, que los niveles de herbicidas detectados son varias veces mayores a los ubicados en cuerpos de aguas superficiales como, por poner un caso, el río Paraná.
La carga de plaguicidas depositados sobre la superficie de la región estudiada, por estimaciones a partir de los resultados sobre lluvias, aseguran los especialistas, alcanza un volumen cercano a los 20 millones de litros anuales de formulaciones comerciales.
"Entre el 7 y 8% del total de litros de herbicidas que se venden en la Argentina vuelve a caer en las precipitaciones. Los 20 millones de litros estimados representan un cálculo conservador. Si se han ubicado moléculas de atrazina en zonas tan alejadas de un cultivo como la Antártida ¿cómo no pensar que el mismo fenómeno ocurrirá a mayor escala en el área lindante a las zonas fumigadas?", se preguntó Marino, en diálogo con iProfesional.
En el trabajo se hace mención a la necesidad de sumar la detección de este tipo de compuestos a los monitoreos sobre calidad de aire, al tiempo que recomienda se establezcan niveles regulatorios para ese ítem.
Llueve veneno sobre nosotros y, al menos dentro de la Argentina, no hay certeza de que exista un lugar exento de esta nueva variante de la que hace gala el bombardeo químico.
La confirmación científica aporta renovados argumentos a un reclamo de seguridad sanitaria que, lo confirman los últimos pronunciamientos oficiales, el sector político sigue esforzándose en desoír.
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Misiones lanza la campaña “Cuidemos Nuestra Fauna Nativa”
Turismo y Ecología de la Provincia lanzaron la campaña “Cuidemos Nuestra Fauna Nativa”
Fecha de Publicación: 26/07/2018
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
El ministro de Ecología, Juan Manuel Díaz, explicó que es un mensaje dirigido a la población en general con folletos que realizaron con Turismo, con recomendaciones para evitar atropellamientos. En el mismo sentido, el Ministro de Turismo, José María Arrúa, instó a cuidar entre todos la naturaleza que también potencia otros sectores, convirtiéndose la fauna y la flora en un atractivo para el visitante.
Unos 300 animales son atropellados anualmente, principalmente comadrejas, ositos meleros, reptiles y yaguareté, por esta razón, y con el objetivo de prevenir el atropellamientos de animales en la provincia, el ministro de Ecología, Juan Manuel Díaz y el de Turismo de la provincia, José María Arrúa, lanzaron en la mañana de este lunes una campaña de concientización.
Díaz, recordó que Misiones tiene mucha fauna silvestre y muchos visitantes que transitan por nuestras rutas, en las que hay mucho por preservar. “Sin lugar a dudas nuestra provincia se caracteriza por su naturaleza y su vida y eso hay que cuidarlo… tenemos que cobrar conciencia de que hay valores importantes para preservar cuando transitamos por la ruta”, expresó el funcionario al señalar que si no cuidamos la naturaleza podemos ver resentidos otros aspectos, como el turismo.
Díaz marcó, sin embargo, que hay una conciencia que está creciendo. Adelantó que el trabajo de concientización llegará a las escuelas y continuará durante todo el año.
Puntualizó que hay sectores muy sensibles, como la ruta provincial 19, de Wanda hacia Andresito, la ruta 12 hasta el Parque Nacional Iguazú, la ruta 2 y la 7, en el tramo del Valle del Cuñapirú, en estos lugares pidió tener especial cuidado al transitar.
Por su parte, el ministro de Turismo, José María Arrúa, recordó que una de las fortalezas misioneras es la selva, donde “el 52% de la biodiversidad del país está en Misiones y por ello debemos cuidarla”, señaló e instó a todos a colaborar y que las nuevas generaciones tengan la conciencia.
“Vamos a acompañar y hacerlo turístico ya que sabemos que se genera mucha fluidez por parte del turista con nuestra flora y nuestra fauna”, declaró.
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Fecha de Publicación: 26/07/2018
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
El ministro de Ecología, Juan Manuel Díaz, explicó que es un mensaje dirigido a la población en general con folletos que realizaron con Turismo, con recomendaciones para evitar atropellamientos. En el mismo sentido, el Ministro de Turismo, José María Arrúa, instó a cuidar entre todos la naturaleza que también potencia otros sectores, convirtiéndose la fauna y la flora en un atractivo para el visitante.
Unos 300 animales son atropellados anualmente, principalmente comadrejas, ositos meleros, reptiles y yaguareté, por esta razón, y con el objetivo de prevenir el atropellamientos de animales en la provincia, el ministro de Ecología, Juan Manuel Díaz y el de Turismo de la provincia, José María Arrúa, lanzaron en la mañana de este lunes una campaña de concientización.
Díaz, recordó que Misiones tiene mucha fauna silvestre y muchos visitantes que transitan por nuestras rutas, en las que hay mucho por preservar. “Sin lugar a dudas nuestra provincia se caracteriza por su naturaleza y su vida y eso hay que cuidarlo… tenemos que cobrar conciencia de que hay valores importantes para preservar cuando transitamos por la ruta”, expresó el funcionario al señalar que si no cuidamos la naturaleza podemos ver resentidos otros aspectos, como el turismo.
Díaz marcó, sin embargo, que hay una conciencia que está creciendo. Adelantó que el trabajo de concientización llegará a las escuelas y continuará durante todo el año.
Puntualizó que hay sectores muy sensibles, como la ruta provincial 19, de Wanda hacia Andresito, la ruta 12 hasta el Parque Nacional Iguazú, la ruta 2 y la 7, en el tramo del Valle del Cuñapirú, en estos lugares pidió tener especial cuidado al transitar.
Por su parte, el ministro de Turismo, José María Arrúa, recordó que una de las fortalezas misioneras es la selva, donde “el 52% de la biodiversidad del país está en Misiones y por ello debemos cuidarla”, señaló e instó a todos a colaborar y que las nuevas generaciones tengan la conciencia.
“Vamos a acompañar y hacerlo turístico ya que sabemos que se genera mucha fluidez por parte del turista con nuestra flora y nuestra fauna”, declaró.
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San Juan plantea un observatorio ambiental
El proyecto del observatorio ambiental entró a Diputados
Fecha de Publicación: 26/07/2018
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan
El Ejecutivo, a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, presentó en Diputados el proyecto para la creación del Observatorio Ambiental. La iniciativa tomará estado parlamentario el próximo jueves.
El proyecto tiene por objeto crear un centro de monitoreo ambiental para registrar y actualizar la información del estado del ambiente en la provincia, con la participación de distintos ministerios del Ejecutivo y de las Universidades. A su vez, el fin es constituir una agencia de Cambio Climático para observar la dinámica del sistema ambiental de la provincia.
Los estudios de ambas entidades, que trabajarán en conjunto, ayudarán a definir las estrategias de adaptación y mitigación del impacto del cambio climático en el sistema productivo de la provincia en "todas sus dimensiones", según indica el proyecto.
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Fecha de Publicación: 26/07/2018
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan
El Ejecutivo, a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, presentó en Diputados el proyecto para la creación del Observatorio Ambiental. La iniciativa tomará estado parlamentario el próximo jueves.
El proyecto tiene por objeto crear un centro de monitoreo ambiental para registrar y actualizar la información del estado del ambiente en la provincia, con la participación de distintos ministerios del Ejecutivo y de las Universidades. A su vez, el fin es constituir una agencia de Cambio Climático para observar la dinámica del sistema ambiental de la provincia.
Los estudios de ambas entidades, que trabajarán en conjunto, ayudarán a definir las estrategias de adaptación y mitigación del impacto del cambio climático en el sistema productivo de la provincia en "todas sus dimensiones", según indica el proyecto.
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Cierran el último megabasural de la cuenca Riachuelo
Cerraron el macrobasural municipal de Cañuelas
Fecha de Publicación: 25/07/2018
Fuente: Diario Popular
Provincia/Región: Riachuelo
Con el cierre del predio, que la comuna utilizó como vertedero de residuos durante los últimos 50 años, ya no quedan basurales de más de 15.000 m3 en la cuenca Matanza-Riachuelo.
El ministro de Ambiente, Sergio Bergman, y la presidenta de ACUMAR, Dorina Bonetti, anunciaron ayer el cierre y recomposición del predio que utilizaba el municipio de Cañuelas como vertedero de residuos en la cuenca Matanza - Riachuelo durante los últimos 50 años.
En noviembre pasado, la Coordinadora Ecológica Area Metropolitana (CEAMSE) comenzó, a partir de un acuerdo con ACUMAR, los trabajos para cerrar en forma definitiva los dos vertederos de la Cuenca Alta, en Marcos Paz y Cañuelas.
El mes pasado concluyeron los trabajos de cierre del vertedero de Marcos Paz y ayer se realizó el acto de cierre definitivo del basural municipal de Cañuelas, el último basural a cielo abierto de la Cuenca Alta.
Con su cierre, ya no quedan basurales de más de 15.000 m3 en la Cuenca.
El acto contó con la presencia además de autoridades municipales y del juez federal de Morón, Jorge Rodríguez.
Bonetti destacó que el cierre “es un logro que conseguimos trabajando en equipo con el municipio, CEAMSE, el Ministerio de Ambiente y el Juzgado de Morón”.
“Agradezco la oportunidad de poder contribuir a resolver este problema que lleva más de 50 años en este Municipio”, sostuvo la funcionaria y concluyó: “Este es un día histórico para el municipio, para ACUMAR y para el ambiente”.
En tanto, el ministro Bergman felicitó a los responsables de esta tarea y remarcó que “esto es ejemplo de que se puede trabajar en equipo a pesar de las diferencias” políticas.
“Lo importante de este cierre es que entendemos que no hay que volver a dañar este espacio”, apuntó.
Finalmente, el intendente local, Gustavo Arrieta (FPV) destacó: “Nunca renunciamos a seguir trabajando a pesar de las diferencias. Este paso histórico es un gran desafío en épocas difíciles y estamos dispuestos a asumirlo porque es importante para el pueblo de Cañuelas”.
El predio de unas 7 hectáreas recibía más de 1.200 toneladas de residuos por mes: desde el comienzo de los trabajos de cierre, ACUMAR asumió el compromiso del transporte y la transferencia de los residuos generados por el municipio hacia alguno de los centros de disposición de CEAMSE, además se comenzó a construir el Ecopunto, que permitirá recuperar una buena parte de la corriente de áridos y residuos de poda.
Los trabajos realizados en el predio, ubicado en las cercanías de la ruta provincial 6 a unos 2 kilómetros de la intersección con la ruta nacional 205, se denominan “cierre técnico” y consiste en la nivelación y estabilización de los terraplenes del terreno, la remoción de una parte de los residuos que allí se encuentran, los cuales son llevados al relleno sanitario de CEAMSE, la compactación de la superficie y la cobertura de la misma con una capa de tierra negra no menor a 60 centímetros de espesor para proceder, por último, al sembrado de vegetación.
Además, se construyeron tres pozos de monitoreo de agua subterránea para tener un control estricto del predio y la infraestructura para los controles y monitoreo de Biogás, y además se construyeron los desagües pluviales, una barrera forestal en la que fueron plantados árboles provistos por CEAMSE, se informó oficialmente.
El trabajo de cierre tomó 8 meses y se realizó con dos retroexcavadoras, una topadora, una retropala y dos camiones volcadores de 14 m3.
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Fecha de Publicación: 25/07/2018
Fuente: Diario Popular
Provincia/Región: Riachuelo
Con el cierre del predio, que la comuna utilizó como vertedero de residuos durante los últimos 50 años, ya no quedan basurales de más de 15.000 m3 en la cuenca Matanza-Riachuelo.
El ministro de Ambiente, Sergio Bergman, y la presidenta de ACUMAR, Dorina Bonetti, anunciaron ayer el cierre y recomposición del predio que utilizaba el municipio de Cañuelas como vertedero de residuos en la cuenca Matanza - Riachuelo durante los últimos 50 años.
En noviembre pasado, la Coordinadora Ecológica Area Metropolitana (CEAMSE) comenzó, a partir de un acuerdo con ACUMAR, los trabajos para cerrar en forma definitiva los dos vertederos de la Cuenca Alta, en Marcos Paz y Cañuelas.
El mes pasado concluyeron los trabajos de cierre del vertedero de Marcos Paz y ayer se realizó el acto de cierre definitivo del basural municipal de Cañuelas, el último basural a cielo abierto de la Cuenca Alta.
Con su cierre, ya no quedan basurales de más de 15.000 m3 en la Cuenca.
El acto contó con la presencia además de autoridades municipales y del juez federal de Morón, Jorge Rodríguez.
Bonetti destacó que el cierre “es un logro que conseguimos trabajando en equipo con el municipio, CEAMSE, el Ministerio de Ambiente y el Juzgado de Morón”.
“Agradezco la oportunidad de poder contribuir a resolver este problema que lleva más de 50 años en este Municipio”, sostuvo la funcionaria y concluyó: “Este es un día histórico para el municipio, para ACUMAR y para el ambiente”.
En tanto, el ministro Bergman felicitó a los responsables de esta tarea y remarcó que “esto es ejemplo de que se puede trabajar en equipo a pesar de las diferencias” políticas.
“Lo importante de este cierre es que entendemos que no hay que volver a dañar este espacio”, apuntó.
Finalmente, el intendente local, Gustavo Arrieta (FPV) destacó: “Nunca renunciamos a seguir trabajando a pesar de las diferencias. Este paso histórico es un gran desafío en épocas difíciles y estamos dispuestos a asumirlo porque es importante para el pueblo de Cañuelas”.
El predio de unas 7 hectáreas recibía más de 1.200 toneladas de residuos por mes: desde el comienzo de los trabajos de cierre, ACUMAR asumió el compromiso del transporte y la transferencia de los residuos generados por el municipio hacia alguno de los centros de disposición de CEAMSE, además se comenzó a construir el Ecopunto, que permitirá recuperar una buena parte de la corriente de áridos y residuos de poda.
Los trabajos realizados en el predio, ubicado en las cercanías de la ruta provincial 6 a unos 2 kilómetros de la intersección con la ruta nacional 205, se denominan “cierre técnico” y consiste en la nivelación y estabilización de los terraplenes del terreno, la remoción de una parte de los residuos que allí se encuentran, los cuales son llevados al relleno sanitario de CEAMSE, la compactación de la superficie y la cobertura de la misma con una capa de tierra negra no menor a 60 centímetros de espesor para proceder, por último, al sembrado de vegetación.
Además, se construyeron tres pozos de monitoreo de agua subterránea para tener un control estricto del predio y la infraestructura para los controles y monitoreo de Biogás, y además se construyeron los desagües pluviales, una barrera forestal en la que fueron plantados árboles provistos por CEAMSE, se informó oficialmente.
El trabajo de cierre tomó 8 meses y se realizó con dos retroexcavadoras, una topadora, una retropala y dos camiones volcadores de 14 m3.
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Presentan informe sobre el biodiesel argentino
El biodiesel argentino emite un 70 % menos de gases de efecto invernadero
Fecha de Publicación: 25/07/2018
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Nacional
Argentina podrá certificar la sustentabilidad del biocombustible producido en el país y que es exportado a la Unión Europea. El INTA garantiza su calidad.
Un cálculo realizado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio) permite a la Argentina certificar que casi el 100 % del biocombustible exportado a la Unión Europea es sustentable.
Esta información le permitirá al país homologar su producción a escala internacional porque el biodiesel argentino emite un 70 % menos de dióxido de carbono, gas de efecto invernadero (GEI).
La certificación de sustentabilidad ambiental es una de las principales exigencias impuestas para el comercio de los diferentes biocombustibles; para eso, es necesario cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero sobre todo de dióxido de carbono.
Estudio del INTA señala que el biodiesel argentino emite un 70 % menos de dióxido de carbono, comparado con los valores de referencia que establece la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión.
Luego de analizar la producción de soja y los establecimientos que transforman los granos en biodiesel durante tres campañas consecutivas, determinaron que el biocombustible argentino emite 26 gramos de dióxido de carbono por megajoule (26 g CO2/MJ).
Comparado con la normativa de la UE que establece de forma predeterminada 83,8 g CO2/MJ, la diferencia porcentual remarca las ventajas del sistema agroindustrial argentino.
"De hecho, la Argentina se encuentra entre los principales productores y exportadores de biocombustibles y pudo consolidarse como productor y exportador de biodiesel", dijo Hilbert.
Juan Balbín, presidente del INTA, destacó la importancia del estudio: "Este trabajo nos permite poner en valor el sistema de producción agrícola que utilizamos en la Argentina, basado en la implementación de la siembra directa".
Durante las campañas 2015, 2016 y 2017, en el estudio se analizaron 26.522.772 toneladas de granos de soja y un volumen de biodiésel de 2.165.986 toneladas.
El estudio incluyó un análisis sobre la composición de las emisiones totales del biodiesel: "Encontramos que el 48 % corresponde a la industria, 40 % a la parte agrícola y 12 % al transporte", precisó Hilbert.
Las 14 millones de toneladas de dióxido de carbono ahorradas, en lo que va de la exportación de biodiesel desde el año 2008, equivaldría a lo que emiten 4,2 millones de autos españoles en un año.
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Fecha de Publicación: 25/07/2018
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Nacional
Argentina podrá certificar la sustentabilidad del biocombustible producido en el país y que es exportado a la Unión Europea. El INTA garantiza su calidad.
Un cálculo realizado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio) permite a la Argentina certificar que casi el 100 % del biocombustible exportado a la Unión Europea es sustentable.
Esta información le permitirá al país homologar su producción a escala internacional porque el biodiesel argentino emite un 70 % menos de dióxido de carbono, gas de efecto invernadero (GEI).
La certificación de sustentabilidad ambiental es una de las principales exigencias impuestas para el comercio de los diferentes biocombustibles; para eso, es necesario cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero sobre todo de dióxido de carbono.
Estudio del INTA señala que el biodiesel argentino emite un 70 % menos de dióxido de carbono, comparado con los valores de referencia que establece la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión.
Luego de analizar la producción de soja y los establecimientos que transforman los granos en biodiesel durante tres campañas consecutivas, determinaron que el biocombustible argentino emite 26 gramos de dióxido de carbono por megajoule (26 g CO2/MJ).
Comparado con la normativa de la UE que establece de forma predeterminada 83,8 g CO2/MJ, la diferencia porcentual remarca las ventajas del sistema agroindustrial argentino.
"De hecho, la Argentina se encuentra entre los principales productores y exportadores de biocombustibles y pudo consolidarse como productor y exportador de biodiesel", dijo Hilbert.
Juan Balbín, presidente del INTA, destacó la importancia del estudio: "Este trabajo nos permite poner en valor el sistema de producción agrícola que utilizamos en la Argentina, basado en la implementación de la siembra directa".
Durante las campañas 2015, 2016 y 2017, en el estudio se analizaron 26.522.772 toneladas de granos de soja y un volumen de biodiésel de 2.165.986 toneladas.
El estudio incluyó un análisis sobre la composición de las emisiones totales del biodiesel: "Encontramos que el 48 % corresponde a la industria, 40 % a la parte agrícola y 12 % al transporte", precisó Hilbert.
Las 14 millones de toneladas de dióxido de carbono ahorradas, en lo que va de la exportación de biodiesel desde el año 2008, equivaldría a lo que emiten 4,2 millones de autos españoles en un año.
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La prohibición del glifosato en Gualeguaychú suma un capítulo
La Justicia reconoció la autonomía del municipio de Gualeguaychú para legislar sobre el glifosato
Fecha de Publicación: 25/07/2018
Fuente: Diario Junio
Provincia/Región: Entre Ríos
La semana pasada el juez subrogante de Concepción del Uruguay, Pablo Seró, dictó una suspensión temporal de la ordenanza hasta tanto la Justicia Federal se expida sobre el planteo de inconstitucionalidad de la norma aprobada recientemente. Finalmente, el juez Eduardo Ferreyra confirmó la competencia local y la legitimidad del Municipio de Gualeguaychú para legislar en materia ambiental, e instó al juez federal a cesar en su intervención.
El viceintendente de Gualeguaychú, Jorge Mardey, dijo que “esta sentencia es una buena noticia para nuestra comunidad, y un acto de justicia. Gualeguaychú no va a resignar sus derechos, ni abandonar el sendero elegido, por la vida, la salud y el ambiente” expresó al enterarse de la sentencia emitida por el juez provincial Eduardo Ferreyra, que reafirmó los argumentos en cuanto a las autonomías municipales para legislar en materia ambiental.
Asimismo, en la sentencia se interpela al Juez Federal de Concepción del Uruguay, Pablo Seró a que “se inhiba de seguir actuando en los autos mencionados”, poniendo así límites al entender que este no tiene competencia en asuntos que deben resolverse en el ámbito local.
El 16 de abril se aprobó por mayoría la ordenanza ‘Glifosato Cero’ en Gualeguaychú que prohíbe el acopio, venta y uso de glifosato en el ejido. En el debate previo y en las semanas posteriores a su aprobación, la discusión se dio en torno a la constitucionalidad de la norma, la autonomía de la ciudad para legislar sobre el tema y la necesidad del campo para utilizar lo que denominaron como “una herramienta de trabajo”.
Una demanda fue presentada por un grupo de empresarios de Gualeguaychú que alegaron sentirse afectados por la prohibición de la venta de glifosato dentro del ejido. En este sentido plantearon la inconstitucionalidad de la ordenanza “Glifosato Cero” que fue aprobada por mayoría en el Concejo Deliberante. El juez federal subrogante, Pablo Andrés Seró, de Concepción del Uruguay, dio lugar a la medida cautelar presentada por los comerciantes.
Fue el 10 de julio cuando Seró dio lugar a la medida cautelar en favor de los empresarios que comercializan glifosato en la ciudad, quienes reclaman la inconstitucionalidad de la ordenanza municipal que prohíbe este agroquímico en todo el ejido.
A partir de la sentencia de la Justicia Provincial que objeta la competencia federal, y en caso de que Seró insista en su intervención, la cuestión pasará a manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
“De acuerdo a la Constitución Nacional, en materia ambiental la Nación establece los presupuestos mínimos, pero son las provincias las que pueden intervenir para actuar progresivamente. Y asimismo, la Constitución provincial establece la concurrencia de provincia, municipios y comunas en la protección del medio ambiente” afirmó Maradey.
Por su parte, el secretario de Desarrollo Social y Salud, Martín Roberto Piaggio agregó “El sentido y legitimidad de la prohibición del glifosato es indiscutible. Los gobierno locales, por mayor cercanía con la comunidad y mayor conocimiento de las problemáticas emergentes pueden y deben actuar y legislar en materia ambiental, a favor de los intereses colectivos”.
“El glifosato enferma y mata. Y el pueblo de Gualeguaychú está dando un mensaje claro: no renunciaremos por nada al bienestar de nuestros hijos, no negociaremos por ningún interés privado el futuro de la comunidad, no aplazaremos un minuto realizar el mandato que nos dicta la razón, la conciencia” concluyó Piaggio.
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Fecha de Publicación: 25/07/2018
Fuente: Diario Junio
Provincia/Región: Entre Ríos
La semana pasada el juez subrogante de Concepción del Uruguay, Pablo Seró, dictó una suspensión temporal de la ordenanza hasta tanto la Justicia Federal se expida sobre el planteo de inconstitucionalidad de la norma aprobada recientemente. Finalmente, el juez Eduardo Ferreyra confirmó la competencia local y la legitimidad del Municipio de Gualeguaychú para legislar en materia ambiental, e instó al juez federal a cesar en su intervención.
El viceintendente de Gualeguaychú, Jorge Mardey, dijo que “esta sentencia es una buena noticia para nuestra comunidad, y un acto de justicia. Gualeguaychú no va a resignar sus derechos, ni abandonar el sendero elegido, por la vida, la salud y el ambiente” expresó al enterarse de la sentencia emitida por el juez provincial Eduardo Ferreyra, que reafirmó los argumentos en cuanto a las autonomías municipales para legislar en materia ambiental.
Asimismo, en la sentencia se interpela al Juez Federal de Concepción del Uruguay, Pablo Seró a que “se inhiba de seguir actuando en los autos mencionados”, poniendo así límites al entender que este no tiene competencia en asuntos que deben resolverse en el ámbito local.
El 16 de abril se aprobó por mayoría la ordenanza ‘Glifosato Cero’ en Gualeguaychú que prohíbe el acopio, venta y uso de glifosato en el ejido. En el debate previo y en las semanas posteriores a su aprobación, la discusión se dio en torno a la constitucionalidad de la norma, la autonomía de la ciudad para legislar sobre el tema y la necesidad del campo para utilizar lo que denominaron como “una herramienta de trabajo”.
Una demanda fue presentada por un grupo de empresarios de Gualeguaychú que alegaron sentirse afectados por la prohibición de la venta de glifosato dentro del ejido. En este sentido plantearon la inconstitucionalidad de la ordenanza “Glifosato Cero” que fue aprobada por mayoría en el Concejo Deliberante. El juez federal subrogante, Pablo Andrés Seró, de Concepción del Uruguay, dio lugar a la medida cautelar presentada por los comerciantes.
Fue el 10 de julio cuando Seró dio lugar a la medida cautelar en favor de los empresarios que comercializan glifosato en la ciudad, quienes reclaman la inconstitucionalidad de la ordenanza municipal que prohíbe este agroquímico en todo el ejido.
A partir de la sentencia de la Justicia Provincial que objeta la competencia federal, y en caso de que Seró insista en su intervención, la cuestión pasará a manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
“De acuerdo a la Constitución Nacional, en materia ambiental la Nación establece los presupuestos mínimos, pero son las provincias las que pueden intervenir para actuar progresivamente. Y asimismo, la Constitución provincial establece la concurrencia de provincia, municipios y comunas en la protección del medio ambiente” afirmó Maradey.
Por su parte, el secretario de Desarrollo Social y Salud, Martín Roberto Piaggio agregó “El sentido y legitimidad de la prohibición del glifosato es indiscutible. Los gobierno locales, por mayor cercanía con la comunidad y mayor conocimiento de las problemáticas emergentes pueden y deben actuar y legislar en materia ambiental, a favor de los intereses colectivos”.
“El glifosato enferma y mata. Y el pueblo de Gualeguaychú está dando un mensaje claro: no renunciaremos por nada al bienestar de nuestros hijos, no negociaremos por ningún interés privado el futuro de la comunidad, no aplazaremos un minuto realizar el mandato que nos dicta la razón, la conciencia” concluyó Piaggio.
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Posible nuevo auge de minería de uranio, con pésimo pasado
Acuerdo entre Argentina y Rusia: ¿se viene el gran auge del uranio?
Fecha de Publicación: 24/07/2018
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Nacional
Tras 20 años de paralización del sector, buscarán desarrollar el potencial minero y tecnológico en el país. En el territorio nacional existen 31.060 toneladas del recurso que alcanzaría para abastecer el consumo de los reactores Atucha I, Atucha II y Embalse Río III durante 141 años
Luego de más de dos décadas de paralización del sector, el memorando de entendimiento para la exploración y explotación de uranio, suscripto en Moscú durante la última visita oficial del presidente Mauricio Macri, abre las puertas para reactivar la producción de este estratégico mineral en la Argentina.
Según informaron fuentes de la Secretaría de Minería de la Nación al diario Del Cuyo, en territorio nacional existen 31.060 toneladas de recursos de uranio, entre los razonablemente asegurados y los inferidos.
"Estos recursos actualmente alcanzarían para satisfacer el consumo de los tres reactores instalados en Argentina por 141 años y 92 años a partir del 2027, considerando los nuevos reactores proyectados", explicaron desde la Secretaría de Desarrollo Minero del Ministerio de Energía y Minería de la Nación.
Y agregaron: "Esto implicaría que el desarrollo minero y tecnológico que podamos realizar sobre el uranio podría convertirnos en un país abastecedor de una demanda global que va en aumento. Equiparándonos con grandes países productores de uranio como Kazajistán, Canadá y Australia. Pero al igual que con otros minerales, todo dependerá del impulso y la dedicación que tengan las provincias, ya que son ellas las dueñas de los recursos uraníferos existentes en el país".
Desde Nación, indicaron que para poner en marcha la minería del uranio en Argentina la inversión necesaria rondaría los u$s250 millones, la cual se traduciría en la generación de unos 500 puestos de trabajo directos, a lo que se suma la demanda de proveedores de bienes y servicios.
Las cifras ofrecidas por el Gobierno indican que la demanda de uranio en Argentina corresponde casi en tu totalidad al consumo de los tres reactores nucleares que se encuentran en operación: Atucha I, Atucha II y Central Núcleo-Eléctrica Embalse Río III. Estas centrales, operando a potencia plena, utilizan 250 toneladas de uranio totales al año.
"Con los nuevos requerimientos proyectados, la demanda local de uranio aumentaría en un 50%, pasando de 220 toneladas al año a 330 toneladas anuales", confirmaron fuentes oficiales.
Desde la Secretaria de Desarrollo minero también indicaron que con los actuales proyectos de uranio existentes, Argentina, podría abastecer inmediatamente la demanda nacional, sustituyendo importaciones en el orden de los u$s30 millones por año.
"Más allá del memorando, que sólo es una carta de intención, vemos que Chubut cuenta con el 66 % de los recursos y reservas mensurados, Mendoza tiene un 32% y Salta el 1% restante. En otras provincias como Río Negro, La Rioja, San Juan, Buenos Aires o Córdoba, existen manifestaciones con potencial pero aún no se han realizado suficientes trabajos exploratorios como para dimensionar recursos. Además se necesita la voluntad política de la provincia para impulsarlo", indicaron desde Nación.
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Fecha de Publicación: 24/07/2018
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Nacional
Tras 20 años de paralización del sector, buscarán desarrollar el potencial minero y tecnológico en el país. En el territorio nacional existen 31.060 toneladas del recurso que alcanzaría para abastecer el consumo de los reactores Atucha I, Atucha II y Embalse Río III durante 141 años
Luego de más de dos décadas de paralización del sector, el memorando de entendimiento para la exploración y explotación de uranio, suscripto en Moscú durante la última visita oficial del presidente Mauricio Macri, abre las puertas para reactivar la producción de este estratégico mineral en la Argentina.
Según informaron fuentes de la Secretaría de Minería de la Nación al diario Del Cuyo, en territorio nacional existen 31.060 toneladas de recursos de uranio, entre los razonablemente asegurados y los inferidos.
"Estos recursos actualmente alcanzarían para satisfacer el consumo de los tres reactores instalados en Argentina por 141 años y 92 años a partir del 2027, considerando los nuevos reactores proyectados", explicaron desde la Secretaría de Desarrollo Minero del Ministerio de Energía y Minería de la Nación.
Y agregaron: "Esto implicaría que el desarrollo minero y tecnológico que podamos realizar sobre el uranio podría convertirnos en un país abastecedor de una demanda global que va en aumento. Equiparándonos con grandes países productores de uranio como Kazajistán, Canadá y Australia. Pero al igual que con otros minerales, todo dependerá del impulso y la dedicación que tengan las provincias, ya que son ellas las dueñas de los recursos uraníferos existentes en el país".
Desde Nación, indicaron que para poner en marcha la minería del uranio en Argentina la inversión necesaria rondaría los u$s250 millones, la cual se traduciría en la generación de unos 500 puestos de trabajo directos, a lo que se suma la demanda de proveedores de bienes y servicios.
Las cifras ofrecidas por el Gobierno indican que la demanda de uranio en Argentina corresponde casi en tu totalidad al consumo de los tres reactores nucleares que se encuentran en operación: Atucha I, Atucha II y Central Núcleo-Eléctrica Embalse Río III. Estas centrales, operando a potencia plena, utilizan 250 toneladas de uranio totales al año.
"Con los nuevos requerimientos proyectados, la demanda local de uranio aumentaría en un 50%, pasando de 220 toneladas al año a 330 toneladas anuales", confirmaron fuentes oficiales.
Desde la Secretaria de Desarrollo minero también indicaron que con los actuales proyectos de uranio existentes, Argentina, podría abastecer inmediatamente la demanda nacional, sustituyendo importaciones en el orden de los u$s30 millones por año.
"Más allá del memorando, que sólo es una carta de intención, vemos que Chubut cuenta con el 66 % de los recursos y reservas mensurados, Mendoza tiene un 32% y Salta el 1% restante. En otras provincias como Río Negro, La Rioja, San Juan, Buenos Aires o Córdoba, existen manifestaciones con potencial pero aún no se han realizado suficientes trabajos exploratorios como para dimensionar recursos. Además se necesita la voluntad política de la provincia para impulsarlo", indicaron desde Nación.
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Incineración en Capital Federal: experto inglés advierte
Un prestigioso químico inglés advierte: "La termovalorización es costosa y tóxica"
Fecha de Publicación: 24/07/2018
Fuente: La Política On Line
Provincia/Región: CABA
Paul Connett, uno de los mayores expertos sobre basura, advirtió sobre los peligros de la incineración de basura. "La incineración es la manera más costosa de gestionar los residuos. Si avanza, va a someter a la Ciudad de Buenos Aires una deuda de más de 30 años. Y a pesar de invertir tanto dinero, se van a crear muy pocos puestos de trabajo", señaló el químico inglés.
Meses atrás la Legislatura aprobó modificaciones a la ley de Basura Cero que abren las puertas a la termovalorización, una modalidad que genera energía al tiempo que incinera los residuos. Con el relleno sanitario del Ceamse a punto de colapsar desde el gobierno porteño consideran que la incineración es la mejor salida para la Ciudad. Por el momento la Justicia suspendió la aplicación de la ley, pero sin una sentencia definitiva.
"Por cada 4 toneladas de materiales que uno quema produce 1 tonelada de ceniza tóxica que nadie quiere. La incineración no elimina los rellenos sanitarios", explicó Connett durante una charla en la Legislatura porteña organizada por Greenpeace y Unidad Ciudadana. Según el científico el proceso además provoca el desprendimiento de partículas que pueden causar enfermedades.
El químico inglés trabaja la temática de la basura "desde hace más de 33 años", tiempo en el cuál recorrió 66 países disertando sobre los residuos.
"Los incineradores vuelven impopulares cuando los ciudadanos se vuelven conscientes se sus costos y peligros. Los incineradores son tremendamente costos. Se pueden crear más puestos de trabajo mediante el reciclaje", recomendó.
Leonel Mingo de Greenpeace pidió "dejar de ver a los residuos cómo basura y empezar a verlos cómo lo que son: recursos" y criticó los cambios de meta de la ley de Basura Cero.
"En 2017 ya se redujo a 1100000 toneladas lo que se envía al Ceamse pero por ley este año la Ciudad puso las metas en 1065000 para 2021. Van a anunciar que cumplieron con las metas sin haber hecho nada", apuntó.
La periodista Pilar Assefh sostuvo que "la ley avanzó en silencio y sin debate. No nos dieron información ni nos contestaron por qué si la Ley de Basura Cero era tan buena querían modificarla. La gente tiene derecho a discutir si esto es lo que quiere para su Ciudad".
Jackie Flores del Movimiento de trabajadores excluidos (MTE) fue una de las más aplaudidas de la tarde y también se expresó contra el proyecto de incineración. "Las cooperativas cartoneras existimos y vamos a seguir existiendo. No necesitamos que nos ofrezcan trabajo, nosotros lo generamos. Tenemos lo necesario para cumplir todo lo que implica la ley de Basura Cero", aseguró.
La justicia porteña suspendió provisoriamente a fin de junio la aplicación de la ley que permite incinerar residuos en la Ciudad luego de una presentación de cooperativas de cartoneros. La jueza Elena Liberatori consideró que cualquier modificación al Código Ambiental debe hacerse con el procedimiento de doble lectura.
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Fecha de Publicación: 24/07/2018
Fuente: La Política On Line
Provincia/Región: CABA
Paul Connett, uno de los mayores expertos sobre basura, advirtió sobre los peligros de la incineración de basura. "La incineración es la manera más costosa de gestionar los residuos. Si avanza, va a someter a la Ciudad de Buenos Aires una deuda de más de 30 años. Y a pesar de invertir tanto dinero, se van a crear muy pocos puestos de trabajo", señaló el químico inglés.
Meses atrás la Legislatura aprobó modificaciones a la ley de Basura Cero que abren las puertas a la termovalorización, una modalidad que genera energía al tiempo que incinera los residuos. Con el relleno sanitario del Ceamse a punto de colapsar desde el gobierno porteño consideran que la incineración es la mejor salida para la Ciudad. Por el momento la Justicia suspendió la aplicación de la ley, pero sin una sentencia definitiva.
"Por cada 4 toneladas de materiales que uno quema produce 1 tonelada de ceniza tóxica que nadie quiere. La incineración no elimina los rellenos sanitarios", explicó Connett durante una charla en la Legislatura porteña organizada por Greenpeace y Unidad Ciudadana. Según el científico el proceso además provoca el desprendimiento de partículas que pueden causar enfermedades.
El químico inglés trabaja la temática de la basura "desde hace más de 33 años", tiempo en el cuál recorrió 66 países disertando sobre los residuos.
"Los incineradores vuelven impopulares cuando los ciudadanos se vuelven conscientes se sus costos y peligros. Los incineradores son tremendamente costos. Se pueden crear más puestos de trabajo mediante el reciclaje", recomendó.
Leonel Mingo de Greenpeace pidió "dejar de ver a los residuos cómo basura y empezar a verlos cómo lo que son: recursos" y criticó los cambios de meta de la ley de Basura Cero.
"En 2017 ya se redujo a 1100000 toneladas lo que se envía al Ceamse pero por ley este año la Ciudad puso las metas en 1065000 para 2021. Van a anunciar que cumplieron con las metas sin haber hecho nada", apuntó.
La periodista Pilar Assefh sostuvo que "la ley avanzó en silencio y sin debate. No nos dieron información ni nos contestaron por qué si la Ley de Basura Cero era tan buena querían modificarla. La gente tiene derecho a discutir si esto es lo que quiere para su Ciudad".
Jackie Flores del Movimiento de trabajadores excluidos (MTE) fue una de las más aplaudidas de la tarde y también se expresó contra el proyecto de incineración. "Las cooperativas cartoneras existimos y vamos a seguir existiendo. No necesitamos que nos ofrezcan trabajo, nosotros lo generamos. Tenemos lo necesario para cumplir todo lo que implica la ley de Basura Cero", aseguró.
La justicia porteña suspendió provisoriamente a fin de junio la aplicación de la ley que permite incinerar residuos en la Ciudad luego de una presentación de cooperativas de cartoneros. La jueza Elena Liberatori consideró que cualquier modificación al Código Ambiental debe hacerse con el procedimiento de doble lectura.
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Conicet trabaja en la percepción social del riesgo
Inundaciones: un novedoso enfoque para evaluar la percepción social del riesgo
Fecha de Publicación: 24/07/2018
Fuente: Conicet
Provincia/Región: Nacional
Expertos del CONICET y la UNLP relevaron notas periodísticas sobre los eventos ocurridos en la región entre 1911 y 2014. Proponen una app colaborativa.
Pocos meses después de la trágica inundación que afectó a nuestra región el 2 de abril de 2013, el CONICET y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) decidieron aunar esfuerzos para, de manera conjunta y desde el saber científico, aportar a la resolución de la problemática de la emergencia hídrica. Para ello, ambas instituciones abrieron una convocatoria destinada a la realización de una serie de Proyectos de Investigación Orientados (PIO) que tenían como finalidad generar conocimiento sobre el tema y proponer soluciones desde una mirada multidisciplinar. La abundante información recopilada en el marco de las cinco iniciativas aprobadas expandió su potencial de aplicación por fuera del plazo previsto de dos años.
En el marco de uno de los PIO -“Las inundaciones en La Plata, Berisso y Ensenada: Análisis de riesgos y estrategias de intervención. Hacia la construcción de un observatorio ambiental”, dirigido por las investigadoras Alicia Ronco e Isabel López-, expertos del CONICET y la UNLP elaboraron un registro histórico de inundaciones y anegamientos en la región desde comienzos del siglo XX hasta la actualidad con el objetivo de encontrar patrones comunes que dieran lugar al reconocimiento de la percepción social del riesgo de inundación.
“El riesgo es un concepto complejo que articula otros subconceptos de los cuales, a su vez, emerge. Existe si están presentes los componentes de peligro y vulnerabilidad”, contextualiza Kuanip Sanz Ressel, del Centro de Investigaciones Urbanas y Territoriales (CIUT, FAU, UNLP), y detalla: “Por ejemplo, una lluvia copiosa en una llanura deshabitada es sólo un fenómeno meteorológico, pero la misma precipitación sobre una población densa se configura como una amenaza. Lo que nosotros hicimos en la búsqueda de esa percepción social del riesgo es analizar cómo se ´discutieron’ esos eventos en el espacio público, en este caso en un medio de circulación masiva”.
Los profesionales relevaron los artículos periodísticos publicados en el diario El Día -por tratarse del más antiguo y de mayor tirada a nivel regional, y por la continuidad en sus ediciones- en el período abarcado entre 1911 y 2014 para establecer qué puntos de la región se inundan con mayor o menor frecuencia, la causa y magnitud de los eventos.
“Habitualmente los estudios de percepción se dan en poblaciones acotadas, así que hacerlo a gran escala significó un desafío en términos conceptuales pero sobre todo metodológicos al incorporar el riesgo como hecho socialmente percibido”, destaca Daniela Rotger, becaria postdoctoral del CONICET en el CIUT, y agrega: “Lo primero que tuvimos que hacer fue un protocolo que marcara las pautas sobre las que íbamos a realizar el relevamiento y procesamiento de la información. Teníamos los datos del período 1911-1998 gracias a un trabajo anterior que la directora del centro Isabel López había hecho en hemerotecas, es decir con los diarios en papel. Para la etapa posterior usamos la versión web del medio”.
Los investigadores relevaron más de 3.800 artículos referentes a inundaciones y anegamientos que luego fueron volcados en un sistema de información geográfica -un software que combina un mapa georeferenciado con tablas informativas asociadas a los distintos puntos detectados-. “Cada sitio marcado corresponde a una noticia, y allí detallamos algunos datos de interés, como las fechas y zonas donde ocurrieron los eventos, qué cantidad de evacuados y/o víctimas hubo, cuántos milímetros de agua se acumularon en las calles, y cuál fue la causa de la inundación, por ejemplo”, apunta Rotger.
“La base de datos que elaboramos tiene un fuerte componente cuantitativo”, subraya María Aversa, profesional asistente de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CICPBA) en el CIUT, y grafica que “el 93 por ciento de los eventos registrados se corresponde con precipitaciones que, cuando ocurren en altas proporciones, producen el desborde de los arroyos que atraviesan las zonas urbanas, y sólo el 7 por ciento con las sudestadas que se dan al elevarse el nivel del Río de La Plata. El 83 por ciento de los casos se observan en La Plata, en tanto que Berisso y Ensenada tienen apenas el 11 y el 6 por ciento, respectivamente”.
“Después hay otra dimensión más cualitativa en la que nos encontramos trabajando y donde proponemos una serie de hipótesis que tienen sustento porque además de haber realizado el relevamiento conocemos el territorio. Por ejemplo, sabemos que Altos de San Lorenzo es una zona inundable, pero en los registros del diario la mayor parte de las noticias tienen que ver con el casco urbano de La Plata. Podemos inferir que esto se relaciona con las posibilidades de acceso a la tecnología y con las urgencias de los vecinos: ante la inminencia de la inundación, un usuario del diario que está en el centro puede captar una imagen y enviársela inmediatamente por Whats App para su publicación, mientras que alguien de la periferia seguramente tiene otras prioridades a resolver en el momento”, puntualiza.
Los investigadores quieren que la base de datos que elaboraron se convierta pronto en “una plataforma colaborativa” en la que la sociedad pueda seguir en tiempo real la evolución de los eventos en las distintas zonas y se activen las estrategias de alerta temprana para su prevención o mitigación. “La participación social también puede generar conciencia acerca del grado de vulnerabilidad al que se encuentra sometido el territorio, y abrir la discusión sobre la agenda urbana y las políticas de planeamiento. La situación a nivel regional no se resuelve sólo con obras hidráulicas. Tenemos que cambiar las lógicas de relación con la naturaleza”, concluye Sanz Ressel.
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Fecha de Publicación: 24/07/2018
Fuente: Conicet
Provincia/Región: Nacional
Expertos del CONICET y la UNLP relevaron notas periodísticas sobre los eventos ocurridos en la región entre 1911 y 2014. Proponen una app colaborativa.
Pocos meses después de la trágica inundación que afectó a nuestra región el 2 de abril de 2013, el CONICET y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) decidieron aunar esfuerzos para, de manera conjunta y desde el saber científico, aportar a la resolución de la problemática de la emergencia hídrica. Para ello, ambas instituciones abrieron una convocatoria destinada a la realización de una serie de Proyectos de Investigación Orientados (PIO) que tenían como finalidad generar conocimiento sobre el tema y proponer soluciones desde una mirada multidisciplinar. La abundante información recopilada en el marco de las cinco iniciativas aprobadas expandió su potencial de aplicación por fuera del plazo previsto de dos años.
En el marco de uno de los PIO -“Las inundaciones en La Plata, Berisso y Ensenada: Análisis de riesgos y estrategias de intervención. Hacia la construcción de un observatorio ambiental”, dirigido por las investigadoras Alicia Ronco e Isabel López-, expertos del CONICET y la UNLP elaboraron un registro histórico de inundaciones y anegamientos en la región desde comienzos del siglo XX hasta la actualidad con el objetivo de encontrar patrones comunes que dieran lugar al reconocimiento de la percepción social del riesgo de inundación.
“El riesgo es un concepto complejo que articula otros subconceptos de los cuales, a su vez, emerge. Existe si están presentes los componentes de peligro y vulnerabilidad”, contextualiza Kuanip Sanz Ressel, del Centro de Investigaciones Urbanas y Territoriales (CIUT, FAU, UNLP), y detalla: “Por ejemplo, una lluvia copiosa en una llanura deshabitada es sólo un fenómeno meteorológico, pero la misma precipitación sobre una población densa se configura como una amenaza. Lo que nosotros hicimos en la búsqueda de esa percepción social del riesgo es analizar cómo se ´discutieron’ esos eventos en el espacio público, en este caso en un medio de circulación masiva”.
Los profesionales relevaron los artículos periodísticos publicados en el diario El Día -por tratarse del más antiguo y de mayor tirada a nivel regional, y por la continuidad en sus ediciones- en el período abarcado entre 1911 y 2014 para establecer qué puntos de la región se inundan con mayor o menor frecuencia, la causa y magnitud de los eventos.
“Habitualmente los estudios de percepción se dan en poblaciones acotadas, así que hacerlo a gran escala significó un desafío en términos conceptuales pero sobre todo metodológicos al incorporar el riesgo como hecho socialmente percibido”, destaca Daniela Rotger, becaria postdoctoral del CONICET en el CIUT, y agrega: “Lo primero que tuvimos que hacer fue un protocolo que marcara las pautas sobre las que íbamos a realizar el relevamiento y procesamiento de la información. Teníamos los datos del período 1911-1998 gracias a un trabajo anterior que la directora del centro Isabel López había hecho en hemerotecas, es decir con los diarios en papel. Para la etapa posterior usamos la versión web del medio”.
Los investigadores relevaron más de 3.800 artículos referentes a inundaciones y anegamientos que luego fueron volcados en un sistema de información geográfica -un software que combina un mapa georeferenciado con tablas informativas asociadas a los distintos puntos detectados-. “Cada sitio marcado corresponde a una noticia, y allí detallamos algunos datos de interés, como las fechas y zonas donde ocurrieron los eventos, qué cantidad de evacuados y/o víctimas hubo, cuántos milímetros de agua se acumularon en las calles, y cuál fue la causa de la inundación, por ejemplo”, apunta Rotger.
“La base de datos que elaboramos tiene un fuerte componente cuantitativo”, subraya María Aversa, profesional asistente de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CICPBA) en el CIUT, y grafica que “el 93 por ciento de los eventos registrados se corresponde con precipitaciones que, cuando ocurren en altas proporciones, producen el desborde de los arroyos que atraviesan las zonas urbanas, y sólo el 7 por ciento con las sudestadas que se dan al elevarse el nivel del Río de La Plata. El 83 por ciento de los casos se observan en La Plata, en tanto que Berisso y Ensenada tienen apenas el 11 y el 6 por ciento, respectivamente”.
“Después hay otra dimensión más cualitativa en la que nos encontramos trabajando y donde proponemos una serie de hipótesis que tienen sustento porque además de haber realizado el relevamiento conocemos el territorio. Por ejemplo, sabemos que Altos de San Lorenzo es una zona inundable, pero en los registros del diario la mayor parte de las noticias tienen que ver con el casco urbano de La Plata. Podemos inferir que esto se relaciona con las posibilidades de acceso a la tecnología y con las urgencias de los vecinos: ante la inminencia de la inundación, un usuario del diario que está en el centro puede captar una imagen y enviársela inmediatamente por Whats App para su publicación, mientras que alguien de la periferia seguramente tiene otras prioridades a resolver en el momento”, puntualiza.
Los investigadores quieren que la base de datos que elaboraron se convierta pronto en “una plataforma colaborativa” en la que la sociedad pueda seguir en tiempo real la evolución de los eventos en las distintas zonas y se activen las estrategias de alerta temprana para su prevención o mitigación. “La participación social también puede generar conciencia acerca del grado de vulnerabilidad al que se encuentra sometido el territorio, y abrir la discusión sobre la agenda urbana y las políticas de planeamiento. La situación a nivel regional no se resuelve sólo con obras hidráulicas. Tenemos que cambiar las lógicas de relación con la naturaleza”, concluye Sanz Ressel.
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Llegó al país el debate de que especies salvar y cuales no
¿Debemos proteger todas las especies en peligro?
Fecha de Publicación: 23/07/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
En EE.UU. se debate el sentido de conservar toda la fauna en peligro de extinción. El Tema puede tener eco en nuestro país.
Un insólito beneficiado de la crisis y el ajuste por los que está pasando el país podría ser el macá tobiano. Esta ave no vive en otro lugar del mundo que no sea la Patagonia. Y sólo quedan 800 individuos.
En invierno visitan el estuario del río Santa Cruz, pero podrían desaparecer si se terminan de construir las dos represas proyectadas para este curso de agua. Estas monumentales obras fueron anunciadas por la gestión kirchnerista, pero el gobierno de Mauricio Macri está evaluando si continúa con los proyectos.
En este caso, el “ajuste” decidió por nosotros, pero muchas veces los gobiernos y la sociedad son los que debemos elegir entre proteger una especie en peligro de extinción o avanzar con una obra que puede traer una mejora en la calidad de vida de las personas.
Un ejemplo más reciente es el de la lagartija Liolaemus cuyumhue, que figura como críticamente amenazada en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación (UICN). Esta especie habita el Bajo de Añelo (Neuquén), el mismo territorio donde se encuentra el yacimiento de combustibles no convencionales Vaca Muerta.
Su presencia, detectada recientemente, puede significar que organismos internacionales les nieguen financiamiento a las empresas de energía que quieran invertir allí, si no aseguran su protección.
Casos como estos plantean un debate sobre si, como humanidad, estamos obligados a proteger toda la biodiversidad. ¿Deberíamos actuar como Noé, que se aseguró de que todas las especies subieran a su arca? ¿A qué precio?
La ley nacional de conservación de la fauna (22.421) dice en el artículo 20° que, en caso de que “una especie de la fauna silvestre autóctona se halle en peligro de extinción o en grave retroceso numérico, el Poder Ejecutivo Nacional deberá adoptar medidas de emergencia a fin de asegurar su repoblación y perpetuación”.
En Estados Unidos, la normativa es aún más estricta y siempre ha sido criticada. Pero, en tiempos de Donald Trump, los ataques están cobrando más fuerza y han encendido las alarmas de muchos ecologistas.
El argumento es que la conservación requiere un gasto muy alto que no se compara con los pocos beneficios de su preservación. El problema es vidrioso, ya que es difícil asignarle un valor a una especie desde una perspectiva económica.
Hay que estudiarla desde muchos ángulos, como su valor cultural (belleza, simbolismo), su diversidad genética y su “utilidad” (polinizadores de cultivos, etcétera), por citar algunos.
Y, si decidimos proteger una especie, debemos garantizar que su población crezca para que deje de estar en peligro. Esa tarea a veces parece imposible y sólo se consigue conservándolas en cautiverio.
El 99 por ciento de las especies categorizadas como en peligro de extinción desde la década de 1970 en Estados Unidos siguen en la misma situación a pesar de los esfuerzos de conservación.
Emma Marris, reconocida escritora sobre naturaleza, lo compara con un paciente en estado terminal al que nunca se le desconecta el respirador artificial. ¿Tiene sentido?
Salvar a cada una de las especies suena a algo irreal, pero tampoco deberíamos renunciar por completo a ello.
Buena parte de nuestra supervivencia está atada a la biodiversidad de formas que todavía no comprendemos, y quizá sólo nos demos cuenta cuando estas especies ya se hayan ido para siempre.
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Fecha de Publicación: 23/07/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
En EE.UU. se debate el sentido de conservar toda la fauna en peligro de extinción. El Tema puede tener eco en nuestro país.
Un insólito beneficiado de la crisis y el ajuste por los que está pasando el país podría ser el macá tobiano. Esta ave no vive en otro lugar del mundo que no sea la Patagonia. Y sólo quedan 800 individuos.
En invierno visitan el estuario del río Santa Cruz, pero podrían desaparecer si se terminan de construir las dos represas proyectadas para este curso de agua. Estas monumentales obras fueron anunciadas por la gestión kirchnerista, pero el gobierno de Mauricio Macri está evaluando si continúa con los proyectos.
En este caso, el “ajuste” decidió por nosotros, pero muchas veces los gobiernos y la sociedad son los que debemos elegir entre proteger una especie en peligro de extinción o avanzar con una obra que puede traer una mejora en la calidad de vida de las personas.
Un ejemplo más reciente es el de la lagartija Liolaemus cuyumhue, que figura como críticamente amenazada en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación (UICN). Esta especie habita el Bajo de Añelo (Neuquén), el mismo territorio donde se encuentra el yacimiento de combustibles no convencionales Vaca Muerta.
Su presencia, detectada recientemente, puede significar que organismos internacionales les nieguen financiamiento a las empresas de energía que quieran invertir allí, si no aseguran su protección.
Casos como estos plantean un debate sobre si, como humanidad, estamos obligados a proteger toda la biodiversidad. ¿Deberíamos actuar como Noé, que se aseguró de que todas las especies subieran a su arca? ¿A qué precio?
La ley nacional de conservación de la fauna (22.421) dice en el artículo 20° que, en caso de que “una especie de la fauna silvestre autóctona se halle en peligro de extinción o en grave retroceso numérico, el Poder Ejecutivo Nacional deberá adoptar medidas de emergencia a fin de asegurar su repoblación y perpetuación”.
En Estados Unidos, la normativa es aún más estricta y siempre ha sido criticada. Pero, en tiempos de Donald Trump, los ataques están cobrando más fuerza y han encendido las alarmas de muchos ecologistas.
El argumento es que la conservación requiere un gasto muy alto que no se compara con los pocos beneficios de su preservación. El problema es vidrioso, ya que es difícil asignarle un valor a una especie desde una perspectiva económica.
Hay que estudiarla desde muchos ángulos, como su valor cultural (belleza, simbolismo), su diversidad genética y su “utilidad” (polinizadores de cultivos, etcétera), por citar algunos.
Y, si decidimos proteger una especie, debemos garantizar que su población crezca para que deje de estar en peligro. Esa tarea a veces parece imposible y sólo se consigue conservándolas en cautiverio.
El 99 por ciento de las especies categorizadas como en peligro de extinción desde la década de 1970 en Estados Unidos siguen en la misma situación a pesar de los esfuerzos de conservación.
Emma Marris, reconocida escritora sobre naturaleza, lo compara con un paciente en estado terminal al que nunca se le desconecta el respirador artificial. ¿Tiene sentido?
Salvar a cada una de las especies suena a algo irreal, pero tampoco deberíamos renunciar por completo a ello.
Buena parte de nuestra supervivencia está atada a la biodiversidad de formas que todavía no comprendemos, y quizá sólo nos demos cuenta cuando estas especies ya se hayan ido para siempre.
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Río Negro: encuentro de municipios sobre cambio climático
Encuentro de municipios para trabajar sobre el cambio climático
Fecha de Publicación: 23/07/2018
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
La actividad fue organizada por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático.
Se llevó a cabo en Viedma el primer encuentro con responsables ambientales de los municipios rionegrinos a los efectos de trabajar en la generación de inventarios municipales de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y mapeo de riesgos climáticos, definir objetivos de mitigación y adaptación al cambio climático y elaborar planes locales de acción climática.
La actividad fue organizada por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS), conjuntamente con la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático (RAMCC).
La actividad se desarrolló durante una sola jornada en las instalaciones del Consejo Federal de Inversiones (CFI), y contó con la participación de más de 30 representantes de los distintos municipios de Río Negro.
Las ciudades han ganado protagonismo en la acción climática por su intervención directa en el territorio y la cercanía a vecinos e instituciones. En ellas se generan gran parte de las emisiones de gases de efecto invernadero y, por otro lado, se evidencian en mayor medida los impactos del cambio climático.
Su conocimiento sobre las problemáticas que afectan a la comunidad y las posibilidades de mejora, las convierten en actores fundamentales para transformar estos desafíos en acciones concretas de mitigación y adaptación.
La RAMCC es la primera Red Latinoamericana sobre Cambio Climático, la cual brinda soporte técnico a municipios, comunicación sobre novedades internacionales y difusión internacional de sus actividades.
La misma, a cargo del ingeniero agrónomo Ricardo Bertolino, secretario Ejecutivo de la Coordinación Nacional, surge como un instrumento de coordinación e impulso de las políticas públicas locales frente al cambio climático de las ciudades y pueblos de argentina, creado en el año 2010.
La actividad estuvo encabezada por la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Dina Migani; Ricardo Bertolino, secretario general ejecutivo de la RAMCC (Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático); y Marcela Blanca, técnica del área de Cambio Climático de La SAyDS.
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Fecha de Publicación: 23/07/2018
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
La actividad fue organizada por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático.
Se llevó a cabo en Viedma el primer encuentro con responsables ambientales de los municipios rionegrinos a los efectos de trabajar en la generación de inventarios municipales de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y mapeo de riesgos climáticos, definir objetivos de mitigación y adaptación al cambio climático y elaborar planes locales de acción climática.
La actividad fue organizada por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS), conjuntamente con la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático (RAMCC).
La actividad se desarrolló durante una sola jornada en las instalaciones del Consejo Federal de Inversiones (CFI), y contó con la participación de más de 30 representantes de los distintos municipios de Río Negro.
Las ciudades han ganado protagonismo en la acción climática por su intervención directa en el territorio y la cercanía a vecinos e instituciones. En ellas se generan gran parte de las emisiones de gases de efecto invernadero y, por otro lado, se evidencian en mayor medida los impactos del cambio climático.
Su conocimiento sobre las problemáticas que afectan a la comunidad y las posibilidades de mejora, las convierten en actores fundamentales para transformar estos desafíos en acciones concretas de mitigación y adaptación.
La RAMCC es la primera Red Latinoamericana sobre Cambio Climático, la cual brinda soporte técnico a municipios, comunicación sobre novedades internacionales y difusión internacional de sus actividades.
La misma, a cargo del ingeniero agrónomo Ricardo Bertolino, secretario Ejecutivo de la Coordinación Nacional, surge como un instrumento de coordinación e impulso de las políticas públicas locales frente al cambio climático de las ciudades y pueblos de argentina, creado en el año 2010.
La actividad estuvo encabezada por la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Dina Migani; Ricardo Bertolino, secretario general ejecutivo de la RAMCC (Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático); y Marcela Blanca, técnica del área de Cambio Climático de La SAyDS.
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Iguacel manda a rescindir dos contratos de renovables
Giro oficial: Gobierno pidió rescindir dos contratos de energías renovables
Fecha de Publicación: 23/07/2018
Fuente: El Cronista Comercial
Provincia/Región: Nacional
El ministro Iguacel instruyó a Cammesa para rescindir un parque eólico adjudicado a empresas chinas y otra planta solar. Podría dar lugar a tensión diplomática
El Gobierno tomó una decisión drástica que podría generar un nuevo foco de conflicto diplomático con China. Por primera vez desde que se inició el programa RenovAr, el ministro de Energía, Javier Iguacel, instruyó en las primeras horas de ayer a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) a rescindir los contratos de dos proyectos de energia renovables, ante los "reiterados incumplimientos en los hitos establecidos". Uno de los contratos es del Parque Eólico (PE) Viento Reta, para el que las empresas chinas Sinohydro, China Energy Engineering Investment Corporation (CEEIC) y China Lac Cooperation Fund prometieron una inversión de u$s 150 millones, en Tres Arroyos, Buenos Aires.
Iguacel, de esta forma, da un golpe en la mesa e intenta ordenar al mercado, al señalarles a las empresas las eventuales sanciones a las que se arriesgan de no cumplir con lo pactado. Fuentes privadas valoraron la medida, ya que se entiende como un castigo a los que no respetan los contratos, una vieja demanda del sector de las energías renovables. En una planta eólica, los hitos que evalúa el Ministerio son, entre otros, el comienzo real de la obra, la contratación del personal, y el hormigonado.
Ante la consulta de El Cronista, el dato sorprendió a la Embajada de China en la Argentina. Por la tarde todavía no habían sido informados de la cancelación del proyecto. El PE Viento Reta, neé "PE Pampa", iba a sumar 100 MW de potencia al sistema a un costo de u$s 46 por MWh, y fue adjudicado en la ronda 1.5 de RenovAr.
El otro proyecto cancelado es el que la firma estadounidense SoEnergy tenía en Media Agua, San Juan, con el Parque Solar (PS) Sarmiento. Allí iban a instalar 35 MW de potencia a u$s 52,95 por MWh.
SoEnergy era dueña del 40% de Stoneway Capital Corporation, controlante de Araucaria Energy, flamante empresa adjudicataria de cuatro proyectos de generación eléctrica térmica que suman 686,5 MW. Pero Araucaria explicó que el porcentaje de SoEnergy lo compró Rogelio Nores, el dueño original.
Así las cosas, la cuestión energética le puede dar un nuevo dolor de cabeza internacional a la administración de Mauricio Macri, en medio de una declamada apertura al comercio mundial. La semana pasada se conoció que el secretario de Coordinación de Políticas Públicas, Gustavo Lopetegui, les comunicó a los empresarios de Voith Hydro apadrinados por Alemania la cancelación de la construcción de la represa hidroeléctrica Chihuidos, en Neuquén, como una forma de achicar el déficit fiscal ante las exigencias del FMI. El consorcio de las obras en Chihuidos incluye a Helport, de Corporación América, de Eduardo Eurnekian.
Más atrás, en 2016, la ex canciller Susana Malcorra salvó las relaciones con China, ante la voluntad de Macri de finiquitar los acuerdos con el país asiático para financiar las represas hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic en Santa Cruz. La construcción de dos nuevas centrales nucleares tampoco están garantizadas.
Aunque por distintos inconvenientes burocráticos o de infraestructura algunos proyectos de renovables no cumplieron con los plazos establecidos, los dos proyectos que se cancelarán no habían avanzado en nada para su construcción
El PS había firmado su contrato de abastecimiento (PPA) con Cammesa el 26 de mayo del año pasado, mientras que el PE Viento Reta lo había hecho el 21 de noviembre.
El programa RenovAr adjudicó en los últimos dos años 147 proyectos por 4466,5 MW, a los que se suman 10 más de la etapa kirchnerista. Grandes usuarios privados tienen la obligación de contratar un 8% de su consumo eléctrico a fuentes renovables. De 68 proyectos en construcción y operación comercial, el cumplimiento de hitos está en el 94%.
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Fecha de Publicación: 23/07/2018
Fuente: El Cronista Comercial
Provincia/Región: Nacional
El ministro Iguacel instruyó a Cammesa para rescindir un parque eólico adjudicado a empresas chinas y otra planta solar. Podría dar lugar a tensión diplomática
El Gobierno tomó una decisión drástica que podría generar un nuevo foco de conflicto diplomático con China. Por primera vez desde que se inició el programa RenovAr, el ministro de Energía, Javier Iguacel, instruyó en las primeras horas de ayer a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) a rescindir los contratos de dos proyectos de energia renovables, ante los "reiterados incumplimientos en los hitos establecidos". Uno de los contratos es del Parque Eólico (PE) Viento Reta, para el que las empresas chinas Sinohydro, China Energy Engineering Investment Corporation (CEEIC) y China Lac Cooperation Fund prometieron una inversión de u$s 150 millones, en Tres Arroyos, Buenos Aires.
Iguacel, de esta forma, da un golpe en la mesa e intenta ordenar al mercado, al señalarles a las empresas las eventuales sanciones a las que se arriesgan de no cumplir con lo pactado. Fuentes privadas valoraron la medida, ya que se entiende como un castigo a los que no respetan los contratos, una vieja demanda del sector de las energías renovables. En una planta eólica, los hitos que evalúa el Ministerio son, entre otros, el comienzo real de la obra, la contratación del personal, y el hormigonado.
Ante la consulta de El Cronista, el dato sorprendió a la Embajada de China en la Argentina. Por la tarde todavía no habían sido informados de la cancelación del proyecto. El PE Viento Reta, neé "PE Pampa", iba a sumar 100 MW de potencia al sistema a un costo de u$s 46 por MWh, y fue adjudicado en la ronda 1.5 de RenovAr.
El otro proyecto cancelado es el que la firma estadounidense SoEnergy tenía en Media Agua, San Juan, con el Parque Solar (PS) Sarmiento. Allí iban a instalar 35 MW de potencia a u$s 52,95 por MWh.
SoEnergy era dueña del 40% de Stoneway Capital Corporation, controlante de Araucaria Energy, flamante empresa adjudicataria de cuatro proyectos de generación eléctrica térmica que suman 686,5 MW. Pero Araucaria explicó que el porcentaje de SoEnergy lo compró Rogelio Nores, el dueño original.
Así las cosas, la cuestión energética le puede dar un nuevo dolor de cabeza internacional a la administración de Mauricio Macri, en medio de una declamada apertura al comercio mundial. La semana pasada se conoció que el secretario de Coordinación de Políticas Públicas, Gustavo Lopetegui, les comunicó a los empresarios de Voith Hydro apadrinados por Alemania la cancelación de la construcción de la represa hidroeléctrica Chihuidos, en Neuquén, como una forma de achicar el déficit fiscal ante las exigencias del FMI. El consorcio de las obras en Chihuidos incluye a Helport, de Corporación América, de Eduardo Eurnekian.
Más atrás, en 2016, la ex canciller Susana Malcorra salvó las relaciones con China, ante la voluntad de Macri de finiquitar los acuerdos con el país asiático para financiar las represas hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic en Santa Cruz. La construcción de dos nuevas centrales nucleares tampoco están garantizadas.
Aunque por distintos inconvenientes burocráticos o de infraestructura algunos proyectos de renovables no cumplieron con los plazos establecidos, los dos proyectos que se cancelarán no habían avanzado en nada para su construcción
El PS había firmado su contrato de abastecimiento (PPA) con Cammesa el 26 de mayo del año pasado, mientras que el PE Viento Reta lo había hecho el 21 de noviembre.
El programa RenovAr adjudicó en los últimos dos años 147 proyectos por 4466,5 MW, a los que se suman 10 más de la etapa kirchnerista. Grandes usuarios privados tienen la obligación de contratar un 8% de su consumo eléctrico a fuentes renovables. De 68 proyectos en construcción y operación comercial, el cumplimiento de hitos está en el 94%.
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