Conicet demuestra que el glifosato no se degrada
07:00 | 
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El glifosato no se degrada, se acumula en la tierra argentina
Fecha de Publicación: 06/08/2017
Fuente: El Federal
Provincia/Región: Nacional
Un estudio del CONICET publicado en la revista internacional Environmental Pollution reveló que el peligroso herbicida glifosato se acumula en los campos argentios, sobre todo en Entre Ríos. La exagerada cantidad utilizada supera la capacidad de degradación de la tierra.
Una investigación publicada por la revista internacional Environmental Pollution y realizada por científicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) reveló que el herbicida glifosato no hace más que acumularse en los campos argentinos, principalmente en la provincia de Entre Ríos.
“Dada la enorme cantidad pulverizada y la afectación de los microorganismos encargados de su degradación, el producto no hace más que acumularse en las tierras con todo el riesgo tóxico que esto implica“, es lo que revela un articulo del periodista Patricio Eleisegui, autor del libro ‘Envenenados‘, quien accedió a esta nueva evidencia del enorme impacto ambiental del veneno creado por Monsanto, utilizado por el sector agropecuario argentino en cantidades alarmantes.
Recordemos que recientemente otro artículo había demostrado que además de afectar la biodiversidad del bosque nativo, el glifosato está generando su némesis: especies nativas resistentes al mismo herbicida.
El artículo de Eleisegui continúa así: La investigación citada señala entre sus resultados que “bajo las prácticas actuales, las tasas de aplicación son más altas que las tasas de disipación“. Para luego resaltar: “Por lo tanto, glifosato y AMPA -su metabolito- deben ser considerados pseudo persistentes”.
El estudio en cuestión, sujeto a muestras tomadas en 2015 de distintos lotes ubicados en el distrito de Urdinarrain, en la provincia de Entre Ríos, sostiene que la concentración de glifosato constatada en esa zona se encuentra entre las más altas a nivel mundial. El equipo de científicos también ubicó rastros del herbicida en aguas de superficie, aunque a niveles más bajos que los comprobados en el suelo.
Damián Marino es doctor en Química y uno de los especialistas del CONICET que coordinó la experiencia. Consultado por este medio explicó que, en concreto, el monitoreo demuestra que “el glifosato no desaparece” en tanto “se vuelca en el ambiente más herbicida de lo que la naturaleza puede llegar a degradar“.
Esto último, la acumulación, también es consecuencia del amplio paquete de plaguicidas que pulverizan los productores más allá del citado glifosato. Marino lo explica con claridad: “Todo lo que se aplica en el campo no ha hecho más que degradar a los microorganismos que se podrían encargar de hacer desaparecer al glifosato. Hoy por hoy, estas opciones de degradación están tan afectadas que casi no operan. El sistema de producción rompió al sistema que limpia. Y continúa echando más glifosato que antes“.
A tono con lo anterior, vale decir que Argentina aparece hoy como el país con mayor consumo de glifosato en el planeta, siempre en términos de cantidad de población. Así, mientras que naciones como Estados Unidos -uso anual de 136 millones de litros- promedian 0,42 litros del herbicida por habitante, Argentina -187 millones- ostenta una pauta de 4,3 litros por cada persona que puebla nuestra geografía. Siempre en términos anuales, claro.
“El glifosato y el AMPA muestran afinidad por las matrices sólidas, esto es, suelo y sedimentos. No se detectó concentración en aguas subterráneas“, concluye el estudio, que además recomienda “una revisión de las prácticas actuales de gestión agrícola con el fin de detener la acumulación constatada”, y exige una “reevaluación de riesgo toxicológico dadas las concentraciones (de glifosato) encontradas”.
“Hay un uso y un abuso del suelo, con una micro fauna afectada y una carga de químicos de uso permanente. El estudio no hace más que reafirmar que tenemos glifosato en todas partes y cada vez en mayor cantidad“, concluyó Marino ante este periodista.
En marzo de 2015, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), vinculada a la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró que existe evidencia suficiente para relacionar al glifosato con, precisamente, la proliferación del cáncer.
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Fecha de Publicación: 06/08/2017
Fuente: El Federal
Provincia/Región: Nacional
Un estudio del CONICET publicado en la revista internacional Environmental Pollution reveló que el peligroso herbicida glifosato se acumula en los campos argentios, sobre todo en Entre Ríos. La exagerada cantidad utilizada supera la capacidad de degradación de la tierra.
Una investigación publicada por la revista internacional Environmental Pollution y realizada por científicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) reveló que el herbicida glifosato no hace más que acumularse en los campos argentinos, principalmente en la provincia de Entre Ríos.
“Dada la enorme cantidad pulverizada y la afectación de los microorganismos encargados de su degradación, el producto no hace más que acumularse en las tierras con todo el riesgo tóxico que esto implica“, es lo que revela un articulo del periodista Patricio Eleisegui, autor del libro ‘Envenenados‘, quien accedió a esta nueva evidencia del enorme impacto ambiental del veneno creado por Monsanto, utilizado por el sector agropecuario argentino en cantidades alarmantes.
Recordemos que recientemente otro artículo había demostrado que además de afectar la biodiversidad del bosque nativo, el glifosato está generando su némesis: especies nativas resistentes al mismo herbicida.
El artículo de Eleisegui continúa así: La investigación citada señala entre sus resultados que “bajo las prácticas actuales, las tasas de aplicación son más altas que las tasas de disipación“. Para luego resaltar: “Por lo tanto, glifosato y AMPA -su metabolito- deben ser considerados pseudo persistentes”.
El estudio en cuestión, sujeto a muestras tomadas en 2015 de distintos lotes ubicados en el distrito de Urdinarrain, en la provincia de Entre Ríos, sostiene que la concentración de glifosato constatada en esa zona se encuentra entre las más altas a nivel mundial. El equipo de científicos también ubicó rastros del herbicida en aguas de superficie, aunque a niveles más bajos que los comprobados en el suelo.
Damián Marino es doctor en Química y uno de los especialistas del CONICET que coordinó la experiencia. Consultado por este medio explicó que, en concreto, el monitoreo demuestra que “el glifosato no desaparece” en tanto “se vuelca en el ambiente más herbicida de lo que la naturaleza puede llegar a degradar“.
Esto último, la acumulación, también es consecuencia del amplio paquete de plaguicidas que pulverizan los productores más allá del citado glifosato. Marino lo explica con claridad: “Todo lo que se aplica en el campo no ha hecho más que degradar a los microorganismos que se podrían encargar de hacer desaparecer al glifosato. Hoy por hoy, estas opciones de degradación están tan afectadas que casi no operan. El sistema de producción rompió al sistema que limpia. Y continúa echando más glifosato que antes“.
A tono con lo anterior, vale decir que Argentina aparece hoy como el país con mayor consumo de glifosato en el planeta, siempre en términos de cantidad de población. Así, mientras que naciones como Estados Unidos -uso anual de 136 millones de litros- promedian 0,42 litros del herbicida por habitante, Argentina -187 millones- ostenta una pauta de 4,3 litros por cada persona que puebla nuestra geografía. Siempre en términos anuales, claro.
“El glifosato y el AMPA muestran afinidad por las matrices sólidas, esto es, suelo y sedimentos. No se detectó concentración en aguas subterráneas“, concluye el estudio, que además recomienda “una revisión de las prácticas actuales de gestión agrícola con el fin de detener la acumulación constatada”, y exige una “reevaluación de riesgo toxicológico dadas las concentraciones (de glifosato) encontradas”.
“Hay un uso y un abuso del suelo, con una micro fauna afectada y una carga de químicos de uso permanente. El estudio no hace más que reafirmar que tenemos glifosato en todas partes y cada vez en mayor cantidad“, concluyó Marino ante este periodista.
En marzo de 2015, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), vinculada a la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró que existe evidencia suficiente para relacionar al glifosato con, precisamente, la proliferación del cáncer.
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Mendoza eleva las multas de la Ley de Fauna Silvestre
Habrá multas de hasta $222.250 por violar la Ley de Fauna Silvestre
Fecha de Publicación: 06/08/2017
Fuente: Diario Uno (Mendoza)
Provincia/Región: Mendoza
Los nuevos valores regirán para este año. Los importes pueden alcanzar hasta los $222.250, dependiendo del animal y el agravante.
La Dirección de Recursos Naturales Renovables de Mendoza emitió una nueva resolución en la que se designa un importe a pagar por infracción, dependiendo del espécimen de la fauna silvestre al que se está dañando o se dañó.
Por otro lado, se encuentra especificado el valor de la multa por portación de objetos para atentar contra la fauna y por hostigamiento.
Los nuevos valores regirán para este año. Los importes pueden alcanzar hasta los $222.250, dependiendo del animal y el agravante.
Quienes deseen brindar información sobre ejemplares de fauna silvestre heridos o denunciar casos de caza o tenencia ilegal pueden hacerlo a través del portal de denuncia en el sitio de internet de ambiente: www.ambiente.mendoza.gov.ar
También, comunicarse telefónicamente a la Dirección de Recursos Naturales Renovables a los teléfonos 4252090 y 4257065, de 8 a 13, de lunes a viernes o al 911 (Policía de Seguridad Rural de Mendoza).
Por su parte el equipo de investigadores del Departamento de Fauna identificó una publicación dentro de uno de los tantos grupos de compra y venta de aves que tienen intervenidos. Se procedió a investigar al usuario que realizó la publicación y luego se lo detuvo en la vía pública buscando concretar una venta. El hombre, mayor de edad, se movilizaba en un vehículo con pedido de secuestro llevando cinco aves de la fauna local, pájaros de la especie siete cuchillos, que no contaban con los certificados que agredirán su procedencia legal.
La detención se realizó en la intersección de las calles Tirasso y Godoy Cruz, de Guaymallén. El detenido quedó a disposición de la Oficina Fiscal 19.
La fauna silvestre de la provincia de Mendoza está protegida y por lo tanto su tenencia es ilegal, según la Ley Nacional de Fauna 22421, la Ley Provincial de adhesión 4602, su modificatoria 7308.
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Fecha de Publicación: 06/08/2017
Fuente: Diario Uno (Mendoza)
Provincia/Región: Mendoza
Los nuevos valores regirán para este año. Los importes pueden alcanzar hasta los $222.250, dependiendo del animal y el agravante.
La Dirección de Recursos Naturales Renovables de Mendoza emitió una nueva resolución en la que se designa un importe a pagar por infracción, dependiendo del espécimen de la fauna silvestre al que se está dañando o se dañó.
Por otro lado, se encuentra especificado el valor de la multa por portación de objetos para atentar contra la fauna y por hostigamiento.
Los nuevos valores regirán para este año. Los importes pueden alcanzar hasta los $222.250, dependiendo del animal y el agravante.
Quienes deseen brindar información sobre ejemplares de fauna silvestre heridos o denunciar casos de caza o tenencia ilegal pueden hacerlo a través del portal de denuncia en el sitio de internet de ambiente: www.ambiente.mendoza.gov.ar
También, comunicarse telefónicamente a la Dirección de Recursos Naturales Renovables a los teléfonos 4252090 y 4257065, de 8 a 13, de lunes a viernes o al 911 (Policía de Seguridad Rural de Mendoza).
Por su parte el equipo de investigadores del Departamento de Fauna identificó una publicación dentro de uno de los tantos grupos de compra y venta de aves que tienen intervenidos. Se procedió a investigar al usuario que realizó la publicación y luego se lo detuvo en la vía pública buscando concretar una venta. El hombre, mayor de edad, se movilizaba en un vehículo con pedido de secuestro llevando cinco aves de la fauna local, pájaros de la especie siete cuchillos, que no contaban con los certificados que agredirán su procedencia legal.
La detención se realizó en la intersección de las calles Tirasso y Godoy Cruz, de Guaymallén. El detenido quedó a disposición de la Oficina Fiscal 19.
La fauna silvestre de la provincia de Mendoza está protegida y por lo tanto su tenencia es ilegal, según la Ley Nacional de Fauna 22421, la Ley Provincial de adhesión 4602, su modificatoria 7308.
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Reclamos en Santa Fe por los silos portuarios
Vecinos de la zona sur se unen contra la contaminación de los silos portuarios
Fecha de Publicación: 06/08/2017
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
Aseguran que en los barrios Echeverría, Grandoli, Universitario y Municipal, el aire se llena de polvillo y cascarillas de cereal
Vecinos de los barrios que rodean el acceso sur a la ciudad convocan a una reunión abierta para ver cómo enfrentar el "desastre ecológico" que provoca la deriva de los residuos de cereales de los silos portuarios de la Unidad VI y VII, que opera la empresa concesionaria Servicios Portuarios SA. Según denunciaron, durante las últimas semanas llenó el aire de polvillo y cascarillas de cereal en las zonas de Echeverría, Grandoli, barrio Universitario y Municipal, para llegar incluso hasta el macrocentro rosarino.
Patricia Aguirre, quien forma parte de Vecinos Autoconvocados contra la Contaminación Agrotóxica (Vacca), explicó que el encuentro será mañana, a partir de las 16, en el salón del Parque del Mercado, ubicado en Cepeda y Gutiérrez. "Mucha gente está preocupada, porque si bien estos días amainó bastante, durante las últimas semanas la cantidad de polvillo que volaba fue impresionante", dijo.
Este polvillo, que "vuela" hacia la ciudad dependiendo de las condiciones climáticas (sobre todo el viento), provoca en los vecinos irritación de mucosas, alergias y problemas respiratorios, según relató Aguirre en base a su propia experiencia y a la de muchos otros habitantes de esos barrios.
"La zona sur ha soportado en las últimas semanas un verdadero desastre ecológico por el funcionamiento a pleno de los silos de la Unidad VI y VII, nada más ni nada menos que 180 silos con dos muelles de carga de barcos que pueden operar hasta 800 camiones por día, con una capacidad de carga de 230.000 toneladas diarias, según datos de la misma empresa" agrega el comunicado emitido por Vacca.
Este vendaval de desechos "inundó no sólo a la zona cercana de los silos, lo que pasa habitualmente", sino también "a grandes sectores de la ciudad, con una lluvia impresionante de polvillo y cascarilla de cereal que además fue rociada con agrotóxicos de todo tipo".
Aguirre contó que ante esta situación, que se repite año tras año y que se intensifica en época de cosecha gruesa (casi terminada a esta altura del año), desde hace dos años un grupo de vecinos comenzó a reunirse para intentar armar alguna estrategia en común.
Para la reunión de mañana también citaron a Carlos Badía, médico que trabaja en el Centro Médico Grandoli y "que conoce la historia" del barrio. "Ha crecido mucha la alergia en niños y personas mayores porque el polvillo vuela siempre porque el puerto no deja de trabajar. A veces se ve más, otras veces menos, pero es casi constante", agregó.
Autoridades
Si bien han tenido algunas reuniones con autoridades, hasta ahora no hay atisbo de solución alguna ni plan para al menos atemperar la situación de contaminación que padece esa zona del sur de la ciudad.
"La experiencia nos ha mostrado que los temas relacionados al puerto son delicados, hay muchos intereses en juego y para colmo tiene jurisdicciones cruzadas entre Nación, Provincia y Enapro" destacó Aguirre.
"Tenemos cero respuestas, se ve que no les interesa el tema de la salud de la gente porque lo que alientan es que se exporte más", sintetizó.
"Los silos funcionan impunemente sin ningún tipo de control, bajo responsabilidad no sólo de los empresarios, a quienes sus ganancias les importan más que la salud y las condiciones de vida de la población, sino también por la propia responsabilidad del Estado en todos sus niveles (municipal, nacional y provincial)" destaca el comunicado difundido vía Facebook (Facebook Vacca Vacca) por los vecinos autoconvocados.
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Fecha de Publicación: 06/08/2017
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
Aseguran que en los barrios Echeverría, Grandoli, Universitario y Municipal, el aire se llena de polvillo y cascarillas de cereal
Vecinos de los barrios que rodean el acceso sur a la ciudad convocan a una reunión abierta para ver cómo enfrentar el "desastre ecológico" que provoca la deriva de los residuos de cereales de los silos portuarios de la Unidad VI y VII, que opera la empresa concesionaria Servicios Portuarios SA. Según denunciaron, durante las últimas semanas llenó el aire de polvillo y cascarillas de cereal en las zonas de Echeverría, Grandoli, barrio Universitario y Municipal, para llegar incluso hasta el macrocentro rosarino.
Patricia Aguirre, quien forma parte de Vecinos Autoconvocados contra la Contaminación Agrotóxica (Vacca), explicó que el encuentro será mañana, a partir de las 16, en el salón del Parque del Mercado, ubicado en Cepeda y Gutiérrez. "Mucha gente está preocupada, porque si bien estos días amainó bastante, durante las últimas semanas la cantidad de polvillo que volaba fue impresionante", dijo.
Este polvillo, que "vuela" hacia la ciudad dependiendo de las condiciones climáticas (sobre todo el viento), provoca en los vecinos irritación de mucosas, alergias y problemas respiratorios, según relató Aguirre en base a su propia experiencia y a la de muchos otros habitantes de esos barrios.
"La zona sur ha soportado en las últimas semanas un verdadero desastre ecológico por el funcionamiento a pleno de los silos de la Unidad VI y VII, nada más ni nada menos que 180 silos con dos muelles de carga de barcos que pueden operar hasta 800 camiones por día, con una capacidad de carga de 230.000 toneladas diarias, según datos de la misma empresa" agrega el comunicado emitido por Vacca.
Este vendaval de desechos "inundó no sólo a la zona cercana de los silos, lo que pasa habitualmente", sino también "a grandes sectores de la ciudad, con una lluvia impresionante de polvillo y cascarilla de cereal que además fue rociada con agrotóxicos de todo tipo".
Aguirre contó que ante esta situación, que se repite año tras año y que se intensifica en época de cosecha gruesa (casi terminada a esta altura del año), desde hace dos años un grupo de vecinos comenzó a reunirse para intentar armar alguna estrategia en común.
Para la reunión de mañana también citaron a Carlos Badía, médico que trabaja en el Centro Médico Grandoli y "que conoce la historia" del barrio. "Ha crecido mucha la alergia en niños y personas mayores porque el polvillo vuela siempre porque el puerto no deja de trabajar. A veces se ve más, otras veces menos, pero es casi constante", agregó.
Autoridades
Si bien han tenido algunas reuniones con autoridades, hasta ahora no hay atisbo de solución alguna ni plan para al menos atemperar la situación de contaminación que padece esa zona del sur de la ciudad.
"La experiencia nos ha mostrado que los temas relacionados al puerto son delicados, hay muchos intereses en juego y para colmo tiene jurisdicciones cruzadas entre Nación, Provincia y Enapro" destacó Aguirre.
"Tenemos cero respuestas, se ve que no les interesa el tema de la salud de la gente porque lo que alientan es que se exporte más", sintetizó.
"Los silos funcionan impunemente sin ningún tipo de control, bajo responsabilidad no sólo de los empresarios, a quienes sus ganancias les importan más que la salud y las condiciones de vida de la población, sino también por la propia responsabilidad del Estado en todos sus niveles (municipal, nacional y provincial)" destaca el comunicado difundido vía Facebook (Facebook Vacca Vacca) por los vecinos autoconvocados.
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Terrible desmonte en territorio Chapa'í
En la comunidad Chapa'í de San Ignacio 'estamos devastados'
Fecha de Publicación: 05/08/2017
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones
Itatí Brizuela, auxiliar de enfermería, estudiante de la carrera de Historia, dio la primera voz de alarma ante el desastre ambiental, ecológico, social, familiar, anticonstitucional, que no respetó el marco de la ejecución de la Ley 26.160 por la que fueron relevadas y reconocidas como territorio de uso público, tradicional y actual las 181 hectáreas de la comunidad Chapa’í, según la resolución del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai).
"Estuvimos de acuerdo que se utilizaran algunas hectáreas: pero lo que hizo el personal de la Municipalidad es terrible, abrieron caminos, echaron árboles nativos, nuestra medicina natural, los árboles frutales. Nos dolió a todos porque los chicos lloraban viendo como tiraban las plantas de naranjas, limones, paltas que nosotros cuidábamos para consumir. Quedó en pie nuestra huerta comunitaria, con muchas verduras sembradas; pero tenemos miedo porque nos dijeron que también sacarán la iglesia y el salón comunitario. Necesitamos ayuda porque en San Ignacio no tenemos respaldo institucional. También convocamos a las comunidades hermanas que son 114 en la provincia, porque nos sentimos solos".
Itatí, la hija del ex cacique, Juan Brizuela, lamenta una y otra vez que los dejaron sin montes nativos. "El intendente Esteban Romero ya no respeta ni la Constitución Nacional, tampoco los pactos internacionales, la Ley de Bosques Nativos, ni la Ley 26160 del Relevamiento Territorial de los Pueblos Indígenas. Es muy triste ver esto porque los empleados de la Municipalidad de San Ignacio después de haber quemado cinco casas de la comunidad Kokuere'i siguen libres y arrasando con todo. Si seguimos así sin ningún tipo de ayuda institucional las comunidades indígenas seremos simplemente historia", reflexionó.
El lunes, integrantes del Frente Ciudadano Ambiental Capuera (Diego Ciarmiello, María Rosa Foregel, Cristina Besold y Erik Barney, entre otros) junto al diputado Martín Sereno (Partido Agrario y Social), las activistas feministas Mariana Pizarro y Valeria Silvestri (PC), se reunieron en la Casa de Gobierno, con el subsecretario de Coordinación de la Jefatura de Gabinete, Daniel Behler y le entregaron una nota en la que solicitan al gobernador Hugo Passalacqua el cumplimiento de la Ley Nacional 26160, en la cual se declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras ocupadas por las comunidades guaraníes. Esa norma prohíbe la intervención o la expulsión de las comunidades hasta tanto no se resuelva la situación de dominio del suelo donde habitan.
El grupo se dirigió hasta el Ministerio de Ecología y Recursos Renovables, e hizo el mismo reclamo al subsecretario de esa cartera, Juan Manuel Díaz -ante la ausencia de la ministra Verónica Derna- junto a la directora general de Bosques Nativos, María Elena Benítez, quienes admitieron desconocer el caso planteado, y afirmaron que jamás hubo pedido de autorización para ese desmonte.
"Necesitamos que paren las máquinas hoy en la comunidad Chapa'i. Después discutimos todas las cuestiones legales y el trabajo que Ecología hizo mal, ya que no controló a tiempo ese desastre ilegal, y por eso sucede lo que ahora reclamamos que se detenga. Si ustedes no frenan ese salvaje desmonte que están haciendo empleados municipales por orden del intendente Romero, nosotros vamos a parar las topadoras poniéndonos frente a ellas. ¡Paren las máquinas!", enfatizó Sereno.
Horas después, el legislador se trasladó con su equipo de trabajo hasta la comunidad y comprobó in situ, el grave desastre delictivo que hizo la mano del hombre, en este caso, personificado por el jefe comunal, Esteban Romero.
Minutos después llegó una comitiva de inspectores forestales del Ministerio de Ecología, que hizo un relevamiento del terreno, y una vez que obtuvieron el acuerdo firmado entre Romero y el joven cacique, labraron un acto dirigida al intendente por el cual ordenan que cese el desmonte en esa comunidad y cualquier otro tipo de intrusión.
Uno de sus empleados que estuvo en el lugar y que se identificó como "Vigilancia del Parque Industrial", Carlos Flores, no tuvo reparos en manifestar que el intendente Romero compró esas hectáreas de acuerdo "al convenio que firmó con el cacique Damián, por eso entraron las máquinas municipales a abrir los caminos. Ellos (los guaraníes) no tienen de qué quejarse porque del tanque en adelante estas tierras pertenecen al municipio. Así fue el acuerdo, por eso estamos limpiando para abrir el camino. Nosotros estábamos antes de que llegara la comunidad y ahora resulta que ellos reclaman todo el lugar, si quieren más hectáreas que paguen, y que dejen de pelear", señaló el empleado municipal.
Quemaron y arrasaron colmenas
Las topadoras también destruyeron el apiario (lugar donde se encuentra el conjunto de colmenas) que forma parte de un Programa de Apicultura Sustentable del Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial (Ifai). Se desarrolla con pequeños productores y comunidades guaraníes próximas a áreas protegidas (parques y reservas), y está a cargo de la antropóloga, Graciela Hedman. "Desde noviembre del 2016 teníamos en desarrollo el apiario con colmenas instaladas que el IFAI proveyó a la comunidad Chapa'í. La gravedad de lo que pasó (desmonte, loteo y desalojo) también radica en que el monte existente derribado era la provisión de alimentos para las abejas y para las familias mbya. En el lugar había frutales y otras especies de monte con mucha floración disponible, las abejas con la polinización, potencian la producción de frutales y enriquecen aún más el ambiente", explicó la profesional.
Destruyeron restos arqueológicos
"Algunos de las piezas arquelógicas las llevamos al Museo Andrés Guacurarí para su clasificación. Algunas de esas piezas son previas al período jesuítico", expresó la antropóloga Hedman.
Lamentó que en un Municipio donde están las ruinas jesuíticas, con mayor visita de turistas de la provincia, consideradas Patrimonio de la Humanidad, "a pocos metros de ella, se intente descartar a una comunidad mbya guaraní como es Chapa'í, solo porque un particular reclame como suyas esas tierras. No se debe meter topadoras derribando casas, proyectos productivos, árboles y restos arqueológicos".
Hedman agregó que en el Municipio de San Ignacio, con el programa a su cargo, también trabajan con la EFA de San Ignacio de Loyola, y están próximos a construir una sala de extracción para 30 productores de la localidad, varios de ellos van a producir en zonas próximas a la Reserva Teyú Cuaré, y municipios cercanos como Loreto.
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Fecha de Publicación: 05/08/2017
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones
Itatí Brizuela, auxiliar de enfermería, estudiante de la carrera de Historia, dio la primera voz de alarma ante el desastre ambiental, ecológico, social, familiar, anticonstitucional, que no respetó el marco de la ejecución de la Ley 26.160 por la que fueron relevadas y reconocidas como territorio de uso público, tradicional y actual las 181 hectáreas de la comunidad Chapa’í, según la resolución del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai).
"Estuvimos de acuerdo que se utilizaran algunas hectáreas: pero lo que hizo el personal de la Municipalidad es terrible, abrieron caminos, echaron árboles nativos, nuestra medicina natural, los árboles frutales. Nos dolió a todos porque los chicos lloraban viendo como tiraban las plantas de naranjas, limones, paltas que nosotros cuidábamos para consumir. Quedó en pie nuestra huerta comunitaria, con muchas verduras sembradas; pero tenemos miedo porque nos dijeron que también sacarán la iglesia y el salón comunitario. Necesitamos ayuda porque en San Ignacio no tenemos respaldo institucional. También convocamos a las comunidades hermanas que son 114 en la provincia, porque nos sentimos solos".
Itatí, la hija del ex cacique, Juan Brizuela, lamenta una y otra vez que los dejaron sin montes nativos. "El intendente Esteban Romero ya no respeta ni la Constitución Nacional, tampoco los pactos internacionales, la Ley de Bosques Nativos, ni la Ley 26160 del Relevamiento Territorial de los Pueblos Indígenas. Es muy triste ver esto porque los empleados de la Municipalidad de San Ignacio después de haber quemado cinco casas de la comunidad Kokuere'i siguen libres y arrasando con todo. Si seguimos así sin ningún tipo de ayuda institucional las comunidades indígenas seremos simplemente historia", reflexionó.
El lunes, integrantes del Frente Ciudadano Ambiental Capuera (Diego Ciarmiello, María Rosa Foregel, Cristina Besold y Erik Barney, entre otros) junto al diputado Martín Sereno (Partido Agrario y Social), las activistas feministas Mariana Pizarro y Valeria Silvestri (PC), se reunieron en la Casa de Gobierno, con el subsecretario de Coordinación de la Jefatura de Gabinete, Daniel Behler y le entregaron una nota en la que solicitan al gobernador Hugo Passalacqua el cumplimiento de la Ley Nacional 26160, en la cual se declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras ocupadas por las comunidades guaraníes. Esa norma prohíbe la intervención o la expulsión de las comunidades hasta tanto no se resuelva la situación de dominio del suelo donde habitan.
El grupo se dirigió hasta el Ministerio de Ecología y Recursos Renovables, e hizo el mismo reclamo al subsecretario de esa cartera, Juan Manuel Díaz -ante la ausencia de la ministra Verónica Derna- junto a la directora general de Bosques Nativos, María Elena Benítez, quienes admitieron desconocer el caso planteado, y afirmaron que jamás hubo pedido de autorización para ese desmonte.
"Necesitamos que paren las máquinas hoy en la comunidad Chapa'i. Después discutimos todas las cuestiones legales y el trabajo que Ecología hizo mal, ya que no controló a tiempo ese desastre ilegal, y por eso sucede lo que ahora reclamamos que se detenga. Si ustedes no frenan ese salvaje desmonte que están haciendo empleados municipales por orden del intendente Romero, nosotros vamos a parar las topadoras poniéndonos frente a ellas. ¡Paren las máquinas!", enfatizó Sereno.
Horas después, el legislador se trasladó con su equipo de trabajo hasta la comunidad y comprobó in situ, el grave desastre delictivo que hizo la mano del hombre, en este caso, personificado por el jefe comunal, Esteban Romero.
Minutos después llegó una comitiva de inspectores forestales del Ministerio de Ecología, que hizo un relevamiento del terreno, y una vez que obtuvieron el acuerdo firmado entre Romero y el joven cacique, labraron un acto dirigida al intendente por el cual ordenan que cese el desmonte en esa comunidad y cualquier otro tipo de intrusión.
Uno de sus empleados que estuvo en el lugar y que se identificó como "Vigilancia del Parque Industrial", Carlos Flores, no tuvo reparos en manifestar que el intendente Romero compró esas hectáreas de acuerdo "al convenio que firmó con el cacique Damián, por eso entraron las máquinas municipales a abrir los caminos. Ellos (los guaraníes) no tienen de qué quejarse porque del tanque en adelante estas tierras pertenecen al municipio. Así fue el acuerdo, por eso estamos limpiando para abrir el camino. Nosotros estábamos antes de que llegara la comunidad y ahora resulta que ellos reclaman todo el lugar, si quieren más hectáreas que paguen, y que dejen de pelear", señaló el empleado municipal.
Quemaron y arrasaron colmenas
Las topadoras también destruyeron el apiario (lugar donde se encuentra el conjunto de colmenas) que forma parte de un Programa de Apicultura Sustentable del Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial (Ifai). Se desarrolla con pequeños productores y comunidades guaraníes próximas a áreas protegidas (parques y reservas), y está a cargo de la antropóloga, Graciela Hedman. "Desde noviembre del 2016 teníamos en desarrollo el apiario con colmenas instaladas que el IFAI proveyó a la comunidad Chapa'í. La gravedad de lo que pasó (desmonte, loteo y desalojo) también radica en que el monte existente derribado era la provisión de alimentos para las abejas y para las familias mbya. En el lugar había frutales y otras especies de monte con mucha floración disponible, las abejas con la polinización, potencian la producción de frutales y enriquecen aún más el ambiente", explicó la profesional.
Destruyeron restos arqueológicos
"Algunos de las piezas arquelógicas las llevamos al Museo Andrés Guacurarí para su clasificación. Algunas de esas piezas son previas al período jesuítico", expresó la antropóloga Hedman.
Lamentó que en un Municipio donde están las ruinas jesuíticas, con mayor visita de turistas de la provincia, consideradas Patrimonio de la Humanidad, "a pocos metros de ella, se intente descartar a una comunidad mbya guaraní como es Chapa'í, solo porque un particular reclame como suyas esas tierras. No se debe meter topadoras derribando casas, proyectos productivos, árboles y restos arqueológicos".
Hedman agregó que en el Municipio de San Ignacio, con el programa a su cargo, también trabajan con la EFA de San Ignacio de Loyola, y están próximos a construir una sala de extracción para 30 productores de la localidad, varios de ellos van a producir en zonas próximas a la Reserva Teyú Cuaré, y municipios cercanos como Loreto.
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Viedma se salva de la nuclear
Central nuclear: Viedma ya no es opción para Weretilneck
Fecha de Publicación: 05/08/2017
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
El gobernador reconoció la resistencia a la instalación de la planta cerca de la capital provincial y dijo que “no irá en contra de esos intereses”. Nación evalúa ahora la zona de Sierra Grande.
Viraje en el debate de la central nuclear. El gobernador Alberto Weretilneck afirmó ayer que “si hay tanto rechazo en Viedma, es probable que se abandone la propuesta de que sea en esa zona”.
Esta afirmación suspende la opción viedmense mientras que el subsecretario de Energía Nuclear, Julián Gadano, amplió las posibilidades de una “región cercana a Sierra Grande. Es altamente probable que esté localizada en esa zona y es la hipótesis más fuerte”.
Ambas declaraciones surgen después de días de reclamos antinucleares, especialmente en Viedma, que incluyeron manifestaciones contra la delegación técnica china. Inicialmente, Weretilneck se mostró molesto y salió a desacreditar a los manifestantes. Ayer, su actitud fue distinta, aceptando que el gobierno “no irá contra el interés de una comunidad. Estamos siguiendo el comportamiento de la sociedad de Viedma. Estas decisiones deben tener licencia social, es decir, el acompañamiento de una parte importante. Pero, si el proyecto tiene tanto rechazo, con mucha gente que mira y no opina, y los que están a favor tampoco participan, entonces es probable que se abandone la propuesta de que sea en el área de Viedma”.
En esa entrevista, realizada en FM de la Comarca de Río Colorado, el gobernador reiteró que este proyecto significa “transformación y futuro”, y son “decisiones que no se piensan en uno sino en el desarrollo provincial”.
Así, el gobernador aparta a esa región -siempre se habló a unos 100 kilómetros de la capital- y, también procura sacar ese rechazo de la campaña electoral, que se ha constituido en un fuerte componente en el último tiempo.
Por su parte, en FM Municipal de Sierra Grande, Gadano manifestó que se está en la última etapa de la selección del sitio, asegurando que una “región cercana” a esa ciudad “cumple prácticamente con todos los requisitos necesarios. Tiene muchas ventajas. Es altamente probable que esté localizada cerca de Sierra Grande. Es la hipótesis más fuerte”, agregó.
Luego, el funcionario nacional repasó el contexto provincial. “La mayor parte de la población está expectante. Hay un error si se entiende que Río Negro está en contra del proyecto porque un grupo hace ruido”. Agregó que ocurre lo que se llama “espiral del silencio”, “cuando un grupo hace mucho ruido, el resto cree que es la mayoría entonces -por las dudas- no dice nada. Y la mayoría no tiene opinión, está expectante”, analizó.
En otra parte, Gadano se refirió a las manifestaciones en Viedma “contra los técnicos chinos, que eran geólogos, especialistas en suelos y clima. Era gente extranjera que vino a trabajar. No me pareció bueno que no se los dejara salir a cenar o no se los dejará dormir”, criticó.
“Estas decisiones deben tener licencia social, es decir, el acompañamiento de una parte importante de la población”.
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Fecha de Publicación: 05/08/2017
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
El gobernador reconoció la resistencia a la instalación de la planta cerca de la capital provincial y dijo que “no irá en contra de esos intereses”. Nación evalúa ahora la zona de Sierra Grande.
Viraje en el debate de la central nuclear. El gobernador Alberto Weretilneck afirmó ayer que “si hay tanto rechazo en Viedma, es probable que se abandone la propuesta de que sea en esa zona”.
Esta afirmación suspende la opción viedmense mientras que el subsecretario de Energía Nuclear, Julián Gadano, amplió las posibilidades de una “región cercana a Sierra Grande. Es altamente probable que esté localizada en esa zona y es la hipótesis más fuerte”.
Ambas declaraciones surgen después de días de reclamos antinucleares, especialmente en Viedma, que incluyeron manifestaciones contra la delegación técnica china. Inicialmente, Weretilneck se mostró molesto y salió a desacreditar a los manifestantes. Ayer, su actitud fue distinta, aceptando que el gobierno “no irá contra el interés de una comunidad. Estamos siguiendo el comportamiento de la sociedad de Viedma. Estas decisiones deben tener licencia social, es decir, el acompañamiento de una parte importante. Pero, si el proyecto tiene tanto rechazo, con mucha gente que mira y no opina, y los que están a favor tampoco participan, entonces es probable que se abandone la propuesta de que sea en el área de Viedma”.
En esa entrevista, realizada en FM de la Comarca de Río Colorado, el gobernador reiteró que este proyecto significa “transformación y futuro”, y son “decisiones que no se piensan en uno sino en el desarrollo provincial”.
Así, el gobernador aparta a esa región -siempre se habló a unos 100 kilómetros de la capital- y, también procura sacar ese rechazo de la campaña electoral, que se ha constituido en un fuerte componente en el último tiempo.
Por su parte, en FM Municipal de Sierra Grande, Gadano manifestó que se está en la última etapa de la selección del sitio, asegurando que una “región cercana” a esa ciudad “cumple prácticamente con todos los requisitos necesarios. Tiene muchas ventajas. Es altamente probable que esté localizada cerca de Sierra Grande. Es la hipótesis más fuerte”, agregó.
Luego, el funcionario nacional repasó el contexto provincial. “La mayor parte de la población está expectante. Hay un error si se entiende que Río Negro está en contra del proyecto porque un grupo hace ruido”. Agregó que ocurre lo que se llama “espiral del silencio”, “cuando un grupo hace mucho ruido, el resto cree que es la mayoría entonces -por las dudas- no dice nada. Y la mayoría no tiene opinión, está expectante”, analizó.
En otra parte, Gadano se refirió a las manifestaciones en Viedma “contra los técnicos chinos, que eran geólogos, especialistas en suelos y clima. Era gente extranjera que vino a trabajar. No me pareció bueno que no se los dejara salir a cenar o no se los dejará dormir”, criticó.
“Estas decisiones deben tener licencia social, es decir, el acompañamiento de una parte importante de la población”.
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Madryn quiere potenciar las renovables
Impulsan en Madryn el autoabastecimiento energético por medios renovables
Fecha de Publicación: 05/08/2017
Fuente: El diario de Madryn
Provincia/Región: Chubut
Días atrás, a través de Mesa de Entrada del Concejo Deliberante, desde el Frente Radical Amaya Chubut de Puerto Madryn presentaron una propuesta que, según indicaron, “podría innovar en el consumo de energía”.
Se trata de una iniciativa denominada “Energía Verde”, que consiste en “la reglamentación de un sistema de autoabastecimiento energético por medios renovables”, para lo cual aseguraron que “estos equipos no solo abastecerían un porcentaje del consumo interno, sino que, también, habilitarían a la inyección de energía a la red”.
Tales sistemas “son aplicados en otras naciones y en otras provincias, solucionando parcialmente de forma privada la demanda de energía, en un momento en el cual es notorio el momento de crisis energética que atraviesa la Nación”, agregaron.
En este sentido, manifestaron que “la idea es generar, de manera domiciliaria, mediante paneles solares y/o aerogeneradores, energía para el consumo, y de este modo tener la posibilidad de poder inyectar a la red el porcentaje no consumido, en el cual tendrán el mismo valor el consumo de energía que la inyección de energía, generando crédito a favor y hasta disminución de la cantidad demandada de energía a la prestataria del servicio”.
Sobre esto último, recordaron que “actualmente, no solo no está reglamentado este sistema, sino que el mismo se encuentra impedido de ser aplicado” y plantearon que “esto no requeriría inversión por parte del Estado, sino que el privado tendría la oportunidad de optar por invertir y, de esta forma, suplir parte de la necesidad energética y dejaría parte de ese consumo provisto por la prestataria para nuevas y más demandas”.
Crecimiento “ininterrumpido” del consumo
El documento del proyecto, al cual el Diario pudo tener acceso, considera que “teniendo en cuenta que la matriz de abastecimiento de energía para la economía de la región se ha caracterizado históricamente por una participación mayoritaria de energías no renovables, comenzando a tener mayor protagonismo y relevancia la producción de energía eólica, la cual presenta algunas deficiencias entre la real generación inyectada a la red y la capacidad total de producción, por lo cual resulta una significativa diferencia económica” y que “la generación de Energía Verde se plantea desde un punto de crisis energética mundial coincidente con un crecimiento ininterrumpido en el consumo energético tanto doméstico como en el sector productivo; la producción de energía renovable en el país, es de un porcentaje tan inferior que no logran ayudar y no solucionan la demanda; creemos que es posible si Argentina se lo propone, podría suplir la totalidad de su consumo eléctrico con energías de fuentes limpias y renovables, e incluso podría llegar a ser exportadora neta. En el año 2006 se creó el marco regulatorio, con la sanción de la ley 26.190/06, la cual otorgó a las energías renovables el carácter de interés nacional, dejando asentado que, para el año 2016, la Argentina debería asegurarse que hasta un ocho por ciento de la generación de energía eléctrica provenga de fuentes renovables”.
Particulares e industriales
La iniciativa establece, en uno de sus artículos, que “los Usuarios domiciliarios que dispongan para su propio consumo un Equipamiento de Generación de energía eléctrica por medios renovables no convencionales o de instalaciones de cogeneración eficiente denominadas “Energía Verde” , que hagan uso del derecho a inyectar los excedentes de energía que no son consumidos por sí mismo de esta forma generen a la red de distribución a través de los respectivos empalmes, cuya Capacidad Instalada no supere los 200 kilowatts y cumplan los demás requisitos establecidos en la Ley y lo dispuesto en el presente reglamento” y que “los productores industriales, que dispongan de equipos para generación de energía eólica y fotovoltaica, que hagan uso del derecho a inyectar los excedentes de energía a la red de distribución hasta un máximo de 500 kilowatts y las empresas distribuidoras de energía electricidad”.
Además, agrega que “los usuarios que deseen hacer uso del derecho a inyectar energía eléctrica, podrán solicitar a las Empresas Distribuidoras la información necesaria, las cuales deberán proveer de la misma junto con el listado de empresas autorizadas a la instalación, que en un plazo perentorio de 10 días será efectivizada dicha información” y que “la empresa autorizada contara con la información que provea la distribuidora de servicios asociada al transformador de distribución o alimentador que corresponda, para el adecuado diseño e instalación del Equipamiento de Generación, la cual deberá ser entregada en un plazo no mayor a 15 días hábiles contado desde la recepción del requerimiento por parte de la Empresa Distribuidora”.
El usuario y la conexión “definitiva” a la red
Por otro lado, establece que “para proteger la seguridad de las personas y de los bienes, así como también con el objeto de seguridad y continuidad del suministro eléctrico, las empresas distribuidoras serán responsables de mantener a disposición de sus usuarios que hagan uso del derecho de inyectar a la red eléctrica, la información técnica de sus instalaciones, a fin de entregarla cada vez que les sea requerida por estos últimos. Así se puede proceder a la conexión segura del equipamiento de generación y para su adecuado diseño e instalación, en un plazo de 24 horas de cualquier modificación o alteración de la última información brindada. Así también se responsabiliza a estas a brindar en idéntico plazo información relativa a la Capacidad Instalada Máxima”.
Cómo medirán la energía utilizada y generada
En lo relativo a la medición y valorización de las inyecciones, el proyecto sostiene que “la empresa distribuidora o prestataria del servicio eléctrico correspondientemente será responsable de realizar la lectura cada 30 días. Las inyecciones de energía eléctrica efectuadas por el equipamiento de generación de Energía Verde, serán medidas por medio de la empresa distribuidora o prestataria en idéntico periodo de tiempo que las lecturas correspondientes de consumo eléctrico, no siendo un requerimiento indispensable o impedimento para la lectura del consumo final de energía eléctrica” y agrega que “el usuario dispondrá de un equipo medidor, con las características bajo normas legales, capaz de medir las inyecciones que se realicen a la red de distribución eléctrica. Este equipo en el caso de usuarios que dispongan en conjunto de un equipamiento de generación conectado a instalaciones de una empresa distribuidora o prestataria en donde el consumo y la inyección se registren en equipos de medición generales en la alimentación principal y en marcadores para los consumos individuales interiores, podrán acordar con la empresa que distribuye , las condiciones en que la generación e inyección del Equipamiento de Generación sea prorrateada entre cada uno de ellos”.
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Fecha de Publicación: 05/08/2017
Fuente: El diario de Madryn
Provincia/Región: Chubut
Días atrás, a través de Mesa de Entrada del Concejo Deliberante, desde el Frente Radical Amaya Chubut de Puerto Madryn presentaron una propuesta que, según indicaron, “podría innovar en el consumo de energía”.
Se trata de una iniciativa denominada “Energía Verde”, que consiste en “la reglamentación de un sistema de autoabastecimiento energético por medios renovables”, para lo cual aseguraron que “estos equipos no solo abastecerían un porcentaje del consumo interno, sino que, también, habilitarían a la inyección de energía a la red”.
Tales sistemas “son aplicados en otras naciones y en otras provincias, solucionando parcialmente de forma privada la demanda de energía, en un momento en el cual es notorio el momento de crisis energética que atraviesa la Nación”, agregaron.
En este sentido, manifestaron que “la idea es generar, de manera domiciliaria, mediante paneles solares y/o aerogeneradores, energía para el consumo, y de este modo tener la posibilidad de poder inyectar a la red el porcentaje no consumido, en el cual tendrán el mismo valor el consumo de energía que la inyección de energía, generando crédito a favor y hasta disminución de la cantidad demandada de energía a la prestataria del servicio”.
Sobre esto último, recordaron que “actualmente, no solo no está reglamentado este sistema, sino que el mismo se encuentra impedido de ser aplicado” y plantearon que “esto no requeriría inversión por parte del Estado, sino que el privado tendría la oportunidad de optar por invertir y, de esta forma, suplir parte de la necesidad energética y dejaría parte de ese consumo provisto por la prestataria para nuevas y más demandas”.
Crecimiento “ininterrumpido” del consumo
El documento del proyecto, al cual el Diario pudo tener acceso, considera que “teniendo en cuenta que la matriz de abastecimiento de energía para la economía de la región se ha caracterizado históricamente por una participación mayoritaria de energías no renovables, comenzando a tener mayor protagonismo y relevancia la producción de energía eólica, la cual presenta algunas deficiencias entre la real generación inyectada a la red y la capacidad total de producción, por lo cual resulta una significativa diferencia económica” y que “la generación de Energía Verde se plantea desde un punto de crisis energética mundial coincidente con un crecimiento ininterrumpido en el consumo energético tanto doméstico como en el sector productivo; la producción de energía renovable en el país, es de un porcentaje tan inferior que no logran ayudar y no solucionan la demanda; creemos que es posible si Argentina se lo propone, podría suplir la totalidad de su consumo eléctrico con energías de fuentes limpias y renovables, e incluso podría llegar a ser exportadora neta. En el año 2006 se creó el marco regulatorio, con la sanción de la ley 26.190/06, la cual otorgó a las energías renovables el carácter de interés nacional, dejando asentado que, para el año 2016, la Argentina debería asegurarse que hasta un ocho por ciento de la generación de energía eléctrica provenga de fuentes renovables”.
Particulares e industriales
La iniciativa establece, en uno de sus artículos, que “los Usuarios domiciliarios que dispongan para su propio consumo un Equipamiento de Generación de energía eléctrica por medios renovables no convencionales o de instalaciones de cogeneración eficiente denominadas “Energía Verde” , que hagan uso del derecho a inyectar los excedentes de energía que no son consumidos por sí mismo de esta forma generen a la red de distribución a través de los respectivos empalmes, cuya Capacidad Instalada no supere los 200 kilowatts y cumplan los demás requisitos establecidos en la Ley y lo dispuesto en el presente reglamento” y que “los productores industriales, que dispongan de equipos para generación de energía eólica y fotovoltaica, que hagan uso del derecho a inyectar los excedentes de energía a la red de distribución hasta un máximo de 500 kilowatts y las empresas distribuidoras de energía electricidad”.
Además, agrega que “los usuarios que deseen hacer uso del derecho a inyectar energía eléctrica, podrán solicitar a las Empresas Distribuidoras la información necesaria, las cuales deberán proveer de la misma junto con el listado de empresas autorizadas a la instalación, que en un plazo perentorio de 10 días será efectivizada dicha información” y que “la empresa autorizada contara con la información que provea la distribuidora de servicios asociada al transformador de distribución o alimentador que corresponda, para el adecuado diseño e instalación del Equipamiento de Generación, la cual deberá ser entregada en un plazo no mayor a 15 días hábiles contado desde la recepción del requerimiento por parte de la Empresa Distribuidora”.
El usuario y la conexión “definitiva” a la red
Por otro lado, establece que “para proteger la seguridad de las personas y de los bienes, así como también con el objeto de seguridad y continuidad del suministro eléctrico, las empresas distribuidoras serán responsables de mantener a disposición de sus usuarios que hagan uso del derecho de inyectar a la red eléctrica, la información técnica de sus instalaciones, a fin de entregarla cada vez que les sea requerida por estos últimos. Así se puede proceder a la conexión segura del equipamiento de generación y para su adecuado diseño e instalación, en un plazo de 24 horas de cualquier modificación o alteración de la última información brindada. Así también se responsabiliza a estas a brindar en idéntico plazo información relativa a la Capacidad Instalada Máxima”.
Cómo medirán la energía utilizada y generada
En lo relativo a la medición y valorización de las inyecciones, el proyecto sostiene que “la empresa distribuidora o prestataria del servicio eléctrico correspondientemente será responsable de realizar la lectura cada 30 días. Las inyecciones de energía eléctrica efectuadas por el equipamiento de generación de Energía Verde, serán medidas por medio de la empresa distribuidora o prestataria en idéntico periodo de tiempo que las lecturas correspondientes de consumo eléctrico, no siendo un requerimiento indispensable o impedimento para la lectura del consumo final de energía eléctrica” y agrega que “el usuario dispondrá de un equipo medidor, con las características bajo normas legales, capaz de medir las inyecciones que se realicen a la red de distribución eléctrica. Este equipo en el caso de usuarios que dispongan en conjunto de un equipamiento de generación conectado a instalaciones de una empresa distribuidora o prestataria en donde el consumo y la inyección se registren en equipos de medición generales en la alimentación principal y en marcadores para los consumos individuales interiores, podrán acordar con la empresa que distribuye , las condiciones en que la generación e inyección del Equipamiento de Generación sea prorrateada entre cada uno de ellos”.
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Nación quiere limitar fumigaciones, pero es mínimo
Agroquímicos: dictarán una resolución para las distancias de aplicación
Fecha de Publicación: 04/08/2017
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Lo anticipó el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, en el marco del Congreso de Aapresid; la norma será con Agroindustria e invitarán a los municipios a adherirse.
Los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Agroindustria dictarán una resolución con distancias que deberán respetarse en la aplicación de agroquímicos respecto de los centros urbanos e invitarán a las provincias y a los municipios a adherirse a esta norma.
Así lo expresaron los ministros Sergio Bergman (Ambiente y Desarrollo Sustentable) y Ricardo Buryaile (Agroindustria) tras participar de la inauguración del 25° Congreso de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), que se realiza en esa ciudad y tiene también en su marco el desarrollo del 7° Congreso Mundial de Agricultura de Conservación.
Entre los dos congresos hay unos 5000 inscriptos, con 40 países participantes. A nivel mundial, unos 130 millones de hectáreas, el 10% de la agricultura mundial, está en siembra directa. En la Argentina, el porcentaje de siembra directa sobre el área cultivada es del 90 por ciento.
En la época del ex ministro de Agricultura, Julián Domínguez, y luego con su sucesor Norberto Yauhar, entidades del sector privado, desde productores a empresas de agroquímicos, con la participación de organismos como el INTA, trabajaron en un documento con recomendaciones para la aplicación de agroquímicos. Se pusieron 200 metros para la aplicación aérea y 100 metros para la pulverización terrestre. La actual cartera de Agroindustria vino manteniendo esa propuesta de distancias.
Pero, pese a las recomendaciones que se elaboraron, decenas de municipios igual siguieron sancionando ordenanzas propias, en algunos casos muy restrictivas.
Según admitió Bergman, en la actualidad es "un caos" lo que ocurre en materia de las distintas normativas. Por ello, indicó: "Estamos consensuando una resolución para que después adhieran las jurisdicciones. Saldrá como una resolución de Agroindustria en conjunto con nosotros", indicó el funcionario tras una consulta que le hizo LA NACION.
El funcionario indicó que allí se tipificarán, si bien no precisó las distancias, "las franjas de cobertura y seguridad para la aplicación" en relación a los cascos urbanos. Además, precisó que se avanzará sobre criterios para el manipuleo de los productos, la trazabilidad y la certificación. El ministro apuntó que también se está trabajando con el sector de la industria de agroquímicos para acelerar el cambio a productos "amigables con el entorno", porque, indicó, "los que conocemos tienen un nivel de toxicidad".
Según fuentes de la industria, más del 60% de los productos que se usan ya son de la denominada banda verde, es decir que bien empleados no generan riesgos.
Por su parte, Buryaile afirmó que desde el Gobierno se respeta "el federalismo y la capacidad de autodeterminación para generar leyes" por parte de las distintas jurisdicciones, pero subrayó que los municipios no debieran tener posiciones "muy disímiles".
"Hay actitudes políticas en algunos casos respecto de otros", dijo Buryaile, que indicó que la resolución saldría "lo antes posible". Descartó una ley en el actual momento. "Va a ser una invitación razonable", remarcó sobre la normativa para los municipios y provincias.
En el acto de inauguración del Congreso de Aapresid, que contó entre otros funcionarios con la presencia del gobernador Miguel Lifschitz, Pedro Vigneau, presidente de la entidad, destacó la necesidad de tener en el país "planteos más diversos" en relación a la cantidad de cultivos y cuidar más el suelo y las tecnologías.
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Fecha de Publicación: 04/08/2017
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Lo anticipó el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, en el marco del Congreso de Aapresid; la norma será con Agroindustria e invitarán a los municipios a adherirse.
Los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Agroindustria dictarán una resolución con distancias que deberán respetarse en la aplicación de agroquímicos respecto de los centros urbanos e invitarán a las provincias y a los municipios a adherirse a esta norma.
Así lo expresaron los ministros Sergio Bergman (Ambiente y Desarrollo Sustentable) y Ricardo Buryaile (Agroindustria) tras participar de la inauguración del 25° Congreso de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), que se realiza en esa ciudad y tiene también en su marco el desarrollo del 7° Congreso Mundial de Agricultura de Conservación.
Entre los dos congresos hay unos 5000 inscriptos, con 40 países participantes. A nivel mundial, unos 130 millones de hectáreas, el 10% de la agricultura mundial, está en siembra directa. En la Argentina, el porcentaje de siembra directa sobre el área cultivada es del 90 por ciento.
En la época del ex ministro de Agricultura, Julián Domínguez, y luego con su sucesor Norberto Yauhar, entidades del sector privado, desde productores a empresas de agroquímicos, con la participación de organismos como el INTA, trabajaron en un documento con recomendaciones para la aplicación de agroquímicos. Se pusieron 200 metros para la aplicación aérea y 100 metros para la pulverización terrestre. La actual cartera de Agroindustria vino manteniendo esa propuesta de distancias.
Pero, pese a las recomendaciones que se elaboraron, decenas de municipios igual siguieron sancionando ordenanzas propias, en algunos casos muy restrictivas.
Según admitió Bergman, en la actualidad es "un caos" lo que ocurre en materia de las distintas normativas. Por ello, indicó: "Estamos consensuando una resolución para que después adhieran las jurisdicciones. Saldrá como una resolución de Agroindustria en conjunto con nosotros", indicó el funcionario tras una consulta que le hizo LA NACION.
El funcionario indicó que allí se tipificarán, si bien no precisó las distancias, "las franjas de cobertura y seguridad para la aplicación" en relación a los cascos urbanos. Además, precisó que se avanzará sobre criterios para el manipuleo de los productos, la trazabilidad y la certificación. El ministro apuntó que también se está trabajando con el sector de la industria de agroquímicos para acelerar el cambio a productos "amigables con el entorno", porque, indicó, "los que conocemos tienen un nivel de toxicidad".
Según fuentes de la industria, más del 60% de los productos que se usan ya son de la denominada banda verde, es decir que bien empleados no generan riesgos.
Por su parte, Buryaile afirmó que desde el Gobierno se respeta "el federalismo y la capacidad de autodeterminación para generar leyes" por parte de las distintas jurisdicciones, pero subrayó que los municipios no debieran tener posiciones "muy disímiles".
"Hay actitudes políticas en algunos casos respecto de otros", dijo Buryaile, que indicó que la resolución saldría "lo antes posible". Descartó una ley en el actual momento. "Va a ser una invitación razonable", remarcó sobre la normativa para los municipios y provincias.
En el acto de inauguración del Congreso de Aapresid, que contó entre otros funcionarios con la presencia del gobernador Miguel Lifschitz, Pedro Vigneau, presidente de la entidad, destacó la necesidad de tener en el país "planteos más diversos" en relación a la cantidad de cultivos y cuidar más el suelo y las tecnologías.
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Biocombustible argentino todavía sin resolución en la UE
La UE volvió a postergar la reducción de aranceles al biocombustible argentino
Fecha de Publicación: 04/08/2017
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional
Al menos hasta septiembre no habrá una rebaja en el arancel que tributa la importación de biodiésel producido en la Argentina.
La Unión Europea postergó, al menos hasta septiembre próximo, la posibilidad de implementar una rebaja en el arancel que tributa la importación de biodiésel producido en la Argentina, en base a lo que dispuso este lunes la Dirección General de Comercio europea.Esta decisión generará un nuevo daño a los productores argentinos que ya habían concretado ventas por más de 20 millones de dólares en adelanto a la inminente entrada en vigencia de la nueva alícuota.
Fuentes de la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio) confirmaron a Télam la postergación anunciada por la Unión Europea de revisar a la baja los derechos antidumping del 24,6% que se habían impuesto a la producción argentina en 2013, luego de que en octubre de 2016 la Organización Mundial de Comercio (OMC) objetara la validez de la medida comunitaria.
A raíz del fallo de la OMC, la Unión Europea debía revisar la medida pero hoy dispuso una nueva postergación, situación que dificultará a los productores argentinos la concreción de nuevas operaciones en lo que resta del año.
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Fecha de Publicación: 04/08/2017
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional
Al menos hasta septiembre no habrá una rebaja en el arancel que tributa la importación de biodiésel producido en la Argentina.
La Unión Europea postergó, al menos hasta septiembre próximo, la posibilidad de implementar una rebaja en el arancel que tributa la importación de biodiésel producido en la Argentina, en base a lo que dispuso este lunes la Dirección General de Comercio europea.Esta decisión generará un nuevo daño a los productores argentinos que ya habían concretado ventas por más de 20 millones de dólares en adelanto a la inminente entrada en vigencia de la nueva alícuota.
Fuentes de la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio) confirmaron a Télam la postergación anunciada por la Unión Europea de revisar a la baja los derechos antidumping del 24,6% que se habían impuesto a la producción argentina en 2013, luego de que en octubre de 2016 la Organización Mundial de Comercio (OMC) objetara la validez de la medida comunitaria.
A raíz del fallo de la OMC, la Unión Europea debía revisar la medida pero hoy dispuso una nueva postergación, situación que dificultará a los productores argentinos la concreción de nuevas operaciones en lo que resta del año.
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Desmonte en tierras mbya de San Ignacio
Crece el conflicto por desmonte y loteo en tierras mbya de San Ignacio
Fecha de Publicación: 04/08/2017
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Nacional
Una integrante de la comunidad Chapa'í denunció que ingresaron máquinas y tumbaron monte nativo. Hay polémica por una presunta cesión de tierras por parte del cacique. Intervino el Estado.
Esto ocurre pocos días después de que se conociera un caso similar en la aldea Tekoa Kokuereí, en el mismo municipio, donde "tumbaron" varias viviendas aborígenes, aunque el intendente Esteban Romero desmintió la denuncia y aseguró que la actuación se realizó por acuerdo entre privados y los aldeanos.
Ahora el pedido de ayuda para chapa'í salió de la misma comunidad, en la voz de Itatí Brizuela, la hija del cacique, que se viralizó a través de redes sociales.
“Estoy destrozada y muy preocupada por la comunidad. Desde el viernes estuvo trabajando gente de la Municipalidad, abrieron caminos, echaron árboles nativos, árboles frutales, nuestra medicina natural. Los chicos estaban tristes al ver como tiraban plantas de naranja, limones y palta. Estoy en un lugar donde no sé si mañana me van a venir a sacar con máquinas” dijo la integrante de la comunidad.
“Ya nos avisaron que van a sacar la iglesia, el salón y las casas donde viven mis hermanas. Les pido a mis hermanos de toda la provincia que vengan a ayudarnos, nos sentimos solos”, se lamentó Itatí.
El video motivó una convocatoria en Posadas para juntar firmas y presentar un petitorio al Gobierno, en particular, al Ministerio de Ecología.
A cambio de luz eléctrica y agua
Berenice Villalba Texeira, una de las personas autoconvocadas frente a la Casa de Gobierno, comentó a este Diario que el vienes ingresaron a la aldea Chapa’í con máquinas, para sacar árboles nativos y abrir caminos, para comenzar con un loteo de las tierras.
“Esto se debe a que años atrás el intendente firmó papeles con el cacique de ese momento, dando el aval para que ocupen las tierras a cambio de agua y luz eléctrica, cuando en realidad estos son derechos adquiridos. A raíz de aquello hoy sucede esto. Nos hemos autoconvocado para ayudar a los hermanos guaraníes. Realizamos una juntada de firmas para entregar el petitorio al Ministerio de Ecología, para exigir que se detengan las acciones sobre este territorio”, explicó.
Por su parte, Mariana Pizarro, artista y activista por los derechos de las mujeres, comentó a PRIMERA EDICIÓN que las 180 hectáreas donde se volvió a desatar el problema de tierras, son propiedad comunal y no debería haber ningún cambio en ese predio.
Pizarro hizo referencia a una versión que circuló por las redes sociales en la que se comenta que la cesión de tierras a la Municipalidad la hizo el propio cacique y padre de Itatí Brizuela, luego de un partido de fútbol.
“En caso que así haya sucedido, la firma que efectuó el padre de la denunciante es absolutamente irregular, por las circunstancias en las que se llevó a cabo”, opinó.
“La situación es muy compleja porque se aglutinan varios tipos de violencia: violencia política, económica, institucional y de género, porque es esta mujer la que denuncia que dentro de su propia familia surgió el problema. Las versiones que nosotros manejamos es que las 180 hectáreas fueron vendidas y loteadas. Queremos que se garantice la integridad de todos los miembros de la comunidad, el efectivo cumplimiento de la Ley 26.160 y que se resuelva la problemática de los títulos de propiedad. Ellos necesitan del monte de la misma forma que nosotros”, remarcó.
La activista entendió que “la lucha va a ser muy solitaria mientras el resto de la comunidad no entienda que los derechos ciudadanos implican responsabilidades ciudadanas, la cual es vigilar a los gobernantes elegidos para que cumplan las leyes y garanticen el bienestar de todos por igual”.
Avasallamiento por abandono
Integrantes del frente medioambiental Capuera, se hicieron presentes en la plaza 9 de Julio para acompañar la convocatoria que surgió tras la denuncia.
Eric Barney, miembro del grupo, explicó que acompañaron el reclamo en contra del avasallamiento a las comunidades indígenas.
“Esperamos que a través de la Ley 26.160, podamos evitar este tipo de ‘asalto’ a las comunidades aborígenes. Mientras tanto, las máquinas están tirando abajo árboles y demarcando intereses inmobiliarios en la zona. Es por eso que estamos con la urgencia de parar este atropello de los montes que afectan las tierras originarias de los paisanos”, subrayó.
En ese sentido, la antropóloga María Rosa Fogeler, también de Capuera, detalló que iban a solicitar al gobernador Hugo Passalacqua “que se involucre” y pare el accionar en el lugar.
“Nos movilizamos porque entendemos que ellos se encuentran muy solos como para canalizar el reclamo. Nos sumamos a otros ciudadanos y grupos comunes a reclamar a las autoridades que ellos tienen la competencia y la responsabilidad sobre esta situación y que cumplan su rol. Sabemos que están negociando por agua y luz, quedarse en tres hectáreas y entregar las 180 donde se están haciendo loteos y demarcando caminos, esa es la información que nosotros manejamos. Tenemos el pedido de ayuda de algunos de sus miembros. Ellos hoy no saben sobre qué partes van a avanzar las máquinas. Ya habían derribado árboles frutales y especies nativas. Se estarían violando leyes ambientales y de protección a las comunidades originarias”, opinó.
Ante la consulta de por qué con tanta legislación que protege a los aborígenes siempre sufren de los mismos problemas, Fogeler explicó: “Ocurre porque las comunidades están muy abandonadas, porque las instituciones que se tienen que ocupar no trabajan para fortalecerlas. Sin subestimarlos, creo que están en una situación de vulnerabilidad y no están en condiciones de negociar con nadie”, remarcó.
“Deben hacer acatar la ley”
Diego Ciarmiello, referente de los guardaparques provinciales, dijo que la Ley 26.160 es una ley de emergencia que fue sancionada hace más de una década y fue postergada hasta el 2013.
“Esta legislación establecía que debían demarcarse los sitios de ocupación, uso y valoración de cada comunidad aborigen. En esos territorios la ley prohíbe la expulsión o cualquier tipo de intervención sobre la comunidad hasta tanto no se les entreguen títulos de propiedad a los integrantes. Esto no se ha cumplido, es la cuestión profunda del problema, el Gobierno debe hacer acatar la ley”, subrayó.
“Los fondos de la Nación llegaron pero se demarcaron muy pocas aldeas. Esto lo denunció el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa) en 2013. El Estado debe ordenar parar las máquinas y resolver la situación de las comunidades guaraníes”.
Ciarmiello estimó que donde está ocurriendo el problema es un territorio que no está demarcado como dice la ley, y que pertenecerían al municipio. “Pero esto tampoco habilita que puedan ingresar a derribar monte nativo porque para ello previamente debería haber acciones administrativas ante el Ministerio de Ecología”.
La versión del cacique
En búsqueda de una voz oficial, este Diario pudo dialogar con Emanuel Torras, co-coordinador del Programa de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas.
Comentó que tomaron conocimiento del caso y se comunicaron con el cacique. “Nos dijo que no pensó que iban tener tanta difusión las declaraciones de su hija y nos indicó que este miércoles se presentará en el Ministerio de DDHH junto a otros trece miembros del Consejo de Participación Indígena de la provincia (CPI), para explicar que la situación no es tan así como ella denunció”, indicó el funcionario.
La ley
Sancionada y promulgada en 2006, en su artículo 1º, la ley 26.160 establece: “Declárase la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente o aquellas preexistentes, por el término de 4 años”.
ARTÍCULO 2º. “Suspéndase por el plazo de la emergencia declarada, la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras contempladas en el artículo 1”.
El 21-10-2013 se prorrogó el plazo establecido hasta el 23 de noviembre de 2017.
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Fecha de Publicación: 04/08/2017
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Nacional
Una integrante de la comunidad Chapa'í denunció que ingresaron máquinas y tumbaron monte nativo. Hay polémica por una presunta cesión de tierras por parte del cacique. Intervino el Estado.
Esto ocurre pocos días después de que se conociera un caso similar en la aldea Tekoa Kokuereí, en el mismo municipio, donde "tumbaron" varias viviendas aborígenes, aunque el intendente Esteban Romero desmintió la denuncia y aseguró que la actuación se realizó por acuerdo entre privados y los aldeanos.
Ahora el pedido de ayuda para chapa'í salió de la misma comunidad, en la voz de Itatí Brizuela, la hija del cacique, que se viralizó a través de redes sociales.
“Estoy destrozada y muy preocupada por la comunidad. Desde el viernes estuvo trabajando gente de la Municipalidad, abrieron caminos, echaron árboles nativos, árboles frutales, nuestra medicina natural. Los chicos estaban tristes al ver como tiraban plantas de naranja, limones y palta. Estoy en un lugar donde no sé si mañana me van a venir a sacar con máquinas” dijo la integrante de la comunidad.
“Ya nos avisaron que van a sacar la iglesia, el salón y las casas donde viven mis hermanas. Les pido a mis hermanos de toda la provincia que vengan a ayudarnos, nos sentimos solos”, se lamentó Itatí.
El video motivó una convocatoria en Posadas para juntar firmas y presentar un petitorio al Gobierno, en particular, al Ministerio de Ecología.
A cambio de luz eléctrica y agua
Berenice Villalba Texeira, una de las personas autoconvocadas frente a la Casa de Gobierno, comentó a este Diario que el vienes ingresaron a la aldea Chapa’í con máquinas, para sacar árboles nativos y abrir caminos, para comenzar con un loteo de las tierras.
“Esto se debe a que años atrás el intendente firmó papeles con el cacique de ese momento, dando el aval para que ocupen las tierras a cambio de agua y luz eléctrica, cuando en realidad estos son derechos adquiridos. A raíz de aquello hoy sucede esto. Nos hemos autoconvocado para ayudar a los hermanos guaraníes. Realizamos una juntada de firmas para entregar el petitorio al Ministerio de Ecología, para exigir que se detengan las acciones sobre este territorio”, explicó.
Por su parte, Mariana Pizarro, artista y activista por los derechos de las mujeres, comentó a PRIMERA EDICIÓN que las 180 hectáreas donde se volvió a desatar el problema de tierras, son propiedad comunal y no debería haber ningún cambio en ese predio.
Pizarro hizo referencia a una versión que circuló por las redes sociales en la que se comenta que la cesión de tierras a la Municipalidad la hizo el propio cacique y padre de Itatí Brizuela, luego de un partido de fútbol.
“En caso que así haya sucedido, la firma que efectuó el padre de la denunciante es absolutamente irregular, por las circunstancias en las que se llevó a cabo”, opinó.
“La situación es muy compleja porque se aglutinan varios tipos de violencia: violencia política, económica, institucional y de género, porque es esta mujer la que denuncia que dentro de su propia familia surgió el problema. Las versiones que nosotros manejamos es que las 180 hectáreas fueron vendidas y loteadas. Queremos que se garantice la integridad de todos los miembros de la comunidad, el efectivo cumplimiento de la Ley 26.160 y que se resuelva la problemática de los títulos de propiedad. Ellos necesitan del monte de la misma forma que nosotros”, remarcó.
La activista entendió que “la lucha va a ser muy solitaria mientras el resto de la comunidad no entienda que los derechos ciudadanos implican responsabilidades ciudadanas, la cual es vigilar a los gobernantes elegidos para que cumplan las leyes y garanticen el bienestar de todos por igual”.
Avasallamiento por abandono
Integrantes del frente medioambiental Capuera, se hicieron presentes en la plaza 9 de Julio para acompañar la convocatoria que surgió tras la denuncia.
Eric Barney, miembro del grupo, explicó que acompañaron el reclamo en contra del avasallamiento a las comunidades indígenas.
“Esperamos que a través de la Ley 26.160, podamos evitar este tipo de ‘asalto’ a las comunidades aborígenes. Mientras tanto, las máquinas están tirando abajo árboles y demarcando intereses inmobiliarios en la zona. Es por eso que estamos con la urgencia de parar este atropello de los montes que afectan las tierras originarias de los paisanos”, subrayó.
En ese sentido, la antropóloga María Rosa Fogeler, también de Capuera, detalló que iban a solicitar al gobernador Hugo Passalacqua “que se involucre” y pare el accionar en el lugar.
“Nos movilizamos porque entendemos que ellos se encuentran muy solos como para canalizar el reclamo. Nos sumamos a otros ciudadanos y grupos comunes a reclamar a las autoridades que ellos tienen la competencia y la responsabilidad sobre esta situación y que cumplan su rol. Sabemos que están negociando por agua y luz, quedarse en tres hectáreas y entregar las 180 donde se están haciendo loteos y demarcando caminos, esa es la información que nosotros manejamos. Tenemos el pedido de ayuda de algunos de sus miembros. Ellos hoy no saben sobre qué partes van a avanzar las máquinas. Ya habían derribado árboles frutales y especies nativas. Se estarían violando leyes ambientales y de protección a las comunidades originarias”, opinó.
Ante la consulta de por qué con tanta legislación que protege a los aborígenes siempre sufren de los mismos problemas, Fogeler explicó: “Ocurre porque las comunidades están muy abandonadas, porque las instituciones que se tienen que ocupar no trabajan para fortalecerlas. Sin subestimarlos, creo que están en una situación de vulnerabilidad y no están en condiciones de negociar con nadie”, remarcó.
“Deben hacer acatar la ley”
Diego Ciarmiello, referente de los guardaparques provinciales, dijo que la Ley 26.160 es una ley de emergencia que fue sancionada hace más de una década y fue postergada hasta el 2013.
“Esta legislación establecía que debían demarcarse los sitios de ocupación, uso y valoración de cada comunidad aborigen. En esos territorios la ley prohíbe la expulsión o cualquier tipo de intervención sobre la comunidad hasta tanto no se les entreguen títulos de propiedad a los integrantes. Esto no se ha cumplido, es la cuestión profunda del problema, el Gobierno debe hacer acatar la ley”, subrayó.
“Los fondos de la Nación llegaron pero se demarcaron muy pocas aldeas. Esto lo denunció el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa) en 2013. El Estado debe ordenar parar las máquinas y resolver la situación de las comunidades guaraníes”.
Ciarmiello estimó que donde está ocurriendo el problema es un territorio que no está demarcado como dice la ley, y que pertenecerían al municipio. “Pero esto tampoco habilita que puedan ingresar a derribar monte nativo porque para ello previamente debería haber acciones administrativas ante el Ministerio de Ecología”.
La versión del cacique
En búsqueda de una voz oficial, este Diario pudo dialogar con Emanuel Torras, co-coordinador del Programa de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas.
Comentó que tomaron conocimiento del caso y se comunicaron con el cacique. “Nos dijo que no pensó que iban tener tanta difusión las declaraciones de su hija y nos indicó que este miércoles se presentará en el Ministerio de DDHH junto a otros trece miembros del Consejo de Participación Indígena de la provincia (CPI), para explicar que la situación no es tan así como ella denunció”, indicó el funcionario.
La ley
Sancionada y promulgada en 2006, en su artículo 1º, la ley 26.160 establece: “Declárase la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente o aquellas preexistentes, por el término de 4 años”.
ARTÍCULO 2º. “Suspéndase por el plazo de la emergencia declarada, la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras contempladas en el artículo 1”.
El 21-10-2013 se prorrogó el plazo establecido hasta el 23 de noviembre de 2017.
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La Sociedad Rural contra los ambientalistas
Etchevehere, contra el 'ambientalismo furibundo y renegador del auténtico progreso'
Fecha de Publicación: 03/08/2017
Fuente: AgroVoz
Provincia/Región: Nacional
En su discurso en Palermo, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) pidió “no caer en planteos agoreros y apocalípticos, que pretendan frenar la producción en nombre de una imaginaria pureza ambiental”.
El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luis Miguel Etchevehere, se pronunció en contra del “ambientalismo furibundo y renegador del auténtico progreso”, en el marco de la apertura oficial de la 131° Exposición de Agricultura, Ganadería e Industria Internacional de Palermo, que contó con la presencia del presidente Mauricio Macri.
Si bien el discurso de Etchevehere estuvo dominado por declaraciones de tinte político, fundamentalmente con fuertes críticas hacia el kirchnerismo, una defensa de algunos logros del Gobierno nacional como la reducción de la inflación y el pedido a los votantes de “no volver al pasado”, también hizo eje en numerosos aspectos de la agenda puntual del agro.
Por ejemplo, consideró que “son graves las brutales consecuencias del cambio climático” y pidió “ser previsores y dar sustento al Acuerdo de París de 2015”.
“Pero no por ello debemos, en este caso, caer en planteos agoreros y apocalípticos, que pretendan frenar la producción en nombre de una imaginaria pureza ambiental, que puede ser hija de la ideología, pero no del realismo y la sensatez, indispensables en lo que hace al cuidado de la Tierra”, añadió.
Y completó: “Estamos contra la desmesura, tanto la que proviene de la avaricia como la que resulta de un ambientalismo furibundo y renegador del auténtico progreso”.
Fecha de Publicación: 03/08/2017
Fuente: AgroVoz
Provincia/Región: Nacional
En su discurso en Palermo, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) pidió “no caer en planteos agoreros y apocalípticos, que pretendan frenar la producción en nombre de una imaginaria pureza ambiental”.
El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luis Miguel Etchevehere, se pronunció en contra del “ambientalismo furibundo y renegador del auténtico progreso”, en el marco de la apertura oficial de la 131° Exposición de Agricultura, Ganadería e Industria Internacional de Palermo, que contó con la presencia del presidente Mauricio Macri.
Si bien el discurso de Etchevehere estuvo dominado por declaraciones de tinte político, fundamentalmente con fuertes críticas hacia el kirchnerismo, una defensa de algunos logros del Gobierno nacional como la reducción de la inflación y el pedido a los votantes de “no volver al pasado”, también hizo eje en numerosos aspectos de la agenda puntual del agro.
Por ejemplo, consideró que “son graves las brutales consecuencias del cambio climático” y pidió “ser previsores y dar sustento al Acuerdo de París de 2015”.
“Pero no por ello debemos, en este caso, caer en planteos agoreros y apocalípticos, que pretendan frenar la producción en nombre de una imaginaria pureza ambiental, que puede ser hija de la ideología, pero no del realismo y la sensatez, indispensables en lo que hace al cuidado de la Tierra”, añadió.
Y completó: “Estamos contra la desmesura, tanto la que proviene de la avaricia como la que resulta de un ambientalismo furibundo y renegador del auténtico progreso”.
Localidad rionegrina 'se planta' contra la desertificación
Jacobacci va por más verde contra la desertificación
Fecha de Publicación: 03/08/2017
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
El municipio de Jacobacci junto a otras instituciones puso en marcha un ambicioso proyecto forestal para crear espacios verdes, mejorar la estética en algunos sectores y contribuir en la lucha contra la desertificación.
Operarios municipales comenzaron a realizar los primeros pozos en el camino que une la ciudad con la zona de chacras para plantar 200 árboles.
También, con la colaboración de una de las empresas que construye la pavimentación de la ruta Nacional 23, se nivela un terreno para instalar un sistema de riego con el respectivo reservorio de agua.
Buscan reforestar así un sector de la zona urbana que fuera sembrado en agosto de 2012, con el objetivo de crear una senda peatonal a la vera del camino.
“Estamos realizando los trabajos de nivelación del terreno y demarcación de la línea donde se plantarán árboles de diferentes especies. La idea es forestar del camino que va al vivero municipal, al campo de doma “Beto Liempe, y la cancha de fútbol”, señalaron desde la Secretaría de Servicios Públicos.
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Fecha de Publicación: 03/08/2017
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
El municipio de Jacobacci junto a otras instituciones puso en marcha un ambicioso proyecto forestal para crear espacios verdes, mejorar la estética en algunos sectores y contribuir en la lucha contra la desertificación.
Operarios municipales comenzaron a realizar los primeros pozos en el camino que une la ciudad con la zona de chacras para plantar 200 árboles.
También, con la colaboración de una de las empresas que construye la pavimentación de la ruta Nacional 23, se nivela un terreno para instalar un sistema de riego con el respectivo reservorio de agua.
Buscan reforestar así un sector de la zona urbana que fuera sembrado en agosto de 2012, con el objetivo de crear una senda peatonal a la vera del camino.
“Estamos realizando los trabajos de nivelación del terreno y demarcación de la línea donde se plantarán árboles de diferentes especies. La idea es forestar del camino que va al vivero municipal, al campo de doma “Beto Liempe, y la cancha de fútbol”, señalaron desde la Secretaría de Servicios Públicos.
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Nación afirma que pagará fondo de la Ley de Bosques
Nación avanza con las rendiciones del Fondo de la Ley de Bosques Nativos para las provincia
Fecha de Publicación: 03/08/2017
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación avanza con acuerdos que facilitarán la transferencia de pagos para compensar a las jurisdicciones que conservan los bosques nativos por los servicios ambientales que éstos brindan. Así, se resolverán trámites pendientes de antiguas rendiciones de cuentas del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos (FNECBN) que prevé la Ley de Bosques para las provincias de Neuquén y Chubut. Esto será posible gracias a un convenio firmado hoy entre el secretario de Política Ambiental Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, Diego Moreno, y la subsecretaria de Producción del Ministerio de Producción y Turismo de Neuquén, Dora Cortés; en tanto otro similar fue rubricado el viernes con el ministro de Producción de Chubut, Pablo Mamet.
Este convenio es un primer paso para una solución integral que apunta al saneamiento y a la mejora en la gestión administrativa del fondo, y permite dar un cierre a la rendición de gastos de las provincias sobre el dinero transferido entre 2009 y 2012 para la conservación y el uso sustentable de los bosques nativos de la provincia.
En este sentido, se prevé llegar a acuerdos similares con Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Mendoza, Misiones, Rio Negro, Santiago del Estero, Salta y Tucumán, para solucionar situaciones análogas del mismo período.
Este año, el FNECBN transferirá $ 560.000.000, y será el año de mayor volumen de transferencias desde la sanción de la ley.
Antecedentes
Inicialmente, la Ley 26331, aprobada hace diez años, establecía un sistema de rendición de cuentas con documentación de difícil acceso, lo que impidió que varias provincias pudieran rendir cuentas sobre gastos realizados durante el período 2009-2012.
Un cambio en la manera de corroborar gastos, en el año 2012, flexibilizó el sistema. A partir de ese momento se permitió a las provincias fiscalizar en el territorio, que las erogaciones rendidas hubieran sido efectuadas; así las autoridades provinciales debían corroborar que lo que se declaraba en los papeles estuviera instalado en los bosques amparados por la ley.
Pese a ese cambio, el período administrativo 2009 – 2012 seguía sin poder cerrarse. Con los convenios firmados entre el Ministerio de Ambiente y las provincias de Neuquén y Chubut, se establecen pautas simples para que por fin se puedan rendir las cuentas de aquellos balances administrativos. Además se acordaron nuevas normas para dar mayor fluidez a los balances futuros.
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Fecha de Publicación: 03/08/2017
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación avanza con acuerdos que facilitarán la transferencia de pagos para compensar a las jurisdicciones que conservan los bosques nativos por los servicios ambientales que éstos brindan. Así, se resolverán trámites pendientes de antiguas rendiciones de cuentas del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos (FNECBN) que prevé la Ley de Bosques para las provincias de Neuquén y Chubut. Esto será posible gracias a un convenio firmado hoy entre el secretario de Política Ambiental Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, Diego Moreno, y la subsecretaria de Producción del Ministerio de Producción y Turismo de Neuquén, Dora Cortés; en tanto otro similar fue rubricado el viernes con el ministro de Producción de Chubut, Pablo Mamet.
Este convenio es un primer paso para una solución integral que apunta al saneamiento y a la mejora en la gestión administrativa del fondo, y permite dar un cierre a la rendición de gastos de las provincias sobre el dinero transferido entre 2009 y 2012 para la conservación y el uso sustentable de los bosques nativos de la provincia.
En este sentido, se prevé llegar a acuerdos similares con Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Mendoza, Misiones, Rio Negro, Santiago del Estero, Salta y Tucumán, para solucionar situaciones análogas del mismo período.
Este año, el FNECBN transferirá $ 560.000.000, y será el año de mayor volumen de transferencias desde la sanción de la ley.
Antecedentes
Inicialmente, la Ley 26331, aprobada hace diez años, establecía un sistema de rendición de cuentas con documentación de difícil acceso, lo que impidió que varias provincias pudieran rendir cuentas sobre gastos realizados durante el período 2009-2012.
Un cambio en la manera de corroborar gastos, en el año 2012, flexibilizó el sistema. A partir de ese momento se permitió a las provincias fiscalizar en el territorio, que las erogaciones rendidas hubieran sido efectuadas; así las autoridades provinciales debían corroborar que lo que se declaraba en los papeles estuviera instalado en los bosques amparados por la ley.
Pese a ese cambio, el período administrativo 2009 – 2012 seguía sin poder cerrarse. Con los convenios firmados entre el Ministerio de Ambiente y las provincias de Neuquén y Chubut, se establecen pautas simples para que por fin se puedan rendir las cuentas de aquellos balances administrativos. Además se acordaron nuevas normas para dar mayor fluidez a los balances futuros.
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Alumbrera: la reactivación queda entre la familia
El Juez concuñado de la Gobernadora que reactivó Alumbrera
Fecha de Publicación: 02/08/2017
Fuente: El Intrasigente
Provincia/Región: Catamarca
El juez federal que dejó sin efecto la suspensión de actividades en Alumbrera es cuñado del esposo de Corpacci
El juez Ricardo Moreno emitió una polémica resolución y dejó sin efecto el pedido de la Cámara Federal de Tucumán de suspender las actividades mineras en Alumbrera y autorizó a la empresa operadora Glencore a reanudar las tareas en la mina. Al margen de las incoherencias de los fundamentos para decidir lo contrario a la Cámara ¿tendrá en este caso importancia también que el juez Moreno sea el cuñado del esposo de la gobernadora, Lucía Corpacci? ¿Conoce de estos vínculos la Cámara Federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación? El parentesco y los lazos familiares entre el Poder Político y el Poder Judicial en Catamarca no están ayudando en la transparencia de la política minera y medioambiental.
Decisiones que se toman en la mesa de un domingo en familia
¿Cómo viene la mano? Ángel Mercado, sobrino del extinto Armando "Bombón” Mercado (ex marido de Alicia Kichner) es el actual esposo de la Gobernadora, Lucía Corpacci. Una hermana de Ángel está casada con el doctor Moreno, de manera que el Juez Federal y el marido de la Primera mandataria son cuñados, por lo tanto su concuñada. Con esta relación tan cercana, el Poder Político de turno y la Justicia Federal de Catamarca parece que pueden hablar y resolver problemas como el levantamiento de la suspensión de Alumbrera en una mesa de domingo en familia.
Las pericias inútiles y la contradicción del Juez Moreno
El Juez Federal de Catamarca se extralimita (tal vez porque es subrogante y se le acaba el próximo 30 de noviembre) y no es coherente en sus argumentos. Además, de levantar la suspensión de las actividades en Alumbrera porque "consideró que el Estado cumplió con los controles ambientales y que la empresa presentó pruebas suficientes para acreditar la contratación del seguro ambiental”, Moreno dispuso la designación de personal técnico de Gendarmería a los efectos tomar muestras para hacer pericias in situ. Con el debido respeto Señor Juez, no hay que "comprobar” contaminación pues consta en la documentación de la época a la que se refiere la denuncia (ver expedientes en la Secretaría de Minería). A varios años de producido el incidente ambiental reconocido por la propia empresa, las nuevas pericias no van a encontrar nada (ya debería estar todo controlado). Otra cosa es el "alcance” del daño ambiental sufrido oportunamente por los denunciantes al punto tal que -según dice en la denuncia la familia Cruz- tuvieron que mudarse, entre otras consecuencias de convivir con la minera en el lugar. Lo que exige esta familiar es resarcimiento económico. ¿Por qué no lo cubre la empresa? No es una cuestión económica obviamente, supone hablar de daño ambiental, ¿eh aquí el verdadero problema de la empresa? ¿No quiere reconocer DAÑO AMBIENTAL alguno?
El esposo de Corpacci es director de YMAD y Micone ex empleado de Alumbrera
Repasemos y sumemos un par de datos más. El Juez Moreno es cuñado de Mercado. Mercado es el esposo de la Gobernadora.
A su vez el marido de Corpacci es director de YMAD.
Glencore operadora de Alumbrera es socia de YMAD que es la dueña de la mina, por lo tanto también del Gobierno de la provincia, cuya administración está a cargo de la esposa de Mercado.
Como si fuera poco el embrollo, el secretario de Minería, Rodolfo Micone es un ex empleado de Alumbrera.
Así podríamos seguir todo el día mencionando lazos sanguíneos y familiares en ámbitos donde se juega la salud y el futuro de los catamarqueños (atravesado de negocios e intereses personales y partidarios).
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Fecha de Publicación: 02/08/2017
Fuente: El Intrasigente
Provincia/Región: Catamarca
El juez federal que dejó sin efecto la suspensión de actividades en Alumbrera es cuñado del esposo de Corpacci
El juez Ricardo Moreno emitió una polémica resolución y dejó sin efecto el pedido de la Cámara Federal de Tucumán de suspender las actividades mineras en Alumbrera y autorizó a la empresa operadora Glencore a reanudar las tareas en la mina. Al margen de las incoherencias de los fundamentos para decidir lo contrario a la Cámara ¿tendrá en este caso importancia también que el juez Moreno sea el cuñado del esposo de la gobernadora, Lucía Corpacci? ¿Conoce de estos vínculos la Cámara Federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación? El parentesco y los lazos familiares entre el Poder Político y el Poder Judicial en Catamarca no están ayudando en la transparencia de la política minera y medioambiental.
Decisiones que se toman en la mesa de un domingo en familia
¿Cómo viene la mano? Ángel Mercado, sobrino del extinto Armando "Bombón” Mercado (ex marido de Alicia Kichner) es el actual esposo de la Gobernadora, Lucía Corpacci. Una hermana de Ángel está casada con el doctor Moreno, de manera que el Juez Federal y el marido de la Primera mandataria son cuñados, por lo tanto su concuñada. Con esta relación tan cercana, el Poder Político de turno y la Justicia Federal de Catamarca parece que pueden hablar y resolver problemas como el levantamiento de la suspensión de Alumbrera en una mesa de domingo en familia.
Las pericias inútiles y la contradicción del Juez Moreno
El Juez Federal de Catamarca se extralimita (tal vez porque es subrogante y se le acaba el próximo 30 de noviembre) y no es coherente en sus argumentos. Además, de levantar la suspensión de las actividades en Alumbrera porque "consideró que el Estado cumplió con los controles ambientales y que la empresa presentó pruebas suficientes para acreditar la contratación del seguro ambiental”, Moreno dispuso la designación de personal técnico de Gendarmería a los efectos tomar muestras para hacer pericias in situ. Con el debido respeto Señor Juez, no hay que "comprobar” contaminación pues consta en la documentación de la época a la que se refiere la denuncia (ver expedientes en la Secretaría de Minería). A varios años de producido el incidente ambiental reconocido por la propia empresa, las nuevas pericias no van a encontrar nada (ya debería estar todo controlado). Otra cosa es el "alcance” del daño ambiental sufrido oportunamente por los denunciantes al punto tal que -según dice en la denuncia la familia Cruz- tuvieron que mudarse, entre otras consecuencias de convivir con la minera en el lugar. Lo que exige esta familiar es resarcimiento económico. ¿Por qué no lo cubre la empresa? No es una cuestión económica obviamente, supone hablar de daño ambiental, ¿eh aquí el verdadero problema de la empresa? ¿No quiere reconocer DAÑO AMBIENTAL alguno?
El esposo de Corpacci es director de YMAD y Micone ex empleado de Alumbrera
Repasemos y sumemos un par de datos más. El Juez Moreno es cuñado de Mercado. Mercado es el esposo de la Gobernadora.
A su vez el marido de Corpacci es director de YMAD.
Glencore operadora de Alumbrera es socia de YMAD que es la dueña de la mina, por lo tanto también del Gobierno de la provincia, cuya administración está a cargo de la esposa de Mercado.
Como si fuera poco el embrollo, el secretario de Minería, Rodolfo Micone es un ex empleado de Alumbrera.
Así podríamos seguir todo el día mencionando lazos sanguíneos y familiares en ámbitos donde se juega la salud y el futuro de los catamarqueños (atravesado de negocios e intereses personales y partidarios).
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La justicia federal actuará contra la minera Glencore
El fiscal federal también irá contra la escombrera y ejecutivos de Glencore
Fecha de Publicación: 02/08/2017
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan
Solicitará el retiro de los residuos y que el juez investigue a los directivos de la empresa que controla El Pachón.
La cruzada contra la escombrera que la minera chilena Los Pelambres armó en Calingasta sin autorización argentina sumó otro actor de peso. En el marco de la causa penal, el fiscal Federal Francisco Maldonado le pedirá mañana al juez Leopoldo Rago Gallo que ordene que se saquen unas 35 millones de toneladas de rocas depositadas. En sintonía con lo planteado por la provincia, solicitará además que se investiguen a los directivos de la empresa Glencore, ya que la compañía es la titular del terreno donde viene diciendo que explotará el proyecto de cobre El Pachón y permitió que durante años se tiraran los desechos. No solo eso, ya que también presentará una medida cautelar para que, hasta tanto se haga efectivo el retiro de todo el material, se lleven a cabo medidas para evitar que siga siendo un foco contaminante. Además, le dio el OK a Fiscalía de Estado para que sea parte querellante en el expediente, indicaron fuentes calificadas.
La opinión del fiscal es clave, ya que es el encargado de impulsar la acción penal y marcar algunos lineamientos a seguir en la causa. Es la primera autoridad judicial que pedirá el retiro de la escombrera, ya que antes, el planteo había sido realizado por la provincia y la propia Glencore. Ahora, Rago Gallo deberá tomar la decisión y en el caso de que le haga lugar a lo solicitado, hay quienes sostienen que, con la designación de especialistas, se tendrá que desarrollar un plan para la extracción de la montaña de rocas. Un punto que tendrá que decidir es quién o quiénes deberán hacerlo. Por un lado, está Los Pelambres, que fue quien arrojó los residuos en suelo calingastino del emprendimiento que tiene del lado chileno, entre 2007 y 2012. Y por otro está Glencore, que si es considerada solidariamente responsable, tal como lo plantea San Juan y solicitará Maldonado, no se descarta la posibilidad de que también tenga que compartir dicha tarea. Si bien esta compañía demandó y denunció a la minera chilena, recién lo hizo en 2014 y 2015 respectivamente.
Las fuentes indicaron que el fiscal solicitará el retiro para que cesen los delitos en juego (contaminación y usurpación de suelo y agua) y para preservar el medio ambiente. En ese marco, también considera que los directivos que trabajaron para la firma que tiene el proyecto El Pachón incurrieron en actos de omisión frente a la construcción de la escombrera. Es que la firma es la dueña de la propiedad y como tal, tiene un deber de vigilancia y garante del medio ambiente, inclusive por el accionar de terceros. Y cuando el infractor es una persona jurídica (una empresa), la responsabilidad recae en los directivos, según establece la ley General de Ambiente y la de Residuos Peligrosos. Una vez que estén definidos los ejecutivos que trabajaron en el lapso comprendido entre 2007 y 2012, quedarán en la mira de la Justicia si Rago Gallo así lo decide. Se daría así una situación paradójica, ya que los denunciantes y querellantes podrían perder ese último rol y quedar bajo proceso. Hoy están imputadas las exautoridades de Los Pelambres Ignacio Cruz Zabala, Alberto Cerda Mery y Robert Mayne-Nicholls, más el CEO de Antofagasta Minerals, el grupo que controla Los Pelambres, Francisco Veloso.
Todo se aceleró por un informe encargado por el juez federal Rago Gallo, que señala que la escombrera contamina lagunas cordilleranas, es un foco de generación de drenaje ácido y metales pesados, y que estos últimos podrían afectar los suelos y las napas.
El peligro además radica en que las aguas que bajan de la escombrera confluyen en el río Carnicería, uno de los afluentes del San Juan.
La pericia desató la movida del gobernador Sergio Uñac, que instruyó al fiscal de Estado a que se haga parte querellante en la causa penal, que pida la ampliación de la investigación contra ejecutivos de Glencore, solicite la remoción de la escombrera y presente una cautelar para que se efectúen acciones de mitigación, cosa que replicó Maldonado.
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Fecha de Publicación: 02/08/2017
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan
Solicitará el retiro de los residuos y que el juez investigue a los directivos de la empresa que controla El Pachón.
La cruzada contra la escombrera que la minera chilena Los Pelambres armó en Calingasta sin autorización argentina sumó otro actor de peso. En el marco de la causa penal, el fiscal Federal Francisco Maldonado le pedirá mañana al juez Leopoldo Rago Gallo que ordene que se saquen unas 35 millones de toneladas de rocas depositadas. En sintonía con lo planteado por la provincia, solicitará además que se investiguen a los directivos de la empresa Glencore, ya que la compañía es la titular del terreno donde viene diciendo que explotará el proyecto de cobre El Pachón y permitió que durante años se tiraran los desechos. No solo eso, ya que también presentará una medida cautelar para que, hasta tanto se haga efectivo el retiro de todo el material, se lleven a cabo medidas para evitar que siga siendo un foco contaminante. Además, le dio el OK a Fiscalía de Estado para que sea parte querellante en el expediente, indicaron fuentes calificadas.
La opinión del fiscal es clave, ya que es el encargado de impulsar la acción penal y marcar algunos lineamientos a seguir en la causa. Es la primera autoridad judicial que pedirá el retiro de la escombrera, ya que antes, el planteo había sido realizado por la provincia y la propia Glencore. Ahora, Rago Gallo deberá tomar la decisión y en el caso de que le haga lugar a lo solicitado, hay quienes sostienen que, con la designación de especialistas, se tendrá que desarrollar un plan para la extracción de la montaña de rocas. Un punto que tendrá que decidir es quién o quiénes deberán hacerlo. Por un lado, está Los Pelambres, que fue quien arrojó los residuos en suelo calingastino del emprendimiento que tiene del lado chileno, entre 2007 y 2012. Y por otro está Glencore, que si es considerada solidariamente responsable, tal como lo plantea San Juan y solicitará Maldonado, no se descarta la posibilidad de que también tenga que compartir dicha tarea. Si bien esta compañía demandó y denunció a la minera chilena, recién lo hizo en 2014 y 2015 respectivamente.
Las fuentes indicaron que el fiscal solicitará el retiro para que cesen los delitos en juego (contaminación y usurpación de suelo y agua) y para preservar el medio ambiente. En ese marco, también considera que los directivos que trabajaron para la firma que tiene el proyecto El Pachón incurrieron en actos de omisión frente a la construcción de la escombrera. Es que la firma es la dueña de la propiedad y como tal, tiene un deber de vigilancia y garante del medio ambiente, inclusive por el accionar de terceros. Y cuando el infractor es una persona jurídica (una empresa), la responsabilidad recae en los directivos, según establece la ley General de Ambiente y la de Residuos Peligrosos. Una vez que estén definidos los ejecutivos que trabajaron en el lapso comprendido entre 2007 y 2012, quedarán en la mira de la Justicia si Rago Gallo así lo decide. Se daría así una situación paradójica, ya que los denunciantes y querellantes podrían perder ese último rol y quedar bajo proceso. Hoy están imputadas las exautoridades de Los Pelambres Ignacio Cruz Zabala, Alberto Cerda Mery y Robert Mayne-Nicholls, más el CEO de Antofagasta Minerals, el grupo que controla Los Pelambres, Francisco Veloso.
Todo se aceleró por un informe encargado por el juez federal Rago Gallo, que señala que la escombrera contamina lagunas cordilleranas, es un foco de generación de drenaje ácido y metales pesados, y que estos últimos podrían afectar los suelos y las napas.
El peligro además radica en que las aguas que bajan de la escombrera confluyen en el río Carnicería, uno de los afluentes del San Juan.
La pericia desató la movida del gobernador Sergio Uñac, que instruyó al fiscal de Estado a que se haga parte querellante en la causa penal, que pida la ampliación de la investigación contra ejecutivos de Glencore, solicite la remoción de la escombrera y presente una cautelar para que se efectúen acciones de mitigación, cosa que replicó Maldonado.
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Se realizó en San Luis un Taller de de Rescate de Fauna
El país debatió en San Luis sobre el cuidado de la fauna silvestre
Fecha de Publicación: 02/08/2017
Fuente: ANSL
Provincia/Región: Nacional
Conocido a nivel nacional por su eficiente trabajo en la conservación y rehabilitación de la fauna silvestre, así como su lucha contra el mascotismo y el tráfico ilegal de animales, San Luis fue sede de un encuentro que reunió a referentes ambientales de todo el país. El objetivo fue evaluar, fortalecer y elaborar nuevas estrategias comunes, en pos del cuidado de la fauna autóctona nacional.
Durante el jueves y viernes, la provincia desarrolló en el Salón Blanco de Terrazas del Portezuelo el 2° Taller Nacional de Centros de Rescate y Rehabilitación de Fauna Silvestre. La actividad convocó a especialistas de Jujuy, Santa Fe, Buenos Aires, Mendoza, Corrientes, Córdoba, La Pampa y Tierra del Fuego, entre otras provincias.
“Es clave tener estas discusiones heterogéneas y que podamos llegar a conclusiones más consensuadas que deriven en normativas, protocolos y procedimientos que permitan generar mecanismos ordenados para el manejo de la fauna silvestre”, destacó el director de Fauna Silvestre y Conservación de la Biodiversidad del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Santiago D’Alessio.
Finalmente, destacó: “Quiero felicitar a la provincia por el esfuerzo de todo su equipo y por darnos la posibilidad de reunirnos en este espacio”.
Intercambio de experiencias
Fortalecer los lazos institucionales para hacer más efectivo el trabajo de rehabilitación de fauna a nivel nacional, fue otro de los objetivos que persiguió este taller nacional desarrollado en San Luis.
“Desde Buenos Aires somos como un centro concentrador del tráfico de fauna. Hay animales que debemos derivar a sus provincias de origen y la única forma de lograrlo es estando todos en sintonía y con los mismos criterios”, aseguró Andrés Capdevielle, del Programa de Conservación y Rescate de Aves Rapaces, organismo que trabaja con San Luis desde 2005.
A modo de balance, resumió: “Fueron dos días muy positivos, donde aprendimos mucho sobre la realidad en la que se trabaja en los diferentes lugares, así como la idiosincrasia de cada provincia y la potencialidad que tiene este proyecto”.
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Fecha de Publicación: 02/08/2017
Fuente: ANSL
Provincia/Región: Nacional
Conocido a nivel nacional por su eficiente trabajo en la conservación y rehabilitación de la fauna silvestre, así como su lucha contra el mascotismo y el tráfico ilegal de animales, San Luis fue sede de un encuentro que reunió a referentes ambientales de todo el país. El objetivo fue evaluar, fortalecer y elaborar nuevas estrategias comunes, en pos del cuidado de la fauna autóctona nacional.
Durante el jueves y viernes, la provincia desarrolló en el Salón Blanco de Terrazas del Portezuelo el 2° Taller Nacional de Centros de Rescate y Rehabilitación de Fauna Silvestre. La actividad convocó a especialistas de Jujuy, Santa Fe, Buenos Aires, Mendoza, Corrientes, Córdoba, La Pampa y Tierra del Fuego, entre otras provincias.
“Es clave tener estas discusiones heterogéneas y que podamos llegar a conclusiones más consensuadas que deriven en normativas, protocolos y procedimientos que permitan generar mecanismos ordenados para el manejo de la fauna silvestre”, destacó el director de Fauna Silvestre y Conservación de la Biodiversidad del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Santiago D’Alessio.
Finalmente, destacó: “Quiero felicitar a la provincia por el esfuerzo de todo su equipo y por darnos la posibilidad de reunirnos en este espacio”.
Intercambio de experiencias
Fortalecer los lazos institucionales para hacer más efectivo el trabajo de rehabilitación de fauna a nivel nacional, fue otro de los objetivos que persiguió este taller nacional desarrollado en San Luis.
“Desde Buenos Aires somos como un centro concentrador del tráfico de fauna. Hay animales que debemos derivar a sus provincias de origen y la única forma de lograrlo es estando todos en sintonía y con los mismos criterios”, aseguró Andrés Capdevielle, del Programa de Conservación y Rescate de Aves Rapaces, organismo que trabaja con San Luis desde 2005.
A modo de balance, resumió: “Fueron dos días muy positivos, donde aprendimos mucho sobre la realidad en la que se trabaja en los diferentes lugares, así como la idiosincrasia de cada provincia y la potencialidad que tiene este proyecto”.
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