En Córdoba "duermen" una decena de causas ambientales
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Una decena de causas ambientales espera resolución en la Justicia de Córdoba
Fecha de Publicación: 17/01/2018
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Córdoba
Muchas investigaciones llevan 10 años en los tribunales sin que se concrete el juicio oral. La “causa madre de barrio Ituzaingó” es una de las más antiguas y desde hace dos años se encuentra en la Cámara 7ª. El debate fue postergado en varias oportunidades y se espera que se realice este año. Una fiscalía especializada en esta materia sigue siendo materia pendiente
Las causas ambientales en Córdoba no forman parte de la agenda de persecusión penal del Ministerio Público. Así lo refleja el resultado de las investigaciones que circulan en tribunales a la espera de un juicio oral. La mayoría de ellas fue impulsada -en muchos casos de oficio- por el fiscal de Instrucción Carlos Matheu.
La más emblemática es la conocida como “causa madre de barrio Ituzaingó”. La investigación comenzó hace nueve años y hace más de dos que se encuentra en la Cámara Séptima del Crimen a la espera del debate, cuyo inicio fue anunciado y postergado en varias oportunidades.
Se espera que el juicio se concrete luego de la feria judicial. En el debate se buscará establecer si la aplicación de agrotóxicos causó la muerte de 272 personas. Son seis los imputados bajo la acusación de contaminación dolosa ambiental continuada. Ellos son: el productor agropecuario Francisco Parra, el aeroaplicador Edgardo Pancello, los hermanos empresarios Javier y Fernando Amuchástegui (directivos de la firma Tecnocampo), la ingeniera agrónoma, que trabaja en dicha firma, Alejandra Mendizábal Pizarro y Gustavo Alejandro Amaya, también aviador.
En el caso de que Parra y Pancello resulten culpables deberán cumplir una pena efectiva, habida cuenta de que ya recibieron una condena por la Cámara 1 ª del Crimen: 3 años de prisión condicional por las fumigaciones en ese barrio.
Pero las causas por contaminación ambiental no se reducen a barrio Ituzaingó. En 2009, la contaminación de frutas y verduras en el Mercado de Abasto llevó al fiscal Carlos Matheu a imputar al propio intendente Daniel Giacomino, quien fue acusado por el delito de abuso de autoridad y distribución culposa de mercadería peligrosa para la salud.
También fue acusado el por entonces director de Ferias y Mercados del municipio, Nicolás García, a quien se lo acusó de omisión de deberes de funcionario público y venta o distribución culposa de mercadería peligrosa para la salud. En la misma resolución, Matheu imputó a los quinteros Roberto Maestre y Daniel García. Completan la lista de imputados Jorge Gerhauser, de la Coordinación General de la Regional Córdoba del Servicio Nacional de Sanidad Agralimentaria (Senasa) y otra autoridad de éste. Sobre ambos pesa la imputación de omisión de los deberes de funcionario público. La causa fue elevada a juicio en 2009 pero el debate oral no tiene fecha cierta.
Otros casos
En 2015, la Justicia abrió por primera vez en Argentina y América una causa para determinar la existencia de contaminación atmosférica en un sector del microcentro de la ciudad de Córdoba, por las emisiones de residuos tóxicos de vehículos diésel.
El resultado fue la imputación de 14 conductores a quienes se acusó de contaminación dolosa. La causa también fue elevada a juicio y lleva varios años a la espera del debate oral.
En el mismo año, 53 empleados de la planta cloacal municipal Bajo Grande fueron imputados por paralizar las actividades y causar la contaminación del río Suquía. El expediente se encuentra a la espera de una resolución de un juzgado de Control.
Otra causa de gran repercusión pública fue la denominada “Buspack”. En 2016, el entonces fiscal Matheu imputó a 41 empleados que trabajaban para dicha empresa de barrio Empalme, por presuntamente contaminar el ambiente al arrojar desechos, entre ellos, hidrocarburos.
Entre los acusados figuran tres directivos de la firma, encargada de la limpieza y mantenimiento de las unidades de transporte de media y larga distancias de Córdoba.
En esta causa, Matheu – quien ahora preside una fundación dedicada a combatir estos delitos- pidió constituirse como querellante, planteo que fue rechazado en una primera instancia y apelado por el ex funcionario.
El caso de la imputación de los dueños de una curtiembre por la supuesta contaminación con una sustancia cancerígena en la zona de Camino a Chacra de la Merced es otra de las investigaciones que siguen pendientes de resolución en tribunales.
Contaminación en hospitales
La última investigación que instruyó Matheu antes de dejar su cargo fue la denuncia por contaminación de sábanas en los hospitales públicos de Córdoba.
Allí, el por entonces fiscal resolvió imputar a cuatro personas, entre ellas el director de Compras del Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Córdoba, José María Cittadini. También acusó a los dueños del lavadero Magic Clean SRL, Jorge Salavagione y su hermano, Marcelo, ambos acusados por el delito de contaminación ambiental dolosa reiterada en calidad de coautores; Carlos Pérez, directivo de la mencionada firma; y el mencionado director de compras del Ministerio de Salud, por los delitos de omisión de los deberes de funcionario público y contaminación ambiental en calidad de partícipe necesario.
A raíz de la partida del fiscal, la causa quedó paralizada.
- Primera condena. En septiembre de 2017, la Corte Suprema confirmó la condena a los aeroaplicadores por las fumigaciones en barrio Ituzaingó. El caso tuvo repercusión nacional.
- Investigaciones. El por entonces fiscal Carlos Matheu inició de oficio numerosas investigaciones por delitos ambientales y elevó varias causas a juicio.
- Designación fallida. En junio de 2016, el fiscal General Alejandro Moyano anunció la creación de una fiscalía especializada en delitos ambientales. Designó a Matheu pero luego el nombramiento no se concretó.
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Fecha de Publicación: 17/01/2018
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Córdoba
Muchas investigaciones llevan 10 años en los tribunales sin que se concrete el juicio oral. La “causa madre de barrio Ituzaingó” es una de las más antiguas y desde hace dos años se encuentra en la Cámara 7ª. El debate fue postergado en varias oportunidades y se espera que se realice este año. Una fiscalía especializada en esta materia sigue siendo materia pendiente
Las causas ambientales en Córdoba no forman parte de la agenda de persecusión penal del Ministerio Público. Así lo refleja el resultado de las investigaciones que circulan en tribunales a la espera de un juicio oral. La mayoría de ellas fue impulsada -en muchos casos de oficio- por el fiscal de Instrucción Carlos Matheu.
La más emblemática es la conocida como “causa madre de barrio Ituzaingó”. La investigación comenzó hace nueve años y hace más de dos que se encuentra en la Cámara Séptima del Crimen a la espera del debate, cuyo inicio fue anunciado y postergado en varias oportunidades.
Se espera que el juicio se concrete luego de la feria judicial. En el debate se buscará establecer si la aplicación de agrotóxicos causó la muerte de 272 personas. Son seis los imputados bajo la acusación de contaminación dolosa ambiental continuada. Ellos son: el productor agropecuario Francisco Parra, el aeroaplicador Edgardo Pancello, los hermanos empresarios Javier y Fernando Amuchástegui (directivos de la firma Tecnocampo), la ingeniera agrónoma, que trabaja en dicha firma, Alejandra Mendizábal Pizarro y Gustavo Alejandro Amaya, también aviador.
En el caso de que Parra y Pancello resulten culpables deberán cumplir una pena efectiva, habida cuenta de que ya recibieron una condena por la Cámara 1 ª del Crimen: 3 años de prisión condicional por las fumigaciones en ese barrio.
Pero las causas por contaminación ambiental no se reducen a barrio Ituzaingó. En 2009, la contaminación de frutas y verduras en el Mercado de Abasto llevó al fiscal Carlos Matheu a imputar al propio intendente Daniel Giacomino, quien fue acusado por el delito de abuso de autoridad y distribución culposa de mercadería peligrosa para la salud.
También fue acusado el por entonces director de Ferias y Mercados del municipio, Nicolás García, a quien se lo acusó de omisión de deberes de funcionario público y venta o distribución culposa de mercadería peligrosa para la salud. En la misma resolución, Matheu imputó a los quinteros Roberto Maestre y Daniel García. Completan la lista de imputados Jorge Gerhauser, de la Coordinación General de la Regional Córdoba del Servicio Nacional de Sanidad Agralimentaria (Senasa) y otra autoridad de éste. Sobre ambos pesa la imputación de omisión de los deberes de funcionario público. La causa fue elevada a juicio en 2009 pero el debate oral no tiene fecha cierta.
Otros casos
En 2015, la Justicia abrió por primera vez en Argentina y América una causa para determinar la existencia de contaminación atmosférica en un sector del microcentro de la ciudad de Córdoba, por las emisiones de residuos tóxicos de vehículos diésel.
El resultado fue la imputación de 14 conductores a quienes se acusó de contaminación dolosa. La causa también fue elevada a juicio y lleva varios años a la espera del debate oral.
En el mismo año, 53 empleados de la planta cloacal municipal Bajo Grande fueron imputados por paralizar las actividades y causar la contaminación del río Suquía. El expediente se encuentra a la espera de una resolución de un juzgado de Control.
Otra causa de gran repercusión pública fue la denominada “Buspack”. En 2016, el entonces fiscal Matheu imputó a 41 empleados que trabajaban para dicha empresa de barrio Empalme, por presuntamente contaminar el ambiente al arrojar desechos, entre ellos, hidrocarburos.
Entre los acusados figuran tres directivos de la firma, encargada de la limpieza y mantenimiento de las unidades de transporte de media y larga distancias de Córdoba.
En esta causa, Matheu – quien ahora preside una fundación dedicada a combatir estos delitos- pidió constituirse como querellante, planteo que fue rechazado en una primera instancia y apelado por el ex funcionario.
El caso de la imputación de los dueños de una curtiembre por la supuesta contaminación con una sustancia cancerígena en la zona de Camino a Chacra de la Merced es otra de las investigaciones que siguen pendientes de resolución en tribunales.
Contaminación en hospitales
La última investigación que instruyó Matheu antes de dejar su cargo fue la denuncia por contaminación de sábanas en los hospitales públicos de Córdoba.
Allí, el por entonces fiscal resolvió imputar a cuatro personas, entre ellas el director de Compras del Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Córdoba, José María Cittadini. También acusó a los dueños del lavadero Magic Clean SRL, Jorge Salavagione y su hermano, Marcelo, ambos acusados por el delito de contaminación ambiental dolosa reiterada en calidad de coautores; Carlos Pérez, directivo de la mencionada firma; y el mencionado director de compras del Ministerio de Salud, por los delitos de omisión de los deberes de funcionario público y contaminación ambiental en calidad de partícipe necesario.
A raíz de la partida del fiscal, la causa quedó paralizada.
- Primera condena. En septiembre de 2017, la Corte Suprema confirmó la condena a los aeroaplicadores por las fumigaciones en barrio Ituzaingó. El caso tuvo repercusión nacional.
- Investigaciones. El por entonces fiscal Carlos Matheu inició de oficio numerosas investigaciones por delitos ambientales y elevó varias causas a juicio.
- Designación fallida. En junio de 2016, el fiscal General Alejandro Moyano anunció la creación de una fiscalía especializada en delitos ambientales. Designó a Matheu pero luego el nombramiento no se concretó.
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Salta: el río Arenales sin nadie que lo cuide
El Estado hace vista gorda a la contaminación del río Arenales
Fecha de Publicación: 17/01/2018
Fuente: El Tribuno (Salta)
Provincia/Región: Salta
La Justicia no se interesa en identificar las fuentes de los volcamientos para frenarlos.Organismos se pasan la pelota mientras la salud está en vilo en barrios ribereños.
La contaminación del río Arenales y del dique Cabra Corral ocupó a fiscales y jueces, tanto federales como provinciales, desde tempranas épocas de la presa inaugurada en 1973. A lo largo de cuatro décadas, trabajos científicos dieron cuenta de la progresiva degradación de los cursos de la alta cuenca del Juramento y los daños causados en el ambiente, la vida acuática y la salud pública por descargas cloacales crudas, volcamientos industriales nocivos y agrotóxicos desechados sin control.
Otras investigaciones pusieron el acento en los lixiviados desprendidos de los vertederos de la ciudad de Salta y en los descomunales volúmenes de residuos arrastrados hacia el gran espejo de agua por los ríos Rosario, Chicoana y Pulares.
Por años, municipios del Valle de Lerma usaron a esos y otros cauces como basurales a cielo abierto. Ningún tribunal respondió a las denuncias y las evidencias fueron borradas, año tras año, por las quemas y crecidas.
La contaminación bacteriológica y con metales pesados está sobradamente probada en el río Arenales, tanto por estudios que encararon investigadores de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), como por análisis que ordenó la Justicia ante denuncias más recientes.
Sin embargo, nadie se interesa en identificar las fuentes de contaminación y parar los volcamientos ilegales.
Metales pesados
Informes que giró el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) al juez Marcelo Domínguez dieron cuenta de niveles de metales pesados que superan hasta en decenas de veces los límites permitidos. Los criterios con que se eligieron los puntos del muestreo, lamentablemente, impedirán que las fuentes contaminantes puedan ser identificadas como se debe.
Las conclusiones del Departamento Técnico Científico del CIF fueron presentadas en septiembre de 2017 como una revelación novedosa, desprendida del amparo que promovieron concejales del Partido Obrero, un mes antes, por presuntas deficiencias y negligencias en la operación del relleno sanitario.
Los datos que informó el fiscal penal Federico Jovanovics no fueron distintos a los que había difundido el Ministerio Público, un año antes, en relación con otra causa que tiene como actores a vecinos de Ceferino y barrios aledaños desde 2011.
También en ese expediente, la mira del sistema judicial quedó enfocada casi exclusivamente en las responsabilidades que son de competencia municipal, porque Aguas del Norte quedó redimida de sus descargas cloacales crudas con una modesta inversión focalizada en la zona de Ceferino.
Así, con la contaminación bacteriológica soslayada y el foco puesto solo en el relleno sanitario, aquel informe del CIF dio pie a una investigación penal que quedó a cargo del fiscal Horacio Córdoba Mazuranic.
En septiembre último, sobre idénticas bases, el fiscal Jovanovics encaró otra investigación penal en la que la contaminación del río Arenales se determinó, según su propia aclaración, "con dos muestras tomadas aguas arriba y aguas abajo del vertedero".
Los organismos provinciales denunciados usaron el mismo criterio para tirar las responsabilidades al municipio, que el pasado 16 de noviembre presentó al juez Domínguez un extenso descargo.
El descargo municipal
El escrito no desconoce la severa contaminación del Arenales, que a estas alturas se ve hasta desde el espacio, como mostró El Tribuno en un informe publicado el 26 de noviembre último. Sí objeta la inexistencia de conclusiones científicas determinantes sobre las filtraciones de lixiviados y otras irregularidades denunciadas en el relleno que recibe diariamente cerca de 850 toneladas de residuos recolectados en Salta, Vaqueros, La Caldera, San Lorenzo, Campo Quijano, Cerrillos y La Merced.
El descargó municipal también se apoyó en la falta de una investigación exhaustiva que confirme o descarte la vinculación del vertedero con las afecciones respiratorias, gastrointestinales y dérmicas denunciadas en barrios cercanos.
Las conclusiones de los análisis realizados por el CIF también fueron presentadas ante el juez como paradójica certificación de que existen, aguas arriba del vertedero, fuentes contaminantes que esperan ser identificadas.
Una de ellas es la planta depuradora de líquidos cloacales que colinda con el relleno sanitario. Solo tiene capacidad para tratar los efluentes de 290.000 personas, pero la capital tiene más del doble de habitantes.
Desde su caño de descargas hacia el dique Cabra Corral se observa un abrupto cambio de tonalidad en las aguas del Arenales. La turbiedad concuerda con elevados indicadores de contaminación que midió el laboratorio Bioagronort, en agosto de 2017, en las cercanías de las instalaciones de Aguas del Norte. “La contaminación que arrastra el río Arenales aguas arriba del relleno sanitario es muy elevada, con altos valores de materia orgánica (DQO y DBO) y un gran aporte de bacterias del tipo coliformes fecales, que permiten inferir que pueden provenir de cloacales mal tratados. Al ser el aporte tan elevado, podemos tener un indicio de que, por la carga y el volumen, pueden ser de un tratamiento de líquidos cloacales que no cumple con los parámetros de vuelco a río”, concluyó el laboratorio en el informe que elevó al Municipio.
Las muestras tomadas por el CIF en el mismo sector del río también reflejaron la contaminación, pero los técnicos y fiscales del Ministerio Público no parecen haberse interesado en los altísimos niveles bacteriológicos que complican a la empresa provincial Aguas del Norte.
De esa forma, lejos identificar las diferentes fuentes de contaminación, para frenar los volcamientos irregulares y determinar fehacientemente las responsabilidades, distintos poderes Estado condenan a barrios enteros, a cientos de familias, a miles de niños y niñas, a seguir conviviendo con un ambiente cada vez más insano.
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Fecha de Publicación: 17/01/2018
Fuente: El Tribuno (Salta)
Provincia/Región: Salta
La Justicia no se interesa en identificar las fuentes de los volcamientos para frenarlos.Organismos se pasan la pelota mientras la salud está en vilo en barrios ribereños.
La contaminación del río Arenales y del dique Cabra Corral ocupó a fiscales y jueces, tanto federales como provinciales, desde tempranas épocas de la presa inaugurada en 1973. A lo largo de cuatro décadas, trabajos científicos dieron cuenta de la progresiva degradación de los cursos de la alta cuenca del Juramento y los daños causados en el ambiente, la vida acuática y la salud pública por descargas cloacales crudas, volcamientos industriales nocivos y agrotóxicos desechados sin control.
Otras investigaciones pusieron el acento en los lixiviados desprendidos de los vertederos de la ciudad de Salta y en los descomunales volúmenes de residuos arrastrados hacia el gran espejo de agua por los ríos Rosario, Chicoana y Pulares.
Por años, municipios del Valle de Lerma usaron a esos y otros cauces como basurales a cielo abierto. Ningún tribunal respondió a las denuncias y las evidencias fueron borradas, año tras año, por las quemas y crecidas.
La contaminación bacteriológica y con metales pesados está sobradamente probada en el río Arenales, tanto por estudios que encararon investigadores de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), como por análisis que ordenó la Justicia ante denuncias más recientes.
Sin embargo, nadie se interesa en identificar las fuentes de contaminación y parar los volcamientos ilegales.
Metales pesados
Informes que giró el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) al juez Marcelo Domínguez dieron cuenta de niveles de metales pesados que superan hasta en decenas de veces los límites permitidos. Los criterios con que se eligieron los puntos del muestreo, lamentablemente, impedirán que las fuentes contaminantes puedan ser identificadas como se debe.
Las conclusiones del Departamento Técnico Científico del CIF fueron presentadas en septiembre de 2017 como una revelación novedosa, desprendida del amparo que promovieron concejales del Partido Obrero, un mes antes, por presuntas deficiencias y negligencias en la operación del relleno sanitario.
Los datos que informó el fiscal penal Federico Jovanovics no fueron distintos a los que había difundido el Ministerio Público, un año antes, en relación con otra causa que tiene como actores a vecinos de Ceferino y barrios aledaños desde 2011.
También en ese expediente, la mira del sistema judicial quedó enfocada casi exclusivamente en las responsabilidades que son de competencia municipal, porque Aguas del Norte quedó redimida de sus descargas cloacales crudas con una modesta inversión focalizada en la zona de Ceferino.
Así, con la contaminación bacteriológica soslayada y el foco puesto solo en el relleno sanitario, aquel informe del CIF dio pie a una investigación penal que quedó a cargo del fiscal Horacio Córdoba Mazuranic.
En septiembre último, sobre idénticas bases, el fiscal Jovanovics encaró otra investigación penal en la que la contaminación del río Arenales se determinó, según su propia aclaración, "con dos muestras tomadas aguas arriba y aguas abajo del vertedero".
Los organismos provinciales denunciados usaron el mismo criterio para tirar las responsabilidades al municipio, que el pasado 16 de noviembre presentó al juez Domínguez un extenso descargo.
El descargo municipal
El escrito no desconoce la severa contaminación del Arenales, que a estas alturas se ve hasta desde el espacio, como mostró El Tribuno en un informe publicado el 26 de noviembre último. Sí objeta la inexistencia de conclusiones científicas determinantes sobre las filtraciones de lixiviados y otras irregularidades denunciadas en el relleno que recibe diariamente cerca de 850 toneladas de residuos recolectados en Salta, Vaqueros, La Caldera, San Lorenzo, Campo Quijano, Cerrillos y La Merced.
El descargó municipal también se apoyó en la falta de una investigación exhaustiva que confirme o descarte la vinculación del vertedero con las afecciones respiratorias, gastrointestinales y dérmicas denunciadas en barrios cercanos.
Las conclusiones de los análisis realizados por el CIF también fueron presentadas ante el juez como paradójica certificación de que existen, aguas arriba del vertedero, fuentes contaminantes que esperan ser identificadas.
Una de ellas es la planta depuradora de líquidos cloacales que colinda con el relleno sanitario. Solo tiene capacidad para tratar los efluentes de 290.000 personas, pero la capital tiene más del doble de habitantes.
Desde su caño de descargas hacia el dique Cabra Corral se observa un abrupto cambio de tonalidad en las aguas del Arenales. La turbiedad concuerda con elevados indicadores de contaminación que midió el laboratorio Bioagronort, en agosto de 2017, en las cercanías de las instalaciones de Aguas del Norte. “La contaminación que arrastra el río Arenales aguas arriba del relleno sanitario es muy elevada, con altos valores de materia orgánica (DQO y DBO) y un gran aporte de bacterias del tipo coliformes fecales, que permiten inferir que pueden provenir de cloacales mal tratados. Al ser el aporte tan elevado, podemos tener un indicio de que, por la carga y el volumen, pueden ser de un tratamiento de líquidos cloacales que no cumple con los parámetros de vuelco a río”, concluyó el laboratorio en el informe que elevó al Municipio.
Las muestras tomadas por el CIF en el mismo sector del río también reflejaron la contaminación, pero los técnicos y fiscales del Ministerio Público no parecen haberse interesado en los altísimos niveles bacteriológicos que complican a la empresa provincial Aguas del Norte.
De esa forma, lejos identificar las diferentes fuentes de contaminación, para frenar los volcamientos irregulares y determinar fehacientemente las responsabilidades, distintos poderes Estado condenan a barrios enteros, a cientos de familias, a miles de niños y niñas, a seguir conviviendo con un ambiente cada vez más insano.
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Iniciarán limpieza subacuática del río Limay
Harán una limpieza subacuática del río Limay
Fecha de Publicación: 17/01/2018
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
El domingo se realizará una limpieza subacuática en el río Limay. La actividad comenzará en el balneario neuquino “Sandra Canale” y seguirá por 2 kilómetros y medio más.
“No hablamos de la parte terrestre del balneario sino de la limpieza subacuática con buzos profesionales que van a sanear la zona indicada. Arrancamos desde la Gatica al fondo. Ya hemos hecho estas experiencias en otras oportunidades”, explicó la subsecretaria de Medio Ambiente, Silvia Gutiérrez.
Por otro lado agrego “vamos a sacar todos los residuos que hayan sido arrojados por la gente, ya que siempre hay cosas que son ajenas al río, y las tratamos de juntar para que no lastimen a nadie a través del rastreo que van a hacer los buzos especializados”, dijo la subsecretaria Gutiérrez.
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Fecha de Publicación: 17/01/2018
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
El domingo se realizará una limpieza subacuática en el río Limay. La actividad comenzará en el balneario neuquino “Sandra Canale” y seguirá por 2 kilómetros y medio más.
“No hablamos de la parte terrestre del balneario sino de la limpieza subacuática con buzos profesionales que van a sanear la zona indicada. Arrancamos desde la Gatica al fondo. Ya hemos hecho estas experiencias en otras oportunidades”, explicó la subsecretaria de Medio Ambiente, Silvia Gutiérrez.
Por otro lado agrego “vamos a sacar todos los residuos que hayan sido arrojados por la gente, ya que siempre hay cosas que son ajenas al río, y las tratamos de juntar para que no lastimen a nadie a través del rastreo que van a hacer los buzos especializados”, dijo la subsecretaria Gutiérrez.
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Con agroquímicos asesinaron a Don Diógenes
La triste historia de Don Diógenes, el abuelo que murió tras ser rociado con agroquímicos en el patio de su casa
Fecha de Publicación: 16/01/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Santa Fe
No pararon de fumigar. Aunque a Don Diógenes lo habían "bañado" en agroquímicos dos veces en noviembre, como lo describió su esposa luego de su funeral, poco y nada cambió durante el mes de diciembre. El abuelo, de 75 años, estuvo internado en terapia intensiva hasta que el lunes murió. Se sumó así a esa lista de víctimas que en silencio no para de engrosarse, mientras en Argentina -quita de retenciones mediante- volvió a crecer en 2017 el uso de agroquímicos.
Diógenes Omar Chapelet tenía ocho hijos. Vivía en un pequeño caserío a tres kilómetros y medio de la comuna de Marcelino Escalada, un pueblo del departamento santafesino de San Justo, que según el último censo tiene dos mil habitantes. Alrededor de su casa hay dos campos. Uno de ellos pertenece al presidente comunal, José Faletto. Esos terrenos habrían estado fumigando el "mosquito" que en los primeros días de noviembre pasó a 25 metros de su casa. Diógenes estaba en el patio. Quedó empapado de veneno y se le cerró el pecho. A partir de allí, los síntomas no pararon de empeorar.
El abuelo Diógenes no se recuperó de su primer baño de agroquímicos cuando, una semana después, el viento volvió a regar su patio de veneno. Esta vez fue fatal. Poco después fue internado en terapia intensiva. Los vecinos atestiguan que las fumigaciones en el campo de Faletto continuaron.
"Empezó haciendo broncoespasmos, que es un signo de inflamación de las vías respiratorias por un agente irritativo, como los agrotóxicos. A partir de allí, ese cuadro inicial se fue agravando. Después hizo una petequia, que son esas manchas rojas que se ven en las fotos; son vasos capilares que se rompen porque están debilitados. Al final hizo una púrpura, ya que empezó a tener una falla a nivel globular. Y terminó con una falla multisistémica", explicó a Infobae el médico y profesor Damián Verzeñassi. La secuencia fue confirmada por un médico del hospital de San Justo en el que Diógenes pasó sus últimos días.
En el medio hubo una denuncia policial. Quizás por eso el 13 de diciembre Falleto se hizo presente en la casa de Diógenes junto al técnico fitosanitarista Horacio Pennino. El episodio lo contó en la revista Crisis el periodista Ricardo Serruya, uno de los primeros que se interesó en el caso. Lo relató así: "Más que un técnico que iba a supervisar, Pennino, que es ingeniero agrónomo y forma parte del Ministerio de Producción de la provincia, se pareció a un representante de los dueños de los campos linderos. Él, cuya función es tomar este tipo de denuncias, no pudo responder las preguntas que familiares le hicieron y se retiró ofuscado con los hijos y la esposa de Diógenes porque se negaron a firmar un acuerdo para que se siga fumigando". Lo que siguió fueron amenazas a la familia Chapelet. Es el abecé del que se queja en los pueblos fumigados.
Indignados, dos hijos de Diógenes que trabajan como ladrilleros en Marcelino Escalada buscaron apoyo en la Fundación Muyuqui, de San Justo, que se opone al uso de agroquímicos y promueve la agroecología. Mientras seguían las fumigaciones en los alrededores de la casa de los Chapelet, la ONG organizó una charla el 29 de diciembre en la que disertó Daniel Verzeñassi, el padre de Damián. "Hubo algo de tensión, porque fueron ingenieros agrónomos y el propio Faletto, y estaban a la defensiva. Pero también hubo cierto acuerdo en que esto no puede seguir así. Creo que muchos de esos ingenieros empezaron a tomar algo de conciencia a medida que escuchaban los argumentos", recordó el ambientalista Patricio Acuña, ante la consulta de este medio.
Faletto, al parecer, se comprometió a impulsar una ordenanza para alejar las fumigaciones de las casas. En el pueblo dicen que tiene miedo. Tiene motivos: el fiscal Guillermo Persello, de San Justo, ya investiga el caso. Y hay un grupo de abogados esperando la decisión de la familia para impulsar la causa y aportar pruebas.
Esta semana se conoció el caso de un niño que murió en Alvear, también en Santa Fe, luego de comer -supuestamente- una galletita envenenada. El parte oficial no tardó en informar que ingirió un raticida y que en la casa de la víctima había un bidón con la inscripción Furfarm. En Google casi no hay rastros de ese nombre, aunque una búsqueda más exhaustiva sirvió para arrojar algo de luz: es un agroquímico hecho a base de carbofurano, uno de los pesticidas más tóxicos y que se conoce por la marca comercial Furadán. En septiembre del año pasado, una nena de 12 años comió una mandarina que encontró camino a su clase de catequesis y murió. Fue en Mburucuyá, Corrientes. La fruta tenía Furadán. La pequeña se llamaba Rocío. La intoxicación fue tan fuerte, que falleció poco después, camino al hospital.
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Fecha de Publicación: 16/01/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Santa Fe
No pararon de fumigar. Aunque a Don Diógenes lo habían "bañado" en agroquímicos dos veces en noviembre, como lo describió su esposa luego de su funeral, poco y nada cambió durante el mes de diciembre. El abuelo, de 75 años, estuvo internado en terapia intensiva hasta que el lunes murió. Se sumó así a esa lista de víctimas que en silencio no para de engrosarse, mientras en Argentina -quita de retenciones mediante- volvió a crecer en 2017 el uso de agroquímicos.
Diógenes Omar Chapelet tenía ocho hijos. Vivía en un pequeño caserío a tres kilómetros y medio de la comuna de Marcelino Escalada, un pueblo del departamento santafesino de San Justo, que según el último censo tiene dos mil habitantes. Alrededor de su casa hay dos campos. Uno de ellos pertenece al presidente comunal, José Faletto. Esos terrenos habrían estado fumigando el "mosquito" que en los primeros días de noviembre pasó a 25 metros de su casa. Diógenes estaba en el patio. Quedó empapado de veneno y se le cerró el pecho. A partir de allí, los síntomas no pararon de empeorar.
El abuelo Diógenes no se recuperó de su primer baño de agroquímicos cuando, una semana después, el viento volvió a regar su patio de veneno. Esta vez fue fatal. Poco después fue internado en terapia intensiva. Los vecinos atestiguan que las fumigaciones en el campo de Faletto continuaron.
"Empezó haciendo broncoespasmos, que es un signo de inflamación de las vías respiratorias por un agente irritativo, como los agrotóxicos. A partir de allí, ese cuadro inicial se fue agravando. Después hizo una petequia, que son esas manchas rojas que se ven en las fotos; son vasos capilares que se rompen porque están debilitados. Al final hizo una púrpura, ya que empezó a tener una falla a nivel globular. Y terminó con una falla multisistémica", explicó a Infobae el médico y profesor Damián Verzeñassi. La secuencia fue confirmada por un médico del hospital de San Justo en el que Diógenes pasó sus últimos días.
En el medio hubo una denuncia policial. Quizás por eso el 13 de diciembre Falleto se hizo presente en la casa de Diógenes junto al técnico fitosanitarista Horacio Pennino. El episodio lo contó en la revista Crisis el periodista Ricardo Serruya, uno de los primeros que se interesó en el caso. Lo relató así: "Más que un técnico que iba a supervisar, Pennino, que es ingeniero agrónomo y forma parte del Ministerio de Producción de la provincia, se pareció a un representante de los dueños de los campos linderos. Él, cuya función es tomar este tipo de denuncias, no pudo responder las preguntas que familiares le hicieron y se retiró ofuscado con los hijos y la esposa de Diógenes porque se negaron a firmar un acuerdo para que se siga fumigando". Lo que siguió fueron amenazas a la familia Chapelet. Es el abecé del que se queja en los pueblos fumigados.
Indignados, dos hijos de Diógenes que trabajan como ladrilleros en Marcelino Escalada buscaron apoyo en la Fundación Muyuqui, de San Justo, que se opone al uso de agroquímicos y promueve la agroecología. Mientras seguían las fumigaciones en los alrededores de la casa de los Chapelet, la ONG organizó una charla el 29 de diciembre en la que disertó Daniel Verzeñassi, el padre de Damián. "Hubo algo de tensión, porque fueron ingenieros agrónomos y el propio Faletto, y estaban a la defensiva. Pero también hubo cierto acuerdo en que esto no puede seguir así. Creo que muchos de esos ingenieros empezaron a tomar algo de conciencia a medida que escuchaban los argumentos", recordó el ambientalista Patricio Acuña, ante la consulta de este medio.
Faletto, al parecer, se comprometió a impulsar una ordenanza para alejar las fumigaciones de las casas. En el pueblo dicen que tiene miedo. Tiene motivos: el fiscal Guillermo Persello, de San Justo, ya investiga el caso. Y hay un grupo de abogados esperando la decisión de la familia para impulsar la causa y aportar pruebas.
Esta semana se conoció el caso de un niño que murió en Alvear, también en Santa Fe, luego de comer -supuestamente- una galletita envenenada. El parte oficial no tardó en informar que ingirió un raticida y que en la casa de la víctima había un bidón con la inscripción Furfarm. En Google casi no hay rastros de ese nombre, aunque una búsqueda más exhaustiva sirvió para arrojar algo de luz: es un agroquímico hecho a base de carbofurano, uno de los pesticidas más tóxicos y que se conoce por la marca comercial Furadán. En septiembre del año pasado, una nena de 12 años comió una mandarina que encontró camino a su clase de catequesis y murió. Fue en Mburucuyá, Corrientes. La fruta tenía Furadán. La pequeña se llamaba Rocío. La intoxicación fue tan fuerte, que falleció poco después, camino al hospital.
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La Pampa: la CIAI se reunió por el caudal del Atuel
Verna se reunió con los representantes pampeanos en la CIAI
Fecha de Publicación: 16/01/2018
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza
El encuentro de los representantes pampeanos en la CIAI con el gobernador Carlos Verna se realizo este viernes al mediodía. Plantearán un caudal mínimo del Atuel de 4,5 metros cúbicos por segundo y 2 gramos de salinidad por litro.
Los pampeanos que integran la CIAI (Comisión Interprovincial del Atuel Inferior) mantuvieron este viernes una reunión con el gobernador de la Provincia, Carlos Verna, con motivo de acordar la presentación que se realizará el próximo martes ante ese organismo.
Luego del encuentro, el secretario de Recursos Hídricos, Javier Schlegel, comentó “trabajamos en la propuesta que se hará el martes en la reunión de la CIAI. Seguimos con la misma línea de trabajo, que se basa en proponer un caudal mínimo de 4,5 m3/seg con una determinada calidad y que sea un hidrograma, es decir, variable en el tiempo con valores superiores a ese caudal”.
En ese sentido, reiteró que La Pampa ha mostrado sus cartas siempre bien claras, “y esperamos en esta instancia que Mendoza llegue con el ánimo de acordar, al menos La Pampa lo ha mostrado así”.
La Comisión Interprovincial está conformada por La Pampa, Mendoza y Nación, y quien revisa es la Corte Suprema de Justicia. “Con esta reunión de trabajo -del próximo martes- tendremos que llegar al 14 de febrero (fecha establecida para acordar el caudal hídrico) con la presentación del caudal, ya sea en acuerdo o en desacuerdo, pero en última instancia, quien decide es la Corte”, expresó.
Schlegel había adelantado a El Diario que “La Pampa va a proponer un hidrograma, esto es una variación del caudal en el tiempo... Es decir, un mínimo, un medio y un máximo, es un caudal promedio partiendo como base de los 4,5 metros cúbicos por segundo, con 2 gramos de salinidad por litro”.
E insistió con que “a mediados de febrero tiene que estar fijado el caudal hídrico para recomponer el medio ambiente. Lo que estamos haciendo es trabajar para recuperar ese caudal, no el de reuso que estamos teniendo ahora. La importancia de esto es que, una vez que esté definido ese caudal, no se va a poder alterar”.
En el encuentro de este viernes, además de Verna y Schlegel, estuvieron un representante de la Fiscalía de Estado, José Vanini, Néstor Lastiri y Juanita de Ugalde, por la Asamblea de los Ríos, Jorge Tullio por la FuChad, los ministros Julio Bergero y Fernanda Alonso, el diputado provincial Jorge Lezcano; Fabián Titarelli por Ecología y Pablo Dornes en representación de la Universidad Nacional de La Pampa.
"La última medición que hicimos ahí, cerca de Algarrobo del Águila, fue este martes y dio un metro cúbico por segundo de ingreso. Bajó de manera impresionante en menos de un mes... Recordemos que poco antes de fin del año pasado estaba en 4,5 metros cúbicos por segundo y hoy apenas tenemos un metro", indicó.
Cabe recordar que la cumbre de la CIAI fue forzada por el fallo de la Corte Suprema que ordenó que vuelva a correr el Atuel en territorio pampeano con agua apta para el desarrollo humano y el ecosistema.
Ordenó a las provincias relanzar la CIAI (Comisión Interprovincial del Atuel Inferior), fijar un caudal ambiental y coordinar con la Nación las obras que aseguren un caudal. Y la definición más importante que desata las anteriores: se trata de una cuestión ambiental sostenida por la reforma constitucional de 1994 y nueva jurisprudencia a nivel ambiental.
El fallo de la Corte tuvo un inmediato acatamiento institucional por parte de La Pampa y Mendoza. Hubo ya una reunión entre los gobernadores Carlos Verna y Alfredo Cornejo, y reuniones de la CIAI y del grupo técnico. Se midió el caudal en territorio pampeano en Puesto Ugalde y en territorio mendocino. Hay una controversia central: La Pampa pide que el caudal de 4,5 metros cúbicos se entregue en forma inmediata, mientras Mendoza considera que para llegar a esa cifra son necesarias las obras ordenadas por la Corte Suprema.
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Fecha de Publicación: 16/01/2018
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza
El encuentro de los representantes pampeanos en la CIAI con el gobernador Carlos Verna se realizo este viernes al mediodía. Plantearán un caudal mínimo del Atuel de 4,5 metros cúbicos por segundo y 2 gramos de salinidad por litro.
Los pampeanos que integran la CIAI (Comisión Interprovincial del Atuel Inferior) mantuvieron este viernes una reunión con el gobernador de la Provincia, Carlos Verna, con motivo de acordar la presentación que se realizará el próximo martes ante ese organismo.
Luego del encuentro, el secretario de Recursos Hídricos, Javier Schlegel, comentó “trabajamos en la propuesta que se hará el martes en la reunión de la CIAI. Seguimos con la misma línea de trabajo, que se basa en proponer un caudal mínimo de 4,5 m3/seg con una determinada calidad y que sea un hidrograma, es decir, variable en el tiempo con valores superiores a ese caudal”.
En ese sentido, reiteró que La Pampa ha mostrado sus cartas siempre bien claras, “y esperamos en esta instancia que Mendoza llegue con el ánimo de acordar, al menos La Pampa lo ha mostrado así”.
La Comisión Interprovincial está conformada por La Pampa, Mendoza y Nación, y quien revisa es la Corte Suprema de Justicia. “Con esta reunión de trabajo -del próximo martes- tendremos que llegar al 14 de febrero (fecha establecida para acordar el caudal hídrico) con la presentación del caudal, ya sea en acuerdo o en desacuerdo, pero en última instancia, quien decide es la Corte”, expresó.
Schlegel había adelantado a El Diario que “La Pampa va a proponer un hidrograma, esto es una variación del caudal en el tiempo... Es decir, un mínimo, un medio y un máximo, es un caudal promedio partiendo como base de los 4,5 metros cúbicos por segundo, con 2 gramos de salinidad por litro”.
E insistió con que “a mediados de febrero tiene que estar fijado el caudal hídrico para recomponer el medio ambiente. Lo que estamos haciendo es trabajar para recuperar ese caudal, no el de reuso que estamos teniendo ahora. La importancia de esto es que, una vez que esté definido ese caudal, no se va a poder alterar”.
En el encuentro de este viernes, además de Verna y Schlegel, estuvieron un representante de la Fiscalía de Estado, José Vanini, Néstor Lastiri y Juanita de Ugalde, por la Asamblea de los Ríos, Jorge Tullio por la FuChad, los ministros Julio Bergero y Fernanda Alonso, el diputado provincial Jorge Lezcano; Fabián Titarelli por Ecología y Pablo Dornes en representación de la Universidad Nacional de La Pampa.
"La última medición que hicimos ahí, cerca de Algarrobo del Águila, fue este martes y dio un metro cúbico por segundo de ingreso. Bajó de manera impresionante en menos de un mes... Recordemos que poco antes de fin del año pasado estaba en 4,5 metros cúbicos por segundo y hoy apenas tenemos un metro", indicó.
Cabe recordar que la cumbre de la CIAI fue forzada por el fallo de la Corte Suprema que ordenó que vuelva a correr el Atuel en territorio pampeano con agua apta para el desarrollo humano y el ecosistema.
Ordenó a las provincias relanzar la CIAI (Comisión Interprovincial del Atuel Inferior), fijar un caudal ambiental y coordinar con la Nación las obras que aseguren un caudal. Y la definición más importante que desata las anteriores: se trata de una cuestión ambiental sostenida por la reforma constitucional de 1994 y nueva jurisprudencia a nivel ambiental.
El fallo de la Corte tuvo un inmediato acatamiento institucional por parte de La Pampa y Mendoza. Hubo ya una reunión entre los gobernadores Carlos Verna y Alfredo Cornejo, y reuniones de la CIAI y del grupo técnico. Se midió el caudal en territorio pampeano en Puesto Ugalde y en territorio mendocino. Hay una controversia central: La Pampa pide que el caudal de 4,5 metros cúbicos se entregue en forma inmediata, mientras Mendoza considera que para llegar a esa cifra son necesarias las obras ordenadas por la Corte Suprema.
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Jujuy inició de plantación de cortinas forestales
Cortinas forestales para evitar la degradación del suelo
Fecha de Publicación: 16/01/2018
Fuente: Jujuy al Día
Provincia/Región: Jujuy
En el marco del Proyecto de Manejo Sustentable de Tierras (MST-NOA/CUYO), que cuenta con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Nación junto con el homónimo Ministerio de Jujuy, iniciaron la etapa de plantación de cortinas forestales en el norte de la provincia.
Se trata de una iniciativa financiada por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (PFMAM, GEF), y articulada a nivel local entre la Dirección de Ordenamiento Ambiental del Territorio, la Dirección de Manejo y Uso del Suelo, y la Dirección de Bosques, de la Secretaria de Desarrollo Sustentable. Y a través de la cual se busca plantar cortinas forestales como parte de una estrategia para evitar la erosión de los suelos fértiles cultivables y mejorar las condiciones de habitabilidad en la Puna.
En este sentido, se inició en el Paraje Santuario con la primera de 10 a 15 plantaciones que se distribuirán por terrenos aptos para fortalecer la lucha contra la degradación de los suelos en el norte de la provincia. En esta oportunidad, se plantaron un centenar de árboles para conformar las cortinas forestales.
Por otro lado, es importante destacar que así como el proyecto contempla la producción de bio abono (70 % compost, 30 % humus) como uno de sus componentes, para las cortinas forestales se aprovechó el generado a través de composteras y lombricarios en zonas cercanas.
Finalmente se informó que gracias un convenio celebrado oportunamente, los árboles plantados fueron retirados del invernadero municipal de La Quiaca. Y se anticipó que la semana próxima los equipos del Ministerio de Ambiente continuarán con las mismas tareas en Parajes de Abra Pampa, Puesto del Marqués y Orosmayo.
Cortinas forestales
No solo minimizan la erosión del suelo, por el carácter multifuncional de los árboles y los bosques, también posibilitan la diversificación de la producción por la obtención de postes, varillas y leña. Además, poseen efectos benéficos sobre los cultivos, disminuyendo la evapotranspiración y la caída de flores y frutos, entre otros, al mejorar las condiciones micro ambientales de los lotes con cultivos.
MST en Zonas Secas del Noroeste Argentino
El proyecto tiene como finalidad la promoción del Manejo Sustentable de Tierras en los ecosistemas áridos, semiáridos y subhúmedos secos del noroeste de la Argentina.
El proyecto de esta manera abordará el problema del aumento de la perdida, tanto de las funciones como de los servicios de los ecosistemas, en las regiones que se caracterizan por poseer altos niveles de degradación de las tierras y de pobreza.
Asimismo, impulsará la incorporación del manejo sustentable de la tierra (MST) con el propósito de mejorar los medios de vida de las comunidades rurales, facilitando el cambio de abordaje que presente un manejo integrado de los recursos naturales que implemente prácticas de MST para la mitigación de los efectos de la degradación de tierras (DT) mediante la: prevención, adaptación, mitigación y rehabilitación de dichas tierras.
Participaron de las plantaciones, además de los técnicos del Ministerio de Ambiente de Jujuy, productores locales, especialistas del Instituto de Tecnología Agropecuaria (INTA – Abra Pampa), y del Proyecto.
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Fecha de Publicación: 16/01/2018
Fuente: Jujuy al Día
Provincia/Región: Jujuy
En el marco del Proyecto de Manejo Sustentable de Tierras (MST-NOA/CUYO), que cuenta con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Nación junto con el homónimo Ministerio de Jujuy, iniciaron la etapa de plantación de cortinas forestales en el norte de la provincia.
Se trata de una iniciativa financiada por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (PFMAM, GEF), y articulada a nivel local entre la Dirección de Ordenamiento Ambiental del Territorio, la Dirección de Manejo y Uso del Suelo, y la Dirección de Bosques, de la Secretaria de Desarrollo Sustentable. Y a través de la cual se busca plantar cortinas forestales como parte de una estrategia para evitar la erosión de los suelos fértiles cultivables y mejorar las condiciones de habitabilidad en la Puna.
En este sentido, se inició en el Paraje Santuario con la primera de 10 a 15 plantaciones que se distribuirán por terrenos aptos para fortalecer la lucha contra la degradación de los suelos en el norte de la provincia. En esta oportunidad, se plantaron un centenar de árboles para conformar las cortinas forestales.
Por otro lado, es importante destacar que así como el proyecto contempla la producción de bio abono (70 % compost, 30 % humus) como uno de sus componentes, para las cortinas forestales se aprovechó el generado a través de composteras y lombricarios en zonas cercanas.
Finalmente se informó que gracias un convenio celebrado oportunamente, los árboles plantados fueron retirados del invernadero municipal de La Quiaca. Y se anticipó que la semana próxima los equipos del Ministerio de Ambiente continuarán con las mismas tareas en Parajes de Abra Pampa, Puesto del Marqués y Orosmayo.
Cortinas forestales
No solo minimizan la erosión del suelo, por el carácter multifuncional de los árboles y los bosques, también posibilitan la diversificación de la producción por la obtención de postes, varillas y leña. Además, poseen efectos benéficos sobre los cultivos, disminuyendo la evapotranspiración y la caída de flores y frutos, entre otros, al mejorar las condiciones micro ambientales de los lotes con cultivos.
MST en Zonas Secas del Noroeste Argentino
El proyecto tiene como finalidad la promoción del Manejo Sustentable de Tierras en los ecosistemas áridos, semiáridos y subhúmedos secos del noroeste de la Argentina.
El proyecto de esta manera abordará el problema del aumento de la perdida, tanto de las funciones como de los servicios de los ecosistemas, en las regiones que se caracterizan por poseer altos niveles de degradación de las tierras y de pobreza.
Asimismo, impulsará la incorporación del manejo sustentable de la tierra (MST) con el propósito de mejorar los medios de vida de las comunidades rurales, facilitando el cambio de abordaje que presente un manejo integrado de los recursos naturales que implemente prácticas de MST para la mitigación de los efectos de la degradación de tierras (DT) mediante la: prevención, adaptación, mitigación y rehabilitación de dichas tierras.
Participaron de las plantaciones, además de los técnicos del Ministerio de Ambiente de Jujuy, productores locales, especialistas del Instituto de Tecnología Agropecuaria (INTA – Abra Pampa), y del Proyecto.
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Primer medidor bidireccional instalado en San Fernando
Primer medidor para un cliente residencial que generará energía
Fecha de Publicación: 15/01/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional - Buenos Aires
La primera instalación se realizó en un domicilio particular en el partido de San Fernando y está compuesta por 24 paneles solares, que en conjunto suman seis kilovatios de potencia nominal.
Buenos Aires. La distribuidora eléctrica Edenor anunció que concretó la instalación del primer medidor bidireccional a un cliente residencial en el partido bonaerense de San Fernando, en una prueba piloto que le permitirá al cliente vender su excedente de energía al sistema.
La compañía informó que se trata de una prueba piloto de generación distribuida, que incluirá a tres clientes de la categoría tarifaria T2, en un modelo que en el futuro posibilitará a los clientes vender la energía que produzcan.
La primera instalación se realizó en un domicilio particular en el partido de San Fernando y está compuesta por 24 paneles solares, que en conjunto suman seis kilovatios de potencia nominal.
A la prueba piloto se sumarán en breve un establecimiento educativo de Bella Vista y una Pyme de la Ciudad de Buenos Aires.
Los participantes de esta experiencia asumen el costo de la compra de los equipos generadores, bajo la supervisión de Edenor en lo referido a las condiciones técnicas de su instalación, y el equipo de medición remota le permitirá a la compañía monitorear el paso de la energía eléctrica.
Fomento
El 29 de noviembre, el Senado aprobó la ley 27.424 que establece el Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable Integrada a la Red Eléctrica Pública, y que aún debe ser reglamentada por el Ministerio de Energía a través de la Subsecretaría de Energías Renovables.
La nueva norma les permitirá a los clientes de todas las compañías del servicio eléctrico venderles a las distribuidoras la energía que producen en un domicilio.
Esta operación se estructura a través de dos medidores electrónicos, uno programado en forma unidireccional, que registra la energía consumida por las cargas del domicilio y otro medidor programado en forma bidireccional que mide la energía generada por el cliente e inyectada a la red.
Al tratarse de una prueba piloto, Edenor precisó que el reconocimiento por la energía volcada a la red de la empresa distribuidora se estableció al mismo valor por kilovatio-hora que la energía vendida según el cuadro tarifario vigente.
Esta prueba piloto le permitirá a la empresa realizar los controles y recopilación de información necesaria, se indicó.
Parques solares
El martes pasado se firmaron los últimos cinco contratos de la convocatoria de la Ronda 1.5 del Programa RenovAr, correspondientes a proyectos que la Empresa Mendocina de Energía SA (Emesa) tiene en la provincia cuyana. De esta manera, comienzan a correr los plazos para la entrada en operación comercial de cada central, que varía entre 12 y 30 meses. Se trata de cinco parques solares por un total de 72,5 megavatios, informó el Ministerio de Energía y Minería de la Nación. A la fecha, el programa RenovAr lleva 147 proyectos adjudicados en 21 provincias.
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Fecha de Publicación: 15/01/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional - Buenos Aires
La primera instalación se realizó en un domicilio particular en el partido de San Fernando y está compuesta por 24 paneles solares, que en conjunto suman seis kilovatios de potencia nominal.
Buenos Aires. La distribuidora eléctrica Edenor anunció que concretó la instalación del primer medidor bidireccional a un cliente residencial en el partido bonaerense de San Fernando, en una prueba piloto que le permitirá al cliente vender su excedente de energía al sistema.
La compañía informó que se trata de una prueba piloto de generación distribuida, que incluirá a tres clientes de la categoría tarifaria T2, en un modelo que en el futuro posibilitará a los clientes vender la energía que produzcan.
La primera instalación se realizó en un domicilio particular en el partido de San Fernando y está compuesta por 24 paneles solares, que en conjunto suman seis kilovatios de potencia nominal.
A la prueba piloto se sumarán en breve un establecimiento educativo de Bella Vista y una Pyme de la Ciudad de Buenos Aires.
Los participantes de esta experiencia asumen el costo de la compra de los equipos generadores, bajo la supervisión de Edenor en lo referido a las condiciones técnicas de su instalación, y el equipo de medición remota le permitirá a la compañía monitorear el paso de la energía eléctrica.
Fomento
El 29 de noviembre, el Senado aprobó la ley 27.424 que establece el Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable Integrada a la Red Eléctrica Pública, y que aún debe ser reglamentada por el Ministerio de Energía a través de la Subsecretaría de Energías Renovables.
La nueva norma les permitirá a los clientes de todas las compañías del servicio eléctrico venderles a las distribuidoras la energía que producen en un domicilio.
Esta operación se estructura a través de dos medidores electrónicos, uno programado en forma unidireccional, que registra la energía consumida por las cargas del domicilio y otro medidor programado en forma bidireccional que mide la energía generada por el cliente e inyectada a la red.
Al tratarse de una prueba piloto, Edenor precisó que el reconocimiento por la energía volcada a la red de la empresa distribuidora se estableció al mismo valor por kilovatio-hora que la energía vendida según el cuadro tarifario vigente.
Esta prueba piloto le permitirá a la empresa realizar los controles y recopilación de información necesaria, se indicó.
Parques solares
El martes pasado se firmaron los últimos cinco contratos de la convocatoria de la Ronda 1.5 del Programa RenovAr, correspondientes a proyectos que la Empresa Mendocina de Energía SA (Emesa) tiene en la provincia cuyana. De esta manera, comienzan a correr los plazos para la entrada en operación comercial de cada central, que varía entre 12 y 30 meses. Se trata de cinco parques solares por un total de 72,5 megavatios, informó el Ministerio de Energía y Minería de la Nación. A la fecha, el programa RenovAr lleva 147 proyectos adjudicados en 21 provincias.
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Instalarán energía solar en escuelas rurales
Instalarán módulos solares en más de 350 escuelas rurales de todo el país
Fecha de Publicación: 15/01/2018
Fuente: La Nueva Mañana
Provincia/Región: Nacional
Córdoba formará parte del programa por ser la segunda provincia con más escuelas rurales. La adaptación de los equipos se efectuará en plazos de entre 5 y 14 meses.
Más de 350 escuelas rurales localizadas en nueve provincias contarán desde 2019 con sistemas de generación eléctrica a partir de módulos solares fotovoltaicos, nuevos o en reemplazo de los ya existentes, como parte de un proyecto impulsado por el Ministerio de Energía y Minería.
La licitación para instalar esos sistemas fue convocada por la Subsecretaría de Energías Renovables e incluye la renovación de las instalaciones eléctricas internas de los establecimientos beneficiados para adaptar las luminarias a la tecnología LED, de menor consumo.
La adaptación de los equipos de generación eléctrica se efectuará en plazos de entre 5 y 14 meses en escuelas de las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Jujuy, La Rioja, Neuquén, Río Negro y Tucumán.
Los trabajos se enmarcan en los objetivos para este año del Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales (Permer) y se ejecutarán con financiamiento del Banco Mundial, junto con aportes de Educ.Ar Sociedad del Estado.
Las ofertas, que se presentarán hasta el próximo 5 de marzo, se evaluarán por lotes (uno por provincia) y la Subsecretaría de Energías Renovables podrá adjudicar uno o más lotes a un mismo licitante de acuerdo con su capacidad técnica, financiera y de ejecución.
Las provincias con mayor número de escuelas rurales incluidas en el proyecto, y por ello con plazo de ejecución más extenso, son Corrientes, con 72 establecimientos (14 meses); Córdoba, 57 (11 meses); Catamarca, 50 (10 meses); La Rioja, 48 (10 meses), y Buenos Aires, 47 escuelas (10 meses).
Sin embargo, ya en 2018 un conjunto de instituciones educativas rurales contarán con nuevos paneles solares e instalaciones eléctricas internas, ya que los trabajos comenzarían a mediados de año y concluirán en cinco meses en Tucumán (16 escuelas) y en seis meses en Río Negro y Neuquén (18 y 17 escuelas, respectivamente).
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Fecha de Publicación: 15/01/2018
Fuente: La Nueva Mañana
Provincia/Región: Nacional
Córdoba formará parte del programa por ser la segunda provincia con más escuelas rurales. La adaptación de los equipos se efectuará en plazos de entre 5 y 14 meses.
Más de 350 escuelas rurales localizadas en nueve provincias contarán desde 2019 con sistemas de generación eléctrica a partir de módulos solares fotovoltaicos, nuevos o en reemplazo de los ya existentes, como parte de un proyecto impulsado por el Ministerio de Energía y Minería.
La licitación para instalar esos sistemas fue convocada por la Subsecretaría de Energías Renovables e incluye la renovación de las instalaciones eléctricas internas de los establecimientos beneficiados para adaptar las luminarias a la tecnología LED, de menor consumo.
La adaptación de los equipos de generación eléctrica se efectuará en plazos de entre 5 y 14 meses en escuelas de las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Jujuy, La Rioja, Neuquén, Río Negro y Tucumán.
Los trabajos se enmarcan en los objetivos para este año del Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales (Permer) y se ejecutarán con financiamiento del Banco Mundial, junto con aportes de Educ.Ar Sociedad del Estado.
Las ofertas, que se presentarán hasta el próximo 5 de marzo, se evaluarán por lotes (uno por provincia) y la Subsecretaría de Energías Renovables podrá adjudicar uno o más lotes a un mismo licitante de acuerdo con su capacidad técnica, financiera y de ejecución.
Las provincias con mayor número de escuelas rurales incluidas en el proyecto, y por ello con plazo de ejecución más extenso, son Corrientes, con 72 establecimientos (14 meses); Córdoba, 57 (11 meses); Catamarca, 50 (10 meses); La Rioja, 48 (10 meses), y Buenos Aires, 47 escuelas (10 meses).
Sin embargo, ya en 2018 un conjunto de instituciones educativas rurales contarán con nuevos paneles solares e instalaciones eléctricas internas, ya que los trabajos comenzarían a mediados de año y concluirán en cinco meses en Tucumán (16 escuelas) y en seis meses en Río Negro y Neuquén (18 y 17 escuelas, respectivamente).
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Reunión por la implementación del fondo de bosques
Ambiente coordina la implementación del fondo de la ley de bosques en COFEMA
Fecha de Publicación: 15/01/2018
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Participaron del encuentro autoridades locales de aplicación de Chaco, San Juan, La Pampa, Santa Cruz, Santiago del Estero, Jujuy.
Funcionarios del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que conduce Sergio Bergman, recibieron a representantes del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) con el objetivo de promover la mejora de los mecanismos a través de los cuales la ley de presupuestos mínimos para protección de los bosques nativos es instrumentada así como también la implementación del fondo específico destinado a su conservación.
Es por esto que desde la cartera nacional de Ambiente se promovió un encuentro con las autoridades locales de aplicación de las provincias de Chaco, San Juan, La Pampa, Santa Cruz, Santiago del Estero, Jujuy. Allí se buscó intercambiar experiencias, analizar alternativas que permitan revisar los sistemas administrativos y promover mejoras en los circuitos de rendición del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos.
Cabe destacar que el monto del presupuesto adjudicado anualmente se destina principalmente a dicho fondo y al Programa Nacional de Bosques Nativos. De acuerdo a lo estipulado en el artículo 35 de la Ley N.° 26331, ese fondo destina el 30 % para fortalecimiento institucional, monitoreo de los bosques nativos, implementación de programas de asistencia técnica y financiera para pequeños productores, comunidades indígenas o campesinas; lo que permite a las autoridades locales fortalecer las estructuras de gestión forestal en todo el ámbito nacional, tanto con el incremento de personal como en su infraestructura y equipamiento. Por otra parte, el 70 % se aplica a compensación de los tenedores de bosques nativos por la conservación de los mismos.
El desarrollo de esta reunión permitió conocer distintas iniciativas de las autoridades locales de aplicación, así como identificar estrategias para el abordaje de las temáticas tratadas, las cuales serán puestas a consideración en el marco del COFEMA.
De esta forma, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación ratifica su compromiso en facilitar los procedimientos que aseguren la conservación y manejo sostenible de los bosques nativos.
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Fecha de Publicación: 15/01/2018
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Participaron del encuentro autoridades locales de aplicación de Chaco, San Juan, La Pampa, Santa Cruz, Santiago del Estero, Jujuy.
Funcionarios del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que conduce Sergio Bergman, recibieron a representantes del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) con el objetivo de promover la mejora de los mecanismos a través de los cuales la ley de presupuestos mínimos para protección de los bosques nativos es instrumentada así como también la implementación del fondo específico destinado a su conservación.
Es por esto que desde la cartera nacional de Ambiente se promovió un encuentro con las autoridades locales de aplicación de las provincias de Chaco, San Juan, La Pampa, Santa Cruz, Santiago del Estero, Jujuy. Allí se buscó intercambiar experiencias, analizar alternativas que permitan revisar los sistemas administrativos y promover mejoras en los circuitos de rendición del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos.
Cabe destacar que el monto del presupuesto adjudicado anualmente se destina principalmente a dicho fondo y al Programa Nacional de Bosques Nativos. De acuerdo a lo estipulado en el artículo 35 de la Ley N.° 26331, ese fondo destina el 30 % para fortalecimiento institucional, monitoreo de los bosques nativos, implementación de programas de asistencia técnica y financiera para pequeños productores, comunidades indígenas o campesinas; lo que permite a las autoridades locales fortalecer las estructuras de gestión forestal en todo el ámbito nacional, tanto con el incremento de personal como en su infraestructura y equipamiento. Por otra parte, el 70 % se aplica a compensación de los tenedores de bosques nativos por la conservación de los mismos.
El desarrollo de esta reunión permitió conocer distintas iniciativas de las autoridades locales de aplicación, así como identificar estrategias para el abordaje de las temáticas tratadas, las cuales serán puestas a consideración en el marco del COFEMA.
De esta forma, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación ratifica su compromiso en facilitar los procedimientos que aseguren la conservación y manejo sostenible de los bosques nativos.
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Bariloche es elegido para estudiar el cambio climático
Bariloche, uno de los diez elegidos para estudiar el cambio climático
Fecha de Publicación: 14/01/2018
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Nacional
La investigación fue ideada por biólogos de Estados Unidos, para evaluar el impacto del cambio climático en las plantas y su capacidad para tomar carbono.
Bariloche forma parte de un proyecto de experimentación, junto a otras 9 ciudades del mundo. Se trata de la única ciudad de América del Sur que integra esta investigación llamada “Warming x Species Removal Network”.
El proyecto de investigación localizado en esta zona en la estepa patagónica, fue ideado por dos biólogos de la Universidad de Vermont, en Estados Unidos, para evaluar el impacto del cambio climático en las plantas y su capacidad para tomar carbono de la atmósfera. Para eso, buscaron colaboradores que multiplicaran el experimento en diversos lugares del planeta.
“No es lo mismo el aumento de la temperatura en los bosques que en el desierto. La idea fue repetir este experimento, con la misma metodología, en 10 lugares del planeta. Básicamente, en distintos continentes con diversas especies”, explicó la bióloga Noelia Barrios García, investigadora del Conicet.
El proyecto consiste en estudiar “vegetación baja”, a través de invernaderos elaborados con paneles de fibra de vidrio que fueron enviados desde Estados Unidos y que permiten simular el aumento de la temperatura.
Se delimita entonces un sector con estacas plásticas y al lado de estos cuadrantes, se disponen los invernaderos .
“Por un lado, tenemos áreas intactas donde están las plantas y al lado de los cuadrantes, los invernaderos. La idea es comparar unos y otros y además, los que están a más altura y los de abajo”, dijo Barrios García desde su oficina del Cenac (Departamento de Conservación y Educación Ambiental) del parque nacional Nahuel Huapi.
Las visitas a la estepa se realizan en promedio una vez por semana de diciembre a abril. Todos los años se realizan censos de las plantas para evaluar las diversas especies, la cantidad, el tamaño.
El proyecto ya cuenta con 3 años de trabajo y el objetivo es sostenerlo un mínimo de 5 años.
“Hacia el 2.090 el aumento de la temperatura global aumentará entre 2 a 4 grados. Es difícil saber cómo esto va a alterar el funcionamiento de los ecosistemas. Por eso, la idea es estudiar sistemáticamente el impacto del cambio climático en distintos lugares”, señaló Barrios García.
Esta bióloga, junto a Mariano Rodríguez Cabal, investigador del Inibioma Conicet, es la responsable del proyecto en la Patagonia Argentina. La pareja egresó de la UNC y realizó el doctorado en Estados Unidos donde conocieron a Aimée Classen y Nathan Sanders, los impulsores del proyecto.
Sorprendidos por el nivel de lluvias
En diciembre, seis biólogos de Estados Unidos, Suecia, Inglaterra y Nueva Zelanda desembarcaron en Bariloche a fin de medir el carbono y evaluar las características de las plantas que forman parte del proyecto de investigación.
Pero el mal clima de ese momento complicó las visitas al campo.
“Decidieron dejarnos prestado el aparato. No sólo es caro, de poder comprarlo, los insumos que emplea son costosos. Esto sirve para ponernos al día con otras tecnologías”, destacó Barrios García.
La bióloga barilochense indicó que su colega inglés “se sorprendió por lo bien conservado que está todo al salir de la ciudad. También se sorprendieron por las precipitaciones. En Puerto Blest, en el límite con Chile, llueve alrededor de 4.000 milímetros al año, mientras que en
Dina Huapi, a sólo 80 kilómetros, llueven 500 milímetros anuales”.
El proyecto está en marcha y Bariloche tiene el privilegio de formar parte de él.
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Fecha de Publicación: 14/01/2018
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Nacional
La investigación fue ideada por biólogos de Estados Unidos, para evaluar el impacto del cambio climático en las plantas y su capacidad para tomar carbono.
Bariloche forma parte de un proyecto de experimentación, junto a otras 9 ciudades del mundo. Se trata de la única ciudad de América del Sur que integra esta investigación llamada “Warming x Species Removal Network”.
El proyecto de investigación localizado en esta zona en la estepa patagónica, fue ideado por dos biólogos de la Universidad de Vermont, en Estados Unidos, para evaluar el impacto del cambio climático en las plantas y su capacidad para tomar carbono de la atmósfera. Para eso, buscaron colaboradores que multiplicaran el experimento en diversos lugares del planeta.
“No es lo mismo el aumento de la temperatura en los bosques que en el desierto. La idea fue repetir este experimento, con la misma metodología, en 10 lugares del planeta. Básicamente, en distintos continentes con diversas especies”, explicó la bióloga Noelia Barrios García, investigadora del Conicet.
El proyecto consiste en estudiar “vegetación baja”, a través de invernaderos elaborados con paneles de fibra de vidrio que fueron enviados desde Estados Unidos y que permiten simular el aumento de la temperatura.
Se delimita entonces un sector con estacas plásticas y al lado de estos cuadrantes, se disponen los invernaderos .
“Por un lado, tenemos áreas intactas donde están las plantas y al lado de los cuadrantes, los invernaderos. La idea es comparar unos y otros y además, los que están a más altura y los de abajo”, dijo Barrios García desde su oficina del Cenac (Departamento de Conservación y Educación Ambiental) del parque nacional Nahuel Huapi.
Las visitas a la estepa se realizan en promedio una vez por semana de diciembre a abril. Todos los años se realizan censos de las plantas para evaluar las diversas especies, la cantidad, el tamaño.
El proyecto ya cuenta con 3 años de trabajo y el objetivo es sostenerlo un mínimo de 5 años.
“Hacia el 2.090 el aumento de la temperatura global aumentará entre 2 a 4 grados. Es difícil saber cómo esto va a alterar el funcionamiento de los ecosistemas. Por eso, la idea es estudiar sistemáticamente el impacto del cambio climático en distintos lugares”, señaló Barrios García.
Esta bióloga, junto a Mariano Rodríguez Cabal, investigador del Inibioma Conicet, es la responsable del proyecto en la Patagonia Argentina. La pareja egresó de la UNC y realizó el doctorado en Estados Unidos donde conocieron a Aimée Classen y Nathan Sanders, los impulsores del proyecto.
Sorprendidos por el nivel de lluvias
En diciembre, seis biólogos de Estados Unidos, Suecia, Inglaterra y Nueva Zelanda desembarcaron en Bariloche a fin de medir el carbono y evaluar las características de las plantas que forman parte del proyecto de investigación.
Pero el mal clima de ese momento complicó las visitas al campo.
“Decidieron dejarnos prestado el aparato. No sólo es caro, de poder comprarlo, los insumos que emplea son costosos. Esto sirve para ponernos al día con otras tecnologías”, destacó Barrios García.
La bióloga barilochense indicó que su colega inglés “se sorprendió por lo bien conservado que está todo al salir de la ciudad. También se sorprendieron por las precipitaciones. En Puerto Blest, en el límite con Chile, llueve alrededor de 4.000 milímetros al año, mientras que en
Dina Huapi, a sólo 80 kilómetros, llueven 500 milímetros anuales”.
El proyecto está en marcha y Bariloche tiene el privilegio de formar parte de él.
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Frenan otro desmonte de la finca de Marcos Peña
Greenpeace volvió a frenar topadoras en Salta
Fecha de Publicación: 14/01/2018
Fuente: La Gaceta (Salta)
Provincia/Región: Salta
Activistas detuvieron una topadora en el momento justo en que se encontraba deforestando en la finca Cuchuy, vinculada a un familiar del Jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña.
Hoy activistas de Greenpeace detuvieron una topadora que se encontraba deforestando en la finca Cuchuy, en el norte de Salta.
Desde de organización no gubernamental remarcaron que se trata de un desmonte en un área protegida por la Ley Nacional de Bosques, autorizado en forma ilegal por el gobierno salteño, “a pedido del dueño de la finca, Alejandro Jaime Braun Peña”. El empresario, recalcan desde Greenpeace, es primo del Jefe de Gabinete de la Nación Marcos Peña, e integrante del directorio de varias empresas de la familia Macri.
La organización ecologista ya había denunciado el caso en el año 2014 y frenado el desmonte hasta que sus activistas fueron detenidos. El mes pasado las topadoras volvieron a arrasar 400 hectáreas más de bosques nativos. La deforestación afecta en forma directa a cuatro comunidades wichi, cuyas familias quedaron encerradas entre varias fincas que fueron desmontadas en los últimos años. (1)
“Estos bosques, además de concentrar muchísima biodiversidad, son la casa, el almacén y la farmacia de varias comunidades indígenas. Destruirlos es un crimen. Hay que parar las topadoras en forma urgente”, advirtió Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
Para el gobierno el desmonte es legal
El siete de diciembre, después de que se conociera la primera denuncia de Greenpeace, el gobierno publicó un comunicado oficial sobre el tema, en el que aseguran que “los trabajos de cambio de uso de suelo que se ejecutan en la finca El Cuchuy (departamento San Martín) desde 2014, fueron avalados por la autoridad competente provincial y se encontraron ajustados a la normativa ambiental vigente en el momento del dictado de la autorización”.
Se enfatiza, además, que la Ley de Bosques Nativos (Ley de Presupuestos Mínimos) establece que las (provincias o jurisdicciones) dictarán sus Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos de acuerdo con los lineamientos y en función a criterios de conservación establecidos en la misma, como piso para determinar las diferentes categorías (bajo, mediano y alto).
“La Autoridad de Aplicación en materia ambiental en la provincia es el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y otorga las autorizaciones de planes de manejo de cambio de uso de suelo, como también de planes de manejos forestales y de conservación, una vez que se realizan las evaluaciones técnicas y siempre que cumplan con los requisitos establecidos (evaluación de impacto ambiental, audiencias públicas, etc). La autorización del cambio de uso de suelo en cuestión se realizó en el marco del Decreto 2.211/10, a través del cual se aprobaba el Procedimiento de Análisis de Proyectos a Nivel Predial, en virtud de la escala en la cual se realizó la cartografía que sirve de base al mapa de ordenamiento territorial de bosques nativos, lo que permitía incorporar la posibilidad de presentar planes de ordenamiento de escala predial para determinar si en la superficie no confluyen los criterios establecidos por la ley y lo que orientativamente estableció la cartografía”, dice el comunicado.
El comunicado recalca el gobierno autorizó proyectos para la producción agrícola a partir de 2012. “Vale aclarar que los proyectos de cambio de uso de suelo autorizados cuando la ley lo permitía no se realizan en una sola acción sino por módulos y que los mismos se ejecutan con intervalos de tiempo entre uno y otro. En este marco, el actual desmonte en ejecución en el mencionado predio corresponde a un módulo autorizado oportunamente”, señalaron.
“Es importante tener en cuenta que consta en el expediente (foja 453 exp. 119-15742-2017) el acta acuerdo celebrada entre Braun Peña y Larrán Gastón por una parte y, por la otra, la comunidad wichí Laguna Cuchuy, en la que los primeros se comprometen a la donación de 300 hectáreas, que están dentro del 40% exigido por la Ley como reserva natural. Asimismo, consta y se ratifica la conformidad de las comunidades respecto del área del proyecto en acta. (foja 479)”, concluye el comunicado.
Greenpeace insiste
Desde la organización ambientalista se enfatiza, sin embargo, que la estancia fue clasificada por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta en las Categorías I - rojo y II - amarillo, donde se prohíben desmontes.
Y recalcan que la destrucción de esos bosques afectará seriamente la subsistencia de las comunidades indígenas Corralito, Cuchuy, San José, y Chaguaral, cuyas familias en 2012 denunciaron ante las autoridades salteñas que recibieron presiones por parte de empresarios de la zona para seguir desmontando a cambio de cederles algunas porciones de tierra. La dramática situación de las comunidades fue advertida ese mismo año por autoridades de la Universidad Nacional de Salta, que solicitaron la intervención de los funcionarios.
“Quienes destruyen bosques no son empresarios, son delincuentes. Necesitamos que se penalice a los responsables de desmontes ilegales e incendios intencionales y a los funcionarios que los faciliten”, finalizó Giardini.
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Fecha de Publicación: 14/01/2018
Fuente: La Gaceta (Salta)
Provincia/Región: Salta
Activistas detuvieron una topadora en el momento justo en que se encontraba deforestando en la finca Cuchuy, vinculada a un familiar del Jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña.
Hoy activistas de Greenpeace detuvieron una topadora que se encontraba deforestando en la finca Cuchuy, en el norte de Salta.
Desde de organización no gubernamental remarcaron que se trata de un desmonte en un área protegida por la Ley Nacional de Bosques, autorizado en forma ilegal por el gobierno salteño, “a pedido del dueño de la finca, Alejandro Jaime Braun Peña”. El empresario, recalcan desde Greenpeace, es primo del Jefe de Gabinete de la Nación Marcos Peña, e integrante del directorio de varias empresas de la familia Macri.
La organización ecologista ya había denunciado el caso en el año 2014 y frenado el desmonte hasta que sus activistas fueron detenidos. El mes pasado las topadoras volvieron a arrasar 400 hectáreas más de bosques nativos. La deforestación afecta en forma directa a cuatro comunidades wichi, cuyas familias quedaron encerradas entre varias fincas que fueron desmontadas en los últimos años. (1)
“Estos bosques, además de concentrar muchísima biodiversidad, son la casa, el almacén y la farmacia de varias comunidades indígenas. Destruirlos es un crimen. Hay que parar las topadoras en forma urgente”, advirtió Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
Para el gobierno el desmonte es legal
El siete de diciembre, después de que se conociera la primera denuncia de Greenpeace, el gobierno publicó un comunicado oficial sobre el tema, en el que aseguran que “los trabajos de cambio de uso de suelo que se ejecutan en la finca El Cuchuy (departamento San Martín) desde 2014, fueron avalados por la autoridad competente provincial y se encontraron ajustados a la normativa ambiental vigente en el momento del dictado de la autorización”.
Se enfatiza, además, que la Ley de Bosques Nativos (Ley de Presupuestos Mínimos) establece que las (provincias o jurisdicciones) dictarán sus Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos de acuerdo con los lineamientos y en función a criterios de conservación establecidos en la misma, como piso para determinar las diferentes categorías (bajo, mediano y alto).
“La Autoridad de Aplicación en materia ambiental en la provincia es el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y otorga las autorizaciones de planes de manejo de cambio de uso de suelo, como también de planes de manejos forestales y de conservación, una vez que se realizan las evaluaciones técnicas y siempre que cumplan con los requisitos establecidos (evaluación de impacto ambiental, audiencias públicas, etc). La autorización del cambio de uso de suelo en cuestión se realizó en el marco del Decreto 2.211/10, a través del cual se aprobaba el Procedimiento de Análisis de Proyectos a Nivel Predial, en virtud de la escala en la cual se realizó la cartografía que sirve de base al mapa de ordenamiento territorial de bosques nativos, lo que permitía incorporar la posibilidad de presentar planes de ordenamiento de escala predial para determinar si en la superficie no confluyen los criterios establecidos por la ley y lo que orientativamente estableció la cartografía”, dice el comunicado.
El comunicado recalca el gobierno autorizó proyectos para la producción agrícola a partir de 2012. “Vale aclarar que los proyectos de cambio de uso de suelo autorizados cuando la ley lo permitía no se realizan en una sola acción sino por módulos y que los mismos se ejecutan con intervalos de tiempo entre uno y otro. En este marco, el actual desmonte en ejecución en el mencionado predio corresponde a un módulo autorizado oportunamente”, señalaron.
“Es importante tener en cuenta que consta en el expediente (foja 453 exp. 119-15742-2017) el acta acuerdo celebrada entre Braun Peña y Larrán Gastón por una parte y, por la otra, la comunidad wichí Laguna Cuchuy, en la que los primeros se comprometen a la donación de 300 hectáreas, que están dentro del 40% exigido por la Ley como reserva natural. Asimismo, consta y se ratifica la conformidad de las comunidades respecto del área del proyecto en acta. (foja 479)”, concluye el comunicado.
Greenpeace insiste
Desde la organización ambientalista se enfatiza, sin embargo, que la estancia fue clasificada por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta en las Categorías I - rojo y II - amarillo, donde se prohíben desmontes.
Y recalcan que la destrucción de esos bosques afectará seriamente la subsistencia de las comunidades indígenas Corralito, Cuchuy, San José, y Chaguaral, cuyas familias en 2012 denunciaron ante las autoridades salteñas que recibieron presiones por parte de empresarios de la zona para seguir desmontando a cambio de cederles algunas porciones de tierra. La dramática situación de las comunidades fue advertida ese mismo año por autoridades de la Universidad Nacional de Salta, que solicitaron la intervención de los funcionarios.
“Quienes destruyen bosques no son empresarios, son delincuentes. Necesitamos que se penalice a los responsables de desmontes ilegales e incendios intencionales y a los funcionarios que los faciliten”, finalizó Giardini.
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Mendoza tendrá otros 5 parques solares en dos años
En 2020, Mendoza tendrá otros 5 parques solares
Fecha de Publicación: 14/01/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Estarán en Lavalle, Luján, La Paz, Pasip y General Alvear. Son del Programa RenovAR y fueron diseñados por EMESA.
El Ministerio de Energía anunció que se concretaron hoy las firmas de los últimos cinco contratos de proyectos de generación eléctrica a partir de fuentes renovables correspondientes a la Ronda 1.5 del Programa Renovar.
Con esta contractualización de proyectos adjudicados, el Programa RenovAr cierra así su período de firmas de los 59 proyectos de las Rondas 1 y 1.5, de los cuales, 26 están en obra y 5 ya operan comercialmente.
La cartera energética informó que los cinco contratos corresponden a proyectos que la Empresa Mendocina de Energía S.A (EMESA) tiene en la provincia de Mendoza. Tras la firma de la documentación comienzan a correr los plazos para la entrada en operación comercial de cada central, que varía entre 12 y 30 meses, por lo que en 2020 estarán finalizados y en condiciones de comenzar a operar.
Se trata de 5 parques solares por un total de 72,5 Mw conocidos como Lavalle, Luján de Cuyo, La Paz, Pasip y General Alvear.
La firma de estos contratos se enmarca en la Resolución N°437-E/2017 por la cual se invitó a los titulares de los proyectos que resultaron adjudicatarios de la rondas 1 y 1.5 del programa RenovAr a optar por la aplicación del régimen de cómputo de componente nacional.
La Resolución conjunta de la cartera energética y el Ministerio de Producción, prevé la reducción del precio contractual a establecerse según una fórmula en función de los precios que surgieran de la Ronda 2.
Estos nuevos precios, que contribuirán a reducir el costo de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista, quedaron establecidos en la Resolución 507 del pasado 28 de diciembre.
De esta manera, los proyectos Lavalle, Luján de Cuyo, La Paz, y General Alvear alcanzaron finalmente un precio de US$ 48,75/Mwh habiendo sido adjudicados originalmente a US$ 55/Mwh ; y el proyecto Pasip con un precio de US$ 47,25 dólares/Mwh tras una adjudicación original a US$ 52 /Mwh.
Al considerar todas las rondas realizadas de RenovAr, el Precio Promedio Ponderado en US$/ Mwh pasó de 61,33 en la primera, 53,98 en la ronda 1.5 y alcanzó los 51,48 en la última.
Los cambios más significativos pueden observarse en los precios mínimos de las tecnologías solar, que pasaron de 59 US$/ Mwh en la ronda 1 a 40,44 US$/ MWh en la ronda 2; y de la eólica, que varió su mínimo de 49 a 37 US$/ Mwh.
El programa RenovAr lleva a la fecha 147 proyectos adjudicados en 21 provincias por un total de 4.466,5 Mw, de los cuales 41 son solares, 34 eólicos, 18 de Biomasa, 14 Pequeños Aprovechamientos Hidroeléctricos, 36 de Biogás y 4 de Biogás de Relleno Sanitario.
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Fecha de Publicación: 14/01/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Estarán en Lavalle, Luján, La Paz, Pasip y General Alvear. Son del Programa RenovAR y fueron diseñados por EMESA.
El Ministerio de Energía anunció que se concretaron hoy las firmas de los últimos cinco contratos de proyectos de generación eléctrica a partir de fuentes renovables correspondientes a la Ronda 1.5 del Programa Renovar.
Con esta contractualización de proyectos adjudicados, el Programa RenovAr cierra así su período de firmas de los 59 proyectos de las Rondas 1 y 1.5, de los cuales, 26 están en obra y 5 ya operan comercialmente.
La cartera energética informó que los cinco contratos corresponden a proyectos que la Empresa Mendocina de Energía S.A (EMESA) tiene en la provincia de Mendoza. Tras la firma de la documentación comienzan a correr los plazos para la entrada en operación comercial de cada central, que varía entre 12 y 30 meses, por lo que en 2020 estarán finalizados y en condiciones de comenzar a operar.
Se trata de 5 parques solares por un total de 72,5 Mw conocidos como Lavalle, Luján de Cuyo, La Paz, Pasip y General Alvear.
La firma de estos contratos se enmarca en la Resolución N°437-E/2017 por la cual se invitó a los titulares de los proyectos que resultaron adjudicatarios de la rondas 1 y 1.5 del programa RenovAr a optar por la aplicación del régimen de cómputo de componente nacional.
La Resolución conjunta de la cartera energética y el Ministerio de Producción, prevé la reducción del precio contractual a establecerse según una fórmula en función de los precios que surgieran de la Ronda 2.
Estos nuevos precios, que contribuirán a reducir el costo de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista, quedaron establecidos en la Resolución 507 del pasado 28 de diciembre.
De esta manera, los proyectos Lavalle, Luján de Cuyo, La Paz, y General Alvear alcanzaron finalmente un precio de US$ 48,75/Mwh habiendo sido adjudicados originalmente a US$ 55/Mwh ; y el proyecto Pasip con un precio de US$ 47,25 dólares/Mwh tras una adjudicación original a US$ 52 /Mwh.
Al considerar todas las rondas realizadas de RenovAr, el Precio Promedio Ponderado en US$/ Mwh pasó de 61,33 en la primera, 53,98 en la ronda 1.5 y alcanzó los 51,48 en la última.
Los cambios más significativos pueden observarse en los precios mínimos de las tecnologías solar, que pasaron de 59 US$/ Mwh en la ronda 1 a 40,44 US$/ MWh en la ronda 2; y de la eólica, que varió su mínimo de 49 a 37 US$/ Mwh.
El programa RenovAr lleva a la fecha 147 proyectos adjudicados en 21 provincias por un total de 4.466,5 Mw, de los cuales 41 son solares, 34 eólicos, 18 de Biomasa, 14 Pequeños Aprovechamientos Hidroeléctricos, 36 de Biogás y 4 de Biogás de Relleno Sanitario.
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Regulación minera con inteciones de ser modificada
Nación impulsaría una reforma en la regulación minera
Fecha de Publicación: 13/01/2018
Fuente: El Esquiú
Provincia/Región: Nacional
Implicaría un nuevo acuerdo federal con las provincias y cambios en la ley de Tierras.
De acuerdo a lo que publicó el matutino “El Cronista”, el paquete de reformas que el gobierno tiene en carpeta trasciende lo dado a conocer hasta el momento. Sucede que la administración macrista tiene “al menos dos proyectos que necesitan aval legislativo en carpeta”. Para el caso, el periódico señala que se trata de “una reforma de la regulación minera, con un nuevo acuerdo federal con las provincias, y cambios en la ley de Tierras”.
Como muestra de ello toma un informe de diciembre de la consultora Price Waterhouse Coopers (PwC) sobre los dos años de la gestión de Cambiemos, elaborado en inglés y destinado a inversores extranjeros.
En el texto se advierte que “el gobierno quiere unificar las regulaciones mineras bajo una ley federal que permitiría a las compañías operar en todo el país”, y para ello “planea enviar un proyecto (al Congreso) a principios de 2018, después de llegar a un consenso con las administraciones provinciales”.
El informe no abunda en detalles, pero alude al nuevo Acuerdo Federal Minero que el presidente Mauricio Macri presentó en junio para reemplazar el pacto labrado en 1993.
El acuerdo suscripto en junio por 14 provincias, pero sin el acompañamiento de San Luis, Chubut, La Rioja o La Pampa, todos distritos con alta capacidad, pretende eliminar el 1 por ciento que las empresas deben hasta hoy pagar para desarrollar las comunidades locales donde están sus emprendimientos, y fija un techo del 3 por ciento en regalías, que se calculará “sobre el importe total de ingresos brutos devengados”, y ya no sobre el valor “boca mina” del mineral extraído.
Las provincias también podrán recaudar el 1,5% de la facturación a través de Fondos Provinciales de Infraestructura.
Desde la cartera de Energía y Minería, que conduce Juan José Aranguren, comentaron en aquella ocasión que el Acuerdo Federal Minero busca “homogeneizar y racionalizar los instrumentos de política minera”, creando “una nueva plataforma de despegue para la actividad”, que ofrezca “garantías de confianza y previsibilidad tanto a inversores como a las comunidades”.
El proyecto que se prevé debatir en el Congreso fija claramente que cada provincia firmante “promoverá la actividad minera y la producción de minerales según la modalidad que considere adecuada”, y que la Nación “mantendrá un compendio de la normativa aplicable en el ámbito nacional y de cada provincia en materia minera”, lo que obligará a las jurisdicciones a proveer al ámbito federal “la totalidad de la normativa relevante” y las modificaciones que pudieran surgir.
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Fecha de Publicación: 13/01/2018
Fuente: El Esquiú
Provincia/Región: Nacional
Implicaría un nuevo acuerdo federal con las provincias y cambios en la ley de Tierras.
De acuerdo a lo que publicó el matutino “El Cronista”, el paquete de reformas que el gobierno tiene en carpeta trasciende lo dado a conocer hasta el momento. Sucede que la administración macrista tiene “al menos dos proyectos que necesitan aval legislativo en carpeta”. Para el caso, el periódico señala que se trata de “una reforma de la regulación minera, con un nuevo acuerdo federal con las provincias, y cambios en la ley de Tierras”.
Como muestra de ello toma un informe de diciembre de la consultora Price Waterhouse Coopers (PwC) sobre los dos años de la gestión de Cambiemos, elaborado en inglés y destinado a inversores extranjeros.
En el texto se advierte que “el gobierno quiere unificar las regulaciones mineras bajo una ley federal que permitiría a las compañías operar en todo el país”, y para ello “planea enviar un proyecto (al Congreso) a principios de 2018, después de llegar a un consenso con las administraciones provinciales”.
El informe no abunda en detalles, pero alude al nuevo Acuerdo Federal Minero que el presidente Mauricio Macri presentó en junio para reemplazar el pacto labrado en 1993.
El acuerdo suscripto en junio por 14 provincias, pero sin el acompañamiento de San Luis, Chubut, La Rioja o La Pampa, todos distritos con alta capacidad, pretende eliminar el 1 por ciento que las empresas deben hasta hoy pagar para desarrollar las comunidades locales donde están sus emprendimientos, y fija un techo del 3 por ciento en regalías, que se calculará “sobre el importe total de ingresos brutos devengados”, y ya no sobre el valor “boca mina” del mineral extraído.
Las provincias también podrán recaudar el 1,5% de la facturación a través de Fondos Provinciales de Infraestructura.
Desde la cartera de Energía y Minería, que conduce Juan José Aranguren, comentaron en aquella ocasión que el Acuerdo Federal Minero busca “homogeneizar y racionalizar los instrumentos de política minera”, creando “una nueva plataforma de despegue para la actividad”, que ofrezca “garantías de confianza y previsibilidad tanto a inversores como a las comunidades”.
El proyecto que se prevé debatir en el Congreso fija claramente que cada provincia firmante “promoverá la actividad minera y la producción de minerales según la modalidad que considere adecuada”, y que la Nación “mantendrá un compendio de la normativa aplicable en el ámbito nacional y de cada provincia en materia minera”, lo que obligará a las jurisdicciones a proveer al ámbito federal “la totalidad de la normativa relevante” y las modificaciones que pudieran surgir.
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Entre Ríos: manifestación contra proyecto sobre agroquímicos
Concentración frente a la Casa Gris para repudiar proyecto sobre agroquímicos
Fecha de Publicación: 13/01/2018
Fuente: El Día (Entre Ríos)
Provincia/Región: Entre Ríos
Representantes de distintas organizaciones sociales se concentraron frente a la casa de gobierno para repudiar la media sanción de un proyecto que, entre otras cuestiones, reduce las distancias para fumigar con agroquímicos.
“Estamos acá para rechazar la media sanción que la Cámara de Senadores de Entre Ríos le dio el 26 de diciembre a un proyecto de ley sobre agrotóxicos que contradice a la Constitución”, expresó la abogada Valeria Enderle, quien cuestionó que tal iniciativa haya sido “tratada sobre tablas y sin consultar a la ciudadanía”.
“Es un proyecto de ley totalmente regresivo en cuanto al cuidado de la salud y del medio ambiente”, cuestionó Enderle, quien formó parte del grupo que confeccionó el documento difundido días atrás.
“Hoy se prohíben realizar fumigaciones aéreas a tres kilómetros de distancia, y este proyecto permite fumigar con –por ejemplo– glifosato a 500 metros de las áreas urbanas”, criticó.
En el lugar se realizó una asamblea, luego salieron a volantear por algunas calles de la ciudad para explicarle a la gente qué aprobaron los senadores y advirtieron que irán a protestar a la Cámara de Diputados si éstos quieren avanzar en el polémico proyecto.
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Fecha de Publicación: 13/01/2018
Fuente: El Día (Entre Ríos)
Provincia/Región: Entre Ríos
Representantes de distintas organizaciones sociales se concentraron frente a la casa de gobierno para repudiar la media sanción de un proyecto que, entre otras cuestiones, reduce las distancias para fumigar con agroquímicos.
“Estamos acá para rechazar la media sanción que la Cámara de Senadores de Entre Ríos le dio el 26 de diciembre a un proyecto de ley sobre agrotóxicos que contradice a la Constitución”, expresó la abogada Valeria Enderle, quien cuestionó que tal iniciativa haya sido “tratada sobre tablas y sin consultar a la ciudadanía”.
“Es un proyecto de ley totalmente regresivo en cuanto al cuidado de la salud y del medio ambiente”, cuestionó Enderle, quien formó parte del grupo que confeccionó el documento difundido días atrás.
“Hoy se prohíben realizar fumigaciones aéreas a tres kilómetros de distancia, y este proyecto permite fumigar con –por ejemplo– glifosato a 500 metros de las áreas urbanas”, criticó.
En el lugar se realizó una asamblea, luego salieron a volantear por algunas calles de la ciudad para explicarle a la gente qué aprobaron los senadores y advirtieron que irán a protestar a la Cámara de Diputados si éstos quieren avanzar en el polémico proyecto.
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Se multiplican los basurales en La Plata
Canteras en La Plata, un peligro latente
Fecha de Publicación: 13/01/2018
Fuente: Diario Hoy
Provincia/Región: Buenos Aires
En la ciudad existen más de 100 sitios que se han convertido en basurales a cielo abierto. Se trata de un grave problema social que pone en riesgo la salud de los habitantes de la región. Advierten por la incapacidad del Municipio para acabar con este flagelo
Hubo un tiempo en la ciudad de La Plata en que las canteras eran los lugares en los cuales se extraían piedras u otras materias primas de construcción. Hoy, esa situación ha cambiado radicalmente, para convertirse en espacios totalmente abandonados en los que predominan basurales a cielo abierto que ponen en riesgo la salud de las personas.
Cálculos de organizaciones ambientalistas estiman que en suelo platense existen más de 100 canteras, la mayoría de ellas ilegales, en donde el negocio de la basura pica en punta sin ninguna clase de control por parte de las autoridades. El impacto que esto tiene sobre el ambiente se agrava en el verano, cuando las altas temperaturas transforman a las cavas en verdaderas trampas mortales.
La noticia, trascendida hace unas semanas, de que Ariel, un nene de 5 años que había ido a pescar con su tío, murió ahogado en la cantera ubicada a la altura del kilómetro 50 en la Ruta 2, reavivó la polémica por una situación que continúa sin solucionarse. Al no existir una normativa que regule el accionar de las canteras, la explotación en estos lugares entra en una zona gris en la cual resulta casi imposible una sanción efectiva.
Alteración social
Este problema lleva a que se multipliquen los casos de ciudadanos con serias dificultades respiratorias, afectando especialmente la salud de aquellas personas que viven en los alrededores de las canteras. A eso se le suma el polvo en suspensión que dejan las cavas, así como también los olores nauseabundos de la basura que se tira en el lugar. En ese sentido, pueden llegar a pasar semanas o meses sin que los residuos sean retirados.
Entre los factores de riesgo se encuentra la presencia de roedores por la acumulación de basura, como es el caso de ratas que dejan excrementos en sus instalaciones, una situación que hace que se transmita una grave enfermedad como el hantavirus.
Toda persona que recorre las canteras platenses puede observar cómo se acumulan residuos sólidos urbanos, industriales y patogénicos, todos ellos peligrosos para la salud de los habitantes, quienes deben convivir con una realidad preocupante y cuyos reclamos encuentran oídos sordos en las autoridades municipales.
Vecinos consultados por diario Hoy (ver página 5) alertan que la inacción por parte del Municipio empeora la contaminación y sus problemas de salud, en una muestra más de la inexistente política ambiental por parte de la Comuna.
Al impacto en la salud de las personas se le suman casos como el de la inseguridad, ya que se suceden en forma indiscriminada los casos de violaciones en las cercanías de las cavas, aprovechadas por los abusadores por la libertad de maniobra que dejan estos lugares, al no existir ninguna clase de vigilancia oficial.
A todo esto se le agrega también que sus instalaciones son utilizadas para acciones ilegales, como por ejemplo las carreras prohibidas de motocross que se hacen a plena luz del día, donde las apuestas indebidas se reproducen, creándose el ámbito ideal para acciones por fuera de la ley.
Sin control
Las promesas oficiales de regular las canteras, tanto legales como ilegales, quedaron en la nada, y la sociedad sigue padeciendo graves inconvenientes que dificultan su salud y su normal desenvolvimiento en la vida diaria.
En diálogo con diario Hoy, la integrante de la asamblea “No más basural a cielo abierto en Hernández”, Jorgelina Gómez, aseveró que “durante la campaña, en 2015, el intendente Julio Garro firmó un acta de compromiso ante escribano público en el que se comprometió al control, saneamiento y remediación de estos predios. En aquel momento se mostró muy angustiado con lo que padecían los vecinos de Hernández. Toda esa angustia se le pasó rápidamente cuando asumió, ya que nunca se hizo cargo de todo lo que prometió”.
Para la referente barrial, “la Municipalidad permite que privados continúen arrojando residuos en forma constante, entonces no cesa la contaminación. Se trata de empresas de volquetes que arrojan, no solo materiales de construcción, sino cualquier tipo de residuos porque, al no haber educación en la sociedad en materia de separación de residuos, el vecino tira la bolsa negra, la verde, un escombro y cualquier cosa. Todo eso lo siguen arrojando en la cantera”.
“Lo más preocupante es que la contaminación no se frena. Hay otras canteras en otros barrios que están más desoladas, hay menos vecinos y ahí están arrojando residuos todos los volquetes de la ciudad de La Plata. El camión de volquetes no va al Ceamse porque le sale más caro ingresar allí que lo que saca del alquiler. Al volquete con escombros viene un vecino y le tira bolsas de basura; pasa otro y deja patógenos, y un tercero arroja un animal muerto. Todo eso después va a las canteras. Estamos cansados de que las autoridades nos mientan en la cara”, resaltó Gómez.
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