Bariloche es elegido para estudiar el cambio climático
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Bariloche, uno de los diez elegidos para estudiar el cambio climático
Fecha de Publicación: 14/01/2018
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Nacional
La investigación fue ideada por biólogos de Estados Unidos, para evaluar el impacto del cambio climático en las plantas y su capacidad para tomar carbono.
Bariloche forma parte de un proyecto de experimentación, junto a otras 9 ciudades del mundo. Se trata de la única ciudad de América del Sur que integra esta investigación llamada “Warming x Species Removal Network”.
El proyecto de investigación localizado en esta zona en la estepa patagónica, fue ideado por dos biólogos de la Universidad de Vermont, en Estados Unidos, para evaluar el impacto del cambio climático en las plantas y su capacidad para tomar carbono de la atmósfera. Para eso, buscaron colaboradores que multiplicaran el experimento en diversos lugares del planeta.
“No es lo mismo el aumento de la temperatura en los bosques que en el desierto. La idea fue repetir este experimento, con la misma metodología, en 10 lugares del planeta. Básicamente, en distintos continentes con diversas especies”, explicó la bióloga Noelia Barrios García, investigadora del Conicet.
El proyecto consiste en estudiar “vegetación baja”, a través de invernaderos elaborados con paneles de fibra de vidrio que fueron enviados desde Estados Unidos y que permiten simular el aumento de la temperatura.
Se delimita entonces un sector con estacas plásticas y al lado de estos cuadrantes, se disponen los invernaderos .
“Por un lado, tenemos áreas intactas donde están las plantas y al lado de los cuadrantes, los invernaderos. La idea es comparar unos y otros y además, los que están a más altura y los de abajo”, dijo Barrios García desde su oficina del Cenac (Departamento de Conservación y Educación Ambiental) del parque nacional Nahuel Huapi.
Las visitas a la estepa se realizan en promedio una vez por semana de diciembre a abril. Todos los años se realizan censos de las plantas para evaluar las diversas especies, la cantidad, el tamaño.
El proyecto ya cuenta con 3 años de trabajo y el objetivo es sostenerlo un mínimo de 5 años.
“Hacia el 2.090 el aumento de la temperatura global aumentará entre 2 a 4 grados. Es difícil saber cómo esto va a alterar el funcionamiento de los ecosistemas. Por eso, la idea es estudiar sistemáticamente el impacto del cambio climático en distintos lugares”, señaló Barrios García.
Esta bióloga, junto a Mariano Rodríguez Cabal, investigador del Inibioma Conicet, es la responsable del proyecto en la Patagonia Argentina. La pareja egresó de la UNC y realizó el doctorado en Estados Unidos donde conocieron a Aimée Classen y Nathan Sanders, los impulsores del proyecto.
Sorprendidos por el nivel de lluvias
En diciembre, seis biólogos de Estados Unidos, Suecia, Inglaterra y Nueva Zelanda desembarcaron en Bariloche a fin de medir el carbono y evaluar las características de las plantas que forman parte del proyecto de investigación.
Pero el mal clima de ese momento complicó las visitas al campo.
“Decidieron dejarnos prestado el aparato. No sólo es caro, de poder comprarlo, los insumos que emplea son costosos. Esto sirve para ponernos al día con otras tecnologías”, destacó Barrios García.
La bióloga barilochense indicó que su colega inglés “se sorprendió por lo bien conservado que está todo al salir de la ciudad. También se sorprendieron por las precipitaciones. En Puerto Blest, en el límite con Chile, llueve alrededor de 4.000 milímetros al año, mientras que en
Dina Huapi, a sólo 80 kilómetros, llueven 500 milímetros anuales”.
El proyecto está en marcha y Bariloche tiene el privilegio de formar parte de él.
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Fecha de Publicación: 14/01/2018
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Nacional
La investigación fue ideada por biólogos de Estados Unidos, para evaluar el impacto del cambio climático en las plantas y su capacidad para tomar carbono.
Bariloche forma parte de un proyecto de experimentación, junto a otras 9 ciudades del mundo. Se trata de la única ciudad de América del Sur que integra esta investigación llamada “Warming x Species Removal Network”.
El proyecto de investigación localizado en esta zona en la estepa patagónica, fue ideado por dos biólogos de la Universidad de Vermont, en Estados Unidos, para evaluar el impacto del cambio climático en las plantas y su capacidad para tomar carbono de la atmósfera. Para eso, buscaron colaboradores que multiplicaran el experimento en diversos lugares del planeta.
“No es lo mismo el aumento de la temperatura en los bosques que en el desierto. La idea fue repetir este experimento, con la misma metodología, en 10 lugares del planeta. Básicamente, en distintos continentes con diversas especies”, explicó la bióloga Noelia Barrios García, investigadora del Conicet.
El proyecto consiste en estudiar “vegetación baja”, a través de invernaderos elaborados con paneles de fibra de vidrio que fueron enviados desde Estados Unidos y que permiten simular el aumento de la temperatura.
Se delimita entonces un sector con estacas plásticas y al lado de estos cuadrantes, se disponen los invernaderos .
“Por un lado, tenemos áreas intactas donde están las plantas y al lado de los cuadrantes, los invernaderos. La idea es comparar unos y otros y además, los que están a más altura y los de abajo”, dijo Barrios García desde su oficina del Cenac (Departamento de Conservación y Educación Ambiental) del parque nacional Nahuel Huapi.
Las visitas a la estepa se realizan en promedio una vez por semana de diciembre a abril. Todos los años se realizan censos de las plantas para evaluar las diversas especies, la cantidad, el tamaño.
El proyecto ya cuenta con 3 años de trabajo y el objetivo es sostenerlo un mínimo de 5 años.
“Hacia el 2.090 el aumento de la temperatura global aumentará entre 2 a 4 grados. Es difícil saber cómo esto va a alterar el funcionamiento de los ecosistemas. Por eso, la idea es estudiar sistemáticamente el impacto del cambio climático en distintos lugares”, señaló Barrios García.
Esta bióloga, junto a Mariano Rodríguez Cabal, investigador del Inibioma Conicet, es la responsable del proyecto en la Patagonia Argentina. La pareja egresó de la UNC y realizó el doctorado en Estados Unidos donde conocieron a Aimée Classen y Nathan Sanders, los impulsores del proyecto.
Sorprendidos por el nivel de lluvias
En diciembre, seis biólogos de Estados Unidos, Suecia, Inglaterra y Nueva Zelanda desembarcaron en Bariloche a fin de medir el carbono y evaluar las características de las plantas que forman parte del proyecto de investigación.
Pero el mal clima de ese momento complicó las visitas al campo.
“Decidieron dejarnos prestado el aparato. No sólo es caro, de poder comprarlo, los insumos que emplea son costosos. Esto sirve para ponernos al día con otras tecnologías”, destacó Barrios García.
La bióloga barilochense indicó que su colega inglés “se sorprendió por lo bien conservado que está todo al salir de la ciudad. También se sorprendieron por las precipitaciones. En Puerto Blest, en el límite con Chile, llueve alrededor de 4.000 milímetros al año, mientras que en
Dina Huapi, a sólo 80 kilómetros, llueven 500 milímetros anuales”.
El proyecto está en marcha y Bariloche tiene el privilegio de formar parte de él.
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Frenan otro desmonte de la finca de Marcos Peña
Greenpeace volvió a frenar topadoras en Salta
Fecha de Publicación: 14/01/2018
Fuente: La Gaceta (Salta)
Provincia/Región: Salta
Activistas detuvieron una topadora en el momento justo en que se encontraba deforestando en la finca Cuchuy, vinculada a un familiar del Jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña.
Hoy activistas de Greenpeace detuvieron una topadora que se encontraba deforestando en la finca Cuchuy, en el norte de Salta.
Desde de organización no gubernamental remarcaron que se trata de un desmonte en un área protegida por la Ley Nacional de Bosques, autorizado en forma ilegal por el gobierno salteño, “a pedido del dueño de la finca, Alejandro Jaime Braun Peña”. El empresario, recalcan desde Greenpeace, es primo del Jefe de Gabinete de la Nación Marcos Peña, e integrante del directorio de varias empresas de la familia Macri.
La organización ecologista ya había denunciado el caso en el año 2014 y frenado el desmonte hasta que sus activistas fueron detenidos. El mes pasado las topadoras volvieron a arrasar 400 hectáreas más de bosques nativos. La deforestación afecta en forma directa a cuatro comunidades wichi, cuyas familias quedaron encerradas entre varias fincas que fueron desmontadas en los últimos años. (1)
“Estos bosques, además de concentrar muchísima biodiversidad, son la casa, el almacén y la farmacia de varias comunidades indígenas. Destruirlos es un crimen. Hay que parar las topadoras en forma urgente”, advirtió Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
Para el gobierno el desmonte es legal
El siete de diciembre, después de que se conociera la primera denuncia de Greenpeace, el gobierno publicó un comunicado oficial sobre el tema, en el que aseguran que “los trabajos de cambio de uso de suelo que se ejecutan en la finca El Cuchuy (departamento San Martín) desde 2014, fueron avalados por la autoridad competente provincial y se encontraron ajustados a la normativa ambiental vigente en el momento del dictado de la autorización”.
Se enfatiza, además, que la Ley de Bosques Nativos (Ley de Presupuestos Mínimos) establece que las (provincias o jurisdicciones) dictarán sus Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos de acuerdo con los lineamientos y en función a criterios de conservación establecidos en la misma, como piso para determinar las diferentes categorías (bajo, mediano y alto).
“La Autoridad de Aplicación en materia ambiental en la provincia es el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y otorga las autorizaciones de planes de manejo de cambio de uso de suelo, como también de planes de manejos forestales y de conservación, una vez que se realizan las evaluaciones técnicas y siempre que cumplan con los requisitos establecidos (evaluación de impacto ambiental, audiencias públicas, etc). La autorización del cambio de uso de suelo en cuestión se realizó en el marco del Decreto 2.211/10, a través del cual se aprobaba el Procedimiento de Análisis de Proyectos a Nivel Predial, en virtud de la escala en la cual se realizó la cartografía que sirve de base al mapa de ordenamiento territorial de bosques nativos, lo que permitía incorporar la posibilidad de presentar planes de ordenamiento de escala predial para determinar si en la superficie no confluyen los criterios establecidos por la ley y lo que orientativamente estableció la cartografía”, dice el comunicado.
El comunicado recalca el gobierno autorizó proyectos para la producción agrícola a partir de 2012. “Vale aclarar que los proyectos de cambio de uso de suelo autorizados cuando la ley lo permitía no se realizan en una sola acción sino por módulos y que los mismos se ejecutan con intervalos de tiempo entre uno y otro. En este marco, el actual desmonte en ejecución en el mencionado predio corresponde a un módulo autorizado oportunamente”, señalaron.
“Es importante tener en cuenta que consta en el expediente (foja 453 exp. 119-15742-2017) el acta acuerdo celebrada entre Braun Peña y Larrán Gastón por una parte y, por la otra, la comunidad wichí Laguna Cuchuy, en la que los primeros se comprometen a la donación de 300 hectáreas, que están dentro del 40% exigido por la Ley como reserva natural. Asimismo, consta y se ratifica la conformidad de las comunidades respecto del área del proyecto en acta. (foja 479)”, concluye el comunicado.
Greenpeace insiste
Desde la organización ambientalista se enfatiza, sin embargo, que la estancia fue clasificada por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta en las Categorías I - rojo y II - amarillo, donde se prohíben desmontes.
Y recalcan que la destrucción de esos bosques afectará seriamente la subsistencia de las comunidades indígenas Corralito, Cuchuy, San José, y Chaguaral, cuyas familias en 2012 denunciaron ante las autoridades salteñas que recibieron presiones por parte de empresarios de la zona para seguir desmontando a cambio de cederles algunas porciones de tierra. La dramática situación de las comunidades fue advertida ese mismo año por autoridades de la Universidad Nacional de Salta, que solicitaron la intervención de los funcionarios.
“Quienes destruyen bosques no son empresarios, son delincuentes. Necesitamos que se penalice a los responsables de desmontes ilegales e incendios intencionales y a los funcionarios que los faciliten”, finalizó Giardini.
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Fecha de Publicación: 14/01/2018
Fuente: La Gaceta (Salta)
Provincia/Región: Salta
Activistas detuvieron una topadora en el momento justo en que se encontraba deforestando en la finca Cuchuy, vinculada a un familiar del Jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña.
Hoy activistas de Greenpeace detuvieron una topadora que se encontraba deforestando en la finca Cuchuy, en el norte de Salta.
Desde de organización no gubernamental remarcaron que se trata de un desmonte en un área protegida por la Ley Nacional de Bosques, autorizado en forma ilegal por el gobierno salteño, “a pedido del dueño de la finca, Alejandro Jaime Braun Peña”. El empresario, recalcan desde Greenpeace, es primo del Jefe de Gabinete de la Nación Marcos Peña, e integrante del directorio de varias empresas de la familia Macri.
La organización ecologista ya había denunciado el caso en el año 2014 y frenado el desmonte hasta que sus activistas fueron detenidos. El mes pasado las topadoras volvieron a arrasar 400 hectáreas más de bosques nativos. La deforestación afecta en forma directa a cuatro comunidades wichi, cuyas familias quedaron encerradas entre varias fincas que fueron desmontadas en los últimos años. (1)
“Estos bosques, además de concentrar muchísima biodiversidad, son la casa, el almacén y la farmacia de varias comunidades indígenas. Destruirlos es un crimen. Hay que parar las topadoras en forma urgente”, advirtió Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
Para el gobierno el desmonte es legal
El siete de diciembre, después de que se conociera la primera denuncia de Greenpeace, el gobierno publicó un comunicado oficial sobre el tema, en el que aseguran que “los trabajos de cambio de uso de suelo que se ejecutan en la finca El Cuchuy (departamento San Martín) desde 2014, fueron avalados por la autoridad competente provincial y se encontraron ajustados a la normativa ambiental vigente en el momento del dictado de la autorización”.
Se enfatiza, además, que la Ley de Bosques Nativos (Ley de Presupuestos Mínimos) establece que las (provincias o jurisdicciones) dictarán sus Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos de acuerdo con los lineamientos y en función a criterios de conservación establecidos en la misma, como piso para determinar las diferentes categorías (bajo, mediano y alto).
“La Autoridad de Aplicación en materia ambiental en la provincia es el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y otorga las autorizaciones de planes de manejo de cambio de uso de suelo, como también de planes de manejos forestales y de conservación, una vez que se realizan las evaluaciones técnicas y siempre que cumplan con los requisitos establecidos (evaluación de impacto ambiental, audiencias públicas, etc). La autorización del cambio de uso de suelo en cuestión se realizó en el marco del Decreto 2.211/10, a través del cual se aprobaba el Procedimiento de Análisis de Proyectos a Nivel Predial, en virtud de la escala en la cual se realizó la cartografía que sirve de base al mapa de ordenamiento territorial de bosques nativos, lo que permitía incorporar la posibilidad de presentar planes de ordenamiento de escala predial para determinar si en la superficie no confluyen los criterios establecidos por la ley y lo que orientativamente estableció la cartografía”, dice el comunicado.
El comunicado recalca el gobierno autorizó proyectos para la producción agrícola a partir de 2012. “Vale aclarar que los proyectos de cambio de uso de suelo autorizados cuando la ley lo permitía no se realizan en una sola acción sino por módulos y que los mismos se ejecutan con intervalos de tiempo entre uno y otro. En este marco, el actual desmonte en ejecución en el mencionado predio corresponde a un módulo autorizado oportunamente”, señalaron.
“Es importante tener en cuenta que consta en el expediente (foja 453 exp. 119-15742-2017) el acta acuerdo celebrada entre Braun Peña y Larrán Gastón por una parte y, por la otra, la comunidad wichí Laguna Cuchuy, en la que los primeros se comprometen a la donación de 300 hectáreas, que están dentro del 40% exigido por la Ley como reserva natural. Asimismo, consta y se ratifica la conformidad de las comunidades respecto del área del proyecto en acta. (foja 479)”, concluye el comunicado.
Greenpeace insiste
Desde la organización ambientalista se enfatiza, sin embargo, que la estancia fue clasificada por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta en las Categorías I - rojo y II - amarillo, donde se prohíben desmontes.
Y recalcan que la destrucción de esos bosques afectará seriamente la subsistencia de las comunidades indígenas Corralito, Cuchuy, San José, y Chaguaral, cuyas familias en 2012 denunciaron ante las autoridades salteñas que recibieron presiones por parte de empresarios de la zona para seguir desmontando a cambio de cederles algunas porciones de tierra. La dramática situación de las comunidades fue advertida ese mismo año por autoridades de la Universidad Nacional de Salta, que solicitaron la intervención de los funcionarios.
“Quienes destruyen bosques no son empresarios, son delincuentes. Necesitamos que se penalice a los responsables de desmontes ilegales e incendios intencionales y a los funcionarios que los faciliten”, finalizó Giardini.
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Desmontes,
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Mendoza tendrá otros 5 parques solares en dos años
En 2020, Mendoza tendrá otros 5 parques solares
Fecha de Publicación: 14/01/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Estarán en Lavalle, Luján, La Paz, Pasip y General Alvear. Son del Programa RenovAR y fueron diseñados por EMESA.
El Ministerio de Energía anunció que se concretaron hoy las firmas de los últimos cinco contratos de proyectos de generación eléctrica a partir de fuentes renovables correspondientes a la Ronda 1.5 del Programa Renovar.
Con esta contractualización de proyectos adjudicados, el Programa RenovAr cierra así su período de firmas de los 59 proyectos de las Rondas 1 y 1.5, de los cuales, 26 están en obra y 5 ya operan comercialmente.
La cartera energética informó que los cinco contratos corresponden a proyectos que la Empresa Mendocina de Energía S.A (EMESA) tiene en la provincia de Mendoza. Tras la firma de la documentación comienzan a correr los plazos para la entrada en operación comercial de cada central, que varía entre 12 y 30 meses, por lo que en 2020 estarán finalizados y en condiciones de comenzar a operar.
Se trata de 5 parques solares por un total de 72,5 Mw conocidos como Lavalle, Luján de Cuyo, La Paz, Pasip y General Alvear.
La firma de estos contratos se enmarca en la Resolución N°437-E/2017 por la cual se invitó a los titulares de los proyectos que resultaron adjudicatarios de la rondas 1 y 1.5 del programa RenovAr a optar por la aplicación del régimen de cómputo de componente nacional.
La Resolución conjunta de la cartera energética y el Ministerio de Producción, prevé la reducción del precio contractual a establecerse según una fórmula en función de los precios que surgieran de la Ronda 2.
Estos nuevos precios, que contribuirán a reducir el costo de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista, quedaron establecidos en la Resolución 507 del pasado 28 de diciembre.
De esta manera, los proyectos Lavalle, Luján de Cuyo, La Paz, y General Alvear alcanzaron finalmente un precio de US$ 48,75/Mwh habiendo sido adjudicados originalmente a US$ 55/Mwh ; y el proyecto Pasip con un precio de US$ 47,25 dólares/Mwh tras una adjudicación original a US$ 52 /Mwh.
Al considerar todas las rondas realizadas de RenovAr, el Precio Promedio Ponderado en US$/ Mwh pasó de 61,33 en la primera, 53,98 en la ronda 1.5 y alcanzó los 51,48 en la última.
Los cambios más significativos pueden observarse en los precios mínimos de las tecnologías solar, que pasaron de 59 US$/ Mwh en la ronda 1 a 40,44 US$/ MWh en la ronda 2; y de la eólica, que varió su mínimo de 49 a 37 US$/ Mwh.
El programa RenovAr lleva a la fecha 147 proyectos adjudicados en 21 provincias por un total de 4.466,5 Mw, de los cuales 41 son solares, 34 eólicos, 18 de Biomasa, 14 Pequeños Aprovechamientos Hidroeléctricos, 36 de Biogás y 4 de Biogás de Relleno Sanitario.
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Fecha de Publicación: 14/01/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Estarán en Lavalle, Luján, La Paz, Pasip y General Alvear. Son del Programa RenovAR y fueron diseñados por EMESA.
El Ministerio de Energía anunció que se concretaron hoy las firmas de los últimos cinco contratos de proyectos de generación eléctrica a partir de fuentes renovables correspondientes a la Ronda 1.5 del Programa Renovar.
Con esta contractualización de proyectos adjudicados, el Programa RenovAr cierra así su período de firmas de los 59 proyectos de las Rondas 1 y 1.5, de los cuales, 26 están en obra y 5 ya operan comercialmente.
La cartera energética informó que los cinco contratos corresponden a proyectos que la Empresa Mendocina de Energía S.A (EMESA) tiene en la provincia de Mendoza. Tras la firma de la documentación comienzan a correr los plazos para la entrada en operación comercial de cada central, que varía entre 12 y 30 meses, por lo que en 2020 estarán finalizados y en condiciones de comenzar a operar.
Se trata de 5 parques solares por un total de 72,5 Mw conocidos como Lavalle, Luján de Cuyo, La Paz, Pasip y General Alvear.
La firma de estos contratos se enmarca en la Resolución N°437-E/2017 por la cual se invitó a los titulares de los proyectos que resultaron adjudicatarios de la rondas 1 y 1.5 del programa RenovAr a optar por la aplicación del régimen de cómputo de componente nacional.
La Resolución conjunta de la cartera energética y el Ministerio de Producción, prevé la reducción del precio contractual a establecerse según una fórmula en función de los precios que surgieran de la Ronda 2.
Estos nuevos precios, que contribuirán a reducir el costo de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista, quedaron establecidos en la Resolución 507 del pasado 28 de diciembre.
De esta manera, los proyectos Lavalle, Luján de Cuyo, La Paz, y General Alvear alcanzaron finalmente un precio de US$ 48,75/Mwh habiendo sido adjudicados originalmente a US$ 55/Mwh ; y el proyecto Pasip con un precio de US$ 47,25 dólares/Mwh tras una adjudicación original a US$ 52 /Mwh.
Al considerar todas las rondas realizadas de RenovAr, el Precio Promedio Ponderado en US$/ Mwh pasó de 61,33 en la primera, 53,98 en la ronda 1.5 y alcanzó los 51,48 en la última.
Los cambios más significativos pueden observarse en los precios mínimos de las tecnologías solar, que pasaron de 59 US$/ Mwh en la ronda 1 a 40,44 US$/ MWh en la ronda 2; y de la eólica, que varió su mínimo de 49 a 37 US$/ Mwh.
El programa RenovAr lleva a la fecha 147 proyectos adjudicados en 21 provincias por un total de 4.466,5 Mw, de los cuales 41 son solares, 34 eólicos, 18 de Biomasa, 14 Pequeños Aprovechamientos Hidroeléctricos, 36 de Biogás y 4 de Biogás de Relleno Sanitario.
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Regulación minera con inteciones de ser modificada
Nación impulsaría una reforma en la regulación minera
Fecha de Publicación: 13/01/2018
Fuente: El Esquiú
Provincia/Región: Nacional
Implicaría un nuevo acuerdo federal con las provincias y cambios en la ley de Tierras.
De acuerdo a lo que publicó el matutino “El Cronista”, el paquete de reformas que el gobierno tiene en carpeta trasciende lo dado a conocer hasta el momento. Sucede que la administración macrista tiene “al menos dos proyectos que necesitan aval legislativo en carpeta”. Para el caso, el periódico señala que se trata de “una reforma de la regulación minera, con un nuevo acuerdo federal con las provincias, y cambios en la ley de Tierras”.
Como muestra de ello toma un informe de diciembre de la consultora Price Waterhouse Coopers (PwC) sobre los dos años de la gestión de Cambiemos, elaborado en inglés y destinado a inversores extranjeros.
En el texto se advierte que “el gobierno quiere unificar las regulaciones mineras bajo una ley federal que permitiría a las compañías operar en todo el país”, y para ello “planea enviar un proyecto (al Congreso) a principios de 2018, después de llegar a un consenso con las administraciones provinciales”.
El informe no abunda en detalles, pero alude al nuevo Acuerdo Federal Minero que el presidente Mauricio Macri presentó en junio para reemplazar el pacto labrado en 1993.
El acuerdo suscripto en junio por 14 provincias, pero sin el acompañamiento de San Luis, Chubut, La Rioja o La Pampa, todos distritos con alta capacidad, pretende eliminar el 1 por ciento que las empresas deben hasta hoy pagar para desarrollar las comunidades locales donde están sus emprendimientos, y fija un techo del 3 por ciento en regalías, que se calculará “sobre el importe total de ingresos brutos devengados”, y ya no sobre el valor “boca mina” del mineral extraído.
Las provincias también podrán recaudar el 1,5% de la facturación a través de Fondos Provinciales de Infraestructura.
Desde la cartera de Energía y Minería, que conduce Juan José Aranguren, comentaron en aquella ocasión que el Acuerdo Federal Minero busca “homogeneizar y racionalizar los instrumentos de política minera”, creando “una nueva plataforma de despegue para la actividad”, que ofrezca “garantías de confianza y previsibilidad tanto a inversores como a las comunidades”.
El proyecto que se prevé debatir en el Congreso fija claramente que cada provincia firmante “promoverá la actividad minera y la producción de minerales según la modalidad que considere adecuada”, y que la Nación “mantendrá un compendio de la normativa aplicable en el ámbito nacional y de cada provincia en materia minera”, lo que obligará a las jurisdicciones a proveer al ámbito federal “la totalidad de la normativa relevante” y las modificaciones que pudieran surgir.
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Fecha de Publicación: 13/01/2018
Fuente: El Esquiú
Provincia/Región: Nacional
Implicaría un nuevo acuerdo federal con las provincias y cambios en la ley de Tierras.
De acuerdo a lo que publicó el matutino “El Cronista”, el paquete de reformas que el gobierno tiene en carpeta trasciende lo dado a conocer hasta el momento. Sucede que la administración macrista tiene “al menos dos proyectos que necesitan aval legislativo en carpeta”. Para el caso, el periódico señala que se trata de “una reforma de la regulación minera, con un nuevo acuerdo federal con las provincias, y cambios en la ley de Tierras”.
Como muestra de ello toma un informe de diciembre de la consultora Price Waterhouse Coopers (PwC) sobre los dos años de la gestión de Cambiemos, elaborado en inglés y destinado a inversores extranjeros.
En el texto se advierte que “el gobierno quiere unificar las regulaciones mineras bajo una ley federal que permitiría a las compañías operar en todo el país”, y para ello “planea enviar un proyecto (al Congreso) a principios de 2018, después de llegar a un consenso con las administraciones provinciales”.
El informe no abunda en detalles, pero alude al nuevo Acuerdo Federal Minero que el presidente Mauricio Macri presentó en junio para reemplazar el pacto labrado en 1993.
El acuerdo suscripto en junio por 14 provincias, pero sin el acompañamiento de San Luis, Chubut, La Rioja o La Pampa, todos distritos con alta capacidad, pretende eliminar el 1 por ciento que las empresas deben hasta hoy pagar para desarrollar las comunidades locales donde están sus emprendimientos, y fija un techo del 3 por ciento en regalías, que se calculará “sobre el importe total de ingresos brutos devengados”, y ya no sobre el valor “boca mina” del mineral extraído.
Las provincias también podrán recaudar el 1,5% de la facturación a través de Fondos Provinciales de Infraestructura.
Desde la cartera de Energía y Minería, que conduce Juan José Aranguren, comentaron en aquella ocasión que el Acuerdo Federal Minero busca “homogeneizar y racionalizar los instrumentos de política minera”, creando “una nueva plataforma de despegue para la actividad”, que ofrezca “garantías de confianza y previsibilidad tanto a inversores como a las comunidades”.
El proyecto que se prevé debatir en el Congreso fija claramente que cada provincia firmante “promoverá la actividad minera y la producción de minerales según la modalidad que considere adecuada”, y que la Nación “mantendrá un compendio de la normativa aplicable en el ámbito nacional y de cada provincia en materia minera”, lo que obligará a las jurisdicciones a proveer al ámbito federal “la totalidad de la normativa relevante” y las modificaciones que pudieran surgir.
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Entre Ríos: manifestación contra proyecto sobre agroquímicos
Concentración frente a la Casa Gris para repudiar proyecto sobre agroquímicos
Fecha de Publicación: 13/01/2018
Fuente: El Día (Entre Ríos)
Provincia/Región: Entre Ríos
Representantes de distintas organizaciones sociales se concentraron frente a la casa de gobierno para repudiar la media sanción de un proyecto que, entre otras cuestiones, reduce las distancias para fumigar con agroquímicos.
“Estamos acá para rechazar la media sanción que la Cámara de Senadores de Entre Ríos le dio el 26 de diciembre a un proyecto de ley sobre agrotóxicos que contradice a la Constitución”, expresó la abogada Valeria Enderle, quien cuestionó que tal iniciativa haya sido “tratada sobre tablas y sin consultar a la ciudadanía”.
“Es un proyecto de ley totalmente regresivo en cuanto al cuidado de la salud y del medio ambiente”, cuestionó Enderle, quien formó parte del grupo que confeccionó el documento difundido días atrás.
“Hoy se prohíben realizar fumigaciones aéreas a tres kilómetros de distancia, y este proyecto permite fumigar con –por ejemplo– glifosato a 500 metros de las áreas urbanas”, criticó.
En el lugar se realizó una asamblea, luego salieron a volantear por algunas calles de la ciudad para explicarle a la gente qué aprobaron los senadores y advirtieron que irán a protestar a la Cámara de Diputados si éstos quieren avanzar en el polémico proyecto.
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Fecha de Publicación: 13/01/2018
Fuente: El Día (Entre Ríos)
Provincia/Región: Entre Ríos
Representantes de distintas organizaciones sociales se concentraron frente a la casa de gobierno para repudiar la media sanción de un proyecto que, entre otras cuestiones, reduce las distancias para fumigar con agroquímicos.
“Estamos acá para rechazar la media sanción que la Cámara de Senadores de Entre Ríos le dio el 26 de diciembre a un proyecto de ley sobre agrotóxicos que contradice a la Constitución”, expresó la abogada Valeria Enderle, quien cuestionó que tal iniciativa haya sido “tratada sobre tablas y sin consultar a la ciudadanía”.
“Es un proyecto de ley totalmente regresivo en cuanto al cuidado de la salud y del medio ambiente”, cuestionó Enderle, quien formó parte del grupo que confeccionó el documento difundido días atrás.
“Hoy se prohíben realizar fumigaciones aéreas a tres kilómetros de distancia, y este proyecto permite fumigar con –por ejemplo– glifosato a 500 metros de las áreas urbanas”, criticó.
En el lugar se realizó una asamblea, luego salieron a volantear por algunas calles de la ciudad para explicarle a la gente qué aprobaron los senadores y advirtieron que irán a protestar a la Cámara de Diputados si éstos quieren avanzar en el polémico proyecto.
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Se multiplican los basurales en La Plata
Canteras en La Plata, un peligro latente
Fecha de Publicación: 13/01/2018
Fuente: Diario Hoy
Provincia/Región: Buenos Aires
En la ciudad existen más de 100 sitios que se han convertido en basurales a cielo abierto. Se trata de un grave problema social que pone en riesgo la salud de los habitantes de la región. Advierten por la incapacidad del Municipio para acabar con este flagelo
Hubo un tiempo en la ciudad de La Plata en que las canteras eran los lugares en los cuales se extraían piedras u otras materias primas de construcción. Hoy, esa situación ha cambiado radicalmente, para convertirse en espacios totalmente abandonados en los que predominan basurales a cielo abierto que ponen en riesgo la salud de las personas.
Cálculos de organizaciones ambientalistas estiman que en suelo platense existen más de 100 canteras, la mayoría de ellas ilegales, en donde el negocio de la basura pica en punta sin ninguna clase de control por parte de las autoridades. El impacto que esto tiene sobre el ambiente se agrava en el verano, cuando las altas temperaturas transforman a las cavas en verdaderas trampas mortales.
La noticia, trascendida hace unas semanas, de que Ariel, un nene de 5 años que había ido a pescar con su tío, murió ahogado en la cantera ubicada a la altura del kilómetro 50 en la Ruta 2, reavivó la polémica por una situación que continúa sin solucionarse. Al no existir una normativa que regule el accionar de las canteras, la explotación en estos lugares entra en una zona gris en la cual resulta casi imposible una sanción efectiva.
Alteración social
Este problema lleva a que se multipliquen los casos de ciudadanos con serias dificultades respiratorias, afectando especialmente la salud de aquellas personas que viven en los alrededores de las canteras. A eso se le suma el polvo en suspensión que dejan las cavas, así como también los olores nauseabundos de la basura que se tira en el lugar. En ese sentido, pueden llegar a pasar semanas o meses sin que los residuos sean retirados.
Entre los factores de riesgo se encuentra la presencia de roedores por la acumulación de basura, como es el caso de ratas que dejan excrementos en sus instalaciones, una situación que hace que se transmita una grave enfermedad como el hantavirus.
Toda persona que recorre las canteras platenses puede observar cómo se acumulan residuos sólidos urbanos, industriales y patogénicos, todos ellos peligrosos para la salud de los habitantes, quienes deben convivir con una realidad preocupante y cuyos reclamos encuentran oídos sordos en las autoridades municipales.
Vecinos consultados por diario Hoy (ver página 5) alertan que la inacción por parte del Municipio empeora la contaminación y sus problemas de salud, en una muestra más de la inexistente política ambiental por parte de la Comuna.
Al impacto en la salud de las personas se le suman casos como el de la inseguridad, ya que se suceden en forma indiscriminada los casos de violaciones en las cercanías de las cavas, aprovechadas por los abusadores por la libertad de maniobra que dejan estos lugares, al no existir ninguna clase de vigilancia oficial.
A todo esto se le agrega también que sus instalaciones son utilizadas para acciones ilegales, como por ejemplo las carreras prohibidas de motocross que se hacen a plena luz del día, donde las apuestas indebidas se reproducen, creándose el ámbito ideal para acciones por fuera de la ley.
Sin control
Las promesas oficiales de regular las canteras, tanto legales como ilegales, quedaron en la nada, y la sociedad sigue padeciendo graves inconvenientes que dificultan su salud y su normal desenvolvimiento en la vida diaria.
En diálogo con diario Hoy, la integrante de la asamblea “No más basural a cielo abierto en Hernández”, Jorgelina Gómez, aseveró que “durante la campaña, en 2015, el intendente Julio Garro firmó un acta de compromiso ante escribano público en el que se comprometió al control, saneamiento y remediación de estos predios. En aquel momento se mostró muy angustiado con lo que padecían los vecinos de Hernández. Toda esa angustia se le pasó rápidamente cuando asumió, ya que nunca se hizo cargo de todo lo que prometió”.
Para la referente barrial, “la Municipalidad permite que privados continúen arrojando residuos en forma constante, entonces no cesa la contaminación. Se trata de empresas de volquetes que arrojan, no solo materiales de construcción, sino cualquier tipo de residuos porque, al no haber educación en la sociedad en materia de separación de residuos, el vecino tira la bolsa negra, la verde, un escombro y cualquier cosa. Todo eso lo siguen arrojando en la cantera”.
“Lo más preocupante es que la contaminación no se frena. Hay otras canteras en otros barrios que están más desoladas, hay menos vecinos y ahí están arrojando residuos todos los volquetes de la ciudad de La Plata. El camión de volquetes no va al Ceamse porque le sale más caro ingresar allí que lo que saca del alquiler. Al volquete con escombros viene un vecino y le tira bolsas de basura; pasa otro y deja patógenos, y un tercero arroja un animal muerto. Todo eso después va a las canteras. Estamos cansados de que las autoridades nos mientan en la cara”, resaltó Gómez.
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La Justica rionegrina avala la ley antinuclear
El STJ mantuvo en pie la ley que prohíbe las centrales nucleares
Fecha de Publicación: 12/01/2018
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
El máximo tribunal rionegrino rechazó una acción de inconstitucionalidad que había presentado un vecino de Bariloche contra la norma sancionada en septiembre por la Legislatura.
La ley 5227, que prohíbe la instalación de centrales de generación de energía nucleoeléctrica de potencia en Río Negro, sigue en pie. El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia rechazó “por improcedente” una acción que había promovido el ciudadano barilochense Antonio Osvaldo Sánchez, para que la justicia dicte la prohibición por inconstitucional de la normativa sancionada el 1 de septiembre pasado por la Legislatura rionegrina.
El STJ resolvió el 28 de diciembre pasado desestimar la acción, que peticionaba una mandamiento de prohibición de la ley. La jueza del STJ Liliana Piccinini redactó el voto del fallo, y sus pares Sergio Barotto y Enrique Mansilla adhirieron.
Sánchez pretendía que el STJ declare inconstitucional la ley, para que se posibilite de inmediato la rehabilitación y la continuidad del proyecto de la central nuclear, que se iba a construir con financiamiento de China, en la provincia.
El gobernador Alberto Weretilneck había impulsado el proyecto, con el aval de Nación, que representaba una inversión de casi 8 mil millones de dólares, pero tras el fracaso electoral de su partido en las PASO de agosto pasado, resolvió dar marcha atrás.
Sánchez advirtió que no derogar la norma “configura el riesgo de frustrar un proyecto de trascendencia tecnológica, económica y social de proyección nacional”. Sostuvo que cuando se trató el proyecto de ley en la Legislatura, no se acreditó la urgencia que exige el artículo 143 de la Constitución provincial, para sancionar una norma de manera excepcional en una única vuelta. Sostuvo que hubo ausencia de difusión y opinión popular.
La ley prohíbe en Río Negro la instalación de centrales de generación de energía nucleoeléctrica de potencia, con la excepción de la instalación de plantas de diseño nacional basadas en la tecnología Carem (Central Argentina de Elementos Modulares) desarrollada por CNEA e INVAP. La norma fue promulgada a principios de septiembre último.
El Procurador General subrogante, Marcelo Alvarez, dictaminó que Sánchez no se encontraba legitimado para actuar.
“En nuestro sistema de control constitucional no sólo puede declararse inconstitucional una norma de oficio, sino que todo magistrado que se encuentre ante la mencionada vulneración, deberá hacerlo”, recordó Piccinini.
Pero planteó que en este caso “resulta también impreciso el perjuicio generado como consecuencia de la presunta violación del orden jurídico -alegando la genérica afectación del interés público nacional y violación de los derechos consagrados en los artículos 67 a 69 de la Constitución Provincial”.
“La parte que solicita la declaración de inconstitucionalidad de una ley debe probar no sólo que la misma es inválida, sino también que le causa un perjuicio directo, o que está en peligro inmediato de sufrirlo como resultado de su aplicación, y no meramente que lo sufre en forma indefinida”, afirmó la jueza del STJ.
“Corresponde resaltar la presunción de validez que subyace en la ley, al ser la expresión de la voluntad soberana y el simple artilugio de interponer un mandamiento de prohibición obviaría su aplicación -lo que es sinónimo de una derogación temporal- de una norma que es de aplicación directa de la Constitución, con la consiguiente intromisión de un Poder en lo que es propio de otro”, advirtió Piccinini.
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Fecha de Publicación: 12/01/2018
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
El máximo tribunal rionegrino rechazó una acción de inconstitucionalidad que había presentado un vecino de Bariloche contra la norma sancionada en septiembre por la Legislatura.
La ley 5227, que prohíbe la instalación de centrales de generación de energía nucleoeléctrica de potencia en Río Negro, sigue en pie. El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia rechazó “por improcedente” una acción que había promovido el ciudadano barilochense Antonio Osvaldo Sánchez, para que la justicia dicte la prohibición por inconstitucional de la normativa sancionada el 1 de septiembre pasado por la Legislatura rionegrina.
El STJ resolvió el 28 de diciembre pasado desestimar la acción, que peticionaba una mandamiento de prohibición de la ley. La jueza del STJ Liliana Piccinini redactó el voto del fallo, y sus pares Sergio Barotto y Enrique Mansilla adhirieron.
Sánchez pretendía que el STJ declare inconstitucional la ley, para que se posibilite de inmediato la rehabilitación y la continuidad del proyecto de la central nuclear, que se iba a construir con financiamiento de China, en la provincia.
El gobernador Alberto Weretilneck había impulsado el proyecto, con el aval de Nación, que representaba una inversión de casi 8 mil millones de dólares, pero tras el fracaso electoral de su partido en las PASO de agosto pasado, resolvió dar marcha atrás.
Sánchez advirtió que no derogar la norma “configura el riesgo de frustrar un proyecto de trascendencia tecnológica, económica y social de proyección nacional”. Sostuvo que cuando se trató el proyecto de ley en la Legislatura, no se acreditó la urgencia que exige el artículo 143 de la Constitución provincial, para sancionar una norma de manera excepcional en una única vuelta. Sostuvo que hubo ausencia de difusión y opinión popular.
La ley prohíbe en Río Negro la instalación de centrales de generación de energía nucleoeléctrica de potencia, con la excepción de la instalación de plantas de diseño nacional basadas en la tecnología Carem (Central Argentina de Elementos Modulares) desarrollada por CNEA e INVAP. La norma fue promulgada a principios de septiembre último.
El Procurador General subrogante, Marcelo Alvarez, dictaminó que Sánchez no se encontraba legitimado para actuar.
“En nuestro sistema de control constitucional no sólo puede declararse inconstitucional una norma de oficio, sino que todo magistrado que se encuentre ante la mencionada vulneración, deberá hacerlo”, recordó Piccinini.
Pero planteó que en este caso “resulta también impreciso el perjuicio generado como consecuencia de la presunta violación del orden jurídico -alegando la genérica afectación del interés público nacional y violación de los derechos consagrados en los artículos 67 a 69 de la Constitución Provincial”.
“La parte que solicita la declaración de inconstitucionalidad de una ley debe probar no sólo que la misma es inválida, sino también que le causa un perjuicio directo, o que está en peligro inmediato de sufrirlo como resultado de su aplicación, y no meramente que lo sufre en forma indefinida”, afirmó la jueza del STJ.
“Corresponde resaltar la presunción de validez que subyace en la ley, al ser la expresión de la voluntad soberana y el simple artilugio de interponer un mandamiento de prohibición obviaría su aplicación -lo que es sinónimo de una derogación temporal- de una norma que es de aplicación directa de la Constitución, con la consiguiente intromisión de un Poder en lo que es propio de otro”, advirtió Piccinini.
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Cambio de ministro de ecología en Misiones
El nuevo Ministro de Ecología, un férreo defensor del camino en el Lote 8
Fecha de Publicación: 12/01/2018
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones
El decreto que pone a Juan Manuel Díaz en el cargo fue publicado en el Boletín Oficial, poniendo fin al interinato del ministro Adolfo Pischik. Díaz sumó cuestionamientos por su labor hasta el año pasado.
Aunque se mencionó con insistencia la posibilidad de que un exdiputado provincial que culminó su mandato en diciembre se hiciera cargo, finalmente el gobernador optó por el subsecretario de Ecología y Desarrollo Sustentable, Juan Manuel Díaz para quedar al frente del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones.
Díaz reemplazará a su exjefa, Verónica Derna, quien asumió la banca que dejó Maurice Closs en diputados de la Nación hasta 2019. Cabe recordar que interinamente fue puesto en Ecología el ministro de Gabinete, Adolfo Pischik. No se conoce quién reemplazará a Díaz en la subsecretaría que lideró durante varios años en dos gestiones gubernamentales.
El flamante ministro se hizo conocido por ser uno de los férreros defensores del camino en el Lote 8 del parque provincial Moconá, una obra que fue paralizada tras las fuertes protestas en su contra, mediante un amparo en la Justicia provincial que aún no se expidió sobre su legalidad.
Díaz fue quien sostuvo desde la gestión de Closs al frente del Ejecutivo, el proyecto de trazado dentro de la reserva natural protegida por ley, de carácter intangible y se opuso junto con Derna a la posibilidad de abrir un camino por fuera del Moconá como reclamaron los guardaparques provinciales y referentes de entidades ecologistas en protestas bajo la consigna “el Moconá no se toca”, y luego en la audiencia pública sobre el tema.
Antecedentes cercanos
Pero, además, el ahora ministro Juan Manuel Díaz fue blanco de cuestionamientos por su trabajo para frenar la tala ilegal, incluso cuando firmó la Disposición 0015 del 10 de abril de 2017, en la que calculó una multa en 111.800 pesos, valuando cada litro de nafta común en 5,59 pesos, cuando ya el litro costaba entre 18 y 20 pesos; abaratando inexplicablemente el costo de la sanción al responsable de un apeo ilegal de 42 metros cúbicos de Pino Paraná Araucaria Angustifolia, especie declarada monumento natural provincial, además de otras especies.
En ese entonces, Díaz no solo le cobró más barata la multa sino que no le clausuró el aserradero al infractor, al que incluso le devolvió el rodado. Además, se supo luego que la mencionada Disposición es que no pasó por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Ecología, organismo que habitualmente tiene los abogados capacitados como para intervenir en estos conflictos.
Otro caso muy polémico fue la tala rasa que aplicó un importante empresario de la zona Norte en decenas de hectáreas de madera nativa en un predio privado de la ruta provincial 18. Luego que PRIMERA?EDICIÓN hiciera pública la preocupación de los vecinos, Ecología envió funcionarios hasta el lugar sin que se conozcan multas o sanciones.
Sin embargo, días después, trascendió un “informe de patrulla” del 3 de febrero del año 2016, confeccionado por guardaparques del Parque Foerster donde se confirma que un mes antes ya habían constatado la tala en el mismo lugar sin que se frenara la misma. Una completa inacción.
Y el último caso resonante fue la muerte de un yaguareté en la reserva privada de Arauco, que Ecología ocultó por varios días hasta que este Diario la hizo pública y provocó el enojo de las ONG que trabajan por la conservación de la especie animal.
Guardaparques atentos a una convocatoria al diálogo
Diego Ciarmello es uno de los referentes de los guardaparques que se opuso al camino en el Lote 8 del Moconá y es parte del grupo que luchó contra los desplazamientos en el parque provincial de quienes se sumaron a la movida en defensa de la reserva.
En diálogo con PRIMERA EDICIÓN, dijo que esperan una convocatoria al diálogo de parte del nuevo ministro Díaz. Enumeró entre los temas que pretenden avanzar en conjunto a la ventana jubilatoria y el Estatuto del sector que hasta el momento no consiguieron avances en las gestiones anteriores.
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Fecha de Publicación: 12/01/2018
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones
El decreto que pone a Juan Manuel Díaz en el cargo fue publicado en el Boletín Oficial, poniendo fin al interinato del ministro Adolfo Pischik. Díaz sumó cuestionamientos por su labor hasta el año pasado.
Aunque se mencionó con insistencia la posibilidad de que un exdiputado provincial que culminó su mandato en diciembre se hiciera cargo, finalmente el gobernador optó por el subsecretario de Ecología y Desarrollo Sustentable, Juan Manuel Díaz para quedar al frente del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones.
Díaz reemplazará a su exjefa, Verónica Derna, quien asumió la banca que dejó Maurice Closs en diputados de la Nación hasta 2019. Cabe recordar que interinamente fue puesto en Ecología el ministro de Gabinete, Adolfo Pischik. No se conoce quién reemplazará a Díaz en la subsecretaría que lideró durante varios años en dos gestiones gubernamentales.
El flamante ministro se hizo conocido por ser uno de los férreros defensores del camino en el Lote 8 del parque provincial Moconá, una obra que fue paralizada tras las fuertes protestas en su contra, mediante un amparo en la Justicia provincial que aún no se expidió sobre su legalidad.
Díaz fue quien sostuvo desde la gestión de Closs al frente del Ejecutivo, el proyecto de trazado dentro de la reserva natural protegida por ley, de carácter intangible y se opuso junto con Derna a la posibilidad de abrir un camino por fuera del Moconá como reclamaron los guardaparques provinciales y referentes de entidades ecologistas en protestas bajo la consigna “el Moconá no se toca”, y luego en la audiencia pública sobre el tema.
Antecedentes cercanos
Pero, además, el ahora ministro Juan Manuel Díaz fue blanco de cuestionamientos por su trabajo para frenar la tala ilegal, incluso cuando firmó la Disposición 0015 del 10 de abril de 2017, en la que calculó una multa en 111.800 pesos, valuando cada litro de nafta común en 5,59 pesos, cuando ya el litro costaba entre 18 y 20 pesos; abaratando inexplicablemente el costo de la sanción al responsable de un apeo ilegal de 42 metros cúbicos de Pino Paraná Araucaria Angustifolia, especie declarada monumento natural provincial, además de otras especies.
En ese entonces, Díaz no solo le cobró más barata la multa sino que no le clausuró el aserradero al infractor, al que incluso le devolvió el rodado. Además, se supo luego que la mencionada Disposición es que no pasó por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Ecología, organismo que habitualmente tiene los abogados capacitados como para intervenir en estos conflictos.
Otro caso muy polémico fue la tala rasa que aplicó un importante empresario de la zona Norte en decenas de hectáreas de madera nativa en un predio privado de la ruta provincial 18. Luego que PRIMERA?EDICIÓN hiciera pública la preocupación de los vecinos, Ecología envió funcionarios hasta el lugar sin que se conozcan multas o sanciones.
Sin embargo, días después, trascendió un “informe de patrulla” del 3 de febrero del año 2016, confeccionado por guardaparques del Parque Foerster donde se confirma que un mes antes ya habían constatado la tala en el mismo lugar sin que se frenara la misma. Una completa inacción.
Y el último caso resonante fue la muerte de un yaguareté en la reserva privada de Arauco, que Ecología ocultó por varios días hasta que este Diario la hizo pública y provocó el enojo de las ONG que trabajan por la conservación de la especie animal.
Guardaparques atentos a una convocatoria al diálogo
Diego Ciarmello es uno de los referentes de los guardaparques que se opuso al camino en el Lote 8 del Moconá y es parte del grupo que luchó contra los desplazamientos en el parque provincial de quienes se sumaron a la movida en defensa de la reserva.
En diálogo con PRIMERA EDICIÓN, dijo que esperan una convocatoria al diálogo de parte del nuevo ministro Díaz. Enumeró entre los temas que pretenden avanzar en conjunto a la ventana jubilatoria y el Estatuto del sector que hasta el momento no consiguieron avances en las gestiones anteriores.
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Litio en la Puna catamarqueña sin saber la producción real
Solicitan aclaraciones sobre la producción real de litio en la Puna
Fecha de Publicación: 12/01/2018
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
Legislador del FCS-Cambiemos asegura que el Gobierno omitió 6.500 toneladas de litio cuando informó en la Cámara baja.
El diputado provincial Luis Lobo Vergara (FCS-Cambiemos) señaló que las autoridades de la Secretaría de Minería junto al Poder Ejecutivo Provincial (PEP) deberán explicar cuál es la “producción real” de litio por parte de FMC Minera del Altiplano en Antofagasta de la Sierra.
El legislador hizo alusión a una reciente publicación de la revista especializada Mining Press sobre la nota titulada “¿Chile y Argentina liderarán el litio? Documento Minem: oportunidades, perspectivas y mercado”, la cual señala en un párrafo que la compañía FMC a través de su subsidiaria Minera del Altiplano produce unas 22.500 toneladas de litio anuales en el Salar del Hombre Muerto (Antofagasta de la Sierra). Pero Lobo Vergara asegura que durante las reuniones con la comisión de Minería de la Cámara baja el oficialismo informó que “la producción de Minera del Altiplano era de 16 mil toneladas de litio por año”, cuando se debatía la reforma del contrato suscripto en 1991 y modificado en 1994 que generaba algunas restricciones para la expansión de la empresa concesionaria.
“Exactamente son 6.500 toneladas menos que las informadas en la comisión de Minería de la Cámara de Diputados, en momentos de aprobar la vergonzosa modificación del contrato. A precio de hoy significa para la provincia una subfacturación del orden de los 50 millones de dólares anuales. Casi 1.000 millones de pesos y 20 millones en regalías para la Provincia. Los funcionarios provinciales deberían dar las explicaciones documentadas del caso”, subrayó Lobo Vergara.
A su vez, planteó que según las autoridades provinciales hay 12 proyectos en marcha, pero acotó que FMC Minera del Altiplano es solo uno de ellos.
“El reconocimiento a la política minera de la gestión de Cambiemos con la presidencia de Mauricio Macri, dando confianza y previsibilidad a la inversión extranjera, no debe servir para que el Gobierno local dilapide los recursos naturales de los catamarqueños”, sentenció.
Expansión
La publicación de la revista especializada Mining Press también plantea que la "intensa" actividad exploratoria realizada últimamente en la Puna argentina hizo que las reservas de litio del país, que apenas en 2015 se estimaron en 6,3% del total mundial, hoy representen el 13,8%.
Ese crecimiento fue reflejado en un informe realizado conjuntamente por los Servicios Geológicos de Estados Unidos y Argentina, que se hizo público a fines de noviembre de 2017.
Minera ratificó inversión aproximada de 300 millones de dólares
A través de un parte de prensa, la subsidiaria de FMC Corporation, Minera del Altiplano SA, anunció que recibió la aprobación de la Legislatura de Catamarca para enmendar su acuerdo minero y que "procederá con una inversión aproximada de 300 millones de dólares" en sus operaciones en la provincia.
Indicaron que la inversión va a financiar la expansión de sus proyectos que duplicarán la producción en las operaciones de litio. "Por los próximos años, Minera del Altiplano (MdA) planea aumentar su capacidad de producción a más de 40 mil toneladas métricas cabonato de litio equivalente. Se estima que esta inversión creará 200 puestos de trabajo y demandará de 100-200 contratistas o proveedores", sostuvieron.
También consignaron que MdA expandirá su oficina en la Capital de la provincia.
"Con el proceso de aprobación terminado, buscamos expandir nuestras operaciones y aumentar nuestro apoyo a importantes programas locales que contribuyan a la salud, nutrición y empleabilidad de los ciudadanos de Catamarca", manifestó Tom Schneberger, vicepresidente y director mundial de negocios de FMC Lithium.
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Fecha de Publicación: 12/01/2018
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
Legislador del FCS-Cambiemos asegura que el Gobierno omitió 6.500 toneladas de litio cuando informó en la Cámara baja.
El diputado provincial Luis Lobo Vergara (FCS-Cambiemos) señaló que las autoridades de la Secretaría de Minería junto al Poder Ejecutivo Provincial (PEP) deberán explicar cuál es la “producción real” de litio por parte de FMC Minera del Altiplano en Antofagasta de la Sierra.
El legislador hizo alusión a una reciente publicación de la revista especializada Mining Press sobre la nota titulada “¿Chile y Argentina liderarán el litio? Documento Minem: oportunidades, perspectivas y mercado”, la cual señala en un párrafo que la compañía FMC a través de su subsidiaria Minera del Altiplano produce unas 22.500 toneladas de litio anuales en el Salar del Hombre Muerto (Antofagasta de la Sierra). Pero Lobo Vergara asegura que durante las reuniones con la comisión de Minería de la Cámara baja el oficialismo informó que “la producción de Minera del Altiplano era de 16 mil toneladas de litio por año”, cuando se debatía la reforma del contrato suscripto en 1991 y modificado en 1994 que generaba algunas restricciones para la expansión de la empresa concesionaria.
“Exactamente son 6.500 toneladas menos que las informadas en la comisión de Minería de la Cámara de Diputados, en momentos de aprobar la vergonzosa modificación del contrato. A precio de hoy significa para la provincia una subfacturación del orden de los 50 millones de dólares anuales. Casi 1.000 millones de pesos y 20 millones en regalías para la Provincia. Los funcionarios provinciales deberían dar las explicaciones documentadas del caso”, subrayó Lobo Vergara.
A su vez, planteó que según las autoridades provinciales hay 12 proyectos en marcha, pero acotó que FMC Minera del Altiplano es solo uno de ellos.
“El reconocimiento a la política minera de la gestión de Cambiemos con la presidencia de Mauricio Macri, dando confianza y previsibilidad a la inversión extranjera, no debe servir para que el Gobierno local dilapide los recursos naturales de los catamarqueños”, sentenció.
Expansión
La publicación de la revista especializada Mining Press también plantea que la "intensa" actividad exploratoria realizada últimamente en la Puna argentina hizo que las reservas de litio del país, que apenas en 2015 se estimaron en 6,3% del total mundial, hoy representen el 13,8%.
Ese crecimiento fue reflejado en un informe realizado conjuntamente por los Servicios Geológicos de Estados Unidos y Argentina, que se hizo público a fines de noviembre de 2017.
Minera ratificó inversión aproximada de 300 millones de dólares
A través de un parte de prensa, la subsidiaria de FMC Corporation, Minera del Altiplano SA, anunció que recibió la aprobación de la Legislatura de Catamarca para enmendar su acuerdo minero y que "procederá con una inversión aproximada de 300 millones de dólares" en sus operaciones en la provincia.
Indicaron que la inversión va a financiar la expansión de sus proyectos que duplicarán la producción en las operaciones de litio. "Por los próximos años, Minera del Altiplano (MdA) planea aumentar su capacidad de producción a más de 40 mil toneladas métricas cabonato de litio equivalente. Se estima que esta inversión creará 200 puestos de trabajo y demandará de 100-200 contratistas o proveedores", sostuvieron.
También consignaron que MdA expandirá su oficina en la Capital de la provincia.
"Con el proceso de aprobación terminado, buscamos expandir nuestras operaciones y aumentar nuestro apoyo a importantes programas locales que contribuyan a la salud, nutrición y empleabilidad de los ciudadanos de Catamarca", manifestó Tom Schneberger, vicepresidente y director mundial de negocios de FMC Lithium.
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La terrible e inevitable perdida de biodiversidad tras incendios
Los incendios en el Sur provincial amenazan a especies en riesgo de extinción
Fecha de Publicación: 11/01/2018
Fuente: Los Andes (Mendoza)
Provincia/Región: Mendoza
Desde Fundación Cullunche afirman que son animales que necesitan de condiciones particulares que se pierden con el fuego.
Ante los incendios que se vienen registrando desde diciembre en el sur mendocino, desde la fundación ambientalista Cullunche denunciaron que se ha puesto en grave riesgo el hábitat de la fauna Silvestre que está en peligro de extinción y que vive en las 120 mil hectáreas hasta ahora afectadas. Por otro lado, desde esta institución también cuestionaron la falta de trabajo proactivo para minimizar los daños que provoca el fuego.
Jennifer Ibarra, titular de esta fundación, explicó que las especies en peligro son aves conocidas como Cardenal Amarillo, del águila Colorada y, además, de la Liebre Mara. "No sabemos a dónde van a ir. Son animales que necesitan de condiciones particulares. Además, en el caso de las aves, el humo las desorienta", explicó la veterinaria.
Por otro lado, agregó que para que se recuperen estos terrenos habrá que evaluar el daño que hizo el fuego, ya que si el incendio pasó rápido, probablemente la temporada siguiente haya nuevos brotes, mientras que si el paso fue lento pueden pasar hasta 20 años para que los suelos se recuperen.
"También me han indicado que pumas, jabalíes, cuises y otras especies también están huyendo de la zona, que se los ve cruzar la ruta escapando del peligro", dijo Ibarra agregando que no solo hay que considerar los daños cuando se trata de tierras cultivadas, sino que hay que considerar la contaminación del aire y la pérdida de la biodiversidad, entre otros.
Desde Ambiente, explicaron que una vez que se logre apagar el fuego se realizarán las evaluaciones correspondientes para determinar el impacto en la fauna silvestre afectada, aunque admitieron que "casi" con seguridad la hay.
Trabajo proactivo
Ibarra señaló que la destrucción a esta escala del monte nativo por las llamas se podría haber minimizado a partir de un trabajo proactivo sobre todo teniendo en cuenta que a partir de las lluvias de 2014-2015 las posibilidades de incendios eran grandes debido a la gran cantidad de vegetación que creció durante esa época.
Para empezar, dijo que habría que conformar una mesa para discutir esta temática entre Vialidad Nacional y Provincial, dirección de Ganadería, Defensa Civil y la secretaría de Ambiente. "Se podría hacer una programación sobre las tareas a realizar, sobre todo teniendo en cuenta que esto sucede cada año. Si todos los años se habla de temporada de incendios es porque saben que ocurrirá y no vemos que se haga nada para prevenir las posibilidades de que esto suceda y de preparar a las personas y dueños de los campos", remarcó.
Para ello, Ibarra señaló que se debe controlar habitualmente el estado de los campos mediante drones, realizar picadas - trazados perimetrales que cortan el fuego- porque hay muchos campos que no las tienen en condiciones, atalayas en los puestos de guarda parques y barreras sanitarias para observar los campos en altura.
También dijo que se debería revisar el estado de los caminos y de los vehículos de los ganaderos, tener conocimiento respecto a la evacuación de los animales y hacer un uso extensivo del termómetro de índice de posibilidad de incendios utilizado por parques nacionales para la toma de conciencia por parte de automovilistas y paseantes.
"Lo dijimos y volvemos a repetirlo, esta provincia es un semi desierto con un grave proceso de desertificación. No podemos darnos el lujo de seguir perdiendo hectáreas de monte nativo bajo el fuego, sin embargo sucede", remarcó Ibarra.
Cambio de nombre
Ibarra señaló que urge la necesidad de un cambio de nombre respecto al Plan Provincial (o Nacional) de Manejo del Fuego. A cambio dice que debería denominarse Plan de Lucha contra Incendios ya que este es un mensaje más directo. "Cuando se habla de manejo del fuego se deja margen a que se utilice el fuego por los productores ganaderos o por cualquiera como herramienta para la gestión de un campo", explicó Ibarra.
Para terminar, dijo que actualmente, más allá de los contactos que la fundación tiene en el departamento del sur, no tienen información certera de perdida de ganado doméstico.
Las picadas, una de las mejores estrategias
El ambientalista Eduardo Sosa - y ex jefe de Gabinete de Ambiente- explicó que una de las mejores herramientas para combatir los incendios es realizar picadas cortafuegos en los campos, abriendo caminos a través del monte con topadoras para que el fuego quede limitado al borde de la picada y no pase al siguiente cuadro.
La ley 6099/04 obliga a la Dirección de Recursos Naturales Renovables- a elaborar un plan provincial para prevenir los incendios y un plan de picadas cortafuegos. "Muy poco de esto realizó desde la creación de la ley. Hoy no existe un plan de picadas cortafuegos ni un plan actualizado de prevención de incendios, solo podemos confiar en el personal experimentado", señaló el especialista.
Entre 2010 y 2015 el estado giró a la provincia más de 50 millones de pesos para la protección del bosque nativo. De allí 70% del dinero debe ir a manos de los propietarios en compensación por mantener las masas forestales, mientras que 30% queda para la autoridad de aplicación que deberá utilizarlo en inspecciones y otras actividades que propendan a la preservación del bosque nativo.
"Muy poco de ese dinero fue a parar a las manos de los propietarios y arrendatarios, y un estudio realizado sobre más de 700 expedientes indica que el dinero fue a parar a sitios donde no hay bosque nativo y tampoco se realizaron la sobras comprometidas por estos", aseguró.
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Fecha de Publicación: 11/01/2018
Fuente: Los Andes (Mendoza)
Provincia/Región: Mendoza
Desde Fundación Cullunche afirman que son animales que necesitan de condiciones particulares que se pierden con el fuego.
Ante los incendios que se vienen registrando desde diciembre en el sur mendocino, desde la fundación ambientalista Cullunche denunciaron que se ha puesto en grave riesgo el hábitat de la fauna Silvestre que está en peligro de extinción y que vive en las 120 mil hectáreas hasta ahora afectadas. Por otro lado, desde esta institución también cuestionaron la falta de trabajo proactivo para minimizar los daños que provoca el fuego.
Jennifer Ibarra, titular de esta fundación, explicó que las especies en peligro son aves conocidas como Cardenal Amarillo, del águila Colorada y, además, de la Liebre Mara. "No sabemos a dónde van a ir. Son animales que necesitan de condiciones particulares. Además, en el caso de las aves, el humo las desorienta", explicó la veterinaria.
Por otro lado, agregó que para que se recuperen estos terrenos habrá que evaluar el daño que hizo el fuego, ya que si el incendio pasó rápido, probablemente la temporada siguiente haya nuevos brotes, mientras que si el paso fue lento pueden pasar hasta 20 años para que los suelos se recuperen.
"También me han indicado que pumas, jabalíes, cuises y otras especies también están huyendo de la zona, que se los ve cruzar la ruta escapando del peligro", dijo Ibarra agregando que no solo hay que considerar los daños cuando se trata de tierras cultivadas, sino que hay que considerar la contaminación del aire y la pérdida de la biodiversidad, entre otros.
Desde Ambiente, explicaron que una vez que se logre apagar el fuego se realizarán las evaluaciones correspondientes para determinar el impacto en la fauna silvestre afectada, aunque admitieron que "casi" con seguridad la hay.
Trabajo proactivo
Ibarra señaló que la destrucción a esta escala del monte nativo por las llamas se podría haber minimizado a partir de un trabajo proactivo sobre todo teniendo en cuenta que a partir de las lluvias de 2014-2015 las posibilidades de incendios eran grandes debido a la gran cantidad de vegetación que creció durante esa época.
Para empezar, dijo que habría que conformar una mesa para discutir esta temática entre Vialidad Nacional y Provincial, dirección de Ganadería, Defensa Civil y la secretaría de Ambiente. "Se podría hacer una programación sobre las tareas a realizar, sobre todo teniendo en cuenta que esto sucede cada año. Si todos los años se habla de temporada de incendios es porque saben que ocurrirá y no vemos que se haga nada para prevenir las posibilidades de que esto suceda y de preparar a las personas y dueños de los campos", remarcó.
Para ello, Ibarra señaló que se debe controlar habitualmente el estado de los campos mediante drones, realizar picadas - trazados perimetrales que cortan el fuego- porque hay muchos campos que no las tienen en condiciones, atalayas en los puestos de guarda parques y barreras sanitarias para observar los campos en altura.
También dijo que se debería revisar el estado de los caminos y de los vehículos de los ganaderos, tener conocimiento respecto a la evacuación de los animales y hacer un uso extensivo del termómetro de índice de posibilidad de incendios utilizado por parques nacionales para la toma de conciencia por parte de automovilistas y paseantes.
"Lo dijimos y volvemos a repetirlo, esta provincia es un semi desierto con un grave proceso de desertificación. No podemos darnos el lujo de seguir perdiendo hectáreas de monte nativo bajo el fuego, sin embargo sucede", remarcó Ibarra.
Cambio de nombre
Ibarra señaló que urge la necesidad de un cambio de nombre respecto al Plan Provincial (o Nacional) de Manejo del Fuego. A cambio dice que debería denominarse Plan de Lucha contra Incendios ya que este es un mensaje más directo. "Cuando se habla de manejo del fuego se deja margen a que se utilice el fuego por los productores ganaderos o por cualquiera como herramienta para la gestión de un campo", explicó Ibarra.
Para terminar, dijo que actualmente, más allá de los contactos que la fundación tiene en el departamento del sur, no tienen información certera de perdida de ganado doméstico.
Las picadas, una de las mejores estrategias
El ambientalista Eduardo Sosa - y ex jefe de Gabinete de Ambiente- explicó que una de las mejores herramientas para combatir los incendios es realizar picadas cortafuegos en los campos, abriendo caminos a través del monte con topadoras para que el fuego quede limitado al borde de la picada y no pase al siguiente cuadro.
La ley 6099/04 obliga a la Dirección de Recursos Naturales Renovables- a elaborar un plan provincial para prevenir los incendios y un plan de picadas cortafuegos. "Muy poco de esto realizó desde la creación de la ley. Hoy no existe un plan de picadas cortafuegos ni un plan actualizado de prevención de incendios, solo podemos confiar en el personal experimentado", señaló el especialista.
Entre 2010 y 2015 el estado giró a la provincia más de 50 millones de pesos para la protección del bosque nativo. De allí 70% del dinero debe ir a manos de los propietarios en compensación por mantener las masas forestales, mientras que 30% queda para la autoridad de aplicación que deberá utilizarlo en inspecciones y otras actividades que propendan a la preservación del bosque nativo.
"Muy poco de ese dinero fue a parar a las manos de los propietarios y arrendatarios, y un estudio realizado sobre más de 700 expedientes indica que el dinero fue a parar a sitios donde no hay bosque nativo y tampoco se realizaron la sobras comprometidas por estos", aseguró.
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Córdoba invadida por caracoles, mejillones y almejas
Caracoles, mejillones y almejas invaden Córdoba y pueden generar problemas
Fecha de Publicación: 11/01/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Quizá los haya visto en algún río o en el jardín de su casa. Parecen inofensivos, pero no lo son. Almejas, mejillones y caracoles exóticos están invadiendo la provincia.
Estos moluscos pueden generar taponamientos en cañerías, daños económicos en cultivos y problemas sanitarios, además de competir por hábitat y comida con las especies autóctonas.
Desde hace algunos años, un grupo de científicos de Córdoba se encarga de estudiar estas especies como también las nativas.
El grupo de Malacología (disciplina que estudia los moluscos) está integrado por investigadores del Conicet que trabajan en el Instituto de Diversidad y Ecología Animal (Idea) y el Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra (Cicterra).
“Saber aspectos de ecología y fisiología básica pueden ser útiles para poder manejar y controlar estas especies invasoras si comienzan a afectar alguna instalación o infraestructura humana”, dice Paola Reyna, una de las integrantes del grupo.
Esta situación ya ocurrió hace unos años con el mejillón dorado de origen asiático y fue un dolor de cabeza para la Central Nuclear de Embalse y otras instalaciones de Epec ubicadas sobre este lago. Los mejillones taponan las cañerías.
Reyna estudia un par de especies que podrían generar el mismo problema. Son las almejas asiáticas del género Corbicula.
“El mejillón dorado y las almejas Corbicula ingresaron por el Río de la Plata y subieron hasta el Carcarañá y el río Calamuchita. Luego, como las larvas se pegan a los botes se fueron diseminando a Los Molinos, San Roque y en algunos otros ríos”, explica Reyna.
La investigadora explica que Corbicula compite con las especies nativas por la comida y el espacio.
“Además, cambian el ciclado de nutrientes. Son especies que filtran grandes volúmenes de agua. Eso significa que hay menos nutrientes para animales y plantas”, comenta.
Ejemplares de Corbicula ya han generado taponamientos de cañerías en Brasil y en EE.UU. han provocado una baja en la calidad de los áridos por la presencia de muchas valvas en la arena.
Reyna y su equipo están estudiando cuáles son las preferencias de hábitat, la tasa de filtración y el nivel de oxígeno que necesitan estos moluscos. También quieren estudiarlas como un bioindicador de la contaminación con pesticidas de los cuerpos de agua.
Por tierra
El caracol común de jardín es una especie invasora que ya está instalada. Para erradicarla, en algunos sitios se decidió traer ejemplares de caracol degollado, una especie que come moluscos, pero también plantas.
El caracol degollado, originario de la zona del Mediterráneo, ahora también es una plaga en varias regiones del planeta y ya se ha detectado en Córdoba.
“Está registrado en Mendoza, La Pampa y Buenos Aires. Lo más probable es que se haya diseminado por la jardinería. La gente se reparte plantas y con ellas van las larvas y huevos de caracoles. Por el momento está en jardines y patios de Córdoba. El problema es si se vuelve silvestre y empieza a competir con las especies nativas”, explica Sandra Gordillo, otra especialista en moluscos.
La investigadora asegura que la especie puede generar problemas económicos en cultivos porque come vegetales y ecológicos porque ocupa el espacio de otros caracoles locales e incluso se los puede comer.
“Además, en 2016 lo encontraron en un hospital de Buenos Aires y estaba infectado con algunos parásitos que tienen gatos y perros y pueden transmitirse a humanos”, detalla.
Y agrega: “Por el momento no representa un problema serio, pero hay que empezar a estudiarlo y monitorearlo para estar prevenidos y alertas para que no nos sorprenda, como ocurrió con el mejillón dorado”.
Gordillo también está preocupada por el posible ingreso del caracol gigante africano, el cual está en la lista de las 100 especies invasoras más dañinas del mundo.
“Puede transmitir parásitos que generan problemas digestivos, respiratorios o en las meninges. Ya se ha detectado en Misiones y Corrientes, donde tuvo que intervenir Senasa”, indica.
Y pide que se informe rápido sobre la presencia de esta especie.
Una especie nativa que está en riesgo
Al caracol Borus se lo mata o se lo usa como mascota.
El año pasado lograron confirmar la presencia en Córdoba del caracol gigante de Sudamérica o Borus. Sería el extremo sur de todo su hábitat que llega hasta Bolivia. Sin embargo, sólo se encuentra en los domicilios, ya que su hábitat natural, las pasturas, ya fue devastado. “Lo matan porque se piensa que come las plantas, pero en realidad sólo come pasto. Está bueno que los conserven, pero no como mascota, es decir, que no lo levanten y toquen”, dice Gordillo.
Moluscos de otras partes
Mejillón dorado. Del sudeste asiático y mide hasta 4 centímetros. Presente en casi todos los ríos y lagos cordobeses.
Caracol degollado. Especie terrestre (4 centímetro) detectada en jardines del Gran Córdoba. Del Mediterráneo.
Caracol gigante africano. Especie invasora muy peligrosa. No se ha registrado en Córdoba, pero sí en Corrientes y Misiones.
Corbicula. En Córdoba hay dos especies, ambas del sudeste asiático. Están en el Carcarañá y ríos Ctalamochita y Suquía.
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Fecha de Publicación: 11/01/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Quizá los haya visto en algún río o en el jardín de su casa. Parecen inofensivos, pero no lo son. Almejas, mejillones y caracoles exóticos están invadiendo la provincia.
Estos moluscos pueden generar taponamientos en cañerías, daños económicos en cultivos y problemas sanitarios, además de competir por hábitat y comida con las especies autóctonas.
Desde hace algunos años, un grupo de científicos de Córdoba se encarga de estudiar estas especies como también las nativas.
El grupo de Malacología (disciplina que estudia los moluscos) está integrado por investigadores del Conicet que trabajan en el Instituto de Diversidad y Ecología Animal (Idea) y el Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra (Cicterra).
“Saber aspectos de ecología y fisiología básica pueden ser útiles para poder manejar y controlar estas especies invasoras si comienzan a afectar alguna instalación o infraestructura humana”, dice Paola Reyna, una de las integrantes del grupo.
Esta situación ya ocurrió hace unos años con el mejillón dorado de origen asiático y fue un dolor de cabeza para la Central Nuclear de Embalse y otras instalaciones de Epec ubicadas sobre este lago. Los mejillones taponan las cañerías.
Reyna estudia un par de especies que podrían generar el mismo problema. Son las almejas asiáticas del género Corbicula.
“El mejillón dorado y las almejas Corbicula ingresaron por el Río de la Plata y subieron hasta el Carcarañá y el río Calamuchita. Luego, como las larvas se pegan a los botes se fueron diseminando a Los Molinos, San Roque y en algunos otros ríos”, explica Reyna.
La investigadora explica que Corbicula compite con las especies nativas por la comida y el espacio.
“Además, cambian el ciclado de nutrientes. Son especies que filtran grandes volúmenes de agua. Eso significa que hay menos nutrientes para animales y plantas”, comenta.
Ejemplares de Corbicula ya han generado taponamientos de cañerías en Brasil y en EE.UU. han provocado una baja en la calidad de los áridos por la presencia de muchas valvas en la arena.
Reyna y su equipo están estudiando cuáles son las preferencias de hábitat, la tasa de filtración y el nivel de oxígeno que necesitan estos moluscos. También quieren estudiarlas como un bioindicador de la contaminación con pesticidas de los cuerpos de agua.
Por tierra
El caracol común de jardín es una especie invasora que ya está instalada. Para erradicarla, en algunos sitios se decidió traer ejemplares de caracol degollado, una especie que come moluscos, pero también plantas.
El caracol degollado, originario de la zona del Mediterráneo, ahora también es una plaga en varias regiones del planeta y ya se ha detectado en Córdoba.
“Está registrado en Mendoza, La Pampa y Buenos Aires. Lo más probable es que se haya diseminado por la jardinería. La gente se reparte plantas y con ellas van las larvas y huevos de caracoles. Por el momento está en jardines y patios de Córdoba. El problema es si se vuelve silvestre y empieza a competir con las especies nativas”, explica Sandra Gordillo, otra especialista en moluscos.
La investigadora asegura que la especie puede generar problemas económicos en cultivos porque come vegetales y ecológicos porque ocupa el espacio de otros caracoles locales e incluso se los puede comer.
“Además, en 2016 lo encontraron en un hospital de Buenos Aires y estaba infectado con algunos parásitos que tienen gatos y perros y pueden transmitirse a humanos”, detalla.
Y agrega: “Por el momento no representa un problema serio, pero hay que empezar a estudiarlo y monitorearlo para estar prevenidos y alertas para que no nos sorprenda, como ocurrió con el mejillón dorado”.
Gordillo también está preocupada por el posible ingreso del caracol gigante africano, el cual está en la lista de las 100 especies invasoras más dañinas del mundo.
“Puede transmitir parásitos que generan problemas digestivos, respiratorios o en las meninges. Ya se ha detectado en Misiones y Corrientes, donde tuvo que intervenir Senasa”, indica.
Y pide que se informe rápido sobre la presencia de esta especie.
Una especie nativa que está en riesgo
Al caracol Borus se lo mata o se lo usa como mascota.
El año pasado lograron confirmar la presencia en Córdoba del caracol gigante de Sudamérica o Borus. Sería el extremo sur de todo su hábitat que llega hasta Bolivia. Sin embargo, sólo se encuentra en los domicilios, ya que su hábitat natural, las pasturas, ya fue devastado. “Lo matan porque se piensa que come las plantas, pero en realidad sólo come pasto. Está bueno que los conserven, pero no como mascota, es decir, que no lo levanten y toquen”, dice Gordillo.
Moluscos de otras partes
Mejillón dorado. Del sudeste asiático y mide hasta 4 centímetros. Presente en casi todos los ríos y lagos cordobeses.
Caracol degollado. Especie terrestre (4 centímetro) detectada en jardines del Gran Córdoba. Del Mediterráneo.
Caracol gigante africano. Especie invasora muy peligrosa. No se ha registrado en Córdoba, pero sí en Corrientes y Misiones.
Corbicula. En Córdoba hay dos especies, ambas del sudeste asiático. Están en el Carcarañá y ríos Ctalamochita y Suquía.
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Los Pelambres iniciaría el retiro de la escombrera en días
Escombrera: tras pasos previos, inician el retiro la próxima semana
Fecha de Publicación: 11/01/2018
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan
Lo informó Los Pelambres durante una visita que hicieron funcionarios locales en la zona.
Luego de que la minera Los Pelambres acondicionara los caminos y subiera la maquinaria a la zona de la escombrera que armó en Calingasta, la semana que viene comenzará con el retiro de las 40 millones de toneladas de rocas. Así lo informó la empresa, según contó el abogado Gastón Noguera, director del Departamento Ambiental de Fiscalía de Estado, quien viajó esta semana al lugar con otros funcionarios locales y estimó que las tareas arrancarán el lunes o martes. Así, se concretará el paso definitivo para una remoción nunca vista en la actividad minera.
El juez federal Leopoldo Rago Gallo había ordenado la ejecución del retiro para el 15 del mes pasado. Según habían informado en el Ministerio de Minería, Los Pelambres empezó en esa fecha con el arreglo del camino que va hacia la escombrera Cerro Amarillo, que se encuentra en tierra sanjuanina, y del que conduce hacia la que se llama Hualtatas, ubicada en Chile (ver infografía). Además, la compañía subió las maquinarias que llevarán a cabo el traslado de las rocas.
Personal del Ministerio de Minería, de la Dirección de Hidráulica y de Fiscalía de Estado viajó el miércoles para constatar el movimiento en la zona. Noguera señaló que verificó la presencia de las maquinarias y que desde la empresa le informaron verbalmente que iniciarán la extracción de los escombros la semana que viene, al igual que las obras de prevención, como la construcción de canales para evitar impactos ambientales.
Según dispuso el magistrado, Los Pelambres tiene un plazo de cinco años y medio, más uno de prórroga por cualquier tipo de contingencia, para retirar la montaña de escombros que sacó de su mina en Chile y depositó en territorio argentino desde 2007 a 2012. De acuerdo al plan que presentó la empresa, arrancarán con una flota de tres a cinco camiones de 100 toneladas de capacidad, hasta que adquieran otros 10 que pueden transportar 240 toneladas. Dichos vehículos realizarán 90 viajes al día, aunque desde abril a agosto se puede reducir el movimiento por la nieve, la lluvia y el viento blanco. El abogado de Fiscalía de Estado indicó que la firma aseguró que ya están con el proceso de compra y que tendrían los gigantescos camiones en agosto.
La puja judicial por la escombrera la entabló Glencore, dueña del proyecto de cobre El Pachón, que se vio afectado por el depósito de las rocas. En 2014 y 2015 plantearon la demanda y la denuncia en la Justicia Federal respectivamente. La provincia se hizo parte y en sede penal, Fiscalía de Estado apuntó a la protección general del ambiente y solicitó una cautelar con el retiro de la escombrera. El fiscal federal Francisco Maldonado se hizo eco de la solicitud y luego Rago Gallo ordenó el retiro y que se lleven a cabo las medidas de prevención.
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Fecha de Publicación: 11/01/2018
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan
Lo informó Los Pelambres durante una visita que hicieron funcionarios locales en la zona.
Luego de que la minera Los Pelambres acondicionara los caminos y subiera la maquinaria a la zona de la escombrera que armó en Calingasta, la semana que viene comenzará con el retiro de las 40 millones de toneladas de rocas. Así lo informó la empresa, según contó el abogado Gastón Noguera, director del Departamento Ambiental de Fiscalía de Estado, quien viajó esta semana al lugar con otros funcionarios locales y estimó que las tareas arrancarán el lunes o martes. Así, se concretará el paso definitivo para una remoción nunca vista en la actividad minera.
El juez federal Leopoldo Rago Gallo había ordenado la ejecución del retiro para el 15 del mes pasado. Según habían informado en el Ministerio de Minería, Los Pelambres empezó en esa fecha con el arreglo del camino que va hacia la escombrera Cerro Amarillo, que se encuentra en tierra sanjuanina, y del que conduce hacia la que se llama Hualtatas, ubicada en Chile (ver infografía). Además, la compañía subió las maquinarias que llevarán a cabo el traslado de las rocas.
Personal del Ministerio de Minería, de la Dirección de Hidráulica y de Fiscalía de Estado viajó el miércoles para constatar el movimiento en la zona. Noguera señaló que verificó la presencia de las maquinarias y que desde la empresa le informaron verbalmente que iniciarán la extracción de los escombros la semana que viene, al igual que las obras de prevención, como la construcción de canales para evitar impactos ambientales.
Según dispuso el magistrado, Los Pelambres tiene un plazo de cinco años y medio, más uno de prórroga por cualquier tipo de contingencia, para retirar la montaña de escombros que sacó de su mina en Chile y depositó en territorio argentino desde 2007 a 2012. De acuerdo al plan que presentó la empresa, arrancarán con una flota de tres a cinco camiones de 100 toneladas de capacidad, hasta que adquieran otros 10 que pueden transportar 240 toneladas. Dichos vehículos realizarán 90 viajes al día, aunque desde abril a agosto se puede reducir el movimiento por la nieve, la lluvia y el viento blanco. El abogado de Fiscalía de Estado indicó que la firma aseguró que ya están con el proceso de compra y que tendrían los gigantescos camiones en agosto.
La puja judicial por la escombrera la entabló Glencore, dueña del proyecto de cobre El Pachón, que se vio afectado por el depósito de las rocas. En 2014 y 2015 plantearon la demanda y la denuncia en la Justicia Federal respectivamente. La provincia se hizo parte y en sede penal, Fiscalía de Estado apuntó a la protección general del ambiente y solicitó una cautelar con el retiro de la escombrera. El fiscal federal Francisco Maldonado se hizo eco de la solicitud y luego Rago Gallo ordenó el retiro y que se lleven a cabo las medidas de prevención.
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Humedales de la región bonaerense en serio riesgo
Alertan sobre extinción de humedales en la Región
Fecha de Publicación: 10/01/2018
Fuente: El Día (Buenos Aires)
Provincia/Región: Buenos Aires
Cien investigadores compartieron en La Plata estudios sobre esos ecosistemas y pusieron como un ejemplo de la gravedad de su deterioro la cuenca del arroyo del Gato. Consecuencias en las inundaciones y sequías
La definición según el Convenio de Ramsar (Irán, 2 de febrero de 1971) está siendo pisoteada día a día, con el efecto que ello provoca sobre la calidad de vida. Cien científicos lo advirtieron hace unos días, durante un encuentro realizado en La Plata. Y tres ejemplos que pusieron sobre el “creciente deterioro y destrucción” de estos “ecosistemas acuáticos y sus consecuencias ambientales” fueron “la cuenca del Río Luján, del Río Salado y del arroyo del Gato”.
“Los bañados de desborde de ríos y arroyos son terrenos bajos e inundables asociados al curso de agua principal, capaces de acumular y retener agua durante eventos de excesos hídricos (inundaciones). Constituyen uno de los distintos tipos de humedales, junto con los pantanos, ciénagas, marismas y otros ecosistemas, que ofrecen invalorables beneficios a las sociedades. Realizan una contribución fundamental a la salud y el bienestar humano”, explicaron a este diario la directora del Instituto de Limnología “Dr. Raúl A. Ringuelet” (Conicet-UNLP), Nora Gómez, y el investigador principal de ese centro, Alberto Rodrígues Capítulo, al presentar tiempo atrás los resultados de un estudio que demostró que el bañado de la cuenca alta del arroyo del Gato, en Abasto, está “al límite” a raíz de la creciente y cercana presencia de invernáculos. La cuenca media ya está complicada y la baja, en terapia intensiva (ver infografía).
Fecha de Publicación: 10/01/2018
Fuente: El Día (Buenos Aires)
Provincia/Región: Buenos Aires
Cien investigadores compartieron en La Plata estudios sobre esos ecosistemas y pusieron como un ejemplo de la gravedad de su deterioro la cuenca del arroyo del Gato. Consecuencias en las inundaciones y sequías
La definición según el Convenio de Ramsar (Irán, 2 de febrero de 1971) está siendo pisoteada día a día, con el efecto que ello provoca sobre la calidad de vida. Cien científicos lo advirtieron hace unos días, durante un encuentro realizado en La Plata. Y tres ejemplos que pusieron sobre el “creciente deterioro y destrucción” de estos “ecosistemas acuáticos y sus consecuencias ambientales” fueron “la cuenca del Río Luján, del Río Salado y del arroyo del Gato”.
“Los bañados de desborde de ríos y arroyos son terrenos bajos e inundables asociados al curso de agua principal, capaces de acumular y retener agua durante eventos de excesos hídricos (inundaciones). Constituyen uno de los distintos tipos de humedales, junto con los pantanos, ciénagas, marismas y otros ecosistemas, que ofrecen invalorables beneficios a las sociedades. Realizan una contribución fundamental a la salud y el bienestar humano”, explicaron a este diario la directora del Instituto de Limnología “Dr. Raúl A. Ringuelet” (Conicet-UNLP), Nora Gómez, y el investigador principal de ese centro, Alberto Rodrígues Capítulo, al presentar tiempo atrás los resultados de un estudio que demostró que el bañado de la cuenca alta del arroyo del Gato, en Abasto, está “al límite” a raíz de la creciente y cercana presencia de invernáculos. La cuenca media ya está complicada y la baja, en terapia intensiva (ver infografía).
Alerta roja
Fue precisamente en el Instituto “Ringuelet” donde un centenar de científicos mostraron su profunda preocupación por la creciente “reducción y destrucción de los humedales en la llanura pampeana y sus consecuencias en las inundaciones y sequías”, en base a las conclusiones de diferentes trabajos.
En el reciente “Congreso de ecología y manejo de ecosistemas acuáticos pampeanos”, especialistas en el manejo de humedales presentaron los resultados de diferentes estudios que demuestran que “el inapropiado manejo de los suelos y de los cuerpos de agua ha conducido a secar humedales y aumentar la contaminación”. Entre las principales causas se señaló “el avance de las urbanizaciones sobre los humedales y el incremento en el uso de fertilizantes y pesticidas”.
La fuerte alteración de los cursos de agua acentuará los riesgos ambientales en el corto plazo
En tal sentido, como se indicó, se señalaron los casos de la cuenca del Río Luján, del Río Salado y del arroyo del Gato como algunos ejemplos de una “creciente alteración de los cursos agua a través de canalizaciones, rectificaciones, desvinculación con el valle aluvial (valle de inundación de un curso de agua) y con el agua subterránea, e incluso la disposición de sedimentos sin un claro criterio que respete el funcionamiento de dichos cursos de agua. Estas situaciones conducen a soluciones a corto plazo pero, en realidad, acentuarán los problemas en un tiempo no muy lejano”, enfatizaron.
Fertilizantes
A lo largo del encuentro también se alertó acerca de “las consecuencias que está teniendo el manejo inadecuado de fertilizantes, que ha llevado a que aumentaran significativamente las concentraciones de fósforo en los últimos 10 años”.
Describieron: “Ese elemento, al llegar a ríos, arroyos, lagunas, e inclusive al sector costero del río de La Plata, aumenta la producción excesiva de plantas acuáticas o algas, promoviendo consecuencias negativas en los recursos bióticos (los que brinda la naturaleza y se regeneran por la ley natural)”. Asimismo se expusieron resultados sobre los efectos del “intenso y poco regulado uso de pesticidas, debido al notable crecimiento de la actividad hortícola y el sostenido aumento de superficies cultivadas en valles aluviales”.
Especies en extinción
Los científicos expusieron, en otro tramo del encuentro, los resultados de estudios que evidenciaron claras consecuencias sobre la biodiversidad. “Un llamado de atención, ya que la desaparición de especies altera el funcionamiento equilibrado de los cursos de agua, disminuyendo los procesos de autodepuración y favoreciendo los de acumulación en la cadena trófica (cadena alimentaria) de compuestos contaminantes” (ver nota aparte).
Se enfatizó también sobre las consecuencias de la “sobreexplotación del agua subterránea y la destrucción de sitios de recarga por el avance de la urbanización, como es el caso de los barrios privados instalados en los valles aluviales o en bañados, a los cuales se los rellena para tal fin, aumentando la impermeabilización del suelo y contribuyendo así a la desconexión del agua superficial con el agua subterránea que naturalmente los alimenta”.
Se resaltó el rol de los reservorios naturales durante los eventos de inundación y, a la vez, se comentó sobre sus consecuencias durante los períodos de sequía, aumentando las condiciones de “estrés ambiental” y la “desaparición de especies vitales para mantener la biodiversidad y el funcionamiento” de ríos, canales y arroyos.
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Fue precisamente en el Instituto “Ringuelet” donde un centenar de científicos mostraron su profunda preocupación por la creciente “reducción y destrucción de los humedales en la llanura pampeana y sus consecuencias en las inundaciones y sequías”, en base a las conclusiones de diferentes trabajos.
En el reciente “Congreso de ecología y manejo de ecosistemas acuáticos pampeanos”, especialistas en el manejo de humedales presentaron los resultados de diferentes estudios que demuestran que “el inapropiado manejo de los suelos y de los cuerpos de agua ha conducido a secar humedales y aumentar la contaminación”. Entre las principales causas se señaló “el avance de las urbanizaciones sobre los humedales y el incremento en el uso de fertilizantes y pesticidas”.
La fuerte alteración de los cursos de agua acentuará los riesgos ambientales en el corto plazo
En tal sentido, como se indicó, se señalaron los casos de la cuenca del Río Luján, del Río Salado y del arroyo del Gato como algunos ejemplos de una “creciente alteración de los cursos agua a través de canalizaciones, rectificaciones, desvinculación con el valle aluvial (valle de inundación de un curso de agua) y con el agua subterránea, e incluso la disposición de sedimentos sin un claro criterio que respete el funcionamiento de dichos cursos de agua. Estas situaciones conducen a soluciones a corto plazo pero, en realidad, acentuarán los problemas en un tiempo no muy lejano”, enfatizaron.
Fertilizantes
A lo largo del encuentro también se alertó acerca de “las consecuencias que está teniendo el manejo inadecuado de fertilizantes, que ha llevado a que aumentaran significativamente las concentraciones de fósforo en los últimos 10 años”.
Describieron: “Ese elemento, al llegar a ríos, arroyos, lagunas, e inclusive al sector costero del río de La Plata, aumenta la producción excesiva de plantas acuáticas o algas, promoviendo consecuencias negativas en los recursos bióticos (los que brinda la naturaleza y se regeneran por la ley natural)”. Asimismo se expusieron resultados sobre los efectos del “intenso y poco regulado uso de pesticidas, debido al notable crecimiento de la actividad hortícola y el sostenido aumento de superficies cultivadas en valles aluviales”.
Especies en extinción
Los científicos expusieron, en otro tramo del encuentro, los resultados de estudios que evidenciaron claras consecuencias sobre la biodiversidad. “Un llamado de atención, ya que la desaparición de especies altera el funcionamiento equilibrado de los cursos de agua, disminuyendo los procesos de autodepuración y favoreciendo los de acumulación en la cadena trófica (cadena alimentaria) de compuestos contaminantes” (ver nota aparte).
Se enfatizó también sobre las consecuencias de la “sobreexplotación del agua subterránea y la destrucción de sitios de recarga por el avance de la urbanización, como es el caso de los barrios privados instalados en los valles aluviales o en bañados, a los cuales se los rellena para tal fin, aumentando la impermeabilización del suelo y contribuyendo así a la desconexión del agua superficial con el agua subterránea que naturalmente los alimenta”.
Se resaltó el rol de los reservorios naturales durante los eventos de inundación y, a la vez, se comentó sobre sus consecuencias durante los períodos de sequía, aumentando las condiciones de “estrés ambiental” y la “desaparición de especies vitales para mantener la biodiversidad y el funcionamiento” de ríos, canales y arroyos.
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Bosques: crean Fondo Fiduciario, pero siguen sin cumplir la ley
Se creó el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos
Fecha de Publicación: 10/01/2018
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Facilitará el cumplimiento de la política ambiental nacional de conservación y manejo sostenible de bosques que lleva adelante el Ministerio de Ambiente de la Nación.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, que conduce Sergio Bergman, anuncia que incorporará en su órbita al Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos, que acaba de ser creado mediante el Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2018. Su implementación, que se realizará próximamente, lo convertirá en una herramienta eficaz para la preservación de dichos ecosistemas y para el fortalecimiento de la Ley de Bosques Nativos, a 10 años de su sanción.
“Es un gran logro contar con un fideicomiso para la gestión del fondo de la Ley de Bosques como parte de la estrategia integral que implementamos para mejorar y agilizar su administración”, aseguró el director nacional de Bosques, Ordenamiento Territorial y Suelos de la cartera de Ambiente, Juan Pedro Cano. “Esto acortará los tiempos administrativos a nivel nacional y permitirá que los fondos asignados cumplan su objeto y lleguen al bosque y a quienes viven de él de manera sustentable”, agregó.
El instrumento servirá para administrar y financiar el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos, instaurado por la Ley N.° 26331, de presupuestos mínimos para protección de estos espacios. De acuerdo con la norma, los saldos remanentes de un ejercicio anterior integrarán el fondo del ejercicio siguiente. En la actualidad, los fondos de la ley mencionada están integrados con partidas presupuestarias anuales; a futuro el fideicomiso asegurará la ejecución plurianual y estratégica de los recursos y evitará que los remanentes sean reasignados a otras actividades.
El fideicomiso se integrará con capitales públicos y privados y estará sometido a los controles establecidos en la normativa aplicable, como también a cualquier otro mecanismo de supervisión que se considere pertinente para garantizar la protección del interés público y la transparencia de su gestión.
Cabe señalar que ambos fondos quedarán eximidos del impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias —de conformidad con las disposiciones de la Ley N.° 25413 de competitividad y la normativa complementaria—, así como también de todos los impuestos, tasas y contribuciones nacionales existentes y a crearse en el futuro. Es por esto que se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la eximición de los tributos aplicables en sus jurisdicciones en iguales términos.
Todo esto facilitará el cumplimiento de la política ambiental nacional de conservación y manejo sostenible de bosques que lleva adelante el Ministerio de Ambiente de la Nación.
Por otra parte, el fideicomiso administrará además los fondos climáticos canalizados para el cumplimiento de los compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero derivados del Acuerdo de París, al que suscribió nuestro país.
La iniciativa evidencia el compromiso del Gobierno nacional con el logro de una política ambiental eficaz y sostenida de protección de los bosques nativos de nuestro país.
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Fecha de Publicación: 10/01/2018
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Facilitará el cumplimiento de la política ambiental nacional de conservación y manejo sostenible de bosques que lleva adelante el Ministerio de Ambiente de la Nación.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, que conduce Sergio Bergman, anuncia que incorporará en su órbita al Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos, que acaba de ser creado mediante el Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2018. Su implementación, que se realizará próximamente, lo convertirá en una herramienta eficaz para la preservación de dichos ecosistemas y para el fortalecimiento de la Ley de Bosques Nativos, a 10 años de su sanción.
“Es un gran logro contar con un fideicomiso para la gestión del fondo de la Ley de Bosques como parte de la estrategia integral que implementamos para mejorar y agilizar su administración”, aseguró el director nacional de Bosques, Ordenamiento Territorial y Suelos de la cartera de Ambiente, Juan Pedro Cano. “Esto acortará los tiempos administrativos a nivel nacional y permitirá que los fondos asignados cumplan su objeto y lleguen al bosque y a quienes viven de él de manera sustentable”, agregó.
El instrumento servirá para administrar y financiar el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos, instaurado por la Ley N.° 26331, de presupuestos mínimos para protección de estos espacios. De acuerdo con la norma, los saldos remanentes de un ejercicio anterior integrarán el fondo del ejercicio siguiente. En la actualidad, los fondos de la ley mencionada están integrados con partidas presupuestarias anuales; a futuro el fideicomiso asegurará la ejecución plurianual y estratégica de los recursos y evitará que los remanentes sean reasignados a otras actividades.
El fideicomiso se integrará con capitales públicos y privados y estará sometido a los controles establecidos en la normativa aplicable, como también a cualquier otro mecanismo de supervisión que se considere pertinente para garantizar la protección del interés público y la transparencia de su gestión.
Cabe señalar que ambos fondos quedarán eximidos del impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias —de conformidad con las disposiciones de la Ley N.° 25413 de competitividad y la normativa complementaria—, así como también de todos los impuestos, tasas y contribuciones nacionales existentes y a crearse en el futuro. Es por esto que se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la eximición de los tributos aplicables en sus jurisdicciones en iguales términos.
Todo esto facilitará el cumplimiento de la política ambiental nacional de conservación y manejo sostenible de bosques que lleva adelante el Ministerio de Ambiente de la Nación.
Por otra parte, el fideicomiso administrará además los fondos climáticos canalizados para el cumplimiento de los compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero derivados del Acuerdo de París, al que suscribió nuestro país.
La iniciativa evidencia el compromiso del Gobierno nacional con el logro de una política ambiental eficaz y sostenida de protección de los bosques nativos de nuestro país.
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Santa Cruz multó a mineras
Santa Cruz multó a tres empresas mineras por irregularidades ambientales
Fecha de Publicación: 10/01/2018
Fuente: El Zonda (San Juan)
Provincia/Región: Santa Cruz
La provincia de Santa Cruz sancionó a tres empresas mineras por irregularidades ambientales, entre las que se encuentra Minera Santa Cruz y pertenece a McEwen Mining, subsidiaria de Minera Andes que posee el proyecto Los Azules en San Juan.
En ese marco, la Secretaría de Minería de Santa Cruz informó sobre las sanciones impuestas a Cap Oeste de la empresa Patagonia Gold, Cerro Negro de Goldcorp y San José de Minera Santa Cruz, las cuales incurrieron en irregularidades en materia ambiental, según informó el organismo oficial.
La Secretaría de Estado de Minería señaló que “a los antecedentes y naturaleza de las infracciones cometidas, se suma el incumplimiento de las recomendaciones que surgen de las actas de inspección en materia de prevención ante posibles daños ambientales por parte de las empresas”.
De acuerdo a la información difundida por medios de Santa Cruz, los incidentes fueron calificados como menores, aunque el gobierno de Alicia Kirchner dispuso “la aplicación de sanciones pecuniarias y de apercibimiento fundadas en la inacción posterior a las directivas que se hicieran en inspecciones previas”, según lo establecido por el Código de Minería. “No se debe llegar al punto en que por negligencia o impericia se provoquen contingencias ambientales que podrían haber sido evitadas. Más aún cuando se trata en áreas donde el medio ambiente y la salud de los trabajadores puedan verse afectados”, sostuvo el titular de la cartera minera, Guillermo Bilardo.
“Desde al área Ambiental se trabaja de manera preventiva en una primera instancia y por eso, ante estas situaciones que son menores y de fácil resolución, las empresas deben cumplir adecuadamente las medidas correspondientes”, detalló el funcionario.
McEwen Mining, compañía poseedora de un 49% de Minera Santa Cruz, titular del área, que es operada por la peruana Hochschild Mining en su carácter de socia mayoritaria, posee a su vez la compañía Minera Andes, la cual tiene a su cargo el proyecto Los Azules, en San Juan.
El yacimiento de oro presenta una inversión cercana a los 7.400.000 dólares y tiene prevista su operación, con ese dinero, hasta el 2018 inclusive.
Más proyectos de exploración
Son 5 los proyectos nuevos que se iniciarán en el 2018 y cuya inversión alcanza los 19,83 millones de dólares en total, que al cambio actual son 342,2 millones de pesos. Cuatro de ellos se encuentran en Jáchal y se trata de Chita, Nacimiento, Durazno y La Esperanza, mientras que el quinto tiene localización en Iglesia y pertenece a la sociedad de Barrick con Shandong Gold, cuya firma está realizando tareas de sondaje en Lama, en las proximidades de Veladero.
En todos los casos, las exploraciones son yacimientos de oro.
Respecto a Lama, el Gobierno de la Provincia tiene marcadas expectativas de que se ponga en marcha en el corto plazo, luego de los inconvenientes que tuvo la mina binacional Lama-Pascua con el gobierno chileno.
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Fecha de Publicación: 10/01/2018
Fuente: El Zonda (San Juan)
Provincia/Región: Santa Cruz
La provincia de Santa Cruz sancionó a tres empresas mineras por irregularidades ambientales, entre las que se encuentra Minera Santa Cruz y pertenece a McEwen Mining, subsidiaria de Minera Andes que posee el proyecto Los Azules en San Juan.
En ese marco, la Secretaría de Minería de Santa Cruz informó sobre las sanciones impuestas a Cap Oeste de la empresa Patagonia Gold, Cerro Negro de Goldcorp y San José de Minera Santa Cruz, las cuales incurrieron en irregularidades en materia ambiental, según informó el organismo oficial.
La Secretaría de Estado de Minería señaló que “a los antecedentes y naturaleza de las infracciones cometidas, se suma el incumplimiento de las recomendaciones que surgen de las actas de inspección en materia de prevención ante posibles daños ambientales por parte de las empresas”.
De acuerdo a la información difundida por medios de Santa Cruz, los incidentes fueron calificados como menores, aunque el gobierno de Alicia Kirchner dispuso “la aplicación de sanciones pecuniarias y de apercibimiento fundadas en la inacción posterior a las directivas que se hicieran en inspecciones previas”, según lo establecido por el Código de Minería. “No se debe llegar al punto en que por negligencia o impericia se provoquen contingencias ambientales que podrían haber sido evitadas. Más aún cuando se trata en áreas donde el medio ambiente y la salud de los trabajadores puedan verse afectados”, sostuvo el titular de la cartera minera, Guillermo Bilardo.
“Desde al área Ambiental se trabaja de manera preventiva en una primera instancia y por eso, ante estas situaciones que son menores y de fácil resolución, las empresas deben cumplir adecuadamente las medidas correspondientes”, detalló el funcionario.
McEwen Mining, compañía poseedora de un 49% de Minera Santa Cruz, titular del área, que es operada por la peruana Hochschild Mining en su carácter de socia mayoritaria, posee a su vez la compañía Minera Andes, la cual tiene a su cargo el proyecto Los Azules, en San Juan.
El yacimiento de oro presenta una inversión cercana a los 7.400.000 dólares y tiene prevista su operación, con ese dinero, hasta el 2018 inclusive.
Más proyectos de exploración
Son 5 los proyectos nuevos que se iniciarán en el 2018 y cuya inversión alcanza los 19,83 millones de dólares en total, que al cambio actual son 342,2 millones de pesos. Cuatro de ellos se encuentran en Jáchal y se trata de Chita, Nacimiento, Durazno y La Esperanza, mientras que el quinto tiene localización en Iglesia y pertenece a la sociedad de Barrick con Shandong Gold, cuya firma está realizando tareas de sondaje en Lama, en las proximidades de Veladero.
En todos los casos, las exploraciones son yacimientos de oro.
Respecto a Lama, el Gobierno de la Provincia tiene marcadas expectativas de que se ponga en marcha en el corto plazo, luego de los inconvenientes que tuvo la mina binacional Lama-Pascua con el gobierno chileno.
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