Pideron el cierre del Ministerio de Ambiente
08:00 | 
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Eco Sitio |
Ambientalistas proponen el cierre del Ministerio de Bergman
Fecha de Publicación: 16/10/2016
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Nacional
Es por las polémicas declaraciones del funcionario acerca de los posibles incendios forestales en la próxima temporada estival.
La organización ecologista Piuké propuso la “disolución” del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación que conduce Sergio Bergman luego de que manifestara en su viaje a Bariloche que el panorama para la próxima temporada de incendios es crítico y recomendó que lo mejor sería “rezar”.
Los ambientalistas de Bariloche plantearon también que “con la disolución de esa cartera, el presupuesto actualmente destinado a sueldos de los funcionarios sea reasignado para el financiamiento de leyes ambientales y para el combate de los incendios forestales”.
El ministro afirmó: “el gobierno nos redujo el presupuesto general y nosotros lo queríamos ampliar. Así que vamos a ver cómo hacemos para tener, por lo menos, las mismas herramientas del año pasado”.
Piuké hizo hincapié en las recientes declaraciones de Bergman, quien manifestó: “En el tema de los bosques el Ministerio de Medio Ambiente está involucrado. Pero que el Ministerio tenga cargado sobre su presupuesto, el Sistema Federal del Manejo del Fuego es de una desproporción sin escalas. Porque nosotros tenemos que coparticiparlo con un sistema federal, pero sin protocolos, donde las provincias tienen la jurisdicción y al mismo tiempo están las fuerzas de seguridad, que tiene otro equipamiento”. Entre otras consideraciones, el ministro agregó: “Yo creo que este verano estaremos en mejores condiciones, aunque como creyente que soy, para el próximo verano lo más útil que podemos hacer es rezar”.
“Los insólitos dichos del funcionario dejan en evidencia la incompetencia del Ministerio en los principales temas ambientales. Ya había afirmado que su Ministerio a cargo no tiene jurisdicción para intervenir en la protección de los glaciares en San Juan, alegando que son responsabilidad de las provincias”, remarcaron desde Piuké.
Y agregaron: “Teniendo en cuenta que el mismo ministro plantea que no puede intervenir en los conflictos ambientales más importantes, que sólo pueden decidir las provincias, que su propio gobierno no le provee de un presupuesto necesario para el funcionamiento de las tareas ministeriales y que sólo podemos rezar para solucionar las catástrofes ambientales; reclamamos la disolución del Ministerio de Ambiente de la Nación”.
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Fecha de Publicación: 16/10/2016
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Nacional
Es por las polémicas declaraciones del funcionario acerca de los posibles incendios forestales en la próxima temporada estival.
La organización ecologista Piuké propuso la “disolución” del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación que conduce Sergio Bergman luego de que manifestara en su viaje a Bariloche que el panorama para la próxima temporada de incendios es crítico y recomendó que lo mejor sería “rezar”.
Los ambientalistas de Bariloche plantearon también que “con la disolución de esa cartera, el presupuesto actualmente destinado a sueldos de los funcionarios sea reasignado para el financiamiento de leyes ambientales y para el combate de los incendios forestales”.
El ministro afirmó: “el gobierno nos redujo el presupuesto general y nosotros lo queríamos ampliar. Así que vamos a ver cómo hacemos para tener, por lo menos, las mismas herramientas del año pasado”.
Piuké hizo hincapié en las recientes declaraciones de Bergman, quien manifestó: “En el tema de los bosques el Ministerio de Medio Ambiente está involucrado. Pero que el Ministerio tenga cargado sobre su presupuesto, el Sistema Federal del Manejo del Fuego es de una desproporción sin escalas. Porque nosotros tenemos que coparticiparlo con un sistema federal, pero sin protocolos, donde las provincias tienen la jurisdicción y al mismo tiempo están las fuerzas de seguridad, que tiene otro equipamiento”. Entre otras consideraciones, el ministro agregó: “Yo creo que este verano estaremos en mejores condiciones, aunque como creyente que soy, para el próximo verano lo más útil que podemos hacer es rezar”.
“Los insólitos dichos del funcionario dejan en evidencia la incompetencia del Ministerio en los principales temas ambientales. Ya había afirmado que su Ministerio a cargo no tiene jurisdicción para intervenir en la protección de los glaciares en San Juan, alegando que son responsabilidad de las provincias”, remarcaron desde Piuké.
Y agregaron: “Teniendo en cuenta que el mismo ministro plantea que no puede intervenir en los conflictos ambientales más importantes, que sólo pueden decidir las provincias, que su propio gobierno no le provee de un presupuesto necesario para el funcionamiento de las tareas ministeriales y que sólo podemos rezar para solucionar las catástrofes ambientales; reclamamos la disolución del Ministerio de Ambiente de la Nación”.
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Desmontes en las islas frente a Victoria en Entre Ríos
Denunciaron desmontes en las islas frente a Victoria
Fecha de Publicación: 15/10/2016
Fuente: Diario Uno (Entre Ríos)
Provincia/Región: Entre Ríos
En Victoria hay un grupo de vecinos que se pusieron en alerta, dieron aviso y pidieron informes al Concejo Deliberante de esa ciudad y a reparticiones de la provincia por el desmonte de por lo menos 1.000 metros en una isla que pertenece a la Ciudad de las siete colinas y que según explicaron, se trata de un área protegida por ordenanzas y dictámenes.
Guardianes de Victoria es el nombre de un grupo de vecinos autoconvocados que pertenecen a Victoria. La agrupación nació hace tiempo y por otro motivo: se oponían a una ordenanza que permitía la construcción en altura de edificios sin los estudios de impactos correspondientes. Juntaron firmas y lograron buenos resultados. Desde entonces realizan diferentes iniciativas vinculadas al cuidado del ambiente.
Sobre finales de setiembre les dieron aviso de que desmontaban una isla que pertenece al ejido de la ciudad y de inmediato se pusieron en campaña. Los movimientos de tierras se dieron en una zona que se encuentra frente a Puerto San Martín, localidad de Santa Fe. Con más precisión, el punto polémico se encuentra en los 32º 43'2.57'' de latitud sur y 60º 41'30.88'' de longitud oeste. Estos vecinos constataron el movimiento de tierra con maquinaria pesada en unos 1.000 metros a lo largo de la costa. La zona no es cercana a la ciudad de Victoria, pero le pertenece a la provincia.
Martín Cudini es abogado, miembro de este grupo de vecinos y contó a UNO: "Ni bien nos enteramos hicimos un pedido de informes en reparticiones municipales y provinciales como Recursos Naturales y Medio Ambiente de Entre Ríos, el Concejo Deliberante de Victoria y a la Delegación de Islas".
En principio, pudieron conocer que hay dos empresas que tienen autorización para amarres de barcazas en el islote, pero no así para desmontar e intervenir en la zona de la manera que lo hicieron. "Extraoficialmente sabemos que hay una autorización de uso de tierras fiscales, pero esas empresas desmontaron una parte de las islas que es ejido de Victoria y hay una ordenanza municipal que sostienen que se trata de un área que está protegida, como toda esa zona de islas. Para poder realizar las obras tienen que tener autorización del Concejo y ya tenemos casos sobrados en donde pasan por encima estas disposiciones", contó Cudini.
La ordenanza que rige en Victoria es la Nº 2185/03 donde se declara a toda esa zona como Reserva Natural de Usos Múltiples, por lo que las actividades que se realicen allí deben contar, además, con un estudio de impacto ambiental. Guardianes de Victoria, aclararon en el pedido de informe que elevaron a las autoridades, que además hay un dictamen de la Defensoría del Pueblo de la Nación que exhorta a los municipios y provincias bajo cuya jurisdicción se encuentran los humedales del valle de inundación del río Paraná, a controlar las obras que se realicen en esas áreas.
Se supo que el desmonte fue para construir "muertos" de cemento, unos pilares que se entierran para luego colocar un gancho que funciona como amarra de grandes embarcaciones. Además, se vieron luego, quemas de pastizales y vegetación propia de la isla; en principio, aquella que fue arrancada de su lugar. Este tipo de actividad también debe contar con autorización y se realiza en determinadas épocas del año.
Desde esta organización esperaban las respuestas del Concejo Deliberante de Victoria. Además tienen como hipótesis que hay hasta una draga preparada para avanzar sobre el río. Quieren saber si la comuna realiza controles pertinentes, si hay estudios de impacto, quien es el titular de los terrenos y cuál es el fin que se persigue. De existir autorización certificada, pidieron el proyecto y de no existir exigieron la suspensión de las obras y la reparación de los daños.
En esa zona de islas, a veces, hay autorizaciones para tener vacas, poder pescar e instalar colmenas. Esas son algunas de las tareas posibles, pero no se puede modificar la vegetación y geografía.
Son numerosas las organizaciones ambientalistas y sociales de la provincia que defienden a los humedales; hay tantas como aquellos que intervienen en las islas de manera ilegal. Guardianes de Victoria, cuenta con 15 integrantes activos que se reúnen con regularidad, pero días atrás salieron por las islas a juntar basura, a limpiarlas. En esa actividad lograron reunir unas seis embarcaciones y más de 40 personas. Ahora esperan respuestas de los comunicados emitidos.
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Fecha de Publicación: 15/10/2016
Fuente: Diario Uno (Entre Ríos)
Provincia/Región: Entre Ríos
En Victoria hay un grupo de vecinos que se pusieron en alerta, dieron aviso y pidieron informes al Concejo Deliberante de esa ciudad y a reparticiones de la provincia por el desmonte de por lo menos 1.000 metros en una isla que pertenece a la Ciudad de las siete colinas y que según explicaron, se trata de un área protegida por ordenanzas y dictámenes.
Guardianes de Victoria es el nombre de un grupo de vecinos autoconvocados que pertenecen a Victoria. La agrupación nació hace tiempo y por otro motivo: se oponían a una ordenanza que permitía la construcción en altura de edificios sin los estudios de impactos correspondientes. Juntaron firmas y lograron buenos resultados. Desde entonces realizan diferentes iniciativas vinculadas al cuidado del ambiente.
Sobre finales de setiembre les dieron aviso de que desmontaban una isla que pertenece al ejido de la ciudad y de inmediato se pusieron en campaña. Los movimientos de tierras se dieron en una zona que se encuentra frente a Puerto San Martín, localidad de Santa Fe. Con más precisión, el punto polémico se encuentra en los 32º 43'2.57'' de latitud sur y 60º 41'30.88'' de longitud oeste. Estos vecinos constataron el movimiento de tierra con maquinaria pesada en unos 1.000 metros a lo largo de la costa. La zona no es cercana a la ciudad de Victoria, pero le pertenece a la provincia.
Martín Cudini es abogado, miembro de este grupo de vecinos y contó a UNO: "Ni bien nos enteramos hicimos un pedido de informes en reparticiones municipales y provinciales como Recursos Naturales y Medio Ambiente de Entre Ríos, el Concejo Deliberante de Victoria y a la Delegación de Islas".
En principio, pudieron conocer que hay dos empresas que tienen autorización para amarres de barcazas en el islote, pero no así para desmontar e intervenir en la zona de la manera que lo hicieron. "Extraoficialmente sabemos que hay una autorización de uso de tierras fiscales, pero esas empresas desmontaron una parte de las islas que es ejido de Victoria y hay una ordenanza municipal que sostienen que se trata de un área que está protegida, como toda esa zona de islas. Para poder realizar las obras tienen que tener autorización del Concejo y ya tenemos casos sobrados en donde pasan por encima estas disposiciones", contó Cudini.
La ordenanza que rige en Victoria es la Nº 2185/03 donde se declara a toda esa zona como Reserva Natural de Usos Múltiples, por lo que las actividades que se realicen allí deben contar, además, con un estudio de impacto ambiental. Guardianes de Victoria, aclararon en el pedido de informe que elevaron a las autoridades, que además hay un dictamen de la Defensoría del Pueblo de la Nación que exhorta a los municipios y provincias bajo cuya jurisdicción se encuentran los humedales del valle de inundación del río Paraná, a controlar las obras que se realicen en esas áreas.
Se supo que el desmonte fue para construir "muertos" de cemento, unos pilares que se entierran para luego colocar un gancho que funciona como amarra de grandes embarcaciones. Además, se vieron luego, quemas de pastizales y vegetación propia de la isla; en principio, aquella que fue arrancada de su lugar. Este tipo de actividad también debe contar con autorización y se realiza en determinadas épocas del año.
Desde esta organización esperaban las respuestas del Concejo Deliberante de Victoria. Además tienen como hipótesis que hay hasta una draga preparada para avanzar sobre el río. Quieren saber si la comuna realiza controles pertinentes, si hay estudios de impacto, quien es el titular de los terrenos y cuál es el fin que se persigue. De existir autorización certificada, pidieron el proyecto y de no existir exigieron la suspensión de las obras y la reparación de los daños.
En esa zona de islas, a veces, hay autorizaciones para tener vacas, poder pescar e instalar colmenas. Esas son algunas de las tareas posibles, pero no se puede modificar la vegetación y geografía.
Son numerosas las organizaciones ambientalistas y sociales de la provincia que defienden a los humedales; hay tantas como aquellos que intervienen en las islas de manera ilegal. Guardianes de Victoria, cuenta con 15 integrantes activos que se reúnen con regularidad, pero días atrás salieron por las islas a juntar basura, a limpiarlas. En esa actividad lograron reunir unas seis embarcaciones y más de 40 personas. Ahora esperan respuestas de los comunicados emitidos.
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Investigadores compactación del suelo y agroquímicos
El uso de agroquímicos y compactación del suelo reducen la actividad de la fauna
Fecha de Publicación: 15/10/2016
Fuente: Argentina Investiga
Provincia/Región: Buenos Aires - Nacional
El Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad de Luján investiga, a través de su División Biología, la reducción de la fauna del suelo por efecto de la compactación y el uso excesivo de agroquímicos en el campo. La hipótesis de los investigadores es que no sólo la actividad de la fauna del suelo, sino también sus efectos beneficiosos se reducen a causa del método de la siembra directa.
Entrevistado por Argentina Investiga, Andrés Duhour, Jefe de Trabajos Prácticos del Departamento de Ciencias Básicas, División Biología, de la Universidad Nacional de Luján (UNLu) contó los detalles de la investigación que están realizando y que, en sus resultados preliminares, muestra una notoria reducción de la fauna del suelo por efecto de la compactación y el uso excesivo de agroquímicos en el campo, sobre todo en zonas determinadas de la provincia de Buenos Aires.
“Estamos trabajando para estudiar los efectos que produce la siembra directa en la fauna del suelo. Sabemos que está asociada o fue una práctica de manejo del suelo que se instaló a partir del año 1990, con la idea de que era mejor para el suelo porque no producía los efectos que ocasionan las labranzas, o sea la remoción, ruptura del suelo o dejar el suelo al descubierto”, explicó Duhour, quien también reveló que “se propuso como una medida conservacionista por el hecho de que al mantener el suelo cubierto y no removerlo, de alguna manera se protege de los efectos adversos climáticos y la degradación que produce el uso excesivo”.
La siembra directa es la mayor preocupación que acecha a la población de bichos o insectos. “A lo largo de estos años se ha visto que produce algunos efectos negativos en los suelos y eso es lo que estamos estudiando. El modelo imperante en el campo, que nosotros llamamos de agricultura industrial, ha empezado a preocupar cada vez más a la comunidad científica y en general, teniendo en cuenta el excesivo uso de agroquímicos, maquinarias pesadas en el campo y los efectos que también se ven en cuanto a la compactación de los suelos”, explicó el Jefe de Trabajos Prácticos, quien lleva adelante el proyecto desde “hace al menos tres años”.
El propósito de la investigación es relacionar los trabajos sobre la fauna del suelo con el manejo que se hace en los campos de Luján, General Rodríguez, Cortínez, San Andrés de Giles, y zonas aledañas.
“Lo que hacemos es ir al campo, tomamos muestras de la fauna del suelo, la macrofauna, bichos que tienen más de dos milímetros y pueden juntarse a simple vista desarmando una porción del suelo. Además tomamos muestras del suelo para hacer análisis físicos y químicos. También estudiamos muestras de suelo sin perturbar para ver los efectos en los poros porque nos interesa relacionar la siembra directa, con la posible reducción de las poblaciones de bichos y si se reducen sus efectos, ya sea en el suelo en sí con sus características físicas y químicas como en los poros que también están asociados con la capacidad de airear o transmitir agua en el suelo”, detalló Duhour.
Los bichos que pueden encontrarse a simple vista son lombrices, gusanos blancos, grillos topos, hormigas, arañas, ciempiés, milpiés, larvas de lepidópteros, mariposas, coleópteros y escarabajos de distintas especies. “Éstos realizan distintas funciones en el suelo: a la vez que incorporan materia orgánica unen las partículas minerales que tiene el suelo con las partículas orgánicas, hacen disponibles ciertos nutrientes, producen galerías porque las raíces de las plantas necesitan tanto los nutrientes como el agua o el aire del suelo, tienen que respirar las raíces, tienen que llegar en profundidad para poder alcanzar el agua. Entonces los bichos cumplen una función que en el manejo del suelo cumplía la labranza (operación agrícola consistente en trazar surcos más o menos profundos en la tierra con una herramienta de mano o con un arado). La idea es ver hasta qué punto los bichos cumplen esa función”, indicó.
Con la investigación prácticamente terminada y la presentación de avances en el Congreso Nacional de Ecología y Biología del suelo, se está realizando un trabajo final de un estudiante de agronomía con la idea de resumir y empezar a elaborar las principales conclusiones.
“La hipótesis es que la actividad de la fauna del suelo y sus efectos se reducen con la siembra directa. Si bien no se realiza la labranza, la compactación que produce la siembra directa y el uso excesivo de agroquímicos tienen efectos negativos que reducen la actividad y a su vez la población y el número de bioporos y macroporos. También el número de agregados que son resultado del efecto de las lombrices o la fauna. La hipótesis es que se reducen los efectos beneficiosos que tiene la fauna del suelo”, sentenció Duhour.
Por último, el director del proyecto reflexionó que “es importante el tema porque aportamos un conocimiento de funciones que se realizan en el ecosistema y, de alguna manera, este trabajo aporta para pensar en prácticas agropecuarias que reduzcan el uso de agroquímicos y que permitan ampliar la visión del sector agropecuario respecto de cómo relacionarse con el ambiente y con el suelo, que no es sólo un sustrato para poner una semillita, sino que también es alojamiento de una serie de organismos y de vida, que cumplen funciones importantes para la comunidad y el éxito del desarrollo de los cultivos. Esto tiene que ver con aportar y pensar otras formas del manejo del suelo”.
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Fecha de Publicación: 15/10/2016
Fuente: Argentina Investiga
Provincia/Región: Buenos Aires - Nacional
El Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad de Luján investiga, a través de su División Biología, la reducción de la fauna del suelo por efecto de la compactación y el uso excesivo de agroquímicos en el campo. La hipótesis de los investigadores es que no sólo la actividad de la fauna del suelo, sino también sus efectos beneficiosos se reducen a causa del método de la siembra directa.
Entrevistado por Argentina Investiga, Andrés Duhour, Jefe de Trabajos Prácticos del Departamento de Ciencias Básicas, División Biología, de la Universidad Nacional de Luján (UNLu) contó los detalles de la investigación que están realizando y que, en sus resultados preliminares, muestra una notoria reducción de la fauna del suelo por efecto de la compactación y el uso excesivo de agroquímicos en el campo, sobre todo en zonas determinadas de la provincia de Buenos Aires.
“Estamos trabajando para estudiar los efectos que produce la siembra directa en la fauna del suelo. Sabemos que está asociada o fue una práctica de manejo del suelo que se instaló a partir del año 1990, con la idea de que era mejor para el suelo porque no producía los efectos que ocasionan las labranzas, o sea la remoción, ruptura del suelo o dejar el suelo al descubierto”, explicó Duhour, quien también reveló que “se propuso como una medida conservacionista por el hecho de que al mantener el suelo cubierto y no removerlo, de alguna manera se protege de los efectos adversos climáticos y la degradación que produce el uso excesivo”.
La siembra directa es la mayor preocupación que acecha a la población de bichos o insectos. “A lo largo de estos años se ha visto que produce algunos efectos negativos en los suelos y eso es lo que estamos estudiando. El modelo imperante en el campo, que nosotros llamamos de agricultura industrial, ha empezado a preocupar cada vez más a la comunidad científica y en general, teniendo en cuenta el excesivo uso de agroquímicos, maquinarias pesadas en el campo y los efectos que también se ven en cuanto a la compactación de los suelos”, explicó el Jefe de Trabajos Prácticos, quien lleva adelante el proyecto desde “hace al menos tres años”.
El propósito de la investigación es relacionar los trabajos sobre la fauna del suelo con el manejo que se hace en los campos de Luján, General Rodríguez, Cortínez, San Andrés de Giles, y zonas aledañas.
“Lo que hacemos es ir al campo, tomamos muestras de la fauna del suelo, la macrofauna, bichos que tienen más de dos milímetros y pueden juntarse a simple vista desarmando una porción del suelo. Además tomamos muestras del suelo para hacer análisis físicos y químicos. También estudiamos muestras de suelo sin perturbar para ver los efectos en los poros porque nos interesa relacionar la siembra directa, con la posible reducción de las poblaciones de bichos y si se reducen sus efectos, ya sea en el suelo en sí con sus características físicas y químicas como en los poros que también están asociados con la capacidad de airear o transmitir agua en el suelo”, detalló Duhour.
Los bichos que pueden encontrarse a simple vista son lombrices, gusanos blancos, grillos topos, hormigas, arañas, ciempiés, milpiés, larvas de lepidópteros, mariposas, coleópteros y escarabajos de distintas especies. “Éstos realizan distintas funciones en el suelo: a la vez que incorporan materia orgánica unen las partículas minerales que tiene el suelo con las partículas orgánicas, hacen disponibles ciertos nutrientes, producen galerías porque las raíces de las plantas necesitan tanto los nutrientes como el agua o el aire del suelo, tienen que respirar las raíces, tienen que llegar en profundidad para poder alcanzar el agua. Entonces los bichos cumplen una función que en el manejo del suelo cumplía la labranza (operación agrícola consistente en trazar surcos más o menos profundos en la tierra con una herramienta de mano o con un arado). La idea es ver hasta qué punto los bichos cumplen esa función”, indicó.
Con la investigación prácticamente terminada y la presentación de avances en el Congreso Nacional de Ecología y Biología del suelo, se está realizando un trabajo final de un estudiante de agronomía con la idea de resumir y empezar a elaborar las principales conclusiones.
“La hipótesis es que la actividad de la fauna del suelo y sus efectos se reducen con la siembra directa. Si bien no se realiza la labranza, la compactación que produce la siembra directa y el uso excesivo de agroquímicos tienen efectos negativos que reducen la actividad y a su vez la población y el número de bioporos y macroporos. También el número de agregados que son resultado del efecto de las lombrices o la fauna. La hipótesis es que se reducen los efectos beneficiosos que tiene la fauna del suelo”, sentenció Duhour.
Por último, el director del proyecto reflexionó que “es importante el tema porque aportamos un conocimiento de funciones que se realizan en el ecosistema y, de alguna manera, este trabajo aporta para pensar en prácticas agropecuarias que reduzcan el uso de agroquímicos y que permitan ampliar la visión del sector agropecuario respecto de cómo relacionarse con el ambiente y con el suelo, que no es sólo un sustrato para poner una semillita, sino que también es alojamiento de una serie de organismos y de vida, que cumplen funciones importantes para la comunidad y el éxito del desarrollo de los cultivos. Esto tiene que ver con aportar y pensar otras formas del manejo del suelo”.
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Temaikén como centro de recuperación de especies
El centro de recuperación de especies de Temaikén ya devolvió a su hábitat a más de 3.000 animales
Fecha de Publicación: 14/10/2016
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional
Ubicado a unos metros del famoso bioparque, el Centro de Recuperación y Reproducción de Especies de Temaikén (CRET) cuenta con unas 18 hectáreas organizadas en 19 sectores y 280 recintos.
El Centro de Recuperación y Reproducción de Especies de Temaikén (CRET) devolvió desde 2004 a su hábitat natural "a más de 3.000 animales de 61 especies diferentes", algunas de ellas en peligro de extinción, informó uno de los encargados del parque.
"Desde 2004 hemos recibido casi 8.000 animales, en una proporción que se repite en casi todos los centros de rescate: un 80 por ciento de aves, entre un 12 y 13 por ciento de reptiles, un 5 por ciento de mamíferos y algunos anfibios", detalló a Télam Andrés Suáres, encargado del Parque de Aves de Temaikén.
Ubicado a unos metros del famoso bioparque, el CRET cuenta con unas 18 hectáreas organizadas en 19 sectores y 280 recintos distribuidos para recuperar especies afectadas por problemas ambientales o provenientes de decomisos e incautaciones del tráfico ilegal de fauna.
"Hoy tenemos más de 600 individuos, de las cuales unas son 500 aves, 100 son mamíferos y el resto reptiles (que) no todos provienen de incautaciones: también hay algunos de la colección del bioparque que están aquí para reproducción, investigación, o en recuperación", comentó Suáres.
Además, hay ejemplares que provienen de instituciones extranjeras, como dos casuarios africanos, y entre los mamíferos, hay dos ciervos de los pantanos de la zona del Delta del Tigre que fueron encontrados por pobladores fuera de su área natural, se había desorientado debido a las inundaciones.
El ciervo de los pantanos tiene categoría de especie vulnerable desde 2002, a nivel internacional, y desde 2012, nacional; en el Bajo Delta o Delta Inferior reside su población más austral y la más singular desde el punto de vista genético.
Las principales amenazas de la especie en esa zona son la caza furtiva y los cambios ambientales impuestos por la expansión ganadera y la producción forestal.
Para garantizar que la liberación de los animales sea una opción, deben tener el menor contacto posible con los humanos, por lo que el CRET no está abierto al público.
El sector en el que los animales son rehabilitados es el de la 'cuarentena', donde sólo entran cuatro cuidadores, quienes siguen estrictas normas de higiene: se cambian la ropa para ingresar con un traje tibet, guantes y barbijos, además de pasar los pies por el tapete sanitario.
Desde afuera de la cuarentena se ven enormes jaulas llamadas voladoras, donde las aves están obligadas a desplazarse por la distribución de los posaderos (en la parte alta) y los comederos (abajo), de modo que no se atrofien los músculos de sus alas y pectorales.
"Lo que hay que lograr es que cuando sean liberados, puedan valerse por sí mismos, que vuelen lo suficientemente rápido para cuidarse de depredadores, buscar comida, o migrar", explicó Suáres.
Otro de los sectores del CRET es el bioterio, "donde se reproducen especies que alimentan a otras especies", explicó Paula González, coordinadora de Programas de Conservación de Especies Amenazadas.
En el bioterio hay un plantel reproductor de roedores, insectos y gusanos -que son alimento para aves y suricatas-; pollitos que son dieta viva para los animales del bioparque, codornices para las aves rapaces y gallinas grandes para los pumas, entre otros.
Otro de los sectores es el Centro de Incubación de Aves, donde se hace "incubación artificial y asistencia en nidos de acuerdo a un plan anual de reproducción", contó a Télam la encargada del lugar, Viviana Gattinoni.
"Una de nuestras tareas es asistir a huevos que son abandonados por los 'padres' por alguna cuestión ambiental o de comportamiento (animal), esta técnica se utiliza en especies que están en peligro de extinción como el loro vinoso, del que sólo quedan unos 250 individuos en la provincia de Misiones", continuó.
Además, se trabaja con huevos de especies que no están amenazadas con el objetivo de "extrapolar" protocolos para incubar especies muy similares que sí están en peligro de extinción, y cuando los pichones ya nacieron, se estudia cómo impedir que el ser humano le deje una impronta (una huella), y que adquieran las características que más se acercan a su especie.
"Como resultado del tráfico ilegal, muchos animales mueren en el transporte, y de los que llegan a los centros de rescate, sobrevive la mitad. Con los que sobreviven y llegan a tener el alta médica para ser liberados, comienza un proceso legal para reubicarlos", explicó por su parte Suáres.
"No todos los animales incautados pueden ser liberados, porque los perjudicó el trato que recibieron en las jaulas y quedaron con una impronta humana muy marcada. Los que no pueden ser liberados son trasladados a otros centros de rescate, donde se les puede dar otra rehabilitación o incluso liberar en un entorno protegido".
Así ocurrió, por ejemplo, con algunos tucanes que llegaron a Temaikén y que no podía ser liberados por tener una "impronta humana muy marcada", que fueron trasladados al Refugio de Animales GüiráOga, una área protegida emplazada en plena selva misionera.
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Fecha de Publicación: 14/10/2016
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional
Ubicado a unos metros del famoso bioparque, el Centro de Recuperación y Reproducción de Especies de Temaikén (CRET) cuenta con unas 18 hectáreas organizadas en 19 sectores y 280 recintos.
El Centro de Recuperación y Reproducción de Especies de Temaikén (CRET) devolvió desde 2004 a su hábitat natural "a más de 3.000 animales de 61 especies diferentes", algunas de ellas en peligro de extinción, informó uno de los encargados del parque.
"Desde 2004 hemos recibido casi 8.000 animales, en una proporción que se repite en casi todos los centros de rescate: un 80 por ciento de aves, entre un 12 y 13 por ciento de reptiles, un 5 por ciento de mamíferos y algunos anfibios", detalló a Télam Andrés Suáres, encargado del Parque de Aves de Temaikén.
Ubicado a unos metros del famoso bioparque, el CRET cuenta con unas 18 hectáreas organizadas en 19 sectores y 280 recintos distribuidos para recuperar especies afectadas por problemas ambientales o provenientes de decomisos e incautaciones del tráfico ilegal de fauna.
"Hoy tenemos más de 600 individuos, de las cuales unas son 500 aves, 100 son mamíferos y el resto reptiles (que) no todos provienen de incautaciones: también hay algunos de la colección del bioparque que están aquí para reproducción, investigación, o en recuperación", comentó Suáres.
Además, hay ejemplares que provienen de instituciones extranjeras, como dos casuarios africanos, y entre los mamíferos, hay dos ciervos de los pantanos de la zona del Delta del Tigre que fueron encontrados por pobladores fuera de su área natural, se había desorientado debido a las inundaciones.
El ciervo de los pantanos tiene categoría de especie vulnerable desde 2002, a nivel internacional, y desde 2012, nacional; en el Bajo Delta o Delta Inferior reside su población más austral y la más singular desde el punto de vista genético.
Las principales amenazas de la especie en esa zona son la caza furtiva y los cambios ambientales impuestos por la expansión ganadera y la producción forestal.
Para garantizar que la liberación de los animales sea una opción, deben tener el menor contacto posible con los humanos, por lo que el CRET no está abierto al público.
El sector en el que los animales son rehabilitados es el de la 'cuarentena', donde sólo entran cuatro cuidadores, quienes siguen estrictas normas de higiene: se cambian la ropa para ingresar con un traje tibet, guantes y barbijos, además de pasar los pies por el tapete sanitario.
Desde afuera de la cuarentena se ven enormes jaulas llamadas voladoras, donde las aves están obligadas a desplazarse por la distribución de los posaderos (en la parte alta) y los comederos (abajo), de modo que no se atrofien los músculos de sus alas y pectorales.
"Lo que hay que lograr es que cuando sean liberados, puedan valerse por sí mismos, que vuelen lo suficientemente rápido para cuidarse de depredadores, buscar comida, o migrar", explicó Suáres.
Otro de los sectores del CRET es el bioterio, "donde se reproducen especies que alimentan a otras especies", explicó Paula González, coordinadora de Programas de Conservación de Especies Amenazadas.
En el bioterio hay un plantel reproductor de roedores, insectos y gusanos -que son alimento para aves y suricatas-; pollitos que son dieta viva para los animales del bioparque, codornices para las aves rapaces y gallinas grandes para los pumas, entre otros.
Otro de los sectores es el Centro de Incubación de Aves, donde se hace "incubación artificial y asistencia en nidos de acuerdo a un plan anual de reproducción", contó a Télam la encargada del lugar, Viviana Gattinoni.
"Una de nuestras tareas es asistir a huevos que son abandonados por los 'padres' por alguna cuestión ambiental o de comportamiento (animal), esta técnica se utiliza en especies que están en peligro de extinción como el loro vinoso, del que sólo quedan unos 250 individuos en la provincia de Misiones", continuó.
Además, se trabaja con huevos de especies que no están amenazadas con el objetivo de "extrapolar" protocolos para incubar especies muy similares que sí están en peligro de extinción, y cuando los pichones ya nacieron, se estudia cómo impedir que el ser humano le deje una impronta (una huella), y que adquieran las características que más se acercan a su especie.
"Como resultado del tráfico ilegal, muchos animales mueren en el transporte, y de los que llegan a los centros de rescate, sobrevive la mitad. Con los que sobreviven y llegan a tener el alta médica para ser liberados, comienza un proceso legal para reubicarlos", explicó por su parte Suáres.
"No todos los animales incautados pueden ser liberados, porque los perjudicó el trato que recibieron en las jaulas y quedaron con una impronta humana muy marcada. Los que no pueden ser liberados son trasladados a otros centros de rescate, donde se les puede dar otra rehabilitación o incluso liberar en un entorno protegido".
Así ocurrió, por ejemplo, con algunos tucanes que llegaron a Temaikén y que no podía ser liberados por tener una "impronta humana muy marcada", que fueron trasladados al Refugio de Animales GüiráOga, una área protegida emplazada en plena selva misionera.
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San Juan: gobierno financia libros infantiles pro mineros
Cómo son los libros infantiles que el gobierno de San Juan financió para defender a la minería
Fecha de Publicación: 14/10/2016
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: San Juan
Los escribió la esposa del titular de la Cámara Minera de San Juan
Una gota de agua con "cola de paja" por ser transparente y una piedra que tiene miedo de ser triturada por la industria minera son los insólitos protagonistas de una serie de cuentos infantiles que el Ministerio de Minería de San Juan elaboró para adoctrinar a los niños que visitaron el stand que montó en la Feria del Libro provincial.
Los cuentos Piedra y Montaña, La gota Carlota y La brujita Basurita fueron escritos por Alejandra Araya, la pareja del titular de la Cámara Minera de San Juan, Jaime Bergé, un radicalizado militante pro-minero que dijo hace poco que los glaciares "no representan tanta agua para generar tanto inconveniente" o que después del derrame de solución cianurada del año pasado argumentó que "podés tomar medio vaso que no va a hacer nada".
El gobierno de San Juan montó la "Carpa de la Montaña" en la Feria del Libro, donde se presenta el proyecto MineNiños. Allí les leen los tres cuentos, de los que se imprimieron unos 50 mil ejemplares. La función la interpretan los personajes Casco, Piqueta, Gista (la Ecologista) y Dinamita, recreados por estudiantes de artes visuales que se prestaron para la parodia.
El primero de los cuentos, Piedra y Montaña, se inicia con la protagonista, Piedra, llorando triste al costado de un camino en el que se había quedado sola porque sus amigas se habían ido en un camión y ella no quería separarse de su gran amiga, Montaña, y porque la iban a meter en una máquina. "Sí, es verdad, pero sólo así podrás transformar el mundo y beneficiar a mucha gente", le respondió Montaña, que convenció a su amiga de que se suba al camión y la despidió con un abrazo. Sobre el final, desde una máquina Montaña escuchó que la saludaban. Era Piedrita, que se había convertido en un celular. "Y así vivieron felices para siempre", concluye la obra.
La gota Carlota, protagonista de otro de los textos, también tenía problemas existenciales. "Se comparaba con las gotas de aceite y decía: 'Con razón nunca quieren jugar conmigo. ¡Soy muy transparente'", reza la historia. Un día, Carlota se convirtió en nube hasta que llegó a una montaña y cayó en forma de nieve. "Carlota visitó a los mineros de la cordillera que la cuidaron muy bien, bajó por las laderas del cerro y fue a parar al valle donde regó un parral de ricas uvas", finaliza. Moraleja: "Comprendió que ella era una gota de agua muy importante"
Los cuentos apelan al habitual chantaje intelectual que relaciona la minería con el progreso. El sector vive uno de sus peores momentos por los reiterados accidentes ambientales en sus dos proyectos supuestamente más seguros, Veladero y Gualcamayo, pese a que sólo un puñado de minas de oro y plata están siendo cuestionadas por el uso de cianuro y otros metales pesados cerca de los ríos y por su ubicación en zonas protegidas por la ley de glaciares.
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Fecha de Publicación: 14/10/2016
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: San Juan
Los escribió la esposa del titular de la Cámara Minera de San Juan
Una gota de agua con "cola de paja" por ser transparente y una piedra que tiene miedo de ser triturada por la industria minera son los insólitos protagonistas de una serie de cuentos infantiles que el Ministerio de Minería de San Juan elaboró para adoctrinar a los niños que visitaron el stand que montó en la Feria del Libro provincial.
Los cuentos Piedra y Montaña, La gota Carlota y La brujita Basurita fueron escritos por Alejandra Araya, la pareja del titular de la Cámara Minera de San Juan, Jaime Bergé, un radicalizado militante pro-minero que dijo hace poco que los glaciares "no representan tanta agua para generar tanto inconveniente" o que después del derrame de solución cianurada del año pasado argumentó que "podés tomar medio vaso que no va a hacer nada".
El gobierno de San Juan montó la "Carpa de la Montaña" en la Feria del Libro, donde se presenta el proyecto MineNiños. Allí les leen los tres cuentos, de los que se imprimieron unos 50 mil ejemplares. La función la interpretan los personajes Casco, Piqueta, Gista (la Ecologista) y Dinamita, recreados por estudiantes de artes visuales que se prestaron para la parodia.
El primero de los cuentos, Piedra y Montaña, se inicia con la protagonista, Piedra, llorando triste al costado de un camino en el que se había quedado sola porque sus amigas se habían ido en un camión y ella no quería separarse de su gran amiga, Montaña, y porque la iban a meter en una máquina. "Sí, es verdad, pero sólo así podrás transformar el mundo y beneficiar a mucha gente", le respondió Montaña, que convenció a su amiga de que se suba al camión y la despidió con un abrazo. Sobre el final, desde una máquina Montaña escuchó que la saludaban. Era Piedrita, que se había convertido en un celular. "Y así vivieron felices para siempre", concluye la obra.
La gota Carlota, protagonista de otro de los textos, también tenía problemas existenciales. "Se comparaba con las gotas de aceite y decía: 'Con razón nunca quieren jugar conmigo. ¡Soy muy transparente'", reza la historia. Un día, Carlota se convirtió en nube hasta que llegó a una montaña y cayó en forma de nieve. "Carlota visitó a los mineros de la cordillera que la cuidaron muy bien, bajó por las laderas del cerro y fue a parar al valle donde regó un parral de ricas uvas", finaliza. Moraleja: "Comprendió que ella era una gota de agua muy importante"
Los cuentos apelan al habitual chantaje intelectual que relaciona la minería con el progreso. El sector vive uno de sus peores momentos por los reiterados accidentes ambientales en sus dos proyectos supuestamente más seguros, Veladero y Gualcamayo, pese a que sólo un puñado de minas de oro y plata están siendo cuestionadas por el uso de cianuro y otros metales pesados cerca de los ríos y por su ubicación en zonas protegidas por la ley de glaciares.
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Gualeguaychú se manifestó contra la Ley de la Madera
Ambientalistas se movilizaron en contra de la derogación de la Ley de la Madera
Fecha de Publicación: 14/10/2016
Fuente: Diario Uno (Entre Ríos)
Provincia/Región: Entre Ríos
En el paraje Arroyo Verde y con una volanteada, exigieron que se frene la iniciativa del gobernador Gustavo Bordet
La Asamblea Ambiental Ciudadana de Gualeguaychú se manifestó ayer en el paraje conocido como Arroyo Verde, en la ruta internacional 136, en rechazo a la derogación de la Ley de la Madera.
La actividad que comenzó durante la mañana con una volanteada y que tuvo un acto de cierre donde se leyó un documento, expresó la postura de los ambientalistas en torno de un tema que ya genera debate.
El lugar elegido para realizar la protesta no fue causal, ya que allí entre 2006 y 2010 se desarrolló el corte contra la pastera UPM-Botnia.
Al hablar sobre la vuelta a la ruta, el abogado de la organización, Luis Leissa, dijo: "La volanteada fue "para alertar a la población sobre lo que significa la derogación de la Ley de la Madera promovida por el Ejecutivo provincial, que implicaría un retroceso enorme en materia ambiental ya que se estaría estimulando de forma indirecta una actividad que contamina y genera grandes perjuicios en el medio ambiente y la salud de las personas".
En este contexto, el abogado en declaraciones a AIM consideró "preocupante que se tenga este retroceso en materia ambiental y no se tenga conciencia de qué significa, porque poner en el mismo parangón la producción y exportación de cítricos y la de rollizos de madera a Botnia es una cosa que llama la atención".
Pedido al gobernador
Ante ese escenario, la Asamblea Ambiental Ciudadana de Gualeguaychú pidió audiencia al gobernador, al intendente, Martín Piaggio, y a cada uno de los legisladores de Gualeguaychú para que tomen real conciencia de lo que esto significa, "ya que es preocupante que haya una falta de sensibilidad ambiental, que se agravó durante el último tiempo, ya que hay un desconocimiento absoluto".
Bordet había planteado que recibió un pedido de la Asociación Forestal Argentina, que nuclea a los productores forestales de todo el país, como del Centro de Desarrollo Foresto Industrial (Cedefi), y afirmó: "Ya no podemos sostener una ley que perjudica claramente los intereses de la provincia, diferente sería si en las 23 provincias restantes existiera la misma restricción".
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Fecha de Publicación: 14/10/2016
Fuente: Diario Uno (Entre Ríos)
Provincia/Región: Entre Ríos
En el paraje Arroyo Verde y con una volanteada, exigieron que se frene la iniciativa del gobernador Gustavo Bordet
La Asamblea Ambiental Ciudadana de Gualeguaychú se manifestó ayer en el paraje conocido como Arroyo Verde, en la ruta internacional 136, en rechazo a la derogación de la Ley de la Madera.
La actividad que comenzó durante la mañana con una volanteada y que tuvo un acto de cierre donde se leyó un documento, expresó la postura de los ambientalistas en torno de un tema que ya genera debate.
El lugar elegido para realizar la protesta no fue causal, ya que allí entre 2006 y 2010 se desarrolló el corte contra la pastera UPM-Botnia.
Al hablar sobre la vuelta a la ruta, el abogado de la organización, Luis Leissa, dijo: "La volanteada fue "para alertar a la población sobre lo que significa la derogación de la Ley de la Madera promovida por el Ejecutivo provincial, que implicaría un retroceso enorme en materia ambiental ya que se estaría estimulando de forma indirecta una actividad que contamina y genera grandes perjuicios en el medio ambiente y la salud de las personas".
En este contexto, el abogado en declaraciones a AIM consideró "preocupante que se tenga este retroceso en materia ambiental y no se tenga conciencia de qué significa, porque poner en el mismo parangón la producción y exportación de cítricos y la de rollizos de madera a Botnia es una cosa que llama la atención".
Pedido al gobernador
Ante ese escenario, la Asamblea Ambiental Ciudadana de Gualeguaychú pidió audiencia al gobernador, al intendente, Martín Piaggio, y a cada uno de los legisladores de Gualeguaychú para que tomen real conciencia de lo que esto significa, "ya que es preocupante que haya una falta de sensibilidad ambiental, que se agravó durante el último tiempo, ya que hay un desconocimiento absoluto".
Bordet había planteado que recibió un pedido de la Asociación Forestal Argentina, que nuclea a los productores forestales de todo el país, como del Centro de Desarrollo Foresto Industrial (Cedefi), y afirmó: "Ya no podemos sostener una ley que perjudica claramente los intereses de la provincia, diferente sería si en las 23 provincias restantes existiera la misma restricción".
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Salta recibe un peso por hectárea de bosques
Ley de bosques: $1 por hectárea para su cumplimiento
Fecha de Publicación: 13/10/2016
Fuente: Informe Salta
Provincia/Región: Salta
Salta cuenta con la mayor superficie de bosques nativos del país, unas 8 millones de hectáreas y recibe $9 millones anuales. Los presupuestos para su conservación, promoción, aprovechamiento y manejo sustentable siguen siendo insuficientes.
Salta solo recibe anualmente 1 peso por hectárea. El dato no es nuevo, pero sí preocupante. El Gobierno nacional nunca cumplió con el envío de los fondos que le corresponden a la Provincia, que cuenta con la mayor superficie de bosques nativos de la Argentina, sumando alrededor de 8 millones de hectáreas. Solo una cifra cercana al 6% de lo que hace falta, según la normativa vigente, se destina a ellas.
Los números son contundentes y fueron plasmados en un proyecto ingresado a la Cámara de Diputados de la Nación, en el que se solicitan mayores partidas: en 2010 el presupuesto anual asignado a nivel país era de $300.000.000, pero el monto transferido para ser distribuido entre ocho provincias fue de 94.563.095. Al año siguiente la asignación fue la misma y si bien las transferencias subieron a $230.000.000, el dinero tuvo que repartirse entre 15 provincias. Esa tendencia siguió afianzándose y en 2012 se presupuestaron $300.085.190, se enviaron $245.467.244 y se sumó una provincia más al reparto.
Ya en 2013 comenzó a notarse una notable baja en las partidas que cayeron ese año a $253.000.000, mermó otra vez en 2014 a $247.043.707 y en 2015 a $246.450.000. En este último período, los fondos tuvieron que ser distribuidos entre 22 provincias. Es decir, el presupuesto inicial disminuyó en seis años alrededor de un 18%, mientras que las provincias destinatarias de dichos fondos crecieron en un 175%. Los números hablan por sí solos, diría la economista salteña Ivy Giraudo.
Perjuicios
Esta situación impacta directamente en la implementación de planes presentados por propietarios privados a las autoridades de aplicación provinciales, con el objetivo de conservar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos de los bosques nativos. Estos fortalecen la identidad cultural de los pueblos, brindan elementos básicos para la subsistencia como leña, forraje, cortezas, frutos, hongos y plantas medicinales, entre otros. Los bosques nativos constituyen, además, el sostén para el desarrollo de diversas actividades productivas y/o económicas, como la apicultura, el aprovechamiento de productos forestales, la actividad silvopastorial y el turismo sustentable.
Contrariamente a la disminución de los fondos asignados se registró un incremento en la presentación de estos proyectos que pasaron de 257 en 2010, a 1.288 en 2015.
Aumento gradual
Irene Soler, titular de la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia, en diálogo con El Tribuno explicó que desde el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) son conscientes del contexto económico y de lo difícil que resultaría que el Gobierno nacional cumpla con el envío de la totalidad de los fondos asignados a los Bosques Nativos.
"Lo que sí creemos que está dentro de las posibilidades y lo que solicitamos institucionalmente desde Cofema es que las partidas vayan incrementándose gradualmente y no como viene sucediendo, que van en franca disminución", puntualizó la funcionaria.
Cofema es una institución federal, integrada por los responsables de las áreas de Medio Ambiente de todos los gobiernos provinciales.
Soler señaló: "La idea es cumplir y hacer cumplir los objetivos planteados por la ley de bosques, una normativa modelo en toda la región en cuanto a conservación". Luego puntualizó: "Salta recibe unos 9 millones de pesos anuales. De ese total, una tercera parte es la que debe sostener el movimiento de toda una logística, la actividad de toda una estructura destinada a la conservación, controles, promoción, aprovechamiento y manejo sustentable de los bosques nativos".
Distribución de los fondos
Las partidas tienen como finalidad compensar a las jurisdicciones que conservan los bosques nativos, por los servicios ambientales que éstos brindan. La totalidad de los fondos se destinan de la siguiente manera: un 70% a compensar a los propietarios de tierras, especialmente las ubicadas en las áreas rojas y amarillas del mapa de ordenamiento territorial, y que por dicho estatus no pueden disponer libremente de ellas en el plano productivo. El restante 30% apunta al fortalecimientos institucional. Es decir, que con 0,30 centavos anuales por hectárea se deben realizar controles, inspecciones, solventar programas de conservación, contratar personal y mantener una flota de vehículos, entre otros puntos. En síntesis, hacer cumplir los objetivos de la ley de bosques.
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Fecha de Publicación: 13/10/2016
Fuente: Informe Salta
Provincia/Región: Salta
Salta cuenta con la mayor superficie de bosques nativos del país, unas 8 millones de hectáreas y recibe $9 millones anuales. Los presupuestos para su conservación, promoción, aprovechamiento y manejo sustentable siguen siendo insuficientes.
Salta solo recibe anualmente 1 peso por hectárea. El dato no es nuevo, pero sí preocupante. El Gobierno nacional nunca cumplió con el envío de los fondos que le corresponden a la Provincia, que cuenta con la mayor superficie de bosques nativos de la Argentina, sumando alrededor de 8 millones de hectáreas. Solo una cifra cercana al 6% de lo que hace falta, según la normativa vigente, se destina a ellas.
Los números son contundentes y fueron plasmados en un proyecto ingresado a la Cámara de Diputados de la Nación, en el que se solicitan mayores partidas: en 2010 el presupuesto anual asignado a nivel país era de $300.000.000, pero el monto transferido para ser distribuido entre ocho provincias fue de 94.563.095. Al año siguiente la asignación fue la misma y si bien las transferencias subieron a $230.000.000, el dinero tuvo que repartirse entre 15 provincias. Esa tendencia siguió afianzándose y en 2012 se presupuestaron $300.085.190, se enviaron $245.467.244 y se sumó una provincia más al reparto.
Ya en 2013 comenzó a notarse una notable baja en las partidas que cayeron ese año a $253.000.000, mermó otra vez en 2014 a $247.043.707 y en 2015 a $246.450.000. En este último período, los fondos tuvieron que ser distribuidos entre 22 provincias. Es decir, el presupuesto inicial disminuyó en seis años alrededor de un 18%, mientras que las provincias destinatarias de dichos fondos crecieron en un 175%. Los números hablan por sí solos, diría la economista salteña Ivy Giraudo.
Perjuicios
Esta situación impacta directamente en la implementación de planes presentados por propietarios privados a las autoridades de aplicación provinciales, con el objetivo de conservar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos de los bosques nativos. Estos fortalecen la identidad cultural de los pueblos, brindan elementos básicos para la subsistencia como leña, forraje, cortezas, frutos, hongos y plantas medicinales, entre otros. Los bosques nativos constituyen, además, el sostén para el desarrollo de diversas actividades productivas y/o económicas, como la apicultura, el aprovechamiento de productos forestales, la actividad silvopastorial y el turismo sustentable.
Contrariamente a la disminución de los fondos asignados se registró un incremento en la presentación de estos proyectos que pasaron de 257 en 2010, a 1.288 en 2015.
Aumento gradual
Irene Soler, titular de la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia, en diálogo con El Tribuno explicó que desde el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) son conscientes del contexto económico y de lo difícil que resultaría que el Gobierno nacional cumpla con el envío de la totalidad de los fondos asignados a los Bosques Nativos.
"Lo que sí creemos que está dentro de las posibilidades y lo que solicitamos institucionalmente desde Cofema es que las partidas vayan incrementándose gradualmente y no como viene sucediendo, que van en franca disminución", puntualizó la funcionaria.
Cofema es una institución federal, integrada por los responsables de las áreas de Medio Ambiente de todos los gobiernos provinciales.
Soler señaló: "La idea es cumplir y hacer cumplir los objetivos planteados por la ley de bosques, una normativa modelo en toda la región en cuanto a conservación". Luego puntualizó: "Salta recibe unos 9 millones de pesos anuales. De ese total, una tercera parte es la que debe sostener el movimiento de toda una logística, la actividad de toda una estructura destinada a la conservación, controles, promoción, aprovechamiento y manejo sustentable de los bosques nativos".
Distribución de los fondos
Las partidas tienen como finalidad compensar a las jurisdicciones que conservan los bosques nativos, por los servicios ambientales que éstos brindan. La totalidad de los fondos se destinan de la siguiente manera: un 70% a compensar a los propietarios de tierras, especialmente las ubicadas en las áreas rojas y amarillas del mapa de ordenamiento territorial, y que por dicho estatus no pueden disponer libremente de ellas en el plano productivo. El restante 30% apunta al fortalecimientos institucional. Es decir, que con 0,30 centavos anuales por hectárea se deben realizar controles, inspecciones, solventar programas de conservación, contratar personal y mantener una flota de vehículos, entre otros puntos. En síntesis, hacer cumplir los objetivos de la ley de bosques.
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Ya rige la ley sobre gestión de envases de fitosanitarios
Rige la nueva ley sobre gestión de envases de fitosanitarios
Fecha de Publicación: 13/10/2016
Fuente: AgroVoz
Provincia/Región: Nacional
En una primera etapa, los usuarios y aplicadores deberán entregarlos un Centro de Almacenamiento Transitorio (CAT).
La nueva ley que prescribe cómo deben gestionarse los envases vacíos de agroquímicos para proteger el ambiente entró en vigencia este martes tras ser publicada en el Boletín Oficial.
La ley 27.279 de Productos Fitosanitarios, aprobada por el Congreso el 26 de septiembre pasado, alcanza a todos los envases vacíos de fitosanitarios utilizados en el territorio nacional, los cuales deberán ingresar a un Sistema de Gestión Integral de Envases Vacíos de Fitosanitarios, creado por la norma, consigna la Agencia Télam.
Objetivos
La ley tiene por objetivos asegurar que estos envases no sean empleados en usos que puedan implicar riesgos para la salud humana o el ambiente, mejorar la eficiencia de la gestión y dinamizar el procedimiento administrativo para el registro y autorización de comercializadores, usuarios, operadores y aplicadores.
Etapas
El sistema de gestión integral de envases vacíos de fitosanitarios se articula en tres etapas, de las cuales la primera involucra el pasaje del envase vacío del usuario al Centro de Almacenamiento Transitorio o CAT, que son instalaciones utilizadas para recepcionar, acondicionar, acopiar y derivar los envases vacíos a los canales de valorización o disposición final.
Vaciado un envase contenedor de fitosanitarios, el usuario y aplicador serán objetivamente responsables de garantizar el procedimiento de reducción de residuos. Asimismo deberán separar los envases vacíos en las dos clases establecidas, según sean sometibles o no al procedimiento de reducción de residuos, indica la norma.
Almacenamiento
Posteriormente, deberán trasladarlos y entregarlos a un Centro de Almacenamiento Transitorio (CAT), para lo cual no requerirán de ninguna autorización específica; el usuario tiene hasta un año de plazo a partir de la fecha de compra.
Una segunda etapa abarca el camino desde el CAT al operador, es decir, aquellas persona física o jurídica autorizada por las autoridades competentes para modificar las características físicas y/o la composición química de cualquier envase vacío de fitosanitario, de modo tal que se eliminen sus propiedades nocivas, se recupere energía y/o recursos materiales, o se obtenga un residuo menos tóxico o se lo haga susceptible de recuperación o más seguro para su transporte o disposición final.
Clasificación
Recibidos los envases en los Centros de Almacenamiento Transitorio (CAT), deberán ser clasificados y acopiados en espacios diferenciados según la tipología establecida en el artículo séptimo. Los envases serán derivados para su valorización o disposición final, según corresponda, mediante transportista autorizado.
En una tercera etapa, los envases vacíos procesados por el operador pasan a la industria para su posterior reinserción en un proceso productivo.
La norma establece, además, una jerarquía de opciones para la gestión integral de envases vacíos de fitosanitarios: prevención en la generación, reutilización, reciclado, valorización y disposición final.
Restricción
Además, prohíbe toda acción que implique abandono, vertido, quema y/o enterramiento de envases vacíos de fitosanitarios, del mismo modo que la comercialización y/o entrega de envases a personas físicas o jurídicas por fuera del sistema autorizado.
La autoridad de aplicación de la nueva ley será el Ministerio de Agricultura y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación.
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Fecha de Publicación: 13/10/2016
Fuente: AgroVoz
Provincia/Región: Nacional
En una primera etapa, los usuarios y aplicadores deberán entregarlos un Centro de Almacenamiento Transitorio (CAT).
La nueva ley que prescribe cómo deben gestionarse los envases vacíos de agroquímicos para proteger el ambiente entró en vigencia este martes tras ser publicada en el Boletín Oficial.
La ley 27.279 de Productos Fitosanitarios, aprobada por el Congreso el 26 de septiembre pasado, alcanza a todos los envases vacíos de fitosanitarios utilizados en el territorio nacional, los cuales deberán ingresar a un Sistema de Gestión Integral de Envases Vacíos de Fitosanitarios, creado por la norma, consigna la Agencia Télam.
Objetivos
La ley tiene por objetivos asegurar que estos envases no sean empleados en usos que puedan implicar riesgos para la salud humana o el ambiente, mejorar la eficiencia de la gestión y dinamizar el procedimiento administrativo para el registro y autorización de comercializadores, usuarios, operadores y aplicadores.
Etapas
El sistema de gestión integral de envases vacíos de fitosanitarios se articula en tres etapas, de las cuales la primera involucra el pasaje del envase vacío del usuario al Centro de Almacenamiento Transitorio o CAT, que son instalaciones utilizadas para recepcionar, acondicionar, acopiar y derivar los envases vacíos a los canales de valorización o disposición final.
Vaciado un envase contenedor de fitosanitarios, el usuario y aplicador serán objetivamente responsables de garantizar el procedimiento de reducción de residuos. Asimismo deberán separar los envases vacíos en las dos clases establecidas, según sean sometibles o no al procedimiento de reducción de residuos, indica la norma.
Almacenamiento
Posteriormente, deberán trasladarlos y entregarlos a un Centro de Almacenamiento Transitorio (CAT), para lo cual no requerirán de ninguna autorización específica; el usuario tiene hasta un año de plazo a partir de la fecha de compra.
Una segunda etapa abarca el camino desde el CAT al operador, es decir, aquellas persona física o jurídica autorizada por las autoridades competentes para modificar las características físicas y/o la composición química de cualquier envase vacío de fitosanitario, de modo tal que se eliminen sus propiedades nocivas, se recupere energía y/o recursos materiales, o se obtenga un residuo menos tóxico o se lo haga susceptible de recuperación o más seguro para su transporte o disposición final.
Clasificación
Recibidos los envases en los Centros de Almacenamiento Transitorio (CAT), deberán ser clasificados y acopiados en espacios diferenciados según la tipología establecida en el artículo séptimo. Los envases serán derivados para su valorización o disposición final, según corresponda, mediante transportista autorizado.
En una tercera etapa, los envases vacíos procesados por el operador pasan a la industria para su posterior reinserción en un proceso productivo.
La norma establece, además, una jerarquía de opciones para la gestión integral de envases vacíos de fitosanitarios: prevención en la generación, reutilización, reciclado, valorización y disposición final.
Restricción
Además, prohíbe toda acción que implique abandono, vertido, quema y/o enterramiento de envases vacíos de fitosanitarios, del mismo modo que la comercialización y/o entrega de envases a personas físicas o jurídicas por fuera del sistema autorizado.
La autoridad de aplicación de la nueva ley será el Ministerio de Agricultura y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación.
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Difundirán informes del monitoreo a Botnia-UPM
Argentina y Uruguay acordarían difundir los 65 informes del monitoreo a Botnia-UPM
Fecha de Publicación: 13/10/2016
Fuente: Máxima On Line
Provincia/Región: Nacional
El diario uruguayo El País, informó que Argentina y Uruguay habrían acordado difundir los 65 informes acumulados sobre el monitoreo que se realiza en la planta de Botnia-UPM.
El largo artículo que firma la periodista Valentina Giménez, indica que “con el cambio de gobierno, la CARU alcanzó un acuerdo para publicar los informes que indican si UPM contamina o no, y ultiman detalles para hacer un "monitoreo integral" del cauce compartido”.
“Después de más de cinco años y tras la acumulación de 65 informes de monitoreo de la calidad de agua alrededor de la planta de celulosa UPM, el cambio de gobierno en Argentina facilitó que se lograra un acuerdo con Uruguay para publicar, en forma retroactiva y con conclusiones avaladas por los dos países, los documentos que indican si la pastera cumple o no con los requisitos medioambientales”, expresa la nota.
“Este es solo uno de los muchos temas que quedaron pendientes de las administraciones pasadas, pero marca un paso clave para el avance de la agenda bilateral, coincidieron varias fuentes consultadas por El País. Además, ayudará a atar uno de los cabos sueltos que dejó el largo conflicto que llegó a la Corte Internacional de Justicia en la Haya”, agrega.
Más aún, fuentes uruguayas vinculadas a la negociación explicaron que los dos países preparan un plan de monitoreo ambiental "integral" que extenderá la medición que hoy se concentra en 30 kilómetros alrededor de la ex Botnia a todo el río de cauce compartido, incluidas zonas de influencia argentina. Es decir que no solo se tomarán muestras en áreas vinculadas a UPM. También se trabajará en otros sitios propuestos por científicos argentinos y uruguayos.
Aunque la publicación de los resultados de monitoreo y el control de todo el río forman parte de un mandato establecido por cartas reversales (notas diplomáticas), a partir del fallo que laudó el diferendo originado en 2005 por la instalación de la pastera, en los hechos las delegaciones nunca se pusieron de acuerdo —hasta ahora— en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU). El punto central en el que diferían eran las conclusiones de esos informes, que solo pueden hacerse públicas si existe consenso.
"Se van a publicar (los datos de monitoreo ambiental a UPM) en cuestión de semanas. Se están ordenando los resultados para ver cómo se presentan esos datos", confirmó a El País el presidente de la representación uruguaya en CARU, Gastón Silberman, quien marcó que aunque aún no se llegó al final del proceso, el cambio sustancial es que ahora están "de acuerdo las dos delegaciones".
Por su parte, el integrante de la comitiva en representación del Partido Independiente, Roberto Pérez Rodino, contó que en este momento el comité científico integrado por representantes argentinos y uruguayos se encuentra en el proceso de carga de una base de datos que será el soporte en el que se publicarán estos resultados. Con la delegación argentina anterior incluso se "bloqueaba" esta tarea.
El jefe de gabinete argentino, Marcos Peña, habló de este tema en el Senado argentino la semana pasada. Ante una consulta del legislador entrerriano del opositor Frente para la Victoria, Pedro Guastavino, el jerarca informó que el comité científico "se encuentra en la etapa final de carga de datos ya validados para su pertinente publicación, de lo recabado durante todos los años de medición", informó RADIO MÁXIMA, cita que realiza el diario El País.
El director del Departamento de Negocios Internacionales e Integración, Ignacio Bartesaghi, considera que “existe muy buena voluntad del gobierno argentino” y que eso se vio cuando en la primera reunión conjunta, Macri anunció la eliminación de medidas que complicaban a Uruguay. Para el analista de temas internacionales el “gran desafío” es, a partir de que se superen todos los temas pendientes, definir “cómo implementar una agenda más ambiciosa” que profundice la integración de los países.
El otro tema que importa a Uruguay y que tuvo avances en los últimos meses refiere al dragado del cauce compartido. En los últimos días de septiembre se oficializó la concesión a la empresa belga dragadora Jan de Nul, para la apertura de los pasos Montaña —ubicado entre los kilómetros 167 y 170— y Casa Blanca —ubicado en el tramo que va del kilómetro 196 al 200— del río Uruguay. Este fue el resultado de la licitación internacional a la que llamó la CARU.
El objetivo es mejorar la navegación en zonas que en la actualidad están comprometidas. Se trata de "fondos duros" que permitirían descongestionar la ruta y mejorar las posibilidades del puerto de Paysandú de recibir barcazas con mayor carga. En el período pasado esto también se había trancado.
"En Uruguay los reyes magos llegaron el 7 de enero de este año", dijo un operador portuario que prefirió no ser mencionado, cuando El País le consultó por el cambio de gobierno en Argentina y las consecuencias que eso trajo para sus negocios. El sector fue uno de los más afectados por las desavenencias que marcaron la relación entre argentinos y uruguayos durante las administraciones kirchneristas.
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Fecha de Publicación: 13/10/2016
Fuente: Máxima On Line
Provincia/Región: Nacional
El diario uruguayo El País, informó que Argentina y Uruguay habrían acordado difundir los 65 informes acumulados sobre el monitoreo que se realiza en la planta de Botnia-UPM.
El largo artículo que firma la periodista Valentina Giménez, indica que “con el cambio de gobierno, la CARU alcanzó un acuerdo para publicar los informes que indican si UPM contamina o no, y ultiman detalles para hacer un "monitoreo integral" del cauce compartido”.
“Después de más de cinco años y tras la acumulación de 65 informes de monitoreo de la calidad de agua alrededor de la planta de celulosa UPM, el cambio de gobierno en Argentina facilitó que se lograra un acuerdo con Uruguay para publicar, en forma retroactiva y con conclusiones avaladas por los dos países, los documentos que indican si la pastera cumple o no con los requisitos medioambientales”, expresa la nota.
“Este es solo uno de los muchos temas que quedaron pendientes de las administraciones pasadas, pero marca un paso clave para el avance de la agenda bilateral, coincidieron varias fuentes consultadas por El País. Además, ayudará a atar uno de los cabos sueltos que dejó el largo conflicto que llegó a la Corte Internacional de Justicia en la Haya”, agrega.
Más aún, fuentes uruguayas vinculadas a la negociación explicaron que los dos países preparan un plan de monitoreo ambiental "integral" que extenderá la medición que hoy se concentra en 30 kilómetros alrededor de la ex Botnia a todo el río de cauce compartido, incluidas zonas de influencia argentina. Es decir que no solo se tomarán muestras en áreas vinculadas a UPM. También se trabajará en otros sitios propuestos por científicos argentinos y uruguayos.
Aunque la publicación de los resultados de monitoreo y el control de todo el río forman parte de un mandato establecido por cartas reversales (notas diplomáticas), a partir del fallo que laudó el diferendo originado en 2005 por la instalación de la pastera, en los hechos las delegaciones nunca se pusieron de acuerdo —hasta ahora— en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU). El punto central en el que diferían eran las conclusiones de esos informes, que solo pueden hacerse públicas si existe consenso.
"Se van a publicar (los datos de monitoreo ambiental a UPM) en cuestión de semanas. Se están ordenando los resultados para ver cómo se presentan esos datos", confirmó a El País el presidente de la representación uruguaya en CARU, Gastón Silberman, quien marcó que aunque aún no se llegó al final del proceso, el cambio sustancial es que ahora están "de acuerdo las dos delegaciones".
Por su parte, el integrante de la comitiva en representación del Partido Independiente, Roberto Pérez Rodino, contó que en este momento el comité científico integrado por representantes argentinos y uruguayos se encuentra en el proceso de carga de una base de datos que será el soporte en el que se publicarán estos resultados. Con la delegación argentina anterior incluso se "bloqueaba" esta tarea.
El jefe de gabinete argentino, Marcos Peña, habló de este tema en el Senado argentino la semana pasada. Ante una consulta del legislador entrerriano del opositor Frente para la Victoria, Pedro Guastavino, el jerarca informó que el comité científico "se encuentra en la etapa final de carga de datos ya validados para su pertinente publicación, de lo recabado durante todos los años de medición", informó RADIO MÁXIMA, cita que realiza el diario El País.
El director del Departamento de Negocios Internacionales e Integración, Ignacio Bartesaghi, considera que “existe muy buena voluntad del gobierno argentino” y que eso se vio cuando en la primera reunión conjunta, Macri anunció la eliminación de medidas que complicaban a Uruguay. Para el analista de temas internacionales el “gran desafío” es, a partir de que se superen todos los temas pendientes, definir “cómo implementar una agenda más ambiciosa” que profundice la integración de los países.
El otro tema que importa a Uruguay y que tuvo avances en los últimos meses refiere al dragado del cauce compartido. En los últimos días de septiembre se oficializó la concesión a la empresa belga dragadora Jan de Nul, para la apertura de los pasos Montaña —ubicado entre los kilómetros 167 y 170— y Casa Blanca —ubicado en el tramo que va del kilómetro 196 al 200— del río Uruguay. Este fue el resultado de la licitación internacional a la que llamó la CARU.
El objetivo es mejorar la navegación en zonas que en la actualidad están comprometidas. Se trata de "fondos duros" que permitirían descongestionar la ruta y mejorar las posibilidades del puerto de Paysandú de recibir barcazas con mayor carga. En el período pasado esto también se había trancado.
"En Uruguay los reyes magos llegaron el 7 de enero de este año", dijo un operador portuario que prefirió no ser mencionado, cuando El País le consultó por el cambio de gobierno en Argentina y las consecuencias que eso trajo para sus negocios. El sector fue uno de los más afectados por las desavenencias que marcaron la relación entre argentinos y uruguayos durante las administraciones kirchneristas.
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Bergman ante recorte del presupuesto nos manda a rezar
Sergio Bergman: "Para el verano, lo más útil que podemos hacer es rezar"
Fecha de Publicación: 12/10/2016
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional
El ministro de Medio Ambiente habló del recorte del presupuesto de su cartera para prevenir incendios.
El ministro de Medio Ambiente, Sergio Bergman, se mostró poco optimista en lo que refiere a la prevención de los incendios en la ciudad rieonegrina de Bariloche. El funcionario aseguró, sin embargo, que buscará cooperación bilateral con Chile y que “lo más útil para el verano es rezar“.
El rabino admitió que el gobierno nacional “redujo el presupuesto“, contrario a sus deseos de aumentarlo. “Vamos a ver cómo hacemos para tener, por lo menos, las mismas herramientas del año pasado”, confirmó.
Por eso, Bergman clamó por “hacer algo transversal, donde las provincias, las fuerzas de seguridad y el gobierno nacional pongan todos, todo el esfuerzo y salir del lugar donde estamos". "Por eso trabajaremos con las provincias esta temporada y estará la posibilidad de hacer una combinación de recursos”, confirmó.
En declaraciones al portal El Cordillerano, el funcionario pidió trabajar en conjunto con Chile y Brasil a través de “una agencia de catástrofes compartida“. Por último, el ministro se mostró pesimista en cuanto a la posibilidad de reducir los incendios forestales, y recomendó “como creyente que soy, para el próximo verano lo más útil que podemos hacer es rezar”.
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Fecha de Publicación: 12/10/2016
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional
El ministro de Medio Ambiente habló del recorte del presupuesto de su cartera para prevenir incendios.
El ministro de Medio Ambiente, Sergio Bergman, se mostró poco optimista en lo que refiere a la prevención de los incendios en la ciudad rieonegrina de Bariloche. El funcionario aseguró, sin embargo, que buscará cooperación bilateral con Chile y que “lo más útil para el verano es rezar“.
El rabino admitió que el gobierno nacional “redujo el presupuesto“, contrario a sus deseos de aumentarlo. “Vamos a ver cómo hacemos para tener, por lo menos, las mismas herramientas del año pasado”, confirmó.
Por eso, Bergman clamó por “hacer algo transversal, donde las provincias, las fuerzas de seguridad y el gobierno nacional pongan todos, todo el esfuerzo y salir del lugar donde estamos". "Por eso trabajaremos con las provincias esta temporada y estará la posibilidad de hacer una combinación de recursos”, confirmó.
En declaraciones al portal El Cordillerano, el funcionario pidió trabajar en conjunto con Chile y Brasil a través de “una agencia de catástrofes compartida“. Por último, el ministro se mostró pesimista en cuanto a la posibilidad de reducir los incendios forestales, y recomendó “como creyente que soy, para el próximo verano lo más útil que podemos hacer es rezar”.
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Verzeñassi en el Juicio Internacional a Monsanto
Un argentino representará a Latinoamérica en el juicio por 'ecocidio' a Monsanto
Fecha de Publicación: 12/10/2016
Fuente: Revista El Federal
Provincia/Región: Nacional
Del 14 al 16 de octubre se realizará el Primer Juicio Internacional a Monsanto. El médico argentino Damián Verzeñassi, subsecretario académico de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario será el único profesional latinoamericano que expondrá como testigo ante el Tribunal de La Haya, Países Bajos.
Se acerca el día en que la multinacional productora de agroquímicos Monsanto tendrá que enfrentarse a una Corte Internacional de abogados y jueces. Del 14 al 16 de octubre Monsanto deberá responder por los daños irreparables que causó (y causa) en la salud humana y el medio ambiente con los productos altamente tóxicos que desarrolló desde principios del siglo XX, siendo actualmente el Glifosato su creación estrella, el herbicida sobre el cual la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya advirtió que puede causar cáncer.
El médico argentino Damián Verzeñassi, subsecretario académico de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), será el único representante de Latinoamérica que expondrá como testigo en el Tribunal Internacional Monsanto (TIM).
El TIM es una iniciativa de la sociedad civil internacional para examinar la responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos, crímenes contra la humanidad y ecocidio, que cometió la compañía química estadounidense Monsanto en todo el mundo, con la finalidad de generar un saber científico-jurídico que permita a la Corte Penal Internacional de Justicia tener sustento a la hora de analizar casos de daños ambientales a nivel internacional.
Juristas de las universidades Católica de Lovaina (Bélgica); de Yale, New Haven (Estados Unidos) y de Burdeos (Francia), revisarán todos los testimonios y armarán un compendio para sustentar una nueva doctrina jurídica.
Entre las empresas demandantes destacan Organic Consumers Association (OCA), IFOAM International Organics, Navdanya, Regeneration International (RI), y Millions Against Monsanto, grupos pacifistas, de justicia ambiental y alimentación global.
Ronnie Cummins, Director Internacional de OCA (Estados Unidos) sostiene que Monsanto es "la mayor amenaza que los seres humanos han enfrentado en 100-200.000 años de evolución-calentamiento global y trastornos climáticos. ¿Por qué hay tanto dióxido de carbono, metano y óxido nitroso en la atmósfera y no hay suficiente materia orgánica y carbono en el suelo?"
Según Vandana Shiva, fundadora de Navdanya (India): "Monsanto promueve un modelo agroindustrial que contribuye con al menos un tercio de las emisiones de gas de efecto invernadero antropogénicas y es responsable de la merma de los recursos del suelo y el agua, especies y la declinación de biodiversidad y el desplazamiento de millones de pequeños campesinos en todo el mundo."
Andre Leu, presidente de IFOAM afirmó: "La historia de Monsanto puede ser leída como un manual de estilo sobre impunidad, beneficiando a las corporaciones trasnacionales y sus ejecutivos, cuyas actividades contribuyen a las crisis del clima y la biosfera y amenazan la seguridad del planeta."
Marie-Monique Robin, directora del documental 'El mundo según Monsanto', declaró: "Solamente a través de un resurgimiento colectivo de todas las fuerzas vivas podremos acabar con esta máquina de destrucción. Por ello hago un llamado a todos los ciudadanos del mundo a participar en este ejemplar tribunal."
Te invitamos a mirar nuestro video 'Cuando la producción de alimentos nos enferma', para que veas el riesgo en que nos pone el modelo de agroproducción actual de nuestro país.
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Fecha de Publicación: 12/10/2016
Fuente: Revista El Federal
Provincia/Región: Nacional
Del 14 al 16 de octubre se realizará el Primer Juicio Internacional a Monsanto. El médico argentino Damián Verzeñassi, subsecretario académico de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario será el único profesional latinoamericano que expondrá como testigo ante el Tribunal de La Haya, Países Bajos.
Se acerca el día en que la multinacional productora de agroquímicos Monsanto tendrá que enfrentarse a una Corte Internacional de abogados y jueces. Del 14 al 16 de octubre Monsanto deberá responder por los daños irreparables que causó (y causa) en la salud humana y el medio ambiente con los productos altamente tóxicos que desarrolló desde principios del siglo XX, siendo actualmente el Glifosato su creación estrella, el herbicida sobre el cual la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya advirtió que puede causar cáncer.
El médico argentino Damián Verzeñassi, subsecretario académico de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), será el único representante de Latinoamérica que expondrá como testigo en el Tribunal Internacional Monsanto (TIM).
El TIM es una iniciativa de la sociedad civil internacional para examinar la responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos, crímenes contra la humanidad y ecocidio, que cometió la compañía química estadounidense Monsanto en todo el mundo, con la finalidad de generar un saber científico-jurídico que permita a la Corte Penal Internacional de Justicia tener sustento a la hora de analizar casos de daños ambientales a nivel internacional.
Juristas de las universidades Católica de Lovaina (Bélgica); de Yale, New Haven (Estados Unidos) y de Burdeos (Francia), revisarán todos los testimonios y armarán un compendio para sustentar una nueva doctrina jurídica.
Entre las empresas demandantes destacan Organic Consumers Association (OCA), IFOAM International Organics, Navdanya, Regeneration International (RI), y Millions Against Monsanto, grupos pacifistas, de justicia ambiental y alimentación global.
Ronnie Cummins, Director Internacional de OCA (Estados Unidos) sostiene que Monsanto es "la mayor amenaza que los seres humanos han enfrentado en 100-200.000 años de evolución-calentamiento global y trastornos climáticos. ¿Por qué hay tanto dióxido de carbono, metano y óxido nitroso en la atmósfera y no hay suficiente materia orgánica y carbono en el suelo?"
Según Vandana Shiva, fundadora de Navdanya (India): "Monsanto promueve un modelo agroindustrial que contribuye con al menos un tercio de las emisiones de gas de efecto invernadero antropogénicas y es responsable de la merma de los recursos del suelo y el agua, especies y la declinación de biodiversidad y el desplazamiento de millones de pequeños campesinos en todo el mundo."
Andre Leu, presidente de IFOAM afirmó: "La historia de Monsanto puede ser leída como un manual de estilo sobre impunidad, beneficiando a las corporaciones trasnacionales y sus ejecutivos, cuyas actividades contribuyen a las crisis del clima y la biosfera y amenazan la seguridad del planeta."
Marie-Monique Robin, directora del documental 'El mundo según Monsanto', declaró: "Solamente a través de un resurgimiento colectivo de todas las fuerzas vivas podremos acabar con esta máquina de destrucción. Por ello hago un llamado a todos los ciudadanos del mundo a participar en este ejemplar tribunal."
Te invitamos a mirar nuestro video 'Cuando la producción de alimentos nos enferma', para que veas el riesgo en que nos pone el modelo de agroproducción actual de nuestro país.
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Esta semana termina el "Espacio de Diálogo Minero"
El Espacio de Diálogo Minero llega a su fin
Fecha de Publicación: 12/10/2016
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Mendoza
Esta semana finalizan las exposiciones en el Espacio de Diálogo Minero, y desde el Gobierno de Mendoza ya anticipan que la decisión sobre qué destino tendrá la actividad a partir del año entrante seguramente no conformará a quienes rechazan de plano a la minería ni a los que la defienden con igual fervor.
El viernes 14, en la Facultad de Economía de la UNCuyo, será presentado un resumen de todos los temas abordados durante las sesiones de agosto y setiembre, que fueron propuestos por los 50 oradores que participaron en esta etapa, más una serie de planteos que fueron surgiendo durante el desarrollo del Espacio, como por ejemplo, la necesidad de legislar sobre el cierre de las minas una vez que termina la explotación.
A partir de ahora, quedará en manos de la Subsecretaría de Energía que comanda Emilio Guiñazú el trabajo de analizar y profundizar toda la información técnica, legal y social recibida. Incluso, la que finalmente acercaron los vecinos autoconvocados del Valle de Uco y las diversas Asambleas Populares por el Agua, tras realizar el sábado pasado en San Carlos un nuevo encuentro para defender al agua. La organización había cursado invitaciones al gobernador Alfredo Cornejo, ministros, empresarios mineros, Irrigación, legisladores de todos los partidos y autoridades municipales.
Daniel Funes, uno de los vecinos de Eugenio Bustos, explicó que "buscamos que los funcionarios dieran la cara y dieran explicaciones a la gente y respondieran todas las dudas. Vino Emilio Guiñazú, de Energía, y se lo agradecimos; (Humberto) Mingorance y el gobernador mandaron notas, y eso también fue positivo. En este encuentro, le arrancamos el compromiso de que no tocarán la 7.722. Nosotros desde 2007 a la fecha estamos defendiendo el agua, y creemos que es importante que el Gobierno tenga toda la información que hemos reunido durante estos años antes de que tome una decisión. No queremos prohibir nada sino resguardar las nacientes de los ríos y los glaciares, porque hemos visto y oído algunas cosas que nos preocupaban, como que hablaban de modificar la ley, de reglamentarla y hasta de derogarla".
A dos días de inaugurado el Espacio, los asambleístas decidieron salir del mismo por considerar que no había condiciones de igualdad para expresar sus opiniones sobre la materia, ya que nunca hubo una verdadera disposición de vehículos para traslado, o las directivas necesarias para evitar que se les descontaran los días en el trabajo para poder asistir a cada mesa. En este sentido, siempre el Gobierno negó tales cuestionamientos y simplemente concurrió a las reuniones sectoriales, como fue el caso del sábado en San Carlos.
En este sentido, Guiñazú dijo: "Fuimos y vamos a seguir yendo adonde esté la información. Si ellos no sintieron que podían confiar en el Espacio nos hacemos cargo de eso. Ahora, lo que ya no se puede argumentar es que la ley se va a tocar, porque no es así. Pero también tenemos que ver dónde y cómo vamos a hacer minería, porque también tenemos que darles respuesta a quienes sí quieren hacer minería, como es en Malargüe".
El funcionario reconoció que hubo algunos momentos tensos porque algunos vecinos consideraron que defendió el uso del cianuro, al explicar que es uno de tantos elementos químicos que se utiliza en la minería, pero sugirió "no discutir más sobre esto, porque la ley lo prohíbe".
Otro punto de tensión es la preocupación por los recursos hídricos que, según varios estudios, el 97% es usado en la agroindustria con 70% de derroche. Guiñazú añadió que " estos argumento se caen con la información, lo que sí hay que ocuparse es de la contaminación del recurso, para lo cual tenemos que tener herramientas de análisis de riesgo y sobre todo lograr que los costos de las medidas preventivas los paguen quienes generan el riesgo".
Antes de fin de año, el Gobierno definirá su estrategia para el sector minero, en consonancia con una posible convocatoria de un Pacto Federal Minero que haría la Nación para que las provincias, como dueñas de sus recursos, propongan actividades mineras que podrán hacerse en el país.
Este adelanto fue dado por el titular de la Cámara Minera de Mendoza, Mario Chabert, quién afirmó también que este mes el Consejo Federal de Minería tratará el tema. La idea, según Chabert, es "que la Nación ofrezca ayuda a las provincias para los desarrollos mineros, por supuesto, a las que adhieran a ese pacto".
Por último, Chabert indicó que "el Espacio ha sido muy productivo, se han escuchado todas las voces, con mucho nivel técnico, como hacía tiempo que no se hacía." Además, agregó que " tenemos muchas expectativas sobre el futuro de la minería, sobre todo porque desde el Gobierno nacional están dispuestos a ayudar a las provincias, y ver si con esto se ayuda al país a salir de la situación económica en la que se encuentra".
-Fue abierto el 29 de junio.Recién en agosto empezaron las exposiciones sin la participación de asambleístas que defienden la vigencia de la ley antiminería 7.722.
-A fin de año. El Gobierno tendrá definido una estrategia de largo plazo para el desarrollo de la minería, de acuerdo con lo que permiten la normativa y las posibilidades reales de inversión en ese rubro.
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Fecha de Publicación: 12/10/2016
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Mendoza
Esta semana finalizan las exposiciones en el Espacio de Diálogo Minero, y desde el Gobierno de Mendoza ya anticipan que la decisión sobre qué destino tendrá la actividad a partir del año entrante seguramente no conformará a quienes rechazan de plano a la minería ni a los que la defienden con igual fervor.
El viernes 14, en la Facultad de Economía de la UNCuyo, será presentado un resumen de todos los temas abordados durante las sesiones de agosto y setiembre, que fueron propuestos por los 50 oradores que participaron en esta etapa, más una serie de planteos que fueron surgiendo durante el desarrollo del Espacio, como por ejemplo, la necesidad de legislar sobre el cierre de las minas una vez que termina la explotación.
A partir de ahora, quedará en manos de la Subsecretaría de Energía que comanda Emilio Guiñazú el trabajo de analizar y profundizar toda la información técnica, legal y social recibida. Incluso, la que finalmente acercaron los vecinos autoconvocados del Valle de Uco y las diversas Asambleas Populares por el Agua, tras realizar el sábado pasado en San Carlos un nuevo encuentro para defender al agua. La organización había cursado invitaciones al gobernador Alfredo Cornejo, ministros, empresarios mineros, Irrigación, legisladores de todos los partidos y autoridades municipales.
Daniel Funes, uno de los vecinos de Eugenio Bustos, explicó que "buscamos que los funcionarios dieran la cara y dieran explicaciones a la gente y respondieran todas las dudas. Vino Emilio Guiñazú, de Energía, y se lo agradecimos; (Humberto) Mingorance y el gobernador mandaron notas, y eso también fue positivo. En este encuentro, le arrancamos el compromiso de que no tocarán la 7.722. Nosotros desde 2007 a la fecha estamos defendiendo el agua, y creemos que es importante que el Gobierno tenga toda la información que hemos reunido durante estos años antes de que tome una decisión. No queremos prohibir nada sino resguardar las nacientes de los ríos y los glaciares, porque hemos visto y oído algunas cosas que nos preocupaban, como que hablaban de modificar la ley, de reglamentarla y hasta de derogarla".
A dos días de inaugurado el Espacio, los asambleístas decidieron salir del mismo por considerar que no había condiciones de igualdad para expresar sus opiniones sobre la materia, ya que nunca hubo una verdadera disposición de vehículos para traslado, o las directivas necesarias para evitar que se les descontaran los días en el trabajo para poder asistir a cada mesa. En este sentido, siempre el Gobierno negó tales cuestionamientos y simplemente concurrió a las reuniones sectoriales, como fue el caso del sábado en San Carlos.
En este sentido, Guiñazú dijo: "Fuimos y vamos a seguir yendo adonde esté la información. Si ellos no sintieron que podían confiar en el Espacio nos hacemos cargo de eso. Ahora, lo que ya no se puede argumentar es que la ley se va a tocar, porque no es así. Pero también tenemos que ver dónde y cómo vamos a hacer minería, porque también tenemos que darles respuesta a quienes sí quieren hacer minería, como es en Malargüe".
El funcionario reconoció que hubo algunos momentos tensos porque algunos vecinos consideraron que defendió el uso del cianuro, al explicar que es uno de tantos elementos químicos que se utiliza en la minería, pero sugirió "no discutir más sobre esto, porque la ley lo prohíbe".
Otro punto de tensión es la preocupación por los recursos hídricos que, según varios estudios, el 97% es usado en la agroindustria con 70% de derroche. Guiñazú añadió que " estos argumento se caen con la información, lo que sí hay que ocuparse es de la contaminación del recurso, para lo cual tenemos que tener herramientas de análisis de riesgo y sobre todo lograr que los costos de las medidas preventivas los paguen quienes generan el riesgo".
Antes de fin de año, el Gobierno definirá su estrategia para el sector minero, en consonancia con una posible convocatoria de un Pacto Federal Minero que haría la Nación para que las provincias, como dueñas de sus recursos, propongan actividades mineras que podrán hacerse en el país.
Este adelanto fue dado por el titular de la Cámara Minera de Mendoza, Mario Chabert, quién afirmó también que este mes el Consejo Federal de Minería tratará el tema. La idea, según Chabert, es "que la Nación ofrezca ayuda a las provincias para los desarrollos mineros, por supuesto, a las que adhieran a ese pacto".
Por último, Chabert indicó que "el Espacio ha sido muy productivo, se han escuchado todas las voces, con mucho nivel técnico, como hacía tiempo que no se hacía." Además, agregó que " tenemos muchas expectativas sobre el futuro de la minería, sobre todo porque desde el Gobierno nacional están dispuestos a ayudar a las provincias, y ver si con esto se ayuda al país a salir de la situación económica en la que se encuentra".
-Fue abierto el 29 de junio.Recién en agosto empezaron las exposiciones sin la participación de asambleístas que defienden la vigencia de la ley antiminería 7.722.
-A fin de año. El Gobierno tendrá definido una estrategia de largo plazo para el desarrollo de la minería, de acuerdo con lo que permiten la normativa y las posibilidades reales de inversión en ese rubro.
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Solo ilegalmente, Córdoba perdió 11 mil has, de bosques
Constatan 11.407 hectáreas de bosque desmontadas en 2015
Fecha de Publicación: 11/10/2016
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
La Policía Ambiental publicó las cifras de los últimos dos meses del año pasado. Sin embargo, ahora limitó los datos que informa sólo a la cantidad deforestada en áreas ilegales.
En 2015, se desmontaron 11.407,2 hectáreas de bosque nativo en Córdoba, según datos del monitoreo que realiza la Policía Ambiental de la Provincia.
Hace unos 15 días, se publicaron las estadísticas de los últimos dos meses del año pasado, tras un pedido de este diario a la Policía Ambiental, encargada de los informes. En total, fueron 538,3 hectáreas deforestadas. Los departamentos más afectados fueron Río Seco y Tulumba.
La novedad es que la Policía Ambiental decidió cambiar los datos que informa públicamente. Anteriormente, se daban a conocer todas las intervenciones sobre el bosque nativo. Tanto las legales (con autorización de Ambiente de la Provincia) como las ilegales.
También publicaban las intervenciones realizadas en predios ubicados en las categorías roja (máxima protección) y amarilla (protección intermedia), según la ley de bosque nativo 9.814.
Pero en noviembre y diciembre, la Policía Ambiental informó sólo las intervenciones sin autorización realizadas en predios dentro de la categoría roja. Este cambio no permite hacer comparaciones con los meses anteriores, o con iguales períodos del año pasado.
“Cambiamos la metodología para que sea más claro. En los informes anteriores, se sumaban muchas hectáreas que estaban autorizadas por la Secretaría de Ambiente y eso podía confundir a la gente”, explicó Victoria Mucillo, subdirectora de la Policía Ambiental. A pesar de que sólo se informa el desmonte ilegal en zona roja, Mucillo reconoció que puede haber intervención sin autorización en zona amarilla.
La Policía Ambiental utiliza información satelital para detectar posibles desmontes. Luego realiza constataciones en aviones o por vía terrestre. En 2015, se realizaron 407 inspecciones por tierra.
Desde el Foro Ambiental Córdoba, solicitaron al ministro de Agua Ambiente y Servicios Públicos, Fabián López, que revea el criterio por el cual se informa la cantidad de hectáreas desmontadas en la provincia.
“Contar sólo con la información de la superficie intervenida sin autorización en sectores de categoría roja es claramente parcial. La categoría amarilla también es bosque nativo que deberá ser conservado. Y en ambas categorías no se permite cambio de uso del suelo ni desmonte, según el artículo 10° de la ley 9.814”, explico Federico Kopta, presidente del foro. Y entiende que también deben figurar en el informe las intervenciones autorizadas. “Es una forma de poder monitorear desde la ciudadanía y detectar, por caso, excesos en las autorizaciones”, explica.
Según los datos de los primeros 10 meses de 2015, el 40 por ciento de las hectáreas que fueron desmontadas contó con la autorización de la Secretaría de Ambiente de la Provincia. Y más del 25 por ciento del desmonte provocó un cambio en el uso del suelo, es decir, el bosque dejó de ser tal.
Córdoba conserva menos del 10 por ciento del bosque nativo que había a inicios del siglo 20. Buena parte de ese desmonte ocurrió antes de esta década. Sin embargo, la deforestación sigue afectando a la provincia. Cualquier hectárea perdida implica daño ambiental.
Dónde y qué
Más de un tercio de las intervenciones detectadas por la Provincia se dieron en las regiones próximas a Mar Chiquita. Es una zona de matorrales y espartillares con algunas manchas con bosques bajos. Los productores utilizan este territorio para hacer una ganadería extensiva. Pasan una rastra para lograr un rebrote de los arbustos y hierbas que sirvan de alimento para los animales. Es una práctica que se realiza desde hace 30 años y que ahora requiere autorización.
Una parte importante de las intervenciones legales e ilegales se realizan sobre la llanura y el bolsón chaqueños, áreas con bosque de hasta 20 metros de altura, con especies como quebrachos blanco y colorado, algarrobo, mistol y brea. La práctica más común en esta zona es el rolado de mantenimiento para eliminar el estrato arbustivo y permitir la circulación de los animales y el crecimiento o la siembra de pasturas. Esta intervención requiere autorización y se realiza en predios en los que históricamente se cría ganado y que ya fueron parcialmente desmontados.
En campos sin actividad productiva se realizan desmontes que implican un cambio de uso de suelo.
A cuánto equivale
Son 15.414 Kempes. Esa es el área desmontada en Córdoba durante 2015.
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Fecha de Publicación: 11/10/2016
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
La Policía Ambiental publicó las cifras de los últimos dos meses del año pasado. Sin embargo, ahora limitó los datos que informa sólo a la cantidad deforestada en áreas ilegales.
En 2015, se desmontaron 11.407,2 hectáreas de bosque nativo en Córdoba, según datos del monitoreo que realiza la Policía Ambiental de la Provincia.
Hace unos 15 días, se publicaron las estadísticas de los últimos dos meses del año pasado, tras un pedido de este diario a la Policía Ambiental, encargada de los informes. En total, fueron 538,3 hectáreas deforestadas. Los departamentos más afectados fueron Río Seco y Tulumba.
La novedad es que la Policía Ambiental decidió cambiar los datos que informa públicamente. Anteriormente, se daban a conocer todas las intervenciones sobre el bosque nativo. Tanto las legales (con autorización de Ambiente de la Provincia) como las ilegales.
También publicaban las intervenciones realizadas en predios ubicados en las categorías roja (máxima protección) y amarilla (protección intermedia), según la ley de bosque nativo 9.814.
Pero en noviembre y diciembre, la Policía Ambiental informó sólo las intervenciones sin autorización realizadas en predios dentro de la categoría roja. Este cambio no permite hacer comparaciones con los meses anteriores, o con iguales períodos del año pasado.
“Cambiamos la metodología para que sea más claro. En los informes anteriores, se sumaban muchas hectáreas que estaban autorizadas por la Secretaría de Ambiente y eso podía confundir a la gente”, explicó Victoria Mucillo, subdirectora de la Policía Ambiental. A pesar de que sólo se informa el desmonte ilegal en zona roja, Mucillo reconoció que puede haber intervención sin autorización en zona amarilla.
La Policía Ambiental utiliza información satelital para detectar posibles desmontes. Luego realiza constataciones en aviones o por vía terrestre. En 2015, se realizaron 407 inspecciones por tierra.
Desde el Foro Ambiental Córdoba, solicitaron al ministro de Agua Ambiente y Servicios Públicos, Fabián López, que revea el criterio por el cual se informa la cantidad de hectáreas desmontadas en la provincia.
“Contar sólo con la información de la superficie intervenida sin autorización en sectores de categoría roja es claramente parcial. La categoría amarilla también es bosque nativo que deberá ser conservado. Y en ambas categorías no se permite cambio de uso del suelo ni desmonte, según el artículo 10° de la ley 9.814”, explico Federico Kopta, presidente del foro. Y entiende que también deben figurar en el informe las intervenciones autorizadas. “Es una forma de poder monitorear desde la ciudadanía y detectar, por caso, excesos en las autorizaciones”, explica.
Según los datos de los primeros 10 meses de 2015, el 40 por ciento de las hectáreas que fueron desmontadas contó con la autorización de la Secretaría de Ambiente de la Provincia. Y más del 25 por ciento del desmonte provocó un cambio en el uso del suelo, es decir, el bosque dejó de ser tal.
Córdoba conserva menos del 10 por ciento del bosque nativo que había a inicios del siglo 20. Buena parte de ese desmonte ocurrió antes de esta década. Sin embargo, la deforestación sigue afectando a la provincia. Cualquier hectárea perdida implica daño ambiental.
Dónde y qué
Más de un tercio de las intervenciones detectadas por la Provincia se dieron en las regiones próximas a Mar Chiquita. Es una zona de matorrales y espartillares con algunas manchas con bosques bajos. Los productores utilizan este territorio para hacer una ganadería extensiva. Pasan una rastra para lograr un rebrote de los arbustos y hierbas que sirvan de alimento para los animales. Es una práctica que se realiza desde hace 30 años y que ahora requiere autorización.
Una parte importante de las intervenciones legales e ilegales se realizan sobre la llanura y el bolsón chaqueños, áreas con bosque de hasta 20 metros de altura, con especies como quebrachos blanco y colorado, algarrobo, mistol y brea. La práctica más común en esta zona es el rolado de mantenimiento para eliminar el estrato arbustivo y permitir la circulación de los animales y el crecimiento o la siembra de pasturas. Esta intervención requiere autorización y se realiza en predios en los que históricamente se cría ganado y que ya fueron parcialmente desmontados.
En campos sin actividad productiva se realizan desmontes que implican un cambio de uso de suelo.
A cuánto equivale
Son 15.414 Kempes. Esa es el área desmontada en Córdoba durante 2015.
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Bordet iguala la industria forestal a los bosques
"A mayor superficie forestada, mejor calidad de ambiente"
Fecha de Publicación: 11/10/2016
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Entre Ríos
El gobernador Bordet defendió ayer los cambios que propone a la Ley de la Madera para habilitar la venta de rollizos al Uruguay. Explicó que no se va a aumentar el volumen exportado, sino conseguir mayores puestos de trabajo
El gobernador, Gustavo Bordet, acordó con intendentes y legisladores de los departamentos Concordia, San Salvador, Federación y Colón, industriales, entidades y trabajadores de la madera un programa de desarrollo foresto-industrial que preserve e incremente los puestos de trabajo y agregue valor a la producción. En una amplia reunión realizada en la Capital del citrus, el mandatario se comprometió a acompañar ante la Nación los"planteos para que la exportación se haga de manera responsable y priorizando los componentes industriales y de mano de obra que se realizan en esta zona".
"Queremos que el sector crezca en toda su cadena productiva. Sin forestación no hay industria y sin industria no hay trabajo. Lo que tenemos que hacer es garantizar que haya mucha más industria de la madera, que haya más industriales que generen viviendas, que se incorporen a los sistemas productivos", afirmó el mandatario durante un encuentro que se realizó en la sede de Cafesg, donde estuvieron referentes de la industria maderera, de los gremios, del INTA y del sector universitario, entre otros.
"No se trata de generar una controversia entre la foresto-industria y el medio ambiente, sino lo contrario. Cuanta más superficie forestada, mejor calidad de ambiente. Nuestro compromiso sigue siendo el mismo, que cada vez se exporten menos rollizos y se agregue más valor. Esa es nuestra meta", aseveró en referencia a las numerosas voces que se han pronunciado a favor y en contra del cambio del marco legislativo que regula la actividad.
"Y a esto lo abordamos con los trabajadores, porque son parte importante en este componente. Ese es en definitiva el objetivo principalísimo que tenemos: que haya fuentes de trabajo en nuestra zona", resaltó.
Cambios en la ley
Respecto de la modificación a la ley de la madera sancionada en 2007, Bordet indicó que el proyecto ingresado no es solamente su derogación, sino la elaboración de un programa foresto-industrial. Explicó: "No se va a incrementar el volumen exportable de madera porque en los hechos esto está sucediendo. Madera que hoy se corta acá va a Corrientes, y de Corrientes a Uruguay. Esto no va a incrementar los volúmenes, sino sincerar una situación para que al sector le vaya bien y las inversiones se realicen en Entre Ríos", aseguró.
Bordet señaló: "Más allá de la nueva ley, que saldrá con los consensos necesarios como ha sido la impronta de este gobierno de buscar los consensos legislativos, entendemos que este es el punto de inicio para un plan foresto-industrial de la provincia, con un observatorio que reúna permanentemente a todas las partes de la cadena para analizar y proyectar en el tiempo".
El gobernador se comprometió a acompañar ante el gobierno nacional los planteos para que la exportación de madera se hagan de manera responsable y priorizando los componentes industriales y de mano de obra que se realizan en la zona.
"Si tiene que haber medidas restrictivas en cuanto a los diámetros exportación de los rollizos, tenemos que hacerlo en pie de igualdad para Entre Ríos, para Corrientes y para otras provincias argentinas porque es un tema que hay que plantearlo a nivel país. Y en esto estamos dispuestos a acompañar ante el gobierno nacional", expresó.
Durante el encuentro se sostuvo que es necesario dar un marco integral a este vector de desarrollo regional, donde debe estar presente la promoción y el fomento, pero donde el Estado debe velar por el desarrollo integral del segmento productivo, con legislación adecuada y organismos de control del cuidado ambiental, informó el gobierno provincial.
El intendente de Federación, Carlos Cecco, y el diputado Alberto Rotman (Cambiemos), manifestaron coincidir con Bordet. Estuvieron los representantes de la Cámara de Industriales Madereros y Forestales de Entre Ríos y del sur de Corrientes, encabezados por su presidente, Sergio Piana. Hay 140.000 hectáreas implantadas y la propuesta del Ejecutivo se basa en fortalecer e integrar la cadena de valor del sector foresto-industrial
Oposición de los concejales de Gualeguaychú
La totalidad de los integrantes del Concejo Deliberante de Gualeguaychú votaron una declaración de rechazo a la decisión de Bordet de modificar la Ley de la Madera para habilitar la exportación de rollizos a empresas como UPM-Botnia (y similares). Dicha ley fue sancionada en 2007 en pleno conflicto con las pasteras y significó un reconocimiento de los planteos realizados en ese momento por parte de la Asamblea Ambiental y Ciudadana.
"Ante las declaraciones trascendidas en distintos medios periodísticos sobre la voluntad del gobernador de derogar la normativa citada, este Cuerpo considera oportuno manifestarse y tomar una postura coherente", sostiene el texto aprobado
Además, los concejales solicitaron a los diputados provinciales por el departamento Gualeguaychú a interceder "frente a la problemática".
Entre los considerandos se sostiene: "La lucha ambiental de la ciudadanía de Gualeguaychú fue un hito para nuestra provincia y nuestro país, generando que la ciudad sea referenciada por ella, y no solo eso, sino que esa lucha, esa organización ciudadana, se ha erigido como motivadora para que otros pueblos avasallados en sus derechos ambientales se organicen y exijan el respeto de los mismos, y que en el marco de este reclamo ambiental se sancionó, en el año 2007 la ley Provincial Nº 9.759", que ahora se pretende modificar.
Proyecto en el Senado
Ingresó a la Cámara de Senadores ingresó un proyecto de ley que promueve que la provincia cuente con el Plan Maderero Entrerriano. El expediente, que tomó estado parlamentario en la sesión del martes, fue ingresado dentro de los asuntos fuera de lista por solicitud del senador del Departamento Paraná, Raymundo Kisser. Allí se apunta a incentivar la implantación de materia prima, su procesamiento y transformación, como así también lograr la generación de valor agregado, con la aplicación de tecnología que "garantice la sustentabilidad de los emprendimientos", indicó AIM Digital.
En la provincia está vigente la Ley N° 9.759, que declara: "la venta y/o salida de rollizos (madera sin procesos industriales proveniente de bosques implantados) y chips (madera fraccionada para facilitar y abaratar el transporte) destinada a la exportación como materia prima para empresas fabricantes de pasta celulósica que generan residuos contaminantes, lesiona los derechos de los ciudadanos entrerrianos consagrados en los artículos 41 de la Constitución nacional y 5 de la Constitución provincial".
Por eso prohíbe su venta, con la finalidad de preservar los derechos ciudadanos a un ambiente sano a los habitantes de la provincia.
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Fecha de Publicación: 11/10/2016
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Entre Ríos
El gobernador Bordet defendió ayer los cambios que propone a la Ley de la Madera para habilitar la venta de rollizos al Uruguay. Explicó que no se va a aumentar el volumen exportado, sino conseguir mayores puestos de trabajo
El gobernador, Gustavo Bordet, acordó con intendentes y legisladores de los departamentos Concordia, San Salvador, Federación y Colón, industriales, entidades y trabajadores de la madera un programa de desarrollo foresto-industrial que preserve e incremente los puestos de trabajo y agregue valor a la producción. En una amplia reunión realizada en la Capital del citrus, el mandatario se comprometió a acompañar ante la Nación los"planteos para que la exportación se haga de manera responsable y priorizando los componentes industriales y de mano de obra que se realizan en esta zona".
"Queremos que el sector crezca en toda su cadena productiva. Sin forestación no hay industria y sin industria no hay trabajo. Lo que tenemos que hacer es garantizar que haya mucha más industria de la madera, que haya más industriales que generen viviendas, que se incorporen a los sistemas productivos", afirmó el mandatario durante un encuentro que se realizó en la sede de Cafesg, donde estuvieron referentes de la industria maderera, de los gremios, del INTA y del sector universitario, entre otros.
"No se trata de generar una controversia entre la foresto-industria y el medio ambiente, sino lo contrario. Cuanta más superficie forestada, mejor calidad de ambiente. Nuestro compromiso sigue siendo el mismo, que cada vez se exporten menos rollizos y se agregue más valor. Esa es nuestra meta", aseveró en referencia a las numerosas voces que se han pronunciado a favor y en contra del cambio del marco legislativo que regula la actividad.
"Y a esto lo abordamos con los trabajadores, porque son parte importante en este componente. Ese es en definitiva el objetivo principalísimo que tenemos: que haya fuentes de trabajo en nuestra zona", resaltó.
Cambios en la ley
Respecto de la modificación a la ley de la madera sancionada en 2007, Bordet indicó que el proyecto ingresado no es solamente su derogación, sino la elaboración de un programa foresto-industrial. Explicó: "No se va a incrementar el volumen exportable de madera porque en los hechos esto está sucediendo. Madera que hoy se corta acá va a Corrientes, y de Corrientes a Uruguay. Esto no va a incrementar los volúmenes, sino sincerar una situación para que al sector le vaya bien y las inversiones se realicen en Entre Ríos", aseguró.
Bordet señaló: "Más allá de la nueva ley, que saldrá con los consensos necesarios como ha sido la impronta de este gobierno de buscar los consensos legislativos, entendemos que este es el punto de inicio para un plan foresto-industrial de la provincia, con un observatorio que reúna permanentemente a todas las partes de la cadena para analizar y proyectar en el tiempo".
El gobernador se comprometió a acompañar ante el gobierno nacional los planteos para que la exportación de madera se hagan de manera responsable y priorizando los componentes industriales y de mano de obra que se realizan en la zona.
"Si tiene que haber medidas restrictivas en cuanto a los diámetros exportación de los rollizos, tenemos que hacerlo en pie de igualdad para Entre Ríos, para Corrientes y para otras provincias argentinas porque es un tema que hay que plantearlo a nivel país. Y en esto estamos dispuestos a acompañar ante el gobierno nacional", expresó.
Durante el encuentro se sostuvo que es necesario dar un marco integral a este vector de desarrollo regional, donde debe estar presente la promoción y el fomento, pero donde el Estado debe velar por el desarrollo integral del segmento productivo, con legislación adecuada y organismos de control del cuidado ambiental, informó el gobierno provincial.
El intendente de Federación, Carlos Cecco, y el diputado Alberto Rotman (Cambiemos), manifestaron coincidir con Bordet. Estuvieron los representantes de la Cámara de Industriales Madereros y Forestales de Entre Ríos y del sur de Corrientes, encabezados por su presidente, Sergio Piana. Hay 140.000 hectáreas implantadas y la propuesta del Ejecutivo se basa en fortalecer e integrar la cadena de valor del sector foresto-industrial
Oposición de los concejales de Gualeguaychú
La totalidad de los integrantes del Concejo Deliberante de Gualeguaychú votaron una declaración de rechazo a la decisión de Bordet de modificar la Ley de la Madera para habilitar la exportación de rollizos a empresas como UPM-Botnia (y similares). Dicha ley fue sancionada en 2007 en pleno conflicto con las pasteras y significó un reconocimiento de los planteos realizados en ese momento por parte de la Asamblea Ambiental y Ciudadana.
"Ante las declaraciones trascendidas en distintos medios periodísticos sobre la voluntad del gobernador de derogar la normativa citada, este Cuerpo considera oportuno manifestarse y tomar una postura coherente", sostiene el texto aprobado
Además, los concejales solicitaron a los diputados provinciales por el departamento Gualeguaychú a interceder "frente a la problemática".
Entre los considerandos se sostiene: "La lucha ambiental de la ciudadanía de Gualeguaychú fue un hito para nuestra provincia y nuestro país, generando que la ciudad sea referenciada por ella, y no solo eso, sino que esa lucha, esa organización ciudadana, se ha erigido como motivadora para que otros pueblos avasallados en sus derechos ambientales se organicen y exijan el respeto de los mismos, y que en el marco de este reclamo ambiental se sancionó, en el año 2007 la ley Provincial Nº 9.759", que ahora se pretende modificar.
Proyecto en el Senado
Ingresó a la Cámara de Senadores ingresó un proyecto de ley que promueve que la provincia cuente con el Plan Maderero Entrerriano. El expediente, que tomó estado parlamentario en la sesión del martes, fue ingresado dentro de los asuntos fuera de lista por solicitud del senador del Departamento Paraná, Raymundo Kisser. Allí se apunta a incentivar la implantación de materia prima, su procesamiento y transformación, como así también lograr la generación de valor agregado, con la aplicación de tecnología que "garantice la sustentabilidad de los emprendimientos", indicó AIM Digital.
En la provincia está vigente la Ley N° 9.759, que declara: "la venta y/o salida de rollizos (madera sin procesos industriales proveniente de bosques implantados) y chips (madera fraccionada para facilitar y abaratar el transporte) destinada a la exportación como materia prima para empresas fabricantes de pasta celulósica que generan residuos contaminantes, lesiona los derechos de los ciudadanos entrerrianos consagrados en los artículos 41 de la Constitución nacional y 5 de la Constitución provincial".
Por eso prohíbe su venta, con la finalidad de preservar los derechos ciudadanos a un ambiente sano a los habitantes de la provincia.
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Santa Fe: fallo protege a una familia de los agroquímicos
El auxilio frente al ataque tóxico
Fecha de Publicación: 11/10/2016
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Santa Fe
La familia acreditó síntomas como irritación en las vías respiratorias, ojos, garganta y nariz, lo que les provoca vómitos y mareos constantes. La decisión ampara a todo el pueblo de Piamonte. Los legisladores no se atreven a limitar el uso de agroquímicos.
El juez civil y comercial Tristán Martínez dictó una medida cautelar en favor de una familia de Piamonte -ubicada a 180 kilómetros al noreste de Rosario- por la cual se prohíbe fumigar a menos de 800 metros de su hogar con cualquier tipo de agroquímicos. La medida también prohíbe la circulación de máquinas pulverizadoras, conocidas como mosquitos, en todo el radio urbano así como el acopio de agroquímicos. La cautelar fue solicitada por la abogada María Eugenia Boccio quien patrocina a la familia Córdoba, gravemente afectada por las fumigaciones, tales como irritación en las vías respiratorias, ojos, garganta y nariz, lo que les provoca vómitos y mareos constantes."La cautelar no solo protege a mi patrocinada, sino a todo el pueblo" aclaró a Rosario/12 la doctora Boccio. La medida tiene fecha 30 de setiembre y el último lunes fue notificada formalmente al presidente comunal de Piamonte, sobre quien se apunta que garantice la prohibición. Ayer la familia perjudicada denunció que hubo "mosquitos" circulando por su barrio.
Boccio aclaró este diario que "la medida es cautelar -es decir es previa y no resolutiva del conflicto- pero su fin es impedir el agravamiento de la situación de la población de Piamonte y de la familia accionante en particular".
En ese marco explicó que "se dictó en el marco de un juicio ambiental por 'pluricontaminación' originada en la actividad de los acopios, tránsito y guarda de maquinaria agrícola, específicamente 'mosquitos' o maquinaria pulverizadora, así como para guarda y aplicación de agroquímicos en las plantas de acopio que se encuentran dentro del tejido urbano. También se prohíbe la fumigación de campos lindero a la vivienda de la actora".
"La acción de amparo -agregó la letrada- pretende que judicialmente se resuelva en favor de la vida humana y el derecho ambiental, en base del cual se sustenta la vida y salud de las personas, y para ello, se peticionó que se prohíba la fumigación manual, terrestre y/o aérea con ningún tipo de agroquímicos a menos de 1000 metros de todo el ejido urbano de la comuna de Piamonte, y específicamente de la vivienda de los Córdoba".
En su presentación Boccio pidió también que "se prohíba la circulación, tránsito, permanencia y/o cualquier otra actividad que implique la presencia en zona urbana de maquinaria agrícola, específicamente, mosquitos, y/o pulverizadoras".
En la misma cautelar la abogada solicito que "se ordene a los acopios y/o plantas de silos existentes que den estricto cumplimiento a la Resolución Nº 177/03 y el Decreto Nº 1844/02 en todas sus partes y en especial, en cuanto dispone de gestión adecuada de los envases en uso, desuso y residuos de agroquímicos, a los que trata como residuos peligrosos".
Finalmente la letrada especializada en derecho ambiental pidió que "se fije un plazo perentorio e improrrogable para que los acopios y/o plantas de silos, talleres, y depósitos de agroquímicos trasladen sus instalaciones fuera del límite urbano y a una distancia no menor a 500 metros del mismo".
Según desgrana en diálogo con Rosario/12 , para Boccio la situación de la Comuna de Piamonte es "alarmante, ya que dentro del éjido urbano se han podido constatar más de cinco plantas de acopios (de gran dimensión), cinco galpones de guarda de maquinarias agrícolas, donde específicamente, se guardan máquinas pulverizadoras. Varios de ellos se encuentran frente al predio deportivo del Club Atlético Piamonte, donde van a realizar las actividades físicas de las escuelas y extracurriculares todos los niños del pueblo".
También destaca que "la circulación de mosquitos por las calles de Piamonte es contínua, empezando a tempranas horas de la mañana y culminando a altas horas de la noche. Con un permanente sometimiento de la población a la contaminación del ambiente y el perjuicio en su salud".
En esta línea la joven abogada no duda en afirmar que "si bien no se efectuó campamento sanitario en esta localidad, puede intuirse que sus resultados serán idénticos a los de la zona, como ser las localidades de María Juana y María Susana, donde los casos de cáncer superan tres veces la media nacional".
En este contexto, la medida cautelar dispuesta por el juez Tristán Martínez "viene a ser un respiro para la población de Piamonte y la familia Córdoba en particular".
No es la primera vez que el mismo juez otorga una cautelar en este sentido: el 10 de junio de 2009 falló "prohibir fumigar en los campos ubicados al límite del Barrio Urquiza (San Jorge) en una distancia no menor a los ochocientos metros para fumigaciones terrestres, y de mil quinientos metros para fumigaciones aéreas, a contar dichas medidas desde el límite de la zona urbana, con ningún tipo de agroquímico o producto de los relacionados".
Este fallo fue confirmado en segunda instancia el 9 de diciembre de 2009 por la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones, rechazando el recurso de apelación articulado por la Provincia de Santa Fe.
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Fecha de Publicación: 11/10/2016
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Santa Fe
La familia acreditó síntomas como irritación en las vías respiratorias, ojos, garganta y nariz, lo que les provoca vómitos y mareos constantes. La decisión ampara a todo el pueblo de Piamonte. Los legisladores no se atreven a limitar el uso de agroquímicos.
El juez civil y comercial Tristán Martínez dictó una medida cautelar en favor de una familia de Piamonte -ubicada a 180 kilómetros al noreste de Rosario- por la cual se prohíbe fumigar a menos de 800 metros de su hogar con cualquier tipo de agroquímicos. La medida también prohíbe la circulación de máquinas pulverizadoras, conocidas como mosquitos, en todo el radio urbano así como el acopio de agroquímicos. La cautelar fue solicitada por la abogada María Eugenia Boccio quien patrocina a la familia Córdoba, gravemente afectada por las fumigaciones, tales como irritación en las vías respiratorias, ojos, garganta y nariz, lo que les provoca vómitos y mareos constantes."La cautelar no solo protege a mi patrocinada, sino a todo el pueblo" aclaró a Rosario/12 la doctora Boccio. La medida tiene fecha 30 de setiembre y el último lunes fue notificada formalmente al presidente comunal de Piamonte, sobre quien se apunta que garantice la prohibición. Ayer la familia perjudicada denunció que hubo "mosquitos" circulando por su barrio.
Boccio aclaró este diario que "la medida es cautelar -es decir es previa y no resolutiva del conflicto- pero su fin es impedir el agravamiento de la situación de la población de Piamonte y de la familia accionante en particular".
En ese marco explicó que "se dictó en el marco de un juicio ambiental por 'pluricontaminación' originada en la actividad de los acopios, tránsito y guarda de maquinaria agrícola, específicamente 'mosquitos' o maquinaria pulverizadora, así como para guarda y aplicación de agroquímicos en las plantas de acopio que se encuentran dentro del tejido urbano. También se prohíbe la fumigación de campos lindero a la vivienda de la actora".
"La acción de amparo -agregó la letrada- pretende que judicialmente se resuelva en favor de la vida humana y el derecho ambiental, en base del cual se sustenta la vida y salud de las personas, y para ello, se peticionó que se prohíba la fumigación manual, terrestre y/o aérea con ningún tipo de agroquímicos a menos de 1000 metros de todo el ejido urbano de la comuna de Piamonte, y específicamente de la vivienda de los Córdoba".
En su presentación Boccio pidió también que "se prohíba la circulación, tránsito, permanencia y/o cualquier otra actividad que implique la presencia en zona urbana de maquinaria agrícola, específicamente, mosquitos, y/o pulverizadoras".
En la misma cautelar la abogada solicito que "se ordene a los acopios y/o plantas de silos existentes que den estricto cumplimiento a la Resolución Nº 177/03 y el Decreto Nº 1844/02 en todas sus partes y en especial, en cuanto dispone de gestión adecuada de los envases en uso, desuso y residuos de agroquímicos, a los que trata como residuos peligrosos".
Finalmente la letrada especializada en derecho ambiental pidió que "se fije un plazo perentorio e improrrogable para que los acopios y/o plantas de silos, talleres, y depósitos de agroquímicos trasladen sus instalaciones fuera del límite urbano y a una distancia no menor a 500 metros del mismo".
Según desgrana en diálogo con Rosario/12 , para Boccio la situación de la Comuna de Piamonte es "alarmante, ya que dentro del éjido urbano se han podido constatar más de cinco plantas de acopios (de gran dimensión), cinco galpones de guarda de maquinarias agrícolas, donde específicamente, se guardan máquinas pulverizadoras. Varios de ellos se encuentran frente al predio deportivo del Club Atlético Piamonte, donde van a realizar las actividades físicas de las escuelas y extracurriculares todos los niños del pueblo".
También destaca que "la circulación de mosquitos por las calles de Piamonte es contínua, empezando a tempranas horas de la mañana y culminando a altas horas de la noche. Con un permanente sometimiento de la población a la contaminación del ambiente y el perjuicio en su salud".
En esta línea la joven abogada no duda en afirmar que "si bien no se efectuó campamento sanitario en esta localidad, puede intuirse que sus resultados serán idénticos a los de la zona, como ser las localidades de María Juana y María Susana, donde los casos de cáncer superan tres veces la media nacional".
En este contexto, la medida cautelar dispuesta por el juez Tristán Martínez "viene a ser un respiro para la población de Piamonte y la familia Córdoba en particular".
No es la primera vez que el mismo juez otorga una cautelar en este sentido: el 10 de junio de 2009 falló "prohibir fumigar en los campos ubicados al límite del Barrio Urquiza (San Jorge) en una distancia no menor a los ochocientos metros para fumigaciones terrestres, y de mil quinientos metros para fumigaciones aéreas, a contar dichas medidas desde el límite de la zona urbana, con ningún tipo de agroquímico o producto de los relacionados".
Este fallo fue confirmado en segunda instancia el 9 de diciembre de 2009 por la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones, rechazando el recurso de apelación articulado por la Provincia de Santa Fe.
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