Mendoza quiere más áreas protegidas
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Quieren aumentar el porcentaje de áreas naturales protegidas
Fecha de Publicación: 05/11/2011
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Mendoza
Mendoza alcanzó el 9,65% de representatividad respecto del territorio total, pero debería sumar otras ecorregiones para lograr tener el 17% de zonas custodiadas,según las metas para el 2020.
Para el 2020, Mendoza debería tener el 17% de su territorio total bajo la consideración de área protegida y de este modo evolucionar significativamente en la preservación de su biodiversidad regional.
Para que esto sea una realidad, desde la Secretaría de Ambiente de la provincia aún trabajan en la consolidación de las 15 áreas que ya existen, las cuales representan el 9,65% de la superficie mendocina. Ahora van por la creación de por lo menos otras cuatro áreas: Cerro Nevado en Malargüe, el humedal conocido como El Viborón –ubicado entre Guaymallén y Maipú–, la ampliación del Manzano Histórico de Tunuyán y el Parque Provincial Polvaredas, en Las Heras.
La novedad fue presentada por el jefe de Áreas Protegidas, Guillermo Romano, en la celebración por los diez años de existencia de la Reserva Natural Villavicencio, única perteneciente a un privado, en este caso, la empresa Danone de Argentina.
En el encuentro organizado por Villavicencio estuvieron presentes guardaparques que trabajan en la Reserva, el secretario de Ambiente, Pablo Gudiño; la titular del Instituto Argentino de Investigaciones de Zonas Áridas, Elena Abraham; el director general de Aguas Danone Argentina, François Eyraud, y el director de Vida Silvestre, Diego Moreno.
Pero no se trata sólo de agregar áreas al sistema de protección, sino de privilegiar el monte, ya que de todas las zonas en custodia es el que menos representatividad tiene si se lo compara con otras ecorregiones, como el Alto Andino o la Patagónica.
El monte cubre más de 7 millones de hectáreas de Mendoza y sólo está protegido, hasta el momento, en poco más de 147 mil hectáreas.
Según Romano, “los bosques Teltecas, los bañados del Atuel y El Viborón son parte de los proyectos en marcha para cumplir con el objetivo de incluir más este tipo de ecosistema en el sistema de áreas protegidas de la provincia”.
Como medida accesoria, se buscan nuevas formas de financiamiento y no sólo los aranceles que se cobran por los servicios del Parque Aconcagua.
En este sentido, el funcionario indicó que se busca establecer un aporte del sector empresarial y como ejemplo dijo que “en el Valle de Uco tienen una gran productividad vitivinícola y se nutre de un agua producto de una gestión ambiental de las áreas de captación. Eso tiene valor económico y puede ser cuantificable para cobrar una tasa mínima ambiental”.
Otro modo de fortalecer el sistema de áreas protegidas es que todas sean creadas por ley.
La Reserva Villavicencio fue establecida por resolución, pero lo ideal es darle mayor estatus legal y por eso lo que se busca es que todas sean creadas por ley, con el objeto de que no puedan ser cerradas o disminuidas.
Para Romano, “una reserva en manos privadas queda a su voluntad la continuidad. Por eso propiciamos avanzar con un proyecto de herramientas complementarias de conservación para darle mayor estatus”.
Fecha de Publicación: 05/11/2011
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Mendoza
Mendoza alcanzó el 9,65% de representatividad respecto del territorio total, pero debería sumar otras ecorregiones para lograr tener el 17% de zonas custodiadas,según las metas para el 2020.
Para el 2020, Mendoza debería tener el 17% de su territorio total bajo la consideración de área protegida y de este modo evolucionar significativamente en la preservación de su biodiversidad regional.
Para que esto sea una realidad, desde la Secretaría de Ambiente de la provincia aún trabajan en la consolidación de las 15 áreas que ya existen, las cuales representan el 9,65% de la superficie mendocina. Ahora van por la creación de por lo menos otras cuatro áreas: Cerro Nevado en Malargüe, el humedal conocido como El Viborón –ubicado entre Guaymallén y Maipú–, la ampliación del Manzano Histórico de Tunuyán y el Parque Provincial Polvaredas, en Las Heras.
La novedad fue presentada por el jefe de Áreas Protegidas, Guillermo Romano, en la celebración por los diez años de existencia de la Reserva Natural Villavicencio, única perteneciente a un privado, en este caso, la empresa Danone de Argentina.
En el encuentro organizado por Villavicencio estuvieron presentes guardaparques que trabajan en la Reserva, el secretario de Ambiente, Pablo Gudiño; la titular del Instituto Argentino de Investigaciones de Zonas Áridas, Elena Abraham; el director general de Aguas Danone Argentina, François Eyraud, y el director de Vida Silvestre, Diego Moreno.
Pero no se trata sólo de agregar áreas al sistema de protección, sino de privilegiar el monte, ya que de todas las zonas en custodia es el que menos representatividad tiene si se lo compara con otras ecorregiones, como el Alto Andino o la Patagónica.
El monte cubre más de 7 millones de hectáreas de Mendoza y sólo está protegido, hasta el momento, en poco más de 147 mil hectáreas.
Según Romano, “los bosques Teltecas, los bañados del Atuel y El Viborón son parte de los proyectos en marcha para cumplir con el objetivo de incluir más este tipo de ecosistema en el sistema de áreas protegidas de la provincia”.
Como medida accesoria, se buscan nuevas formas de financiamiento y no sólo los aranceles que se cobran por los servicios del Parque Aconcagua.
En este sentido, el funcionario indicó que se busca establecer un aporte del sector empresarial y como ejemplo dijo que “en el Valle de Uco tienen una gran productividad vitivinícola y se nutre de un agua producto de una gestión ambiental de las áreas de captación. Eso tiene valor económico y puede ser cuantificable para cobrar una tasa mínima ambiental”.
Otro modo de fortalecer el sistema de áreas protegidas es que todas sean creadas por ley.
La Reserva Villavicencio fue establecida por resolución, pero lo ideal es darle mayor estatus legal y por eso lo que se busca es que todas sean creadas por ley, con el objeto de que no puedan ser cerradas o disminuidas.
Para Romano, “una reserva en manos privadas queda a su voluntad la continuidad. Por eso propiciamos avanzar con un proyecto de herramientas complementarias de conservación para darle mayor estatus”.
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Desatinada política ambiental
Desatinada política ambiental
Fecha de Publicación: 04/11/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Por Mariano Aguilar
Director Ejecutivo de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas
Preocupa la falta y desarrollo de políticas ambientales por parte del Gobierno nacional. Sólo existen espasmos y reacciones tergiversadas, cuando los temas aparecen en exposición.
La inauguración del Parque Eólico Rawson I y II, ubicado en la ruta provincial número 1, de la provincia de Chubut, como hito de importancia en materia ambiental que celebramos, coexiste con la inauguración de Atucha II, generador nuclear de energía, ubicado en Zárate, provincia de Buenos Aires, a sólo 100 km de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Todos sabemos, a raíz de Chernobyl y Fukushima, las experiencias nefastas que acarrea este último tipo de obtención de energía, que han estimulado en países como Alemania e Italia abordar un plan de desactivación de las plantas nucleares en un término concreto de años.
Ambos actos de la misma Presidenta se contradicen y amplían la ausencia de una política ambiental.
Observar hoy los dichos de la Presidenta, en referencia al contaminado Riachuelo, como que la culpabilidad vendría de un sólo lugar -el gobierno de la CABA-, es faltar a la verdad y querer tapar el cielo con las manos de una responsabilidad compartida.
La suerte y desgracia de la Cuenca es tanto por igual del Gobierno nacional, la provincia de Buenos Aires y el Gobierno de la Ciudad, por haber sostenido, provocado y contaminado nuestra Cuenca Matanza Riachuelo.
De allí que pretender a instancias de intereses políticos partidarios apuntar a una sola parte de este trío de responsables es lamentable, máxime cuando el desatino proviene de la máxima autoridad de la Nación.
Por obra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de su famoso fallo “Mendoza”, estamos ante la idea de ejecutar la limpieza de esta Cuenca, que por ahora, sigue tan sucia como antes, pero con algunos signos de mejoría apuntalados desde las instancias judiciales.
No cambiemos el eje de la preocupación. Tratemos de cumplir el fallo de la Corte y seguir detenidamente el actuar de ACUMAR, institución creada a esos efectos.
Fecha de Publicación: 04/11/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Por Mariano Aguilar
Director Ejecutivo de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas
Preocupa la falta y desarrollo de políticas ambientales por parte del Gobierno nacional. Sólo existen espasmos y reacciones tergiversadas, cuando los temas aparecen en exposición.
La inauguración del Parque Eólico Rawson I y II, ubicado en la ruta provincial número 1, de la provincia de Chubut, como hito de importancia en materia ambiental que celebramos, coexiste con la inauguración de Atucha II, generador nuclear de energía, ubicado en Zárate, provincia de Buenos Aires, a sólo 100 km de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Todos sabemos, a raíz de Chernobyl y Fukushima, las experiencias nefastas que acarrea este último tipo de obtención de energía, que han estimulado en países como Alemania e Italia abordar un plan de desactivación de las plantas nucleares en un término concreto de años.
Ambos actos de la misma Presidenta se contradicen y amplían la ausencia de una política ambiental.
Observar hoy los dichos de la Presidenta, en referencia al contaminado Riachuelo, como que la culpabilidad vendría de un sólo lugar -el gobierno de la CABA-, es faltar a la verdad y querer tapar el cielo con las manos de una responsabilidad compartida.
La suerte y desgracia de la Cuenca es tanto por igual del Gobierno nacional, la provincia de Buenos Aires y el Gobierno de la Ciudad, por haber sostenido, provocado y contaminado nuestra Cuenca Matanza Riachuelo.
De allí que pretender a instancias de intereses políticos partidarios apuntar a una sola parte de este trío de responsables es lamentable, máxime cuando el desatino proviene de la máxima autoridad de la Nación.
Por obra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de su famoso fallo “Mendoza”, estamos ante la idea de ejecutar la limpieza de esta Cuenca, que por ahora, sigue tan sucia como antes, pero con algunos signos de mejoría apuntalados desde las instancias judiciales.
No cambiemos el eje de la preocupación. Tratemos de cumplir el fallo de la Corte y seguir detenidamente el actuar de ACUMAR, institución creada a esos efectos.
Neuquén: Aprobaron ley que protege bosques
Aprobaron ley que protege bosques
Fecha de Publicación: 04/11/2011
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Se trata del ordenamiento territorial de bosques nativos. La iniciativa permite la recepción de fondos nacionales para destinarlos al cuidado de los ambientes ubicados en la provincia.
Los diputados provinciales aprobaron ayer por unanimidad la ley de ordenamiento territorial de bosques nativos que permitirá que Nación otorgue un presupuesto anual para su resguardo. En la sesión aprobaron también la renovación de un régimen transitorio para la atracción de inversiones privadas que prevé fondos por 10 millones de pesos.
Desde las 15, los legisladores se reunieron en una sesión ordinaria que duró menos de dos horas. La diputada Graciela Muñiz Saavedra fue la encargada de presentar el proyecto de bosques nativos y aseguró que “refleja el interés de la comunidad y que es el resultado de un proceso participativo con trabajo coordinado con la Nación, municipios y pobladores”.
La diputada de Libres del Sur, Paula Sánchez, destacó que se realizaron durante los últimos meses audiencias y talleres en toda la provincia que garantizaron la participación de las comunidades que tenían interés de proteger los bosques nativos en cada localidad. Rodolfo Canini (MUN-UNE-PS) reivindicó la metodología de consenso, aunque por otra parte, reclamó por los bosques a orillas de ríos y la necesidad de legislar sobre la línea de ribera.
Uso sustentable
La ley obliga a la provincia a realizar un ordenamiento de bosques nativos en su territorio para fomentar su conservación y uso sustentable. Muñiz Saavedra explicó que en la legislación provincial se incluyeron dos criterios más – a diferencia del nacional- para clasificar las zonas de bosques.
La identificación incluye las categorías básicas roja, amarillo y verde, y las locales naranja y amarillo urbano.
La ley prevé gastar el 70% del presupuesto para compensar a los propietarios, arrendatarios y usufructuarios de las tierras con bosques nativos, y el 30% para mantener el monitoreo de las zonas llevado adelante por la autoridad de aplicación, que en este caso es el Ministerio de Desarrollo Territorial.
La Cámara aprobó además una ley que prevé atraer inversiones privadas, otorgándoles a las empresas que inviertan en la provincia descuentos impositivos. Según explicó su miembro informante, Rolando Figueroa (MPN) esta norma es superadora de la que se llevó adelante en 2010.
Durante la sesión que estuvo presidida por Carlos González, los diputados aprobaron por unanimidad la designación de María Gabriela Ávila como jueza de Familia, Niñez y Adolescencia Nº 2 de la I Circunscripción Judicial, aprobaron en particular la Ley N° 2777, de incremento salarial a personal del Poder Judicial y la denominación “San Isidro Labrador” a la obra de provisión de agua para riego en la microrregión Cutral Co-Plaza Huincul-Challacó.
Fecha de Publicación: 04/11/2011
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Se trata del ordenamiento territorial de bosques nativos. La iniciativa permite la recepción de fondos nacionales para destinarlos al cuidado de los ambientes ubicados en la provincia.
Los diputados provinciales aprobaron ayer por unanimidad la ley de ordenamiento territorial de bosques nativos que permitirá que Nación otorgue un presupuesto anual para su resguardo. En la sesión aprobaron también la renovación de un régimen transitorio para la atracción de inversiones privadas que prevé fondos por 10 millones de pesos.
Desde las 15, los legisladores se reunieron en una sesión ordinaria que duró menos de dos horas. La diputada Graciela Muñiz Saavedra fue la encargada de presentar el proyecto de bosques nativos y aseguró que “refleja el interés de la comunidad y que es el resultado de un proceso participativo con trabajo coordinado con la Nación, municipios y pobladores”.
La diputada de Libres del Sur, Paula Sánchez, destacó que se realizaron durante los últimos meses audiencias y talleres en toda la provincia que garantizaron la participación de las comunidades que tenían interés de proteger los bosques nativos en cada localidad. Rodolfo Canini (MUN-UNE-PS) reivindicó la metodología de consenso, aunque por otra parte, reclamó por los bosques a orillas de ríos y la necesidad de legislar sobre la línea de ribera.
Uso sustentable
La ley obliga a la provincia a realizar un ordenamiento de bosques nativos en su territorio para fomentar su conservación y uso sustentable. Muñiz Saavedra explicó que en la legislación provincial se incluyeron dos criterios más – a diferencia del nacional- para clasificar las zonas de bosques.
La identificación incluye las categorías básicas roja, amarillo y verde, y las locales naranja y amarillo urbano.
La ley prevé gastar el 70% del presupuesto para compensar a los propietarios, arrendatarios y usufructuarios de las tierras con bosques nativos, y el 30% para mantener el monitoreo de las zonas llevado adelante por la autoridad de aplicación, que en este caso es el Ministerio de Desarrollo Territorial.
La Cámara aprobó además una ley que prevé atraer inversiones privadas, otorgándoles a las empresas que inviertan en la provincia descuentos impositivos. Según explicó su miembro informante, Rolando Figueroa (MPN) esta norma es superadora de la que se llevó adelante en 2010.
Durante la sesión que estuvo presidida por Carlos González, los diputados aprobaron por unanimidad la designación de María Gabriela Ávila como jueza de Familia, Niñez y Adolescencia Nº 2 de la I Circunscripción Judicial, aprobaron en particular la Ley N° 2777, de incremento salarial a personal del Poder Judicial y la denominación “San Isidro Labrador” a la obra de provisión de agua para riego en la microrregión Cutral Co-Plaza Huincul-Challacó.
Manual Nacional para Inspectores Ambientales
Ambiente lanzó el Manual Nacional para Inspectores Ambientales
Fecha de Publicación: 03/11/2011
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
El Dr. Juan José Mussi junto a la subsecretaria de Fiscalización y Control Ambiental, Dra. Beatriz Domingorena, el Director del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, Sr. José Molina y Daniel Tomasini, Coordinador regional de Medio Ambiente del Programa Naciones Unidas para el Desarrollo, presentó el “Manual Nacional para Inspectores Ambientales” que actuará como herramienta de prevención y respuesta a contingencias ambientales.
En oportunidad de estrenar formalmente el salón Presidente Dr. Néstor Carlos Kirchner, el Dr. Mussi aseguró que “está llegando la hora de la cuestión ambiental”. Dos de los grandes temas en agenda, según explicó el secretario, son la cuenca Matanza- Riachuelo y la cuenca Salí Dulce, que abarca a cinco provincias argentinas, donde el común denominador son los vuelcos industriales. En el primero de los casos se suman los de origen cloacal y de residuos sólidos. Sin embargo, “para la comunidad, los medios de información y los organismos judiciales el tema de los efluentes industriales tiene más valor que el resto”, indicó el funcionario.
La figura del “Inspector” “que va y pone la cara” es “clave” en la prevención de cualquier contingencia. “Hay que prevenir pero también hay que tener en cuenta que es bueno que se instalen industrias y se generen fuentes de trabajo pero no a costa de la salud de la gente”, señaló Mussi.
“Prevenir cuesta un tercio de lo que cuesta curar”, afirmó el titular de Ambiente tras celebrar la publicación del manual de consulta rápida que hará más eficaz la gestión ambiental en todo el país ya que servirá para orientar a los empresarios en prácticas de producción más limpia.
La subsecretaria Domingorena saludó la iniciativa, a la que se sumarán capacitaciones en todas las provincias en colaboración con el COFEMA.
Por su parte Daniel Tomasini, Coordinador regional de Medio Ambiente del Programa Naciones Unidas para el Desarrollo, subrayó la importancia de la capacitación de los agentes de control de actividades potencialmente peligrosas para el desarrollo sustentable. Y agregó que “un ambiente saludable es un derecho y no un privilegio de todos”.
El manual
Este segundo manual, el primero se lanzó en 2010 para Inspectores Ambientales de ACUMAR, se realizó en el marco del Plan Nacional de Capacitación en Control Ambiental que implementa el Proyecto PNUD 08/014, que se ejecuta en la Subsecretaría de Control y Fiscalización Ambiental y por lo cual está prevista la realización de cursos de capacitación en distintas provincias del país.
Está dirigido a agentes públicos que ejercen tareas de control y fiscalización ambiental y pretende convertirse en una herramienta de consulta constante para ellos, teniendo en cuenta su amplio contenido, el cual incluye temas legales, técnicos y operativos de suma utilidad para los inspectores.
Cuenta con cuatro componentes de acción estratégicos: 1. Plan Nacional de Capacitación sobre Control y Fiscalización Ambiental; 2. Fortalecimiento Institucional; 3. Prevención y Respuesta de Contingencias Ambientales y 4. Información y Comunicación en materia de Control y Fiscalización Ambiental.
Entre otras cuestiones aborda aspectos generales de la inspección y cuenta con experiencias concretas incorporadas por inspectores. Además realiza un análisis de la legislación ambiental nacional, brinda al inspector conocimientos generales sobre la gestión integral de industrias y aborda aspectos técnicos sobre los tipos de efluentes, su impacto en la salud y el ambiente, y los tipos de tratamientos existentes.
El manual se encuentra disponible en: http://www.ambiente.gob.ar/archivos/web/Ppnud08/file/Manual%20Nacional%20Inspectores%20Ambientales_Final(1).pdf
Fecha de Publicación: 03/11/2011
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
El Dr. Juan José Mussi junto a la subsecretaria de Fiscalización y Control Ambiental, Dra. Beatriz Domingorena, el Director del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, Sr. José Molina y Daniel Tomasini, Coordinador regional de Medio Ambiente del Programa Naciones Unidas para el Desarrollo, presentó el “Manual Nacional para Inspectores Ambientales” que actuará como herramienta de prevención y respuesta a contingencias ambientales.
En oportunidad de estrenar formalmente el salón Presidente Dr. Néstor Carlos Kirchner, el Dr. Mussi aseguró que “está llegando la hora de la cuestión ambiental”. Dos de los grandes temas en agenda, según explicó el secretario, son la cuenca Matanza- Riachuelo y la cuenca Salí Dulce, que abarca a cinco provincias argentinas, donde el común denominador son los vuelcos industriales. En el primero de los casos se suman los de origen cloacal y de residuos sólidos. Sin embargo, “para la comunidad, los medios de información y los organismos judiciales el tema de los efluentes industriales tiene más valor que el resto”, indicó el funcionario.
La figura del “Inspector” “que va y pone la cara” es “clave” en la prevención de cualquier contingencia. “Hay que prevenir pero también hay que tener en cuenta que es bueno que se instalen industrias y se generen fuentes de trabajo pero no a costa de la salud de la gente”, señaló Mussi.
“Prevenir cuesta un tercio de lo que cuesta curar”, afirmó el titular de Ambiente tras celebrar la publicación del manual de consulta rápida que hará más eficaz la gestión ambiental en todo el país ya que servirá para orientar a los empresarios en prácticas de producción más limpia.
La subsecretaria Domingorena saludó la iniciativa, a la que se sumarán capacitaciones en todas las provincias en colaboración con el COFEMA.
Por su parte Daniel Tomasini, Coordinador regional de Medio Ambiente del Programa Naciones Unidas para el Desarrollo, subrayó la importancia de la capacitación de los agentes de control de actividades potencialmente peligrosas para el desarrollo sustentable. Y agregó que “un ambiente saludable es un derecho y no un privilegio de todos”.
El manual
Este segundo manual, el primero se lanzó en 2010 para Inspectores Ambientales de ACUMAR, se realizó en el marco del Plan Nacional de Capacitación en Control Ambiental que implementa el Proyecto PNUD 08/014, que se ejecuta en la Subsecretaría de Control y Fiscalización Ambiental y por lo cual está prevista la realización de cursos de capacitación en distintas provincias del país.
Está dirigido a agentes públicos que ejercen tareas de control y fiscalización ambiental y pretende convertirse en una herramienta de consulta constante para ellos, teniendo en cuenta su amplio contenido, el cual incluye temas legales, técnicos y operativos de suma utilidad para los inspectores.
Cuenta con cuatro componentes de acción estratégicos: 1. Plan Nacional de Capacitación sobre Control y Fiscalización Ambiental; 2. Fortalecimiento Institucional; 3. Prevención y Respuesta de Contingencias Ambientales y 4. Información y Comunicación en materia de Control y Fiscalización Ambiental.
Entre otras cuestiones aborda aspectos generales de la inspección y cuenta con experiencias concretas incorporadas por inspectores. Además realiza un análisis de la legislación ambiental nacional, brinda al inspector conocimientos generales sobre la gestión integral de industrias y aborda aspectos técnicos sobre los tipos de efluentes, su impacto en la salud y el ambiente, y los tipos de tratamientos existentes.
El manual se encuentra disponible en: http://www.ambiente.gob.ar/archivos/web/Ppnud08/file/Manual%20Nacional%20Inspectores%20Ambientales_Final(1).pdf
Hacia la Estrategia Nacional de la Biodiversidad
Hacia una Estrategia Nacional de la Biodiversidad
Fecha de Publicación: 03/11/2011
Fuente: PortalBA
Provincia/Región: Nacional
El 8 de noviembre la Secretaría de Ambiente realizará un Taller para avanzar en el desarrollo de una Estrategia Nacional de la Biodiversidad, en la búsqueda de políticas de Estado que promuevan la conservación y utilización sostenible de la biodiversidad y de los bienes y servicios que provee, así como la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos.
En el encuentro, se realizará la presentación de la Comisión Nacional Asesora para la Conservación y Utilización Sostenible de la Diversidad Biológica (CONADIBIO), conformada por 15 organismos gubernamentales y 5 representantes de organismos no gubernamentales, y se tratará el rol de la Comisión en la formulación de la estrategia, desde una perspectiva que contemple la inclusión social, los valores de equidad y solidaridad y la integración entre los derechos humanos y del ambiente. Además identificarán temáticas para incrementar la sinergia del trabajo en el seno de la Comisión, cuya función es la de asesorar a la cartera ambiental en la implementación de acciones orientadas al logro de objetivos y metas del Convenio sobre Diversidad Biológica.
La apertura de la reunión estará a cargo del secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Dr. Juan José Mussi y de la subsecretaria de Planificación y Política Ambiental, Dra. Silvia Révora.
Fecha de Publicación: 03/11/2011
Fuente: PortalBA
Provincia/Región: Nacional
El 8 de noviembre la Secretaría de Ambiente realizará un Taller para avanzar en el desarrollo de una Estrategia Nacional de la Biodiversidad, en la búsqueda de políticas de Estado que promuevan la conservación y utilización sostenible de la biodiversidad y de los bienes y servicios que provee, así como la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos.
En el encuentro, se realizará la presentación de la Comisión Nacional Asesora para la Conservación y Utilización Sostenible de la Diversidad Biológica (CONADIBIO), conformada por 15 organismos gubernamentales y 5 representantes de organismos no gubernamentales, y se tratará el rol de la Comisión en la formulación de la estrategia, desde una perspectiva que contemple la inclusión social, los valores de equidad y solidaridad y la integración entre los derechos humanos y del ambiente. Además identificarán temáticas para incrementar la sinergia del trabajo en el seno de la Comisión, cuya función es la de asesorar a la cartera ambiental en la implementación de acciones orientadas al logro de objetivos y metas del Convenio sobre Diversidad Biológica.
La apertura de la reunión estará a cargo del secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Dr. Juan José Mussi y de la subsecretaria de Planificación y Política Ambiental, Dra. Silvia Révora.
No hay condiciones en Mendoza para la minería ...
"No hay condiciones sociales en Mendoza para la minería metalífera"
Fecha de Publicación: 02/11/2011
Fuente: Diario UNO
Provincia/Región: Mendoza
Lo admitió el gobernador electo de Mendoza, Paco Pérez, y con esa premisa desembarca hoy en San Juan. José Luis Gioja piensa que un avance de la actividad en Mendoza provocaría un mayor desarrollo de esa industria en su provincia.
“No hay condiciones sociales en Mendoza para desarrollar en este momento la minería metalífera”. Esto le dirá el gobernador electo Francisco Paco Pérez a su par sanjuanino José Luis Gioja si éste le plantea el tema minero durante el encuentro que tienen acordado para este miércoles en el despacho oficial del mandatario de la vecina provincia.
A las 10, está previsto que ambos justicialistas se enfrenten cara a cara después de que Pérez y su vice, Carlos Ciurca, deslizaran que el gobernador sanjuanino “vende humo”. En este caso, tendrá efecto el refrán que asegura que a los dichos se los lleva el viento y el episodio protagonizado por la fórmula que ganó en Mendoza el 23 de octubre pasará a ser una anécdota del pasado, tal vez, luego de un pedido de disculpas de Paco Pérez.
Pero la tensión real entre el gobernador sanjuanino y el electo en nuestra provincia tiene otro eje mucho más denso: la minería metalífera en la Cordillera de Los Andes. Para Gioja, un avance de la actividad en Mendoza provocaría un mayor desarrollo de la misma en su provincia, una de las pioneras en la materia en país, pero una acción de campaña del electo mendocino echó por tierra el proyecto San Jorge, que era la punta de lanza de la minería metalífera en esta parte de Cuyo.
Por eso, se especula que uno de los planteos que le hará Gioja a Pérez será el de la postura mendocina frente a las potenciales inversiones en minería metalífera en la provincia ¿Qué respuesta le dará al gobernador sanjuanino si le pregunta cuál es su visión sobre el desarrollo de la minería?, le consultó este medio a Paco Pérez, quien no dudó en la contestación: “Que no hay condiciones sociales en Mendoza para desarrollar en este momento la minería metalífera”.
Mientras tanto, Pérez reconoció que no se puede congelar el tratamiento de la temática, como pretenden los grupos ambientalistas que se hicieron fuertes en Mendoza a partir del rechazo que la extracción de minerales generó en la sociedad. Hasta los responsables locales del proyecto San Jorge reconocieron que de hacerse ahora un plebiscito sobre el tema ganaría la postura contraria a la práctica de la actividad.
Sin embargo, el próximo gobernador consideró que hay que separar la extracción de metales de la de otros minerales en el debate. Y dijo que le propondrá a Gioja trabajar en leyes provinciales en ambos estados de regalías mineras para incrementar el porcentaje que los potenciales explotadores de la actividad están obligados a aportar a las arcas públicas. Por ahora, tanto Mendoza como San Juan adhirieron en este aspecto al dictado de la Ley Nacional que fija las regalías para las provincias en el 3% del valor del producto en boca de mina.
Fecha de Publicación: 02/11/2011
Fuente: Diario UNO
Provincia/Región: Mendoza
Lo admitió el gobernador electo de Mendoza, Paco Pérez, y con esa premisa desembarca hoy en San Juan. José Luis Gioja piensa que un avance de la actividad en Mendoza provocaría un mayor desarrollo de esa industria en su provincia.
“No hay condiciones sociales en Mendoza para desarrollar en este momento la minería metalífera”. Esto le dirá el gobernador electo Francisco Paco Pérez a su par sanjuanino José Luis Gioja si éste le plantea el tema minero durante el encuentro que tienen acordado para este miércoles en el despacho oficial del mandatario de la vecina provincia.
A las 10, está previsto que ambos justicialistas se enfrenten cara a cara después de que Pérez y su vice, Carlos Ciurca, deslizaran que el gobernador sanjuanino “vende humo”. En este caso, tendrá efecto el refrán que asegura que a los dichos se los lleva el viento y el episodio protagonizado por la fórmula que ganó en Mendoza el 23 de octubre pasará a ser una anécdota del pasado, tal vez, luego de un pedido de disculpas de Paco Pérez.
Pero la tensión real entre el gobernador sanjuanino y el electo en nuestra provincia tiene otro eje mucho más denso: la minería metalífera en la Cordillera de Los Andes. Para Gioja, un avance de la actividad en Mendoza provocaría un mayor desarrollo de la misma en su provincia, una de las pioneras en la materia en país, pero una acción de campaña del electo mendocino echó por tierra el proyecto San Jorge, que era la punta de lanza de la minería metalífera en esta parte de Cuyo.
Por eso, se especula que uno de los planteos que le hará Gioja a Pérez será el de la postura mendocina frente a las potenciales inversiones en minería metalífera en la provincia ¿Qué respuesta le dará al gobernador sanjuanino si le pregunta cuál es su visión sobre el desarrollo de la minería?, le consultó este medio a Paco Pérez, quien no dudó en la contestación: “Que no hay condiciones sociales en Mendoza para desarrollar en este momento la minería metalífera”.
Mientras tanto, Pérez reconoció que no se puede congelar el tratamiento de la temática, como pretenden los grupos ambientalistas que se hicieron fuertes en Mendoza a partir del rechazo que la extracción de minerales generó en la sociedad. Hasta los responsables locales del proyecto San Jorge reconocieron que de hacerse ahora un plebiscito sobre el tema ganaría la postura contraria a la práctica de la actividad.
Sin embargo, el próximo gobernador consideró que hay que separar la extracción de metales de la de otros minerales en el debate. Y dijo que le propondrá a Gioja trabajar en leyes provinciales en ambos estados de regalías mineras para incrementar el porcentaje que los potenciales explotadores de la actividad están obligados a aportar a las arcas públicas. Por ahora, tanto Mendoza como San Juan adhirieron en este aspecto al dictado de la Ley Nacional que fija las regalías para las provincias en el 3% del valor del producto en boca de mina.
San Juan va de nuevo contra la Ley de Glaciares
La Provincia va de nuevo contra la Ley de Glaciares
Fecha de Publicación: 02/11/2011
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan
La Fiscalía de Estado se sumó a otro fallo que declara inconstitucional la ley nacional 26.639.
Hace exactamente un año, el juez federal Miguel Galvez suspendió la aplicación de la Ley Nacional de Glaciares en San Juan, en un fallo de inconstitucionalidad pedido por el gremio minero Aoma y cámaras empresarias, y al que la provincia se sumó como ‘tercero necesario’.
Ahora, la Provincia acaba de volver a hacerse parte de otra causa contra la misma ley -la cuarta en un año-, esta vez promovida por Xstrata Pachón, según anunció ayer el fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis. ‘Se trata de una causa de inconstitucionalidad pedida por la minera Xstrata en septiembre pasado.
El juez Leopoldo Rago Gallo dictó la medida cautelar de no innovar a fines de septiembre, y declaró la no aplicabilidad de la Ley Nacional de Glaciares, además de notificar a la provincia de comparecer como tercero necesario. El 28 de octubre pasado me hice parte como fiscal de Estado de San Juan.
Por lo tanto, la provincia ha entrado como tercero necesario en una cuarta causa contra esa ley’, informó ayer De Sanctis. Al intervenir la Provincia, la causa ahora se eleva a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que deberá resolver el tema, igual que en los casos anteriores. Del mismo modo, San Juan insiste con sus argumentos de que la ley nacional avasalla los derechos de la provincia porque no es de presupuestos mínimos sino que se extiende a prohibir actividades en zonas y recursos que son provinciales.
El nuevo fallo de la Justicia Federal, como en los anteriores, deja sin efecto los artículos más polémicos que pueden poner en riesgo la continuidad de la actividad minera: los artículos números 2, 3, 5, 6, 7 y 15 referidos a prohibiciones de realizar determinadas actividades industriales, obras públicas y mineras en ciertas zonas que no han sido delimitadas.
El primer fallo del 2 de noviembre de 2010 (Aoma y otros) emitido por el juez federal Miguel Galvez le siguieron luego otros dos similares para las mineras Barrick y Minera Argentina Gold. Ahora, el actual fue interpuesto por minera Xstrata que busca explotar cobre en la cordillera de Calingasta.
El nuevo fallo fue emitido por el juez Leopoldo Rago Gallo, subrogando a su par Galvez. Un dato significativo es que con el primero de los fallos -el pedido de Aoma y otros- ya se había logrado la suspensión de la ley nacional de glaciares en todo el territorio sanjuanino, lo que hace innecesario al menos judicialmente que se sigan sumando cautelares. ‘Pero cada empresa quiere tener su propio respaldo’, graficó ayer una fuente judicial en off.
Fecha de Publicación: 02/11/2011
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan
La Fiscalía de Estado se sumó a otro fallo que declara inconstitucional la ley nacional 26.639.
Hace exactamente un año, el juez federal Miguel Galvez suspendió la aplicación de la Ley Nacional de Glaciares en San Juan, en un fallo de inconstitucionalidad pedido por el gremio minero Aoma y cámaras empresarias, y al que la provincia se sumó como ‘tercero necesario’.
Ahora, la Provincia acaba de volver a hacerse parte de otra causa contra la misma ley -la cuarta en un año-, esta vez promovida por Xstrata Pachón, según anunció ayer el fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis. ‘Se trata de una causa de inconstitucionalidad pedida por la minera Xstrata en septiembre pasado.
El juez Leopoldo Rago Gallo dictó la medida cautelar de no innovar a fines de septiembre, y declaró la no aplicabilidad de la Ley Nacional de Glaciares, además de notificar a la provincia de comparecer como tercero necesario. El 28 de octubre pasado me hice parte como fiscal de Estado de San Juan.
Por lo tanto, la provincia ha entrado como tercero necesario en una cuarta causa contra esa ley’, informó ayer De Sanctis. Al intervenir la Provincia, la causa ahora se eleva a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que deberá resolver el tema, igual que en los casos anteriores. Del mismo modo, San Juan insiste con sus argumentos de que la ley nacional avasalla los derechos de la provincia porque no es de presupuestos mínimos sino que se extiende a prohibir actividades en zonas y recursos que son provinciales.
El nuevo fallo de la Justicia Federal, como en los anteriores, deja sin efecto los artículos más polémicos que pueden poner en riesgo la continuidad de la actividad minera: los artículos números 2, 3, 5, 6, 7 y 15 referidos a prohibiciones de realizar determinadas actividades industriales, obras públicas y mineras en ciertas zonas que no han sido delimitadas.
El primer fallo del 2 de noviembre de 2010 (Aoma y otros) emitido por el juez federal Miguel Galvez le siguieron luego otros dos similares para las mineras Barrick y Minera Argentina Gold. Ahora, el actual fue interpuesto por minera Xstrata que busca explotar cobre en la cordillera de Calingasta.
El nuevo fallo fue emitido por el juez Leopoldo Rago Gallo, subrogando a su par Galvez. Un dato significativo es que con el primero de los fallos -el pedido de Aoma y otros- ya se había logrado la suspensión de la ley nacional de glaciares en todo el territorio sanjuanino, lo que hace innecesario al menos judicialmente que se sigan sumando cautelares. ‘Pero cada empresa quiere tener su propio respaldo’, graficó ayer una fuente judicial en off.
Harán estudios sobre el arsenicismo en el agua
Nación y provincias harán estudios sobre el arsenicismo en el agua
Fecha de Publicación: 02/11/2011
Fuente: El Puntal
Provincia/Región: Nacional
La Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación se reunió con las autoridades provinciales interesadas en la problemática del arsenicismo en el agua; oportunidad en que se firmó el convenio marco de colaboración que establece el compromiso de las partes para la realización de “Estudios básicos para el establecimiento de criterios y prioridades sanitarias en cobertura y calidad de agua”.
Las provincias de Córdoba, Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán participaron en este primer encuentro; y dieron su visión sobre la iniciativa a la que calificaron como de suma importancia para el abordaje de la problemática que tendría que culminar en un Plan Director Provincial de Agua y Saneamiento por parte de cada provincia.
El subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación, Fabián López, felicitó a los participantes por la voluntad e interés para llevar adelante las tareas correspondientes y les alentó a que “este sea uno de los encuentros de trabajo que nos lleven a la acción concreta en breve”.
Uno de los objetivos de la firma de convenio es fortalecer una política consensuada del sector hídrico con el Ministerio de Salud y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca en relación al Código Alimentario Argentino. El ingeniero Lastiri, representante de La Pampa por la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia destacó la política de la Nación por estimular la “primera investigación a nivel país con instrumentos que por medio del Cohife beneficiarán a toda la Argentina”.
Fecha de Publicación: 02/11/2011
Fuente: El Puntal
Provincia/Región: Nacional
La Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación se reunió con las autoridades provinciales interesadas en la problemática del arsenicismo en el agua; oportunidad en que se firmó el convenio marco de colaboración que establece el compromiso de las partes para la realización de “Estudios básicos para el establecimiento de criterios y prioridades sanitarias en cobertura y calidad de agua”.
Las provincias de Córdoba, Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán participaron en este primer encuentro; y dieron su visión sobre la iniciativa a la que calificaron como de suma importancia para el abordaje de la problemática que tendría que culminar en un Plan Director Provincial de Agua y Saneamiento por parte de cada provincia.
El subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación, Fabián López, felicitó a los participantes por la voluntad e interés para llevar adelante las tareas correspondientes y les alentó a que “este sea uno de los encuentros de trabajo que nos lleven a la acción concreta en breve”.
Uno de los objetivos de la firma de convenio es fortalecer una política consensuada del sector hídrico con el Ministerio de Salud y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca en relación al Código Alimentario Argentino. El ingeniero Lastiri, representante de La Pampa por la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia destacó la política de la Nación por estimular la “primera investigación a nivel país con instrumentos que por medio del Cohife beneficiarán a toda la Argentina”.
Impidieron desmontes en Tucumán
Impidieron desmontes en el interior de Simoca
Fecha de Publicación: 01/11/2011
Fuente: El Siglo
Provincia/Región: Tucumán
En dos operativos de control realizados por la Dirección de Delitos Rurales y Ecológicos y el Departamento de Control forestal de la provincia, se detectaron dos superficies en Simoca donde se practicaban desmontes sin la correspondiente autorización. Además de labrar actas de infracción, se incautó un tractor utilizado para esta práctica.
En dos operativos de control realizados por la Dirección de Delitos Rurales y Ecológicos y el Departamento de Control forestal de la provincia, se detectaron dos superficies en Simoca donde se practicaban desmontes sin la correspondiente autorización. Además de labrar actas de infracción, se incautó un tractor utilizado para esta práctica.
Uniformados a cargo del cabo José Luis Voss apoyó la tarea de los inspectores Gerardo Torres, Raúl Espinoza y José Juárez Salcedo, en la localidad de Cejas de Aroca, en el interior simoqueño. En una superficie de 45 hectáreas, la delegación fue atendida por un hombre, quien no contaba con la autorización expedida por la Dirección de Flora, Fauna Silvestre y Suelos de la provincia. En consecuencia, se labraron actuaciones por transgresión a la ley 6.292.
En otro paraje de esa población se detectó el desmonte de 25 hectáreas, con quema de especies arbóreas. El encargado tampoco contaba con el permiso para esa labor, por lo que además del acta de infracción le fue incautado un tractor “Zanello”, utilizado para arrancar de raíz los árboles del lugar.
Los procedimientos fueron supervisados por José Luis Salas y Luis Silenio Castaño, directores de Delitos Rurales.
Fecha de Publicación: 01/11/2011
Fuente: El Siglo
Provincia/Región: Tucumán
En dos operativos de control realizados por la Dirección de Delitos Rurales y Ecológicos y el Departamento de Control forestal de la provincia, se detectaron dos superficies en Simoca donde se practicaban desmontes sin la correspondiente autorización. Además de labrar actas de infracción, se incautó un tractor utilizado para esta práctica.
En dos operativos de control realizados por la Dirección de Delitos Rurales y Ecológicos y el Departamento de Control forestal de la provincia, se detectaron dos superficies en Simoca donde se practicaban desmontes sin la correspondiente autorización. Además de labrar actas de infracción, se incautó un tractor utilizado para esta práctica.
Uniformados a cargo del cabo José Luis Voss apoyó la tarea de los inspectores Gerardo Torres, Raúl Espinoza y José Juárez Salcedo, en la localidad de Cejas de Aroca, en el interior simoqueño. En una superficie de 45 hectáreas, la delegación fue atendida por un hombre, quien no contaba con la autorización expedida por la Dirección de Flora, Fauna Silvestre y Suelos de la provincia. En consecuencia, se labraron actuaciones por transgresión a la ley 6.292.
En otro paraje de esa población se detectó el desmonte de 25 hectáreas, con quema de especies arbóreas. El encargado tampoco contaba con el permiso para esa labor, por lo que además del acta de infracción le fue incautado un tractor “Zanello”, utilizado para arrancar de raíz los árboles del lugar.
Los procedimientos fueron supervisados por José Luis Salas y Luis Silenio Castaño, directores de Delitos Rurales.
Riachuelo: Justicia ordenó forestar y parquizar
Justicia ordenó forestar y parquizar las márgenes del Riachuelo
Fecha de Publicación: 01/11/2011
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Buenos Aires
El juez federal de Quilmas, Luis Armela, ordenó a los estados Nacional, bonaerense y de la Ciudad de Buenos Aires que en cuatro meses presenten un proyecto de forestación y parquización de las márgenes de la cuenca Matanza-Riachuelo.
El magistrado fijó el 1 de marzo próximo como fecha límite para la presentación e incluyó en el requerimiento a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) y a los municipios bonaerenses de Avellaneda, Lanús y Lomas de Zamora.
El juez ordenó que, de manera coordinada, todas esas jurisdicciones elaboren un proyecto integrador para la forestación y parquización, que tenga en cuenta el camino de sirga.
Armella aclaró que "el planeamiento estratégico no sólo debe considerar las cuestiones territoriales, sino que debe explorar la dinámica de los procesos a partir del acabado análisis de las áreas a parquizar y forestar, a través de criterios unificados de investigación".
Armella es el juez encargado de ejecutar la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en julio de 2008, ante la demanda por daños y perjuicios promovida por un grupo de vecinos de la cuenca hídrica.
Las acciones que se implementen "deberán ser proyectadas con el grado de perdurabilidad que la situación socioambiental requiere, y cuyo objetivo no debe ser otro que el respeto por la calidad y dignidad humana de quienes la habitan, procurando la diversidad y perdurabilidad ecológica de la cuenca", acotó el juez.
"No parece ajustado a las exigencias de la CSJN -puntualizó- que las áreas donde deban realizarse las obras de parquizado y forestación sean cubiertas con una cortina de álamos sucesivos, que solo impiden la adecuada visión del río y que atenta con la proyección de convertir a la ribera del Riachuelo en un verdadero lugar de paseo, con alto valor paisajístico".
El juez concluyó que, "como una medida de estricto carácter proambiental", correspondía "exigir a la Acumar que asuma el compromiso ineludible para que sean plantados tres árboles de la misma calidad o mejor, por cada árbol que sea extirpado de la cuenca".
Según Armella los ejecutores de las obras deben tener en cuenta que las mismas ayudarán a la recuperación de la tierra de la cuenca", dándole valor, y como lugar de "visita y recreación", ya que "a futuro seguramente se convertirán en una fuente destacable para el fomento del turismo local e internacional".
Fecha de Publicación: 01/11/2011
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Buenos Aires
El juez federal de Quilmas, Luis Armela, ordenó a los estados Nacional, bonaerense y de la Ciudad de Buenos Aires que en cuatro meses presenten un proyecto de forestación y parquización de las márgenes de la cuenca Matanza-Riachuelo.
El magistrado fijó el 1 de marzo próximo como fecha límite para la presentación e incluyó en el requerimiento a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) y a los municipios bonaerenses de Avellaneda, Lanús y Lomas de Zamora.
El juez ordenó que, de manera coordinada, todas esas jurisdicciones elaboren un proyecto integrador para la forestación y parquización, que tenga en cuenta el camino de sirga.
Armella aclaró que "el planeamiento estratégico no sólo debe considerar las cuestiones territoriales, sino que debe explorar la dinámica de los procesos a partir del acabado análisis de las áreas a parquizar y forestar, a través de criterios unificados de investigación".
Armella es el juez encargado de ejecutar la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en julio de 2008, ante la demanda por daños y perjuicios promovida por un grupo de vecinos de la cuenca hídrica.
Las acciones que se implementen "deberán ser proyectadas con el grado de perdurabilidad que la situación socioambiental requiere, y cuyo objetivo no debe ser otro que el respeto por la calidad y dignidad humana de quienes la habitan, procurando la diversidad y perdurabilidad ecológica de la cuenca", acotó el juez.
"No parece ajustado a las exigencias de la CSJN -puntualizó- que las áreas donde deban realizarse las obras de parquizado y forestación sean cubiertas con una cortina de álamos sucesivos, que solo impiden la adecuada visión del río y que atenta con la proyección de convertir a la ribera del Riachuelo en un verdadero lugar de paseo, con alto valor paisajístico".
El juez concluyó que, "como una medida de estricto carácter proambiental", correspondía "exigir a la Acumar que asuma el compromiso ineludible para que sean plantados tres árboles de la misma calidad o mejor, por cada árbol que sea extirpado de la cuenca".
Según Armella los ejecutores de las obras deben tener en cuenta que las mismas ayudarán a la recuperación de la tierra de la cuenca", dándole valor, y como lugar de "visita y recreación", ya que "a futuro seguramente se convertirán en una fuente destacable para el fomento del turismo local e internacional".
Salta: aniversario del SIPAP
31 de octubre, Aniversario del Sistema provincial de Áreas protegidas
Fecha de Publicación: 31/10/2011
Fuente: Opinión Calificada
Provincia/Región: Salta
El 31 de Octubre de 2000 se promulgaba la Ley Nº: 7107 que establecía la creación del Sistema Provincial de Áreas Protegidas (SIPAP). Transcurrieron ya once años de la instauración de un marco legal, tanto para el conjunto de espacios naturales, seminaturales, y su regulación para la planificación y ejecución de procesos destinados a alcanzar la sustentabilidad en el manejo de los recursos naturales de la Provincia de Salta.
Las Áreas Protegidas son territorios públicos o privados en estado natural o con diferentes grados de intervención, comprendidos dentro de límites bien definidos, que están bajo protección legal, sometidos a manejo especial, con el propósito de alcanzar uno o más objetivos de preservación y/o conservación de los ecosistemas.
Hoy por hoy, Salta cuenta con 18 Áreas Protegidas entre las cuales, existe una privada y otra internacional. Estas áreas representan un 10 % del territorio del territorio provincial con ambientes que varían entre Chaco, Yungas, Puna, Monte y Altoandino. De la totalidad de las Áreas Protegidas un 65% posee ocupación humana y están resguardadas por 21 guardaparques.
Dentro de las áreas hay diversas especies en peligro que se encuentran protegidas, como por ejemplo es el caso del Yaguareté, Ocelote, Vicuña, Cóndor Andino, Ganso del Monte, Quirquincho, Lampalagua , Gato Andino, Jabirú, Flamenco de James, Flamenco Austral, Suri cordillerano, Chinchilla Chica; entre otras. Como así también hay zonas de trabajo prioritarias que son la Reserva de Flora y Fauna Acambuco, Reserva de Flora y Fauna Los Palmares, Reserva Hídrica Finca Las Costas, Reserva Natural Manejada Quebrada de Las Conchas y el Parque Laguna Pintascayo.
Uno de los sitios más destacados a nivel provincial se trata de la Reserva de Biosfera de Las Yungas, creada por el Consejo Internacional de Coordinación del programa del Hombre y la Biosfera MAB (Man and Biosphere) de la UNESCO en 2002. Es un conjunto de ecosistemas terrestres o acuáticos que pueden contribuir al desarrollo sustentable y que son importantes desde el punto de vista de la conservación como de la generación de conocimientos prácticos y de los valores humanos. Tiene una superficie de 854.466 hectáreas en Salta (1.340.000 hectáreas entre Salta y Jujuy), su ambiente es Yungas y en nuestra provincia abarca el Parque Nacional Baritú, la Reserva Nacional El Nogalar y el Parque Provincial Laguna Pintascayo.
En este día, desde el ministerio de Ambiente se desea subrayar la importancia de seguir contando con estos espacios que son referentes de la biodiversidad de la provincia. Ambiente trabaja permanentemente realizando estudios para incorporar nuevas áreas que constituyan ambientes a conservar. Esta gestión, particularmente, hace hincapié en las reservas privadas que se pueden crear consultando en el ministerio de Ambiente, Zuviría 744.
Fecha de Publicación: 31/10/2011
Fuente: Opinión Calificada
Provincia/Región: Salta
El 31 de Octubre de 2000 se promulgaba la Ley Nº: 7107 que establecía la creación del Sistema Provincial de Áreas Protegidas (SIPAP). Transcurrieron ya once años de la instauración de un marco legal, tanto para el conjunto de espacios naturales, seminaturales, y su regulación para la planificación y ejecución de procesos destinados a alcanzar la sustentabilidad en el manejo de los recursos naturales de la Provincia de Salta.
Las Áreas Protegidas son territorios públicos o privados en estado natural o con diferentes grados de intervención, comprendidos dentro de límites bien definidos, que están bajo protección legal, sometidos a manejo especial, con el propósito de alcanzar uno o más objetivos de preservación y/o conservación de los ecosistemas.
Hoy por hoy, Salta cuenta con 18 Áreas Protegidas entre las cuales, existe una privada y otra internacional. Estas áreas representan un 10 % del territorio del territorio provincial con ambientes que varían entre Chaco, Yungas, Puna, Monte y Altoandino. De la totalidad de las Áreas Protegidas un 65% posee ocupación humana y están resguardadas por 21 guardaparques.
Dentro de las áreas hay diversas especies en peligro que se encuentran protegidas, como por ejemplo es el caso del Yaguareté, Ocelote, Vicuña, Cóndor Andino, Ganso del Monte, Quirquincho, Lampalagua , Gato Andino, Jabirú, Flamenco de James, Flamenco Austral, Suri cordillerano, Chinchilla Chica; entre otras. Como así también hay zonas de trabajo prioritarias que son la Reserva de Flora y Fauna Acambuco, Reserva de Flora y Fauna Los Palmares, Reserva Hídrica Finca Las Costas, Reserva Natural Manejada Quebrada de Las Conchas y el Parque Laguna Pintascayo.
Uno de los sitios más destacados a nivel provincial se trata de la Reserva de Biosfera de Las Yungas, creada por el Consejo Internacional de Coordinación del programa del Hombre y la Biosfera MAB (Man and Biosphere) de la UNESCO en 2002. Es un conjunto de ecosistemas terrestres o acuáticos que pueden contribuir al desarrollo sustentable y que son importantes desde el punto de vista de la conservación como de la generación de conocimientos prácticos y de los valores humanos. Tiene una superficie de 854.466 hectáreas en Salta (1.340.000 hectáreas entre Salta y Jujuy), su ambiente es Yungas y en nuestra provincia abarca el Parque Nacional Baritú, la Reserva Nacional El Nogalar y el Parque Provincial Laguna Pintascayo.
En este día, desde el ministerio de Ambiente se desea subrayar la importancia de seguir contando con estos espacios que son referentes de la biodiversidad de la provincia. Ambiente trabaja permanentemente realizando estudios para incorporar nuevas áreas que constituyan ambientes a conservar. Esta gestión, particularmente, hace hincapié en las reservas privadas que se pueden crear consultando en el ministerio de Ambiente, Zuviría 744.
Santa Fe: ministerios reciben a Pueblos Fumigados
Cinco ministerios reciben hoy a Pueblos Fumigados
Fecha de Publicación: 31/10/2011
Fuente: AgenciaFe
Provincia/Región: Santa Fe
El gobierno santafesino, a través del llamado Comité Interministerial de Salud Ambiental que integran cinco carteras, recibirá hoy al movimiento Pueblos Fumigados, que nuclea a agrupaciones de diferentes localidades preocupadas por los efectos del modelo agropecuario basado en transgénicos y que presentará a las autoridades una plataforma de trabajo integral –destinada a las legislaciones locales y la provincial– sobre la fumigación de cultivos con agroquímicos.
La reunión fue solicitada por las agrupaciones, pero el organismo interministerial ya viene actuando en el tema, aclararon desde la provincia, “como en los casos de relocalización de depósitos de agroquímicos fuera de los ejidos urbanos, la prohibición del uso de fosfina y de la de fumigar las banquinas”. Lo que los vecinos de varias localidades plantearán como uno de sus ejes es la prohibición de fumigar a menos de 800 metros de cualquier centro urbano, a tono con el fallo de la justicia para el caso de un barrio de la ciudad de San Jorge. También propondrán que el gobierno provincial fomente la agroecología en todo el territorio del distrito, profundice los estudios sobre posible contaminación de aire y agua y cree un registro de intoxicación humana.
Tras la reunión con senadores provinciales por la presentación del proyecto del socialista Juan Carlos Zabalza para modificar, en el sentido de mayor precaución, la actual ley de fitosanitarios que regula la aplicación de agroquímicos, ocurrida en septiembre, Pueblos Fumigados –movimiento que integra a 70 delegados en 50 localidades de la provincia– solicitó al comité interministerial el pronunciamiento sobre su campaña “Paren de fumigarnos”. La cita finalmente fue concedida, y será esta tarde a las 16 en la sede capitalina del Ministerio de Salud. Allí los vecinos serán recibidos por los ministros de Gobierno y Reforma del Estado, Antonio Bonfatti; de Salud, Miguel Ángel Cappiello; de Producción, Juan José Bertero; de Aguas y Medio ambiente, Antonio Ciancio, y de Trabajo, Carlos Rodríguez. Esta formación de las carteras en comité fue resultado del decreto 815 del año pasado, que responde a la ley 11.273 de Productos Fitosanitarios y a su modificatoria, la 11.354.
Las expectativas por parte de las organizaciones ambientalistas es alta, a partir del histórico fallo de la Justicia santafesina que a principios de año elevó la distancia mínima de fumigación respecto del ejido urbano en San Jorge, e instaló por primera vez a nivel nacional el principio precautorio sobre la potencialidad de los daños de agroquímicos (no hace falta una comprobación irrefutable, basta con que haya dudas fundadas sobre riesgos). “Queremos consensuar con los distintas autoridades –la problemática tiene numerosas ramificaciones– una plataforma de trabajo transversal para el gobierno santafesino. La intención es que sirva de norma para las legislaciones locales y la provincial”, contó a El Ciudadano Eduardo Rossi, que integra el movimiento.
Entre los bastiones de acción propuestos por Pueblos Fumigados se destacan la prohibición de fumigación a menos de 800 metros del llamado “límite agronómico cero” que debe fijar cada localidad, el fomento a la agroecología (cultivos bajo normas de protección del medio ambiente en las afueras de los poblados), y una intensificación de los controles sobre aire y agua en el territorio santafesino. “Un punto muy importante es la creación del registro de intoxicación –fruto de la resolución 276 del Ministerio de Salud de la nación a la que la provincia debe adherir– por la que se crea un programa en cada localidad para diagnósticos”, agregó Rossi.
Otro de los puntos de la plataforma es el pedido a la provincia para que dé curso a la resolución 147 de la Defensoría del Pueblo nacional del año pasado, sobre el cambio en la forma en que se clasifican los agroquímicos. En rigor, sin embargo, se trata de una potestad de la Nación, a través del Senasa que es el organismo encargado de determinar la peligrosidad de herbicidas, pesticidas y plaguicidas. Hoy esto se realiza mediante el método conocido como Dosis Letal 50 (DL50), que mide sólo los efectos inmediatos y mortales de los productos, pero no indaga sobre las consecuencias de las exposiciones crónicas –las que sufren los habitantes cercanos a los campos o los trabajadores que manipulan los tóxicos– ni los daños subletales, como malformaciones o enfermedades respiratorias y oncológicas. Tampoco, insisten quienes exigen el cambio, la metodología tiene en cuenta el uso real de los químicos, que no se da en forma aislada como se estudian, sino en mezclas cuyos efectos se desconocen.
Consultado sobre el proyecto de Zabalza, que en la actualidad está en estudio en la comisión de Agricultura de la Legislatura santafesina, desde Pueblos Fumigados reconocieron que “es un avance”, aunque destacaron que sus esperanzas en cuanto a restricciones estatales a fumigación son mayores. “Ese proyecto es superador pero aún falta avanzar mucho en materia de salud”, opinó Rossi.
Fecha de Publicación: 31/10/2011
Fuente: AgenciaFe
Provincia/Región: Santa Fe
El gobierno santafesino, a través del llamado Comité Interministerial de Salud Ambiental que integran cinco carteras, recibirá hoy al movimiento Pueblos Fumigados, que nuclea a agrupaciones de diferentes localidades preocupadas por los efectos del modelo agropecuario basado en transgénicos y que presentará a las autoridades una plataforma de trabajo integral –destinada a las legislaciones locales y la provincial– sobre la fumigación de cultivos con agroquímicos.
La reunión fue solicitada por las agrupaciones, pero el organismo interministerial ya viene actuando en el tema, aclararon desde la provincia, “como en los casos de relocalización de depósitos de agroquímicos fuera de los ejidos urbanos, la prohibición del uso de fosfina y de la de fumigar las banquinas”. Lo que los vecinos de varias localidades plantearán como uno de sus ejes es la prohibición de fumigar a menos de 800 metros de cualquier centro urbano, a tono con el fallo de la justicia para el caso de un barrio de la ciudad de San Jorge. También propondrán que el gobierno provincial fomente la agroecología en todo el territorio del distrito, profundice los estudios sobre posible contaminación de aire y agua y cree un registro de intoxicación humana.
Tras la reunión con senadores provinciales por la presentación del proyecto del socialista Juan Carlos Zabalza para modificar, en el sentido de mayor precaución, la actual ley de fitosanitarios que regula la aplicación de agroquímicos, ocurrida en septiembre, Pueblos Fumigados –movimiento que integra a 70 delegados en 50 localidades de la provincia– solicitó al comité interministerial el pronunciamiento sobre su campaña “Paren de fumigarnos”. La cita finalmente fue concedida, y será esta tarde a las 16 en la sede capitalina del Ministerio de Salud. Allí los vecinos serán recibidos por los ministros de Gobierno y Reforma del Estado, Antonio Bonfatti; de Salud, Miguel Ángel Cappiello; de Producción, Juan José Bertero; de Aguas y Medio ambiente, Antonio Ciancio, y de Trabajo, Carlos Rodríguez. Esta formación de las carteras en comité fue resultado del decreto 815 del año pasado, que responde a la ley 11.273 de Productos Fitosanitarios y a su modificatoria, la 11.354.
Las expectativas por parte de las organizaciones ambientalistas es alta, a partir del histórico fallo de la Justicia santafesina que a principios de año elevó la distancia mínima de fumigación respecto del ejido urbano en San Jorge, e instaló por primera vez a nivel nacional el principio precautorio sobre la potencialidad de los daños de agroquímicos (no hace falta una comprobación irrefutable, basta con que haya dudas fundadas sobre riesgos). “Queremos consensuar con los distintas autoridades –la problemática tiene numerosas ramificaciones– una plataforma de trabajo transversal para el gobierno santafesino. La intención es que sirva de norma para las legislaciones locales y la provincial”, contó a El Ciudadano Eduardo Rossi, que integra el movimiento.
Entre los bastiones de acción propuestos por Pueblos Fumigados se destacan la prohibición de fumigación a menos de 800 metros del llamado “límite agronómico cero” que debe fijar cada localidad, el fomento a la agroecología (cultivos bajo normas de protección del medio ambiente en las afueras de los poblados), y una intensificación de los controles sobre aire y agua en el territorio santafesino. “Un punto muy importante es la creación del registro de intoxicación –fruto de la resolución 276 del Ministerio de Salud de la nación a la que la provincia debe adherir– por la que se crea un programa en cada localidad para diagnósticos”, agregó Rossi.
Otro de los puntos de la plataforma es el pedido a la provincia para que dé curso a la resolución 147 de la Defensoría del Pueblo nacional del año pasado, sobre el cambio en la forma en que se clasifican los agroquímicos. En rigor, sin embargo, se trata de una potestad de la Nación, a través del Senasa que es el organismo encargado de determinar la peligrosidad de herbicidas, pesticidas y plaguicidas. Hoy esto se realiza mediante el método conocido como Dosis Letal 50 (DL50), que mide sólo los efectos inmediatos y mortales de los productos, pero no indaga sobre las consecuencias de las exposiciones crónicas –las que sufren los habitantes cercanos a los campos o los trabajadores que manipulan los tóxicos– ni los daños subletales, como malformaciones o enfermedades respiratorias y oncológicas. Tampoco, insisten quienes exigen el cambio, la metodología tiene en cuenta el uso real de los químicos, que no se da en forma aislada como se estudian, sino en mezclas cuyos efectos se desconocen.
Consultado sobre el proyecto de Zabalza, que en la actualidad está en estudio en la comisión de Agricultura de la Legislatura santafesina, desde Pueblos Fumigados reconocieron que “es un avance”, aunque destacaron que sus esperanzas en cuanto a restricciones estatales a fumigación son mayores. “Ese proyecto es superador pero aún falta avanzar mucho en materia de salud”, opinó Rossi.
Relocalizan familias que viven frente al Riachuelo
Relocalizan familias que viven frente al Riachuelo
Fecha de Publicación: 30/10/2011
Fuente: lanoticia1
Provincia/Región: Buenos Aires
Son habitantes de los barrios Mi Esperanza, Don Juan, El Mosquito, Los Ceibos y La Saladita. Serán reubicados el predio La Bastilla de Rafael Castillo, en el Municipio que gestiona Espinoza. Lo decidió la Autoridad de aplicación de la Cuenca Matanza Riacchuelo y también trasladarán a familias porteñas.
La Acumar comenzó a llevar adelante el proceso exigido por el Juez Federal de Quilmes Luis Armella, que había determinado que 180 familias de La Matanza sean relocalizadas para cumplir con el Plan de Saneamiento de la Cuenca Matanza - Riachuelo.
Los vecinos de los barrios Mi Esperanza, Don Juan, El Mosquito, Los Ceibos y La Saladita están siendo trasladados al predio La Bastilla de Rafael Castillo.
Al mismo tiempo, 32 familias del barrio porteño de Pompeya serán relocalizados en Flores, para continuar con el proceso de limpieza de la cuenca exigida por la Corte Suprema hace tres años.
La relocalización de los asentamientos linderos al Riachuelo forma parte de la decisión judicial que determinaba "la erradicación total y definitiva de todas las viviendas precarias que se encuentren sobre el talud del río y la zona de restricción establecida como camino de sirga".
Fecha de Publicación: 30/10/2011
Fuente: lanoticia1
Provincia/Región: Buenos Aires
Son habitantes de los barrios Mi Esperanza, Don Juan, El Mosquito, Los Ceibos y La Saladita. Serán reubicados el predio La Bastilla de Rafael Castillo, en el Municipio que gestiona Espinoza. Lo decidió la Autoridad de aplicación de la Cuenca Matanza Riacchuelo y también trasladarán a familias porteñas.
La Acumar comenzó a llevar adelante el proceso exigido por el Juez Federal de Quilmes Luis Armella, que había determinado que 180 familias de La Matanza sean relocalizadas para cumplir con el Plan de Saneamiento de la Cuenca Matanza - Riachuelo.
Los vecinos de los barrios Mi Esperanza, Don Juan, El Mosquito, Los Ceibos y La Saladita están siendo trasladados al predio La Bastilla de Rafael Castillo.
Al mismo tiempo, 32 familias del barrio porteño de Pompeya serán relocalizados en Flores, para continuar con el proceso de limpieza de la cuenca exigida por la Corte Suprema hace tres años.
La relocalización de los asentamientos linderos al Riachuelo forma parte de la decisión judicial que determinaba "la erradicación total y definitiva de todas las viviendas precarias que se encuentren sobre el talud del río y la zona de restricción establecida como camino de sirga".
Famatina: 1.270 firmas contra la minería
Minería: juntan 1.270 firmas
Fecha de Publicación: 30/10/2011
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: La Rioja
Pobladores de la localidad riojana de Famatina presentaron al Gobierno provincial un documento avalado por 1.270 firmas, que representan el 25 por ciento del electorado local, en repudio a un convenio con una empresa de minería canadiense para la región.
Los manifestantes elevaron al gobierno del kirchnerista Luis Herrera un escrito, rubricado por escribano público, en el que advirtieron que en Famatina ‘no le otorgamos licencia social‘ a la megaminería. Un total de 1.270 ciudadanos de Famatina, un departamento que cuenta con 4.700 electores en padrón, firmó el documento en repudio al convenio firmado con la empresa canadiense Osisko Mining Corp para la búsqueda y extracción de oro, entre otros metales de los cerros de la región.
El documento también denunció que el acuerdo con la minera canadiense pone ‘en riesgo el agua sólo para beneficiar a un pequeño grupo de empresarios mineros extranjeros y nacionales‘.
Los firmantes del documento señalaron que lo responsabilizaban al ‘gobernador por las represalias que sin duda ya habrán dictado contra nuestro pueblo, como consecuencia de la decisión de resistir la política minera que pretenden imponernos‘. ‘No le otorgamos licencia social a ningún emprendimiento minero que se pretenda instalar en nuestro territorio, porque el (cerro) Famatina no se toca‘, remarcaron los pobladores. En las últimas elecciones, sufrieron reveses electorales Famatina y Chilecito, las dos ciudades más movilizadas contra la minería.
Fecha de Publicación: 30/10/2011
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: La Rioja
Pobladores de la localidad riojana de Famatina presentaron al Gobierno provincial un documento avalado por 1.270 firmas, que representan el 25 por ciento del electorado local, en repudio a un convenio con una empresa de minería canadiense para la región.
Los manifestantes elevaron al gobierno del kirchnerista Luis Herrera un escrito, rubricado por escribano público, en el que advirtieron que en Famatina ‘no le otorgamos licencia social‘ a la megaminería. Un total de 1.270 ciudadanos de Famatina, un departamento que cuenta con 4.700 electores en padrón, firmó el documento en repudio al convenio firmado con la empresa canadiense Osisko Mining Corp para la búsqueda y extracción de oro, entre otros metales de los cerros de la región.
El documento también denunció que el acuerdo con la minera canadiense pone ‘en riesgo el agua sólo para beneficiar a un pequeño grupo de empresarios mineros extranjeros y nacionales‘.
Los firmantes del documento señalaron que lo responsabilizaban al ‘gobernador por las represalias que sin duda ya habrán dictado contra nuestro pueblo, como consecuencia de la decisión de resistir la política minera que pretenden imponernos‘. ‘No le otorgamos licencia social a ningún emprendimiento minero que se pretenda instalar en nuestro territorio, porque el (cerro) Famatina no se toca‘, remarcaron los pobladores. En las últimas elecciones, sufrieron reveses electorales Famatina y Chilecito, las dos ciudades más movilizadas contra la minería.
El Gobierno congeló la ley de glaciares
El Gobierno congeló la ley de glaciares
Fecha de Publicación: 29/10/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El segundo veto, el silencioso, fue más efectivo. Mientras las empresas mineras bloquean judicialmente la aplicación de la ley de glaciares, la Casa Rosada no cumplió los plazos para realizar el inventario que debía identificar las reservas estratégicas de agua en la Cordillera, para preservarlas. A un año de su promulgación, los objetivos principales de la ley, vetada por la Presidenta pero votada dos veces por el Congreso, continúan siendo letra muerta.
De hecho, la norma ordenaba completar antes de marzo el relevamiento de glaciares en las zonas donde se encuentran los megaemprendimientos mineros (que utilizan cianuro para separar el metal de la roca). El inventario no sólo no comenzó, sino que el titular del equipo técnico encargado de la tarea reconoció que los glaciares de las "provincias conflictivas" serán los últimos en ser relevados.
Para entonces, denuncian los ambientalistas, los emprendimientos mineros contaminarán o harán desaparecer los glaciares en peligro.
Los 18 artículos de la ley 26.639 desataron un feroz debate legislativo. Votada por unanimidad en noviembre de 2008, la norma impulsada por el diputado Miguel Bonasso fue objeto del primer veto total de Cristina Kirchner (el segundo fue para el 82% móvil a los jubilados), que consideró "excesivo" prohibir la actividad minera y petrolera en los glaciares.
El debate posterior estuvo marcado por las denuncias de organizaciones ambientalistas sobre los nexos entre las compañías mineras y funcionarios del Gobierno. En particular, los encuentros que la Presidenta mantuvo -antes y después del veto- con los máximos ejecutivos de la canadiense Barrick Gold, que explota en San Juan los yacimientos de Veladero y Pascua Lama.
Con el apoyo del senador kirchnerista Daniel Filmus, la norma volvió a ser aprobada por el Congreso -esta vez dividido- en septiembre del año pasado.
El texto prohíbe las actividades contaminantes en los cuerpos de agua y hielo -y sus zonas aledañas- y establece que el Inventario Nacional de Glaciares debe ser realizado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianiglia), que depende del Conicet.
El muestreo
A su vez, obligaba a Ianiglia a comenzar en noviembre de 2010 el muestreo en las zonas donde existen actividades que pudieran ser contaminantes. El inventario de esas regiones, según la norma, debía presentarse en un plazo de 180 días, es decir, para el 30 de marzo de este año. Nada de eso ocurrió.
Desde su sanción, de hecho, la ley enfrentó la indiferencia glaciar de la Casa Rosada, que ni siquiera la promulgó: al cumplirse el plazo legal, el 28 de octubre de 2010, quedó promulgada de hecho.
La reglamentación debió esperar otros cuatro meses. Al presentarla, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, fue cualquier cosa menos contundente: sostuvo que en un año se iban a tener "algunas definiciones" respecto del análisis "que se empiece a hacer" y que "a los cincos años" se iba a contar con "alguna definición específica de lo que es el inventario".
Cuando se reglamentó la ley, en febrero, la Presidenta anunció en Olivos la entrega de 3.402.900 pesos para Ianiglia. Según pudo comprobar LA NACION, los fondos tardaron ocho meses más en llegar al instituto. De continuar las demoras podría perderse otro verano, la única época en que se puede hacer el relevamiento en la alta montaña.
Fuentes del sector minero, por su parte, dejaron en claro que la ley no afectó "en nada" sus proyectos. "No existen operaciones sobre los glaciares y la región periglaciar no fue definida en la reglamentación", argumentaron. Desde la Secretaría de Ambiente, a cargo de Juan José Mussi, no respondieron las llamadas de LA NACION.
"La demora implica una violación explícita de la ley. Lo que hace el Gobierno es mantener el saqueo y el veto de la Barrick", sostuvo otra de las impulsoras de la ley, la diputada Fernanda Reyes (Coalición Cívica).
Tras aclarar que el equipo de científicos de Ianiglia no es parte del conflicto político y que el compromiso del instituto es "establecer cuál es el área a proteger", su director, Ricardo Villalba, reveló a LA NACION: "No puedo a enviar a mis técnicos a donde son personas no gratas", en relación con las provincias mineras que rechazan la ley. En los yacimientos, por convenios estatales, las fuerzas de seguridad reciben su sueldo de las mineras. "Los lugares conflictivos deberán esperar", completó Villalba.
"Si siguen las demoras, cuando suban a la montaña, no van a encontrar nada", señaló el sanjuanino Carlos González, titular de la organización ambiental Inti Chuteh, que denuncia que las perforaciones (cateos) de las mineras en la montaña están funcionando como chimeneas que calientan y drenan los hielos cordilleranos.
"Ianiglia debe ir primero a los lugares en riesgo y Villalba debe hacer públicas las condiciones precarias en las que se hace el inventario", agregó Bonasso. "Que el relevamiento no haya empezado es complicidad de Cristina Kirchner", completó.
Sin ese inventario no se pueden establecer las actividades prohibidas, ni controlar las que se encuentren en ejecución. En otras palabras, sin ese inventario, el veto presidencial sigue vigente.
La ley y la realidad
P.-¿Qué dice la ley 26.639?
R.- La norma prohíbe la liberación de elementos contaminantes y la exploración minera e hidrocarburífera en los glaciares y periglaciares; ordena realizar un inventario de glaciares completo cada cinco años, y obligaba a que, antes del 30 de marzo de este año, se relevaran las zonas prioritarias, donde existen emprendimientos industriales.
P.- ¿Qué sucede en la realidad?
R.- El inventario nunca comenzó y, por las demoras en la entrega de fondos y equipos por parte del Gobierno, se corre riesgo de que tampoco comience este verano (la única época en que se puede trabajar en la montaña). Por otra parte, las empresas y gremios mineros consiguieron una medida cautelar en la justicia de San Juan, que se encuentra desde hace meses en estudio de la Corte Suprema.
P.- ¿Por qué es importante identificar los glaciares?
R.- Son reservas estratégicas de agua dulce (contienen el 75% del cúmulo mundial), indicadores del cambio climático e íconos naturales. San Juan presentó un inventario provincial en 2010 que sólo incluye los glaciares descubiertos (no así los cubiertos y los de escombros). Con fondos provinciales, Ianiglia relevó la cuenca del río Mendoza..
Fecha de Publicación: 29/10/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El segundo veto, el silencioso, fue más efectivo. Mientras las empresas mineras bloquean judicialmente la aplicación de la ley de glaciares, la Casa Rosada no cumplió los plazos para realizar el inventario que debía identificar las reservas estratégicas de agua en la Cordillera, para preservarlas. A un año de su promulgación, los objetivos principales de la ley, vetada por la Presidenta pero votada dos veces por el Congreso, continúan siendo letra muerta.
De hecho, la norma ordenaba completar antes de marzo el relevamiento de glaciares en las zonas donde se encuentran los megaemprendimientos mineros (que utilizan cianuro para separar el metal de la roca). El inventario no sólo no comenzó, sino que el titular del equipo técnico encargado de la tarea reconoció que los glaciares de las "provincias conflictivas" serán los últimos en ser relevados.
Para entonces, denuncian los ambientalistas, los emprendimientos mineros contaminarán o harán desaparecer los glaciares en peligro.
Los 18 artículos de la ley 26.639 desataron un feroz debate legislativo. Votada por unanimidad en noviembre de 2008, la norma impulsada por el diputado Miguel Bonasso fue objeto del primer veto total de Cristina Kirchner (el segundo fue para el 82% móvil a los jubilados), que consideró "excesivo" prohibir la actividad minera y petrolera en los glaciares.
El debate posterior estuvo marcado por las denuncias de organizaciones ambientalistas sobre los nexos entre las compañías mineras y funcionarios del Gobierno. En particular, los encuentros que la Presidenta mantuvo -antes y después del veto- con los máximos ejecutivos de la canadiense Barrick Gold, que explota en San Juan los yacimientos de Veladero y Pascua Lama.
Con el apoyo del senador kirchnerista Daniel Filmus, la norma volvió a ser aprobada por el Congreso -esta vez dividido- en septiembre del año pasado.
El texto prohíbe las actividades contaminantes en los cuerpos de agua y hielo -y sus zonas aledañas- y establece que el Inventario Nacional de Glaciares debe ser realizado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianiglia), que depende del Conicet.
El muestreo
A su vez, obligaba a Ianiglia a comenzar en noviembre de 2010 el muestreo en las zonas donde existen actividades que pudieran ser contaminantes. El inventario de esas regiones, según la norma, debía presentarse en un plazo de 180 días, es decir, para el 30 de marzo de este año. Nada de eso ocurrió.
Desde su sanción, de hecho, la ley enfrentó la indiferencia glaciar de la Casa Rosada, que ni siquiera la promulgó: al cumplirse el plazo legal, el 28 de octubre de 2010, quedó promulgada de hecho.
La reglamentación debió esperar otros cuatro meses. Al presentarla, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, fue cualquier cosa menos contundente: sostuvo que en un año se iban a tener "algunas definiciones" respecto del análisis "que se empiece a hacer" y que "a los cincos años" se iba a contar con "alguna definición específica de lo que es el inventario".
Cuando se reglamentó la ley, en febrero, la Presidenta anunció en Olivos la entrega de 3.402.900 pesos para Ianiglia. Según pudo comprobar LA NACION, los fondos tardaron ocho meses más en llegar al instituto. De continuar las demoras podría perderse otro verano, la única época en que se puede hacer el relevamiento en la alta montaña.
Fuentes del sector minero, por su parte, dejaron en claro que la ley no afectó "en nada" sus proyectos. "No existen operaciones sobre los glaciares y la región periglaciar no fue definida en la reglamentación", argumentaron. Desde la Secretaría de Ambiente, a cargo de Juan José Mussi, no respondieron las llamadas de LA NACION.
"La demora implica una violación explícita de la ley. Lo que hace el Gobierno es mantener el saqueo y el veto de la Barrick", sostuvo otra de las impulsoras de la ley, la diputada Fernanda Reyes (Coalición Cívica).
Tras aclarar que el equipo de científicos de Ianiglia no es parte del conflicto político y que el compromiso del instituto es "establecer cuál es el área a proteger", su director, Ricardo Villalba, reveló a LA NACION: "No puedo a enviar a mis técnicos a donde son personas no gratas", en relación con las provincias mineras que rechazan la ley. En los yacimientos, por convenios estatales, las fuerzas de seguridad reciben su sueldo de las mineras. "Los lugares conflictivos deberán esperar", completó Villalba.
"Si siguen las demoras, cuando suban a la montaña, no van a encontrar nada", señaló el sanjuanino Carlos González, titular de la organización ambiental Inti Chuteh, que denuncia que las perforaciones (cateos) de las mineras en la montaña están funcionando como chimeneas que calientan y drenan los hielos cordilleranos.
"Ianiglia debe ir primero a los lugares en riesgo y Villalba debe hacer públicas las condiciones precarias en las que se hace el inventario", agregó Bonasso. "Que el relevamiento no haya empezado es complicidad de Cristina Kirchner", completó.
Sin ese inventario no se pueden establecer las actividades prohibidas, ni controlar las que se encuentren en ejecución. En otras palabras, sin ese inventario, el veto presidencial sigue vigente.
La ley y la realidad
P.-¿Qué dice la ley 26.639?
R.- La norma prohíbe la liberación de elementos contaminantes y la exploración minera e hidrocarburífera en los glaciares y periglaciares; ordena realizar un inventario de glaciares completo cada cinco años, y obligaba a que, antes del 30 de marzo de este año, se relevaran las zonas prioritarias, donde existen emprendimientos industriales.
P.- ¿Qué sucede en la realidad?
R.- El inventario nunca comenzó y, por las demoras en la entrega de fondos y equipos por parte del Gobierno, se corre riesgo de que tampoco comience este verano (la única época en que se puede trabajar en la montaña). Por otra parte, las empresas y gremios mineros consiguieron una medida cautelar en la justicia de San Juan, que se encuentra desde hace meses en estudio de la Corte Suprema.
P.- ¿Por qué es importante identificar los glaciares?
R.- Son reservas estratégicas de agua dulce (contienen el 75% del cúmulo mundial), indicadores del cambio climático e íconos naturales. San Juan presentó un inventario provincial en 2010 que sólo incluye los glaciares descubiertos (no así los cubiertos y los de escombros). Con fondos provinciales, Ianiglia relevó la cuenca del río Mendoza..
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