Río Negro: buscan concretar una Oficina Judicial Ambiental
08:43 | 
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Legisladores buscan crear una Oficina Judicial Ambiental en Río Negro
Fecha de Publicación: 14/08/2014
Fuente: El Ciudadano
Provincia/Región: Río Negro
A principios de febrero de este año, los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación firmaron la acordada Nº 1/2014, por la cual se crea, en su mismo seno, la Oficina Judicial Ambiental, considerando que es vital contar con una judicatura y con instancias judiciales independientes para la puesta en marcha, el desarrollo y la aplicación del derecho ambiental.
En esa misma línea, el bloque de legisladores de la Alianza Concertación propuso este mes conformar por ley la Oficina Judicial Ambiental, bajo la órbita del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro.
La bancada consideró que el Poder Judicial ha adquirido un rol preponderante en las cuestiones ambientales y de política ambiental, lo que viene dado por el aumento de decisiones que ponen fin a cuestiones complejas sobre la materia “donde confluyen muchos intereses en pugna y tensión constante, el más relevante la antagónica lucha entre el desarrollo económico y la sustentabilidad ambiental y protección de los recursos naturales no renovables”.
Refirió que se han creado comisiones ambientales en varias provincias, así como también Tribunales ambientales.
“Todo esto genera una influencia que se prolonga en el tiempo y que promueve una mejora de la justicia social y un claro impulso al derecho ambiental, lo que resulta especialmente importante en países en desarrollo como el nuestro. Es así que sobre la base de la realidad de la provincia de Río Negro en materia ambiental, y con todas las aristas que la temática plantea en tanto el desarrollo sustentable de las distintas localidades de la provincia, es que se promueve crear la Oficina Judicial Ambiental en la órbita del Superior Tribunal de Justicia”.
El bloque propuso que la Oficina Judicial Ambiental se integre por los jueces del Superior Tribunal, representantes de la matricula provincial con especialización en materia ambiental y funcionarios del Ministerio.
La futura Oficina deberá garantizar el respeto por las normas legales y la jerarquía de leyes que rigen en la materia, como así también velar por el cumplimiento de los requisitos legales que las mismas indiquen y buscará identificar diferentes problemáticas regionales, métodos de solución de conflictos, grado de conocimiento de la temática del público en general y consolidación de las políticas de estado del Poder Judicial relativas a la transparencia.
Será primordial trabajar en la capacitación de magistrados, funcionarios y empleados, a través de la coordinación de actividades, con las que se dictarán cursos sobre casos de la Corte y de distintos tribunales del país y deberá afianzarse el poder constitucional que tiene el Superior Tribunal de la provincia, que través de sus fallos define políticas de Estado de carácter institucional y proveyendo de seguridad jurídica a los justiciables, resaltó el bloque de legisladores radicales.
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Fecha de Publicación: 14/08/2014
Fuente: El Ciudadano
Provincia/Región: Río Negro
A principios de febrero de este año, los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación firmaron la acordada Nº 1/2014, por la cual se crea, en su mismo seno, la Oficina Judicial Ambiental, considerando que es vital contar con una judicatura y con instancias judiciales independientes para la puesta en marcha, el desarrollo y la aplicación del derecho ambiental.
En esa misma línea, el bloque de legisladores de la Alianza Concertación propuso este mes conformar por ley la Oficina Judicial Ambiental, bajo la órbita del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro.
La bancada consideró que el Poder Judicial ha adquirido un rol preponderante en las cuestiones ambientales y de política ambiental, lo que viene dado por el aumento de decisiones que ponen fin a cuestiones complejas sobre la materia “donde confluyen muchos intereses en pugna y tensión constante, el más relevante la antagónica lucha entre el desarrollo económico y la sustentabilidad ambiental y protección de los recursos naturales no renovables”.
Refirió que se han creado comisiones ambientales en varias provincias, así como también Tribunales ambientales.
“Todo esto genera una influencia que se prolonga en el tiempo y que promueve una mejora de la justicia social y un claro impulso al derecho ambiental, lo que resulta especialmente importante en países en desarrollo como el nuestro. Es así que sobre la base de la realidad de la provincia de Río Negro en materia ambiental, y con todas las aristas que la temática plantea en tanto el desarrollo sustentable de las distintas localidades de la provincia, es que se promueve crear la Oficina Judicial Ambiental en la órbita del Superior Tribunal de Justicia”.
El bloque propuso que la Oficina Judicial Ambiental se integre por los jueces del Superior Tribunal, representantes de la matricula provincial con especialización en materia ambiental y funcionarios del Ministerio.
La futura Oficina deberá garantizar el respeto por las normas legales y la jerarquía de leyes que rigen en la materia, como así también velar por el cumplimiento de los requisitos legales que las mismas indiquen y buscará identificar diferentes problemáticas regionales, métodos de solución de conflictos, grado de conocimiento de la temática del público en general y consolidación de las políticas de estado del Poder Judicial relativas a la transparencia.
Será primordial trabajar en la capacitación de magistrados, funcionarios y empleados, a través de la coordinación de actividades, con las que se dictarán cursos sobre casos de la Corte y de distintos tribunales del país y deberá afianzarse el poder constitucional que tiene el Superior Tribunal de la provincia, que través de sus fallos define políticas de Estado de carácter institucional y proveyendo de seguridad jurídica a los justiciables, resaltó el bloque de legisladores radicales.
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Comité de Cuenca del Río Chubut quiere el OT
El Comité de Cuenca definió la aplicación de un proyecto de Ordenamiento Territorial
Fecha de Publicación: 14/08/2014
Fuente: El Diario de Madryn
Provincia/Región: Chubut
Días pasados se realizó en Gaiman la segunda Asamblea Ordinaria del Comité de Cuenca del Río Chubut, la quinta desde su creación en abril del año pasado. Durante este encuentro se trabajó sobre distintos temas que tienen seguimiento en el órgano de gobierno del Comité, como es el otorgamiento de permisos de uso de agua, la situación de la Compañía de Riego del Virch y la situación de las lagunas de estabilización de Trelew. Pero además se presentó un proyecto para avanzar en el Ordenamiento Territorial de la cuenca que tendrá una primera experiencia en la parte baja de la cuenca que integran los cinco municipios del Valle Inferior del Río Chubut.
La presentación de este proyecto estuvo a cargo de os ingenieros Carla Pascale, por el Ministerio de Agricultura, y Hugo Méndez, del INTA, presentó las bases del trabajo a encarar en la cuenca, compartiendo lo que sintetizaran en la publicación de una Guía Metodológica para el Ordenamiento Territorial de su autoría.
Así expresó en diálogo con El Diario el Ingeniero Pablo Rimoldi, presidente del Instituto Provincial del Agua, quien destacó en ese marco que “vamos por la quinta asamblea desde que se conformó el año pasado en el mes de abril en El Maitén el comité de cuenca, creo que ya es muy interesante. Porque empieza a mostrar una continuidad y una activa participación de los actores territoriales”.
En dicho encuentro se hizo la presentación “de un tema que surgió en la última reunión del Comité en la que algunos de los participantes del Consejo de Gobierno a raíz del análisis del plan director del Río Chubut que se presentó el año pasado y se está discutiendo de nuevo técnicamente”.
Integración
“Se propuso entonces que a este estudio técnico, hidráulico y productivo había que sumarle otra mirada, que es la que contempla la gente, las ciudades, la cultura, los conflictos entre diferentes municipios”, entonces “lo que estaban pidiendo un poco es lo que hoy llamamos como nueva disciplina el Ordenamiento Territorial”, explicó el funcionario.
Indicó que “por eso pedimos un apoyo metodológico al secretario de Agricultura de la Nación y a raíz de eso se pudo contar con un equipo que es parte de Agricultura de Nación y parte del INTA que está trabajando ya en una decena de experiencias en el país y la que se ha presentado en Chubut es la experiencia del Ordenamiento Territorial del Valle de Uco de Tunuyán, Mendoza”.
Se ha podido explicar “como es el proceso de acuerdos políticos y de ir integrando todas las miradas posibles a lo que es el aprovechamiento del territorio. Esto tiene que ver con el recurso y con las formas de uso de ese recurso”.
Sobre el río “tenemos que definir entre todos los actores territoriales si el río lo queremos solo para irrigar sembradíos, o si lo queremos a parte para el aprovechamiento turístico y recreativo, si queremos que sea parte de la Cultura también. Creo que la posibilidad de diferentes miradas no se agota y este es un proceso básicamente participativo y en función de eso cuantas más miradas podamos integrarle a esto es mejor”.
En definitiva dijo Rimoldi “esto es lo que hemos querido siempre siguiendo el estilo de gestión del Gobernador Buzzi de resolver los temas a través del consenso. Y la sumatoria de miradas integró en el encuentro que realizamos además de los representantes del Consejo de Gobierno, está el Foro de Agua de Trelew y esto nos aporta miradas interesantes”.
Plan Director
Se presentó además “un informe de los organismos técnicos y científicos que están integrados en el Comité –el Ciefap, la Universidad, el INTA- que se han reunido y han conformado un equipo técnico en principio para analizar el plan director, desmenuzarlo y aprovecharlo técnicamente y todo documento y diagnóstico debe estar en permanente actualización para abrir el camino de integrar a esta visión técnica, hidráulica y productiva otras visiones sobre el mismo tema”.
Esperan que “esto nos abra otras vertientes que nos permitan enriquecer la mirada. El encargado de presentar ante el Comité esta mirada técnica fue Miguel Pascual que por ejemplo está coordinando la red de conservación de ecosistemas fluviales de la Patagonia de la que participamos como Instituto activamente”.
Y esta mirada “aporta un modelaje de que es lo que va a pasar con la cuenca en función de las definiciones y decisiones que tomemos en este momento como podría ser forestar o deforestar parte de la cuenca, urbanizar una gran parte de la cuenca o permitir que siga habiendo un activo proceso de desertificación en buena parte del área de recarga de esta cuenca lo que provoca que cada vez que hay precipitaciones hay un gran aporte de sedimentos”.
Se debe “ver si se toman las decisiones para que se equilibre y se frene este proceso de desertificación. Hay infinidad de matices y de miradas para el tema de la cuenca del Río Chubut”.
Al ser consultado por la propuesta del Ordenamiento Territorial, que fue presentado con técnicos de INTA Mendoza y del Ministerio de Agricultura de la Nación, Rimoldi explicó que “estamos queriendo que de la presentación realizada salgan propuestas de iniciar seminarios para capacitar los actores locales para ir instrumentando esto en principio en la cuenca inferior del Río Chubut”.
Esta parte de la cuenca precisamente “no tiene una realidad sencilla porque conviven en ella cinco municipios, cada uno con sus problemáticas, pero unidos por un río y por muchas cuestiones”.
Entonces “nuestro plan de ordenamiento territorial sería un plan estratégico de desarrollo rural y por eso también está la Ministro de Desarrollo Territorial, está también representada la Secretaría de Planeamiento, Medio Ambiente y otros tantos actores”.
Reiteró que “como decimos siempre el Comité de Cuenca no es un ámbito del IPA sino que es de la Cuenca y todos los organismos provinciales y nacionales tenemos que actuar sobre el territorio para poder encontrarnos, potenciarnos, hacer una sinergia en torno a las cuestiones que surgen en el territorio y es algo que no podemos definir desde un escritorio en Rawson” dijo y finalmente sostuvo que “tenemos que estar permanentemente en el territorio y conciliando la mayor cantidad de miradas”, concluyó.
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Fecha de Publicación: 14/08/2014
Fuente: El Diario de Madryn
Provincia/Región: Chubut
Días pasados se realizó en Gaiman la segunda Asamblea Ordinaria del Comité de Cuenca del Río Chubut, la quinta desde su creación en abril del año pasado. Durante este encuentro se trabajó sobre distintos temas que tienen seguimiento en el órgano de gobierno del Comité, como es el otorgamiento de permisos de uso de agua, la situación de la Compañía de Riego del Virch y la situación de las lagunas de estabilización de Trelew. Pero además se presentó un proyecto para avanzar en el Ordenamiento Territorial de la cuenca que tendrá una primera experiencia en la parte baja de la cuenca que integran los cinco municipios del Valle Inferior del Río Chubut.
La presentación de este proyecto estuvo a cargo de os ingenieros Carla Pascale, por el Ministerio de Agricultura, y Hugo Méndez, del INTA, presentó las bases del trabajo a encarar en la cuenca, compartiendo lo que sintetizaran en la publicación de una Guía Metodológica para el Ordenamiento Territorial de su autoría.
Así expresó en diálogo con El Diario el Ingeniero Pablo Rimoldi, presidente del Instituto Provincial del Agua, quien destacó en ese marco que “vamos por la quinta asamblea desde que se conformó el año pasado en el mes de abril en El Maitén el comité de cuenca, creo que ya es muy interesante. Porque empieza a mostrar una continuidad y una activa participación de los actores territoriales”.
En dicho encuentro se hizo la presentación “de un tema que surgió en la última reunión del Comité en la que algunos de los participantes del Consejo de Gobierno a raíz del análisis del plan director del Río Chubut que se presentó el año pasado y se está discutiendo de nuevo técnicamente”.
Integración
“Se propuso entonces que a este estudio técnico, hidráulico y productivo había que sumarle otra mirada, que es la que contempla la gente, las ciudades, la cultura, los conflictos entre diferentes municipios”, entonces “lo que estaban pidiendo un poco es lo que hoy llamamos como nueva disciplina el Ordenamiento Territorial”, explicó el funcionario.
Indicó que “por eso pedimos un apoyo metodológico al secretario de Agricultura de la Nación y a raíz de eso se pudo contar con un equipo que es parte de Agricultura de Nación y parte del INTA que está trabajando ya en una decena de experiencias en el país y la que se ha presentado en Chubut es la experiencia del Ordenamiento Territorial del Valle de Uco de Tunuyán, Mendoza”.
Se ha podido explicar “como es el proceso de acuerdos políticos y de ir integrando todas las miradas posibles a lo que es el aprovechamiento del territorio. Esto tiene que ver con el recurso y con las formas de uso de ese recurso”.
Sobre el río “tenemos que definir entre todos los actores territoriales si el río lo queremos solo para irrigar sembradíos, o si lo queremos a parte para el aprovechamiento turístico y recreativo, si queremos que sea parte de la Cultura también. Creo que la posibilidad de diferentes miradas no se agota y este es un proceso básicamente participativo y en función de eso cuantas más miradas podamos integrarle a esto es mejor”.
En definitiva dijo Rimoldi “esto es lo que hemos querido siempre siguiendo el estilo de gestión del Gobernador Buzzi de resolver los temas a través del consenso. Y la sumatoria de miradas integró en el encuentro que realizamos además de los representantes del Consejo de Gobierno, está el Foro de Agua de Trelew y esto nos aporta miradas interesantes”.
Plan Director
Se presentó además “un informe de los organismos técnicos y científicos que están integrados en el Comité –el Ciefap, la Universidad, el INTA- que se han reunido y han conformado un equipo técnico en principio para analizar el plan director, desmenuzarlo y aprovecharlo técnicamente y todo documento y diagnóstico debe estar en permanente actualización para abrir el camino de integrar a esta visión técnica, hidráulica y productiva otras visiones sobre el mismo tema”.
Esperan que “esto nos abra otras vertientes que nos permitan enriquecer la mirada. El encargado de presentar ante el Comité esta mirada técnica fue Miguel Pascual que por ejemplo está coordinando la red de conservación de ecosistemas fluviales de la Patagonia de la que participamos como Instituto activamente”.
Y esta mirada “aporta un modelaje de que es lo que va a pasar con la cuenca en función de las definiciones y decisiones que tomemos en este momento como podría ser forestar o deforestar parte de la cuenca, urbanizar una gran parte de la cuenca o permitir que siga habiendo un activo proceso de desertificación en buena parte del área de recarga de esta cuenca lo que provoca que cada vez que hay precipitaciones hay un gran aporte de sedimentos”.
Se debe “ver si se toman las decisiones para que se equilibre y se frene este proceso de desertificación. Hay infinidad de matices y de miradas para el tema de la cuenca del Río Chubut”.
Al ser consultado por la propuesta del Ordenamiento Territorial, que fue presentado con técnicos de INTA Mendoza y del Ministerio de Agricultura de la Nación, Rimoldi explicó que “estamos queriendo que de la presentación realizada salgan propuestas de iniciar seminarios para capacitar los actores locales para ir instrumentando esto en principio en la cuenca inferior del Río Chubut”.
Esta parte de la cuenca precisamente “no tiene una realidad sencilla porque conviven en ella cinco municipios, cada uno con sus problemáticas, pero unidos por un río y por muchas cuestiones”.
Entonces “nuestro plan de ordenamiento territorial sería un plan estratégico de desarrollo rural y por eso también está la Ministro de Desarrollo Territorial, está también representada la Secretaría de Planeamiento, Medio Ambiente y otros tantos actores”.
Reiteró que “como decimos siempre el Comité de Cuenca no es un ámbito del IPA sino que es de la Cuenca y todos los organismos provinciales y nacionales tenemos que actuar sobre el territorio para poder encontrarnos, potenciarnos, hacer una sinergia en torno a las cuestiones que surgen en el territorio y es algo que no podemos definir desde un escritorio en Rawson” dijo y finalmente sostuvo que “tenemos que estar permanentemente en el territorio y conciliando la mayor cantidad de miradas”, concluyó.
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Organizaciones critican el apoyo a la incineración
Coalición ambiental critica abordaje dado a residuos sólidos e incentivo de la incineración
Fecha de Publicación: 13/08/2014
Fuente: Adital
Provincia/Región: Nacional
La gran cantidad de basura generada por la población argentina llevó a la quiebra de los sistemas tradicionales de eliminación de residuos, como los rellenos sanitarios. Ante esta situación, una de las propuestas es la incineración. Esta posibilidad, reprobada por las organizaciones ambientales, fue una de las más discutidas en el I Congreso Internacional y IV Congreso Nacional sobre Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, realizado en San Juan, Argentina, del 6 al 8 de agosto.
Después del Congreso, la Coalición Ciudadana Antiincineración, formada por más de 40 organizaciones y ciudadanos argentinos, manifestó su preocupación por el abordaje dado a los residuos sólidos durante el evento y señala que la incineración de residuos fue estimulada bajo el disfraz de valorización energética y poco se hizo para crear medidas reales que modifiquen el sistema insustentable de producción y consumo.
Otra preocupación es por el hecho de que organismos oficiales, como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti) y la provincia de San Juan, están promoviendo la incineración de residuos sólidos urbanos a través del proyecto Versus, financiado por el Fondo Argentino Sectorial (Fonarsec). Este mismo proyecto iba a ser implantado en Mendoza, pero fue ampliamente criticado por la Coalición y la Alianza Global por Alternativas a la Incineración (Gaia), además de haber recibido un parecer técnico negativo. La implantación del Versus está siendo hecho bajo el argumento de que enfocarse en la incineración de residuos orgánicos no afecta el reciclado.
La Coalición Antiincineración esclarece que, en realidad, los materiales orgánicos deben ser reintegrados a los ciclos naturales, mediante procesos como compostaje y biodigestión, tecnologías de bajo costo y con eficacia comprobada, que permiten el tratamiento de los residuos orgánicos tanto en ciudades grandes como pequeñas, además de contribuir en la reversión de la degradación de los suelos.
"La incineración de residuos origina nuevos problemas ambientales y sanitarios, desincentiva la minimización de la generación de residuos, y es incompatible con programas de recuperación, reciclaje y compostaje que valoricen los materiales descartados por la población. Cada año aparecen nuevos estudios que dan cuenta del impacto de estas tecnologías sobre la salud y el ambiente”, defiende la Coalición.
En el sitio web www.noalaincineracion.org, el activista ambiental Mirko Moskat, uno de los integrantes de la Coalición, que estuvo presente en el Congreso, dejó su crítica sobre la distancia entre el discurso y la realidad. "Mientras hablan de separación en origen, terminan destinando casi todos los recursos a desarrollar grandes plantas de tratamiento que terminan operando básicamente con basura mezclada”.
Por su parte, la activista Graciela Demasi observó que los diagnósticos y evaluación de los avances por parte de algunos gobiernos provinciales que fueron al Congreso no parecen coincidir con la realidad, ya que el manejo de los residuos sólidos todavía es muy precario.
"En el país hay cientos de basurales a cielo abierto. Salvo varias experiencias exitosas llevadas adelante por distintos municipios, la mayor parte de los residuos se sigue disponiendo en rellenos sanitarios o basurales, y no se ha promovido la realización de estudios sobre los impactos sanitarios y ambientales de estos sitios”, indicó.
A pesar de las críticas, la Coalición considera importante que el tema de los residuos sólidos haya sido llevado a debate. El próximo paso a ser dado por los gobiernos de Argentina y del mundo es tomar decisiones políticas pertinentes para comenzar a dar un tratamiento adecuado a los residuos, apuntando a aspectos sociales y ambientales.
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Fecha de Publicación: 13/08/2014
Fuente: Adital
Provincia/Región: Nacional
La gran cantidad de basura generada por la población argentina llevó a la quiebra de los sistemas tradicionales de eliminación de residuos, como los rellenos sanitarios. Ante esta situación, una de las propuestas es la incineración. Esta posibilidad, reprobada por las organizaciones ambientales, fue una de las más discutidas en el I Congreso Internacional y IV Congreso Nacional sobre Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, realizado en San Juan, Argentina, del 6 al 8 de agosto.
Después del Congreso, la Coalición Ciudadana Antiincineración, formada por más de 40 organizaciones y ciudadanos argentinos, manifestó su preocupación por el abordaje dado a los residuos sólidos durante el evento y señala que la incineración de residuos fue estimulada bajo el disfraz de valorización energética y poco se hizo para crear medidas reales que modifiquen el sistema insustentable de producción y consumo.
Otra preocupación es por el hecho de que organismos oficiales, como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti) y la provincia de San Juan, están promoviendo la incineración de residuos sólidos urbanos a través del proyecto Versus, financiado por el Fondo Argentino Sectorial (Fonarsec). Este mismo proyecto iba a ser implantado en Mendoza, pero fue ampliamente criticado por la Coalición y la Alianza Global por Alternativas a la Incineración (Gaia), además de haber recibido un parecer técnico negativo. La implantación del Versus está siendo hecho bajo el argumento de que enfocarse en la incineración de residuos orgánicos no afecta el reciclado.
La Coalición Antiincineración esclarece que, en realidad, los materiales orgánicos deben ser reintegrados a los ciclos naturales, mediante procesos como compostaje y biodigestión, tecnologías de bajo costo y con eficacia comprobada, que permiten el tratamiento de los residuos orgánicos tanto en ciudades grandes como pequeñas, además de contribuir en la reversión de la degradación de los suelos.
"La incineración de residuos origina nuevos problemas ambientales y sanitarios, desincentiva la minimización de la generación de residuos, y es incompatible con programas de recuperación, reciclaje y compostaje que valoricen los materiales descartados por la población. Cada año aparecen nuevos estudios que dan cuenta del impacto de estas tecnologías sobre la salud y el ambiente”, defiende la Coalición.
En el sitio web www.noalaincineracion.org, el activista ambiental Mirko Moskat, uno de los integrantes de la Coalición, que estuvo presente en el Congreso, dejó su crítica sobre la distancia entre el discurso y la realidad. "Mientras hablan de separación en origen, terminan destinando casi todos los recursos a desarrollar grandes plantas de tratamiento que terminan operando básicamente con basura mezclada”.
Por su parte, la activista Graciela Demasi observó que los diagnósticos y evaluación de los avances por parte de algunos gobiernos provinciales que fueron al Congreso no parecen coincidir con la realidad, ya que el manejo de los residuos sólidos todavía es muy precario.
"En el país hay cientos de basurales a cielo abierto. Salvo varias experiencias exitosas llevadas adelante por distintos municipios, la mayor parte de los residuos se sigue disponiendo en rellenos sanitarios o basurales, y no se ha promovido la realización de estudios sobre los impactos sanitarios y ambientales de estos sitios”, indicó.
A pesar de las críticas, la Coalición considera importante que el tema de los residuos sólidos haya sido llevado a debate. El próximo paso a ser dado por los gobiernos de Argentina y del mundo es tomar decisiones políticas pertinentes para comenzar a dar un tratamiento adecuado a los residuos, apuntando a aspectos sociales y ambientales.
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Santiago presentó su plan integral forestal
Presentaron plan integral forestal para la provincia
Fecha de Publicación: 13/08/2014
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Santiago del Estero
Especialistas evaluaron la posibilidad de concretar trabajos de forestación y reforestación en áreas degradadas de la provincia mediante bosques implantados.
Ayer, en el marco de la quinta reunión ordinaria de la Mesa Foresto Industrial de Santiago del Estero (Mefise) se hizo entrega del primer informe del plan forestal provincial que solicitó la Dirección de Bosques de la provincia, y que fuera elaborado por la Comisión de Producción designada por la mesa.
El encuentro contó con la participación de los representantes de distintas instituciones (Ministerio de Producción, INTA, INTI, UNSE, SSAF, DPF, Instituto de la Llanura Chaqueña, Cámara de la Madera y Colegio de Ingenieros Forestales y Agrónomos).
La Provincia solicitó a dicha mesa de trabajo emitir una opinión sobre el plan provincial de forestación y reforestación de áreas degradadas de la provincia, y analizar la posibilidad de implementar bosques implantados, la instalación de viveros y demás particularidades.
Desde la sanción de la Ley 25080 para inversiones en bosques cultivados, la provincia cuenta con alrededor de 1.500 hectáreas forestadas con algarrobo blanco, de diferentes edades y años, y en diferentes situaciones. “Se presume que hay otras 1.000 hectáreas que están fuera de dicha ley, plantadas anteriormente o que son iniciativas privadas que no entraron en la participación de la ley”, resaltó a Nuevo Diario el Ing. Leandro Arce de la Dirección de Producción Forestal, dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
“El objetivo es generar un desarrollo productivo con un número de determinadas hectáreas plantadas, y pensar un Polo Foresto - Industrial vinculado a la materia prima, concentrado en una región”, recalcó el especialista sobre el proyecto, que seguirá su curso de evaluación.
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Fecha de Publicación: 13/08/2014
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Santiago del Estero
Especialistas evaluaron la posibilidad de concretar trabajos de forestación y reforestación en áreas degradadas de la provincia mediante bosques implantados.
Ayer, en el marco de la quinta reunión ordinaria de la Mesa Foresto Industrial de Santiago del Estero (Mefise) se hizo entrega del primer informe del plan forestal provincial que solicitó la Dirección de Bosques de la provincia, y que fuera elaborado por la Comisión de Producción designada por la mesa.
El encuentro contó con la participación de los representantes de distintas instituciones (Ministerio de Producción, INTA, INTI, UNSE, SSAF, DPF, Instituto de la Llanura Chaqueña, Cámara de la Madera y Colegio de Ingenieros Forestales y Agrónomos).
La Provincia solicitó a dicha mesa de trabajo emitir una opinión sobre el plan provincial de forestación y reforestación de áreas degradadas de la provincia, y analizar la posibilidad de implementar bosques implantados, la instalación de viveros y demás particularidades.
Desde la sanción de la Ley 25080 para inversiones en bosques cultivados, la provincia cuenta con alrededor de 1.500 hectáreas forestadas con algarrobo blanco, de diferentes edades y años, y en diferentes situaciones. “Se presume que hay otras 1.000 hectáreas que están fuera de dicha ley, plantadas anteriormente o que son iniciativas privadas que no entraron en la participación de la ley”, resaltó a Nuevo Diario el Ing. Leandro Arce de la Dirección de Producción Forestal, dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
“El objetivo es generar un desarrollo productivo con un número de determinadas hectáreas plantadas, y pensar un Polo Foresto - Industrial vinculado a la materia prima, concentrado en una región”, recalcó el especialista sobre el proyecto, que seguirá su curso de evaluación.
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Santa Cruz: la UTN sigue evaluando la mareomotriz
UTN continúa estudios sobre energía mareomotriz
Fecha de Publicación: 13/08/2014
Fuente: La Opinión Austral
Provincia/Región: Santa Cruz
Investigadores de la Universidad Tecnológica Nacional y del Conicet avanzan en el estudio del recurso energético marítimo de la Patagonia Austral. De la iniciativa participa la Ing. Norma De Cristófaro, de la Facultad Regional Santa Cruz, el Ing. Gustavo Seisdedos, integrante de Y-TEC y los investigadores de CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas).
Todos ellos serán los encargados de llevar a cabo “un proyecto que tiene como objetivo recabar y obtener información para evaluar la futura posibilidad de obtener energía mareomotriz en nuestro país. Es de gran importancia como energía renovable y en este proyecto tenemos como principal actividades la colocación que haremos, en los próximos días, de una boya interoceánica que ubicaremos en estuarios del río Gallegos”, manifestó Norma De Cristófaro.
Además, sostuvo que “este proyecto significa mucho para la UTN por dos aspectos, tanto por la formación de nuestros profesionales, ya que la iniciativa ofrece la posibilidad a los jóvenes de formarse en un área importante como la energética. Igualmente, nos permite a través de la financiación que recibimos, para nuestro laboratorio. Se va a comprar un microscopio electrónico, primero en nuestra provincia, donde tendremos la posibilidad a abrir el camino para estudiar materiales”.
Por su parte, el Ing. Gustavo Seisdedos expresó que todo este proyecto significa “volver a la fuente de investigación que tenía YPF antes de la privatización. Este proyecto tiene una importancia radical en el déficit energético que vive nuestro país. Es una manera más para sustentar ese déficit, diversificar esa matriz. Es emblemático a nivel nacional y muy importante que es impulsado actualmente por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación”.
Estudios
En cuanto a los próximos pasos a realizar, De Cristófaro sostuvo que la boya interoceánica “obtendrá información acerca de las condiciones meteorológicas de la zona y de la potencia de las olas para producir energía. Instalaremos un sistema porta instrumento en los fondos del estuario y obtendremos los valores de corriente marina, salinidad, valores de turbidez, valores de contenido de oxígeno, son todos datos que podrán ser utilizados para obtener energía del mar”, continuó.
Asimismo, Seisdedos remarcó que esta “es una iniciativa emblemática porque no existe un proyecto tal hasta la fecha en cuanto a la recopilación de datos. Va a generar la puerta de entrada para futuras inversiones en generación de energía eléctrica, donde esta energía será inyectada a la red del Sistema Interconectado Nacional inaugurado hace poco tiempo por nuestra presidenta. El objetivo es conectar esos datos, armar una biblioteca y que quede para poder ser utilizada para próximos estudios”.
Del mismo modo, aclaró que “también se piensa hacer una renovación del laboratorio de la UTN-FRSC en lo que es electrólices del agua de mar y corrosión, fundamentalmente, donde Norma De Cristófaro va a quedar liderando el equipo”.
Aunque se poseen claros indicios de estos altos potenciales de la Patagonia para generar energía del mar, la casi total ausencia de datos fehacientes en este contexto resulta una debilidad a la hora de decidir las inversiones que puedan aprovechar esta fuente renovable. Si bien las alturas de marea están más documentadas, no han existido hasta ahora mediciones sistemáticas de las velocidades de corrientes en las costas de la Patagonia Austral, y es por lo tanto de suma importancia iniciar estudios en este sentido.
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Fecha de Publicación: 13/08/2014
Fuente: La Opinión Austral
Provincia/Región: Santa Cruz
Investigadores de la Universidad Tecnológica Nacional y del Conicet avanzan en el estudio del recurso energético marítimo de la Patagonia Austral. De la iniciativa participa la Ing. Norma De Cristófaro, de la Facultad Regional Santa Cruz, el Ing. Gustavo Seisdedos, integrante de Y-TEC y los investigadores de CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas).
Todos ellos serán los encargados de llevar a cabo “un proyecto que tiene como objetivo recabar y obtener información para evaluar la futura posibilidad de obtener energía mareomotriz en nuestro país. Es de gran importancia como energía renovable y en este proyecto tenemos como principal actividades la colocación que haremos, en los próximos días, de una boya interoceánica que ubicaremos en estuarios del río Gallegos”, manifestó Norma De Cristófaro.
Además, sostuvo que “este proyecto significa mucho para la UTN por dos aspectos, tanto por la formación de nuestros profesionales, ya que la iniciativa ofrece la posibilidad a los jóvenes de formarse en un área importante como la energética. Igualmente, nos permite a través de la financiación que recibimos, para nuestro laboratorio. Se va a comprar un microscopio electrónico, primero en nuestra provincia, donde tendremos la posibilidad a abrir el camino para estudiar materiales”.
Por su parte, el Ing. Gustavo Seisdedos expresó que todo este proyecto significa “volver a la fuente de investigación que tenía YPF antes de la privatización. Este proyecto tiene una importancia radical en el déficit energético que vive nuestro país. Es una manera más para sustentar ese déficit, diversificar esa matriz. Es emblemático a nivel nacional y muy importante que es impulsado actualmente por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación”.
Estudios
En cuanto a los próximos pasos a realizar, De Cristófaro sostuvo que la boya interoceánica “obtendrá información acerca de las condiciones meteorológicas de la zona y de la potencia de las olas para producir energía. Instalaremos un sistema porta instrumento en los fondos del estuario y obtendremos los valores de corriente marina, salinidad, valores de turbidez, valores de contenido de oxígeno, son todos datos que podrán ser utilizados para obtener energía del mar”, continuó.
Asimismo, Seisdedos remarcó que esta “es una iniciativa emblemática porque no existe un proyecto tal hasta la fecha en cuanto a la recopilación de datos. Va a generar la puerta de entrada para futuras inversiones en generación de energía eléctrica, donde esta energía será inyectada a la red del Sistema Interconectado Nacional inaugurado hace poco tiempo por nuestra presidenta. El objetivo es conectar esos datos, armar una biblioteca y que quede para poder ser utilizada para próximos estudios”.
Del mismo modo, aclaró que “también se piensa hacer una renovación del laboratorio de la UTN-FRSC en lo que es electrólices del agua de mar y corrosión, fundamentalmente, donde Norma De Cristófaro va a quedar liderando el equipo”.
Aunque se poseen claros indicios de estos altos potenciales de la Patagonia para generar energía del mar, la casi total ausencia de datos fehacientes en este contexto resulta una debilidad a la hora de decidir las inversiones que puedan aprovechar esta fuente renovable. Si bien las alturas de marea están más documentadas, no han existido hasta ahora mediciones sistemáticas de las velocidades de corrientes en las costas de la Patagonia Austral, y es por lo tanto de suma importancia iniciar estudios en este sentido.
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Riachuelo, con algunos logros, con mucho esfuerzo
Sanear el Riachuelo argentino, un tango para bailar más de dos
Fecha de Publicación: 12/08/2014
Fuente: IPS
Provincia/Región: Riachuelo
Inmortalizada por un famoso tango, la “Niebla del riachuelo” comienza a disiparse en la cuenca hidrográfica argentina más industrial y contaminada. Pero siglos de abandono y la compleja articulación de intereses políticos y económicos dificultan un saneamiento que requiere más que una pareja para bailar al compás.
El río que recorre 64 kilómetros desde el partido (distrito) de La Matanza, de la oriental provincia de Buenos Aires, hasta el turístico barrio de La Boca, en la capital, fue ilustrado en 1937 por el tango de Enrique Cadícamo y Juan Carlos Cobián, como un “turbio fondeadero donde van a recalar barcos que en el muelle para siempre han de quedar”.
Pero lejos de las licencias poéticas de un tango con innumerables versiones, fue en realidad durante dos siglos, un vertedero de desechos cloacales e industriales, con un olor hediondo.
Ahora, gracias al Plan Integral de Saneamiento Ambiental aprobado en 2011, la situación cambió en la cuenca llamada Matanza en sus orígenes y Riachuelo en su desembocadura al río de la Plata.
“La niebla no está más…porque era un factor que tenía que ver con la contaminación del agua… así que pobre Cadícamo, no podría volver a escribir Niebla del Riachuelo”, destacó a Tierramérica el vicepresidente ejecutivo de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), Antolín Magallanes.
En 2008, la Corte Suprema de Justicia instó a sanear Riachuelo a Acumar, integrada por los gobiernos nacional, provincial y capitalino y que involucra a los 14 municipios de la cuenca.
“En 30 años de democracia la creación de Acumar (en 2006) es un tremendo avance histórico, porque por primera vez permitió que tres jurisdicciones puedan articular una gestión, que la sociedad civil controle, incluso gestiones no todas del mismo color político”, destacó Magallanes.
“Eso es parte del saneamiento. No es solo la basura que está en el río, porque la basura que está en el río expresa la no unión anterior de todas esas partes”, ilustró.
En la cuenca viven más de cinco millones de personas, 10 por ciento en barrios precarios. De ese total, 35 por ciento carece de agua potable y 55 de cloacas.
Entre otros resultados, el plan removió unos 60 buques abandonados en el río, que la metáfora del tango describió como un “torvo cementerio de naves que al morir, sueñan sin embargo que hacia el mar han de partir”.
También extrajo unas 1.500 toneladas de residuos sólidos del espejo de agua y de las márgenes, y abrió el camino de sirga, un borde de 35 metros para limpiar la orilla y así poder tener acceso, control y saneamiento del cuerpo de agua.
Además, se incorporaron 1,5 millones de habitantes a la red de agua potable y ahora se realizan evaluaciones sanitarias en áreas de riesgo y se construyen 14 centros de salud.
“Estamos cubriendo algo que no existía: un perfil en salud ambiental específico de la cuenca Matanza Riachuelo, que dará resultados nuevos”, subrayó Magallanes.
La no gubernamental Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) señala que aunque “lo realizado resulta necesario, es muy bajo en relación a todo lo que queda por hacer”.
“Estructuralmente se hizo muy poco. Con retraso, vienen encarándose obras de saneamiento para que el Riachuelo no siga siendo una cloaca a cielo abierto”, especificó a Tierramérica el presidente de la independiente Fundación Metropolitana, Pedro Del Piero.
Eso comenzará a salir del papel, a través de un financiamiento de 840 millones de dólares del Banco Mundial.
Para ello, se construirá un gran tubo colector en la margen izquierda del Riachuelo, que conducirá los residuos cloacales a diferentes plantas de tratamiento, para evitar su descarga directa al cauce.
Además se establecerán estaciones de aireación y un emisario subfluvial, una gran tubería subterránea de 11,5 kilómetros, que transportará y descargará aguas residuales ya tratadas hasta el cauce del río de la Plata.
Eso permitirá “que usos hasta el momento inimaginables, como pasear por el río y otras actividades recreativas, sean posibles”, resumió Daniel Mira-Salama, del Banco Mundial.
Andrés Nápoli, director de FARN, pide además un control más riguroso de la contaminación industrial, junto con leyes que cambien las actuales, “sumamente permisivas”.
La organización ambientalista Greenpeace denunció en junio que no había mejoras en la calidad del agua, dada la presencia de 0,5 miligramos de oxígeno por litro, cuando serían necesarios cinco miligramos para la vida acuática.
Otro informe, este de Cruz Verde Internacional, resaltó que el suelo ribereño tiene niveles muy altos de zinc, cobre, níquel y mercurio entre otros elementos.
Magallanes descalificó el informe como “viejo”, al basarse en datos del trienio 2008-2010.
De un total de 15.000 fábricas registradas en la cuenca, ya 459 se reconvirtieron y otras 1.300 están en proceso de hacerlo, entre ellas las más contaminantes.
Allí existe “una tensión muy grande”, admitió Magallanes, para quien la cuenca es “una especie de metáfora de Argentina”.
Es “el lugar por donde pasaron la conquista, el desarrollo y revolución industrial” y que la crisis argentina de 2001 castigó con el cierre de industrias y desempleo, recordó.
“Eso implica muchas conductas muy arraigadas que hay que cambiar, y que las empresas de a poco vayan tomando conciencia”, justificó.
Nápoli atribuye la lentitud al “gran entramado de intereses políticos y económicos del conurbano bonaerense”, agravado por “las peleas políticas” de diferentes “colores políticos”, entre el gobierno de la presidenta Cristina Fernández y la oposición que gobierna la capital.
Acumar “está todo el tiempo a merced de los avatares políticos de los funcionarios federales de turno”, coincidió Del Piero.
Para Magallanes, son dificultades normales dentro de la democracia.
“Antes cada jurisdicción hacía su limpieza, tenía su librito de manual ambiental, o no hacía nada”, argumentó.
Acumar reubicó 122 familias de zonas de riesgo, está construyendo más de 1.900 viviendas y avanza con otros 1.600 proyectos.
Pero Nápoli lo considera insuficiente: “Hay personas vulnerables en bordes de arroyos, o conviviendo con industrias contaminadas. “Seis años después del fallo de la Corte no sabemos quiénes están en riesgo”, acotó.
También consideró urgente la remoción de vertederos de basura de diferentes dimensiones. De los 186 desalojados de la cuenca, 70 por ciento resurgieron, dijo Nápoli, para quien el origen del problema es una gestión que “entregó” la basura “al control” de los municipios.
Para solucionarlo, Acumar está estableciendo plantas de tratamiento de residuos sólidos urbanos municipales.
“En la disipación definitiva de las nieblas del riachuelo, vamos por un camino muy positivo. De la tensión a la transformación”, evaluó Magallanes.
“Obvio que falta un montón por hacer. Pero todos ya estamos discutiendo el río. Eso es bueno. Es parte de esa recuperación”, sintetizó.
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Fecha de Publicación: 12/08/2014
Fuente: IPS
Provincia/Región: Riachuelo
Inmortalizada por un famoso tango, la “Niebla del riachuelo” comienza a disiparse en la cuenca hidrográfica argentina más industrial y contaminada. Pero siglos de abandono y la compleja articulación de intereses políticos y económicos dificultan un saneamiento que requiere más que una pareja para bailar al compás.
El río que recorre 64 kilómetros desde el partido (distrito) de La Matanza, de la oriental provincia de Buenos Aires, hasta el turístico barrio de La Boca, en la capital, fue ilustrado en 1937 por el tango de Enrique Cadícamo y Juan Carlos Cobián, como un “turbio fondeadero donde van a recalar barcos que en el muelle para siempre han de quedar”.
Pero lejos de las licencias poéticas de un tango con innumerables versiones, fue en realidad durante dos siglos, un vertedero de desechos cloacales e industriales, con un olor hediondo.
Ahora, gracias al Plan Integral de Saneamiento Ambiental aprobado en 2011, la situación cambió en la cuenca llamada Matanza en sus orígenes y Riachuelo en su desembocadura al río de la Plata.
“La niebla no está más…porque era un factor que tenía que ver con la contaminación del agua… así que pobre Cadícamo, no podría volver a escribir Niebla del Riachuelo”, destacó a Tierramérica el vicepresidente ejecutivo de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), Antolín Magallanes.
En 2008, la Corte Suprema de Justicia instó a sanear Riachuelo a Acumar, integrada por los gobiernos nacional, provincial y capitalino y que involucra a los 14 municipios de la cuenca.
“En 30 años de democracia la creación de Acumar (en 2006) es un tremendo avance histórico, porque por primera vez permitió que tres jurisdicciones puedan articular una gestión, que la sociedad civil controle, incluso gestiones no todas del mismo color político”, destacó Magallanes.
“Eso es parte del saneamiento. No es solo la basura que está en el río, porque la basura que está en el río expresa la no unión anterior de todas esas partes”, ilustró.
En la cuenca viven más de cinco millones de personas, 10 por ciento en barrios precarios. De ese total, 35 por ciento carece de agua potable y 55 de cloacas.
Entre otros resultados, el plan removió unos 60 buques abandonados en el río, que la metáfora del tango describió como un “torvo cementerio de naves que al morir, sueñan sin embargo que hacia el mar han de partir”.
También extrajo unas 1.500 toneladas de residuos sólidos del espejo de agua y de las márgenes, y abrió el camino de sirga, un borde de 35 metros para limpiar la orilla y así poder tener acceso, control y saneamiento del cuerpo de agua.
Además, se incorporaron 1,5 millones de habitantes a la red de agua potable y ahora se realizan evaluaciones sanitarias en áreas de riesgo y se construyen 14 centros de salud.
“Estamos cubriendo algo que no existía: un perfil en salud ambiental específico de la cuenca Matanza Riachuelo, que dará resultados nuevos”, subrayó Magallanes.
La no gubernamental Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) señala que aunque “lo realizado resulta necesario, es muy bajo en relación a todo lo que queda por hacer”.
“Estructuralmente se hizo muy poco. Con retraso, vienen encarándose obras de saneamiento para que el Riachuelo no siga siendo una cloaca a cielo abierto”, especificó a Tierramérica el presidente de la independiente Fundación Metropolitana, Pedro Del Piero.
Eso comenzará a salir del papel, a través de un financiamiento de 840 millones de dólares del Banco Mundial.
Para ello, se construirá un gran tubo colector en la margen izquierda del Riachuelo, que conducirá los residuos cloacales a diferentes plantas de tratamiento, para evitar su descarga directa al cauce.
Además se establecerán estaciones de aireación y un emisario subfluvial, una gran tubería subterránea de 11,5 kilómetros, que transportará y descargará aguas residuales ya tratadas hasta el cauce del río de la Plata.
Eso permitirá “que usos hasta el momento inimaginables, como pasear por el río y otras actividades recreativas, sean posibles”, resumió Daniel Mira-Salama, del Banco Mundial.
Andrés Nápoli, director de FARN, pide además un control más riguroso de la contaminación industrial, junto con leyes que cambien las actuales, “sumamente permisivas”.
La organización ambientalista Greenpeace denunció en junio que no había mejoras en la calidad del agua, dada la presencia de 0,5 miligramos de oxígeno por litro, cuando serían necesarios cinco miligramos para la vida acuática.
Otro informe, este de Cruz Verde Internacional, resaltó que el suelo ribereño tiene niveles muy altos de zinc, cobre, níquel y mercurio entre otros elementos.
Magallanes descalificó el informe como “viejo”, al basarse en datos del trienio 2008-2010.
De un total de 15.000 fábricas registradas en la cuenca, ya 459 se reconvirtieron y otras 1.300 están en proceso de hacerlo, entre ellas las más contaminantes.
Allí existe “una tensión muy grande”, admitió Magallanes, para quien la cuenca es “una especie de metáfora de Argentina”.
Es “el lugar por donde pasaron la conquista, el desarrollo y revolución industrial” y que la crisis argentina de 2001 castigó con el cierre de industrias y desempleo, recordó.
“Eso implica muchas conductas muy arraigadas que hay que cambiar, y que las empresas de a poco vayan tomando conciencia”, justificó.
Nápoli atribuye la lentitud al “gran entramado de intereses políticos y económicos del conurbano bonaerense”, agravado por “las peleas políticas” de diferentes “colores políticos”, entre el gobierno de la presidenta Cristina Fernández y la oposición que gobierna la capital.
Acumar “está todo el tiempo a merced de los avatares políticos de los funcionarios federales de turno”, coincidió Del Piero.
Para Magallanes, son dificultades normales dentro de la democracia.
“Antes cada jurisdicción hacía su limpieza, tenía su librito de manual ambiental, o no hacía nada”, argumentó.
Acumar reubicó 122 familias de zonas de riesgo, está construyendo más de 1.900 viviendas y avanza con otros 1.600 proyectos.
Pero Nápoli lo considera insuficiente: “Hay personas vulnerables en bordes de arroyos, o conviviendo con industrias contaminadas. “Seis años después del fallo de la Corte no sabemos quiénes están en riesgo”, acotó.
También consideró urgente la remoción de vertederos de basura de diferentes dimensiones. De los 186 desalojados de la cuenca, 70 por ciento resurgieron, dijo Nápoli, para quien el origen del problema es una gestión que “entregó” la basura “al control” de los municipios.
Para solucionarlo, Acumar está estableciendo plantas de tratamiento de residuos sólidos urbanos municipales.
“En la disipación definitiva de las nieblas del riachuelo, vamos por un camino muy positivo. De la tensión a la transformación”, evaluó Magallanes.
“Obvio que falta un montón por hacer. Pero todos ya estamos discutiendo el río. Eso es bueno. Es parte de esa recuperación”, sintetizó.
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La desigualdad brutal de la distribución de las tierras
La tierra, en pocas manos
Fecha de Publicación: 12/08/2014
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Según la organización internacional Grain, en Argentina en veinte años desapareció un tercio de las chacras más pequeñas. En el mundo, el 90 por ciento de los agricultores es campesino e indígena, pero tiene sólo el 25 por ciento de la tierra.
El 90 por ciento de los agricultores del mundo es campesino e indígena, pero tiene sólo el 25 por ciento de la tierra. La agricultura campesina produce hasta 80 por ciento del alimento en los países no industrializados. Y la concentración de tierras en pocas manos es un fenómeno global. Son algunas de las conclusiones de la investigación Hambrientos de Tierra, de la organización internacional Grain. El estudio procesa información oficial y académica de las última dos décadas y ofrece una radiografía de la situación de la tierra a nivel mundial. En Argentina, en veinte años, desapareció el 33 por ciento de las chacras más pequeñas. “Es necesario y urgente revertir la tendencia actual y entregar a los pequeños agricultores los medios para alimentar al mundo”, propone la investigación.
“Los campesinos alimentan al mundo con menos de una cuarta parte de la tierra agrícola”, es el subtítulo del informe de Grain, una organización que se especializa en el análisis del modelo agropecuario y el rol de las corporaciones. En la segunda página del informe confronta contra la Organización para la Agricultura y la Alimentación de Naciones Unidas (FAO): “Inauguró 2014 como el Año Internacional de la Agricultura Familiar, cantó las loas de los agricultores familiares pero ni una sola vez mencionó la necesidad de una reforma agraria. Por el contrario, anunció que las fincas familiares ya tenían la mayor parte de la tierra, la increíble cifra de 70 por ciento”.
El informe de Grain afirma todo lo contrario. Más del 90 por ciento de los agricultores del mundo es campesino e indígena, pero controla menos de un cuarto de la tierra agrícola mundial. Y, con esa poca tierra, produce la mayor parte de la alimentación. En promedio, las fincas de los campesinos tienen sólo 2,2 hectáreas.
El trabajo ordena la información por continentes. Para América latina y el Caribe señala que las pequeñas chacras representan el 80 por ciento (17.894) del total y cuentan sólo con el 19 por ciento de la tierra cultivable (172.686 hectáreas). “Las fincas pequeñas están siendo marginadas a menos tierras”, explica la investigación y detalla que en treinta países se dan las mayores inequidades, donde los campesinos representa más del 70 por ciento de las fincas y tienen menos del diez por ciento de la tierra. De los treinta más injustos, seis son de América: Chile, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela.
En el apartado III el informe detalla que los campesinos e indígenas están perdiendo rápidamente fincas, mientras crecen las grandes chacras. De América latina sobresalen los casos de Argentina, que perdió más de un tercio de sus chacras entre 1988 y 2008 (sólo entre 2002 y 2008 desapareció el 18 por ciento de las pequeñas fincas). En Chile, entre 1997 y 2007, se perdió el 15 por ciento de las chacras más pequeñas. En Colombia, entre 1980 y la actualidad, los campesinos perdieron la mitad de la tierra que poseían. En Uruguay, en los últimos catorce años, desapareció el 20 por ciento de las chacras.
Carlos Vicente, uno de los investigadores del informe, remarcó que “la pérdida en Argentina de un 33 por ciento de los pequeños productores en 20 años demuestra cómo el modelo sojero ha sido depredador” y alertó que “la posibilidad de sostener una alimentación autónoma de nuestro pueblo se ve profundamente jaqueada”. Vicente revalorizó que los campesinos en Argentina tienen el 5,8 por ciento de la tierra y “siguen siendo los principales productores de alimentos del país”.
Grain establece una relación directa entre la pérdida de tierras de pequeños productores y el avance de la megaminería, el petróleo, gas y monocultivos. “La tremenda expansión de las megafincas dedicadas a los monocultivos industriales es quizás el factor más importante detrás del desalojo de los pequeños agricultores”, afirma, y detalla particularmente cuatro monocultivos: caña de azúcar, canola (colza), palma aceitera y soja. Señala que, en los últimos cincuenta años, 160 millones de hectáreas fueron ocupadas por los monocultivos. “Más y más tierra agrícola fértil es ocupada por grandes fincas que producen materias primas industriales para exportación, presionando a los pequeños productores a una siempre decreciente participación sobre la tierra”, asegura. Y advierte que, según la misma FAO, para 2050 la superficie mundial sembrada con soja aumentará un 33 por ciento; la caña de azúcar, un 28 por ciento, y la canola, un 16 por ciento.
“Con mucha rapidez estamos perdiendo fincas y campesinos por la concentración de tierra a manos de los ricos y los poderosos. Si no revertimos esta tendencia, el mundo perderá su capacidad para alimentarse a sí mismo”, advirtió Henk Hobbelink, coordinador de Grain.
La investigación alerta que la concentración de la tierra “está llegando a niveles extremos” y que esa política tiene una consecuencia directa en el número creciente de personas que pasan hambre en el mundo. “Necesitamos, en forma urgente y a una escala nunca antes vista, revisar y relanzar programas de reforma agraria y reconstitución territorial genuinos que devuelvan la tierra a manos campesinas e indígenas”, alerta Grain.
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Fecha de Publicación: 12/08/2014
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Según la organización internacional Grain, en Argentina en veinte años desapareció un tercio de las chacras más pequeñas. En el mundo, el 90 por ciento de los agricultores es campesino e indígena, pero tiene sólo el 25 por ciento de la tierra.
El 90 por ciento de los agricultores del mundo es campesino e indígena, pero tiene sólo el 25 por ciento de la tierra. La agricultura campesina produce hasta 80 por ciento del alimento en los países no industrializados. Y la concentración de tierras en pocas manos es un fenómeno global. Son algunas de las conclusiones de la investigación Hambrientos de Tierra, de la organización internacional Grain. El estudio procesa información oficial y académica de las última dos décadas y ofrece una radiografía de la situación de la tierra a nivel mundial. En Argentina, en veinte años, desapareció el 33 por ciento de las chacras más pequeñas. “Es necesario y urgente revertir la tendencia actual y entregar a los pequeños agricultores los medios para alimentar al mundo”, propone la investigación.
“Los campesinos alimentan al mundo con menos de una cuarta parte de la tierra agrícola”, es el subtítulo del informe de Grain, una organización que se especializa en el análisis del modelo agropecuario y el rol de las corporaciones. En la segunda página del informe confronta contra la Organización para la Agricultura y la Alimentación de Naciones Unidas (FAO): “Inauguró 2014 como el Año Internacional de la Agricultura Familiar, cantó las loas de los agricultores familiares pero ni una sola vez mencionó la necesidad de una reforma agraria. Por el contrario, anunció que las fincas familiares ya tenían la mayor parte de la tierra, la increíble cifra de 70 por ciento”.
El informe de Grain afirma todo lo contrario. Más del 90 por ciento de los agricultores del mundo es campesino e indígena, pero controla menos de un cuarto de la tierra agrícola mundial. Y, con esa poca tierra, produce la mayor parte de la alimentación. En promedio, las fincas de los campesinos tienen sólo 2,2 hectáreas.
El trabajo ordena la información por continentes. Para América latina y el Caribe señala que las pequeñas chacras representan el 80 por ciento (17.894) del total y cuentan sólo con el 19 por ciento de la tierra cultivable (172.686 hectáreas). “Las fincas pequeñas están siendo marginadas a menos tierras”, explica la investigación y detalla que en treinta países se dan las mayores inequidades, donde los campesinos representa más del 70 por ciento de las fincas y tienen menos del diez por ciento de la tierra. De los treinta más injustos, seis son de América: Chile, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela.
En el apartado III el informe detalla que los campesinos e indígenas están perdiendo rápidamente fincas, mientras crecen las grandes chacras. De América latina sobresalen los casos de Argentina, que perdió más de un tercio de sus chacras entre 1988 y 2008 (sólo entre 2002 y 2008 desapareció el 18 por ciento de las pequeñas fincas). En Chile, entre 1997 y 2007, se perdió el 15 por ciento de las chacras más pequeñas. En Colombia, entre 1980 y la actualidad, los campesinos perdieron la mitad de la tierra que poseían. En Uruguay, en los últimos catorce años, desapareció el 20 por ciento de las chacras.
Carlos Vicente, uno de los investigadores del informe, remarcó que “la pérdida en Argentina de un 33 por ciento de los pequeños productores en 20 años demuestra cómo el modelo sojero ha sido depredador” y alertó que “la posibilidad de sostener una alimentación autónoma de nuestro pueblo se ve profundamente jaqueada”. Vicente revalorizó que los campesinos en Argentina tienen el 5,8 por ciento de la tierra y “siguen siendo los principales productores de alimentos del país”.
Grain establece una relación directa entre la pérdida de tierras de pequeños productores y el avance de la megaminería, el petróleo, gas y monocultivos. “La tremenda expansión de las megafincas dedicadas a los monocultivos industriales es quizás el factor más importante detrás del desalojo de los pequeños agricultores”, afirma, y detalla particularmente cuatro monocultivos: caña de azúcar, canola (colza), palma aceitera y soja. Señala que, en los últimos cincuenta años, 160 millones de hectáreas fueron ocupadas por los monocultivos. “Más y más tierra agrícola fértil es ocupada por grandes fincas que producen materias primas industriales para exportación, presionando a los pequeños productores a una siempre decreciente participación sobre la tierra”, asegura. Y advierte que, según la misma FAO, para 2050 la superficie mundial sembrada con soja aumentará un 33 por ciento; la caña de azúcar, un 28 por ciento, y la canola, un 16 por ciento.
“Con mucha rapidez estamos perdiendo fincas y campesinos por la concentración de tierra a manos de los ricos y los poderosos. Si no revertimos esta tendencia, el mundo perderá su capacidad para alimentarse a sí mismo”, advirtió Henk Hobbelink, coordinador de Grain.
La investigación alerta que la concentración de la tierra “está llegando a niveles extremos” y que esa política tiene una consecuencia directa en el número creciente de personas que pasan hambre en el mundo. “Necesitamos, en forma urgente y a una escala nunca antes vista, revisar y relanzar programas de reforma agraria y reconstitución territorial genuinos que devuelvan la tierra a manos campesinas e indígenas”, alerta Grain.
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Van nuevamente a La Haya por Botnia pero con pruebas
El Gobierno llevará pruebas a La Haya contra la ex Botnia
Fecha de Publicación: 12/08/2014
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Nacional
Una delegación oficial presentará material para ampliar la denuncia por el incremento de la producción de la pastera uruguaya.
El senador Pedro Guastavino (FpV) aseguró ayer que una delegación de la Comisión Administradora del Río Uruguay y la Cancillería están juntando pruebas para volver a La Haya y denunciar a Uruguay por la producción de la pastera UPM (ex Botnia).
El legislador adelantó que el Senado convocará “a los miembros argentinos de la CARU y a la consejera legal de Cancillería, Susana Ruiz Cerruti, para que informen de los argumentos y fundamentos por los cuales se decide ir a La Haya”.
Guastavino dijo que buscan dar “sustento de que nuevamente Uruguay ha violado el Tratado del Río Uruguay, que sigue actuando de mala fe, y que además ha violado los acuerdos de ambos presidentes y el fallo de La Haya, al haber autorizado en forma unilateral el aumento de la producción a la planta”.
Argentina recurrió a la corte internacional en 2006, denunciando una violación al Estatuto del Río Uruguay. En 2010, La Haya le permitió a la pastera seguir operando, aunque reconoció el incumplimiento uruguayo del tratado.
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Fecha de Publicación: 12/08/2014
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Nacional
Una delegación oficial presentará material para ampliar la denuncia por el incremento de la producción de la pastera uruguaya.
El senador Pedro Guastavino (FpV) aseguró ayer que una delegación de la Comisión Administradora del Río Uruguay y la Cancillería están juntando pruebas para volver a La Haya y denunciar a Uruguay por la producción de la pastera UPM (ex Botnia).
El legislador adelantó que el Senado convocará “a los miembros argentinos de la CARU y a la consejera legal de Cancillería, Susana Ruiz Cerruti, para que informen de los argumentos y fundamentos por los cuales se decide ir a La Haya”.
Guastavino dijo que buscan dar “sustento de que nuevamente Uruguay ha violado el Tratado del Río Uruguay, que sigue actuando de mala fe, y que además ha violado los acuerdos de ambos presidentes y el fallo de La Haya, al haber autorizado en forma unilateral el aumento de la producción a la planta”.
Argentina recurrió a la corte internacional en 2006, denunciando una violación al Estatuto del Río Uruguay. En 2010, La Haya le permitió a la pastera seguir operando, aunque reconoció el incumplimiento uruguayo del tratado.
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Recurso judicial contra los cotos de caza en Santa Fe
Santa Fe: ofensiva judicial para que se prohíban los cotos de caza en el territorio de la provincia
Fecha de Publicación: 11/08/2014
Fuente: Noticias Ambientales
Provincia/Región: Santa Fe
La organización no gubernamental "Capibara, Naturaleza, Derecho y Sociedad" presentó un recurso judicial para impugnar la autorización que otorgó la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia a una estancia del norte santafesino que funcionaba como coto de caza y criadero de especies exóticas. Pero la acción va mucho más allá. Sus impulsores quieren que sea el puntapié de una ofensiva para terminar con este tipo de emprendimientos, informa La Capital.
La medida, que apela a la ley 10.000 de intereses difusos, apunta a implementar la revisión sobre dos resoluciones de la Secretaria de Medio Ambiente de la provincia de Santa Fe que en enero y febrero último oficializó el funcionamiento del establecimiento que ya tenía actividad cinegética desde hace más de veinte años.
Si bien el trámite fue presentado el 22 de mayo, por el receso judicial de invierno aún se desconocen los términos de la contestación de la demanda por parte de la provincia y el propietario de la estancia, llamada La Primavera.
También persigue la intención de redefinir los parámetros y las decisiones estratégicas a la hora de evaluar y autorizar este tipo de emprendimientos. "Esta medida nos permite además generar la oportunidad de discutir las políticas de protección de la libertad biológica a nivel provincial, evaluar los procedimientos a seguir y ajustar las exigencias de las evaluaciones de impacto ambiental", explicó la integrante de la ONG, Valeria Berros. "Estas deben ser estratégicas y no tener solamente en cuenta a este coto de caza en particular, sino la situación general respecto a la caza deportiva en Santa Fe, ya que con una simple búsqueda en internet se puede notar que existen muchísimos cotos de caza tanto en esta provincia como en otras, donde funcionan ilegalmente".
Bienes colectivos. La especialista sostuvo que "hay que empezar a discutir y analizar qué medidas se toman, porque se trata de bienes que son colectivos y por lo tanto hay que evaluar qué es lo que se hace, porque esto trasciende los intereses particulares. No estamos hablando sólo de un acto administrativo que autoriza el funcionamiento de un coto de caza, que resulta por sí mismo pasible de múltiples objeciones de rango constitucional. La provincia respaldó además dos décadas de funcionamiento ilegal de una firma que reconoce a más de 2 mil especies animales autóctonas y exóticas actualmente en situación de cautiverio, disponibles para cazadores nacionales y extranjeros", analizó.
A su entender, la actividad que se desarrolla en torno a los cotos de caza "es una de las tantas manifestaciones de la profunda y triste separación entre los humanos y los no humanos, y de la explotación despiadada que genera una renta a costa de la muerte de seres vivos justificada en su mentado carácter deportivo".
Respecto a la normativa vigente existe una resolución de 2003, que habilita la caza deportiva en predios privados con autorización del dueño o en cotos que deben ser habilitados por Medio Ambiente. Esta es la primera habilitación que se otorga conforme a los parámetros de esa resolución. "Sería bueno empezar a revisar y ver qué lineamientos se pueden aplicar en términos legislativos y de política pública", sostuvo Berros.
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Fecha de Publicación: 11/08/2014
Fuente: Noticias Ambientales
Provincia/Región: Santa Fe
La organización no gubernamental "Capibara, Naturaleza, Derecho y Sociedad" presentó un recurso judicial para impugnar la autorización que otorgó la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia a una estancia del norte santafesino que funcionaba como coto de caza y criadero de especies exóticas. Pero la acción va mucho más allá. Sus impulsores quieren que sea el puntapié de una ofensiva para terminar con este tipo de emprendimientos, informa La Capital.
La medida, que apela a la ley 10.000 de intereses difusos, apunta a implementar la revisión sobre dos resoluciones de la Secretaria de Medio Ambiente de la provincia de Santa Fe que en enero y febrero último oficializó el funcionamiento del establecimiento que ya tenía actividad cinegética desde hace más de veinte años.
Si bien el trámite fue presentado el 22 de mayo, por el receso judicial de invierno aún se desconocen los términos de la contestación de la demanda por parte de la provincia y el propietario de la estancia, llamada La Primavera.
También persigue la intención de redefinir los parámetros y las decisiones estratégicas a la hora de evaluar y autorizar este tipo de emprendimientos. "Esta medida nos permite además generar la oportunidad de discutir las políticas de protección de la libertad biológica a nivel provincial, evaluar los procedimientos a seguir y ajustar las exigencias de las evaluaciones de impacto ambiental", explicó la integrante de la ONG, Valeria Berros. "Estas deben ser estratégicas y no tener solamente en cuenta a este coto de caza en particular, sino la situación general respecto a la caza deportiva en Santa Fe, ya que con una simple búsqueda en internet se puede notar que existen muchísimos cotos de caza tanto en esta provincia como en otras, donde funcionan ilegalmente".
Bienes colectivos. La especialista sostuvo que "hay que empezar a discutir y analizar qué medidas se toman, porque se trata de bienes que son colectivos y por lo tanto hay que evaluar qué es lo que se hace, porque esto trasciende los intereses particulares. No estamos hablando sólo de un acto administrativo que autoriza el funcionamiento de un coto de caza, que resulta por sí mismo pasible de múltiples objeciones de rango constitucional. La provincia respaldó además dos décadas de funcionamiento ilegal de una firma que reconoce a más de 2 mil especies animales autóctonas y exóticas actualmente en situación de cautiverio, disponibles para cazadores nacionales y extranjeros", analizó.
A su entender, la actividad que se desarrolla en torno a los cotos de caza "es una de las tantas manifestaciones de la profunda y triste separación entre los humanos y los no humanos, y de la explotación despiadada que genera una renta a costa de la muerte de seres vivos justificada en su mentado carácter deportivo".
Respecto a la normativa vigente existe una resolución de 2003, que habilita la caza deportiva en predios privados con autorización del dueño o en cotos que deben ser habilitados por Medio Ambiente. Esta es la primera habilitación que se otorga conforme a los parámetros de esa resolución. "Sería bueno empezar a revisar y ver qué lineamientos se pueden aplicar en términos legislativos y de política pública", sostuvo Berros.
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Aborígenes salteños se instalan en zona de un desmonte
Aborígenes se instalan en las zonas donde se hará un desmonte de más de 6 mil has
Fecha de Publicación: 11/08/2014
Fuente: Radio Salta
Provincia/Región: Salta
La decisión de los referentes indígenas de esa zona se había establecido luego de que las topadoras cuadricularon el terreno para poder hacer picadas y cadenear el monte. Esto es: extender una cadena de gran grosor que se tensa entre dos topadoras y termina tirando el monte.
“Estamos en El Arenal Oveja, finca Cuchuy en protesta ante topadoras por desmonte porque el único monte que nos queda”, indicó uno de los referentes de las comunidades, Hugo Díaz, de la comunidad del Chaguaral, al sostener que había unas 60 personas en la zona de la finca del paraje Chorrito y de Corralito. Todas las comunidades están ubicadas en el departamento San Martín.
Una lucha desigual
Las comunidades fueron ante la Corte Suprema de la Nación y el amparo volvió a la Corte de Salta sin tener hasta el momento resolución para manifestarse respecto de los desmontes. Sus objeciones no fueron escuchadas. Y es que este es el único monte que queda en General Ballivián, localidad del departamento San Martín en donde las comunidades han quedado encerradas entre desmontes. Esto implica una vulnerabilidad visible de las comunidades que quedan sin monte que brinde sus recursos (alimento o incluso leña, o productos para artesanías), en una realidad donde las necesidades básicas nunca fueron satisfechas.
Del otro lado surge, según un informe de Greenpeace, que los que aparecen como titulares registrales de estas tierras, Alejandro Braun Peña y Pablo Cusellas.
Los empresarios nombrados son integrantes del directorio de Salta Cotton SA, Latin Bio SA, Cremer y Asociados SA, Hierros SA y Sideco Americana SA, empresas vinculadas al Grupo Socma, de la familia Macri.
Su logro fue la recategorización de las tierras que estaban en la categoría roja y amarilla, donde según establece la Ley de Bosques, se prohíbe desmontar. Pero la Provincia modificó algunas normas para poder avasallar la norma madre.
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Fecha de Publicación: 11/08/2014
Fuente: Radio Salta
Provincia/Región: Salta
La decisión de los referentes indígenas de esa zona se había establecido luego de que las topadoras cuadricularon el terreno para poder hacer picadas y cadenear el monte. Esto es: extender una cadena de gran grosor que se tensa entre dos topadoras y termina tirando el monte.
“Estamos en El Arenal Oveja, finca Cuchuy en protesta ante topadoras por desmonte porque el único monte que nos queda”, indicó uno de los referentes de las comunidades, Hugo Díaz, de la comunidad del Chaguaral, al sostener que había unas 60 personas en la zona de la finca del paraje Chorrito y de Corralito. Todas las comunidades están ubicadas en el departamento San Martín.
Una lucha desigual
Las comunidades fueron ante la Corte Suprema de la Nación y el amparo volvió a la Corte de Salta sin tener hasta el momento resolución para manifestarse respecto de los desmontes. Sus objeciones no fueron escuchadas. Y es que este es el único monte que queda en General Ballivián, localidad del departamento San Martín en donde las comunidades han quedado encerradas entre desmontes. Esto implica una vulnerabilidad visible de las comunidades que quedan sin monte que brinde sus recursos (alimento o incluso leña, o productos para artesanías), en una realidad donde las necesidades básicas nunca fueron satisfechas.
Del otro lado surge, según un informe de Greenpeace, que los que aparecen como titulares registrales de estas tierras, Alejandro Braun Peña y Pablo Cusellas.
Los empresarios nombrados son integrantes del directorio de Salta Cotton SA, Latin Bio SA, Cremer y Asociados SA, Hierros SA y Sideco Americana SA, empresas vinculadas al Grupo Socma, de la familia Macri.
Su logro fue la recategorización de las tierras que estaban en la categoría roja y amarilla, donde según establece la Ley de Bosques, se prohíbe desmontar. Pero la Provincia modificó algunas normas para poder avasallar la norma madre.
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Contaminación en Cinco Saltos sigue boyando en la justicia
Contaminación en Cinco Saltos: recurren a la Justicia Federal
Fecha de Publicación: 11/08/2014
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
El grupo que demandó a la ex-Indupa por la contaminación ambiental y personal (daños en la salud) presuntamente ocurrida durante el funcionamiento de la planta química en esta localidad inició la vía judicial federal luego de no obtener resoluciones en el ámbito local, dijo su abogado.
"Para evitar que esto siguiera con dilaciones acepté la propuesta de dos codemandados para que interviniera Nación y la provincia en este tema, razón por la cual correspondería la competencia federal", indicó el abogado Mario Ávalos, que representa a los exindupanos en el amparo iniciado ante la jueza Soledad Peruzzi.
La demanda, que se inició en el fuero civil de Cipolletti en 2013, reclamó a Solvay Argentina, Solvay Indupa AIC y Solvay SA (y a los gerentes de las unidades económicas) que revirtieran la contaminación de tierra y agua en la zona de influencia de la planta y las consecuencias en la salud de la población saltense, presuntamente afectada por el uso de químicos peligrosos y la manipulación de contaminantes durante el tiempo en que la ex-Indupa funcionó en Cinco Saltos (desde la década del 40 a la del 90 ).
De los 13 codemandados, Ávalos dijo que 11 contestaron fuera de término la demanda y también la remisión de prueba; y por eso se inició una controversia con la jueza Peruzzi, que le dio lugar a la respuesta de los querellados.
"Ella resolvió aplicando un artículo del código de procedimientos que está derogado, por eso la recusamos y planteamos el prevaricato", insistió el abogado.
Ávalos concluyó que desde que se inició el amparo no hubo una definición de fondo que estableciera si los exindupanos tenían razón o estaban equivocados al demandar a la empresa química y a los gerentes responsables por la presunta contaminación en Cinco Saltos que dejó el cierre de la planta.
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Fecha de Publicación: 11/08/2014
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
El grupo que demandó a la ex-Indupa por la contaminación ambiental y personal (daños en la salud) presuntamente ocurrida durante el funcionamiento de la planta química en esta localidad inició la vía judicial federal luego de no obtener resoluciones en el ámbito local, dijo su abogado.
"Para evitar que esto siguiera con dilaciones acepté la propuesta de dos codemandados para que interviniera Nación y la provincia en este tema, razón por la cual correspondería la competencia federal", indicó el abogado Mario Ávalos, que representa a los exindupanos en el amparo iniciado ante la jueza Soledad Peruzzi.
La demanda, que se inició en el fuero civil de Cipolletti en 2013, reclamó a Solvay Argentina, Solvay Indupa AIC y Solvay SA (y a los gerentes de las unidades económicas) que revirtieran la contaminación de tierra y agua en la zona de influencia de la planta y las consecuencias en la salud de la población saltense, presuntamente afectada por el uso de químicos peligrosos y la manipulación de contaminantes durante el tiempo en que la ex-Indupa funcionó en Cinco Saltos (desde la década del 40 a la del 90 ).
De los 13 codemandados, Ávalos dijo que 11 contestaron fuera de término la demanda y también la remisión de prueba; y por eso se inició una controversia con la jueza Peruzzi, que le dio lugar a la respuesta de los querellados.
"Ella resolvió aplicando un artículo del código de procedimientos que está derogado, por eso la recusamos y planteamos el prevaricato", insistió el abogado.
Ávalos concluyó que desde que se inició el amparo no hubo una definición de fondo que estableciera si los exindupanos tenían razón o estaban equivocados al demandar a la empresa química y a los gerentes responsables por la presunta contaminación en Cinco Saltos que dejó el cierre de la planta.
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La minería en San Juan será controlada por las ONU
San Juan abre su minería al control mundial
Fecha de Publicación: 10/08/2014
Fuente: Tiempo de San Juan
Provincia/Región: San Juan
Lo confirmó el gobernador José Luis Gioja, en setiembre la ONU comienza con auditorias en las 3 grandes minas sanjuaninas. También habló de los buitres y las obras para San Juan: “No nos va a afectar”, aseguró.
Veladero, Gualcamayo y Casposo serán material de auditoría de la ONU desde setiembre. El dato, que se manejaba hace tiempo, fue confirmado por el gobernador Gioja en los micrófonos de Radio Sarmiento.
“El proyecto viene atrasado, porque se incluía Lama en el convenio original”, explicó el gobernador.
Esta auditoría, que se realizará a través del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, le costará a la provincia más de 2 millones de dólares, e incluye el desembarco de profesionales de la geología, la ingeniería y la hidrología.
Fondos buitres
El gobernador minimizó el impacto del conflicto con los fondos buitre para Argentina y para la provincia.
Destacó la relación con China, en cuanto a los swap (depósito de yenes en el Banco Central de Argentina) y “la inversión en energía en Argentina, que llegará a 12 o 13 mil millones de dólares”.
En cuanto a la Provincia, resaltó que la obra más importante de infraestructura en ciernes, el túnel de Agua Negra “no sufrirá ningún impacto”.
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Fecha de Publicación: 10/08/2014
Fuente: Tiempo de San Juan
Provincia/Región: San Juan
Lo confirmó el gobernador José Luis Gioja, en setiembre la ONU comienza con auditorias en las 3 grandes minas sanjuaninas. También habló de los buitres y las obras para San Juan: “No nos va a afectar”, aseguró.
Veladero, Gualcamayo y Casposo serán material de auditoría de la ONU desde setiembre. El dato, que se manejaba hace tiempo, fue confirmado por el gobernador Gioja en los micrófonos de Radio Sarmiento.
“El proyecto viene atrasado, porque se incluía Lama en el convenio original”, explicó el gobernador.
Esta auditoría, que se realizará a través del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, le costará a la provincia más de 2 millones de dólares, e incluye el desembarco de profesionales de la geología, la ingeniería y la hidrología.
Fondos buitres
El gobernador minimizó el impacto del conflicto con los fondos buitre para Argentina y para la provincia.
Destacó la relación con China, en cuanto a los swap (depósito de yenes en el Banco Central de Argentina) y “la inversión en energía en Argentina, que llegará a 12 o 13 mil millones de dólares”.
En cuanto a la Provincia, resaltó que la obra más importante de infraestructura en ciernes, el túnel de Agua Negra “no sufrirá ningún impacto”.
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Mendoza: crítica a los informes de la cámara minera
Dura crítica a los informes de la cámara minera mendocina
Fecha de Publicación: 10/08/2014
Fuente: Diario San Rafael
Provincia/Región: Mendoza
El informe presentado por la Cámara de Empresarios Mineros de Mendoza, según el experto en medio ambiente Federico Soria, promueve el incumplimiento de leyes nacionales y provinciales para llevar a cabo un plan minero metalífero con números dibujados y datos apócrifos.
Primero destaca que la Cámara desconoce el territorio, al afirmar que "hay un proyecto en el sur de El Nevado, en el límite de Neuquén con General Alvear, el único proyecto de oro que tiene Mendoza", cuando en realidad el vecino departamento no limita con la provincia sureña. Dicho proyecto es "La Cabeza", ubicado entre La Payunia y el límite con La Pampa.
Con respecto a los datos económicos, el informe dice que en Mendoza, entre minas y proyectos factibilizados, hay 5 en total. Sin embargo enumeran 20. De ellos, 15 aún no cuentan con dicha factibilidad, ya que cinco se encuentran en etapa de exploración inconclusa y otros diez en prospección o exploración inicial. El autor verificó que algunos de esos diez no cuentan con las pertenencias mineras registradas en el Catastro y Padrón Minero Provincial.
Soria afirma que "todos los trabajos de prospección y exploración han sido autorizados por la autoridad de aplicación, y efectuados por sus titulares, pero sin cumplimentar con los procedimientos de estudio de impacto ambiental y audiencia pública, que de acuerdo a la Ley Nacional 25.675, son presupuestos mínimos".
"La totalidad -continúa el ambientalista- de las concesiones mineras de Mendoza han sido otorgadas por el Gobierno provincial a particulares, sin cumplimentar con el paso obligatorio de la "consulta previa, libre e informada" a pobladores originarios y/o ancestrales del territorio mendocino, tal como lo dispone el Convenio 169 de la OIT, que en Argentina tiene rango constitucional.
Los empresarios hablan de "recursos", sin embargo los minerales y el resto de los elementos presentes en la naturaleza constituyen "bienes comunes" que conforman un conjunto denominado "medio ambiente", reconocido y protegido legalmente por el artículo 41 de la Constitución Nacional. El hecho de monetizar los minerales, sin considerar en la ecuación económica el valor de los otros bienes comunes con riesgo de ser afectados o directamente inutilizados, constituye a todas luces un acto de apropiación de tales bienes comunes que, de acuerdo con la propia Constitución Nacional, pertenecen a todos los mendocinos.
Los 20 proyectos que figuran en el "informe de la Camem" resultan también delirantes, ya que ninguna provincia argentina cuenta con 20 explotaciones mineras en marcha, a pesar de que en varias de ellas la megaminería metalífera hidrotóxica hace más de 20 años que no tiene ningún obstáculo para su desarrollo. La provincia de Santa Cruz, que es la que más explotaciones megamineras ha puesto en marcha (pero resulta que tras 20 años de fomento irrestricto a la actividad), no ha llegado ni siquiera a la mitad de esa cifra.
En las provincias de Catamarca y San Juan, que son puestas como ejemplo del modelo de desarrollo minero, con toda la propaganda mediática y el aparato del Estado puesto a disposición, sólo funcionan 2 explotaciones, Veladero y Gualcamayo, en San Juan; y Alumbrera y Agua Rica, en Catamarca.
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Fecha de Publicación: 10/08/2014
Fuente: Diario San Rafael
Provincia/Región: Mendoza
El informe presentado por la Cámara de Empresarios Mineros de Mendoza, según el experto en medio ambiente Federico Soria, promueve el incumplimiento de leyes nacionales y provinciales para llevar a cabo un plan minero metalífero con números dibujados y datos apócrifos.
Primero destaca que la Cámara desconoce el territorio, al afirmar que "hay un proyecto en el sur de El Nevado, en el límite de Neuquén con General Alvear, el único proyecto de oro que tiene Mendoza", cuando en realidad el vecino departamento no limita con la provincia sureña. Dicho proyecto es "La Cabeza", ubicado entre La Payunia y el límite con La Pampa.
Con respecto a los datos económicos, el informe dice que en Mendoza, entre minas y proyectos factibilizados, hay 5 en total. Sin embargo enumeran 20. De ellos, 15 aún no cuentan con dicha factibilidad, ya que cinco se encuentran en etapa de exploración inconclusa y otros diez en prospección o exploración inicial. El autor verificó que algunos de esos diez no cuentan con las pertenencias mineras registradas en el Catastro y Padrón Minero Provincial.
Soria afirma que "todos los trabajos de prospección y exploración han sido autorizados por la autoridad de aplicación, y efectuados por sus titulares, pero sin cumplimentar con los procedimientos de estudio de impacto ambiental y audiencia pública, que de acuerdo a la Ley Nacional 25.675, son presupuestos mínimos".
"La totalidad -continúa el ambientalista- de las concesiones mineras de Mendoza han sido otorgadas por el Gobierno provincial a particulares, sin cumplimentar con el paso obligatorio de la "consulta previa, libre e informada" a pobladores originarios y/o ancestrales del territorio mendocino, tal como lo dispone el Convenio 169 de la OIT, que en Argentina tiene rango constitucional.
Los empresarios hablan de "recursos", sin embargo los minerales y el resto de los elementos presentes en la naturaleza constituyen "bienes comunes" que conforman un conjunto denominado "medio ambiente", reconocido y protegido legalmente por el artículo 41 de la Constitución Nacional. El hecho de monetizar los minerales, sin considerar en la ecuación económica el valor de los otros bienes comunes con riesgo de ser afectados o directamente inutilizados, constituye a todas luces un acto de apropiación de tales bienes comunes que, de acuerdo con la propia Constitución Nacional, pertenecen a todos los mendocinos.
Los 20 proyectos que figuran en el "informe de la Camem" resultan también delirantes, ya que ninguna provincia argentina cuenta con 20 explotaciones mineras en marcha, a pesar de que en varias de ellas la megaminería metalífera hidrotóxica hace más de 20 años que no tiene ningún obstáculo para su desarrollo. La provincia de Santa Cruz, que es la que más explotaciones megamineras ha puesto en marcha (pero resulta que tras 20 años de fomento irrestricto a la actividad), no ha llegado ni siquiera a la mitad de esa cifra.
En las provincias de Catamarca y San Juan, que son puestas como ejemplo del modelo de desarrollo minero, con toda la propaganda mediática y el aparato del Estado puesto a disposición, sólo funcionan 2 explotaciones, Veladero y Gualcamayo, en San Juan; y Alumbrera y Agua Rica, en Catamarca.
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Salta pide por proteger sus bosques
La sociedad salteña se moviliza por los bosques
Fecha de Publicación: 09/08/2014
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Salta
En menos de un mes, más de 10 mil salteños ya firmaron la petición dirigida al gobernador Juan Manuel Urtubey, para que frenen los desmontes y se respete la Ley Nacional de Protección de Bosques Nativos en la provincia.
La iniciativa de organizaciones locales y Greenpeace (1) busca la derogación de los decretos 2211/10 y 3136/11, que permiten al Poder Ejecutivo provincial realizar recategorizaciones que modifican, a simple solicitud del titular de la finca, la zonificación establecida en su Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN).
De acuerdo a una denuncia publicada por Greenpeace recientemente, en sólo dos meses se desmontaron en Salta más de 6.350 hectáreas de bosques protegidos, el equivalente a un tercio de la superficie de la ciudad de Buenos Aires.
La reglamentación de la Ley de Bosques establece que la modificación de los ordenamientos debe realizarse cada 5 años. Además, según señalaron las organizaciones convocantes, disminuir las categorías de conservación viola la normativa nacional y sus principales objetivos.
“Si bien ya son más de 10 mil salteños que se sumaron al petitorio, integrantes de todas las organizaciones seguimos juntando firmas para ser presentadas al Gobernador. Es necesario que Urtubey no escuche sólo a los empresarios que buscan hacer del bosque únicamente negocios y preste atención a lo que dicen los ciudadanos que padecen las consecuencias del desmonte”, sentenció Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace en el noroeste argentino.
La provincia de Salta ya recategorizó más de 125.000 hectáreas de bosques nativos inicialmente zonificados en las Categorías I – rojo y II – amarillo, que no permiten desmontes. Esto representa un cambio claro del OTBN original, que no cumplió los requerimientos establecidos por la Ley Nacional y su decreto reglamentario.
Desde la sanción de la Ley 26.331, en Salta se desmontaron 400.000 hectáreas, de las cuales 120.000 hectáreas se trataban de zonas protegidas. Además de generar un importante impacto ambiental, los desmontes afectan seriamente a comunidades campesinas e indígenas.
Las organizaciones que llevan adelante la campaña “Salta con Bosques”, para reclamar la preservación de los bosques nativos de la provincia, frente a la violación sistemática de la Ley Nacional de Bosques y las resoluciones del Consejo Federal de Medio Ambiente, son: Greenpeace, ASOCIANA, CTA, FUNDAPAZ, Qullamarka, Takuapú, Tepeyac, "Union y Progreso", "Somos Tierra" - Coordinadora Zonal de Tierra de ruta nacional 81, la Escuela de Antropología y la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Salta. (2)
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Fecha de Publicación: 09/08/2014
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Salta
En menos de un mes, más de 10 mil salteños ya firmaron la petición dirigida al gobernador Juan Manuel Urtubey, para que frenen los desmontes y se respete la Ley Nacional de Protección de Bosques Nativos en la provincia.
La iniciativa de organizaciones locales y Greenpeace (1) busca la derogación de los decretos 2211/10 y 3136/11, que permiten al Poder Ejecutivo provincial realizar recategorizaciones que modifican, a simple solicitud del titular de la finca, la zonificación establecida en su Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN).
De acuerdo a una denuncia publicada por Greenpeace recientemente, en sólo dos meses se desmontaron en Salta más de 6.350 hectáreas de bosques protegidos, el equivalente a un tercio de la superficie de la ciudad de Buenos Aires.
La reglamentación de la Ley de Bosques establece que la modificación de los ordenamientos debe realizarse cada 5 años. Además, según señalaron las organizaciones convocantes, disminuir las categorías de conservación viola la normativa nacional y sus principales objetivos.
“Si bien ya son más de 10 mil salteños que se sumaron al petitorio, integrantes de todas las organizaciones seguimos juntando firmas para ser presentadas al Gobernador. Es necesario que Urtubey no escuche sólo a los empresarios que buscan hacer del bosque únicamente negocios y preste atención a lo que dicen los ciudadanos que padecen las consecuencias del desmonte”, sentenció Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace en el noroeste argentino.
La provincia de Salta ya recategorizó más de 125.000 hectáreas de bosques nativos inicialmente zonificados en las Categorías I – rojo y II – amarillo, que no permiten desmontes. Esto representa un cambio claro del OTBN original, que no cumplió los requerimientos establecidos por la Ley Nacional y su decreto reglamentario.
Desde la sanción de la Ley 26.331, en Salta se desmontaron 400.000 hectáreas, de las cuales 120.000 hectáreas se trataban de zonas protegidas. Además de generar un importante impacto ambiental, los desmontes afectan seriamente a comunidades campesinas e indígenas.
Las organizaciones que llevan adelante la campaña “Salta con Bosques”, para reclamar la preservación de los bosques nativos de la provincia, frente a la violación sistemática de la Ley Nacional de Bosques y las resoluciones del Consejo Federal de Medio Ambiente, son: Greenpeace, ASOCIANA, CTA, FUNDAPAZ, Qullamarka, Takuapú, Tepeyac, "Union y Progreso", "Somos Tierra" - Coordinadora Zonal de Tierra de ruta nacional 81, la Escuela de Antropología y la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Salta. (2)
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El gobernador de Córdoba en contra de los bomberos
Revisarán si se sigue pagando a los 540 bomberos rentados
Fecha de Publicación: 09/08/2014
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
De la Sota cuestionó que haya tantos voluntarios remunerados. Este esquema del Plan del Fuego es el que avaló la propia Provincia.
El gobernador José Manuel de la Sota cuestionó ayer, por segundo día consecutivo, que gran parte de los fondos del Plan Provincial de Manejo del Fuego se destine al “pago de sueldos” de bomberos voluntarios. Sin embargo, el modo de reparto de los recursos que recauda el impuesto al fuego, vigente desde 2005, es el acordado por el Gobierno de Córdoba con las federaciones de bomberos.
El esquema actual implica que unos 540 bomberos voluntarios, de los casi cinco mil existentes, perciban una especie de remuneración (de 3.900 pesos) a cambio del compromiso de ciertas tareas diarias de prevención y de vigías contra el fuego.
La reacción del gobernador surgió en el marco de los reclamos que algunos cuarteles formularon porque en lo que va del año no percibieron fondos del Plan Provincial del Fuego.
“En realidad, cada vez tenemos más bomberos rentados, y esto creo que no es bueno. Si quieren pasar a ser rentados, habrá que discutir si conviene tener 166 cuerpos de bomberos. Han surgido como hongos en los últimos años”, señaló el gobernador a la radio Cadena 3.
Según el Plan Provincial de Manejo del Fuego, hay 173 cuarteles hoy en el interior de Córdoba.
“Una cosa son los bomberos voluntarios, que realmente tienen una vocación muy elogiable. Y otra son las personas que nunca agarraron tal vez ni una manguera para regar plantas, que son los directivos”, agregó De la Sota, tras advertir, por primera vez, que “se está desnaturalizando el fondo contra el fuego”, y que la prioridad del gasto debería ser el equipamiento para combatir incendios.
También admitió la posibilidad de revisar el sistema para evaluar la creación de una brigada de bomberos profesionalizada y rentada.
La idea de crear un cuerpo profesional fue planteada el año pasado por la Cámara de la Madera, que agrupa a forestadores y aserraderos de Córdoba. Propusieron una fuerza de 150 hombres para el ataque rápido, con la colaboración posterior de los voluntarios. “Pero la Provincia nunca nos respondió”, se quejaron desde esa entidad.
Santiago Clavijo, legislador del Frente Cívico, adelantó ayer que ese bloque presentará la semana próxima un proyecto de ley para reformular el Plan del Fuego. Entre otras variantes, contemplará la creación de “una brigada profesionalizada, especializada y reducida”.
Puertas adentro
La cuestión de los voluntarios rentados hace tiempo que genera discusión dentro de los cuarteles. En algunos, se plantea que no se justifica y que motiva conflictos y competencias con la mayoría de agentes que no cobra. Otros, sobre todo en los destacamentos más chicos, sostienen que es el único modo de sostener a un plantel mínimo de bomberos disponibles. “Si no, se van a buscar trabajo y dejan la actividad”, argumentan.
El dilema admitido por todos es que si el Plan del Fuego les exige tareas diarias, no pueden ser hechas por voluntarios que acudan sólo ante emergencias.
El cuadro se complica además porque los aportes de la Provincia para esos pagos se hacen por cuatrimestre. “Este año, por ejemplo, recién ahora estamos cobrando lo acumulado de enero a septiembre. Esos bomberos remunerados no cobran desde enero y muchos de ellos no cumplieron en estos meses esa contraprestación de tareas, porque no cobraban”, admitió el jefe de un cuartel serrano. Ahora, deberían recibir el pago por ocho meses juntos.
En este marco, la revisión del modo de reparto de fondos va sumando puntos.
Pagan ahora ocho meses juntos
Pagos. Según el ministro de Gobierno y Seguridad, Walter Saieg, 128 cuarteles cobraron en las últimas semanas los aportes acumulados de enero a septiembre. Unos 13 lo percibirían en breve y 25 quedan afuera “por no tener los papeles en regla”.
Quejas. Algunos cuarteles que aún no cobraron insistieron en sus reclamos esta semana.
Equipos. La Provincia entregó ayer equipos para incendios y accidentes viales a 160 cuarteles. Indicó que fue una licitación por nueve millones de pesos, con fondos del Plan del Fuego.
Fondos. Desde la oposición se viene cuestionando la “falta de transparencia” en la rendición de los números de recaudación y gastos del impuesto al fuego.
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Fecha de Publicación: 09/08/2014
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
De la Sota cuestionó que haya tantos voluntarios remunerados. Este esquema del Plan del Fuego es el que avaló la propia Provincia.
El gobernador José Manuel de la Sota cuestionó ayer, por segundo día consecutivo, que gran parte de los fondos del Plan Provincial de Manejo del Fuego se destine al “pago de sueldos” de bomberos voluntarios. Sin embargo, el modo de reparto de los recursos que recauda el impuesto al fuego, vigente desde 2005, es el acordado por el Gobierno de Córdoba con las federaciones de bomberos.
El esquema actual implica que unos 540 bomberos voluntarios, de los casi cinco mil existentes, perciban una especie de remuneración (de 3.900 pesos) a cambio del compromiso de ciertas tareas diarias de prevención y de vigías contra el fuego.
La reacción del gobernador surgió en el marco de los reclamos que algunos cuarteles formularon porque en lo que va del año no percibieron fondos del Plan Provincial del Fuego.
“En realidad, cada vez tenemos más bomberos rentados, y esto creo que no es bueno. Si quieren pasar a ser rentados, habrá que discutir si conviene tener 166 cuerpos de bomberos. Han surgido como hongos en los últimos años”, señaló el gobernador a la radio Cadena 3.
Según el Plan Provincial de Manejo del Fuego, hay 173 cuarteles hoy en el interior de Córdoba.
“Una cosa son los bomberos voluntarios, que realmente tienen una vocación muy elogiable. Y otra son las personas que nunca agarraron tal vez ni una manguera para regar plantas, que son los directivos”, agregó De la Sota, tras advertir, por primera vez, que “se está desnaturalizando el fondo contra el fuego”, y que la prioridad del gasto debería ser el equipamiento para combatir incendios.
También admitió la posibilidad de revisar el sistema para evaluar la creación de una brigada de bomberos profesionalizada y rentada.
La idea de crear un cuerpo profesional fue planteada el año pasado por la Cámara de la Madera, que agrupa a forestadores y aserraderos de Córdoba. Propusieron una fuerza de 150 hombres para el ataque rápido, con la colaboración posterior de los voluntarios. “Pero la Provincia nunca nos respondió”, se quejaron desde esa entidad.
Santiago Clavijo, legislador del Frente Cívico, adelantó ayer que ese bloque presentará la semana próxima un proyecto de ley para reformular el Plan del Fuego. Entre otras variantes, contemplará la creación de “una brigada profesionalizada, especializada y reducida”.
Puertas adentro
La cuestión de los voluntarios rentados hace tiempo que genera discusión dentro de los cuarteles. En algunos, se plantea que no se justifica y que motiva conflictos y competencias con la mayoría de agentes que no cobra. Otros, sobre todo en los destacamentos más chicos, sostienen que es el único modo de sostener a un plantel mínimo de bomberos disponibles. “Si no, se van a buscar trabajo y dejan la actividad”, argumentan.
El dilema admitido por todos es que si el Plan del Fuego les exige tareas diarias, no pueden ser hechas por voluntarios que acudan sólo ante emergencias.
El cuadro se complica además porque los aportes de la Provincia para esos pagos se hacen por cuatrimestre. “Este año, por ejemplo, recién ahora estamos cobrando lo acumulado de enero a septiembre. Esos bomberos remunerados no cobran desde enero y muchos de ellos no cumplieron en estos meses esa contraprestación de tareas, porque no cobraban”, admitió el jefe de un cuartel serrano. Ahora, deberían recibir el pago por ocho meses juntos.
En este marco, la revisión del modo de reparto de fondos va sumando puntos.
Pagan ahora ocho meses juntos
Pagos. Según el ministro de Gobierno y Seguridad, Walter Saieg, 128 cuarteles cobraron en las últimas semanas los aportes acumulados de enero a septiembre. Unos 13 lo percibirían en breve y 25 quedan afuera “por no tener los papeles en regla”.
Quejas. Algunos cuarteles que aún no cobraron insistieron en sus reclamos esta semana.
Equipos. La Provincia entregó ayer equipos para incendios y accidentes viales a 160 cuarteles. Indicó que fue una licitación por nueve millones de pesos, con fondos del Plan del Fuego.
Fondos. Desde la oposición se viene cuestionando la “falta de transparencia” en la rendición de los números de recaudación y gastos del impuesto al fuego.
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