Empresario tucumano procesado por contaminación
08:37 | 
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Eco Sitio |
Procesan a un empresario tucumano por contaminar la cuenca Salí-Dulce
Fecha de Publicación: 23/03/2013
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán
El titular del Juzgado Federal Nº 1 de la provincia de Tucumán, Daniel Bejas, procesó al empresario Raúl Martínez Alvarado, socio gerente de la firma Saneamiento y Urbanismo SRL, encargada de tratar los líquidos industriales al sur de la provincia, acusado de haber contaminado la cuenca Salí Dulce.
Paradójicamente, la noticia salió a la luz el mismo día en el que se celebra el Día Mundial del Agua y fue confirmada por el fiscal federal general, Antonio Gustavo Gómez, uno de los funcionarios judiciales que mayor impulso le dio a las causas ambientales y quien aportó otro dato curioso: ‘Les voy a contar una infidencia, tengo la suerte de haber nacido un 22 de marzo, por eso la insistencia de los llamados telefónicos, se conjugaron las dos cosas, la noticia y la celebración’, reveló a EL LIBERAL durante la entrevista desarrollada en su despacho.
En ese marco, Gómez celebró el fallo de Bejas, al sostener que ‘los jueces federales han entendido que la contaminación con aguas servidas está dentro de la ley 24.0651’.
Además, el fiscal destacó que ‘el fallo es muy enjundioso porque da vueltas por toda la zona de la doctrina ambiental y refiere además que la SAT contrata a otra empresa para el tratamiento de los líquidos, que finalmente se terminan arrojando crudos y desembocan en la cuenca’.
Para la elaboración del fallo, el magistrado analizó un informe aportado por el Siprosa que da cuenta del estado de insalubridad del agua en la zona y sobre la contaminación del arroyo Matazambi, del cual dependen los vecinos que residen en el lugar. De acuerdo con la investigación, la empresa Saneamiento y Urbanismo SRL ‘no solo trata la vinaza del ingenio Marapa (cuya firma responsable es Atanor), sino que también acopian diferentes efluentes como los líquidos cloacales de la ciudad de Juan B. Alberdi’.
Asimismo, en el fallo además de procesarlo ‘por resultar presunto autor responsable del delito previsto y penado por la Ley 24.051’, el juez le trabó un embargo a Martínez Alvarado por un millón de pesos ‘para garantizar la pena pecuniaria, las costas procesales y responsabilidades civiles que pudieran derivarse del ilícito imputado’.
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Fecha de Publicación: 23/03/2013
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán
El titular del Juzgado Federal Nº 1 de la provincia de Tucumán, Daniel Bejas, procesó al empresario Raúl Martínez Alvarado, socio gerente de la firma Saneamiento y Urbanismo SRL, encargada de tratar los líquidos industriales al sur de la provincia, acusado de haber contaminado la cuenca Salí Dulce.
Paradójicamente, la noticia salió a la luz el mismo día en el que se celebra el Día Mundial del Agua y fue confirmada por el fiscal federal general, Antonio Gustavo Gómez, uno de los funcionarios judiciales que mayor impulso le dio a las causas ambientales y quien aportó otro dato curioso: ‘Les voy a contar una infidencia, tengo la suerte de haber nacido un 22 de marzo, por eso la insistencia de los llamados telefónicos, se conjugaron las dos cosas, la noticia y la celebración’, reveló a EL LIBERAL durante la entrevista desarrollada en su despacho.
En ese marco, Gómez celebró el fallo de Bejas, al sostener que ‘los jueces federales han entendido que la contaminación con aguas servidas está dentro de la ley 24.0651’.
Además, el fiscal destacó que ‘el fallo es muy enjundioso porque da vueltas por toda la zona de la doctrina ambiental y refiere además que la SAT contrata a otra empresa para el tratamiento de los líquidos, que finalmente se terminan arrojando crudos y desembocan en la cuenca’.
Para la elaboración del fallo, el magistrado analizó un informe aportado por el Siprosa que da cuenta del estado de insalubridad del agua en la zona y sobre la contaminación del arroyo Matazambi, del cual dependen los vecinos que residen en el lugar. De acuerdo con la investigación, la empresa Saneamiento y Urbanismo SRL ‘no solo trata la vinaza del ingenio Marapa (cuya firma responsable es Atanor), sino que también acopian diferentes efluentes como los líquidos cloacales de la ciudad de Juan B. Alberdi’.
Asimismo, en el fallo además de procesarlo ‘por resultar presunto autor responsable del delito previsto y penado por la Ley 24.051’, el juez le trabó un embargo a Martínez Alvarado por un millón de pesos ‘para garantizar la pena pecuniaria, las costas procesales y responsabilidades civiles que pudieran derivarse del ilícito imputado’.
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Tucumán reglamentaría su Otbnt, escusas impensables
El PE se comprometió a saldar una deuda con los bosques
Fecha de Publicación: 22/03/2013
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
El Gobierno tiene pendiente elaborar el reglamento de una ley desde agosto de 2010. Alperovich aseguró que en 15 o 20 días estará lista la reglamentación de la norma referida al ordenamiento territorial.
La ley del Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de Tucumán (Otbnt) sería reglamentada en abril. El gobernador José Alperovich prometió ayer que firmará la reglamentación en los próximos 15 o 20 días. "Calculo que están trabajando en eso", respondió en el diálogo que mantuvo con la prensa tras visitar obras en la Dirección de Personas Jurídicas.
"La persona (Daniel Manso) que estaba reglamentando (la ley) era un amigo y, pobrecito, falleció", explicó el mandatario. El funcionario, que se desempeñaba como titular de la Dirección de Flora, Fauna Silvestre y Suelos, murió el 22 de febrero pasado. Manso coordinó la elaboración del Otbnt, que pasó el trámite legislativo en la sesión del 16 de junio de 2010.
Al día
Por medio de dicha norma, la Provincia se puso al día con la ley nacional 26.331, de Presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos (2007), que reconoce valor económico a la masa boscosa, un recurso natural en vías de extinción. Pero el Otbnt dejó un sinnúmero de detalles decisivos a cargo del PE y del reglamento que el Gobierno debía oficializar 60 días corridos después de la publicación de la norma provincial. Ese plazo legal venció en agosto de 2010.
Mientras tanto, la Dirección de Flora, Fauna Silvestre y Suelos volvió a autorizar desmontes -prohibidos desde diciembre de 2007 por la ley nacional 26.331-, y puso en marcha la gestión de las tajadas del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos correspondientes a la Provincia respecto de los períodos 2009, 2010, 2011 y 2012.
La suma de los cuatro años asciende a casi $ 25 millones; un tercio de ese dinero está destinado a fortalecer las instituciones implicadas en la aplicación del Otbnt. A finales del año pasado, Alperovich entregó aportes no reintegrables a 14 proyectos para áreas protegidas, parques y reservas públicas, y propiedades privadas.
El plazo de Feijóo
El PE avanzó sin definir el procedimiento para aspirar a las compensaciones económicas establecidas en la Ley 26.331 (por medio de la presentación de planes de conservación, de manejo, y de aprovechamiento), ni el trámite administrativo relativo al estudio de impacto ambiental y a la consulta a la ciudadanía exigidos por el Otbnt para conceder la autorización para el desmonte. Tampoco fijó los plazos y el mecanismo para la adecuación de los aprovechamientos productivos y de otros usos del suelo preexistentes a las categorías de protección previstas en la nueva legislación.
En enero pasado, Jorge Feijóo, ministro de Desarrollo Productivo, negó que la falta de reglamentación afectara la vigencia del Otbnt y la contención de la tala. "La norma se aplica rigurosamente", afirmó. Y admitió que había que saldar inmediatamente la deuda del reglamento: "lo terminaremos una vez que el staff regrese de las vacaciones. Está casi hecho. Lamentablemente hubo una demora por la enfermedad del director (Manso), pero estaremos en condiciones de firmarlo entre el 10 y el 15 de febrero".
Previamente, Manso había anticipado a LA GACETA que la reglamentación sería rubricada en octubre de 2010. En enero del año pasado, el director atribuyó el atraso a dificultades técnicas. Ambientalistas de Tucumán señalan (con pedido de reserva de identidad) que el vacío reglamentario aumenta el margen de discrecionalidad del PE para el otorgamiento de aportes no reintegrables.
En manos de Alperovich está el terminar en la faz local el proceso que empezó en 2006, cuando el por entonces diputado nacional Miguel Bonasso presentó un proyecto de ley que pretendía sanear la emergencia forestal del país. Ayer, en el Día Internacional de los Bosques, el gobernador dio a entender que es consciente de la responsabilidad que le cabe al decir: "la preservación de los espacios verdes y de los montes es muy importante, y hay que trabajar para cuidar la naturaleza".
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Fecha de Publicación: 22/03/2013
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
El Gobierno tiene pendiente elaborar el reglamento de una ley desde agosto de 2010. Alperovich aseguró que en 15 o 20 días estará lista la reglamentación de la norma referida al ordenamiento territorial.La ley del Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de Tucumán (Otbnt) sería reglamentada en abril. El gobernador José Alperovich prometió ayer que firmará la reglamentación en los próximos 15 o 20 días. "Calculo que están trabajando en eso", respondió en el diálogo que mantuvo con la prensa tras visitar obras en la Dirección de Personas Jurídicas.
"La persona (Daniel Manso) que estaba reglamentando (la ley) era un amigo y, pobrecito, falleció", explicó el mandatario. El funcionario, que se desempeñaba como titular de la Dirección de Flora, Fauna Silvestre y Suelos, murió el 22 de febrero pasado. Manso coordinó la elaboración del Otbnt, que pasó el trámite legislativo en la sesión del 16 de junio de 2010.
Al día
Por medio de dicha norma, la Provincia se puso al día con la ley nacional 26.331, de Presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos (2007), que reconoce valor económico a la masa boscosa, un recurso natural en vías de extinción. Pero el Otbnt dejó un sinnúmero de detalles decisivos a cargo del PE y del reglamento que el Gobierno debía oficializar 60 días corridos después de la publicación de la norma provincial. Ese plazo legal venció en agosto de 2010.
Mientras tanto, la Dirección de Flora, Fauna Silvestre y Suelos volvió a autorizar desmontes -prohibidos desde diciembre de 2007 por la ley nacional 26.331-, y puso en marcha la gestión de las tajadas del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos correspondientes a la Provincia respecto de los períodos 2009, 2010, 2011 y 2012.
La suma de los cuatro años asciende a casi $ 25 millones; un tercio de ese dinero está destinado a fortalecer las instituciones implicadas en la aplicación del Otbnt. A finales del año pasado, Alperovich entregó aportes no reintegrables a 14 proyectos para áreas protegidas, parques y reservas públicas, y propiedades privadas.
El plazo de Feijóo
El PE avanzó sin definir el procedimiento para aspirar a las compensaciones económicas establecidas en la Ley 26.331 (por medio de la presentación de planes de conservación, de manejo, y de aprovechamiento), ni el trámite administrativo relativo al estudio de impacto ambiental y a la consulta a la ciudadanía exigidos por el Otbnt para conceder la autorización para el desmonte. Tampoco fijó los plazos y el mecanismo para la adecuación de los aprovechamientos productivos y de otros usos del suelo preexistentes a las categorías de protección previstas en la nueva legislación.
En enero pasado, Jorge Feijóo, ministro de Desarrollo Productivo, negó que la falta de reglamentación afectara la vigencia del Otbnt y la contención de la tala. "La norma se aplica rigurosamente", afirmó. Y admitió que había que saldar inmediatamente la deuda del reglamento: "lo terminaremos una vez que el staff regrese de las vacaciones. Está casi hecho. Lamentablemente hubo una demora por la enfermedad del director (Manso), pero estaremos en condiciones de firmarlo entre el 10 y el 15 de febrero".
Previamente, Manso había anticipado a LA GACETA que la reglamentación sería rubricada en octubre de 2010. En enero del año pasado, el director atribuyó el atraso a dificultades técnicas. Ambientalistas de Tucumán señalan (con pedido de reserva de identidad) que el vacío reglamentario aumenta el margen de discrecionalidad del PE para el otorgamiento de aportes no reintegrables.
En manos de Alperovich está el terminar en la faz local el proceso que empezó en 2006, cuando el por entonces diputado nacional Miguel Bonasso presentó un proyecto de ley que pretendía sanear la emergencia forestal del país. Ayer, en el Día Internacional de los Bosques, el gobernador dio a entender que es consciente de la responsabilidad que le cabe al decir: "la preservación de los espacios verdes y de los montes es muy importante, y hay que trabajar para cuidar la naturaleza".
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Ahora resulta que Vale tenía fallas ambientales
Vale: fallas ambientales podrían comprometer aún más la concesión
Fecha de Publicación: 22/03/2013
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
El gobernador de la Provincia dijo que fueron detectados incumplimientos. Mientras tanto, avanza una auditoría oficial en el campamento de Malargüe y revisan las relaciones laborales.
El Código de Minería consagra un plazo de al menos 4 años para permitir la quita de una concesión si se comprueba abandono de la mina sin propuesta de reactivación. Pero el Gobierno mendocino no pretende esperar tanto con Vale y para eso prepara argumentos para esgrimir irregularidades en materia ambiental, entre otras figuras englobadas como “falsedad de declaraciones” que incluirían compromiso de inversión.
De hecho, el gobernador Francisco Pérez anticipó ayer que “hubo incumplimiento” en la Declaración de Impacto Ambiental de Potasio Río Colorado, lo cual es una punta de lanza para la caducidad de la concesión y pueden seguirle otras, como la falta de contratación del 75% de mano de obra mendocina.
“Es uno de los yacimientos más grandes del mundo y con una expectativa de vida de 80 años, por lo que merece toda la atención. Hemos detectado incumplimiento en la declaración de Impacto Ambiental”, consignó el mandatario.
Luego viajó a Buenos Aires, donde se reunió con el viceministro de Economía Axel Kicilloff, funcionarios de Planificación Federal y Augusto Costa, de Cancillería. La meta: el rediseño del proyecto, con Emesa y socio privado.
Mientras, en el seno del Ejecutivo, que fogoneó la medida cautelar presentada por la Uocra para que todo en el campamento de Malargüe quede tal cual está y no descarta una demanda laboral, festejaban el okey de la Justicia. Así descuenta que la “desmovilización” del predio no seguirá.
Si bien avanza en el nuevo modelo de explotación de la mina, hay otros 4 ejes en los que se trabaja para destrabar el problema que desvela a Pérez. Pasa por encontrar suficientes argumentos para avanzar en la caducidad.
El artículo 218 del Código admite la caducidad de la concesión si se verifica que la inversión real fue inferior a la declarada o se recortó sin aviso previo, o bien se desafectaron bienes.
“En ningún caso de caducidad el concesionario podrá reclamar indemnización alguna por las obras que hubiere ejecutado”, dice la reglamentación.
Pero hay una consigna general: poner la lupa en toda cuestión que pueda considerarse incumplimiento de Vale en el área laboral (puestos de trabajo y salarios); situación legal de la concesión y proveedores (deudas y acreencias).
Auditoría ambiental y más
Por tercer día consecutivo, un equipo de 15 inspectores de la Policía Ambiental Minera realiza una auditoría del predio que incluye controlar estado de residuos, canteras y sistemas cloacales.
Por otra parte, refuerza la hipótesis del fin de la concesión la atención que presta el Gobierno mendocino a otro caso: la decisión del intendente Bevilacqua, de Bahía Blanca, que estuvo con Pérez y pretende hacer lo propio con el puerto, es vista como una prueba piloto. “No es lo mismo un proyecto tal como lo pensó Vale con puerto que sin puerto”, señaló el gobernador.
Mientras la Uocra, tal como se hizo en Mendoza, mantiene una vigilia en la planta de acopio en Ingeniero White, según el diario La Nueva Provincia, se abultan las deudas de subcontratistas de Vale con proveedores. Por caso, la brasileña Andrade Gutiérrez debe más de $ 300 mil a Pymes bahienses.
En Mendoza, los problemas no son menores. Para el Gobierno, la obra de tendido eléctrico de Cartellone-Distrocuyo tiene un avance del 50%, pero a la UTE se le adeudan $ 200 millones. Con $ 300 millones la obra concluiría.
Por eso se esperan los resultados de un relevamiento sobre las acreencias de las empresas y la situación de todos los trabajadores, con datos de Cámaras y sindicato.
Habrá cuestiones que sí se resolverán en el más alto nivel. Pérez adelantó, sin precisar una fecha, la postergada cumbre Cristina-Dilma, que definiría la salida de la multinacional brasileña.
Por el momento, luego de atenuar el discurso combativo inicial, el jefe del Ejecutivo volvió a la carga con cuestionamientos: “En octubre pasado el CEO de Vale señalaba que el proyecto implicaba una inversión cercana a los U$S 6.000 millones y ahora hablan de más de U$S 11.000 millones. En ningún lugar del mundo hay una inflación del 100% en dólares en tan poco tiempo, pero tenemos que ser prudentes. Hay que evaluar cuánto efectivamente se invirtió y cuánto hace falta”.
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Fecha de Publicación: 22/03/2013
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
El gobernador de la Provincia dijo que fueron detectados incumplimientos. Mientras tanto, avanza una auditoría oficial en el campamento de Malargüe y revisan las relaciones laborales. El Código de Minería consagra un plazo de al menos 4 años para permitir la quita de una concesión si se comprueba abandono de la mina sin propuesta de reactivación. Pero el Gobierno mendocino no pretende esperar tanto con Vale y para eso prepara argumentos para esgrimir irregularidades en materia ambiental, entre otras figuras englobadas como “falsedad de declaraciones” que incluirían compromiso de inversión.
De hecho, el gobernador Francisco Pérez anticipó ayer que “hubo incumplimiento” en la Declaración de Impacto Ambiental de Potasio Río Colorado, lo cual es una punta de lanza para la caducidad de la concesión y pueden seguirle otras, como la falta de contratación del 75% de mano de obra mendocina.
“Es uno de los yacimientos más grandes del mundo y con una expectativa de vida de 80 años, por lo que merece toda la atención. Hemos detectado incumplimiento en la declaración de Impacto Ambiental”, consignó el mandatario.
Luego viajó a Buenos Aires, donde se reunió con el viceministro de Economía Axel Kicilloff, funcionarios de Planificación Federal y Augusto Costa, de Cancillería. La meta: el rediseño del proyecto, con Emesa y socio privado.
Mientras, en el seno del Ejecutivo, que fogoneó la medida cautelar presentada por la Uocra para que todo en el campamento de Malargüe quede tal cual está y no descarta una demanda laboral, festejaban el okey de la Justicia. Así descuenta que la “desmovilización” del predio no seguirá.
Si bien avanza en el nuevo modelo de explotación de la mina, hay otros 4 ejes en los que se trabaja para destrabar el problema que desvela a Pérez. Pasa por encontrar suficientes argumentos para avanzar en la caducidad.
El artículo 218 del Código admite la caducidad de la concesión si se verifica que la inversión real fue inferior a la declarada o se recortó sin aviso previo, o bien se desafectaron bienes.
“En ningún caso de caducidad el concesionario podrá reclamar indemnización alguna por las obras que hubiere ejecutado”, dice la reglamentación.
Pero hay una consigna general: poner la lupa en toda cuestión que pueda considerarse incumplimiento de Vale en el área laboral (puestos de trabajo y salarios); situación legal de la concesión y proveedores (deudas y acreencias).
Auditoría ambiental y más
Por tercer día consecutivo, un equipo de 15 inspectores de la Policía Ambiental Minera realiza una auditoría del predio que incluye controlar estado de residuos, canteras y sistemas cloacales.
Por otra parte, refuerza la hipótesis del fin de la concesión la atención que presta el Gobierno mendocino a otro caso: la decisión del intendente Bevilacqua, de Bahía Blanca, que estuvo con Pérez y pretende hacer lo propio con el puerto, es vista como una prueba piloto. “No es lo mismo un proyecto tal como lo pensó Vale con puerto que sin puerto”, señaló el gobernador.
Mientras la Uocra, tal como se hizo en Mendoza, mantiene una vigilia en la planta de acopio en Ingeniero White, según el diario La Nueva Provincia, se abultan las deudas de subcontratistas de Vale con proveedores. Por caso, la brasileña Andrade Gutiérrez debe más de $ 300 mil a Pymes bahienses.
En Mendoza, los problemas no son menores. Para el Gobierno, la obra de tendido eléctrico de Cartellone-Distrocuyo tiene un avance del 50%, pero a la UTE se le adeudan $ 200 millones. Con $ 300 millones la obra concluiría.
Por eso se esperan los resultados de un relevamiento sobre las acreencias de las empresas y la situación de todos los trabajadores, con datos de Cámaras y sindicato.
Habrá cuestiones que sí se resolverán en el más alto nivel. Pérez adelantó, sin precisar una fecha, la postergada cumbre Cristina-Dilma, que definiría la salida de la multinacional brasileña.
Por el momento, luego de atenuar el discurso combativo inicial, el jefe del Ejecutivo volvió a la carga con cuestionamientos: “En octubre pasado el CEO de Vale señalaba que el proyecto implicaba una inversión cercana a los U$S 6.000 millones y ahora hablan de más de U$S 11.000 millones. En ningún lugar del mundo hay una inflación del 100% en dólares en tan poco tiempo, pero tenemos que ser prudentes. Hay que evaluar cuánto efectivamente se invirtió y cuánto hace falta”.
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Mar del Plata: presentarán más amparos por los biocidas
Agroquímicos: presentarían nuevos amparos
Fecha de Publicación: 22/03/2013
Fuente: 0223.com.ar
Provincia/Región: Buenos Aires
Hace apenas unos días, el Juzgado 10 de Mar del Plata resolvió a través de una medida cautelar y a raíz de un recurso de amparo presentado por un grupo de vecinos de los barrios Barranca de los Lobos y Playa Chapadmalal, prohibir el uso de agroquímicos hasta tanto se resuelva la presentación en el fuero contencioso administrativo.
El resultado favorable para los amparistas incentivó a vecinos de otros lugares a continuar con la lucha que llevan desde hace tiempo para impedir la utilización de agrotóxicos en los alrededores de sectores poblados, quienes en las próximas semanas seguirían los mismos pasos en la vía judicial.
En diálogo con 0223, Germán García, integrante de la Asamblea Paren de Fumigarnos reconoció este jueves que, en caso de que el fallo sea positivo para los denunciantes “sería tomado como modelo por otros barrios y ciudades del país en los que se da la misma situación”.
“La elaboración del cuerpo que se presentó ante la Justicia llevó mucho tiempo de investigación y de recolección de información y antecedentes, y por eso nos pusimos muy contentos cuando supimos de la medida de la Jueza”, contó.
Según dijo, la idea es que este tipo de acciones "se puedan ir replicando, sobre todo en lugares como El Marquesado, Santa Isabel o San Eduardo, en donde durante todo el 2012 se aplicaron toneladas de veneno".
"Vemos que la gente está tomando conciencia de la gravedad del tema y que empieza a involucrarse cada vez más", resaltó por último.
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Fecha de Publicación: 22/03/2013
Fuente: 0223.com.ar
Provincia/Región: Buenos Aires
Hace apenas unos días, el Juzgado 10 de Mar del Plata resolvió a través de una medida cautelar y a raíz de un recurso de amparo presentado por un grupo de vecinos de los barrios Barranca de los Lobos y Playa Chapadmalal, prohibir el uso de agroquímicos hasta tanto se resuelva la presentación en el fuero contencioso administrativo.
El resultado favorable para los amparistas incentivó a vecinos de otros lugares a continuar con la lucha que llevan desde hace tiempo para impedir la utilización de agrotóxicos en los alrededores de sectores poblados, quienes en las próximas semanas seguirían los mismos pasos en la vía judicial.
En diálogo con 0223, Germán García, integrante de la Asamblea Paren de Fumigarnos reconoció este jueves que, en caso de que el fallo sea positivo para los denunciantes “sería tomado como modelo por otros barrios y ciudades del país en los que se da la misma situación”.
“La elaboración del cuerpo que se presentó ante la Justicia llevó mucho tiempo de investigación y de recolección de información y antecedentes, y por eso nos pusimos muy contentos cuando supimos de la medida de la Jueza”, contó.
Según dijo, la idea es que este tipo de acciones "se puedan ir replicando, sobre todo en lugares como El Marquesado, Santa Isabel o San Eduardo, en donde durante todo el 2012 se aplicaron toneladas de veneno".
"Vemos que la gente está tomando conciencia de la gravedad del tema y que empieza a involucrarse cada vez más", resaltó por último.
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Sigue la triste apuesta a la energía nuclear
Energía nuclear: nueva apuesta a Embalse
Fecha de Publicación: 21/03/2013
Fuente: http://blogs.lanacion.com.ar/ecologico
Provincia/Región: Nacional - Córdoba
La Central nuclear de Embalse, en Córdoba, iba a quedar en desuso en el transcurso de este año. Sin embargo, el cierre se realizará ahora para extender por otros 25 años su vida útil. Así lo comunicó oficialmente ayer la empresa operadora de los reactores nucleares argentinos, Nucleoeléctrica Argentina SA, quien detalló que el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) otorgó un préstamo por $ 1.200 millones para la extensión de vida del reactor nuclear de Embalse. En marzo de 2010 la CAF aprobó el préstamo de US$ 240 millones que se efectivizaría este año, en lo que representa el primer préstamo otorgado por un organismo internacional de crédito para un proyecto nuclear a escala global.
Ubicada en la localidad de Embalse de Río Tercero, cronológicamente es la segunda central nuclear argentina. Su diseño es del tipo PHWR, Reactor Moderado y Refrigerado por Agua Pesada (D2O) y genera una potencia eléctrica de 600 MWe. Se trata de un Reactor CANDU (Canadian Deuterium Uranium) que entró en servicio el 20 de enero de 1984, habiendo alcanzado un factor de carga del 98 por ciento.
Ante la noticia las organizaciones que integran la campaña “Córdoba No Nuclear” mostraron su disconformidad porque entienden que la decisión viola la ley del ambiente y que ni siquiera se cumplió con la audiencia pública, obligatoria para este tipo de actividades. “Con el otorgamiento de este préstamo para la extensión de vida útil de un reactor atómico obsoleto e insostenible por definición, la CAF está yendo en contra de sus propios valores institucionales. Argentina debería solicitar fondos para el cumplimiento de la Ley 26.190 que lleva la participación renovable en la matriz eléctrica argentina a un 8% para 2016”, indicaron las organizaciones mediante un comunicado.
La campaña “Córdoba No Nuclear” está integrada por el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA), Eco-Sitio, Greenpeace, Los Verdes, la Red Ciudadana Nuestra Córdoba y Fundación TierraVida.
Según la agencia oficial Télam, ”cuando el proyecto concluya, la planta iniciará su segundo ciclo de operación durante 25 años más, con una potencia cercana a los 700 megavatios. La planta suministra la energía suficiente para cubrir la demanda de 3.000.000 de personas, y aporta energía al Noroeste Argentino, Cuyo, Centro, Gran Buenos Aires y Litoral.
Nucleoeléctrica Argentina tiene capacidad de generación de 1005 MW nucleares, y está a cargo de la producción y comercialización de la energía eléctrica que generan las centrales Atucha I (305MWe) y Embalse (700MWe). La empresa tiene actualmente a su cargo la finalización del montaje y puesta en marcha de la Central Nuclear Atucha II, de 745MWe, que se estima estará generando energía a pleno a fin de este año. Cabe recordar que Atucha II comenzó a ser construida en la década del 80. Nueva polémica en puerta y con poca discusión.
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Fecha de Publicación: 21/03/2013
Fuente: http://blogs.lanacion.com.ar/ecologico
Provincia/Región: Nacional - Córdoba
La Central nuclear de Embalse, en Córdoba, iba a quedar en desuso en el transcurso de este año. Sin embargo, el cierre se realizará ahora para extender por otros 25 años su vida útil. Así lo comunicó oficialmente ayer la empresa operadora de los reactores nucleares argentinos, Nucleoeléctrica Argentina SA, quien detalló que el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) otorgó un préstamo por $ 1.200 millones para la extensión de vida del reactor nuclear de Embalse. En marzo de 2010 la CAF aprobó el préstamo de US$ 240 millones que se efectivizaría este año, en lo que representa el primer préstamo otorgado por un organismo internacional de crédito para un proyecto nuclear a escala global.Ubicada en la localidad de Embalse de Río Tercero, cronológicamente es la segunda central nuclear argentina. Su diseño es del tipo PHWR, Reactor Moderado y Refrigerado por Agua Pesada (D2O) y genera una potencia eléctrica de 600 MWe. Se trata de un Reactor CANDU (Canadian Deuterium Uranium) que entró en servicio el 20 de enero de 1984, habiendo alcanzado un factor de carga del 98 por ciento.
Ante la noticia las organizaciones que integran la campaña “Córdoba No Nuclear” mostraron su disconformidad porque entienden que la decisión viola la ley del ambiente y que ni siquiera se cumplió con la audiencia pública, obligatoria para este tipo de actividades. “Con el otorgamiento de este préstamo para la extensión de vida útil de un reactor atómico obsoleto e insostenible por definición, la CAF está yendo en contra de sus propios valores institucionales. Argentina debería solicitar fondos para el cumplimiento de la Ley 26.190 que lleva la participación renovable en la matriz eléctrica argentina a un 8% para 2016”, indicaron las organizaciones mediante un comunicado.
La campaña “Córdoba No Nuclear” está integrada por el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA), Eco-Sitio, Greenpeace, Los Verdes, la Red Ciudadana Nuestra Córdoba y Fundación TierraVida.
Según la agencia oficial Télam, ”cuando el proyecto concluya, la planta iniciará su segundo ciclo de operación durante 25 años más, con una potencia cercana a los 700 megavatios. La planta suministra la energía suficiente para cubrir la demanda de 3.000.000 de personas, y aporta energía al Noroeste Argentino, Cuyo, Centro, Gran Buenos Aires y Litoral.
Nucleoeléctrica Argentina tiene capacidad de generación de 1005 MW nucleares, y está a cargo de la producción y comercialización de la energía eléctrica que generan las centrales Atucha I (305MWe) y Embalse (700MWe). La empresa tiene actualmente a su cargo la finalización del montaje y puesta en marcha de la Central Nuclear Atucha II, de 745MWe, que se estima estará generando energía a pleno a fin de este año. Cabe recordar que Atucha II comenzó a ser construida en la década del 80. Nueva polémica en puerta y con poca discusión.
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Entre Ríos debatió sobre regulación de agroquímicos
Debatieron en la Bolsa de Cereales sobre la regulación de agroquímicos
Fecha de Publicación: 21/03/2013
Fuente: Análsisi Digital
Provincia/Región: Entre Ríos
Se realizó en la sede de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos un encuentro para buscar consensos sobre el proyecto de ley que propone un marco legal para regular la Producción, Comercialización, Aplicación, Uso y Disposición Final de todas las Sustancias Químicas que se emplean en las actividades relacionadas a la Producción Agropecuaria en Entre Ríos. Se trata de un proyecto que se encuentra en las comisiones de Salud, Medio Ambiente Humano y Drogadicción y de Producción del Senado. La iniciativa es autoría de los representantes de Concordia y Colón, Enrique Cresto y Oscar Arlettaz, respectivamente.
Estuvieron presentes miembros de la Bolsa, de entidades intermedias relacionadas con el agro, colegios de profesionales, representantes de la Universidad, del INTA, de FEDECO, de Hospitales, miembros de la Federación Agraria, especialistas en derecho ambiental, productores lecheros, de citrus, horticultores, organizaciones no gubernamentales, funcionarios de la secretaría de Agricultura de la Nación, empresarios y representantes de fuerzas de seguridad, por citar algunos de los participantes.
Asistieron los representantes de los departamentos Victoria, Islas, Uruguay, Tala y San Salvador, César Garcilazo, Eduardo Melchiori, René Bonato, Luis Schaaf y Víctor Vilhem, respectivamente.
El encuentro
Abrió el encuentro el titular de la Bolsa de Cereales, Federico Solari, quien agradeció a los autores de la iniciativa por haber elegido la institución para generar un ámbito de discusión sobre el proyecto de agroquímicos, “que es sumamente importante para la provincia y el país”.
Destacó que Entre Ríos fue la primera en el país que tuvo una ley sobre el tema, para regular el uso de agroquímicos y manejo de las fumigaciones. Agregó que “este proyecto debe ser la modernización de aquella ley aún vigente, porque las situaciones y la tecnología han generado un aumento de la producción pero debemos crecer cuidando el medio ambiente y la salud de todos”.
Palabras de los legisladores
Después hizo uso de la palabra el titular del Bloque oficialista de la Cámara Alta, Enrique Cresto, quien destacó el trabajo en conjunto con todos los senadores, los que decidieron abrir el debate a las instituciones para enriquecer una iniciativa de rigurosa actualidad.
Recordó que cuando se comenzó con el texto puesto a discusión se notó claramente la importancia que los sectores de la producción le dan.
Reveló que en dialogo con el gobernador, el mandatario le dio mucha importancia al tema, porque se trata la nuestra de una provincia que quizá se ha relegado en este tema en cuanto a legislación, porque ya hay una veintena de provincias que cuentan con normas regulatorias.
Resaltó la dinámica de los interesados que han hecho numerosos e importantes aportes. “Queremos un proyecto consensuado para que sea perfectamente aplicable y no tenga que ser vetado y pueda ser reglamentado y aplicado porque fue trabajado con todos los que participan del proceso productivo”, señaló.
Comentó a los presentes que se ha tomado contacto con la secretaría de medio ambiente porque el cuidado del mismo es una premisa fundamental de la iniciativa. “Buscamos no solo organización y control, sino que se pueda destinar los recursos afectados para que haya un buen control de policía”, explicó.
“Es un tema que debe ser parte de la agenda de toda la ciudadanía entrerriana, porque cuando más se conoce el alcance de una ley, todos los vecinos aportan para que sea efectivamente aplicada”, opinó.
Por su parte el senador Arlettaz, presidente de la comisión de Producción explicó que con numerosos proyectos que ha tratado el Cuerpo se ha tomado la decisión de tomar contacto con quienes deberán en un futuro responder a los alcances de una norma. Recordó lo hecho con la ley de pesca y con el proyecto que propone regular el engorde de ganado a corral.
“Es muy bueno que estén todos ustedes aquí, porque su aporte garantiza la fuerza y aplicabilidad de la futura norma”, destacó y sostuvo frente al auditorio que desde el Senado “estamos abiertos a todas las propuestas, porque creemos en el consenso”.
Mencionó que cuando se trató el proyecto sobre el ganado engordado a corral, se puso énfasis en el bienestar animal, y en este caso “pensamos en la importancia que tiene la producción y en la importancia de cuidar el medio ambiente”.
El senador de Colón afirmó que “cuando presentamos este proyecto estamos en la seguridad que los productores no trabajan de sol a sol para suicidarse contaminando la tierra en la que viven junto a sus hijos”.
Dijo que “se debe producir más, innovando, trabajando con agricultura de precisión, y queremos seguir avanzando buscando la mejor ley posible. Consensuar aquí es posible porque sabemos que la gente en Entre Ríos, trabaja bien, con el objetivo de cuidar el medio ambiente”.
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Fecha de Publicación: 21/03/2013
Fuente: Análsisi Digital
Provincia/Región: Entre Ríos
Se realizó en la sede de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos un encuentro para buscar consensos sobre el proyecto de ley que propone un marco legal para regular la Producción, Comercialización, Aplicación, Uso y Disposición Final de todas las Sustancias Químicas que se emplean en las actividades relacionadas a la Producción Agropecuaria en Entre Ríos. Se trata de un proyecto que se encuentra en las comisiones de Salud, Medio Ambiente Humano y Drogadicción y de Producción del Senado. La iniciativa es autoría de los representantes de Concordia y Colón, Enrique Cresto y Oscar Arlettaz, respectivamente.
Estuvieron presentes miembros de la Bolsa, de entidades intermedias relacionadas con el agro, colegios de profesionales, representantes de la Universidad, del INTA, de FEDECO, de Hospitales, miembros de la Federación Agraria, especialistas en derecho ambiental, productores lecheros, de citrus, horticultores, organizaciones no gubernamentales, funcionarios de la secretaría de Agricultura de la Nación, empresarios y representantes de fuerzas de seguridad, por citar algunos de los participantes.
Asistieron los representantes de los departamentos Victoria, Islas, Uruguay, Tala y San Salvador, César Garcilazo, Eduardo Melchiori, René Bonato, Luis Schaaf y Víctor Vilhem, respectivamente.
El encuentro
Abrió el encuentro el titular de la Bolsa de Cereales, Federico Solari, quien agradeció a los autores de la iniciativa por haber elegido la institución para generar un ámbito de discusión sobre el proyecto de agroquímicos, “que es sumamente importante para la provincia y el país”.
Destacó que Entre Ríos fue la primera en el país que tuvo una ley sobre el tema, para regular el uso de agroquímicos y manejo de las fumigaciones. Agregó que “este proyecto debe ser la modernización de aquella ley aún vigente, porque las situaciones y la tecnología han generado un aumento de la producción pero debemos crecer cuidando el medio ambiente y la salud de todos”.
Palabras de los legisladores
Después hizo uso de la palabra el titular del Bloque oficialista de la Cámara Alta, Enrique Cresto, quien destacó el trabajo en conjunto con todos los senadores, los que decidieron abrir el debate a las instituciones para enriquecer una iniciativa de rigurosa actualidad.
Recordó que cuando se comenzó con el texto puesto a discusión se notó claramente la importancia que los sectores de la producción le dan.
Reveló que en dialogo con el gobernador, el mandatario le dio mucha importancia al tema, porque se trata la nuestra de una provincia que quizá se ha relegado en este tema en cuanto a legislación, porque ya hay una veintena de provincias que cuentan con normas regulatorias.
Resaltó la dinámica de los interesados que han hecho numerosos e importantes aportes. “Queremos un proyecto consensuado para que sea perfectamente aplicable y no tenga que ser vetado y pueda ser reglamentado y aplicado porque fue trabajado con todos los que participan del proceso productivo”, señaló.
Comentó a los presentes que se ha tomado contacto con la secretaría de medio ambiente porque el cuidado del mismo es una premisa fundamental de la iniciativa. “Buscamos no solo organización y control, sino que se pueda destinar los recursos afectados para que haya un buen control de policía”, explicó.
“Es un tema que debe ser parte de la agenda de toda la ciudadanía entrerriana, porque cuando más se conoce el alcance de una ley, todos los vecinos aportan para que sea efectivamente aplicada”, opinó.
Por su parte el senador Arlettaz, presidente de la comisión de Producción explicó que con numerosos proyectos que ha tratado el Cuerpo se ha tomado la decisión de tomar contacto con quienes deberán en un futuro responder a los alcances de una norma. Recordó lo hecho con la ley de pesca y con el proyecto que propone regular el engorde de ganado a corral.
“Es muy bueno que estén todos ustedes aquí, porque su aporte garantiza la fuerza y aplicabilidad de la futura norma”, destacó y sostuvo frente al auditorio que desde el Senado “estamos abiertos a todas las propuestas, porque creemos en el consenso”.
Mencionó que cuando se trató el proyecto sobre el ganado engordado a corral, se puso énfasis en el bienestar animal, y en este caso “pensamos en la importancia que tiene la producción y en la importancia de cuidar el medio ambiente”.
El senador de Colón afirmó que “cuando presentamos este proyecto estamos en la seguridad que los productores no trabajan de sol a sol para suicidarse contaminando la tierra en la que viven junto a sus hijos”.
Dijo que “se debe producir más, innovando, trabajando con agricultura de precisión, y queremos seguir avanzando buscando la mejor ley posible. Consensuar aquí es posible porque sabemos que la gente en Entre Ríos, trabaja bien, con el objetivo de cuidar el medio ambiente”.
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Barrick y Gioja ponen en peligro una reserva
Greenpeace: “La actividad minera pone en peligro una Reserva protegida por la UNESCO”
Fecha de Publicación: 20/03/2013
Fuente: Diario Crónica
Provincia/Región: San Juan
Se trata de la reserva San Guillermo, ubicada al norte de la provincia de San Juan, donde la empresa lleva a cabo los emprendimientos Veladero y Pascua Lama.
La organización presentó hoy el informe “Reserva de Biosfera San Guillermo en peligro” (1), para denunciar que la actividad minera amenaza esta área, declarada por la UNESCO la primera Reserva de Biosfera del país; territorio a proteger para las generaciones futuras por el valor de su biodiversidad.
De acuerdo a la ONG ambientalista, la empresa minera Barrick Gold Corporation, ya afectó con su actividad los glaciares de la zona y está dañando el ecosistema.
“La Reserva San Guillermo es considerada el último lugar silvestre no boscoso de América del Sur”, explicó Gonzalo Strano, coordinador de la campaña de Glaciares de Greenpeace, “la actividad minera dentro de la Reserva es una amenaza concreta para sus especies y sus cauces de agua”.
La reserva San Guillermo tiene más de 900 mil hectáreas, está ubicada al norte de la provincia de San Juan y limita al oeste con la República de Chile. La organización ambientalista lanzó hoy a nivel nacional una campaña para concientizar sobre la necesidad de proteger la Reserva, hábitat del puma y otras especies y área de glaciares y ambiente periglacial.
“La minería utiliza sustancias altamente tóxicas y explosivos, implica la remoción de grandes cantidades de roca y polvo, la construcción de diques de cola, caminos y otras estructuras como los utilizados para Veladero y Pascua Lama, que impactan dentro de la Reserva,” señaló Strano, “es necesario que se tomen medidas para proteger este paraíso silvestre de esta actividad”.
Greenpeace reclama al gobernador de San Juan, José Luis Gioja que dentro de los límites de la Reserva San Guillermo prohíba la exploración y explotación minera e hidrocarburífera, la instalación de obras y actividades industriales, y la disposición de productos contaminantes y residuos de cualquier naturaleza.
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Fecha de Publicación: 20/03/2013
Fuente: Diario Crónica
Provincia/Región: San Juan
Se trata de la reserva San Guillermo, ubicada al norte de la provincia de San Juan, donde la empresa lleva a cabo los emprendimientos Veladero y Pascua Lama.La organización presentó hoy el informe “Reserva de Biosfera San Guillermo en peligro” (1), para denunciar que la actividad minera amenaza esta área, declarada por la UNESCO la primera Reserva de Biosfera del país; territorio a proteger para las generaciones futuras por el valor de su biodiversidad.
De acuerdo a la ONG ambientalista, la empresa minera Barrick Gold Corporation, ya afectó con su actividad los glaciares de la zona y está dañando el ecosistema.
“La Reserva San Guillermo es considerada el último lugar silvestre no boscoso de América del Sur”, explicó Gonzalo Strano, coordinador de la campaña de Glaciares de Greenpeace, “la actividad minera dentro de la Reserva es una amenaza concreta para sus especies y sus cauces de agua”.
La reserva San Guillermo tiene más de 900 mil hectáreas, está ubicada al norte de la provincia de San Juan y limita al oeste con la República de Chile. La organización ambientalista lanzó hoy a nivel nacional una campaña para concientizar sobre la necesidad de proteger la Reserva, hábitat del puma y otras especies y área de glaciares y ambiente periglacial.
“La minería utiliza sustancias altamente tóxicas y explosivos, implica la remoción de grandes cantidades de roca y polvo, la construcción de diques de cola, caminos y otras estructuras como los utilizados para Veladero y Pascua Lama, que impactan dentro de la Reserva,” señaló Strano, “es necesario que se tomen medidas para proteger este paraíso silvestre de esta actividad”.
Greenpeace reclama al gobernador de San Juan, José Luis Gioja que dentro de los límites de la Reserva San Guillermo prohíba la exploración y explotación minera e hidrocarburífera, la instalación de obras y actividades industriales, y la disposición de productos contaminantes y residuos de cualquier naturaleza.
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El Estado remediará pasivo ambiental de la minería
Prometen inversiones y remediación minera en Río Negro
Fecha de Publicación: 20/03/2013
Fuente: ADN
Provincia/Región: Río Negro
Durante este año, con financiamiento de la Secretaría de Minería de la Nación, la provincia de Río Negro destinará 1.800.000 pesos para el Programa de Huellas Mineras y el Plan Social Minero Nacional, como “una manera de mejorar el acceso a las distintas canteras por parte de los productores mineros.Así lo consigna un breve informe oficial conocido este mes, pero no difundido por el área oficial provincial de prensa.
El texto, al cual accedió ADN, puntualiza que “esperamos concluir este año, junto con el Gobierno Nacional, la remediación de las escombreras de San Antonio Oeste”, en la cual participarán la Municipalidad local y la Secretaría de Minería de la Nación.
Se trata de una inversión de 3.700.000 dólares para “saldar esta deuda con el pueblo de San Antonio Oeste”, reiteró el informe oficial, porque ese monto ya trascendió en otro momento.
Por otra parte, oficialmente se destacó el “ordenamiento y control del área”, con la coordinación con otros sectores gubernamentales, como Dirección de Tierras y la Secretaría de Medio Ambiente, como también una planificación territorial para “delimitar cuáles son las zonas de interés minero”. (ADN)
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Fecha de Publicación: 20/03/2013
Fuente: ADN
Provincia/Región: Río Negro
Durante este año, con financiamiento de la Secretaría de Minería de la Nación, la provincia de Río Negro destinará 1.800.000 pesos para el Programa de Huellas Mineras y el Plan Social Minero Nacional, como “una manera de mejorar el acceso a las distintas canteras por parte de los productores mineros.Así lo consigna un breve informe oficial conocido este mes, pero no difundido por el área oficial provincial de prensa.El texto, al cual accedió ADN, puntualiza que “esperamos concluir este año, junto con el Gobierno Nacional, la remediación de las escombreras de San Antonio Oeste”, en la cual participarán la Municipalidad local y la Secretaría de Minería de la Nación.
Se trata de una inversión de 3.700.000 dólares para “saldar esta deuda con el pueblo de San Antonio Oeste”, reiteró el informe oficial, porque ese monto ya trascendió en otro momento.
Por otra parte, oficialmente se destacó el “ordenamiento y control del área”, con la coordinación con otros sectores gubernamentales, como Dirección de Tierras y la Secretaría de Medio Ambiente, como también una planificación territorial para “delimitar cuáles son las zonas de interés minero”. (ADN)
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Reactivan la causa del Riachuelo
Riachuelo: reactivan la causa e investigan irregularidades
Fecha de Publicación: 20/03/2013
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Riachuelo
Es por el plan de saneamiento y para revisar lo actuado por el juez desplazado del caso.
El juez Sergio Torres, a cargo de la megacausa del saneamiento del Riachuelo desde diciembre último, llamó a una audiencia pública para avanzar en la investigación por irregularidades en las contrataciones y en la ejecución del presupuesto de la ACUMAR en el marco del plan que sigue por orden de la Corte Suprema. El magistrado fechó la audiencia para el 15 de mayo y exhortó a distintas empresas involucradas en ese proceso, entre ellas AySA y la Ceamse, a presentar los informes correspondientes en el marco de la causa.
El magistrado es titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12 y está a cargo de estos procesos junto al juez Jorge Rodríguez desde que la Corte Suprema desplazó al juez Federal de Quilmes, Luis Armella, por irregularidades en las contrataciones y en el uso del dinero destinado al saneamiento de la cuenca. Torres también requirió la presencia de Aguas Bonaerenses SA (ABSA) y del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enhosa).
En una resolución firmada el lunes, Torres pidió datos concretos sobre el estado de avance de obras de provisión de agua potable y tratamiento de basura y también información sobre la cantidad de contrataciones que fueron ejecutadas desde 2008.
Puntualmente, la resolución destaca que le interesa conocer el avance en los programas de la Planta Depuradora del Bicentenario de Berazategui y la Planta de Tratamiento de Dock Sud, qué papel cumplen los proveedores, y los datos filiatorios de sus autoridades y responsables. Además de los criterios de selección de las empresas que participaron y los procedimientos que se usaron para su contratación.
En la resolución, Torres le pidió a la Corte que, además, solicite a la Auditoría General de la Nación (AGN), al Tribunal de Cuentas de la Provincia y a la Auditoría General de la Ciudad que avancen y profundicen las auditorías sobre las contrataciones que AySA, ABSA, Enhosa y Cemase lleven adelante y sobre la manera en que ejecutan el presupuesto.
En diciembre, la Corte Suprema apartó a Armella después de casi cinco años al frente de la causa. Fue tras una denuncia de la Auditoría General, donde advirtieron que el magistrado habría beneficiado a empresas de familiares para que hicieran obras en la cuenca, en una contratación directa. La empresa constructora habría estado vinculada con la esposa y el suegro de Armella. Desde entonces esas firmas quedaron involucradas en la investigación y la causa en manos de Torres y Rodríguez.
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Fecha de Publicación: 20/03/2013
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Riachuelo
Es por el plan de saneamiento y para revisar lo actuado por el juez desplazado del caso.
El juez Sergio Torres, a cargo de la megacausa del saneamiento del Riachuelo desde diciembre último, llamó a una audiencia pública para avanzar en la investigación por irregularidades en las contrataciones y en la ejecución del presupuesto de la ACUMAR en el marco del plan que sigue por orden de la Corte Suprema. El magistrado fechó la audiencia para el 15 de mayo y exhortó a distintas empresas involucradas en ese proceso, entre ellas AySA y la Ceamse, a presentar los informes correspondientes en el marco de la causa.
El magistrado es titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12 y está a cargo de estos procesos junto al juez Jorge Rodríguez desde que la Corte Suprema desplazó al juez Federal de Quilmes, Luis Armella, por irregularidades en las contrataciones y en el uso del dinero destinado al saneamiento de la cuenca. Torres también requirió la presencia de Aguas Bonaerenses SA (ABSA) y del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enhosa).
En una resolución firmada el lunes, Torres pidió datos concretos sobre el estado de avance de obras de provisión de agua potable y tratamiento de basura y también información sobre la cantidad de contrataciones que fueron ejecutadas desde 2008.
Puntualmente, la resolución destaca que le interesa conocer el avance en los programas de la Planta Depuradora del Bicentenario de Berazategui y la Planta de Tratamiento de Dock Sud, qué papel cumplen los proveedores, y los datos filiatorios de sus autoridades y responsables. Además de los criterios de selección de las empresas que participaron y los procedimientos que se usaron para su contratación.
En la resolución, Torres le pidió a la Corte que, además, solicite a la Auditoría General de la Nación (AGN), al Tribunal de Cuentas de la Provincia y a la Auditoría General de la Ciudad que avancen y profundicen las auditorías sobre las contrataciones que AySA, ABSA, Enhosa y Cemase lleven adelante y sobre la manera en que ejecutan el presupuesto.
En diciembre, la Corte Suprema apartó a Armella después de casi cinco años al frente de la causa. Fue tras una denuncia de la Auditoría General, donde advirtieron que el magistrado habría beneficiado a empresas de familiares para que hicieran obras en la cuenca, en una contratación directa. La empresa constructora habría estado vinculada con la esposa y el suegro de Armella. Desde entonces esas firmas quedaron involucradas en la investigación y la causa en manos de Torres y Rodríguez.
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En Jujuy pagaron los fondos para conservación
Entregaron fondos por conservación de Bosques Nativos
Fecha de Publicación: 19/03/2013
Fuente: Diario Jujuy
Provincia/Región: Jujuy
El Secretario de Gestión Ambiental de Jujuy, licenciado Daniel Roisinblit, junto al Secretario General de la Gobernación, Contador Miguel Ángel Lembo, entregaron cheques correspondientes a la segunda cuota por la convocatoria 2011 de los fondos de la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos a 33 beneficiarios, por un monto que ascienda a la suma de 1.558.483 pesos.
La Ley Nacional N° 26331, de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, establece pautas para el enriquecimiento, restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques, y de los servicios ambientales que éstos brindan a la sociedad. Además, crea el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, para este fin.
El total de los fondos de la convocatoria 2011 es de 4.612.288 pesos, que alcanzan 326000 hectáreas de Bosques beneficiados. La primera cuota se entregó en agosto del año 2012, correspondiente a 119 proyectos, de los cuales 50 son Planes de Ordenamiento Predial, 48 de Conservación y 21 de Manejo Forestal Sustentable, pertenecientes a 69 beneficiarios, por un total de 1.566.792 pesos.
En abril del 2013 se realizará el pago de los fondos de la convocatoria 2012, con 142 proyectos que alcanzan 170 mil hectáreas de bosques nativos, que corresponden a 87 predios, en el cual se realizaron 37 Planes de Ordenamiento Predial, 68 Proyectos de Conservación y 37 Proyectos de Manejo Forestal Sustentable, con un primer desembolso de dos millones de pesos. Con el 3% de los recursos asignados a la conservación de los Bosques Nativos del país alcanzamos el 12% de la cantidad total de proyectos del país y cubrimos el 32% de la superficie boscosa provincial. El 51% de los fondos se destina para conservación, el 37% para manejo sostenible y el 12% para ordenamiento predial.
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Fecha de Publicación: 19/03/2013
Fuente: Diario Jujuy
Provincia/Región: Jujuy
El Secretario de Gestión Ambiental de Jujuy, licenciado Daniel Roisinblit, junto al Secretario General de la Gobernación, Contador Miguel Ángel Lembo, entregaron cheques correspondientes a la segunda cuota por la convocatoria 2011 de los fondos de la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos a 33 beneficiarios, por un monto que ascienda a la suma de 1.558.483 pesos.
La Ley Nacional N° 26331, de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, establece pautas para el enriquecimiento, restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques, y de los servicios ambientales que éstos brindan a la sociedad. Además, crea el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, para este fin.
El total de los fondos de la convocatoria 2011 es de 4.612.288 pesos, que alcanzan 326000 hectáreas de Bosques beneficiados. La primera cuota se entregó en agosto del año 2012, correspondiente a 119 proyectos, de los cuales 50 son Planes de Ordenamiento Predial, 48 de Conservación y 21 de Manejo Forestal Sustentable, pertenecientes a 69 beneficiarios, por un total de 1.566.792 pesos.
En abril del 2013 se realizará el pago de los fondos de la convocatoria 2012, con 142 proyectos que alcanzan 170 mil hectáreas de bosques nativos, que corresponden a 87 predios, en el cual se realizaron 37 Planes de Ordenamiento Predial, 68 Proyectos de Conservación y 37 Proyectos de Manejo Forestal Sustentable, con un primer desembolso de dos millones de pesos. Con el 3% de los recursos asignados a la conservación de los Bosques Nativos del país alcanzamos el 12% de la cantidad total de proyectos del país y cubrimos el 32% de la superficie boscosa provincial. El 51% de los fondos se destina para conservación, el 37% para manejo sostenible y el 12% para ordenamiento predial.
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Parece que Botnia-UPM arroja endosulfán al río
Se reveló que Botnia-UPM trabaja con endosulfán y lo arroja al río Uruguay
Fecha de Publicación: 19/03/2013
Fuente: Diario El Argentino
Provincia/Región: Entre Ríos - Nacional
El Comité Científico de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) pudo determinar que la empresa Botnia-UPM trabaja en su planta con endosulfán -pese a su uso está prohibido en 60 países, incluido Uruguay- y que, a su vez, lo arroja al río. La información fue confirmada a Análisis Digital por fuentes uruguayas.
Consultado sobre este tema el integrante de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú (ACAG), Martín Alazard, destacó que “esto surge del informe de la propia empresa, del registro que lleva la consultora canadiense Ecometrix, y esto confirma una vez más que los datos que se han informado no son un invento de la Asamblea”.
“Lo que más me preocupa es que nuevamente leemos que la CARU plantea al Uruguay la corrección de esta anormalidad y acá no hay corrección posible. Acá hay un elemento mas que confirma la contaminación y como nos dijo el canciller Timerman en la ultima reunión que mantuvo con la Asamblea ‘Si Botnia contamina, la cerramos’”.
“Ahora, ¿qué elemento más hace falta para tener la certeza de la contaminación? ¿Cree la CARU que corrigiendo la norma de la emisión de endosulfán se soluciona el tema de la contaminación”, aseveró Alazard.
Las muestras
Las muestras de agua fueron extraídas en ocasión del ingreso el pasado 20 de noviembre de 2012, pero fueron confirmadas por científicos de Canadá en los últimos días.
Según informó Análisis Digital, el tema del uso del endosulfán en Botnia/UPM fue incluso analizado durante la sesión ordinaria de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), el pasado 28 de febrero de este año. Allí, la Delegación Argentina dio cuenta de los resultados de las muestras de agua que fueron extraídas en ocasión del ingreso a la planta finlandesa, a fines de noviembre del año pasado. De acuerdo a lo que se pudo saber, en dicha ocasión, durante la visita de monitoreo del Comité Científico de la CARU a la Planta Orión (UPM-ex Botnia) -acompañado por la DINAMA-, la comitiva de inspección detectó plantas secas (quemadas) en la Pileta N° 3 del patio de madera y de su canal de descarga, por lo que se tomaron muestras de agua que se enviaron a analizar, que fueron remitidas al laboratorio Pacific Rim de Canadá.
“El endosulfán es un agroquímico organoclorado que tiene persistencia en el tiempo, por lo que es un contaminante persistente que esta prohibido en muchos países del mundo por sus efectos en los seres vivos, porque produce malformaciones fetales. Uno de esos países es Uruguay”, detalló Martín Alazard a EL ARGENTINO.
“En este caso, el endosulfán sale en los efluentes líquidos de Botnia por lo que principalmente afecta el río y las especies de peces y secundariamente a quienes ingieren en forma continua peces del río, siendo el endosulfán un disrruptor endócrino (que altera a los receptores hormonales de los organismos vivos)”, explicó el asambleísta.
“Lamentablemente el monitoreo ordenado por la Corte Internacional de La Haya no se efectúa de la manera indicada (continuo y en la planta) sino que el mismo es incumplido en su concepto original, adaptado a la negociación política de ambos gobiernos (una vez por mes avisando día, hora y lugar) lo que lo hace viciado de nulidad”, concluyó el asambleista.
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Fecha de Publicación: 19/03/2013
Fuente: Diario El Argentino
Provincia/Región: Entre Ríos - Nacional
El Comité Científico de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) pudo determinar que la empresa Botnia-UPM trabaja en su planta con endosulfán -pese a su uso está prohibido en 60 países, incluido Uruguay- y que, a su vez, lo arroja al río. La información fue confirmada a Análisis Digital por fuentes uruguayas. Consultado sobre este tema el integrante de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú (ACAG), Martín Alazard, destacó que “esto surge del informe de la propia empresa, del registro que lleva la consultora canadiense Ecometrix, y esto confirma una vez más que los datos que se han informado no son un invento de la Asamblea”.
“Lo que más me preocupa es que nuevamente leemos que la CARU plantea al Uruguay la corrección de esta anormalidad y acá no hay corrección posible. Acá hay un elemento mas que confirma la contaminación y como nos dijo el canciller Timerman en la ultima reunión que mantuvo con la Asamblea ‘Si Botnia contamina, la cerramos’”.
“Ahora, ¿qué elemento más hace falta para tener la certeza de la contaminación? ¿Cree la CARU que corrigiendo la norma de la emisión de endosulfán se soluciona el tema de la contaminación”, aseveró Alazard.
Las muestras
Las muestras de agua fueron extraídas en ocasión del ingreso el pasado 20 de noviembre de 2012, pero fueron confirmadas por científicos de Canadá en los últimos días.
Según informó Análisis Digital, el tema del uso del endosulfán en Botnia/UPM fue incluso analizado durante la sesión ordinaria de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), el pasado 28 de febrero de este año. Allí, la Delegación Argentina dio cuenta de los resultados de las muestras de agua que fueron extraídas en ocasión del ingreso a la planta finlandesa, a fines de noviembre del año pasado. De acuerdo a lo que se pudo saber, en dicha ocasión, durante la visita de monitoreo del Comité Científico de la CARU a la Planta Orión (UPM-ex Botnia) -acompañado por la DINAMA-, la comitiva de inspección detectó plantas secas (quemadas) en la Pileta N° 3 del patio de madera y de su canal de descarga, por lo que se tomaron muestras de agua que se enviaron a analizar, que fueron remitidas al laboratorio Pacific Rim de Canadá.
“El endosulfán es un agroquímico organoclorado que tiene persistencia en el tiempo, por lo que es un contaminante persistente que esta prohibido en muchos países del mundo por sus efectos en los seres vivos, porque produce malformaciones fetales. Uno de esos países es Uruguay”, detalló Martín Alazard a EL ARGENTINO.
“En este caso, el endosulfán sale en los efluentes líquidos de Botnia por lo que principalmente afecta el río y las especies de peces y secundariamente a quienes ingieren en forma continua peces del río, siendo el endosulfán un disrruptor endócrino (que altera a los receptores hormonales de los organismos vivos)”, explicó el asambleísta.
“Lamentablemente el monitoreo ordenado por la Corte Internacional de La Haya no se efectúa de la manera indicada (continuo y en la planta) sino que el mismo es incumplido en su concepto original, adaptado a la negociación política de ambos gobiernos (una vez por mes avisando día, hora y lugar) lo que lo hace viciado de nulidad”, concluyó el asambleista.
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Convocan a audiencia por el Riachuelo
Audiencia por el Riachuelo
Fecha de Publicación: 19/03/2013
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Riachuelo
El juez federal Sergio Torres convocó para el próximo 15 de mayo a las 11 a una audiencia pública por el saneamiento del Riachuelo, para conocer el estado de la provisión de agua potable, la construcción de cloacas y el tratamiento de la basura. Para esa fecha, el magistrado citó a representantes de las empresas Agua y Saneamientos Argentinos SA (AySA), Aguas Bonaerenses SA (ABSA), el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enhosa) y la Coordinación Ecológica Area Metropolitana S.E. (Ceamse). El juez Torres, además, solicitó a las empresas un informe sobre los avances y un detalle de cada contrato celebrado.
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Fecha de Publicación: 19/03/2013
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Riachuelo
El juez federal Sergio Torres convocó para el próximo 15 de mayo a las 11 a una audiencia pública por el saneamiento del Riachuelo, para conocer el estado de la provisión de agua potable, la construcción de cloacas y el tratamiento de la basura. Para esa fecha, el magistrado citó a representantes de las empresas Agua y Saneamientos Argentinos SA (AySA), Aguas Bonaerenses SA (ABSA), el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enhosa) y la Coordinación Ecológica Area Metropolitana S.E. (Ceamse). El juez Torres, además, solicitó a las empresas un informe sobre los avances y un detalle de cada contrato celebrado.
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Aprueban la Ley de Bosques de Neuquén
Nación aprobó el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de la provincia
Fecha de Publicación: 18/03/2013
Fuente: Neuquén Informa
Provincia/Región: Nacional
La propuesta, establecida mediante la ley provincial 2780, establece los usos de los bosques clasificándolos en categorías. La acreditación nacional habilita a la presentación de planes de conservación, manejo o aprovechamiento.
La secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación aprobó el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (OTBN) presentado por la provincia de Neuquén, establecido mediante la ley provincial 2780 y su decreto reglamentario 1837/12. La medida habilita a la presentación de Planes de Conservación, Manejo Sostenible y Aprovechamiento del Cambio del Uso del Suelo en los bosques nativos neuquinos.
El subsecretario de Producción, Javier Van Houtte, destacó que “luego de un intenso y necesario trabajo del equipo de técnicos de la provincia, revirtiendo algunos errores técnicos y administrativos cometidos con anterioridad, se logró que la Nación aprobara el Ordenamiento territorial de Bosques Nativos de la provincia de Neuquén, una instancia muy importante en el marco del trabajo que se viene realizando, estando sujeto también a más adecuaciones que se están relevando a solicitud de la autoridad de aplicación a nivel nacional”.
El Ordenamiento Territorial propuesto se encuentra enmarcado en la vigencia de la Ley Nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, que establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos.
A través de la ley provincial 2780, que fue reglamentada en 2012, se establecieron los usos de los bosques clasificándolos en tres categorías (rojo, amarillo y verde), según una estimación del valor de conservación y ponderando diversos criterios (superficie, vinculación con otras comunidades naturales, estado de conservación, potencial forestal y de sustentabilidad agrícola, entre otros).
Van Houtte explicó que “el ordenamiento territorial propuesto debía estar acreditado por la Nación para poder avanzar en la presentación de planes de intervención de los bosques nativos que serán financiados por la ley”.
En este sentido, detalló que “una vez notificados de la acreditación, desde el ministerio de Desarrollo Territorial, como autoridad de aplicación de la ley provincial 2780, se emitió una resolución que establece el procedimiento para la presentación de proyectos”.
Procedimiento
Toda intervención en el bosque nativo debe realizarse en el marco de planes catalogados en tres clases: de Conservación, Manejo Sostenible y Aprovechamiento del Cambio del Uso del Suelo.
La convocatoria a la presentación de planes está dirigida a todos aquellos que acrediten su condición de propietario, concesionario o vínculo jurídico con el titular dominial de la superficie que será intervenida.
Todas las presentaciones deberán ser entregadas en la Mesa de Entradas y Salidas del ministerio de Desarrollo Territorial, ubicada en Belgrano 398, planta baja, de la ciudad de Neuquén. El plazo límite estipulado es el 3 de mayo a las 12.
Una vez presentados, los planes estarán sujetos a la evaluación, aprobación, revisión y fiscalización del ministerio de Desarrollo Territorial.
Se aclaró además que los planes deberán ser elaborados por profesionales que se encuentren inscriptos en el Registro de Profesionales y Prestadores de Servicios en Bosques Nativos (Repro 2780). Los requisitos y la documentación necesaria para inscribirse en el registro pueden ser consultados en el sitio web www.desarrollandonqn.gov.ar, ingresando a la sección “Info Pública /Licitaciones y Concursos”.
Los interesados en obtener más información sobre el mencionado procedimiento también podrán consultar la Resolución 166, dentro del mismo sitio web, ingresando a Info Pública/Documentos.
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Fecha de Publicación: 18/03/2013
Fuente: Neuquén Informa
Provincia/Región: Nacional
La propuesta, establecida mediante la ley provincial 2780, establece los usos de los bosques clasificándolos en categorías. La acreditación nacional habilita a la presentación de planes de conservación, manejo o aprovechamiento.La secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación aprobó el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (OTBN) presentado por la provincia de Neuquén, establecido mediante la ley provincial 2780 y su decreto reglamentario 1837/12. La medida habilita a la presentación de Planes de Conservación, Manejo Sostenible y Aprovechamiento del Cambio del Uso del Suelo en los bosques nativos neuquinos.
El subsecretario de Producción, Javier Van Houtte, destacó que “luego de un intenso y necesario trabajo del equipo de técnicos de la provincia, revirtiendo algunos errores técnicos y administrativos cometidos con anterioridad, se logró que la Nación aprobara el Ordenamiento territorial de Bosques Nativos de la provincia de Neuquén, una instancia muy importante en el marco del trabajo que se viene realizando, estando sujeto también a más adecuaciones que se están relevando a solicitud de la autoridad de aplicación a nivel nacional”.
El Ordenamiento Territorial propuesto se encuentra enmarcado en la vigencia de la Ley Nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, que establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos.
A través de la ley provincial 2780, que fue reglamentada en 2012, se establecieron los usos de los bosques clasificándolos en tres categorías (rojo, amarillo y verde), según una estimación del valor de conservación y ponderando diversos criterios (superficie, vinculación con otras comunidades naturales, estado de conservación, potencial forestal y de sustentabilidad agrícola, entre otros).
Van Houtte explicó que “el ordenamiento territorial propuesto debía estar acreditado por la Nación para poder avanzar en la presentación de planes de intervención de los bosques nativos que serán financiados por la ley”.
En este sentido, detalló que “una vez notificados de la acreditación, desde el ministerio de Desarrollo Territorial, como autoridad de aplicación de la ley provincial 2780, se emitió una resolución que establece el procedimiento para la presentación de proyectos”.
Procedimiento
Toda intervención en el bosque nativo debe realizarse en el marco de planes catalogados en tres clases: de Conservación, Manejo Sostenible y Aprovechamiento del Cambio del Uso del Suelo.
La convocatoria a la presentación de planes está dirigida a todos aquellos que acrediten su condición de propietario, concesionario o vínculo jurídico con el titular dominial de la superficie que será intervenida.
Todas las presentaciones deberán ser entregadas en la Mesa de Entradas y Salidas del ministerio de Desarrollo Territorial, ubicada en Belgrano 398, planta baja, de la ciudad de Neuquén. El plazo límite estipulado es el 3 de mayo a las 12.
Una vez presentados, los planes estarán sujetos a la evaluación, aprobación, revisión y fiscalización del ministerio de Desarrollo Territorial.
Se aclaró además que los planes deberán ser elaborados por profesionales que se encuentren inscriptos en el Registro de Profesionales y Prestadores de Servicios en Bosques Nativos (Repro 2780). Los requisitos y la documentación necesaria para inscribirse en el registro pueden ser consultados en el sitio web www.desarrollandonqn.gov.ar, ingresando a la sección “Info Pública /Licitaciones y Concursos”.
Los interesados en obtener más información sobre el mencionado procedimiento también podrán consultar la Resolución 166, dentro del mismo sitio web, ingresando a Info Pública/Documentos.
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Impulsan un comité de cuencas para el Sali-Dulce
Un blindaje legal para salvar la cuenca
Fecha de Publicación: 18/03/2013
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Nacional
Impulsan la creación de un comité con poder de decisión. La Defensoría del Pueblo de la Nación plantea que las provincias cedan competencia jurisdiccional en el área ambiental.
Los convenios entre los gobiernos provinciales y las empresas apuntaron a atacar uno de los problemas de la cuenca Salí-Dulce: la contaminación de origen industrial. Pero no se trata de la única dificultad que lastima a esa unidad hídrica interjuridiccional. Los desmontes y los efluentes cloacales de las zonas urbanas también degradaron la calidad de las aguas con el paso de los años.
La Defensoría del Pueblo de la Nación ha planteado con más fuerza esta semana, en el marco de la visita oficial a la provincia del secretario de Medio Ambiente nacional, Juan José Mussi, que en la actualidad se aprecia una mirada parcial sobre el problema de la contaminación. El Ombudsman nacional propuso la formación de un Comité de Cuenca con visión integral y con capacidades más sólidas para la toma de decisiones sobre inconvenientes ecológicos (diferentes a las facultades del actual comité). Ello implicará la concesión de competencia de jurisdicción en el área ambiental, por parte de los gobiernos de Salta, Tucumán, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero y Córdoba, que integran esa curso hídrico. Anselmo Sella, titular de la Defensoría del Pueblo, aseguró que la deforestación en Salta, Tucumán y Santiago del Estero ha limitado la retención de agua de lluvia, lo que llevó a una erosión de la cuenca. "La acción de las corrientes provocaron modificaciones de los cauces. Los desmontes enormes que se produjeron en Santiago del Estero, por ejemplo, causaron modificaciones en la composición del agua. Un gran nivel de nutrientes y residuos provocaron cambios de dirección en zonas llanas", dijo el ombudsman.
Los residuos sólidos urbanos también son componentes de polución. "Hay muchos lugares en donde, de una forma u otra, los desechos terminan en el río", dijo. "Existe otro tipo de contaminación más difusa. Es el caso del uso excesivo de fertilizantes o de pesticidas, que no tienen efecto inmediato. El daño ambiental es el resultado de la suma de los casos. Pero lo más visible se observa en época de zafra, a partir del gran aumento de la producción por la promoción de biocombustibles", remarcó Leandro García Silva, jefe del área de Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo.
La cuenca inicia en el sur de Salta y desemboca en Laguna Mar Chiquita o Mar de Ansenuza, un lugar con una significativa variedad de vida. Mar Chiquita fue denominado sitio Ramsar, que da a la reserva "una gran importancia y notoriedad internacional". Sella comentó que se observó gran mortandad de peces en varias ocasiones, "atribuidas a la contaminación del agua del Río Dulce". La Defensoría del Pueblo comenzó a investigar con mayor fuerza la polución de la cuenca entre 1996 y 1997 a partir de denuncias de particulares y organizaciones, tanto de Tucumán como de Santiago del Estero.
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Fecha de Publicación: 18/03/2013
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Nacional
Impulsan la creación de un comité con poder de decisión. La Defensoría del Pueblo de la Nación plantea que las provincias cedan competencia jurisdiccional en el área ambiental.
Los convenios entre los gobiernos provinciales y las empresas apuntaron a atacar uno de los problemas de la cuenca Salí-Dulce: la contaminación de origen industrial. Pero no se trata de la única dificultad que lastima a esa unidad hídrica interjuridiccional. Los desmontes y los efluentes cloacales de las zonas urbanas también degradaron la calidad de las aguas con el paso de los años.
La Defensoría del Pueblo de la Nación ha planteado con más fuerza esta semana, en el marco de la visita oficial a la provincia del secretario de Medio Ambiente nacional, Juan José Mussi, que en la actualidad se aprecia una mirada parcial sobre el problema de la contaminación. El Ombudsman nacional propuso la formación de un Comité de Cuenca con visión integral y con capacidades más sólidas para la toma de decisiones sobre inconvenientes ecológicos (diferentes a las facultades del actual comité). Ello implicará la concesión de competencia de jurisdicción en el área ambiental, por parte de los gobiernos de Salta, Tucumán, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero y Córdoba, que integran esa curso hídrico. Anselmo Sella, titular de la Defensoría del Pueblo, aseguró que la deforestación en Salta, Tucumán y Santiago del Estero ha limitado la retención de agua de lluvia, lo que llevó a una erosión de la cuenca. "La acción de las corrientes provocaron modificaciones de los cauces. Los desmontes enormes que se produjeron en Santiago del Estero, por ejemplo, causaron modificaciones en la composición del agua. Un gran nivel de nutrientes y residuos provocaron cambios de dirección en zonas llanas", dijo el ombudsman.
Los residuos sólidos urbanos también son componentes de polución. "Hay muchos lugares en donde, de una forma u otra, los desechos terminan en el río", dijo. "Existe otro tipo de contaminación más difusa. Es el caso del uso excesivo de fertilizantes o de pesticidas, que no tienen efecto inmediato. El daño ambiental es el resultado de la suma de los casos. Pero lo más visible se observa en época de zafra, a partir del gran aumento de la producción por la promoción de biocombustibles", remarcó Leandro García Silva, jefe del área de Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo.
La cuenca inicia en el sur de Salta y desemboca en Laguna Mar Chiquita o Mar de Ansenuza, un lugar con una significativa variedad de vida. Mar Chiquita fue denominado sitio Ramsar, que da a la reserva "una gran importancia y notoriedad internacional". Sella comentó que se observó gran mortandad de peces en varias ocasiones, "atribuidas a la contaminación del agua del Río Dulce". La Defensoría del Pueblo comenzó a investigar con mayor fuerza la polución de la cuenca entre 1996 y 1997 a partir de denuncias de particulares y organizaciones, tanto de Tucumán como de Santiago del Estero.
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No todo Vale
No todo Vale
Fecha de Publicación: 17/03/2013
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Mendoza
“A partir de mediados de 2013”, según datos estimados al comienzo de la inversión por la propia minera Vale, del yacimiento de cloruro de potasio de la zona de Malargüe, en Mendoza, comenzarían a extraerse 2,4 millones de toneladas de mineral por año, los que llegaría rápidamente a los 4,3 millones de toneladas, también anuales. Siempre según la empresa, las reservas del yacimiento alcanzarían, al citado ritmo de extracción, para no menos cincuenta años, lo que significa una reserva de potasio de al menos 200 millones de toneladas.
Aunque los estudios de factibilidad de la megaempresa brasileña comenzaron mucho antes, la decisión de iniciar el proyecto coincidió con el pico especulativo de las commodities de fines de la década pasada. Hace diez años, este mineral costaba poco más de 110 dólares la tonelada. Recién en 2007 pasó los 200 dólares y en febrero de 2009 alcanzó un techo de 872,5 dólares. Pasado el pico especulativo, el precio comenzó a descender: 2009 terminó a 400 dólares y 2010 a 350. En 2011 se produjo una nueva recuperación y el año cerró a 475. Hoy la tonelada se encuentra en torno de los 400 dólares, pero con tendencia a la baja. A valor presente se trata de un negocio para extraer del subsuelo mendocino unos 80.000 millones de dólares. Frente a estos números, la inversión, calculada inicialmente en 4500 millones de dólares, parece más que razonable, más si se agregan los componentes del comportamiento estimado de la demanda.
El potasio es un fertilizante esencial para el crecimiento de todos los cultivos, desde cereales y oleaginosas a frutas y verduras. Junto al nitrógeno y el fósforo es un nutriente esencial. Ello significa que su demanda será creciente y, al margen de las potentes fluctuaciones registradas en los últimos años, también lo será su precio de largo plazo. De todas maneras, no debe olvidarse que la inversión significa recursos ex ante para obtener ingresos durante un ex post de medio siglo. Por el lado de los costos los hay de varios tipos:
- Primero está la inversión propiamente dicha. Los 4500 millones de dólares iniciales que se destinarían a tres fines: la construcción de la mina en el yacimiento, 360 kilómetros de vías de ferrocarril entre el yacimiento y el Alto Valle de Río Negro, donde empalmaría con el ramal Zapala-Bahía Blanca, con el reacondicionamiento del tramo de este ramal hasta la última ciudad, y la construcción allí de una terminal portuaria, pues se planeaba exportar a Brasil la totalidad del mineral. En suma, una mina, vías, trenes y puerto para una actividad extractiva, pero generadora de divisas y con un fuerte impacto multiplicador para cuatro provincias, aunque concentrado en el tiempo de construcción de la infraestructura.
- Luego siguen los costos que fuentes de Vale denominaron en su momento “peajes”. Frente a una gran empresa que planea una inversión multimillonaria puede esperarse que gobernadores e intendentes, por ejemplo, demanden beneficios de distinto tipo para sus comunidades, lo que lleva a la firma a convenios con los municipios y los Estados, a gastos en publicidad y a desembolsos del tipo “responsabilidad social empresaria”. Otra demanda conexa fue la contratación de mano de obra local, lo que dio lugar a disputas entre los trabajadores de las distintas provincias involucradas.
- Finalmente están los costos que la empresa no paga, esos que la economía convencional denomina “externalidades negativas”, en este caso de la actividad minera. El tema es delicado porque, en caso de atenerse a los reclamos ambientalistas, a veces provenientes de ONG multinacionales y/o de dudoso financiamiento, directamente no se podría hacer minería. Pero el caso de Potasio Río Colorado, como se denominó al proyecto de Vale, es especialmente complejo. Sucede que el subproducto de la explotación del cloruro de potasio es el cloruro de sodio. Estudios realizados por la Universidad Nacional de Cuyo mostraron que la mina generaría un depósito de sal de 210 hectáreas y 50 metros de alto, el que pensaba ubicarse a 150 metros por sobre la cota de las nacientes del río Colorado, una situación de alto riesgo potencial. Adicionalmente, el sistema de producción por disolución demandaría alrededor de un m3/segundo de agua.
Hasta aquí el cuadro de situación hasta fines de 2012. Se trata de detalles que no vuelven a la inversión de Vale, al margen de su magnitud, muy diferente de cualquier otra del rubro minero. El punto de inflexión se produjo con la paralización del proyecto desde comienzos de año, formalizado la semana que pasó, y con el apriete al Gobierno intentado por la empresa. El argumento esgrimido fue el cambio de las condiciones macroeconómicas argentinas en materia cambiaria y de inflación, lo que según la firma habría disparado los costos. Vale pretendía exenciones que sumaban 3000 millones de dólares entre eliminación de retenciones, pago de impuestos con bonos de deuda a valor nominal, devolución anticipada de IVA y dispensas de obras de infraestructura asociadas. Sobre la mesa de negociación, el principal activo de la empresa con sede en Río de Janeiro fueron los, dicen, 6000 empleos vinculados con el proyecto. La reacción del Gobierno frente al apriete fue activa y a dos puntas. Por un lado, adelantar que la empresa podría perder la concesión del yacimiento y, con ello, las inversiones ya realizadas, que rondarían cerca del 50 por ciento del total, y afirmar, para tranquilizar a los trabajadores, que el proyecto podría seguir aun sin los brasileños.
De acuerdo con el índice Global 500, que reúne a las 500 firmas más grandes del planeta, en 2012 Vale tuvo ingresos por 58.990 millones de dólares y ganancias por 22.885 millones. Sólo dos años antes había facturado 23.311 millones y ganado “sólo” 5349 millones. Esta diferencia le permitió pasar del puesto 363 del top mundial al 159. Sus empleados pasaron de 60.000 a casi 80.000. Sin embargo, en los últimos doce meses su acción en la Bolsa de Nueva York perdió el 15,9 por ciento y la empresa informó en Brasil una caída de sus ganancias netas durante el último año. Las razones de estas bajas de última hora también hay que buscarlas en las cotizaciones. Vale es la empresa número uno del mundo en producción de hierro. La cotización del mineral de hierro cayó desde un pico de 187 dólares la tonelada en febrero de 2011 a un piso de 99,5 dólares en septiembre pasado, aunque desde entonces no dejó de subir y ya se encuentra en más de 150 dólares. Vale, según declaró en febrero su presidente, Murilo Ferreira, al anunciar las menores ganancias, confía en dos elementos para su recuperación en 2013: la suba del mineral de hierro y la “eliminación de inversiones periféricas”, es decir por fuera de la siderurgia. Quizá los analistas que se subieron al apriete de Vale para criticar la evolución de la política económica local debieran considerar algunos de estos números.
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Fecha de Publicación: 17/03/2013
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Mendoza
“A partir de mediados de 2013”, según datos estimados al comienzo de la inversión por la propia minera Vale, del yacimiento de cloruro de potasio de la zona de Malargüe, en Mendoza, comenzarían a extraerse 2,4 millones de toneladas de mineral por año, los que llegaría rápidamente a los 4,3 millones de toneladas, también anuales. Siempre según la empresa, las reservas del yacimiento alcanzarían, al citado ritmo de extracción, para no menos cincuenta años, lo que significa una reserva de potasio de al menos 200 millones de toneladas.
Aunque los estudios de factibilidad de la megaempresa brasileña comenzaron mucho antes, la decisión de iniciar el proyecto coincidió con el pico especulativo de las commodities de fines de la década pasada. Hace diez años, este mineral costaba poco más de 110 dólares la tonelada. Recién en 2007 pasó los 200 dólares y en febrero de 2009 alcanzó un techo de 872,5 dólares. Pasado el pico especulativo, el precio comenzó a descender: 2009 terminó a 400 dólares y 2010 a 350. En 2011 se produjo una nueva recuperación y el año cerró a 475. Hoy la tonelada se encuentra en torno de los 400 dólares, pero con tendencia a la baja. A valor presente se trata de un negocio para extraer del subsuelo mendocino unos 80.000 millones de dólares. Frente a estos números, la inversión, calculada inicialmente en 4500 millones de dólares, parece más que razonable, más si se agregan los componentes del comportamiento estimado de la demanda.
El potasio es un fertilizante esencial para el crecimiento de todos los cultivos, desde cereales y oleaginosas a frutas y verduras. Junto al nitrógeno y el fósforo es un nutriente esencial. Ello significa que su demanda será creciente y, al margen de las potentes fluctuaciones registradas en los últimos años, también lo será su precio de largo plazo. De todas maneras, no debe olvidarse que la inversión significa recursos ex ante para obtener ingresos durante un ex post de medio siglo. Por el lado de los costos los hay de varios tipos:
- Primero está la inversión propiamente dicha. Los 4500 millones de dólares iniciales que se destinarían a tres fines: la construcción de la mina en el yacimiento, 360 kilómetros de vías de ferrocarril entre el yacimiento y el Alto Valle de Río Negro, donde empalmaría con el ramal Zapala-Bahía Blanca, con el reacondicionamiento del tramo de este ramal hasta la última ciudad, y la construcción allí de una terminal portuaria, pues se planeaba exportar a Brasil la totalidad del mineral. En suma, una mina, vías, trenes y puerto para una actividad extractiva, pero generadora de divisas y con un fuerte impacto multiplicador para cuatro provincias, aunque concentrado en el tiempo de construcción de la infraestructura.
- Luego siguen los costos que fuentes de Vale denominaron en su momento “peajes”. Frente a una gran empresa que planea una inversión multimillonaria puede esperarse que gobernadores e intendentes, por ejemplo, demanden beneficios de distinto tipo para sus comunidades, lo que lleva a la firma a convenios con los municipios y los Estados, a gastos en publicidad y a desembolsos del tipo “responsabilidad social empresaria”. Otra demanda conexa fue la contratación de mano de obra local, lo que dio lugar a disputas entre los trabajadores de las distintas provincias involucradas.
- Finalmente están los costos que la empresa no paga, esos que la economía convencional denomina “externalidades negativas”, en este caso de la actividad minera. El tema es delicado porque, en caso de atenerse a los reclamos ambientalistas, a veces provenientes de ONG multinacionales y/o de dudoso financiamiento, directamente no se podría hacer minería. Pero el caso de Potasio Río Colorado, como se denominó al proyecto de Vale, es especialmente complejo. Sucede que el subproducto de la explotación del cloruro de potasio es el cloruro de sodio. Estudios realizados por la Universidad Nacional de Cuyo mostraron que la mina generaría un depósito de sal de 210 hectáreas y 50 metros de alto, el que pensaba ubicarse a 150 metros por sobre la cota de las nacientes del río Colorado, una situación de alto riesgo potencial. Adicionalmente, el sistema de producción por disolución demandaría alrededor de un m3/segundo de agua.
Hasta aquí el cuadro de situación hasta fines de 2012. Se trata de detalles que no vuelven a la inversión de Vale, al margen de su magnitud, muy diferente de cualquier otra del rubro minero. El punto de inflexión se produjo con la paralización del proyecto desde comienzos de año, formalizado la semana que pasó, y con el apriete al Gobierno intentado por la empresa. El argumento esgrimido fue el cambio de las condiciones macroeconómicas argentinas en materia cambiaria y de inflación, lo que según la firma habría disparado los costos. Vale pretendía exenciones que sumaban 3000 millones de dólares entre eliminación de retenciones, pago de impuestos con bonos de deuda a valor nominal, devolución anticipada de IVA y dispensas de obras de infraestructura asociadas. Sobre la mesa de negociación, el principal activo de la empresa con sede en Río de Janeiro fueron los, dicen, 6000 empleos vinculados con el proyecto. La reacción del Gobierno frente al apriete fue activa y a dos puntas. Por un lado, adelantar que la empresa podría perder la concesión del yacimiento y, con ello, las inversiones ya realizadas, que rondarían cerca del 50 por ciento del total, y afirmar, para tranquilizar a los trabajadores, que el proyecto podría seguir aun sin los brasileños.
De acuerdo con el índice Global 500, que reúne a las 500 firmas más grandes del planeta, en 2012 Vale tuvo ingresos por 58.990 millones de dólares y ganancias por 22.885 millones. Sólo dos años antes había facturado 23.311 millones y ganado “sólo” 5349 millones. Esta diferencia le permitió pasar del puesto 363 del top mundial al 159. Sus empleados pasaron de 60.000 a casi 80.000. Sin embargo, en los últimos doce meses su acción en la Bolsa de Nueva York perdió el 15,9 por ciento y la empresa informó en Brasil una caída de sus ganancias netas durante el último año. Las razones de estas bajas de última hora también hay que buscarlas en las cotizaciones. Vale es la empresa número uno del mundo en producción de hierro. La cotización del mineral de hierro cayó desde un pico de 187 dólares la tonelada en febrero de 2011 a un piso de 99,5 dólares en septiembre pasado, aunque desde entonces no dejó de subir y ya se encuentra en más de 150 dólares. Vale, según declaró en febrero su presidente, Murilo Ferreira, al anunciar las menores ganancias, confía en dos elementos para su recuperación en 2013: la suba del mineral de hierro y la “eliminación de inversiones periféricas”, es decir por fuera de la siderurgia. Quizá los analistas que se subieron al apriete de Vale para criticar la evolución de la política económica local debieran considerar algunos de estos números.
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