El ambiente a la cabeza de los temas de la CSJ
10:07 | 
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Derecho ambiental, a la cabeza de los temas de la Corte Suprema de Justicia
Fecha de Publicación: 12/10/2011
Fuente: Diario BAE
Provincia/Región: Nacional
La Matanza-Riachuelo fue el leading case que puso en primera plana al derecho ambiental como política de Estado. Glaciares, ley de tierras, basurales, son otros casos resonantes. Pero ¿son respetadas las disposiciones judiciales en materia de medioambiente?
El saneamiento del Riachuelo se convirtió en un caso emblemático de un país que no hace mucho empezó a contar con la incidencia de la Justicia para que se lleven a cabo políticas ambientales.
En este contexto, la problemática medioambiental comenzó a proyectarse este año y lo hace fuertemente de cara a 2012, según explicó a BAE el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, como uno de los temas sobre los cuales el máximo tribunal está trabajando intensamente. “Se están viviendo momentos muy difíciles en el mundo. Vemos que hay una gran indiferencia por parte de los líderes mundiales acerca de la protección del medioambiente y hay una temeridad de cómo están actuando porque se están tomando decisiones que pueden llevar a una catástrofe ambiental; entonces nosotros tenemos una postura muy firme y somos una de las Cortes más avanzadas en el mundo en materia ambiental por el tipo de decisiones que hemos tomado”, detalló Lorenzetti. Mediante estas resoluciones judiciales, la Corte ha asumido un rol activo en la toma de decisiones ambientales, competencias que en principio deberían haber sido llevadas a cabo por un ministerio nacional que priorice la salud y los recursos naturales de la ciudadanía.
El titular de la Corte sostuvo que el año próximo se llevará a cabo la reunión mundial Río + 20, donde el tribunal argentino fue convocado a compartir su experiencia sobre el trabajo realizado en el Riachuelo.
“Se trata de una causa emblemática porque a través de la intervención de la Corte se puso en marcha una política de Estado”, explica a BAE el abogado de la ONG Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Andrés Nápoli.
En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia dio potestad al juez federal de Quilmes, Luis Armella, para que proceda en un conflicto que trae consigo más de quince años de desatención. Así, los más recientes avances de la causa llevaron a que días atrás el magistrado ordenara la clausura de veinte empresas ubicadas sobre el Riachuelo, en el marco de la ejecución de la sentencia dictada por la Corte Suprema en la causa “Mendoza”, en donde el máximo saneamiento integral de esa cuenca donde trabajen de manera conjunta los gobiernos nacional, provincial y de la Ciudad de Buenos Aires.
Según coincidieron especialistas consultados por BAE, “el ambiental es un derecho colectivo que involucra al conjunto de los ciudadanos y que debe ser atendido tanto a nivel político como por parte del estamento judicial que debe tomar cartas en el asunto para proteger a las personas”.
Desde el juzgado advirtieron a BAE que los pasos a seguir serán continuar desarrollando fiscalizaciones e instando a que la autoridad de la cuenca, Acumar, siga trabajando en pos de completar el trabajo de saneamiento que, según informaron autoridades oficiales, vería su etapa de culminación en 2016.
Cabe destacar que Acumar fue creada en al año 2006 por ley 26.168, y se encuentra complementada por las leyes de presupuestos mínimos en materia ambiental, entre las que se destaca la Ley General del Ambiente 25.675 y la Ley de Acceso a la Información Pública Ambiental 25.831, mientras que en órbita penal-federal se imponen las reglas de la Ley de Residuos Peligrosos 24.051.
En este plano, una de las mayores obras sobre las que hizo foco la Justicia es avanzar en la liberación del camino de sirga, para dar paso al cumplimiento con la relocalización de más de 1.300 familias que se encuentran apostadas a orillas del Riachuelo. Cabe destacar que para llevar adelante estas obras el presupuesto asignado en 2011 fue de 424.790.153 pesos.
CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS
“En el plano medioambiental es importante preguntarse qué grado de cumplimiento tienen las órdenes judiciales”, con esta frase Nápoli pone de manifiesto uno de los grandes temas que transita la justicia ambiental y que resulta un reclamo constante entre los actores judiciales que se desempeñan en este ámbito: la preocupante falta de acatamiento de las sentencias. “Los incumplimientos se dan porque estas acciones judiciales son obligaciones de hacer. En la causa Riachuelo, por ejemplo, hubo una sentencia histórica, el gran interrogante que siempre surge es si esa sentencia se va a cumplir y cómo se va a lograr definitivamente”, señala Nápoli.
Al respecto, la diputada nacional Alicia Comelli, autora de una batería de proyectos sobre sustentabilidad y preservación de recursos naturales, sostiene la necesidad de que “se cree una justicia especializada en temas medioambientales”, razón por lo cual avanza en la Cámara baja un proyecto de ley para la creación de un fuero ambiental “de manera que la Justicia pueda especializarse en el análisis de la temática; para esto se necesita un urgente debate parlamentario para que se logre dar un avance contundente a nivel político y judicial”. En forma complementaria, otras propuestas novedosas vienen de la mano de las fiscalías ambientales, del aumento de la mediación ambiental e incluso la creación de tribunales de menor cuantía que apunten a descomprimir a los juzgados de causas de menor prioridad.
OTRAS ÁREAS
Desde el año pasado la Ley de Glaciares 26.639 se convirtió en un tema central dado que, según explica Nápoli, “el Congreso sancionó una nueva legislación que no ha podido implementarse de la manera en que debería, dado que por ejemplo jueces federales de San Juan emitieron una serie de medidas cautelares que prohibieron la aplicación de la norma de manera directa, por lo tanto esa es una materia pendiente aún que está siendo estudiada por la Corte Suprema de Justicia”. Ante las presentaciones del gobierno de San Juan y de las empresas mineras para que se dejara sin efecto la norma –dado que, según aducían, la misma era violatoria de los derechos adquiridos y contratados con anterioridad– desde FARN entienden que “la ley sancionada por el Congreso no tiene que ver con la vulneración de los derechos, sino que con la protección de un bien que es superior. Creemos que la Corte va a fallar en favor de la vigencia de la ley”.
Otro de los temas centrales sobre el que los abogados ambientalistas hacen foco es la Ley de Protección de Bosques Nativos 26.331 mediante la que se estableció un ordenamiento del territorio de todas las provincias del país. “Se trata de otro tema judicializado, dado que ante el freno que existe en este tema, se han llevado a cabo muchas presentaciones judiciales en las distintas provincias”, sostiene Nápoli.
En el mismo sentido, el consultor jurídico Máximo Cafici sostuvo que “el derecho ambiental y su juego armónico con la Constitución Nacional permitieron –a través de decisiones judiciales aisladas que podrán ser revisadas– que surjan grietas que limitan el avance de normas clave para la defensa ambiental como la protección de los glaciares y los bosques nativos, fuentes esenciales de la biodiversidad. Una evaluación ambiental previa y estratégica podría ser una solución pacífica para que en el futuro mantengamos los recursos naturales que nos identifican en nuestro territorio”.
En este escenario, la justicia nacional –con el accionar de la Corte a la cabeza– comienza a transitar con mayor responsabilidad y entendimiento sobre los temas medioambientales que afectan los derechos de los ciudadanos; sin dudas, en materia de derecho medioambiental falta un largo camino por recorrer, pero desde distintos sectores buscan fortalecer un trabajo conjunto que combine el accionar de la política y la Justicia para lograr políticas de Estado concretas en pos de dar cumplimiento al artículo 41 de la Constitución Nacional que exige por el derecho de todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano.
LEY DE TIERRAS. RECHAZO A LOS ARGUMENTOS DE INCONSTITUCIONALIDAD
Existen casi veinte iniciativas que buscan fijar normas para la tenencia de tierras, en especial en manos de extranjeros pero, a pesar de que la presidenta Cristina Fernández hizo especial foco en el tema, hay una clara resistencia de la oposición para la salida del proyecto.
Ante las declaraciones de inconstitucionalidad a la iniciativa de protección al dominio de tierras rurales, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, rechazó estos argumentos, sobre lo cual el ministro de Justicia, Julio Alak, sostuvo que se trata de una cuestión de “soberanía”.
El proyecto busca limitar a 1.000 hectáreas la tenencia de campos por parte de extranjeros y prevé la creación de un registro único nacional de propiedades, para limitar a 20% el dominio por parte de no nacionales, si bien no modifica los derechos adquiridos por los actuales terratenientes.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos consideró que el proyecto de ley de protección al dominio nacional del suelo impulsado por la Presidenta “satisface una demanda de fuerte contenido nacional, porque es una cuestión de soberanía de Estado defender un recurso estratégico no renovable” y agregó que “en los últimos años Argentina ha experimentado un gran avance en materia registral”. En ese orden, explicó que “el Registro Nacional de Tierras Rurales tendrá como base el Sistema Nacional de Información de los Registros de la Propiedad Inmueble (SiNaRePI)” con el que cuenta la cartera a su cargo.
El ministro de Justicia señaló que “el SiNaRePI es un instrumento implementado a partir de observaciones formuladas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con relación a la necesidad de contar con un acceso unificado a la información inmobiliaria por parte de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de los organismos judiciales”.
Luego de aclarar que “en ningún caso se suplantarán los recaudos registrales de cada jurisdicción”, Alak subrayó que el sistema “recabará información de todas las jurisdicciones adheridas, permitirá conformar la base de datos de tierras rurales y confrontar la información obtenida a partir del censo de tierras rurales y de las declaraciones juradas obligatorias, previstas en el proyecto, facilitando y agilizando la constatación de los inmuebles rurales en manos de extranjeros”.
Fecha de Publicación: 12/10/2011
Fuente: Diario BAE
Provincia/Región: Nacional
La Matanza-Riachuelo fue el leading case que puso en primera plana al derecho ambiental como política de Estado. Glaciares, ley de tierras, basurales, son otros casos resonantes. Pero ¿son respetadas las disposiciones judiciales en materia de medioambiente?
El saneamiento del Riachuelo se convirtió en un caso emblemático de un país que no hace mucho empezó a contar con la incidencia de la Justicia para que se lleven a cabo políticas ambientales.
En este contexto, la problemática medioambiental comenzó a proyectarse este año y lo hace fuertemente de cara a 2012, según explicó a BAE el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, como uno de los temas sobre los cuales el máximo tribunal está trabajando intensamente. “Se están viviendo momentos muy difíciles en el mundo. Vemos que hay una gran indiferencia por parte de los líderes mundiales acerca de la protección del medioambiente y hay una temeridad de cómo están actuando porque se están tomando decisiones que pueden llevar a una catástrofe ambiental; entonces nosotros tenemos una postura muy firme y somos una de las Cortes más avanzadas en el mundo en materia ambiental por el tipo de decisiones que hemos tomado”, detalló Lorenzetti. Mediante estas resoluciones judiciales, la Corte ha asumido un rol activo en la toma de decisiones ambientales, competencias que en principio deberían haber sido llevadas a cabo por un ministerio nacional que priorice la salud y los recursos naturales de la ciudadanía.
El titular de la Corte sostuvo que el año próximo se llevará a cabo la reunión mundial Río + 20, donde el tribunal argentino fue convocado a compartir su experiencia sobre el trabajo realizado en el Riachuelo.
“Se trata de una causa emblemática porque a través de la intervención de la Corte se puso en marcha una política de Estado”, explica a BAE el abogado de la ONG Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Andrés Nápoli.
En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia dio potestad al juez federal de Quilmes, Luis Armella, para que proceda en un conflicto que trae consigo más de quince años de desatención. Así, los más recientes avances de la causa llevaron a que días atrás el magistrado ordenara la clausura de veinte empresas ubicadas sobre el Riachuelo, en el marco de la ejecución de la sentencia dictada por la Corte Suprema en la causa “Mendoza”, en donde el máximo saneamiento integral de esa cuenca donde trabajen de manera conjunta los gobiernos nacional, provincial y de la Ciudad de Buenos Aires.
Según coincidieron especialistas consultados por BAE, “el ambiental es un derecho colectivo que involucra al conjunto de los ciudadanos y que debe ser atendido tanto a nivel político como por parte del estamento judicial que debe tomar cartas en el asunto para proteger a las personas”.
Desde el juzgado advirtieron a BAE que los pasos a seguir serán continuar desarrollando fiscalizaciones e instando a que la autoridad de la cuenca, Acumar, siga trabajando en pos de completar el trabajo de saneamiento que, según informaron autoridades oficiales, vería su etapa de culminación en 2016.
Cabe destacar que Acumar fue creada en al año 2006 por ley 26.168, y se encuentra complementada por las leyes de presupuestos mínimos en materia ambiental, entre las que se destaca la Ley General del Ambiente 25.675 y la Ley de Acceso a la Información Pública Ambiental 25.831, mientras que en órbita penal-federal se imponen las reglas de la Ley de Residuos Peligrosos 24.051.
En este plano, una de las mayores obras sobre las que hizo foco la Justicia es avanzar en la liberación del camino de sirga, para dar paso al cumplimiento con la relocalización de más de 1.300 familias que se encuentran apostadas a orillas del Riachuelo. Cabe destacar que para llevar adelante estas obras el presupuesto asignado en 2011 fue de 424.790.153 pesos.
CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS
“En el plano medioambiental es importante preguntarse qué grado de cumplimiento tienen las órdenes judiciales”, con esta frase Nápoli pone de manifiesto uno de los grandes temas que transita la justicia ambiental y que resulta un reclamo constante entre los actores judiciales que se desempeñan en este ámbito: la preocupante falta de acatamiento de las sentencias. “Los incumplimientos se dan porque estas acciones judiciales son obligaciones de hacer. En la causa Riachuelo, por ejemplo, hubo una sentencia histórica, el gran interrogante que siempre surge es si esa sentencia se va a cumplir y cómo se va a lograr definitivamente”, señala Nápoli.
Al respecto, la diputada nacional Alicia Comelli, autora de una batería de proyectos sobre sustentabilidad y preservación de recursos naturales, sostiene la necesidad de que “se cree una justicia especializada en temas medioambientales”, razón por lo cual avanza en la Cámara baja un proyecto de ley para la creación de un fuero ambiental “de manera que la Justicia pueda especializarse en el análisis de la temática; para esto se necesita un urgente debate parlamentario para que se logre dar un avance contundente a nivel político y judicial”. En forma complementaria, otras propuestas novedosas vienen de la mano de las fiscalías ambientales, del aumento de la mediación ambiental e incluso la creación de tribunales de menor cuantía que apunten a descomprimir a los juzgados de causas de menor prioridad.
OTRAS ÁREAS
Desde el año pasado la Ley de Glaciares 26.639 se convirtió en un tema central dado que, según explica Nápoli, “el Congreso sancionó una nueva legislación que no ha podido implementarse de la manera en que debería, dado que por ejemplo jueces federales de San Juan emitieron una serie de medidas cautelares que prohibieron la aplicación de la norma de manera directa, por lo tanto esa es una materia pendiente aún que está siendo estudiada por la Corte Suprema de Justicia”. Ante las presentaciones del gobierno de San Juan y de las empresas mineras para que se dejara sin efecto la norma –dado que, según aducían, la misma era violatoria de los derechos adquiridos y contratados con anterioridad– desde FARN entienden que “la ley sancionada por el Congreso no tiene que ver con la vulneración de los derechos, sino que con la protección de un bien que es superior. Creemos que la Corte va a fallar en favor de la vigencia de la ley”.
Otro de los temas centrales sobre el que los abogados ambientalistas hacen foco es la Ley de Protección de Bosques Nativos 26.331 mediante la que se estableció un ordenamiento del territorio de todas las provincias del país. “Se trata de otro tema judicializado, dado que ante el freno que existe en este tema, se han llevado a cabo muchas presentaciones judiciales en las distintas provincias”, sostiene Nápoli.
En el mismo sentido, el consultor jurídico Máximo Cafici sostuvo que “el derecho ambiental y su juego armónico con la Constitución Nacional permitieron –a través de decisiones judiciales aisladas que podrán ser revisadas– que surjan grietas que limitan el avance de normas clave para la defensa ambiental como la protección de los glaciares y los bosques nativos, fuentes esenciales de la biodiversidad. Una evaluación ambiental previa y estratégica podría ser una solución pacífica para que en el futuro mantengamos los recursos naturales que nos identifican en nuestro territorio”.
En este escenario, la justicia nacional –con el accionar de la Corte a la cabeza– comienza a transitar con mayor responsabilidad y entendimiento sobre los temas medioambientales que afectan los derechos de los ciudadanos; sin dudas, en materia de derecho medioambiental falta un largo camino por recorrer, pero desde distintos sectores buscan fortalecer un trabajo conjunto que combine el accionar de la política y la Justicia para lograr políticas de Estado concretas en pos de dar cumplimiento al artículo 41 de la Constitución Nacional que exige por el derecho de todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano.
LEY DE TIERRAS. RECHAZO A LOS ARGUMENTOS DE INCONSTITUCIONALIDAD
Existen casi veinte iniciativas que buscan fijar normas para la tenencia de tierras, en especial en manos de extranjeros pero, a pesar de que la presidenta Cristina Fernández hizo especial foco en el tema, hay una clara resistencia de la oposición para la salida del proyecto.
Ante las declaraciones de inconstitucionalidad a la iniciativa de protección al dominio de tierras rurales, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, rechazó estos argumentos, sobre lo cual el ministro de Justicia, Julio Alak, sostuvo que se trata de una cuestión de “soberanía”.
El proyecto busca limitar a 1.000 hectáreas la tenencia de campos por parte de extranjeros y prevé la creación de un registro único nacional de propiedades, para limitar a 20% el dominio por parte de no nacionales, si bien no modifica los derechos adquiridos por los actuales terratenientes.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos consideró que el proyecto de ley de protección al dominio nacional del suelo impulsado por la Presidenta “satisface una demanda de fuerte contenido nacional, porque es una cuestión de soberanía de Estado defender un recurso estratégico no renovable” y agregó que “en los últimos años Argentina ha experimentado un gran avance en materia registral”. En ese orden, explicó que “el Registro Nacional de Tierras Rurales tendrá como base el Sistema Nacional de Información de los Registros de la Propiedad Inmueble (SiNaRePI)” con el que cuenta la cartera a su cargo.
El ministro de Justicia señaló que “el SiNaRePI es un instrumento implementado a partir de observaciones formuladas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con relación a la necesidad de contar con un acceso unificado a la información inmobiliaria por parte de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de los organismos judiciales”.
Luego de aclarar que “en ningún caso se suplantarán los recaudos registrales de cada jurisdicción”, Alak subrayó que el sistema “recabará información de todas las jurisdicciones adheridas, permitirá conformar la base de datos de tierras rurales y confrontar la información obtenida a partir del censo de tierras rurales y de las declaraciones juradas obligatorias, previstas en el proyecto, facilitando y agilizando la constatación de los inmuebles rurales en manos de extranjeros”.
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Falta capacitación para el uso de agrotóxicos
Advierten que falta capacitación para el uso de agrotóxicos
Fecha de Publicación: 11/10/2011
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
El informe de un canal nacional volvió a poner sobre el tapete los perjuicios derivados del uso de químicos en el agro. El ministro del Agro, Néstor Ortega, admitió que productores incurren en “faltas graves de conducta” y que necesitan acompañamiento más constante de técnicos. El diputado Ricardo Maciel reclamó más compromiso de las tabacaleras.
Un crudo informe televisivo difundido en la noche del martes por el canal América TV, de Buenos Aires, volvió a centrar el eje del debate del sector agropecuario sobre un tema tan recurrente como irresuelto: los efectos nocivos del uso de agrotóxicos en los cultivos.
El ministro del Agro de la Provincia, Néstor Ortega, reconoció la gravedad de la situación, aunque destacó que se produjeron avances importantes en los últimos años , como la eliminación de sustancias altamente tóxicas de las chacras misioneras como el bromuro de metilo, que se utilizaba extensamente en la actividad tabacalera.
El funcionario repartió responsabilidades entre los propios productores, a quienes endilgó “una falta grave de conducta sobre el uso de agrotóxicos” y entre las empresas que venden los químicos y no capacitan apropiadamente a los productores para que los usen del modo que resulte menos nocivo posible.
El diputado provincial y representante de Misiones en el Inym, Ricardo Maciel, apuntó directamente contra las tabacaleras. Recordó que estas empresas tienen la responsabilidad en la entrega de los agroquímicos y del recupero de los envases, los cuales conservan parte de la toxicidad de su contenido.
“Se insiste en que el pequeño tabacalero es el que contamina el ambiente, sobemos que el cultivo de tabaco implica uso de agrotóxicos. Pero nadie habla de la empresa que entregó esos químicos”, observó Maciel.
Recordó que en los últimos años mejoró el modo en que se utiliza este tipo de productos y destacó que Misiones fue una de las primeras provincias en dejar de usar el bromuro de metilo en los almácigos de tabaco.
Fecha de Publicación: 11/10/2011
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
El informe de un canal nacional volvió a poner sobre el tapete los perjuicios derivados del uso de químicos en el agro. El ministro del Agro, Néstor Ortega, admitió que productores incurren en “faltas graves de conducta” y que necesitan acompañamiento más constante de técnicos. El diputado Ricardo Maciel reclamó más compromiso de las tabacaleras.
Un crudo informe televisivo difundido en la noche del martes por el canal América TV, de Buenos Aires, volvió a centrar el eje del debate del sector agropecuario sobre un tema tan recurrente como irresuelto: los efectos nocivos del uso de agrotóxicos en los cultivos.
El ministro del Agro de la Provincia, Néstor Ortega, reconoció la gravedad de la situación, aunque destacó que se produjeron avances importantes en los últimos años , como la eliminación de sustancias altamente tóxicas de las chacras misioneras como el bromuro de metilo, que se utilizaba extensamente en la actividad tabacalera.
El funcionario repartió responsabilidades entre los propios productores, a quienes endilgó “una falta grave de conducta sobre el uso de agrotóxicos” y entre las empresas que venden los químicos y no capacitan apropiadamente a los productores para que los usen del modo que resulte menos nocivo posible.
El diputado provincial y representante de Misiones en el Inym, Ricardo Maciel, apuntó directamente contra las tabacaleras. Recordó que estas empresas tienen la responsabilidad en la entrega de los agroquímicos y del recupero de los envases, los cuales conservan parte de la toxicidad de su contenido.
“Se insiste en que el pequeño tabacalero es el que contamina el ambiente, sobemos que el cultivo de tabaco implica uso de agrotóxicos. Pero nadie habla de la empresa que entregó esos químicos”, observó Maciel.
Recordó que en los últimos años mejoró el modo en que se utiliza este tipo de productos y destacó que Misiones fue una de las primeras provincias en dejar de usar el bromuro de metilo en los almácigos de tabaco.
Capital: Talan especies exóticas en la reserva
Talan especies exóticas en la reserva
Fecha de Publicación: 10/10/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Capital
Como la ciudad pretende proteger los humedales, comenzaron a despojar el terreno de las especies exóticas que invaden el lugar
La tala de varios árboles en la Reserva Ecológica, en la Costanera Sur, llama la atención. Decenas de vecinos se preguntan qué es lo que está pasando en uno de los espacios verdes más grandes de la Capital, donde se ven paraísos caídos junto a vestigios de palmeras.
Lo que sucede es que la reserva, que fue declarada sitio Ramsar (para la protección de humedales), nació como un espacio con función educativa. Y es lo que se quiere recuperar. Para ello, el objetivo es despojarla de todas las especies exóticas que han prendido en el área para recuperar las ecorregiones autóctonas.
Estos son los objetivos con los que asumió hace poco menos de un año el naturalista y museólogo Claudio Bertonatti al frente de esta jurisdicción porteña, que depende del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. "Sé que genera resistencia ver que se está talando un árbol, pero se trata de un plan para terminar con un problema que afecta al mundo entero: las especies invasoras", explica Bertonatti a LA NACION, mientras recorre uno de los senderos de la reserva.
El problema que generan las especies exóticas en un ecosistema es que, al no tener un predador, se expanden sin control. "Si la especie nueva se adapta, sigue una serie de etapas hasta transformarse en una invasión biológica. Además se modela el paisaje de una forma que no es la deseada", agrega.
Entre las especies exóticas que no están dentro de las tres ecorregiones de la zona (bosques de sauces y juncales, pastizal o espinal) están, por ejemplo, la palmera phoenix, el ligustro y el paraíso.
Los biólogos han detectado que poco menos del 20 por ciento de la flora que existe en la reserva es exótica. "Los árboles que tenemos que sacar compiten por luz y por agua con las especies autóctonas, que también tienen la desventaja de tener predadores. El trabajo se va a hacer en etapas. En los lugares donde se quita un árbol, se planta uno nuevo que corresponde con la ecorregión", explica Bertonatti, e indica que los restos quedan en el lugar para que los vecinos se acerquen y se les pueda explicar cuál es la idea de la gestión. ¿Qué es una especie invasora? Es aquella introducida capaz de propagarse sin la asistencia directa del ser humano o que se sostiene por sí misma, en hábitats naturales o seminaturales, donde produce cambios significativos en términos de composición, estructura o procesos del ecosistema.
Implantado
En rigor, todo el ambiente que se generó en este espacio verde de la Costanera Sur es implantado. Desde 1918 hasta 1950 funcionó allí el Balneario Municipal. El deterioro de las aguas a causa de la contaminación decretó la decadencia del paseo.
En el año 1978 el gobierno militar empezó a "ganarle tierras al río" volcando escombros en él para construir el centro administrativo de la ciudad. Sin embargo, en 1984 se abandonó el proyecto, dejando un molde que la naturaleza tomó como base para colonizar con sus especies silvestres, gracias a inundaciones y el arribo de camalotales.
Dos años más tarde, Fundación Vida Silvestre Argentina, Aves Argentinas y Amigos de la Tierra propusieron al gobierno de la ciudad crear esta reserva con unas 353 hectáreas. Así, el 5 de junio de 1986 se la declaró Parque Natural y Zona de Reserva Ecológica.
"El plan para recuperar la reserva con fines educativos es uno de los principales objetivos de esta nueva etapa. Creemos que es un espacio fundamental para la ciudad y estamos trabajando en ella", sintetizó el ministro de Ambiente y Espacio Público, Diego Santilli.
Varios vecinos están en favor de la readecuación que se está llevando adelante; sin embargo, sostienen que la urbanización que se proyecta en los terrenos de la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors afectará el canal que los separa y que pertenece al área protegida.
"El plan de manejo es muy viejo, pero es la única forma de protegerlo, y la suplantación de especies exóticas es fundamental. Lo que es muy grave es el proyecto de Mauricio Macri, que desconoce los límites de la reserva y autoriza el paso de embarcaciones por el canal para ingresar en las marinas que se proyectan. En el viejo proyecto, en 2002, esto no estaba incluido. Además, van a tener que canalizarlos porque al no ser aguas profundas no pueden entrar los barcos. Será una afectación importante para la biodiversidad", denuncia Irene Verbitsky, de la ONG Por la reserva.
La ley de creación de la reserva incluye el canal ubicado dentro de ese espacio verde y le da protección. El proyecto de urbanización que pretende llevar adelante IRSA es discutido en este momento en la Legislatura. Sin embargo, el trámite no será sencillo, empezando por el hecho de que se trataría de una reforma del Código de Planeamiento y requeriría una ley de doble lectura (dos veces debe ser discutida en el recinto) y mediar una audiencia pública.
EFECTOS DE LA INVASIÓN
- Impacto biológico. Por ejemplo, contaminación genética por hibridación entre las formas exóticas y las autóctonas.
- Impacto ecológico. Pérdida de biodiversidad, como se ha detectado en los Estados Unidos en áreas colonizadas por la hormiga roja argentina ( Solenopsis invicta ). En Texas, la biodiversidad de invertebrados disminuyó un 40%, mientras que la disminución de hormigas locales fue del 70 por ciento. Su expansión es a razón de 30-50 km por año y ocupan actualmente más de 110 millones de hectáreas.
- Impacto económico. Por daños a cultivos o a la infraestructura humana. En Australia una evaluación de las pérdidas ocasionadas por el conejo reveló que los daños eran los equivalentes a los de una guerra.
- Impacto sanitario. Transmisión de enfermedades en especies afines y/o trastornos al ser humano. En la mayoría de los casos, los animales silvestres autóctonos no tienen defensas contra las enfermedades introducidas.
- Impactos sociales. Como la inseguridad que provocan los ataques de algunas especies al hombre o a los animales bajo su cuidado. Las mismas hormigas de fuego negra ya mencionadas generaron un cortocircuito que mató a los ocupantes de una casa en Texas.
- Algunos problemas asociados. Empobrecimiento de la biodiversidad de un lugar (por reemplazo de sistemas naturales multiespecíficos por otros donde unas pocas invasoras son dominantes).
Fecha de Publicación: 10/10/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Capital
Como la ciudad pretende proteger los humedales, comenzaron a despojar el terreno de las especies exóticas que invaden el lugar
La tala de varios árboles en la Reserva Ecológica, en la Costanera Sur, llama la atención. Decenas de vecinos se preguntan qué es lo que está pasando en uno de los espacios verdes más grandes de la Capital, donde se ven paraísos caídos junto a vestigios de palmeras.
Lo que sucede es que la reserva, que fue declarada sitio Ramsar (para la protección de humedales), nació como un espacio con función educativa. Y es lo que se quiere recuperar. Para ello, el objetivo es despojarla de todas las especies exóticas que han prendido en el área para recuperar las ecorregiones autóctonas.
Estos son los objetivos con los que asumió hace poco menos de un año el naturalista y museólogo Claudio Bertonatti al frente de esta jurisdicción porteña, que depende del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. "Sé que genera resistencia ver que se está talando un árbol, pero se trata de un plan para terminar con un problema que afecta al mundo entero: las especies invasoras", explica Bertonatti a LA NACION, mientras recorre uno de los senderos de la reserva.
El problema que generan las especies exóticas en un ecosistema es que, al no tener un predador, se expanden sin control. "Si la especie nueva se adapta, sigue una serie de etapas hasta transformarse en una invasión biológica. Además se modela el paisaje de una forma que no es la deseada", agrega.
Entre las especies exóticas que no están dentro de las tres ecorregiones de la zona (bosques de sauces y juncales, pastizal o espinal) están, por ejemplo, la palmera phoenix, el ligustro y el paraíso.
Los biólogos han detectado que poco menos del 20 por ciento de la flora que existe en la reserva es exótica. "Los árboles que tenemos que sacar compiten por luz y por agua con las especies autóctonas, que también tienen la desventaja de tener predadores. El trabajo se va a hacer en etapas. En los lugares donde se quita un árbol, se planta uno nuevo que corresponde con la ecorregión", explica Bertonatti, e indica que los restos quedan en el lugar para que los vecinos se acerquen y se les pueda explicar cuál es la idea de la gestión. ¿Qué es una especie invasora? Es aquella introducida capaz de propagarse sin la asistencia directa del ser humano o que se sostiene por sí misma, en hábitats naturales o seminaturales, donde produce cambios significativos en términos de composición, estructura o procesos del ecosistema.
Implantado
En rigor, todo el ambiente que se generó en este espacio verde de la Costanera Sur es implantado. Desde 1918 hasta 1950 funcionó allí el Balneario Municipal. El deterioro de las aguas a causa de la contaminación decretó la decadencia del paseo.
En el año 1978 el gobierno militar empezó a "ganarle tierras al río" volcando escombros en él para construir el centro administrativo de la ciudad. Sin embargo, en 1984 se abandonó el proyecto, dejando un molde que la naturaleza tomó como base para colonizar con sus especies silvestres, gracias a inundaciones y el arribo de camalotales.
Dos años más tarde, Fundación Vida Silvestre Argentina, Aves Argentinas y Amigos de la Tierra propusieron al gobierno de la ciudad crear esta reserva con unas 353 hectáreas. Así, el 5 de junio de 1986 se la declaró Parque Natural y Zona de Reserva Ecológica.
"El plan para recuperar la reserva con fines educativos es uno de los principales objetivos de esta nueva etapa. Creemos que es un espacio fundamental para la ciudad y estamos trabajando en ella", sintetizó el ministro de Ambiente y Espacio Público, Diego Santilli.
Varios vecinos están en favor de la readecuación que se está llevando adelante; sin embargo, sostienen que la urbanización que se proyecta en los terrenos de la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors afectará el canal que los separa y que pertenece al área protegida.
"El plan de manejo es muy viejo, pero es la única forma de protegerlo, y la suplantación de especies exóticas es fundamental. Lo que es muy grave es el proyecto de Mauricio Macri, que desconoce los límites de la reserva y autoriza el paso de embarcaciones por el canal para ingresar en las marinas que se proyectan. En el viejo proyecto, en 2002, esto no estaba incluido. Además, van a tener que canalizarlos porque al no ser aguas profundas no pueden entrar los barcos. Será una afectación importante para la biodiversidad", denuncia Irene Verbitsky, de la ONG Por la reserva.
La ley de creación de la reserva incluye el canal ubicado dentro de ese espacio verde y le da protección. El proyecto de urbanización que pretende llevar adelante IRSA es discutido en este momento en la Legislatura. Sin embargo, el trámite no será sencillo, empezando por el hecho de que se trataría de una reforma del Código de Planeamiento y requeriría una ley de doble lectura (dos veces debe ser discutida en el recinto) y mediar una audiencia pública.
EFECTOS DE LA INVASIÓN
- Impacto biológico. Por ejemplo, contaminación genética por hibridación entre las formas exóticas y las autóctonas.
- Impacto ecológico. Pérdida de biodiversidad, como se ha detectado en los Estados Unidos en áreas colonizadas por la hormiga roja argentina ( Solenopsis invicta ). En Texas, la biodiversidad de invertebrados disminuyó un 40%, mientras que la disminución de hormigas locales fue del 70 por ciento. Su expansión es a razón de 30-50 km por año y ocupan actualmente más de 110 millones de hectáreas.
- Impacto económico. Por daños a cultivos o a la infraestructura humana. En Australia una evaluación de las pérdidas ocasionadas por el conejo reveló que los daños eran los equivalentes a los de una guerra.
- Impacto sanitario. Transmisión de enfermedades en especies afines y/o trastornos al ser humano. En la mayoría de los casos, los animales silvestres autóctonos no tienen defensas contra las enfermedades introducidas.
- Impactos sociales. Como la inseguridad que provocan los ataques de algunas especies al hombre o a los animales bajo su cuidado. Las mismas hormigas de fuego negra ya mencionadas generaron un cortocircuito que mató a los ocupantes de una casa en Texas.
- Algunos problemas asociados. Empobrecimiento de la biodiversidad de un lugar (por reemplazo de sistemas naturales multiespecíficos por otros donde unas pocas invasoras son dominantes).
Cuestionan rechazo a un referéndum por minería
Loncopué cuestiona rechazo al referéndum por la mina
Fecha de Publicación: 09/10/2011
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Neuquén
Los vecinos autoconvocados denunciaron que para la Junta Electoral Federal de Neuquén ellos no existen. Advirtieron que si no hay respuestas a la queja, llevarán el caso a la Cámara Nacional Electoral.
Vecinos de esta localidad salieron a cuestionar en duros términos a la Junta Electoral Federal de Neuquén por la decisión de rechazar la apelación presentada frente a la suspensión del referéndum para avalar o desechar la actividad minera a cielo abierto en el ejido urbano.
Los autoconvocados denunciaron que para esta Junta "los ciudadanos de Loncopué no existimos", al tiempo que calificaron de "títeres del gobierno" a los jueces que fallaron en contra de la petición popular.
"En cuestión de horas, con una celeridad inédita, en el mismo día de presentado el recurso la Junta rechazó la apelación invocando que aquellos ciudadanos privados de su derecho legal a votar en referéndum no estamos legitimados para apelar la resolución que nos cercenó nuestros derechos, que solo lo puede hacer el municipio que con malicia dilató 43 días la solicitud de realizar en forma simultánea el referéndum y las elecciones", expresaron a través de un documento que lleva las firmas de Viviana Vaca, Norberto Guerrero y Cristian Hendrickse, entre otros.
Los vecinos exigen la realización de una consulta popular donde se ponga a consideración de los ciudadanos una ordenanza que prohíbe la explotación minera a cielo abierto en todo el ejido municipal.
"Pese a las dificultades y las trampas que nos ponen los representantes de las petroleras y mineras para eludir la ley y cercenar nuestros derechos a participar en la vida política de nuestro país, seguiremos luchando por la plena vigencia de nuestros derechos y por la defensa del medio ambiente de las futuras generaciones", expusieron.
"Resulta evidente que para estos jueces títeres del gobierno los mecanismos de democracia semidirecta son sólo palabras huecas y no derechos concretos de los ciudadanos", concluyeron los voceros de la "Mesa del Sí".
Fecha de Publicación: 09/10/2011
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Neuquén
Los vecinos autoconvocados denunciaron que para la Junta Electoral Federal de Neuquén ellos no existen. Advirtieron que si no hay respuestas a la queja, llevarán el caso a la Cámara Nacional Electoral.
Vecinos de esta localidad salieron a cuestionar en duros términos a la Junta Electoral Federal de Neuquén por la decisión de rechazar la apelación presentada frente a la suspensión del referéndum para avalar o desechar la actividad minera a cielo abierto en el ejido urbano.
Los autoconvocados denunciaron que para esta Junta "los ciudadanos de Loncopué no existimos", al tiempo que calificaron de "títeres del gobierno" a los jueces que fallaron en contra de la petición popular.
"En cuestión de horas, con una celeridad inédita, en el mismo día de presentado el recurso la Junta rechazó la apelación invocando que aquellos ciudadanos privados de su derecho legal a votar en referéndum no estamos legitimados para apelar la resolución que nos cercenó nuestros derechos, que solo lo puede hacer el municipio que con malicia dilató 43 días la solicitud de realizar en forma simultánea el referéndum y las elecciones", expresaron a través de un documento que lleva las firmas de Viviana Vaca, Norberto Guerrero y Cristian Hendrickse, entre otros.
Los vecinos exigen la realización de una consulta popular donde se ponga a consideración de los ciudadanos una ordenanza que prohíbe la explotación minera a cielo abierto en todo el ejido municipal.
"Pese a las dificultades y las trampas que nos ponen los representantes de las petroleras y mineras para eludir la ley y cercenar nuestros derechos a participar en la vida política de nuestro país, seguiremos luchando por la plena vigencia de nuestros derechos y por la defensa del medio ambiente de las futuras generaciones", expusieron.
"Resulta evidente que para estos jueces títeres del gobierno los mecanismos de democracia semidirecta son sólo palabras huecas y no derechos concretos de los ciudadanos", concluyeron los voceros de la "Mesa del Sí".
Glifosato: "Les dije que abandonen su domicilio"
"Les dije que abandonen su domicilio"
Fecha de Publicación: 09/10/2011
Fuente: Rosario/12
Provincia/Región: Santa Fe
El obstetra Darío García tomó esa determinación después de comprobar que uno de los gemelos falleció dentro del vientre de esta mujer que vive en Firmat. Otra hija del matrimonio fue trasplantada por lo que "consideré que era un decisión lógica".
"Está probado que en dosis muchos más bajas que a las que está sometida esta familia en su propia casa, el glifosato afectó las células placentarias de los animales de laboratorio. Es una cuestión de sentido común pedirles que se fueran de su casa que está calle por medio a un campo que reiteradamente es fumigado con agroquímicos". La contundente frase pertenece al médico Darío García, el obstetra de María Luisa de Fontanellaz, quien le aconsejó dejar su casa luego que la mujer de Firmat perdiera el embarazo de uno de sus dos gemelos, ya que sospecha que las fumigaciones con glifosato que practican en un campo frente mismo a su casa, provocó el triste desenlace.
-¿Cómo comenzó este caso?- preguntó Rosario/12 al doctor García.
-Desde el punto de vista médico María Luisa es una paciente que viene a la consulta con un embarazo doble y en la segunda consulta cuando le hago el examen ecográfico, me encuentro con que uno de estos dos embriones fetos se encontraba sin vida, mientras el otro estaba absolutamente normal. Obviamente el matrimonio debió enfrentar una angustia y la incertidumbre de saber el porqué. Obviamente entramos a indagar no solo en la historia clínica de la mamá, sino con estudios de laboratorio, complementarios y ecográficos y encontramos resultados normales. Por ende, continuamos en la duda de porque se había detenido la vida de un embrión y no los dos. El marido de la paciente (Edgar Fontanellaz) que es bioquímico, nos planteó la posibilidad de que pueda existir el glifosato como riesgo potencial dentro de los agroquímicos a los que estaban expuestos en su morada. Realmente ahondé en el tema y se sabe que el glifosato produce daños a las células placentarias a dosis mucho más bajas a las que se exponían ellos. Debí hacerme responsable del feto que vivía dentro de la panza y del otro que se hallaba sin vida y al que no podemos sacar, y que podía agredir no solo al otro feto vivo sino a la mamá. Tomé entonces la determinación de que la familia se cambie de morada para evitar riesgos. También hay un punto importante: la hija mayor de siete años tiene una hipoacusia neurosensorial congénita y termina de hacerse una transplante coclear bilateral, es decir que todavía está en recuperación posoperatoria y el propio pediatra de la chiquita sugirió el aislamiento de la nena de este tipo de ambiente fumigado.
-¿Dónde vive la familia Fontanellaz?
-En una vivienda que está separada de un campo fumigado solo por una calle. El padre de familia ya había presentado varias y reiteradas denuncias a la intendencia por los riesgos que implicaban para su familia. El señor es bioquímico y tiene mucho criterio en cuanto a la exigencia y a la insistencia de que ellos dejen de exponer a su familia, y al barrio que la rodea, a este tipo de productos como el glifosato.
-¿Cuál entiende que es el riesgo de la familia Fontanellaz?
-Mire, lo que digo es que en laboratorio los estudios realizados en animales de experimentación en dosis muchos más bajas a las que está expuesta esta familia, se afectaron las células de la placenta.
-¿Cómo ha procedido con el embarazo?
-Como obstetra no puedo sacar el feto muerto, porque arriesgo en más de un 90 por ciento al feto vivo, porque se puede lesionar la bolsa, puedo quitar líquido amniótico o lo puedo lesionar, y obviamente se pueden morir los dos. Por ende ahora el feto muerto está dentro del útero y en íntimo contacto con el feto vivo, y decidimos seguir así hasta el parto. Afortunadamente María Luisa cursa un embarazo normal de 37 semanas y media y faltan solo dos semanas para los nueve meses y el feto vivo está en buen estado de salud.
-¿Usted piensa que los agroquímicos afectaron al feto?
-Esto se va a saber con el nacimiento, cuando podamos analizar placenta y membrana y el vestigio de feto que puede haber, ahora en estado de maceración. Estos estudios lo van a decir. En este sentido la abogada Graciela Gómez ya investigó para hacer un estudio desde el punto de vista del gen celular y de cromosomas celulares, y puntualmente dentro de las células de humor vítreo del feto muerto, que serían las células que tendrían mayor adhesividad al glifosato y allí se verá si tuvo ingerencia en deceso de este feto o si fue una casualidad.
-¿Qué grado de certeza tiene usted sobre la relación entre la acción de este agroquímico con la muerte del feto?
-Si bien no tengo un detalle puntual en la investigación de agroquímicos y la afectación del embarazo en evolución, si se sabe a ciencia cierta que en animales de experimentación a dosis ultrabajas, daña las células placentarias y las células fetales. Por una cuestión de sentido común y por una relación directamente proporcional, el glifosato sería un tóxico para estas células placentarias, las del cordón fetal como las células madre que justamente al ser muy inmaduras son muy vulnerables a cualquier exposición a un químico. En este caso puntual no puedo asegurar que en esta muerte fetal haya tenido una ingerencia directa.
-Como obstetra, ¿ha tenido casos similares donde debió indicar el traslado de la embarazada?.
-Trabajaba en el efector de salud provincial de Cabín 9 en Pérez, y empezamos a investigar cuando notamos que había mucha incidencia de leucemia en personas jóvenes y en niños y se llegó a la conclusión de que los cables de alta tensión que estaban muy bajos en ese bario, tenían una relación directa en la afectación por la radiación sobre estas células madre de la sangre que son inmaduras y se llegó a la conclusión y se probó científicamente que afectaban a este tipo de células. Por eso en ese barrio había tantos caso de leucemia, muchos caso de linfomas, que no pasaban en otros lugares.
-¿Qué decisión se tomó?
-Hubo una intervención legal y se trató de quitar ese cableado.
-¿Qué medidas podrían tomarse como política sanitaria sobre las fumigaciones y su afectación sobre la salud humana, puntualmente sobre su población de pacientes, las embarazadas?.
- Así como le sugerí al matrimonio evitar la exposición directa al agroquímico, lo haría como política ya que este producto afecta directamente al genoma celular y provoca una distorsión. Obviamente estoy esperando la confirmación de este caso para pedir en forma imperativa el aislamiento de las embarazadas a este tipo de fumigaciones. Por una cuestión de sentido común, hoy pido evitar exposiciones de este tipo de herbicidas y agroquímicos- concluyó García.
Causa judicial en marcha
El viernes fue presentado en sede judicial un escrito para solicitar que se resuelva el pedido de una medida cautelar, cuyo plazo ya venció, para impedir las aplicaciones de agroquímicos a menos de mil metros del radio urbano. La presentación fue realizada por las abogadas patrocinantes del matrimonio Fontanellaz que, a mediados de abril, perdió uno de los gemelos que esperaba. La acción fue interpuesta el 21 del mes pasado contra la Municipalidad local y Sanidad Vegetal de la provincia ante el Juzgado de distrito Nº 16 en lo Civil, Comercial y Laboral de Firmat a cargo de Sylvia Pozzi, quien ayer fue instada a expedirse sobre el particular.
El escrito redactado por las doctoras Carina Sánchez Nadal y Graciela Gómez tiene por finalidad que la magistrada haga lugar a la medida cautelar hasta tanto resuelva como cuestión de fondo un recurso de amparo inspirado en el mismo propósito de prohibir la aplicación de agrotóxicos en cercanías de la ciudad. Las profesionales confían en una resolución favorable y revelaron que los demandantes no contestaron los requerimientos de la Justicia en el marco de la cautelar desde que fueron iniciadas las actuaciones hace más de dos semanas. A ello se suma una causa penal sustanciada en la Unidad Fiscal de Delitos Ambientales con sede en Capital Federal, cuyo trámite fue previo a las demandas interpuestas en los tribunales firmatenses. La denuncia surgió el 9 de septiembre luego de un llamado de Edgar Fontanellaz para intentar frenar una fumigación en un campo lindero a su casa. María Luisa dará a luz al otro bebé en el Sanatorio Británico de Rosario entre mediados y fin de este mes.
Fecha de Publicación: 09/10/2011
Fuente: Rosario/12
Provincia/Región: Santa Fe
El obstetra Darío García tomó esa determinación después de comprobar que uno de los gemelos falleció dentro del vientre de esta mujer que vive en Firmat. Otra hija del matrimonio fue trasplantada por lo que "consideré que era un decisión lógica".
"Está probado que en dosis muchos más bajas que a las que está sometida esta familia en su propia casa, el glifosato afectó las células placentarias de los animales de laboratorio. Es una cuestión de sentido común pedirles que se fueran de su casa que está calle por medio a un campo que reiteradamente es fumigado con agroquímicos". La contundente frase pertenece al médico Darío García, el obstetra de María Luisa de Fontanellaz, quien le aconsejó dejar su casa luego que la mujer de Firmat perdiera el embarazo de uno de sus dos gemelos, ya que sospecha que las fumigaciones con glifosato que practican en un campo frente mismo a su casa, provocó el triste desenlace.
-¿Cómo comenzó este caso?- preguntó Rosario/12 al doctor García.
-Desde el punto de vista médico María Luisa es una paciente que viene a la consulta con un embarazo doble y en la segunda consulta cuando le hago el examen ecográfico, me encuentro con que uno de estos dos embriones fetos se encontraba sin vida, mientras el otro estaba absolutamente normal. Obviamente el matrimonio debió enfrentar una angustia y la incertidumbre de saber el porqué. Obviamente entramos a indagar no solo en la historia clínica de la mamá, sino con estudios de laboratorio, complementarios y ecográficos y encontramos resultados normales. Por ende, continuamos en la duda de porque se había detenido la vida de un embrión y no los dos. El marido de la paciente (Edgar Fontanellaz) que es bioquímico, nos planteó la posibilidad de que pueda existir el glifosato como riesgo potencial dentro de los agroquímicos a los que estaban expuestos en su morada. Realmente ahondé en el tema y se sabe que el glifosato produce daños a las células placentarias a dosis mucho más bajas a las que se exponían ellos. Debí hacerme responsable del feto que vivía dentro de la panza y del otro que se hallaba sin vida y al que no podemos sacar, y que podía agredir no solo al otro feto vivo sino a la mamá. Tomé entonces la determinación de que la familia se cambie de morada para evitar riesgos. También hay un punto importante: la hija mayor de siete años tiene una hipoacusia neurosensorial congénita y termina de hacerse una transplante coclear bilateral, es decir que todavía está en recuperación posoperatoria y el propio pediatra de la chiquita sugirió el aislamiento de la nena de este tipo de ambiente fumigado.
-¿Dónde vive la familia Fontanellaz?
-En una vivienda que está separada de un campo fumigado solo por una calle. El padre de familia ya había presentado varias y reiteradas denuncias a la intendencia por los riesgos que implicaban para su familia. El señor es bioquímico y tiene mucho criterio en cuanto a la exigencia y a la insistencia de que ellos dejen de exponer a su familia, y al barrio que la rodea, a este tipo de productos como el glifosato.
-¿Cuál entiende que es el riesgo de la familia Fontanellaz?
-Mire, lo que digo es que en laboratorio los estudios realizados en animales de experimentación en dosis muchos más bajas a las que está expuesta esta familia, se afectaron las células de la placenta.
-¿Cómo ha procedido con el embarazo?
-Como obstetra no puedo sacar el feto muerto, porque arriesgo en más de un 90 por ciento al feto vivo, porque se puede lesionar la bolsa, puedo quitar líquido amniótico o lo puedo lesionar, y obviamente se pueden morir los dos. Por ende ahora el feto muerto está dentro del útero y en íntimo contacto con el feto vivo, y decidimos seguir así hasta el parto. Afortunadamente María Luisa cursa un embarazo normal de 37 semanas y media y faltan solo dos semanas para los nueve meses y el feto vivo está en buen estado de salud.
-¿Usted piensa que los agroquímicos afectaron al feto?
-Esto se va a saber con el nacimiento, cuando podamos analizar placenta y membrana y el vestigio de feto que puede haber, ahora en estado de maceración. Estos estudios lo van a decir. En este sentido la abogada Graciela Gómez ya investigó para hacer un estudio desde el punto de vista del gen celular y de cromosomas celulares, y puntualmente dentro de las células de humor vítreo del feto muerto, que serían las células que tendrían mayor adhesividad al glifosato y allí se verá si tuvo ingerencia en deceso de este feto o si fue una casualidad.
-¿Qué grado de certeza tiene usted sobre la relación entre la acción de este agroquímico con la muerte del feto?
-Si bien no tengo un detalle puntual en la investigación de agroquímicos y la afectación del embarazo en evolución, si se sabe a ciencia cierta que en animales de experimentación a dosis ultrabajas, daña las células placentarias y las células fetales. Por una cuestión de sentido común y por una relación directamente proporcional, el glifosato sería un tóxico para estas células placentarias, las del cordón fetal como las células madre que justamente al ser muy inmaduras son muy vulnerables a cualquier exposición a un químico. En este caso puntual no puedo asegurar que en esta muerte fetal haya tenido una ingerencia directa.
-Como obstetra, ¿ha tenido casos similares donde debió indicar el traslado de la embarazada?.
-Trabajaba en el efector de salud provincial de Cabín 9 en Pérez, y empezamos a investigar cuando notamos que había mucha incidencia de leucemia en personas jóvenes y en niños y se llegó a la conclusión de que los cables de alta tensión que estaban muy bajos en ese bario, tenían una relación directa en la afectación por la radiación sobre estas células madre de la sangre que son inmaduras y se llegó a la conclusión y se probó científicamente que afectaban a este tipo de células. Por eso en ese barrio había tantos caso de leucemia, muchos caso de linfomas, que no pasaban en otros lugares.
-¿Qué decisión se tomó?
-Hubo una intervención legal y se trató de quitar ese cableado.
-¿Qué medidas podrían tomarse como política sanitaria sobre las fumigaciones y su afectación sobre la salud humana, puntualmente sobre su población de pacientes, las embarazadas?.
- Así como le sugerí al matrimonio evitar la exposición directa al agroquímico, lo haría como política ya que este producto afecta directamente al genoma celular y provoca una distorsión. Obviamente estoy esperando la confirmación de este caso para pedir en forma imperativa el aislamiento de las embarazadas a este tipo de fumigaciones. Por una cuestión de sentido común, hoy pido evitar exposiciones de este tipo de herbicidas y agroquímicos- concluyó García.
Causa judicial en marcha
El viernes fue presentado en sede judicial un escrito para solicitar que se resuelva el pedido de una medida cautelar, cuyo plazo ya venció, para impedir las aplicaciones de agroquímicos a menos de mil metros del radio urbano. La presentación fue realizada por las abogadas patrocinantes del matrimonio Fontanellaz que, a mediados de abril, perdió uno de los gemelos que esperaba. La acción fue interpuesta el 21 del mes pasado contra la Municipalidad local y Sanidad Vegetal de la provincia ante el Juzgado de distrito Nº 16 en lo Civil, Comercial y Laboral de Firmat a cargo de Sylvia Pozzi, quien ayer fue instada a expedirse sobre el particular.
El escrito redactado por las doctoras Carina Sánchez Nadal y Graciela Gómez tiene por finalidad que la magistrada haga lugar a la medida cautelar hasta tanto resuelva como cuestión de fondo un recurso de amparo inspirado en el mismo propósito de prohibir la aplicación de agrotóxicos en cercanías de la ciudad. Las profesionales confían en una resolución favorable y revelaron que los demandantes no contestaron los requerimientos de la Justicia en el marco de la cautelar desde que fueron iniciadas las actuaciones hace más de dos semanas. A ello se suma una causa penal sustanciada en la Unidad Fiscal de Delitos Ambientales con sede en Capital Federal, cuyo trámite fue previo a las demandas interpuestas en los tribunales firmatenses. La denuncia surgió el 9 de septiembre luego de un llamado de Edgar Fontanellaz para intentar frenar una fumigación en un campo lindero a su casa. María Luisa dará a luz al otro bebé en el Sanatorio Británico de Rosario entre mediados y fin de este mes.
Tompkins quiere crear un parque nacional
Inusual oferta de un millonario para crear un parque nacional
Fecha de Publicación: 08/10/2011
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional - Corrientes
Negocia la donación con el Gobierno. Douglas Tompkins es cuestionado por la cantidad de recursos naturales que controla en Argentina. Ahora ofrece regalar 150 mil ha en los Esteros del Iberá para hacer la mayor área protegida del país.
Es el socio inesperado. Cinco años atrás, alrededor de su figura florecían acusaciones que hasta los mismos funcionarios del Gobierno Nacional, a voz alzada, se ocupaban de ratificar. Decían que el magnate ecologista Douglas Tompkins, dueño de miles de hectáreas en el Litoral y en la Patagonia, venía por los recursos naturales, el agua y el futuro; que ya se había apropiado de medio Chile y que su nuevo objetivo era el Acuífero Guaraní. Por ejemplo, siendo Secretario de Tierras de Néstor Kirchner, Luis Delía irrumpió una mañana en una de sus estancias correntinas, cortó los alambrados con una tenaza y anunció que el norteamericano sería expropiado porque la tierra debe ser de los argentinos y nunca de un “gringo imperialista”. Eso dijo, pero nada, finalmente, sucedió.
Ahora, a través de una alianza con Tompkins, el Gobierno Nacional trabaja para crear el área protegida más grande del país en los Esteros del Iberá: un parque nacional de más de un millón de hectáreas en el norte de Corrientes, habitado por yacarés, carpinchos y aves de mil formas; una postal de confín, con matices de sabana africana. El proceso fue confirmado a Clarín por el mismo Tompkins y por fuentes del ministerio de Turismo de la Nación. El estadounidense lo expresó sin vueltas: “Estamos haciendo la donación de tierras más grande de la historia”, dijo. En el norte de Corrientes, según datos del sector inmobiliario, la hectárea no baja de los 1.500 dólares, por lo tanto el norteamericano está ofreciendo un territorio cuyo valor alcanza los 180 millones de dólares.
Las conversaciones entre Gobierno y Conservation Land Trust (CLT), la fundación del terrateniente ecologista, comenzaron hace más de un año y medio. Pero se aceleraron en mayo cuando, mediante una carta de intención, Tompkins ofreció al ministro Enrique Meyer donar las cuatro estancias que posee en la zona. Se tratan de 150 mil hectáreas clave. Desde ellas es posible controlar la totalidad de los Esteros del Iberá, el segundo humedal más grande de Latinoamérica.
Pero el proyecto viene con controversias: para crear el parque, además de la tierra de Tompkins, se necesita que el gobierno correntino ceda a la Nación más de 700 mil hectáreas fiscales, hoy protegidas bajo la categoría de Reserva Provincial. En ese punto está la traba, porque la creación de la mega área natural chocaría con los intereses de los productores agropecuarios de la región, que necesitan el agua para sus cosechas. El gobernador de Corrientes, Ricardo Colombi, sostiene que por ahora no será viable la cesión de tierras, pero como su mandato vence en menos de dos años, en el Gobierno Nacional especulan con que el parque se concretará en 2013.
Ni el Gobierno ni Tompkins parecen tener apuro. Mientras el tiempo pasa, las conversaciones continúan y el Iberá, a fuerza de promoción turística, no para de recibir visitantes. La calma de Colonia Carlos Pellegrini, pueblo lindante con uno de los campos del norteamericano, en el corazón del estero, ahora se ve alterada por la cantidad de turistas foráneos que llega hasta el lugar para realizar avistajes de fauna. Clarín fue testigo esta semana de lo que ocurre en ese sitio de naturaleza salvaje en el interior del país.
Desde que arribó en 1998, Tompkins y sus equipos vienen trabajando sobre la totalidad del área. En varias ocasiones fueron denunciados por el fundamentalismo con que se dedican a preservar recursos naturales y chocaron con estancieros de la zona por su militancia ambiental que consiste en oponerse a cualquier tipo de actividad extractiva que implique una degradación para el medio ambiente. Se ocupan, principalmente, de reintroducir especies en peligro de extinción. Ya lo hicieron con el oso hormiguero y con el venado de las pampas. Y apuestan ahora por el yaguareté, un felino que hace más de cien años dejó de verse por el pantano. Tompkins recibió a Clarín esta semana en su estancia Rincón del Socorro, donde vive 6 meses al año (el resto lo pasa en el Sur de Chile) y habló de sus intenciones. Seguidor del movimiento de la ecología profunda, basado en una excesiva compasión por la naturaleza, expresó que busca donar lo que posee porque sólo pretende crear áreas protegidas. Por si quedan dudas, sus dos hijas no heredarán tierra porque ya les hizo adelanto de herencia en vida.
Con el Iberá, el norteamericano intentará replicar la experiencia del Parque Nacional Monte León, inaugurado en 2004 en Santa Cruz, después de que efectuara una donación de 70 mil hectáreas sobre el litoral austral. Tompkins es, además, el extranjero que se manifiesta a favor del proyecto oficial de ley de tierras. Aunque dice que le falta claridad, lo valora como punto de partida para discutir el uso que se hace de los suelos en el país de la tierra infinita, la Argentina.
Fecha de Publicación: 08/10/2011
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional - Corrientes
Negocia la donación con el Gobierno. Douglas Tompkins es cuestionado por la cantidad de recursos naturales que controla en Argentina. Ahora ofrece regalar 150 mil ha en los Esteros del Iberá para hacer la mayor área protegida del país.
Es el socio inesperado. Cinco años atrás, alrededor de su figura florecían acusaciones que hasta los mismos funcionarios del Gobierno Nacional, a voz alzada, se ocupaban de ratificar. Decían que el magnate ecologista Douglas Tompkins, dueño de miles de hectáreas en el Litoral y en la Patagonia, venía por los recursos naturales, el agua y el futuro; que ya se había apropiado de medio Chile y que su nuevo objetivo era el Acuífero Guaraní. Por ejemplo, siendo Secretario de Tierras de Néstor Kirchner, Luis Delía irrumpió una mañana en una de sus estancias correntinas, cortó los alambrados con una tenaza y anunció que el norteamericano sería expropiado porque la tierra debe ser de los argentinos y nunca de un “gringo imperialista”. Eso dijo, pero nada, finalmente, sucedió.
Ahora, a través de una alianza con Tompkins, el Gobierno Nacional trabaja para crear el área protegida más grande del país en los Esteros del Iberá: un parque nacional de más de un millón de hectáreas en el norte de Corrientes, habitado por yacarés, carpinchos y aves de mil formas; una postal de confín, con matices de sabana africana. El proceso fue confirmado a Clarín por el mismo Tompkins y por fuentes del ministerio de Turismo de la Nación. El estadounidense lo expresó sin vueltas: “Estamos haciendo la donación de tierras más grande de la historia”, dijo. En el norte de Corrientes, según datos del sector inmobiliario, la hectárea no baja de los 1.500 dólares, por lo tanto el norteamericano está ofreciendo un territorio cuyo valor alcanza los 180 millones de dólares.
Las conversaciones entre Gobierno y Conservation Land Trust (CLT), la fundación del terrateniente ecologista, comenzaron hace más de un año y medio. Pero se aceleraron en mayo cuando, mediante una carta de intención, Tompkins ofreció al ministro Enrique Meyer donar las cuatro estancias que posee en la zona. Se tratan de 150 mil hectáreas clave. Desde ellas es posible controlar la totalidad de los Esteros del Iberá, el segundo humedal más grande de Latinoamérica.
Pero el proyecto viene con controversias: para crear el parque, además de la tierra de Tompkins, se necesita que el gobierno correntino ceda a la Nación más de 700 mil hectáreas fiscales, hoy protegidas bajo la categoría de Reserva Provincial. En ese punto está la traba, porque la creación de la mega área natural chocaría con los intereses de los productores agropecuarios de la región, que necesitan el agua para sus cosechas. El gobernador de Corrientes, Ricardo Colombi, sostiene que por ahora no será viable la cesión de tierras, pero como su mandato vence en menos de dos años, en el Gobierno Nacional especulan con que el parque se concretará en 2013.
Ni el Gobierno ni Tompkins parecen tener apuro. Mientras el tiempo pasa, las conversaciones continúan y el Iberá, a fuerza de promoción turística, no para de recibir visitantes. La calma de Colonia Carlos Pellegrini, pueblo lindante con uno de los campos del norteamericano, en el corazón del estero, ahora se ve alterada por la cantidad de turistas foráneos que llega hasta el lugar para realizar avistajes de fauna. Clarín fue testigo esta semana de lo que ocurre en ese sitio de naturaleza salvaje en el interior del país.
Desde que arribó en 1998, Tompkins y sus equipos vienen trabajando sobre la totalidad del área. En varias ocasiones fueron denunciados por el fundamentalismo con que se dedican a preservar recursos naturales y chocaron con estancieros de la zona por su militancia ambiental que consiste en oponerse a cualquier tipo de actividad extractiva que implique una degradación para el medio ambiente. Se ocupan, principalmente, de reintroducir especies en peligro de extinción. Ya lo hicieron con el oso hormiguero y con el venado de las pampas. Y apuestan ahora por el yaguareté, un felino que hace más de cien años dejó de verse por el pantano. Tompkins recibió a Clarín esta semana en su estancia Rincón del Socorro, donde vive 6 meses al año (el resto lo pasa en el Sur de Chile) y habló de sus intenciones. Seguidor del movimiento de la ecología profunda, basado en una excesiva compasión por la naturaleza, expresó que busca donar lo que posee porque sólo pretende crear áreas protegidas. Por si quedan dudas, sus dos hijas no heredarán tierra porque ya les hizo adelanto de herencia en vida.
Con el Iberá, el norteamericano intentará replicar la experiencia del Parque Nacional Monte León, inaugurado en 2004 en Santa Cruz, después de que efectuara una donación de 70 mil hectáreas sobre el litoral austral. Tompkins es, además, el extranjero que se manifiesta a favor del proyecto oficial de ley de tierras. Aunque dice que le falta claridad, lo valora como punto de partida para discutir el uso que se hace de los suelos en el país de la tierra infinita, la Argentina.
Riachuelo: la Justicia clausuró veinte industrias
Riachuelo: la Justicia federal clausuró veinte industrias por contaminación
Fecha de Publicación: 07/10/2011
Fuente: CIJ
Provincia/Región: Buenos Aires - Capital
Lo dispuso el Juzgado Federal de Quilmes. Fue luego de que una serie de allanamientos realizados entre este jueves y viernes en Lanús, Lomas de Zamora, La Matanza, Merlo y Capital. Se constató que empresas volcaban cianuro y otros residuos tóxicos
El juez Luis Armella, titular del Juzgado Federal de Quilmes, ordenó la clausura de 20 empresas ubicadas sobre el Riachuelo, en el marco de la ejecución de la sentencia dictada por la Corte Suprema en la causa “Mendoza”, en donde el Máximo Tribunal ordenó la puesta en marcha de un plan de saneamiento integral de esa cuenca.
Según informaron desde el juzgado, se dispuso un amplio operativo con la función de prevenir la contaminación ambiental, en este caso vinculados a uno de los rubros “más peligrosos” en materia industrial, conocido como “galvanoplastías”, llevado a cabo este viernes sobre 25 establecimientos ubicados en los partidos de Lanús, Lomas de Zamora, La Matanza, Merlo y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se consideraren “clandestinos” y en tres casos verificación de estado de clausura vigente.
La diagramación general del operativo, indicaron, se llevó a cabo en el asiento del Juzgado Federal de Quilmes, con fecha de este jueves, y se materializaron los operativos desde la Jefatura Departamental de La Matanza, se abordaron cada uno de los objetivos con personal del Ministerio de Seguridad provincial, Infantería y personal de seguridad.
La Dirección de Prevención Ecológica trabajó para cubrir las cuestiones de seguridad pública, en cuanto al tratamiento de las sustancias peligrosas y residuos especiales que genera esta clase de actividad, utilizando equipamiento de protección personal trajes tyvek, máscaras y semimáscaras, detallaron.
En tanto, se comunicó que las industrias inspeccionadas fueron clausuradas de manera total conforme las condiciones de riesgo que presentaban, derrame de residuos peligrosos, falta de respaldo documental en la disposición de residuos líquidos y sólidos, conexiones clandestinas y muestras que dieron fuera de parámetro, con presencia de cianuro en concentraciones “muy altas”, como en el caso de una galvanoplastia en Avellaneda.
La falta de habilitaciones de todo tipo fue el fundamento para considerar como clandestinos a los establecimientos allanados y, además, tampoco han cumplimentado el empadronamiento obligatorio, tal como lo establece la Autoridad de Cuenca en disposiciones previas. “Es llamativo el hecho que en muchos casos ni siquiera tenían habilitación municipal y funcionaban en lugares en forma desapercibida”, se resaltó.
La detección e identificación fue un trabajo encarado por la Autoridad de Cuenca junto con la Dirección de Prevención Ecológica, a las órdenes del Juzgado Federal y de la Secretaria Especial, a cargo de Fernando Minguillón y Pablo Ezequiel Wilk, que tramita en un incidente de la causa “Mendoza”.
Para los operativos, la Autoridad de Cuenca puso a disposición transportes de residuos especiales, a los fines de proceder al secuestro de residuos peligrosos y evitar su vuelco al ambiente, o en otros casos afectar el funcionamiento de la planta de tratamiento que lo recibe, hecho que se llevó a cabo en la mayoría de los establecimientos.
Asimismo, se informó que se estableció la existencia de materias primas que se encuentran incluidas en la lista de precursores químicos (utilizados en la fabricación de drogas ilícitas) y por tal motivo se dio intervención al Sedronar.
Resultado de los procedimientos
- De los 25 allanamientos realizados, 20 finalizaron con la clausura preventiva total.
- Dos allanamientos se hicieron en establecimientos ya clausurados, sin que se constatara violación de la misma.
- Un allanamiento sobre un local con clausura parcial se convirtió a clausura preventiva total (en la localidad de Remedios de Escalada), lugar en el que la propietaria habría desmantelado el proceso de galvanizado, iniciándose una investigación a los fines de determinar la trazabilidad de los residuos generados a lo largo de la actividad y el destino de las demás maquinarias, no exhibiendo el lugar plan de desmantelamiento de la planta u otra circunstancia.
Hechos salientes
Según informaron desde el juzgado, una firma de Avellaneda fue muestreada y se encontró exceso en parámetros de cianuros hasta en cinco veces el límite permitido, motivo por el cual se convocó a un personal de AySA, a los fines de proceder a la obstrucción del vuelco por cuestiones de urgencia y seguridad pública.
Además, se aplicó la clausura preventiva total de la planta y nuevo muestreo de sus efluentes, impulsando la Autoridad de Cuenca a formular una denuncia bajo los alcances del Articulo 55 de la Ley 24.051.
Asimismo, otra empresa con sede en La Matanza no contaba con habilitaciones y se detectó una gran cantidad de bateas y sustancias peligrosas en general, quien declaró tener un vuelco a colectora cloacal. Verificada esta circunstancia, se comprobó la existencia de un sistema donde, a partir de un tanque oculto, descargaba agua limpia sobre la cámara de muestras. En tanto que los residuos evitaban mediante un bypass esta cámara y se volcaban directamente sobre el cloacal. El juzgado dispuso su inmediata clausura.
Por otro lado, conforme la gran cantidad de sustancias peligrosas encontradas y otras materias primas de las que no se pudo establecer de una manera fehaciente su característica, como norma general se procedió a su secuestro por orden del Juzgado Federal de Quilmes, procediendo a la entrega de las mismas en carácter de depositario judicial a su propietario, notificándolo de la penas con que la ley alcanza a los depositarios infieles (art. 261 a 263 del Código Penal). Dichos elementos serán retirados por la autoridad de aplicación, en conjunto con Sedronar, que fue notificado de la obligación de inspeccionar los tenedores de precursores y su trazabilidad.
Desde el juzgado se informó que se continúa en este tipo de fiscalizaciones, poniéndose en práctica medidas más estrictas por parte de Acumar, acorde a las necesidades que demandan todos los actores involucrados en el saneamiento de la cuenca.
Fecha de Publicación: 07/10/2011
Fuente: CIJ
Provincia/Región: Buenos Aires - Capital
Lo dispuso el Juzgado Federal de Quilmes. Fue luego de que una serie de allanamientos realizados entre este jueves y viernes en Lanús, Lomas de Zamora, La Matanza, Merlo y Capital. Se constató que empresas volcaban cianuro y otros residuos tóxicos
El juez Luis Armella, titular del Juzgado Federal de Quilmes, ordenó la clausura de 20 empresas ubicadas sobre el Riachuelo, en el marco de la ejecución de la sentencia dictada por la Corte Suprema en la causa “Mendoza”, en donde el Máximo Tribunal ordenó la puesta en marcha de un plan de saneamiento integral de esa cuenca.
Según informaron desde el juzgado, se dispuso un amplio operativo con la función de prevenir la contaminación ambiental, en este caso vinculados a uno de los rubros “más peligrosos” en materia industrial, conocido como “galvanoplastías”, llevado a cabo este viernes sobre 25 establecimientos ubicados en los partidos de Lanús, Lomas de Zamora, La Matanza, Merlo y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se consideraren “clandestinos” y en tres casos verificación de estado de clausura vigente.
La diagramación general del operativo, indicaron, se llevó a cabo en el asiento del Juzgado Federal de Quilmes, con fecha de este jueves, y se materializaron los operativos desde la Jefatura Departamental de La Matanza, se abordaron cada uno de los objetivos con personal del Ministerio de Seguridad provincial, Infantería y personal de seguridad.
La Dirección de Prevención Ecológica trabajó para cubrir las cuestiones de seguridad pública, en cuanto al tratamiento de las sustancias peligrosas y residuos especiales que genera esta clase de actividad, utilizando equipamiento de protección personal trajes tyvek, máscaras y semimáscaras, detallaron.
En tanto, se comunicó que las industrias inspeccionadas fueron clausuradas de manera total conforme las condiciones de riesgo que presentaban, derrame de residuos peligrosos, falta de respaldo documental en la disposición de residuos líquidos y sólidos, conexiones clandestinas y muestras que dieron fuera de parámetro, con presencia de cianuro en concentraciones “muy altas”, como en el caso de una galvanoplastia en Avellaneda.
La falta de habilitaciones de todo tipo fue el fundamento para considerar como clandestinos a los establecimientos allanados y, además, tampoco han cumplimentado el empadronamiento obligatorio, tal como lo establece la Autoridad de Cuenca en disposiciones previas. “Es llamativo el hecho que en muchos casos ni siquiera tenían habilitación municipal y funcionaban en lugares en forma desapercibida”, se resaltó.
La detección e identificación fue un trabajo encarado por la Autoridad de Cuenca junto con la Dirección de Prevención Ecológica, a las órdenes del Juzgado Federal y de la Secretaria Especial, a cargo de Fernando Minguillón y Pablo Ezequiel Wilk, que tramita en un incidente de la causa “Mendoza”.
Para los operativos, la Autoridad de Cuenca puso a disposición transportes de residuos especiales, a los fines de proceder al secuestro de residuos peligrosos y evitar su vuelco al ambiente, o en otros casos afectar el funcionamiento de la planta de tratamiento que lo recibe, hecho que se llevó a cabo en la mayoría de los establecimientos.
Asimismo, se informó que se estableció la existencia de materias primas que se encuentran incluidas en la lista de precursores químicos (utilizados en la fabricación de drogas ilícitas) y por tal motivo se dio intervención al Sedronar.
Resultado de los procedimientos
- De los 25 allanamientos realizados, 20 finalizaron con la clausura preventiva total.
- Dos allanamientos se hicieron en establecimientos ya clausurados, sin que se constatara violación de la misma.
- Un allanamiento sobre un local con clausura parcial se convirtió a clausura preventiva total (en la localidad de Remedios de Escalada), lugar en el que la propietaria habría desmantelado el proceso de galvanizado, iniciándose una investigación a los fines de determinar la trazabilidad de los residuos generados a lo largo de la actividad y el destino de las demás maquinarias, no exhibiendo el lugar plan de desmantelamiento de la planta u otra circunstancia.
Hechos salientes
Según informaron desde el juzgado, una firma de Avellaneda fue muestreada y se encontró exceso en parámetros de cianuros hasta en cinco veces el límite permitido, motivo por el cual se convocó a un personal de AySA, a los fines de proceder a la obstrucción del vuelco por cuestiones de urgencia y seguridad pública.
Además, se aplicó la clausura preventiva total de la planta y nuevo muestreo de sus efluentes, impulsando la Autoridad de Cuenca a formular una denuncia bajo los alcances del Articulo 55 de la Ley 24.051.
Asimismo, otra empresa con sede en La Matanza no contaba con habilitaciones y se detectó una gran cantidad de bateas y sustancias peligrosas en general, quien declaró tener un vuelco a colectora cloacal. Verificada esta circunstancia, se comprobó la existencia de un sistema donde, a partir de un tanque oculto, descargaba agua limpia sobre la cámara de muestras. En tanto que los residuos evitaban mediante un bypass esta cámara y se volcaban directamente sobre el cloacal. El juzgado dispuso su inmediata clausura.
Por otro lado, conforme la gran cantidad de sustancias peligrosas encontradas y otras materias primas de las que no se pudo establecer de una manera fehaciente su característica, como norma general se procedió a su secuestro por orden del Juzgado Federal de Quilmes, procediendo a la entrega de las mismas en carácter de depositario judicial a su propietario, notificándolo de la penas con que la ley alcanza a los depositarios infieles (art. 261 a 263 del Código Penal). Dichos elementos serán retirados por la autoridad de aplicación, en conjunto con Sedronar, que fue notificado de la obligación de inspeccionar los tenedores de precursores y su trazabilidad.
Desde el juzgado se informó que se continúa en este tipo de fiscalizaciones, poniéndose en práctica medidas más estrictas por parte de Acumar, acorde a las necesidades que demandan todos los actores involucrados en el saneamiento de la cuenca.
Tucumán: ingenios contaminan con cenizas
Los ingenios de Tucumán también contaminan con cenizas
Fecha de Publicación: 07/10/2011
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán
Los representantes locales en el Comité de Cuenca denunciaron la existencia de gran concentración de cenizas de origen industrial en arroyos que bajan hacia el embalse cubiertos con una coloración negra. “A la vinaza se agrega ahora este nuevo contaminante”, aseguraron.
Al grave problema ambiental que generan los ingenios de Tucumán con la vinaza que arrojan a ríos y arroyos que tributan a la cuenca Salí-Dulce y al embalse Río Hondo, se suman las cenizas o carbonillas que son extraídas de los filtros húmedos que colocan en las chimeneas de esas plantas fabriles para evitar contaminar el aire en la vecina provincia.
Este hecho fue denunciado y puesto sobre la mesa de debate en la reunión que tuvieron ayer en Córdoba, las provincias que integran el Comité de Cuenca Salí-Dulce. “Un tema muy grande que nos ha sorprendido y que hemos empezado a ver ahora son las cenizas, que no se habían magnificado porque pensábamos que el gran problema era sólo la vinaza. Pero hay aportes importantes de cenizas que se arrojan a ríos y arroyos”, reflejó Juan Carlos Targa, director de Medio Ambiente de la provincia, quien expuso esta problemática ante los demás funcionarios, entre ellos el secretario de Medio Ambiente de Tucumán, Alfredo Montalván
Santiago exigió que se tomen medidas para evitar que continúe este accionar irresponsable de los industriales tucumanos. En los últimos monitoreos realizado por técnicos santiagueños del Comité de Cuenca en cursos hidrológicos de la vecina provincia, se detectaron cómo los ríos Salí y el Troncal presentaban una coloración oscura producto de la carbonilla o cenizas de los filtros que se lavaban en los tributarios. Incluso una gran mancha negra que cubrió casi el 50 por ciento del embalse, fue denunciado por las autoridades provinciales. Más allá de la mala imagen, los técnicos remarcaron que este desecho también disminuía el oxígeno en el agua. Targa confío en que se pueda resolver esta situación, al decir que “siempre es mucho más fácil retirar la ceniza que la vinaza”.
Otros de los aspectos tratados, fue el análisis del plan de gestión ambiental para la cuenca que tiene el Comité, para ir saneando el sistema hídrico, afectado por la actividad industrial en Tucumán. Esto, en virtud al ofrecimiento de financiamiento que realizó el secretario de Ambiente de la Nación, Juan José Mussi, para hacer obras y solucionar esta problemática. Según adelantó Targa, también se analiza hacer cloacas en ciudades santiagueñas.
Fecha de Publicación: 07/10/2011
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán
Los representantes locales en el Comité de Cuenca denunciaron la existencia de gran concentración de cenizas de origen industrial en arroyos que bajan hacia el embalse cubiertos con una coloración negra. “A la vinaza se agrega ahora este nuevo contaminante”, aseguraron.
Al grave problema ambiental que generan los ingenios de Tucumán con la vinaza que arrojan a ríos y arroyos que tributan a la cuenca Salí-Dulce y al embalse Río Hondo, se suman las cenizas o carbonillas que son extraídas de los filtros húmedos que colocan en las chimeneas de esas plantas fabriles para evitar contaminar el aire en la vecina provincia.
Este hecho fue denunciado y puesto sobre la mesa de debate en la reunión que tuvieron ayer en Córdoba, las provincias que integran el Comité de Cuenca Salí-Dulce. “Un tema muy grande que nos ha sorprendido y que hemos empezado a ver ahora son las cenizas, que no se habían magnificado porque pensábamos que el gran problema era sólo la vinaza. Pero hay aportes importantes de cenizas que se arrojan a ríos y arroyos”, reflejó Juan Carlos Targa, director de Medio Ambiente de la provincia, quien expuso esta problemática ante los demás funcionarios, entre ellos el secretario de Medio Ambiente de Tucumán, Alfredo Montalván
Santiago exigió que se tomen medidas para evitar que continúe este accionar irresponsable de los industriales tucumanos. En los últimos monitoreos realizado por técnicos santiagueños del Comité de Cuenca en cursos hidrológicos de la vecina provincia, se detectaron cómo los ríos Salí y el Troncal presentaban una coloración oscura producto de la carbonilla o cenizas de los filtros que se lavaban en los tributarios. Incluso una gran mancha negra que cubrió casi el 50 por ciento del embalse, fue denunciado por las autoridades provinciales. Más allá de la mala imagen, los técnicos remarcaron que este desecho también disminuía el oxígeno en el agua. Targa confío en que se pueda resolver esta situación, al decir que “siempre es mucho más fácil retirar la ceniza que la vinaza”.
Otros de los aspectos tratados, fue el análisis del plan de gestión ambiental para la cuenca que tiene el Comité, para ir saneando el sistema hídrico, afectado por la actividad industrial en Tucumán. Esto, en virtud al ofrecimiento de financiamiento que realizó el secretario de Ambiente de la Nación, Juan José Mussi, para hacer obras y solucionar esta problemática. Según adelantó Targa, también se analiza hacer cloacas en ciudades santiagueñas.
Relevan los bosques nativos de Neuquén
Relevan los bosques nativos de la provincia
Fecha de Publicación: 07/10/2011
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Se utilizan fondos nacionales que están destinados a respaldar las tareas de preservación.
La Provincia comenzó el relevamiento de los bosques nativos con fondos de la Ley Nacional Nº 26.331 y con miras a su preservación, así lo confirmaron ayer funcionarios provinciales a los diputados de la Comisión de Medio Ambiente, quienes están tratando un proyecto de ordenamiento territorial.
El subsecretario de Desarrollo Económico, Javier Van Houtte, y el director general de Bosques, Daniel Bocos, visitaron la Legislatura para exponer su trabajo en este sentido.
“Fue un trabajo muy riguroso porque la ley nacional fue pensada y diseñada para otra realidad que no es la de nuestra provincia. Esta ley tenía por objetivo proteger los bosques nativos del avance de la frontera agropecuaria, del avance de la soja”, explicó el funcionario.
Van Houtte consideró que igualmente la ley fue una “oportunidad” por lo que se puso en práctica. “Es que puso en la agenda y con fondos disponibles la necesidad y la oportunidad de proteger los bosques nativos de nuestra provincia”, explicó.
Neuquén tiene 1.200.000 hectáreas de bosques nativos y esta ley asigna presupuesto y mecanismos para protegerlos y conservarlos.
Según explicó el subsecretario lo primero que se hizo fue el ordenamiento territorial de los bosques nativos, esto es clasificar a los bosques en rojo, amarillo y verde en función de sus de las categorías de conservación y posible uso.
“Rojo los bosques que tienen más valor de conservación, los amarillos los intermedios, y los verdes como menores”, explicó.
En la Legislatura actualmente hay dos iniciativas que acompañan esta ley nacional, una presentada por el Ejecutivo y otra por la organización ambientalista Alerta Angostura que se unificarán. La presidenta de la comisión de Medio Ambiente Graciela Muñiz Saavedra adelantó que “quedaron muy conformes con la presentación” y que la iniciativa tendría el apoyo de distintas bancadas.
“En este proceso se está cumpliendo con todo lo que exige la ley nacional, por lo que ya estamos haciendo usufructo del presupuesto”, comentó Muñiz Saavedra, quien agregó: “Se está haciendo el relevamiento del bosque nativo in situ”.
La diputada explicó que de 1.200.000 de hectáreas de bosques nativos que tiene la provincia, 530 mil están bajo la administración provincial y el resto por Parques Nacionales.
“Menos del 1% está en los ejidos urbanos por lo cual no sufrían los desarrollos urbanos, es una ley destinada a conservar el bosque nativo mediante planes, proyectos y emprendimientos de cambio de uso de suelo”, explicó.
Fecha de Publicación: 07/10/2011
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Se utilizan fondos nacionales que están destinados a respaldar las tareas de preservación.
La Provincia comenzó el relevamiento de los bosques nativos con fondos de la Ley Nacional Nº 26.331 y con miras a su preservación, así lo confirmaron ayer funcionarios provinciales a los diputados de la Comisión de Medio Ambiente, quienes están tratando un proyecto de ordenamiento territorial.
El subsecretario de Desarrollo Económico, Javier Van Houtte, y el director general de Bosques, Daniel Bocos, visitaron la Legislatura para exponer su trabajo en este sentido.
“Fue un trabajo muy riguroso porque la ley nacional fue pensada y diseñada para otra realidad que no es la de nuestra provincia. Esta ley tenía por objetivo proteger los bosques nativos del avance de la frontera agropecuaria, del avance de la soja”, explicó el funcionario.
Van Houtte consideró que igualmente la ley fue una “oportunidad” por lo que se puso en práctica. “Es que puso en la agenda y con fondos disponibles la necesidad y la oportunidad de proteger los bosques nativos de nuestra provincia”, explicó.
Neuquén tiene 1.200.000 hectáreas de bosques nativos y esta ley asigna presupuesto y mecanismos para protegerlos y conservarlos.
Según explicó el subsecretario lo primero que se hizo fue el ordenamiento territorial de los bosques nativos, esto es clasificar a los bosques en rojo, amarillo y verde en función de sus de las categorías de conservación y posible uso.
“Rojo los bosques que tienen más valor de conservación, los amarillos los intermedios, y los verdes como menores”, explicó.
En la Legislatura actualmente hay dos iniciativas que acompañan esta ley nacional, una presentada por el Ejecutivo y otra por la organización ambientalista Alerta Angostura que se unificarán. La presidenta de la comisión de Medio Ambiente Graciela Muñiz Saavedra adelantó que “quedaron muy conformes con la presentación” y que la iniciativa tendría el apoyo de distintas bancadas.
“En este proceso se está cumpliendo con todo lo que exige la ley nacional, por lo que ya estamos haciendo usufructo del presupuesto”, comentó Muñiz Saavedra, quien agregó: “Se está haciendo el relevamiento del bosque nativo in situ”.
La diputada explicó que de 1.200.000 de hectáreas de bosques nativos que tiene la provincia, 530 mil están bajo la administración provincial y el resto por Parques Nacionales.
“Menos del 1% está en los ejidos urbanos por lo cual no sufrían los desarrollos urbanos, es una ley destinada a conservar el bosque nativo mediante planes, proyectos y emprendimientos de cambio de uso de suelo”, explicó.
Megaminería: la diversidad de resistencias
Megaminería: la diversidad de resistencias
Fecha de Publicación: 06/10/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Sin dudas, quienes son imprescindibles en las resistencias para lograr legislaciones prohibiendo la megaminería a cielo abierto en la Argentina, son las organizaciones territoriales. En efecto, las asambleas de autoconvocados que desde 2003 se expanden por todas las poblaciones cordilleranas y patagónicas cumplen el rol primordial en lo que se ha conseguido hasta este momento: prohibición en ocho provincias (se acaba de sumar Tierra del Fuego), no otorgar licencia social en varias regiones, la ley de presupuestos mínimos de cuidado de glaciares y la fuerte campaña para lograr una ley general. No obstante esta lucha desde hace casi diez años está acompañada por muchos otros sujetos que complementan, difunden, concientizan en las grandes urbes, la necesidad de no cumplir el destino que la geopolítica internacional –con sus grandes actores económicos– nos tiene deparado.
Esta constelación de “sujetos de lucha” incluye organizaciones no gubernamentales, universitarios, científicos e intelectuales, abogados, periodistas, cineastas, religiosos (hubo en 2009 una declaración de obispos patagónicos que tuvo poca difusión), artistas, algunos legisladores y personalidades que por una trayectoria de coherencia y resistencia, tienen peso específico propio como el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, Norita Cortiñas y Eduardo Galeano.
Hace unos días la organización Conciencia Solidaria presentó un nuevo video que se denomina Basta ya, donde intervienen 22 artistas que en esta ocasión, en lugar de mirarnos con sus conocidos rostros para hablarnos de las consecuencias de la megaminería (como en uno anterior), entonan una pegadiza canción donde con distintos ritmos y maravillosas voces nos van mostrando los territorios y lo que sucede una vez instaladas estas empresas.
Julieta Díaz, Axel, Nacha Guevara, Natalia Oreiro, Soledad, Suna Rocha, Nicolás Pauls, Lalo Mir, Soledad Villamil y muchos otros, con esa carga de sentido que llega emocionalmente a quien tiene que llegar, generan ese grito que muchas veces quienes recorremos aquellas regiones y conocemos el sufrimiento social, queremos emitir e invitar a muchos a hacerlo con nosotros: ¡Basta ya!
Estos días esos ritmos y esas voces están sonando por muchas radios de periodistas de muy distintas posiciones políticas, lo que nos demuestra que lo que pedimos limitar nos atañe a todos los argentinos. Los músicos y artistas llegan a las poblaciones y a los jóvenes por el talento y el afecto que han sabido cosechar en sus carreras; muchos contaron emocionados cómo sus amigos empezaron a interiorizarse del tema cuando los oyeron. Así también muchos universitarios que nos consideramos sujetos de resistencia, con toda la objetividad y rigurosidad que nos otorgan nuestras disciplinas (pero sin neutralidad) desactivamos en un nuevo libro una serie de “mitos” que la propaganda minera usa para conseguir la licencia social de las poblaciones. Esos mitos –“da trabajo, no contamina, se instala en territorios desérticos de nula producción”, etc.– son desmontados uno a uno con información de fuentes oficiales por geógrafos, economistas, sociólogos, abogados de distintas universidades nacionales que tienen una fuerte experiencia en sus oficios de investigadores.
Y de eso se trata, cuando una parte de la población nacional considera que una actividad hipoteca el futuro del país, nos daña por más dinero que deje, cada uno desde sus distintos lugares de trabajo y de vida, puede contribuir a persuadir a las autoridades a modificar rumbos, sacar leyes, limitar la voracidad de actores poderosos. Todo esto es lo que nos brinda la democracia y también la decisión política de dejar expresar la disidencia, sin represión; y eso no es poco y debemos mantenerlo a rajatabla pues estamos enfrentándonos a actores muy poderosos.
Norma Giarracca
Socióloga. Instituto Gino Germani.
Fecha de Publicación: 06/10/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Sin dudas, quienes son imprescindibles en las resistencias para lograr legislaciones prohibiendo la megaminería a cielo abierto en la Argentina, son las organizaciones territoriales. En efecto, las asambleas de autoconvocados que desde 2003 se expanden por todas las poblaciones cordilleranas y patagónicas cumplen el rol primordial en lo que se ha conseguido hasta este momento: prohibición en ocho provincias (se acaba de sumar Tierra del Fuego), no otorgar licencia social en varias regiones, la ley de presupuestos mínimos de cuidado de glaciares y la fuerte campaña para lograr una ley general. No obstante esta lucha desde hace casi diez años está acompañada por muchos otros sujetos que complementan, difunden, concientizan en las grandes urbes, la necesidad de no cumplir el destino que la geopolítica internacional –con sus grandes actores económicos– nos tiene deparado.
Esta constelación de “sujetos de lucha” incluye organizaciones no gubernamentales, universitarios, científicos e intelectuales, abogados, periodistas, cineastas, religiosos (hubo en 2009 una declaración de obispos patagónicos que tuvo poca difusión), artistas, algunos legisladores y personalidades que por una trayectoria de coherencia y resistencia, tienen peso específico propio como el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, Norita Cortiñas y Eduardo Galeano.
Hace unos días la organización Conciencia Solidaria presentó un nuevo video que se denomina Basta ya, donde intervienen 22 artistas que en esta ocasión, en lugar de mirarnos con sus conocidos rostros para hablarnos de las consecuencias de la megaminería (como en uno anterior), entonan una pegadiza canción donde con distintos ritmos y maravillosas voces nos van mostrando los territorios y lo que sucede una vez instaladas estas empresas.
Julieta Díaz, Axel, Nacha Guevara, Natalia Oreiro, Soledad, Suna Rocha, Nicolás Pauls, Lalo Mir, Soledad Villamil y muchos otros, con esa carga de sentido que llega emocionalmente a quien tiene que llegar, generan ese grito que muchas veces quienes recorremos aquellas regiones y conocemos el sufrimiento social, queremos emitir e invitar a muchos a hacerlo con nosotros: ¡Basta ya!
Estos días esos ritmos y esas voces están sonando por muchas radios de periodistas de muy distintas posiciones políticas, lo que nos demuestra que lo que pedimos limitar nos atañe a todos los argentinos. Los músicos y artistas llegan a las poblaciones y a los jóvenes por el talento y el afecto que han sabido cosechar en sus carreras; muchos contaron emocionados cómo sus amigos empezaron a interiorizarse del tema cuando los oyeron. Así también muchos universitarios que nos consideramos sujetos de resistencia, con toda la objetividad y rigurosidad que nos otorgan nuestras disciplinas (pero sin neutralidad) desactivamos en un nuevo libro una serie de “mitos” que la propaganda minera usa para conseguir la licencia social de las poblaciones. Esos mitos –“da trabajo, no contamina, se instala en territorios desérticos de nula producción”, etc.– son desmontados uno a uno con información de fuentes oficiales por geógrafos, economistas, sociólogos, abogados de distintas universidades nacionales que tienen una fuerte experiencia en sus oficios de investigadores.
Y de eso se trata, cuando una parte de la población nacional considera que una actividad hipoteca el futuro del país, nos daña por más dinero que deje, cada uno desde sus distintos lugares de trabajo y de vida, puede contribuir a persuadir a las autoridades a modificar rumbos, sacar leyes, limitar la voracidad de actores poderosos. Todo esto es lo que nos brinda la democracia y también la decisión política de dejar expresar la disidencia, sin represión; y eso no es poco y debemos mantenerlo a rajatabla pues estamos enfrentándonos a actores muy poderosos.
Norma Giarracca
Socióloga. Instituto Gino Germani.
Reiteraron rechazo a “minería hidrotóxica”
SANIDARIOS reiteraron rechazo a “minería hidrotóxica” y uso del cianuro
Fecha de Publicación: 05/10/2011
Fuente: ADN Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
La Asamblea por la sanidad de la cuenca del lago Nahuel Huapi y los ríos Limay, Neuquén y Negro, ratificó que “el agua es un derecho humano” y reiteró su rechazo a la minería hidrotóxica en Río Negro y toda “intención de derogar la Ley que prohíbe aquí la utilización de cianuro en minería”. También se plantearon críticas a la explotación de petróleo no convencional y al acuerdo agroalimentario con China.
1. Adjuntamos el texto de la denuncia formulada contra la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas AIC en la Fiscalía de la Justicia Federal en Viedma, vinculada a su responsabilidad indelegable de velar por la preservación ambiental de la Cuenca del lago Nahuel Huapi y los ríos Limay, Neuquén y Negro, obligación que ilegalmente ha sido comisionada a diversos organismos del Ministerio del Interior de la Nación y de las provincias de Neuquén, Buenos Aires y Río Negro.
2. Hacemos propicia esta presentación para reiterar nuestro rechazo a la minería hidrotóxica en la provincia de Río Negro, y toda intención de derogar la Ley que prohíbe aquí la utilización de cianuro en minería. La catástrofe humanitaria provocada por la ceniza volcánica en la Región Sur Rionegrina, ha despertado el interés de viles empresas mineras, las que escudadas en chatos políticos y la necesidad de la gente, mienten sobre la inocuidad ambiental y los beneficios económicos de la minería del agua envenenada.
3. De igual manera, rechazamos de plano la explotación de petróleo no convencional y gas de roca propiciados en las estepas de Río Negro y Neuquén, inconcebible sistema de extracción que consiste en la fractura horizontal de capas geológicas profundas con la inyección de enormes volúmenes de agua mezclada con químicos que fracturan la roca, destruyendo y envenenando en consecuencia el flujo de las napas hídricas subterraneas que desembocan en las cuencas de los ríos Neuquén, Limay y o Colorado.
4. La Asamblea SANIDARIOS se adhiere y acompaña a las Asambleas por la SOBERANIA ALIMENTARIA del Alto Valle, Valle Medio y Valle Inferior de la Provincia de Río Negro, en rechazo al convenio de entrega para la potestad del Estado de la República China de 320.000 hectáreas de valles rionegrinos y del puerto de aguas profundas de San Antonio Oeste. Este mismo Estado ya controla y explota la mina de Sierra Grande y su correspondiente puerto metalífero de la Provincia de Río Negro.
Fecha de Publicación: 05/10/2011
Fuente: ADN Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
La Asamblea por la sanidad de la cuenca del lago Nahuel Huapi y los ríos Limay, Neuquén y Negro, ratificó que “el agua es un derecho humano” y reiteró su rechazo a la minería hidrotóxica en Río Negro y toda “intención de derogar la Ley que prohíbe aquí la utilización de cianuro en minería”. También se plantearon críticas a la explotación de petróleo no convencional y al acuerdo agroalimentario con China.
1. Adjuntamos el texto de la denuncia formulada contra la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas AIC en la Fiscalía de la Justicia Federal en Viedma, vinculada a su responsabilidad indelegable de velar por la preservación ambiental de la Cuenca del lago Nahuel Huapi y los ríos Limay, Neuquén y Negro, obligación que ilegalmente ha sido comisionada a diversos organismos del Ministerio del Interior de la Nación y de las provincias de Neuquén, Buenos Aires y Río Negro.
2. Hacemos propicia esta presentación para reiterar nuestro rechazo a la minería hidrotóxica en la provincia de Río Negro, y toda intención de derogar la Ley que prohíbe aquí la utilización de cianuro en minería. La catástrofe humanitaria provocada por la ceniza volcánica en la Región Sur Rionegrina, ha despertado el interés de viles empresas mineras, las que escudadas en chatos políticos y la necesidad de la gente, mienten sobre la inocuidad ambiental y los beneficios económicos de la minería del agua envenenada.
3. De igual manera, rechazamos de plano la explotación de petróleo no convencional y gas de roca propiciados en las estepas de Río Negro y Neuquén, inconcebible sistema de extracción que consiste en la fractura horizontal de capas geológicas profundas con la inyección de enormes volúmenes de agua mezclada con químicos que fracturan la roca, destruyendo y envenenando en consecuencia el flujo de las napas hídricas subterraneas que desembocan en las cuencas de los ríos Neuquén, Limay y o Colorado.
4. La Asamblea SANIDARIOS se adhiere y acompaña a las Asambleas por la SOBERANIA ALIMENTARIA del Alto Valle, Valle Medio y Valle Inferior de la Provincia de Río Negro, en rechazo al convenio de entrega para la potestad del Estado de la República China de 320.000 hectáreas de valles rionegrinos y del puerto de aguas profundas de San Antonio Oeste. Este mismo Estado ya controla y explota la mina de Sierra Grande y su correspondiente puerto metalífero de la Provincia de Río Negro.
Gobernadora electa de Catamarca quiere "otra minería"
La gobernadora electa de Catamarca quiere "otra minería en beneficio de la gente"
Fecha de Publicación: 05/10/2011
Fuente: Telam
Provincia/Región: Catamarca
La gobernadora electa de Catamarca, la kirchnerista Lucía Corpacci, prometió hoy aquí, "una minería distinta", y que esté dirigida al beneficio de la gente e integrada con otras actividades económicas.
Tras criticar a la actual gestión minera del Frente Cívico y Social, Corpacci prometió que durante su gestión habrá una "minería distinta, integrada con otras actividades económicas en beneficio de la gente".
"Cuando la minería sólo sirve a un gobierno y no a la gente, algo está fallando y no se está cumpliendo con los objetivos de gobierno y de gestión", comentó.
La actual senadora nacional habló durante el acto de inauguración de un pozo de riego en la localidad de Loro Huasi, Santa María, financiado por el ente mixto Yacimientos Mineros Aguas de Dionicio (YMAD), destinado a beneficiar a una cooperativa de productores.
Acompañada por el diputado provincial, Raúl Chico, con quien gestionó la obra ante la empresa minera, Corpacci remarcó sus diferencias con "el actual formato minero reducido sólo al fisco", y se pronunció en favor de una minería que debe servir "para el desarrollo, la producción, el turismo, la educación, la salud y el trabajo".
Destacó el rol que tendrá la actividad minera en el plan productivo que está preparando junto a su equipo técnico, el cual apuntará a crear puestos de trabajo por fuera de la órbita del Estado, una de las promesas centrales de la campaña que culminó con su triunfo el 13 de marzo pasado.
"Uno de los objetivos de esta propuesta, es dar oportunidades a los jóvenes del interior, y "buscaremos lograr que esa franja, se queden a trabajar en sus localidades y en Catamarca", concluyó.
Fecha de Publicación: 05/10/2011
Fuente: Telam
Provincia/Región: Catamarca
La gobernadora electa de Catamarca, la kirchnerista Lucía Corpacci, prometió hoy aquí, "una minería distinta", y que esté dirigida al beneficio de la gente e integrada con otras actividades económicas.
Tras criticar a la actual gestión minera del Frente Cívico y Social, Corpacci prometió que durante su gestión habrá una "minería distinta, integrada con otras actividades económicas en beneficio de la gente".
"Cuando la minería sólo sirve a un gobierno y no a la gente, algo está fallando y no se está cumpliendo con los objetivos de gobierno y de gestión", comentó.
La actual senadora nacional habló durante el acto de inauguración de un pozo de riego en la localidad de Loro Huasi, Santa María, financiado por el ente mixto Yacimientos Mineros Aguas de Dionicio (YMAD), destinado a beneficiar a una cooperativa de productores.
Acompañada por el diputado provincial, Raúl Chico, con quien gestionó la obra ante la empresa minera, Corpacci remarcó sus diferencias con "el actual formato minero reducido sólo al fisco", y se pronunció en favor de una minería que debe servir "para el desarrollo, la producción, el turismo, la educación, la salud y el trabajo".
Destacó el rol que tendrá la actividad minera en el plan productivo que está preparando junto a su equipo técnico, el cual apuntará a crear puestos de trabajo por fuera de la órbita del Estado, una de las promesas centrales de la campaña que culminó con su triunfo el 13 de marzo pasado.
"Uno de los objetivos de esta propuesta, es dar oportunidades a los jóvenes del interior, y "buscaremos lograr que esa franja, se queden a trabajar en sus localidades y en Catamarca", concluyó.
Presupuesto 2012 no cumple con la Ley de Bosques
Organizaciones denuncian que el presupuesto 2012 no cumple con la Ley de Bosques
Fecha de Publicación: 04/10/2011
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Nacional
Los fondos para los bosques serían hasta 7 veces menores que lo que exige la ley
En una carta dirigida a todos los diputados nacionales, Greenpeace , FARN y Fundación Vida Silvestre mostraron su preocupación frente a la insuficiente partida prevista para la ley de Bosques en el proyecto de Ley de Presupuesto 2012 enviado por el Ejecutivo Nacional.
En ese sentido, las organizaciones sostienen en la carta que mientras que el proyecto de ley de presupuesto nacional para el 2012 destina una partida de $ 267.467.000 pesos al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, y $ 32.618.000 para el Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos (lo que totaliza $ 300.085.000), la Ley Nacional N° 26.331 de Protección de los Bosques Nativos dicta que las partidas presupuestarias anualmente asignadas “no podrán ser inferiores al 0,3% del presupuesto nacional”, y a esta suma debería adicionarse “el 2% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios de la agricultura, ganadería y sector forestal, correspondientes al año anterior del ejercicio en consideración”.
Esto significa que la suma asignada para la protección de los bosques nativos durante el año 2012 sería aproximadamente 5 a 7 veces menor a lo establecido en la legislación vigente.
Por dicha razón, las organizaciones firmantes llaman imperiosamente al Congreso Nacional a "modificar la partida correspondiente en el presupuesto del año 2012, para dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 31 de la ley 26.331, y honrar la voluntad de los argentinos de conservar nuestro patrimonio forestal nativo".
Fecha de Publicación: 04/10/2011
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Nacional
Los fondos para los bosques serían hasta 7 veces menores que lo que exige la ley
En una carta dirigida a todos los diputados nacionales, Greenpeace , FARN y Fundación Vida Silvestre mostraron su preocupación frente a la insuficiente partida prevista para la ley de Bosques en el proyecto de Ley de Presupuesto 2012 enviado por el Ejecutivo Nacional.
En ese sentido, las organizaciones sostienen en la carta que mientras que el proyecto de ley de presupuesto nacional para el 2012 destina una partida de $ 267.467.000 pesos al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, y $ 32.618.000 para el Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos (lo que totaliza $ 300.085.000), la Ley Nacional N° 26.331 de Protección de los Bosques Nativos dicta que las partidas presupuestarias anualmente asignadas “no podrán ser inferiores al 0,3% del presupuesto nacional”, y a esta suma debería adicionarse “el 2% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios de la agricultura, ganadería y sector forestal, correspondientes al año anterior del ejercicio en consideración”.
Esto significa que la suma asignada para la protección de los bosques nativos durante el año 2012 sería aproximadamente 5 a 7 veces menor a lo establecido en la legislación vigente.
Por dicha razón, las organizaciones firmantes llaman imperiosamente al Congreso Nacional a "modificar la partida correspondiente en el presupuesto del año 2012, para dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 31 de la ley 26.331, y honrar la voluntad de los argentinos de conservar nuestro patrimonio forestal nativo".
El fantasma del glifosato en el conurbano
El fantasma del glifosato se instala en el conurbano y preocupa por sus daños
Fecha de Publicación: 04/10/2011
Fuente: Diario El Sur del GBA
Provincia/Región: Buenos Aires
El uso de este peligroso agroquímico fue denunciado en varios distritos de la zona. Se usa en especial cerca de las estaciones para desmalezar. Lanús y Brown prohibieron su uso, pero hay denuncias de violaciones de las normas. Qué hay detrás de la peor cara del boom sojero.
Suelo arrasado, pastos quemados, olores nauseabundos y una atmósfera irritante. Ese es el panorama que queda luego del uso del glifosato, un agroquímico tristemente célebre en el país a partir del boom sojero. Pese a los distintos estudios que alertan sobre los problemas de salud y los daños ambientales que su uso tiene, el producto es el más utilizado en el sector agropecuario en la actualidad. Pero, además del campo, las zonas urbanas están especialmente amenazadas por su peligrosa presencia. Es que desde hace años se denuncia que en el conurbano se aplica glifosato en el desmalezamiento de zonas linderas a las estaciones ferroviarias. Por esto, varios distritos como Lanús o Vicente López prohibieron su uso, pero organizaciones ambientales aseguran que la restricción no se cumple. El peligro de su presencia alerta a los especialistas. Además del daño ambiental, este agroquímico está vinculado con varios efectos sanitarios graves, incluyendo defectos reproductivos, tumores y males neurológicos. Glifosato, un fantasma que se instaló en el conurbano.
El glifosato es un herbicida de amplio espectro, que los especialistas definen como “no selectivo”, utilizado para matar malezas en el campo o en zonas urbanas. Creado en la década del ’60, es el principio activo del Roundup (nombre comercial del herbicida de Monsanto) con el que se fumigan cultivos transgénicos de soja, maíz y algodón. Este tipo de cultivos resisten al compuesto sólo porque están preparados genéticamente para hacerlo.
Si bien tiene una larga historia en todo en el planeta, desde que la soja se instaló en el país como “cultivo de oro”, su nombre se conoce cada vez más. No es para menos. Según el Servicio para la Adquisición de Aplicaciones Agrobiotecnológicas (ISAAA), el glifosato es el agrotóxico “pilar” de la industria sojera argentina. “En el año 2007, la Argentina fue el segundo productor mundial de cultivos transgénicos con 19.1 millones de hectáreas, el 19 por ciento de la superficie destinada a este tipo de cultivos en todo el mundo. 16 millones de esas hectáreas están sembradas con soja, 2,8 millones con maíz y 400 mil con algodón”, expresa la entidad. De las plantaciones de soja, el 90 por ciento utiliza glifosato.
Un tóxico “urbanizado”
Pero la irrupción del agroquímico en el mundo de la soja se trasladó sorpresivamente al panorama urbano. En 2007, las primeras denuncias realizadas por vecinos de Vicente López con respecto al uso de glifosato para desmalezar zonas linderas a los espacios de circulación de trenes sacudieron a la opinión pública. Con el tiempo, su uso en forma de fumigación —más efectivo que la aspersión de otros productos— se popularizó pese al rechazo inicial. Las primeras denuncias llegaron en la zona norte, en el distrito de Vicente López, pero pronto la actividad llegó al sur del conurbano. Así, el año pasado, en los principales distritos de la región hubo denuncias de utilización de este producto en las estaciones ferroviarias. Todas las miradas apuntaron a la empresa que actualmente tiene la concesión del servicio: la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (UGOFE).
“Desde Libres del Sur trabajamos el tema del glifosato en las vías de la ex línea Roca, porque tuvimos denuncias de varias zonas de que estaban fumigando con ese elemento, como en la zona de Turdera, del triángulo de Temperley y en Claypole, donde con glifosato quemaron árboles recién forestados”, le recordó a Diario del Sur Ivanna Rezano, concejal de Almirante Brown. En ese distrito, como en Lanús o Lomas de Zamora, las denuncias vecinales llegaron a los Concejos Deliberantes, que en los últimos años aprobaron ordenanzas para prohibir su uso.
Las ordenanzas fueron aprobadas por unanimidad, pero no siempre se cumplen. Por esto, Rezano y otros concejales realizaron la denuncia ante la Defensoría del Pueblo de la Nación. Según confirmó Rezano a este medio, ante el requerimiento de la defensoría, la UGOFE “reconoce el uso del agroquímico en la zona de vías, pero amparándose en resolución de la Secretaría de Transportes de la Nación, desde la cual es aceptado el uso de estos productos en función de la ambigüedad de la Ley de Agroquímicos”.
En el caso de Almirante Brown, el HCD aprobó una ordenanza que establece la prohibición del uso de este producto con el objeto de proteger “la salud humana y del medio ambiente”. La ordenanza —que contó con el apoyo de todos los bloques— incluye a todos los espacios verdes dentro del territorio del municipio, lo que obliga a la comuna a crear un proyecto de régimen de sanciones administrativas y económicas en caso de incumplimiento.
En tanto, en el caso de Lanús, se aprobó una ordenanza que prohíbe el uso de agrotóxicos en todo el territorio local. La iniciativa fue impulsada por varias organizaciones ambientalistas, entre ella la ONG Oikos. Su titular, el ex concejal Vicente Piccirillo, destacó la participación de otras entidades, como la Asociación Guardianes del Ambiente, la Asociación Ecológica de Lanús y Eco-hábitat Nueva Frontera. “La ordenanza obliga al ejecutivo a actuar y cuando se sancione la fiscal impositiva, ahí la Municipalidad tendrá que establecer las multas para quienes no cumplan. Las sanciones pueden ser en dinero o administrativas, como las clausuras”, dijo Piccirillo.
Estos dos ejemplos muestran la preocupación de los distritos, medidas que se fueron dispersando en la región. Sin embargo, no fue suficiente.
Advertencias
Los esfuerzos locales tuvieron eco en la provincia de Buenos Aires, que comenzó a preocuparse por la situación y dar un marco general a la prohibición. Incluso, el Defensor del Pueblo bonaerense, Carlos Bonicatto, presentó la Resolución 32/11 que solicita iniciar investigaciones de oficio para determinar la probable incidencia en la salud de la población y en los alimentos para consumo, del uso de agroquímicos en la provincia. Por otra parte, recomienda a los Municipios que adopten las medidas pertinentes para un uso responsable de agroquímicos a los efectos de resguardar la salud humana y prevenir la contaminación del medio ambiente.
Si bien fuentes de la Defensoría le alertaron a Diario del Sur que esta resolución apunta fundamentalmente “a los distritos del interior que tienen actividad agrícola”, el uso en el conurbano existe. “La resolución fue formulada a raíz del trabajo que la Defensoría del Pueblo viene llevando adelante a través de diversas intervenciones en materia de medio ambiente”, dijeron desde la Defensoría.
Pero, pese a las ordenanzas, la UGOFE y otras empresas suelen desoír las normas. En este sentido, en Lomas de Zamora la Asamblea Finky Verde viene denunciando a la empresa ferroviaria por el uso de glifosato. Alrededor de ese parque, entre las vías que unen Temperley con Haedo, la entidad dijo que varias veces se usó el agroquímico para combatir la maleza.
Algunos especialistas aseguran que poco se podrá hacer si no se cambia la Ley de Agroquímicos provincial, que tiene cerca de 20 años y que el Ministerio de Asuntos Agrarios bonaerense busca modificar, cambiando el decreto reglamentario 499/91.
“Esperamos no tener que acudir a la Justicia. Es de buenas prácticas administrativas que los municipios y las provincias acomoden las normas al cuidado de la salud y el ambiente”, advirtió el titular de la Defensoría bonaerense.
Peligro inminente
Con la soja instalada en el horizonte inmediato de la economía del país, el glifosato tiene una larga vida entre nosotros. Por lo que será necesario hacer una fuerte revisión de los mecanismos para evitar que su uso no genere —en el interior y el conurbano— daños irreparables a la salud y el medio ambiente.
“Entendemos que UGOFE sigue utilizando glifosato, fundamentalmente porque la Nación no se lo prohíbe, y porque los gobiernos municipales en general miran para otro lado. Hay una gran red por la modificación de agroquímicos para que no se fumigue en zonas pobladas con estos productos”, analizó Rezano. La concejal de Brown recordó que en Santa Fe, por ejemplo, la provincia “ha presentado denuncias y resoluciones para que no fumiguen en zonas pobladas”.
En tanto, Piccirillo apuntó a las cuestiones prácticas: “la sanción económica, en casos de contaminación, no parece ser la mejor, porque las empresas prefieren pagar las multas y seguir contaminando”. Como sea, el fantasma está presente. Y millones de habitantes bajo su amenaza.
Los informes de salud que condenan al glifosato
Las advertencias lanzadas en todo el mundo por los riesgos que genera el glifosato se fueron acrecentando con el correr de los años, y en 2011 se incrementaron los informes contra su uso en zonas urbanas y rurales. Entre ellos, la ONG Greenpeace difundió un trabajo categórico contra el producto agroquímico.
“Tolerancia a herbicidas y cultivos transgénicos. Por qué el mundo debería estar preparado para abandonar el glifosato”, es un informe publicado por Greenpeace en julio de este año, y demuestra que los productos sobre la base del agroquímico pueden tener efectos adversos sobre la salud humana y animal y el ambiente. En este sentido, el informe advierte que la exposición de los seres humanos al glifosato “ha sido vinculada a varios efectos crónicos: reproductivos (defectos de nacimiento), cáncer, neurológicos (incluso implicado en causar el mal de Parkinson), y efectos agudos por el uso directo del producto por los agricultores o por la exposición de los habitantes”.
Además, el informe señala la preocupación de que los defectos congénitos experimentados por mujeres en la Argentina y Paraguay puedan ser consecuencia de su exposición al glifosato utilizado en cultivos de soja y arroz transgénicos. Se indica que estudios científicos demuestran el potencial del glifosato para interrumpir la reproducción, por su capacidad de causar daño mitocondrial, necrosis y muerte celular en células embrionarias y placentarias; y de causar alteraciones endócrinas, incluyendo la interrupción en la producción de progesterona y estrógenos, y el retraso en la pubertad masculina.
“Existe mucha evidencia científica de los efectos que el glifosato provoca en la salud. Debemos tomar esto muy en serio y llevar a cabo una reevaluación urgente de los impactos en la salud del glifosato y sus productos”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Biodiversidad de Greenpeace.
Además, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ha revelado que el glifosato y su desglose, el ácido aminometilfosfónico, conocido como AMPA, se encuentran con frecuencia en las precipitaciones y los ríos de la cuenca del Mississippi, donde se siembra la mayoría de los cultivos transgénicos tolerantes al glifosato. Los resultados del USGS se basan en dos estudios de la lluvia y las cuencas hidrográficas en las zonas agrícolas de la cuenca del Mississippi, donde está el "el mayor uso" de glifosato para controlar las malezas en maíz transgénico, la soja y el algodón tolerante a glifosato “Roundup”. Los informes del USGS de que el uso de glifosato aumentó en más de ocho veces, en los 15 años hasta el 2007, erosionan aún más el mito de que los cultivos transgénicos reducen el uso de productos químicos.
Fecha de Publicación: 04/10/2011
Fuente: Diario El Sur del GBA
Provincia/Región: Buenos Aires
El uso de este peligroso agroquímico fue denunciado en varios distritos de la zona. Se usa en especial cerca de las estaciones para desmalezar. Lanús y Brown prohibieron su uso, pero hay denuncias de violaciones de las normas. Qué hay detrás de la peor cara del boom sojero.
Suelo arrasado, pastos quemados, olores nauseabundos y una atmósfera irritante. Ese es el panorama que queda luego del uso del glifosato, un agroquímico tristemente célebre en el país a partir del boom sojero. Pese a los distintos estudios que alertan sobre los problemas de salud y los daños ambientales que su uso tiene, el producto es el más utilizado en el sector agropecuario en la actualidad. Pero, además del campo, las zonas urbanas están especialmente amenazadas por su peligrosa presencia. Es que desde hace años se denuncia que en el conurbano se aplica glifosato en el desmalezamiento de zonas linderas a las estaciones ferroviarias. Por esto, varios distritos como Lanús o Vicente López prohibieron su uso, pero organizaciones ambientales aseguran que la restricción no se cumple. El peligro de su presencia alerta a los especialistas. Además del daño ambiental, este agroquímico está vinculado con varios efectos sanitarios graves, incluyendo defectos reproductivos, tumores y males neurológicos. Glifosato, un fantasma que se instaló en el conurbano.
El glifosato es un herbicida de amplio espectro, que los especialistas definen como “no selectivo”, utilizado para matar malezas en el campo o en zonas urbanas. Creado en la década del ’60, es el principio activo del Roundup (nombre comercial del herbicida de Monsanto) con el que se fumigan cultivos transgénicos de soja, maíz y algodón. Este tipo de cultivos resisten al compuesto sólo porque están preparados genéticamente para hacerlo.
Si bien tiene una larga historia en todo en el planeta, desde que la soja se instaló en el país como “cultivo de oro”, su nombre se conoce cada vez más. No es para menos. Según el Servicio para la Adquisición de Aplicaciones Agrobiotecnológicas (ISAAA), el glifosato es el agrotóxico “pilar” de la industria sojera argentina. “En el año 2007, la Argentina fue el segundo productor mundial de cultivos transgénicos con 19.1 millones de hectáreas, el 19 por ciento de la superficie destinada a este tipo de cultivos en todo el mundo. 16 millones de esas hectáreas están sembradas con soja, 2,8 millones con maíz y 400 mil con algodón”, expresa la entidad. De las plantaciones de soja, el 90 por ciento utiliza glifosato.
Un tóxico “urbanizado”
Pero la irrupción del agroquímico en el mundo de la soja se trasladó sorpresivamente al panorama urbano. En 2007, las primeras denuncias realizadas por vecinos de Vicente López con respecto al uso de glifosato para desmalezar zonas linderas a los espacios de circulación de trenes sacudieron a la opinión pública. Con el tiempo, su uso en forma de fumigación —más efectivo que la aspersión de otros productos— se popularizó pese al rechazo inicial. Las primeras denuncias llegaron en la zona norte, en el distrito de Vicente López, pero pronto la actividad llegó al sur del conurbano. Así, el año pasado, en los principales distritos de la región hubo denuncias de utilización de este producto en las estaciones ferroviarias. Todas las miradas apuntaron a la empresa que actualmente tiene la concesión del servicio: la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (UGOFE).
“Desde Libres del Sur trabajamos el tema del glifosato en las vías de la ex línea Roca, porque tuvimos denuncias de varias zonas de que estaban fumigando con ese elemento, como en la zona de Turdera, del triángulo de Temperley y en Claypole, donde con glifosato quemaron árboles recién forestados”, le recordó a Diario del Sur Ivanna Rezano, concejal de Almirante Brown. En ese distrito, como en Lanús o Lomas de Zamora, las denuncias vecinales llegaron a los Concejos Deliberantes, que en los últimos años aprobaron ordenanzas para prohibir su uso.
Las ordenanzas fueron aprobadas por unanimidad, pero no siempre se cumplen. Por esto, Rezano y otros concejales realizaron la denuncia ante la Defensoría del Pueblo de la Nación. Según confirmó Rezano a este medio, ante el requerimiento de la defensoría, la UGOFE “reconoce el uso del agroquímico en la zona de vías, pero amparándose en resolución de la Secretaría de Transportes de la Nación, desde la cual es aceptado el uso de estos productos en función de la ambigüedad de la Ley de Agroquímicos”.
En el caso de Almirante Brown, el HCD aprobó una ordenanza que establece la prohibición del uso de este producto con el objeto de proteger “la salud humana y del medio ambiente”. La ordenanza —que contó con el apoyo de todos los bloques— incluye a todos los espacios verdes dentro del territorio del municipio, lo que obliga a la comuna a crear un proyecto de régimen de sanciones administrativas y económicas en caso de incumplimiento.
En tanto, en el caso de Lanús, se aprobó una ordenanza que prohíbe el uso de agrotóxicos en todo el territorio local. La iniciativa fue impulsada por varias organizaciones ambientalistas, entre ella la ONG Oikos. Su titular, el ex concejal Vicente Piccirillo, destacó la participación de otras entidades, como la Asociación Guardianes del Ambiente, la Asociación Ecológica de Lanús y Eco-hábitat Nueva Frontera. “La ordenanza obliga al ejecutivo a actuar y cuando se sancione la fiscal impositiva, ahí la Municipalidad tendrá que establecer las multas para quienes no cumplan. Las sanciones pueden ser en dinero o administrativas, como las clausuras”, dijo Piccirillo.
Estos dos ejemplos muestran la preocupación de los distritos, medidas que se fueron dispersando en la región. Sin embargo, no fue suficiente.
Advertencias
Los esfuerzos locales tuvieron eco en la provincia de Buenos Aires, que comenzó a preocuparse por la situación y dar un marco general a la prohibición. Incluso, el Defensor del Pueblo bonaerense, Carlos Bonicatto, presentó la Resolución 32/11 que solicita iniciar investigaciones de oficio para determinar la probable incidencia en la salud de la población y en los alimentos para consumo, del uso de agroquímicos en la provincia. Por otra parte, recomienda a los Municipios que adopten las medidas pertinentes para un uso responsable de agroquímicos a los efectos de resguardar la salud humana y prevenir la contaminación del medio ambiente.
Si bien fuentes de la Defensoría le alertaron a Diario del Sur que esta resolución apunta fundamentalmente “a los distritos del interior que tienen actividad agrícola”, el uso en el conurbano existe. “La resolución fue formulada a raíz del trabajo que la Defensoría del Pueblo viene llevando adelante a través de diversas intervenciones en materia de medio ambiente”, dijeron desde la Defensoría.
Pero, pese a las ordenanzas, la UGOFE y otras empresas suelen desoír las normas. En este sentido, en Lomas de Zamora la Asamblea Finky Verde viene denunciando a la empresa ferroviaria por el uso de glifosato. Alrededor de ese parque, entre las vías que unen Temperley con Haedo, la entidad dijo que varias veces se usó el agroquímico para combatir la maleza.
Algunos especialistas aseguran que poco se podrá hacer si no se cambia la Ley de Agroquímicos provincial, que tiene cerca de 20 años y que el Ministerio de Asuntos Agrarios bonaerense busca modificar, cambiando el decreto reglamentario 499/91.
“Esperamos no tener que acudir a la Justicia. Es de buenas prácticas administrativas que los municipios y las provincias acomoden las normas al cuidado de la salud y el ambiente”, advirtió el titular de la Defensoría bonaerense.
Peligro inminente
Con la soja instalada en el horizonte inmediato de la economía del país, el glifosato tiene una larga vida entre nosotros. Por lo que será necesario hacer una fuerte revisión de los mecanismos para evitar que su uso no genere —en el interior y el conurbano— daños irreparables a la salud y el medio ambiente.
“Entendemos que UGOFE sigue utilizando glifosato, fundamentalmente porque la Nación no se lo prohíbe, y porque los gobiernos municipales en general miran para otro lado. Hay una gran red por la modificación de agroquímicos para que no se fumigue en zonas pobladas con estos productos”, analizó Rezano. La concejal de Brown recordó que en Santa Fe, por ejemplo, la provincia “ha presentado denuncias y resoluciones para que no fumiguen en zonas pobladas”.
En tanto, Piccirillo apuntó a las cuestiones prácticas: “la sanción económica, en casos de contaminación, no parece ser la mejor, porque las empresas prefieren pagar las multas y seguir contaminando”. Como sea, el fantasma está presente. Y millones de habitantes bajo su amenaza.
Los informes de salud que condenan al glifosato
Las advertencias lanzadas en todo el mundo por los riesgos que genera el glifosato se fueron acrecentando con el correr de los años, y en 2011 se incrementaron los informes contra su uso en zonas urbanas y rurales. Entre ellos, la ONG Greenpeace difundió un trabajo categórico contra el producto agroquímico.
“Tolerancia a herbicidas y cultivos transgénicos. Por qué el mundo debería estar preparado para abandonar el glifosato”, es un informe publicado por Greenpeace en julio de este año, y demuestra que los productos sobre la base del agroquímico pueden tener efectos adversos sobre la salud humana y animal y el ambiente. En este sentido, el informe advierte que la exposición de los seres humanos al glifosato “ha sido vinculada a varios efectos crónicos: reproductivos (defectos de nacimiento), cáncer, neurológicos (incluso implicado en causar el mal de Parkinson), y efectos agudos por el uso directo del producto por los agricultores o por la exposición de los habitantes”.
Además, el informe señala la preocupación de que los defectos congénitos experimentados por mujeres en la Argentina y Paraguay puedan ser consecuencia de su exposición al glifosato utilizado en cultivos de soja y arroz transgénicos. Se indica que estudios científicos demuestran el potencial del glifosato para interrumpir la reproducción, por su capacidad de causar daño mitocondrial, necrosis y muerte celular en células embrionarias y placentarias; y de causar alteraciones endócrinas, incluyendo la interrupción en la producción de progesterona y estrógenos, y el retraso en la pubertad masculina.
“Existe mucha evidencia científica de los efectos que el glifosato provoca en la salud. Debemos tomar esto muy en serio y llevar a cabo una reevaluación urgente de los impactos en la salud del glifosato y sus productos”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Biodiversidad de Greenpeace.
Además, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ha revelado que el glifosato y su desglose, el ácido aminometilfosfónico, conocido como AMPA, se encuentran con frecuencia en las precipitaciones y los ríos de la cuenca del Mississippi, donde se siembra la mayoría de los cultivos transgénicos tolerantes al glifosato. Los resultados del USGS se basan en dos estudios de la lluvia y las cuencas hidrográficas en las zonas agrícolas de la cuenca del Mississippi, donde está el "el mayor uso" de glifosato para controlar las malezas en maíz transgénico, la soja y el algodón tolerante a glifosato “Roundup”. Los informes del USGS de que el uso de glifosato aumentó en más de ocho veces, en los 15 años hasta el 2007, erosionan aún más el mito de que los cultivos transgénicos reducen el uso de productos químicos.
Glifosato: tres pueblos acuden a la justicia
Otros tres pueblos santafesinos acuden a la justicia contra el glifosato
Fecha de Publicación: 03/10/2011
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Santa Fe
Sociedad / En San Jorge, donde las muertes por cáncer aumentaron un 30%, un fallo impide la fumigación. En Ibarlucea, abogados ambientalistas denuncian aprietes. Y en La Criolla liberaron de agroquímicos la zona urbana, pero no los cursos de agua.
Qué tienen en común pueblos como San Jorge, Ibarlucea o La Criolla? Además de estar todos en la provincia de Santa Fe, comparten un triste destino que, boom sojero mediante, los está convirtiendo en pueblos fumigados, donde escuelas, casas y barrios enteros no se salvan del afán agropecuario, sólo preocupado por el rinde de la semilla.
Hay otros indicadores, preocupantes, que crecen al ritmo de la producción sojera. Hace tiempo que Alicia Boscatto, subjefa del Registro Civil de San Jorge, comenzó a contar los fallecimientos registrados por cáncer. La cifra hiela la sangre: un 30% más que hace tres años. A ella se suma el doctor Ángel Bracco, que constata esos efectos en su consultorio y curiosamente explica a Tiempo Argentino que “muchos llegan a la consulta preocupados por su falta de rendimiento sexual, sin saber que los pesticidas inciden en los procesos hormonales de un modo notable”.
Bracco enumera además alergias severas, cuadros de hipotiroidismo, cáncer de tiroides y de páncreas que superan su capacidad de asombro. “El estado de la salud pública aquí es inversamente proporcional al enriquecimiento sojero”, dice, contundente, y agrega que cada vez son más visibles los aumentos en las tasas de infertilidad por el efecto endócrino.
“Fumigan a la noche y la gente se siente mal por la mañana, pero yo, por ejemplo, tengo alergia, me pica todo el cuerpo y la cabeza como si tuviese piojos, y me hice un análisis porque tengo alteraciones de la flora intestinal como si fuese celíaca, pero no lo soy. Me están apareciendo cosas que jamás tuve en la vida”, se queja ante Tiempo Argentino una vecina, que no quiere dar su nombre y que vive justo enfrente de un silo sojero, en San Jorge, ubicado peligrosamente junto a una plaza donde juegan niños.
Héctor Lombarte, responsable de una de las obras sociales del pueblo, reseña que en los últimos tres años “los casos de cáncer que llegan hasta nuestra institución treparon un 400%”.
La justicia llegó a San Jorge a partir de las denuncias de la vecina Viviana Peralta sobre el modo en que cada fumigación afectaba a su hija Ailén prácticamente desde que nació. Ellos, junto a otros vecinos del Barrio Urquiza, recurrieron a todas las instancias judiciales y, además, revolearon unos cuantos cascotazos contra los “mosquitos” (las máquinas fumigadoras), logrando que un fallo judicial impida la fumigación en esa zona que, pese a estar pegada a los campos, sigue siendo urbana.
La medida, no obstante, sólo protege al barrio en cuestión y no a todo el pueblo. Como la provincia de Santa Fe se negó a realizar estudios, el fallo es precautorio: la prohibición ante el riesgo y amenaza para la salud. Pero en San Jorge, hasta las banquinas tienen soja.
EL FALLO ESCONDIDO. Ibarlucea es otro pueblo rural ubicado a pocos kilómetros de Rosario. Allí, la vecina María Celeste Bravo inició una acción legal contra la comuna santafesina por las fumigaciones que se realizan casi de modo constante y apenas a 100 metros de áreas habitadas.
Tras más de 150 días desde la prescripción del plazo legal, todo sigue igual y el juez tampoco se expidió sobre la medida cautelar solicitada. Fuentes judiciales de la provincia de Santa Fe advirtieron a Tiempo sobre una posible recusación al magistrado Néstor Osvaldo García. Por lo pronto, el intendente de Ibarlucea, Juan José Prino, ordenó fumigar a 100 metros de la casa de la familia demandante, cuando la ley provincial estipula 500 como mínimo.
La abogada ambientalista Graciela Gómez, que representa a la familia Bravo, denunció que recibió amenazas en la puerta del juzgado por parte de Eduardo Sosa, el abogado de la comuna de Ibarlucea. En el Juzgado Civil N°6 de Rosario no le dejan ver el expediente. “Una vez más la justicia santafesina demuestra que los jueces sojeros están al servicio de la producción, y del envenenamiento antes que la vida”, dijo Gómez, y agregó: “Los voy a llevar a la Corte de ser necesario, a mí no me van a correr con sus mañas procesales ni con sus amenazas.”
LA TIERRA SÍ, EL AGUA NO. Después de largos debates y contratiempos, Oscar Brasca, vecino de La Criolla, puede sonreír, aunque no del todo. “Hoy tenemos la zona urbana libre de pesticidas”, le cuenta a este diario, “pero no los ríos, lagunas y humedales que lindan con lotes sojeros, de modo que, aunque sea en forma parcial, la contaminación sigue. Medio Ambiente de la provincia hace caso omiso a las quejas que presentamos porque, luego de fumigar, dejan los residuos y bidones de glifosato tirados, inclusive cerca de tomas de agua”, subraya preocupado.
Oscar es un referente en el norte de Santa Fe, por la experiencia adquirida durante años de lucha contra la fumigación. Cuenta que en el pueblo vecino, Vera y Pintado, “siembran hasta la última calle de la localidad”, pero advierte que parte de la batalla se gana educando: “Yo doy talleres en los colegios para que padres y chicos sepan sobre los peligros y puedan organizarse igual que nosotros.”
Respecto de las escuelas, un dato más viene a pintar de lleno cuál es el panorama en la provincia fumigada. Hace tres meses, al menos tres escuelas rurales sufrieron las consecuencias de fumigaciones en terrenos linderos e inclusive en el mismo espacio ocupado por los colegios, según denunció el Centro de Protección a la Naturaleza (Cepronat). “Mosquitos y avionetas han realizado fumigaciones a escasísima distancia de establecimientos educativos, algunas a 15 metros, y con los alumnos en clase”, informó esa ONG en un comunicado.
Las escuelas rurales primarias de Paraje El Ombú (cerca de Arroyo Seco), Villa Amelia (vecina a Rosario) y Paraje El Mataco fueron las últimas, pero son apenas una muestra de lo que sucede con las más de 800 escuelas rurales de la provincia. Desde el Cepronat grafican: “Reciben las gotas de veneno sobre las cabezas de docentes y alumnos.”
Fecha de Publicación: 03/10/2011
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Santa Fe
Sociedad / En San Jorge, donde las muertes por cáncer aumentaron un 30%, un fallo impide la fumigación. En Ibarlucea, abogados ambientalistas denuncian aprietes. Y en La Criolla liberaron de agroquímicos la zona urbana, pero no los cursos de agua.
Qué tienen en común pueblos como San Jorge, Ibarlucea o La Criolla? Además de estar todos en la provincia de Santa Fe, comparten un triste destino que, boom sojero mediante, los está convirtiendo en pueblos fumigados, donde escuelas, casas y barrios enteros no se salvan del afán agropecuario, sólo preocupado por el rinde de la semilla.
Hay otros indicadores, preocupantes, que crecen al ritmo de la producción sojera. Hace tiempo que Alicia Boscatto, subjefa del Registro Civil de San Jorge, comenzó a contar los fallecimientos registrados por cáncer. La cifra hiela la sangre: un 30% más que hace tres años. A ella se suma el doctor Ángel Bracco, que constata esos efectos en su consultorio y curiosamente explica a Tiempo Argentino que “muchos llegan a la consulta preocupados por su falta de rendimiento sexual, sin saber que los pesticidas inciden en los procesos hormonales de un modo notable”.
Bracco enumera además alergias severas, cuadros de hipotiroidismo, cáncer de tiroides y de páncreas que superan su capacidad de asombro. “El estado de la salud pública aquí es inversamente proporcional al enriquecimiento sojero”, dice, contundente, y agrega que cada vez son más visibles los aumentos en las tasas de infertilidad por el efecto endócrino.
“Fumigan a la noche y la gente se siente mal por la mañana, pero yo, por ejemplo, tengo alergia, me pica todo el cuerpo y la cabeza como si tuviese piojos, y me hice un análisis porque tengo alteraciones de la flora intestinal como si fuese celíaca, pero no lo soy. Me están apareciendo cosas que jamás tuve en la vida”, se queja ante Tiempo Argentino una vecina, que no quiere dar su nombre y que vive justo enfrente de un silo sojero, en San Jorge, ubicado peligrosamente junto a una plaza donde juegan niños.
Héctor Lombarte, responsable de una de las obras sociales del pueblo, reseña que en los últimos tres años “los casos de cáncer que llegan hasta nuestra institución treparon un 400%”.
La justicia llegó a San Jorge a partir de las denuncias de la vecina Viviana Peralta sobre el modo en que cada fumigación afectaba a su hija Ailén prácticamente desde que nació. Ellos, junto a otros vecinos del Barrio Urquiza, recurrieron a todas las instancias judiciales y, además, revolearon unos cuantos cascotazos contra los “mosquitos” (las máquinas fumigadoras), logrando que un fallo judicial impida la fumigación en esa zona que, pese a estar pegada a los campos, sigue siendo urbana.
La medida, no obstante, sólo protege al barrio en cuestión y no a todo el pueblo. Como la provincia de Santa Fe se negó a realizar estudios, el fallo es precautorio: la prohibición ante el riesgo y amenaza para la salud. Pero en San Jorge, hasta las banquinas tienen soja.
EL FALLO ESCONDIDO. Ibarlucea es otro pueblo rural ubicado a pocos kilómetros de Rosario. Allí, la vecina María Celeste Bravo inició una acción legal contra la comuna santafesina por las fumigaciones que se realizan casi de modo constante y apenas a 100 metros de áreas habitadas.
Tras más de 150 días desde la prescripción del plazo legal, todo sigue igual y el juez tampoco se expidió sobre la medida cautelar solicitada. Fuentes judiciales de la provincia de Santa Fe advirtieron a Tiempo sobre una posible recusación al magistrado Néstor Osvaldo García. Por lo pronto, el intendente de Ibarlucea, Juan José Prino, ordenó fumigar a 100 metros de la casa de la familia demandante, cuando la ley provincial estipula 500 como mínimo.
La abogada ambientalista Graciela Gómez, que representa a la familia Bravo, denunció que recibió amenazas en la puerta del juzgado por parte de Eduardo Sosa, el abogado de la comuna de Ibarlucea. En el Juzgado Civil N°6 de Rosario no le dejan ver el expediente. “Una vez más la justicia santafesina demuestra que los jueces sojeros están al servicio de la producción, y del envenenamiento antes que la vida”, dijo Gómez, y agregó: “Los voy a llevar a la Corte de ser necesario, a mí no me van a correr con sus mañas procesales ni con sus amenazas.”
LA TIERRA SÍ, EL AGUA NO. Después de largos debates y contratiempos, Oscar Brasca, vecino de La Criolla, puede sonreír, aunque no del todo. “Hoy tenemos la zona urbana libre de pesticidas”, le cuenta a este diario, “pero no los ríos, lagunas y humedales que lindan con lotes sojeros, de modo que, aunque sea en forma parcial, la contaminación sigue. Medio Ambiente de la provincia hace caso omiso a las quejas que presentamos porque, luego de fumigar, dejan los residuos y bidones de glifosato tirados, inclusive cerca de tomas de agua”, subraya preocupado.
Oscar es un referente en el norte de Santa Fe, por la experiencia adquirida durante años de lucha contra la fumigación. Cuenta que en el pueblo vecino, Vera y Pintado, “siembran hasta la última calle de la localidad”, pero advierte que parte de la batalla se gana educando: “Yo doy talleres en los colegios para que padres y chicos sepan sobre los peligros y puedan organizarse igual que nosotros.”
Respecto de las escuelas, un dato más viene a pintar de lleno cuál es el panorama en la provincia fumigada. Hace tres meses, al menos tres escuelas rurales sufrieron las consecuencias de fumigaciones en terrenos linderos e inclusive en el mismo espacio ocupado por los colegios, según denunció el Centro de Protección a la Naturaleza (Cepronat). “Mosquitos y avionetas han realizado fumigaciones a escasísima distancia de establecimientos educativos, algunas a 15 metros, y con los alumnos en clase”, informó esa ONG en un comunicado.
Las escuelas rurales primarias de Paraje El Ombú (cerca de Arroyo Seco), Villa Amelia (vecina a Rosario) y Paraje El Mataco fueron las últimas, pero son apenas una muestra de lo que sucede con las más de 800 escuelas rurales de la provincia. Desde el Cepronat grafican: “Reciben las gotas de veneno sobre las cabezas de docentes y alumnos.”
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