OT de bosques en Entre Ríos cuetionado
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Ecologistas cuestionan el proyecto de ordenamiento territorial de bosques
Fecha de Publicación: 11/09/2012
Fuente: Uno Entre Ríos
Provincia/Región: Entre Ríos
La organización M’Biguá hizo una presentación ante la Cámara de Diputados de la provincia, criticando el proyecto de ley de bosque nativo. Aseguran que se desconoce la protección de los humedales y no se prevé un plan de recuperación, entre otras falencias.
La organización socioambiental M’Biguá, Ciudadanía y Justicia Ambiental, presentó ante la Cámara de Diputados de Entre Ríos un documento con 12 puntos, que resumen sus aportes y críticas al proyecto de ley que se está tratando en la legislatura en relación al ordenamiento territorial del bosque nativo.
Desde la ONG manifestaron que “se presentó un documento de análisis crítico al proyecto de ley de ordenamiento territorial del bosque nativo de Entre Ríos, que fue remitido por el Poder Ejecutivo provincial a la Cámara de Diputados. Nuestro objetivo es que los aportes y las críticas sirvan para el tratamiento del texto elevado”.
En su presentación la ONG critica los puntos más resonantes de dicho proyecto de ley, destacando entre otros que “el proyecto no se apropia de la línea conceptual y por lo tanto normativa y aplicable al bosque nativo y la selva ribereña prevista en la Constitución de la provincia de Entre Ríos. No se utilizan los términos: preservación, recuperación, corredores biológicos. En particular, no profundiza sobre políticas claras y focalizadas en cuanto a las obligaciones de inducir a los propietarios, por medio de forestación de nativas, los bordes de ríos y arroyos, en cualquier escala, sino más bien, sólo expone la regeneración natural".
Así también en el escrito presentado puede leerse que "no existe en el proyecto de ley, un plan o programa sistematizado de recuperación del monte nativo, más allá de lo normado en el artículo 15 y los puntos desarrollados al final del documento objeto de discusión”.
Otro de los puntos a indica que “la Constituciónde la provincia de Entre Ríos determina la existencia y valor de la evaluación ambiental estratégica. La iniciativa oficial desconoce y no hace referencia alguna a la evaluación ambiental estratégica del Programa Integral Estratégico para la Conservacióny el Desarrollo y el Desarrollo Sostenible de la Región Delta del Paraná, conocido como PIECAS-DP, en cuanto a la región del Delta y el valor y significación de sus aportes”.
Desde la ONG expresaron también que “la norma en debate expone sobre tres regiones que, según el texto, corresponden a tres situaciones ecológicas diferentes y conceptualiza a una de ellas, definida como Región III, como tradicionalmente agrícola con humedales. Es decir, iguala la región agrícola por excelencia de Entre Ríos a los humedales, liberando, en cuanto a sus usos, el acceso del modelo productivo vigente en dicha región hacia el Delta. Claramente este uso del lenguaje confuso, habilitaría la explotación agrícola fuera de los albardones que contienen selvas ribereñas y poco monte nativo” recalcando que “de esta manera no se salvaguarda la estabilidad ecológica de los humedales, cuestión normada en artículo 85 párrafo séptimo dela Constituciónde la provincia de Entre Ríos.”
Finalmente indicaron que: “El proyecto de ley en debate en Diputados desconoce el debate cívico que se viene dando en el contexto de protección y sustentabilidad de los humedales de la cuenca sur de la Cuenca del Plata. Ignora la mirada focalizada del PIECAS-DP y las conclusiones de su Evaluación Ambiental Estratégica. La iniciativa debería incorporar y/o atender a los lineamientos propuestos por el PIECAS-DP. Asimismo, debe cumplirse con la modalidad participativa prevista en la Ley de Presupuestos Mínimos del Bosque Nativo, en cuanto a la celebración de audiencias públicas, como se ha realizado en muchas de las provincias que ya tienen sancionado su ordenamiento territorial de bosques nativos”.
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Fecha de Publicación: 11/09/2012
Fuente: Uno Entre Ríos
Provincia/Región: Entre Ríos
La organización M’Biguá hizo una presentación ante la Cámara de Diputados de la provincia, criticando el proyecto de ley de bosque nativo. Aseguran que se desconoce la protección de los humedales y no se prevé un plan de recuperación, entre otras falencias.La organización socioambiental M’Biguá, Ciudadanía y Justicia Ambiental, presentó ante la Cámara de Diputados de Entre Ríos un documento con 12 puntos, que resumen sus aportes y críticas al proyecto de ley que se está tratando en la legislatura en relación al ordenamiento territorial del bosque nativo.
Desde la ONG manifestaron que “se presentó un documento de análisis crítico al proyecto de ley de ordenamiento territorial del bosque nativo de Entre Ríos, que fue remitido por el Poder Ejecutivo provincial a la Cámara de Diputados. Nuestro objetivo es que los aportes y las críticas sirvan para el tratamiento del texto elevado”.
En su presentación la ONG critica los puntos más resonantes de dicho proyecto de ley, destacando entre otros que “el proyecto no se apropia de la línea conceptual y por lo tanto normativa y aplicable al bosque nativo y la selva ribereña prevista en la Constitución de la provincia de Entre Ríos. No se utilizan los términos: preservación, recuperación, corredores biológicos. En particular, no profundiza sobre políticas claras y focalizadas en cuanto a las obligaciones de inducir a los propietarios, por medio de forestación de nativas, los bordes de ríos y arroyos, en cualquier escala, sino más bien, sólo expone la regeneración natural".
Así también en el escrito presentado puede leerse que "no existe en el proyecto de ley, un plan o programa sistematizado de recuperación del monte nativo, más allá de lo normado en el artículo 15 y los puntos desarrollados al final del documento objeto de discusión”.
Otro de los puntos a indica que “la Constituciónde la provincia de Entre Ríos determina la existencia y valor de la evaluación ambiental estratégica. La iniciativa oficial desconoce y no hace referencia alguna a la evaluación ambiental estratégica del Programa Integral Estratégico para la Conservacióny el Desarrollo y el Desarrollo Sostenible de la Región Delta del Paraná, conocido como PIECAS-DP, en cuanto a la región del Delta y el valor y significación de sus aportes”.
Desde la ONG expresaron también que “la norma en debate expone sobre tres regiones que, según el texto, corresponden a tres situaciones ecológicas diferentes y conceptualiza a una de ellas, definida como Región III, como tradicionalmente agrícola con humedales. Es decir, iguala la región agrícola por excelencia de Entre Ríos a los humedales, liberando, en cuanto a sus usos, el acceso del modelo productivo vigente en dicha región hacia el Delta. Claramente este uso del lenguaje confuso, habilitaría la explotación agrícola fuera de los albardones que contienen selvas ribereñas y poco monte nativo” recalcando que “de esta manera no se salvaguarda la estabilidad ecológica de los humedales, cuestión normada en artículo 85 párrafo séptimo dela Constituciónde la provincia de Entre Ríos.”
Finalmente indicaron que: “El proyecto de ley en debate en Diputados desconoce el debate cívico que se viene dando en el contexto de protección y sustentabilidad de los humedales de la cuenca sur de la Cuenca del Plata. Ignora la mirada focalizada del PIECAS-DP y las conclusiones de su Evaluación Ambiental Estratégica. La iniciativa debería incorporar y/o atender a los lineamientos propuestos por el PIECAS-DP. Asimismo, debe cumplirse con la modalidad participativa prevista en la Ley de Presupuestos Mínimos del Bosque Nativo, en cuanto a la celebración de audiencias públicas, como se ha realizado en muchas de las provincias que ya tienen sancionado su ordenamiento territorial de bosques nativos”.
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A dos años de la ley de glaciares
A dos años de la ley de glaciares se difundirán datos sobre el censo
Fecha de Publicación: 11/09/2012
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Nacional
Para algunos legisladores nacionales por Mendoza, los avances del inventario deberían haber estado antes, mientras que para el Ianigla están en "los tiempos que se habían previsto, incluso más rápido".
El 30 de setiembre de 2010, luego de haber sido aprobada por unanimidad tres años antes y posteriormente vetada ese mismo año (2007), en el Congreso se aprobaba por segunda vez la Ley de Protección de Glaciares.
Una de las tareas que se fijaba era la realización urgente de un itinerario de zonas glaciares y periglaciares en la Cordillera de los Andes para determinar en qué áreas de la cordillera podían autorizarse y desarrollarse emprendimientos mineros, de infraestructura y arquitectura y en cuáles no.
En coincidencia con el segundo aniversario de la sanción de la normativa, el director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) -ente que coordina la realización del estudio a nivel nacional-, Ricardo Villalba destacó que a fines de mes se presentarán los primeros resultados, datos y estadísticas del censo nacional en el Consejo Federal del Medio Ambiente (Cofema) al tiempo que resaltó que "se están cumpliendo los tiempos que se habían previsto, incluso más rápido de lo que habíamos pensado".
Para los legisladores nacionales por Mendoza de la oposición, es "preocupante" que este primer informe se difunda recién a dos años de la sanción de la ley y podría haberse hecho mucho más a esta altura.
Historia
Luego de ser vetada por el Gobierno nacional, la ley que establecía la protección de glaciares y periglaciares en 2007, se aprobó en 2010 la norma N° 26.639 de "Régimen de presupuestos mínimos para la preservación de glaciares y del ambiente periglacial", similar a su antecesora y esta vez con un acuerdo entre todos los partidos.
Entre sus artículos, esta legislación establece que es necesario definir cuáles son las áreas glaciares y periglaciares al tiempo que define qué actividades están prohibidas y para eso establece la creación de un inventario nacional de glaciares.
"La ley prohíbe la esparsión y liberación de sustancias contaminantes en glaciares y periglaciares, al tiempo que restringe las construcciones de obras arquitectónicas y de infraestructura así como también la explotación minera e hidrocarburífera, además de la instalación de actividades industriales", destacó Mariana Juri, diputada nacional mendocina por la UCR y una de las legisladoras que manifestó su preocupación por la demora de la implementación de la ley y la presentación de los resultados del censo de glaciares.
Del mismo modo, Juri y su par, Enrique Vaquié, hicieron una presentación exigiendo que se expongan públicamente los avances del Inventario Nacional de Glaciares, en especial lo referido a Mendoza. En este apartado se refirieron al Ianigla, que -de acuerdo a la ley- es el encargado de coordinar el censo de glaciares.
"Es entendible que argumenten que esto se demora, pero ya llevamos dos años desde que se aprobó la ley y no se conoce ningún resultado. Incluso creo que las conclusiones y datos deberían exponerse públicamente justamente para bajar el enojo público y se pueda tener un debate en serio sobre la minería. ¿Cómo vamos a debatir el tema en serio si todavía no sabemos en qué lugares se puede y en cuáles no?", sostuvo la legisladora.
Reclamó que los resultados deberían presentarse en el Congreso, de forma pública (como lo establece la ley) y también en Mendoza, ya que la provincia aportó fondos para financiar el inventario en esta jurisdicción.
Al respecto, Ricardo Villalba destacó que se está cumpliendo con los tiempos previstos y resaltó que a fin de mes se conocerán los primeros resultados del censo.
"Cuando los legisladores me consultaron, yo les estuve contando en qué se ha trabajado y cómo se va avanzando. No todo depende de nosotros, porque somos la institución que está coordinando el inventario. A fin de mes se van a presentar los primeros resultados en el Consejo Federal de Medio Ambiente, del que van a participar los secretarios de Ambiente de todo el país. Ahí vamos a a exponer sobre los avances con el inventario y liberar información y datos precisos. Pero nada se está demorando intencionalmente ni más de lo previsto. Se está trabajando en un buen tiempo", contó Villalba, quien indicó que probablemente el fuerte de las críticas tenga como destinataria a la Secretaría de Ambiente de la Nación, ya que es esa dependencia la que debe hacer las presentaciones.
El Ianigla está coordinando los censos en las provincias de Mendoza, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, pero el inventario se hace a lo largo de toda la cordillera y en otras provincias lo coordinan otros órganos. En San Juan, por ejemplo, la encargada es la Universidad Nacional de San Juan.
Los otros pendientes
Además de mostrarse preocupados por la demora en la realización del inventario, los legisladores radicales por Mendoza también advirtieron que tampoco se cumplieron las cláusulas transitorias fijadas hasta tanto esté listo el censo.
"Justamente, pensando en la demora, en la 26.639 se fijó una cláusula para que a los 60 días de aprobada la ley se presentara al menos el cronograma para la ejecución del inventario y que de inmediato (entiéndase en no más de 180 días) se haya empezado a hacer el censo en las zonas prioritarias, entendiendo por éstas los lugares en los que hayan pedidos de proyectos que estarían prohibidos por la ley, tal como ocurrió en Famatina (La Rioja) con el proyecto minero. En los lugares en los que ya se estuviera trabajando, como ocurre en San Juan que el emprendimiento minero ya está instalado, la cláusula establecía que debía hacerse una auditoría ambiental que reflejara el impacto. Ninguna de esas cosas se cumplieron", acusó Juri.
Mientras, en Famatina, el juez Carlos Díaz falló hace poco más de un mes que no podría comenzar la actividad hasta tanto no esté el inventario, en San Juan el Gobierno de esa provincia interpuso una medida cautelar para poder continuar con la actividad en sus emprendimientos (Veladero y Pascua Lama, donde ya habían empezado) sin que se haga el inventario ni la presentación de impacto ambiental. Pero fue la Justicia la que rechazó la cautelar y no autorizó (al menos en la teoría) a que los emprendimientos sigan avanzando hasta tanto no estén concluidos los informes.
"Insistimos que con información se contribuye a calmar el enojo y la violencia social. No hace falta seguir jugando a las escondidas y menos con estos temas", sentenciaron los legisladores.
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Fecha de Publicación: 11/09/2012
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Nacional
Para algunos legisladores nacionales por Mendoza, los avances del inventario deberían haber estado antes, mientras que para el Ianigla están en "los tiempos que se habían previsto, incluso más rápido". El 30 de setiembre de 2010, luego de haber sido aprobada por unanimidad tres años antes y posteriormente vetada ese mismo año (2007), en el Congreso se aprobaba por segunda vez la Ley de Protección de Glaciares.
Una de las tareas que se fijaba era la realización urgente de un itinerario de zonas glaciares y periglaciares en la Cordillera de los Andes para determinar en qué áreas de la cordillera podían autorizarse y desarrollarse emprendimientos mineros, de infraestructura y arquitectura y en cuáles no.
En coincidencia con el segundo aniversario de la sanción de la normativa, el director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) -ente que coordina la realización del estudio a nivel nacional-, Ricardo Villalba destacó que a fines de mes se presentarán los primeros resultados, datos y estadísticas del censo nacional en el Consejo Federal del Medio Ambiente (Cofema) al tiempo que resaltó que "se están cumpliendo los tiempos que se habían previsto, incluso más rápido de lo que habíamos pensado".
Para los legisladores nacionales por Mendoza de la oposición, es "preocupante" que este primer informe se difunda recién a dos años de la sanción de la ley y podría haberse hecho mucho más a esta altura.
Historia
Luego de ser vetada por el Gobierno nacional, la ley que establecía la protección de glaciares y periglaciares en 2007, se aprobó en 2010 la norma N° 26.639 de "Régimen de presupuestos mínimos para la preservación de glaciares y del ambiente periglacial", similar a su antecesora y esta vez con un acuerdo entre todos los partidos.
Entre sus artículos, esta legislación establece que es necesario definir cuáles son las áreas glaciares y periglaciares al tiempo que define qué actividades están prohibidas y para eso establece la creación de un inventario nacional de glaciares.
"La ley prohíbe la esparsión y liberación de sustancias contaminantes en glaciares y periglaciares, al tiempo que restringe las construcciones de obras arquitectónicas y de infraestructura así como también la explotación minera e hidrocarburífera, además de la instalación de actividades industriales", destacó Mariana Juri, diputada nacional mendocina por la UCR y una de las legisladoras que manifestó su preocupación por la demora de la implementación de la ley y la presentación de los resultados del censo de glaciares.
Del mismo modo, Juri y su par, Enrique Vaquié, hicieron una presentación exigiendo que se expongan públicamente los avances del Inventario Nacional de Glaciares, en especial lo referido a Mendoza. En este apartado se refirieron al Ianigla, que -de acuerdo a la ley- es el encargado de coordinar el censo de glaciares.
"Es entendible que argumenten que esto se demora, pero ya llevamos dos años desde que se aprobó la ley y no se conoce ningún resultado. Incluso creo que las conclusiones y datos deberían exponerse públicamente justamente para bajar el enojo público y se pueda tener un debate en serio sobre la minería. ¿Cómo vamos a debatir el tema en serio si todavía no sabemos en qué lugares se puede y en cuáles no?", sostuvo la legisladora.
Reclamó que los resultados deberían presentarse en el Congreso, de forma pública (como lo establece la ley) y también en Mendoza, ya que la provincia aportó fondos para financiar el inventario en esta jurisdicción.
Al respecto, Ricardo Villalba destacó que se está cumpliendo con los tiempos previstos y resaltó que a fin de mes se conocerán los primeros resultados del censo.
"Cuando los legisladores me consultaron, yo les estuve contando en qué se ha trabajado y cómo se va avanzando. No todo depende de nosotros, porque somos la institución que está coordinando el inventario. A fin de mes se van a presentar los primeros resultados en el Consejo Federal de Medio Ambiente, del que van a participar los secretarios de Ambiente de todo el país. Ahí vamos a a exponer sobre los avances con el inventario y liberar información y datos precisos. Pero nada se está demorando intencionalmente ni más de lo previsto. Se está trabajando en un buen tiempo", contó Villalba, quien indicó que probablemente el fuerte de las críticas tenga como destinataria a la Secretaría de Ambiente de la Nación, ya que es esa dependencia la que debe hacer las presentaciones.
El Ianigla está coordinando los censos en las provincias de Mendoza, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, pero el inventario se hace a lo largo de toda la cordillera y en otras provincias lo coordinan otros órganos. En San Juan, por ejemplo, la encargada es la Universidad Nacional de San Juan.
Los otros pendientes
Además de mostrarse preocupados por la demora en la realización del inventario, los legisladores radicales por Mendoza también advirtieron que tampoco se cumplieron las cláusulas transitorias fijadas hasta tanto esté listo el censo.
"Justamente, pensando en la demora, en la 26.639 se fijó una cláusula para que a los 60 días de aprobada la ley se presentara al menos el cronograma para la ejecución del inventario y que de inmediato (entiéndase en no más de 180 días) se haya empezado a hacer el censo en las zonas prioritarias, entendiendo por éstas los lugares en los que hayan pedidos de proyectos que estarían prohibidos por la ley, tal como ocurrió en Famatina (La Rioja) con el proyecto minero. En los lugares en los que ya se estuviera trabajando, como ocurre en San Juan que el emprendimiento minero ya está instalado, la cláusula establecía que debía hacerse una auditoría ambiental que reflejara el impacto. Ninguna de esas cosas se cumplieron", acusó Juri.
Mientras, en Famatina, el juez Carlos Díaz falló hace poco más de un mes que no podría comenzar la actividad hasta tanto no esté el inventario, en San Juan el Gobierno de esa provincia interpuso una medida cautelar para poder continuar con la actividad en sus emprendimientos (Veladero y Pascua Lama, donde ya habían empezado) sin que se haga el inventario ni la presentación de impacto ambiental. Pero fue la Justicia la que rechazó la cautelar y no autorizó (al menos en la teoría) a que los emprendimientos sigan avanzando hasta tanto no estén concluidos los informes.
"Insistimos que con información se contribuye a calmar el enojo y la violencia social. No hace falta seguir jugando a las escondidas y menos con estos temas", sentenciaron los legisladores.
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Se necesita una reglamentación de la LGA
Necesitamos de una reglamentación de la ley general de ambiente
Fecha de Publicación: 11/09/2012
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional
Riachuelo" es el caso arquetípico de la contaminación en la Argentina. Por la intensidad de la contaminación, la cantidad de población afectada y la historia del problema. Ya en 1871 tuvo que ver con la epidemia de fiebre amarilla y hubo un fallo de la Corte por eso el 15 de mayo de 1887. También todos recordamos los "1000 días" de la ingeniera María Julia Alsogaray para limpiarlo.
La existencia de miles de establecimientos cuyos efluentes son parte del problema, las fuentes de trabajo afectadas, los problemas de vivienda por asentamientos en espacios que es necesario sanear, los problemas de gestión por la construcción de redes cloacales para centenares de miles de hogares, los basurales a cielo abierto, plantean un problema multifacético, con múltiples actores institucionales y sociales en una trama de muy complejo abordaje y resolución.
En julio 2004, vecinos de Isla Maciel y La Boca, presentan una demanda directamente ante la Corte, contra el Estado Nacional, la provincia y la Ciudad de Buenos Aires y 44 empresas, reclamando por el daño ambiental colectivo, una categoría especial que surge de la Ley General del Ambiente, Nº 25675. No fue la primera en su tipo: un año antes la Asociación de Grandes Superficiarios de la Patagonia, una ONG defensora del ambiente, había demandado a Repsol-YPF y otras petroleras, por contaminación en las cuencas de los ríos Negro y Neuquén, también directamente ante la Corte, invocando su competencia originaria.
En los dos casos, los demandados opusieron la excepción de "defecto legal", es decir que no sabían de qué tenían que defenderse. La Corte no resolvió igual: en ASUPA, el juicio "se estancó". En Matanza Riachuelo avanzó. En 2006, por este caso, el Congreso creó por Ley la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), estableciendo que quien fuese secretario de Ambiente de la Nación sería su presidente.
Invocando las amplísimas facultades que le da al juez ambiental la Ley 25.675, la Corte fragmentó la sentencia en "Riachuelo". Falló en julio de 2008 sobre las medidas necesarias para hacer cesar la contaminación y difirió para más adelante la sentencia concerniente a la reparación por el daño ambiental causado. En esa decisión, la Corte ordenó a la ACUMAR el cumplimiento de su fallo, y designó como juez de Ejecución al Juzgado Federal de Quilmes, a cargo del Dr. Armella. La actividad del juzgado fue intensísima, incluyendo decisiones de carácter ejecutivo. Desde el comienzo de su gestión en agosto 2008, dictó más de 100 resoluciones dentro de las amplias facultades de las que fue investido. Nunca antes habíamos visto en decisiones judiciales tal grado de detalle y precisión, sobre temas extrajurídicos, de ingeniería y otros. Además, poniendo plazos cada vez mas exiguos.
Ahora, sale a la luz esta denuncia, y cabe hacer notar que la oportunidad para que estas cosas ocurran la brinda la extensión de las facultades con las que fue investido el juez. Quienes en otros casos son celosos guardianes de la división de poderes, en este, en el que los hechos sobrevienen porque un juez está investido de poderes que avanzan sobre el Ejecutivo, no dicen nada.
Todo queda en entredicho y cabe preguntarse si no necesitamos de una reglamentación de la Ley General de Ambiente que ponga algún limite a la interpretación de esas "amplias facultades ordenatorias e instructorias" de la ley. Por otra parte, en la contaminación que generó Repsol YPF, el caso ASUPA, aún no hay ninguna sentencia a pesar de que el caso se inició antes que "Riachuelo".
Fecha de Publicación: 11/09/2012
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional
Riachuelo" es el caso arquetípico de la contaminación en la Argentina. Por la intensidad de la contaminación, la cantidad de población afectada y la historia del problema. Ya en 1871 tuvo que ver con la epidemia de fiebre amarilla y hubo un fallo de la Corte por eso el 15 de mayo de 1887. También todos recordamos los "1000 días" de la ingeniera María Julia Alsogaray para limpiarlo.
La existencia de miles de establecimientos cuyos efluentes son parte del problema, las fuentes de trabajo afectadas, los problemas de vivienda por asentamientos en espacios que es necesario sanear, los problemas de gestión por la construcción de redes cloacales para centenares de miles de hogares, los basurales a cielo abierto, plantean un problema multifacético, con múltiples actores institucionales y sociales en una trama de muy complejo abordaje y resolución.
En julio 2004, vecinos de Isla Maciel y La Boca, presentan una demanda directamente ante la Corte, contra el Estado Nacional, la provincia y la Ciudad de Buenos Aires y 44 empresas, reclamando por el daño ambiental colectivo, una categoría especial que surge de la Ley General del Ambiente, Nº 25675. No fue la primera en su tipo: un año antes la Asociación de Grandes Superficiarios de la Patagonia, una ONG defensora del ambiente, había demandado a Repsol-YPF y otras petroleras, por contaminación en las cuencas de los ríos Negro y Neuquén, también directamente ante la Corte, invocando su competencia originaria.
En los dos casos, los demandados opusieron la excepción de "defecto legal", es decir que no sabían de qué tenían que defenderse. La Corte no resolvió igual: en ASUPA, el juicio "se estancó". En Matanza Riachuelo avanzó. En 2006, por este caso, el Congreso creó por Ley la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), estableciendo que quien fuese secretario de Ambiente de la Nación sería su presidente.
Invocando las amplísimas facultades que le da al juez ambiental la Ley 25.675, la Corte fragmentó la sentencia en "Riachuelo". Falló en julio de 2008 sobre las medidas necesarias para hacer cesar la contaminación y difirió para más adelante la sentencia concerniente a la reparación por el daño ambiental causado. En esa decisión, la Corte ordenó a la ACUMAR el cumplimiento de su fallo, y designó como juez de Ejecución al Juzgado Federal de Quilmes, a cargo del Dr. Armella. La actividad del juzgado fue intensísima, incluyendo decisiones de carácter ejecutivo. Desde el comienzo de su gestión en agosto 2008, dictó más de 100 resoluciones dentro de las amplias facultades de las que fue investido. Nunca antes habíamos visto en decisiones judiciales tal grado de detalle y precisión, sobre temas extrajurídicos, de ingeniería y otros. Además, poniendo plazos cada vez mas exiguos.
Ahora, sale a la luz esta denuncia, y cabe hacer notar que la oportunidad para que estas cosas ocurran la brinda la extensión de las facultades con las que fue investido el juez. Quienes en otros casos son celosos guardianes de la división de poderes, en este, en el que los hechos sobrevienen porque un juez está investido de poderes que avanzan sobre el Ejecutivo, no dicen nada.
Todo queda en entredicho y cabe preguntarse si no necesitamos de una reglamentación de la Ley General de Ambiente que ponga algún limite a la interpretación de esas "amplias facultades ordenatorias e instructorias" de la ley. Por otra parte, en la contaminación que generó Repsol YPF, el caso ASUPA, aún no hay ninguna sentencia a pesar de que el caso se inició antes que "Riachuelo".
Por David Lud
Ingeniero químico y
presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Asociación
de Abogados de Buenos Aires
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Sali-Dulce: inician controles a citrícolas
Santiago comenzó con los controles a las industrias citrícolas
Fecha de Publicación: 10/09/2012
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
Autoridades del Comité de Cuenca Salí-Dulce ampliaron los controles que se venían realizando a los ingenios, a las industrias citrícolas. El objetivo es comprobar si se realiza el tratamiento de los efluentes, como parte del plan para el saneamiento de ríos y arroyos de la cuenca y del embalse Río Hondo.
De esta forma se cumplió con un planteo de Santiago del Estero y con el mandato del jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manuel Abal Medina; y del secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan José Mussi, quienes en la última reunión del Comité de Cuenca Salí-Dulce habían pedido que se controle a las otras industrias tucumanas.
El director de Medio Ambiente provincial, Juan Carlos Targa, formó parte de los equipos técnicos y en diálogo con EL LIBERAL, señaló que las citrícolas también generan efluentes como los ingenios y que “algunas están haciendo tratamiento y otras no”. “Prácticamente todas han comenzado algún tipo de tratamiento y a estas industrias también se las están siguiendo”, manifestó.
Indicó que otras industrias también generan desechos industriales y que deben ser monitoreadas por las autoridades ambientales. En ese sentido, Targa fue tajante al afirmar: “Están todos conscientes de que vamos a ir por más (controles), hasta que se logre descontaminar la cuenca totalmente”.
“Así como se está haciendo con los ingenios, visitamos una de las citrícolas trabajando. Comenzando a hacer control sobre los tratamientos, aunque se ha hecho hincapié en la vinaza y ceniza (desechos de los ingenios), vamos a seguir por los otros efluentes porque no se puede hacer el saneamiento de la cuenca con el control solamente a dos tipos de desechos, hay que controlar todo”, señaló Targa.
“Las citrícolas puntualizó- saben que vamos por más y las autoridades de Tucumán están tratando de que todas cumplan con los regímenes de vuelcos o vertidos y que estén todas dentro de la ley”.
El director de Medio Ambiente advirtió que los efluentes de una citrícola, sobre todo las que producen jugos concentrados o demás, generan un efluente muy parecido, no igual, a la vinaza (desecho de la producción de alcohol con la melaza de caña) ya que también tiene mucha materia orgánica. “Pero es muy ácido, tiene otras características que lo hace difícil de tratar por un lado, y por otro, difícil de eliminar en el medio ambiente. Eso hace que sea un contaminante bien difícil de tratar”, explicó.
Targa mencionó que otras industrias que generan contaminación en Tucumán son los mataderos, pero también puso énfasis en los riesgos que provocan los desechos cloacales que se arrojan sin tratamiento. A ello, sumó el agua del lavado del ingenio, conocida como agua industrial, que también contiene contaminantes. “Siempre estamos hablando de contaminantes orgánicos, el problema más grave es que cuando llegan al agua, se descomponen y cuando van al embalse, desarrollan algas y demás. No es que hayamos encontrado tóxicos”.
Puntualmente, indicó que los líquidos cloacales además de que tienen mucha carga orgánica y por lo tanto, mucha demanda biológica de oxígeno (DBO), “tienen el peligro de las bacterias que puedan contener”.
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Fecha de Publicación: 10/09/2012
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
Autoridades del Comité de Cuenca Salí-Dulce ampliaron los controles que se venían realizando a los ingenios, a las industrias citrícolas. El objetivo es comprobar si se realiza el tratamiento de los efluentes, como parte del plan para el saneamiento de ríos y arroyos de la cuenca y del embalse Río Hondo.De esta forma se cumplió con un planteo de Santiago del Estero y con el mandato del jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manuel Abal Medina; y del secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan José Mussi, quienes en la última reunión del Comité de Cuenca Salí-Dulce habían pedido que se controle a las otras industrias tucumanas.
El director de Medio Ambiente provincial, Juan Carlos Targa, formó parte de los equipos técnicos y en diálogo con EL LIBERAL, señaló que las citrícolas también generan efluentes como los ingenios y que “algunas están haciendo tratamiento y otras no”. “Prácticamente todas han comenzado algún tipo de tratamiento y a estas industrias también se las están siguiendo”, manifestó.
Indicó que otras industrias también generan desechos industriales y que deben ser monitoreadas por las autoridades ambientales. En ese sentido, Targa fue tajante al afirmar: “Están todos conscientes de que vamos a ir por más (controles), hasta que se logre descontaminar la cuenca totalmente”.
“Así como se está haciendo con los ingenios, visitamos una de las citrícolas trabajando. Comenzando a hacer control sobre los tratamientos, aunque se ha hecho hincapié en la vinaza y ceniza (desechos de los ingenios), vamos a seguir por los otros efluentes porque no se puede hacer el saneamiento de la cuenca con el control solamente a dos tipos de desechos, hay que controlar todo”, señaló Targa.
“Las citrícolas puntualizó- saben que vamos por más y las autoridades de Tucumán están tratando de que todas cumplan con los regímenes de vuelcos o vertidos y que estén todas dentro de la ley”.
El director de Medio Ambiente advirtió que los efluentes de una citrícola, sobre todo las que producen jugos concentrados o demás, generan un efluente muy parecido, no igual, a la vinaza (desecho de la producción de alcohol con la melaza de caña) ya que también tiene mucha materia orgánica. “Pero es muy ácido, tiene otras características que lo hace difícil de tratar por un lado, y por otro, difícil de eliminar en el medio ambiente. Eso hace que sea un contaminante bien difícil de tratar”, explicó.
Targa mencionó que otras industrias que generan contaminación en Tucumán son los mataderos, pero también puso énfasis en los riesgos que provocan los desechos cloacales que se arrojan sin tratamiento. A ello, sumó el agua del lavado del ingenio, conocida como agua industrial, que también contiene contaminantes. “Siempre estamos hablando de contaminantes orgánicos, el problema más grave es que cuando llegan al agua, se descomponen y cuando van al embalse, desarrollan algas y demás. No es que hayamos encontrado tóxicos”.
Puntualmente, indicó que los líquidos cloacales además de que tienen mucha carga orgánica y por lo tanto, mucha demanda biológica de oxígeno (DBO), “tienen el peligro de las bacterias que puedan contener”.
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El fraude de la generación de energía con residuos
Residuos y energía: el fraude en la promesa del dos por uno
Fecha de Publicación: 10/09/2012
Fuente: Clarín - Por Juan Carlos Villalonga (Los Verdes)
Provincia/Región: Riachuelo
La empresa estatal ENARSA, actor clave en la Cuenca Matanza-Riachuelo, invoca conceptos falsos e implementa programas inviables.
Desde hace poco tiempo, la empresa estatal ENARSA se ha convertido en un actor clave para promover la inversión en tecnologías de termo-valorización de residuos, especialmente en la Cuenca Matanza-Riachuelo. El dos por uno de ENARSA, generación de energía “renovable” y gestión de residuos, es ofrecido invocando conceptos falsos, vendiendo tecnologías mágicas y brindando soluciones que no son tales.
Los residuos no son una fuente de energía renovable. Que la sociedad de consumo aumente la cantidad de residuos que genera, no los convierte en renovables, ya que los recursos que componen la basura no lo son. La misma Ley 26.190 que ENARSA invoca los excluye como tal.
ENARSA habla de tecnologías que trabajen con el “rechazo” de los residuos, hecho de por sí imposible en la mayor parte de Argentina. La existencia de “rechazo” de residuos es nula ya que no existe un plan de separación en origen de la basura, disposición y recolección diferenciada y reciclado o compostaje que genere una fracción de residuos que no puedan ser recuperados. Por el contrario, una planta de este tipo compite directamente con cualquier plan de reciclado que quiera llevarse adelante, porque los recursos que ambos necesitan son los mismos.
Las tecnologías que promueve ENARSA no son una alternativa real a un relleno sanitario, ya que este tipo de plantas sólo recuperan un porcentaje bajo de los residuos. El resto queda inutilizado y debe ser enterrado o incinerado, ya que los procesos termoquímicos necesitan una clasificación exhaustiva de los distintos materiales que componen los residuos y tampoco en estos casos de máxima está garantizada su viabilidad.
En el año 2011, ENARSA firmó un acuerdo con la empresa norteamericana Innviron por la compra de energía generada de los residuos de la ciudad de Villa María, en Córdoba. ENARSA avanzó con el convenio a pesar de que semanas antes las autoridades de la ciudad de Córdoba dieran de baja la preadjudicación de esa misma empresa para el tratamiento de la basura de la Ciudad de Córdoba. Es que las autoridades de la capital provincial comprobaron, mediante un viaje a los Estados Unidos, que la firma no contaba con una planta de tecnología similar a la propuesta en Córdoba para tratar los residuos a la escala demandada.
ENARSA financia proyectos que no solucionan ni la gestión de los residuos, ni la generación de energía limpia, ni abundante. La promoción para la generación de energía renovable, el programa GENREN, debería destinarse a proyectos basados en fuentes renovables y limpias de verdad, como la eólica y la solar.
En tanto, la gestión de la basura debe obedecer a políticas de minimización, reciclado y compostaje como lo dicta la legislación vigente. El dos por uno de la valorización energética es un fiasco ya probado.
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Fecha de Publicación: 10/09/2012
Fuente: Clarín - Por Juan Carlos Villalonga (Los Verdes)
Provincia/Región: Riachuelo
La empresa estatal ENARSA, actor clave en la Cuenca Matanza-Riachuelo, invoca conceptos falsos e implementa programas inviables.
Desde hace poco tiempo, la empresa estatal ENARSA se ha convertido en un actor clave para promover la inversión en tecnologías de termo-valorización de residuos, especialmente en la Cuenca Matanza-Riachuelo. El dos por uno de ENARSA, generación de energía “renovable” y gestión de residuos, es ofrecido invocando conceptos falsos, vendiendo tecnologías mágicas y brindando soluciones que no son tales.
Los residuos no son una fuente de energía renovable. Que la sociedad de consumo aumente la cantidad de residuos que genera, no los convierte en renovables, ya que los recursos que componen la basura no lo son. La misma Ley 26.190 que ENARSA invoca los excluye como tal.
ENARSA habla de tecnologías que trabajen con el “rechazo” de los residuos, hecho de por sí imposible en la mayor parte de Argentina. La existencia de “rechazo” de residuos es nula ya que no existe un plan de separación en origen de la basura, disposición y recolección diferenciada y reciclado o compostaje que genere una fracción de residuos que no puedan ser recuperados. Por el contrario, una planta de este tipo compite directamente con cualquier plan de reciclado que quiera llevarse adelante, porque los recursos que ambos necesitan son los mismos.
Las tecnologías que promueve ENARSA no son una alternativa real a un relleno sanitario, ya que este tipo de plantas sólo recuperan un porcentaje bajo de los residuos. El resto queda inutilizado y debe ser enterrado o incinerado, ya que los procesos termoquímicos necesitan una clasificación exhaustiva de los distintos materiales que componen los residuos y tampoco en estos casos de máxima está garantizada su viabilidad.
En el año 2011, ENARSA firmó un acuerdo con la empresa norteamericana Innviron por la compra de energía generada de los residuos de la ciudad de Villa María, en Córdoba. ENARSA avanzó con el convenio a pesar de que semanas antes las autoridades de la ciudad de Córdoba dieran de baja la preadjudicación de esa misma empresa para el tratamiento de la basura de la Ciudad de Córdoba. Es que las autoridades de la capital provincial comprobaron, mediante un viaje a los Estados Unidos, que la firma no contaba con una planta de tecnología similar a la propuesta en Córdoba para tratar los residuos a la escala demandada.
ENARSA financia proyectos que no solucionan ni la gestión de los residuos, ni la generación de energía limpia, ni abundante. La promoción para la generación de energía renovable, el programa GENREN, debería destinarse a proyectos basados en fuentes renovables y limpias de verdad, como la eólica y la solar.
En tanto, la gestión de la basura debe obedecer a políticas de minimización, reciclado y compostaje como lo dicta la legislación vigente. El dos por uno de la valorización energética es un fiasco ya probado.
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Sali-Dulce: Tucumán no asume su responsabilidad
Tucumán no asume su responsabilidad por contaminar las aguas
Fecha de Publicación: 09/09/2012
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán
La insensatez humana parece no tener límites cuando de preservar el medio ambiente se trata, aún sabiendo que afecta a su propio entorno, compuesto por familiares directos, comprovincianos y vecinos.
Un grupo de empresarios, poderosos e influyentes, desde hace décadas, acostumbraron a utilizar las aguas de la cuenca Salí-Dulce como un desagüe natural de sustancias que contaminan. La mayoría de ellos está relacionada con la industrialización de la caña de azúcar, seguramente la principal actividad agroindustrial que da trabajo a innumerable cantidad de gente.
Una industria que creció bajo la protección permanente del Estado nacional, apoyada por todos los gobiernos desde el de Juan Carlos Onganía, que impulsó una millonaria política de susbsidios, allá por la década del 60.
Si bien, al inicio de las actividades se podría haber aducido el desconocimiento de que la actividad de la zafra azucarera traería aparejado un tremendo impacto para el medio ambiente tucumano-santiagueño, con el transcurso de los años las evidencias eran más que perceptibles.
El avance de las tecnologías y el abaratamiento de los costos de su implementación, evidencian palmariamente la esencia de argumentos de peso para no asumir con responsabilidad los deberes ineludibles de cualquier emprendimento industrial.
Un detallado y cimentado andamiaje legal que baja desde la Constitución Nacional y sus tratados internacionales, hasta las leyes provinciales y ordenanzas municipales, construyeron un obstáculo infranqueable para que los jueces y las autoridades se comprometan y hagan cumplir las normas que previenen la contaminación o que la sancionan severamente en caso de que ocurra.
Sin embargo, a medida que la contaminación se hacía más evidente, los distintos gobiernos de Tucumán, prefirieron convertirse en apañadores de la contaminación de la industria de la caña de azúcar, que en defensores de los intereses de los tucumanos y santiagueños que sufren las consecuencias.
La gran excusa siempre fue la protección de una actividad que daba trabajo a miles y que en determinados momentos era la única que permitía subsistir a la provincia, como si debiera elegirse maquiavélicamente entre una u otra cosa.
En el medio, lo de siempre, empresarios “generosos” de apoyar campañas electorales de gobernantes, que luego estarían condicionados a actuar; jueces cada vez más dependientes del gobierno de turno y sociedades no muy comprometidas con el cuidado del medio ambiente.
Los resultados están a la vista y deberían avergonzarnos a todos, claro que en mayor medida a quienes el peso de la responsabilidad directa los involucra irremediablemente en graves delitos cometidos a lo largo de los años, por acción u omisión.
La cuenca Salí-Dulce se encuentra contaminada y el lago del embalse de Las Termas de Río Hondo, que comparte Santiago del Estero con Tucumán, va perdiendo su capacidad de acumulación de agua debido a la gran sedimentación que escurre por las aguas de los ríos que lo abastecen.
La máxima contaminación coincide, como una ironía de la vida, cuando Santiago del Estero impulsa, con extraordinario énfasis, el desarrollo turístico de Las Termas de Río Hondo y sus aguas termales de características únicas en el mundo.
El gobierno provincial ha puesto todos los esfuerzos y volcado innumerable cantidad de fondos en la realización de grandes obras públicas, tanto a nivel infraestructura básica como red cloacal, aeropuerto internacional, como recreativas en el caso de la costanera, el autódromo o los parques. Son de público conocimiento y no es necesario enumerarlas a todas.
La actividad privada también aporta lo suyo construyendo nuevos hoteles o remodelando los ya instalados, al igual que el comercio y los servicios.
En definitiva se ha hecho todo lo posible para que Las Termas de Río Hondo se convierta a futuro en un gran centro turístico nacional, con proyecciones internacionales.
Sólo empaña el brillo de tanto esfuerzo, la noticia reiterada de la contaminación de la cuenca Salí-Dulce, que ante cada nuevo episodio se multiplica restándole imagen.
En estos días, nuevamente empresarios inescrupulosos de la industria azucarera tucumana arrojaron vinaza y cenizas que contaminan las aguas de la cuenca Salí-Dulce, con una impunidad que habla a las claras de que el gobierno de Tucumán no está haciendo la cosas como corresponde, aún habiéndose comprometido a controlar celosamente lo que le compete.
Es cierto que a instancias del gobierno de Santiago del Estero, el apoyo del gobierno de la Nación y la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se han realizado importantes avances que permiten abonar la esperanza de controlar el problema en un palzo razonable.
Sin embargo, sigue ausente un férreo compromiso del gobierno tucumano para realizar la acción preventiva ineludible. Por el contrario se lo ve avanzando a regañadientes, como obligado por las circunstancias, disimulando sus intereses contrarios a la preservación del medio ambiente.
No ha tomado este tema como de afectación común, en lo que parece ser un constante menosprecio por su propia población y mucho más aún por la de Santiago del Estero. Las denuncias sólo se impulsan con firmeza desde Santiago del Estero, cuando ocurren en territorio tucumano, donde debería ser mucho más inmediato y efectivo el control.
La actitud del gobierno tucumano levanta la sospecha de que se aplica la política de que “ya pasará” la presión santiagueña y las cosas volverán a la normalidad de la contaminación como hecho irreversible.
De ahí que deberá ser la tenacidad y el control permanente, las herramientas que con inteligencia deberá sostener Santiago del Estero, para obligar a quienes tienen la responsabilidad empresarial y gubernamental respeten de una vez por todas el derecho a vivir libres de contaminación a dos provincias bellas en el más amplio de los conceptos.
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Fecha de Publicación: 09/09/2012
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán
La insensatez humana parece no tener límites cuando de preservar el medio ambiente se trata, aún sabiendo que afecta a su propio entorno, compuesto por familiares directos, comprovincianos y vecinos.Un grupo de empresarios, poderosos e influyentes, desde hace décadas, acostumbraron a utilizar las aguas de la cuenca Salí-Dulce como un desagüe natural de sustancias que contaminan. La mayoría de ellos está relacionada con la industrialización de la caña de azúcar, seguramente la principal actividad agroindustrial que da trabajo a innumerable cantidad de gente.
Una industria que creció bajo la protección permanente del Estado nacional, apoyada por todos los gobiernos desde el de Juan Carlos Onganía, que impulsó una millonaria política de susbsidios, allá por la década del 60.
Si bien, al inicio de las actividades se podría haber aducido el desconocimiento de que la actividad de la zafra azucarera traería aparejado un tremendo impacto para el medio ambiente tucumano-santiagueño, con el transcurso de los años las evidencias eran más que perceptibles.
El avance de las tecnologías y el abaratamiento de los costos de su implementación, evidencian palmariamente la esencia de argumentos de peso para no asumir con responsabilidad los deberes ineludibles de cualquier emprendimento industrial.
Un detallado y cimentado andamiaje legal que baja desde la Constitución Nacional y sus tratados internacionales, hasta las leyes provinciales y ordenanzas municipales, construyeron un obstáculo infranqueable para que los jueces y las autoridades se comprometan y hagan cumplir las normas que previenen la contaminación o que la sancionan severamente en caso de que ocurra.
Sin embargo, a medida que la contaminación se hacía más evidente, los distintos gobiernos de Tucumán, prefirieron convertirse en apañadores de la contaminación de la industria de la caña de azúcar, que en defensores de los intereses de los tucumanos y santiagueños que sufren las consecuencias.
La gran excusa siempre fue la protección de una actividad que daba trabajo a miles y que en determinados momentos era la única que permitía subsistir a la provincia, como si debiera elegirse maquiavélicamente entre una u otra cosa.
En el medio, lo de siempre, empresarios “generosos” de apoyar campañas electorales de gobernantes, que luego estarían condicionados a actuar; jueces cada vez más dependientes del gobierno de turno y sociedades no muy comprometidas con el cuidado del medio ambiente.
Los resultados están a la vista y deberían avergonzarnos a todos, claro que en mayor medida a quienes el peso de la responsabilidad directa los involucra irremediablemente en graves delitos cometidos a lo largo de los años, por acción u omisión.
La cuenca Salí-Dulce se encuentra contaminada y el lago del embalse de Las Termas de Río Hondo, que comparte Santiago del Estero con Tucumán, va perdiendo su capacidad de acumulación de agua debido a la gran sedimentación que escurre por las aguas de los ríos que lo abastecen.
La máxima contaminación coincide, como una ironía de la vida, cuando Santiago del Estero impulsa, con extraordinario énfasis, el desarrollo turístico de Las Termas de Río Hondo y sus aguas termales de características únicas en el mundo.
El gobierno provincial ha puesto todos los esfuerzos y volcado innumerable cantidad de fondos en la realización de grandes obras públicas, tanto a nivel infraestructura básica como red cloacal, aeropuerto internacional, como recreativas en el caso de la costanera, el autódromo o los parques. Son de público conocimiento y no es necesario enumerarlas a todas.
La actividad privada también aporta lo suyo construyendo nuevos hoteles o remodelando los ya instalados, al igual que el comercio y los servicios.
En definitiva se ha hecho todo lo posible para que Las Termas de Río Hondo se convierta a futuro en un gran centro turístico nacional, con proyecciones internacionales.
Sólo empaña el brillo de tanto esfuerzo, la noticia reiterada de la contaminación de la cuenca Salí-Dulce, que ante cada nuevo episodio se multiplica restándole imagen.
En estos días, nuevamente empresarios inescrupulosos de la industria azucarera tucumana arrojaron vinaza y cenizas que contaminan las aguas de la cuenca Salí-Dulce, con una impunidad que habla a las claras de que el gobierno de Tucumán no está haciendo la cosas como corresponde, aún habiéndose comprometido a controlar celosamente lo que le compete.
Es cierto que a instancias del gobierno de Santiago del Estero, el apoyo del gobierno de la Nación y la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se han realizado importantes avances que permiten abonar la esperanza de controlar el problema en un palzo razonable.
Sin embargo, sigue ausente un férreo compromiso del gobierno tucumano para realizar la acción preventiva ineludible. Por el contrario se lo ve avanzando a regañadientes, como obligado por las circunstancias, disimulando sus intereses contrarios a la preservación del medio ambiente.
No ha tomado este tema como de afectación común, en lo que parece ser un constante menosprecio por su propia población y mucho más aún por la de Santiago del Estero. Las denuncias sólo se impulsan con firmeza desde Santiago del Estero, cuando ocurren en territorio tucumano, donde debería ser mucho más inmediato y efectivo el control.
La actitud del gobierno tucumano levanta la sospecha de que se aplica la política de que “ya pasará” la presión santiagueña y las cosas volverán a la normalidad de la contaminación como hecho irreversible.
De ahí que deberá ser la tenacidad y el control permanente, las herramientas que con inteligencia deberá sostener Santiago del Estero, para obligar a quienes tienen la responsabilidad empresarial y gubernamental respeten de una vez por todas el derecho a vivir libres de contaminación a dos provincias bellas en el más amplio de los conceptos.
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Ahora Río Negro busca proteger al puma
El gobierno de Río Negro busca alternativas para proteger al puma
Fecha de Publicación: 08/09/2012
Fuente: InfoAmbiente
Provincia/Región: Río Negro
Mediante una labor conjunta entre la Secretaría de Medio Ambiente y la Dirección de Fauna Silvestre del Ministerio de Producción, el Gobierno de Río Negro analiza alternativas para proteger la especie autóctona. A tal fin, se avanzará en la observación de la actual legislación junto a investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y autoridades del área de Fauna de la vecina provincia de Chubut.
La Secretaria de Medio Ambiente de Río Negro, Laura Del Valle Juárez, se reunirá el próximo 23 de octubre en Viedma con autoridades de la Dirección de Fauna de la provincia de Chubut, e investigadores del CONICET para analizar la actual legislación rionegrina y avanzar sobre alternativas que permitan la protección de esta especie autóctona.
“Estamos en búsqueda de alternativas para proteger la especie, que es autóctona de la Argentina, e intentaremos buscar alternativas a la actual legislación que tenemos en la provincia”, destacó al respecto la secretaria.
Mencionó que “al Gobernador Alberto Weretilneck le llegaron peticiones de la Fundación Vida Silvestre con casi dos mil firmas solicitando la derogación de la Ley” y en tal sentido destacó que “no podemos hablar todavía de la derogación de la ley porque primero tenemos que conocer las alternativas”.
Durante el encuentro, se analizará el Plan de Manejo del Puma que desarrolla la entidad investigadora en Chubut con resultados positivos.
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Fecha de Publicación: 08/09/2012
Fuente: InfoAmbiente
Provincia/Región: Río Negro
Mediante una labor conjunta entre la Secretaría de Medio Ambiente y la Dirección de Fauna Silvestre del Ministerio de Producción, el Gobierno de Río Negro analiza alternativas para proteger la especie autóctona. A tal fin, se avanzará en la observación de la actual legislación junto a investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y autoridades del área de Fauna de la vecina provincia de Chubut.
La Secretaria de Medio Ambiente de Río Negro, Laura Del Valle Juárez, se reunirá el próximo 23 de octubre en Viedma con autoridades de la Dirección de Fauna de la provincia de Chubut, e investigadores del CONICET para analizar la actual legislación rionegrina y avanzar sobre alternativas que permitan la protección de esta especie autóctona.
“Estamos en búsqueda de alternativas para proteger la especie, que es autóctona de la Argentina, e intentaremos buscar alternativas a la actual legislación que tenemos en la provincia”, destacó al respecto la secretaria.
Mencionó que “al Gobernador Alberto Weretilneck le llegaron peticiones de la Fundación Vida Silvestre con casi dos mil firmas solicitando la derogación de la Ley” y en tal sentido destacó que “no podemos hablar todavía de la derogación de la ley porque primero tenemos que conocer las alternativas”.
Durante el encuentro, se analizará el Plan de Manejo del Puma que desarrolla la entidad investigadora en Chubut con resultados positivos.
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Contabilizar el carbono pasará a ser a obligatorio
La huella de carbono
Fecha de Publicación: 07/09/2012
Fuente: El Cronista
Provincia/Región: Nacional
La contabilización de las emisiones de gases de efecto invernadero a lo largo de una cadena productiva, conocida como 'huella de carbono', pasará de ser voluntaria a obligatoria. Cómo medirla, reducirla y por qué el no hacerlo podría transformarse en una barrera para exportar y acceder al crédito.
Todos los pasos que van desde la extracción de materias primas, a la elaboración de un producto, la llegada a los consumidores y su disposición final, dejan una huella en términos de emisiones de gases de invernadero al ambiente. Se la conoce como huella de carbono, y los países y empresas han comenzado a medirla.
Lo que empezó como un ejercicio académico, se trasladó a los mercados como parte de una tendencia hacia el consumo de productos ecológicos, y por la necesidad de mitigar el cambio climático. Los esquemas voluntarios de medición y reducción de la huella de carbono se vuelven obligatorios. Y podrían transformarse en una barrera a las exportaciones.
Este concepto es parte de la llamada huella ecológica, que contrasta la demanda de recursos naturales con la capacidad de la naturaleza para proveerlos (biocapacidad). En 2007, la huella ecológica de la humanidad era 1,5. Dicho de otro modo, se necesitaría un planeta y medio para regenerar los recursos y absorber las emisiones y desechos producidos por la humanidad cada año.
La huella de carbono, en cambio, se limita a un aspecto de la huella ecológica: el de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a lo largo del ciclo de vida de los productos, medidas en unidades de dióxido de carbono equivalente (CO2e), dado que este gas se ha tomado como referencia, pero existen otros cinco gases de efecto invernadero.
"Cada sector debe realizar un estudio sobre la cadena productiva para determinar dónde hay emisiones significativas", recomienda Soledad Aguilar, directora del Foro de Cambio Climático y Comercio, y profesora de Posgrado en Flacso.
En Unilever, "el 90% de las emisiones corresponden a la materia prima y el consumo, mientras que la manufactura y transporte son sólo el 5% del impacto ambiental", señala Tarcisio Mülek, responsable de Sustentabilidad de la multinacional. La compañía midió la huella de 1.600 de sus productos para obtener estas conclusiones. Para el 2020 la meta es reducir las emisiones de CO2 por debajo de su registro de 2008, sin afectar la producción.
El Banco de Galicia comenzó hace dos años a calcular las emisiones de CO2 equivalente de sus oficinas. "Reportamos tanto las emisiones directas sobre las que el banco tiene control, como indirectas, incluyendo las de servicios contratados y viajes en avión", explica María Alejandra González, responsable de RSE de la entidad. El banco lanzó el sitio medituhuella.com, donde empleados y usuarios pueden calcularla.
"Medir la huella de carbono nos permite analizar la eficiencia operativa, reducir costos, mejorar la reputación y acceder a líneas de crédito internacionales", destaca González.
Eficiencia y ahorro
Hoy conviven varios sistemas de medición, pero "los más utilizados son la PAS 2050 del Carbon Trust, y el GHG Protocol desarrollado por el World Resources Institute (WRI) y el World Business Council for Sustainable Development (WBSCD)", explica Aguilar.
"La reducción de la huella de carbono y el ahorro energético nos hacen más eficientes y presentan oportunidades en el desarrollo de redes inteligentes (smart grid) y sistemas de gestión de energía", afirma Rosangela Melatto, gerente de Responsabilidad Social de Intel para América. En 2010, el fabricante de chips redujo sus emisiones en un 80% frente a las de 1995. Para esto invirtió u$s 45 millones en proyectos de eficiencia energética en sus instalaciones .
Con paneles solares en los techos de su casa matriz, sistemas de eficiencia energética e incentivos para ir a trabajar en bicicleta en sus filiales, Google elimina 10 mil toneladas de CO2 equivalentes al año. "Medimos nuestra huella a nivel global, y desde hace cinco años esa medición da cero" afirma Kate Hurowitz, gerente de Comunicaciones de Google Green. La estrategia de sustentabilidad del buscador se basa en la "nube verde": los servicios para trabajar colaborativamente y a distancia permiten a empresas y consumidores un ahorro en traslados y energía del 85%.
En tanto, el grupo Telefónica mide sus emisiones globales de CO2 desde 2007, y se propuso una reducción del 30% de aquí a 2015. "Ya logramos una disminución del 20%", apunta Daniela Torres Espinosa, gerenta de Green TIC y Medio Ambiente. La compañía trabaja tanto en la eficiencia energética dentro de la organización, como en soluciones de "green IT" para clientes.
Borrando huellas
Al medir su huella de carbono, las empresas generan información que les permite optimizar el uso de los recursos y mejorar los procesos productivos, lo que implica también una reducción de costos. Por el lado de los consumidores, el etiquetado de huella de carbono aporta datos relevantes para decidir su compra.
En Danone, los objetivos de reducción de la huella de carbono global son ambiciosos: 30% de 2008 a 2012. Para ello, desarrollaron junto a SAP un sistema que recolecta automáticamente los datos de 35.000 productos a lo largo de su ciclo de vida.
"La sustentabilidad es un eje central del negocio. Esto hace que prioricemos a los proveedores locales para reducir emisiones provenientes del transporte", dice Ignacio Sabino, responsable de Comunicación Corporativa de la fabricante de adhesivos Henkel.
En la química Dow, una inversión de u$s 15 millones permitió reanudar, luego de 20 años, el transporte de cargas entre el polo industrial de Bahía Blanca y el puerto de Buenos Aires.
Con esta obra, "se redujo la emisión de 6.000 toneladas de CO2, equivalentes al consumo de 260.000 árboles", destaca Soledad Echagüe, directora de Asuntos Públicos de Dow. Además, se crearon 200 nuevos empleos en el puerto porteño, adonde ingresan 20.000 contenedores anuales adicionales sin incrementar el tránsito.
Empezar a reducir
La eficiencia energética y el uso de energías limpias son claves a la hora de reducir la huella de carbono. El primer paso es conocer el consumo energético y evaluar su eficiencia mediante una auditoría energética. Luego hay que tomar medidas. Algunas requieren una inversión programada, como el cambio o acondicionamiento de maquinarias y equipos por otros de tecnologías más eficientes. O la construccion o refacción de edificios según lineamientos de arquitectura sustentable como el LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).
Entre las medidas menos costosas se cuentan: el aprovechamiento de la luz natural y el uso de lamparitas de bajo consumo; los sistemas automáticos que regulan la iluminación y temperatura ambiente según horarios o cantidad de personas.
También es fundamental el mantenimiento de máquinas, artefactos eléctricos y calderas, y utilizar filtros de aislación para evitar fugas y pérdidas de energía, coinciden Gerardo Kocsis y Juan Pablo Riquel, de Nabla Energía, que dictan talleres sobre Reducción de la huella de carbono en la Fundación Nuevos Aires.
El viaje cotidiano a la empresa es una oportunidad de reducción de emisiones. Evitarlo con teletrabajo tiene sus ventajas: se ahorra tiempo y dinero en viáticos y comidas, lo que implica hasta un 20% de aumento relativo del salario, según datos de la consultora Jobing. Las empresas también se benefician, ya que incrementa la motivación y la productividad. Y reduce hasta el 64% sobre el costo anual de cada empleado por menor necesidad de metros cuadrados de oficinas, mantenimiento e impuestos y gastos de energía, librería, café y comunicaciones.
Y cuando no queda otra que trasladarse, la bicicleta y el carpooling son alternativas sustentables. "Al compartir el auto para ir a la oficina se reduce el uso de combustible, estacionamiento, peajes, y se genera networking", dice Lucas Todres, fundador de Encamello.com, una plataforma para organizar carpooling. Por día entran a la ciudad de Buenos Aires 1,3 millones de autos, generando 5,7 millones de Toneladas de CO2 al año, según datos del gobierno porteño. El 70% de esos vehículos tiene un solo pasajero, con lo que la posibilidad de reducir emisiones vía carpooling es enorme. Hoy puede ser un buen momento para empezar.
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Fecha de Publicación: 07/09/2012
Fuente: El Cronista
Provincia/Región: Nacional
La contabilización de las emisiones de gases de efecto invernadero a lo largo de una cadena productiva, conocida como 'huella de carbono', pasará de ser voluntaria a obligatoria. Cómo medirla, reducirla y por qué el no hacerlo podría transformarse en una barrera para exportar y acceder al crédito.
Todos los pasos que van desde la extracción de materias primas, a la elaboración de un producto, la llegada a los consumidores y su disposición final, dejan una huella en términos de emisiones de gases de invernadero al ambiente. Se la conoce como huella de carbono, y los países y empresas han comenzado a medirla.
Lo que empezó como un ejercicio académico, se trasladó a los mercados como parte de una tendencia hacia el consumo de productos ecológicos, y por la necesidad de mitigar el cambio climático. Los esquemas voluntarios de medición y reducción de la huella de carbono se vuelven obligatorios. Y podrían transformarse en una barrera a las exportaciones.
Este concepto es parte de la llamada huella ecológica, que contrasta la demanda de recursos naturales con la capacidad de la naturaleza para proveerlos (biocapacidad). En 2007, la huella ecológica de la humanidad era 1,5. Dicho de otro modo, se necesitaría un planeta y medio para regenerar los recursos y absorber las emisiones y desechos producidos por la humanidad cada año.
La huella de carbono, en cambio, se limita a un aspecto de la huella ecológica: el de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a lo largo del ciclo de vida de los productos, medidas en unidades de dióxido de carbono equivalente (CO2e), dado que este gas se ha tomado como referencia, pero existen otros cinco gases de efecto invernadero.
"Cada sector debe realizar un estudio sobre la cadena productiva para determinar dónde hay emisiones significativas", recomienda Soledad Aguilar, directora del Foro de Cambio Climático y Comercio, y profesora de Posgrado en Flacso.
En Unilever, "el 90% de las emisiones corresponden a la materia prima y el consumo, mientras que la manufactura y transporte son sólo el 5% del impacto ambiental", señala Tarcisio Mülek, responsable de Sustentabilidad de la multinacional. La compañía midió la huella de 1.600 de sus productos para obtener estas conclusiones. Para el 2020 la meta es reducir las emisiones de CO2 por debajo de su registro de 2008, sin afectar la producción.
El Banco de Galicia comenzó hace dos años a calcular las emisiones de CO2 equivalente de sus oficinas. "Reportamos tanto las emisiones directas sobre las que el banco tiene control, como indirectas, incluyendo las de servicios contratados y viajes en avión", explica María Alejandra González, responsable de RSE de la entidad. El banco lanzó el sitio medituhuella.com, donde empleados y usuarios pueden calcularla.
"Medir la huella de carbono nos permite analizar la eficiencia operativa, reducir costos, mejorar la reputación y acceder a líneas de crédito internacionales", destaca González.
Eficiencia y ahorro
Hoy conviven varios sistemas de medición, pero "los más utilizados son la PAS 2050 del Carbon Trust, y el GHG Protocol desarrollado por el World Resources Institute (WRI) y el World Business Council for Sustainable Development (WBSCD)", explica Aguilar.
"La reducción de la huella de carbono y el ahorro energético nos hacen más eficientes y presentan oportunidades en el desarrollo de redes inteligentes (smart grid) y sistemas de gestión de energía", afirma Rosangela Melatto, gerente de Responsabilidad Social de Intel para América. En 2010, el fabricante de chips redujo sus emisiones en un 80% frente a las de 1995. Para esto invirtió u$s 45 millones en proyectos de eficiencia energética en sus instalaciones .
Con paneles solares en los techos de su casa matriz, sistemas de eficiencia energética e incentivos para ir a trabajar en bicicleta en sus filiales, Google elimina 10 mil toneladas de CO2 equivalentes al año. "Medimos nuestra huella a nivel global, y desde hace cinco años esa medición da cero" afirma Kate Hurowitz, gerente de Comunicaciones de Google Green. La estrategia de sustentabilidad del buscador se basa en la "nube verde": los servicios para trabajar colaborativamente y a distancia permiten a empresas y consumidores un ahorro en traslados y energía del 85%.
En tanto, el grupo Telefónica mide sus emisiones globales de CO2 desde 2007, y se propuso una reducción del 30% de aquí a 2015. "Ya logramos una disminución del 20%", apunta Daniela Torres Espinosa, gerenta de Green TIC y Medio Ambiente. La compañía trabaja tanto en la eficiencia energética dentro de la organización, como en soluciones de "green IT" para clientes.
Borrando huellas
Al medir su huella de carbono, las empresas generan información que les permite optimizar el uso de los recursos y mejorar los procesos productivos, lo que implica también una reducción de costos. Por el lado de los consumidores, el etiquetado de huella de carbono aporta datos relevantes para decidir su compra.
En Danone, los objetivos de reducción de la huella de carbono global son ambiciosos: 30% de 2008 a 2012. Para ello, desarrollaron junto a SAP un sistema que recolecta automáticamente los datos de 35.000 productos a lo largo de su ciclo de vida.
"La sustentabilidad es un eje central del negocio. Esto hace que prioricemos a los proveedores locales para reducir emisiones provenientes del transporte", dice Ignacio Sabino, responsable de Comunicación Corporativa de la fabricante de adhesivos Henkel.
En la química Dow, una inversión de u$s 15 millones permitió reanudar, luego de 20 años, el transporte de cargas entre el polo industrial de Bahía Blanca y el puerto de Buenos Aires.
Con esta obra, "se redujo la emisión de 6.000 toneladas de CO2, equivalentes al consumo de 260.000 árboles", destaca Soledad Echagüe, directora de Asuntos Públicos de Dow. Además, se crearon 200 nuevos empleos en el puerto porteño, adonde ingresan 20.000 contenedores anuales adicionales sin incrementar el tránsito.
Empezar a reducir
La eficiencia energética y el uso de energías limpias son claves a la hora de reducir la huella de carbono. El primer paso es conocer el consumo energético y evaluar su eficiencia mediante una auditoría energética. Luego hay que tomar medidas. Algunas requieren una inversión programada, como el cambio o acondicionamiento de maquinarias y equipos por otros de tecnologías más eficientes. O la construccion o refacción de edificios según lineamientos de arquitectura sustentable como el LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).
Entre las medidas menos costosas se cuentan: el aprovechamiento de la luz natural y el uso de lamparitas de bajo consumo; los sistemas automáticos que regulan la iluminación y temperatura ambiente según horarios o cantidad de personas.
También es fundamental el mantenimiento de máquinas, artefactos eléctricos y calderas, y utilizar filtros de aislación para evitar fugas y pérdidas de energía, coinciden Gerardo Kocsis y Juan Pablo Riquel, de Nabla Energía, que dictan talleres sobre Reducción de la huella de carbono en la Fundación Nuevos Aires.
El viaje cotidiano a la empresa es una oportunidad de reducción de emisiones. Evitarlo con teletrabajo tiene sus ventajas: se ahorra tiempo y dinero en viáticos y comidas, lo que implica hasta un 20% de aumento relativo del salario, según datos de la consultora Jobing. Las empresas también se benefician, ya que incrementa la motivación y la productividad. Y reduce hasta el 64% sobre el costo anual de cada empleado por menor necesidad de metros cuadrados de oficinas, mantenimiento e impuestos y gastos de energía, librería, café y comunicaciones.
Y cuando no queda otra que trasladarse, la bicicleta y el carpooling son alternativas sustentables. "Al compartir el auto para ir a la oficina se reduce el uso de combustible, estacionamiento, peajes, y se genera networking", dice Lucas Todres, fundador de Encamello.com, una plataforma para organizar carpooling. Por día entran a la ciudad de Buenos Aires 1,3 millones de autos, generando 5,7 millones de Toneladas de CO2 al año, según datos del gobierno porteño. El 70% de esos vehículos tiene un solo pasajero, con lo que la posibilidad de reducir emisiones vía carpooling es enorme. Hoy puede ser un buen momento para empezar.
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Tucumán: vinaza como agua perfumada
"La vinaza fluye en la provincia de Tucumán como si se tratara de agua perfumada"
Fecha de Publicación: 07/09/2012
Fuente: Diario Panorama
Provincia/Región: Tucumán
Así lo sostuvo el diputado radical de la provincia de Tucumán, Ariel García, quién se apersonó en Delfín Gallo para escuchar la problemática de los vecinos.
El legislador radical de la provincia de Tucumán, Ariel García dijo que “la vinaza fluye en la provincia como si se tratara de agua perfumada, porque las autoridades ambientales están esperando las denuncias del Comité de Cuenca para actuar y aplicar sanciones”.
El parlamentario aludió de esa manera a las denuncias sobre derrames de vinaza y ceniza ocurridos en los últimos días y que tienen como protagonistas a los ingenios Santa Rosa, Concepción (ATANOR) y La Trinidad.
“El gobierno provincial siempre actúa una vez que los integrantes del Comité de la Cuenca Salí-Dulce, en especial los funcionarios santiagueños, denuncian las irregularidades y aportan pruebas de ellas, como ocurrió con el derrame de cenizas del ingenio Santa Rosa, al que se le aplicó después una multa de 200 mil pesos”, sostuvo el legislador, quien en la jornada del miércoles se apersonó en Delfín Gallo para escuchar la problemática de vecinos, que viven a escasos 30 metros de un canal con vinaza a cielo abierto de un kilómetro y medio de extensión y ocho metros de profundidad.
“Es una vergüenza que el gobierno provincial permita este daño ambiental y perjudique a personas inocentes que vivieron toda su vida en esa zona, que se convirtió en inhabitable, no sólo por el pestilente y permanente olor, sino por el peligro que implica ese efluente contaminante para la salud de las personas”, espetó.
“Esta vinaza la desechó, sin ningún tipo de tratamiento, el ingenio Concepción. El área ambiental de la provincia no hizo nada al respecto.
Agregó que “ahora se suma otro derrame, pero esta vez tiene como responsable al ingenio La Trinidad. Quizá al gobierno provincial se le escapó la tortuga en lo que hace a la implementación del Programa Vinaza Cero, pero esos inconvenientes sólo se solucionan con controles preventivos y sanciones concretas”.
“Al parecer la vinaza se esta colmatando en los supuestos "piletones" y las cenizas están estorbando en los ingenios y es por eso que se están dedicando a eliminarlas en estos días. Si el gobernador no puede cumplir con los compromisos asumidos con el gobierno de Santiago del Estero y la propia nación, por lo menos que cumpla con la preservación de la salud de los tucumanos, que no pueden vivir en las condiciones a la que los somete la contaminación”, expresó García.
“Le recuerdo al gobernador Alperovich que el derecho a un medio ambiente saludable forma parte de los derechos humanos de tercera generación, los cuales debe velar como representante del pueblo. Si no lo hace, desde el radicalismo, en donde tenemos representación parlamentaria, se lo haremos recordar en todo momento, porque es nuestro deber y mandato de quienes nos dieron esa sagrada responsabilidad”, finalizó.
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Fecha de Publicación: 07/09/2012
Fuente: Diario Panorama
Provincia/Región: Tucumán
Así lo sostuvo el diputado radical de la provincia de Tucumán, Ariel García, quién se apersonó en Delfín Gallo para escuchar la problemática de los vecinos.El legislador radical de la provincia de Tucumán, Ariel García dijo que “la vinaza fluye en la provincia como si se tratara de agua perfumada, porque las autoridades ambientales están esperando las denuncias del Comité de Cuenca para actuar y aplicar sanciones”.
El parlamentario aludió de esa manera a las denuncias sobre derrames de vinaza y ceniza ocurridos en los últimos días y que tienen como protagonistas a los ingenios Santa Rosa, Concepción (ATANOR) y La Trinidad.
“El gobierno provincial siempre actúa una vez que los integrantes del Comité de la Cuenca Salí-Dulce, en especial los funcionarios santiagueños, denuncian las irregularidades y aportan pruebas de ellas, como ocurrió con el derrame de cenizas del ingenio Santa Rosa, al que se le aplicó después una multa de 200 mil pesos”, sostuvo el legislador, quien en la jornada del miércoles se apersonó en Delfín Gallo para escuchar la problemática de vecinos, que viven a escasos 30 metros de un canal con vinaza a cielo abierto de un kilómetro y medio de extensión y ocho metros de profundidad.
“Es una vergüenza que el gobierno provincial permita este daño ambiental y perjudique a personas inocentes que vivieron toda su vida en esa zona, que se convirtió en inhabitable, no sólo por el pestilente y permanente olor, sino por el peligro que implica ese efluente contaminante para la salud de las personas”, espetó.
“Esta vinaza la desechó, sin ningún tipo de tratamiento, el ingenio Concepción. El área ambiental de la provincia no hizo nada al respecto.
Agregó que “ahora se suma otro derrame, pero esta vez tiene como responsable al ingenio La Trinidad. Quizá al gobierno provincial se le escapó la tortuga en lo que hace a la implementación del Programa Vinaza Cero, pero esos inconvenientes sólo se solucionan con controles preventivos y sanciones concretas”.
“Al parecer la vinaza se esta colmatando en los supuestos "piletones" y las cenizas están estorbando en los ingenios y es por eso que se están dedicando a eliminarlas en estos días. Si el gobernador no puede cumplir con los compromisos asumidos con el gobierno de Santiago del Estero y la propia nación, por lo menos que cumpla con la preservación de la salud de los tucumanos, que no pueden vivir en las condiciones a la que los somete la contaminación”, expresó García.
“Le recuerdo al gobernador Alperovich que el derecho a un medio ambiente saludable forma parte de los derechos humanos de tercera generación, los cuales debe velar como representante del pueblo. Si no lo hace, desde el radicalismo, en donde tenemos representación parlamentaria, se lo haremos recordar en todo momento, porque es nuestro deber y mandato de quienes nos dieron esa sagrada responsabilidad”, finalizó.
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Se juntaron los gobernadores mineros
Cumbre de provincias mineras en Salta
Fecha de Publicación: 07/09/2012
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Gobernadores y representantes de la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI) se reunieron ayer en Salta para defender la actividad y unificar criterios y normativas que permitan “generar desarrollo sustentable en las regiones mineras de cada provincia”, según informaron.
La reunión, en el Centro Cívico Grand Bourg, donde funciona la sede gubernamental salteña, fue presidida por el gobernador salteño, Juan Manuel Urtubey, quien estuvo acompañado por sus pares de San Juan y La Rioja, José Luis Gioja y Luis Beder Herrera.
Además, participaron el secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, y representantes de las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén, Santa Cruz, Mendoza, Jujuy, La Rioja, San Juan y Catamarca.
En la reunión se analizaron puntos planteados en la agenda en común de los estados miembros de la OFEMI, creada en febrero pasado.
La reunión de la OFEMI se concretó en el marco de la novena edición de la Convención Internacional sobre Oportunidades de Negocios en Exploración, Geología y Minería “Argentina Mining 2012”, que se realiza en Salta desde el martes, con la participación de más de 3.000 personas.
En el Centro de Convenciones de Limache, más de 400 empresas mostraron su actividad en este evento, que concluyó ayer.
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Fecha de Publicación: 07/09/2012
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Gobernadores y representantes de la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI) se reunieron ayer en Salta para defender la actividad y unificar criterios y normativas que permitan “generar desarrollo sustentable en las regiones mineras de cada provincia”, según informaron.
La reunión, en el Centro Cívico Grand Bourg, donde funciona la sede gubernamental salteña, fue presidida por el gobernador salteño, Juan Manuel Urtubey, quien estuvo acompañado por sus pares de San Juan y La Rioja, José Luis Gioja y Luis Beder Herrera.
Además, participaron el secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, y representantes de las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén, Santa Cruz, Mendoza, Jujuy, La Rioja, San Juan y Catamarca.
En la reunión se analizaron puntos planteados en la agenda en común de los estados miembros de la OFEMI, creada en febrero pasado.
La reunión de la OFEMI se concretó en el marco de la novena edición de la Convención Internacional sobre Oportunidades de Negocios en Exploración, Geología y Minería “Argentina Mining 2012”, que se realiza en Salta desde el martes, con la participación de más de 3.000 personas.
En el Centro de Convenciones de Limache, más de 400 empresas mostraron su actividad en este evento, que concluyó ayer.
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Fumigaciones en Córdoba: los fundamentos del fallo
“Es un delito de peligro”
Fecha de Publicación: 06/09/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Córdoba
La Cámara 1ª del Crimen de Córdoba dio a conocer ayer los fundamentos de la sentencia por la que fueron condenados un productor rural y un piloto que contaminaron, mediante el uso de agroquímicos, una zona barrial de la capital provincial. En el fallo, los camaristas destacaron que lo que se juzgó “no es un delito de lesión, sino de peligro, que no exige que afecte a la salud, sino que posiblemente la afecte”, al tratarse de residuos que “posean componentes que lo tornen peligrosos para la salud de organismos vivos, lo que ha quedado fehacientemente demostrado”.
El tribunal, integrado por Lorenzo Rodríguez, Susana Cordi Moreno y Mario Capdevilla, condenó a Jorge Parra (foto), propietario de un campo cultivado con soja, próximo al barrio Ituzaingó Anexo, a tres años de prisión de ejecución condicional. A Parra lo encontraron autor del delito de contaminación ambiental penado por la Ley de Residuos Peligrosos (Nº 24.051), en forma continuada, por un hecho ocurrido entre octubre de 2003 y febrero de 2004, y por otro sucedido en 2008.
Asimismo, el tribunal condenó al piloto Edgardo Jorge Pancel(foto)lo a tres años de ejecución condicional por considerarlo coautor del delito de contaminación ambiental por el hecho ocurrido en 2008.
“Parra y Pancello planificaron la realización del hecho en el campo propiedad del primero. Para ello, Parra adquirió agroquímicos para pulverizar sus campos y los puso en poder de Pancello, para que lo hiciese, conociendo la toxicidad de los productos que entregaba”, destacó el camarista Rodríguez, a cuyo voto se adhirió Cordi Moreno.
El magistrado insistió en que Parra actuó a sabiendas de que “la legislación vigente lo prohibía”, dado que la Ordenanza Nº 10.505 “declaraba a Barrio Ituzaingó Anexo en Emergencia Sanitaria Municipal, y la Nº 10.590 prohibía la aplicación de plaguicidas o biocidas químicos mediante fumigación terrestre o aérea a menos de 2500 metros de cualquier vivienda de ese barrio”. En el mismo sentido, el juez remarcó: “Pancello recibió esta carga de agroquímicos y aceptó la tarea encomendada. También, con pleno conocimiento de que el encargo era para realizar una tarea ilegal, ya que es un hombre experimentado en el tema porque es dueño de una empresa, precisamente, dedicada a este rubro”.
El juez agregó que “Pancello cargó los productos en su avioneta” y, “navegando en forma ilegal”, arribó a los campos de Parra, que se encontraban sembrados con soja, hasta el mismo borde del barrio poblado, y comenzó a “arrojar su carga de agroquímicos, pasando por encima de éste, contaminando todo el ambiente de un modo peligroso para la salud”.
Los camaristas también dispusieron que, durante cuatro años, Parra deberá cumplir como regla de conducta “diez horas semanales de trabajo no remunerado”, a favor “del Estado o de instituciones de bien público, vinculadas a la salud”, al tiempo que quedó inhabilitado “durante ocho años para el ejercicio de la actividad de aplicación de productos agroquímicos”. En el mismo sentido, el tribunal resolvió que, durante tres años, Pancello, que fue inhabilitado durante diez años “para el ejercicio de la actividad de aplicación de productos agroquímicos”, deberá realizar trabajos comunitarios no remunerables durante ocho horas semanales, “a favor del Estado o de una institución de bien público dedicada a la salud”.
Por su parte, el tribunal absolvió al productor Jorge Alberto Gabrielli, tal como había pedido el fiscal Marcelo Novillo Corbalán en el momento de efectuar sus alegatos por considerar que faltaban pruebas determinantes y por aplicación del principio de presunción de inocencia.
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Fecha de Publicación: 06/09/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Córdoba
La Cámara 1ª del Crimen de Córdoba dio a conocer ayer los fundamentos de la sentencia por la que fueron condenados un productor rural y un piloto que contaminaron, mediante el uso de agroquímicos, una zona barrial de la capital provincial. En el fallo, los camaristas destacaron que lo que se juzgó “no es un delito de lesión, sino de peligro, que no exige que afecte a la salud, sino que posiblemente la afecte”, al tratarse de residuos que “posean componentes que lo tornen peligrosos para la salud de organismos vivos, lo que ha quedado fehacientemente demostrado”.El tribunal, integrado por Lorenzo Rodríguez, Susana Cordi Moreno y Mario Capdevilla, condenó a Jorge Parra (foto), propietario de un campo cultivado con soja, próximo al barrio Ituzaingó Anexo, a tres años de prisión de ejecución condicional. A Parra lo encontraron autor del delito de contaminación ambiental penado por la Ley de Residuos Peligrosos (Nº 24.051), en forma continuada, por un hecho ocurrido entre octubre de 2003 y febrero de 2004, y por otro sucedido en 2008.
Asimismo, el tribunal condenó al piloto Edgardo Jorge Pancel(foto)lo a tres años de ejecución condicional por considerarlo coautor del delito de contaminación ambiental por el hecho ocurrido en 2008.
“Parra y Pancello planificaron la realización del hecho en el campo propiedad del primero. Para ello, Parra adquirió agroquímicos para pulverizar sus campos y los puso en poder de Pancello, para que lo hiciese, conociendo la toxicidad de los productos que entregaba”, destacó el camarista Rodríguez, a cuyo voto se adhirió Cordi Moreno.
El magistrado insistió en que Parra actuó a sabiendas de que “la legislación vigente lo prohibía”, dado que la Ordenanza Nº 10.505 “declaraba a Barrio Ituzaingó Anexo en Emergencia Sanitaria Municipal, y la Nº 10.590 prohibía la aplicación de plaguicidas o biocidas químicos mediante fumigación terrestre o aérea a menos de 2500 metros de cualquier vivienda de ese barrio”. En el mismo sentido, el juez remarcó: “Pancello recibió esta carga de agroquímicos y aceptó la tarea encomendada. También, con pleno conocimiento de que el encargo era para realizar una tarea ilegal, ya que es un hombre experimentado en el tema porque es dueño de una empresa, precisamente, dedicada a este rubro”.
El juez agregó que “Pancello cargó los productos en su avioneta” y, “navegando en forma ilegal”, arribó a los campos de Parra, que se encontraban sembrados con soja, hasta el mismo borde del barrio poblado, y comenzó a “arrojar su carga de agroquímicos, pasando por encima de éste, contaminando todo el ambiente de un modo peligroso para la salud”.
Los camaristas también dispusieron que, durante cuatro años, Parra deberá cumplir como regla de conducta “diez horas semanales de trabajo no remunerado”, a favor “del Estado o de instituciones de bien público, vinculadas a la salud”, al tiempo que quedó inhabilitado “durante ocho años para el ejercicio de la actividad de aplicación de productos agroquímicos”. En el mismo sentido, el tribunal resolvió que, durante tres años, Pancello, que fue inhabilitado durante diez años “para el ejercicio de la actividad de aplicación de productos agroquímicos”, deberá realizar trabajos comunitarios no remunerables durante ocho horas semanales, “a favor del Estado o de una institución de bien público dedicada a la salud”.
Por su parte, el tribunal absolvió al productor Jorge Alberto Gabrielli, tal como había pedido el fiscal Marcelo Novillo Corbalán en el momento de efectuar sus alegatos por considerar que faltaban pruebas determinantes y por aplicación del principio de presunción de inocencia.
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Científicos trabajan en el inventario de glaciares
Científicos argentinos trabajan en el inventario nacional de glaciares
Fecha de Publicación: 06/09/2012
Fuente: No a la Mina - Agencia - Instituto Leloir
Provincia/Región: Nacional
Establecido por la Ley de Glaciares, será útil para establecer medidas de manejo y adaptación frente a una eventual escasez hídrica en zonas áridas del oeste del país. El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA)junto con la Secretaría de Ambiente de la Nación, es responsable del inventario y monitoreo del estado de los glaciares.
Cada cinco años la Argentina contará con un inventario nacional de glaciares. Así lo establece la ley nacional 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, más conocida como Ley de Glaciares, reglamentada en el país a fines de febrero de 2011. Y los trabajos ya están en marcha.
"Conocer el número, área y distribución espacial de los cuerpos de hielo no sólo brinda una estimación de las reservas hídricas en estado sólido existentes en las diferentes cuencas andinas, sino también información básica para conocer la capacidad reguladora de dichos cuerpos sobre los caudales en distintas condiciones climáticas", indicó a la Agencia CyTA Ricardo Villalba, director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), dependiente del CONICET. El IANIGLA, junto con la Secretaría de Ambiente de la Nación, es responsable del inventario y monitoreo del estado de los glaciares.
De acuerdo a Villalba, el relevamiento es fundamental a la hora de establecer medidas de manejo y adaptación frente a eventos de escasez hídrica en zonas áridas del oeste argentino.
Para realizar el inventario de los glaciares, los investigadores del IANIGLA analizan imágenes satelitales y realizan periódicamente relevamientos y determinaciones de campo junto con mediciones de GPS.
Aunque todavía no se presentaron los resultados, diversos estudios indican que la gran mayoría de los glaciares estudiados en los Andes de Argentina han sufrido un franco retroceso durante el último siglo, en sintonía con lo observado en otras regiones montañosas del planeta.
"En promedio, los glaciares de seis áreas de estudio en los Andes patagónicos han perdido alrededor del 10 por ciento de su superficie entre 1984 y 2004", indicó Villalba.
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Fecha de Publicación: 06/09/2012
Fuente: No a la Mina - Agencia - Instituto Leloir
Provincia/Región: Nacional
Establecido por la Ley de Glaciares, será útil para establecer medidas de manejo y adaptación frente a una eventual escasez hídrica en zonas áridas del oeste del país. El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA)junto con la Secretaría de Ambiente de la Nación, es responsable del inventario y monitoreo del estado de los glaciares.Cada cinco años la Argentina contará con un inventario nacional de glaciares. Así lo establece la ley nacional 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, más conocida como Ley de Glaciares, reglamentada en el país a fines de febrero de 2011. Y los trabajos ya están en marcha.
"Conocer el número, área y distribución espacial de los cuerpos de hielo no sólo brinda una estimación de las reservas hídricas en estado sólido existentes en las diferentes cuencas andinas, sino también información básica para conocer la capacidad reguladora de dichos cuerpos sobre los caudales en distintas condiciones climáticas", indicó a la Agencia CyTA Ricardo Villalba, director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), dependiente del CONICET. El IANIGLA, junto con la Secretaría de Ambiente de la Nación, es responsable del inventario y monitoreo del estado de los glaciares.
De acuerdo a Villalba, el relevamiento es fundamental a la hora de establecer medidas de manejo y adaptación frente a eventos de escasez hídrica en zonas áridas del oeste argentino.
Para realizar el inventario de los glaciares, los investigadores del IANIGLA analizan imágenes satelitales y realizan periódicamente relevamientos y determinaciones de campo junto con mediciones de GPS.
Aunque todavía no se presentaron los resultados, diversos estudios indican que la gran mayoría de los glaciares estudiados en los Andes de Argentina han sufrido un franco retroceso durante el último siglo, en sintonía con lo observado en otras regiones montañosas del planeta.
"En promedio, los glaciares de seis áreas de estudio en los Andes patagónicos han perdido alrededor del 10 por ciento de su superficie entre 1984 y 2004", indicó Villalba.
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Botnia con varias irregularidades
Botnia confirma todos los malos pronósticos
Fecha de Publicación: 06/09/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Luego de meses de divergencias en la comisión binacional que debe vigilar el río Uruguay, los funcionarios argentinos dieron a conocer un informe sobre Botnia que enumera varias irregularidades. Y acusan a Uruguay de poner trabas.
Después de diecisiete meses de silencio, los funcionarios argentinos a cargo del plan de vigilancia de UPM-Botnia dieron a conocer un informe sobre el funcionamiento de la pastera. El documento advierte sobre gravísimas irregularidades detectadas en la planta, como el vuelco clandestino de efluentes al río. También denuncia que Uruguay ha puesto continuamente trabas al monitoreo y que modificó normas ambientales para adecuarlas a la necesidad de la empresa.
Los hechos están detallados en un informe preliminar sobre el monitoreo que los técnicos presentaron al canciller Héctor Timerman. La Cancillería decidió difundirlo después de un nuevo cortocircuito con los funcionarios uruguayos, que el lunes aseguraron públicamente que UPM-Botnia no contamina y que la Argentina no quiere dar a conocer los resultados de los análisis para no tener que admitirlo.
El plan de vigilancia ambiental está a cargo de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), un organismo binacional integrado por una delegación argentina y una uruguaya. Dentro de la CARU, a su vez, hay un comité científico con dos representantes por cada país, que son los que se encargan de entrar a UPM-Botnia para tomar las muestras. El comité ingresó 16 veces a la planta. La CARU debía dar a conocer, luego de cada entrada, un informe conjunto pero, enredada en una sucesión de desacuerdos, nunca pudo redactar nada.
El documento dado a conocer ayer da una idea de por qué. Estas son sus principales denuncias:
- En octubre de 2010 el comité científico hizo su primera entrada a la pastera. Encontró que la empresa estaba diluyendo parte de sus efluentes industriales con agua del río antes de verterlos en el cauce. La dilución está prohibida, incluso por las propias normas uruguayas.
- Tras el reclamo argentino, la empresa dejó de diluir los efluentes. Pero obtuvo de las autoridades uruguayas un permiso para aumentar a 37 grados la temperatura de vuelco de sus efluentes al río. Una fuente de la CARU explicó a Página/12 que para el resto de las industrias, la temperatura máxima permitida sigue siendo de 30 grados, “es decir que la norma fue cambiada a medida de UPM-Botnia”. Pero en el caso del río Uruguay, la modificación es más grave porque el Digesto aprobado por ambos países estipula que esa temperatura no puede superar “las condiciones naturales del río Uruguay”, que están en los 20 grados.
- Un año después del primer ingreso, en noviembre de 2011, los científicos se toparon con “un vertedero clandestino de efluentes industriales sin tratar la costa del río”, detalla el informe. Según pudo saber este diario, estaba a mil metros del vuelco declarado y vertía al río 170 litros por segundo.
- Los científicos argentinos sospechan además sobre el posible uso de otro caño para verter efluentes industriales directamente al río. Pudieron ver el ducto de lejos, en la visita a la planta de abril pasado. Constataron que se trataba de un caño no declarado, pero cuando quisieron acercarse para saber de qué se trataba, les prohibieron llegar hasta él.
- Hubo –y sigue habiendo– trabas para instalar equipamiento para medir la contaminación. Por ejemplo, cita el caso de un caudalímetro que lograron instalar sólo después de ocho meses de discusiones. Y revela que el sistema de boyas centinelas –que en su interior llevarán almejas, por su sensibilidad a la contaminación– todavía no pudo ser instalado, a pesar de que transcurrieron 17 meses desde que fue acordado.
Parte de las kafkianas dificultades para realizar el monitoreo es que los dos países deben ponerse de acuerdo en qué parámetros usar para establecer si los efluentes están dentro o fuera de lo permitido. La fuente consultada por Página/12 explicó que en el año ’90, Uruguay y Argentina acordaron un Digesto del río Uruguay. En él se ordenaba que las partes debían adecuar sus legislaciones locales a los parámetros del Digesto, salvo que la norma local fuera más exigente. “El Uruguay no lo hizo y pretende que sus normas rijan para Botnia, o incluso ha hecho una norma especial para la pastera, como con el caso de la temperatura de los efluentes.”
Una cuestión extra es que la planta está teniendo una producción anual mayor a la autorizada. Esto es un agravante de la situación, porque implica que se están volcando al río mayor cantidad de sustancias, advierte el informe, “incrementando su contaminación”.
Estos son los primeros datos oficiales que da a conocer la Cancillería argentina desde que empezó el monitoreo. Su difusión era un tema pendiente, ya que el gobierno argentino se había comprometido a hacer pública la información sobre el plan de vigilancia de la pastera, más allá de si llegaba o no a un acuerdo con Uruguay para redactar informes conjuntos.
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Fecha de Publicación: 06/09/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Luego de meses de divergencias en la comisión binacional que debe vigilar el río Uruguay, los funcionarios argentinos dieron a conocer un informe sobre Botnia que enumera varias irregularidades. Y acusan a Uruguay de poner trabas.
Después de diecisiete meses de silencio, los funcionarios argentinos a cargo del plan de vigilancia de UPM-Botnia dieron a conocer un informe sobre el funcionamiento de la pastera. El documento advierte sobre gravísimas irregularidades detectadas en la planta, como el vuelco clandestino de efluentes al río. También denuncia que Uruguay ha puesto continuamente trabas al monitoreo y que modificó normas ambientales para adecuarlas a la necesidad de la empresa.
Los hechos están detallados en un informe preliminar sobre el monitoreo que los técnicos presentaron al canciller Héctor Timerman. La Cancillería decidió difundirlo después de un nuevo cortocircuito con los funcionarios uruguayos, que el lunes aseguraron públicamente que UPM-Botnia no contamina y que la Argentina no quiere dar a conocer los resultados de los análisis para no tener que admitirlo.
El plan de vigilancia ambiental está a cargo de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), un organismo binacional integrado por una delegación argentina y una uruguaya. Dentro de la CARU, a su vez, hay un comité científico con dos representantes por cada país, que son los que se encargan de entrar a UPM-Botnia para tomar las muestras. El comité ingresó 16 veces a la planta. La CARU debía dar a conocer, luego de cada entrada, un informe conjunto pero, enredada en una sucesión de desacuerdos, nunca pudo redactar nada.
El documento dado a conocer ayer da una idea de por qué. Estas son sus principales denuncias:
- En octubre de 2010 el comité científico hizo su primera entrada a la pastera. Encontró que la empresa estaba diluyendo parte de sus efluentes industriales con agua del río antes de verterlos en el cauce. La dilución está prohibida, incluso por las propias normas uruguayas.
- Tras el reclamo argentino, la empresa dejó de diluir los efluentes. Pero obtuvo de las autoridades uruguayas un permiso para aumentar a 37 grados la temperatura de vuelco de sus efluentes al río. Una fuente de la CARU explicó a Página/12 que para el resto de las industrias, la temperatura máxima permitida sigue siendo de 30 grados, “es decir que la norma fue cambiada a medida de UPM-Botnia”. Pero en el caso del río Uruguay, la modificación es más grave porque el Digesto aprobado por ambos países estipula que esa temperatura no puede superar “las condiciones naturales del río Uruguay”, que están en los 20 grados.
- Un año después del primer ingreso, en noviembre de 2011, los científicos se toparon con “un vertedero clandestino de efluentes industriales sin tratar la costa del río”, detalla el informe. Según pudo saber este diario, estaba a mil metros del vuelco declarado y vertía al río 170 litros por segundo.
- Los científicos argentinos sospechan además sobre el posible uso de otro caño para verter efluentes industriales directamente al río. Pudieron ver el ducto de lejos, en la visita a la planta de abril pasado. Constataron que se trataba de un caño no declarado, pero cuando quisieron acercarse para saber de qué se trataba, les prohibieron llegar hasta él.
- Hubo –y sigue habiendo– trabas para instalar equipamiento para medir la contaminación. Por ejemplo, cita el caso de un caudalímetro que lograron instalar sólo después de ocho meses de discusiones. Y revela que el sistema de boyas centinelas –que en su interior llevarán almejas, por su sensibilidad a la contaminación– todavía no pudo ser instalado, a pesar de que transcurrieron 17 meses desde que fue acordado.
Parte de las kafkianas dificultades para realizar el monitoreo es que los dos países deben ponerse de acuerdo en qué parámetros usar para establecer si los efluentes están dentro o fuera de lo permitido. La fuente consultada por Página/12 explicó que en el año ’90, Uruguay y Argentina acordaron un Digesto del río Uruguay. En él se ordenaba que las partes debían adecuar sus legislaciones locales a los parámetros del Digesto, salvo que la norma local fuera más exigente. “El Uruguay no lo hizo y pretende que sus normas rijan para Botnia, o incluso ha hecho una norma especial para la pastera, como con el caso de la temperatura de los efluentes.”
Una cuestión extra es que la planta está teniendo una producción anual mayor a la autorizada. Esto es un agravante de la situación, porque implica que se están volcando al río mayor cantidad de sustancias, advierte el informe, “incrementando su contaminación”.
Estos son los primeros datos oficiales que da a conocer la Cancillería argentina desde que empezó el monitoreo. Su difusión era un tema pendiente, ya que el gobierno argentino se había comprometido a hacer pública la información sobre el plan de vigilancia de la pastera, más allá de si llegaba o no a un acuerdo con Uruguay para redactar informes conjuntos.
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Cancillería afirma que Botnia no se deja monitorear
Argentina denuncia que la ex Botnia pone obstáculos al monitoreo
Fecha de Publicación: 05/09/2012
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Desde Cancillería fueron muy duros con la empresa diciendo que “ignora e infringe lo ordenado por la Corte Internacional de Justicia".
La delegación argentina ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), celebró hoy "la aceptación por parte de la delegación uruguaya de dar a conocer los resultados" del monitoreo que el comité científico de ese ente viene realizando desde octubre de 2010 y hasta la fecha sobre la planta UPM (ex Botnia), según se informó desde cancillería.
"La delegación argentina manifiesta que está a la espera de reunirse con su contraparte uruguaya para acordar la difusión de los resultados", se afirma en un comunicado emitido por el ministerio de Relaciones Exteriores.
En el mismo texto se destaca que "esas actividades de monitoreo y control se llevaron a cabo pese a los obstáculos y retaceos de información por parte de la empresa".
Entre tanto, antes de que se ponga fecha a una nueva reunión, la cancillería argentina difundió el informe que le fue preparado al canciller Héctor Timerman, sobre la situación actual del monitoreo realizado sobre la planta UPM, ex Botnia, "desde el fallo de la Corte de La Haya hasta el presente y sobre excesos de los niveles de producción de la mencionada planta".
Duras críticas. Mediante el comunicado emitido por la cartera de Relaciones Exteriores y la difusión del informe completo, se puso a disposición de la opinión pública los elementos necesarios para evaluar el caso y responder así a las informaciones publicadas hoy por distintos medios locales, que se hicieron eco de un presunto comunicado emitido por la delegación uruguaya.
El informe comienza con la aclaración de que "hasta el momento no se ha podido dar información por parte de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) sobre el monitoreo de UPM, debido a desacuerdos en el seno de dicha Comisión sobre las normas que rigen los vuelcos de efluentes de la empresa".
Además dice que "ello implica ignorar e infringir lo ordenado por la Corte Internacional de Justicia en su sentencia del 20 de abril de 2010".
Otro de los motivos que se esgrime es la "carencia de información uruguaya que esclarezca episodios ocurridos en el curso del monitoreo del Comité Científico, e inconsistencias en los informes producidos por el laboratorio canadiense seleccionado para analizar la mayoría de las muestras obtenidas en ocasión de cada muestreo".
Además se destaca la "permanente obstrucción, de parte del Uruguay, al monitoreo de la planta de UPM (ex Botnia)".
El informe difundido contiene más de 10 páginas con un detalle pormenorizado de lo ocurrido en referencia al monitoreo desde 2010 hasta la fecha.
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Fecha de Publicación: 05/09/2012
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Desde Cancillería fueron muy duros con la empresa diciendo que “ignora e infringe lo ordenado por la Corte Internacional de Justicia".La delegación argentina ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), celebró hoy "la aceptación por parte de la delegación uruguaya de dar a conocer los resultados" del monitoreo que el comité científico de ese ente viene realizando desde octubre de 2010 y hasta la fecha sobre la planta UPM (ex Botnia), según se informó desde cancillería.
"La delegación argentina manifiesta que está a la espera de reunirse con su contraparte uruguaya para acordar la difusión de los resultados", se afirma en un comunicado emitido por el ministerio de Relaciones Exteriores.
En el mismo texto se destaca que "esas actividades de monitoreo y control se llevaron a cabo pese a los obstáculos y retaceos de información por parte de la empresa".
Entre tanto, antes de que se ponga fecha a una nueva reunión, la cancillería argentina difundió el informe que le fue preparado al canciller Héctor Timerman, sobre la situación actual del monitoreo realizado sobre la planta UPM, ex Botnia, "desde el fallo de la Corte de La Haya hasta el presente y sobre excesos de los niveles de producción de la mencionada planta".
Duras críticas. Mediante el comunicado emitido por la cartera de Relaciones Exteriores y la difusión del informe completo, se puso a disposición de la opinión pública los elementos necesarios para evaluar el caso y responder así a las informaciones publicadas hoy por distintos medios locales, que se hicieron eco de un presunto comunicado emitido por la delegación uruguaya.
El informe comienza con la aclaración de que "hasta el momento no se ha podido dar información por parte de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) sobre el monitoreo de UPM, debido a desacuerdos en el seno de dicha Comisión sobre las normas que rigen los vuelcos de efluentes de la empresa".
Además dice que "ello implica ignorar e infringir lo ordenado por la Corte Internacional de Justicia en su sentencia del 20 de abril de 2010".
Otro de los motivos que se esgrime es la "carencia de información uruguaya que esclarezca episodios ocurridos en el curso del monitoreo del Comité Científico, e inconsistencias en los informes producidos por el laboratorio canadiense seleccionado para analizar la mayoría de las muestras obtenidas en ocasión de cada muestreo".
Además se destaca la "permanente obstrucción, de parte del Uruguay, al monitoreo de la planta de UPM (ex Botnia)".
El informe difundido contiene más de 10 páginas con un detalle pormenorizado de lo ocurrido en referencia al monitoreo desde 2010 hasta la fecha.
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Ingenio multado por contaminar el Salí - Dulce
Un ingenio debe pagar $200.000 por contaminar la cuenca Salí - Dulce
Fecha de Publicación: 05/09/2012
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
La medida fue adoptada por la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia. Detectaron que el Santa Rosa arrojó cenizas en un efluente.
El Gobierno de Tucumán, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, le aplicó una sanción al ingenio Santa Rosa por el vuelco de ceniza en uno de los efluentes de la cuenca Salí - Dulce. La multa se fijó en $ 200.000, y marca un antecedente para la firma, ya que, de acuerdo con la nueva legislación, de haber una nueva sanción se duplicaría la cifra puesto que la severidad de los castigos aumenta ante cada nueva falta.
"En realidad, son dos las multas que estamos tramitando. La primera es de febrero por $ 100.000, cuando se labraron actas por arrojar cenizas y la segunda infracción, también por el mismo monto, obedece a que esa planta virtió vinaza en un afluente del río Salí", explicó el titular de Medio Ambiente, Alfredo Montalván.
Aclaró, sin embargo, que el cobro de las sanciones aún no se hizo efectiva porque se encuentran en trámite. Es decir, la firma recusó las multas ante el Ministerio de la Producción, de quien depende su área, quien debería confirmar las multas. "La actual ley nos ayuda bastante, porque ahora tenemos la posibilidad de trabar embargos en las cuentas de la empresa afectada, si esta se declara en rebeldía", explicó el funcionario.
Agregó, que jun to con el Santa Rosa, hay otros ingenios en igual situación, por infracciones que se detectaron desde febrero. Entre ellos, mencionó a las plantas azucareras La Florida y Concepción (de la firma Atanor), entre otras. En todos los casos, las multas son por cifras similares. También se encuentra en esta situación una citrícola.
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Fecha de Publicación: 05/09/2012
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
La medida fue adoptada por la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia. Detectaron que el Santa Rosa arrojó cenizas en un efluente.
El Gobierno de Tucumán, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, le aplicó una sanción al ingenio Santa Rosa por el vuelco de ceniza en uno de los efluentes de la cuenca Salí - Dulce. La multa se fijó en $ 200.000, y marca un antecedente para la firma, ya que, de acuerdo con la nueva legislación, de haber una nueva sanción se duplicaría la cifra puesto que la severidad de los castigos aumenta ante cada nueva falta.
"En realidad, son dos las multas que estamos tramitando. La primera es de febrero por $ 100.000, cuando se labraron actas por arrojar cenizas y la segunda infracción, también por el mismo monto, obedece a que esa planta virtió vinaza en un afluente del río Salí", explicó el titular de Medio Ambiente, Alfredo Montalván.
Aclaró, sin embargo, que el cobro de las sanciones aún no se hizo efectiva porque se encuentran en trámite. Es decir, la firma recusó las multas ante el Ministerio de la Producción, de quien depende su área, quien debería confirmar las multas. "La actual ley nos ayuda bastante, porque ahora tenemos la posibilidad de trabar embargos en las cuentas de la empresa afectada, si esta se declara en rebeldía", explicó el funcionario.
Agregó, que jun to con el Santa Rosa, hay otros ingenios en igual situación, por infracciones que se detectaron desde febrero. Entre ellos, mencionó a las plantas azucareras La Florida y Concepción (de la firma Atanor), entre otras. En todos los casos, las multas son por cifras similares. También se encuentra en esta situación una citrícola.
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