Nuevo estudio señala al país como gran deforestador
08:00 | 
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Un estudio internacional advirtió por el 'desmonte desenfrenado' en la Argentina
Fecha de Publicación: 02/06/2016
Fuente: InfoCampo
Provincia/Región: Nacional
Un estudio de la Universidad de Boston mostró que el planeta reverdeció en los últimos 33 años. Pero el país quedó dentro del 4% que retrocedió. Apuntan al “desmonte desenfrenado” y el avance de las áreas de cultivo.
Al contrario de lo que el sentido común sospecharía, el mundo está más verde que hace 33 años. Unos 36 millones de kilómetros cuadrados de superficie terrestre –casi diez veces la superficie argentina, con su territorio antártico incluido– reverdecieron entre 1982 y 2015.
Así lo afirmó un estudio estadounidense que publicó la revista científica Nature Climate Change en las últimas semanas y que reprodujo un artículo publicado en Clarín (a contramano de la preocupación internacional por mitigar los efectos del cambio climático).
Según los investigadores, la creciente emisión de dióxido de carbono –uno de los gases de efecto invernadero– acelera la fertilización de hojas, plantas y árboles. En el mapa elaborado por los autores de la investigación, sin embargo, hay un dato preocupante para la Argentina: en el país no sólo que no aumentó la superficie verde, sino que se redujo.
“En la Argentina los desmontes están desenfrenados: reemplazamos los bosques patagónicos, la selva misionera y en los últimos años el monte chaqueño, por zonas de cultivos efímeros, a veces incluso monocultivos, que no son propios del lugar, como algodón, soja o poroto. Perdemos zonas de una biodiversidad que podría permitir que el carbono se fije y entonces cambiamos verde por marrón clarito”, cuenta Pedro Friedrich, director de la fundación Banco de Bosques. Y agrega: “El sistema agroindustrial argentino deja el suelo descubierto una gran porción del año y todo queda muy expuesto al rayo del sol; se parece más a la minería que a la agricultura”.
La deforestación argentina también fue observada por las Naciones Unidas: en un informe de 2015 el país fue señalado como uno de los diez que más desmontan sus bosques, a razón de 300 mil hectáreas anuales durante el último cuarto de siglo.
Consultado sobre cómo frenar esos niveles de desmonte, Diego Moreno, secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, sostiene: “Hasta ahora la ley de bosques tenía un fondo de 240 millones de pesos, lo extendimos a 390 millones para financiar proyectos de preservación. En las zonas en las que todavía está permitido el desmonte, una de las iniciativas es que organismos internacionales financien la ganadería dentro del bosque nativo como modelo alternativo a la agricultura. De esta manera, se reduce la deforestación”.
El biólogo Ranga Myneni, uno de los investigadores de la Universidad de Boston que hicieron el estudio, dialogó con Clarín sobre lo que ellos llaman “enverdecimiento” del mapa global: “Hallamos que hay más hojas verdes, más plantas, más árboles que antes. En áreas que ya eran verdes y en áreas que no lo eran”, dice. Según el estudio, en un 40 por ciento de la superficie terrestre se extendió el verde mientras que en un 4 por ciento del planeta observaron un retroceso: en esa pequeña porción se ubica la Argentina. El 70 por ciento del aumento de la superficie verde se produce por las crecientes emisiones de dióxido de carbono, muchas veces originado en la quema de combustibles fósiles.
“Una porción del dióxido de carbono que estamos emitiendo se almacena temporalmente en plantas y árboles, pero hay estudios que demuestran que esta fertilización no durará”, profundiza Myneni, que analizó la medición del índice de hojas que hicieron tres satélites en todo el mundo durante más de tres décadas. Entre otros límites para que el “enverdecimiento” avance se encuentra la necesidad de agua, un recurso cada vez más escaso.
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Fecha de Publicación: 02/06/2016
Fuente: InfoCampo
Provincia/Región: Nacional
Un estudio de la Universidad de Boston mostró que el planeta reverdeció en los últimos 33 años. Pero el país quedó dentro del 4% que retrocedió. Apuntan al “desmonte desenfrenado” y el avance de las áreas de cultivo.
Al contrario de lo que el sentido común sospecharía, el mundo está más verde que hace 33 años. Unos 36 millones de kilómetros cuadrados de superficie terrestre –casi diez veces la superficie argentina, con su territorio antártico incluido– reverdecieron entre 1982 y 2015.
Así lo afirmó un estudio estadounidense que publicó la revista científica Nature Climate Change en las últimas semanas y que reprodujo un artículo publicado en Clarín (a contramano de la preocupación internacional por mitigar los efectos del cambio climático).
Según los investigadores, la creciente emisión de dióxido de carbono –uno de los gases de efecto invernadero– acelera la fertilización de hojas, plantas y árboles. En el mapa elaborado por los autores de la investigación, sin embargo, hay un dato preocupante para la Argentina: en el país no sólo que no aumentó la superficie verde, sino que se redujo.
“En la Argentina los desmontes están desenfrenados: reemplazamos los bosques patagónicos, la selva misionera y en los últimos años el monte chaqueño, por zonas de cultivos efímeros, a veces incluso monocultivos, que no son propios del lugar, como algodón, soja o poroto. Perdemos zonas de una biodiversidad que podría permitir que el carbono se fije y entonces cambiamos verde por marrón clarito”, cuenta Pedro Friedrich, director de la fundación Banco de Bosques. Y agrega: “El sistema agroindustrial argentino deja el suelo descubierto una gran porción del año y todo queda muy expuesto al rayo del sol; se parece más a la minería que a la agricultura”.
La deforestación argentina también fue observada por las Naciones Unidas: en un informe de 2015 el país fue señalado como uno de los diez que más desmontan sus bosques, a razón de 300 mil hectáreas anuales durante el último cuarto de siglo.
Consultado sobre cómo frenar esos niveles de desmonte, Diego Moreno, secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, sostiene: “Hasta ahora la ley de bosques tenía un fondo de 240 millones de pesos, lo extendimos a 390 millones para financiar proyectos de preservación. En las zonas en las que todavía está permitido el desmonte, una de las iniciativas es que organismos internacionales financien la ganadería dentro del bosque nativo como modelo alternativo a la agricultura. De esta manera, se reduce la deforestación”.
El biólogo Ranga Myneni, uno de los investigadores de la Universidad de Boston que hicieron el estudio, dialogó con Clarín sobre lo que ellos llaman “enverdecimiento” del mapa global: “Hallamos que hay más hojas verdes, más plantas, más árboles que antes. En áreas que ya eran verdes y en áreas que no lo eran”, dice. Según el estudio, en un 40 por ciento de la superficie terrestre se extendió el verde mientras que en un 4 por ciento del planeta observaron un retroceso: en esa pequeña porción se ubica la Argentina. El 70 por ciento del aumento de la superficie verde se produce por las crecientes emisiones de dióxido de carbono, muchas veces originado en la quema de combustibles fósiles.
“Una porción del dióxido de carbono que estamos emitiendo se almacena temporalmente en plantas y árboles, pero hay estudios que demuestran que esta fertilización no durará”, profundiza Myneni, que analizó la medición del índice de hojas que hicieron tres satélites en todo el mundo durante más de tres décadas. Entre otros límites para que el “enverdecimiento” avance se encuentra la necesidad de agua, un recurso cada vez más escaso.
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Sociedad pide por el tratamiento de la Ley de Humedales
Ambientalistas reclaman que el tratamiento de la ley que protege a los humedales
Fecha de Publicación: 02/06/2016
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional
Organizaciones y cátedras universitarias ambientalistas reclamaron el "urgente tratamiento" del proyecto de Ley de Humedales y aseguraron que la falta de protección para esta áreas "impacta en la pérdida de calidad de vida para toda la población".
"Consideramos de vital importancia que el proyecto pueda ser sancionado dado que el vacío legal existente permite que estos ecosistemas vitales e irremplazables, para la población y la salud, se encuentren en vías de desaparición y degradación progresiva", señalaron las entidades a través de un documento conjunto.
Entre los firmantes del reclamo figuran la Asociación por la Justicia Ambiental (AJAM), el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria (UBA), el Taller Libre de Proyecto Social (UBA) y la Organización Vecinal Salvemos el Río Gualeguaychú.
El proyecto de Ley de Humedales es una iniciativa de presupuestos mínimos cuyo fin es establecer una regulación que proteja esos espacios a nivel nacional, facultando a cada provincia a legislar una protección mayor conforme sus necesidades.
La Cámara de Senadores había aprobado en 2014 un proyecto de ley que no fue tratado en Diputados, por lo que terminó perdiendo estado parlamentario en diciembre de 2015.
Dos meses después -y en una de sus primeras acciones de gobierno-, el presidente Mauricio Macri ratificó en febrero el apoyo del gobierno nacional a una Ley de protección de los Humedales, aunque nunca envió un proyecto formal al Congreso, explicó a Télam el diputado oficialista y dirigente ambientalista Juan Carlos Villalonga, quien mencionó como causa de ello a la "falta de acuerdo" entre algunos ministerios.
Ante la ausencia de un proyecto del Ejecutivo, la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente del Senado aprobó en marzo pasado un pre dictamen a partir de la fusión de dos proyectos elaborados por las senadoras Teresa Luna (FpV, La Rioja) y María Magdalena Odarda (Frente Progresista, Río Negro), que hasta el momento no logró pasar al recinto para su debate y aprobación.
El pre dictamen contempla la definición establecida por la Convención Ramsar en 1971, que quedó incorporada a la legislación argentina mediante la ley N°23.919.
La Convención entiende a los humedales como "extensiones de marismas, pantanos y turberas o superficies cubiertas de agua, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros".
La iniciativa "exige el uso racional y sustentable de los humedales a sabiendas de las necesidades de desarrollo económico imperante".
Al respecto, las organizaciones ambientalistas denunciaron que en la actualidad diversas "aéreas del litoral argentino se encuentran devastadas por emprendimientos inmobiliarios mal emplazados o por actividades productivas intensivas e invasivas".
Aseguraron que "igual estado de situación aplica para el área que comprende el cauce del Ro Lujan, valle del Río Gualeguaychú e islas del Delta entre otras tantas zonas, principalmente por el cambio en el uso del suelo, incremento de la actividad ganadera, producción de monocultivos, deforestación y construcción de diques".
"Es importante destacar que su protección no se refiere a meros intereses conservacionistas sino que responde a las importantísimas e irremplazables funciones ecosistémicas que los humedales proporcionan para la vida humana, convirtiéndolos es esenciales para la vida misma", afirmaron.
"Mitigar inundaciones y sequías, reservar agua dulce para consumo humano y animal, preservar la biodiversidad y mitigar el cambio climático, nunca deviene en pérdida y sólo involucra innumerables y valiosos beneficios ambientales, sociales y económicos", dijeron.
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Fecha de Publicación: 02/06/2016
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional
Organizaciones y cátedras universitarias ambientalistas reclamaron el "urgente tratamiento" del proyecto de Ley de Humedales y aseguraron que la falta de protección para esta áreas "impacta en la pérdida de calidad de vida para toda la población".
"Consideramos de vital importancia que el proyecto pueda ser sancionado dado que el vacío legal existente permite que estos ecosistemas vitales e irremplazables, para la población y la salud, se encuentren en vías de desaparición y degradación progresiva", señalaron las entidades a través de un documento conjunto.
Entre los firmantes del reclamo figuran la Asociación por la Justicia Ambiental (AJAM), el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria (UBA), el Taller Libre de Proyecto Social (UBA) y la Organización Vecinal Salvemos el Río Gualeguaychú.
El proyecto de Ley de Humedales es una iniciativa de presupuestos mínimos cuyo fin es establecer una regulación que proteja esos espacios a nivel nacional, facultando a cada provincia a legislar una protección mayor conforme sus necesidades.
La Cámara de Senadores había aprobado en 2014 un proyecto de ley que no fue tratado en Diputados, por lo que terminó perdiendo estado parlamentario en diciembre de 2015.
Dos meses después -y en una de sus primeras acciones de gobierno-, el presidente Mauricio Macri ratificó en febrero el apoyo del gobierno nacional a una Ley de protección de los Humedales, aunque nunca envió un proyecto formal al Congreso, explicó a Télam el diputado oficialista y dirigente ambientalista Juan Carlos Villalonga, quien mencionó como causa de ello a la "falta de acuerdo" entre algunos ministerios.
Ante la ausencia de un proyecto del Ejecutivo, la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente del Senado aprobó en marzo pasado un pre dictamen a partir de la fusión de dos proyectos elaborados por las senadoras Teresa Luna (FpV, La Rioja) y María Magdalena Odarda (Frente Progresista, Río Negro), que hasta el momento no logró pasar al recinto para su debate y aprobación.
El pre dictamen contempla la definición establecida por la Convención Ramsar en 1971, que quedó incorporada a la legislación argentina mediante la ley N°23.919.
La Convención entiende a los humedales como "extensiones de marismas, pantanos y turberas o superficies cubiertas de agua, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros".
La iniciativa "exige el uso racional y sustentable de los humedales a sabiendas de las necesidades de desarrollo económico imperante".
Al respecto, las organizaciones ambientalistas denunciaron que en la actualidad diversas "aéreas del litoral argentino se encuentran devastadas por emprendimientos inmobiliarios mal emplazados o por actividades productivas intensivas e invasivas".
Aseguraron que "igual estado de situación aplica para el área que comprende el cauce del Ro Lujan, valle del Río Gualeguaychú e islas del Delta entre otras tantas zonas, principalmente por el cambio en el uso del suelo, incremento de la actividad ganadera, producción de monocultivos, deforestación y construcción de diques".
"Es importante destacar que su protección no se refiere a meros intereses conservacionistas sino que responde a las importantísimas e irremplazables funciones ecosistémicas que los humedales proporcionan para la vida humana, convirtiéndolos es esenciales para la vida misma", afirmaron.
"Mitigar inundaciones y sequías, reservar agua dulce para consumo humano y animal, preservar la biodiversidad y mitigar el cambio climático, nunca deviene en pérdida y sólo involucra innumerables y valiosos beneficios ambientales, sociales y económicos", dijeron.
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Cierran el zoológico de Mendoza sin plazo de apertura
Cierran el zoológico de Mendoza por tiempo indefinido
Fecha de Publicación: 02/06/2016
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Mendoza
Se produce a días de la muerte de animales. La Secretaria de Ambiente seguirá trabajando para acondicionar el paseo.
El gobierno de Mendoza decidió hoy cerrar "por tiempo indefinido" el Zoológico local y aseguró que se debe a la persistencia de las malas condiciones meteorológicas, tras la muerte de decenas de animales, denuncias y la separación de veterinarios en el marco de una presentación judicial.
La secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial informó la decisión de cierre, en medio de la crisis que afronta ese paseo, que debía permanecer cerrado hasta hoy y se dispuso continuar con la medida sin plazo.
"El Zoológico provincial permanecerá cerrado por tiempo indefinido debido a los diversos pronósticos de lluvias que se esperan para los próximos días en Mendoza", sostuvo el organismo provincial en un comunicado.
La secretaría manifestó que continúan las tareas en el Zoológico con "obras de mantenimiento, limpieza y cuidado de los animales ante las contingencias climáticas para garantizar el bienestar y la seguridad". El gabinete de la secretaría de Ambiente analiza "el futuro inmediato del Zoológico, lo cual será comunicado en los próximos días por el secretario de Ambiente, Humberto Mingorance", señaló en el mismo comunicado.
El gobierno mendocino resolvió el jueves separar en forma preventiva de sus funciones al cuerpo de veterinarios del Zoológico de la provincia, tras la muerte cruel de decenas de animales y las heridas con que fue encontrado un hipopótamo, que derivó en una presentación judicial.
El jefe de Gabinete de la secretaría de Ambiente, Eduardo Sosa, informó en ese momento la decisión del gobierno y dijo que la separación de los veterinarios persistirá al menos "mientras se hace la investigación administrativa y de la Policía Federal".
Después de la muerte de decenas animales y los cruces entre trabajadores, gremialistas y legisladores de la oposición con el gobierno, se radicó una denuncia en la Fiscalía de Delitos Complejos por las heridas detectadas en el hipopótamo, lo que derivó en la decisión tomada sobre el cuerpo de veterinarios.
"La decisión administrativa es separar preventivamente a los veterinarios para que entre un equipo externo y la Justicia pueda evaluar sin interferencia interna la situación de los animales y los episodios acontecidos", señaló Sosa.
El funcionario sostuvo que veterinarios externos investigarán la causa de la muerte de animales.
"Verán la situación específica de los animales y si la infraestructura del Zoo es adecuada para los más de 2 mil especímenes que allí se alojan", advirtió.
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Fecha de Publicación: 02/06/2016
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Mendoza
Se produce a días de la muerte de animales. La Secretaria de Ambiente seguirá trabajando para acondicionar el paseo.
El gobierno de Mendoza decidió hoy cerrar "por tiempo indefinido" el Zoológico local y aseguró que se debe a la persistencia de las malas condiciones meteorológicas, tras la muerte de decenas de animales, denuncias y la separación de veterinarios en el marco de una presentación judicial.
La secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial informó la decisión de cierre, en medio de la crisis que afronta ese paseo, que debía permanecer cerrado hasta hoy y se dispuso continuar con la medida sin plazo.
"El Zoológico provincial permanecerá cerrado por tiempo indefinido debido a los diversos pronósticos de lluvias que se esperan para los próximos días en Mendoza", sostuvo el organismo provincial en un comunicado.
La secretaría manifestó que continúan las tareas en el Zoológico con "obras de mantenimiento, limpieza y cuidado de los animales ante las contingencias climáticas para garantizar el bienestar y la seguridad". El gabinete de la secretaría de Ambiente analiza "el futuro inmediato del Zoológico, lo cual será comunicado en los próximos días por el secretario de Ambiente, Humberto Mingorance", señaló en el mismo comunicado.
El gobierno mendocino resolvió el jueves separar en forma preventiva de sus funciones al cuerpo de veterinarios del Zoológico de la provincia, tras la muerte cruel de decenas de animales y las heridas con que fue encontrado un hipopótamo, que derivó en una presentación judicial.
El jefe de Gabinete de la secretaría de Ambiente, Eduardo Sosa, informó en ese momento la decisión del gobierno y dijo que la separación de los veterinarios persistirá al menos "mientras se hace la investigación administrativa y de la Policía Federal".
Después de la muerte de decenas animales y los cruces entre trabajadores, gremialistas y legisladores de la oposición con el gobierno, se radicó una denuncia en la Fiscalía de Delitos Complejos por las heridas detectadas en el hipopótamo, lo que derivó en la decisión tomada sobre el cuerpo de veterinarios.
"La decisión administrativa es separar preventivamente a los veterinarios para que entre un equipo externo y la Justicia pueda evaluar sin interferencia interna la situación de los animales y los episodios acontecidos", señaló Sosa.
El funcionario sostuvo que veterinarios externos investigarán la causa de la muerte de animales.
"Verán la situación específica de los animales y si la infraestructura del Zoo es adecuada para los más de 2 mil especímenes que allí se alojan", advirtió.
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Malos Aires según la OMS
La pureza del aire no alcanza los niveles que recomienda la OMS
Fecha de Publicación: 01/06/2016
Fuente: Diario Z
Provincia/Región: CABA
La polución del aire que respiran los porteños supera en un 30% el límite que recomienda la Organización Mundial de la Salud. La Agencia Ambiental dice que la contaminación se redujo y disminuirá en los próximos años.
¿Buenos o malos aires? El último informe de la Organización Mundial de la Salud reabrió el debate sobre la calidad del aire que respiran los porteños. Según los estándares internacionales, el aire de la ciudad tiene un 30 por ciento más de partículas contaminantes que lo que recomienda la OMS. Sin embargo, desde la Agencia de Protección Ambiental (Apra) remarcaron que todos los años se redujo el nivel de contaminación.
El promedio anual que establece la OMS para un aire saludable es de 20 microgramos por metro cúbico de “material particulado” –residuos contaminantes que quedan en el aire. Este índice de 20 PM10 máximo, como se llama, es el que determina si el aire es saludable o no.
Desde 2010, la Ciudad mide la calidad del aire a partir de tres “estaciones de monitoreo autómatico” que funcionan las 24 horas de día y reportan los resultados en tiempo real a las oficinas de la Apra, el organismo encargado de medir la contaminación del aire. Las estaciones están en Parque Centenario, La Boca y Barrio Norte.
En 2015, el aire de la Ciudad alcanzó el promedio de 26 PM10, seis puntos más de lo que indica la OMS como el máximo de polución recomendado.
Desde la Apra contaron a Diario Z que además del nivel guía, la OMS estableció metas intermedias que la Ciudad ya ha alcanzado. “Actualmente se trabaja para lograr la última reducción, que es la más ambiciosa”, dijeron desde la Agencia.
La Agencia de Protección Ambiental destacó que el mismo informe de la OMS ubica a Buenos Aires como la ciudad de menor polución entre once grandes ciudades. México y San Pablo la superan ampliamente.
En 2010, cuando empezó a medirse la contaminación del aire, los índices de PM10 superaron los 40 puntos, el doble de lo que indica la OMS. “La implementación del Metrobus, la creación de bicisendas, el estímulo del uso del transporte público y desincentivo al automóvil particular”, son algunos de los cambios que contribuyeron a bajar los niveles de polución, explica la AGC. Y opinan que la implementación del Verificación Técnica Vehicular (VTV) –obligatoria a partir de julio- permitirá controlar los gases que generan los caños de escape de los autos.
Desde la Apra se muestran optimistas y piensan que en los próximos años el aire de la Ciudad alcanzará los valores saludables.
Pese al optimismo de la Ciudad, para algunos especialistas en contaminación ambiental los datos de la Ciudad no son del todo representativos porque la medición arroja valores únicamente de tres puntos y soslaya otros con mayor congestión y tráfico.
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Fecha de Publicación: 01/06/2016
Fuente: Diario Z
Provincia/Región: CABA
La polución del aire que respiran los porteños supera en un 30% el límite que recomienda la Organización Mundial de la Salud. La Agencia Ambiental dice que la contaminación se redujo y disminuirá en los próximos años.
¿Buenos o malos aires? El último informe de la Organización Mundial de la Salud reabrió el debate sobre la calidad del aire que respiran los porteños. Según los estándares internacionales, el aire de la ciudad tiene un 30 por ciento más de partículas contaminantes que lo que recomienda la OMS. Sin embargo, desde la Agencia de Protección Ambiental (Apra) remarcaron que todos los años se redujo el nivel de contaminación.
El promedio anual que establece la OMS para un aire saludable es de 20 microgramos por metro cúbico de “material particulado” –residuos contaminantes que quedan en el aire. Este índice de 20 PM10 máximo, como se llama, es el que determina si el aire es saludable o no.
Desde 2010, la Ciudad mide la calidad del aire a partir de tres “estaciones de monitoreo autómatico” que funcionan las 24 horas de día y reportan los resultados en tiempo real a las oficinas de la Apra, el organismo encargado de medir la contaminación del aire. Las estaciones están en Parque Centenario, La Boca y Barrio Norte.
En 2015, el aire de la Ciudad alcanzó el promedio de 26 PM10, seis puntos más de lo que indica la OMS como el máximo de polución recomendado.
Desde la Apra contaron a Diario Z que además del nivel guía, la OMS estableció metas intermedias que la Ciudad ya ha alcanzado. “Actualmente se trabaja para lograr la última reducción, que es la más ambiciosa”, dijeron desde la Agencia.
La Agencia de Protección Ambiental destacó que el mismo informe de la OMS ubica a Buenos Aires como la ciudad de menor polución entre once grandes ciudades. México y San Pablo la superan ampliamente.
En 2010, cuando empezó a medirse la contaminación del aire, los índices de PM10 superaron los 40 puntos, el doble de lo que indica la OMS. “La implementación del Metrobus, la creación de bicisendas, el estímulo del uso del transporte público y desincentivo al automóvil particular”, son algunos de los cambios que contribuyeron a bajar los niveles de polución, explica la AGC. Y opinan que la implementación del Verificación Técnica Vehicular (VTV) –obligatoria a partir de julio- permitirá controlar los gases que generan los caños de escape de los autos.
Desde la Apra se muestran optimistas y piensan que en los próximos años el aire de la Ciudad alcanzará los valores saludables.
Pese al optimismo de la Ciudad, para algunos especialistas en contaminación ambiental los datos de la Ciudad no son del todo representativos porque la medición arroja valores únicamente de tres puntos y soslaya otros con mayor congestión y tráfico.
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Santa Fe: un centenar de localidades limitan fumigaciones
Unas 100 localidades santafesinas limitan el uso de agroquímicos
Fecha de Publicación: 01/06/2016
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Santa Fe
En la última década creció un 300 por ciento la cantidad de pueblos que regularon las aplicaciones ante la presión social.
Desde 2006 a esta parte, en coincidencia con los años del boom de la agricultura industrial basada en el uso intensivo de agroquímicos, unas 80 comunas o municipios de los departamentos del sur de la provincia (sobre 97 que tienen ordenanzas) pusieron en práctica normas para reglamentar las fumigaciones como consecuencia de la creciente presión social respecto a las consecuencias sanitarias y ambientales del modelo agrícola pampeano.
Así se establece en un artículo de divulgación publicado este mes por investigadores de la facultad de Ciencias Agrarias de la UNR, que señala que en los últimos años "los habitantes de pueblos y ciudades perciben la aplicación de fitosanitarios como un riesgo potencial para su salud y para el ambiente".
"La consideración sobre el ambiente está creciendo en la sociedad como punto de atención. Esto está demostrado por el alto grado de preocupación puesto de manifiesto sobre la producción agropecuaria en los últimos tiempos en lo referente al uso de los fitosanitarios", agrega el documento, que explica que esta situación genera inconvenientes entre productores y habitantes de esas zonas. Según se advierte, este proceso se da principalmente en las franjas periurbanas, que constituyen "espacios intermedios y sin delimitación aparente entre lo que se considera que termina el pueblo y comienza el campo".
Los investigadores proponen que para atender este fenómeno social —que se corrobora en el sur de la provincia y que se replica en toda el área pampeana— es necesario desarrollar el concepto de "agromedicina", con el objetivo de "generar un nuevo espacio de información y formación en el manejo de los fitosanitarios para los actores de la producción, de la vida rural y urbana" ya que asocia de manera íntima dos aspectos: la salud y la producción.
Ordenanzas. El trabajo "Relevamiento de normativas sobre aplicaciones de fitosanitarios en zonas periurbanas de los departamentos del sur de Santa Fe" (Bulacio, Giuliani y Gonella) se realizó en los departamentos Belgrano, Iriondo, Rosario, Caseros, Constitución, San Lorenzo y General López, donde sobre 120 localidades censadas se encontró que 97, o sea el 81 por ciento, poseen ordenanzas relativas a la aplicación de fitosanitarios.
Otro dato relevante es que la enorme mayoría de esas regulaciones (casi el 75 por ciento) fueron elaboradas durante el período establecido en los últimos 10 años, cuando el modelo agrícola llegó a su pico de producción y se multiplicó considerablemente la utilización de herbicidas y pesticidas como insumo fundamental para la producción de soja transgénica.
"De las localidades que poseen ordenanzas se observó que la mayor proporción (el 56 por ciento) fueron promulgadas entre los años 2006 y 2010", señala la investigación, que recuerda que en Santa Fe existe legislación sobre el tema desde el año 1978, aunque la que rige en la actualidad es la ley 11.273 sancionada en 1995.
Percepción. Para los investigadores de la facultad de Agrarias, esta explosión normativa de la última década se explica por la atención creciente de la percepción pública sobre las aplicaciones de agroquímicos "debido a los accidentes y posibles malas prácticas en la aplicación de fitosanitarios", lo cuál llevó a que se "mejoraran las regulaciones y los controles" tanto a nivel provincial como municipal.
El trabajo sugiere que tanto los municipios como las comunas "deberán delimitar bien la zona urbana de la rural", y que las ordenanzas promulgadas deben "ser aplicables de acuerdo a la idiosincrasia de cada población", y realizarse "con acuerdos y consensos de todos los actores involucrados".
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Fecha de Publicación: 01/06/2016
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Santa Fe
En la última década creció un 300 por ciento la cantidad de pueblos que regularon las aplicaciones ante la presión social.
Desde 2006 a esta parte, en coincidencia con los años del boom de la agricultura industrial basada en el uso intensivo de agroquímicos, unas 80 comunas o municipios de los departamentos del sur de la provincia (sobre 97 que tienen ordenanzas) pusieron en práctica normas para reglamentar las fumigaciones como consecuencia de la creciente presión social respecto a las consecuencias sanitarias y ambientales del modelo agrícola pampeano.
Así se establece en un artículo de divulgación publicado este mes por investigadores de la facultad de Ciencias Agrarias de la UNR, que señala que en los últimos años "los habitantes de pueblos y ciudades perciben la aplicación de fitosanitarios como un riesgo potencial para su salud y para el ambiente".
"La consideración sobre el ambiente está creciendo en la sociedad como punto de atención. Esto está demostrado por el alto grado de preocupación puesto de manifiesto sobre la producción agropecuaria en los últimos tiempos en lo referente al uso de los fitosanitarios", agrega el documento, que explica que esta situación genera inconvenientes entre productores y habitantes de esas zonas. Según se advierte, este proceso se da principalmente en las franjas periurbanas, que constituyen "espacios intermedios y sin delimitación aparente entre lo que se considera que termina el pueblo y comienza el campo".
Los investigadores proponen que para atender este fenómeno social —que se corrobora en el sur de la provincia y que se replica en toda el área pampeana— es necesario desarrollar el concepto de "agromedicina", con el objetivo de "generar un nuevo espacio de información y formación en el manejo de los fitosanitarios para los actores de la producción, de la vida rural y urbana" ya que asocia de manera íntima dos aspectos: la salud y la producción.
Ordenanzas. El trabajo "Relevamiento de normativas sobre aplicaciones de fitosanitarios en zonas periurbanas de los departamentos del sur de Santa Fe" (Bulacio, Giuliani y Gonella) se realizó en los departamentos Belgrano, Iriondo, Rosario, Caseros, Constitución, San Lorenzo y General López, donde sobre 120 localidades censadas se encontró que 97, o sea el 81 por ciento, poseen ordenanzas relativas a la aplicación de fitosanitarios.
Otro dato relevante es que la enorme mayoría de esas regulaciones (casi el 75 por ciento) fueron elaboradas durante el período establecido en los últimos 10 años, cuando el modelo agrícola llegó a su pico de producción y se multiplicó considerablemente la utilización de herbicidas y pesticidas como insumo fundamental para la producción de soja transgénica.
"De las localidades que poseen ordenanzas se observó que la mayor proporción (el 56 por ciento) fueron promulgadas entre los años 2006 y 2010", señala la investigación, que recuerda que en Santa Fe existe legislación sobre el tema desde el año 1978, aunque la que rige en la actualidad es la ley 11.273 sancionada en 1995.
Percepción. Para los investigadores de la facultad de Agrarias, esta explosión normativa de la última década se explica por la atención creciente de la percepción pública sobre las aplicaciones de agroquímicos "debido a los accidentes y posibles malas prácticas en la aplicación de fitosanitarios", lo cuál llevó a que se "mejoraran las regulaciones y los controles" tanto a nivel provincial como municipal.
El trabajo sugiere que tanto los municipios como las comunas "deberán delimitar bien la zona urbana de la rural", y que las ordenanzas promulgadas deben "ser aplicables de acuerdo a la idiosincrasia de cada población", y realizarse "con acuerdos y consensos de todos los actores involucrados".
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Jujuy avanza en el abordaje del Cambio Climático
Avanza la construcción de alianzas y acuerdos para abordar el Cambio Climático
Fecha de Publicación: 01/06/2016
Fuente: Jujuy al Día
Provincia/Región: Jujuy
La Ministra de Ambiente de la Provincia de Jujuy, María Inés Zigarán, y miembros del equipo técnico de la Iniciativa “Jujuy Verde: Carbono Neutral 2030”, se reunieron con el Lic. Federico Colombo Esperoni, especialista en Cambio Climático de la provincia de Salta y actual Vicerrector de Investigación y Desarrollo de la Universidad Católica de Salta (UCASAL), para analizar las respuestas institucionales de las provincias frente al cambio climático y en ese marco acordaron la firma de un convenio para desarrollar una labor conjunta.
Esperoni tuvo a su cargo en el año 2011 la implementación y funcionamiento del Plan Observatorio de Cambio Climático en la Provincia de Salta. En ese contexto, Salta trabajó en la elaboración de una base de datos con la información necesaria para determinar los efectos de corto y largo plazo del cambio climático en la región.
Durante el encuentro junto a la Ministra Zigarán estuvieron también presentes el Asesor Adolfo Kindgard; la Directora de Energías Renovables, Alejandra Cau Cattán, entre otros.
Cabe recordar que Jujuy Verde es la política pública del gobierno de Jujuy para la elaboración y ejecución de programas de mitigación y adaptación al cambio climático. El Poder Ejecutivo, a través del Decreto 1169 del 2 de mayo último, dispuso la implementación de dicha iniciativa bajo la órbita del Ministerio de Ambiente de la provincia y estableció la constitución de un grupo de trabajo Interministerial sobre Cambio Climático.
El programa “Jujuy Verde: Carbono Neutral 2030” tiene como finalidad el diseño, la elaboración e implementación de las estrategias, proyectos y acciones políticas provinciales en materia de mitigación y adaptación al cambio climático, conforme los compromisos internacionales asumidos por la Argentina en el marco del Acuerdo de la COP 21 celebrado en París en diciembre de 2015.
El Grupo de Trabajo Interministerial que tendrá a su cargo la ejecución de la Iniciativa Jujuy Verde tiene como objetivos “trabajar en el diseño, implementación y evaluación de los planes de adaptación y mitigación del cambio climático; desarrollar capacidades técnicas dentro del Estado sobre cambio climático; elaborar un Inventario Provincial sobre Gases Efecto Invernadero; desarrollar mecanismos estratégicos de financiamiento para el cumplimiento de metas ambientales; sistematizar las acciones, proyectos y políticas provinciales que lleven adelante los Ministerios y que signifiquen un aporte al abordaje del cambio climático”.
Asimismo el grupo de trabajo tiene la responsabilidad de “fortalecer la identidad socio-económica, ambiental y cultural de Jujuy como provincia verde, sustentable, comprometida con el cuidado del planeta y consustanciada con una filosofía y un modelo de desarrollo referenciado en los valores culturales de Jujuy, Capital Nacional de la Pachamama”.
“El enfoque interministerial y la perspectiva ambiental transversal en toda la política pública provincial constituyen el reaseguro de la eficacia en los planes que puedan definirse para que la provincia de Jujuy realice contribuciones sustantivas a la estrategia de reducción de gases y al desarrollo sostenible” consideró la Ministra Zigarán, tras valorar el encuentro con el Lic. Speroni.
Finalmente la titular de la cartera ambiental refirió que en el marco de esta Iniciativa se están llevando adelante diversas acciones, como acuerdos interministeriales, pero también se está trabajando en la construcción de una alianza público-privada que involucre a sectores académicos, a la sociedad civil y a los pueblos indígenas en el abordaje del cambio climático que “nos planea una encrujicada histórica, a la que debemos responder con política pública, acuerdos multisectoriales y una férrea solidaridad intergeneracional que garantice las condiciones de vida en el planeta para las futuras generaciones”.
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Fecha de Publicación: 01/06/2016
Fuente: Jujuy al Día
Provincia/Región: Jujuy
La Ministra de Ambiente de la Provincia de Jujuy, María Inés Zigarán, y miembros del equipo técnico de la Iniciativa “Jujuy Verde: Carbono Neutral 2030”, se reunieron con el Lic. Federico Colombo Esperoni, especialista en Cambio Climático de la provincia de Salta y actual Vicerrector de Investigación y Desarrollo de la Universidad Católica de Salta (UCASAL), para analizar las respuestas institucionales de las provincias frente al cambio climático y en ese marco acordaron la firma de un convenio para desarrollar una labor conjunta.
Esperoni tuvo a su cargo en el año 2011 la implementación y funcionamiento del Plan Observatorio de Cambio Climático en la Provincia de Salta. En ese contexto, Salta trabajó en la elaboración de una base de datos con la información necesaria para determinar los efectos de corto y largo plazo del cambio climático en la región.
Durante el encuentro junto a la Ministra Zigarán estuvieron también presentes el Asesor Adolfo Kindgard; la Directora de Energías Renovables, Alejandra Cau Cattán, entre otros.
Cabe recordar que Jujuy Verde es la política pública del gobierno de Jujuy para la elaboración y ejecución de programas de mitigación y adaptación al cambio climático. El Poder Ejecutivo, a través del Decreto 1169 del 2 de mayo último, dispuso la implementación de dicha iniciativa bajo la órbita del Ministerio de Ambiente de la provincia y estableció la constitución de un grupo de trabajo Interministerial sobre Cambio Climático.
El programa “Jujuy Verde: Carbono Neutral 2030” tiene como finalidad el diseño, la elaboración e implementación de las estrategias, proyectos y acciones políticas provinciales en materia de mitigación y adaptación al cambio climático, conforme los compromisos internacionales asumidos por la Argentina en el marco del Acuerdo de la COP 21 celebrado en París en diciembre de 2015.
El Grupo de Trabajo Interministerial que tendrá a su cargo la ejecución de la Iniciativa Jujuy Verde tiene como objetivos “trabajar en el diseño, implementación y evaluación de los planes de adaptación y mitigación del cambio climático; desarrollar capacidades técnicas dentro del Estado sobre cambio climático; elaborar un Inventario Provincial sobre Gases Efecto Invernadero; desarrollar mecanismos estratégicos de financiamiento para el cumplimiento de metas ambientales; sistematizar las acciones, proyectos y políticas provinciales que lleven adelante los Ministerios y que signifiquen un aporte al abordaje del cambio climático”.
Asimismo el grupo de trabajo tiene la responsabilidad de “fortalecer la identidad socio-económica, ambiental y cultural de Jujuy como provincia verde, sustentable, comprometida con el cuidado del planeta y consustanciada con una filosofía y un modelo de desarrollo referenciado en los valores culturales de Jujuy, Capital Nacional de la Pachamama”.
“El enfoque interministerial y la perspectiva ambiental transversal en toda la política pública provincial constituyen el reaseguro de la eficacia en los planes que puedan definirse para que la provincia de Jujuy realice contribuciones sustantivas a la estrategia de reducción de gases y al desarrollo sostenible” consideró la Ministra Zigarán, tras valorar el encuentro con el Lic. Speroni.
Finalmente la titular de la cartera ambiental refirió que en el marco de esta Iniciativa se están llevando adelante diversas acciones, como acuerdos interministeriales, pero también se está trabajando en la construcción de una alianza público-privada que involucre a sectores académicos, a la sociedad civil y a los pueblos indígenas en el abordaje del cambio climático que “nos planea una encrujicada histórica, a la que debemos responder con política pública, acuerdos multisectoriales y una férrea solidaridad intergeneracional que garantice las condiciones de vida en el planeta para las futuras generaciones”.
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Generación distribuida se debatió en Tucumán
Generación distribuida mediante energías renovables: la alternativa que promete un cambio energético en la Argentina
Fecha de Publicación: 31/05/2016
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional
Guido Gubinelli, periodista especializado en energías renovables, opinó para Télam sobre la Generación Distribuida, una alternativa que promete un cambio energético en la Argentina.
En la República Argentina sólo tres provincias cuentan con un marco regulatorio para que usuarios residenciales, comerciales e industriales puedan inyectar energía limpia a la red, por medio de fuentes renovables, a cambio de un resarcimiento en la boleta eléctrica. Estás son: Santa Fe (2009) Salta (2014) y Mendoza (2015).
No obstante, las experiencias de particulares conectados a red son escasas. En el caso de Salta y Mendoza, no comenzaron a motorizarse instalaciones bajo el paraguas del marco legal por cuestiones técnicas aún a resolverse. En lo que respecta a Santa Fe, hasta principios del mes de abril la Empresa Provincial de la Energía (EPE) reconocía la energía limpia aportada por el usuario al mismo precio que se la compraba a la compañía que administra el mercado mayorista eléctrico, CAMMESA, la cual estaba fuertemente subsidiada. Esto provocaba que el gasto inicial de miles de dólares en concepto de compra e instalación de un equipo renovable recién llegará a amortizarse al cabo de algunos lustros, lo que no justificaba la inversión. Hoy el sistema santafecino cuenta con una tarifa promocional más seductora.
Hay que mencionar que en otras provincias existen conexiones de particulares a través de acuerdos individuales con los entes reguladores provinciales. Se trata de casos aislados donde coyunturalmente el usuario cree conveniente la instalación de este tipo de sistemas. No obstante, vale aclarar que este mecanismo de trabajo no es de volcado de energía a la red, sino para una utoconsumo (trabajo en isla).
Pero, ¿cuáles son los beneficios de captar energía limpia a partir de fuentes renovables e inyectarla en tendido de media y baja tensión (Generación Distribuida)? Por un lado, el hecho de generar la energía "in situ", a partir de recursos como el viento, el sol o residuos orgánicos, y consumirla en nodos específicos de la demanda, evita pérdidas propias de la transmisión de energía a grandes distancias. Esto también hace más eficiente al sistema de distribución equilibrando demandas, lo que disminuye cortes de luz provocados por la falta de inversión en líneas de distribución.
Por otro lado, este tipo de generación permite al usuario darle mayores dimensiones de su consumo eléctrico, lo que incentiva a adoptar medidas de uso racional de la energía.
A principios de año, miembros del oficialismo y expertos en el rubro de las energías renovables empezaron a reunirse con el objeto de elaborar un proyecto de Ley de Generación Distribuida a nivel nacional.
La idea no es ninguna novedad, ya que durante 2014 y 2015 nueve legisladores de distintas fuerzas políticas presentaron proyectos en este sentido. No obstante, la idea de este conglomerado de actores es converger tales propuestas, robustecerlas, invitar a estos congresistas a debatir sobre un proyecto ideal y a futuro, finalmente, dar curso legislativo a un proyecto que garantice una efectiva aplicación de este sistema en la práctica. Para ello se evalúan tarifas promocionales que garanticen amortizar rápidamente la inversión inicial de los equipos renovables.
En esta coyuntura es que se realiza en Tucumán, este jueves y viernes, el "Primer Encuentro Nacional sobre Generación Distribuida mediante Energías Renovables".
El encuentro es organizado por el consorcio asociativo público-privado IRESUD, liderado por la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la Universidad Nacional de Tucumán, y la Secretaría de Estado Unidad Ejecutora Provincial.
Sin lugar a dudas, este evento dará un aporte esencial al trabajo nacional en busca de una legislación que habilite a usuarios particulares la inyección a la red limpia a la red, permitiendo que los contribuyentes reduzcan el monto a pagar en sus boletas de luz.
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Fecha de Publicación: 31/05/2016
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional
Guido Gubinelli, periodista especializado en energías renovables, opinó para Télam sobre la Generación Distribuida, una alternativa que promete un cambio energético en la Argentina.
En la República Argentina sólo tres provincias cuentan con un marco regulatorio para que usuarios residenciales, comerciales e industriales puedan inyectar energía limpia a la red, por medio de fuentes renovables, a cambio de un resarcimiento en la boleta eléctrica. Estás son: Santa Fe (2009) Salta (2014) y Mendoza (2015).
No obstante, las experiencias de particulares conectados a red son escasas. En el caso de Salta y Mendoza, no comenzaron a motorizarse instalaciones bajo el paraguas del marco legal por cuestiones técnicas aún a resolverse. En lo que respecta a Santa Fe, hasta principios del mes de abril la Empresa Provincial de la Energía (EPE) reconocía la energía limpia aportada por el usuario al mismo precio que se la compraba a la compañía que administra el mercado mayorista eléctrico, CAMMESA, la cual estaba fuertemente subsidiada. Esto provocaba que el gasto inicial de miles de dólares en concepto de compra e instalación de un equipo renovable recién llegará a amortizarse al cabo de algunos lustros, lo que no justificaba la inversión. Hoy el sistema santafecino cuenta con una tarifa promocional más seductora.
Hay que mencionar que en otras provincias existen conexiones de particulares a través de acuerdos individuales con los entes reguladores provinciales. Se trata de casos aislados donde coyunturalmente el usuario cree conveniente la instalación de este tipo de sistemas. No obstante, vale aclarar que este mecanismo de trabajo no es de volcado de energía a la red, sino para una utoconsumo (trabajo en isla).
Pero, ¿cuáles son los beneficios de captar energía limpia a partir de fuentes renovables e inyectarla en tendido de media y baja tensión (Generación Distribuida)? Por un lado, el hecho de generar la energía "in situ", a partir de recursos como el viento, el sol o residuos orgánicos, y consumirla en nodos específicos de la demanda, evita pérdidas propias de la transmisión de energía a grandes distancias. Esto también hace más eficiente al sistema de distribución equilibrando demandas, lo que disminuye cortes de luz provocados por la falta de inversión en líneas de distribución.
Por otro lado, este tipo de generación permite al usuario darle mayores dimensiones de su consumo eléctrico, lo que incentiva a adoptar medidas de uso racional de la energía.
A principios de año, miembros del oficialismo y expertos en el rubro de las energías renovables empezaron a reunirse con el objeto de elaborar un proyecto de Ley de Generación Distribuida a nivel nacional.
La idea no es ninguna novedad, ya que durante 2014 y 2015 nueve legisladores de distintas fuerzas políticas presentaron proyectos en este sentido. No obstante, la idea de este conglomerado de actores es converger tales propuestas, robustecerlas, invitar a estos congresistas a debatir sobre un proyecto ideal y a futuro, finalmente, dar curso legislativo a un proyecto que garantice una efectiva aplicación de este sistema en la práctica. Para ello se evalúan tarifas promocionales que garanticen amortizar rápidamente la inversión inicial de los equipos renovables.
En esta coyuntura es que se realiza en Tucumán, este jueves y viernes, el "Primer Encuentro Nacional sobre Generación Distribuida mediante Energías Renovables".
El encuentro es organizado por el consorcio asociativo público-privado IRESUD, liderado por la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la Universidad Nacional de Tucumán, y la Secretaría de Estado Unidad Ejecutora Provincial.
Sin lugar a dudas, este evento dará un aporte esencial al trabajo nacional en busca de una legislación que habilite a usuarios particulares la inyección a la red limpia a la red, permitiendo que los contribuyentes reduzcan el monto a pagar en sus boletas de luz.
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Misiones planifica un banco de germoplasma
Crearán banco de germoplasma para preservar las especies
Fecha de Publicación: 31/05/2016
Fuente: Territorio Digital
Provincia/Región: Misiones
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Para preservar las especies
A su vez, se aprobó la creación de un banco genético para preservación de especies locales y el ejercicio administrativo presupuestario del Poder Ejecutivo, del 2014, entre otros temas.
La creación por ley del citado banco provincial de germoplasma vegetal y el banco provincial de germoplasma animal y organismos no vegetales apunta a garantizar la preservación y el correcto aprovechamiento de los recursos genéticos vegetales y animales de la provincia, poniendo a Misiones a la vanguardia de la temática en cuestión.
Como informó el último domingo El Territorio, hay 14 animales declarados Monumentos Naturales, que estarán incluidos en este proyecto de preservación.
El proyecto convertido en ley fue impulsado por el diputado Rovira y vino acompañada con la declaración de interés provincial de todas las actividades tendientes a preservar y ampliar la base genética de todos los seres vivos que conforman la biodiversidad local, que es la mayor del país.
En los fundamentos se explica que Misiones alberga la mayor riqueza genética de organismos animales, vegetales y microbianos de la Argentina y se encuentra a la vanguardia de la preservación y utilización sostenible de dichos recursos.
Para quien propuso el proyecto, la importancia fundamental de este banco radica en que debe entendérselo como “el manejo, preservación y utilización adecuada de los recursos genéticos conocidos, de tal forma que éstos rindan un beneficio sostenible para las generaciones presentes y futuras”.
Se planteó que “la conservación del material genético de las especies animales de la fauna e ictiofauna misionera con técnicas adecuadas de congelación permitirá que dicho material se encuentre disponible para nuevas aplicaciones y disfrute de las generaciones futuras”.
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Fecha de Publicación: 31/05/2016
Fuente: Territorio Digital
Provincia/Región: Misiones
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Para preservar las especies
A su vez, se aprobó la creación de un banco genético para preservación de especies locales y el ejercicio administrativo presupuestario del Poder Ejecutivo, del 2014, entre otros temas.
La creación por ley del citado banco provincial de germoplasma vegetal y el banco provincial de germoplasma animal y organismos no vegetales apunta a garantizar la preservación y el correcto aprovechamiento de los recursos genéticos vegetales y animales de la provincia, poniendo a Misiones a la vanguardia de la temática en cuestión.
Como informó el último domingo El Territorio, hay 14 animales declarados Monumentos Naturales, que estarán incluidos en este proyecto de preservación.
El proyecto convertido en ley fue impulsado por el diputado Rovira y vino acompañada con la declaración de interés provincial de todas las actividades tendientes a preservar y ampliar la base genética de todos los seres vivos que conforman la biodiversidad local, que es la mayor del país.
En los fundamentos se explica que Misiones alberga la mayor riqueza genética de organismos animales, vegetales y microbianos de la Argentina y se encuentra a la vanguardia de la preservación y utilización sostenible de dichos recursos.
Para quien propuso el proyecto, la importancia fundamental de este banco radica en que debe entendérselo como “el manejo, preservación y utilización adecuada de los recursos genéticos conocidos, de tal forma que éstos rindan un beneficio sostenible para las generaciones presentes y futuras”.
Se planteó que “la conservación del material genético de las especies animales de la fauna e ictiofauna misionera con técnicas adecuadas de congelación permitirá que dicho material se encuentre disponible para nuevas aplicaciones y disfrute de las generaciones futuras”.
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Bergman pide debatir sobre minería
Bergman llamó a debatir la minería
Fecha de Publicación: 31/05/2016
Fuente: iEco
Provincia/Región: Nacional
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, sostuvo que tanto en La Rioja como en todo el país hay que discutir pro y contras de la actividad minera “sin banderías políticas ni de campaña “.
Bergman igualmente dejó claro que “las provincias tienen autonomía” sobre sus recursos naturales y solicitó dejar posiciones “anti” y llamó a que sean “a favor” de la legalidad. Para el macrismo “la minería es política de Estado” añadió, de visita en la provincia.
El tema no es menor pues en La Rioja hay una reconocida postura anti megaminería de parte de gran mayoría de la población, sobre todo después de los intentos de explorar y explotar, en años pasados, yacimientos de oro, plata y otros minerales en el cerro Famatina.
El funcionario llamó a los argentinos “a decirnos las cosas como son” sin posiciones “anti”, sino por el contrario “a favor de”. Igual, ello no significa que sea a favor de la actividad minera, sino a “a favor de la legalidad y de cumplir las reglas”.
“A nivel nacional en la administración de Mauricio Macri la minería es una actividad lícita y legal. Es política de Estado su desarrollo para fortalecer la economía, pero de manera sustentable”.
Finalmente y sin pelos en la lengua, el ministro dejó claro que para la Nación “la minería es una actividad que se debe desarrollar y debe crecer para dar trabajo en todos los rincones del país”.
Bergman llegó a La Rioja a inaugurar una planta de tratamiento de residuos en la villa veraniega de Sanagasta y se reunió con el gobernador Sergio Casas y el vicegobernador Néstor Bosetti, reunión en la que participó Paulo Dalessandro, interventor del Pro en La Rioja y uno de los líderes de la lucha antimegaminera.
Por otra parte, Bergman dio a conocer que “estamos trabajando en respetar los consensos sociales y tener de alguna manera la posibilidad de no cerrar ninguna puerta a una conversación y un diálogo constructivo, respetuoso de todos los actores”, sentenció.
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Fecha de Publicación: 31/05/2016
Fuente: iEco
Provincia/Región: Nacional
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, sostuvo que tanto en La Rioja como en todo el país hay que discutir pro y contras de la actividad minera “sin banderías políticas ni de campaña “.
Bergman igualmente dejó claro que “las provincias tienen autonomía” sobre sus recursos naturales y solicitó dejar posiciones “anti” y llamó a que sean “a favor” de la legalidad. Para el macrismo “la minería es política de Estado” añadió, de visita en la provincia.
El tema no es menor pues en La Rioja hay una reconocida postura anti megaminería de parte de gran mayoría de la población, sobre todo después de los intentos de explorar y explotar, en años pasados, yacimientos de oro, plata y otros minerales en el cerro Famatina.
El funcionario llamó a los argentinos “a decirnos las cosas como son” sin posiciones “anti”, sino por el contrario “a favor de”. Igual, ello no significa que sea a favor de la actividad minera, sino a “a favor de la legalidad y de cumplir las reglas”.
“A nivel nacional en la administración de Mauricio Macri la minería es una actividad lícita y legal. Es política de Estado su desarrollo para fortalecer la economía, pero de manera sustentable”.
Finalmente y sin pelos en la lengua, el ministro dejó claro que para la Nación “la minería es una actividad que se debe desarrollar y debe crecer para dar trabajo en todos los rincones del país”.
Bergman llegó a La Rioja a inaugurar una planta de tratamiento de residuos en la villa veraniega de Sanagasta y se reunió con el gobernador Sergio Casas y el vicegobernador Néstor Bosetti, reunión en la que participó Paulo Dalessandro, interventor del Pro en La Rioja y uno de los líderes de la lucha antimegaminera.
Por otra parte, Bergman dio a conocer que “estamos trabajando en respetar los consensos sociales y tener de alguna manera la posibilidad de no cerrar ninguna puerta a una conversación y un diálogo constructivo, respetuoso de todos los actores”, sentenció.
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Denuncian talas de bosques en la Patagonia
Crece la tala ilegal de bosques nativos en la Patagonia
Fecha de Publicación: 30/05/2016
Fuente: Revista El Federal
Provincia/Región: Patagonia
El Servicio Forestal reclama personal para controlar. Son sólo seis personas para 300.000 hectáreas, y con un turno de 7 a 13, luego toda la Reserva Río Azul queda sin control y es allí donde entran a talar, fundamentalmente cipreres, un árbol que tarda un siglo en alcanzar su altura máxima.
Seis personas controlan más de 300 mil hectáreas, de 7 a 13, mientras dura su turno. Las otras dieciocho horas, la reserva forestal Loma del Medio Río Azul (Río Negro), queda prácticamente sola. Y es entonces cuando ocurre: la tala ilegal de árboles nativos y exóticos ha aumentado en los últimos tiempos, según denuncia el jefe del Servicio Forestal Andino, Darío Schaumann.
El modus operandi es más o menos similar cada vez. Entran una o dos personas, cortan con la sierra un ciprés –una especie que tarda unos 80 años en alcanzar su máxima altura– y se lo llevan en camioneta hasta algunas carpinterías de la zona o directamente hacia construcciones rústicas que requieren esta preciada madera. El precio: 400 pesos el metro cúbico, cuando de forma legal, cuesta 1500 pesos
Schaumann reclama que se nombre más personal técnico y operativo para poder cumplir con los controles y con la prevención en las áreas de bosques nativos. Hoy por hoy, la cobertura se hace con 4 guardabosques y 2 técnicos contratados. "No tenemos personal que trabaje por la tarde, más allá de convenios con la Policía y Gendarmería Nacional, que se suman cuando hay denuncias específicas", explicó.
El Jefe del Servicio Forestal Andino destaca el equipamiento reciente (6 pick up nuevas, 1 camión con pluma para decomisos) y el fortalecimiento del vivero, pero reclama "la conformación de un equipo de trabajo para la inspección de campo, la administración y los permisos forestales. De hecho, necesitamos 4 o 5 técnicos y 6 guardabosques", subrayó.
A criterio de los guardaparques con mayor experiencia, la prevención debería incluir "patrullajes en doble turno, ya que hay horarios críticos –principalmente al anochecer y durante los fines de semana–. Hay gente que por hacerse un peso extra no dimensiona que un ciprés demanda casi un siglo en hacerse adulto", dicen.
"El problema es detectar a los infractores y llegar a tiempo", asegura Schaumann. Pero "no contamos con los recursos humanos suficientes para cumplir con nuestra función institucional", en un espacio superior a las 300 mil hectáreas, que incluye el Área Natural Río Azul Lago Escondido, la comuna de El Manso y las nacientes del río Chubut hasta Ñorquinco.
"Tanto en Bariloche como en El Bolsón la problemática es la de siempre: tenemos gente que opera con los respectivos permisos forestales y otros que hacen negocios con la madera de forma clandestina, cuya actividad va en incremento", reflejó Schaumann.
La semana pasada, la Asociación Árbol de Pie denunció en Bariloche la demora del gobierno provincial en cubrir la subsecretaría de Recursos Forestales (vacante desde 2014) y en reforzar el cuerpo de inspectores. Ya en diciembre último los ambientalistas se habían quejado de que los bosques de Bariloche son "una virtual zona liberada", debido a que existe un sólo inspector, y sin un móvil en condiciones para realizar su tarea.
Lo que más preocupa a Árbol de Pie es que nadie controla la tala de bosques en áreas sensibles como el cerro Otto y la Península San Pedro, ni el volteo de árboles sin permiso en terrenos cuyos propietarios se cansan de esperar la habilitación y se despreocupan de las multas "porque son irrisorias".
Las multas, para los que son detectados, arrancan en los 400 pesos y raramente superan los 2.000. "Por lo general –explicó Schaumann– se logra cobrar las multas, porque se retiene algún bien, como el vehículo utilizado o la motosierra, pero los valores no están actualizados". A este panorama se suma que "a esta altura del año comienza también la extracción de leña por parte de muchas familias necesitadas".
Schaumann informó que hay unos 25 aserraderos en su jurisdicción, aunque "4 son los mueven prácticamente toda la producción de la zona ; el resto se dedica más a servicios secundarios".
Acerca de la existencia de materia prima en la región, el jefe del servicio Forestal Andino aseveró que "hoy hay un stock limitado y con una perspectiva acotada porque, de hecho, en Río Negro no se está plantando. Sí hay un porcentaje de bosque nativo, compuesto por madera seca, que complementa el volumen de extracción". La problemática es la misma en casi todo el país, faltan recursos humanos que protegan el medio ambiente.
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Fecha de Publicación: 30/05/2016
Fuente: Revista El Federal
Provincia/Región: Patagonia
El Servicio Forestal reclama personal para controlar. Son sólo seis personas para 300.000 hectáreas, y con un turno de 7 a 13, luego toda la Reserva Río Azul queda sin control y es allí donde entran a talar, fundamentalmente cipreres, un árbol que tarda un siglo en alcanzar su altura máxima.
Seis personas controlan más de 300 mil hectáreas, de 7 a 13, mientras dura su turno. Las otras dieciocho horas, la reserva forestal Loma del Medio Río Azul (Río Negro), queda prácticamente sola. Y es entonces cuando ocurre: la tala ilegal de árboles nativos y exóticos ha aumentado en los últimos tiempos, según denuncia el jefe del Servicio Forestal Andino, Darío Schaumann.
El modus operandi es más o menos similar cada vez. Entran una o dos personas, cortan con la sierra un ciprés –una especie que tarda unos 80 años en alcanzar su máxima altura– y se lo llevan en camioneta hasta algunas carpinterías de la zona o directamente hacia construcciones rústicas que requieren esta preciada madera. El precio: 400 pesos el metro cúbico, cuando de forma legal, cuesta 1500 pesos
Schaumann reclama que se nombre más personal técnico y operativo para poder cumplir con los controles y con la prevención en las áreas de bosques nativos. Hoy por hoy, la cobertura se hace con 4 guardabosques y 2 técnicos contratados. "No tenemos personal que trabaje por la tarde, más allá de convenios con la Policía y Gendarmería Nacional, que se suman cuando hay denuncias específicas", explicó.
El Jefe del Servicio Forestal Andino destaca el equipamiento reciente (6 pick up nuevas, 1 camión con pluma para decomisos) y el fortalecimiento del vivero, pero reclama "la conformación de un equipo de trabajo para la inspección de campo, la administración y los permisos forestales. De hecho, necesitamos 4 o 5 técnicos y 6 guardabosques", subrayó.
A criterio de los guardaparques con mayor experiencia, la prevención debería incluir "patrullajes en doble turno, ya que hay horarios críticos –principalmente al anochecer y durante los fines de semana–. Hay gente que por hacerse un peso extra no dimensiona que un ciprés demanda casi un siglo en hacerse adulto", dicen.
"El problema es detectar a los infractores y llegar a tiempo", asegura Schaumann. Pero "no contamos con los recursos humanos suficientes para cumplir con nuestra función institucional", en un espacio superior a las 300 mil hectáreas, que incluye el Área Natural Río Azul Lago Escondido, la comuna de El Manso y las nacientes del río Chubut hasta Ñorquinco.
"Tanto en Bariloche como en El Bolsón la problemática es la de siempre: tenemos gente que opera con los respectivos permisos forestales y otros que hacen negocios con la madera de forma clandestina, cuya actividad va en incremento", reflejó Schaumann.
La semana pasada, la Asociación Árbol de Pie denunció en Bariloche la demora del gobierno provincial en cubrir la subsecretaría de Recursos Forestales (vacante desde 2014) y en reforzar el cuerpo de inspectores. Ya en diciembre último los ambientalistas se habían quejado de que los bosques de Bariloche son "una virtual zona liberada", debido a que existe un sólo inspector, y sin un móvil en condiciones para realizar su tarea.
Lo que más preocupa a Árbol de Pie es que nadie controla la tala de bosques en áreas sensibles como el cerro Otto y la Península San Pedro, ni el volteo de árboles sin permiso en terrenos cuyos propietarios se cansan de esperar la habilitación y se despreocupan de las multas "porque son irrisorias".
Las multas, para los que son detectados, arrancan en los 400 pesos y raramente superan los 2.000. "Por lo general –explicó Schaumann– se logra cobrar las multas, porque se retiene algún bien, como el vehículo utilizado o la motosierra, pero los valores no están actualizados". A este panorama se suma que "a esta altura del año comienza también la extracción de leña por parte de muchas familias necesitadas".
Schaumann informó que hay unos 25 aserraderos en su jurisdicción, aunque "4 son los mueven prácticamente toda la producción de la zona ; el resto se dedica más a servicios secundarios".
Acerca de la existencia de materia prima en la región, el jefe del servicio Forestal Andino aseveró que "hoy hay un stock limitado y con una perspectiva acotada porque, de hecho, en Río Negro no se está plantando. Sí hay un porcentaje de bosque nativo, compuesto por madera seca, que complementa el volumen de extracción". La problemática es la misma en casi todo el país, faltan recursos humanos que protegan el medio ambiente.
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Rocchia Ferro será juzgado por contaminar
Por primera vez el empresario Rocchia Ferro sería juzgado por contaminación en Tucumán
Fecha de Publicación: 30/05/2016
Fuente: Tucumán Noticias
Provincia/Región: Tucumán
Es por el derrame de vinaza del ingenio La Florida sobre un canal de riego en el este tucumano. Para el fiscal federal Carlos Brito quedó acreditado que esos efluentes son contaminantes y peligrosos para la salud humana. El juicio sería este año. -
Después de muchas denuncias y años de investigación por parte de la Justicia Federal, el empresario azucarero Jorge Rocchia Ferro se sentará por primera vez en el banquillo de los acusados para ser juzgado por contaminación en Tucumán.
El industrial está procesado por arrojar residuos peligrosos derivados del ingenio La Florida en el canal de riego “Este”. Incluso, este curso de agua, en su recorrido final, traspasa hacia la provincia vecina de Santiago del Estero.
Después de una extensa y minuciosa investigación, el fiscal federal Nº1 de Tucumán, Carlos Brito, concluyó que esos residuos peligrosos producían contaminación ambiental e implicaban un riesgo para la salud humana. Por ello, en su dictamen del 6 de noviembre de 2015 no dudó en requerir la elevación a juicio de la causa contra Rocchia Ferro, en su carácter de presidente del directorio de Compañía Azucarera Los Balcanes S.A, firma que explota el ingenio La Florida.
El juez federal Nº1 de Tucumán, Daniel Bejas, dio lugar al pedido de Brito, por lo que la causa quedó a un paso del debate oral y público. Fuentes judiciales estiman que el juicio se concretará este año en la sala de audiencias del Tribunal Oral Federal de Tucumán (TOF).
En su dictamen, al que tuvo acceso periódicomóvil.com, Brito recordó que la causa se inició a raíz de una denuncia telefónica de Irma Díaz, quien solicitaba en ese momento que personal de Gendarmería Nacional se presente en la localidad de La Florida (departamento Cruz Alta) para constatar el vuelco de vinaza sobre un canal de riego.
El acta que realizó ese día Gendarmería Nacional fue la primera evidencia que tuvo el fiscal Brito para luego procesar al industrial por contaminación ambiental. “Se pudo constatar la existencia de un caño de color negro el cual sale del ingenio La Florida, y expulsa gran cantidad de efluente color marrón, con presencia de gran cantidad de espuma y con un fuerte olor nauseabundo y presencia de humo, característico de los efluentes de vinaza…”, informaron en esa oportunidad al fiscal a cargo de la investigación.
Luego el juez Bejas ordenó un allanamiento en la fábrica azucarera para la toma de muestras de líquidos del lugar donde descarga los efluentes para que luego sean analizadas en manos de expertos de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres. Con esos análisis bajo la lupa, un informe de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNT fue contundente: “el volcado de las muestras analizadas en cursos de agua afectan gravemente la vida acuática de arroyos, ríos y embalses al reducir fuertemente el oxígeno disuelto de los mismos, y tampoco pueden emplearse para riego, puesto que aumentan la salinidad de los suelos”. “Los valores hallados en las muestras exceden los límites fijados por normativas provinciales (Resolución 30/09 Secretaría de Medio Ambiente de la provincia). Ello permite afirmar que hubo una efectiva contaminación del suelo”, indicó luego el fiscal en su dictamen final.
Funcionarios de Medio Ambiente de la provincia y de la Nación también realizaron una inspección en el ingenio y constataron que la empresa no tenía “un sistema de tratamiento ni un plan de contingencia para el caso de derrame de sustancias nocivas”. La consecuencia fue inmediata: se dispuso la clausura del establecimiento.
Conclusión el fiscal Brito
La opinión de una experta también fue otro de los fundamentos del requerimiento del fiscal Brito. “El vuelco de efluentes sin tratamiento en canales de riego implica un alto riesgo para la salud de la población dado que los procesos naturales de recuperación y retroalimentación del ecosistema no pueden ocurrir bajo estas condiciones extremas. Y los efectos negativos sobre el cultivo por deficiencia de oxígeno, la reducción de elementos tales como hierro y manganeso a formas divalentes más solubles pueden crear condiciones tóxicas”, alertó la doctora Inés O´Farrell del Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires (UBA-CONICET).
“Así queda acreditado que los efluentes vertidos por el ingenio a un canal de riego son contaminantes y peligrosos para la salud humana. Se verifica en autos la afectación de los dos bienes jurídicos: el medio ambiente y la salud humana”, concluyó el fiscal Brito al solicitar que el empresario Rocchia Ferro sea llevado al banquillo de los acusados como responsable de contaminar el medio ambiente.
De esta manera, el industrial azucarero será juzgado por el delito previsto y penado por el artículo 55 primer párrafo de la ley 24.051, referido a la contaminación ambiental. Para este delito, el Código Penal prevé penas de 3 a 10 años de prisión y una multa que puede ir desde los 10.000 a los 200.000 pesos.
Mientras se espera la fecha del juicio en Tucumán, el empresario está a punto de ser juzgado por el Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero, también por el derrame de vinaza en un canal de riego que afectó a la localidad santiagueña de El Arenal. Pero el inicio del debate se encuentra suspendido por presentaciones de la defensa del industrial tucumano.
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Fecha de Publicación: 30/05/2016
Fuente: Tucumán Noticias
Provincia/Región: Tucumán
Es por el derrame de vinaza del ingenio La Florida sobre un canal de riego en el este tucumano. Para el fiscal federal Carlos Brito quedó acreditado que esos efluentes son contaminantes y peligrosos para la salud humana. El juicio sería este año. -
Después de muchas denuncias y años de investigación por parte de la Justicia Federal, el empresario azucarero Jorge Rocchia Ferro se sentará por primera vez en el banquillo de los acusados para ser juzgado por contaminación en Tucumán.
El industrial está procesado por arrojar residuos peligrosos derivados del ingenio La Florida en el canal de riego “Este”. Incluso, este curso de agua, en su recorrido final, traspasa hacia la provincia vecina de Santiago del Estero.
Después de una extensa y minuciosa investigación, el fiscal federal Nº1 de Tucumán, Carlos Brito, concluyó que esos residuos peligrosos producían contaminación ambiental e implicaban un riesgo para la salud humana. Por ello, en su dictamen del 6 de noviembre de 2015 no dudó en requerir la elevación a juicio de la causa contra Rocchia Ferro, en su carácter de presidente del directorio de Compañía Azucarera Los Balcanes S.A, firma que explota el ingenio La Florida.
El juez federal Nº1 de Tucumán, Daniel Bejas, dio lugar al pedido de Brito, por lo que la causa quedó a un paso del debate oral y público. Fuentes judiciales estiman que el juicio se concretará este año en la sala de audiencias del Tribunal Oral Federal de Tucumán (TOF).
En su dictamen, al que tuvo acceso periódicomóvil.com, Brito recordó que la causa se inició a raíz de una denuncia telefónica de Irma Díaz, quien solicitaba en ese momento que personal de Gendarmería Nacional se presente en la localidad de La Florida (departamento Cruz Alta) para constatar el vuelco de vinaza sobre un canal de riego.
El acta que realizó ese día Gendarmería Nacional fue la primera evidencia que tuvo el fiscal Brito para luego procesar al industrial por contaminación ambiental. “Se pudo constatar la existencia de un caño de color negro el cual sale del ingenio La Florida, y expulsa gran cantidad de efluente color marrón, con presencia de gran cantidad de espuma y con un fuerte olor nauseabundo y presencia de humo, característico de los efluentes de vinaza…”, informaron en esa oportunidad al fiscal a cargo de la investigación.
Luego el juez Bejas ordenó un allanamiento en la fábrica azucarera para la toma de muestras de líquidos del lugar donde descarga los efluentes para que luego sean analizadas en manos de expertos de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres. Con esos análisis bajo la lupa, un informe de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNT fue contundente: “el volcado de las muestras analizadas en cursos de agua afectan gravemente la vida acuática de arroyos, ríos y embalses al reducir fuertemente el oxígeno disuelto de los mismos, y tampoco pueden emplearse para riego, puesto que aumentan la salinidad de los suelos”. “Los valores hallados en las muestras exceden los límites fijados por normativas provinciales (Resolución 30/09 Secretaría de Medio Ambiente de la provincia). Ello permite afirmar que hubo una efectiva contaminación del suelo”, indicó luego el fiscal en su dictamen final.
Funcionarios de Medio Ambiente de la provincia y de la Nación también realizaron una inspección en el ingenio y constataron que la empresa no tenía “un sistema de tratamiento ni un plan de contingencia para el caso de derrame de sustancias nocivas”. La consecuencia fue inmediata: se dispuso la clausura del establecimiento.
Conclusión el fiscal Brito
La opinión de una experta también fue otro de los fundamentos del requerimiento del fiscal Brito. “El vuelco de efluentes sin tratamiento en canales de riego implica un alto riesgo para la salud de la población dado que los procesos naturales de recuperación y retroalimentación del ecosistema no pueden ocurrir bajo estas condiciones extremas. Y los efectos negativos sobre el cultivo por deficiencia de oxígeno, la reducción de elementos tales como hierro y manganeso a formas divalentes más solubles pueden crear condiciones tóxicas”, alertó la doctora Inés O´Farrell del Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires (UBA-CONICET).
“Así queda acreditado que los efluentes vertidos por el ingenio a un canal de riego son contaminantes y peligrosos para la salud humana. Se verifica en autos la afectación de los dos bienes jurídicos: el medio ambiente y la salud humana”, concluyó el fiscal Brito al solicitar que el empresario Rocchia Ferro sea llevado al banquillo de los acusados como responsable de contaminar el medio ambiente.
De esta manera, el industrial azucarero será juzgado por el delito previsto y penado por el artículo 55 primer párrafo de la ley 24.051, referido a la contaminación ambiental. Para este delito, el Código Penal prevé penas de 3 a 10 años de prisión y una multa que puede ir desde los 10.000 a los 200.000 pesos.
Mientras se espera la fecha del juicio en Tucumán, el empresario está a punto de ser juzgado por el Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero, también por el derrame de vinaza en un canal de riego que afectó a la localidad santiagueña de El Arenal. Pero el inicio del debate se encuentra suspendido por presentaciones de la defensa del industrial tucumano.
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Gualeguaychú: gobierno busca recomponer relaciones
Bergman busca recomponer relaciones con Gualeguaychú y la Asamblea
Fecha de Publicación: 30/05/2016
Fuente: informedigital.com.ar
Provincia/Región: Entre Ríos
Luego de haber faltado a la Marcha al Puente contra la pastera UPM-ex Botnia a pedido de Macri, el ministro Sergio Bergman convocó a trabajar por el monitoreo del aire al municipio, la Asamblea, la UNER y la CARU.
Se realizarán este jueves dos reuniones en el Ministerio de Medio Ambiente de la Nación, de la que participarán la Municipalidad de Gualeguaychú, la Asamblea Ciudadana Ambiental, la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos, la UNER, la CARU y científicos de la Comisión Nacional de Energía Atómica.
El gesto de la cartera que dirige el rabino Sergio Bergman busca afianzar los vínculos con el sector ambientalista, luego del desplante del ministro con su faltazo a la 12va Marcha al Puente General San Martín en repudio a la pastera, a la que había confirmado asistencia antes de ser bajado por el presidente Mauricio Macri.
El encuentro buscará “avanzar en planes de trabajo conjunto y el monitoreo de la calidad del aire en la ciudad”, indica la gacetilla enviada a INFORME DIGITAL. La primera reunión será para establecer una agenda de “acciones en común” entre Gualeguaychú, la CARU y el Ministerio, a partir de lo conversado el 13 de mayo cuando Bergman finalmente estuvo en la ciudad de los carnavales.
Se confirmó la presencia en el encuentro del viceintendente Jorge Maradey y la directora de Medio Ambiente Susana Villamonte, por la Municipalidad; del doctor Carlos Augusto Goldaracena y otros dos integrantes de la Asamblea Ambiental; un representante de la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos, y el presidente de la delegación de Argentina en la CARU, Mauro Vazón.
Para la segunda reunión se les sumarán el rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Jorge Gerard, la decana de la Facultad de Bromatología de Gualeguaychú, Bertha Baldi Coronel, y científicos de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Aquí el tema específico será el monitoreo de la calidad del aire en la zona de Gualeguaychú, y se analizaría reubicar en otra zona de la ciudad a la estación instalada en el balneario Ñandubaysal.
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Fecha de Publicación: 30/05/2016
Fuente: informedigital.com.ar
Provincia/Región: Entre Ríos
Luego de haber faltado a la Marcha al Puente contra la pastera UPM-ex Botnia a pedido de Macri, el ministro Sergio Bergman convocó a trabajar por el monitoreo del aire al municipio, la Asamblea, la UNER y la CARU.
Se realizarán este jueves dos reuniones en el Ministerio de Medio Ambiente de la Nación, de la que participarán la Municipalidad de Gualeguaychú, la Asamblea Ciudadana Ambiental, la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos, la UNER, la CARU y científicos de la Comisión Nacional de Energía Atómica.
El gesto de la cartera que dirige el rabino Sergio Bergman busca afianzar los vínculos con el sector ambientalista, luego del desplante del ministro con su faltazo a la 12va Marcha al Puente General San Martín en repudio a la pastera, a la que había confirmado asistencia antes de ser bajado por el presidente Mauricio Macri.
El encuentro buscará “avanzar en planes de trabajo conjunto y el monitoreo de la calidad del aire en la ciudad”, indica la gacetilla enviada a INFORME DIGITAL. La primera reunión será para establecer una agenda de “acciones en común” entre Gualeguaychú, la CARU y el Ministerio, a partir de lo conversado el 13 de mayo cuando Bergman finalmente estuvo en la ciudad de los carnavales.
Se confirmó la presencia en el encuentro del viceintendente Jorge Maradey y la directora de Medio Ambiente Susana Villamonte, por la Municipalidad; del doctor Carlos Augusto Goldaracena y otros dos integrantes de la Asamblea Ambiental; un representante de la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos, y el presidente de la delegación de Argentina en la CARU, Mauro Vazón.
Para la segunda reunión se les sumarán el rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Jorge Gerard, la decana de la Facultad de Bromatología de Gualeguaychú, Bertha Baldi Coronel, y científicos de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Aquí el tema específico será el monitoreo de la calidad del aire en la zona de Gualeguaychú, y se analizaría reubicar en otra zona de la ciudad a la estación instalada en el balneario Ñandubaysal.
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12 preguntas que Barrick todavía no respondió en San Juan
Las 12 preguntas que Barrick Gold todavía no respondió sobre el derrame de cianuro
Fecha de Publicación: 29/05/2016
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: San Juan
Barrick Gold trató de frenarlo. El abogado León Arslanián, que defiende al procesado ex CEO de la minera, Guillermo Caló, presentó un recurso para que el experto Robert Morán no suba a Veladero, en San Juan, donde entre el 12 y 13 de septiembre pasado se derramaron millones de litros de solución cianurada al río Potrerillos. Pero la estrategia fracasó. Fue la primera vez que un perito independiente pisó la mina. Y el martes presentó sus conclusiones en el expediente que tiene a cargo el juez federal Sebastián Casanello.
Según el documento al que accedió Infobae, nunca se va a saber la verdad sobre la dimensión y el impacto ambiental del derrame por la "falta de transparencia" de Barrick Gold y los encargados de controlar.
El especialista también concluyó que Veladero viola la ley de Glaciares y que está contaminando las aguas subterráneas. Pero en el aire quedaron doce preguntas que Barrick Gold todavía no respondió.
¿Por qué oculta los datos sobre metales pesados en el agua?
Barrick Gold había recogido sistemáticamente desde el inicio de sus operaciones información sobre la calidad del agua, pero luego del derrame sólo puso a disposición del público los valores referidos al cianuro libre y total, y al mercurio, omitiendo cientos de sustancias tóxicas. "Tengo muchas preocupaciones acerca de la escasez de datos que se han hecho públicos", confesó Morán.
¿Qué había en la solución derramada?
La solución cianurada, conocida técnicamente como solución PLS, suele tener una mezcla extremadamente tóxica de numerosas formas de cianuro y de cientos de componentes químicos, como aluminio, arsénico, cadmio, plomo, mercurio, níquel, plata, boro y uranio. Sin embargo, Barrick Gold nunca publicó cómo estaba compuesta la solución derramada.
La única información que se tiene es una medicación que supuestamente realizó la consultora externa AMEC, pero que en realidad se basó en los datos aportados por la propia Barrick Gold. Según Morán, esos análisis sólo informan "el pH y la conductividad, y las concentraciones de 11 componentes químicos", dejando afuera "la mayor parte de los componentes potencialmente tóxicos".
Por otra parte, el perito sostuvo que el hecho de que el informe se basara en una medicación realizada cuatro días después del derrame podría tener como objetivo que no se sepa la composición original de la solución.
¿Dónde están los sedimentos contaminados?
Como ya había advertido una pericia de la Policía Federal, Morán recalcó que cuando llegaron los primeros observadores externos a Veladero después del derrame, los sedimentos contaminados ya habían sido excavados y llevados a algún lugar, pero que no brindó detalles sobre el proceso y se limitó a "informar que fueron eliminados en las pilas de lixiviación".
¿Por qué estaba abierta la compuerta por la que se produjo el derrame?
En teoría, la compuerta del Canal Norte que debería haber estado cerrada estaba abierta el día del derrame porque la pileta de contingencia estaba cerca de sus límites y no podía seguir recibiendo agua. Sin embargo, según Morán, "los niveles de escurrimiento deberían ser relativamente bajos durante el invierno", por lo que esa pileta no tenía por qué estar próxima a llenarse. La incertidumbre alimenta la idea de que Veladero podría haber estado siendo sobreexplotada.
Cuánta agua consume Veladero?
La zona es extremadamente seca. En la localidad de Jáchal llueve, en promedio, 14 centímetros por año. Sin embargo, Veladero tiene permiso para usar 100 litros por segundo de las aguas superficiales del Río Las Taguas y otros 10 litros por segundo de pozos poco profundos.
Durante su declaración judicial, el manager de proceso de Veladero, Emiliano Campanella, afirmó que actualmente utilizan sólo el 70% de los volúmenes de agua permitidos, pero a Morán le llamó la atención que los reguladores y los entes de control "no tienen la autoridad y/o capacidad de verificarlo de forma independiente".
En esa línea, subrayó que a más de 10 años del comienzo de operaciones de la mina, Barrick Gold todavía "no presentó ningún documento público detallado sobre el saldo real de agua". De hecho, aclaró que él lo solicitó y no se lo dieron.
¿El derrame afectó la salud de los empleados de Veladero?
Morán advirtió que una vez liberada la solución cianurada en el Canal Norte, esta "habría empezado a reaccionar químicamente con los sedimentos locales, liberando elementos volátiles en el aire". El problema es que parte del cianuro disuelto se habría convertido en un gas tóxico, cianuro de hidrógeno, que es el agente letal usado a menudo en las cámaras de ejecución de presos y que también fue utilizado en los campos de exterminio nazi.
Al respecto, Morán se preguntó si los trabajadores –que en teoría no estaban al tanto del derrame al detectarlo- llevaban ropa protectora y respiradores, y si tuvieron consecuencias negativas en su salud.
¿Dónde están los datos que permitirían evaluar el impacto ambiental?
Los estudios de línea de base son los que se realizan antes del inicio de las actividades mineras para ser comparados con mediciones posteriores y evaluar su impacto ambiental. Pero en el caso de Veladero, para Morán, los datos "son inadecuados" ya que los hizo Barrick Gold y "no son estadísticamente fiables". Además, "sólo contienen mínimos y máximos de las concentraciones, pero no los detalles necesarios para interpretar los datos". Aún así, Morán aventura que Barrick Gold posee los detalles, pero no los hace públicos. Infobae los solicitó infructuosamente en varias ocasiones.
¿Por qué el protocolo que aplica Barrick Gold para manipular cianuro no frenó el derrame?
La minera suele sacar "chapa" de que el personal de Veladero se apega a los procedimientos del Instituto Internacional de Manejo del Cianuro. Lo que no suele aclarar es que el código que creó el organismo fue desarrollado y financiado por la industria minera y los proveedores de cianuro. "Es evidente que no logró impedir el derrame", redundó Morán.
¿Por qué el personal de la consultora externa no participó de las mediciones?
AMEC es una de las consultoras externas con las que trabaja Barrick Gold, que le da un aparente aire de independencia a sus evaluaciones, pero su personal no intervino en los relevamientos de agua y sedimentos posteriores al derrame.
Morán fue muy duro con su trabajo. Aseguró que sus hallazgos "se basan en un gran número de supuestos simplificadores", "es incapaz de considerar los riesgos reales" y en algunos casos su tarea "es tan limitada y simplista como ridícula". Conclusión: "AMEC hace varios pronunciamientos en relación con el comportamiento ambiental del cianuro que son engañosos e incorrectos".
¿Qué hace Barrick Gold para proteger el ambiente periglacial y las aguas subterráneas y superficiales?
Morán destacó que las pilas de desmonte están construidas "directamente sobre la parte superior de los sedimentos periglaciares, sin ningún tipo de revestimiento por debajo", lo que se traduce en que "el drenaje cargado de contaminantes ácidos de estas pilas está entrando en las aguas superficiales y subterráneas".
Asimismo, Morán indicó que "las pilas de desecho de roca están generando drenaje ácido" y que "estas aguas cargadas de contaminantes han descargado en las aguas superficiales y zonas aledañas desde hace años". Conclusión: "Estos drenajes de roca de desechos contaminados están degradando la calidad de las aguas subterráneas en los sedimentos periglaciares locales que tienen una conexión hidrogeológica con las aguas superficiales".
¿Por qué Barrick Gold se opuso a los controles independientes?
Morán cree que nunca se va a saber la verdad de lo que ocurrió, entre otras cosas, porque Barrick Gold controla el acceso a la mina y la información técnica. Sin embargo, el experto consideró que los informes de la minera y los de sus propios consultores "presentan una impresión errónea e incompleta del derrame y su impacto".
En ese sentido, dejó en claro que "toda la información de los primeros días después del derrame provino" de Barrick Gold.
Incluso advirtió que la metodología que usaron los organismos de la ONU que tomaron muestras apeló a "un enfoque muy extraño" y que la mayoría de los informes tienen tantos errores de forma que jamás podrían haber concluido que no hubo impacto ambiental, sino todo lo contrario, que hubo cambios significativos.
¿Dónde están las fotos?
Moran aclaró que el derrame debe haber sido documentado con fotografías aéreas e imágenes satelitales, pero que no le acercaron ninguna durante su visita a la mina.
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Fecha de Publicación: 29/05/2016
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: San Juan
Barrick Gold trató de frenarlo. El abogado León Arslanián, que defiende al procesado ex CEO de la minera, Guillermo Caló, presentó un recurso para que el experto Robert Morán no suba a Veladero, en San Juan, donde entre el 12 y 13 de septiembre pasado se derramaron millones de litros de solución cianurada al río Potrerillos. Pero la estrategia fracasó. Fue la primera vez que un perito independiente pisó la mina. Y el martes presentó sus conclusiones en el expediente que tiene a cargo el juez federal Sebastián Casanello.
Según el documento al que accedió Infobae, nunca se va a saber la verdad sobre la dimensión y el impacto ambiental del derrame por la "falta de transparencia" de Barrick Gold y los encargados de controlar.
El especialista también concluyó que Veladero viola la ley de Glaciares y que está contaminando las aguas subterráneas. Pero en el aire quedaron doce preguntas que Barrick Gold todavía no respondió.
¿Por qué oculta los datos sobre metales pesados en el agua?
Barrick Gold había recogido sistemáticamente desde el inicio de sus operaciones información sobre la calidad del agua, pero luego del derrame sólo puso a disposición del público los valores referidos al cianuro libre y total, y al mercurio, omitiendo cientos de sustancias tóxicas. "Tengo muchas preocupaciones acerca de la escasez de datos que se han hecho públicos", confesó Morán.
¿Qué había en la solución derramada?
La solución cianurada, conocida técnicamente como solución PLS, suele tener una mezcla extremadamente tóxica de numerosas formas de cianuro y de cientos de componentes químicos, como aluminio, arsénico, cadmio, plomo, mercurio, níquel, plata, boro y uranio. Sin embargo, Barrick Gold nunca publicó cómo estaba compuesta la solución derramada.
La única información que se tiene es una medicación que supuestamente realizó la consultora externa AMEC, pero que en realidad se basó en los datos aportados por la propia Barrick Gold. Según Morán, esos análisis sólo informan "el pH y la conductividad, y las concentraciones de 11 componentes químicos", dejando afuera "la mayor parte de los componentes potencialmente tóxicos".
Por otra parte, el perito sostuvo que el hecho de que el informe se basara en una medicación realizada cuatro días después del derrame podría tener como objetivo que no se sepa la composición original de la solución.
¿Dónde están los sedimentos contaminados?
Como ya había advertido una pericia de la Policía Federal, Morán recalcó que cuando llegaron los primeros observadores externos a Veladero después del derrame, los sedimentos contaminados ya habían sido excavados y llevados a algún lugar, pero que no brindó detalles sobre el proceso y se limitó a "informar que fueron eliminados en las pilas de lixiviación".
¿Por qué estaba abierta la compuerta por la que se produjo el derrame?
En teoría, la compuerta del Canal Norte que debería haber estado cerrada estaba abierta el día del derrame porque la pileta de contingencia estaba cerca de sus límites y no podía seguir recibiendo agua. Sin embargo, según Morán, "los niveles de escurrimiento deberían ser relativamente bajos durante el invierno", por lo que esa pileta no tenía por qué estar próxima a llenarse. La incertidumbre alimenta la idea de que Veladero podría haber estado siendo sobreexplotada.
Cuánta agua consume Veladero?
La zona es extremadamente seca. En la localidad de Jáchal llueve, en promedio, 14 centímetros por año. Sin embargo, Veladero tiene permiso para usar 100 litros por segundo de las aguas superficiales del Río Las Taguas y otros 10 litros por segundo de pozos poco profundos.
Durante su declaración judicial, el manager de proceso de Veladero, Emiliano Campanella, afirmó que actualmente utilizan sólo el 70% de los volúmenes de agua permitidos, pero a Morán le llamó la atención que los reguladores y los entes de control "no tienen la autoridad y/o capacidad de verificarlo de forma independiente".
En esa línea, subrayó que a más de 10 años del comienzo de operaciones de la mina, Barrick Gold todavía "no presentó ningún documento público detallado sobre el saldo real de agua". De hecho, aclaró que él lo solicitó y no se lo dieron.
¿El derrame afectó la salud de los empleados de Veladero?
Morán advirtió que una vez liberada la solución cianurada en el Canal Norte, esta "habría empezado a reaccionar químicamente con los sedimentos locales, liberando elementos volátiles en el aire". El problema es que parte del cianuro disuelto se habría convertido en un gas tóxico, cianuro de hidrógeno, que es el agente letal usado a menudo en las cámaras de ejecución de presos y que también fue utilizado en los campos de exterminio nazi.
Al respecto, Morán se preguntó si los trabajadores –que en teoría no estaban al tanto del derrame al detectarlo- llevaban ropa protectora y respiradores, y si tuvieron consecuencias negativas en su salud.
¿Dónde están los datos que permitirían evaluar el impacto ambiental?
Los estudios de línea de base son los que se realizan antes del inicio de las actividades mineras para ser comparados con mediciones posteriores y evaluar su impacto ambiental. Pero en el caso de Veladero, para Morán, los datos "son inadecuados" ya que los hizo Barrick Gold y "no son estadísticamente fiables". Además, "sólo contienen mínimos y máximos de las concentraciones, pero no los detalles necesarios para interpretar los datos". Aún así, Morán aventura que Barrick Gold posee los detalles, pero no los hace públicos. Infobae los solicitó infructuosamente en varias ocasiones.
¿Por qué el protocolo que aplica Barrick Gold para manipular cianuro no frenó el derrame?
La minera suele sacar "chapa" de que el personal de Veladero se apega a los procedimientos del Instituto Internacional de Manejo del Cianuro. Lo que no suele aclarar es que el código que creó el organismo fue desarrollado y financiado por la industria minera y los proveedores de cianuro. "Es evidente que no logró impedir el derrame", redundó Morán.
¿Por qué el personal de la consultora externa no participó de las mediciones?
AMEC es una de las consultoras externas con las que trabaja Barrick Gold, que le da un aparente aire de independencia a sus evaluaciones, pero su personal no intervino en los relevamientos de agua y sedimentos posteriores al derrame.
Morán fue muy duro con su trabajo. Aseguró que sus hallazgos "se basan en un gran número de supuestos simplificadores", "es incapaz de considerar los riesgos reales" y en algunos casos su tarea "es tan limitada y simplista como ridícula". Conclusión: "AMEC hace varios pronunciamientos en relación con el comportamiento ambiental del cianuro que son engañosos e incorrectos".
¿Qué hace Barrick Gold para proteger el ambiente periglacial y las aguas subterráneas y superficiales?
Morán destacó que las pilas de desmonte están construidas "directamente sobre la parte superior de los sedimentos periglaciares, sin ningún tipo de revestimiento por debajo", lo que se traduce en que "el drenaje cargado de contaminantes ácidos de estas pilas está entrando en las aguas superficiales y subterráneas".
Asimismo, Morán indicó que "las pilas de desecho de roca están generando drenaje ácido" y que "estas aguas cargadas de contaminantes han descargado en las aguas superficiales y zonas aledañas desde hace años". Conclusión: "Estos drenajes de roca de desechos contaminados están degradando la calidad de las aguas subterráneas en los sedimentos periglaciares locales que tienen una conexión hidrogeológica con las aguas superficiales".
¿Por qué Barrick Gold se opuso a los controles independientes?
Morán cree que nunca se va a saber la verdad de lo que ocurrió, entre otras cosas, porque Barrick Gold controla el acceso a la mina y la información técnica. Sin embargo, el experto consideró que los informes de la minera y los de sus propios consultores "presentan una impresión errónea e incompleta del derrame y su impacto".
En ese sentido, dejó en claro que "toda la información de los primeros días después del derrame provino" de Barrick Gold.
Incluso advirtió que la metodología que usaron los organismos de la ONU que tomaron muestras apeló a "un enfoque muy extraño" y que la mayoría de los informes tienen tantos errores de forma que jamás podrían haber concluido que no hubo impacto ambiental, sino todo lo contrario, que hubo cambios significativos.
¿Dónde están las fotos?
Moran aclaró que el derrame debe haber sido documentado con fotografías aéreas e imágenes satelitales, pero que no le acercaron ninguna durante su visita a la mina.
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Martino, Urtubey y desmonte en Salta en tierras protegidas
La denuncia a Martino por desmontes que salpica a Urtubey
Fecha de Publicación: 29/05/2016
Fuente: CBA24N
Provincia/Región: Salta
El DT compró tierras a privados que están protegidas por la ley de bosques. El Gobierno salteño promueve el desmonte desde 2007.
En las últimas horas tomó relevancia una denuncia que involucran al DT de la Selección argentina de fútbol, Gerardo "Tata" Martino, con una compra de terrenos en la provincia de Salta, seguido por un intento de desalojo de familias nativas que viven en el lugar y futuros desmontes.
Sin embargo, el hecho de fondo y más grave aún sería el papel que desarrolla el gobierno de Salta de Juan Manuel Urtubey, que estaría propiciando la venta de tierras en zonas resguardadas a través de decretos que violan la Ley Antidesmontes y anticipándose a futuros negocios con cultivos de granos.
En una nota de este jueves, Infobae detalla que Martino compró en 2010 a tres socios dos lotes de la finca El Totoral, ubicada en el departamento Rivadavia, provincia de Salta. Son 5 mil hectáreas donde vive una familia -que asegura estar allí desde hace 120 años- y otras 30 llevan animales a pastar.
Según las averiguaciones del sitio web, Martino afirmó haber comprado el terreno de buena fe, sin saber que vivía gente en él. También habría indicado que su intención es hacer un negocio inmobiliario y no explotar la tierra. Sobre el pedido de desmonte que consiguió del Ministerio de Ambiente de Salta dijo que el propio Gobierno provincial le recomendó arrasar con la vegetación antes de ofrecerlo.
En dicha investigación señala que el entrenador habría realizado maniobras fraudulentas para cumplir con tres requisitos que exige la ley de bosques: la obligatoriedad de realizar estudios de impacto ambiental y social, celebrar una audiencia pública y respetar los derechos de las comunidades.
Urtubey, la política y los desmontes
Dejando a un lado el conflicto entre Martino y una posible estafa de los que le vendieron los terrenos y las acciones del DT con la familia Rea (a quienes les habría ofrecido darles sólo 100 hectáreas), están los negocios del desmonte en Salta, donde se arrasó con 1.320.988 hectáreas desde 1998 a 2014, según el Ministerio de Medio Ambiente de la Nación.
A través de dos decretos firmados por el gobernador Juan Manuel Urtubey, en la provincia del norte se puede violar la ley de bosques: un terreno puede ser "rezonificado" (y salir del área de protección, por caso) con la simple solicitud del titular del lugar y así poder recibir la habilitación del desmonte. Este método ya permitió aproximadamente la destrucción de 120 mil hectáreas desde 2007.
Esta decisión gubernamental se complementa con la clara relación entre la política y el creciente negocio agropecuario en la provincia. Los hermanos del Gobernador, Facundo y José Urtubey, poseen la firma JOFA S.A., dedicada a "explotar o administrar bosques, forestación y reforestación de tierras". El primero de ellos también fue, de forma simultánea, director de la Agencia de Promoción de Salta y titular del Consejo Federal de Planificación y Ordenamiento Territorial (Cofeplan), encargada de velar por la ley de bosques. También formó con otros socios la empresa agropecuaria Unapala SRL.
Entre otros ejemplos se encuentra el empresario y diputado oficialista Alfredo Olmedo, conocido como el Rey de la Soja en Salta, quien ha recibido numerosas denuncias por desmonte irracional y como legislador provincial intentó modificar a su favor la norma que prohíbe el desmonte.
También el actual intendente de Tartagal, Diego Alcoba, es propietario de uno de los aserraderos más importantes de la región y beneficiario directo de los desmontes masivos.
En este contexto, la irregular posesión y venta de los citados terrenos por parte de los antiguos dueños al DT y la aparente recomendación que recibió Martino para desmontar y luego vender, se hace más probable ante una aprente lógica instaurada que atraviesa negociados privados y Estado.
Más aún si se añade el dato que tira el medio gráfico citado: "La mayoría de los terrenos suelen usarse para la ganadería. A lo sumo se planta maíz y sorgo para los animales. Pero en Salta no son pocos los que creen que en cualquier momento el INTA aprobará una semilla transgénica de soja capaz de ser cultivada en la zona".
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Fecha de Publicación: 29/05/2016
Fuente: CBA24N
Provincia/Región: Salta
El DT compró tierras a privados que están protegidas por la ley de bosques. El Gobierno salteño promueve el desmonte desde 2007.
En las últimas horas tomó relevancia una denuncia que involucran al DT de la Selección argentina de fútbol, Gerardo "Tata" Martino, con una compra de terrenos en la provincia de Salta, seguido por un intento de desalojo de familias nativas que viven en el lugar y futuros desmontes.
Sin embargo, el hecho de fondo y más grave aún sería el papel que desarrolla el gobierno de Salta de Juan Manuel Urtubey, que estaría propiciando la venta de tierras en zonas resguardadas a través de decretos que violan la Ley Antidesmontes y anticipándose a futuros negocios con cultivos de granos.
En una nota de este jueves, Infobae detalla que Martino compró en 2010 a tres socios dos lotes de la finca El Totoral, ubicada en el departamento Rivadavia, provincia de Salta. Son 5 mil hectáreas donde vive una familia -que asegura estar allí desde hace 120 años- y otras 30 llevan animales a pastar.
Según las averiguaciones del sitio web, Martino afirmó haber comprado el terreno de buena fe, sin saber que vivía gente en él. También habría indicado que su intención es hacer un negocio inmobiliario y no explotar la tierra. Sobre el pedido de desmonte que consiguió del Ministerio de Ambiente de Salta dijo que el propio Gobierno provincial le recomendó arrasar con la vegetación antes de ofrecerlo.
En dicha investigación señala que el entrenador habría realizado maniobras fraudulentas para cumplir con tres requisitos que exige la ley de bosques: la obligatoriedad de realizar estudios de impacto ambiental y social, celebrar una audiencia pública y respetar los derechos de las comunidades.
Urtubey, la política y los desmontes
Dejando a un lado el conflicto entre Martino y una posible estafa de los que le vendieron los terrenos y las acciones del DT con la familia Rea (a quienes les habría ofrecido darles sólo 100 hectáreas), están los negocios del desmonte en Salta, donde se arrasó con 1.320.988 hectáreas desde 1998 a 2014, según el Ministerio de Medio Ambiente de la Nación.
A través de dos decretos firmados por el gobernador Juan Manuel Urtubey, en la provincia del norte se puede violar la ley de bosques: un terreno puede ser "rezonificado" (y salir del área de protección, por caso) con la simple solicitud del titular del lugar y así poder recibir la habilitación del desmonte. Este método ya permitió aproximadamente la destrucción de 120 mil hectáreas desde 2007.
Esta decisión gubernamental se complementa con la clara relación entre la política y el creciente negocio agropecuario en la provincia. Los hermanos del Gobernador, Facundo y José Urtubey, poseen la firma JOFA S.A., dedicada a "explotar o administrar bosques, forestación y reforestación de tierras". El primero de ellos también fue, de forma simultánea, director de la Agencia de Promoción de Salta y titular del Consejo Federal de Planificación y Ordenamiento Territorial (Cofeplan), encargada de velar por la ley de bosques. También formó con otros socios la empresa agropecuaria Unapala SRL.
Entre otros ejemplos se encuentra el empresario y diputado oficialista Alfredo Olmedo, conocido como el Rey de la Soja en Salta, quien ha recibido numerosas denuncias por desmonte irracional y como legislador provincial intentó modificar a su favor la norma que prohíbe el desmonte.
También el actual intendente de Tartagal, Diego Alcoba, es propietario de uno de los aserraderos más importantes de la región y beneficiario directo de los desmontes masivos.
En este contexto, la irregular posesión y venta de los citados terrenos por parte de los antiguos dueños al DT y la aparente recomendación que recibió Martino para desmontar y luego vender, se hace más probable ante una aprente lógica instaurada que atraviesa negociados privados y Estado.
Más aún si se añade el dato que tira el medio gráfico citado: "La mayoría de los terrenos suelen usarse para la ganadería. A lo sumo se planta maíz y sorgo para los animales. Pero en Salta no son pocos los que creen que en cualquier momento el INTA aprobará una semilla transgénica de soja capaz de ser cultivada en la zona".
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Crean la red nacional para fomentar la agroecología
Crean red nacional de municipios para promover la agroecología
Fecha de Publicación: 29/05/2016
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Nacional
La propuesta apunta a apoyar la producción local de alimentos sin agrotóxicos. Multitudinaria jornada en Rojas, Buenos Aires.
Con el objetivo de promover un modelo agrícola sustentable desde lo social, lo ambiental y lo productivo, representantes de municipios y comunidades de todo el país conformaron una red nacional para fomentar la agroecología (Renama) tras una multitudinaria jornada realizada el pasado sábado 21 de mayo en Rojas, provincia de Buenos Aires.
Médicos, abogados, químicos e ingenieros agrónomos del Conicet, el Inta y diferentes universidades públicas expusieron los límites del modelo agrícola industrial impulsado durante los últimos 20 años en Argentina, cuyos fundamentos son las semillas transgénicas, los agroquímicos y el monocultivo de soja.
El crecimiento exponencial de enfermedades relacionadas con el uso indiscriminado de herbicidas y pesticidas, la pérdida de biodiversidad, la degradación acelerada del recurso suelo y el achicamiento de los márgenes de ganancias debido a la suba sostenida de los insumos químicos son algunos de los problemas que fueron puestos en discusión durante la jornada.
Por la provincia de Santa Fe hubo representantes de gobiernos locales y organizaciones sociales de Rosario, Santa Fe ciudad, Soldini, Ceres y Tostado, así como referentes del Centro de Protección de la Naturaleza y de El Paraná No Se Toca.
Las producciones agroecológicas pueden dar respuesta a una creciente demanda social por parte de los habitantes de las zonas rurales, que ven su salud afectada, y de los municipios, que establecen ordenanzas para intentar poner un límite a la propagación indiscriminada y sin control de productos químicos altamente tóxicos.
Es además un modelo más rentable desde lo económico al prescindir de agroquímicos, cuya utilización y costo en dólares creció de manera exponencial durante los últimos años derribando uno de los falsos mitos del modelo industrial, que sostiene que su uso disminuiría con el tiempo.
Santa Fe es una de las tres provincias con mayor aplicación de agroquímicos del país, lo que llevó a que sólo en los departamentos del sur existan 120 localidades con normativas para regular su uso, según establece un informe reciente de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNR.
En la actualidad, a instancias del Partido Socialista, la Legislatura apura el trámite para una nueva ley de fumigaciones (conocida como la ley Bertero) que en vez de extender los límites para las aplicaciones cercanas a centros poblados, busca reducirlos.
Salud pública. Según Damián Verzeñassi, de la cátedra de salud socioambiental de la Facultad de Medicina de la UNR, existe una multiplicidad de pruebas que permiten afirmar que el modelo agrícola basado en agroquímicos impacta de manera negativa en la salud de la población pampeana.
Esa cátedra universitaria realiza desde varios años campamentos sanitarios a pedido de comunas o municipios que, ante la falta o las muy escasas estadísticas en salud pública que existen en Argentina, precisan trazar un diagnóstico científico sobre el estado de salud de sus poblaciones.
Desde esa cátedra ya se realizaron 25 campamentos sanitarios abarcando a 87 mil personas entre 2014 y 2016, en los cuales las patologías más detectadas son respiratorias y de hipotiroidismo.
"Hay numerosos estudios internacionales que demuestran la relación entre algunos de los compuestos químicos que aparecen en los herbicidas (sobre todo glifosato) con la obesidad infantil, el cáncer de próstata y el hipotiroidismo", señaló el médico, quien agregó que la alta exposición a agroquímicos que se da en la zona pampeana "daña a la salud" en una relación "que existe y que está comprobada".
Transición mundial. La necesidad de ir hacia otra forma de producción de alimentos es una tendencia global, afirmaron expertos franceses del Centro Lascaux sobre las transiciones, de la Universidad de Nantes, Francia, que también participaron del encuentro. "Precisamos una nueva ética para las nuevas tecnologías, bajo el paradigma de la protección de las generaciones futuras", expresaron.
Desde ese centro de investigación se impulsa una propuesta para cambiar la forma en la cual el derecho entiende las actuales relaciones productivas, para pasar hacia un derecho de largo plazo que por ejemplo permita abarcar el fenómeno de la bioacumulación de químicos en los suelos agrícolas.
"Debe existir un derecho a la salud sostenible que se base en el principio de precaución, y que nos permita pensar de otra forma los perjuicios transgeneracionales", explicó Francois Collart Dutilleul, quien agregó que hay que trabajar sobre el concepto de "ecocidio".
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Fecha de Publicación: 29/05/2016
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Nacional
La propuesta apunta a apoyar la producción local de alimentos sin agrotóxicos. Multitudinaria jornada en Rojas, Buenos Aires.
Con el objetivo de promover un modelo agrícola sustentable desde lo social, lo ambiental y lo productivo, representantes de municipios y comunidades de todo el país conformaron una red nacional para fomentar la agroecología (Renama) tras una multitudinaria jornada realizada el pasado sábado 21 de mayo en Rojas, provincia de Buenos Aires.
Médicos, abogados, químicos e ingenieros agrónomos del Conicet, el Inta y diferentes universidades públicas expusieron los límites del modelo agrícola industrial impulsado durante los últimos 20 años en Argentina, cuyos fundamentos son las semillas transgénicas, los agroquímicos y el monocultivo de soja.
El crecimiento exponencial de enfermedades relacionadas con el uso indiscriminado de herbicidas y pesticidas, la pérdida de biodiversidad, la degradación acelerada del recurso suelo y el achicamiento de los márgenes de ganancias debido a la suba sostenida de los insumos químicos son algunos de los problemas que fueron puestos en discusión durante la jornada.
Por la provincia de Santa Fe hubo representantes de gobiernos locales y organizaciones sociales de Rosario, Santa Fe ciudad, Soldini, Ceres y Tostado, así como referentes del Centro de Protección de la Naturaleza y de El Paraná No Se Toca.
Las producciones agroecológicas pueden dar respuesta a una creciente demanda social por parte de los habitantes de las zonas rurales, que ven su salud afectada, y de los municipios, que establecen ordenanzas para intentar poner un límite a la propagación indiscriminada y sin control de productos químicos altamente tóxicos.
Es además un modelo más rentable desde lo económico al prescindir de agroquímicos, cuya utilización y costo en dólares creció de manera exponencial durante los últimos años derribando uno de los falsos mitos del modelo industrial, que sostiene que su uso disminuiría con el tiempo.
Santa Fe es una de las tres provincias con mayor aplicación de agroquímicos del país, lo que llevó a que sólo en los departamentos del sur existan 120 localidades con normativas para regular su uso, según establece un informe reciente de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNR.
En la actualidad, a instancias del Partido Socialista, la Legislatura apura el trámite para una nueva ley de fumigaciones (conocida como la ley Bertero) que en vez de extender los límites para las aplicaciones cercanas a centros poblados, busca reducirlos.
Salud pública. Según Damián Verzeñassi, de la cátedra de salud socioambiental de la Facultad de Medicina de la UNR, existe una multiplicidad de pruebas que permiten afirmar que el modelo agrícola basado en agroquímicos impacta de manera negativa en la salud de la población pampeana.
Esa cátedra universitaria realiza desde varios años campamentos sanitarios a pedido de comunas o municipios que, ante la falta o las muy escasas estadísticas en salud pública que existen en Argentina, precisan trazar un diagnóstico científico sobre el estado de salud de sus poblaciones.
Desde esa cátedra ya se realizaron 25 campamentos sanitarios abarcando a 87 mil personas entre 2014 y 2016, en los cuales las patologías más detectadas son respiratorias y de hipotiroidismo.
"Hay numerosos estudios internacionales que demuestran la relación entre algunos de los compuestos químicos que aparecen en los herbicidas (sobre todo glifosato) con la obesidad infantil, el cáncer de próstata y el hipotiroidismo", señaló el médico, quien agregó que la alta exposición a agroquímicos que se da en la zona pampeana "daña a la salud" en una relación "que existe y que está comprobada".
Transición mundial. La necesidad de ir hacia otra forma de producción de alimentos es una tendencia global, afirmaron expertos franceses del Centro Lascaux sobre las transiciones, de la Universidad de Nantes, Francia, que también participaron del encuentro. "Precisamos una nueva ética para las nuevas tecnologías, bajo el paradigma de la protección de las generaciones futuras", expresaron.
Desde ese centro de investigación se impulsa una propuesta para cambiar la forma en la cual el derecho entiende las actuales relaciones productivas, para pasar hacia un derecho de largo plazo que por ejemplo permita abarcar el fenómeno de la bioacumulación de químicos en los suelos agrícolas.
"Debe existir un derecho a la salud sostenible que se base en el principio de precaución, y que nos permita pensar de otra forma los perjuicios transgeneracionales", explicó Francois Collart Dutilleul, quien agregó que hay que trabajar sobre el concepto de "ecocidio".
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