Barrick incumple el acuerdo sobre proveedores
17:10 | 
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Proveedores mineros bloquean el acceso a la Barrick en San Juan
Fecha de Publicación: 05/12/2013
Fuente: Diario Los Andes
Provincia/Región: San Juan
Cortan el acceso de micros y camiones hacia la mina Veladero y hacia el proyecto Pascua Lama. Reclaman que se cumpla una ley que la obliga a contratar el 75 por ciento de sus consumos y mano de obra con prestadores locales.
Representantes de empresas de servicios y proveedoras de insumos para la minería cortaban esta mañana el camino de acceso a dos yacimientos de la multinacional Barrick, para reclamar que se cumpla una ley provincial que obliga a las compañías a contratar el 75 por ciento de sus consumos y mano de obra con prestadores locales.
La medida de fuerza se llevaba a cabo desde las 4 en el departamento de Iglesia, donde los manifestantes impedían el tránsito de automóviles, micros y camiones hacia la mina Veladero y hacia el proyecto Pascua Lama.
"La verdad es que no hemos tenido una experiencia buena: las licitaciones las hicieron muy calladas y, cuando nos enteramos, ya tenían los servicios y la gente contratada", explicó Fernando Varela, uno de los líderes de la protesta, a una radio sanjuanina.
Varela indicó que se mantendrá el corte total en el camino de acceso a los yacimientos -al costado de la ruta 418, a casi 200 kilómetros al noroeste de la ciudad de San Juan- hasta que la empresa se reúna con los prestadores locales y se llegue a un acuerdo para la contratación de personal y abastecimiento de insumos.
Esta es la segunda protesta que realizan los productores locales, que en enero pasado también realizaron cortes para exigir más contrataciones.
La legislatura sanjuanina aprobó hace pocos días una ley denominada "compre local", que estipula la creación de un Registro Único de Proveedores de Empresas Mineras y obliga a las compañías que se radiquen en la provincia a contratar hasta un 75 por ciento de su inversión anual en mano de obra, insumos y bienes locales.
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Fecha de Publicación: 05/12/2013
Fuente: Diario Los Andes
Provincia/Región: San Juan
Cortan el acceso de micros y camiones hacia la mina Veladero y hacia el proyecto Pascua Lama. Reclaman que se cumpla una ley que la obliga a contratar el 75 por ciento de sus consumos y mano de obra con prestadores locales.
Representantes de empresas de servicios y proveedoras de insumos para la minería cortaban esta mañana el camino de acceso a dos yacimientos de la multinacional Barrick, para reclamar que se cumpla una ley provincial que obliga a las compañías a contratar el 75 por ciento de sus consumos y mano de obra con prestadores locales.
La medida de fuerza se llevaba a cabo desde las 4 en el departamento de Iglesia, donde los manifestantes impedían el tránsito de automóviles, micros y camiones hacia la mina Veladero y hacia el proyecto Pascua Lama.
"La verdad es que no hemos tenido una experiencia buena: las licitaciones las hicieron muy calladas y, cuando nos enteramos, ya tenían los servicios y la gente contratada", explicó Fernando Varela, uno de los líderes de la protesta, a una radio sanjuanina.
Varela indicó que se mantendrá el corte total en el camino de acceso a los yacimientos -al costado de la ruta 418, a casi 200 kilómetros al noroeste de la ciudad de San Juan- hasta que la empresa se reúna con los prestadores locales y se llegue a un acuerdo para la contratación de personal y abastecimiento de insumos.
Esta es la segunda protesta que realizan los productores locales, que en enero pasado también realizaron cortes para exigir más contrataciones.
La legislatura sanjuanina aprobó hace pocos días una ley denominada "compre local", que estipula la creación de un Registro Único de Proveedores de Empresas Mineras y obliga a las compañías que se radiquen en la provincia a contratar hasta un 75 por ciento de su inversión anual en mano de obra, insumos y bienes locales.
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Ley de Agroquímicos en Santa Fe pasa al año que viene
García sobre ley de agroquímicos: “Vamos a seguir trabajando el tema durante el próximo año”
Fecha de Publicación: 05/12/2013
Fuente: Notife
Provincia/Región: Santa Fe
Declaraciones de la Diputada Susana García, Presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, sobre la reforma a la Ley 11273 de Productos Fitosanitarios.
La Diputada santafesina explicó: “Desde la Comisión de Agricultura y Ganadería hemos tenido voluntad política de analizar y avanzar con los proyectos desde que ingresaron a su tratamiento este año” y agregó: “siempre priorizamos el consenso para la búsqueda de una ley que sea aplicable y que contemple la cuestión productiva y ambiental”
Sobre las diferentes posturas encontradas, la Diputada declaró: “No podemos contraponer el derecho a una ambiente sano y saludable con el derecho a producir. Tenemos que ser capaces de obtener un equilibrio. Creemos que es necesario regular y modificar la ley actual para adecuarla a la nueva realidad productiva”
Por último, García afirmó: “Aunque no obtuvimos el respaldo necesario por parte de un sector del justicialismo, vamos a seguir trabajando el tema durante el próximo año” y puntualizó: “nuestra intención es que todas las voces sean escuchadas y contemplar una reforma normativa donde el Estado esté presente y afiance más controles, más capacitación, más planificación urbana, suburbana y rural, más producción estadística sobre el tema, entre otros ejes que, creemos, son necesarios incluir”.
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Fecha de Publicación: 05/12/2013
Fuente: Notife
Provincia/Región: Santa Fe
Declaraciones de la Diputada Susana García, Presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, sobre la reforma a la Ley 11273 de Productos Fitosanitarios.
La Diputada santafesina explicó: “Desde la Comisión de Agricultura y Ganadería hemos tenido voluntad política de analizar y avanzar con los proyectos desde que ingresaron a su tratamiento este año” y agregó: “siempre priorizamos el consenso para la búsqueda de una ley que sea aplicable y que contemple la cuestión productiva y ambiental”
Sobre las diferentes posturas encontradas, la Diputada declaró: “No podemos contraponer el derecho a una ambiente sano y saludable con el derecho a producir. Tenemos que ser capaces de obtener un equilibrio. Creemos que es necesario regular y modificar la ley actual para adecuarla a la nueva realidad productiva”
Por último, García afirmó: “Aunque no obtuvimos el respaldo necesario por parte de un sector del justicialismo, vamos a seguir trabajando el tema durante el próximo año” y puntualizó: “nuestra intención es que todas las voces sean escuchadas y contemplar una reforma normativa donde el Estado esté presente y afiance más controles, más capacitación, más planificación urbana, suburbana y rural, más producción estadística sobre el tema, entre otros ejes que, creemos, son necesarios incluir”.
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Córdoba marchó por una cambio en su política ambiental
Multitudinaria movilización exigió la “expulsión” de Monsanto en Córdoba
Fecha de Publicación: 04/12/2013
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Córdoba
Así lo estableció la Coordinadora Provincial para la Soberanía Popular por el Agua y la Tierra en el manifiesto leído ayer, durante la marcha que se realizó para exigir al Gobierno de Córdoba que declare la emergencia socioambiental.
Una nutrida movilización marchó ayer por la tarde por el centro de la ciudad de Córdoba, para exigir al Gobierno de la Provincia que declare la emergencia socioambiental.
La protesta tuvo por bandera varias luchas ambientales, y fue convocada por la Coordinadora Provincial para la Soberanía Popular por el Agua y la Tierra, en la que confluyen varias asambleas de vecinos de distintas localidades.
Fue esa Coordinadora la que, en un manifiesto que se leyó ante el Centro Cívico ayer, exigió la expulsión de Monsanto de Córdoba y Argentina, entre otros puntos.
Desde las 18, tres columnas de manifestantes confluyeron en Colón y General Paz. La más numerosa había partido de la Cañada con Sofía Gatica y la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida a la cabeza. Agrupaciones sociales y políticas se sumaron provenientes de Humberto Primo (donde anteriormente habían protestado simultáneamente en los puentes Antártida, Centenario y Alvear).
La movilización, que sumaba unas 4 cuadras y que los organizadores calculaban en más de 4 mil personas, hizo un parate frente al Centro Cívico cerca de las 20, donde se leyó un documento, para después trasladarse a Tribunales 1 y exigir a la Justicia respuestas por las agresiones que sufrieron la semana pasada los asambleístas en Malvinas Argentinas.
“No puede ser que aún no haya un detenido de las 60 personas que vinieron a patotearnos”, explicó Matías Marizza, de la Asamblea Malvinas lucha por la Vida a LA MAÑANA.
Marizza, además, señaló que “hoy (por ayer) marchamos en Córdoba, pero el jueves lo haremos en Malvinas, y nos iremos hasta la Municipalidad a pedir explicaciones al intendente Daniel Arzari”.
Es que los asambleístas de Malvinas Argentinas siguen exigiendo que se llame a referéndum en esa localidad. “Consulta popular, con Monsanto no hay paz social” será la consigna de ese día. La frase hace referencia al principal argumento utilizado por el intendente de Río Cuarto, Juan Jure, para no autorizar la instalación de Monsanto en esa ciudad.
La marcha de ayer coincidió con el Día mundial del No Uso de Agrotóxicos, y en ese marco, se responsabilizó al gobernador, el intendente de Malvinas Argentinas, y al intendente Ramón Mestre (por el conflicto de los vecinos de Bouwer contra el Cormecor) de recurrir “a la tercerización para ejercer la represión contra los asambleístas”. Al mismo tiempo, la Coordinadora en su manifiesto, denunció a la Uocra como parte de “un plan de amedrentamiento dirigido a acallar a los acampistas”.
El pedido de la declaración de la emergencia socioambiental está centrado no sólo en la problemática del Ambiente sino además se basa en el escándalo de la narcopolicía, el asesinato de Jorge Reina, la aplicación del Código de Faltas, entre otros de los puntos mencionados en el manifiesto. Además, se solicitó la prohibición de los loteos especulativos que generan las crisis hídricas y los incendios, y la derogación de la Ley de Bosques, entre otros.
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Fecha de Publicación: 04/12/2013
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Córdoba
Así lo estableció la Coordinadora Provincial para la Soberanía Popular por el Agua y la Tierra en el manifiesto leído ayer, durante la marcha que se realizó para exigir al Gobierno de Córdoba que declare la emergencia socioambiental.
Una nutrida movilización marchó ayer por la tarde por el centro de la ciudad de Córdoba, para exigir al Gobierno de la Provincia que declare la emergencia socioambiental.
La protesta tuvo por bandera varias luchas ambientales, y fue convocada por la Coordinadora Provincial para la Soberanía Popular por el Agua y la Tierra, en la que confluyen varias asambleas de vecinos de distintas localidades.
Fue esa Coordinadora la que, en un manifiesto que se leyó ante el Centro Cívico ayer, exigió la expulsión de Monsanto de Córdoba y Argentina, entre otros puntos.
Desde las 18, tres columnas de manifestantes confluyeron en Colón y General Paz. La más numerosa había partido de la Cañada con Sofía Gatica y la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida a la cabeza. Agrupaciones sociales y políticas se sumaron provenientes de Humberto Primo (donde anteriormente habían protestado simultáneamente en los puentes Antártida, Centenario y Alvear).
La movilización, que sumaba unas 4 cuadras y que los organizadores calculaban en más de 4 mil personas, hizo un parate frente al Centro Cívico cerca de las 20, donde se leyó un documento, para después trasladarse a Tribunales 1 y exigir a la Justicia respuestas por las agresiones que sufrieron la semana pasada los asambleístas en Malvinas Argentinas.
“No puede ser que aún no haya un detenido de las 60 personas que vinieron a patotearnos”, explicó Matías Marizza, de la Asamblea Malvinas lucha por la Vida a LA MAÑANA.
Marizza, además, señaló que “hoy (por ayer) marchamos en Córdoba, pero el jueves lo haremos en Malvinas, y nos iremos hasta la Municipalidad a pedir explicaciones al intendente Daniel Arzari”.
Es que los asambleístas de Malvinas Argentinas siguen exigiendo que se llame a referéndum en esa localidad. “Consulta popular, con Monsanto no hay paz social” será la consigna de ese día. La frase hace referencia al principal argumento utilizado por el intendente de Río Cuarto, Juan Jure, para no autorizar la instalación de Monsanto en esa ciudad.
La marcha de ayer coincidió con el Día mundial del No Uso de Agrotóxicos, y en ese marco, se responsabilizó al gobernador, el intendente de Malvinas Argentinas, y al intendente Ramón Mestre (por el conflicto de los vecinos de Bouwer contra el Cormecor) de recurrir “a la tercerización para ejercer la represión contra los asambleístas”. Al mismo tiempo, la Coordinadora en su manifiesto, denunció a la Uocra como parte de “un plan de amedrentamiento dirigido a acallar a los acampistas”.
El pedido de la declaración de la emergencia socioambiental está centrado no sólo en la problemática del Ambiente sino además se basa en el escándalo de la narcopolicía, el asesinato de Jorge Reina, la aplicación del Código de Faltas, entre otros de los puntos mencionados en el manifiesto. Además, se solicitó la prohibición de los loteos especulativos que generan las crisis hídricas y los incendios, y la derogación de la Ley de Bosques, entre otros.
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Atuel: piden la posición del estado nacional
Daño ambiental por el corte del Atuel: la Corte requiere una posición del Estado nacional
Fecha de Publicación: 04/12/2013
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: Nacional
La Corte Suprema de Justicia requirió formalmente la opinión de la Secretaría de Ambiente nacional, en el marco de la causa por daño ambiental que impulsaron los abogados Andrés Gil Domínguez y Miguel Ángel Palazzani. “Es histórico, por primera vez el Estado nacional tendrá que fijar posición sobre el tema”, dijo a El Diario el abogado Gil Domínguez.
La Corte Suprema de Justicia le dio traslado al Estado nacional para que fije posición respecto del daño ambiental que le causa a La Pampa el corte del río Atuel.
El dictamen se da en el marco de la demanda que iniciaron dos abogados pampeanos, Andrés Gil Domínguez y Miguel Ángel Palazzani.
La medida del máximo tribunal del país se genera antes de que el gobierno provincial haya decidido la presentación de su propia demanda: hace meses que el gobernador Oscar Mario Jorge hizo el anuncio de que motorizaría esa presentación, pero por una cosa o por otra el trámite se fue demorando.
Más aún: una de las causales del retardo es el hecho de que el gobernador salió a la búsqueda de “constitucionalistas” que sustentaran la demanda que pretende presentar, aún cuando esta causa ya había sido atendida por la Corte y presentada por dos abogados.
El amparo contra Mendoza lo iniciaron Palazzani y Gil Domínguez y reclamaron, eventualmente, que se pidieran los posicionamientos de la Provincia de La Pampa y de la Secretaría de Ambiente de la Nación. El hecho de que la Corte pida una opinión del gobierno nacional marca su interés en el asunto y ratifica el avance del expediente.
“Es histórico, porque es la primera vez que el Estado nacional tendrá que intervenir y dar opinión sobre este tema”, dijo en diálogo con El Diario el abogado Andrés Gil Domínguez.
Formalmente, la Corte le dio traslado al Estado nacional, notificándolo de la prueba documental para que manifieste qué opina sobre el tema y puntualmente sobre el daño ambiental que le provoca a La Pampa el corte del Río Atuel.
“Es realmente un pequeño gran paso histórico, porque en términos procesales le da trámite a la demanda y determina que el Estado tiene que fijar postur”, insistió Gil Domínguez.
La presentación formal se dio por el daño ambiental que padece, sobre todo, el oeste pampeano. La causa estuvo parada durante un par de años, pero tuvo un avance en setiembre de este año, cuando el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, retomó el expediente 732/10.
Ese expediente ingresó a la Corte el 13 de diciembre de 2010: está caratulado como “Palazzani, Miguel Angel contra Mendoza, provincia de y otro sobre amparo ambiental”.
Mientras se gestaban estos avances, el gobierno provincial primero dudó y después demoró el inicio de otra causa judicial. El gobernador Jorge primero apostó todas las fichas a la vía diplomática o a la “negociación política”. Más tarde, y a partir de la exigencia de numerosos sectores políticos y sociales, anunció el inicio de una demanda, cuya presentación también fue postergándose.
Desde ya, Mendoza pretende la vía de la negociación. Incluso desafía desde el discurso: plantea que con la presentación en la Corte no pasará nada. La provincia cuyana tiene para su aprobación el convenio que se firmó en 2008, entre el gobernador Jorge, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador mendocino Celso Jaque. La Legislatura no respalda ese acuerdo.
La causa presentada en 2010 había sido tratada por la Procuración General en abril de 2011, cuando dio dictamen favorable para que la Corte analice el tema.
Puede ser un aporte clave en el expediente el fallo del año 1987, en que la Corte declaró al Atuel como “interprovincial”. La Procuración, justamente, dijo que la Corte debe intervenir porque el conflicto es “interjurisdiccional”.
Entre las solicitudes de Palazzani en su demanda, se incluye el reclamo de que los jueces dispongan “el cese de las actividades generadoras de la disminución del caudal fluvial ecológico del Río Atuel Inferior” y que obliguen a Mendoza a tomar “las medidas pertinentes que garanticen el uso razonable y equitativo de sus aguas respecto a los habitantes de dicha provincia (La Pampa)”.
El “Estudio para la determinación del caudal mínimo necesario para el restablecimiento del sistema ecológico fluvial en el curso inferior del Río Atuel (Informe Final)” que realizó la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de La Pampa también es parte del expediente.
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Fecha de Publicación: 04/12/2013
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: Nacional
La Corte Suprema de Justicia requirió formalmente la opinión de la Secretaría de Ambiente nacional, en el marco de la causa por daño ambiental que impulsaron los abogados Andrés Gil Domínguez y Miguel Ángel Palazzani. “Es histórico, por primera vez el Estado nacional tendrá que fijar posición sobre el tema”, dijo a El Diario el abogado Gil Domínguez.
La Corte Suprema de Justicia le dio traslado al Estado nacional para que fije posición respecto del daño ambiental que le causa a La Pampa el corte del río Atuel.
El dictamen se da en el marco de la demanda que iniciaron dos abogados pampeanos, Andrés Gil Domínguez y Miguel Ángel Palazzani.
La medida del máximo tribunal del país se genera antes de que el gobierno provincial haya decidido la presentación de su propia demanda: hace meses que el gobernador Oscar Mario Jorge hizo el anuncio de que motorizaría esa presentación, pero por una cosa o por otra el trámite se fue demorando.
Más aún: una de las causales del retardo es el hecho de que el gobernador salió a la búsqueda de “constitucionalistas” que sustentaran la demanda que pretende presentar, aún cuando esta causa ya había sido atendida por la Corte y presentada por dos abogados.
El amparo contra Mendoza lo iniciaron Palazzani y Gil Domínguez y reclamaron, eventualmente, que se pidieran los posicionamientos de la Provincia de La Pampa y de la Secretaría de Ambiente de la Nación. El hecho de que la Corte pida una opinión del gobierno nacional marca su interés en el asunto y ratifica el avance del expediente.
“Es histórico, porque es la primera vez que el Estado nacional tendrá que intervenir y dar opinión sobre este tema”, dijo en diálogo con El Diario el abogado Andrés Gil Domínguez.
Formalmente, la Corte le dio traslado al Estado nacional, notificándolo de la prueba documental para que manifieste qué opina sobre el tema y puntualmente sobre el daño ambiental que le provoca a La Pampa el corte del Río Atuel.
“Es realmente un pequeño gran paso histórico, porque en términos procesales le da trámite a la demanda y determina que el Estado tiene que fijar postur”, insistió Gil Domínguez.
La presentación formal se dio por el daño ambiental que padece, sobre todo, el oeste pampeano. La causa estuvo parada durante un par de años, pero tuvo un avance en setiembre de este año, cuando el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, retomó el expediente 732/10.
Ese expediente ingresó a la Corte el 13 de diciembre de 2010: está caratulado como “Palazzani, Miguel Angel contra Mendoza, provincia de y otro sobre amparo ambiental”.
Mientras se gestaban estos avances, el gobierno provincial primero dudó y después demoró el inicio de otra causa judicial. El gobernador Jorge primero apostó todas las fichas a la vía diplomática o a la “negociación política”. Más tarde, y a partir de la exigencia de numerosos sectores políticos y sociales, anunció el inicio de una demanda, cuya presentación también fue postergándose.
Desde ya, Mendoza pretende la vía de la negociación. Incluso desafía desde el discurso: plantea que con la presentación en la Corte no pasará nada. La provincia cuyana tiene para su aprobación el convenio que se firmó en 2008, entre el gobernador Jorge, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador mendocino Celso Jaque. La Legislatura no respalda ese acuerdo.
La causa presentada en 2010 había sido tratada por la Procuración General en abril de 2011, cuando dio dictamen favorable para que la Corte analice el tema.
Puede ser un aporte clave en el expediente el fallo del año 1987, en que la Corte declaró al Atuel como “interprovincial”. La Procuración, justamente, dijo que la Corte debe intervenir porque el conflicto es “interjurisdiccional”.
Entre las solicitudes de Palazzani en su demanda, se incluye el reclamo de que los jueces dispongan “el cese de las actividades generadoras de la disminución del caudal fluvial ecológico del Río Atuel Inferior” y que obliguen a Mendoza a tomar “las medidas pertinentes que garanticen el uso razonable y equitativo de sus aguas respecto a los habitantes de dicha provincia (La Pampa)”.
El “Estudio para la determinación del caudal mínimo necesario para el restablecimiento del sistema ecológico fluvial en el curso inferior del Río Atuel (Informe Final)” que realizó la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de La Pampa también es parte del expediente.
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En Tierra del Fuego vendían tierras de áreas protegidas
Tierra del Fuego: confirman que hay personas que venden áreas protegidas
Fecha de Publicación: 04/12/2013
Fuente: Noticias Ambientales
Provincia/Región: Tierra del Fuego
Lo confirmó el secretario de Desarrollo Sustentable y Ambiente Fabián Boyeras de la provincia
A pesar de la situación irregular, la venta es avalada por un escribano público, que no tendría ninguna documentación para respaldar su actuación. “Es una cesión precaria porque no tienen cómo acreditar la titularidad de la tierra. Hablamos de reservas de áreas protegidas provinciales creadas por ley y señalizadas como corresponde por los guardaparques”, remarcó, considerando que “es increíble que esté ocurriendo esto”.
No dio valores de los terrenos que se están vendiendo, pero aseguró que tuvo acceso “a un documento firmado ante escribano público entre dos partes, a partir del cual se cede una determinada cantidad de metros cuadrados”.
Consultado en base a qué documentación el escribano certifica, respondió que “a ninguna porque no tienen cómo acreditar titularidad de la tierra. Acá hay una irregularidad de quien cede y de quien está comprando”, dijo, al margen del escribano que “entiendo que es de Río Grande”.
“Ya se abrió el expediente, se hizo la denuncia policial y estamos avanzando porque no hay un único caso, por eso alertamos a la población que no se embarque en este proyecto”, sostuvo.
La venta se está realizando en la misma zona de reserva, conocida como Laguna Negra y ubicada al oeste de Tolhuin sobre la margen norte del Lago Fagnano. “Es un área protegida no muy extensa pero son unas 1200 hectáreas”, indicó Boyeras.
“Por suerte pudimos agarrar a la gente que estaba empezando a intervenir el área, habían cortado algunos árboles, habían puesto algunas estacas, acreditando con esta documentación que daba fe de la titularidad de la tierra”, relató del operativo.
Respecto del vendedor, dijo que “es un particular y el padre tiene algún pedido como viejo ocupante sobre el lugar, pero de ninguna manera puede acreditar la titularidad de la tierra”.
Acerca de cómo valida el escribano las operaciones, dijo que “básicamente acredita una cesión entre dos personas físicas. Pero no hay cómo demostrar la titularidad porque no está”, insistió.
Si puede elevarse algún planteo al colegio de escribanos, porque hay un profesional que está dando un viso de legalidad a las operaciones, no pudo confirmar actuaciones en tal sentido todavía. “Esto acaba de ocurrir, tiene días. Son algunos casos que han llegado en esa zona”, apuntó.
Por otra parte dio a conocer la participación del área a su cargo en un operativo conjunto con Vialidad Provincial, que lamentablemente quedó trunco. Se trata de la apertura del acceso a dos lagunas a través de una ruta provincial bloqueada por parte de la familia Bronzovich, que reclama la titularidad de la tierra e impide el acceso a los espejos de agua.
“Estaba bloqueado por un supuesto propietario cuando estamos hablando de tierras fiscales sin mensura. Es una parcela está registrada catastralmente como fiscal y justamente en esa zona se dio esta situación. Hay una denuncia penal en 2010 por usurpación y a partir de allí la justicia manda mediación. Este año se termina el proceso y se define la apertura, porque hay una ruta provincial creada por resolución de Vialidad, y hay una resolución de la Fiscalía de Estado que ordena a Vialidad a regularizar el tránsito en el marco de esta denuncia”, relató.
Indicó que aunque se abocaron a cumplir con estas disposiciones, el operativo “quedó trunco, porque se da una situación de tensión, un corte de la ruta con camiones y máquinas por una parte de la familia”.
Identificó al responsable como Esteban Bronzovich, que por su parte radicó denuncias contra Vialidad. Mientras tanto “está bloqueada una ruta provincial inclusive sobre una parcela fiscal”, aseveró.
Boyeras dio cuenta de un primer operativo el 8 de noviembre, cuando “se arregló una alcantarilla y se quitó un montículo de tierra que se había puesto para evitar el tránsito, se quitó un cerco, un alambre, se paró por mal tiempo y el fin de semana. Al lunes ya estaba levantado el cerco de nuevo. Entonces se hace un segundo operativo y cuando nos apersonamos se había puesto nuevamente el montículo también. Ahí se da esta situación de tensión, interviene el juzgado de instrucción entendiendo que hay que suspender todo hasta que se resuelva la cuestión de fondo”.
La pretensión de Esteban Bronzovich es “de 7.800 hectáreas, que está en discusión judicial”, dijo el funcionario, aunque a pesar de que resultara favorable al particular, de ninguna manera podría bloquear una ruta provincial, con “la complicación que significa para nuestra área porque tenemos que monitorear los bosques, los cuerpos de agua”.
Estos últimos años el control de las lagunas lo deben hacer a pie: “Entramos caminando pero no es lo ideal, son como cinco o seis kilómetros. Los pescadores van y cruzan con bicicletas, pero nosotros no podemos fiscalizar la pesca deportiva. Ante cualquier situación de incendio tenemos bloqueado el acceso. Hablamos de tierras fiscales y de una ruta provincial”, remarcó.
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Fecha de Publicación: 04/12/2013
Fuente: Noticias Ambientales
Provincia/Región: Tierra del Fuego
Lo confirmó el secretario de Desarrollo Sustentable y Ambiente Fabián Boyeras de la provincia
A pesar de la situación irregular, la venta es avalada por un escribano público, que no tendría ninguna documentación para respaldar su actuación. “Es una cesión precaria porque no tienen cómo acreditar la titularidad de la tierra. Hablamos de reservas de áreas protegidas provinciales creadas por ley y señalizadas como corresponde por los guardaparques”, remarcó, considerando que “es increíble que esté ocurriendo esto”.
No dio valores de los terrenos que se están vendiendo, pero aseguró que tuvo acceso “a un documento firmado ante escribano público entre dos partes, a partir del cual se cede una determinada cantidad de metros cuadrados”.
Consultado en base a qué documentación el escribano certifica, respondió que “a ninguna porque no tienen cómo acreditar titularidad de la tierra. Acá hay una irregularidad de quien cede y de quien está comprando”, dijo, al margen del escribano que “entiendo que es de Río Grande”.
“Ya se abrió el expediente, se hizo la denuncia policial y estamos avanzando porque no hay un único caso, por eso alertamos a la población que no se embarque en este proyecto”, sostuvo.
La venta se está realizando en la misma zona de reserva, conocida como Laguna Negra y ubicada al oeste de Tolhuin sobre la margen norte del Lago Fagnano. “Es un área protegida no muy extensa pero son unas 1200 hectáreas”, indicó Boyeras.
“Por suerte pudimos agarrar a la gente que estaba empezando a intervenir el área, habían cortado algunos árboles, habían puesto algunas estacas, acreditando con esta documentación que daba fe de la titularidad de la tierra”, relató del operativo.
Respecto del vendedor, dijo que “es un particular y el padre tiene algún pedido como viejo ocupante sobre el lugar, pero de ninguna manera puede acreditar la titularidad de la tierra”.
Acerca de cómo valida el escribano las operaciones, dijo que “básicamente acredita una cesión entre dos personas físicas. Pero no hay cómo demostrar la titularidad porque no está”, insistió.
Si puede elevarse algún planteo al colegio de escribanos, porque hay un profesional que está dando un viso de legalidad a las operaciones, no pudo confirmar actuaciones en tal sentido todavía. “Esto acaba de ocurrir, tiene días. Son algunos casos que han llegado en esa zona”, apuntó.
Por otra parte dio a conocer la participación del área a su cargo en un operativo conjunto con Vialidad Provincial, que lamentablemente quedó trunco. Se trata de la apertura del acceso a dos lagunas a través de una ruta provincial bloqueada por parte de la familia Bronzovich, que reclama la titularidad de la tierra e impide el acceso a los espejos de agua.
“Estaba bloqueado por un supuesto propietario cuando estamos hablando de tierras fiscales sin mensura. Es una parcela está registrada catastralmente como fiscal y justamente en esa zona se dio esta situación. Hay una denuncia penal en 2010 por usurpación y a partir de allí la justicia manda mediación. Este año se termina el proceso y se define la apertura, porque hay una ruta provincial creada por resolución de Vialidad, y hay una resolución de la Fiscalía de Estado que ordena a Vialidad a regularizar el tránsito en el marco de esta denuncia”, relató.
Indicó que aunque se abocaron a cumplir con estas disposiciones, el operativo “quedó trunco, porque se da una situación de tensión, un corte de la ruta con camiones y máquinas por una parte de la familia”.
Identificó al responsable como Esteban Bronzovich, que por su parte radicó denuncias contra Vialidad. Mientras tanto “está bloqueada una ruta provincial inclusive sobre una parcela fiscal”, aseveró.
Boyeras dio cuenta de un primer operativo el 8 de noviembre, cuando “se arregló una alcantarilla y se quitó un montículo de tierra que se había puesto para evitar el tránsito, se quitó un cerco, un alambre, se paró por mal tiempo y el fin de semana. Al lunes ya estaba levantado el cerco de nuevo. Entonces se hace un segundo operativo y cuando nos apersonamos se había puesto nuevamente el montículo también. Ahí se da esta situación de tensión, interviene el juzgado de instrucción entendiendo que hay que suspender todo hasta que se resuelva la cuestión de fondo”.
La pretensión de Esteban Bronzovich es “de 7.800 hectáreas, que está en discusión judicial”, dijo el funcionario, aunque a pesar de que resultara favorable al particular, de ninguna manera podría bloquear una ruta provincial, con “la complicación que significa para nuestra área porque tenemos que monitorear los bosques, los cuerpos de agua”.
Estos últimos años el control de las lagunas lo deben hacer a pie: “Entramos caminando pero no es lo ideal, son como cinco o seis kilómetros. Los pescadores van y cruzan con bicicletas, pero nosotros no podemos fiscalizar la pesca deportiva. Ante cualquier situación de incendio tenemos bloqueado el acceso. Hablamos de tierras fiscales y de una ruta provincial”, remarcó.
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Neuquén para un pozo no convencional
Medio Ambiente paró un pozo no convencional de YPF
Fecha de Publicación: 03/12/2013
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Es por deficiencias técnicas en un equipo en Loma La Lata. Es la primera perforación de shale que se detiene por decisión del Ejecutivo.
En un escenario de negociaciones y diferencias entre la Provincia e YPF, la Subsecretaría de Ambiente realizó una inspección en el área Loma La Lata y dispuso la paralización de las actividades en un pozo no convencional donde trabajaba el equipo DLS 149.
Funcionarios provinciales de las secretarías de Ambiente, Hidrocarburos y Minería y de Trabajo se reunieron ayer con autoridades de YPF con el fin de ponerlas al tanto de la situación y de los plazos que tiene la petrolera para solucionar el tema. Es que el jueves pasado un pozo debió detener sus actividades por fallas en las medidas de seguridad obligatorias.
Del encuentro participaron el subsecretario de Ambiente de la provincia, Ricardo Esquivel, y los subsecretarios de Hidrocarburos y Minería, Gabriel López, y de Trabajo, Ernesto Seguel.
Esquivel explicó a La Mañana de Neuquén que “hemos intervenido algunos pozos a los que les hemos hecho recomendaciones que deben cumplimentar en breve”. Además, precisó que “el equipo DLS 149 no cumplía con una serie de medidas técnicas operativas, como la identificación de productos químicos, el control de pérdidas diversas en instalaciones, falta de carga en matafuegos y sobre todo habilitaciones técnicas de partes componentes del equipo”.
Este equipo continúa detenido porque se le realizaron dos inspecciones el 28 y el 30 de noviembre, pero no “se verificó el cumplimento de las tareas reclamadas; posiblemente hoy o mañana (por ayer y hoy) puedan lograr subsanarlo”. Esquivel también advirtió que se trata de “un solo episodio, pero las empresas deben tomar en cuenta que la alta demanda de equipos no puede estar por encima de la seguridad de los trabajadores, de la protección de la salud y del cuidado ambiental”.
La medida del gobierno provincial se produce en momentos en que se negocia con YPF el cobro de regalías sobre la base del precio de 7,50 dólares el millón de BTU que paga Nación a las empresas que están dentro del Plan Gas. Las conversaciones llevan varias semanas y aún no se llegó a un acuerdo.
Remediaciones.
Esquivel precisó a este diario que, desde la inspección realizada el sábado pasado, la empresa tiene cinco días que vencen mañana para efectuar las remediciones. Con respecto a las futuras multas que podría recibir YPF por el hecho, ahora los inspectores de Ambiente deben evaluar primero que se cumpla con la requisitoria solicitada y, a partir de eso, establecer los montos definitivos.
El dato es que se trata de una operación no convencional donde hasta ahora el gobierno neuquino ha resaltado que, más allá de los 100 pozos perforados con técnicas de fractura vertical y horizontal, no se han producido incidentes ambientales. De hecho, los incidentes ambientales que se han producido durante el año -como el que protagonizó Pluspetrol en Plottier- corresponden en su mayoría a instalaciones en mal estado o con bajo nivel de mantenimiento, pero de prácticas convencionales.
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Fecha de Publicación: 03/12/2013
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Es por deficiencias técnicas en un equipo en Loma La Lata. Es la primera perforación de shale que se detiene por decisión del Ejecutivo.
En un escenario de negociaciones y diferencias entre la Provincia e YPF, la Subsecretaría de Ambiente realizó una inspección en el área Loma La Lata y dispuso la paralización de las actividades en un pozo no convencional donde trabajaba el equipo DLS 149.
Funcionarios provinciales de las secretarías de Ambiente, Hidrocarburos y Minería y de Trabajo se reunieron ayer con autoridades de YPF con el fin de ponerlas al tanto de la situación y de los plazos que tiene la petrolera para solucionar el tema. Es que el jueves pasado un pozo debió detener sus actividades por fallas en las medidas de seguridad obligatorias.
Del encuentro participaron el subsecretario de Ambiente de la provincia, Ricardo Esquivel, y los subsecretarios de Hidrocarburos y Minería, Gabriel López, y de Trabajo, Ernesto Seguel.
Esquivel explicó a La Mañana de Neuquén que “hemos intervenido algunos pozos a los que les hemos hecho recomendaciones que deben cumplimentar en breve”. Además, precisó que “el equipo DLS 149 no cumplía con una serie de medidas técnicas operativas, como la identificación de productos químicos, el control de pérdidas diversas en instalaciones, falta de carga en matafuegos y sobre todo habilitaciones técnicas de partes componentes del equipo”.
Este equipo continúa detenido porque se le realizaron dos inspecciones el 28 y el 30 de noviembre, pero no “se verificó el cumplimento de las tareas reclamadas; posiblemente hoy o mañana (por ayer y hoy) puedan lograr subsanarlo”. Esquivel también advirtió que se trata de “un solo episodio, pero las empresas deben tomar en cuenta que la alta demanda de equipos no puede estar por encima de la seguridad de los trabajadores, de la protección de la salud y del cuidado ambiental”.
La medida del gobierno provincial se produce en momentos en que se negocia con YPF el cobro de regalías sobre la base del precio de 7,50 dólares el millón de BTU que paga Nación a las empresas que están dentro del Plan Gas. Las conversaciones llevan varias semanas y aún no se llegó a un acuerdo.
Remediaciones.
Esquivel precisó a este diario que, desde la inspección realizada el sábado pasado, la empresa tiene cinco días que vencen mañana para efectuar las remediciones. Con respecto a las futuras multas que podría recibir YPF por el hecho, ahora los inspectores de Ambiente deben evaluar primero que se cumpla con la requisitoria solicitada y, a partir de eso, establecer los montos definitivos.
El dato es que se trata de una operación no convencional donde hasta ahora el gobierno neuquino ha resaltado que, más allá de los 100 pozos perforados con técnicas de fractura vertical y horizontal, no se han producido incidentes ambientales. De hecho, los incidentes ambientales que se han producido durante el año -como el que protagonizó Pluspetrol en Plottier- corresponden en su mayoría a instalaciones en mal estado o con bajo nivel de mantenimiento, pero de prácticas convencionales.
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El Gobierno nacional fotalece los biocombustibles
El Gobierno incrementó la obligación de usar biodiesel en el mercado local
Fecha de Publicación: 03/12/2013
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
El aumento escalonado del 8 al 10 por ciento regirá desde enero. Es por las restricciones que impuso la UE. Kicillof pide a empresarios que inviertan y no ajusten salarios.
El Gobierno anunció hoy el aumento del corte obligatorio del gasoil con biodiesel del 8 al 10 por ciento, que será escalonado desde el 1 de enero próximo.
El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, también informó que las centrales termoeléctricas también deberán cortar con biodiesel el 10 por ciento del gasoil que utilizan para funcionar.
Los anuncios, que significarían la colocación de unos 450.000 toneladas de biodiesel anuales en el mercado local de combustibles, llegan luego de que la Unión Europea restringiera las compras de biocombustible argentino.
Kicillof
El ministro de Economía, Axel Kicillof, dijo que con el incremento del uso del biodiesel en el mercado local, para el corte del gasoil y en las centrales termoeléctricas, se ahorrarán divisas por al menos "50 millones de dólares" para el año próximo.
Al ser consultado si estas medidas podrían morigerar las subas en el precio de los combustibles, el ministro respondió:
"Estamos con la mirada puesta en el mercado de combustibles y vamos a avanzar en un acuerdo de precios" para el sector.
Kicillof brindará una conferencia de prensa junto con su par de Planificación Federal, Julio De Vido, en el Palacio de Hacienda.
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Fecha de Publicación: 03/12/2013
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
El aumento escalonado del 8 al 10 por ciento regirá desde enero. Es por las restricciones que impuso la UE. Kicillof pide a empresarios que inviertan y no ajusten salarios.
El Gobierno anunció hoy el aumento del corte obligatorio del gasoil con biodiesel del 8 al 10 por ciento, que será escalonado desde el 1 de enero próximo.
El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, también informó que las centrales termoeléctricas también deberán cortar con biodiesel el 10 por ciento del gasoil que utilizan para funcionar.
Los anuncios, que significarían la colocación de unos 450.000 toneladas de biodiesel anuales en el mercado local de combustibles, llegan luego de que la Unión Europea restringiera las compras de biocombustible argentino.
Kicillof
El ministro de Economía, Axel Kicillof, dijo que con el incremento del uso del biodiesel en el mercado local, para el corte del gasoil y en las centrales termoeléctricas, se ahorrarán divisas por al menos "50 millones de dólares" para el año próximo.
Al ser consultado si estas medidas podrían morigerar las subas en el precio de los combustibles, el ministro respondió:
"Estamos con la mirada puesta en el mercado de combustibles y vamos a avanzar en un acuerdo de precios" para el sector.
Kicillof brindará una conferencia de prensa junto con su par de Planificación Federal, Julio De Vido, en el Palacio de Hacienda.
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Terraplenes y fumigaciones hacen peligrar el Delta
Cómo evitar un naufragio en el Delta
Fecha de Publicación: 03/12/2013
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Entre Ríos
Pobladores, pequeños productores y ambientalistas advierten sobre las temibles consecuencias que los terraplenes y endicamientos provocan en el ecosistema. A los estragos se suma la fumigación.
“Estamos a tiempo de evitar la creación de otro Riachuelo”, dicen especialistas en medio ambiente, pero también pobladores y pequeños productores rurales. Se refieren al Delta del Paraná, pero no sólo al paisaje bucólico que disfrutan los turistas de fin de semana, sino al extenso territorio de humedales que va desde el Río de la Plata hasta la localidad de Diamante, en Entre Ríos. La voracidad de algunos productores agropecuarios, que construyen diques para cortar cursos de arroyos y riachos o levantan terraplenes para favorecer la ganadería a gran escala o los cultivos de soja, está poniendo en riesgo ese ecosistema. A eso hay que agregar las denuncias de fumigaciones con plaguicidas, con potenciales daños al ganado y a la apicultura, que tiene allí a la principal producción del país. “Si la tendencia no se revierte, el Delta dejará de ser el gran proveedor de agua potable del área metropolitana y, por añadidura, no actuará más como un regulador de inundaciones”, advierten Virginia De Francesco y Leandro García Silva, del Area de Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo de la Nación.
El Delta del Paraná tiene una superficie de unos 17.500 kilómetros cuadrados y viven allí unas 25 mil personas. La mayor parte de su superficie (el 80 por ciento) corresponde a la provincia de Entre Ríos, mientras que el resto es jurisdicción de Buenos Aires (15 por ciento) y Santa Fe (5 por ciento). Se lo considera un macrosistema de humedales que se caracteriza por ser periódicamente inundable, dando lugar a un ecosistema híbrido entre el terrestre y el acuático, donde el agua juega un rol fundamental.
La Defensoría del Pueblo comenzó a intervenir en esa región después de la quema masiva de pastizales que, a principios de 2008, provocó trastornos en zonas urbanas de Buenos Aires y Santa Fe y trágicos accidentes en rutas por falta de visibilidad. Ahora vuelve a hacer pie en la región a partir de la denuncia de asociaciones ecologistas, que reclaman un plan de manejo para esa área, ante el avance de los cultivos agroindustriales, la ganadería intensiva y la alteración del medio ambiente mediante la construcción de terraplenes y endicamientos.
El reclamo lo iniciaron distintas asociaciones ambientalistas, entre ellas El Paraná no se Toca, de Rosario, que mediante una nota a la defensoría denunció que personas y empresas privadas “cortan cursos de agua, arroyos y riachos y realizan el drenado de lagunas mediante prácticas de endicamiento o terraplenamiento con la única intención de obtener tierra para producir pastizales para el ganado y la siembra intensiva”, dice Victoria Dunda, titular de esa ONG, a Página/12.
Como ejemplo, menciona el caso de “las tierras de la isla Irupé, a la altura de Villa Constitución, en la cual la empresa Bema Agri BV realiza cultivos intensivos de soja y colza, y varios terraplenamientos a la altura de la ciudad de Rosario y San Lorenzo, con fines ganaderos”.
A partir de la presentación, la defensoría convocó a la Fundación Humedales, una ONG con financiamiento externo que viene realizando estudios sobre la zona y aportó un mapa en el cual se identifican nada menos que 53 terraplenes en territorio entrerriano.
Con esa herramienta, la defensoría reclamó la aplicación del Plan Integral Estratégico para la Conservación y Desarrollo Sostenible del Delta del Paraná (Piecas-DP), un acuerdo suscripto a fines de 2008, después de los incendios, que crea un Comité Interjurisdiccional integrado por las tres provincias involucradas y la Nación. “Ese organismo había elaborado en 2011 una Evaluación Ambiental Estratégica, en la que señalaba que los endicamientos y terraplenes eran una amenaza para la conservación y el adecuado manejo del Delta”, dijo a Página/12 el defensor Anselmo Sella. Ahora, las ONG vuelven a pedir su intervención para frenar estas alteraciones a la geografía isleña que, advierten, puede tener graves consecuencias.
–¿En qué puede afectar la modificación paulatina del paisaje del Delta con fines productivos?
–El Delta actúa como una esponja, acumula y libera el agua de las crecidas a una menor velocidad, con lo que amortigua el impacto de una inundación. Pero además, el ecosistema, las plantas y el suelo, actúan como un purificador natural del agua. De esa manera, las plantas de AySA de Escobar obtienen agua potable de buena calidad con poco tratamiento –responde Carmen Penedo, de la Fundación Humedales.
Para quienes se proponen el cuidado del ambiente, el Delta del Paraná es un ecosistema estratégico para el país: tiene una altísima biodiversidad, fuente de la mayor pesquería fluvial del país (el sábalo es la segunda especie más exportada, después de la merluza).
“Las especies vegetales y las características del suelo contribuyen a purificar el agua –agrega Penedo–. Si se alteran los cursos de agua mediante rellenos y diques, las inundaciones pueden tener mayor impacto en la cuenca. Y si el agua se contamina, puede poner en riesgo el abastecimiento para consumo humano.”
Frontera agrícola
El problema, para los expertos, es el avance de la frontera agrícola hasta el río. “Llega masivamente el ganado desplazado por la soja, y los ganaderos que vienen de la pampa húmeda piensan que el Delta es lo mismo que la pampa, y no es así”, advierte Leandro García Silva, abogado del área de Medio Ambiente de la defensoría.
“La escala hace la diferencia –agrega Virginia De Francesco, bióloga y también integrante de esa área de la defensoría–. De 50 mil cabezas, que era la producción tradicional de la ganadería de islas en el Delta, se pasó a cerca de un millón de cabezas.” Estas nuevas prácticas, comenta García Silva, comenzaron en 2004, con el arrendamiento de tierras fiscales para la producción agropecuaria.
El problema no es de resolución sencilla, ya que no sólo involucra a los grandes productores, sino a algunos isleños que han visto el filón y tienen la oportunidad de hacer un buen negocio. “Viene el capital financiero y hace sociedad con los isleños que tienen las máquinas”, cuenta Jorge Temporetti, titular de la Filial Delta de la Federación Agraria Argentina.
El problema se agrava, según Temporetti, cuando las grandes empresas aplican agroquímicos. “El glifosato no está aprobado para humedales, porque hay especies que son resistentes a los herbicidas. Ocurrió que vino una empresa que hizo una aplicación más densa y concentrada, y después de dos o tres días vimos una cantidad de peces muertos. Hicieron una masacre.”
El secretario de Ambiente de Entre Ríos, Fernando Raffo, sostiene ante una consulta de Página/12 que “la provincia está trabajando sobre el tema entre distintas áreas” del gobierno y para abordarlo se empezó por “realizar un relevamiento aéreo de la zona involucrada”.
“Se está empezando a transparentar una realidad que no se conocía”, afirma el funcionario, aunque admite que el problema excede su competencia, ya que “el manejo del Delta depende del Ministerio de la Producción de la provincia”. Puso como ejemplo que se aplicaron sanciones por endicamientos ilegales a una empresa radicada sobre el río Uruguay, pero admitió que aún no se hizo lo mismo en el Delta del Paraná porque “la realidad de esa región requiere una solución integral”. Destacó no obstante los avances en el acuerdo entre las tres provincias y la Nación para diseñar un plan estratégico y la reciente media sanción por el Senado de una Ley de Presupuestos Mínimos que pretende regular el uso del suelo en ese territorio.
Ese proyecto despertó reacciones encontradas entre los productores. Mientras algunos, como José Jacobsen, en representación de los isleños, califican el proyecto de “inconsulto” y sostiene que “de continuar la marcha que llevan nos dejarán completamente marginados de cualquier tipo de actividad, tanto forestal como ganadera”, otros creen que es necesaria una regulación del uso del suelo.
Es que cualquier alteración en esa privilegiada geografía puede generar daños irreparables. La zona del Delta está entre las proveedoras de la cuota Hilton de carnes para exportación, por sus excelentes pasturas. Y sus flores saben alimentar una de las más importantes producciones de miel del país. La presencia de agroquímicos en uno u otro producto harían naufragar cualquiera de esos emprendimientos productivos.
Para la defensoría, lo que falta hoy es que las jurisdicciones pongan en marcha lo acordado en el Plan Estratégico. “No se ha logrado poner en marcha en el terreno –concluye García Silva–. Tiene que haber un ordenamiento ambiental, definir qué se puede hacer, en qué medida y dónde.”
“Estamos a tiempo –insisten– de evitar un nuevo desastre como el del Riachuelo.”
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Fecha de Publicación: 03/12/2013
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Entre Ríos
Pobladores, pequeños productores y ambientalistas advierten sobre las temibles consecuencias que los terraplenes y endicamientos provocan en el ecosistema. A los estragos se suma la fumigación.
“Estamos a tiempo de evitar la creación de otro Riachuelo”, dicen especialistas en medio ambiente, pero también pobladores y pequeños productores rurales. Se refieren al Delta del Paraná, pero no sólo al paisaje bucólico que disfrutan los turistas de fin de semana, sino al extenso territorio de humedales que va desde el Río de la Plata hasta la localidad de Diamante, en Entre Ríos. La voracidad de algunos productores agropecuarios, que construyen diques para cortar cursos de arroyos y riachos o levantan terraplenes para favorecer la ganadería a gran escala o los cultivos de soja, está poniendo en riesgo ese ecosistema. A eso hay que agregar las denuncias de fumigaciones con plaguicidas, con potenciales daños al ganado y a la apicultura, que tiene allí a la principal producción del país. “Si la tendencia no se revierte, el Delta dejará de ser el gran proveedor de agua potable del área metropolitana y, por añadidura, no actuará más como un regulador de inundaciones”, advierten Virginia De Francesco y Leandro García Silva, del Area de Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo de la Nación.
El Delta del Paraná tiene una superficie de unos 17.500 kilómetros cuadrados y viven allí unas 25 mil personas. La mayor parte de su superficie (el 80 por ciento) corresponde a la provincia de Entre Ríos, mientras que el resto es jurisdicción de Buenos Aires (15 por ciento) y Santa Fe (5 por ciento). Se lo considera un macrosistema de humedales que se caracteriza por ser periódicamente inundable, dando lugar a un ecosistema híbrido entre el terrestre y el acuático, donde el agua juega un rol fundamental.
La Defensoría del Pueblo comenzó a intervenir en esa región después de la quema masiva de pastizales que, a principios de 2008, provocó trastornos en zonas urbanas de Buenos Aires y Santa Fe y trágicos accidentes en rutas por falta de visibilidad. Ahora vuelve a hacer pie en la región a partir de la denuncia de asociaciones ecologistas, que reclaman un plan de manejo para esa área, ante el avance de los cultivos agroindustriales, la ganadería intensiva y la alteración del medio ambiente mediante la construcción de terraplenes y endicamientos.
El reclamo lo iniciaron distintas asociaciones ambientalistas, entre ellas El Paraná no se Toca, de Rosario, que mediante una nota a la defensoría denunció que personas y empresas privadas “cortan cursos de agua, arroyos y riachos y realizan el drenado de lagunas mediante prácticas de endicamiento o terraplenamiento con la única intención de obtener tierra para producir pastizales para el ganado y la siembra intensiva”, dice Victoria Dunda, titular de esa ONG, a Página/12.
Como ejemplo, menciona el caso de “las tierras de la isla Irupé, a la altura de Villa Constitución, en la cual la empresa Bema Agri BV realiza cultivos intensivos de soja y colza, y varios terraplenamientos a la altura de la ciudad de Rosario y San Lorenzo, con fines ganaderos”.
A partir de la presentación, la defensoría convocó a la Fundación Humedales, una ONG con financiamiento externo que viene realizando estudios sobre la zona y aportó un mapa en el cual se identifican nada menos que 53 terraplenes en territorio entrerriano.
Con esa herramienta, la defensoría reclamó la aplicación del Plan Integral Estratégico para la Conservación y Desarrollo Sostenible del Delta del Paraná (Piecas-DP), un acuerdo suscripto a fines de 2008, después de los incendios, que crea un Comité Interjurisdiccional integrado por las tres provincias involucradas y la Nación. “Ese organismo había elaborado en 2011 una Evaluación Ambiental Estratégica, en la que señalaba que los endicamientos y terraplenes eran una amenaza para la conservación y el adecuado manejo del Delta”, dijo a Página/12 el defensor Anselmo Sella. Ahora, las ONG vuelven a pedir su intervención para frenar estas alteraciones a la geografía isleña que, advierten, puede tener graves consecuencias.
–¿En qué puede afectar la modificación paulatina del paisaje del Delta con fines productivos?
–El Delta actúa como una esponja, acumula y libera el agua de las crecidas a una menor velocidad, con lo que amortigua el impacto de una inundación. Pero además, el ecosistema, las plantas y el suelo, actúan como un purificador natural del agua. De esa manera, las plantas de AySA de Escobar obtienen agua potable de buena calidad con poco tratamiento –responde Carmen Penedo, de la Fundación Humedales.
Para quienes se proponen el cuidado del ambiente, el Delta del Paraná es un ecosistema estratégico para el país: tiene una altísima biodiversidad, fuente de la mayor pesquería fluvial del país (el sábalo es la segunda especie más exportada, después de la merluza).
“Las especies vegetales y las características del suelo contribuyen a purificar el agua –agrega Penedo–. Si se alteran los cursos de agua mediante rellenos y diques, las inundaciones pueden tener mayor impacto en la cuenca. Y si el agua se contamina, puede poner en riesgo el abastecimiento para consumo humano.”
Frontera agrícola
El problema, para los expertos, es el avance de la frontera agrícola hasta el río. “Llega masivamente el ganado desplazado por la soja, y los ganaderos que vienen de la pampa húmeda piensan que el Delta es lo mismo que la pampa, y no es así”, advierte Leandro García Silva, abogado del área de Medio Ambiente de la defensoría.
“La escala hace la diferencia –agrega Virginia De Francesco, bióloga y también integrante de esa área de la defensoría–. De 50 mil cabezas, que era la producción tradicional de la ganadería de islas en el Delta, se pasó a cerca de un millón de cabezas.” Estas nuevas prácticas, comenta García Silva, comenzaron en 2004, con el arrendamiento de tierras fiscales para la producción agropecuaria.
El problema no es de resolución sencilla, ya que no sólo involucra a los grandes productores, sino a algunos isleños que han visto el filón y tienen la oportunidad de hacer un buen negocio. “Viene el capital financiero y hace sociedad con los isleños que tienen las máquinas”, cuenta Jorge Temporetti, titular de la Filial Delta de la Federación Agraria Argentina.
El problema se agrava, según Temporetti, cuando las grandes empresas aplican agroquímicos. “El glifosato no está aprobado para humedales, porque hay especies que son resistentes a los herbicidas. Ocurrió que vino una empresa que hizo una aplicación más densa y concentrada, y después de dos o tres días vimos una cantidad de peces muertos. Hicieron una masacre.”
El secretario de Ambiente de Entre Ríos, Fernando Raffo, sostiene ante una consulta de Página/12 que “la provincia está trabajando sobre el tema entre distintas áreas” del gobierno y para abordarlo se empezó por “realizar un relevamiento aéreo de la zona involucrada”.
“Se está empezando a transparentar una realidad que no se conocía”, afirma el funcionario, aunque admite que el problema excede su competencia, ya que “el manejo del Delta depende del Ministerio de la Producción de la provincia”. Puso como ejemplo que se aplicaron sanciones por endicamientos ilegales a una empresa radicada sobre el río Uruguay, pero admitió que aún no se hizo lo mismo en el Delta del Paraná porque “la realidad de esa región requiere una solución integral”. Destacó no obstante los avances en el acuerdo entre las tres provincias y la Nación para diseñar un plan estratégico y la reciente media sanción por el Senado de una Ley de Presupuestos Mínimos que pretende regular el uso del suelo en ese territorio.
Ese proyecto despertó reacciones encontradas entre los productores. Mientras algunos, como José Jacobsen, en representación de los isleños, califican el proyecto de “inconsulto” y sostiene que “de continuar la marcha que llevan nos dejarán completamente marginados de cualquier tipo de actividad, tanto forestal como ganadera”, otros creen que es necesaria una regulación del uso del suelo.
Es que cualquier alteración en esa privilegiada geografía puede generar daños irreparables. La zona del Delta está entre las proveedoras de la cuota Hilton de carnes para exportación, por sus excelentes pasturas. Y sus flores saben alimentar una de las más importantes producciones de miel del país. La presencia de agroquímicos en uno u otro producto harían naufragar cualquiera de esos emprendimientos productivos.
Para la defensoría, lo que falta hoy es que las jurisdicciones pongan en marcha lo acordado en el Plan Estratégico. “No se ha logrado poner en marcha en el terreno –concluye García Silva–. Tiene que haber un ordenamiento ambiental, definir qué se puede hacer, en qué medida y dónde.”
“Estamos a tiempo –insisten– de evitar un nuevo desastre como el del Riachuelo.”
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Azucarero procesado por contaminación
Procesaron al azucarero Julio Colombres por contaminación
Fecha de Publicación: 02/12/2013
Fuente: Portal contextotucuman.com
Provincia/Región: Tucumán
La Cámara Federal de Tucumán procesó por el delito de contaminación ambiental intencional doloso, según prevé el artículo 55 de la Ley nacional de Residuos Peligrosos Nº 24.051, al industrial azucarero tucumano Julio José Colombres, director de la razón social SA SER, a cargo de la explotación del ingenio azucarero Ñuñorco, por presunta contaminación de un afluente de la cuenca Salí-Dulce.
El cuerpo judicial reunió suficientes indicios que indican que el industrial tucumano mereció ser procesado por haber generado desde su fábrica, vuelcos de efluentes líquidos contaminantes que habría arrojado la firma años atrás, más precisamente al cauce del río Pueblo Viejo, el cual desemboca en el Río Salí, que a su vez, es tributario del dique Frontal de Las Termas de Río Hondo.
“Está probado y determinado por la Cámara Federal que hubo vuelco de vinaza al río por parte de su firma”, precisó en diálogo con Nuevo Diario, el fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, Dr. Gustavo Antonio Gómez, quien recibió la notificación de la resolución en el día de ayer. “La Cámara Federal lo establece como un delito intencional doloso y además reflejó que lo único que fue necesario es contaminar el ambiente, por lo tanto, ni siquiera hizo falta pruebas que refieran al daño a la salud, afectando la cuenca Salí Dulce”, resaltó.
Daño intencional
A partir del procesamiento de Colombres, la evolución de la causa quedará en manos del Juzgado Federal Nº 2 de la vecina provincia, a cargo del Dr. Fernando Poviña, causa que posteriormente será elevada a juicio oral y público.
“La posición de la Cámara Federal es muy clara, porque habla a las claras de un delito de peligro abstracto e intencional y verdaderamente, el fallo deja pocas dudas de lo que puede ser el futuro para otras causas penales”, relató el Dr. Gómez, sobre este nuevo procesamiento que pesa sobre el empresario que también se desempeña como titular del Centro Azucarero Regional Tucumán (CART).
El empresario fue acusado en varias oportunidades por arrojar residuos crudos.
Julio José Colombres es uno de los empresarios más poderosos de Tucumán en materia de producción de azúcar y bioetanol.
A principios de este año, el industrial fue citado por el juez federal de nuestra provincia, Dr. Guillermo Molinari, al ser imputado por un presunto daño ecológico al embalse de Las Termas de Río Hondo, causa que imputaba además a varios empresarios.
En 2011, en Tucumán, también fue indagado y procesado por contaminación, causa que luego fue apelada.
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Fecha de Publicación: 02/12/2013
Fuente: Portal contextotucuman.com
Provincia/Región: Tucumán
La Cámara Federal de Tucumán procesó por el delito de contaminación ambiental intencional doloso, según prevé el artículo 55 de la Ley nacional de Residuos Peligrosos Nº 24.051, al industrial azucarero tucumano Julio José Colombres, director de la razón social SA SER, a cargo de la explotación del ingenio azucarero Ñuñorco, por presunta contaminación de un afluente de la cuenca Salí-Dulce.
El cuerpo judicial reunió suficientes indicios que indican que el industrial tucumano mereció ser procesado por haber generado desde su fábrica, vuelcos de efluentes líquidos contaminantes que habría arrojado la firma años atrás, más precisamente al cauce del río Pueblo Viejo, el cual desemboca en el Río Salí, que a su vez, es tributario del dique Frontal de Las Termas de Río Hondo.
“Está probado y determinado por la Cámara Federal que hubo vuelco de vinaza al río por parte de su firma”, precisó en diálogo con Nuevo Diario, el fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, Dr. Gustavo Antonio Gómez, quien recibió la notificación de la resolución en el día de ayer. “La Cámara Federal lo establece como un delito intencional doloso y además reflejó que lo único que fue necesario es contaminar el ambiente, por lo tanto, ni siquiera hizo falta pruebas que refieran al daño a la salud, afectando la cuenca Salí Dulce”, resaltó.
Daño intencional
A partir del procesamiento de Colombres, la evolución de la causa quedará en manos del Juzgado Federal Nº 2 de la vecina provincia, a cargo del Dr. Fernando Poviña, causa que posteriormente será elevada a juicio oral y público.
“La posición de la Cámara Federal es muy clara, porque habla a las claras de un delito de peligro abstracto e intencional y verdaderamente, el fallo deja pocas dudas de lo que puede ser el futuro para otras causas penales”, relató el Dr. Gómez, sobre este nuevo procesamiento que pesa sobre el empresario que también se desempeña como titular del Centro Azucarero Regional Tucumán (CART).
El empresario fue acusado en varias oportunidades por arrojar residuos crudos.
Julio José Colombres es uno de los empresarios más poderosos de Tucumán en materia de producción de azúcar y bioetanol.
A principios de este año, el industrial fue citado por el juez federal de nuestra provincia, Dr. Guillermo Molinari, al ser imputado por un presunto daño ecológico al embalse de Las Termas de Río Hondo, causa que imputaba además a varios empresarios.
En 2011, en Tucumán, también fue indagado y procesado por contaminación, causa que luego fue apelada.
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Santa Fe: tercer año sin tratar la ley de agrotóxicos
Se reaviva el debate en torno a la reforma de la ley de agroquímicos
Fecha de Publicación: 02/12/2013
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Santa Fe
Nuevo revés. Por tercer año consecutivo el proyecto no se abordó y, pese a tener prioridad, probablemente se trate recién el año próximo. Para vecinos y ambientalistas los legisladores dan otra vez la espalda a los problemas ambientales y sanitarios de la población.
Mientras la Bolsa de Comercio anunciaba con bombos y platillos el aumento de la superficie sembrada con soja durante la presente temporada, cambios de último momento, negociaciones desencontradas y lobbies oportunistas, en la Cámara de Diputados santafesina daban cuenta una vez más de la facilidad que poseen los hombres y mujeres que ocupan espacios en el Estado para hacer oídos sordos y ocultar bajo la alfombra la contracara de esa tendencia.
Los diversos proyectos de modificación de la ley 11.273 (de fitosanitarios) para regular el uso indiscriminado de agrotóxicos en la provincia recibieron un serio revés durante la semana que pasó. Es que a pesar de haber contado con preferencia para ser tratado en el recinto, el tema no se abordó y ahora corre el riesgo de pasar para el próximo año legislativo.
Atrás quedan, por tercer año consecutivo (dos en Senadores y ahora en Diputados), los reclamos de miles de personas que se esfuerzan por sacar a la luz el lamentable impacto que acarreó sobre su salud el actual sistema productivo agrícola y las nefastas consecuencias sobre los ecosistemas, por el avance de la frontera agraria a través de los desmontes indiscriminados, el envenenamiento y el lastimoso efecto de pérdida de biodiversidad que dejan como legado los métodos de agronomía extractiva.
A principios de noviembre, en una reunión en un anexo de la Cámara baja, se logró el consenso entre los impulsores de los tres proyectos en juego pertenecientes a los diputados José María Tessa, Aliza Damiani e Inés Bertero y los vecinos de pueblos fumigados y organizaciones que componen el colectivo Paren de Fumigarnos. El debate se centró en las distancias que debían estipularse en la nueva ley como franjas de amortiguación entre las zonas de cultivo y las poblaciones, escuelas, barrios y otras zonas sensibles. Se acordó un área mínima de tres mil metros para aplicaciones aéreas de plaguicidas y 700 para las terrestres.
Alarmante incremento.Basados en estudios científicos que acercaron a la mesa, los participantes realzaron la necesidad de mejorar la situación sanitaria de las poblaciones y reducir la toxicidad y cantidad de los químicos agrarios, cuyo uso se incrementó en los últimos 15 años un mil por ciento, según indican las cámaras comercializadoras.
Desde los pueblos fumigados aceptaron flexibilizar sus demandas iniciales para facilitar de forma urgente la sanción de una herramienta que atenúe el constante agravamiento de la salud, habilitando simultáneamente la producción de alimento sano en las zonas libres de fumigaciones, en un círculo virtuoso con múltiples beneficios.
Diputada polémica. Sin embargo un golpe de timón de último momento de la diputada Inés Bertero, productora agropecuaria, tiró por la borda con el resto de los proyectos y desató la tormenta. Bajo el argumento de generar "una ley aplicable más cercana a la realidad", modificó el texto de su propuesta y redujo las distancias que habían sido acordadas.
Esta "flexibilización" que introdujo la polémica diputada reavivó el debate y llevó a los damnificados a pedir sanciones para ella. "Reclamamos que se excuse la diputada Inés Bertero de participar en el debate por una nueva ley de agroquímicos", exigieron las entidades nucleadas en el colectivo Paren de Fumigarnos.
Según los ambientalistas, Bertero propuso sólo 50 metros de exclusión de agroquímicos y restricciones hasta los 300 metros (en los que se podría aplicar biocidas biológicos) en caso de aspersiones terrestres y de tres mil para las aéreas. Para los vecinos, la única razón que explica su proceder es su condición de productora agropecuaria.
"Estos hechos y consideraciones revelan su falta de compromiso con la palabra empeñada, con la salud y el ambiente. Está condicionada por su situación personal de empresaria agropecuaria que la inhibe moral, ética y legalmente", remarcaron desde la organización.
"Reclamamos la excusación de la diputada Bertero en el debate por una nueva ley de agroquímicos o en su defecto que sus pares la aparten, sin perjuicio de lo dispuesto por las leyes de ética pública", añadieron, y enfatizaron que también exigirán orgánicamente el tratamiento y la sanción del acuerdo celebrado entre los representantes de las principales fuerzas parlamentarias y los vecinos de la provincia.
"Es público que entidades gremiales del agronegocio frecuentan despachos legislativos o las integran, como el caso de la diputada Bertero. Elementales imperativos éticos impondrían excusarse en temas que los enfrentan a un evidente conflicto de intereses entre los propios y de las mayorías provinciales para cuya defensa fue elegida, sin perjuicio de las incompatibilidades previstas en las leyes de ética pública nacional y provincial", señalaron.
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Fecha de Publicación: 02/12/2013
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Santa Fe
Nuevo revés. Por tercer año consecutivo el proyecto no se abordó y, pese a tener prioridad, probablemente se trate recién el año próximo. Para vecinos y ambientalistas los legisladores dan otra vez la espalda a los problemas ambientales y sanitarios de la población.
Mientras la Bolsa de Comercio anunciaba con bombos y platillos el aumento de la superficie sembrada con soja durante la presente temporada, cambios de último momento, negociaciones desencontradas y lobbies oportunistas, en la Cámara de Diputados santafesina daban cuenta una vez más de la facilidad que poseen los hombres y mujeres que ocupan espacios en el Estado para hacer oídos sordos y ocultar bajo la alfombra la contracara de esa tendencia.
Los diversos proyectos de modificación de la ley 11.273 (de fitosanitarios) para regular el uso indiscriminado de agrotóxicos en la provincia recibieron un serio revés durante la semana que pasó. Es que a pesar de haber contado con preferencia para ser tratado en el recinto, el tema no se abordó y ahora corre el riesgo de pasar para el próximo año legislativo.
Atrás quedan, por tercer año consecutivo (dos en Senadores y ahora en Diputados), los reclamos de miles de personas que se esfuerzan por sacar a la luz el lamentable impacto que acarreó sobre su salud el actual sistema productivo agrícola y las nefastas consecuencias sobre los ecosistemas, por el avance de la frontera agraria a través de los desmontes indiscriminados, el envenenamiento y el lastimoso efecto de pérdida de biodiversidad que dejan como legado los métodos de agronomía extractiva.
A principios de noviembre, en una reunión en un anexo de la Cámara baja, se logró el consenso entre los impulsores de los tres proyectos en juego pertenecientes a los diputados José María Tessa, Aliza Damiani e Inés Bertero y los vecinos de pueblos fumigados y organizaciones que componen el colectivo Paren de Fumigarnos. El debate se centró en las distancias que debían estipularse en la nueva ley como franjas de amortiguación entre las zonas de cultivo y las poblaciones, escuelas, barrios y otras zonas sensibles. Se acordó un área mínima de tres mil metros para aplicaciones aéreas de plaguicidas y 700 para las terrestres.
Alarmante incremento.Basados en estudios científicos que acercaron a la mesa, los participantes realzaron la necesidad de mejorar la situación sanitaria de las poblaciones y reducir la toxicidad y cantidad de los químicos agrarios, cuyo uso se incrementó en los últimos 15 años un mil por ciento, según indican las cámaras comercializadoras.
Desde los pueblos fumigados aceptaron flexibilizar sus demandas iniciales para facilitar de forma urgente la sanción de una herramienta que atenúe el constante agravamiento de la salud, habilitando simultáneamente la producción de alimento sano en las zonas libres de fumigaciones, en un círculo virtuoso con múltiples beneficios.
Diputada polémica. Sin embargo un golpe de timón de último momento de la diputada Inés Bertero, productora agropecuaria, tiró por la borda con el resto de los proyectos y desató la tormenta. Bajo el argumento de generar "una ley aplicable más cercana a la realidad", modificó el texto de su propuesta y redujo las distancias que habían sido acordadas.
Esta "flexibilización" que introdujo la polémica diputada reavivó el debate y llevó a los damnificados a pedir sanciones para ella. "Reclamamos que se excuse la diputada Inés Bertero de participar en el debate por una nueva ley de agroquímicos", exigieron las entidades nucleadas en el colectivo Paren de Fumigarnos.
Según los ambientalistas, Bertero propuso sólo 50 metros de exclusión de agroquímicos y restricciones hasta los 300 metros (en los que se podría aplicar biocidas biológicos) en caso de aspersiones terrestres y de tres mil para las aéreas. Para los vecinos, la única razón que explica su proceder es su condición de productora agropecuaria.
"Estos hechos y consideraciones revelan su falta de compromiso con la palabra empeñada, con la salud y el ambiente. Está condicionada por su situación personal de empresaria agropecuaria que la inhibe moral, ética y legalmente", remarcaron desde la organización.
"Reclamamos la excusación de la diputada Bertero en el debate por una nueva ley de agroquímicos o en su defecto que sus pares la aparten, sin perjuicio de lo dispuesto por las leyes de ética pública", añadieron, y enfatizaron que también exigirán orgánicamente el tratamiento y la sanción del acuerdo celebrado entre los representantes de las principales fuerzas parlamentarias y los vecinos de la provincia.
"Es público que entidades gremiales del agronegocio frecuentan despachos legislativos o las integran, como el caso de la diputada Bertero. Elementales imperativos éticos impondrían excusarse en temas que los enfrentan a un evidente conflicto de intereses entre los propios y de las mayorías provinciales para cuya defensa fue elegida, sin perjuicio de las incompatibilidades previstas en las leyes de ética pública nacional y provincial", señalaron.
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Jornada Huella Hídrica en Buenos Aires
Debatirán en la ciudad sobre huella hídrica en la provincia
Fecha de Publicación: 02/12/2013
Fuente: La Capital de Mar del Plata
Provincia/Región: Buenos Aires
Consideran el concepto como indicador de agua virtual contenida en el producto considerando el consumo total de agua en el proceso de producción, las características del clima y la eficiencia al utilizar este recurso.
Se llevará a cabo este jueves la "Jornada Huella Hídrica BA" organizada por la Universidad Nacional de Mar del Plata, la Universidad Nacional de La Plata, la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias (Fentos) y la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (Uipba).
Esta actividad tiene el desafío de comenzar a trabajar en el ámbito provincial el concepto Huella Hídrica, como indicador de "agua virtual" contenida en el producto considerando el consumo total de agua en el proceso de producción, las características del clima y la eficiencia al utilizar este recurso.
La actividad se concretará en el hotel de Hipólito Yrigoyen 2029 a partir de las 10, tratándose los siguientes temas: Introducción a la Huella Hídrica; Disponibilidad Plan Estratégico; Políticas Públicas y Huella Hídrica; y Huella Hídrica en la Producción y Servicios.
Según el programa de actividades, el panel de apertura estará a cargo de la ingeniera Emilia Bocanegra, quién realizará la introducción al tema y del doctor e ingeniero en recursos hídricos Oscar Duarte, especialista en ciencias de la tierra y del medio ambiente de la UNL.
El segundo panel, sobre disponibilidad y expansión del agua - Plan Estratégico, MDP Empresa de agua local, contará con las intervenciones del ingeniero Daniel Martinez (UNMdP, Recursos hídricos subterráneos), el ingeniero Oscar Ercole Gerente General Empresa 5 de Septiembre, La Plata y del ingeniero Sergio Liscia, director de la carrera de Ingeniería Hidráulica-UNLP
Otro panel se ocupará de "Políticas Públicas y Huella Hídrica" y estará a cargo de la licenciada Liliana Raskovski Geóloga-Vicepresidente de la Autoridad del Agua, la ingeniera agrónoma Mónica Casanovas, responsable del Area Cambio climático y cooperación internacional -OPDS- y la licenciada Maria Aurora Agullo, especialista en energía y asuntos ambientales IRAM.
Luego será el turno de debatir sobre Huella Hídrica en la Producción y Servicios, con la intervención del ingeniero agrónomo Gabriel Vázquez del Proyecto Ambiente I+D Aacrea, el licenciado Pablo Challú, Secretario de la Uipba, entre otros referentes.
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Fecha de Publicación: 02/12/2013
Fuente: La Capital de Mar del Plata
Provincia/Región: Buenos Aires
Consideran el concepto como indicador de agua virtual contenida en el producto considerando el consumo total de agua en el proceso de producción, las características del clima y la eficiencia al utilizar este recurso.
Se llevará a cabo este jueves la "Jornada Huella Hídrica BA" organizada por la Universidad Nacional de Mar del Plata, la Universidad Nacional de La Plata, la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias (Fentos) y la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (Uipba).
Esta actividad tiene el desafío de comenzar a trabajar en el ámbito provincial el concepto Huella Hídrica, como indicador de "agua virtual" contenida en el producto considerando el consumo total de agua en el proceso de producción, las características del clima y la eficiencia al utilizar este recurso.
La actividad se concretará en el hotel de Hipólito Yrigoyen 2029 a partir de las 10, tratándose los siguientes temas: Introducción a la Huella Hídrica; Disponibilidad Plan Estratégico; Políticas Públicas y Huella Hídrica; y Huella Hídrica en la Producción y Servicios.
Según el programa de actividades, el panel de apertura estará a cargo de la ingeniera Emilia Bocanegra, quién realizará la introducción al tema y del doctor e ingeniero en recursos hídricos Oscar Duarte, especialista en ciencias de la tierra y del medio ambiente de la UNL.
El segundo panel, sobre disponibilidad y expansión del agua - Plan Estratégico, MDP Empresa de agua local, contará con las intervenciones del ingeniero Daniel Martinez (UNMdP, Recursos hídricos subterráneos), el ingeniero Oscar Ercole Gerente General Empresa 5 de Septiembre, La Plata y del ingeniero Sergio Liscia, director de la carrera de Ingeniería Hidráulica-UNLP
Otro panel se ocupará de "Políticas Públicas y Huella Hídrica" y estará a cargo de la licenciada Liliana Raskovski Geóloga-Vicepresidente de la Autoridad del Agua, la ingeniera agrónoma Mónica Casanovas, responsable del Area Cambio climático y cooperación internacional -OPDS- y la licenciada Maria Aurora Agullo, especialista en energía y asuntos ambientales IRAM.
Luego será el turno de debatir sobre Huella Hídrica en la Producción y Servicios, con la intervención del ingeniero agrónomo Gabriel Vázquez del Proyecto Ambiente I+D Aacrea, el licenciado Pablo Challú, Secretario de la Uipba, entre otros referentes.
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Grandes generadores deberá pagar por los RSU
Industrias y shoppings deberán pagar por la basura que generen
Fecha de Publicación: 01/12/2013
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires
Desde el 1° de enero, industrias, hoteles de 4 y 5 estrellas, shoppings y galerías comerciales, hipermercados y cadenas de locales de comidas rápidas de la provincia de Buenos Aires deberán separar sus residuos y pagar por la basura que entierren en la Ceamse (Coordinación Ecológica Metropolitana Sociedad del Estado).
La medida, adoptada por el gobierno de Daniel Scioli, alcanza a los vecinos de los countries, que no sólo deberán tener dos recipientes para separar sus desechos, sino que tendrán que encargarse del destino final del material reciclable que generen. Para esto, tendrían que alcanzar un acuerdo con cooperativas de cartoneros.
El cambio fue adoptado en tres resoluciones del Organismo para el Desarrollo Sustentable (OPDS) de la provincia.
Quienes no cumplan con la medida serán pasibles de apercibimientos y multas que van entre 1 y 1000 sueldos básicos de la administración pública provincial, que hoy es de $ 1212,05.
La obligación de separar la basura que producen los grandes generadores como hoteles e hipermercados rige en la ciudad de Buenos Aires desde 2006.
Hugo Bilbao, al frente del OPDS, confirmó la información y sostuvo: "La gestión integral de los residuos es fundamental para mejorar la performance de la Ceamse, pero además trae aparejada la inclusión social, ya que el tratamiento adecuado de los residuos es un gran generador de puestos de trabajo y de oportunidades tanto para trabajadores independientes como para cooperativas dedicadas a esta problemática".
El funcionario indicó que cada uno de los destinatarios de esta medida deberá diseñar un plan integral de residuos, nombrar un responsable y contratar el traslado de la basura (seca y húmeda) y pagar por su enterramiento. Esto también significa que los municipios ya no deberán pagar este servicio.
En el caso de los countries el responsable del plan deberá acordar con alguna de las cooperativas de cartoneros para que retiren el material reciclable. Según los cálculos oficiales, cada uno de los barrios cerrados genera unas 30 toneladas por mes. En la práctica hoy sólo el ocho por ciento de los countries cuenta con programas de reciclado.
Esta medida significará un ingreso extra para la Ceamse. Aunque el universo de los afectados por la medida aún es una incógnita, se firmó un convenio con la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) para determinarlo.
Las industrias y los grandes generadores de basura situados en el área de cobertura de la Ceamse generan unas dos mil toneladas de basura por día. Si para enterrar cada una de ellas la Ceamse cobra 432 pesos, su recaudación diaria crecería alrededor de unos 864.000 pesos.
En los terrenos destinados al tratamiento de la basura del área metropolitana se entierran otras diez mil toneladas diarias de residuos generadas por la población del conurbano. La ciudad de Buenos Aires, a su vez, envía 4400 toneladas diarias para su tratamiento.
Ahora, desde el 1° de febrero de 2014 los grandes generadores de residuos de la provincia deberán separar la basura e inscribirse en la Ceamse para poder enterrar la basura que generan. Aunque no hay números claros, se estima que un hipermercado genera unas 100 toneladas de basura al mes.
Las industrias de las categorías 2 y 3 -las más contaminantes, como las petroleras- a partir del primer día de enero del año próximo tienen que estar inscriptas en la Ceamse para obtener o renovar el Certificado de Aptitud Ambiental, que entrega el OPDS cada dos años. En este caso la norma abarca a toda la provincia, en donde se estima que hay unos 25.000 establecimientos de este tipo.
El régimen de residuos especiales (basura que requiere un tratamiento especial) seguirá vigente.
"La problemática ambiental debe tratarse de manera transversal ya que todos los sectores están involucrados en la materia; es por eso que elegimos el trabajo conjunto, integrando a todos los actores porque ésta es la única manera que conocemos de resolver los problemas, entre todos", agregó Bilbao.
Ley que no se cumple
En rigor estas resoluciones llegan para reforzar una ley que no se cumple. Se trata de la 13.592, cuyo objetivo es minimizar la cantidad de residuos que se entierran y a la que pocos municipios han adherido.
Esta norma, que fue reglamentada en 2010, es la que establece las sanciones de las tres nuevas resoluciones que están incluidas en la ley general del ambiente provincial.
Cabe recordar que el sistema de rellenos sanitarios de la Ceamse está en crisis. Los tres vertederos que aún funcionan están al punto del colapso. El más grande, el de José León Suárez, que también recibe los desechos de la ciudad de Buenos Aires, tiene una vida útil de un año más.
Para extender los terrenos y construir un nuevo espacio de disposición final sería necesario que la Nación cediera tierras de Campo de Mayo. Hasta el momento, el Poder Ejecutivo Nacional negó esa posibilidad.
Sin embargo, el conflicto supera la puja que pueda existir entre la Nación y la ciudad de Buenos Aires. Es que los municipios en donde está ubicado el relleno Tigre, San Martín y San Miguel, rechazan de plano la posibilidad de afectar nuevos espacios allí.
Andrés Nápoli, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), indicó: "Aunque la medida no se conoce en su totalidad, creo que apunta en la dirección correcta, en tanto que busca cumplir con los objetivos dispuestos en la ley 25.916, que promueve el reciclado y la minimización de los residuos que tienen como destino la disposición final. Sin embargo, para que esta medida pueda tener un impacto positivo, tanto el gobierno de la provincia de Buenos Aires como los municipios deberían establecer metas estrictas de reducción de residuos, programas de separación en origen, sistemas de recolección diferenciada y el reemplazo del obsoleto sistema de enterramiento vigente y que tiene su cabeza en la Ceamse".
El director de la ONG además agregó: "De igual manera los municipios deberían asumir políticas y acciones tendientes a remover los más de 300 basurales a cielo abierto existentes en el AMBA y cuya generación son de su exclusiva responsabilidad". Los basurales a cielo abierto son parte del grave problema de contaminación que afecta a la cuenca Matanza-Riachuelo.
Cómo funciona el nuevo plan bonaerense
Los residuos húmedos u orgánicos son todos aquellos que no pueden ser reciclados. La categoría de secos incluye el cartón, papel, plásticos, vidrios y metales. Para poder ser reciclados deben estar limpios. Los papeles mojados, por ejemplo, no sirven.
El nuevo plan que diseñó la provincia contará con la colaboración del la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y la Universidad Tecnológica Regional La Plata (UNTec) para su desarrollo.
Se habilitará un mapa online de destinos sustentables tales como lugares de disposición final y cooperativas de cartoneros
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Fecha de Publicación: 01/12/2013
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires
Desde el 1° de enero, industrias, hoteles de 4 y 5 estrellas, shoppings y galerías comerciales, hipermercados y cadenas de locales de comidas rápidas de la provincia de Buenos Aires deberán separar sus residuos y pagar por la basura que entierren en la Ceamse (Coordinación Ecológica Metropolitana Sociedad del Estado).
La medida, adoptada por el gobierno de Daniel Scioli, alcanza a los vecinos de los countries, que no sólo deberán tener dos recipientes para separar sus desechos, sino que tendrán que encargarse del destino final del material reciclable que generen. Para esto, tendrían que alcanzar un acuerdo con cooperativas de cartoneros.
El cambio fue adoptado en tres resoluciones del Organismo para el Desarrollo Sustentable (OPDS) de la provincia.
Quienes no cumplan con la medida serán pasibles de apercibimientos y multas que van entre 1 y 1000 sueldos básicos de la administración pública provincial, que hoy es de $ 1212,05.
La obligación de separar la basura que producen los grandes generadores como hoteles e hipermercados rige en la ciudad de Buenos Aires desde 2006.
Hugo Bilbao, al frente del OPDS, confirmó la información y sostuvo: "La gestión integral de los residuos es fundamental para mejorar la performance de la Ceamse, pero además trae aparejada la inclusión social, ya que el tratamiento adecuado de los residuos es un gran generador de puestos de trabajo y de oportunidades tanto para trabajadores independientes como para cooperativas dedicadas a esta problemática".
El funcionario indicó que cada uno de los destinatarios de esta medida deberá diseñar un plan integral de residuos, nombrar un responsable y contratar el traslado de la basura (seca y húmeda) y pagar por su enterramiento. Esto también significa que los municipios ya no deberán pagar este servicio.
En el caso de los countries el responsable del plan deberá acordar con alguna de las cooperativas de cartoneros para que retiren el material reciclable. Según los cálculos oficiales, cada uno de los barrios cerrados genera unas 30 toneladas por mes. En la práctica hoy sólo el ocho por ciento de los countries cuenta con programas de reciclado.
Esta medida significará un ingreso extra para la Ceamse. Aunque el universo de los afectados por la medida aún es una incógnita, se firmó un convenio con la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) para determinarlo.
Las industrias y los grandes generadores de basura situados en el área de cobertura de la Ceamse generan unas dos mil toneladas de basura por día. Si para enterrar cada una de ellas la Ceamse cobra 432 pesos, su recaudación diaria crecería alrededor de unos 864.000 pesos.
En los terrenos destinados al tratamiento de la basura del área metropolitana se entierran otras diez mil toneladas diarias de residuos generadas por la población del conurbano. La ciudad de Buenos Aires, a su vez, envía 4400 toneladas diarias para su tratamiento.
Ahora, desde el 1° de febrero de 2014 los grandes generadores de residuos de la provincia deberán separar la basura e inscribirse en la Ceamse para poder enterrar la basura que generan. Aunque no hay números claros, se estima que un hipermercado genera unas 100 toneladas de basura al mes.
Las industrias de las categorías 2 y 3 -las más contaminantes, como las petroleras- a partir del primer día de enero del año próximo tienen que estar inscriptas en la Ceamse para obtener o renovar el Certificado de Aptitud Ambiental, que entrega el OPDS cada dos años. En este caso la norma abarca a toda la provincia, en donde se estima que hay unos 25.000 establecimientos de este tipo.
El régimen de residuos especiales (basura que requiere un tratamiento especial) seguirá vigente.
"La problemática ambiental debe tratarse de manera transversal ya que todos los sectores están involucrados en la materia; es por eso que elegimos el trabajo conjunto, integrando a todos los actores porque ésta es la única manera que conocemos de resolver los problemas, entre todos", agregó Bilbao.
Ley que no se cumple
En rigor estas resoluciones llegan para reforzar una ley que no se cumple. Se trata de la 13.592, cuyo objetivo es minimizar la cantidad de residuos que se entierran y a la que pocos municipios han adherido.
Esta norma, que fue reglamentada en 2010, es la que establece las sanciones de las tres nuevas resoluciones que están incluidas en la ley general del ambiente provincial.
Cabe recordar que el sistema de rellenos sanitarios de la Ceamse está en crisis. Los tres vertederos que aún funcionan están al punto del colapso. El más grande, el de José León Suárez, que también recibe los desechos de la ciudad de Buenos Aires, tiene una vida útil de un año más.
Para extender los terrenos y construir un nuevo espacio de disposición final sería necesario que la Nación cediera tierras de Campo de Mayo. Hasta el momento, el Poder Ejecutivo Nacional negó esa posibilidad.
Sin embargo, el conflicto supera la puja que pueda existir entre la Nación y la ciudad de Buenos Aires. Es que los municipios en donde está ubicado el relleno Tigre, San Martín y San Miguel, rechazan de plano la posibilidad de afectar nuevos espacios allí.
Andrés Nápoli, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), indicó: "Aunque la medida no se conoce en su totalidad, creo que apunta en la dirección correcta, en tanto que busca cumplir con los objetivos dispuestos en la ley 25.916, que promueve el reciclado y la minimización de los residuos que tienen como destino la disposición final. Sin embargo, para que esta medida pueda tener un impacto positivo, tanto el gobierno de la provincia de Buenos Aires como los municipios deberían establecer metas estrictas de reducción de residuos, programas de separación en origen, sistemas de recolección diferenciada y el reemplazo del obsoleto sistema de enterramiento vigente y que tiene su cabeza en la Ceamse".
El director de la ONG además agregó: "De igual manera los municipios deberían asumir políticas y acciones tendientes a remover los más de 300 basurales a cielo abierto existentes en el AMBA y cuya generación son de su exclusiva responsabilidad". Los basurales a cielo abierto son parte del grave problema de contaminación que afecta a la cuenca Matanza-Riachuelo.
Cómo funciona el nuevo plan bonaerense
Los residuos húmedos u orgánicos son todos aquellos que no pueden ser reciclados. La categoría de secos incluye el cartón, papel, plásticos, vidrios y metales. Para poder ser reciclados deben estar limpios. Los papeles mojados, por ejemplo, no sirven.
El nuevo plan que diseñó la provincia contará con la colaboración del la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y la Universidad Tecnológica Regional La Plata (UNTec) para su desarrollo.
Se habilitará un mapa online de destinos sustentables tales como lugares de disposición final y cooperativas de cartoneros
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Entre Ríos no aportó pruebas contra Botnia
El gobierno dilata el tiempo para aportar pruebas en la causa contra Botnia
Fecha de Publicación: 01/12/2013
Fuente: AIM
Provincia/Región: Entre Ríos
El gobierno provincial aún no aportó a la Justicia Federal mayores pruebas del monitoreo que Cancillería hizo públicos respecto de la planta contaminante de pasta de celulosa de UPM-Botnia, instalada en la margen del río Uruguay, informó a AIM el abogado de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú (Acag), Luís Leissa, quien consideró que “hay ausencia de voluntad de asumir un compromiso concreto”, para defender la salud de los entrerrianos.
Los primeros días de octubre Urribarri y el canciller, Héctor Timerman, dieron informes y cuadros que confirmaban que la planta de Botnia-UPM contamina. Más allá de compromiso asumido, a un mes de manejar la información, el gobernador no impulsó medidas que aportaran a llevar adelante en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Concepción del Uruguay, para defender la salud de la población.
En ese sentido, Leissa aseguró que el gobierno “debe presentar las pruebas, porque no debería permanecer ajeno a un tema donde está involucrada la salud de la población”. Al respecto, precisó que “acá hay ausencia de voluntad de asumir un compromiso concreto, en un tema que afecta nuestra soberanía ambiental y el aprovechamiento de nuestros recursos y frente al cual el gobierno se somete a dictados económicos erigiéndose más en defensor de una inversión extranjera que en garante de la salud de la población. Aquí se cae el discurso del kirchnerismo de defensa de la independencia nacional, porque vemos como un gobierno y los de la Cámpora que se dicen progresistas, se resignan frente a una fuerza económica y se someten a Botnia”.
“El monitoreo que dio a conocer el gobierno dicen Botnia contamina y el gobernador decía que iba a ser inflexible con el tema, por lo que desde la Asamblea se reclamó que las pruebas se incorporen para avanzar en la investigación, ya que el delito que se investiga es el que está previsto en la Ley 24051 que prohíbe arrojar residuos peligrosos”, detalló Leíssa quien remarcó el doble discurso de Urribarri durante la campaña y luego de los elecciones. Señaló que se hizo “alarde durante la campaña electoral, antes del 27 de octubre y ahora otra vez buscan que nos resignemos frente a la afectación del río Uruguay que ya está comprometido”.
A la dilación de la presentación de pruebas, se suman dos variables que agudizan el conflicto: la una, que el Juez encargado de la causa no llama a indagatoria a los directivos de la compañía, y, la otra, que el gobierno es obsecuente al capital y brinda herramientas a los empresarios para ocultar información. La Corte de La Haya “sugirió que se tomaran medidas dirigidas a monitorear permanente a Botnia y esas cosas Argentina siempre las ocultó y actuó a regañadientes siendo complaciente con la empresa que fue declarada ilegal pero que, lamentablemente, no se hace nada”. En ese marco, el abogado comentó que cada vez que se hace una inspección, el Estado debe avisar con anticipación “lo que le da margen a la empresa de hacer cambios de regímenes de producción y oculta pruebas o disimula la contaminación que genera”.
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Fecha de Publicación: 01/12/2013
Fuente: AIM
Provincia/Región: Entre Ríos
El gobierno provincial aún no aportó a la Justicia Federal mayores pruebas del monitoreo que Cancillería hizo públicos respecto de la planta contaminante de pasta de celulosa de UPM-Botnia, instalada en la margen del río Uruguay, informó a AIM el abogado de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú (Acag), Luís Leissa, quien consideró que “hay ausencia de voluntad de asumir un compromiso concreto”, para defender la salud de los entrerrianos.
Los primeros días de octubre Urribarri y el canciller, Héctor Timerman, dieron informes y cuadros que confirmaban que la planta de Botnia-UPM contamina. Más allá de compromiso asumido, a un mes de manejar la información, el gobernador no impulsó medidas que aportaran a llevar adelante en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Concepción del Uruguay, para defender la salud de la población.
En ese sentido, Leissa aseguró que el gobierno “debe presentar las pruebas, porque no debería permanecer ajeno a un tema donde está involucrada la salud de la población”. Al respecto, precisó que “acá hay ausencia de voluntad de asumir un compromiso concreto, en un tema que afecta nuestra soberanía ambiental y el aprovechamiento de nuestros recursos y frente al cual el gobierno se somete a dictados económicos erigiéndose más en defensor de una inversión extranjera que en garante de la salud de la población. Aquí se cae el discurso del kirchnerismo de defensa de la independencia nacional, porque vemos como un gobierno y los de la Cámpora que se dicen progresistas, se resignan frente a una fuerza económica y se someten a Botnia”.
“El monitoreo que dio a conocer el gobierno dicen Botnia contamina y el gobernador decía que iba a ser inflexible con el tema, por lo que desde la Asamblea se reclamó que las pruebas se incorporen para avanzar en la investigación, ya que el delito que se investiga es el que está previsto en la Ley 24051 que prohíbe arrojar residuos peligrosos”, detalló Leíssa quien remarcó el doble discurso de Urribarri durante la campaña y luego de los elecciones. Señaló que se hizo “alarde durante la campaña electoral, antes del 27 de octubre y ahora otra vez buscan que nos resignemos frente a la afectación del río Uruguay que ya está comprometido”.
A la dilación de la presentación de pruebas, se suman dos variables que agudizan el conflicto: la una, que el Juez encargado de la causa no llama a indagatoria a los directivos de la compañía, y, la otra, que el gobierno es obsecuente al capital y brinda herramientas a los empresarios para ocultar información. La Corte de La Haya “sugirió que se tomaran medidas dirigidas a monitorear permanente a Botnia y esas cosas Argentina siempre las ocultó y actuó a regañadientes siendo complaciente con la empresa que fue declarada ilegal pero que, lamentablemente, no se hace nada”. En ese marco, el abogado comentó que cada vez que se hace una inspección, el Estado debe avisar con anticipación “lo que le da margen a la empresa de hacer cambios de regímenes de producción y oculta pruebas o disimula la contaminación que genera”.
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XXI Asamblea del COHIFE
Se reúne en La Rioja el Consejo Hídrico Federal
Fecha de Publicación: 30/11/2013
Fuente: El Independiente
Provincia/Región: Nacional
Comenzó la XXI Asamblea Ordinaria del Consejo Hídrico Federal (COHIFE) en esta capital riojana. La sesión continuará hasta hoy al mediodía, en la que se darán a conocer las conclusiones.
Ayer, dio comienzo en el Salón Talampaya del Hotel Naíndo, la XXI Asamblea ordinaria del COHIFE (Consejo Hídrico Federal). En el mismo, todos los representantes de los consejos federales e instituciones relacionadas con el control del agua, analizan y discuten, sobre los temas de interés de todas las regiones de la Argentina.
En representación de La Rioja, participó el Administrador General del Instituto Provincial del Agua, Juan Velárdez, quien declaró que en la oportunidad, se reunieron todos los organismos provinciales que tienen a su cargo el recurso hídrico del país. “Todas las provincias están representadas en el Consejo, donde se tratan temas determinados que son macros, que hacen a la problemática del país en su conjunto”, indicó.
Detalló que La Rioja participa en el Comité de Cuencas de Desaguadero, junto a otras provincias del país. Además, La Rioja presentó un trabajo en cuando al arsénico, agregó. De igual manera, celebró que “en el encuentro, nos nutrimos de la experiencia de todo el país”.
Por su parte, el presidente del COHIFE, Alfredo Fuentes, manifestó el agradecimiento a la provincia de La Rioja, por ser anfitriona del encuentro y explicó que en la Asamblea, se vienen suscitando temas que hacen a la problemática hídrica, que puede tener el país. “Este es uno de los organismos más federales que tenemos los argentinos, donde cada provincia, expone las problemáticas que tiene y se hace un plan general, para responder a ellas”, señaló.
Velárdez señaló que hoy seguirán con el Orden del Día, que incluye diversos temas. Indicó que “ahora se harán reuniones específicas luego de que ya se plantearan cuestiones generales”.
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Fecha de Publicación: 30/11/2013
Fuente: El Independiente
Provincia/Región: Nacional
Comenzó la XXI Asamblea Ordinaria del Consejo Hídrico Federal (COHIFE) en esta capital riojana. La sesión continuará hasta hoy al mediodía, en la que se darán a conocer las conclusiones.
Ayer, dio comienzo en el Salón Talampaya del Hotel Naíndo, la XXI Asamblea ordinaria del COHIFE (Consejo Hídrico Federal). En el mismo, todos los representantes de los consejos federales e instituciones relacionadas con el control del agua, analizan y discuten, sobre los temas de interés de todas las regiones de la Argentina.
En representación de La Rioja, participó el Administrador General del Instituto Provincial del Agua, Juan Velárdez, quien declaró que en la oportunidad, se reunieron todos los organismos provinciales que tienen a su cargo el recurso hídrico del país. “Todas las provincias están representadas en el Consejo, donde se tratan temas determinados que son macros, que hacen a la problemática del país en su conjunto”, indicó.
Detalló que La Rioja participa en el Comité de Cuencas de Desaguadero, junto a otras provincias del país. Además, La Rioja presentó un trabajo en cuando al arsénico, agregó. De igual manera, celebró que “en el encuentro, nos nutrimos de la experiencia de todo el país”.
Por su parte, el presidente del COHIFE, Alfredo Fuentes, manifestó el agradecimiento a la provincia de La Rioja, por ser anfitriona del encuentro y explicó que en la Asamblea, se vienen suscitando temas que hacen a la problemática hídrica, que puede tener el país. “Este es uno de los organismos más federales que tenemos los argentinos, donde cada provincia, expone las problemáticas que tiene y se hace un plan general, para responder a ellas”, señaló.
Velárdez señaló que hoy seguirán con el Orden del Día, que incluye diversos temas. Indicó que “ahora se harán reuniones específicas luego de que ya se plantearan cuestiones generales”.
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La Rioja endurece normativa sobre incendios forestales
La Rioja: habrá duras penas para quienes ocasionen incendios forestales
Fecha de Publicación: 30/11/2013
Fuente: Nueva Rioja
Provincia/Región: La Rioja
El miércoles el panorama era totalmente satisfactorio en cuanto al incendio que se produjo el fin de semana en el Cerro de la Cruz. Más del 95% de todo el predio estaba ya controlado por parte del operativo que montó Defensa Civil Provincial. A ello hay que agregarle que se realizaron las pericias, de donde surgirá el lugar en que se originó el siniestro y las causas de ello.
Pero lo más importante es que de ahora en más se trabajará coordinadamente entre varios organismos para establecer penas más severas para los responsables de este tipo de incendios forestales. Así lo determinaron el director de Defensa Civil, Fabián Tapia y el segundo jefe de la Comisaría Cuarta, Leonardo Caniza. Ambos determinaron que se cambiará la modalidad de trabajo para que este tipo de siniestros no se produzcan en zonas forestales de La Rioja.
Personal de Bomberos, peritos de criminalística de la policía, la división CAPE y de la Policía Cuarta realizaron durante toda la mañana una exhaustiva investigación en los despojos de lo que quedó la flora y fauna. De este peritaje saldrán las causas del incendio y sobre todo el lugar.
Este dato será la prueba contundente para fundamentar el castigo que recibirán los responsables del foco ígneo. Cabe recordar que se habla de un grupo de más de 70 personas que durante el fin de semana estuvieron en el lugar realizando un nuevo deporte que se considera “extremo”. Sin embargo, todavía no hay información oficial al respecto, y por eso es que será de vital importancia el resultado del peritaje.
Otro dato que se pudo corroborar es que se pudo rescatar entre las llamas una bengala de humo, que también es tomado como prueba para saber quiénes fueron los responsables del incendio.
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Fecha de Publicación: 30/11/2013
Fuente: Nueva Rioja
Provincia/Región: La Rioja
El miércoles el panorama era totalmente satisfactorio en cuanto al incendio que se produjo el fin de semana en el Cerro de la Cruz. Más del 95% de todo el predio estaba ya controlado por parte del operativo que montó Defensa Civil Provincial. A ello hay que agregarle que se realizaron las pericias, de donde surgirá el lugar en que se originó el siniestro y las causas de ello.
Pero lo más importante es que de ahora en más se trabajará coordinadamente entre varios organismos para establecer penas más severas para los responsables de este tipo de incendios forestales. Así lo determinaron el director de Defensa Civil, Fabián Tapia y el segundo jefe de la Comisaría Cuarta, Leonardo Caniza. Ambos determinaron que se cambiará la modalidad de trabajo para que este tipo de siniestros no se produzcan en zonas forestales de La Rioja.
Personal de Bomberos, peritos de criminalística de la policía, la división CAPE y de la Policía Cuarta realizaron durante toda la mañana una exhaustiva investigación en los despojos de lo que quedó la flora y fauna. De este peritaje saldrán las causas del incendio y sobre todo el lugar.
Este dato será la prueba contundente para fundamentar el castigo que recibirán los responsables del foco ígneo. Cabe recordar que se habla de un grupo de más de 70 personas que durante el fin de semana estuvieron en el lugar realizando un nuevo deporte que se considera “extremo”. Sin embargo, todavía no hay información oficial al respecto, y por eso es que será de vital importancia el resultado del peritaje.
Otro dato que se pudo corroborar es que se pudo rescatar entre las llamas una bengala de humo, que también es tomado como prueba para saber quiénes fueron los responsables del incendio.
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