Río Negro también contaminado con agrotóxicos
11:11 | 
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Presentan denuncia por contaminación con agroquímicos
Fecha de Publicación: 13/09/2012
Fuente: Roca OnLine
Provincia/Región: Río Negro - Neuquén
La Defensora del Pueblo de Rìo Negro, Nadina Díaz, intervendrá en una denuncia que se presentará en conjunto con el Defensor del Pueblo de Neuquén en torno a casos de vecinos con graves enfermedades que serían atribuibles a la contaminación con agroquímicos.
El asunto será planteado este jueves en Neuquén, en donde ambos funcionarios darán detalles sobre el tema, del que existirían elementos de peso como para avanzar en esa presentación.
Días sostuvo que se trata de “un problema que va a generar discusiones a futuro, es bastante preocupante, y nos vamos a poner en campaña con la colaboración del Defensor del Pueblo de Neuquén, que es donde se originó el análisis del tema.
Así lo anticipó en declaraciones a radio Show Roca. Remarcó que el tema será planteado dentro de una serie de acciones con su par neuquino que apuntan a “estrechar lazos con defensoríaas de la Patagonia que tienen similares inquietudes a las nuestras”.
Remarcó que se trata de casos con “enfermedades provocadas por la contaminación con agroquímicos, casos de cáncer que serían atribuibles” al contacto con esos productos.
Un asunto del que siempre se ha hablado en la región, pero del que hasta ahora no existía documentación o elementos de peso como para avanzar en una presentación ante las autoridades.
Es una cuestión delicada, donde seguramente también vamos a tener contacto con la Secretaría de Medio Ambiente, y otros organismos pertinentes que hagan a estas cuestiones”.
También enumeró otros aspectos, como la preocupación por el estado de la cuenca de los ríos de la zona, por lo que tiene previsto una reunión con funcionarios de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas”.
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Fecha de Publicación: 13/09/2012
Fuente: Roca OnLine
Provincia/Región: Río Negro - Neuquén
La Defensora del Pueblo de Rìo Negro, Nadina Díaz, intervendrá en una denuncia que se presentará en conjunto con el Defensor del Pueblo de Neuquén en torno a casos de vecinos con graves enfermedades que serían atribuibles a la contaminación con agroquímicos.
El asunto será planteado este jueves en Neuquén, en donde ambos funcionarios darán detalles sobre el tema, del que existirían elementos de peso como para avanzar en esa presentación.
Días sostuvo que se trata de “un problema que va a generar discusiones a futuro, es bastante preocupante, y nos vamos a poner en campaña con la colaboración del Defensor del Pueblo de Neuquén, que es donde se originó el análisis del tema.
Así lo anticipó en declaraciones a radio Show Roca. Remarcó que el tema será planteado dentro de una serie de acciones con su par neuquino que apuntan a “estrechar lazos con defensoríaas de la Patagonia que tienen similares inquietudes a las nuestras”.
Remarcó que se trata de casos con “enfermedades provocadas por la contaminación con agroquímicos, casos de cáncer que serían atribuibles” al contacto con esos productos.
Un asunto del que siempre se ha hablado en la región, pero del que hasta ahora no existía documentación o elementos de peso como para avanzar en una presentación ante las autoridades.
Es una cuestión delicada, donde seguramente también vamos a tener contacto con la Secretaría de Medio Ambiente, y otros organismos pertinentes que hagan a estas cuestiones”.
También enumeró otros aspectos, como la preocupación por el estado de la cuenca de los ríos de la zona, por lo que tiene previsto una reunión con funcionarios de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas”.
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Controlán contaminación en ríos rionegrinos
Control por contaminación en ríos
Fecha de Publicación: 13/09/2012
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Río Negro
La defensora del pueblo de Río Negro, Nadina Díaz, se reunirá hoy con su par de Neuquén, Ricardo Rivas, para firmar un acuerdo de colaboración y realizar una recorrida por los sectores contaminados de los ríos Limay, Neuquén y Negro. Díaz estuvo ayer en Cipolletti recibiendo denuncias y problemas de gente de la ciudad. También se reunió con el intendente Baratti e integrantes del Concejo Deliberante.
Reconoció su preocupación sobre la contaminación de los ríos de la región que, dijo, afecta no sólo la producción sino también la salud de la gente. Además, la Fundación Patagónica de pesca que está llevando adelante un plan de educación ambiental con niños convencidos de que es la manera de que la temática también se comience a tratar entre los adultos. Para ello realiza charlas en las escuelas primarias de Cipolletti y F. Oro.
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Fecha de Publicación: 13/09/2012
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Río Negro
La defensora del pueblo de Río Negro, Nadina Díaz, se reunirá hoy con su par de Neuquén, Ricardo Rivas, para firmar un acuerdo de colaboración y realizar una recorrida por los sectores contaminados de los ríos Limay, Neuquén y Negro. Díaz estuvo ayer en Cipolletti recibiendo denuncias y problemas de gente de la ciudad. También se reunió con el intendente Baratti e integrantes del Concejo Deliberante.
Reconoció su preocupación sobre la contaminación de los ríos de la región que, dijo, afecta no sólo la producción sino también la salud de la gente. Además, la Fundación Patagónica de pesca que está llevando adelante un plan de educación ambiental con niños convencidos de que es la manera de que la temática también se comience a tratar entre los adultos. Para ello realiza charlas en las escuelas primarias de Cipolletti y F. Oro.
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Sali-Dulce: ahora apuntan a citrícolas y cloacas
Ponen la mira en citrícolas y sistema cloacal
Fecha de Publicación: 12/09/2012
Fuente: Nuevo Diario Web
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
Targa afirmó que en la situación actual no se alcanza a cubrir al 40% de San Miguel con el servicio de cloacas. Habría mejoras.
El embalse de Las Termas de Río Hondo presenta un fuerte olor nauseabundo debido a desechos cloacales que provienen de Tucumán y al bajo nivel de agua que presenta.
El director de Medio Ambiente de la Provincia, ingeniero Juan Carlos Targa, explicó a Nuevo Diario que “prácticamente ninguna de sus ciudades (tucumanas) tiene tratamientos cloacales. San Miguel sí, pero no alcanza a abastecer al 40 por ciento de la población”, señaló. También aclaró que esta contaminación es histórica y a ella se suman la generada por las industrias azucareras, citrícolas y alcoholeras, en las que producen vinaza, cenizas y otros elementos.
“Los contaminantes más fuerte y más rápido de atacar eran la vinaza y la ceniza, que este año, con la denuncia, los acuerdos firmados, más los controles que estamos haciendo, se logró prácticamente que no haya vinaza ni cenizas en los ríos. Recientemente hubo un vuelco de cenizas, pero se los multó y se corrigió inmediatamente”, aclaró.
Ahora, las citrícolas
Targa continuó explicando que ahora es el turno de las citrícolas “que están empezando a hacer tratamientos”, los mataderos y principalmente los desechos cloacales, de los cuales el 40 por ciento es prácticamente lo único que tiene tratamiento. Al respecto manifestó que se está realizando la obra de construcción de la planta de tratamiento de efluentes cloacales para el gran Tucumán y que “teóricamente estarían finalizándolo hasta fin de año, el cual disminuiría casi un 90 por ciento la contaminación de cloacas”.
El funcionario reconoció: “Eso lo conocíamos, lo sabemos y se está trabajando al respecto”, y explicó, “pero además el embalse de Las Termas, desde que lo cerraron, hace 40 años, viene recibiendo todos esos efluentes en los cuales muchos quedan depositados en el fondo”.
Año complicado
“Este es un año complicado porque ya tenemos elevadas temperaturas, ha llovido poco en todo lo que es la cuenca alta, entonces el embalse está con baja cantidad de agua. La contaminación cloacal que sigue, más los depósitos del fondo hacen que en este momento esté bastante complicado en ese sentido. Es decir que vamos a sentir olor a líquidos cloacales, aún cuando dejen de ingresar más desechos vamos a seguir sintiéndolos por los depósitos que existían por la baja cantidad de agua”, advirtió.
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Fecha de Publicación: 12/09/2012
Fuente: Nuevo Diario Web
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
Targa afirmó que en la situación actual no se alcanza a cubrir al 40% de San Miguel con el servicio de cloacas. Habría mejoras. El embalse de Las Termas de Río Hondo presenta un fuerte olor nauseabundo debido a desechos cloacales que provienen de Tucumán y al bajo nivel de agua que presenta.
El director de Medio Ambiente de la Provincia, ingeniero Juan Carlos Targa, explicó a Nuevo Diario que “prácticamente ninguna de sus ciudades (tucumanas) tiene tratamientos cloacales. San Miguel sí, pero no alcanza a abastecer al 40 por ciento de la población”, señaló. También aclaró que esta contaminación es histórica y a ella se suman la generada por las industrias azucareras, citrícolas y alcoholeras, en las que producen vinaza, cenizas y otros elementos.
“Los contaminantes más fuerte y más rápido de atacar eran la vinaza y la ceniza, que este año, con la denuncia, los acuerdos firmados, más los controles que estamos haciendo, se logró prácticamente que no haya vinaza ni cenizas en los ríos. Recientemente hubo un vuelco de cenizas, pero se los multó y se corrigió inmediatamente”, aclaró.
Ahora, las citrícolas
Targa continuó explicando que ahora es el turno de las citrícolas “que están empezando a hacer tratamientos”, los mataderos y principalmente los desechos cloacales, de los cuales el 40 por ciento es prácticamente lo único que tiene tratamiento. Al respecto manifestó que se está realizando la obra de construcción de la planta de tratamiento de efluentes cloacales para el gran Tucumán y que “teóricamente estarían finalizándolo hasta fin de año, el cual disminuiría casi un 90 por ciento la contaminación de cloacas”.
El funcionario reconoció: “Eso lo conocíamos, lo sabemos y se está trabajando al respecto”, y explicó, “pero además el embalse de Las Termas, desde que lo cerraron, hace 40 años, viene recibiendo todos esos efluentes en los cuales muchos quedan depositados en el fondo”.
Año complicado
“Este es un año complicado porque ya tenemos elevadas temperaturas, ha llovido poco en todo lo que es la cuenca alta, entonces el embalse está con baja cantidad de agua. La contaminación cloacal que sigue, más los depósitos del fondo hacen que en este momento esté bastante complicado en ese sentido. Es decir que vamos a sentir olor a líquidos cloacales, aún cuando dejen de ingresar más desechos vamos a seguir sintiéndolos por los depósitos que existían por la baja cantidad de agua”, advirtió.
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Nuevo monitoreo a Botnia
Se realizó un nuevo monitoreo a Botnia y la semana que viene analizarán el río Uruguay
Fecha de Publicación: 12/09/2012
Fuente: Diario El Argentino
Provincia/Región: Nacional
Ayer se realizó un nuevo monitoreo a la pastera Botnia (UPM) y se presume que el lunes 17 se analizarán por primera vez en la historias las aguas del río Uruguay, a la altura del caño difusor de la planta.
Cuando las tensiones entre Argentina y Uruguay no han cesado, ayer el Comité Científico que trabaja para la Comisión Administradora del Río Uruguay (Caru) ingresó nuevamente a la planta Orion (UPM, ex Botnia) para realizar un nuevo monitoreo.
El Frente Amplio que lidera el presidente José “Pepe” Mujica se ha caracterizado por ejecutar al pie de la letra los anuncios del capitalismo salvaje y lejos de aportar soluciones a este largo conflicto, agrava la controversia con el anuncio de una tercera pastera.
El propio Mujica anunció la instalación de una tercera planta de celulosa e incluso anticipó que estará ubicada sobre el río Negro, entre Cerro Largo, Tacuarembó y Durazno. Este anuncio puso en alerta a la Cancillería Argentina y especialmente a la delegación argentina ante la Caru, dado que el río Negro es tributario del río Uruguay y por ende debe ser consultado previamente el organismo binacional para no volver a configurar otra violación serial al Estatuto del Río Uruguay.
El ingreso de ayer a la planta de Botnia busca acopiar la mayor cantidad de análisis antes de la parada anual que tiene programada la empresa. Este hecho pone en jaque a la firma finlandesa, que además la semana que viene se verá acorralada cuando el Comité Científico analice por primera vez en la historia de este conflicto las aguas del río Uruguay en inmediaciones del caño de efluentes que tiene Botnia sobe el lecho del recurso compartido. Un aspecto que también desnuda la precariedad con la que han venido trabajando en materia de monitoreo ambiental.
Con respecto al último comunicado de la cancillería, donde se puso de manifiesto que el Uruguay además de no colaborar, constantemente actúa de mala fe, desde el gobierno uruguayo no lo desmintieron y apenas sostuvieron “que se trata de una exageración”.
Desde entonces, la estrategia del gobierno de Mujica es avivar la chispa para que se vuelva a cortar la ruta y así no tener que dar respuestas, tal como se las está pidiendo el gobierno argentino.
Por otro lado, en el ingreso de ayer a la planta se constató que la fábrica prácticamente no estaba produciendo en sus niveles históricos y eso fue fácilmente observable por el poco caudal de sus piletas. Esto tiene relación con el nivel máximo alcanzado por UPM que ya rondaría las 990 mil toneladas y no puede superar el millón anual.
Es cierto que el comunicado de la cancillería no contempló los resultados obtenidos en las 16 entradas a la planta UPM, pedido de información que hace tiempo viene solicitando la Asamblea Ambiental, el Honorable Concejo Deliberante de Gualeguaychú e incluso la propia Justicia Federal. Pero también es verdad que ese comunicado explícitamente manifestó el interés de la delegación argentina ante la Caru para lograr la concreción de una reunión con su contraparte uruguaya a fin de acordar la difusión de los resultados obtenidos por el Comité Científico. Y hasta el momento, ha prevalecido el silencio desde el otro lado de la costa.
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Fecha de Publicación: 12/09/2012
Fuente: Diario El Argentino
Provincia/Región: Nacional
Ayer se realizó un nuevo monitoreo a la pastera Botnia (UPM) y se presume que el lunes 17 se analizarán por primera vez en la historias las aguas del río Uruguay, a la altura del caño difusor de la planta.
Cuando las tensiones entre Argentina y Uruguay no han cesado, ayer el Comité Científico que trabaja para la Comisión Administradora del Río Uruguay (Caru) ingresó nuevamente a la planta Orion (UPM, ex Botnia) para realizar un nuevo monitoreo.
El Frente Amplio que lidera el presidente José “Pepe” Mujica se ha caracterizado por ejecutar al pie de la letra los anuncios del capitalismo salvaje y lejos de aportar soluciones a este largo conflicto, agrava la controversia con el anuncio de una tercera pastera.
El propio Mujica anunció la instalación de una tercera planta de celulosa e incluso anticipó que estará ubicada sobre el río Negro, entre Cerro Largo, Tacuarembó y Durazno. Este anuncio puso en alerta a la Cancillería Argentina y especialmente a la delegación argentina ante la Caru, dado que el río Negro es tributario del río Uruguay y por ende debe ser consultado previamente el organismo binacional para no volver a configurar otra violación serial al Estatuto del Río Uruguay.
El ingreso de ayer a la planta de Botnia busca acopiar la mayor cantidad de análisis antes de la parada anual que tiene programada la empresa. Este hecho pone en jaque a la firma finlandesa, que además la semana que viene se verá acorralada cuando el Comité Científico analice por primera vez en la historia de este conflicto las aguas del río Uruguay en inmediaciones del caño de efluentes que tiene Botnia sobe el lecho del recurso compartido. Un aspecto que también desnuda la precariedad con la que han venido trabajando en materia de monitoreo ambiental.
Con respecto al último comunicado de la cancillería, donde se puso de manifiesto que el Uruguay además de no colaborar, constantemente actúa de mala fe, desde el gobierno uruguayo no lo desmintieron y apenas sostuvieron “que se trata de una exageración”.
Desde entonces, la estrategia del gobierno de Mujica es avivar la chispa para que se vuelva a cortar la ruta y así no tener que dar respuestas, tal como se las está pidiendo el gobierno argentino.
Por otro lado, en el ingreso de ayer a la planta se constató que la fábrica prácticamente no estaba produciendo en sus niveles históricos y eso fue fácilmente observable por el poco caudal de sus piletas. Esto tiene relación con el nivel máximo alcanzado por UPM que ya rondaría las 990 mil toneladas y no puede superar el millón anual.
Es cierto que el comunicado de la cancillería no contempló los resultados obtenidos en las 16 entradas a la planta UPM, pedido de información que hace tiempo viene solicitando la Asamblea Ambiental, el Honorable Concejo Deliberante de Gualeguaychú e incluso la propia Justicia Federal. Pero también es verdad que ese comunicado explícitamente manifestó el interés de la delegación argentina ante la Caru para lograr la concreción de una reunión con su contraparte uruguaya a fin de acordar la difusión de los resultados obtenidos por el Comité Científico. Y hasta el momento, ha prevalecido el silencio desde el otro lado de la costa.
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OT de bosques en Entre Ríos cuetionado
Ecologistas cuestionan el proyecto de ordenamiento territorial de bosques
Fecha de Publicación: 11/09/2012
Fuente: Uno Entre Ríos
Provincia/Región: Entre Ríos
La organización M’Biguá hizo una presentación ante la Cámara de Diputados de la provincia, criticando el proyecto de ley de bosque nativo. Aseguran que se desconoce la protección de los humedales y no se prevé un plan de recuperación, entre otras falencias.
La organización socioambiental M’Biguá, Ciudadanía y Justicia Ambiental, presentó ante la Cámara de Diputados de Entre Ríos un documento con 12 puntos, que resumen sus aportes y críticas al proyecto de ley que se está tratando en la legislatura en relación al ordenamiento territorial del bosque nativo.
Desde la ONG manifestaron que “se presentó un documento de análisis crítico al proyecto de ley de ordenamiento territorial del bosque nativo de Entre Ríos, que fue remitido por el Poder Ejecutivo provincial a la Cámara de Diputados. Nuestro objetivo es que los aportes y las críticas sirvan para el tratamiento del texto elevado”.
En su presentación la ONG critica los puntos más resonantes de dicho proyecto de ley, destacando entre otros que “el proyecto no se apropia de la línea conceptual y por lo tanto normativa y aplicable al bosque nativo y la selva ribereña prevista en la Constitución de la provincia de Entre Ríos. No se utilizan los términos: preservación, recuperación, corredores biológicos. En particular, no profundiza sobre políticas claras y focalizadas en cuanto a las obligaciones de inducir a los propietarios, por medio de forestación de nativas, los bordes de ríos y arroyos, en cualquier escala, sino más bien, sólo expone la regeneración natural".
Así también en el escrito presentado puede leerse que "no existe en el proyecto de ley, un plan o programa sistematizado de recuperación del monte nativo, más allá de lo normado en el artículo 15 y los puntos desarrollados al final del documento objeto de discusión”.
Otro de los puntos a indica que “la Constituciónde la provincia de Entre Ríos determina la existencia y valor de la evaluación ambiental estratégica. La iniciativa oficial desconoce y no hace referencia alguna a la evaluación ambiental estratégica del Programa Integral Estratégico para la Conservacióny el Desarrollo y el Desarrollo Sostenible de la Región Delta del Paraná, conocido como PIECAS-DP, en cuanto a la región del Delta y el valor y significación de sus aportes”.
Desde la ONG expresaron también que “la norma en debate expone sobre tres regiones que, según el texto, corresponden a tres situaciones ecológicas diferentes y conceptualiza a una de ellas, definida como Región III, como tradicionalmente agrícola con humedales. Es decir, iguala la región agrícola por excelencia de Entre Ríos a los humedales, liberando, en cuanto a sus usos, el acceso del modelo productivo vigente en dicha región hacia el Delta. Claramente este uso del lenguaje confuso, habilitaría la explotación agrícola fuera de los albardones que contienen selvas ribereñas y poco monte nativo” recalcando que “de esta manera no se salvaguarda la estabilidad ecológica de los humedales, cuestión normada en artículo 85 párrafo séptimo dela Constituciónde la provincia de Entre Ríos.”
Finalmente indicaron que: “El proyecto de ley en debate en Diputados desconoce el debate cívico que se viene dando en el contexto de protección y sustentabilidad de los humedales de la cuenca sur de la Cuenca del Plata. Ignora la mirada focalizada del PIECAS-DP y las conclusiones de su Evaluación Ambiental Estratégica. La iniciativa debería incorporar y/o atender a los lineamientos propuestos por el PIECAS-DP. Asimismo, debe cumplirse con la modalidad participativa prevista en la Ley de Presupuestos Mínimos del Bosque Nativo, en cuanto a la celebración de audiencias públicas, como se ha realizado en muchas de las provincias que ya tienen sancionado su ordenamiento territorial de bosques nativos”.
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Fecha de Publicación: 11/09/2012
Fuente: Uno Entre Ríos
Provincia/Región: Entre Ríos
La organización M’Biguá hizo una presentación ante la Cámara de Diputados de la provincia, criticando el proyecto de ley de bosque nativo. Aseguran que se desconoce la protección de los humedales y no se prevé un plan de recuperación, entre otras falencias.La organización socioambiental M’Biguá, Ciudadanía y Justicia Ambiental, presentó ante la Cámara de Diputados de Entre Ríos un documento con 12 puntos, que resumen sus aportes y críticas al proyecto de ley que se está tratando en la legislatura en relación al ordenamiento territorial del bosque nativo.
Desde la ONG manifestaron que “se presentó un documento de análisis crítico al proyecto de ley de ordenamiento territorial del bosque nativo de Entre Ríos, que fue remitido por el Poder Ejecutivo provincial a la Cámara de Diputados. Nuestro objetivo es que los aportes y las críticas sirvan para el tratamiento del texto elevado”.
En su presentación la ONG critica los puntos más resonantes de dicho proyecto de ley, destacando entre otros que “el proyecto no se apropia de la línea conceptual y por lo tanto normativa y aplicable al bosque nativo y la selva ribereña prevista en la Constitución de la provincia de Entre Ríos. No se utilizan los términos: preservación, recuperación, corredores biológicos. En particular, no profundiza sobre políticas claras y focalizadas en cuanto a las obligaciones de inducir a los propietarios, por medio de forestación de nativas, los bordes de ríos y arroyos, en cualquier escala, sino más bien, sólo expone la regeneración natural".
Así también en el escrito presentado puede leerse que "no existe en el proyecto de ley, un plan o programa sistematizado de recuperación del monte nativo, más allá de lo normado en el artículo 15 y los puntos desarrollados al final del documento objeto de discusión”.
Otro de los puntos a indica que “la Constituciónde la provincia de Entre Ríos determina la existencia y valor de la evaluación ambiental estratégica. La iniciativa oficial desconoce y no hace referencia alguna a la evaluación ambiental estratégica del Programa Integral Estratégico para la Conservacióny el Desarrollo y el Desarrollo Sostenible de la Región Delta del Paraná, conocido como PIECAS-DP, en cuanto a la región del Delta y el valor y significación de sus aportes”.
Desde la ONG expresaron también que “la norma en debate expone sobre tres regiones que, según el texto, corresponden a tres situaciones ecológicas diferentes y conceptualiza a una de ellas, definida como Región III, como tradicionalmente agrícola con humedales. Es decir, iguala la región agrícola por excelencia de Entre Ríos a los humedales, liberando, en cuanto a sus usos, el acceso del modelo productivo vigente en dicha región hacia el Delta. Claramente este uso del lenguaje confuso, habilitaría la explotación agrícola fuera de los albardones que contienen selvas ribereñas y poco monte nativo” recalcando que “de esta manera no se salvaguarda la estabilidad ecológica de los humedales, cuestión normada en artículo 85 párrafo séptimo dela Constituciónde la provincia de Entre Ríos.”
Finalmente indicaron que: “El proyecto de ley en debate en Diputados desconoce el debate cívico que se viene dando en el contexto de protección y sustentabilidad de los humedales de la cuenca sur de la Cuenca del Plata. Ignora la mirada focalizada del PIECAS-DP y las conclusiones de su Evaluación Ambiental Estratégica. La iniciativa debería incorporar y/o atender a los lineamientos propuestos por el PIECAS-DP. Asimismo, debe cumplirse con la modalidad participativa prevista en la Ley de Presupuestos Mínimos del Bosque Nativo, en cuanto a la celebración de audiencias públicas, como se ha realizado en muchas de las provincias que ya tienen sancionado su ordenamiento territorial de bosques nativos”.
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Etiquetas:
bosques nativos,
ecosistemas,
Entre Ríos,
legislación y derecho ambiental
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A dos años de la ley de glaciares
A dos años de la ley de glaciares se difundirán datos sobre el censo
Fecha de Publicación: 11/09/2012
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Nacional
Para algunos legisladores nacionales por Mendoza, los avances del inventario deberían haber estado antes, mientras que para el Ianigla están en "los tiempos que se habían previsto, incluso más rápido".
El 30 de setiembre de 2010, luego de haber sido aprobada por unanimidad tres años antes y posteriormente vetada ese mismo año (2007), en el Congreso se aprobaba por segunda vez la Ley de Protección de Glaciares.
Una de las tareas que se fijaba era la realización urgente de un itinerario de zonas glaciares y periglaciares en la Cordillera de los Andes para determinar en qué áreas de la cordillera podían autorizarse y desarrollarse emprendimientos mineros, de infraestructura y arquitectura y en cuáles no.
En coincidencia con el segundo aniversario de la sanción de la normativa, el director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) -ente que coordina la realización del estudio a nivel nacional-, Ricardo Villalba destacó que a fines de mes se presentarán los primeros resultados, datos y estadísticas del censo nacional en el Consejo Federal del Medio Ambiente (Cofema) al tiempo que resaltó que "se están cumpliendo los tiempos que se habían previsto, incluso más rápido de lo que habíamos pensado".
Para los legisladores nacionales por Mendoza de la oposición, es "preocupante" que este primer informe se difunda recién a dos años de la sanción de la ley y podría haberse hecho mucho más a esta altura.
Historia
Luego de ser vetada por el Gobierno nacional, la ley que establecía la protección de glaciares y periglaciares en 2007, se aprobó en 2010 la norma N° 26.639 de "Régimen de presupuestos mínimos para la preservación de glaciares y del ambiente periglacial", similar a su antecesora y esta vez con un acuerdo entre todos los partidos.
Entre sus artículos, esta legislación establece que es necesario definir cuáles son las áreas glaciares y periglaciares al tiempo que define qué actividades están prohibidas y para eso establece la creación de un inventario nacional de glaciares.
"La ley prohíbe la esparsión y liberación de sustancias contaminantes en glaciares y periglaciares, al tiempo que restringe las construcciones de obras arquitectónicas y de infraestructura así como también la explotación minera e hidrocarburífera, además de la instalación de actividades industriales", destacó Mariana Juri, diputada nacional mendocina por la UCR y una de las legisladoras que manifestó su preocupación por la demora de la implementación de la ley y la presentación de los resultados del censo de glaciares.
Del mismo modo, Juri y su par, Enrique Vaquié, hicieron una presentación exigiendo que se expongan públicamente los avances del Inventario Nacional de Glaciares, en especial lo referido a Mendoza. En este apartado se refirieron al Ianigla, que -de acuerdo a la ley- es el encargado de coordinar el censo de glaciares.
"Es entendible que argumenten que esto se demora, pero ya llevamos dos años desde que se aprobó la ley y no se conoce ningún resultado. Incluso creo que las conclusiones y datos deberían exponerse públicamente justamente para bajar el enojo público y se pueda tener un debate en serio sobre la minería. ¿Cómo vamos a debatir el tema en serio si todavía no sabemos en qué lugares se puede y en cuáles no?", sostuvo la legisladora.
Reclamó que los resultados deberían presentarse en el Congreso, de forma pública (como lo establece la ley) y también en Mendoza, ya que la provincia aportó fondos para financiar el inventario en esta jurisdicción.
Al respecto, Ricardo Villalba destacó que se está cumpliendo con los tiempos previstos y resaltó que a fin de mes se conocerán los primeros resultados del censo.
"Cuando los legisladores me consultaron, yo les estuve contando en qué se ha trabajado y cómo se va avanzando. No todo depende de nosotros, porque somos la institución que está coordinando el inventario. A fin de mes se van a presentar los primeros resultados en el Consejo Federal de Medio Ambiente, del que van a participar los secretarios de Ambiente de todo el país. Ahí vamos a a exponer sobre los avances con el inventario y liberar información y datos precisos. Pero nada se está demorando intencionalmente ni más de lo previsto. Se está trabajando en un buen tiempo", contó Villalba, quien indicó que probablemente el fuerte de las críticas tenga como destinataria a la Secretaría de Ambiente de la Nación, ya que es esa dependencia la que debe hacer las presentaciones.
El Ianigla está coordinando los censos en las provincias de Mendoza, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, pero el inventario se hace a lo largo de toda la cordillera y en otras provincias lo coordinan otros órganos. En San Juan, por ejemplo, la encargada es la Universidad Nacional de San Juan.
Los otros pendientes
Además de mostrarse preocupados por la demora en la realización del inventario, los legisladores radicales por Mendoza también advirtieron que tampoco se cumplieron las cláusulas transitorias fijadas hasta tanto esté listo el censo.
"Justamente, pensando en la demora, en la 26.639 se fijó una cláusula para que a los 60 días de aprobada la ley se presentara al menos el cronograma para la ejecución del inventario y que de inmediato (entiéndase en no más de 180 días) se haya empezado a hacer el censo en las zonas prioritarias, entendiendo por éstas los lugares en los que hayan pedidos de proyectos que estarían prohibidos por la ley, tal como ocurrió en Famatina (La Rioja) con el proyecto minero. En los lugares en los que ya se estuviera trabajando, como ocurre en San Juan que el emprendimiento minero ya está instalado, la cláusula establecía que debía hacerse una auditoría ambiental que reflejara el impacto. Ninguna de esas cosas se cumplieron", acusó Juri.
Mientras, en Famatina, el juez Carlos Díaz falló hace poco más de un mes que no podría comenzar la actividad hasta tanto no esté el inventario, en San Juan el Gobierno de esa provincia interpuso una medida cautelar para poder continuar con la actividad en sus emprendimientos (Veladero y Pascua Lama, donde ya habían empezado) sin que se haga el inventario ni la presentación de impacto ambiental. Pero fue la Justicia la que rechazó la cautelar y no autorizó (al menos en la teoría) a que los emprendimientos sigan avanzando hasta tanto no estén concluidos los informes.
"Insistimos que con información se contribuye a calmar el enojo y la violencia social. No hace falta seguir jugando a las escondidas y menos con estos temas", sentenciaron los legisladores.
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Fecha de Publicación: 11/09/2012
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Nacional
Para algunos legisladores nacionales por Mendoza, los avances del inventario deberían haber estado antes, mientras que para el Ianigla están en "los tiempos que se habían previsto, incluso más rápido". El 30 de setiembre de 2010, luego de haber sido aprobada por unanimidad tres años antes y posteriormente vetada ese mismo año (2007), en el Congreso se aprobaba por segunda vez la Ley de Protección de Glaciares.
Una de las tareas que se fijaba era la realización urgente de un itinerario de zonas glaciares y periglaciares en la Cordillera de los Andes para determinar en qué áreas de la cordillera podían autorizarse y desarrollarse emprendimientos mineros, de infraestructura y arquitectura y en cuáles no.
En coincidencia con el segundo aniversario de la sanción de la normativa, el director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) -ente que coordina la realización del estudio a nivel nacional-, Ricardo Villalba destacó que a fines de mes se presentarán los primeros resultados, datos y estadísticas del censo nacional en el Consejo Federal del Medio Ambiente (Cofema) al tiempo que resaltó que "se están cumpliendo los tiempos que se habían previsto, incluso más rápido de lo que habíamos pensado".
Para los legisladores nacionales por Mendoza de la oposición, es "preocupante" que este primer informe se difunda recién a dos años de la sanción de la ley y podría haberse hecho mucho más a esta altura.
Historia
Luego de ser vetada por el Gobierno nacional, la ley que establecía la protección de glaciares y periglaciares en 2007, se aprobó en 2010 la norma N° 26.639 de "Régimen de presupuestos mínimos para la preservación de glaciares y del ambiente periglacial", similar a su antecesora y esta vez con un acuerdo entre todos los partidos.
Entre sus artículos, esta legislación establece que es necesario definir cuáles son las áreas glaciares y periglaciares al tiempo que define qué actividades están prohibidas y para eso establece la creación de un inventario nacional de glaciares.
"La ley prohíbe la esparsión y liberación de sustancias contaminantes en glaciares y periglaciares, al tiempo que restringe las construcciones de obras arquitectónicas y de infraestructura así como también la explotación minera e hidrocarburífera, además de la instalación de actividades industriales", destacó Mariana Juri, diputada nacional mendocina por la UCR y una de las legisladoras que manifestó su preocupación por la demora de la implementación de la ley y la presentación de los resultados del censo de glaciares.
Del mismo modo, Juri y su par, Enrique Vaquié, hicieron una presentación exigiendo que se expongan públicamente los avances del Inventario Nacional de Glaciares, en especial lo referido a Mendoza. En este apartado se refirieron al Ianigla, que -de acuerdo a la ley- es el encargado de coordinar el censo de glaciares.
"Es entendible que argumenten que esto se demora, pero ya llevamos dos años desde que se aprobó la ley y no se conoce ningún resultado. Incluso creo que las conclusiones y datos deberían exponerse públicamente justamente para bajar el enojo público y se pueda tener un debate en serio sobre la minería. ¿Cómo vamos a debatir el tema en serio si todavía no sabemos en qué lugares se puede y en cuáles no?", sostuvo la legisladora.
Reclamó que los resultados deberían presentarse en el Congreso, de forma pública (como lo establece la ley) y también en Mendoza, ya que la provincia aportó fondos para financiar el inventario en esta jurisdicción.
Al respecto, Ricardo Villalba destacó que se está cumpliendo con los tiempos previstos y resaltó que a fin de mes se conocerán los primeros resultados del censo.
"Cuando los legisladores me consultaron, yo les estuve contando en qué se ha trabajado y cómo se va avanzando. No todo depende de nosotros, porque somos la institución que está coordinando el inventario. A fin de mes se van a presentar los primeros resultados en el Consejo Federal de Medio Ambiente, del que van a participar los secretarios de Ambiente de todo el país. Ahí vamos a a exponer sobre los avances con el inventario y liberar información y datos precisos. Pero nada se está demorando intencionalmente ni más de lo previsto. Se está trabajando en un buen tiempo", contó Villalba, quien indicó que probablemente el fuerte de las críticas tenga como destinataria a la Secretaría de Ambiente de la Nación, ya que es esa dependencia la que debe hacer las presentaciones.
El Ianigla está coordinando los censos en las provincias de Mendoza, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, pero el inventario se hace a lo largo de toda la cordillera y en otras provincias lo coordinan otros órganos. En San Juan, por ejemplo, la encargada es la Universidad Nacional de San Juan.
Los otros pendientes
Además de mostrarse preocupados por la demora en la realización del inventario, los legisladores radicales por Mendoza también advirtieron que tampoco se cumplieron las cláusulas transitorias fijadas hasta tanto esté listo el censo.
"Justamente, pensando en la demora, en la 26.639 se fijó una cláusula para que a los 60 días de aprobada la ley se presentara al menos el cronograma para la ejecución del inventario y que de inmediato (entiéndase en no más de 180 días) se haya empezado a hacer el censo en las zonas prioritarias, entendiendo por éstas los lugares en los que hayan pedidos de proyectos que estarían prohibidos por la ley, tal como ocurrió en Famatina (La Rioja) con el proyecto minero. En los lugares en los que ya se estuviera trabajando, como ocurre en San Juan que el emprendimiento minero ya está instalado, la cláusula establecía que debía hacerse una auditoría ambiental que reflejara el impacto. Ninguna de esas cosas se cumplieron", acusó Juri.
Mientras, en Famatina, el juez Carlos Díaz falló hace poco más de un mes que no podría comenzar la actividad hasta tanto no esté el inventario, en San Juan el Gobierno de esa provincia interpuso una medida cautelar para poder continuar con la actividad en sus emprendimientos (Veladero y Pascua Lama, donde ya habían empezado) sin que se haga el inventario ni la presentación de impacto ambiental. Pero fue la Justicia la que rechazó la cautelar y no autorizó (al menos en la teoría) a que los emprendimientos sigan avanzando hasta tanto no estén concluidos los informes.
"Insistimos que con información se contribuye a calmar el enojo y la violencia social. No hace falta seguir jugando a las escondidas y menos con estos temas", sentenciaron los legisladores.
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Se necesita una reglamentación de la LGA
Necesitamos de una reglamentación de la ley general de ambiente
Fecha de Publicación: 11/09/2012
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional
Riachuelo" es el caso arquetípico de la contaminación en la Argentina. Por la intensidad de la contaminación, la cantidad de población afectada y la historia del problema. Ya en 1871 tuvo que ver con la epidemia de fiebre amarilla y hubo un fallo de la Corte por eso el 15 de mayo de 1887. También todos recordamos los "1000 días" de la ingeniera María Julia Alsogaray para limpiarlo.
La existencia de miles de establecimientos cuyos efluentes son parte del problema, las fuentes de trabajo afectadas, los problemas de vivienda por asentamientos en espacios que es necesario sanear, los problemas de gestión por la construcción de redes cloacales para centenares de miles de hogares, los basurales a cielo abierto, plantean un problema multifacético, con múltiples actores institucionales y sociales en una trama de muy complejo abordaje y resolución.
En julio 2004, vecinos de Isla Maciel y La Boca, presentan una demanda directamente ante la Corte, contra el Estado Nacional, la provincia y la Ciudad de Buenos Aires y 44 empresas, reclamando por el daño ambiental colectivo, una categoría especial que surge de la Ley General del Ambiente, Nº 25675. No fue la primera en su tipo: un año antes la Asociación de Grandes Superficiarios de la Patagonia, una ONG defensora del ambiente, había demandado a Repsol-YPF y otras petroleras, por contaminación en las cuencas de los ríos Negro y Neuquén, también directamente ante la Corte, invocando su competencia originaria.
En los dos casos, los demandados opusieron la excepción de "defecto legal", es decir que no sabían de qué tenían que defenderse. La Corte no resolvió igual: en ASUPA, el juicio "se estancó". En Matanza Riachuelo avanzó. En 2006, por este caso, el Congreso creó por Ley la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), estableciendo que quien fuese secretario de Ambiente de la Nación sería su presidente.
Invocando las amplísimas facultades que le da al juez ambiental la Ley 25.675, la Corte fragmentó la sentencia en "Riachuelo". Falló en julio de 2008 sobre las medidas necesarias para hacer cesar la contaminación y difirió para más adelante la sentencia concerniente a la reparación por el daño ambiental causado. En esa decisión, la Corte ordenó a la ACUMAR el cumplimiento de su fallo, y designó como juez de Ejecución al Juzgado Federal de Quilmes, a cargo del Dr. Armella. La actividad del juzgado fue intensísima, incluyendo decisiones de carácter ejecutivo. Desde el comienzo de su gestión en agosto 2008, dictó más de 100 resoluciones dentro de las amplias facultades de las que fue investido. Nunca antes habíamos visto en decisiones judiciales tal grado de detalle y precisión, sobre temas extrajurídicos, de ingeniería y otros. Además, poniendo plazos cada vez mas exiguos.
Ahora, sale a la luz esta denuncia, y cabe hacer notar que la oportunidad para que estas cosas ocurran la brinda la extensión de las facultades con las que fue investido el juez. Quienes en otros casos son celosos guardianes de la división de poderes, en este, en el que los hechos sobrevienen porque un juez está investido de poderes que avanzan sobre el Ejecutivo, no dicen nada.
Todo queda en entredicho y cabe preguntarse si no necesitamos de una reglamentación de la Ley General de Ambiente que ponga algún limite a la interpretación de esas "amplias facultades ordenatorias e instructorias" de la ley. Por otra parte, en la contaminación que generó Repsol YPF, el caso ASUPA, aún no hay ninguna sentencia a pesar de que el caso se inició antes que "Riachuelo".
Fecha de Publicación: 11/09/2012
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional
Riachuelo" es el caso arquetípico de la contaminación en la Argentina. Por la intensidad de la contaminación, la cantidad de población afectada y la historia del problema. Ya en 1871 tuvo que ver con la epidemia de fiebre amarilla y hubo un fallo de la Corte por eso el 15 de mayo de 1887. También todos recordamos los "1000 días" de la ingeniera María Julia Alsogaray para limpiarlo.
La existencia de miles de establecimientos cuyos efluentes son parte del problema, las fuentes de trabajo afectadas, los problemas de vivienda por asentamientos en espacios que es necesario sanear, los problemas de gestión por la construcción de redes cloacales para centenares de miles de hogares, los basurales a cielo abierto, plantean un problema multifacético, con múltiples actores institucionales y sociales en una trama de muy complejo abordaje y resolución.
En julio 2004, vecinos de Isla Maciel y La Boca, presentan una demanda directamente ante la Corte, contra el Estado Nacional, la provincia y la Ciudad de Buenos Aires y 44 empresas, reclamando por el daño ambiental colectivo, una categoría especial que surge de la Ley General del Ambiente, Nº 25675. No fue la primera en su tipo: un año antes la Asociación de Grandes Superficiarios de la Patagonia, una ONG defensora del ambiente, había demandado a Repsol-YPF y otras petroleras, por contaminación en las cuencas de los ríos Negro y Neuquén, también directamente ante la Corte, invocando su competencia originaria.
En los dos casos, los demandados opusieron la excepción de "defecto legal", es decir que no sabían de qué tenían que defenderse. La Corte no resolvió igual: en ASUPA, el juicio "se estancó". En Matanza Riachuelo avanzó. En 2006, por este caso, el Congreso creó por Ley la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), estableciendo que quien fuese secretario de Ambiente de la Nación sería su presidente.
Invocando las amplísimas facultades que le da al juez ambiental la Ley 25.675, la Corte fragmentó la sentencia en "Riachuelo". Falló en julio de 2008 sobre las medidas necesarias para hacer cesar la contaminación y difirió para más adelante la sentencia concerniente a la reparación por el daño ambiental causado. En esa decisión, la Corte ordenó a la ACUMAR el cumplimiento de su fallo, y designó como juez de Ejecución al Juzgado Federal de Quilmes, a cargo del Dr. Armella. La actividad del juzgado fue intensísima, incluyendo decisiones de carácter ejecutivo. Desde el comienzo de su gestión en agosto 2008, dictó más de 100 resoluciones dentro de las amplias facultades de las que fue investido. Nunca antes habíamos visto en decisiones judiciales tal grado de detalle y precisión, sobre temas extrajurídicos, de ingeniería y otros. Además, poniendo plazos cada vez mas exiguos.
Ahora, sale a la luz esta denuncia, y cabe hacer notar que la oportunidad para que estas cosas ocurran la brinda la extensión de las facultades con las que fue investido el juez. Quienes en otros casos son celosos guardianes de la división de poderes, en este, en el que los hechos sobrevienen porque un juez está investido de poderes que avanzan sobre el Ejecutivo, no dicen nada.
Todo queda en entredicho y cabe preguntarse si no necesitamos de una reglamentación de la Ley General de Ambiente que ponga algún limite a la interpretación de esas "amplias facultades ordenatorias e instructorias" de la ley. Por otra parte, en la contaminación que generó Repsol YPF, el caso ASUPA, aún no hay ninguna sentencia a pesar de que el caso se inició antes que "Riachuelo".
Por David Lud
Ingeniero químico y
presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Asociación
de Abogados de Buenos Aires
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Sali-Dulce: inician controles a citrícolas
Santiago comenzó con los controles a las industrias citrícolas
Fecha de Publicación: 10/09/2012
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
Autoridades del Comité de Cuenca Salí-Dulce ampliaron los controles que se venían realizando a los ingenios, a las industrias citrícolas. El objetivo es comprobar si se realiza el tratamiento de los efluentes, como parte del plan para el saneamiento de ríos y arroyos de la cuenca y del embalse Río Hondo.
De esta forma se cumplió con un planteo de Santiago del Estero y con el mandato del jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manuel Abal Medina; y del secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan José Mussi, quienes en la última reunión del Comité de Cuenca Salí-Dulce habían pedido que se controle a las otras industrias tucumanas.
El director de Medio Ambiente provincial, Juan Carlos Targa, formó parte de los equipos técnicos y en diálogo con EL LIBERAL, señaló que las citrícolas también generan efluentes como los ingenios y que “algunas están haciendo tratamiento y otras no”. “Prácticamente todas han comenzado algún tipo de tratamiento y a estas industrias también se las están siguiendo”, manifestó.
Indicó que otras industrias también generan desechos industriales y que deben ser monitoreadas por las autoridades ambientales. En ese sentido, Targa fue tajante al afirmar: “Están todos conscientes de que vamos a ir por más (controles), hasta que se logre descontaminar la cuenca totalmente”.
“Así como se está haciendo con los ingenios, visitamos una de las citrícolas trabajando. Comenzando a hacer control sobre los tratamientos, aunque se ha hecho hincapié en la vinaza y ceniza (desechos de los ingenios), vamos a seguir por los otros efluentes porque no se puede hacer el saneamiento de la cuenca con el control solamente a dos tipos de desechos, hay que controlar todo”, señaló Targa.
“Las citrícolas puntualizó- saben que vamos por más y las autoridades de Tucumán están tratando de que todas cumplan con los regímenes de vuelcos o vertidos y que estén todas dentro de la ley”.
El director de Medio Ambiente advirtió que los efluentes de una citrícola, sobre todo las que producen jugos concentrados o demás, generan un efluente muy parecido, no igual, a la vinaza (desecho de la producción de alcohol con la melaza de caña) ya que también tiene mucha materia orgánica. “Pero es muy ácido, tiene otras características que lo hace difícil de tratar por un lado, y por otro, difícil de eliminar en el medio ambiente. Eso hace que sea un contaminante bien difícil de tratar”, explicó.
Targa mencionó que otras industrias que generan contaminación en Tucumán son los mataderos, pero también puso énfasis en los riesgos que provocan los desechos cloacales que se arrojan sin tratamiento. A ello, sumó el agua del lavado del ingenio, conocida como agua industrial, que también contiene contaminantes. “Siempre estamos hablando de contaminantes orgánicos, el problema más grave es que cuando llegan al agua, se descomponen y cuando van al embalse, desarrollan algas y demás. No es que hayamos encontrado tóxicos”.
Puntualmente, indicó que los líquidos cloacales además de que tienen mucha carga orgánica y por lo tanto, mucha demanda biológica de oxígeno (DBO), “tienen el peligro de las bacterias que puedan contener”.
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Fecha de Publicación: 10/09/2012
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
Autoridades del Comité de Cuenca Salí-Dulce ampliaron los controles que se venían realizando a los ingenios, a las industrias citrícolas. El objetivo es comprobar si se realiza el tratamiento de los efluentes, como parte del plan para el saneamiento de ríos y arroyos de la cuenca y del embalse Río Hondo.De esta forma se cumplió con un planteo de Santiago del Estero y con el mandato del jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manuel Abal Medina; y del secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan José Mussi, quienes en la última reunión del Comité de Cuenca Salí-Dulce habían pedido que se controle a las otras industrias tucumanas.
El director de Medio Ambiente provincial, Juan Carlos Targa, formó parte de los equipos técnicos y en diálogo con EL LIBERAL, señaló que las citrícolas también generan efluentes como los ingenios y que “algunas están haciendo tratamiento y otras no”. “Prácticamente todas han comenzado algún tipo de tratamiento y a estas industrias también se las están siguiendo”, manifestó.
Indicó que otras industrias también generan desechos industriales y que deben ser monitoreadas por las autoridades ambientales. En ese sentido, Targa fue tajante al afirmar: “Están todos conscientes de que vamos a ir por más (controles), hasta que se logre descontaminar la cuenca totalmente”.
“Así como se está haciendo con los ingenios, visitamos una de las citrícolas trabajando. Comenzando a hacer control sobre los tratamientos, aunque se ha hecho hincapié en la vinaza y ceniza (desechos de los ingenios), vamos a seguir por los otros efluentes porque no se puede hacer el saneamiento de la cuenca con el control solamente a dos tipos de desechos, hay que controlar todo”, señaló Targa.
“Las citrícolas puntualizó- saben que vamos por más y las autoridades de Tucumán están tratando de que todas cumplan con los regímenes de vuelcos o vertidos y que estén todas dentro de la ley”.
El director de Medio Ambiente advirtió que los efluentes de una citrícola, sobre todo las que producen jugos concentrados o demás, generan un efluente muy parecido, no igual, a la vinaza (desecho de la producción de alcohol con la melaza de caña) ya que también tiene mucha materia orgánica. “Pero es muy ácido, tiene otras características que lo hace difícil de tratar por un lado, y por otro, difícil de eliminar en el medio ambiente. Eso hace que sea un contaminante bien difícil de tratar”, explicó.
Targa mencionó que otras industrias que generan contaminación en Tucumán son los mataderos, pero también puso énfasis en los riesgos que provocan los desechos cloacales que se arrojan sin tratamiento. A ello, sumó el agua del lavado del ingenio, conocida como agua industrial, que también contiene contaminantes. “Siempre estamos hablando de contaminantes orgánicos, el problema más grave es que cuando llegan al agua, se descomponen y cuando van al embalse, desarrollan algas y demás. No es que hayamos encontrado tóxicos”.
Puntualmente, indicó que los líquidos cloacales además de que tienen mucha carga orgánica y por lo tanto, mucha demanda biológica de oxígeno (DBO), “tienen el peligro de las bacterias que puedan contener”.
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El fraude de la generación de energía con residuos
Residuos y energía: el fraude en la promesa del dos por uno
Fecha de Publicación: 10/09/2012
Fuente: Clarín - Por Juan Carlos Villalonga (Los Verdes)
Provincia/Región: Riachuelo
La empresa estatal ENARSA, actor clave en la Cuenca Matanza-Riachuelo, invoca conceptos falsos e implementa programas inviables.
Desde hace poco tiempo, la empresa estatal ENARSA se ha convertido en un actor clave para promover la inversión en tecnologías de termo-valorización de residuos, especialmente en la Cuenca Matanza-Riachuelo. El dos por uno de ENARSA, generación de energía “renovable” y gestión de residuos, es ofrecido invocando conceptos falsos, vendiendo tecnologías mágicas y brindando soluciones que no son tales.
Los residuos no son una fuente de energía renovable. Que la sociedad de consumo aumente la cantidad de residuos que genera, no los convierte en renovables, ya que los recursos que componen la basura no lo son. La misma Ley 26.190 que ENARSA invoca los excluye como tal.
ENARSA habla de tecnologías que trabajen con el “rechazo” de los residuos, hecho de por sí imposible en la mayor parte de Argentina. La existencia de “rechazo” de residuos es nula ya que no existe un plan de separación en origen de la basura, disposición y recolección diferenciada y reciclado o compostaje que genere una fracción de residuos que no puedan ser recuperados. Por el contrario, una planta de este tipo compite directamente con cualquier plan de reciclado que quiera llevarse adelante, porque los recursos que ambos necesitan son los mismos.
Las tecnologías que promueve ENARSA no son una alternativa real a un relleno sanitario, ya que este tipo de plantas sólo recuperan un porcentaje bajo de los residuos. El resto queda inutilizado y debe ser enterrado o incinerado, ya que los procesos termoquímicos necesitan una clasificación exhaustiva de los distintos materiales que componen los residuos y tampoco en estos casos de máxima está garantizada su viabilidad.
En el año 2011, ENARSA firmó un acuerdo con la empresa norteamericana Innviron por la compra de energía generada de los residuos de la ciudad de Villa María, en Córdoba. ENARSA avanzó con el convenio a pesar de que semanas antes las autoridades de la ciudad de Córdoba dieran de baja la preadjudicación de esa misma empresa para el tratamiento de la basura de la Ciudad de Córdoba. Es que las autoridades de la capital provincial comprobaron, mediante un viaje a los Estados Unidos, que la firma no contaba con una planta de tecnología similar a la propuesta en Córdoba para tratar los residuos a la escala demandada.
ENARSA financia proyectos que no solucionan ni la gestión de los residuos, ni la generación de energía limpia, ni abundante. La promoción para la generación de energía renovable, el programa GENREN, debería destinarse a proyectos basados en fuentes renovables y limpias de verdad, como la eólica y la solar.
En tanto, la gestión de la basura debe obedecer a políticas de minimización, reciclado y compostaje como lo dicta la legislación vigente. El dos por uno de la valorización energética es un fiasco ya probado.
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Fecha de Publicación: 10/09/2012
Fuente: Clarín - Por Juan Carlos Villalonga (Los Verdes)
Provincia/Región: Riachuelo
La empresa estatal ENARSA, actor clave en la Cuenca Matanza-Riachuelo, invoca conceptos falsos e implementa programas inviables.
Desde hace poco tiempo, la empresa estatal ENARSA se ha convertido en un actor clave para promover la inversión en tecnologías de termo-valorización de residuos, especialmente en la Cuenca Matanza-Riachuelo. El dos por uno de ENARSA, generación de energía “renovable” y gestión de residuos, es ofrecido invocando conceptos falsos, vendiendo tecnologías mágicas y brindando soluciones que no son tales.
Los residuos no son una fuente de energía renovable. Que la sociedad de consumo aumente la cantidad de residuos que genera, no los convierte en renovables, ya que los recursos que componen la basura no lo son. La misma Ley 26.190 que ENARSA invoca los excluye como tal.
ENARSA habla de tecnologías que trabajen con el “rechazo” de los residuos, hecho de por sí imposible en la mayor parte de Argentina. La existencia de “rechazo” de residuos es nula ya que no existe un plan de separación en origen de la basura, disposición y recolección diferenciada y reciclado o compostaje que genere una fracción de residuos que no puedan ser recuperados. Por el contrario, una planta de este tipo compite directamente con cualquier plan de reciclado que quiera llevarse adelante, porque los recursos que ambos necesitan son los mismos.
Las tecnologías que promueve ENARSA no son una alternativa real a un relleno sanitario, ya que este tipo de plantas sólo recuperan un porcentaje bajo de los residuos. El resto queda inutilizado y debe ser enterrado o incinerado, ya que los procesos termoquímicos necesitan una clasificación exhaustiva de los distintos materiales que componen los residuos y tampoco en estos casos de máxima está garantizada su viabilidad.
En el año 2011, ENARSA firmó un acuerdo con la empresa norteamericana Innviron por la compra de energía generada de los residuos de la ciudad de Villa María, en Córdoba. ENARSA avanzó con el convenio a pesar de que semanas antes las autoridades de la ciudad de Córdoba dieran de baja la preadjudicación de esa misma empresa para el tratamiento de la basura de la Ciudad de Córdoba. Es que las autoridades de la capital provincial comprobaron, mediante un viaje a los Estados Unidos, que la firma no contaba con una planta de tecnología similar a la propuesta en Córdoba para tratar los residuos a la escala demandada.
ENARSA financia proyectos que no solucionan ni la gestión de los residuos, ni la generación de energía limpia, ni abundante. La promoción para la generación de energía renovable, el programa GENREN, debería destinarse a proyectos basados en fuentes renovables y limpias de verdad, como la eólica y la solar.
En tanto, la gestión de la basura debe obedecer a políticas de minimización, reciclado y compostaje como lo dicta la legislación vigente. El dos por uno de la valorización energética es un fiasco ya probado.
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Sali-Dulce: Tucumán no asume su responsabilidad
Tucumán no asume su responsabilidad por contaminar las aguas
Fecha de Publicación: 09/09/2012
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán
La insensatez humana parece no tener límites cuando de preservar el medio ambiente se trata, aún sabiendo que afecta a su propio entorno, compuesto por familiares directos, comprovincianos y vecinos.
Un grupo de empresarios, poderosos e influyentes, desde hace décadas, acostumbraron a utilizar las aguas de la cuenca Salí-Dulce como un desagüe natural de sustancias que contaminan. La mayoría de ellos está relacionada con la industrialización de la caña de azúcar, seguramente la principal actividad agroindustrial que da trabajo a innumerable cantidad de gente.
Una industria que creció bajo la protección permanente del Estado nacional, apoyada por todos los gobiernos desde el de Juan Carlos Onganía, que impulsó una millonaria política de susbsidios, allá por la década del 60.
Si bien, al inicio de las actividades se podría haber aducido el desconocimiento de que la actividad de la zafra azucarera traería aparejado un tremendo impacto para el medio ambiente tucumano-santiagueño, con el transcurso de los años las evidencias eran más que perceptibles.
El avance de las tecnologías y el abaratamiento de los costos de su implementación, evidencian palmariamente la esencia de argumentos de peso para no asumir con responsabilidad los deberes ineludibles de cualquier emprendimento industrial.
Un detallado y cimentado andamiaje legal que baja desde la Constitución Nacional y sus tratados internacionales, hasta las leyes provinciales y ordenanzas municipales, construyeron un obstáculo infranqueable para que los jueces y las autoridades se comprometan y hagan cumplir las normas que previenen la contaminación o que la sancionan severamente en caso de que ocurra.
Sin embargo, a medida que la contaminación se hacía más evidente, los distintos gobiernos de Tucumán, prefirieron convertirse en apañadores de la contaminación de la industria de la caña de azúcar, que en defensores de los intereses de los tucumanos y santiagueños que sufren las consecuencias.
La gran excusa siempre fue la protección de una actividad que daba trabajo a miles y que en determinados momentos era la única que permitía subsistir a la provincia, como si debiera elegirse maquiavélicamente entre una u otra cosa.
En el medio, lo de siempre, empresarios “generosos” de apoyar campañas electorales de gobernantes, que luego estarían condicionados a actuar; jueces cada vez más dependientes del gobierno de turno y sociedades no muy comprometidas con el cuidado del medio ambiente.
Los resultados están a la vista y deberían avergonzarnos a todos, claro que en mayor medida a quienes el peso de la responsabilidad directa los involucra irremediablemente en graves delitos cometidos a lo largo de los años, por acción u omisión.
La cuenca Salí-Dulce se encuentra contaminada y el lago del embalse de Las Termas de Río Hondo, que comparte Santiago del Estero con Tucumán, va perdiendo su capacidad de acumulación de agua debido a la gran sedimentación que escurre por las aguas de los ríos que lo abastecen.
La máxima contaminación coincide, como una ironía de la vida, cuando Santiago del Estero impulsa, con extraordinario énfasis, el desarrollo turístico de Las Termas de Río Hondo y sus aguas termales de características únicas en el mundo.
El gobierno provincial ha puesto todos los esfuerzos y volcado innumerable cantidad de fondos en la realización de grandes obras públicas, tanto a nivel infraestructura básica como red cloacal, aeropuerto internacional, como recreativas en el caso de la costanera, el autódromo o los parques. Son de público conocimiento y no es necesario enumerarlas a todas.
La actividad privada también aporta lo suyo construyendo nuevos hoteles o remodelando los ya instalados, al igual que el comercio y los servicios.
En definitiva se ha hecho todo lo posible para que Las Termas de Río Hondo se convierta a futuro en un gran centro turístico nacional, con proyecciones internacionales.
Sólo empaña el brillo de tanto esfuerzo, la noticia reiterada de la contaminación de la cuenca Salí-Dulce, que ante cada nuevo episodio se multiplica restándole imagen.
En estos días, nuevamente empresarios inescrupulosos de la industria azucarera tucumana arrojaron vinaza y cenizas que contaminan las aguas de la cuenca Salí-Dulce, con una impunidad que habla a las claras de que el gobierno de Tucumán no está haciendo la cosas como corresponde, aún habiéndose comprometido a controlar celosamente lo que le compete.
Es cierto que a instancias del gobierno de Santiago del Estero, el apoyo del gobierno de la Nación y la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se han realizado importantes avances que permiten abonar la esperanza de controlar el problema en un palzo razonable.
Sin embargo, sigue ausente un férreo compromiso del gobierno tucumano para realizar la acción preventiva ineludible. Por el contrario se lo ve avanzando a regañadientes, como obligado por las circunstancias, disimulando sus intereses contrarios a la preservación del medio ambiente.
No ha tomado este tema como de afectación común, en lo que parece ser un constante menosprecio por su propia población y mucho más aún por la de Santiago del Estero. Las denuncias sólo se impulsan con firmeza desde Santiago del Estero, cuando ocurren en territorio tucumano, donde debería ser mucho más inmediato y efectivo el control.
La actitud del gobierno tucumano levanta la sospecha de que se aplica la política de que “ya pasará” la presión santiagueña y las cosas volverán a la normalidad de la contaminación como hecho irreversible.
De ahí que deberá ser la tenacidad y el control permanente, las herramientas que con inteligencia deberá sostener Santiago del Estero, para obligar a quienes tienen la responsabilidad empresarial y gubernamental respeten de una vez por todas el derecho a vivir libres de contaminación a dos provincias bellas en el más amplio de los conceptos.
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Fecha de Publicación: 09/09/2012
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán
La insensatez humana parece no tener límites cuando de preservar el medio ambiente se trata, aún sabiendo que afecta a su propio entorno, compuesto por familiares directos, comprovincianos y vecinos.Un grupo de empresarios, poderosos e influyentes, desde hace décadas, acostumbraron a utilizar las aguas de la cuenca Salí-Dulce como un desagüe natural de sustancias que contaminan. La mayoría de ellos está relacionada con la industrialización de la caña de azúcar, seguramente la principal actividad agroindustrial que da trabajo a innumerable cantidad de gente.
Una industria que creció bajo la protección permanente del Estado nacional, apoyada por todos los gobiernos desde el de Juan Carlos Onganía, que impulsó una millonaria política de susbsidios, allá por la década del 60.
Si bien, al inicio de las actividades se podría haber aducido el desconocimiento de que la actividad de la zafra azucarera traería aparejado un tremendo impacto para el medio ambiente tucumano-santiagueño, con el transcurso de los años las evidencias eran más que perceptibles.
El avance de las tecnologías y el abaratamiento de los costos de su implementación, evidencian palmariamente la esencia de argumentos de peso para no asumir con responsabilidad los deberes ineludibles de cualquier emprendimento industrial.
Un detallado y cimentado andamiaje legal que baja desde la Constitución Nacional y sus tratados internacionales, hasta las leyes provinciales y ordenanzas municipales, construyeron un obstáculo infranqueable para que los jueces y las autoridades se comprometan y hagan cumplir las normas que previenen la contaminación o que la sancionan severamente en caso de que ocurra.
Sin embargo, a medida que la contaminación se hacía más evidente, los distintos gobiernos de Tucumán, prefirieron convertirse en apañadores de la contaminación de la industria de la caña de azúcar, que en defensores de los intereses de los tucumanos y santiagueños que sufren las consecuencias.
La gran excusa siempre fue la protección de una actividad que daba trabajo a miles y que en determinados momentos era la única que permitía subsistir a la provincia, como si debiera elegirse maquiavélicamente entre una u otra cosa.
En el medio, lo de siempre, empresarios “generosos” de apoyar campañas electorales de gobernantes, que luego estarían condicionados a actuar; jueces cada vez más dependientes del gobierno de turno y sociedades no muy comprometidas con el cuidado del medio ambiente.
Los resultados están a la vista y deberían avergonzarnos a todos, claro que en mayor medida a quienes el peso de la responsabilidad directa los involucra irremediablemente en graves delitos cometidos a lo largo de los años, por acción u omisión.
La cuenca Salí-Dulce se encuentra contaminada y el lago del embalse de Las Termas de Río Hondo, que comparte Santiago del Estero con Tucumán, va perdiendo su capacidad de acumulación de agua debido a la gran sedimentación que escurre por las aguas de los ríos que lo abastecen.
La máxima contaminación coincide, como una ironía de la vida, cuando Santiago del Estero impulsa, con extraordinario énfasis, el desarrollo turístico de Las Termas de Río Hondo y sus aguas termales de características únicas en el mundo.
El gobierno provincial ha puesto todos los esfuerzos y volcado innumerable cantidad de fondos en la realización de grandes obras públicas, tanto a nivel infraestructura básica como red cloacal, aeropuerto internacional, como recreativas en el caso de la costanera, el autódromo o los parques. Son de público conocimiento y no es necesario enumerarlas a todas.
La actividad privada también aporta lo suyo construyendo nuevos hoteles o remodelando los ya instalados, al igual que el comercio y los servicios.
En definitiva se ha hecho todo lo posible para que Las Termas de Río Hondo se convierta a futuro en un gran centro turístico nacional, con proyecciones internacionales.
Sólo empaña el brillo de tanto esfuerzo, la noticia reiterada de la contaminación de la cuenca Salí-Dulce, que ante cada nuevo episodio se multiplica restándole imagen.
En estos días, nuevamente empresarios inescrupulosos de la industria azucarera tucumana arrojaron vinaza y cenizas que contaminan las aguas de la cuenca Salí-Dulce, con una impunidad que habla a las claras de que el gobierno de Tucumán no está haciendo la cosas como corresponde, aún habiéndose comprometido a controlar celosamente lo que le compete.
Es cierto que a instancias del gobierno de Santiago del Estero, el apoyo del gobierno de la Nación y la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se han realizado importantes avances que permiten abonar la esperanza de controlar el problema en un palzo razonable.
Sin embargo, sigue ausente un férreo compromiso del gobierno tucumano para realizar la acción preventiva ineludible. Por el contrario se lo ve avanzando a regañadientes, como obligado por las circunstancias, disimulando sus intereses contrarios a la preservación del medio ambiente.
No ha tomado este tema como de afectación común, en lo que parece ser un constante menosprecio por su propia población y mucho más aún por la de Santiago del Estero. Las denuncias sólo se impulsan con firmeza desde Santiago del Estero, cuando ocurren en territorio tucumano, donde debería ser mucho más inmediato y efectivo el control.
La actitud del gobierno tucumano levanta la sospecha de que se aplica la política de que “ya pasará” la presión santiagueña y las cosas volverán a la normalidad de la contaminación como hecho irreversible.
De ahí que deberá ser la tenacidad y el control permanente, las herramientas que con inteligencia deberá sostener Santiago del Estero, para obligar a quienes tienen la responsabilidad empresarial y gubernamental respeten de una vez por todas el derecho a vivir libres de contaminación a dos provincias bellas en el más amplio de los conceptos.
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Ahora Río Negro busca proteger al puma
El gobierno de Río Negro busca alternativas para proteger al puma
Fecha de Publicación: 08/09/2012
Fuente: InfoAmbiente
Provincia/Región: Río Negro
Mediante una labor conjunta entre la Secretaría de Medio Ambiente y la Dirección de Fauna Silvestre del Ministerio de Producción, el Gobierno de Río Negro analiza alternativas para proteger la especie autóctona. A tal fin, se avanzará en la observación de la actual legislación junto a investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y autoridades del área de Fauna de la vecina provincia de Chubut.
La Secretaria de Medio Ambiente de Río Negro, Laura Del Valle Juárez, se reunirá el próximo 23 de octubre en Viedma con autoridades de la Dirección de Fauna de la provincia de Chubut, e investigadores del CONICET para analizar la actual legislación rionegrina y avanzar sobre alternativas que permitan la protección de esta especie autóctona.
“Estamos en búsqueda de alternativas para proteger la especie, que es autóctona de la Argentina, e intentaremos buscar alternativas a la actual legislación que tenemos en la provincia”, destacó al respecto la secretaria.
Mencionó que “al Gobernador Alberto Weretilneck le llegaron peticiones de la Fundación Vida Silvestre con casi dos mil firmas solicitando la derogación de la Ley” y en tal sentido destacó que “no podemos hablar todavía de la derogación de la ley porque primero tenemos que conocer las alternativas”.
Durante el encuentro, se analizará el Plan de Manejo del Puma que desarrolla la entidad investigadora en Chubut con resultados positivos.
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Fecha de Publicación: 08/09/2012
Fuente: InfoAmbiente
Provincia/Región: Río Negro
Mediante una labor conjunta entre la Secretaría de Medio Ambiente y la Dirección de Fauna Silvestre del Ministerio de Producción, el Gobierno de Río Negro analiza alternativas para proteger la especie autóctona. A tal fin, se avanzará en la observación de la actual legislación junto a investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y autoridades del área de Fauna de la vecina provincia de Chubut.
La Secretaria de Medio Ambiente de Río Negro, Laura Del Valle Juárez, se reunirá el próximo 23 de octubre en Viedma con autoridades de la Dirección de Fauna de la provincia de Chubut, e investigadores del CONICET para analizar la actual legislación rionegrina y avanzar sobre alternativas que permitan la protección de esta especie autóctona.
“Estamos en búsqueda de alternativas para proteger la especie, que es autóctona de la Argentina, e intentaremos buscar alternativas a la actual legislación que tenemos en la provincia”, destacó al respecto la secretaria.
Mencionó que “al Gobernador Alberto Weretilneck le llegaron peticiones de la Fundación Vida Silvestre con casi dos mil firmas solicitando la derogación de la Ley” y en tal sentido destacó que “no podemos hablar todavía de la derogación de la ley porque primero tenemos que conocer las alternativas”.
Durante el encuentro, se analizará el Plan de Manejo del Puma que desarrolla la entidad investigadora en Chubut con resultados positivos.
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Contabilizar el carbono pasará a ser a obligatorio
La huella de carbono
Fecha de Publicación: 07/09/2012
Fuente: El Cronista
Provincia/Región: Nacional
La contabilización de las emisiones de gases de efecto invernadero a lo largo de una cadena productiva, conocida como 'huella de carbono', pasará de ser voluntaria a obligatoria. Cómo medirla, reducirla y por qué el no hacerlo podría transformarse en una barrera para exportar y acceder al crédito.
Todos los pasos que van desde la extracción de materias primas, a la elaboración de un producto, la llegada a los consumidores y su disposición final, dejan una huella en términos de emisiones de gases de invernadero al ambiente. Se la conoce como huella de carbono, y los países y empresas han comenzado a medirla.
Lo que empezó como un ejercicio académico, se trasladó a los mercados como parte de una tendencia hacia el consumo de productos ecológicos, y por la necesidad de mitigar el cambio climático. Los esquemas voluntarios de medición y reducción de la huella de carbono se vuelven obligatorios. Y podrían transformarse en una barrera a las exportaciones.
Este concepto es parte de la llamada huella ecológica, que contrasta la demanda de recursos naturales con la capacidad de la naturaleza para proveerlos (biocapacidad). En 2007, la huella ecológica de la humanidad era 1,5. Dicho de otro modo, se necesitaría un planeta y medio para regenerar los recursos y absorber las emisiones y desechos producidos por la humanidad cada año.
La huella de carbono, en cambio, se limita a un aspecto de la huella ecológica: el de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a lo largo del ciclo de vida de los productos, medidas en unidades de dióxido de carbono equivalente (CO2e), dado que este gas se ha tomado como referencia, pero existen otros cinco gases de efecto invernadero.
"Cada sector debe realizar un estudio sobre la cadena productiva para determinar dónde hay emisiones significativas", recomienda Soledad Aguilar, directora del Foro de Cambio Climático y Comercio, y profesora de Posgrado en Flacso.
En Unilever, "el 90% de las emisiones corresponden a la materia prima y el consumo, mientras que la manufactura y transporte son sólo el 5% del impacto ambiental", señala Tarcisio Mülek, responsable de Sustentabilidad de la multinacional. La compañía midió la huella de 1.600 de sus productos para obtener estas conclusiones. Para el 2020 la meta es reducir las emisiones de CO2 por debajo de su registro de 2008, sin afectar la producción.
El Banco de Galicia comenzó hace dos años a calcular las emisiones de CO2 equivalente de sus oficinas. "Reportamos tanto las emisiones directas sobre las que el banco tiene control, como indirectas, incluyendo las de servicios contratados y viajes en avión", explica María Alejandra González, responsable de RSE de la entidad. El banco lanzó el sitio medituhuella.com, donde empleados y usuarios pueden calcularla.
"Medir la huella de carbono nos permite analizar la eficiencia operativa, reducir costos, mejorar la reputación y acceder a líneas de crédito internacionales", destaca González.
Eficiencia y ahorro
Hoy conviven varios sistemas de medición, pero "los más utilizados son la PAS 2050 del Carbon Trust, y el GHG Protocol desarrollado por el World Resources Institute (WRI) y el World Business Council for Sustainable Development (WBSCD)", explica Aguilar.
"La reducción de la huella de carbono y el ahorro energético nos hacen más eficientes y presentan oportunidades en el desarrollo de redes inteligentes (smart grid) y sistemas de gestión de energía", afirma Rosangela Melatto, gerente de Responsabilidad Social de Intel para América. En 2010, el fabricante de chips redujo sus emisiones en un 80% frente a las de 1995. Para esto invirtió u$s 45 millones en proyectos de eficiencia energética en sus instalaciones .
Con paneles solares en los techos de su casa matriz, sistemas de eficiencia energética e incentivos para ir a trabajar en bicicleta en sus filiales, Google elimina 10 mil toneladas de CO2 equivalentes al año. "Medimos nuestra huella a nivel global, y desde hace cinco años esa medición da cero" afirma Kate Hurowitz, gerente de Comunicaciones de Google Green. La estrategia de sustentabilidad del buscador se basa en la "nube verde": los servicios para trabajar colaborativamente y a distancia permiten a empresas y consumidores un ahorro en traslados y energía del 85%.
En tanto, el grupo Telefónica mide sus emisiones globales de CO2 desde 2007, y se propuso una reducción del 30% de aquí a 2015. "Ya logramos una disminución del 20%", apunta Daniela Torres Espinosa, gerenta de Green TIC y Medio Ambiente. La compañía trabaja tanto en la eficiencia energética dentro de la organización, como en soluciones de "green IT" para clientes.
Borrando huellas
Al medir su huella de carbono, las empresas generan información que les permite optimizar el uso de los recursos y mejorar los procesos productivos, lo que implica también una reducción de costos. Por el lado de los consumidores, el etiquetado de huella de carbono aporta datos relevantes para decidir su compra.
En Danone, los objetivos de reducción de la huella de carbono global son ambiciosos: 30% de 2008 a 2012. Para ello, desarrollaron junto a SAP un sistema que recolecta automáticamente los datos de 35.000 productos a lo largo de su ciclo de vida.
"La sustentabilidad es un eje central del negocio. Esto hace que prioricemos a los proveedores locales para reducir emisiones provenientes del transporte", dice Ignacio Sabino, responsable de Comunicación Corporativa de la fabricante de adhesivos Henkel.
En la química Dow, una inversión de u$s 15 millones permitió reanudar, luego de 20 años, el transporte de cargas entre el polo industrial de Bahía Blanca y el puerto de Buenos Aires.
Con esta obra, "se redujo la emisión de 6.000 toneladas de CO2, equivalentes al consumo de 260.000 árboles", destaca Soledad Echagüe, directora de Asuntos Públicos de Dow. Además, se crearon 200 nuevos empleos en el puerto porteño, adonde ingresan 20.000 contenedores anuales adicionales sin incrementar el tránsito.
Empezar a reducir
La eficiencia energética y el uso de energías limpias son claves a la hora de reducir la huella de carbono. El primer paso es conocer el consumo energético y evaluar su eficiencia mediante una auditoría energética. Luego hay que tomar medidas. Algunas requieren una inversión programada, como el cambio o acondicionamiento de maquinarias y equipos por otros de tecnologías más eficientes. O la construccion o refacción de edificios según lineamientos de arquitectura sustentable como el LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).
Entre las medidas menos costosas se cuentan: el aprovechamiento de la luz natural y el uso de lamparitas de bajo consumo; los sistemas automáticos que regulan la iluminación y temperatura ambiente según horarios o cantidad de personas.
También es fundamental el mantenimiento de máquinas, artefactos eléctricos y calderas, y utilizar filtros de aislación para evitar fugas y pérdidas de energía, coinciden Gerardo Kocsis y Juan Pablo Riquel, de Nabla Energía, que dictan talleres sobre Reducción de la huella de carbono en la Fundación Nuevos Aires.
El viaje cotidiano a la empresa es una oportunidad de reducción de emisiones. Evitarlo con teletrabajo tiene sus ventajas: se ahorra tiempo y dinero en viáticos y comidas, lo que implica hasta un 20% de aumento relativo del salario, según datos de la consultora Jobing. Las empresas también se benefician, ya que incrementa la motivación y la productividad. Y reduce hasta el 64% sobre el costo anual de cada empleado por menor necesidad de metros cuadrados de oficinas, mantenimiento e impuestos y gastos de energía, librería, café y comunicaciones.
Y cuando no queda otra que trasladarse, la bicicleta y el carpooling son alternativas sustentables. "Al compartir el auto para ir a la oficina se reduce el uso de combustible, estacionamiento, peajes, y se genera networking", dice Lucas Todres, fundador de Encamello.com, una plataforma para organizar carpooling. Por día entran a la ciudad de Buenos Aires 1,3 millones de autos, generando 5,7 millones de Toneladas de CO2 al año, según datos del gobierno porteño. El 70% de esos vehículos tiene un solo pasajero, con lo que la posibilidad de reducir emisiones vía carpooling es enorme. Hoy puede ser un buen momento para empezar.
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Fecha de Publicación: 07/09/2012
Fuente: El Cronista
Provincia/Región: Nacional
La contabilización de las emisiones de gases de efecto invernadero a lo largo de una cadena productiva, conocida como 'huella de carbono', pasará de ser voluntaria a obligatoria. Cómo medirla, reducirla y por qué el no hacerlo podría transformarse en una barrera para exportar y acceder al crédito.
Todos los pasos que van desde la extracción de materias primas, a la elaboración de un producto, la llegada a los consumidores y su disposición final, dejan una huella en términos de emisiones de gases de invernadero al ambiente. Se la conoce como huella de carbono, y los países y empresas han comenzado a medirla.
Lo que empezó como un ejercicio académico, se trasladó a los mercados como parte de una tendencia hacia el consumo de productos ecológicos, y por la necesidad de mitigar el cambio climático. Los esquemas voluntarios de medición y reducción de la huella de carbono se vuelven obligatorios. Y podrían transformarse en una barrera a las exportaciones.
Este concepto es parte de la llamada huella ecológica, que contrasta la demanda de recursos naturales con la capacidad de la naturaleza para proveerlos (biocapacidad). En 2007, la huella ecológica de la humanidad era 1,5. Dicho de otro modo, se necesitaría un planeta y medio para regenerar los recursos y absorber las emisiones y desechos producidos por la humanidad cada año.
La huella de carbono, en cambio, se limita a un aspecto de la huella ecológica: el de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a lo largo del ciclo de vida de los productos, medidas en unidades de dióxido de carbono equivalente (CO2e), dado que este gas se ha tomado como referencia, pero existen otros cinco gases de efecto invernadero.
"Cada sector debe realizar un estudio sobre la cadena productiva para determinar dónde hay emisiones significativas", recomienda Soledad Aguilar, directora del Foro de Cambio Climático y Comercio, y profesora de Posgrado en Flacso.
En Unilever, "el 90% de las emisiones corresponden a la materia prima y el consumo, mientras que la manufactura y transporte son sólo el 5% del impacto ambiental", señala Tarcisio Mülek, responsable de Sustentabilidad de la multinacional. La compañía midió la huella de 1.600 de sus productos para obtener estas conclusiones. Para el 2020 la meta es reducir las emisiones de CO2 por debajo de su registro de 2008, sin afectar la producción.
El Banco de Galicia comenzó hace dos años a calcular las emisiones de CO2 equivalente de sus oficinas. "Reportamos tanto las emisiones directas sobre las que el banco tiene control, como indirectas, incluyendo las de servicios contratados y viajes en avión", explica María Alejandra González, responsable de RSE de la entidad. El banco lanzó el sitio medituhuella.com, donde empleados y usuarios pueden calcularla.
"Medir la huella de carbono nos permite analizar la eficiencia operativa, reducir costos, mejorar la reputación y acceder a líneas de crédito internacionales", destaca González.
Eficiencia y ahorro
Hoy conviven varios sistemas de medición, pero "los más utilizados son la PAS 2050 del Carbon Trust, y el GHG Protocol desarrollado por el World Resources Institute (WRI) y el World Business Council for Sustainable Development (WBSCD)", explica Aguilar.
"La reducción de la huella de carbono y el ahorro energético nos hacen más eficientes y presentan oportunidades en el desarrollo de redes inteligentes (smart grid) y sistemas de gestión de energía", afirma Rosangela Melatto, gerente de Responsabilidad Social de Intel para América. En 2010, el fabricante de chips redujo sus emisiones en un 80% frente a las de 1995. Para esto invirtió u$s 45 millones en proyectos de eficiencia energética en sus instalaciones .
Con paneles solares en los techos de su casa matriz, sistemas de eficiencia energética e incentivos para ir a trabajar en bicicleta en sus filiales, Google elimina 10 mil toneladas de CO2 equivalentes al año. "Medimos nuestra huella a nivel global, y desde hace cinco años esa medición da cero" afirma Kate Hurowitz, gerente de Comunicaciones de Google Green. La estrategia de sustentabilidad del buscador se basa en la "nube verde": los servicios para trabajar colaborativamente y a distancia permiten a empresas y consumidores un ahorro en traslados y energía del 85%.
En tanto, el grupo Telefónica mide sus emisiones globales de CO2 desde 2007, y se propuso una reducción del 30% de aquí a 2015. "Ya logramos una disminución del 20%", apunta Daniela Torres Espinosa, gerenta de Green TIC y Medio Ambiente. La compañía trabaja tanto en la eficiencia energética dentro de la organización, como en soluciones de "green IT" para clientes.
Borrando huellas
Al medir su huella de carbono, las empresas generan información que les permite optimizar el uso de los recursos y mejorar los procesos productivos, lo que implica también una reducción de costos. Por el lado de los consumidores, el etiquetado de huella de carbono aporta datos relevantes para decidir su compra.
En Danone, los objetivos de reducción de la huella de carbono global son ambiciosos: 30% de 2008 a 2012. Para ello, desarrollaron junto a SAP un sistema que recolecta automáticamente los datos de 35.000 productos a lo largo de su ciclo de vida.
"La sustentabilidad es un eje central del negocio. Esto hace que prioricemos a los proveedores locales para reducir emisiones provenientes del transporte", dice Ignacio Sabino, responsable de Comunicación Corporativa de la fabricante de adhesivos Henkel.
En la química Dow, una inversión de u$s 15 millones permitió reanudar, luego de 20 años, el transporte de cargas entre el polo industrial de Bahía Blanca y el puerto de Buenos Aires.
Con esta obra, "se redujo la emisión de 6.000 toneladas de CO2, equivalentes al consumo de 260.000 árboles", destaca Soledad Echagüe, directora de Asuntos Públicos de Dow. Además, se crearon 200 nuevos empleos en el puerto porteño, adonde ingresan 20.000 contenedores anuales adicionales sin incrementar el tránsito.
Empezar a reducir
La eficiencia energética y el uso de energías limpias son claves a la hora de reducir la huella de carbono. El primer paso es conocer el consumo energético y evaluar su eficiencia mediante una auditoría energética. Luego hay que tomar medidas. Algunas requieren una inversión programada, como el cambio o acondicionamiento de maquinarias y equipos por otros de tecnologías más eficientes. O la construccion o refacción de edificios según lineamientos de arquitectura sustentable como el LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).
Entre las medidas menos costosas se cuentan: el aprovechamiento de la luz natural y el uso de lamparitas de bajo consumo; los sistemas automáticos que regulan la iluminación y temperatura ambiente según horarios o cantidad de personas.
También es fundamental el mantenimiento de máquinas, artefactos eléctricos y calderas, y utilizar filtros de aislación para evitar fugas y pérdidas de energía, coinciden Gerardo Kocsis y Juan Pablo Riquel, de Nabla Energía, que dictan talleres sobre Reducción de la huella de carbono en la Fundación Nuevos Aires.
El viaje cotidiano a la empresa es una oportunidad de reducción de emisiones. Evitarlo con teletrabajo tiene sus ventajas: se ahorra tiempo y dinero en viáticos y comidas, lo que implica hasta un 20% de aumento relativo del salario, según datos de la consultora Jobing. Las empresas también se benefician, ya que incrementa la motivación y la productividad. Y reduce hasta el 64% sobre el costo anual de cada empleado por menor necesidad de metros cuadrados de oficinas, mantenimiento e impuestos y gastos de energía, librería, café y comunicaciones.
Y cuando no queda otra que trasladarse, la bicicleta y el carpooling son alternativas sustentables. "Al compartir el auto para ir a la oficina se reduce el uso de combustible, estacionamiento, peajes, y se genera networking", dice Lucas Todres, fundador de Encamello.com, una plataforma para organizar carpooling. Por día entran a la ciudad de Buenos Aires 1,3 millones de autos, generando 5,7 millones de Toneladas de CO2 al año, según datos del gobierno porteño. El 70% de esos vehículos tiene un solo pasajero, con lo que la posibilidad de reducir emisiones vía carpooling es enorme. Hoy puede ser un buen momento para empezar.
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Tucumán: vinaza como agua perfumada
"La vinaza fluye en la provincia de Tucumán como si se tratara de agua perfumada"
Fecha de Publicación: 07/09/2012
Fuente: Diario Panorama
Provincia/Región: Tucumán
Así lo sostuvo el diputado radical de la provincia de Tucumán, Ariel García, quién se apersonó en Delfín Gallo para escuchar la problemática de los vecinos.
El legislador radical de la provincia de Tucumán, Ariel García dijo que “la vinaza fluye en la provincia como si se tratara de agua perfumada, porque las autoridades ambientales están esperando las denuncias del Comité de Cuenca para actuar y aplicar sanciones”.
El parlamentario aludió de esa manera a las denuncias sobre derrames de vinaza y ceniza ocurridos en los últimos días y que tienen como protagonistas a los ingenios Santa Rosa, Concepción (ATANOR) y La Trinidad.
“El gobierno provincial siempre actúa una vez que los integrantes del Comité de la Cuenca Salí-Dulce, en especial los funcionarios santiagueños, denuncian las irregularidades y aportan pruebas de ellas, como ocurrió con el derrame de cenizas del ingenio Santa Rosa, al que se le aplicó después una multa de 200 mil pesos”, sostuvo el legislador, quien en la jornada del miércoles se apersonó en Delfín Gallo para escuchar la problemática de vecinos, que viven a escasos 30 metros de un canal con vinaza a cielo abierto de un kilómetro y medio de extensión y ocho metros de profundidad.
“Es una vergüenza que el gobierno provincial permita este daño ambiental y perjudique a personas inocentes que vivieron toda su vida en esa zona, que se convirtió en inhabitable, no sólo por el pestilente y permanente olor, sino por el peligro que implica ese efluente contaminante para la salud de las personas”, espetó.
“Esta vinaza la desechó, sin ningún tipo de tratamiento, el ingenio Concepción. El área ambiental de la provincia no hizo nada al respecto.
Agregó que “ahora se suma otro derrame, pero esta vez tiene como responsable al ingenio La Trinidad. Quizá al gobierno provincial se le escapó la tortuga en lo que hace a la implementación del Programa Vinaza Cero, pero esos inconvenientes sólo se solucionan con controles preventivos y sanciones concretas”.
“Al parecer la vinaza se esta colmatando en los supuestos "piletones" y las cenizas están estorbando en los ingenios y es por eso que se están dedicando a eliminarlas en estos días. Si el gobernador no puede cumplir con los compromisos asumidos con el gobierno de Santiago del Estero y la propia nación, por lo menos que cumpla con la preservación de la salud de los tucumanos, que no pueden vivir en las condiciones a la que los somete la contaminación”, expresó García.
“Le recuerdo al gobernador Alperovich que el derecho a un medio ambiente saludable forma parte de los derechos humanos de tercera generación, los cuales debe velar como representante del pueblo. Si no lo hace, desde el radicalismo, en donde tenemos representación parlamentaria, se lo haremos recordar en todo momento, porque es nuestro deber y mandato de quienes nos dieron esa sagrada responsabilidad”, finalizó.
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Fecha de Publicación: 07/09/2012
Fuente: Diario Panorama
Provincia/Región: Tucumán
Así lo sostuvo el diputado radical de la provincia de Tucumán, Ariel García, quién se apersonó en Delfín Gallo para escuchar la problemática de los vecinos.El legislador radical de la provincia de Tucumán, Ariel García dijo que “la vinaza fluye en la provincia como si se tratara de agua perfumada, porque las autoridades ambientales están esperando las denuncias del Comité de Cuenca para actuar y aplicar sanciones”.
El parlamentario aludió de esa manera a las denuncias sobre derrames de vinaza y ceniza ocurridos en los últimos días y que tienen como protagonistas a los ingenios Santa Rosa, Concepción (ATANOR) y La Trinidad.
“El gobierno provincial siempre actúa una vez que los integrantes del Comité de la Cuenca Salí-Dulce, en especial los funcionarios santiagueños, denuncian las irregularidades y aportan pruebas de ellas, como ocurrió con el derrame de cenizas del ingenio Santa Rosa, al que se le aplicó después una multa de 200 mil pesos”, sostuvo el legislador, quien en la jornada del miércoles se apersonó en Delfín Gallo para escuchar la problemática de vecinos, que viven a escasos 30 metros de un canal con vinaza a cielo abierto de un kilómetro y medio de extensión y ocho metros de profundidad.
“Es una vergüenza que el gobierno provincial permita este daño ambiental y perjudique a personas inocentes que vivieron toda su vida en esa zona, que se convirtió en inhabitable, no sólo por el pestilente y permanente olor, sino por el peligro que implica ese efluente contaminante para la salud de las personas”, espetó.
“Esta vinaza la desechó, sin ningún tipo de tratamiento, el ingenio Concepción. El área ambiental de la provincia no hizo nada al respecto.
Agregó que “ahora se suma otro derrame, pero esta vez tiene como responsable al ingenio La Trinidad. Quizá al gobierno provincial se le escapó la tortuga en lo que hace a la implementación del Programa Vinaza Cero, pero esos inconvenientes sólo se solucionan con controles preventivos y sanciones concretas”.
“Al parecer la vinaza se esta colmatando en los supuestos "piletones" y las cenizas están estorbando en los ingenios y es por eso que se están dedicando a eliminarlas en estos días. Si el gobernador no puede cumplir con los compromisos asumidos con el gobierno de Santiago del Estero y la propia nación, por lo menos que cumpla con la preservación de la salud de los tucumanos, que no pueden vivir en las condiciones a la que los somete la contaminación”, expresó García.
“Le recuerdo al gobernador Alperovich que el derecho a un medio ambiente saludable forma parte de los derechos humanos de tercera generación, los cuales debe velar como representante del pueblo. Si no lo hace, desde el radicalismo, en donde tenemos representación parlamentaria, se lo haremos recordar en todo momento, porque es nuestro deber y mandato de quienes nos dieron esa sagrada responsabilidad”, finalizó.
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Se juntaron los gobernadores mineros
Cumbre de provincias mineras en Salta
Fecha de Publicación: 07/09/2012
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Gobernadores y representantes de la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI) se reunieron ayer en Salta para defender la actividad y unificar criterios y normativas que permitan “generar desarrollo sustentable en las regiones mineras de cada provincia”, según informaron.
La reunión, en el Centro Cívico Grand Bourg, donde funciona la sede gubernamental salteña, fue presidida por el gobernador salteño, Juan Manuel Urtubey, quien estuvo acompañado por sus pares de San Juan y La Rioja, José Luis Gioja y Luis Beder Herrera.
Además, participaron el secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, y representantes de las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén, Santa Cruz, Mendoza, Jujuy, La Rioja, San Juan y Catamarca.
En la reunión se analizaron puntos planteados en la agenda en común de los estados miembros de la OFEMI, creada en febrero pasado.
La reunión de la OFEMI se concretó en el marco de la novena edición de la Convención Internacional sobre Oportunidades de Negocios en Exploración, Geología y Minería “Argentina Mining 2012”, que se realiza en Salta desde el martes, con la participación de más de 3.000 personas.
En el Centro de Convenciones de Limache, más de 400 empresas mostraron su actividad en este evento, que concluyó ayer.
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Fecha de Publicación: 07/09/2012
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Gobernadores y representantes de la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI) se reunieron ayer en Salta para defender la actividad y unificar criterios y normativas que permitan “generar desarrollo sustentable en las regiones mineras de cada provincia”, según informaron.
La reunión, en el Centro Cívico Grand Bourg, donde funciona la sede gubernamental salteña, fue presidida por el gobernador salteño, Juan Manuel Urtubey, quien estuvo acompañado por sus pares de San Juan y La Rioja, José Luis Gioja y Luis Beder Herrera.
Además, participaron el secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, y representantes de las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén, Santa Cruz, Mendoza, Jujuy, La Rioja, San Juan y Catamarca.
En la reunión se analizaron puntos planteados en la agenda en común de los estados miembros de la OFEMI, creada en febrero pasado.
La reunión de la OFEMI se concretó en el marco de la novena edición de la Convención Internacional sobre Oportunidades de Negocios en Exploración, Geología y Minería “Argentina Mining 2012”, que se realiza en Salta desde el martes, con la participación de más de 3.000 personas.
En el Centro de Convenciones de Limache, más de 400 empresas mostraron su actividad en este evento, que concluyó ayer.
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Fumigaciones en Córdoba: los fundamentos del fallo
“Es un delito de peligro”
Fecha de Publicación: 06/09/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Córdoba
La Cámara 1ª del Crimen de Córdoba dio a conocer ayer los fundamentos de la sentencia por la que fueron condenados un productor rural y un piloto que contaminaron, mediante el uso de agroquímicos, una zona barrial de la capital provincial. En el fallo, los camaristas destacaron que lo que se juzgó “no es un delito de lesión, sino de peligro, que no exige que afecte a la salud, sino que posiblemente la afecte”, al tratarse de residuos que “posean componentes que lo tornen peligrosos para la salud de organismos vivos, lo que ha quedado fehacientemente demostrado”.
El tribunal, integrado por Lorenzo Rodríguez, Susana Cordi Moreno y Mario Capdevilla, condenó a Jorge Parra (foto), propietario de un campo cultivado con soja, próximo al barrio Ituzaingó Anexo, a tres años de prisión de ejecución condicional. A Parra lo encontraron autor del delito de contaminación ambiental penado por la Ley de Residuos Peligrosos (Nº 24.051), en forma continuada, por un hecho ocurrido entre octubre de 2003 y febrero de 2004, y por otro sucedido en 2008.
Asimismo, el tribunal condenó al piloto Edgardo Jorge Pancel(foto)lo a tres años de ejecución condicional por considerarlo coautor del delito de contaminación ambiental por el hecho ocurrido en 2008.
“Parra y Pancello planificaron la realización del hecho en el campo propiedad del primero. Para ello, Parra adquirió agroquímicos para pulverizar sus campos y los puso en poder de Pancello, para que lo hiciese, conociendo la toxicidad de los productos que entregaba”, destacó el camarista Rodríguez, a cuyo voto se adhirió Cordi Moreno.
El magistrado insistió en que Parra actuó a sabiendas de que “la legislación vigente lo prohibía”, dado que la Ordenanza Nº 10.505 “declaraba a Barrio Ituzaingó Anexo en Emergencia Sanitaria Municipal, y la Nº 10.590 prohibía la aplicación de plaguicidas o biocidas químicos mediante fumigación terrestre o aérea a menos de 2500 metros de cualquier vivienda de ese barrio”. En el mismo sentido, el juez remarcó: “Pancello recibió esta carga de agroquímicos y aceptó la tarea encomendada. También, con pleno conocimiento de que el encargo era para realizar una tarea ilegal, ya que es un hombre experimentado en el tema porque es dueño de una empresa, precisamente, dedicada a este rubro”.
El juez agregó que “Pancello cargó los productos en su avioneta” y, “navegando en forma ilegal”, arribó a los campos de Parra, que se encontraban sembrados con soja, hasta el mismo borde del barrio poblado, y comenzó a “arrojar su carga de agroquímicos, pasando por encima de éste, contaminando todo el ambiente de un modo peligroso para la salud”.
Los camaristas también dispusieron que, durante cuatro años, Parra deberá cumplir como regla de conducta “diez horas semanales de trabajo no remunerado”, a favor “del Estado o de instituciones de bien público, vinculadas a la salud”, al tiempo que quedó inhabilitado “durante ocho años para el ejercicio de la actividad de aplicación de productos agroquímicos”. En el mismo sentido, el tribunal resolvió que, durante tres años, Pancello, que fue inhabilitado durante diez años “para el ejercicio de la actividad de aplicación de productos agroquímicos”, deberá realizar trabajos comunitarios no remunerables durante ocho horas semanales, “a favor del Estado o de una institución de bien público dedicada a la salud”.
Por su parte, el tribunal absolvió al productor Jorge Alberto Gabrielli, tal como había pedido el fiscal Marcelo Novillo Corbalán en el momento de efectuar sus alegatos por considerar que faltaban pruebas determinantes y por aplicación del principio de presunción de inocencia.
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Fecha de Publicación: 06/09/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Córdoba
La Cámara 1ª del Crimen de Córdoba dio a conocer ayer los fundamentos de la sentencia por la que fueron condenados un productor rural y un piloto que contaminaron, mediante el uso de agroquímicos, una zona barrial de la capital provincial. En el fallo, los camaristas destacaron que lo que se juzgó “no es un delito de lesión, sino de peligro, que no exige que afecte a la salud, sino que posiblemente la afecte”, al tratarse de residuos que “posean componentes que lo tornen peligrosos para la salud de organismos vivos, lo que ha quedado fehacientemente demostrado”.El tribunal, integrado por Lorenzo Rodríguez, Susana Cordi Moreno y Mario Capdevilla, condenó a Jorge Parra (foto), propietario de un campo cultivado con soja, próximo al barrio Ituzaingó Anexo, a tres años de prisión de ejecución condicional. A Parra lo encontraron autor del delito de contaminación ambiental penado por la Ley de Residuos Peligrosos (Nº 24.051), en forma continuada, por un hecho ocurrido entre octubre de 2003 y febrero de 2004, y por otro sucedido en 2008.
Asimismo, el tribunal condenó al piloto Edgardo Jorge Pancel(foto)lo a tres años de ejecución condicional por considerarlo coautor del delito de contaminación ambiental por el hecho ocurrido en 2008.
“Parra y Pancello planificaron la realización del hecho en el campo propiedad del primero. Para ello, Parra adquirió agroquímicos para pulverizar sus campos y los puso en poder de Pancello, para que lo hiciese, conociendo la toxicidad de los productos que entregaba”, destacó el camarista Rodríguez, a cuyo voto se adhirió Cordi Moreno.
El magistrado insistió en que Parra actuó a sabiendas de que “la legislación vigente lo prohibía”, dado que la Ordenanza Nº 10.505 “declaraba a Barrio Ituzaingó Anexo en Emergencia Sanitaria Municipal, y la Nº 10.590 prohibía la aplicación de plaguicidas o biocidas químicos mediante fumigación terrestre o aérea a menos de 2500 metros de cualquier vivienda de ese barrio”. En el mismo sentido, el juez remarcó: “Pancello recibió esta carga de agroquímicos y aceptó la tarea encomendada. También, con pleno conocimiento de que el encargo era para realizar una tarea ilegal, ya que es un hombre experimentado en el tema porque es dueño de una empresa, precisamente, dedicada a este rubro”.
El juez agregó que “Pancello cargó los productos en su avioneta” y, “navegando en forma ilegal”, arribó a los campos de Parra, que se encontraban sembrados con soja, hasta el mismo borde del barrio poblado, y comenzó a “arrojar su carga de agroquímicos, pasando por encima de éste, contaminando todo el ambiente de un modo peligroso para la salud”.
Los camaristas también dispusieron que, durante cuatro años, Parra deberá cumplir como regla de conducta “diez horas semanales de trabajo no remunerado”, a favor “del Estado o de instituciones de bien público, vinculadas a la salud”, al tiempo que quedó inhabilitado “durante ocho años para el ejercicio de la actividad de aplicación de productos agroquímicos”. En el mismo sentido, el tribunal resolvió que, durante tres años, Pancello, que fue inhabilitado durante diez años “para el ejercicio de la actividad de aplicación de productos agroquímicos”, deberá realizar trabajos comunitarios no remunerables durante ocho horas semanales, “a favor del Estado o de una institución de bien público dedicada a la salud”.
Por su parte, el tribunal absolvió al productor Jorge Alberto Gabrielli, tal como había pedido el fiscal Marcelo Novillo Corbalán en el momento de efectuar sus alegatos por considerar que faltaban pruebas determinantes y por aplicación del principio de presunción de inocencia.
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