Increíble: en vez de desalojar sojero sacan a campesinos
08:43 | 
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Eco Sitio |
Denuncian penalmente a responsables del desalojo de campesinos en Piquillín
Fecha de Publicación: 25/04/2013
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Córdoba
La jueza admitió que no había orden de desterrar a las familias sino al empresario explotador del campo. Una multitud apoyó ayer a los damnificados en Monte Cristo.
Tras el violento desalojo de cuatro familias de un campo en cercanías a Piquillín, los campesinos denunciaron penalmente a los responsables del procedimiento irregular.
Los acusados son la supuesta propietaria del terreno, Sara Jabase y el oficial de Justicia que actuó sin orden judicial y, en uno de los casos, sin la presencia de un adulto a quien notificar del procedimiento.
Al respecto la jueza aseguró que la orden judicial de desalojo emitida era contra el empresario explotador de los campos, y no contra las familias, que nunca fueron identificados dentro de la propiedad ni formaban parte del juicio. Sin embargo, el oficial de justicia actuó sobre ellos ordenando la destrucción de las viviendas.
Por otro lado, una multitud de vecinos, campesinos y organizaciones se manifestó ayer en Monte Cristo exigiendo la restitución de las tierras y las viviendas a las familias desalojadas. Pedía además, el desprocesamiento de los detenidos en la causa.
En este marco, los abogados de los campesinos damnificados hicieron un pedido de nulidad del procedimiento de lanzamiento de de-
salojo.
La abogada del Movimiento Campesino, Mariana Romano, señaló que “se trata de una denuncia penal contra los encargados del desalojo a saber la supuesta propietaria del terreno, Sara Jabase y el oficial de justicia”.
La acusación es por “falsedad ideológica ya que mintió en el proceso. Por un lado el oficial de justicia dijo que ellos eran empleados del demandado y era mentira, además, llenó el acta con datos falsos”.
Por su parte, José González, miembro de una de las familias de-
salojadas, dijo que la convocatoria tuvo por objetivo protestar “porque hemos sido echados sin motivo”.
“Nos dicen que estábamos ocupando una propiedad privada cuando nuestra familia hace 150 años que está ahí, queremos una solución es un hecho de injusticia enorme”, añadió.
Los damnificados son la familias González y Bulchi, quienes explotaban el campo con la crianza de animales y plantación de calabazas y sorgo para su venta. “Es poco, pero es con lo que vivíamos, necesitamos nuestros animales para subsistir”, dijo González.
Sobre la detención cuando intentaron recuperar los campos, señaló: “nunca estuvimos presos ni tuvimos ningún problema con la policía, imaginen lo que fue para nosotros que nos pinten los dedos”.
El 11 de abril pasado en un irregular procedimiento, desalojaron a cuatro familias de un campo ubicado en el paraje Tres Esquinas, en en departamento Río Primero. Allí destruyeron las viviendas y tiraron las pertenencias a la calle.
Ayer exigían la “inmediata restitución de las tierras a las familias desalojadas, construcción de nuevas viviendas y pleno goce de las producciones que estaban en marcha hasta el día del despojo. Además, el desprocesamiento de las 16 personas que fueron imputadas por resistir al atropello de los derechos básicos de todo ser humano”.
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Fecha de Publicación: 25/04/2013
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Córdoba
La jueza admitió que no había orden de desterrar a las familias sino al empresario explotador del campo. Una multitud apoyó ayer a los damnificados en Monte Cristo.Tras el violento desalojo de cuatro familias de un campo en cercanías a Piquillín, los campesinos denunciaron penalmente a los responsables del procedimiento irregular.
Los acusados son la supuesta propietaria del terreno, Sara Jabase y el oficial de Justicia que actuó sin orden judicial y, en uno de los casos, sin la presencia de un adulto a quien notificar del procedimiento.
Al respecto la jueza aseguró que la orden judicial de desalojo emitida era contra el empresario explotador de los campos, y no contra las familias, que nunca fueron identificados dentro de la propiedad ni formaban parte del juicio. Sin embargo, el oficial de justicia actuó sobre ellos ordenando la destrucción de las viviendas.
Por otro lado, una multitud de vecinos, campesinos y organizaciones se manifestó ayer en Monte Cristo exigiendo la restitución de las tierras y las viviendas a las familias desalojadas. Pedía además, el desprocesamiento de los detenidos en la causa.
En este marco, los abogados de los campesinos damnificados hicieron un pedido de nulidad del procedimiento de lanzamiento de de-
salojo.
La abogada del Movimiento Campesino, Mariana Romano, señaló que “se trata de una denuncia penal contra los encargados del desalojo a saber la supuesta propietaria del terreno, Sara Jabase y el oficial de justicia”.
La acusación es por “falsedad ideológica ya que mintió en el proceso. Por un lado el oficial de justicia dijo que ellos eran empleados del demandado y era mentira, además, llenó el acta con datos falsos”.
Por su parte, José González, miembro de una de las familias de-
salojadas, dijo que la convocatoria tuvo por objetivo protestar “porque hemos sido echados sin motivo”.
“Nos dicen que estábamos ocupando una propiedad privada cuando nuestra familia hace 150 años que está ahí, queremos una solución es un hecho de injusticia enorme”, añadió.
Los damnificados son la familias González y Bulchi, quienes explotaban el campo con la crianza de animales y plantación de calabazas y sorgo para su venta. “Es poco, pero es con lo que vivíamos, necesitamos nuestros animales para subsistir”, dijo González.
Sobre la detención cuando intentaron recuperar los campos, señaló: “nunca estuvimos presos ni tuvimos ningún problema con la policía, imaginen lo que fue para nosotros que nos pinten los dedos”.
El 11 de abril pasado en un irregular procedimiento, desalojaron a cuatro familias de un campo ubicado en el paraje Tres Esquinas, en en departamento Río Primero. Allí destruyeron las viviendas y tiraron las pertenencias a la calle.
Ayer exigían la “inmediata restitución de las tierras a las familias desalojadas, construcción de nuevas viviendas y pleno goce de las producciones que estaban en marcha hasta el día del despojo. Además, el desprocesamiento de las 16 personas que fueron imputadas por resistir al atropello de los derechos básicos de todo ser humano”.
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Reclaman obras en la Reserva Ecológica Costanera Sur
Reclaman obras de recuperación de las lagunas en la Reserva Ecológica Costanera Sur
Fecha de Publicación: 24/04/2013
Fuente: Fundación Vida Silvestre
Provincia/Región: Capital Federal
Organizaciones ambientalistas (Fundación Vida Silvestre Argentina, Aves Argentinas, Amigos de la Tierra, Fundación Ambiente y Recursos Naturales y Fundación Hábitat y Desarrollo) reclamaron al Gobierno de la Ciudad que inicie las demoradas obras para recuperar el sistema de lagunas de la Reserva Ecológica. En particular, las de la emblemática Laguna de los Coipos, sobre el frente del área protegida.
Las ONG manifestaron su preocupación por las reiteradas dilaciones en el inicio de las tareas. Asimismo, recordaron que en diciembre de 2012 ya le habían expresado al ejecutivo su apoyo al plan de recuperación de uno de los escenarios más atractivos de esta Reserva: el sistema de lagunas.
Hoy, ante la demora en el inicio de las obras, reiteraron su pedido: “…que se comience el dragado que permitirá recobrar el esplendor de las lagunas de la Reserva Ecológica tal como estaban y como las conocimos años atrás".
Recordaron también que uno de los objetivos de la Reserva es la conservación de sus valores naturales y culturales. El mantenimiento de las lagunas, hoy degradadas por falta de mantenimiento, es central para cumplir con ese cometido; y según lo establece el Plan de Manejo de la Reserva, se encuentra entre las obligaciones que le corresponden al Gobierno de la Ciudad.
Se trata de un verdadero hito en la gestión ambiental de Buenos Aires, que permitirá la recuperación de la diversidad de especies silvestres, con sustanciales mejoras en el potencial educativo y recreativo en una de las áreas naturales protegidas con mayor cantidad de visitantes por año en la Argentina.
La presencia de estas vastas lagunas motivó dos reconocimientos mundiales: Sitio Ramsar –por ser el único espacio verde de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con humedales y cuerpos de agua de características únicas- y Área para la Conservación de las Aves Silvestres (AICA).
Durante el 2011, un equipo interinstitucional e interdisciplinario, trabajó activamente en proponer un Plan para Mejorar el Estado de Conservación de la Reserva Ecológica y Potenciar su Misión Educativa. El mantenimiento de lagunas fue uno de los primeros identificados como prioritarios.
El equipo estuvo integrado por: el Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la Fundación YPF, la Fundación Vida Silvestre Argentina, Aves Argentinas, el CONICET , la Universidad de Buenos Aires y la Royal Society for the Protection of Birds.
La iniciativa recibió el apoyo de Greenpeace, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Amigos de la Tierra, el Instituto de Limnología Raúl Ringuelet de la Universidad Nacional de La Plata, el Consejo Superior Profesional de Geología, el Instituto de Zoonosis Luis Pasteur y el Jardín Zoológico de Buenos Aires.
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Fecha de Publicación: 24/04/2013
Fuente: Fundación Vida Silvestre
Provincia/Región: Capital Federal
Organizaciones ambientalistas (Fundación Vida Silvestre Argentina, Aves Argentinas, Amigos de la Tierra, Fundación Ambiente y Recursos Naturales y Fundación Hábitat y Desarrollo) reclamaron al Gobierno de la Ciudad que inicie las demoradas obras para recuperar el sistema de lagunas de la Reserva Ecológica. En particular, las de la emblemática Laguna de los Coipos, sobre el frente del área protegida.Las ONG manifestaron su preocupación por las reiteradas dilaciones en el inicio de las tareas. Asimismo, recordaron que en diciembre de 2012 ya le habían expresado al ejecutivo su apoyo al plan de recuperación de uno de los escenarios más atractivos de esta Reserva: el sistema de lagunas.
Hoy, ante la demora en el inicio de las obras, reiteraron su pedido: “…que se comience el dragado que permitirá recobrar el esplendor de las lagunas de la Reserva Ecológica tal como estaban y como las conocimos años atrás".
Recordaron también que uno de los objetivos de la Reserva es la conservación de sus valores naturales y culturales. El mantenimiento de las lagunas, hoy degradadas por falta de mantenimiento, es central para cumplir con ese cometido; y según lo establece el Plan de Manejo de la Reserva, se encuentra entre las obligaciones que le corresponden al Gobierno de la Ciudad.
Se trata de un verdadero hito en la gestión ambiental de Buenos Aires, que permitirá la recuperación de la diversidad de especies silvestres, con sustanciales mejoras en el potencial educativo y recreativo en una de las áreas naturales protegidas con mayor cantidad de visitantes por año en la Argentina.
La presencia de estas vastas lagunas motivó dos reconocimientos mundiales: Sitio Ramsar –por ser el único espacio verde de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con humedales y cuerpos de agua de características únicas- y Área para la Conservación de las Aves Silvestres (AICA).
Durante el 2011, un equipo interinstitucional e interdisciplinario, trabajó activamente en proponer un Plan para Mejorar el Estado de Conservación de la Reserva Ecológica y Potenciar su Misión Educativa. El mantenimiento de lagunas fue uno de los primeros identificados como prioritarios.
El equipo estuvo integrado por: el Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la Fundación YPF, la Fundación Vida Silvestre Argentina, Aves Argentinas, el CONICET , la Universidad de Buenos Aires y la Royal Society for the Protection of Birds.
La iniciativa recibió el apoyo de Greenpeace, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Amigos de la Tierra, el Instituto de Limnología Raúl Ringuelet de la Universidad Nacional de La Plata, el Consejo Superior Profesional de Geología, el Instituto de Zoonosis Luis Pasteur y el Jardín Zoológico de Buenos Aires.
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Macri quiere incinerar la basura
El Gobierno de Macri avanza en proyectos de incineración prohibidos por la Ley de Basura Cero
Fecha de Publicación: 24/04/2013
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Capital Federal
Greenpeace advirtió hoy que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) está analizando tecnologías de incineración de residuos, prohibidas por la Ley 1854 de Basura Cero, como alternativa para disminuir los residuos que son enviados a la provincia de Buenos Aires. De esta manera, Mauricio Macri pretende alcanzar las metas del convenio firmado con el Gobierno de la provincia de Buenos Aires a fines del año 2012. (1)
“El Gobierno de Macri debe aclarar cuáles serán las tecnologías que utilizarán para alcanzar la meta del 78% de reducción de la basura para junio de 2014, teniendo en cuenta que deben cumplir con la legislación vigente que prohíbe la combustión de residuos en cualquiera de sus formas dentro y fuera de la jurisdicción de la ciudad. Es clave que de una vez por todas se aplique la ley para solucionar el conflicto de los residuos” afirmó Consuelo Bilbao de Greenpeace.
En el marco de la Licitación Pública N° 4 de 2012 para el tratamiento integral y la recuperación de residuos, fueron presentados cuatro proyectos que contemplan tecnologías de incineración y/o co-incineración, es decir preparación de los residuos como combustible para quemar en cementeras. Ambas están prohibidas por el artículo 7 de la Ley de Basura Cero.
“La incineración de ninguna manera es una solución al relleno sanitario. No se puede apostar a soluciones ‘mágicas’ que lejos de resolver el actual colapso de los rellenos sanitarios de la CEAMSE, significarán nuevos riesgos ambientales y sanitarios que serán visibles en el corto y largo plazo”, agregó Bilbao.
La organización ambientalista recordó que está comprobado a nivel internacional que las plantas de incineración, presentadas muchas veces como nuevas tecnologías o valorización energética, emiten sustancias tóxicas persistentes al ambiente y afectan la salud de la población; compiten con los programas de reciclaje y de reducción en la generación de desechos y producen gastos desproporcionados e injustificados a las ciudades o municipios.
Notas:
1 - El 12 diciembre de 2012 el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, firmaron un acuerdo para disminuir los residuos que son enviados a rellenos sanitarios. La Ciudad se comprometió a reducir un 78% de los residuos en 18 meses y la Provincia a aplicar planes de reducción en sus municipios.
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Fecha de Publicación: 24/04/2013
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Capital Federal
Greenpeace advirtió hoy que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) está analizando tecnologías de incineración de residuos, prohibidas por la Ley 1854 de Basura Cero, como alternativa para disminuir los residuos que son enviados a la provincia de Buenos Aires. De esta manera, Mauricio Macri pretende alcanzar las metas del convenio firmado con el Gobierno de la provincia de Buenos Aires a fines del año 2012. (1) “El Gobierno de Macri debe aclarar cuáles serán las tecnologías que utilizarán para alcanzar la meta del 78% de reducción de la basura para junio de 2014, teniendo en cuenta que deben cumplir con la legislación vigente que prohíbe la combustión de residuos en cualquiera de sus formas dentro y fuera de la jurisdicción de la ciudad. Es clave que de una vez por todas se aplique la ley para solucionar el conflicto de los residuos” afirmó Consuelo Bilbao de Greenpeace.
En el marco de la Licitación Pública N° 4 de 2012 para el tratamiento integral y la recuperación de residuos, fueron presentados cuatro proyectos que contemplan tecnologías de incineración y/o co-incineración, es decir preparación de los residuos como combustible para quemar en cementeras. Ambas están prohibidas por el artículo 7 de la Ley de Basura Cero.
“La incineración de ninguna manera es una solución al relleno sanitario. No se puede apostar a soluciones ‘mágicas’ que lejos de resolver el actual colapso de los rellenos sanitarios de la CEAMSE, significarán nuevos riesgos ambientales y sanitarios que serán visibles en el corto y largo plazo”, agregó Bilbao.
La organización ambientalista recordó que está comprobado a nivel internacional que las plantas de incineración, presentadas muchas veces como nuevas tecnologías o valorización energética, emiten sustancias tóxicas persistentes al ambiente y afectan la salud de la población; compiten con los programas de reciclaje y de reducción en la generación de desechos y producen gastos desproporcionados e injustificados a las ciudades o municipios.
Notas:
1 - El 12 diciembre de 2012 el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, firmaron un acuerdo para disminuir los residuos que son enviados a rellenos sanitarios. La Ciudad se comprometió a reducir un 78% de los residuos en 18 meses y la Provincia a aplicar planes de reducción en sus municipios.
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San Luis construirá un parque de energía solar
Comienza la construcción de un parque de energía solar
Fecha de Publicación: 23/04/2013
Fuente: El Diario de la República
Provincia/Región: San Luis
Hoy adjudican la obra. Será el segundo en el país y tendrá una inversión de unos 33 millones de pesos.
San Luis será nuevamente pionera en la implementación de políticas de cuidado del medio ambiente. Hoy adjudicarán la obra para la construcción del Parque Solar Fotovoltaico, que será ubicado en las cercanías de Terrazas del Portezuelo y tendrá una extensión de dos hectáreas. Este centro de energía solar producirá 1MW (megawatts) de potencia, lo suficiente para abastecer a toda la Casa de Gobierno o a trescientos cincuenta viviendas. “Es una obra muy importante, la provincia comenzará a generar su propia energía, que será limpia, renovable y protege el medio ambiente. Es un macro emprendimiento de gran envergadura”, explicó la ministra de Medio Ambiente, Daiana Hissa.
El proyecto demandará una inversión de más de 33 millones de pesos y un plazo de ejecución de aproximadamente un año. “Es el primer proyecto de este tipo que se hace, lo que es muy importante ya que la provincia por primera vez generará macroenergía que se va a inyectar a la red eléctrica. Hay otros proyectos que hemos implementado como paneles solares o la energía hidroeléctrica que se genera en los diques, ésos son microemprendimientos, pero esta vez estaremos dando un salto muy grande”, indicó Hissa. La funcionaria también comentó que este parque será el segundo del país, ya que el primero es el de Cañada Honda, en San Juan, que inauguró el año pasado.
La obra estará compuesta de grandes paneles solares, que captan la energía del sol, dispuestos uno al lado del otro a lo largo de dos hectáreas. “Son antigranizo y poseen todas las medidas de seguridad”, remarcó la funcionaria. La empresa encargada de su construcción ya ha sido seleccionada por licitación, pero la funcionaria indicó que aún no es posible dar a conocer ese dato. “En el acto que realizaremos, a las 12 en el Salón Blanco, explicaremos todos los detalles. Además habrá sorpresas muy lindas”, dijo.
Será construida como parte del Plan Estratégico de Energía 2012-2025, que tiene como objetivo principal garantizar la disponibilidad energética actual y futura de la provincia y en unos de sus capítulos considera las energías renovables. “Éste es el primer proyecto, luego vendrán otros en donde se generará más, y después otros y la idea es que al ir teniendo estos megaemprendimientos podamos abastecer algún día a todo San Luis con su propia energía. En un futuro eso es lo que pretendemos. Y lo más importante es que son energías renovables, no contaminan el medio ambiente”, expresó la ministra. El Parque Fotovoltaico producirá la energía equivalente a lo que consumen trescientos cincuenta viviendas, o la Casa de Gobierno Terrazas del Portezuelo. De hecho se utilizará para proveer de energía al edificio de administración pública. Así, además de ser ecológica, será enérgicamente sustentable.
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Fecha de Publicación: 23/04/2013
Fuente: El Diario de la República
Provincia/Región: San Luis
Hoy adjudican la obra. Será el segundo en el país y tendrá una inversión de unos 33 millones de pesos.San Luis será nuevamente pionera en la implementación de políticas de cuidado del medio ambiente. Hoy adjudicarán la obra para la construcción del Parque Solar Fotovoltaico, que será ubicado en las cercanías de Terrazas del Portezuelo y tendrá una extensión de dos hectáreas. Este centro de energía solar producirá 1MW (megawatts) de potencia, lo suficiente para abastecer a toda la Casa de Gobierno o a trescientos cincuenta viviendas. “Es una obra muy importante, la provincia comenzará a generar su propia energía, que será limpia, renovable y protege el medio ambiente. Es un macro emprendimiento de gran envergadura”, explicó la ministra de Medio Ambiente, Daiana Hissa.
El proyecto demandará una inversión de más de 33 millones de pesos y un plazo de ejecución de aproximadamente un año. “Es el primer proyecto de este tipo que se hace, lo que es muy importante ya que la provincia por primera vez generará macroenergía que se va a inyectar a la red eléctrica. Hay otros proyectos que hemos implementado como paneles solares o la energía hidroeléctrica que se genera en los diques, ésos son microemprendimientos, pero esta vez estaremos dando un salto muy grande”, indicó Hissa. La funcionaria también comentó que este parque será el segundo del país, ya que el primero es el de Cañada Honda, en San Juan, que inauguró el año pasado.
La obra estará compuesta de grandes paneles solares, que captan la energía del sol, dispuestos uno al lado del otro a lo largo de dos hectáreas. “Son antigranizo y poseen todas las medidas de seguridad”, remarcó la funcionaria. La empresa encargada de su construcción ya ha sido seleccionada por licitación, pero la funcionaria indicó que aún no es posible dar a conocer ese dato. “En el acto que realizaremos, a las 12 en el Salón Blanco, explicaremos todos los detalles. Además habrá sorpresas muy lindas”, dijo.
Será construida como parte del Plan Estratégico de Energía 2012-2025, que tiene como objetivo principal garantizar la disponibilidad energética actual y futura de la provincia y en unos de sus capítulos considera las energías renovables. “Éste es el primer proyecto, luego vendrán otros en donde se generará más, y después otros y la idea es que al ir teniendo estos megaemprendimientos podamos abastecer algún día a todo San Luis con su propia energía. En un futuro eso es lo que pretendemos. Y lo más importante es que son energías renovables, no contaminan el medio ambiente”, expresó la ministra. El Parque Fotovoltaico producirá la energía equivalente a lo que consumen trescientos cincuenta viviendas, o la Casa de Gobierno Terrazas del Portezuelo. De hecho se utilizará para proveer de energía al edificio de administración pública. Así, además de ser ecológica, será enérgicamente sustentable.
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Se judicializa pintadas contra la minería
Pintadas contra megaminería: al poder judicial le sobra tiempo para perder
Fecha de Publicación: 23/04/2013
Fuente: No a la Mina - Rawsonline
Provincia/Región: Chubut
El próximo jueves, la jueza Patricia Reyes resolverá sobre la apertura de investigación por "daños agravados" a los imputados de realizar pintadas en edificios públicos. El Municipio de Puerto Madryn tendrá 48 horas para presentar la documentación necesaria y poder constituirse como querellante."El derecho penal no está para estas cosas, no es la manera de resolver los conflictos que se dan en la comunidad", dijo el abogado defensor de los grafitteros, Eduardo Hualpa.
El hecho que se investiga sucedió la madrugada del pasado miércoles 10 de Abril, cuando se realizaron distintos "grafittis" y pintadas en el frente de la Municipalidad de Puerto Madryn, el Concejo Deliberante y la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús. Personal policial fue alertado y, contando con las características del vehículo en el que se movilizaban los sospechosos, realizó un operativo cerrojo logrando detener a los mismos mientras realizaban pintadas en el paredón del Club Ferrocarril Patagónico. Los imputados son Gastón Lozardo, Andrés Mangaroni, Noelia Nicolás, Romina Krebs, María Gimena Ibarra y la calificación legal es la de "daño agravado por tratarse de bienes de uso público en concurso real con daño simple".
La audiencia de "apertura de investigación" se realizó el mediodía del lunes en los Tribunales. Una de las cuestiones previas tratadas fue que el Municipio no presentó poder especial para poder ser querellante y por el momento no podrá intervenir en la causa. En tal sentido, el intendente Ricardo Sastre, con el patrocinio del abogado Diego Martinez Zapata, había solicitado ser querellante autónomo en la causa judicial; pero presentó un "poder general" y no el "poder especial" necesario en causas penales, por lo cual la jueza otorgó 48 horas para formalizar la documentación.
Durante la audiencia, los imputados, que decidieron no declarar, estuvieron representados por el abogado particular Eduardo Hualpa y la defensora pública Natalia Murillo, quienes se opusieron a la apertura de investigación. Murillo pidió la remisión al Juzgado de Paz ya que "solo podría imputarse la presunta comisión de una contravención" y, por su parte, Hualpa indicó que "el derecho penal no está para estas cosas" y que "este no es el modo de resolver los conflictos que se dan en la comunidad".
El funcionario de fiscalía, Jorge Bugueño, replicó que "la apertura de investigación es para anoticiar a los imputados de los hechos sobre los cuales se los va a investigar" e indicó que "la calificación legal del daño agravado es porque resultados dañados bienes de utilidad pública" y será necesario utilizar "dinero del erario público para poner en condiciones las instalaciones".
Finalmente y luego de escuchar ambos planteos, la jueza Patricia Reyes indicó que dará a conocer su resolución luego de los tres días hábiles correspondientes, notificando a las partes.
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Fecha de Publicación: 23/04/2013
Fuente: No a la Mina - Rawsonline
Provincia/Región: Chubut
El próximo jueves, la jueza Patricia Reyes resolverá sobre la apertura de investigación por "daños agravados" a los imputados de realizar pintadas en edificios públicos. El Municipio de Puerto Madryn tendrá 48 horas para presentar la documentación necesaria y poder constituirse como querellante."El derecho penal no está para estas cosas, no es la manera de resolver los conflictos que se dan en la comunidad", dijo el abogado defensor de los grafitteros, Eduardo Hualpa.
El hecho que se investiga sucedió la madrugada del pasado miércoles 10 de Abril, cuando se realizaron distintos "grafittis" y pintadas en el frente de la Municipalidad de Puerto Madryn, el Concejo Deliberante y la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús. Personal policial fue alertado y, contando con las características del vehículo en el que se movilizaban los sospechosos, realizó un operativo cerrojo logrando detener a los mismos mientras realizaban pintadas en el paredón del Club Ferrocarril Patagónico. Los imputados son Gastón Lozardo, Andrés Mangaroni, Noelia Nicolás, Romina Krebs, María Gimena Ibarra y la calificación legal es la de "daño agravado por tratarse de bienes de uso público en concurso real con daño simple".
La audiencia de "apertura de investigación" se realizó el mediodía del lunes en los Tribunales. Una de las cuestiones previas tratadas fue que el Municipio no presentó poder especial para poder ser querellante y por el momento no podrá intervenir en la causa. En tal sentido, el intendente Ricardo Sastre, con el patrocinio del abogado Diego Martinez Zapata, había solicitado ser querellante autónomo en la causa judicial; pero presentó un "poder general" y no el "poder especial" necesario en causas penales, por lo cual la jueza otorgó 48 horas para formalizar la documentación.
Durante la audiencia, los imputados, que decidieron no declarar, estuvieron representados por el abogado particular Eduardo Hualpa y la defensora pública Natalia Murillo, quienes se opusieron a la apertura de investigación. Murillo pidió la remisión al Juzgado de Paz ya que "solo podría imputarse la presunta comisión de una contravención" y, por su parte, Hualpa indicó que "el derecho penal no está para estas cosas" y que "este no es el modo de resolver los conflictos que se dan en la comunidad".
El funcionario de fiscalía, Jorge Bugueño, replicó que "la apertura de investigación es para anoticiar a los imputados de los hechos sobre los cuales se los va a investigar" e indicó que "la calificación legal del daño agravado es porque resultados dañados bienes de utilidad pública" y será necesario utilizar "dinero del erario público para poner en condiciones las instalaciones".
Finalmente y luego de escuchar ambos planteos, la jueza Patricia Reyes indicó que dará a conocer su resolución luego de los tres días hábiles correspondientes, notificando a las partes.
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Pueblos nativos de la Patagonia sin derechos
Derechos vulnerados en el Sur
Fecha de Publicación: 23/04/2013
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Patagonia
Una organización que monitorea el estado de los derechos indígenas cuestiona los avances de la industria extractivista y las empresas que despojan territorios ancestrales en el Sur del país. Sólo en Neuquén hay 347 mapuches judicializados por defender su tierra.
Petroleras, mineras y estancieros avanzan sobre pueblos indígenas y lo realizan con la complicidad del Poder Judicial y político. Es una de las conclusiones del Informe 2013 del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi), que analizó casos testigo de la vulneración de derechos humanos y cuantificó la criminalización en Neuquén: 347 mapuches judicializados por defender el territorio. El informe también advierte que el nuevo Código Civil implicará más desalojos y judicialización. “Se siguen perpetrando acciones estatales y privadas más propias de un contexto de colonización que de democracia”, afirma el Observatorio de Derechos Humanos.
El Odhpi publica todos los años su investigación anual. Este año centró su trabajo en Chubut, Río Negro y Neuquén. “En la Patagonia se sigue identificando al despojo territorial como el principal obstáculo para la subsistencia y desarrollo de los pueblos indígenas como pueblos autónomos”, afirma.
“Avanzada de la megaminería” es el título del capítulo sobre Chubut. Y destaca la presencia de la multinacional Pan American Silver en la meseta (centro) de la provincia para extraer plata y plomo. En la zona viven desde hace un siglo comunidades mapuches y tehuelches. El Odhpi recuerda que en Chubut está vigente la ley 5001 (que prohíbe la actividad), pero el gobierno provincial habilita la exploración. Explica que la minera ingresó al territorio de las comunidades, extrajo agua para exploración, prometió mejoras económicas, trasladó un cementerio indígena (junto a técnicos provinciales) y obtuvo el apoyo de las autoridades políticas para avanzar en una actividad prohibida.
“No se conocen otros casos de permisos oficiales para la preparación de actividades prohibidas. Es como si se autorizara a filmar un banco para averiguar sus mecanismos de seguridad porque lo que está prohibido es el robo, no su planificación. Esta aberración exhibe el enorme poder corrosivo institucional de este tipo de empresas”, denuncia el Odhpi.
“Informe de situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en la Patagonia” es el nombre del trabajo y destaca que (con la megaminería) se vulnera el Convenio 169 de la OIT (convenio internacional que tiene rango supralegal), que obliga a la consulta libre, previa e informada a los pueblos indígenas.
De Río Negro describe que la violación de los derechos de las comunidades son “recurrentes” y aclara que no funcionan los canales institucionales que debieran encauzar los reclamos. En cuanto a la aplicación de la ley 26.160 (aprobada en 2006, que debiera frenar las órdenes judiciales de desalojos e insta a un mapeo territorial), se relevaron 64 de las 124 comunidades y, en la actualidad, se encuentra suspendido el equipo técnico que censa las comunidades.
De Neuquén puntualiza que es “particularmente grave” la situación por la avanzada de la frontera hidrocarburífera, especialmente por los llamados hidrocarburos “no convencionales” (con el método de hidrofractura), con la explotación de la formación geológica Vaca Muerta. Explica que el gobierno nacional y el provincial “ya han reconocido que se privilegiará la actividad extractiva por sobre las comunidades. Ninguno ha tomado en cuenta la consulta, ni la participación de las comunidades mapuches”. Señala como antecedente el caso de las comunidades kaxipayiñ y paynemil, que habitan territorios contaminados durante cuatro décadas por YPF y Repsol, en el yacimiento gasífero Loma La Lata.
En Neuquén recién en 2012 se firmó el convenio para la ejecución de la ley 26.160. Y puntualiza que la aplicación “sigue demorada”.
El Odhpi dedica un apartado a la criminalización de la lucha indígena. Entre 2005 y 2012, al menos 347 miembros del pueblo mapuche de Neuquén enfrentaron procesos judiciales por defender el territorio.
El informe, de 97 páginas, analiza los casos de judicialización y concluye: “El Estado protege con esta política represiva y criminalizadora la propiedad privada terrateniente, las empresas extractivas y la especulación inmobiliaria y turística, a costa del respeto de los derechos humanos de los indígenas. Hay una tarea minuciosa y metódica para poner toda su estructura institucional, política y represiva para transgredir las leyes que el mismo Estado ha sancionado”.
El Odhpi precisa, como casos paradigmáticos de jueces que criminalizan a indígenas, a Ivonne San Martín (jueza civil de Zapala) y a Jorge Videla (Villa La Angostura). Detalla numerosos casos de violación de derechos. Entre ellos en la comunidad Quintriqueo (Neuquén), el Lof Prafil-Calfupán (Río Negro) y la comunidad Jacinto Antileo (Chubut).
“Los antiguos atropellos se han convertido hoy en violaciones a los derechos humanos. Hay un sistema articulado que funciona al servicio del despojo y la legalización de la usurpación de las tierras indígenas”, asegura el informe. Micaela Gomiz, secretaria ejecutiva del Odhpi, subrayó que la avanzada sobre los pueblos originarios se debe a “una estructura económica en la Argentina que no ha sido modificada y que es profundizada por los gobiernos que priorizan las ganancias exorbitantes de las empresas extractivas, y defienden la propiedad privada terrateniente por sobre la vida y la autonomía de las comunidades indígenas”. El informe advierte que “lo más grave” es que las violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas se producen con “el impulso del gobierno, la inhibición de la Legislatura y el respaldo del Poder Judicial”.
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Fecha de Publicación: 23/04/2013
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Patagonia
Una organización que monitorea el estado de los derechos indígenas cuestiona los avances de la industria extractivista y las empresas que despojan territorios ancestrales en el Sur del país. Sólo en Neuquén hay 347 mapuches judicializados por defender su tierra.Petroleras, mineras y estancieros avanzan sobre pueblos indígenas y lo realizan con la complicidad del Poder Judicial y político. Es una de las conclusiones del Informe 2013 del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi), que analizó casos testigo de la vulneración de derechos humanos y cuantificó la criminalización en Neuquén: 347 mapuches judicializados por defender el territorio. El informe también advierte que el nuevo Código Civil implicará más desalojos y judicialización. “Se siguen perpetrando acciones estatales y privadas más propias de un contexto de colonización que de democracia”, afirma el Observatorio de Derechos Humanos.
El Odhpi publica todos los años su investigación anual. Este año centró su trabajo en Chubut, Río Negro y Neuquén. “En la Patagonia se sigue identificando al despojo territorial como el principal obstáculo para la subsistencia y desarrollo de los pueblos indígenas como pueblos autónomos”, afirma.
“Avanzada de la megaminería” es el título del capítulo sobre Chubut. Y destaca la presencia de la multinacional Pan American Silver en la meseta (centro) de la provincia para extraer plata y plomo. En la zona viven desde hace un siglo comunidades mapuches y tehuelches. El Odhpi recuerda que en Chubut está vigente la ley 5001 (que prohíbe la actividad), pero el gobierno provincial habilita la exploración. Explica que la minera ingresó al territorio de las comunidades, extrajo agua para exploración, prometió mejoras económicas, trasladó un cementerio indígena (junto a técnicos provinciales) y obtuvo el apoyo de las autoridades políticas para avanzar en una actividad prohibida.
“No se conocen otros casos de permisos oficiales para la preparación de actividades prohibidas. Es como si se autorizara a filmar un banco para averiguar sus mecanismos de seguridad porque lo que está prohibido es el robo, no su planificación. Esta aberración exhibe el enorme poder corrosivo institucional de este tipo de empresas”, denuncia el Odhpi.
“Informe de situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en la Patagonia” es el nombre del trabajo y destaca que (con la megaminería) se vulnera el Convenio 169 de la OIT (convenio internacional que tiene rango supralegal), que obliga a la consulta libre, previa e informada a los pueblos indígenas.
De Río Negro describe que la violación de los derechos de las comunidades son “recurrentes” y aclara que no funcionan los canales institucionales que debieran encauzar los reclamos. En cuanto a la aplicación de la ley 26.160 (aprobada en 2006, que debiera frenar las órdenes judiciales de desalojos e insta a un mapeo territorial), se relevaron 64 de las 124 comunidades y, en la actualidad, se encuentra suspendido el equipo técnico que censa las comunidades.
De Neuquén puntualiza que es “particularmente grave” la situación por la avanzada de la frontera hidrocarburífera, especialmente por los llamados hidrocarburos “no convencionales” (con el método de hidrofractura), con la explotación de la formación geológica Vaca Muerta. Explica que el gobierno nacional y el provincial “ya han reconocido que se privilegiará la actividad extractiva por sobre las comunidades. Ninguno ha tomado en cuenta la consulta, ni la participación de las comunidades mapuches”. Señala como antecedente el caso de las comunidades kaxipayiñ y paynemil, que habitan territorios contaminados durante cuatro décadas por YPF y Repsol, en el yacimiento gasífero Loma La Lata.
En Neuquén recién en 2012 se firmó el convenio para la ejecución de la ley 26.160. Y puntualiza que la aplicación “sigue demorada”.
El Odhpi dedica un apartado a la criminalización de la lucha indígena. Entre 2005 y 2012, al menos 347 miembros del pueblo mapuche de Neuquén enfrentaron procesos judiciales por defender el territorio.
El informe, de 97 páginas, analiza los casos de judicialización y concluye: “El Estado protege con esta política represiva y criminalizadora la propiedad privada terrateniente, las empresas extractivas y la especulación inmobiliaria y turística, a costa del respeto de los derechos humanos de los indígenas. Hay una tarea minuciosa y metódica para poner toda su estructura institucional, política y represiva para transgredir las leyes que el mismo Estado ha sancionado”.
El Odhpi precisa, como casos paradigmáticos de jueces que criminalizan a indígenas, a Ivonne San Martín (jueza civil de Zapala) y a Jorge Videla (Villa La Angostura). Detalla numerosos casos de violación de derechos. Entre ellos en la comunidad Quintriqueo (Neuquén), el Lof Prafil-Calfupán (Río Negro) y la comunidad Jacinto Antileo (Chubut).
“Los antiguos atropellos se han convertido hoy en violaciones a los derechos humanos. Hay un sistema articulado que funciona al servicio del despojo y la legalización de la usurpación de las tierras indígenas”, asegura el informe. Micaela Gomiz, secretaria ejecutiva del Odhpi, subrayó que la avanzada sobre los pueblos originarios se debe a “una estructura económica en la Argentina que no ha sido modificada y que es profundizada por los gobiernos que priorizan las ganancias exorbitantes de las empresas extractivas, y defienden la propiedad privada terrateniente por sobre la vida y la autonomía de las comunidades indígenas”. El informe advierte que “lo más grave” es que las violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas se producen con “el impulso del gobierno, la inhibición de la Legislatura y el respaldo del Poder Judicial”.
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Zoo de Buenos Aires sigue dando para la polémica
Polémica en el Zoo de Buenos Aires: renunció su director, Claudio Bertonatti
Fecha de Publicación: 22/04/2013
Fuente: Diario Veloz
Provincia/Región: Buenos Aires
La polémica en el Zoo porteño reside, entre otras cosas, en torno a las denuncias por recortes del presupuesto. Paralelamente, su director, el museólogo y conservacionista Claudio Bertonatti renunció.
En una carta, explicó que se va porque perdió "la convicción de que sea posible seguir transformando al viejo Zoológico de Buenos Aires en un moderno centro de educación ambiental y de conservación de fauna". En tanto, el nuevo director, Juan Pablo Guaita, afirmó que continuarán con el plan de manejo elaborado por Bertonatti.
En octubre, el Gobierno porteño subastó al mejor postor la siempre polémica concesión del Zoo por cinco años. Ganó Jardín Zoológico de Buenos Aires S.A., la misma gerenciadora que lo venía explotando. Ofertó un canon mensual de $ 1.010.000. Antes, había presentado un plan de manejo con el lema "Un zoo sin rejas, para educar con los animales y conservar con las personas". Bertonatti había asumido el 16 de enero de 2012, y fue el autor de ese plan. Sin embargo, el 3 de abril dio un paso al costado.
El nuevo director es el abogado Juan Pablo Guaita, que negó que vayan a abandonar el plan de Bertonatti dijo: "Se fue una persona, no una política. Él estaba a cargo de un plan que está escrito y que fue ofrecido a la Municipalidad (sic) junto a nuestra oferta en la subasta. Cumplirlo es nuestra obligación y el equipo de Bertonatti sigue trabajando". Y relativizó: "No hay un recorte de presupuesto. Sí hay es una realidad económica distinta. Armamos un proyecto basados en un flujo de público constante, pero este año hay un 25% menos de visitantes. Estamos asegurando el bienestar de los animales y no se van a restringir un montón de proyectos extras de conservación. Lo que pasa es que la idea era aumentarlos, y eso no se va a poder".
Bertonatti expresó ayer: "El recorte es el gran motivo de mi renuncia. Me convocaron para diseñar un plan de transformación del zoológico. Ponerlo en práctica requiere una inversión, pero me dijeron que no tenían recursos. Yo les respondí que entonces no tenía sentido que me quede".
El ahora ex director propuso transformar al Zoo en un centro de educación ambiental y de conservación de la fauna, con programas para la reproducción y reintroducción en su hábitat de especies autóctonas, como el yaguareté.
"El zoológico no puede ser más sólo un paseo donde se exhiben animales con fin comercial. Su finalidad debe ser contribuir a conservar la naturaleza con acento en la fauna local. Tenés que tener un puñado de especies carismáticas, como jirafas o leones, que tienen poder convocatoria. Pero el desafío es derivar la atención a la fauna argentina, que está en situación crítica. Y que la gente se lleve un mensaje que lo empuje a mejorar su relación con el medio ambiente", explicó.
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Fecha de Publicación: 22/04/2013
Fuente: Diario Veloz
Provincia/Región: Buenos Aires
La polémica en el Zoo porteño reside, entre otras cosas, en torno a las denuncias por recortes del presupuesto. Paralelamente, su director, el museólogo y conservacionista Claudio Bertonatti renunció.En una carta, explicó que se va porque perdió "la convicción de que sea posible seguir transformando al viejo Zoológico de Buenos Aires en un moderno centro de educación ambiental y de conservación de fauna". En tanto, el nuevo director, Juan Pablo Guaita, afirmó que continuarán con el plan de manejo elaborado por Bertonatti.
En octubre, el Gobierno porteño subastó al mejor postor la siempre polémica concesión del Zoo por cinco años. Ganó Jardín Zoológico de Buenos Aires S.A., la misma gerenciadora que lo venía explotando. Ofertó un canon mensual de $ 1.010.000. Antes, había presentado un plan de manejo con el lema "Un zoo sin rejas, para educar con los animales y conservar con las personas". Bertonatti había asumido el 16 de enero de 2012, y fue el autor de ese plan. Sin embargo, el 3 de abril dio un paso al costado.
El nuevo director es el abogado Juan Pablo Guaita, que negó que vayan a abandonar el plan de Bertonatti dijo: "Se fue una persona, no una política. Él estaba a cargo de un plan que está escrito y que fue ofrecido a la Municipalidad (sic) junto a nuestra oferta en la subasta. Cumplirlo es nuestra obligación y el equipo de Bertonatti sigue trabajando". Y relativizó: "No hay un recorte de presupuesto. Sí hay es una realidad económica distinta. Armamos un proyecto basados en un flujo de público constante, pero este año hay un 25% menos de visitantes. Estamos asegurando el bienestar de los animales y no se van a restringir un montón de proyectos extras de conservación. Lo que pasa es que la idea era aumentarlos, y eso no se va a poder".
Bertonatti expresó ayer: "El recorte es el gran motivo de mi renuncia. Me convocaron para diseñar un plan de transformación del zoológico. Ponerlo en práctica requiere una inversión, pero me dijeron que no tenían recursos. Yo les respondí que entonces no tenía sentido que me quede".
El ahora ex director propuso transformar al Zoo en un centro de educación ambiental y de conservación de la fauna, con programas para la reproducción y reintroducción en su hábitat de especies autóctonas, como el yaguareté.
"El zoológico no puede ser más sólo un paseo donde se exhiben animales con fin comercial. Su finalidad debe ser contribuir a conservar la naturaleza con acento en la fauna local. Tenés que tener un puñado de especies carismáticas, como jirafas o leones, que tienen poder convocatoria. Pero el desafío es derivar la atención a la fauna argentina, que está en situación crítica. Y que la gente se lleve un mensaje que lo empuje a mejorar su relación con el medio ambiente", explicó.
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Explotación de potasio como sea
'Con o sin Vale'
Fecha de Publicación: 22/04/2013
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Mendoza - Nacional
El anuncio de la minera Vale de no continuar con su proyecto de explotación de potasio en Mendoza ha sido justificado desde la empresa por problemas de costos y tipo de cambio. Sin embargo, una reasignación de prioridades para compensar las pérdidas a escala global como consecuencia de la caída en la cotización del mineral de hierro parece haber sido la motivación de mayor peso para abandonar el emprendimiento. Hasta aquí, podría pensarse que se trata de un clásico cálculo costo-beneficio por parte del inversor, con criterios de racionalidad económica que, como los de cualquier privado, miden muy poco el impacto social de sus decisiones, pese a que la empresa se comprometa a pagar las indemnizaciones correspondientes y a cancelar las deudas con proveedores. Allí es donde concurre el Estado, en este caso el provincial, para resguardar los puestos de trabajo y asegurar la plena vigencia del proyecto.
La idea de que Potasio Río Colorado continúe “con o sin Vale” abre interrogantes sobre si se piensa en un emprendimiento en asociación con capitales privados, o si será el Estado el que lo ejecute y financie. La propuesta de un Estado gestionando con mayor protagonismo un proyecto de estas características constituye en sí misma toda una novedad, habida cuenta de que el minero es un sector ampliamente dominado por el capital extranjero. Ello explica la creación el año pasado de la Organización Federal de Estados Mineros (Ofemi), pensada para fortalecer el poder de negociación de las provincias y establecer un piso de exigencias de distinta índole frente a las multinacionales del sector. Unificar posturas en cuanto a derechos y obligaciones de los privados resulta muy pertinente en un país donde la Constitución nacional otorga a las provincias “el dominio originario” sobre los recursos naturales en sus territorios. Esta circunstancia limita al Estado nacional para involucrarse en su defensa y control, volviendo necesaria, una vez más, la promoción del debate respecto de las competencias de ambas jurisdicciones (nacional y provincial) derivadas de esa ambigua definición que dejaron los constituyentes del ’94. Una discusión que, al calor de la tendencia verificada a escala global –donde grandes corporaciones económicas avanzan en el control y usufructo de recursos naturales públicos–, invita a repensar la cuestión del federalismo, si por ello lo que se pretende es debilitar al Estado nacional en momentos donde se necesita fortalecerlo.
No abundan en la Argentina muchos casos de empresas públicas provinciales involucradas en el negocio minero. El de mayor recorrido es el de Fomicruz, empresa santacruceña que es socia minoritaria de la sudafricana Anglogold Ashanti, con el 7,5 por ciento de las acciones de Cerro Vanguardia, un yacimiento de oro y cobre que opera en la provincia desde 1998. Como la Ley de Inversiones Mineras exime a las multinacionales del pago de la mayoría de los impuestos nacionales y pone un tope del 3 por ciento a las regalías provinciales, Santa Cruz embolsa más dinero gracias a esa participación que por los tributos que cobra. Por lo tanto, la gran expansión del sector podría asegurar un rápido retorno en divisas de la inversión pública en Mendoza, garantizando la rentabilidad económica del proyecto. Las restricciones, en cambio, parecerían ser más de naturaleza técnica a consecuencia del escaso desarrollo tecnológico nacional en la industria minera, lo que demandará esmerarse en la capacitación de los trabajadores y, a largo plazo, planificar un impulso del sector donde se priorice la generación de mayor valor agregado.
En lo inmediato, el principal desafío de este renovado protagonismo del sector público en la minería será promover una mayor licencia social de la actividad, en tanto dicha expansión económica se ha consolidado a expensas de una conflictividad social ascendente que resiste el auge de esta industria. El extractivismo choca con límites culturales, sociales y ambientales en toda Latinoamérica, tendencia que podría empezar a revertirse con mayor fiscalización pública, donde la justicia económica redistributiva que impondría un reparto más equitativo de la renta minera no descuide aspectos esenciales vinculados a la defensa de la identidad cultural en las zonas donde estos emprendimientos operan
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Fecha de Publicación: 22/04/2013
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Mendoza - Nacional
El anuncio de la minera Vale de no continuar con su proyecto de explotación de potasio en Mendoza ha sido justificado desde la empresa por problemas de costos y tipo de cambio. Sin embargo, una reasignación de prioridades para compensar las pérdidas a escala global como consecuencia de la caída en la cotización del mineral de hierro parece haber sido la motivación de mayor peso para abandonar el emprendimiento. Hasta aquí, podría pensarse que se trata de un clásico cálculo costo-beneficio por parte del inversor, con criterios de racionalidad económica que, como los de cualquier privado, miden muy poco el impacto social de sus decisiones, pese a que la empresa se comprometa a pagar las indemnizaciones correspondientes y a cancelar las deudas con proveedores. Allí es donde concurre el Estado, en este caso el provincial, para resguardar los puestos de trabajo y asegurar la plena vigencia del proyecto.
La idea de que Potasio Río Colorado continúe “con o sin Vale” abre interrogantes sobre si se piensa en un emprendimiento en asociación con capitales privados, o si será el Estado el que lo ejecute y financie. La propuesta de un Estado gestionando con mayor protagonismo un proyecto de estas características constituye en sí misma toda una novedad, habida cuenta de que el minero es un sector ampliamente dominado por el capital extranjero. Ello explica la creación el año pasado de la Organización Federal de Estados Mineros (Ofemi), pensada para fortalecer el poder de negociación de las provincias y establecer un piso de exigencias de distinta índole frente a las multinacionales del sector. Unificar posturas en cuanto a derechos y obligaciones de los privados resulta muy pertinente en un país donde la Constitución nacional otorga a las provincias “el dominio originario” sobre los recursos naturales en sus territorios. Esta circunstancia limita al Estado nacional para involucrarse en su defensa y control, volviendo necesaria, una vez más, la promoción del debate respecto de las competencias de ambas jurisdicciones (nacional y provincial) derivadas de esa ambigua definición que dejaron los constituyentes del ’94. Una discusión que, al calor de la tendencia verificada a escala global –donde grandes corporaciones económicas avanzan en el control y usufructo de recursos naturales públicos–, invita a repensar la cuestión del federalismo, si por ello lo que se pretende es debilitar al Estado nacional en momentos donde se necesita fortalecerlo.
No abundan en la Argentina muchos casos de empresas públicas provinciales involucradas en el negocio minero. El de mayor recorrido es el de Fomicruz, empresa santacruceña que es socia minoritaria de la sudafricana Anglogold Ashanti, con el 7,5 por ciento de las acciones de Cerro Vanguardia, un yacimiento de oro y cobre que opera en la provincia desde 1998. Como la Ley de Inversiones Mineras exime a las multinacionales del pago de la mayoría de los impuestos nacionales y pone un tope del 3 por ciento a las regalías provinciales, Santa Cruz embolsa más dinero gracias a esa participación que por los tributos que cobra. Por lo tanto, la gran expansión del sector podría asegurar un rápido retorno en divisas de la inversión pública en Mendoza, garantizando la rentabilidad económica del proyecto. Las restricciones, en cambio, parecerían ser más de naturaleza técnica a consecuencia del escaso desarrollo tecnológico nacional en la industria minera, lo que demandará esmerarse en la capacitación de los trabajadores y, a largo plazo, planificar un impulso del sector donde se priorice la generación de mayor valor agregado.
En lo inmediato, el principal desafío de este renovado protagonismo del sector público en la minería será promover una mayor licencia social de la actividad, en tanto dicha expansión económica se ha consolidado a expensas de una conflictividad social ascendente que resiste el auge de esta industria. El extractivismo choca con límites culturales, sociales y ambientales en toda Latinoamérica, tendencia que podría empezar a revertirse con mayor fiscalización pública, donde la justicia económica redistributiva que impondría un reparto más equitativo de la renta minera no descuide aspectos esenciales vinculados a la defensa de la identidad cultural en las zonas donde estos emprendimientos operan
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Fuertes críticas a cambio de normativa de agrotóxicos en MDP
Ecologistas rechazan el nuevo proyecto de ordenanza de agroquímicos
Fecha de Publicación: 20/04/2013
Fuente: 0223.com.ar
Provincia/Región: Buenos Aires
El Municipio, tras la fuerte discusión que generó la polémica ordenanza sobre los agroquímicos en el partido de General Pueyrredon, decidió suspender la normativa y conformar un cuerpo de expertos para crear un nuevo proyecto que conformara a las dos partes en disputa: la de los productores agrícolas y la de los vecinos lindantes al cordón frutihortícola y grupos ecologistas.
Pero este consenso no se produjo y una parte no fue invitada producto del "olvido".
"En las primeras reuniones se 'olvidaron de mandar las invitaciones', según se excusaron después y en la última nos avisaron a las 20 horas que a las 8 del día siguiente se reunirían. Nosotros y los vecinos tenemos otras actividades y no nos podemos pedir un franco de manera espontánea", explicó Silvana Buján, titular de la Fundación Bios, a 0223.
Buján dijo estar "absolutamente decepcionada por cómo se manejó la reunión, porque solamente fueron los productores y se desoyeron los consejos de la Universidad sobre la distancia que deben aplicar los agrotóxicos. Nos llama poderosamente la atención", añadió.
La representante de Bios explicó que este proyecto de ordenanza "no es lo que se habló". "Acá se legitima fumigar al vecino. Retrocedimos en cuatro patas. Este proyecto permite aplicar productos a 25 metros de las escuelas o centros de salud y casas. Es incomprensible", dijo ofuscada.
La ecologista sostuvo que "sólo hay un punto positivo, que es el de la barrera forestal y el impulso que se le va a dar a los productos agroecológicos". Pero remarcó que esta nueva ordenanza que quieren promulgar, "está fuera de la ley y el tratamiento de ciertos productos ni siquiera la Organización Mundial de la Salud lo permite", finalizó.
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Fecha de Publicación: 20/04/2013
Fuente: 0223.com.ar
Provincia/Región: Buenos Aires
El Municipio, tras la fuerte discusión que generó la polémica ordenanza sobre los agroquímicos en el partido de General Pueyrredon, decidió suspender la normativa y conformar un cuerpo de expertos para crear un nuevo proyecto que conformara a las dos partes en disputa: la de los productores agrícolas y la de los vecinos lindantes al cordón frutihortícola y grupos ecologistas.Pero este consenso no se produjo y una parte no fue invitada producto del "olvido".
"En las primeras reuniones se 'olvidaron de mandar las invitaciones', según se excusaron después y en la última nos avisaron a las 20 horas que a las 8 del día siguiente se reunirían. Nosotros y los vecinos tenemos otras actividades y no nos podemos pedir un franco de manera espontánea", explicó Silvana Buján, titular de la Fundación Bios, a 0223.
Buján dijo estar "absolutamente decepcionada por cómo se manejó la reunión, porque solamente fueron los productores y se desoyeron los consejos de la Universidad sobre la distancia que deben aplicar los agrotóxicos. Nos llama poderosamente la atención", añadió.
La representante de Bios explicó que este proyecto de ordenanza "no es lo que se habló". "Acá se legitima fumigar al vecino. Retrocedimos en cuatro patas. Este proyecto permite aplicar productos a 25 metros de las escuelas o centros de salud y casas. Es incomprensible", dijo ofuscada.
La ecologista sostuvo que "sólo hay un punto positivo, que es el de la barrera forestal y el impulso que se le va a dar a los productos agroecológicos". Pero remarcó que esta nueva ordenanza que quieren promulgar, "está fuera de la ley y el tratamiento de ciertos productos ni siquiera la Organización Mundial de la Salud lo permite", finalizó.
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Gualeguaychú se movilizan una vez más
Activistas de Gualeguaychú se movilizan una vez más
Fecha de Publicación: 21/04/2013
Fuente: El Espectador
Provincia/Región: Entre Ríos
Convocados por la Asamblea Ambiental Ciudadana, los vecinos marchan al puente internacional General San Martín, que une esa localidad entrerriana con Fray Bentos. Será la novena movilización desde que se desató el conflicto por la instalación de Botnia (hoy UPM).
Como ocurre desde 2005, los organizadores leerán un documento desde el puente, donde reclamarán conocer los resultados del monitoreo ambiental binacional al que se comprometieron los gobiernos de la Argentina y el Uruguay, y que ya desató cortocircuitos diplomáticos ante la dificultad para conocer los resultados de los estudios.
Pero el reclamo se enfocará, además, en la situación de dos asambleístas procesados por una causa iniciada por el gobierno de Cristina Fernández, luego de años en que su esposo y antecesor, Néstor Kichner, apoyara el reclamo.
"No conocemos los resultados del monitoreo, no tenemos respuestas a los reclamos y tenemos dos asambleístas procesados, además de los judicializados", indicó a los medios locales la asambleísta Cristina Limba.
"Gualeguaychú ha logrado mucho con su lucha, no debemos olvidar que Ence se fue por este motivo y que otras pasteras desistieron de instalarse. La palabra Gualeguaychú giró por el mundo entero a raíz de la bandera que levantó la gente y debemos recordarle al mundo que la lucha no terminó", destacó.
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Fecha de Publicación: 21/04/2013
Fuente: El Espectador
Provincia/Región: Entre Ríos
Convocados por la Asamblea Ambiental Ciudadana, los vecinos marchan al puente internacional General San Martín, que une esa localidad entrerriana con Fray Bentos. Será la novena movilización desde que se desató el conflicto por la instalación de Botnia (hoy UPM).Como ocurre desde 2005, los organizadores leerán un documento desde el puente, donde reclamarán conocer los resultados del monitoreo ambiental binacional al que se comprometieron los gobiernos de la Argentina y el Uruguay, y que ya desató cortocircuitos diplomáticos ante la dificultad para conocer los resultados de los estudios.
Pero el reclamo se enfocará, además, en la situación de dos asambleístas procesados por una causa iniciada por el gobierno de Cristina Fernández, luego de años en que su esposo y antecesor, Néstor Kichner, apoyara el reclamo.
"No conocemos los resultados del monitoreo, no tenemos respuestas a los reclamos y tenemos dos asambleístas procesados, además de los judicializados", indicó a los medios locales la asambleísta Cristina Limba.
"Gualeguaychú ha logrado mucho con su lucha, no debemos olvidar que Ence se fue por este motivo y que otras pasteras desistieron de instalarse. La palabra Gualeguaychú giró por el mundo entero a raíz de la bandera que levantó la gente y debemos recordarle al mundo que la lucha no terminó", destacó.
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Chubut tendrá un generación eólica de 2.000 Megavatios
La generación eólica de Chubut será de 2.000 Megavatios
Fecha de Publicación: 21/04/2013
Fuente: El Extremo Sur
Provincia/Región: Chubut
La generación eólica en la provincia será de unos 2 mil megavatios, así lo confirmó el Subsecretario de Servicios Públicos, Gerardo Couto al sostener que es una industria que se está desarrollando ya que el sector empresarial está realizando tareas de montaje, obras civiles, logística y se están proveyendo las auto partes de los molinos eólicos.
La idea es poner en valor el desarrollo de la energía eólica en la provincia ver los detalles de los futuros parques, hay futuros emprendimiento en la zona de Malaspina con un grado de avance importante y la idea es recorrer la zona, “estamos trabajando para que los distintos desarrollo las empresas tengan su parte de crecimiento”.
Al ser consultado sobre el desarrollo de los parques eolicos, dijo que en este momento está construido el parque de Rawson 1 y 2, en construcción Isolux Corson en Loma Blanca 4, esta por iniciar Loma Blanca 2, lo de Malaespina, y hay posibilidad de avanzar por Vientos de la Patagonia empresa conformada por Enarsa y la provincia para hacer desarrollo en la zona sur, “la inversión de lo que está construido y lo próximo a proyectarse estamos hablando de 2 mil megavatios de energía para el futuro de la provincia”.
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Fecha de Publicación: 21/04/2013
Fuente: El Extremo Sur
Provincia/Región: Chubut
La generación eólica en la provincia será de unos 2 mil megavatios, así lo confirmó el Subsecretario de Servicios Públicos, Gerardo Couto al sostener que es una industria que se está desarrollando ya que el sector empresarial está realizando tareas de montaje, obras civiles, logística y se están proveyendo las auto partes de los molinos eólicos.La idea es poner en valor el desarrollo de la energía eólica en la provincia ver los detalles de los futuros parques, hay futuros emprendimiento en la zona de Malaspina con un grado de avance importante y la idea es recorrer la zona, “estamos trabajando para que los distintos desarrollo las empresas tengan su parte de crecimiento”.
Al ser consultado sobre el desarrollo de los parques eolicos, dijo que en este momento está construido el parque de Rawson 1 y 2, en construcción Isolux Corson en Loma Blanca 4, esta por iniciar Loma Blanca 2, lo de Malaespina, y hay posibilidad de avanzar por Vientos de la Patagonia empresa conformada por Enarsa y la provincia para hacer desarrollo en la zona sur, “la inversión de lo que está construido y lo próximo a proyectarse estamos hablando de 2 mil megavatios de energía para el futuro de la provincia”.
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Asamblea Extraordinaria del COFEMA por los bosques
Capitanich encabezó el cierre de la Asamblea Extraordinaria del Consejo Federal de Medio Ambiente
Fecha de Publicación: 20/04/2013
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco - Nacional
El gobernador Jorge Capitanich participó del cierre de la Asamblea Extraordinaria del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), que con la presencia de más de 50 técnicos de 21 provincias argentinas se reunió para avanzar en la aplicación efectiva de la Ley de Bosques nativos y en un procedimiento que garantice una mejor distribución de fondos de 2013.
En el salón Casablanca del Hotel Amerian, el mandatario provincial brindó detalles de los avances cualitativos que se dieron en la provincia en los últimos cinco años y bregó por la concreción de una agenda ambiental unificada. “En el Chaco, estamos trabajando en un proyecto de ley de un Código Ambiental que nos permita coordinar acciones para mejorar en diversos aspectos, como el tratamiento de los residuos sólidos urbanos”, manifestó.
El mandatario instó a trabajar en una agenda ambiental coordinada que incluya el desarrollo de un mecanismo de sustitución de bosques no maderables por maderables de alta productividad, la aplicación de biotecnología y herramientas para aumentar la productividad y rentabilidad a través de la cadena de valor. “Debemos avanzar en tecnologías asociadas a procesos que mejoren la productividad y el rendimiento de la actividad forestal, así como la industrialización para crear cadena de valor”, señaló el gobernador.
“Apuntamos a la preservación de bosques nativos, pero también es bueno pensar que esos bosques pueden tener mayor productividad, mayor rendimiento, mejor calidad de uso, mayor factor multiplicador del empleo, entre otros ítems”, agregó.
Presentes
Del acto participaron también el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación Juan José Mussi, el ministro de Producción Enrique Orban, los subsecretarios Ariel López (Coordinación de Políticas Ambientales), Miguel Brunswig (Recursos Naturales), María Elina Serrano (Ambiente y Desarrollo Sustentable). Además estuvieron la presidenta y la vicepresidenta del COMEFA, Laura Juárez y Daiana Hissa, respectivamente y funcionarios y técnicos nacionales y provinciales.
Análisis y debate de la jornada
Creada hace 24 años, la COFEMA, es un organismo que coordina la elaboración de la política ambiental entre jurisdicciones provinciales. La asamblea extraordinaria comenzó este miércoles en Resistencia con el tratamiento de temas como el Plan Forestal Nacional, la coordinación del Sistema Federal de Áreas Protegidos (SIFAP), y el análisis de resultados del Taller de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos realizado hace pocas semanas en Buenos Aires.
En la jornada de este jueves, se debatió sobre diversas propuestas para optimizar la aplicación de la Ley de Bosques Nativos (Nº 26.331) y la distribución del Fondo 2013, entre las provincias que cuentan con bosques nativos. En ese sentido, se especificaron la definición de plazos, reserva del 10 por ciento y redistribución de saldos.
Uno de los puntos fuertes de la reunión fue el análisis de los fondos destinados al control de bosques nativos y su distribución. El organismo, es considerado el ámbito para formular una política ambiental integral, así como estrategias y programas de gestión, tanto en lo preventivo como en lo correctivo en materia de política ambiental.
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Fecha de Publicación: 20/04/2013
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco - Nacional
El gobernador Jorge Capitanich participó del cierre de la Asamblea Extraordinaria del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), que con la presencia de más de 50 técnicos de 21 provincias argentinas se reunió para avanzar en la aplicación efectiva de la Ley de Bosques nativos y en un procedimiento que garantice una mejor distribución de fondos de 2013.En el salón Casablanca del Hotel Amerian, el mandatario provincial brindó detalles de los avances cualitativos que se dieron en la provincia en los últimos cinco años y bregó por la concreción de una agenda ambiental unificada. “En el Chaco, estamos trabajando en un proyecto de ley de un Código Ambiental que nos permita coordinar acciones para mejorar en diversos aspectos, como el tratamiento de los residuos sólidos urbanos”, manifestó.
El mandatario instó a trabajar en una agenda ambiental coordinada que incluya el desarrollo de un mecanismo de sustitución de bosques no maderables por maderables de alta productividad, la aplicación de biotecnología y herramientas para aumentar la productividad y rentabilidad a través de la cadena de valor. “Debemos avanzar en tecnologías asociadas a procesos que mejoren la productividad y el rendimiento de la actividad forestal, así como la industrialización para crear cadena de valor”, señaló el gobernador.
“Apuntamos a la preservación de bosques nativos, pero también es bueno pensar que esos bosques pueden tener mayor productividad, mayor rendimiento, mejor calidad de uso, mayor factor multiplicador del empleo, entre otros ítems”, agregó.
Presentes
Del acto participaron también el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación Juan José Mussi, el ministro de Producción Enrique Orban, los subsecretarios Ariel López (Coordinación de Políticas Ambientales), Miguel Brunswig (Recursos Naturales), María Elina Serrano (Ambiente y Desarrollo Sustentable). Además estuvieron la presidenta y la vicepresidenta del COMEFA, Laura Juárez y Daiana Hissa, respectivamente y funcionarios y técnicos nacionales y provinciales.
Análisis y debate de la jornada
Creada hace 24 años, la COFEMA, es un organismo que coordina la elaboración de la política ambiental entre jurisdicciones provinciales. La asamblea extraordinaria comenzó este miércoles en Resistencia con el tratamiento de temas como el Plan Forestal Nacional, la coordinación del Sistema Federal de Áreas Protegidos (SIFAP), y el análisis de resultados del Taller de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos realizado hace pocas semanas en Buenos Aires.
En la jornada de este jueves, se debatió sobre diversas propuestas para optimizar la aplicación de la Ley de Bosques Nativos (Nº 26.331) y la distribución del Fondo 2013, entre las provincias que cuentan con bosques nativos. En ese sentido, se especificaron la definición de plazos, reserva del 10 por ciento y redistribución de saldos.
Uno de los puntos fuertes de la reunión fue el análisis de los fondos destinados al control de bosques nativos y su distribución. El organismo, es considerado el ámbito para formular una política ambiental integral, así como estrategias y programas de gestión, tanto en lo preventivo como en lo correctivo en materia de política ambiental.
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UNCuyo cultivará microalgas para biocombustibles
La UNCuyo tendrá su primera planta de cultivo de microalgas para fabricar biocombustibles
Fecha de Publicación: 19/04/2013
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Mendoza
Este viernes a las 11 será la presentación formal de esta nueva etapa, que ya lleva años de investigación. El proyecto contará con una inversión de 3 millones y medio de pesos.
La UNCuyo informó este jueves que su proyecto de cultivo de microalgas para la fabricación de biocombustibles a gran escala contará con una planta piloto. La presentación formal del proyecto será este viernes a las 11 en la oficina de la Fundación de la Universidad (FUNC), en el primer piso del rectorado.
La inversión será de 3,5 millones de pesos y serán aportados por la Fundación y por la empresa Energy Traders SA.
"El piloto permitirá ensayar, a escala industrial, todos los procesos que hacen a esta tecnología; que ya han sido desarrollados por emprendedores de la Universidad Nacional de Cuyo a partir de dos laboratorios que operan, desde hace cuatro años, en el Espacio de la Ciencia y la Tecnología (ECT) de esa Universidad", explica un comunicado de esa casa de altos estudios.
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Fecha de Publicación: 19/04/2013
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Mendoza
Este viernes a las 11 será la presentación formal de esta nueva etapa, que ya lleva años de investigación. El proyecto contará con una inversión de 3 millones y medio de pesos.La UNCuyo informó este jueves que su proyecto de cultivo de microalgas para la fabricación de biocombustibles a gran escala contará con una planta piloto. La presentación formal del proyecto será este viernes a las 11 en la oficina de la Fundación de la Universidad (FUNC), en el primer piso del rectorado.
La inversión será de 3,5 millones de pesos y serán aportados por la Fundación y por la empresa Energy Traders SA.
"El piloto permitirá ensayar, a escala industrial, todos los procesos que hacen a esta tecnología; que ya han sido desarrollados por emprendedores de la Universidad Nacional de Cuyo a partir de dos laboratorios que operan, desde hace cuatro años, en el Espacio de la Ciencia y la Tecnología (ECT) de esa Universidad", explica un comunicado de esa casa de altos estudios.
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Riachuelo: OPDS con intensos operativos de control
Entre los meses de enero y marzo se labraron 1214 infracciones y se clausuraron 124 establecimientos
Fecha de Publicación: 19/04/2013
Fuente: OPDS
Provincia/Región: Buenos Aires
El Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) a través de la Dirección de Fiscalización Ambiental y de las diferentes Unidades de Respuestas Rápidas (URR), está llevando a cabo en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires intensos operativos de control a Empresas, Industrias, Lavaderos Industriales y Establecimientos Pecuarios con el objetivo de velar por el efectivo cumplimiento de la normativa ambiental vigente.
Entre los meses de enero y marzo del corriente año, agentes de la Dirección de Controladores Ambientales y de las nueve URR, distribuidas en toda la provincia, inspeccionaron más de 1500 empresas y establecimientos en operativos que se realizaron en todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires.
Las diferentes intervenciones arrojaron como resultado la clausura de 124 establecimientos de variados rubros productivos y de servicios, como así también 1214 infracciones a la normativa ambiental vigente.
Las faltas más comunes constatadas por los distintos departamentos de control y fiscalización se inscriben en: riesgo por daño ambiental inminente, ausencia de Certificado de Aptitud Ambiental, falta de ensayo en los aparatos sometidos a presión (Calderas, matafuegos, extinguidores, autoclaves, etc.), vertidos de efluentes líquidos y constatación de residuos especiales sin tratamiento.
“Profundizamos día a día nuestra presencia en todo el territorio provincial controlando que las empresas e industrias cumplan con las leyes y resoluciones que velan por el cuidado del ambiente”, destacó el Director Ejecutivo del OPDS, Hugo Bilbao.
El titular de la cartera ambiental sostuvo que “dentro del marco de la agenda ambiental, el gobernador Daniel Scioli nos pide ser implacables en las tareas de fiscalización industrial, que permiten cuidar el medio ambiente, porque en el contexto de un país en crecimiento tenemos el deber de buscar un equilibrio entre producción y ambiente sano”.
Por último indicó que “además de fiscalizar, nuestra tarea es trabajar con todos los sectores y concientizar a la sociedad para terminar con la falsa antinomia de industria versus ambiente”.
Cabe aclarar que dichas inspecciones se realizan tanto de oficio por parte del organismo, como a través de denuncias de particulares o de la intervención administrativa a partir del seguimiento de expedientes.
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Fecha de Publicación: 19/04/2013
Fuente: OPDS
Provincia/Región: Buenos Aires
El Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) a través de la Dirección de Fiscalización Ambiental y de las diferentes Unidades de Respuestas Rápidas (URR), está llevando a cabo en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires intensos operativos de control a Empresas, Industrias, Lavaderos Industriales y Establecimientos Pecuarios con el objetivo de velar por el efectivo cumplimiento de la normativa ambiental vigente.
Entre los meses de enero y marzo del corriente año, agentes de la Dirección de Controladores Ambientales y de las nueve URR, distribuidas en toda la provincia, inspeccionaron más de 1500 empresas y establecimientos en operativos que se realizaron en todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires.
Las diferentes intervenciones arrojaron como resultado la clausura de 124 establecimientos de variados rubros productivos y de servicios, como así también 1214 infracciones a la normativa ambiental vigente.
Las faltas más comunes constatadas por los distintos departamentos de control y fiscalización se inscriben en: riesgo por daño ambiental inminente, ausencia de Certificado de Aptitud Ambiental, falta de ensayo en los aparatos sometidos a presión (Calderas, matafuegos, extinguidores, autoclaves, etc.), vertidos de efluentes líquidos y constatación de residuos especiales sin tratamiento.
“Profundizamos día a día nuestra presencia en todo el territorio provincial controlando que las empresas e industrias cumplan con las leyes y resoluciones que velan por el cuidado del ambiente”, destacó el Director Ejecutivo del OPDS, Hugo Bilbao.
El titular de la cartera ambiental sostuvo que “dentro del marco de la agenda ambiental, el gobernador Daniel Scioli nos pide ser implacables en las tareas de fiscalización industrial, que permiten cuidar el medio ambiente, porque en el contexto de un país en crecimiento tenemos el deber de buscar un equilibrio entre producción y ambiente sano”.
Por último indicó que “además de fiscalizar, nuestra tarea es trabajar con todos los sectores y concientizar a la sociedad para terminar con la falsa antinomia de industria versus ambiente”.
Cabe aclarar que dichas inspecciones se realizan tanto de oficio por parte del organismo, como a través de denuncias de particulares o de la intervención administrativa a partir del seguimiento de expedientes.
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Derrames petroleros en el Colorado en la mira de COIRCO
Parlamento Patagónico pide una investigación de los derrames petroleros en el Colorado
Fecha de Publicación: 18/04/2013
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: Patagonia
La comisión de Recursos Naturales, Turismo y Medio Ambiente del Parlamento pidió el COIRCO que invetigue los efectos de los derrames petroleros. Fue durante la reunión del organismo que sesionó en Neuquén.
La recomendación de los legisladores patagónicos es “reclamar la urgente investigación ante el Comité Ejecutivo del Coirco respecto de los efectos producidos por la reiteración de derrames de petróleo y aguas contaminadas con hidrocarburos en la Zona de Rincón de los Sauces, Catriel y 25 de Mayo, perteneciente a la Cuenca del Río Colorado”.
La Comisión de Recursos Naturales, Turismo y Medio Ambiente del Parlamento Patagónico unificó dos iniciativas presentadas por las provincias de La Pampa y de Río Negro entendiendo que dicha situación pone en peligro la potabilidad del agua del río, y su uso para riego de cultivos, cría de animales, fauna ictícola y principalmente para el consumo humano, de la zona y toda su extensión aguas abajo.
También apunta la recomendación para que las provincias que integran el Parlamento ‘adopten todas las medidas de control que crean necesarias a fin de evitar que el río Colorado se siga degradando e inutilizando‘.
Por unanimidad
También fueron aprobados por unanimidad en las respectivas comisiones otros proyectos que la provincia de La Pampa presentó en el seno del Parlamento Patagónico, entre los que se encuentra la recomendación para que las provincias del sur argentino generen acciones necesarias para lograr en cada una de las mismas y el ámbito del ministerio que crea corresponder, la formación de un ‘servicio de contención y asesoramiento a familiares de víctimas por muertes violentas‘.
También se trató el proyecto para que en cada provincia patagónica se generen acciones necesarias para lograr en cada una de ellas la utilización, promoción, difusión y desarrollo de la instancia de mediación, como método no adversarial de resolución de conflictos en los ámbitos extrajudicial, escolar y judicial, en concordancia con los objetivos y principios plasmados en la ley de Mediación Integral de la provincia de La Pampa.
Por último se trató en comisión el proyecto para que se concreten en los estados provinciales patagónicos la concreta implementación y funcionamiento -con los recursos presupuestarios correspondientes-de la figura del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, instituido por los artículos 47 a 64 de la ley nacional 26.061.
Fecha de Publicación: 18/04/2013
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: Patagonia
La comisión de Recursos Naturales, Turismo y Medio Ambiente del Parlamento pidió el COIRCO que invetigue los efectos de los derrames petroleros. Fue durante la reunión del organismo que sesionó en Neuquén.La recomendación de los legisladores patagónicos es “reclamar la urgente investigación ante el Comité Ejecutivo del Coirco respecto de los efectos producidos por la reiteración de derrames de petróleo y aguas contaminadas con hidrocarburos en la Zona de Rincón de los Sauces, Catriel y 25 de Mayo, perteneciente a la Cuenca del Río Colorado”.
La Comisión de Recursos Naturales, Turismo y Medio Ambiente del Parlamento Patagónico unificó dos iniciativas presentadas por las provincias de La Pampa y de Río Negro entendiendo que dicha situación pone en peligro la potabilidad del agua del río, y su uso para riego de cultivos, cría de animales, fauna ictícola y principalmente para el consumo humano, de la zona y toda su extensión aguas abajo.
También apunta la recomendación para que las provincias que integran el Parlamento ‘adopten todas las medidas de control que crean necesarias a fin de evitar que el río Colorado se siga degradando e inutilizando‘.
Por unanimidad
También fueron aprobados por unanimidad en las respectivas comisiones otros proyectos que la provincia de La Pampa presentó en el seno del Parlamento Patagónico, entre los que se encuentra la recomendación para que las provincias del sur argentino generen acciones necesarias para lograr en cada una de las mismas y el ámbito del ministerio que crea corresponder, la formación de un ‘servicio de contención y asesoramiento a familiares de víctimas por muertes violentas‘.
También se trató el proyecto para que en cada provincia patagónica se generen acciones necesarias para lograr en cada una de ellas la utilización, promoción, difusión y desarrollo de la instancia de mediación, como método no adversarial de resolución de conflictos en los ámbitos extrajudicial, escolar y judicial, en concordancia con los objetivos y principios plasmados en la ley de Mediación Integral de la provincia de La Pampa.
Por último se trató en comisión el proyecto para que se concreten en los estados provinciales patagónicos la concreta implementación y funcionamiento -con los recursos presupuestarios correspondientes-de la figura del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, instituido por los artículos 47 a 64 de la ley nacional 26.061.
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