Garabí: del lado brasileño avanzan en estudios ambientales
09:00 | 
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Se esperan avances en instancia ambiental del proyecto Garabí
Fecha de Publicación: 26/01/2014
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
Los avances en el proyecto Garabí fueron anunciados en Brasil, por el director de generación de Electrobras, Valter Cardenal, quien indicó que esperan que antes de finales de este mes, el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales se expida sobre aspectos relacionados con los estudios ambientales.
Con el documento en mano emitido por el IBAMA, el siguiente paso es profundizar en las encuestas, en doce meses finalizar el trabajo de los estudios ambientales (evaluación del impacto ambiental y de informe de impacto ambiental).
Finalizada esta fase, en este plazo, se estima que las obras podrán ser licitadas en 2015.
Tras el inicio de la construcción, de la entrada en operación de las plantas se estima en cinco años.
La hidroeléctrica Garabí y Panambi totalizarán aproximadamente 2.200 MW de capacidad instalada y absorbería inversiones de aproximadamente $ 5,2 mil millones.
Los estudios se llevan a cabo por Electrobras en Brasil y la estatal Ebisa en Argentina. Las empresas contrataron la consorcio “Consorcio Energético del Río Uruguay” para hacer operativo el trabajo.
El consorcio, que inició sus actividades en mayo de 2013, está formado por las empresas Consular Consultores Argentinos Asociados SA; Engevix Engenhari SA; Grupo Consultor Mesopotámico SRL, IATASA Ingeniería y Asistencia Técnica Argentina SA de Servicios Profesionales; Interchne Consultores SA y Latinoconsult SA.
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Fecha de Publicación: 26/01/2014
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
Los avances en el proyecto Garabí fueron anunciados en Brasil, por el director de generación de Electrobras, Valter Cardenal, quien indicó que esperan que antes de finales de este mes, el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales se expida sobre aspectos relacionados con los estudios ambientales.
Con el documento en mano emitido por el IBAMA, el siguiente paso es profundizar en las encuestas, en doce meses finalizar el trabajo de los estudios ambientales (evaluación del impacto ambiental y de informe de impacto ambiental).
Finalizada esta fase, en este plazo, se estima que las obras podrán ser licitadas en 2015.
Tras el inicio de la construcción, de la entrada en operación de las plantas se estima en cinco años.
La hidroeléctrica Garabí y Panambi totalizarán aproximadamente 2.200 MW de capacidad instalada y absorbería inversiones de aproximadamente $ 5,2 mil millones.
Los estudios se llevan a cabo por Electrobras en Brasil y la estatal Ebisa en Argentina. Las empresas contrataron la consorcio “Consorcio Energético del Río Uruguay” para hacer operativo el trabajo.
El consorcio, que inició sus actividades en mayo de 2013, está formado por las empresas Consular Consultores Argentinos Asociados SA; Engevix Engenhari SA; Grupo Consultor Mesopotámico SRL, IATASA Ingeniería y Asistencia Técnica Argentina SA de Servicios Profesionales; Interchne Consultores SA y Latinoconsult SA.
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Esperan más inconvenientes en Pascua-Lama
Jefe de Barrick Gold espera más cargos por proyecto Pascua-Lama
Fecha de Publicación: 25/01/2014
Fuente: Terra
Provincia/Región: San Juan - Nacional
Barrick Gold Corp espera asumir más cargos en el cuarto trimestre por su proyecto de oro y cobre Pascua-Lama en la frontera entre Argentina y Chile, y está analizando otras posibles amortizaciones, dijo el jueves su presidente ejecutivo, Jamie Sokalsky.
Barrick, la minera de oro más grande del mundo, dijo en octubre que suspendería indefinidamente el desarrollo de Pascua-Lama, una sorpresiva decisión sobre un proyecto que ya había costado más de 5.000 millones de dólares.
"Como consecuencia de la suspensión temporal en Pascua-Lama, esperamos asumir cargos adicionales allí para fin de año", indicó Sokalsky en una conferencia con inversionistas, haciendo referencia al final del 2013 y sin dar cifras sobre los cargos.
El proyecto ha estado plagado de problemas con permisos, oposición política, conflictos laborales, exceso de costos y una fuerte caída del precio del oro.
Por otra parte, Sokalsky dijo que Barrick utilizará un precio del oro menor al esperado para estimar sus reservas del metal precioso.
El mayor productor de oro a nivel mundial volverá a calcular el valor de sus reservas a 1.100 dólares la onza, por debajo de los 1.500 dólares del año pasado, lo que resultaría en una disminución de su base de tenencias.
Las reservas de Barrick, de 140 millones de onzas, son las más grandes de la industria y se equiparan con 20 años de producción de la minera.
"Adoptamos un enfoque conservador este año y vamos a valorar nuestras reservas a 1.100 dólares por onza y también administrar los planes de minería a 1.100 dólares por onza", sostuvo Sokalsky.
En tanto, el CEO señaló que la compañía cumplió su pronóstico de producción de oro de entre 7 y 7,4 millones de onzas, así como también su proyección de entre 900 y 975 dólares por onza de oro para todos sus costos sostenidos.
Las acciones de Barrick subieron aproximadamente un 3 por ciento a 21,43 dólares canadienses el jueves en la bolsa de Toronto, en línea con otras mineras de oro debido a que el precio del metal registró su mayor ganancia en tres meses.
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Fecha de Publicación: 25/01/2014
Fuente: Terra
Provincia/Región: San Juan - Nacional
Barrick Gold Corp espera asumir más cargos en el cuarto trimestre por su proyecto de oro y cobre Pascua-Lama en la frontera entre Argentina y Chile, y está analizando otras posibles amortizaciones, dijo el jueves su presidente ejecutivo, Jamie Sokalsky.
Barrick, la minera de oro más grande del mundo, dijo en octubre que suspendería indefinidamente el desarrollo de Pascua-Lama, una sorpresiva decisión sobre un proyecto que ya había costado más de 5.000 millones de dólares.
"Como consecuencia de la suspensión temporal en Pascua-Lama, esperamos asumir cargos adicionales allí para fin de año", indicó Sokalsky en una conferencia con inversionistas, haciendo referencia al final del 2013 y sin dar cifras sobre los cargos.
El proyecto ha estado plagado de problemas con permisos, oposición política, conflictos laborales, exceso de costos y una fuerte caída del precio del oro.
Por otra parte, Sokalsky dijo que Barrick utilizará un precio del oro menor al esperado para estimar sus reservas del metal precioso.
El mayor productor de oro a nivel mundial volverá a calcular el valor de sus reservas a 1.100 dólares la onza, por debajo de los 1.500 dólares del año pasado, lo que resultaría en una disminución de su base de tenencias.
Las reservas de Barrick, de 140 millones de onzas, son las más grandes de la industria y se equiparan con 20 años de producción de la minera.
"Adoptamos un enfoque conservador este año y vamos a valorar nuestras reservas a 1.100 dólares por onza y también administrar los planes de minería a 1.100 dólares por onza", sostuvo Sokalsky.
En tanto, el CEO señaló que la compañía cumplió su pronóstico de producción de oro de entre 7 y 7,4 millones de onzas, así como también su proyección de entre 900 y 975 dólares por onza de oro para todos sus costos sostenidos.
Las acciones de Barrick subieron aproximadamente un 3 por ciento a 21,43 dólares canadienses el jueves en la bolsa de Toronto, en línea con otras mineras de oro debido a que el precio del metal registró su mayor ganancia en tres meses.
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La CNEA incumple con la remediación de Sierra Pintada
"La CNEA pone en riesgo la salud de los sanrafaelinos"
Fecha de Publicación: 25/01/2014
Fuente: No a la Mina
Provincia/Región: Mendoza
Esto es lo que señaló el senador nacional Ernesto Sanz con respecto a la multa que recibió la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) por parte de la Dirección General de Irrigación, por incumplimientos y ocultamientos en el complejo de Sierra Pintada.
En los últimos días se conoció una resolución de la Dirección General de Irrigación a través de la cual multó a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), por incumplimientos y ocultamiento de un reservorio en el complejo de Sierra Pintada.
Al respecto, el Senador Nacional por Mendoza Ernesto Sanz señaló: "Irrigación ha comprobado que todo lo que fundamentamos durante años en el Congreso es cierto: No hay remediación de pasivos ambientales, ocultan información y está en riesgo la calidad de vida de los sanrafaelinos."
La sanción, instrumentada a través de la resolución 853/2013 castigó a la CNEA por el ocultamiento y la no incorporación dentro del listado de pasivos de un reservorio de agua con elevado contenido de uranio, Radio y otros contaminantes, con peligro concreto en forma directa al Arroyo El Tigre (tributario del Río Diamante).
Según estableció Sanz "La CNEA nunca reconoció tener tal reservorio y no lo sometió al tratamiento adecuado debido su peligrosidad. Además está técnicamente comprobado que esas piletas se desbordaron."
"Esto no puede quedar así es un caso gravísimo y hay responsabilidades administrativas, civiles y penales por determinar. San Rafael se irriga principalmente a través de dos ríos, el Atuel y el Diamante, lo que señala Irrigación es lisa y llanamente, que la CNEA con sus incumplimientos y ocultamientos pone en riesgo miles de hectáreas irrigadas con aguas del Diamante y la vida de miles de personas que se hidratan con agua de ese cauce", indicó Sanz.
El legislador radical señaló que "La resolución es contundente: "El Cauce Aluvional (Arroyo El Toscalito), desemboca en el Arroyo El Tigre, luego de atravesar el sector industrial del complejo, zona en la que se encuentran la Planta de procesamiento de uranio, pilas de lixiviación, cuerpos de cisternas, sector de moliendas y acopio entre otros, según expresa textualmente la resolución, ´las características constructivas de la obra reviste ALTA PRECARIEDAD con el agravante de un ALTO CONTENIDO DE URANIO, RADIO y otras sustancias altamente peligrosas, incluyendo microorganismos patógenos´"
"La sociedad sanrafaelina debe estar alerta, exigir al gobierno nacional que reconozca y transparente la situación. Es gravísimo lo que ha pasado, en el medio está la integridad del medio ambiente en que vivimos. Irrigación ha dado un primer paso fundamental y meritorio, debemos ahora exigir explicaciones de las autoridades."
"No vamos a dejar que esto quede en una sanción, el tema no es de dinero sino el medio ambiente, la calidad de vida y las consecuencias que esto puede tener para las próximas generaciones. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias para conocer la verdad y que la Justicia sancione como corresponde a los responsables", finalizó Ernesto Sanz.
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Fecha de Publicación: 25/01/2014
Fuente: No a la Mina
Provincia/Región: Mendoza
Esto es lo que señaló el senador nacional Ernesto Sanz con respecto a la multa que recibió la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) por parte de la Dirección General de Irrigación, por incumplimientos y ocultamientos en el complejo de Sierra Pintada.
En los últimos días se conoció una resolución de la Dirección General de Irrigación a través de la cual multó a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), por incumplimientos y ocultamiento de un reservorio en el complejo de Sierra Pintada.
Al respecto, el Senador Nacional por Mendoza Ernesto Sanz señaló: "Irrigación ha comprobado que todo lo que fundamentamos durante años en el Congreso es cierto: No hay remediación de pasivos ambientales, ocultan información y está en riesgo la calidad de vida de los sanrafaelinos."
La sanción, instrumentada a través de la resolución 853/2013 castigó a la CNEA por el ocultamiento y la no incorporación dentro del listado de pasivos de un reservorio de agua con elevado contenido de uranio, Radio y otros contaminantes, con peligro concreto en forma directa al Arroyo El Tigre (tributario del Río Diamante).
Según estableció Sanz "La CNEA nunca reconoció tener tal reservorio y no lo sometió al tratamiento adecuado debido su peligrosidad. Además está técnicamente comprobado que esas piletas se desbordaron."
"Esto no puede quedar así es un caso gravísimo y hay responsabilidades administrativas, civiles y penales por determinar. San Rafael se irriga principalmente a través de dos ríos, el Atuel y el Diamante, lo que señala Irrigación es lisa y llanamente, que la CNEA con sus incumplimientos y ocultamientos pone en riesgo miles de hectáreas irrigadas con aguas del Diamante y la vida de miles de personas que se hidratan con agua de ese cauce", indicó Sanz.
El legislador radical señaló que "La resolución es contundente: "El Cauce Aluvional (Arroyo El Toscalito), desemboca en el Arroyo El Tigre, luego de atravesar el sector industrial del complejo, zona en la que se encuentran la Planta de procesamiento de uranio, pilas de lixiviación, cuerpos de cisternas, sector de moliendas y acopio entre otros, según expresa textualmente la resolución, ´las características constructivas de la obra reviste ALTA PRECARIEDAD con el agravante de un ALTO CONTENIDO DE URANIO, RADIO y otras sustancias altamente peligrosas, incluyendo microorganismos patógenos´"
"La sociedad sanrafaelina debe estar alerta, exigir al gobierno nacional que reconozca y transparente la situación. Es gravísimo lo que ha pasado, en el medio está la integridad del medio ambiente en que vivimos. Irrigación ha dado un primer paso fundamental y meritorio, debemos ahora exigir explicaciones de las autoridades."
"No vamos a dejar que esto quede en una sanción, el tema no es de dinero sino el medio ambiente, la calidad de vida y las consecuencias que esto puede tener para las próximas generaciones. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias para conocer la verdad y que la Justicia sancione como corresponde a los responsables", finalizó Ernesto Sanz.
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contaminación,
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Mendoza,
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Formosa quiere un marco regulatorio de la pesca
Proyecto de Ordenamiento Pesquero y Conservación de la Biodiversidad en los Humedales Fluviales
Fecha de Publicación: 24/01/2014
Fuente: Diario El Comercial
Provincia/Región: Formosa
Con el objetivo final de lograr un marco regulatorio de las pesquerías, aunque de manera armónica, es decir coordinadamente alcanzar la mejor conservación de la biodiversidad, la cartera de Producción y Ambiente de la provincia tiene activa participación en el “Proyecto Ordenamiento Pesquero y Conservación de la Biodiversidad en los Humedales Fluviales de los ríos Paraná y Paraguay , República Argentina”.
En una reunión de trabajo con la coordinadora general del Proyecto, Laura Belfer y el equipo del ministerio de la Producción y Ambiente se expusieron los resultados de las tareas realizadas en interior provincial y los objetivos a cumplir en este año.
“La actividad puntual que nos convoca en esta ocasión de visitar una vez más la provincia, comenzó a fines del año 2012 donde se realizó la actualización y el relevamiento del campo sobre cuál era la situación y modalidad que estaban llevando adelante los extractores de peces que se utilizan como carnada viva en la pesca deportiva”, comentó la doctora Belfer.
Añadiendo que durante el año 2013 se desarrolló la misma tarea en las provincias de Chaco y Corrientes. “Esto nos permitió que el año pasado, en los últimos meses, pudiéramos realizar los ajustes y reuniones específicas con los beneficiarios de esta actividad, que son los integrantes del barrio Namqom a través del ministerio de la Producción y Ambiente, que son nuestros socios en Formosa y fomentar una de las modalidades que está impulsando el gobierno de la provincia: el asociativismo”.
Desde la cartera Productiva expusieron acerca de las actividades realizadas junto con el equipo de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación: “Nos encontramos en la etapa de acompañamiento y puntualmente estamos desarrollando salidas junto con los extractores de carnada viva, en las mismas condiciones en las que salen ellos, siguiendo la actividad que tenían programada”.
Fue señalado que en esferas del ministerio de la Producción y Ambiente, a través de la dirección de Recursos Naturales y Gestión se está fortaleciendo el grupo técnico para que pueda haber mayor recurso humano dedicado a esta actividad de monitoreo. El beneficio conjunto es la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad.
El Proyecto Ordenamiento Pesquero y Conservación de la Biodiversidad en los Humedales Fluviales de los ríos Paraná y Paraguay, tiene financiamiento parcial del Fondo Mundial para el Medio Ambiente y la contraparte del Estado argentino lo lleva adelante la secretaría de Ambiente de Desarrollo Sustentable de la Nación, de la subsecretaría de Pesca y Acuicultura- Agricultura, Prefectura Naval Argentina y las siete provincias que son beneficiarias y socias del Proyecto: Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos y la Provincia de Buenos Aires.
“Estamos observando resultados muy positivos, de hecho se tomaron parámetros de la calidad de agua de los lugares donde se realizaron la extracción y en la semana próxima se hará entrega formal de un oxímetro con varios accesorios para que puedan continuar con la actividad. La idea es que el monitoreo comprenda toda la etapa en toda la cadena de la actividad: la extracción, el traslado y el acopio”, concluyó Laura Belfer.
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Fecha de Publicación: 24/01/2014
Fuente: Diario El Comercial
Provincia/Región: Formosa
Con el objetivo final de lograr un marco regulatorio de las pesquerías, aunque de manera armónica, es decir coordinadamente alcanzar la mejor conservación de la biodiversidad, la cartera de Producción y Ambiente de la provincia tiene activa participación en el “Proyecto Ordenamiento Pesquero y Conservación de la Biodiversidad en los Humedales Fluviales de los ríos Paraná y Paraguay , República Argentina”.
En una reunión de trabajo con la coordinadora general del Proyecto, Laura Belfer y el equipo del ministerio de la Producción y Ambiente se expusieron los resultados de las tareas realizadas en interior provincial y los objetivos a cumplir en este año.
“La actividad puntual que nos convoca en esta ocasión de visitar una vez más la provincia, comenzó a fines del año 2012 donde se realizó la actualización y el relevamiento del campo sobre cuál era la situación y modalidad que estaban llevando adelante los extractores de peces que se utilizan como carnada viva en la pesca deportiva”, comentó la doctora Belfer.
Añadiendo que durante el año 2013 se desarrolló la misma tarea en las provincias de Chaco y Corrientes. “Esto nos permitió que el año pasado, en los últimos meses, pudiéramos realizar los ajustes y reuniones específicas con los beneficiarios de esta actividad, que son los integrantes del barrio Namqom a través del ministerio de la Producción y Ambiente, que son nuestros socios en Formosa y fomentar una de las modalidades que está impulsando el gobierno de la provincia: el asociativismo”.
Desde la cartera Productiva expusieron acerca de las actividades realizadas junto con el equipo de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación: “Nos encontramos en la etapa de acompañamiento y puntualmente estamos desarrollando salidas junto con los extractores de carnada viva, en las mismas condiciones en las que salen ellos, siguiendo la actividad que tenían programada”.
Fue señalado que en esferas del ministerio de la Producción y Ambiente, a través de la dirección de Recursos Naturales y Gestión se está fortaleciendo el grupo técnico para que pueda haber mayor recurso humano dedicado a esta actividad de monitoreo. El beneficio conjunto es la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad.
El Proyecto Ordenamiento Pesquero y Conservación de la Biodiversidad en los Humedales Fluviales de los ríos Paraná y Paraguay, tiene financiamiento parcial del Fondo Mundial para el Medio Ambiente y la contraparte del Estado argentino lo lleva adelante la secretaría de Ambiente de Desarrollo Sustentable de la Nación, de la subsecretaría de Pesca y Acuicultura- Agricultura, Prefectura Naval Argentina y las siete provincias que son beneficiarias y socias del Proyecto: Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos y la Provincia de Buenos Aires.
“Estamos observando resultados muy positivos, de hecho se tomaron parámetros de la calidad de agua de los lugares donde se realizaron la extracción y en la semana próxima se hará entrega formal de un oxímetro con varios accesorios para que puedan continuar con la actividad. La idea es que el monitoreo comprenda toda la etapa en toda la cadena de la actividad: la extracción, el traslado y el acopio”, concluyó Laura Belfer.
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El río Juramento en peligro por la industria
Contaminación: piden la urgente protección del histórico río Juramento
Fecha de Publicación: 24/01/2014
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
Líquidos cloacales sin tratamiento siguen contaminando el cauce. Resisten la instalación de una planta de nitrato
Vecinos y ambientalistas protestaron el lunes en Metán con carteles y pasacalles durante el acto por el Bicentenario del Encuentro, para pedir la urgente protección del río Juramento que está siendo contaminado por líquidos cloacales sin tratamiento y para impedir la instalación de una planta para producir nitrato de amonio en El Galpón.
“Nuestras autoridades miran para otro lado ante el grave daño ambiental que está sufriendo el río Juramento en El Galpón. El intendente, Héctor Romero, habla de proyectos pero no hizo nada concreto y además está a favor de la planta de nitrato”, dijo a El Tribuno, Graciela Rivadeo, una de las fundadoras de Vecinos Autoconvocados por un Medio Ambiente Sano (VAPUMAS).
Desde hace más de un año líquidos cloacales, sin ningún tratamiento, van a parar a las aguas del emblemático río Juramento, a través de una acequia a cielo abierto y están provocando un grave daño ambiental en El Galpón.
La planta depuradora, que se encuentra al noreste de la localidad ubicada en el departamento de Metán, no funciona y está completamente abandonada. Los desechos del pueblo llegan entubados hasta las inmediaciones de las viejas instalaciones y de allí siguen su recorrido contaminante a través de una acequia a cielo abierto.
“A esta gravísima problemática la venimos denunciando desde hace tiempo. De esta situación tiene pleno conocimiento el intendente Héctor Romero y las autoridades de Medio Ambiente de la provincia, pero no hicieron nada para solucionarla”, dijo Julio César Modesti, quien integra el grupo denominado Vecinos Autconvocados de la Cuenca del Río Juramento.
“Las cloacas no tienen tratamiento, van contaminando varias nacientes de agua como vertientes y manantiales en un recorrido de aproximadamente tres kilómetros hasta llegar al río Juramento que desemboca en el dique El Tunal. Esto es un daño ambiental irreparable. Perjudica a nuestra fauna ictícola y a residentes de las zonas rurales que necesitan el líquido elemental”, remarcó.
Batalla judicial
Los Autoconvocados de la Cuenca del Río Juramento y los integrantes de VAPUMAS (Vecinos Autoconvocados por un Medio Ambiente Sano) apelaron el pasado 16 de septiembre el fallo del juez Correccional y de Garantías de Metán, Sebastián Fucho, quien desestimó el recurso de amparo colectivo que presentaron contra la empresa Austin, que pretende instalar una planta para producir nitrato de amonio en El Galpón.
“No compartimos el criterio del magistrado. El emprendimiento es altamente contaminante y va a causar un grave daño ambiental irreparable”, dijo Julio César Modesti, uno de los ambientalistas que lidera la protesta.
“El tranquerazo (que se inició el 14 de mayo del año pasado) va a continuar a la vera de la ruta nacional 16, donde Austin quiere instalar maquinaria obsoleta, de más de 50 años de antigüedad ”, remarcó el galponense.
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Fecha de Publicación: 24/01/2014
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
Líquidos cloacales sin tratamiento siguen contaminando el cauce. Resisten la instalación de una planta de nitrato
Vecinos y ambientalistas protestaron el lunes en Metán con carteles y pasacalles durante el acto por el Bicentenario del Encuentro, para pedir la urgente protección del río Juramento que está siendo contaminado por líquidos cloacales sin tratamiento y para impedir la instalación de una planta para producir nitrato de amonio en El Galpón.
“Nuestras autoridades miran para otro lado ante el grave daño ambiental que está sufriendo el río Juramento en El Galpón. El intendente, Héctor Romero, habla de proyectos pero no hizo nada concreto y además está a favor de la planta de nitrato”, dijo a El Tribuno, Graciela Rivadeo, una de las fundadoras de Vecinos Autoconvocados por un Medio Ambiente Sano (VAPUMAS).
Desde hace más de un año líquidos cloacales, sin ningún tratamiento, van a parar a las aguas del emblemático río Juramento, a través de una acequia a cielo abierto y están provocando un grave daño ambiental en El Galpón.
La planta depuradora, que se encuentra al noreste de la localidad ubicada en el departamento de Metán, no funciona y está completamente abandonada. Los desechos del pueblo llegan entubados hasta las inmediaciones de las viejas instalaciones y de allí siguen su recorrido contaminante a través de una acequia a cielo abierto.
“A esta gravísima problemática la venimos denunciando desde hace tiempo. De esta situación tiene pleno conocimiento el intendente Héctor Romero y las autoridades de Medio Ambiente de la provincia, pero no hicieron nada para solucionarla”, dijo Julio César Modesti, quien integra el grupo denominado Vecinos Autconvocados de la Cuenca del Río Juramento.
“Las cloacas no tienen tratamiento, van contaminando varias nacientes de agua como vertientes y manantiales en un recorrido de aproximadamente tres kilómetros hasta llegar al río Juramento que desemboca en el dique El Tunal. Esto es un daño ambiental irreparable. Perjudica a nuestra fauna ictícola y a residentes de las zonas rurales que necesitan el líquido elemental”, remarcó.
Batalla judicial
Los Autoconvocados de la Cuenca del Río Juramento y los integrantes de VAPUMAS (Vecinos Autoconvocados por un Medio Ambiente Sano) apelaron el pasado 16 de septiembre el fallo del juez Correccional y de Garantías de Metán, Sebastián Fucho, quien desestimó el recurso de amparo colectivo que presentaron contra la empresa Austin, que pretende instalar una planta para producir nitrato de amonio en El Galpón.
“No compartimos el criterio del magistrado. El emprendimiento es altamente contaminante y va a causar un grave daño ambiental irreparable”, dijo Julio César Modesti, uno de los ambientalistas que lidera la protesta.
“El tranquerazo (que se inició el 14 de mayo del año pasado) va a continuar a la vera de la ruta nacional 16, donde Austin quiere instalar maquinaria obsoleta, de más de 50 años de antigüedad ”, remarcó el galponense.
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Admiten amparo contra fumigaciones en Entre Ríos
Admiten un amparo contra fumigaciones
Fecha de Publicación: 24/01/2014
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Entre Ríos
La Justicia entrerriana concedió el recurso a un productor de San Benito afectado por pulverizaciones de un vecino.
Un importante precedente sentó la Justicia provincial al admitir, en un reciente fallo, que el recurso de amparo es la vía idónea para reclamar por un ambiente sano. Lo hizo el Superior Tribunal de Justicia al aceptar un reclamo presentado por un productor que desde hace varios años denuncia las fumigaciones con agroquímicos tóxicos que lleva adelante un vecino suyo en la zona rural de San Benito.
Con una integración de feria, el 13 el Superior Tribunal concedió por primera vez un amparo ambiental, haciendo lugar inicialmente a los cuestionamientos que formuló Julio César Ariza contra las fumigaciones con agroquímicos en cercanías de su vivienda. Fue patrocinado por la abogada Aldana Sasia, del Foro Ecologista Paraná.
El fallo, al que accedió Página Judicial, destaca que el amparo es la vía idónea para reclamar cuando lo que está en juego es el derecho a la vida -frente a un proceso ordinario que llevaría mucho tiempo hasta que se resuelva-; reconoce el accionar ilegítimo del vecino fumigador y pone al derecho a la salud humana y a un medio ambiente sano por encima del derecho a la producción.
En concreto, el alto cuerpo le ordenó a Sergio Abelardo Plez, el vecino de Ariza, “que en ocasión de futuras fumigaciones observe el más estricto cumplimiento de todas las normas reglamentarias que rigen la materia; especialmente las referidas a la prohibición de pulverizar en la zona de seguridad de una extensión de 100 metros existente entre el lote a tratar y la casa de Ariza, de no utilizar productos en cantidades superiores a las recomendadas por los laboratorios, de no fumigar cuando el viento existente supere la velocidad indicada de 12/15 kilómetros por hora y acatar rigurosamente las obligaciones de dar aviso previo fehaciente a los vecinos con la antelación requerida de 48 horas”.
Pero, además, obliga a Plez a “fumigar únicamente bajo la presencia de un ingeniero agrónomo, cuya función en el caso, evidentemente no es solo de asesoramiento (…) puesto que su presencia en el momento de la pulverización exigida por la normativa vigente no tiene otro sentido que el de responsabilizarlo del cumplimiento cabal de todos los recaudos legales, dirigidos a reducir al mínimo los efectos dañinos de una actividad reconocida como contaminante”. Así lo expuso en su voto el camarista Oscar Benedetto, al que adhirieron Daniel Carubia y Bernardo Salduna.
El conflicto
Las diferencias entre los vecinos se agravaron a partir de 2010. Hubo exposiciones policiales, planteos administrativos y una denuncia penal que actualmente se tramita en el Juzgado de Instrucción Nº 6, a cargo de Marina Barbagelata. Ariza tiene una pequeña chacra de 15 hectáreas, justo al lado del campo donde Plez cultiva soja, a la que rocía con agroquímicos que liquidaron la producción de cerdos, pollos y abejas de Ariza.
El último episodio ocurrió el 5 de diciembre: a media tarde, cuando una máquina fumigadora -sin número de identificación y a gran velocidad- comenzó a desplegar un cóctel químico (glifosato, atrazina y dicamba) en el campo vecino, sin haber avisado con antelación, sin la presencia de Plez ni de un ingeniero agrónomo y con un viento soplando a una velocidad superior a la permitida por las normas vigentes.
La fumigación, como había ocurrido otras veces, invadió la casa de Ariza, cayó sobre el pozo de agua que consume la familia y afectó los cultivos de avena, moha, y alfalfa existentes en su predio. Y hasta Ariza resultó afectado en su salud.
El juez Martín Furman reconoció los hechos denunciados por Ariza, pero consideró que “tanto la actividad como los productos utilizados en ella son lícitos”, y que “hacer cesar completamente la actividad de Plez o fijarle una distancia distinta a la que dispone la normativa vigente implicaría legislar y, por tanto, violar la división de poderes extralimitando sus facultades”.
Para el STJ, “se quedó a mitad de camino”. Sobre este punto, el juez Benedetto aseguró que no hay causales para no admitir el amparo ambiental y explicó que se trata de una “acción de protección, la cual tiene por objeto la prevención de un daño inminente o la cesación de perjuicios actuales susceptibles de prolongarse”.
El magistrado agregó que el “presupuesto esencial de procedencia sustancial está constituido por la existencia de una decisión, acto, hecho u omisión de la accionada que en forma ilegítima, lesione, restrinja, altere, impida o amenace intereses difusos o colectivos de los habitantes, en relación con la preservación, protección y conservación del medio ambiente (...)”.
La decisión establece un precedente de importancia para numerosos casos similares que existen en la provincia.
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Fecha de Publicación: 24/01/2014
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Entre Ríos
La Justicia entrerriana concedió el recurso a un productor de San Benito afectado por pulverizaciones de un vecino.
Un importante precedente sentó la Justicia provincial al admitir, en un reciente fallo, que el recurso de amparo es la vía idónea para reclamar por un ambiente sano. Lo hizo el Superior Tribunal de Justicia al aceptar un reclamo presentado por un productor que desde hace varios años denuncia las fumigaciones con agroquímicos tóxicos que lleva adelante un vecino suyo en la zona rural de San Benito.
Con una integración de feria, el 13 el Superior Tribunal concedió por primera vez un amparo ambiental, haciendo lugar inicialmente a los cuestionamientos que formuló Julio César Ariza contra las fumigaciones con agroquímicos en cercanías de su vivienda. Fue patrocinado por la abogada Aldana Sasia, del Foro Ecologista Paraná.
El fallo, al que accedió Página Judicial, destaca que el amparo es la vía idónea para reclamar cuando lo que está en juego es el derecho a la vida -frente a un proceso ordinario que llevaría mucho tiempo hasta que se resuelva-; reconoce el accionar ilegítimo del vecino fumigador y pone al derecho a la salud humana y a un medio ambiente sano por encima del derecho a la producción.
En concreto, el alto cuerpo le ordenó a Sergio Abelardo Plez, el vecino de Ariza, “que en ocasión de futuras fumigaciones observe el más estricto cumplimiento de todas las normas reglamentarias que rigen la materia; especialmente las referidas a la prohibición de pulverizar en la zona de seguridad de una extensión de 100 metros existente entre el lote a tratar y la casa de Ariza, de no utilizar productos en cantidades superiores a las recomendadas por los laboratorios, de no fumigar cuando el viento existente supere la velocidad indicada de 12/15 kilómetros por hora y acatar rigurosamente las obligaciones de dar aviso previo fehaciente a los vecinos con la antelación requerida de 48 horas”.
Pero, además, obliga a Plez a “fumigar únicamente bajo la presencia de un ingeniero agrónomo, cuya función en el caso, evidentemente no es solo de asesoramiento (…) puesto que su presencia en el momento de la pulverización exigida por la normativa vigente no tiene otro sentido que el de responsabilizarlo del cumplimiento cabal de todos los recaudos legales, dirigidos a reducir al mínimo los efectos dañinos de una actividad reconocida como contaminante”. Así lo expuso en su voto el camarista Oscar Benedetto, al que adhirieron Daniel Carubia y Bernardo Salduna.
El conflicto
Las diferencias entre los vecinos se agravaron a partir de 2010. Hubo exposiciones policiales, planteos administrativos y una denuncia penal que actualmente se tramita en el Juzgado de Instrucción Nº 6, a cargo de Marina Barbagelata. Ariza tiene una pequeña chacra de 15 hectáreas, justo al lado del campo donde Plez cultiva soja, a la que rocía con agroquímicos que liquidaron la producción de cerdos, pollos y abejas de Ariza.
El último episodio ocurrió el 5 de diciembre: a media tarde, cuando una máquina fumigadora -sin número de identificación y a gran velocidad- comenzó a desplegar un cóctel químico (glifosato, atrazina y dicamba) en el campo vecino, sin haber avisado con antelación, sin la presencia de Plez ni de un ingeniero agrónomo y con un viento soplando a una velocidad superior a la permitida por las normas vigentes.
La fumigación, como había ocurrido otras veces, invadió la casa de Ariza, cayó sobre el pozo de agua que consume la familia y afectó los cultivos de avena, moha, y alfalfa existentes en su predio. Y hasta Ariza resultó afectado en su salud.
El juez Martín Furman reconoció los hechos denunciados por Ariza, pero consideró que “tanto la actividad como los productos utilizados en ella son lícitos”, y que “hacer cesar completamente la actividad de Plez o fijarle una distancia distinta a la que dispone la normativa vigente implicaría legislar y, por tanto, violar la división de poderes extralimitando sus facultades”.
Para el STJ, “se quedó a mitad de camino”. Sobre este punto, el juez Benedetto aseguró que no hay causales para no admitir el amparo ambiental y explicó que se trata de una “acción de protección, la cual tiene por objeto la prevención de un daño inminente o la cesación de perjuicios actuales susceptibles de prolongarse”.
El magistrado agregó que el “presupuesto esencial de procedencia sustancial está constituido por la existencia de una decisión, acto, hecho u omisión de la accionada que en forma ilegítima, lesione, restrinja, altere, impida o amenace intereses difusos o colectivos de los habitantes, en relación con la preservación, protección y conservación del medio ambiente (...)”.
La decisión establece un precedente de importancia para numerosos casos similares que existen en la provincia.
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Hecha la trampa para desmontar en Salta
Avanza el desmonte por los agronegocios
Fecha de Publicación: 23/01/2014
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Salta
Son tierras del departamento de San martín, que habían sido protegidas por un fallo de la Corte. Algunos empresarios hicieron firmar comodatos con criollos y comunidades wichí que crían ganado y, de esa manera, habilitaron el desmonte.
Diez mil hectáreas de monte nativo donde viven y trabajan campesinos y comunidades wichí están a punto de ser arrasadas para ser destinadas a agronegocios. Se trata de tierras ubicadas en el departamento salteño de San Martín, zona catalogada por la provincia como territorios a conservar y que habían sido protegidos por un fallo de la Corte Suprema de Justicia en 2008. “La presión de los agronegocios vale más que la Ley de Bosques y que los derechos humanos”, denunció la organización Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) y afirmó que campesinos e indígenas fueron presionados para autorizar el avance de los empresarios del agro. Desde la sanción de la Ley de Bosques (que fija protección para el monte nativo), en Salta fueron arrasadas 360.000 hectáreas, un promedio equivalente a 164 canchas de fútbol por día.
El Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección (LART) de la Facultad de Agronomía (UBA) detalló que entre 2008 y 2013 se desmontaron 358.723 hectáreas en Salta, de las cuales 112.000 estaban en zonas que debían protegerse (según el Ordenamiento Territorial requerido por la Ley de Bosques). El LART detalló que en 2008 (primer año de vigencia de la ley) se desmontaron 110.000 hectáreas. El año siguiente se talaron 46.000 y en 2010 llegaron a 50.000 hectáreas. En 2011 se destruyeron 72.000 hectáreas de monte salteño, en 2012 otras 52.000 y en 2013 se desmontaron 28.000 hectáreas. Equivale a un promedio de 164 hectáreas por cada día o siete hectáreas por hora.
Para ejecutar buena parte de la deforestación se utilizan grises de la ley. “No todos los desmontes son ilegales, porque la provincia procede en muchos casos a recategorizar las fincas de amarillo o rojo (zonas protegidas) a verde, para luego aprobar los desmontes”, explicó Ana Alvarez, secretaria ejecutiva de la Red Agroforestal, colectivo de organizaciones e investigadores del NOA y NEA.
Alvarez advierte que el verano comenzó con la misma tendencia desmontadora. El 23 de diciembre se realizó una audiencia pública para avanzar sobre 10.000 hectáreas de bosque en el Municipio de Ballivián, departamento de San Martín, el mismo que la Corte Suprema había protegido en 2008 y que aparece como zona “roja” (a proteger). “Los empresarios hicieron firmar comodatos a criollos y a la comunidad indígena wichí Cuchuy, donde ceden el territorio a cambio de pocas hectáreas y diez viviendas. La audiencia termina siendo un mero trámite para dar vía libre a desmontes para agricultura”, explicó Patricia Valdivia, comunicadora de la Redaf.
El campo en peligro se llama finca Cuchuy y el pedido de desmonte fue realizado por los empresarios Alejandro Braun Peña (8962 hectáreas) y Gastón Larrán (1300 hectáreas).
Las familias campesinas y wichí no contaron con asesoramiento jurídico sobre sus derechos. Y firmaron en favor de los empresarios a cambio de diez casas para la comunidad indígena y la “donación” de 300 hectáreas a las familias que siempre vivieron y trabajaron las 10.000 hectáreas. Las cuatro familias campesinas que viven en el lugar hace más de 50 años firmaron el “acuerdo” solicitado por los empresarios. En dos casos firmaron con la huella dactilar porque no saben leer ni escribir. El comodato señala que los empresarios le darán cinco hectáreas a cada una (20 hectáreas total). Los campesinos tienen como principal actividad la ganadería. El estudio de impacto social en el expediente de la audiencia precisa que cuentan con 578 cabezas de ganado. Pero con las 20 hectáreas que firmaron sólo podrán criar tres vacunos. “Esta supuesta ‘cesión de derechos’ implica no sólo la pérdida de las 10.000 hectáreas de bosque, sino que además condenará a las familias originarias y criollas a migrar, ya que el sostén de sus actividades es inviable en los pequeños lotes a los que serán confinados”, advirtió la Red Agroforestal.
La Ley de Bosques estableció que las provincias debían realizar ordenamientos territoriales en tres colores: verde (se puede desmontar) y amarillo y rojo (medio y alto valor de conservación). La finca Cuchuy está en zona amarilla y roja, pero la normativa salteña dejó una puerta para los desmontadores: estableció que la zonificación por colores era sólo “orientativa” y que podría ser modificada a criterio de la autoridad de aplicación, el ministro de Ambiente –que no respondió las consultas de este diario–, en base a pedido y estudios presentados por quienes desean el desmonte.
El decreto provincial 2789 prohibió los desmontes en regiones donde no se realizó el relevamiento de territorios indígenas establecido en la Ley Nacional 26.160. El relevamiento territorial no se realizó en la comunidad wichí Cuchuy, pero aun así la provincia efectuó la audiencia para desmontar el territorio.
Un grupo de investigadores de la Facultad de Agronomía de la UBA que trabaja junto a comunidades wichí escribió una carta (con un informe técnico cuantitativo y mapas satelitales) al Ministerio de Ambiente de Salta. Detallan que, en la zona wichí, sobre 196.000 hectáreas ya se arrasaron 89.000 (el 45 por ciento). “El desmonte en estas áreas tiene serias consecuencias desde el punto de vista social y ambiental”, recuerda el informe.
Luego de la audiencia deben pasar diez días hábiles para la presentación de objeciones. Y la Secretaría de Ambiente debería analizar las presentaciones y tomar una decisión. Como parte de los descargos, el antropólogo John Palmer realizó una decena de entrevistas en idioma wichí y la ONG Asociana elevó las entrevistas como prueba. Los testimonios wichí dan cuenta del mecanismo de presión para firmar acuerdos con los empresarios y denominan “estafa” al comodato que los dejará sin tierras.
Finca Cuchuy no es un caso aislado. Alvarez explicó que hay al menos cinco audiencias de desmontes pautadas sólo para enero que afectarán otras 22.000 hectáreas.
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Fecha de Publicación: 23/01/2014
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Salta
Son tierras del departamento de San martín, que habían sido protegidas por un fallo de la Corte. Algunos empresarios hicieron firmar comodatos con criollos y comunidades wichí que crían ganado y, de esa manera, habilitaron el desmonte.
Diez mil hectáreas de monte nativo donde viven y trabajan campesinos y comunidades wichí están a punto de ser arrasadas para ser destinadas a agronegocios. Se trata de tierras ubicadas en el departamento salteño de San Martín, zona catalogada por la provincia como territorios a conservar y que habían sido protegidos por un fallo de la Corte Suprema de Justicia en 2008. “La presión de los agronegocios vale más que la Ley de Bosques y que los derechos humanos”, denunció la organización Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) y afirmó que campesinos e indígenas fueron presionados para autorizar el avance de los empresarios del agro. Desde la sanción de la Ley de Bosques (que fija protección para el monte nativo), en Salta fueron arrasadas 360.000 hectáreas, un promedio equivalente a 164 canchas de fútbol por día.
El Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección (LART) de la Facultad de Agronomía (UBA) detalló que entre 2008 y 2013 se desmontaron 358.723 hectáreas en Salta, de las cuales 112.000 estaban en zonas que debían protegerse (según el Ordenamiento Territorial requerido por la Ley de Bosques). El LART detalló que en 2008 (primer año de vigencia de la ley) se desmontaron 110.000 hectáreas. El año siguiente se talaron 46.000 y en 2010 llegaron a 50.000 hectáreas. En 2011 se destruyeron 72.000 hectáreas de monte salteño, en 2012 otras 52.000 y en 2013 se desmontaron 28.000 hectáreas. Equivale a un promedio de 164 hectáreas por cada día o siete hectáreas por hora.
Para ejecutar buena parte de la deforestación se utilizan grises de la ley. “No todos los desmontes son ilegales, porque la provincia procede en muchos casos a recategorizar las fincas de amarillo o rojo (zonas protegidas) a verde, para luego aprobar los desmontes”, explicó Ana Alvarez, secretaria ejecutiva de la Red Agroforestal, colectivo de organizaciones e investigadores del NOA y NEA.
Alvarez advierte que el verano comenzó con la misma tendencia desmontadora. El 23 de diciembre se realizó una audiencia pública para avanzar sobre 10.000 hectáreas de bosque en el Municipio de Ballivián, departamento de San Martín, el mismo que la Corte Suprema había protegido en 2008 y que aparece como zona “roja” (a proteger). “Los empresarios hicieron firmar comodatos a criollos y a la comunidad indígena wichí Cuchuy, donde ceden el territorio a cambio de pocas hectáreas y diez viviendas. La audiencia termina siendo un mero trámite para dar vía libre a desmontes para agricultura”, explicó Patricia Valdivia, comunicadora de la Redaf.
El campo en peligro se llama finca Cuchuy y el pedido de desmonte fue realizado por los empresarios Alejandro Braun Peña (8962 hectáreas) y Gastón Larrán (1300 hectáreas).
Las familias campesinas y wichí no contaron con asesoramiento jurídico sobre sus derechos. Y firmaron en favor de los empresarios a cambio de diez casas para la comunidad indígena y la “donación” de 300 hectáreas a las familias que siempre vivieron y trabajaron las 10.000 hectáreas. Las cuatro familias campesinas que viven en el lugar hace más de 50 años firmaron el “acuerdo” solicitado por los empresarios. En dos casos firmaron con la huella dactilar porque no saben leer ni escribir. El comodato señala que los empresarios le darán cinco hectáreas a cada una (20 hectáreas total). Los campesinos tienen como principal actividad la ganadería. El estudio de impacto social en el expediente de la audiencia precisa que cuentan con 578 cabezas de ganado. Pero con las 20 hectáreas que firmaron sólo podrán criar tres vacunos. “Esta supuesta ‘cesión de derechos’ implica no sólo la pérdida de las 10.000 hectáreas de bosque, sino que además condenará a las familias originarias y criollas a migrar, ya que el sostén de sus actividades es inviable en los pequeños lotes a los que serán confinados”, advirtió la Red Agroforestal.
La Ley de Bosques estableció que las provincias debían realizar ordenamientos territoriales en tres colores: verde (se puede desmontar) y amarillo y rojo (medio y alto valor de conservación). La finca Cuchuy está en zona amarilla y roja, pero la normativa salteña dejó una puerta para los desmontadores: estableció que la zonificación por colores era sólo “orientativa” y que podría ser modificada a criterio de la autoridad de aplicación, el ministro de Ambiente –que no respondió las consultas de este diario–, en base a pedido y estudios presentados por quienes desean el desmonte.
El decreto provincial 2789 prohibió los desmontes en regiones donde no se realizó el relevamiento de territorios indígenas establecido en la Ley Nacional 26.160. El relevamiento territorial no se realizó en la comunidad wichí Cuchuy, pero aun así la provincia efectuó la audiencia para desmontar el territorio.
Un grupo de investigadores de la Facultad de Agronomía de la UBA que trabaja junto a comunidades wichí escribió una carta (con un informe técnico cuantitativo y mapas satelitales) al Ministerio de Ambiente de Salta. Detallan que, en la zona wichí, sobre 196.000 hectáreas ya se arrasaron 89.000 (el 45 por ciento). “El desmonte en estas áreas tiene serias consecuencias desde el punto de vista social y ambiental”, recuerda el informe.
Luego de la audiencia deben pasar diez días hábiles para la presentación de objeciones. Y la Secretaría de Ambiente debería analizar las presentaciones y tomar una decisión. Como parte de los descargos, el antropólogo John Palmer realizó una decena de entrevistas en idioma wichí y la ONG Asociana elevó las entrevistas como prueba. Los testimonios wichí dan cuenta del mecanismo de presión para firmar acuerdos con los empresarios y denominan “estafa” al comodato que los dejará sin tierras.
Finca Cuchuy no es un caso aislado. Alvarez explicó que hay al menos cinco audiencias de desmontes pautadas sólo para enero que afectarán otras 22.000 hectáreas.
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Verano récord en temperaturas
Afirman que el cambio climático genera temperaturas extremas
Fecha de Publicación: 23/01/2014
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional
El Presidente del Centro Argentino de Meteorólogos, Juan Manuel Horler, expresó que el cambio climático genera que "todo sea extremo" y advirtió que "estamos en un verano récord".
"Estamos, por determinadas causas en algo récord, diciembre fue la temperatura más alta y en promedio el verano será uno de los más calurosos que hemos tenido”, sostuvo Horler en declaraciones a Radio Provincia.
Explicó que el cambio climático "lo que genera es que todo sea extremo, tanto calor como frío, las tormentas son más severas, al no disminuir la temperatura en la noche son más severas y las nubes están más altas y con mayor probabilidad de tormentas eléctricas”.
"No podemos decir que nos vamos a convertir en un clima subtropical porque no sé qué va a ocurrir, hablar del clima es a largo plazo”, afirmó.
Advirtió que "este año con las temperaturas máximas tanto de frío como de calor, es muy probable que continuemos teniendo tormentas eléctricas, con rayos y relámpagos porque las nubes están más altas y con diferencias de cargas”.
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Fecha de Publicación: 23/01/2014
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional
El Presidente del Centro Argentino de Meteorólogos, Juan Manuel Horler, expresó que el cambio climático genera que "todo sea extremo" y advirtió que "estamos en un verano récord".
"Estamos, por determinadas causas en algo récord, diciembre fue la temperatura más alta y en promedio el verano será uno de los más calurosos que hemos tenido”, sostuvo Horler en declaraciones a Radio Provincia.
Explicó que el cambio climático "lo que genera es que todo sea extremo, tanto calor como frío, las tormentas son más severas, al no disminuir la temperatura en la noche son más severas y las nubes están más altas y con mayor probabilidad de tormentas eléctricas”.
"No podemos decir que nos vamos a convertir en un clima subtropical porque no sé qué va a ocurrir, hablar del clima es a largo plazo”, afirmó.
Advirtió que "este año con las temperaturas máximas tanto de frío como de calor, es muy probable que continuemos teniendo tormentas eléctricas, con rayos y relámpagos porque las nubes están más altas y con diferencias de cargas”.
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Parque Eólico de Loma Blanca permite ahorrar energía
El Parque Loma Blanca permitiría ahorrar en importación de energía
Fecha de Publicación: 23/01/2014
Fuente: El Diario de Puerto Madryn
Provincia/Región: Chubut
El nuevo Parque Eólico de Loma Blanca, en las afueras de Puerto Madryn, comenzó a funcionar a mitad de año pasado. Con su primera etapa ya concluida, desde la empresa Emgasud, aseguraron que la puesta en funcionamiento total del emprendimiento generará un ahorro de 215 millones de dólares en importación de energía para la provincia. Asimismo, el ya instalado parque de Rawson posibilitó un ahorro de 106 millones de dólares en energía.
El primero de la provincia
El Parque Eólico Loma Blanca se encuentra actualmente en obra. Con una primera parte ya concluida y en funcionamiento, aun restan tres etapas más, lo que significaría una generación total de 220 megavatios (MW) de potencia. En la actualidad, el parque cuenta con 17 aerogeneradores Alstom Eco 100, con una capacidad de 3 MW cada uno, generando un ahorro de 215 millones de dólares.
El Parque Eólico de Loma Blanca será el primero en importancia en Chubut, ya que actualmente, se encuentran el de Rawson, con 77 MW; Antonio Morán, de Comodoro Rivadavia, que genera 17 MW; Diadema, de 6,3 MW y El Tordillo, con una generación total de 3 MW.
Rawson también aporta
En lo que a ahorro de energía significa, el Parque Eólico de Rawson, ya en pleno funcionamiento, también produce una buena cantidad de energía. Como dijimos anteriormente el parque de la capital provincial genera unos 77 MW de energía eólica, lo que significó, en más de un año y medio de funcionamiento, un total que equivale a 106 millones de dólares, por lo que desde la administración de Martín Buzzi están más que agradecidos.
Valle Hermoso
En lo que respecta a energía eólica, Chubut es una de las provincias que se encuentra a la cabeza de este tipo de proyectos. Además de la finalización de Loma Blanca, cercano a Puerto Madryn, la provincia tiene cuatro proyectos más de gran envergadura.
Valle Hermoso, en cercanías de Comodoro Rivadavia, generará un total de 12 MW El Parque Eólico Valle Hermoso, estará ubicado sobre la ruta nacional 26 a 80 kilómetros al oeste de la ciudad petrolera, estará compuesto de ocho equipos de 1,5 MW cada uno, totalizando una potencia de 12 MW que serán suministrados al (Sistema Interconectado Nacional (SIN). La inversión total estimada del parque alcanzará los 30 millones de dólares, y el tiempo límite para obtener la habilitación comercial es de dos años, por lo que se supone que para abril de 2015 ya debería estar funcionando.
Malaspina
Otro de los proyectos de energía eólica en la provincia, es el llamado Malaspina I, que aportará 50 MW de potencia al Sistema Interconectado Nacional, alcanzará una producción anual estimada mayor a los de 200 GWh (Gigavatio hora), lo suficiente para abastecer a 70.000 familias y evitar la emisión de 135000 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera. Además, permitirá el ahorro de 60 millones metros cúbicos de gas natural por año. Malaspina contará con 25 aerogeneradores de 2 MW cada uno.
El Angelito
Dentro de un proyecto más ambicioso aun, el Parque Eólico El Angelito, cercano a Gastre, es uno de los más importantes de la provincia, ya que generará 200 MW de energía eólica. Este proyecto consiste en la construcción, instalación y montaje de un parque eólico de 200 MW, donde se instalaran entre 80 y 100 aerogeneradores de una capacidad nominal estimada en 2 MW cada uno, ubicado en la ruta provincial 58, a 8 kilómetros del paraje el Escorial del Departamento de Gastre. La inversión correrá por cuenta de la empresa Patagonia El Angelito S.A. y del grupo chino Sinowind Technologies Limited.
Pampa de Gastre, el más grande
El mayor proyecto dentro de Chubut de generadores de energía eólica, es el que se planea instalar en Gastre. De la mano del grupo Garfunkel,el Parque Eólico Pampa de Gastre generará un total de 1350 MW. Este proyecto, que demandará unos 3500 millones de dólares, será financiado en parte por el China Development Bank, que dará un crédito que ronda los 260 millones para su construcción. La intención es que esté operativo a partir de 2015 y será el Parque Eólico más importante del país.
Inversión millonaria
Con estos cinco proyectos en vista (incluyendo el de Loma Blanca), hay en mira unos 2500 MW de generación de energía, que da un total de cinco mil millones de dólares en inversiones, ya que el cálculo es que cada Mega Vatio instalado tiene un costo de dos millones. Martín Castillo, titular de Industrias Bass, fabricante de torres eólicas de Trelew, dijo que “de esa cifra, hoy sólo quedan en el país 200.000 dólares en materia de obra civil y logística, mientras que 1.800.000 se van al exterior para adquirir, operar y mantener los equipos. Pero se está trabajando fuerte a fin de promover la capacitación y el agregado de valor local en esta industria”.
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Fecha de Publicación: 23/01/2014
Fuente: El Diario de Puerto Madryn
Provincia/Región: Chubut
El nuevo Parque Eólico de Loma Blanca, en las afueras de Puerto Madryn, comenzó a funcionar a mitad de año pasado. Con su primera etapa ya concluida, desde la empresa Emgasud, aseguraron que la puesta en funcionamiento total del emprendimiento generará un ahorro de 215 millones de dólares en importación de energía para la provincia. Asimismo, el ya instalado parque de Rawson posibilitó un ahorro de 106 millones de dólares en energía.
El primero de la provincia
El Parque Eólico Loma Blanca se encuentra actualmente en obra. Con una primera parte ya concluida y en funcionamiento, aun restan tres etapas más, lo que significaría una generación total de 220 megavatios (MW) de potencia. En la actualidad, el parque cuenta con 17 aerogeneradores Alstom Eco 100, con una capacidad de 3 MW cada uno, generando un ahorro de 215 millones de dólares.
El Parque Eólico de Loma Blanca será el primero en importancia en Chubut, ya que actualmente, se encuentran el de Rawson, con 77 MW; Antonio Morán, de Comodoro Rivadavia, que genera 17 MW; Diadema, de 6,3 MW y El Tordillo, con una generación total de 3 MW.
Rawson también aporta
En lo que a ahorro de energía significa, el Parque Eólico de Rawson, ya en pleno funcionamiento, también produce una buena cantidad de energía. Como dijimos anteriormente el parque de la capital provincial genera unos 77 MW de energía eólica, lo que significó, en más de un año y medio de funcionamiento, un total que equivale a 106 millones de dólares, por lo que desde la administración de Martín Buzzi están más que agradecidos.
Valle Hermoso
En lo que respecta a energía eólica, Chubut es una de las provincias que se encuentra a la cabeza de este tipo de proyectos. Además de la finalización de Loma Blanca, cercano a Puerto Madryn, la provincia tiene cuatro proyectos más de gran envergadura.
Valle Hermoso, en cercanías de Comodoro Rivadavia, generará un total de 12 MW El Parque Eólico Valle Hermoso, estará ubicado sobre la ruta nacional 26 a 80 kilómetros al oeste de la ciudad petrolera, estará compuesto de ocho equipos de 1,5 MW cada uno, totalizando una potencia de 12 MW que serán suministrados al (Sistema Interconectado Nacional (SIN). La inversión total estimada del parque alcanzará los 30 millones de dólares, y el tiempo límite para obtener la habilitación comercial es de dos años, por lo que se supone que para abril de 2015 ya debería estar funcionando.
Malaspina
Otro de los proyectos de energía eólica en la provincia, es el llamado Malaspina I, que aportará 50 MW de potencia al Sistema Interconectado Nacional, alcanzará una producción anual estimada mayor a los de 200 GWh (Gigavatio hora), lo suficiente para abastecer a 70.000 familias y evitar la emisión de 135000 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera. Además, permitirá el ahorro de 60 millones metros cúbicos de gas natural por año. Malaspina contará con 25 aerogeneradores de 2 MW cada uno.
El Angelito
Dentro de un proyecto más ambicioso aun, el Parque Eólico El Angelito, cercano a Gastre, es uno de los más importantes de la provincia, ya que generará 200 MW de energía eólica. Este proyecto consiste en la construcción, instalación y montaje de un parque eólico de 200 MW, donde se instalaran entre 80 y 100 aerogeneradores de una capacidad nominal estimada en 2 MW cada uno, ubicado en la ruta provincial 58, a 8 kilómetros del paraje el Escorial del Departamento de Gastre. La inversión correrá por cuenta de la empresa Patagonia El Angelito S.A. y del grupo chino Sinowind Technologies Limited.
Pampa de Gastre, el más grande
El mayor proyecto dentro de Chubut de generadores de energía eólica, es el que se planea instalar en Gastre. De la mano del grupo Garfunkel,el Parque Eólico Pampa de Gastre generará un total de 1350 MW. Este proyecto, que demandará unos 3500 millones de dólares, será financiado en parte por el China Development Bank, que dará un crédito que ronda los 260 millones para su construcción. La intención es que esté operativo a partir de 2015 y será el Parque Eólico más importante del país.
Inversión millonaria
Con estos cinco proyectos en vista (incluyendo el de Loma Blanca), hay en mira unos 2500 MW de generación de energía, que da un total de cinco mil millones de dólares en inversiones, ya que el cálculo es que cada Mega Vatio instalado tiene un costo de dos millones. Martín Castillo, titular de Industrias Bass, fabricante de torres eólicas de Trelew, dijo que “de esa cifra, hoy sólo quedan en el país 200.000 dólares en materia de obra civil y logística, mientras que 1.800.000 se van al exterior para adquirir, operar y mantener los equipos. Pero se está trabajando fuerte a fin de promover la capacitación y el agregado de valor local en esta industria”.
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Dos de cada tres en Córdoba no quiere a Monsanto
Priorizan el ambiente y la salud por sobre la rentabilidad
Fecha de Publicación: 22/01/2014
Fuente: Hoy Día Córdoba
Provincia/Región: Córdoba
Un estudio revela que dos de cada tres ciudadanos considera justo el bloqueo a Monsanto
Un estudio de opinión sobre las problemáticas ambientales, realizado a fines del año pasado por un grupo de docentes e investigadores del Conicet, la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Católica de Córdoba, con la colaboración de egresados y alumnos, reveló que existe un consenso generalizado acerca de la “necesidad” de que se instrumenten “acciones concretas para cuidar el ambiente”.
En el informe de investigación se destacó que la ciudadanía residente en nuestra provincia expresa una amplia aceptación en torno a la “supremacía del ambiente y la salud ciudadana por sobre la rentabilidad económica de las actividades productivas y la legalidad vigente que las regula”. Por otro lado, se observa una “baja valoración de las gestiones gubernamentales ambientales” y un reclamo por “mayores acciones concretas” sobre actividades que podrían estar reñidas con el ambiente y la salud pública.
De acuerdo a lo informado por este estudio, al que HOY DÍA CÓRDOBA tuvo acceso exclusivo, un 94 por ciento de los encuestados acordaron que “es necesario que los gobiernos tomen mayores recaudos ante actividades como fumigaciones u otras contaminan”. En ese sentido, ocho de cada diez ciudadanos cordobeses sostiene que la actividad minera que contamina “debería prohibirse aunque genere mucho dinero”. Esto muestra que, cuando existe contaminación, un ambiente limpio es más valorado que una actividad económica rentable.
En tanto, casi ocho de cada diez ciudadanos (78,64%) acuerda con la postura que sostiene la necesidad de la aprobación ciudadana a las actividades agropecuarias que afectan la salud, aunque éstas sean legales. Por su parte, dos de cada tres ciudadanos residentes en la provincia (65,12%) sostienen que el bloqueo a la empresa Monsanto “es una defensa justa de la salud, legitimando el reclamo de los vecinos”. Por otro lado, un 24,97 no tiene una opinión formada y sólo un 9,9 piensa que “no es un reclamo justo”.
Además, se indicó que la ciudadanía “no tiene una opinión mayoritaria clara con respecto a la responsabilidad política en este conflicto ambiental”. Un 27,03% de los ciudadanos piensa que el gobierno provincial no es responsable, un 30,24 piensa que tiene alguna responsabilidad, mientras que un 42,73% no tiene una opinión sobre la responsabilidad del gobierno provincial.
Cabe destacar que el informe fue llevado a cabo en el mes de octubre de 2013 sobre un universo de 801 casos de ciudadanos mayores de 18 años residentes en nuestra provincia, tanto de esta ciudad como del interior cordobés, con un nivel de confianza del 95 por ciento. De acuerdo a lo informado en la ficha técnica, el tipo de muestreo fue probabilístico polietápico por conglomerados. El cuestionario estructurado con preguntas cerradas y abiertas se aplicó de manera presencial domiciliaria. El equipo de investigación estuvo coordinado por los doctores Marcelo Nazareno (UNC); Víctor Mazzalay (Conicet/UCC); y por los investigadores Soledad Cabrera Araujo, Nadia Pessina, Agustín Márquez Cena, y Victoria Liberatore, todos de la Universidad Católica de Córdoba.
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Fecha de Publicación: 22/01/2014
Fuente: Hoy Día Córdoba
Provincia/Región: Córdoba
Un estudio revela que dos de cada tres ciudadanos considera justo el bloqueo a Monsanto
Un estudio de opinión sobre las problemáticas ambientales, realizado a fines del año pasado por un grupo de docentes e investigadores del Conicet, la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Católica de Córdoba, con la colaboración de egresados y alumnos, reveló que existe un consenso generalizado acerca de la “necesidad” de que se instrumenten “acciones concretas para cuidar el ambiente”.
En el informe de investigación se destacó que la ciudadanía residente en nuestra provincia expresa una amplia aceptación en torno a la “supremacía del ambiente y la salud ciudadana por sobre la rentabilidad económica de las actividades productivas y la legalidad vigente que las regula”. Por otro lado, se observa una “baja valoración de las gestiones gubernamentales ambientales” y un reclamo por “mayores acciones concretas” sobre actividades que podrían estar reñidas con el ambiente y la salud pública.
De acuerdo a lo informado por este estudio, al que HOY DÍA CÓRDOBA tuvo acceso exclusivo, un 94 por ciento de los encuestados acordaron que “es necesario que los gobiernos tomen mayores recaudos ante actividades como fumigaciones u otras contaminan”. En ese sentido, ocho de cada diez ciudadanos cordobeses sostiene que la actividad minera que contamina “debería prohibirse aunque genere mucho dinero”. Esto muestra que, cuando existe contaminación, un ambiente limpio es más valorado que una actividad económica rentable.
En tanto, casi ocho de cada diez ciudadanos (78,64%) acuerda con la postura que sostiene la necesidad de la aprobación ciudadana a las actividades agropecuarias que afectan la salud, aunque éstas sean legales. Por su parte, dos de cada tres ciudadanos residentes en la provincia (65,12%) sostienen que el bloqueo a la empresa Monsanto “es una defensa justa de la salud, legitimando el reclamo de los vecinos”. Por otro lado, un 24,97 no tiene una opinión formada y sólo un 9,9 piensa que “no es un reclamo justo”.
Además, se indicó que la ciudadanía “no tiene una opinión mayoritaria clara con respecto a la responsabilidad política en este conflicto ambiental”. Un 27,03% de los ciudadanos piensa que el gobierno provincial no es responsable, un 30,24 piensa que tiene alguna responsabilidad, mientras que un 42,73% no tiene una opinión sobre la responsabilidad del gobierno provincial.
Cabe destacar que el informe fue llevado a cabo en el mes de octubre de 2013 sobre un universo de 801 casos de ciudadanos mayores de 18 años residentes en nuestra provincia, tanto de esta ciudad como del interior cordobés, con un nivel de confianza del 95 por ciento. De acuerdo a lo informado en la ficha técnica, el tipo de muestreo fue probabilístico polietápico por conglomerados. El cuestionario estructurado con preguntas cerradas y abiertas se aplicó de manera presencial domiciliaria. El equipo de investigación estuvo coordinado por los doctores Marcelo Nazareno (UNC); Víctor Mazzalay (Conicet/UCC); y por los investigadores Soledad Cabrera Araujo, Nadia Pessina, Agustín Márquez Cena, y Victoria Liberatore, todos de la Universidad Católica de Córdoba.
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La lluvia alivia el trabajo de bomberos en Neuquén
Llovió, y se pudo avanzar en el control de incendios
Fecha de Publicación: 22/01/2014
Fuente: Diariamente Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Con la ayuda de la lluvia, los brigadistas consiguieron “circunscribir” el fuego en Ruca Choroi, la zona más afectada, y avanzar también en Ñorquinco, al tiempo que se logró controlar el incendio en Paimún, que se había declarado el domingo.
Así lo informó el Comité de Emergencias formado por el gobierno neuquino.
Este lunes, el gobernador Jorge Sapag junto con el ministro de Energía y Servicios Públicos, Guillermo Coco, y al intendente de Aluminé, Andrés Méndez, recorrieron desde temprano la zona de Ñorquinco.
Sapag mostró satisfacción por las tareas realizadas y espera que “la lluvia continúe toda la noche, así mañana tenemos otra realidad”.
El mandatario se refirió al incendio de Pilhue, que está cerca del límite con Chile: “esto es un problema en común. Hemos pedido a las autoridades chilenas que actúen rápido”.
“Estamos organizados frente a un enemigo que trabaja las 24 horas”, dijo Sapag.
Por la tarde se había sumado al operativo un helicóptero sanitario enviado por el Sindicato de Petroleros Privados de Neuquén, Río Negro y La Pampa, que conduce el actual senador nacional Guillermo Pereyra.
El subsecretario de Producción, Javier Van Houtte, anunció que en los próximos días llegará forraje para los animales. Expresó que se trabaja en un relevamiento en las zonas de veranada e invernada para retirar a los animales.
Para esta tarea, en el lugar trabajan veterinarios, ingenieros agrónomos e ingenieros forestales pertenecientes a la Provincia, Parques Nacionales y al gobierno nacional.
Luciana Ortiz Luna, a cargo del Sistema Integrado de Emergencias, precisó que todos los días se revisa obligatoriamente a los brigadistas y bomberos cuando vuelven de las tareas frente a los siniestros.
“Realizamos un control médico obligatorio. Detectamos deshidrataciones, quemaduras leves y heridas menores. Trabajamos junto con el hospital de Aluminé; en estos momentos hay dos puestos fijos equipados como un hospital de campaña”, afirmó Ortiz Luna.
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Fecha de Publicación: 22/01/2014
Fuente: Diariamente Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Con la ayuda de la lluvia, los brigadistas consiguieron “circunscribir” el fuego en Ruca Choroi, la zona más afectada, y avanzar también en Ñorquinco, al tiempo que se logró controlar el incendio en Paimún, que se había declarado el domingo.
Así lo informó el Comité de Emergencias formado por el gobierno neuquino.
Este lunes, el gobernador Jorge Sapag junto con el ministro de Energía y Servicios Públicos, Guillermo Coco, y al intendente de Aluminé, Andrés Méndez, recorrieron desde temprano la zona de Ñorquinco.
Sapag mostró satisfacción por las tareas realizadas y espera que “la lluvia continúe toda la noche, así mañana tenemos otra realidad”.
El mandatario se refirió al incendio de Pilhue, que está cerca del límite con Chile: “esto es un problema en común. Hemos pedido a las autoridades chilenas que actúen rápido”.
“Estamos organizados frente a un enemigo que trabaja las 24 horas”, dijo Sapag.
Por la tarde se había sumado al operativo un helicóptero sanitario enviado por el Sindicato de Petroleros Privados de Neuquén, Río Negro y La Pampa, que conduce el actual senador nacional Guillermo Pereyra.
El subsecretario de Producción, Javier Van Houtte, anunció que en los próximos días llegará forraje para los animales. Expresó que se trabaja en un relevamiento en las zonas de veranada e invernada para retirar a los animales.
Para esta tarea, en el lugar trabajan veterinarios, ingenieros agrónomos e ingenieros forestales pertenecientes a la Provincia, Parques Nacionales y al gobierno nacional.
Luciana Ortiz Luna, a cargo del Sistema Integrado de Emergencias, precisó que todos los días se revisa obligatoriamente a los brigadistas y bomberos cuando vuelven de las tareas frente a los siniestros.
“Realizamos un control médico obligatorio. Detectamos deshidrataciones, quemaduras leves y heridas menores. Trabajamos junto con el hospital de Aluminé; en estos momentos hay dos puestos fijos equipados como un hospital de campaña”, afirmó Ortiz Luna.
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Violando la ley, prometen uranio para el próximo año
U 308 promete extraer uranio de Chubut en 2015
Fecha de Publicación: 22/01/2014
Fuente: No a la Mina - Mining Press
Fecha de Publicación: 22/01/2014
Fuente: No a la Mina - Mining Press
Provincia/Región: Chubut
Tras casi dos décadas de inactividad, la Argentina podría volver a extraer uranio de su territorio en un corto plazo y producido localmente para abastecer las centrales nucleares que tiene en funcionamiento. En Chubut la canadiense U308 Corp encontró recientemente un nuevo depósito del mineral amarillo y se prepara para procesado en "dos o tres años como máxímo". Esa provincia patagónica posee una ley que prohíbe la minería metálica a cielo abierto, lo cual parece desconcer el sector minero que avanza gracias a la aprobación gubernamental de nuevos permisos de cateo y exploración.
Así se lo confirmó Richard Spencer, el presidente de la minera canadiense U308 que la semana pasada anunció a sus inversores el descubrimiento de una nueva área de mineralización (La Susana) que está al sur del depósito de Laguna Salada, en Chubut.
Con este hallazgo, la compañía estima que puede duplicar las actuales reservas que posee dentro de ese área de 100 kilómetros cuadrados.
"La idea es proveer de uranio a la industria nuclear argentina", dijo Spencer y reafirmó: "Esperamos comenzar con la producción en dos o tres años como máximo".
Además precisó que la firma lleva hasta ahora invertidos unos u$s 15 M y adelantó que también buscarán "exportar desde la Argentina, dado que el país tiene acuerdos nucleares firmados con muchas naciones, incluyendo a China, Rusia y Carea del Sur".
El Gobierno de Chubut, a partir de un artículo que este diario publicó recientemente, salió a negar sus intenciones mineras para la provincia. Sin embargo, en los hechos por lo menos la canadiense U308 está trabajando con fuerza y los recientes descubrimientos así lo confirman.
De hecho, Spencer adelantó que están "finalizando los detalles para firmar un acuerdo" con el gobierno chubutense y establecer un joint venture con la compañía provincial para la extracción conjunta de uranio.
El cálculo de la firma U308 es que, si se produce a nivel local, la Argentina buscará dejar de importar uranio para sus centrales nucleares actuales (y las próximas programadas) y pasará a comprar la oferta disponible al interior de sus fronteras.
En el caso de Laguna Salada, el tipo de mineralización se denomina shallow, por la poca profundidad en que se ubica, a unos tres metros de la superficie, lo que permite una explotación de relativo bajo costo y sin necesidad de hacer minería a cielo abierto, que en Chubut está prohibida por una ley provincial.
En marzo, además, se sumará una nueva exploración de uranio que se cargará al hombro la propia Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) en el departamento de Sarmiento de la provincia de San Juan.
El mercado global del uranio
En los últimos tres años el precio del uranio ha ido bajando sostenidamente, tras un pico alcanzado en los primeros meses de 2011. Los cálculos de los operadores financieros extranjeros es que China podría llegar a dinamizar el deprimido mercado en los próximos años mediante sus 18 reactores nucleares en funcionamiento, más otros 30 en construcción y sus planes aún más ambiciosos para la próxima década.
De acuerdo a los datos de la Asociación Nuclear Mundial, a nivel internacional actualmente hay en operatividad unos 437 reactores nucleares, más otros 71 en construcción. En la Argentina funcionan tres: Atucha 1, Atucha 11 y Embalse.
La nómina de los principales proveedores de uranio está encabezada por Kazajstán que produce unas 21.317 toneladas al año, todas destinadas al mercado externo; seguido por Canadá con casi 9.000 toneladas y un consumo interno menor a los 2.000; y en tercer lugar se ubica Australia que también tiene un consumo bastante limitado.
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Tras casi dos décadas de inactividad, la Argentina podría volver a extraer uranio de su territorio en un corto plazo y producido localmente para abastecer las centrales nucleares que tiene en funcionamiento. En Chubut la canadiense U308 Corp encontró recientemente un nuevo depósito del mineral amarillo y se prepara para procesado en "dos o tres años como máxímo". Esa provincia patagónica posee una ley que prohíbe la minería metálica a cielo abierto, lo cual parece desconcer el sector minero que avanza gracias a la aprobación gubernamental de nuevos permisos de cateo y exploración.
Así se lo confirmó Richard Spencer, el presidente de la minera canadiense U308 que la semana pasada anunció a sus inversores el descubrimiento de una nueva área de mineralización (La Susana) que está al sur del depósito de Laguna Salada, en Chubut.
Con este hallazgo, la compañía estima que puede duplicar las actuales reservas que posee dentro de ese área de 100 kilómetros cuadrados.
"La idea es proveer de uranio a la industria nuclear argentina", dijo Spencer y reafirmó: "Esperamos comenzar con la producción en dos o tres años como máximo".
Además precisó que la firma lleva hasta ahora invertidos unos u$s 15 M y adelantó que también buscarán "exportar desde la Argentina, dado que el país tiene acuerdos nucleares firmados con muchas naciones, incluyendo a China, Rusia y Carea del Sur".
El Gobierno de Chubut, a partir de un artículo que este diario publicó recientemente, salió a negar sus intenciones mineras para la provincia. Sin embargo, en los hechos por lo menos la canadiense U308 está trabajando con fuerza y los recientes descubrimientos así lo confirman.
De hecho, Spencer adelantó que están "finalizando los detalles para firmar un acuerdo" con el gobierno chubutense y establecer un joint venture con la compañía provincial para la extracción conjunta de uranio.
El cálculo de la firma U308 es que, si se produce a nivel local, la Argentina buscará dejar de importar uranio para sus centrales nucleares actuales (y las próximas programadas) y pasará a comprar la oferta disponible al interior de sus fronteras.
En el caso de Laguna Salada, el tipo de mineralización se denomina shallow, por la poca profundidad en que se ubica, a unos tres metros de la superficie, lo que permite una explotación de relativo bajo costo y sin necesidad de hacer minería a cielo abierto, que en Chubut está prohibida por una ley provincial.
En marzo, además, se sumará una nueva exploración de uranio que se cargará al hombro la propia Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) en el departamento de Sarmiento de la provincia de San Juan.
El mercado global del uranio
En los últimos tres años el precio del uranio ha ido bajando sostenidamente, tras un pico alcanzado en los primeros meses de 2011. Los cálculos de los operadores financieros extranjeros es que China podría llegar a dinamizar el deprimido mercado en los próximos años mediante sus 18 reactores nucleares en funcionamiento, más otros 30 en construcción y sus planes aún más ambiciosos para la próxima década.
De acuerdo a los datos de la Asociación Nuclear Mundial, a nivel internacional actualmente hay en operatividad unos 437 reactores nucleares, más otros 71 en construcción. En la Argentina funcionan tres: Atucha 1, Atucha 11 y Embalse.
La nómina de los principales proveedores de uranio está encabezada por Kazajstán que produce unas 21.317 toneladas al año, todas destinadas al mercado externo; seguido por Canadá con casi 9.000 toneladas y un consumo interno menor a los 2.000; y en tercer lugar se ubica Australia que también tiene un consumo bastante limitado.
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El nuevo Puerto Madero en manos de la CSJ
La Corte Suprema podría definir el futuro de un millonario proyecto de Techint
Fecha de Publicación: 21/01/2014
Fuente: Cronista
Provincia/Región: Capital Federal
Costa del Plata, que fue bautizado como el Puerto Madero bonaerense, acumula fallos adversos, y va camino a ser tratado por el máximo tribunal de justicia del país
El grupo Techint deberá esperar la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para avanzar en el desarrollo de un mega emprendimiento inmobiliario en la ribera sur de la provincia de Buenos Aires. Se trata de un proyecto que fue anunciado en marzo de 2008, que involucra una inversión total de u$s 1.700 millones y que fue bautizado como el Puerto Madero bonaerense.
El plan está pensado para construirse en zonas ribereñas de los municipios de Avellaneda y Quilmes. Sin embargo, trabas y problemas políticos, y varios fallos judiciales adversos acumulados a lo largo de estos años han generado que el proyecto, conocido como Costa del Plata, siga frenado.
De hecho, cuando fue presentado oficialmente el plazo inicial de construcción de este mega desarrollo fue previsto en 12 años, de los cuales ya pasaron casi ocho años y Techint no logró ni siquiera poner la piedra fundamental.
Si bien el grupo de la familia Rocca logró el aval del municipio a cargo del intendente Jorge Ferraresi, la iniciativa sigue trabada en los pagos del intendente, Francisco Barba Gutiérrez donde las fuerzas políticas rechazan darle validez.
A este negro panorama político se suma una compleja situación judicial que se profundizó a fines de diciembre del año pasado, cuando la Cámara Federal de La Plata ratificó un amparo contra el megaempredimiento.
El órgano judicial dejó firme un fallo del año pasado de la Cámara de Apelaciones que había avalado el pedido de un grupo de ambientalistas para frenar la iniciativa de Techint.
En ese momento, se extendió el alcance de una medida cautelar que había sido pedida por 30 días hasta que finalice el juicio y se determine si Costa del Plata daña el medio ambiente y perjudica o no a la selva marginal.
Techint apeló el amparo, pero ahora la Cámara ratificó lo actuado. La decisión se basa en un incumplimiento de la Provincia que no se adecuó a la Ley de Bosques que protegería a los terrenos de la ribera del Río de Plata y que en Quilmes, no fueron rezonificados.
Si bien fuentes de Techint prefirieron no hacer comentarios ante la consulta de El Cronista sobre el futuro del emprendimiento, desde el principio, el holding aclaró que el 75% de la tierra sería de uso público, mientras que sólo el 25% restante será para construcción, respetando los parámetros urbanísticos y ambientales aprobados por ambos municipios.
Es decir, aclaró que la mayor parte de las tierras involucradas mantendrían su actual fisonomía y no quebrarían el ecosistema que los grupos ambientalistas buscan preservar.
Logró así el respaldo del gobierno bonaerense de Daniel Scioli, en el cual siempre se encargaron de resaltar que, una vez finalizado, Costa del Plata daría albergue a entre 20.000 y 25.000 personas, y el área de oficinas y comercial podría generar 20.000 nuevos puestos de trabajo.
Pero, si bien en Avellaneda no hubo oposición, en Quilmes la situación siempre fue más compleja y, algunas fuentes políticas hasta se animan a estimar que podría derivar en el abandono de la iniciativa por parte del holding de la familia Rocca.
A pesar de que el Poder Ejecutivo de esa localidad bonaerense está favor del proyecto de Techint, en el Concejo Deliberante siempre hubo más dudas que certezas. De hecho, el cuerpo político nunca trató el plan de rezonificación del predio necesario para poder comenzar con las obras en la zona.
En este sentido, los grupos ambientalistas que están en contra del proyecto argumentan que la obra destruirá la selva marginal. Y además, pretenden que el gobierno de Scioli incluya a la zona donde debería levantarse Costa del Plata dentro del listado de bosques nativos, que están protegidos por la nueva legislación nacional.
Ante este avance judicial, Techint apeló las decisiones en Tribunales e intentó demostrar que no existe riesgo ambiental. Sin embargo, en el último fallo de diciembre la Cámara Federal descartó las razones del grupo y ordenó que las obras se mantengan frenadas hasta que finalice el juicio que apunta a ser definido por el máximo tribunal de justicia del país, aunque no se sabe cuándo.
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Fecha de Publicación: 21/01/2014
Fuente: Cronista
Provincia/Región: Capital Federal
Costa del Plata, que fue bautizado como el Puerto Madero bonaerense, acumula fallos adversos, y va camino a ser tratado por el máximo tribunal de justicia del país
El grupo Techint deberá esperar la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para avanzar en el desarrollo de un mega emprendimiento inmobiliario en la ribera sur de la provincia de Buenos Aires. Se trata de un proyecto que fue anunciado en marzo de 2008, que involucra una inversión total de u$s 1.700 millones y que fue bautizado como el Puerto Madero bonaerense.
El plan está pensado para construirse en zonas ribereñas de los municipios de Avellaneda y Quilmes. Sin embargo, trabas y problemas políticos, y varios fallos judiciales adversos acumulados a lo largo de estos años han generado que el proyecto, conocido como Costa del Plata, siga frenado.
De hecho, cuando fue presentado oficialmente el plazo inicial de construcción de este mega desarrollo fue previsto en 12 años, de los cuales ya pasaron casi ocho años y Techint no logró ni siquiera poner la piedra fundamental.
Si bien el grupo de la familia Rocca logró el aval del municipio a cargo del intendente Jorge Ferraresi, la iniciativa sigue trabada en los pagos del intendente, Francisco Barba Gutiérrez donde las fuerzas políticas rechazan darle validez.
A este negro panorama político se suma una compleja situación judicial que se profundizó a fines de diciembre del año pasado, cuando la Cámara Federal de La Plata ratificó un amparo contra el megaempredimiento.
El órgano judicial dejó firme un fallo del año pasado de la Cámara de Apelaciones que había avalado el pedido de un grupo de ambientalistas para frenar la iniciativa de Techint.
En ese momento, se extendió el alcance de una medida cautelar que había sido pedida por 30 días hasta que finalice el juicio y se determine si Costa del Plata daña el medio ambiente y perjudica o no a la selva marginal.
Techint apeló el amparo, pero ahora la Cámara ratificó lo actuado. La decisión se basa en un incumplimiento de la Provincia que no se adecuó a la Ley de Bosques que protegería a los terrenos de la ribera del Río de Plata y que en Quilmes, no fueron rezonificados.
Si bien fuentes de Techint prefirieron no hacer comentarios ante la consulta de El Cronista sobre el futuro del emprendimiento, desde el principio, el holding aclaró que el 75% de la tierra sería de uso público, mientras que sólo el 25% restante será para construcción, respetando los parámetros urbanísticos y ambientales aprobados por ambos municipios.
Es decir, aclaró que la mayor parte de las tierras involucradas mantendrían su actual fisonomía y no quebrarían el ecosistema que los grupos ambientalistas buscan preservar.
Logró así el respaldo del gobierno bonaerense de Daniel Scioli, en el cual siempre se encargaron de resaltar que, una vez finalizado, Costa del Plata daría albergue a entre 20.000 y 25.000 personas, y el área de oficinas y comercial podría generar 20.000 nuevos puestos de trabajo.
Pero, si bien en Avellaneda no hubo oposición, en Quilmes la situación siempre fue más compleja y, algunas fuentes políticas hasta se animan a estimar que podría derivar en el abandono de la iniciativa por parte del holding de la familia Rocca.
A pesar de que el Poder Ejecutivo de esa localidad bonaerense está favor del proyecto de Techint, en el Concejo Deliberante siempre hubo más dudas que certezas. De hecho, el cuerpo político nunca trató el plan de rezonificación del predio necesario para poder comenzar con las obras en la zona.
En este sentido, los grupos ambientalistas que están en contra del proyecto argumentan que la obra destruirá la selva marginal. Y además, pretenden que el gobierno de Scioli incluya a la zona donde debería levantarse Costa del Plata dentro del listado de bosques nativos, que están protegidos por la nueva legislación nacional.
Ante este avance judicial, Techint apeló las decisiones en Tribunales e intentó demostrar que no existe riesgo ambiental. Sin embargo, en el último fallo de diciembre la Cámara Federal descartó las razones del grupo y ordenó que las obras se mantengan frenadas hasta que finalice el juicio que apunta a ser definido por el máximo tribunal de justicia del país, aunque no se sabe cuándo.
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Salta impultsa el desmonte
Reclamo por desmonte en el Chaco Salteño
Fecha de Publicación: 21/01/2014
Fuente: Radio Salta
Provincia/Región: Salta
Entidades de Rivadavia pidieron a funcionarios que dejen de quebrantar la paz social con permisos de deforestación. Ciudadanos se manifestaron frente a Medio Ambiente.
Agrupaciones campesinas de Rivadavia Banda Norte pidieron al Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable que deje de habilitar desmontes que afectan a pequeños productores y familias rurales en ese municipio del noreste salteño.
En una nueva nota dirigida al titular de la cartera, Baltasar Saravia, seis asociaciones civiles de la región chaqueña elevaron el tono de sus reclamos contra la Secretaría de Medio Ambiente por los permisos de aprovechamiento forestal otorgados a titulares registrales que arriendan o venden sus guías a terceros.
“Nos sentimos totalmente indignados y avasallados en nuestros derechos posesorios sobre la tierra que habitamos y en la cual hemos trabajado y construido nuestras vidas por generaciones; una vez más sentimos que se nos ignora, margina y desconoce como ciudadanos poseedores de derechos”, remarca la presentación de las organizaciones civiles Unión y Progreso, Los del Bermejo, Defendiendo lo Nuestro, Comisión de Feria Rural Campesina, Herencia Chaqueña y la Asociación de Pequeños Productores del Chaco Salteño.
En el escrito, Lucía Ruiz, Alejandro Paz, Omar Cruz y otros dirigentes de las entidades campesinas de Rivadavia recordaron que, ya en anteriores notas, habían hecho notar que los permisos de aprovechamiento forestal y desmontes “no son bien estudiados” y que los funcionarios provinciales que los entregan “no llegan al lugar” para ver “la alteración social” que producen.
Las críticas
“A nuestro entender, solo se tienen en cuenta los beneficios económicos que favorecen a unos cuantos y perjudican a toda una población”, remarcaron las autoridades de las asociaciones civiles del chaco salteño, quienes citaron situaciones concretas denunciadas en 2013 “para refrescarle la memoria” al ministro.
En primer lugar, mencionaron el caso de Daniel Zambrano, quien se presentó como arrendatario de tierras en Campo Llauro, para realizar desmontes que la Secretaria de Medio Ambiente autorizó, por resolución 000171, en esa finca que tiene como titular registral a Carlos Paserini.
También recordaron el permiso que recibió Norberto Gay, por resolución 000567, para realizar deforestaciones en otro inmueble de la zona que tiene como titular registral a la firma Pastos Altos SA.
Por último, reseñaron el caso de Adrián Toledo, quien, por resolución 520/10, obtuvo permiso para aprovechamiento forestal en otra finca de la zona. “El vendió su guía al señor Javier Beltrán”, denunciaron las agrupaciones chaqueñas, tras recalcar que las afectadas directas de estos manejos “son las familias campesinas que sufren el atropello y la prepotencia de quienes llegan al lugar a destrozar el monte”.
Más de 14.000 hectáreas
“En los últimos tres meses, desde noviembre hasta la fecha, la Provincia ha realizado cuatro audiencias públicas que, en la suma total, involucran un poco más de 14.000 hectáreas de desmontes”, precisaron las asociaciones chaqueñas en el reclamo que hicieron llegar al ministro de Ambiente, y Producción Sustentable Baltasar Saravia.
En la nota, advirtieron que “en ninguna de esas audiencias familias campesinas y comunidades aborígenes afectadas fueron notificadas con tiempo para poder expresar su oposición”, como pidieron los jueces de la Corte de Justicia de la Nación. Por el contrario, remarcaron, “las organizaciones campesinas y comunidades aborígenes fuimos engañadas, ninguneadas y burladas”.
En este punto, resaltaron que la notificación de la audiencia pública que se realizó en Capitán Pagé el 10 de febrero, a las 14, fue ingresada apenas tres horas antes por la mesa de entrada de la Municipalidad de Rivadavia Banda Norte (Morillo). Lamentaron que funcionarios de la Provincia “desconozcan derechos posesorios y se nieguen a escuchar a familias rurales y pequeños productores” que habitan por generaciones en tierras de las que terminan siendo expulsados.
“Le recordamos a usted como ministro y a los funcionarios de Medio Ambiente que están desconociendo el pedido que hicieron los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, insistieron las asociaciones campesinas, tras remarcar que, con las autorizaciones irregulares de desmontes, también se incumple con la Ley provincial 7.654 que fue sancionada y promulgada a fines de 2010 para proteger los derechos de familias rurales y pequeños productores. Recordaron, en tal sentido, que el programa de regularización dominial y asistencia a grupos campesinos previsto en esa norma sigue siendo una materia pendiente.
Por último, hicieron responsables “al gobierno provincial y a funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente por provocar con este tipo de decisiones unilaterales el quiebre de la paz social” en la región chaqueña.
Sin voz en las audiencias
Las entidades campesinas de Rivadavia Banda Norte denunciaron, asimismo, que “desde el gobierno provincial se siguen manipulando los llamados a las audiencias públicas” convocadas para “aprobar nuevos desmontes en zonas dispuestas con color amarillo” en el mapa de ordenamiento territorial de bosques nativos de Salta.
Manifestaron que el pasado 21 de noviembre se hizo una audiencia pública en Pluma de Pato, para tratar el desmonte de 5.745 hectáreas de finca La Luz, sin debida comunicación de parte del gobierno provincial a familias afectadas por esa intervención.
Para las asociaciones civiles de la zona de Coronel Juan Solá (Morillo), los recaudos que dispuso la Corte de Justicia de la Nación en febrero de 2009, en el marco de la cautelar que frenó los desmontes en cuatro departamentos del norte salteño, tampoco se cumplieron en otras dos audiencias públicas que la Secretaría de Medio Ambiente llamó en los primeros días de 2014.
La primera se llevó a cabo el 3 de enero para autorizar un ajuste predial (pasar áreas pintadas de amarillo a verde para permitir desmontes) y cambiar de uso del suelo en 1.500 hectáreas de un establecimiento ganadero de Pluma de Pato. La segunda se hizo el 10 de enero, en Capitán Pagé, para autorizar desmontes y desbajerados en 3.309 hectáreas de finca Santo Domingo - Palo Santo.
En la nota dirigida al ministro de Ambiente, Baltasar Saravia, las asociaciones chaqueñas también hicieron notar que, de modo casual, se enteraron de otra audiencia pública, que se realizó el jueves último, para tratar un pedido de desmontes y desbajerados que alcanzará, en tres etapas, a más de 3.300 hectáreas de la finca El Carmen, en Hickman.
La titular de ese establecimiento, la empresa cordobesa Santa Cecilia del Oeste, pidió la autorización de un cambio de uso del suelo para un desarrollo agroganadero.
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Fecha de Publicación: 21/01/2014
Fuente: Radio Salta
Provincia/Región: Salta
Entidades de Rivadavia pidieron a funcionarios que dejen de quebrantar la paz social con permisos de deforestación. Ciudadanos se manifestaron frente a Medio Ambiente.
Agrupaciones campesinas de Rivadavia Banda Norte pidieron al Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable que deje de habilitar desmontes que afectan a pequeños productores y familias rurales en ese municipio del noreste salteño.
En una nueva nota dirigida al titular de la cartera, Baltasar Saravia, seis asociaciones civiles de la región chaqueña elevaron el tono de sus reclamos contra la Secretaría de Medio Ambiente por los permisos de aprovechamiento forestal otorgados a titulares registrales que arriendan o venden sus guías a terceros.
“Nos sentimos totalmente indignados y avasallados en nuestros derechos posesorios sobre la tierra que habitamos y en la cual hemos trabajado y construido nuestras vidas por generaciones; una vez más sentimos que se nos ignora, margina y desconoce como ciudadanos poseedores de derechos”, remarca la presentación de las organizaciones civiles Unión y Progreso, Los del Bermejo, Defendiendo lo Nuestro, Comisión de Feria Rural Campesina, Herencia Chaqueña y la Asociación de Pequeños Productores del Chaco Salteño.
En el escrito, Lucía Ruiz, Alejandro Paz, Omar Cruz y otros dirigentes de las entidades campesinas de Rivadavia recordaron que, ya en anteriores notas, habían hecho notar que los permisos de aprovechamiento forestal y desmontes “no son bien estudiados” y que los funcionarios provinciales que los entregan “no llegan al lugar” para ver “la alteración social” que producen.
Las críticas
“A nuestro entender, solo se tienen en cuenta los beneficios económicos que favorecen a unos cuantos y perjudican a toda una población”, remarcaron las autoridades de las asociaciones civiles del chaco salteño, quienes citaron situaciones concretas denunciadas en 2013 “para refrescarle la memoria” al ministro.
En primer lugar, mencionaron el caso de Daniel Zambrano, quien se presentó como arrendatario de tierras en Campo Llauro, para realizar desmontes que la Secretaria de Medio Ambiente autorizó, por resolución 000171, en esa finca que tiene como titular registral a Carlos Paserini.
También recordaron el permiso que recibió Norberto Gay, por resolución 000567, para realizar deforestaciones en otro inmueble de la zona que tiene como titular registral a la firma Pastos Altos SA.
Por último, reseñaron el caso de Adrián Toledo, quien, por resolución 520/10, obtuvo permiso para aprovechamiento forestal en otra finca de la zona. “El vendió su guía al señor Javier Beltrán”, denunciaron las agrupaciones chaqueñas, tras recalcar que las afectadas directas de estos manejos “son las familias campesinas que sufren el atropello y la prepotencia de quienes llegan al lugar a destrozar el monte”.
Más de 14.000 hectáreas
“En los últimos tres meses, desde noviembre hasta la fecha, la Provincia ha realizado cuatro audiencias públicas que, en la suma total, involucran un poco más de 14.000 hectáreas de desmontes”, precisaron las asociaciones chaqueñas en el reclamo que hicieron llegar al ministro de Ambiente, y Producción Sustentable Baltasar Saravia.
En la nota, advirtieron que “en ninguna de esas audiencias familias campesinas y comunidades aborígenes afectadas fueron notificadas con tiempo para poder expresar su oposición”, como pidieron los jueces de la Corte de Justicia de la Nación. Por el contrario, remarcaron, “las organizaciones campesinas y comunidades aborígenes fuimos engañadas, ninguneadas y burladas”.
En este punto, resaltaron que la notificación de la audiencia pública que se realizó en Capitán Pagé el 10 de febrero, a las 14, fue ingresada apenas tres horas antes por la mesa de entrada de la Municipalidad de Rivadavia Banda Norte (Morillo). Lamentaron que funcionarios de la Provincia “desconozcan derechos posesorios y se nieguen a escuchar a familias rurales y pequeños productores” que habitan por generaciones en tierras de las que terminan siendo expulsados.
“Le recordamos a usted como ministro y a los funcionarios de Medio Ambiente que están desconociendo el pedido que hicieron los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, insistieron las asociaciones campesinas, tras remarcar que, con las autorizaciones irregulares de desmontes, también se incumple con la Ley provincial 7.654 que fue sancionada y promulgada a fines de 2010 para proteger los derechos de familias rurales y pequeños productores. Recordaron, en tal sentido, que el programa de regularización dominial y asistencia a grupos campesinos previsto en esa norma sigue siendo una materia pendiente.
Por último, hicieron responsables “al gobierno provincial y a funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente por provocar con este tipo de decisiones unilaterales el quiebre de la paz social” en la región chaqueña.
Sin voz en las audiencias
Las entidades campesinas de Rivadavia Banda Norte denunciaron, asimismo, que “desde el gobierno provincial se siguen manipulando los llamados a las audiencias públicas” convocadas para “aprobar nuevos desmontes en zonas dispuestas con color amarillo” en el mapa de ordenamiento territorial de bosques nativos de Salta.
Manifestaron que el pasado 21 de noviembre se hizo una audiencia pública en Pluma de Pato, para tratar el desmonte de 5.745 hectáreas de finca La Luz, sin debida comunicación de parte del gobierno provincial a familias afectadas por esa intervención.
Para las asociaciones civiles de la zona de Coronel Juan Solá (Morillo), los recaudos que dispuso la Corte de Justicia de la Nación en febrero de 2009, en el marco de la cautelar que frenó los desmontes en cuatro departamentos del norte salteño, tampoco se cumplieron en otras dos audiencias públicas que la Secretaría de Medio Ambiente llamó en los primeros días de 2014.
La primera se llevó a cabo el 3 de enero para autorizar un ajuste predial (pasar áreas pintadas de amarillo a verde para permitir desmontes) y cambiar de uso del suelo en 1.500 hectáreas de un establecimiento ganadero de Pluma de Pato. La segunda se hizo el 10 de enero, en Capitán Pagé, para autorizar desmontes y desbajerados en 3.309 hectáreas de finca Santo Domingo - Palo Santo.
En la nota dirigida al ministro de Ambiente, Baltasar Saravia, las asociaciones chaqueñas también hicieron notar que, de modo casual, se enteraron de otra audiencia pública, que se realizó el jueves último, para tratar un pedido de desmontes y desbajerados que alcanzará, en tres etapas, a más de 3.300 hectáreas de la finca El Carmen, en Hickman.
La titular de ese establecimiento, la empresa cordobesa Santa Cecilia del Oeste, pidió la autorización de un cambio de uso del suelo para un desarrollo agroganadero.
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Nueva soja que genera más rechazos
Greenpeace rechaza nueva soja transgénica resistente a tres agroquímicos
Fecha de Publicación: 21/01/2014
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Nacional
Greenpeace reclamó al Gobierno Nacional que no apruebe una nueva variedad de soja transgénica resistente a tres potentes agroquímicos.
La nueva semilla fue creada para tolerar el famoso 2,4 - D (componente del Agente Naranja, usado por los militares de Estados Unidos en la Guerra de Vietnam), y otros dos potentes herbicidas: el glufosinato de amonio y el glifosato. (1)
La organización ecologista advierte que la incorporación de este tipo de soja aumenta la posibilidad de que las malezas se vuelvan resistentes a los tres herbicidas y se necesitarán fórmulas más fuertes y más cantidad de agroquímicos para combatirlas. (2)
“Los transgénicos llegaron a Argentina con la promesa de alimentar al mundo y evitar la deforestación. Sin embargo, los resultados son otros: avance descontrolado de la frontera agrícola sobre los bosques nativos, contaminación y pérdida de la soberanía alimentaria”, advirtió Hernán Giardini, Coordinador de la Campaña de Biodiversidad de Greenpeace Argentina.
La aprobación de esta nueva semilla, propiedad de Dow AgroScience Argentina S.A, fue recomendada a la Secretaria de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación por la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA).
Greenpeace promueve un modelo agrícola sin transgénicos ni agroquímicos, que priorice los conocimientos agroecológicos y que proteja los recursos naturales, los alimentos y a los productores agrícolas. Al mismo tiempo, reclama el derecho de los consumidores a saber si sus alimentos contienen organismos genéticamente modificados.
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Fecha de Publicación: 21/01/2014
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Nacional
Greenpeace reclamó al Gobierno Nacional que no apruebe una nueva variedad de soja transgénica resistente a tres potentes agroquímicos.
La nueva semilla fue creada para tolerar el famoso 2,4 - D (componente del Agente Naranja, usado por los militares de Estados Unidos en la Guerra de Vietnam), y otros dos potentes herbicidas: el glufosinato de amonio y el glifosato. (1)
La organización ecologista advierte que la incorporación de este tipo de soja aumenta la posibilidad de que las malezas se vuelvan resistentes a los tres herbicidas y se necesitarán fórmulas más fuertes y más cantidad de agroquímicos para combatirlas. (2)
“Los transgénicos llegaron a Argentina con la promesa de alimentar al mundo y evitar la deforestación. Sin embargo, los resultados son otros: avance descontrolado de la frontera agrícola sobre los bosques nativos, contaminación y pérdida de la soberanía alimentaria”, advirtió Hernán Giardini, Coordinador de la Campaña de Biodiversidad de Greenpeace Argentina.
La aprobación de esta nueva semilla, propiedad de Dow AgroScience Argentina S.A, fue recomendada a la Secretaria de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación por la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA).
Greenpeace promueve un modelo agrícola sin transgénicos ni agroquímicos, que priorice los conocimientos agroecológicos y que proteja los recursos naturales, los alimentos y a los productores agrícolas. Al mismo tiempo, reclama el derecho de los consumidores a saber si sus alimentos contienen organismos genéticamente modificados.
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