El ambiente a la cabeza de los temas de la CSJ
10:07 | 
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Eco Sitio |
Derecho ambiental, a la cabeza de los temas de la Corte Suprema de Justicia
Fecha de Publicación: 12/10/2011
Fuente: Diario BAE
Provincia/Región: Nacional
La Matanza-Riachuelo fue el leading case que puso en primera plana al derecho ambiental como política de Estado. Glaciares, ley de tierras, basurales, son otros casos resonantes. Pero ¿son respetadas las disposiciones judiciales en materia de medioambiente?
El saneamiento del Riachuelo se convirtió en un caso emblemático de un país que no hace mucho empezó a contar con la incidencia de la Justicia para que se lleven a cabo políticas ambientales.
En este contexto, la problemática medioambiental comenzó a proyectarse este año y lo hace fuertemente de cara a 2012, según explicó a BAE el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, como uno de los temas sobre los cuales el máximo tribunal está trabajando intensamente. “Se están viviendo momentos muy difíciles en el mundo. Vemos que hay una gran indiferencia por parte de los líderes mundiales acerca de la protección del medioambiente y hay una temeridad de cómo están actuando porque se están tomando decisiones que pueden llevar a una catástrofe ambiental; entonces nosotros tenemos una postura muy firme y somos una de las Cortes más avanzadas en el mundo en materia ambiental por el tipo de decisiones que hemos tomado”, detalló Lorenzetti. Mediante estas resoluciones judiciales, la Corte ha asumido un rol activo en la toma de decisiones ambientales, competencias que en principio deberían haber sido llevadas a cabo por un ministerio nacional que priorice la salud y los recursos naturales de la ciudadanía.
El titular de la Corte sostuvo que el año próximo se llevará a cabo la reunión mundial Río + 20, donde el tribunal argentino fue convocado a compartir su experiencia sobre el trabajo realizado en el Riachuelo.
“Se trata de una causa emblemática porque a través de la intervención de la Corte se puso en marcha una política de Estado”, explica a BAE el abogado de la ONG Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Andrés Nápoli.
En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia dio potestad al juez federal de Quilmes, Luis Armella, para que proceda en un conflicto que trae consigo más de quince años de desatención. Así, los más recientes avances de la causa llevaron a que días atrás el magistrado ordenara la clausura de veinte empresas ubicadas sobre el Riachuelo, en el marco de la ejecución de la sentencia dictada por la Corte Suprema en la causa “Mendoza”, en donde el máximo saneamiento integral de esa cuenca donde trabajen de manera conjunta los gobiernos nacional, provincial y de la Ciudad de Buenos Aires.
Según coincidieron especialistas consultados por BAE, “el ambiental es un derecho colectivo que involucra al conjunto de los ciudadanos y que debe ser atendido tanto a nivel político como por parte del estamento judicial que debe tomar cartas en el asunto para proteger a las personas”.
Desde el juzgado advirtieron a BAE que los pasos a seguir serán continuar desarrollando fiscalizaciones e instando a que la autoridad de la cuenca, Acumar, siga trabajando en pos de completar el trabajo de saneamiento que, según informaron autoridades oficiales, vería su etapa de culminación en 2016.
Cabe destacar que Acumar fue creada en al año 2006 por ley 26.168, y se encuentra complementada por las leyes de presupuestos mínimos en materia ambiental, entre las que se destaca la Ley General del Ambiente 25.675 y la Ley de Acceso a la Información Pública Ambiental 25.831, mientras que en órbita penal-federal se imponen las reglas de la Ley de Residuos Peligrosos 24.051.
En este plano, una de las mayores obras sobre las que hizo foco la Justicia es avanzar en la liberación del camino de sirga, para dar paso al cumplimiento con la relocalización de más de 1.300 familias que se encuentran apostadas a orillas del Riachuelo. Cabe destacar que para llevar adelante estas obras el presupuesto asignado en 2011 fue de 424.790.153 pesos.
CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS
“En el plano medioambiental es importante preguntarse qué grado de cumplimiento tienen las órdenes judiciales”, con esta frase Nápoli pone de manifiesto uno de los grandes temas que transita la justicia ambiental y que resulta un reclamo constante entre los actores judiciales que se desempeñan en este ámbito: la preocupante falta de acatamiento de las sentencias. “Los incumplimientos se dan porque estas acciones judiciales son obligaciones de hacer. En la causa Riachuelo, por ejemplo, hubo una sentencia histórica, el gran interrogante que siempre surge es si esa sentencia se va a cumplir y cómo se va a lograr definitivamente”, señala Nápoli.
Al respecto, la diputada nacional Alicia Comelli, autora de una batería de proyectos sobre sustentabilidad y preservación de recursos naturales, sostiene la necesidad de que “se cree una justicia especializada en temas medioambientales”, razón por lo cual avanza en la Cámara baja un proyecto de ley para la creación de un fuero ambiental “de manera que la Justicia pueda especializarse en el análisis de la temática; para esto se necesita un urgente debate parlamentario para que se logre dar un avance contundente a nivel político y judicial”. En forma complementaria, otras propuestas novedosas vienen de la mano de las fiscalías ambientales, del aumento de la mediación ambiental e incluso la creación de tribunales de menor cuantía que apunten a descomprimir a los juzgados de causas de menor prioridad.
OTRAS ÁREAS
Desde el año pasado la Ley de Glaciares 26.639 se convirtió en un tema central dado que, según explica Nápoli, “el Congreso sancionó una nueva legislación que no ha podido implementarse de la manera en que debería, dado que por ejemplo jueces federales de San Juan emitieron una serie de medidas cautelares que prohibieron la aplicación de la norma de manera directa, por lo tanto esa es una materia pendiente aún que está siendo estudiada por la Corte Suprema de Justicia”. Ante las presentaciones del gobierno de San Juan y de las empresas mineras para que se dejara sin efecto la norma –dado que, según aducían, la misma era violatoria de los derechos adquiridos y contratados con anterioridad– desde FARN entienden que “la ley sancionada por el Congreso no tiene que ver con la vulneración de los derechos, sino que con la protección de un bien que es superior. Creemos que la Corte va a fallar en favor de la vigencia de la ley”.
Otro de los temas centrales sobre el que los abogados ambientalistas hacen foco es la Ley de Protección de Bosques Nativos 26.331 mediante la que se estableció un ordenamiento del territorio de todas las provincias del país. “Se trata de otro tema judicializado, dado que ante el freno que existe en este tema, se han llevado a cabo muchas presentaciones judiciales en las distintas provincias”, sostiene Nápoli.
En el mismo sentido, el consultor jurídico Máximo Cafici sostuvo que “el derecho ambiental y su juego armónico con la Constitución Nacional permitieron –a través de decisiones judiciales aisladas que podrán ser revisadas– que surjan grietas que limitan el avance de normas clave para la defensa ambiental como la protección de los glaciares y los bosques nativos, fuentes esenciales de la biodiversidad. Una evaluación ambiental previa y estratégica podría ser una solución pacífica para que en el futuro mantengamos los recursos naturales que nos identifican en nuestro territorio”.
En este escenario, la justicia nacional –con el accionar de la Corte a la cabeza– comienza a transitar con mayor responsabilidad y entendimiento sobre los temas medioambientales que afectan los derechos de los ciudadanos; sin dudas, en materia de derecho medioambiental falta un largo camino por recorrer, pero desde distintos sectores buscan fortalecer un trabajo conjunto que combine el accionar de la política y la Justicia para lograr políticas de Estado concretas en pos de dar cumplimiento al artículo 41 de la Constitución Nacional que exige por el derecho de todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano.
LEY DE TIERRAS. RECHAZO A LOS ARGUMENTOS DE INCONSTITUCIONALIDAD
Existen casi veinte iniciativas que buscan fijar normas para la tenencia de tierras, en especial en manos de extranjeros pero, a pesar de que la presidenta Cristina Fernández hizo especial foco en el tema, hay una clara resistencia de la oposición para la salida del proyecto.
Ante las declaraciones de inconstitucionalidad a la iniciativa de protección al dominio de tierras rurales, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, rechazó estos argumentos, sobre lo cual el ministro de Justicia, Julio Alak, sostuvo que se trata de una cuestión de “soberanía”.
El proyecto busca limitar a 1.000 hectáreas la tenencia de campos por parte de extranjeros y prevé la creación de un registro único nacional de propiedades, para limitar a 20% el dominio por parte de no nacionales, si bien no modifica los derechos adquiridos por los actuales terratenientes.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos consideró que el proyecto de ley de protección al dominio nacional del suelo impulsado por la Presidenta “satisface una demanda de fuerte contenido nacional, porque es una cuestión de soberanía de Estado defender un recurso estratégico no renovable” y agregó que “en los últimos años Argentina ha experimentado un gran avance en materia registral”. En ese orden, explicó que “el Registro Nacional de Tierras Rurales tendrá como base el Sistema Nacional de Información de los Registros de la Propiedad Inmueble (SiNaRePI)” con el que cuenta la cartera a su cargo.
El ministro de Justicia señaló que “el SiNaRePI es un instrumento implementado a partir de observaciones formuladas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con relación a la necesidad de contar con un acceso unificado a la información inmobiliaria por parte de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de los organismos judiciales”.
Luego de aclarar que “en ningún caso se suplantarán los recaudos registrales de cada jurisdicción”, Alak subrayó que el sistema “recabará información de todas las jurisdicciones adheridas, permitirá conformar la base de datos de tierras rurales y confrontar la información obtenida a partir del censo de tierras rurales y de las declaraciones juradas obligatorias, previstas en el proyecto, facilitando y agilizando la constatación de los inmuebles rurales en manos de extranjeros”.
Fecha de Publicación: 12/10/2011
Fuente: Diario BAE
Provincia/Región: Nacional
La Matanza-Riachuelo fue el leading case que puso en primera plana al derecho ambiental como política de Estado. Glaciares, ley de tierras, basurales, son otros casos resonantes. Pero ¿son respetadas las disposiciones judiciales en materia de medioambiente?
El saneamiento del Riachuelo se convirtió en un caso emblemático de un país que no hace mucho empezó a contar con la incidencia de la Justicia para que se lleven a cabo políticas ambientales.
En este contexto, la problemática medioambiental comenzó a proyectarse este año y lo hace fuertemente de cara a 2012, según explicó a BAE el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, como uno de los temas sobre los cuales el máximo tribunal está trabajando intensamente. “Se están viviendo momentos muy difíciles en el mundo. Vemos que hay una gran indiferencia por parte de los líderes mundiales acerca de la protección del medioambiente y hay una temeridad de cómo están actuando porque se están tomando decisiones que pueden llevar a una catástrofe ambiental; entonces nosotros tenemos una postura muy firme y somos una de las Cortes más avanzadas en el mundo en materia ambiental por el tipo de decisiones que hemos tomado”, detalló Lorenzetti. Mediante estas resoluciones judiciales, la Corte ha asumido un rol activo en la toma de decisiones ambientales, competencias que en principio deberían haber sido llevadas a cabo por un ministerio nacional que priorice la salud y los recursos naturales de la ciudadanía.
El titular de la Corte sostuvo que el año próximo se llevará a cabo la reunión mundial Río + 20, donde el tribunal argentino fue convocado a compartir su experiencia sobre el trabajo realizado en el Riachuelo.
“Se trata de una causa emblemática porque a través de la intervención de la Corte se puso en marcha una política de Estado”, explica a BAE el abogado de la ONG Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Andrés Nápoli.
En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia dio potestad al juez federal de Quilmes, Luis Armella, para que proceda en un conflicto que trae consigo más de quince años de desatención. Así, los más recientes avances de la causa llevaron a que días atrás el magistrado ordenara la clausura de veinte empresas ubicadas sobre el Riachuelo, en el marco de la ejecución de la sentencia dictada por la Corte Suprema en la causa “Mendoza”, en donde el máximo saneamiento integral de esa cuenca donde trabajen de manera conjunta los gobiernos nacional, provincial y de la Ciudad de Buenos Aires.
Según coincidieron especialistas consultados por BAE, “el ambiental es un derecho colectivo que involucra al conjunto de los ciudadanos y que debe ser atendido tanto a nivel político como por parte del estamento judicial que debe tomar cartas en el asunto para proteger a las personas”.
Desde el juzgado advirtieron a BAE que los pasos a seguir serán continuar desarrollando fiscalizaciones e instando a que la autoridad de la cuenca, Acumar, siga trabajando en pos de completar el trabajo de saneamiento que, según informaron autoridades oficiales, vería su etapa de culminación en 2016.
Cabe destacar que Acumar fue creada en al año 2006 por ley 26.168, y se encuentra complementada por las leyes de presupuestos mínimos en materia ambiental, entre las que se destaca la Ley General del Ambiente 25.675 y la Ley de Acceso a la Información Pública Ambiental 25.831, mientras que en órbita penal-federal se imponen las reglas de la Ley de Residuos Peligrosos 24.051.
En este plano, una de las mayores obras sobre las que hizo foco la Justicia es avanzar en la liberación del camino de sirga, para dar paso al cumplimiento con la relocalización de más de 1.300 familias que se encuentran apostadas a orillas del Riachuelo. Cabe destacar que para llevar adelante estas obras el presupuesto asignado en 2011 fue de 424.790.153 pesos.
CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS
“En el plano medioambiental es importante preguntarse qué grado de cumplimiento tienen las órdenes judiciales”, con esta frase Nápoli pone de manifiesto uno de los grandes temas que transita la justicia ambiental y que resulta un reclamo constante entre los actores judiciales que se desempeñan en este ámbito: la preocupante falta de acatamiento de las sentencias. “Los incumplimientos se dan porque estas acciones judiciales son obligaciones de hacer. En la causa Riachuelo, por ejemplo, hubo una sentencia histórica, el gran interrogante que siempre surge es si esa sentencia se va a cumplir y cómo se va a lograr definitivamente”, señala Nápoli.
Al respecto, la diputada nacional Alicia Comelli, autora de una batería de proyectos sobre sustentabilidad y preservación de recursos naturales, sostiene la necesidad de que “se cree una justicia especializada en temas medioambientales”, razón por lo cual avanza en la Cámara baja un proyecto de ley para la creación de un fuero ambiental “de manera que la Justicia pueda especializarse en el análisis de la temática; para esto se necesita un urgente debate parlamentario para que se logre dar un avance contundente a nivel político y judicial”. En forma complementaria, otras propuestas novedosas vienen de la mano de las fiscalías ambientales, del aumento de la mediación ambiental e incluso la creación de tribunales de menor cuantía que apunten a descomprimir a los juzgados de causas de menor prioridad.
OTRAS ÁREAS
Desde el año pasado la Ley de Glaciares 26.639 se convirtió en un tema central dado que, según explica Nápoli, “el Congreso sancionó una nueva legislación que no ha podido implementarse de la manera en que debería, dado que por ejemplo jueces federales de San Juan emitieron una serie de medidas cautelares que prohibieron la aplicación de la norma de manera directa, por lo tanto esa es una materia pendiente aún que está siendo estudiada por la Corte Suprema de Justicia”. Ante las presentaciones del gobierno de San Juan y de las empresas mineras para que se dejara sin efecto la norma –dado que, según aducían, la misma era violatoria de los derechos adquiridos y contratados con anterioridad– desde FARN entienden que “la ley sancionada por el Congreso no tiene que ver con la vulneración de los derechos, sino que con la protección de un bien que es superior. Creemos que la Corte va a fallar en favor de la vigencia de la ley”.
Otro de los temas centrales sobre el que los abogados ambientalistas hacen foco es la Ley de Protección de Bosques Nativos 26.331 mediante la que se estableció un ordenamiento del territorio de todas las provincias del país. “Se trata de otro tema judicializado, dado que ante el freno que existe en este tema, se han llevado a cabo muchas presentaciones judiciales en las distintas provincias”, sostiene Nápoli.
En el mismo sentido, el consultor jurídico Máximo Cafici sostuvo que “el derecho ambiental y su juego armónico con la Constitución Nacional permitieron –a través de decisiones judiciales aisladas que podrán ser revisadas– que surjan grietas que limitan el avance de normas clave para la defensa ambiental como la protección de los glaciares y los bosques nativos, fuentes esenciales de la biodiversidad. Una evaluación ambiental previa y estratégica podría ser una solución pacífica para que en el futuro mantengamos los recursos naturales que nos identifican en nuestro territorio”.
En este escenario, la justicia nacional –con el accionar de la Corte a la cabeza– comienza a transitar con mayor responsabilidad y entendimiento sobre los temas medioambientales que afectan los derechos de los ciudadanos; sin dudas, en materia de derecho medioambiental falta un largo camino por recorrer, pero desde distintos sectores buscan fortalecer un trabajo conjunto que combine el accionar de la política y la Justicia para lograr políticas de Estado concretas en pos de dar cumplimiento al artículo 41 de la Constitución Nacional que exige por el derecho de todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano.
LEY DE TIERRAS. RECHAZO A LOS ARGUMENTOS DE INCONSTITUCIONALIDAD
Existen casi veinte iniciativas que buscan fijar normas para la tenencia de tierras, en especial en manos de extranjeros pero, a pesar de que la presidenta Cristina Fernández hizo especial foco en el tema, hay una clara resistencia de la oposición para la salida del proyecto.
Ante las declaraciones de inconstitucionalidad a la iniciativa de protección al dominio de tierras rurales, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, rechazó estos argumentos, sobre lo cual el ministro de Justicia, Julio Alak, sostuvo que se trata de una cuestión de “soberanía”.
El proyecto busca limitar a 1.000 hectáreas la tenencia de campos por parte de extranjeros y prevé la creación de un registro único nacional de propiedades, para limitar a 20% el dominio por parte de no nacionales, si bien no modifica los derechos adquiridos por los actuales terratenientes.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos consideró que el proyecto de ley de protección al dominio nacional del suelo impulsado por la Presidenta “satisface una demanda de fuerte contenido nacional, porque es una cuestión de soberanía de Estado defender un recurso estratégico no renovable” y agregó que “en los últimos años Argentina ha experimentado un gran avance en materia registral”. En ese orden, explicó que “el Registro Nacional de Tierras Rurales tendrá como base el Sistema Nacional de Información de los Registros de la Propiedad Inmueble (SiNaRePI)” con el que cuenta la cartera a su cargo.
El ministro de Justicia señaló que “el SiNaRePI es un instrumento implementado a partir de observaciones formuladas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con relación a la necesidad de contar con un acceso unificado a la información inmobiliaria por parte de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de los organismos judiciales”.
Luego de aclarar que “en ningún caso se suplantarán los recaudos registrales de cada jurisdicción”, Alak subrayó que el sistema “recabará información de todas las jurisdicciones adheridas, permitirá conformar la base de datos de tierras rurales y confrontar la información obtenida a partir del censo de tierras rurales y de las declaraciones juradas obligatorias, previstas en el proyecto, facilitando y agilizando la constatación de los inmuebles rurales en manos de extranjeros”.
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