Tompkins quiere crear un parque nacional
14:07 | 
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Inusual oferta de un millonario para crear un parque nacional
Fecha de Publicación: 08/10/2011
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional - Corrientes
Negocia la donación con el Gobierno. Douglas Tompkins es cuestionado por la cantidad de recursos naturales que controla en Argentina. Ahora ofrece regalar 150 mil ha en los Esteros del Iberá para hacer la mayor área protegida del país.
Es el socio inesperado. Cinco años atrás, alrededor de su figura florecían acusaciones que hasta los mismos funcionarios del Gobierno Nacional, a voz alzada, se ocupaban de ratificar. Decían que el magnate ecologista Douglas Tompkins, dueño de miles de hectáreas en el Litoral y en la Patagonia, venía por los recursos naturales, el agua y el futuro; que ya se había apropiado de medio Chile y que su nuevo objetivo era el Acuífero Guaraní. Por ejemplo, siendo Secretario de Tierras de Néstor Kirchner, Luis Delía irrumpió una mañana en una de sus estancias correntinas, cortó los alambrados con una tenaza y anunció que el norteamericano sería expropiado porque la tierra debe ser de los argentinos y nunca de un “gringo imperialista”. Eso dijo, pero nada, finalmente, sucedió.
Ahora, a través de una alianza con Tompkins, el Gobierno Nacional trabaja para crear el área protegida más grande del país en los Esteros del Iberá: un parque nacional de más de un millón de hectáreas en el norte de Corrientes, habitado por yacarés, carpinchos y aves de mil formas; una postal de confín, con matices de sabana africana. El proceso fue confirmado a Clarín por el mismo Tompkins y por fuentes del ministerio de Turismo de la Nación. El estadounidense lo expresó sin vueltas: “Estamos haciendo la donación de tierras más grande de la historia”, dijo. En el norte de Corrientes, según datos del sector inmobiliario, la hectárea no baja de los 1.500 dólares, por lo tanto el norteamericano está ofreciendo un territorio cuyo valor alcanza los 180 millones de dólares.
Las conversaciones entre Gobierno y Conservation Land Trust (CLT), la fundación del terrateniente ecologista, comenzaron hace más de un año y medio. Pero se aceleraron en mayo cuando, mediante una carta de intención, Tompkins ofreció al ministro Enrique Meyer donar las cuatro estancias que posee en la zona. Se tratan de 150 mil hectáreas clave. Desde ellas es posible controlar la totalidad de los Esteros del Iberá, el segundo humedal más grande de Latinoamérica.
Pero el proyecto viene con controversias: para crear el parque, además de la tierra de Tompkins, se necesita que el gobierno correntino ceda a la Nación más de 700 mil hectáreas fiscales, hoy protegidas bajo la categoría de Reserva Provincial. En ese punto está la traba, porque la creación de la mega área natural chocaría con los intereses de los productores agropecuarios de la región, que necesitan el agua para sus cosechas. El gobernador de Corrientes, Ricardo Colombi, sostiene que por ahora no será viable la cesión de tierras, pero como su mandato vence en menos de dos años, en el Gobierno Nacional especulan con que el parque se concretará en 2013.
Ni el Gobierno ni Tompkins parecen tener apuro. Mientras el tiempo pasa, las conversaciones continúan y el Iberá, a fuerza de promoción turística, no para de recibir visitantes. La calma de Colonia Carlos Pellegrini, pueblo lindante con uno de los campos del norteamericano, en el corazón del estero, ahora se ve alterada por la cantidad de turistas foráneos que llega hasta el lugar para realizar avistajes de fauna. Clarín fue testigo esta semana de lo que ocurre en ese sitio de naturaleza salvaje en el interior del país.
Desde que arribó en 1998, Tompkins y sus equipos vienen trabajando sobre la totalidad del área. En varias ocasiones fueron denunciados por el fundamentalismo con que se dedican a preservar recursos naturales y chocaron con estancieros de la zona por su militancia ambiental que consiste en oponerse a cualquier tipo de actividad extractiva que implique una degradación para el medio ambiente. Se ocupan, principalmente, de reintroducir especies en peligro de extinción. Ya lo hicieron con el oso hormiguero y con el venado de las pampas. Y apuestan ahora por el yaguareté, un felino que hace más de cien años dejó de verse por el pantano. Tompkins recibió a Clarín esta semana en su estancia Rincón del Socorro, donde vive 6 meses al año (el resto lo pasa en el Sur de Chile) y habló de sus intenciones. Seguidor del movimiento de la ecología profunda, basado en una excesiva compasión por la naturaleza, expresó que busca donar lo que posee porque sólo pretende crear áreas protegidas. Por si quedan dudas, sus dos hijas no heredarán tierra porque ya les hizo adelanto de herencia en vida.
Con el Iberá, el norteamericano intentará replicar la experiencia del Parque Nacional Monte León, inaugurado en 2004 en Santa Cruz, después de que efectuara una donación de 70 mil hectáreas sobre el litoral austral. Tompkins es, además, el extranjero que se manifiesta a favor del proyecto oficial de ley de tierras. Aunque dice que le falta claridad, lo valora como punto de partida para discutir el uso que se hace de los suelos en el país de la tierra infinita, la Argentina.
Fecha de Publicación: 08/10/2011
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional - Corrientes
Negocia la donación con el Gobierno. Douglas Tompkins es cuestionado por la cantidad de recursos naturales que controla en Argentina. Ahora ofrece regalar 150 mil ha en los Esteros del Iberá para hacer la mayor área protegida del país.
Es el socio inesperado. Cinco años atrás, alrededor de su figura florecían acusaciones que hasta los mismos funcionarios del Gobierno Nacional, a voz alzada, se ocupaban de ratificar. Decían que el magnate ecologista Douglas Tompkins, dueño de miles de hectáreas en el Litoral y en la Patagonia, venía por los recursos naturales, el agua y el futuro; que ya se había apropiado de medio Chile y que su nuevo objetivo era el Acuífero Guaraní. Por ejemplo, siendo Secretario de Tierras de Néstor Kirchner, Luis Delía irrumpió una mañana en una de sus estancias correntinas, cortó los alambrados con una tenaza y anunció que el norteamericano sería expropiado porque la tierra debe ser de los argentinos y nunca de un “gringo imperialista”. Eso dijo, pero nada, finalmente, sucedió.
Ahora, a través de una alianza con Tompkins, el Gobierno Nacional trabaja para crear el área protegida más grande del país en los Esteros del Iberá: un parque nacional de más de un millón de hectáreas en el norte de Corrientes, habitado por yacarés, carpinchos y aves de mil formas; una postal de confín, con matices de sabana africana. El proceso fue confirmado a Clarín por el mismo Tompkins y por fuentes del ministerio de Turismo de la Nación. El estadounidense lo expresó sin vueltas: “Estamos haciendo la donación de tierras más grande de la historia”, dijo. En el norte de Corrientes, según datos del sector inmobiliario, la hectárea no baja de los 1.500 dólares, por lo tanto el norteamericano está ofreciendo un territorio cuyo valor alcanza los 180 millones de dólares.
Las conversaciones entre Gobierno y Conservation Land Trust (CLT), la fundación del terrateniente ecologista, comenzaron hace más de un año y medio. Pero se aceleraron en mayo cuando, mediante una carta de intención, Tompkins ofreció al ministro Enrique Meyer donar las cuatro estancias que posee en la zona. Se tratan de 150 mil hectáreas clave. Desde ellas es posible controlar la totalidad de los Esteros del Iberá, el segundo humedal más grande de Latinoamérica.
Pero el proyecto viene con controversias: para crear el parque, además de la tierra de Tompkins, se necesita que el gobierno correntino ceda a la Nación más de 700 mil hectáreas fiscales, hoy protegidas bajo la categoría de Reserva Provincial. En ese punto está la traba, porque la creación de la mega área natural chocaría con los intereses de los productores agropecuarios de la región, que necesitan el agua para sus cosechas. El gobernador de Corrientes, Ricardo Colombi, sostiene que por ahora no será viable la cesión de tierras, pero como su mandato vence en menos de dos años, en el Gobierno Nacional especulan con que el parque se concretará en 2013.
Ni el Gobierno ni Tompkins parecen tener apuro. Mientras el tiempo pasa, las conversaciones continúan y el Iberá, a fuerza de promoción turística, no para de recibir visitantes. La calma de Colonia Carlos Pellegrini, pueblo lindante con uno de los campos del norteamericano, en el corazón del estero, ahora se ve alterada por la cantidad de turistas foráneos que llega hasta el lugar para realizar avistajes de fauna. Clarín fue testigo esta semana de lo que ocurre en ese sitio de naturaleza salvaje en el interior del país.
Desde que arribó en 1998, Tompkins y sus equipos vienen trabajando sobre la totalidad del área. En varias ocasiones fueron denunciados por el fundamentalismo con que se dedican a preservar recursos naturales y chocaron con estancieros de la zona por su militancia ambiental que consiste en oponerse a cualquier tipo de actividad extractiva que implique una degradación para el medio ambiente. Se ocupan, principalmente, de reintroducir especies en peligro de extinción. Ya lo hicieron con el oso hormiguero y con el venado de las pampas. Y apuestan ahora por el yaguareté, un felino que hace más de cien años dejó de verse por el pantano. Tompkins recibió a Clarín esta semana en su estancia Rincón del Socorro, donde vive 6 meses al año (el resto lo pasa en el Sur de Chile) y habló de sus intenciones. Seguidor del movimiento de la ecología profunda, basado en una excesiva compasión por la naturaleza, expresó que busca donar lo que posee porque sólo pretende crear áreas protegidas. Por si quedan dudas, sus dos hijas no heredarán tierra porque ya les hizo adelanto de herencia en vida.
Con el Iberá, el norteamericano intentará replicar la experiencia del Parque Nacional Monte León, inaugurado en 2004 en Santa Cruz, después de que efectuara una donación de 70 mil hectáreas sobre el litoral austral. Tompkins es, además, el extranjero que se manifiesta a favor del proyecto oficial de ley de tierras. Aunque dice que le falta claridad, lo valora como punto de partida para discutir el uso que se hace de los suelos en el país de la tierra infinita, la Argentina.
Riachuelo: la Justicia clausuró veinte industrias
Riachuelo: la Justicia federal clausuró veinte industrias por contaminación
Fecha de Publicación: 07/10/2011
Fuente: CIJ
Provincia/Región: Buenos Aires - Capital
Lo dispuso el Juzgado Federal de Quilmes. Fue luego de que una serie de allanamientos realizados entre este jueves y viernes en Lanús, Lomas de Zamora, La Matanza, Merlo y Capital. Se constató que empresas volcaban cianuro y otros residuos tóxicos
El juez Luis Armella, titular del Juzgado Federal de Quilmes, ordenó la clausura de 20 empresas ubicadas sobre el Riachuelo, en el marco de la ejecución de la sentencia dictada por la Corte Suprema en la causa “Mendoza”, en donde el Máximo Tribunal ordenó la puesta en marcha de un plan de saneamiento integral de esa cuenca.
Según informaron desde el juzgado, se dispuso un amplio operativo con la función de prevenir la contaminación ambiental, en este caso vinculados a uno de los rubros “más peligrosos” en materia industrial, conocido como “galvanoplastías”, llevado a cabo este viernes sobre 25 establecimientos ubicados en los partidos de Lanús, Lomas de Zamora, La Matanza, Merlo y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se consideraren “clandestinos” y en tres casos verificación de estado de clausura vigente.
La diagramación general del operativo, indicaron, se llevó a cabo en el asiento del Juzgado Federal de Quilmes, con fecha de este jueves, y se materializaron los operativos desde la Jefatura Departamental de La Matanza, se abordaron cada uno de los objetivos con personal del Ministerio de Seguridad provincial, Infantería y personal de seguridad.
La Dirección de Prevención Ecológica trabajó para cubrir las cuestiones de seguridad pública, en cuanto al tratamiento de las sustancias peligrosas y residuos especiales que genera esta clase de actividad, utilizando equipamiento de protección personal trajes tyvek, máscaras y semimáscaras, detallaron.
En tanto, se comunicó que las industrias inspeccionadas fueron clausuradas de manera total conforme las condiciones de riesgo que presentaban, derrame de residuos peligrosos, falta de respaldo documental en la disposición de residuos líquidos y sólidos, conexiones clandestinas y muestras que dieron fuera de parámetro, con presencia de cianuro en concentraciones “muy altas”, como en el caso de una galvanoplastia en Avellaneda.
La falta de habilitaciones de todo tipo fue el fundamento para considerar como clandestinos a los establecimientos allanados y, además, tampoco han cumplimentado el empadronamiento obligatorio, tal como lo establece la Autoridad de Cuenca en disposiciones previas. “Es llamativo el hecho que en muchos casos ni siquiera tenían habilitación municipal y funcionaban en lugares en forma desapercibida”, se resaltó.
La detección e identificación fue un trabajo encarado por la Autoridad de Cuenca junto con la Dirección de Prevención Ecológica, a las órdenes del Juzgado Federal y de la Secretaria Especial, a cargo de Fernando Minguillón y Pablo Ezequiel Wilk, que tramita en un incidente de la causa “Mendoza”.
Para los operativos, la Autoridad de Cuenca puso a disposición transportes de residuos especiales, a los fines de proceder al secuestro de residuos peligrosos y evitar su vuelco al ambiente, o en otros casos afectar el funcionamiento de la planta de tratamiento que lo recibe, hecho que se llevó a cabo en la mayoría de los establecimientos.
Asimismo, se informó que se estableció la existencia de materias primas que se encuentran incluidas en la lista de precursores químicos (utilizados en la fabricación de drogas ilícitas) y por tal motivo se dio intervención al Sedronar.
Resultado de los procedimientos
- De los 25 allanamientos realizados, 20 finalizaron con la clausura preventiva total.
- Dos allanamientos se hicieron en establecimientos ya clausurados, sin que se constatara violación de la misma.
- Un allanamiento sobre un local con clausura parcial se convirtió a clausura preventiva total (en la localidad de Remedios de Escalada), lugar en el que la propietaria habría desmantelado el proceso de galvanizado, iniciándose una investigación a los fines de determinar la trazabilidad de los residuos generados a lo largo de la actividad y el destino de las demás maquinarias, no exhibiendo el lugar plan de desmantelamiento de la planta u otra circunstancia.
Hechos salientes
Según informaron desde el juzgado, una firma de Avellaneda fue muestreada y se encontró exceso en parámetros de cianuros hasta en cinco veces el límite permitido, motivo por el cual se convocó a un personal de AySA, a los fines de proceder a la obstrucción del vuelco por cuestiones de urgencia y seguridad pública.
Además, se aplicó la clausura preventiva total de la planta y nuevo muestreo de sus efluentes, impulsando la Autoridad de Cuenca a formular una denuncia bajo los alcances del Articulo 55 de la Ley 24.051.
Asimismo, otra empresa con sede en La Matanza no contaba con habilitaciones y se detectó una gran cantidad de bateas y sustancias peligrosas en general, quien declaró tener un vuelco a colectora cloacal. Verificada esta circunstancia, se comprobó la existencia de un sistema donde, a partir de un tanque oculto, descargaba agua limpia sobre la cámara de muestras. En tanto que los residuos evitaban mediante un bypass esta cámara y se volcaban directamente sobre el cloacal. El juzgado dispuso su inmediata clausura.
Por otro lado, conforme la gran cantidad de sustancias peligrosas encontradas y otras materias primas de las que no se pudo establecer de una manera fehaciente su característica, como norma general se procedió a su secuestro por orden del Juzgado Federal de Quilmes, procediendo a la entrega de las mismas en carácter de depositario judicial a su propietario, notificándolo de la penas con que la ley alcanza a los depositarios infieles (art. 261 a 263 del Código Penal). Dichos elementos serán retirados por la autoridad de aplicación, en conjunto con Sedronar, que fue notificado de la obligación de inspeccionar los tenedores de precursores y su trazabilidad.
Desde el juzgado se informó que se continúa en este tipo de fiscalizaciones, poniéndose en práctica medidas más estrictas por parte de Acumar, acorde a las necesidades que demandan todos los actores involucrados en el saneamiento de la cuenca.
Fecha de Publicación: 07/10/2011
Fuente: CIJ
Provincia/Región: Buenos Aires - Capital
Lo dispuso el Juzgado Federal de Quilmes. Fue luego de que una serie de allanamientos realizados entre este jueves y viernes en Lanús, Lomas de Zamora, La Matanza, Merlo y Capital. Se constató que empresas volcaban cianuro y otros residuos tóxicos
El juez Luis Armella, titular del Juzgado Federal de Quilmes, ordenó la clausura de 20 empresas ubicadas sobre el Riachuelo, en el marco de la ejecución de la sentencia dictada por la Corte Suprema en la causa “Mendoza”, en donde el Máximo Tribunal ordenó la puesta en marcha de un plan de saneamiento integral de esa cuenca.
Según informaron desde el juzgado, se dispuso un amplio operativo con la función de prevenir la contaminación ambiental, en este caso vinculados a uno de los rubros “más peligrosos” en materia industrial, conocido como “galvanoplastías”, llevado a cabo este viernes sobre 25 establecimientos ubicados en los partidos de Lanús, Lomas de Zamora, La Matanza, Merlo y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se consideraren “clandestinos” y en tres casos verificación de estado de clausura vigente.
La diagramación general del operativo, indicaron, se llevó a cabo en el asiento del Juzgado Federal de Quilmes, con fecha de este jueves, y se materializaron los operativos desde la Jefatura Departamental de La Matanza, se abordaron cada uno de los objetivos con personal del Ministerio de Seguridad provincial, Infantería y personal de seguridad.
La Dirección de Prevención Ecológica trabajó para cubrir las cuestiones de seguridad pública, en cuanto al tratamiento de las sustancias peligrosas y residuos especiales que genera esta clase de actividad, utilizando equipamiento de protección personal trajes tyvek, máscaras y semimáscaras, detallaron.
En tanto, se comunicó que las industrias inspeccionadas fueron clausuradas de manera total conforme las condiciones de riesgo que presentaban, derrame de residuos peligrosos, falta de respaldo documental en la disposición de residuos líquidos y sólidos, conexiones clandestinas y muestras que dieron fuera de parámetro, con presencia de cianuro en concentraciones “muy altas”, como en el caso de una galvanoplastia en Avellaneda.
La falta de habilitaciones de todo tipo fue el fundamento para considerar como clandestinos a los establecimientos allanados y, además, tampoco han cumplimentado el empadronamiento obligatorio, tal como lo establece la Autoridad de Cuenca en disposiciones previas. “Es llamativo el hecho que en muchos casos ni siquiera tenían habilitación municipal y funcionaban en lugares en forma desapercibida”, se resaltó.
La detección e identificación fue un trabajo encarado por la Autoridad de Cuenca junto con la Dirección de Prevención Ecológica, a las órdenes del Juzgado Federal y de la Secretaria Especial, a cargo de Fernando Minguillón y Pablo Ezequiel Wilk, que tramita en un incidente de la causa “Mendoza”.
Para los operativos, la Autoridad de Cuenca puso a disposición transportes de residuos especiales, a los fines de proceder al secuestro de residuos peligrosos y evitar su vuelco al ambiente, o en otros casos afectar el funcionamiento de la planta de tratamiento que lo recibe, hecho que se llevó a cabo en la mayoría de los establecimientos.
Asimismo, se informó que se estableció la existencia de materias primas que se encuentran incluidas en la lista de precursores químicos (utilizados en la fabricación de drogas ilícitas) y por tal motivo se dio intervención al Sedronar.
Resultado de los procedimientos
- De los 25 allanamientos realizados, 20 finalizaron con la clausura preventiva total.
- Dos allanamientos se hicieron en establecimientos ya clausurados, sin que se constatara violación de la misma.
- Un allanamiento sobre un local con clausura parcial se convirtió a clausura preventiva total (en la localidad de Remedios de Escalada), lugar en el que la propietaria habría desmantelado el proceso de galvanizado, iniciándose una investigación a los fines de determinar la trazabilidad de los residuos generados a lo largo de la actividad y el destino de las demás maquinarias, no exhibiendo el lugar plan de desmantelamiento de la planta u otra circunstancia.
Hechos salientes
Según informaron desde el juzgado, una firma de Avellaneda fue muestreada y se encontró exceso en parámetros de cianuros hasta en cinco veces el límite permitido, motivo por el cual se convocó a un personal de AySA, a los fines de proceder a la obstrucción del vuelco por cuestiones de urgencia y seguridad pública.
Además, se aplicó la clausura preventiva total de la planta y nuevo muestreo de sus efluentes, impulsando la Autoridad de Cuenca a formular una denuncia bajo los alcances del Articulo 55 de la Ley 24.051.
Asimismo, otra empresa con sede en La Matanza no contaba con habilitaciones y se detectó una gran cantidad de bateas y sustancias peligrosas en general, quien declaró tener un vuelco a colectora cloacal. Verificada esta circunstancia, se comprobó la existencia de un sistema donde, a partir de un tanque oculto, descargaba agua limpia sobre la cámara de muestras. En tanto que los residuos evitaban mediante un bypass esta cámara y se volcaban directamente sobre el cloacal. El juzgado dispuso su inmediata clausura.
Por otro lado, conforme la gran cantidad de sustancias peligrosas encontradas y otras materias primas de las que no se pudo establecer de una manera fehaciente su característica, como norma general se procedió a su secuestro por orden del Juzgado Federal de Quilmes, procediendo a la entrega de las mismas en carácter de depositario judicial a su propietario, notificándolo de la penas con que la ley alcanza a los depositarios infieles (art. 261 a 263 del Código Penal). Dichos elementos serán retirados por la autoridad de aplicación, en conjunto con Sedronar, que fue notificado de la obligación de inspeccionar los tenedores de precursores y su trazabilidad.
Desde el juzgado se informó que se continúa en este tipo de fiscalizaciones, poniéndose en práctica medidas más estrictas por parte de Acumar, acorde a las necesidades que demandan todos los actores involucrados en el saneamiento de la cuenca.
Tucumán: ingenios contaminan con cenizas
Los ingenios de Tucumán también contaminan con cenizas
Fecha de Publicación: 07/10/2011
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán
Los representantes locales en el Comité de Cuenca denunciaron la existencia de gran concentración de cenizas de origen industrial en arroyos que bajan hacia el embalse cubiertos con una coloración negra. “A la vinaza se agrega ahora este nuevo contaminante”, aseguraron.
Al grave problema ambiental que generan los ingenios de Tucumán con la vinaza que arrojan a ríos y arroyos que tributan a la cuenca Salí-Dulce y al embalse Río Hondo, se suman las cenizas o carbonillas que son extraídas de los filtros húmedos que colocan en las chimeneas de esas plantas fabriles para evitar contaminar el aire en la vecina provincia.
Este hecho fue denunciado y puesto sobre la mesa de debate en la reunión que tuvieron ayer en Córdoba, las provincias que integran el Comité de Cuenca Salí-Dulce. “Un tema muy grande que nos ha sorprendido y que hemos empezado a ver ahora son las cenizas, que no se habían magnificado porque pensábamos que el gran problema era sólo la vinaza. Pero hay aportes importantes de cenizas que se arrojan a ríos y arroyos”, reflejó Juan Carlos Targa, director de Medio Ambiente de la provincia, quien expuso esta problemática ante los demás funcionarios, entre ellos el secretario de Medio Ambiente de Tucumán, Alfredo Montalván
Santiago exigió que se tomen medidas para evitar que continúe este accionar irresponsable de los industriales tucumanos. En los últimos monitoreos realizado por técnicos santiagueños del Comité de Cuenca en cursos hidrológicos de la vecina provincia, se detectaron cómo los ríos Salí y el Troncal presentaban una coloración oscura producto de la carbonilla o cenizas de los filtros que se lavaban en los tributarios. Incluso una gran mancha negra que cubrió casi el 50 por ciento del embalse, fue denunciado por las autoridades provinciales. Más allá de la mala imagen, los técnicos remarcaron que este desecho también disminuía el oxígeno en el agua. Targa confío en que se pueda resolver esta situación, al decir que “siempre es mucho más fácil retirar la ceniza que la vinaza”.
Otros de los aspectos tratados, fue el análisis del plan de gestión ambiental para la cuenca que tiene el Comité, para ir saneando el sistema hídrico, afectado por la actividad industrial en Tucumán. Esto, en virtud al ofrecimiento de financiamiento que realizó el secretario de Ambiente de la Nación, Juan José Mussi, para hacer obras y solucionar esta problemática. Según adelantó Targa, también se analiza hacer cloacas en ciudades santiagueñas.
Fecha de Publicación: 07/10/2011
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán
Los representantes locales en el Comité de Cuenca denunciaron la existencia de gran concentración de cenizas de origen industrial en arroyos que bajan hacia el embalse cubiertos con una coloración negra. “A la vinaza se agrega ahora este nuevo contaminante”, aseguraron.
Al grave problema ambiental que generan los ingenios de Tucumán con la vinaza que arrojan a ríos y arroyos que tributan a la cuenca Salí-Dulce y al embalse Río Hondo, se suman las cenizas o carbonillas que son extraídas de los filtros húmedos que colocan en las chimeneas de esas plantas fabriles para evitar contaminar el aire en la vecina provincia.
Este hecho fue denunciado y puesto sobre la mesa de debate en la reunión que tuvieron ayer en Córdoba, las provincias que integran el Comité de Cuenca Salí-Dulce. “Un tema muy grande que nos ha sorprendido y que hemos empezado a ver ahora son las cenizas, que no se habían magnificado porque pensábamos que el gran problema era sólo la vinaza. Pero hay aportes importantes de cenizas que se arrojan a ríos y arroyos”, reflejó Juan Carlos Targa, director de Medio Ambiente de la provincia, quien expuso esta problemática ante los demás funcionarios, entre ellos el secretario de Medio Ambiente de Tucumán, Alfredo Montalván
Santiago exigió que se tomen medidas para evitar que continúe este accionar irresponsable de los industriales tucumanos. En los últimos monitoreos realizado por técnicos santiagueños del Comité de Cuenca en cursos hidrológicos de la vecina provincia, se detectaron cómo los ríos Salí y el Troncal presentaban una coloración oscura producto de la carbonilla o cenizas de los filtros que se lavaban en los tributarios. Incluso una gran mancha negra que cubrió casi el 50 por ciento del embalse, fue denunciado por las autoridades provinciales. Más allá de la mala imagen, los técnicos remarcaron que este desecho también disminuía el oxígeno en el agua. Targa confío en que se pueda resolver esta situación, al decir que “siempre es mucho más fácil retirar la ceniza que la vinaza”.
Otros de los aspectos tratados, fue el análisis del plan de gestión ambiental para la cuenca que tiene el Comité, para ir saneando el sistema hídrico, afectado por la actividad industrial en Tucumán. Esto, en virtud al ofrecimiento de financiamiento que realizó el secretario de Ambiente de la Nación, Juan José Mussi, para hacer obras y solucionar esta problemática. Según adelantó Targa, también se analiza hacer cloacas en ciudades santiagueñas.
Relevan los bosques nativos de Neuquén
Relevan los bosques nativos de la provincia
Fecha de Publicación: 07/10/2011
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Se utilizan fondos nacionales que están destinados a respaldar las tareas de preservación.
La Provincia comenzó el relevamiento de los bosques nativos con fondos de la Ley Nacional Nº 26.331 y con miras a su preservación, así lo confirmaron ayer funcionarios provinciales a los diputados de la Comisión de Medio Ambiente, quienes están tratando un proyecto de ordenamiento territorial.
El subsecretario de Desarrollo Económico, Javier Van Houtte, y el director general de Bosques, Daniel Bocos, visitaron la Legislatura para exponer su trabajo en este sentido.
“Fue un trabajo muy riguroso porque la ley nacional fue pensada y diseñada para otra realidad que no es la de nuestra provincia. Esta ley tenía por objetivo proteger los bosques nativos del avance de la frontera agropecuaria, del avance de la soja”, explicó el funcionario.
Van Houtte consideró que igualmente la ley fue una “oportunidad” por lo que se puso en práctica. “Es que puso en la agenda y con fondos disponibles la necesidad y la oportunidad de proteger los bosques nativos de nuestra provincia”, explicó.
Neuquén tiene 1.200.000 hectáreas de bosques nativos y esta ley asigna presupuesto y mecanismos para protegerlos y conservarlos.
Según explicó el subsecretario lo primero que se hizo fue el ordenamiento territorial de los bosques nativos, esto es clasificar a los bosques en rojo, amarillo y verde en función de sus de las categorías de conservación y posible uso.
“Rojo los bosques que tienen más valor de conservación, los amarillos los intermedios, y los verdes como menores”, explicó.
En la Legislatura actualmente hay dos iniciativas que acompañan esta ley nacional, una presentada por el Ejecutivo y otra por la organización ambientalista Alerta Angostura que se unificarán. La presidenta de la comisión de Medio Ambiente Graciela Muñiz Saavedra adelantó que “quedaron muy conformes con la presentación” y que la iniciativa tendría el apoyo de distintas bancadas.
“En este proceso se está cumpliendo con todo lo que exige la ley nacional, por lo que ya estamos haciendo usufructo del presupuesto”, comentó Muñiz Saavedra, quien agregó: “Se está haciendo el relevamiento del bosque nativo in situ”.
La diputada explicó que de 1.200.000 de hectáreas de bosques nativos que tiene la provincia, 530 mil están bajo la administración provincial y el resto por Parques Nacionales.
“Menos del 1% está en los ejidos urbanos por lo cual no sufrían los desarrollos urbanos, es una ley destinada a conservar el bosque nativo mediante planes, proyectos y emprendimientos de cambio de uso de suelo”, explicó.
Fecha de Publicación: 07/10/2011
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Se utilizan fondos nacionales que están destinados a respaldar las tareas de preservación.
La Provincia comenzó el relevamiento de los bosques nativos con fondos de la Ley Nacional Nº 26.331 y con miras a su preservación, así lo confirmaron ayer funcionarios provinciales a los diputados de la Comisión de Medio Ambiente, quienes están tratando un proyecto de ordenamiento territorial.
El subsecretario de Desarrollo Económico, Javier Van Houtte, y el director general de Bosques, Daniel Bocos, visitaron la Legislatura para exponer su trabajo en este sentido.
“Fue un trabajo muy riguroso porque la ley nacional fue pensada y diseñada para otra realidad que no es la de nuestra provincia. Esta ley tenía por objetivo proteger los bosques nativos del avance de la frontera agropecuaria, del avance de la soja”, explicó el funcionario.
Van Houtte consideró que igualmente la ley fue una “oportunidad” por lo que se puso en práctica. “Es que puso en la agenda y con fondos disponibles la necesidad y la oportunidad de proteger los bosques nativos de nuestra provincia”, explicó.
Neuquén tiene 1.200.000 hectáreas de bosques nativos y esta ley asigna presupuesto y mecanismos para protegerlos y conservarlos.
Según explicó el subsecretario lo primero que se hizo fue el ordenamiento territorial de los bosques nativos, esto es clasificar a los bosques en rojo, amarillo y verde en función de sus de las categorías de conservación y posible uso.
“Rojo los bosques que tienen más valor de conservación, los amarillos los intermedios, y los verdes como menores”, explicó.
En la Legislatura actualmente hay dos iniciativas que acompañan esta ley nacional, una presentada por el Ejecutivo y otra por la organización ambientalista Alerta Angostura que se unificarán. La presidenta de la comisión de Medio Ambiente Graciela Muñiz Saavedra adelantó que “quedaron muy conformes con la presentación” y que la iniciativa tendría el apoyo de distintas bancadas.
“En este proceso se está cumpliendo con todo lo que exige la ley nacional, por lo que ya estamos haciendo usufructo del presupuesto”, comentó Muñiz Saavedra, quien agregó: “Se está haciendo el relevamiento del bosque nativo in situ”.
La diputada explicó que de 1.200.000 de hectáreas de bosques nativos que tiene la provincia, 530 mil están bajo la administración provincial y el resto por Parques Nacionales.
“Menos del 1% está en los ejidos urbanos por lo cual no sufrían los desarrollos urbanos, es una ley destinada a conservar el bosque nativo mediante planes, proyectos y emprendimientos de cambio de uso de suelo”, explicó.
Megaminería: la diversidad de resistencias
Megaminería: la diversidad de resistencias
Fecha de Publicación: 06/10/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Sin dudas, quienes son imprescindibles en las resistencias para lograr legislaciones prohibiendo la megaminería a cielo abierto en la Argentina, son las organizaciones territoriales. En efecto, las asambleas de autoconvocados que desde 2003 se expanden por todas las poblaciones cordilleranas y patagónicas cumplen el rol primordial en lo que se ha conseguido hasta este momento: prohibición en ocho provincias (se acaba de sumar Tierra del Fuego), no otorgar licencia social en varias regiones, la ley de presupuestos mínimos de cuidado de glaciares y la fuerte campaña para lograr una ley general. No obstante esta lucha desde hace casi diez años está acompañada por muchos otros sujetos que complementan, difunden, concientizan en las grandes urbes, la necesidad de no cumplir el destino que la geopolítica internacional –con sus grandes actores económicos– nos tiene deparado.
Esta constelación de “sujetos de lucha” incluye organizaciones no gubernamentales, universitarios, científicos e intelectuales, abogados, periodistas, cineastas, religiosos (hubo en 2009 una declaración de obispos patagónicos que tuvo poca difusión), artistas, algunos legisladores y personalidades que por una trayectoria de coherencia y resistencia, tienen peso específico propio como el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, Norita Cortiñas y Eduardo Galeano.
Hace unos días la organización Conciencia Solidaria presentó un nuevo video que se denomina Basta ya, donde intervienen 22 artistas que en esta ocasión, en lugar de mirarnos con sus conocidos rostros para hablarnos de las consecuencias de la megaminería (como en uno anterior), entonan una pegadiza canción donde con distintos ritmos y maravillosas voces nos van mostrando los territorios y lo que sucede una vez instaladas estas empresas.
Julieta Díaz, Axel, Nacha Guevara, Natalia Oreiro, Soledad, Suna Rocha, Nicolás Pauls, Lalo Mir, Soledad Villamil y muchos otros, con esa carga de sentido que llega emocionalmente a quien tiene que llegar, generan ese grito que muchas veces quienes recorremos aquellas regiones y conocemos el sufrimiento social, queremos emitir e invitar a muchos a hacerlo con nosotros: ¡Basta ya!
Estos días esos ritmos y esas voces están sonando por muchas radios de periodistas de muy distintas posiciones políticas, lo que nos demuestra que lo que pedimos limitar nos atañe a todos los argentinos. Los músicos y artistas llegan a las poblaciones y a los jóvenes por el talento y el afecto que han sabido cosechar en sus carreras; muchos contaron emocionados cómo sus amigos empezaron a interiorizarse del tema cuando los oyeron. Así también muchos universitarios que nos consideramos sujetos de resistencia, con toda la objetividad y rigurosidad que nos otorgan nuestras disciplinas (pero sin neutralidad) desactivamos en un nuevo libro una serie de “mitos” que la propaganda minera usa para conseguir la licencia social de las poblaciones. Esos mitos –“da trabajo, no contamina, se instala en territorios desérticos de nula producción”, etc.– son desmontados uno a uno con información de fuentes oficiales por geógrafos, economistas, sociólogos, abogados de distintas universidades nacionales que tienen una fuerte experiencia en sus oficios de investigadores.
Y de eso se trata, cuando una parte de la población nacional considera que una actividad hipoteca el futuro del país, nos daña por más dinero que deje, cada uno desde sus distintos lugares de trabajo y de vida, puede contribuir a persuadir a las autoridades a modificar rumbos, sacar leyes, limitar la voracidad de actores poderosos. Todo esto es lo que nos brinda la democracia y también la decisión política de dejar expresar la disidencia, sin represión; y eso no es poco y debemos mantenerlo a rajatabla pues estamos enfrentándonos a actores muy poderosos.
Norma Giarracca
Socióloga. Instituto Gino Germani.
Fecha de Publicación: 06/10/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Sin dudas, quienes son imprescindibles en las resistencias para lograr legislaciones prohibiendo la megaminería a cielo abierto en la Argentina, son las organizaciones territoriales. En efecto, las asambleas de autoconvocados que desde 2003 se expanden por todas las poblaciones cordilleranas y patagónicas cumplen el rol primordial en lo que se ha conseguido hasta este momento: prohibición en ocho provincias (se acaba de sumar Tierra del Fuego), no otorgar licencia social en varias regiones, la ley de presupuestos mínimos de cuidado de glaciares y la fuerte campaña para lograr una ley general. No obstante esta lucha desde hace casi diez años está acompañada por muchos otros sujetos que complementan, difunden, concientizan en las grandes urbes, la necesidad de no cumplir el destino que la geopolítica internacional –con sus grandes actores económicos– nos tiene deparado.
Esta constelación de “sujetos de lucha” incluye organizaciones no gubernamentales, universitarios, científicos e intelectuales, abogados, periodistas, cineastas, religiosos (hubo en 2009 una declaración de obispos patagónicos que tuvo poca difusión), artistas, algunos legisladores y personalidades que por una trayectoria de coherencia y resistencia, tienen peso específico propio como el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, Norita Cortiñas y Eduardo Galeano.
Hace unos días la organización Conciencia Solidaria presentó un nuevo video que se denomina Basta ya, donde intervienen 22 artistas que en esta ocasión, en lugar de mirarnos con sus conocidos rostros para hablarnos de las consecuencias de la megaminería (como en uno anterior), entonan una pegadiza canción donde con distintos ritmos y maravillosas voces nos van mostrando los territorios y lo que sucede una vez instaladas estas empresas.
Julieta Díaz, Axel, Nacha Guevara, Natalia Oreiro, Soledad, Suna Rocha, Nicolás Pauls, Lalo Mir, Soledad Villamil y muchos otros, con esa carga de sentido que llega emocionalmente a quien tiene que llegar, generan ese grito que muchas veces quienes recorremos aquellas regiones y conocemos el sufrimiento social, queremos emitir e invitar a muchos a hacerlo con nosotros: ¡Basta ya!
Estos días esos ritmos y esas voces están sonando por muchas radios de periodistas de muy distintas posiciones políticas, lo que nos demuestra que lo que pedimos limitar nos atañe a todos los argentinos. Los músicos y artistas llegan a las poblaciones y a los jóvenes por el talento y el afecto que han sabido cosechar en sus carreras; muchos contaron emocionados cómo sus amigos empezaron a interiorizarse del tema cuando los oyeron. Así también muchos universitarios que nos consideramos sujetos de resistencia, con toda la objetividad y rigurosidad que nos otorgan nuestras disciplinas (pero sin neutralidad) desactivamos en un nuevo libro una serie de “mitos” que la propaganda minera usa para conseguir la licencia social de las poblaciones. Esos mitos –“da trabajo, no contamina, se instala en territorios desérticos de nula producción”, etc.– son desmontados uno a uno con información de fuentes oficiales por geógrafos, economistas, sociólogos, abogados de distintas universidades nacionales que tienen una fuerte experiencia en sus oficios de investigadores.
Y de eso se trata, cuando una parte de la población nacional considera que una actividad hipoteca el futuro del país, nos daña por más dinero que deje, cada uno desde sus distintos lugares de trabajo y de vida, puede contribuir a persuadir a las autoridades a modificar rumbos, sacar leyes, limitar la voracidad de actores poderosos. Todo esto es lo que nos brinda la democracia y también la decisión política de dejar expresar la disidencia, sin represión; y eso no es poco y debemos mantenerlo a rajatabla pues estamos enfrentándonos a actores muy poderosos.
Norma Giarracca
Socióloga. Instituto Gino Germani.
Reiteraron rechazo a “minería hidrotóxica”
SANIDARIOS reiteraron rechazo a “minería hidrotóxica” y uso del cianuro
Fecha de Publicación: 05/10/2011
Fuente: ADN Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
La Asamblea por la sanidad de la cuenca del lago Nahuel Huapi y los ríos Limay, Neuquén y Negro, ratificó que “el agua es un derecho humano” y reiteró su rechazo a la minería hidrotóxica en Río Negro y toda “intención de derogar la Ley que prohíbe aquí la utilización de cianuro en minería”. También se plantearon críticas a la explotación de petróleo no convencional y al acuerdo agroalimentario con China.
1. Adjuntamos el texto de la denuncia formulada contra la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas AIC en la Fiscalía de la Justicia Federal en Viedma, vinculada a su responsabilidad indelegable de velar por la preservación ambiental de la Cuenca del lago Nahuel Huapi y los ríos Limay, Neuquén y Negro, obligación que ilegalmente ha sido comisionada a diversos organismos del Ministerio del Interior de la Nación y de las provincias de Neuquén, Buenos Aires y Río Negro.
2. Hacemos propicia esta presentación para reiterar nuestro rechazo a la minería hidrotóxica en la provincia de Río Negro, y toda intención de derogar la Ley que prohíbe aquí la utilización de cianuro en minería. La catástrofe humanitaria provocada por la ceniza volcánica en la Región Sur Rionegrina, ha despertado el interés de viles empresas mineras, las que escudadas en chatos políticos y la necesidad de la gente, mienten sobre la inocuidad ambiental y los beneficios económicos de la minería del agua envenenada.
3. De igual manera, rechazamos de plano la explotación de petróleo no convencional y gas de roca propiciados en las estepas de Río Negro y Neuquén, inconcebible sistema de extracción que consiste en la fractura horizontal de capas geológicas profundas con la inyección de enormes volúmenes de agua mezclada con químicos que fracturan la roca, destruyendo y envenenando en consecuencia el flujo de las napas hídricas subterraneas que desembocan en las cuencas de los ríos Neuquén, Limay y o Colorado.
4. La Asamblea SANIDARIOS se adhiere y acompaña a las Asambleas por la SOBERANIA ALIMENTARIA del Alto Valle, Valle Medio y Valle Inferior de la Provincia de Río Negro, en rechazo al convenio de entrega para la potestad del Estado de la República China de 320.000 hectáreas de valles rionegrinos y del puerto de aguas profundas de San Antonio Oeste. Este mismo Estado ya controla y explota la mina de Sierra Grande y su correspondiente puerto metalífero de la Provincia de Río Negro.
Fecha de Publicación: 05/10/2011
Fuente: ADN Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
La Asamblea por la sanidad de la cuenca del lago Nahuel Huapi y los ríos Limay, Neuquén y Negro, ratificó que “el agua es un derecho humano” y reiteró su rechazo a la minería hidrotóxica en Río Negro y toda “intención de derogar la Ley que prohíbe aquí la utilización de cianuro en minería”. También se plantearon críticas a la explotación de petróleo no convencional y al acuerdo agroalimentario con China.
1. Adjuntamos el texto de la denuncia formulada contra la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas AIC en la Fiscalía de la Justicia Federal en Viedma, vinculada a su responsabilidad indelegable de velar por la preservación ambiental de la Cuenca del lago Nahuel Huapi y los ríos Limay, Neuquén y Negro, obligación que ilegalmente ha sido comisionada a diversos organismos del Ministerio del Interior de la Nación y de las provincias de Neuquén, Buenos Aires y Río Negro.
2. Hacemos propicia esta presentación para reiterar nuestro rechazo a la minería hidrotóxica en la provincia de Río Negro, y toda intención de derogar la Ley que prohíbe aquí la utilización de cianuro en minería. La catástrofe humanitaria provocada por la ceniza volcánica en la Región Sur Rionegrina, ha despertado el interés de viles empresas mineras, las que escudadas en chatos políticos y la necesidad de la gente, mienten sobre la inocuidad ambiental y los beneficios económicos de la minería del agua envenenada.
3. De igual manera, rechazamos de plano la explotación de petróleo no convencional y gas de roca propiciados en las estepas de Río Negro y Neuquén, inconcebible sistema de extracción que consiste en la fractura horizontal de capas geológicas profundas con la inyección de enormes volúmenes de agua mezclada con químicos que fracturan la roca, destruyendo y envenenando en consecuencia el flujo de las napas hídricas subterraneas que desembocan en las cuencas de los ríos Neuquén, Limay y o Colorado.
4. La Asamblea SANIDARIOS se adhiere y acompaña a las Asambleas por la SOBERANIA ALIMENTARIA del Alto Valle, Valle Medio y Valle Inferior de la Provincia de Río Negro, en rechazo al convenio de entrega para la potestad del Estado de la República China de 320.000 hectáreas de valles rionegrinos y del puerto de aguas profundas de San Antonio Oeste. Este mismo Estado ya controla y explota la mina de Sierra Grande y su correspondiente puerto metalífero de la Provincia de Río Negro.
Gobernadora electa de Catamarca quiere "otra minería"
La gobernadora electa de Catamarca quiere "otra minería en beneficio de la gente"
Fecha de Publicación: 05/10/2011
Fuente: Telam
Provincia/Región: Catamarca
La gobernadora electa de Catamarca, la kirchnerista Lucía Corpacci, prometió hoy aquí, "una minería distinta", y que esté dirigida al beneficio de la gente e integrada con otras actividades económicas.
Tras criticar a la actual gestión minera del Frente Cívico y Social, Corpacci prometió que durante su gestión habrá una "minería distinta, integrada con otras actividades económicas en beneficio de la gente".
"Cuando la minería sólo sirve a un gobierno y no a la gente, algo está fallando y no se está cumpliendo con los objetivos de gobierno y de gestión", comentó.
La actual senadora nacional habló durante el acto de inauguración de un pozo de riego en la localidad de Loro Huasi, Santa María, financiado por el ente mixto Yacimientos Mineros Aguas de Dionicio (YMAD), destinado a beneficiar a una cooperativa de productores.
Acompañada por el diputado provincial, Raúl Chico, con quien gestionó la obra ante la empresa minera, Corpacci remarcó sus diferencias con "el actual formato minero reducido sólo al fisco", y se pronunció en favor de una minería que debe servir "para el desarrollo, la producción, el turismo, la educación, la salud y el trabajo".
Destacó el rol que tendrá la actividad minera en el plan productivo que está preparando junto a su equipo técnico, el cual apuntará a crear puestos de trabajo por fuera de la órbita del Estado, una de las promesas centrales de la campaña que culminó con su triunfo el 13 de marzo pasado.
"Uno de los objetivos de esta propuesta, es dar oportunidades a los jóvenes del interior, y "buscaremos lograr que esa franja, se queden a trabajar en sus localidades y en Catamarca", concluyó.
Fecha de Publicación: 05/10/2011
Fuente: Telam
Provincia/Región: Catamarca
La gobernadora electa de Catamarca, la kirchnerista Lucía Corpacci, prometió hoy aquí, "una minería distinta", y que esté dirigida al beneficio de la gente e integrada con otras actividades económicas.
Tras criticar a la actual gestión minera del Frente Cívico y Social, Corpacci prometió que durante su gestión habrá una "minería distinta, integrada con otras actividades económicas en beneficio de la gente".
"Cuando la minería sólo sirve a un gobierno y no a la gente, algo está fallando y no se está cumpliendo con los objetivos de gobierno y de gestión", comentó.
La actual senadora nacional habló durante el acto de inauguración de un pozo de riego en la localidad de Loro Huasi, Santa María, financiado por el ente mixto Yacimientos Mineros Aguas de Dionicio (YMAD), destinado a beneficiar a una cooperativa de productores.
Acompañada por el diputado provincial, Raúl Chico, con quien gestionó la obra ante la empresa minera, Corpacci remarcó sus diferencias con "el actual formato minero reducido sólo al fisco", y se pronunció en favor de una minería que debe servir "para el desarrollo, la producción, el turismo, la educación, la salud y el trabajo".
Destacó el rol que tendrá la actividad minera en el plan productivo que está preparando junto a su equipo técnico, el cual apuntará a crear puestos de trabajo por fuera de la órbita del Estado, una de las promesas centrales de la campaña que culminó con su triunfo el 13 de marzo pasado.
"Uno de los objetivos de esta propuesta, es dar oportunidades a los jóvenes del interior, y "buscaremos lograr que esa franja, se queden a trabajar en sus localidades y en Catamarca", concluyó.
Presupuesto 2012 no cumple con la Ley de Bosques
Organizaciones denuncian que el presupuesto 2012 no cumple con la Ley de Bosques
Fecha de Publicación: 04/10/2011
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Nacional
Los fondos para los bosques serían hasta 7 veces menores que lo que exige la ley
En una carta dirigida a todos los diputados nacionales, Greenpeace , FARN y Fundación Vida Silvestre mostraron su preocupación frente a la insuficiente partida prevista para la ley de Bosques en el proyecto de Ley de Presupuesto 2012 enviado por el Ejecutivo Nacional.
En ese sentido, las organizaciones sostienen en la carta que mientras que el proyecto de ley de presupuesto nacional para el 2012 destina una partida de $ 267.467.000 pesos al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, y $ 32.618.000 para el Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos (lo que totaliza $ 300.085.000), la Ley Nacional N° 26.331 de Protección de los Bosques Nativos dicta que las partidas presupuestarias anualmente asignadas “no podrán ser inferiores al 0,3% del presupuesto nacional”, y a esta suma debería adicionarse “el 2% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios de la agricultura, ganadería y sector forestal, correspondientes al año anterior del ejercicio en consideración”.
Esto significa que la suma asignada para la protección de los bosques nativos durante el año 2012 sería aproximadamente 5 a 7 veces menor a lo establecido en la legislación vigente.
Por dicha razón, las organizaciones firmantes llaman imperiosamente al Congreso Nacional a "modificar la partida correspondiente en el presupuesto del año 2012, para dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 31 de la ley 26.331, y honrar la voluntad de los argentinos de conservar nuestro patrimonio forestal nativo".
Fecha de Publicación: 04/10/2011
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Nacional
Los fondos para los bosques serían hasta 7 veces menores que lo que exige la ley
En una carta dirigida a todos los diputados nacionales, Greenpeace , FARN y Fundación Vida Silvestre mostraron su preocupación frente a la insuficiente partida prevista para la ley de Bosques en el proyecto de Ley de Presupuesto 2012 enviado por el Ejecutivo Nacional.
En ese sentido, las organizaciones sostienen en la carta que mientras que el proyecto de ley de presupuesto nacional para el 2012 destina una partida de $ 267.467.000 pesos al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, y $ 32.618.000 para el Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos (lo que totaliza $ 300.085.000), la Ley Nacional N° 26.331 de Protección de los Bosques Nativos dicta que las partidas presupuestarias anualmente asignadas “no podrán ser inferiores al 0,3% del presupuesto nacional”, y a esta suma debería adicionarse “el 2% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios de la agricultura, ganadería y sector forestal, correspondientes al año anterior del ejercicio en consideración”.
Esto significa que la suma asignada para la protección de los bosques nativos durante el año 2012 sería aproximadamente 5 a 7 veces menor a lo establecido en la legislación vigente.
Por dicha razón, las organizaciones firmantes llaman imperiosamente al Congreso Nacional a "modificar la partida correspondiente en el presupuesto del año 2012, para dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 31 de la ley 26.331, y honrar la voluntad de los argentinos de conservar nuestro patrimonio forestal nativo".
El fantasma del glifosato en el conurbano
El fantasma del glifosato se instala en el conurbano y preocupa por sus daños
Fecha de Publicación: 04/10/2011
Fuente: Diario El Sur del GBA
Provincia/Región: Buenos Aires
El uso de este peligroso agroquímico fue denunciado en varios distritos de la zona. Se usa en especial cerca de las estaciones para desmalezar. Lanús y Brown prohibieron su uso, pero hay denuncias de violaciones de las normas. Qué hay detrás de la peor cara del boom sojero.
Suelo arrasado, pastos quemados, olores nauseabundos y una atmósfera irritante. Ese es el panorama que queda luego del uso del glifosato, un agroquímico tristemente célebre en el país a partir del boom sojero. Pese a los distintos estudios que alertan sobre los problemas de salud y los daños ambientales que su uso tiene, el producto es el más utilizado en el sector agropecuario en la actualidad. Pero, además del campo, las zonas urbanas están especialmente amenazadas por su peligrosa presencia. Es que desde hace años se denuncia que en el conurbano se aplica glifosato en el desmalezamiento de zonas linderas a las estaciones ferroviarias. Por esto, varios distritos como Lanús o Vicente López prohibieron su uso, pero organizaciones ambientales aseguran que la restricción no se cumple. El peligro de su presencia alerta a los especialistas. Además del daño ambiental, este agroquímico está vinculado con varios efectos sanitarios graves, incluyendo defectos reproductivos, tumores y males neurológicos. Glifosato, un fantasma que se instaló en el conurbano.
El glifosato es un herbicida de amplio espectro, que los especialistas definen como “no selectivo”, utilizado para matar malezas en el campo o en zonas urbanas. Creado en la década del ’60, es el principio activo del Roundup (nombre comercial del herbicida de Monsanto) con el que se fumigan cultivos transgénicos de soja, maíz y algodón. Este tipo de cultivos resisten al compuesto sólo porque están preparados genéticamente para hacerlo.
Si bien tiene una larga historia en todo en el planeta, desde que la soja se instaló en el país como “cultivo de oro”, su nombre se conoce cada vez más. No es para menos. Según el Servicio para la Adquisición de Aplicaciones Agrobiotecnológicas (ISAAA), el glifosato es el agrotóxico “pilar” de la industria sojera argentina. “En el año 2007, la Argentina fue el segundo productor mundial de cultivos transgénicos con 19.1 millones de hectáreas, el 19 por ciento de la superficie destinada a este tipo de cultivos en todo el mundo. 16 millones de esas hectáreas están sembradas con soja, 2,8 millones con maíz y 400 mil con algodón”, expresa la entidad. De las plantaciones de soja, el 90 por ciento utiliza glifosato.
Un tóxico “urbanizado”
Pero la irrupción del agroquímico en el mundo de la soja se trasladó sorpresivamente al panorama urbano. En 2007, las primeras denuncias realizadas por vecinos de Vicente López con respecto al uso de glifosato para desmalezar zonas linderas a los espacios de circulación de trenes sacudieron a la opinión pública. Con el tiempo, su uso en forma de fumigación —más efectivo que la aspersión de otros productos— se popularizó pese al rechazo inicial. Las primeras denuncias llegaron en la zona norte, en el distrito de Vicente López, pero pronto la actividad llegó al sur del conurbano. Así, el año pasado, en los principales distritos de la región hubo denuncias de utilización de este producto en las estaciones ferroviarias. Todas las miradas apuntaron a la empresa que actualmente tiene la concesión del servicio: la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (UGOFE).
“Desde Libres del Sur trabajamos el tema del glifosato en las vías de la ex línea Roca, porque tuvimos denuncias de varias zonas de que estaban fumigando con ese elemento, como en la zona de Turdera, del triángulo de Temperley y en Claypole, donde con glifosato quemaron árboles recién forestados”, le recordó a Diario del Sur Ivanna Rezano, concejal de Almirante Brown. En ese distrito, como en Lanús o Lomas de Zamora, las denuncias vecinales llegaron a los Concejos Deliberantes, que en los últimos años aprobaron ordenanzas para prohibir su uso.
Las ordenanzas fueron aprobadas por unanimidad, pero no siempre se cumplen. Por esto, Rezano y otros concejales realizaron la denuncia ante la Defensoría del Pueblo de la Nación. Según confirmó Rezano a este medio, ante el requerimiento de la defensoría, la UGOFE “reconoce el uso del agroquímico en la zona de vías, pero amparándose en resolución de la Secretaría de Transportes de la Nación, desde la cual es aceptado el uso de estos productos en función de la ambigüedad de la Ley de Agroquímicos”.
En el caso de Almirante Brown, el HCD aprobó una ordenanza que establece la prohibición del uso de este producto con el objeto de proteger “la salud humana y del medio ambiente”. La ordenanza —que contó con el apoyo de todos los bloques— incluye a todos los espacios verdes dentro del territorio del municipio, lo que obliga a la comuna a crear un proyecto de régimen de sanciones administrativas y económicas en caso de incumplimiento.
En tanto, en el caso de Lanús, se aprobó una ordenanza que prohíbe el uso de agrotóxicos en todo el territorio local. La iniciativa fue impulsada por varias organizaciones ambientalistas, entre ella la ONG Oikos. Su titular, el ex concejal Vicente Piccirillo, destacó la participación de otras entidades, como la Asociación Guardianes del Ambiente, la Asociación Ecológica de Lanús y Eco-hábitat Nueva Frontera. “La ordenanza obliga al ejecutivo a actuar y cuando se sancione la fiscal impositiva, ahí la Municipalidad tendrá que establecer las multas para quienes no cumplan. Las sanciones pueden ser en dinero o administrativas, como las clausuras”, dijo Piccirillo.
Estos dos ejemplos muestran la preocupación de los distritos, medidas que se fueron dispersando en la región. Sin embargo, no fue suficiente.
Advertencias
Los esfuerzos locales tuvieron eco en la provincia de Buenos Aires, que comenzó a preocuparse por la situación y dar un marco general a la prohibición. Incluso, el Defensor del Pueblo bonaerense, Carlos Bonicatto, presentó la Resolución 32/11 que solicita iniciar investigaciones de oficio para determinar la probable incidencia en la salud de la población y en los alimentos para consumo, del uso de agroquímicos en la provincia. Por otra parte, recomienda a los Municipios que adopten las medidas pertinentes para un uso responsable de agroquímicos a los efectos de resguardar la salud humana y prevenir la contaminación del medio ambiente.
Si bien fuentes de la Defensoría le alertaron a Diario del Sur que esta resolución apunta fundamentalmente “a los distritos del interior que tienen actividad agrícola”, el uso en el conurbano existe. “La resolución fue formulada a raíz del trabajo que la Defensoría del Pueblo viene llevando adelante a través de diversas intervenciones en materia de medio ambiente”, dijeron desde la Defensoría.
Pero, pese a las ordenanzas, la UGOFE y otras empresas suelen desoír las normas. En este sentido, en Lomas de Zamora la Asamblea Finky Verde viene denunciando a la empresa ferroviaria por el uso de glifosato. Alrededor de ese parque, entre las vías que unen Temperley con Haedo, la entidad dijo que varias veces se usó el agroquímico para combatir la maleza.
Algunos especialistas aseguran que poco se podrá hacer si no se cambia la Ley de Agroquímicos provincial, que tiene cerca de 20 años y que el Ministerio de Asuntos Agrarios bonaerense busca modificar, cambiando el decreto reglamentario 499/91.
“Esperamos no tener que acudir a la Justicia. Es de buenas prácticas administrativas que los municipios y las provincias acomoden las normas al cuidado de la salud y el ambiente”, advirtió el titular de la Defensoría bonaerense.
Peligro inminente
Con la soja instalada en el horizonte inmediato de la economía del país, el glifosato tiene una larga vida entre nosotros. Por lo que será necesario hacer una fuerte revisión de los mecanismos para evitar que su uso no genere —en el interior y el conurbano— daños irreparables a la salud y el medio ambiente.
“Entendemos que UGOFE sigue utilizando glifosato, fundamentalmente porque la Nación no se lo prohíbe, y porque los gobiernos municipales en general miran para otro lado. Hay una gran red por la modificación de agroquímicos para que no se fumigue en zonas pobladas con estos productos”, analizó Rezano. La concejal de Brown recordó que en Santa Fe, por ejemplo, la provincia “ha presentado denuncias y resoluciones para que no fumiguen en zonas pobladas”.
En tanto, Piccirillo apuntó a las cuestiones prácticas: “la sanción económica, en casos de contaminación, no parece ser la mejor, porque las empresas prefieren pagar las multas y seguir contaminando”. Como sea, el fantasma está presente. Y millones de habitantes bajo su amenaza.
Los informes de salud que condenan al glifosato
Las advertencias lanzadas en todo el mundo por los riesgos que genera el glifosato se fueron acrecentando con el correr de los años, y en 2011 se incrementaron los informes contra su uso en zonas urbanas y rurales. Entre ellos, la ONG Greenpeace difundió un trabajo categórico contra el producto agroquímico.
“Tolerancia a herbicidas y cultivos transgénicos. Por qué el mundo debería estar preparado para abandonar el glifosato”, es un informe publicado por Greenpeace en julio de este año, y demuestra que los productos sobre la base del agroquímico pueden tener efectos adversos sobre la salud humana y animal y el ambiente. En este sentido, el informe advierte que la exposición de los seres humanos al glifosato “ha sido vinculada a varios efectos crónicos: reproductivos (defectos de nacimiento), cáncer, neurológicos (incluso implicado en causar el mal de Parkinson), y efectos agudos por el uso directo del producto por los agricultores o por la exposición de los habitantes”.
Además, el informe señala la preocupación de que los defectos congénitos experimentados por mujeres en la Argentina y Paraguay puedan ser consecuencia de su exposición al glifosato utilizado en cultivos de soja y arroz transgénicos. Se indica que estudios científicos demuestran el potencial del glifosato para interrumpir la reproducción, por su capacidad de causar daño mitocondrial, necrosis y muerte celular en células embrionarias y placentarias; y de causar alteraciones endócrinas, incluyendo la interrupción en la producción de progesterona y estrógenos, y el retraso en la pubertad masculina.
“Existe mucha evidencia científica de los efectos que el glifosato provoca en la salud. Debemos tomar esto muy en serio y llevar a cabo una reevaluación urgente de los impactos en la salud del glifosato y sus productos”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Biodiversidad de Greenpeace.
Además, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ha revelado que el glifosato y su desglose, el ácido aminometilfosfónico, conocido como AMPA, se encuentran con frecuencia en las precipitaciones y los ríos de la cuenca del Mississippi, donde se siembra la mayoría de los cultivos transgénicos tolerantes al glifosato. Los resultados del USGS se basan en dos estudios de la lluvia y las cuencas hidrográficas en las zonas agrícolas de la cuenca del Mississippi, donde está el "el mayor uso" de glifosato para controlar las malezas en maíz transgénico, la soja y el algodón tolerante a glifosato “Roundup”. Los informes del USGS de que el uso de glifosato aumentó en más de ocho veces, en los 15 años hasta el 2007, erosionan aún más el mito de que los cultivos transgénicos reducen el uso de productos químicos.
Fecha de Publicación: 04/10/2011
Fuente: Diario El Sur del GBA
Provincia/Región: Buenos Aires
El uso de este peligroso agroquímico fue denunciado en varios distritos de la zona. Se usa en especial cerca de las estaciones para desmalezar. Lanús y Brown prohibieron su uso, pero hay denuncias de violaciones de las normas. Qué hay detrás de la peor cara del boom sojero.
Suelo arrasado, pastos quemados, olores nauseabundos y una atmósfera irritante. Ese es el panorama que queda luego del uso del glifosato, un agroquímico tristemente célebre en el país a partir del boom sojero. Pese a los distintos estudios que alertan sobre los problemas de salud y los daños ambientales que su uso tiene, el producto es el más utilizado en el sector agropecuario en la actualidad. Pero, además del campo, las zonas urbanas están especialmente amenazadas por su peligrosa presencia. Es que desde hace años se denuncia que en el conurbano se aplica glifosato en el desmalezamiento de zonas linderas a las estaciones ferroviarias. Por esto, varios distritos como Lanús o Vicente López prohibieron su uso, pero organizaciones ambientales aseguran que la restricción no se cumple. El peligro de su presencia alerta a los especialistas. Además del daño ambiental, este agroquímico está vinculado con varios efectos sanitarios graves, incluyendo defectos reproductivos, tumores y males neurológicos. Glifosato, un fantasma que se instaló en el conurbano.
El glifosato es un herbicida de amplio espectro, que los especialistas definen como “no selectivo”, utilizado para matar malezas en el campo o en zonas urbanas. Creado en la década del ’60, es el principio activo del Roundup (nombre comercial del herbicida de Monsanto) con el que se fumigan cultivos transgénicos de soja, maíz y algodón. Este tipo de cultivos resisten al compuesto sólo porque están preparados genéticamente para hacerlo.
Si bien tiene una larga historia en todo en el planeta, desde que la soja se instaló en el país como “cultivo de oro”, su nombre se conoce cada vez más. No es para menos. Según el Servicio para la Adquisición de Aplicaciones Agrobiotecnológicas (ISAAA), el glifosato es el agrotóxico “pilar” de la industria sojera argentina. “En el año 2007, la Argentina fue el segundo productor mundial de cultivos transgénicos con 19.1 millones de hectáreas, el 19 por ciento de la superficie destinada a este tipo de cultivos en todo el mundo. 16 millones de esas hectáreas están sembradas con soja, 2,8 millones con maíz y 400 mil con algodón”, expresa la entidad. De las plantaciones de soja, el 90 por ciento utiliza glifosato.
Un tóxico “urbanizado”
Pero la irrupción del agroquímico en el mundo de la soja se trasladó sorpresivamente al panorama urbano. En 2007, las primeras denuncias realizadas por vecinos de Vicente López con respecto al uso de glifosato para desmalezar zonas linderas a los espacios de circulación de trenes sacudieron a la opinión pública. Con el tiempo, su uso en forma de fumigación —más efectivo que la aspersión de otros productos— se popularizó pese al rechazo inicial. Las primeras denuncias llegaron en la zona norte, en el distrito de Vicente López, pero pronto la actividad llegó al sur del conurbano. Así, el año pasado, en los principales distritos de la región hubo denuncias de utilización de este producto en las estaciones ferroviarias. Todas las miradas apuntaron a la empresa que actualmente tiene la concesión del servicio: la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (UGOFE).
“Desde Libres del Sur trabajamos el tema del glifosato en las vías de la ex línea Roca, porque tuvimos denuncias de varias zonas de que estaban fumigando con ese elemento, como en la zona de Turdera, del triángulo de Temperley y en Claypole, donde con glifosato quemaron árboles recién forestados”, le recordó a Diario del Sur Ivanna Rezano, concejal de Almirante Brown. En ese distrito, como en Lanús o Lomas de Zamora, las denuncias vecinales llegaron a los Concejos Deliberantes, que en los últimos años aprobaron ordenanzas para prohibir su uso.
Las ordenanzas fueron aprobadas por unanimidad, pero no siempre se cumplen. Por esto, Rezano y otros concejales realizaron la denuncia ante la Defensoría del Pueblo de la Nación. Según confirmó Rezano a este medio, ante el requerimiento de la defensoría, la UGOFE “reconoce el uso del agroquímico en la zona de vías, pero amparándose en resolución de la Secretaría de Transportes de la Nación, desde la cual es aceptado el uso de estos productos en función de la ambigüedad de la Ley de Agroquímicos”.
En el caso de Almirante Brown, el HCD aprobó una ordenanza que establece la prohibición del uso de este producto con el objeto de proteger “la salud humana y del medio ambiente”. La ordenanza —que contó con el apoyo de todos los bloques— incluye a todos los espacios verdes dentro del territorio del municipio, lo que obliga a la comuna a crear un proyecto de régimen de sanciones administrativas y económicas en caso de incumplimiento.
En tanto, en el caso de Lanús, se aprobó una ordenanza que prohíbe el uso de agrotóxicos en todo el territorio local. La iniciativa fue impulsada por varias organizaciones ambientalistas, entre ella la ONG Oikos. Su titular, el ex concejal Vicente Piccirillo, destacó la participación de otras entidades, como la Asociación Guardianes del Ambiente, la Asociación Ecológica de Lanús y Eco-hábitat Nueva Frontera. “La ordenanza obliga al ejecutivo a actuar y cuando se sancione la fiscal impositiva, ahí la Municipalidad tendrá que establecer las multas para quienes no cumplan. Las sanciones pueden ser en dinero o administrativas, como las clausuras”, dijo Piccirillo.
Estos dos ejemplos muestran la preocupación de los distritos, medidas que se fueron dispersando en la región. Sin embargo, no fue suficiente.
Advertencias
Los esfuerzos locales tuvieron eco en la provincia de Buenos Aires, que comenzó a preocuparse por la situación y dar un marco general a la prohibición. Incluso, el Defensor del Pueblo bonaerense, Carlos Bonicatto, presentó la Resolución 32/11 que solicita iniciar investigaciones de oficio para determinar la probable incidencia en la salud de la población y en los alimentos para consumo, del uso de agroquímicos en la provincia. Por otra parte, recomienda a los Municipios que adopten las medidas pertinentes para un uso responsable de agroquímicos a los efectos de resguardar la salud humana y prevenir la contaminación del medio ambiente.
Si bien fuentes de la Defensoría le alertaron a Diario del Sur que esta resolución apunta fundamentalmente “a los distritos del interior que tienen actividad agrícola”, el uso en el conurbano existe. “La resolución fue formulada a raíz del trabajo que la Defensoría del Pueblo viene llevando adelante a través de diversas intervenciones en materia de medio ambiente”, dijeron desde la Defensoría.
Pero, pese a las ordenanzas, la UGOFE y otras empresas suelen desoír las normas. En este sentido, en Lomas de Zamora la Asamblea Finky Verde viene denunciando a la empresa ferroviaria por el uso de glifosato. Alrededor de ese parque, entre las vías que unen Temperley con Haedo, la entidad dijo que varias veces se usó el agroquímico para combatir la maleza.
Algunos especialistas aseguran que poco se podrá hacer si no se cambia la Ley de Agroquímicos provincial, que tiene cerca de 20 años y que el Ministerio de Asuntos Agrarios bonaerense busca modificar, cambiando el decreto reglamentario 499/91.
“Esperamos no tener que acudir a la Justicia. Es de buenas prácticas administrativas que los municipios y las provincias acomoden las normas al cuidado de la salud y el ambiente”, advirtió el titular de la Defensoría bonaerense.
Peligro inminente
Con la soja instalada en el horizonte inmediato de la economía del país, el glifosato tiene una larga vida entre nosotros. Por lo que será necesario hacer una fuerte revisión de los mecanismos para evitar que su uso no genere —en el interior y el conurbano— daños irreparables a la salud y el medio ambiente.
“Entendemos que UGOFE sigue utilizando glifosato, fundamentalmente porque la Nación no se lo prohíbe, y porque los gobiernos municipales en general miran para otro lado. Hay una gran red por la modificación de agroquímicos para que no se fumigue en zonas pobladas con estos productos”, analizó Rezano. La concejal de Brown recordó que en Santa Fe, por ejemplo, la provincia “ha presentado denuncias y resoluciones para que no fumiguen en zonas pobladas”.
En tanto, Piccirillo apuntó a las cuestiones prácticas: “la sanción económica, en casos de contaminación, no parece ser la mejor, porque las empresas prefieren pagar las multas y seguir contaminando”. Como sea, el fantasma está presente. Y millones de habitantes bajo su amenaza.
Los informes de salud que condenan al glifosato
Las advertencias lanzadas en todo el mundo por los riesgos que genera el glifosato se fueron acrecentando con el correr de los años, y en 2011 se incrementaron los informes contra su uso en zonas urbanas y rurales. Entre ellos, la ONG Greenpeace difundió un trabajo categórico contra el producto agroquímico.
“Tolerancia a herbicidas y cultivos transgénicos. Por qué el mundo debería estar preparado para abandonar el glifosato”, es un informe publicado por Greenpeace en julio de este año, y demuestra que los productos sobre la base del agroquímico pueden tener efectos adversos sobre la salud humana y animal y el ambiente. En este sentido, el informe advierte que la exposición de los seres humanos al glifosato “ha sido vinculada a varios efectos crónicos: reproductivos (defectos de nacimiento), cáncer, neurológicos (incluso implicado en causar el mal de Parkinson), y efectos agudos por el uso directo del producto por los agricultores o por la exposición de los habitantes”.
Además, el informe señala la preocupación de que los defectos congénitos experimentados por mujeres en la Argentina y Paraguay puedan ser consecuencia de su exposición al glifosato utilizado en cultivos de soja y arroz transgénicos. Se indica que estudios científicos demuestran el potencial del glifosato para interrumpir la reproducción, por su capacidad de causar daño mitocondrial, necrosis y muerte celular en células embrionarias y placentarias; y de causar alteraciones endócrinas, incluyendo la interrupción en la producción de progesterona y estrógenos, y el retraso en la pubertad masculina.
“Existe mucha evidencia científica de los efectos que el glifosato provoca en la salud. Debemos tomar esto muy en serio y llevar a cabo una reevaluación urgente de los impactos en la salud del glifosato y sus productos”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Biodiversidad de Greenpeace.
Además, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ha revelado que el glifosato y su desglose, el ácido aminometilfosfónico, conocido como AMPA, se encuentran con frecuencia en las precipitaciones y los ríos de la cuenca del Mississippi, donde se siembra la mayoría de los cultivos transgénicos tolerantes al glifosato. Los resultados del USGS se basan en dos estudios de la lluvia y las cuencas hidrográficas en las zonas agrícolas de la cuenca del Mississippi, donde está el "el mayor uso" de glifosato para controlar las malezas en maíz transgénico, la soja y el algodón tolerante a glifosato “Roundup”. Los informes del USGS de que el uso de glifosato aumentó en más de ocho veces, en los 15 años hasta el 2007, erosionan aún más el mito de que los cultivos transgénicos reducen el uso de productos químicos.
Glifosato: tres pueblos acuden a la justicia
Otros tres pueblos santafesinos acuden a la justicia contra el glifosato
Fecha de Publicación: 03/10/2011
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Santa Fe
Sociedad / En San Jorge, donde las muertes por cáncer aumentaron un 30%, un fallo impide la fumigación. En Ibarlucea, abogados ambientalistas denuncian aprietes. Y en La Criolla liberaron de agroquímicos la zona urbana, pero no los cursos de agua.
Qué tienen en común pueblos como San Jorge, Ibarlucea o La Criolla? Además de estar todos en la provincia de Santa Fe, comparten un triste destino que, boom sojero mediante, los está convirtiendo en pueblos fumigados, donde escuelas, casas y barrios enteros no se salvan del afán agropecuario, sólo preocupado por el rinde de la semilla.
Hay otros indicadores, preocupantes, que crecen al ritmo de la producción sojera. Hace tiempo que Alicia Boscatto, subjefa del Registro Civil de San Jorge, comenzó a contar los fallecimientos registrados por cáncer. La cifra hiela la sangre: un 30% más que hace tres años. A ella se suma el doctor Ángel Bracco, que constata esos efectos en su consultorio y curiosamente explica a Tiempo Argentino que “muchos llegan a la consulta preocupados por su falta de rendimiento sexual, sin saber que los pesticidas inciden en los procesos hormonales de un modo notable”.
Bracco enumera además alergias severas, cuadros de hipotiroidismo, cáncer de tiroides y de páncreas que superan su capacidad de asombro. “El estado de la salud pública aquí es inversamente proporcional al enriquecimiento sojero”, dice, contundente, y agrega que cada vez son más visibles los aumentos en las tasas de infertilidad por el efecto endócrino.
“Fumigan a la noche y la gente se siente mal por la mañana, pero yo, por ejemplo, tengo alergia, me pica todo el cuerpo y la cabeza como si tuviese piojos, y me hice un análisis porque tengo alteraciones de la flora intestinal como si fuese celíaca, pero no lo soy. Me están apareciendo cosas que jamás tuve en la vida”, se queja ante Tiempo Argentino una vecina, que no quiere dar su nombre y que vive justo enfrente de un silo sojero, en San Jorge, ubicado peligrosamente junto a una plaza donde juegan niños.
Héctor Lombarte, responsable de una de las obras sociales del pueblo, reseña que en los últimos tres años “los casos de cáncer que llegan hasta nuestra institución treparon un 400%”.
La justicia llegó a San Jorge a partir de las denuncias de la vecina Viviana Peralta sobre el modo en que cada fumigación afectaba a su hija Ailén prácticamente desde que nació. Ellos, junto a otros vecinos del Barrio Urquiza, recurrieron a todas las instancias judiciales y, además, revolearon unos cuantos cascotazos contra los “mosquitos” (las máquinas fumigadoras), logrando que un fallo judicial impida la fumigación en esa zona que, pese a estar pegada a los campos, sigue siendo urbana.
La medida, no obstante, sólo protege al barrio en cuestión y no a todo el pueblo. Como la provincia de Santa Fe se negó a realizar estudios, el fallo es precautorio: la prohibición ante el riesgo y amenaza para la salud. Pero en San Jorge, hasta las banquinas tienen soja.
EL FALLO ESCONDIDO. Ibarlucea es otro pueblo rural ubicado a pocos kilómetros de Rosario. Allí, la vecina María Celeste Bravo inició una acción legal contra la comuna santafesina por las fumigaciones que se realizan casi de modo constante y apenas a 100 metros de áreas habitadas.
Tras más de 150 días desde la prescripción del plazo legal, todo sigue igual y el juez tampoco se expidió sobre la medida cautelar solicitada. Fuentes judiciales de la provincia de Santa Fe advirtieron a Tiempo sobre una posible recusación al magistrado Néstor Osvaldo García. Por lo pronto, el intendente de Ibarlucea, Juan José Prino, ordenó fumigar a 100 metros de la casa de la familia demandante, cuando la ley provincial estipula 500 como mínimo.
La abogada ambientalista Graciela Gómez, que representa a la familia Bravo, denunció que recibió amenazas en la puerta del juzgado por parte de Eduardo Sosa, el abogado de la comuna de Ibarlucea. En el Juzgado Civil N°6 de Rosario no le dejan ver el expediente. “Una vez más la justicia santafesina demuestra que los jueces sojeros están al servicio de la producción, y del envenenamiento antes que la vida”, dijo Gómez, y agregó: “Los voy a llevar a la Corte de ser necesario, a mí no me van a correr con sus mañas procesales ni con sus amenazas.”
LA TIERRA SÍ, EL AGUA NO. Después de largos debates y contratiempos, Oscar Brasca, vecino de La Criolla, puede sonreír, aunque no del todo. “Hoy tenemos la zona urbana libre de pesticidas”, le cuenta a este diario, “pero no los ríos, lagunas y humedales que lindan con lotes sojeros, de modo que, aunque sea en forma parcial, la contaminación sigue. Medio Ambiente de la provincia hace caso omiso a las quejas que presentamos porque, luego de fumigar, dejan los residuos y bidones de glifosato tirados, inclusive cerca de tomas de agua”, subraya preocupado.
Oscar es un referente en el norte de Santa Fe, por la experiencia adquirida durante años de lucha contra la fumigación. Cuenta que en el pueblo vecino, Vera y Pintado, “siembran hasta la última calle de la localidad”, pero advierte que parte de la batalla se gana educando: “Yo doy talleres en los colegios para que padres y chicos sepan sobre los peligros y puedan organizarse igual que nosotros.”
Respecto de las escuelas, un dato más viene a pintar de lleno cuál es el panorama en la provincia fumigada. Hace tres meses, al menos tres escuelas rurales sufrieron las consecuencias de fumigaciones en terrenos linderos e inclusive en el mismo espacio ocupado por los colegios, según denunció el Centro de Protección a la Naturaleza (Cepronat). “Mosquitos y avionetas han realizado fumigaciones a escasísima distancia de establecimientos educativos, algunas a 15 metros, y con los alumnos en clase”, informó esa ONG en un comunicado.
Las escuelas rurales primarias de Paraje El Ombú (cerca de Arroyo Seco), Villa Amelia (vecina a Rosario) y Paraje El Mataco fueron las últimas, pero son apenas una muestra de lo que sucede con las más de 800 escuelas rurales de la provincia. Desde el Cepronat grafican: “Reciben las gotas de veneno sobre las cabezas de docentes y alumnos.”
Fecha de Publicación: 03/10/2011
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Santa Fe
Sociedad / En San Jorge, donde las muertes por cáncer aumentaron un 30%, un fallo impide la fumigación. En Ibarlucea, abogados ambientalistas denuncian aprietes. Y en La Criolla liberaron de agroquímicos la zona urbana, pero no los cursos de agua.
Qué tienen en común pueblos como San Jorge, Ibarlucea o La Criolla? Además de estar todos en la provincia de Santa Fe, comparten un triste destino que, boom sojero mediante, los está convirtiendo en pueblos fumigados, donde escuelas, casas y barrios enteros no se salvan del afán agropecuario, sólo preocupado por el rinde de la semilla.
Hay otros indicadores, preocupantes, que crecen al ritmo de la producción sojera. Hace tiempo que Alicia Boscatto, subjefa del Registro Civil de San Jorge, comenzó a contar los fallecimientos registrados por cáncer. La cifra hiela la sangre: un 30% más que hace tres años. A ella se suma el doctor Ángel Bracco, que constata esos efectos en su consultorio y curiosamente explica a Tiempo Argentino que “muchos llegan a la consulta preocupados por su falta de rendimiento sexual, sin saber que los pesticidas inciden en los procesos hormonales de un modo notable”.
Bracco enumera además alergias severas, cuadros de hipotiroidismo, cáncer de tiroides y de páncreas que superan su capacidad de asombro. “El estado de la salud pública aquí es inversamente proporcional al enriquecimiento sojero”, dice, contundente, y agrega que cada vez son más visibles los aumentos en las tasas de infertilidad por el efecto endócrino.
“Fumigan a la noche y la gente se siente mal por la mañana, pero yo, por ejemplo, tengo alergia, me pica todo el cuerpo y la cabeza como si tuviese piojos, y me hice un análisis porque tengo alteraciones de la flora intestinal como si fuese celíaca, pero no lo soy. Me están apareciendo cosas que jamás tuve en la vida”, se queja ante Tiempo Argentino una vecina, que no quiere dar su nombre y que vive justo enfrente de un silo sojero, en San Jorge, ubicado peligrosamente junto a una plaza donde juegan niños.
Héctor Lombarte, responsable de una de las obras sociales del pueblo, reseña que en los últimos tres años “los casos de cáncer que llegan hasta nuestra institución treparon un 400%”.
La justicia llegó a San Jorge a partir de las denuncias de la vecina Viviana Peralta sobre el modo en que cada fumigación afectaba a su hija Ailén prácticamente desde que nació. Ellos, junto a otros vecinos del Barrio Urquiza, recurrieron a todas las instancias judiciales y, además, revolearon unos cuantos cascotazos contra los “mosquitos” (las máquinas fumigadoras), logrando que un fallo judicial impida la fumigación en esa zona que, pese a estar pegada a los campos, sigue siendo urbana.
La medida, no obstante, sólo protege al barrio en cuestión y no a todo el pueblo. Como la provincia de Santa Fe se negó a realizar estudios, el fallo es precautorio: la prohibición ante el riesgo y amenaza para la salud. Pero en San Jorge, hasta las banquinas tienen soja.
EL FALLO ESCONDIDO. Ibarlucea es otro pueblo rural ubicado a pocos kilómetros de Rosario. Allí, la vecina María Celeste Bravo inició una acción legal contra la comuna santafesina por las fumigaciones que se realizan casi de modo constante y apenas a 100 metros de áreas habitadas.
Tras más de 150 días desde la prescripción del plazo legal, todo sigue igual y el juez tampoco se expidió sobre la medida cautelar solicitada. Fuentes judiciales de la provincia de Santa Fe advirtieron a Tiempo sobre una posible recusación al magistrado Néstor Osvaldo García. Por lo pronto, el intendente de Ibarlucea, Juan José Prino, ordenó fumigar a 100 metros de la casa de la familia demandante, cuando la ley provincial estipula 500 como mínimo.
La abogada ambientalista Graciela Gómez, que representa a la familia Bravo, denunció que recibió amenazas en la puerta del juzgado por parte de Eduardo Sosa, el abogado de la comuna de Ibarlucea. En el Juzgado Civil N°6 de Rosario no le dejan ver el expediente. “Una vez más la justicia santafesina demuestra que los jueces sojeros están al servicio de la producción, y del envenenamiento antes que la vida”, dijo Gómez, y agregó: “Los voy a llevar a la Corte de ser necesario, a mí no me van a correr con sus mañas procesales ni con sus amenazas.”
LA TIERRA SÍ, EL AGUA NO. Después de largos debates y contratiempos, Oscar Brasca, vecino de La Criolla, puede sonreír, aunque no del todo. “Hoy tenemos la zona urbana libre de pesticidas”, le cuenta a este diario, “pero no los ríos, lagunas y humedales que lindan con lotes sojeros, de modo que, aunque sea en forma parcial, la contaminación sigue. Medio Ambiente de la provincia hace caso omiso a las quejas que presentamos porque, luego de fumigar, dejan los residuos y bidones de glifosato tirados, inclusive cerca de tomas de agua”, subraya preocupado.
Oscar es un referente en el norte de Santa Fe, por la experiencia adquirida durante años de lucha contra la fumigación. Cuenta que en el pueblo vecino, Vera y Pintado, “siembran hasta la última calle de la localidad”, pero advierte que parte de la batalla se gana educando: “Yo doy talleres en los colegios para que padres y chicos sepan sobre los peligros y puedan organizarse igual que nosotros.”
Respecto de las escuelas, un dato más viene a pintar de lleno cuál es el panorama en la provincia fumigada. Hace tres meses, al menos tres escuelas rurales sufrieron las consecuencias de fumigaciones en terrenos linderos e inclusive en el mismo espacio ocupado por los colegios, según denunció el Centro de Protección a la Naturaleza (Cepronat). “Mosquitos y avionetas han realizado fumigaciones a escasísima distancia de establecimientos educativos, algunas a 15 metros, y con los alumnos en clase”, informó esa ONG en un comunicado.
Las escuelas rurales primarias de Paraje El Ombú (cerca de Arroyo Seco), Villa Amelia (vecina a Rosario) y Paraje El Mataco fueron las últimas, pero son apenas una muestra de lo que sucede con las más de 800 escuelas rurales de la provincia. Desde el Cepronat grafican: “Reciben las gotas de veneno sobre las cabezas de docentes y alumnos.”
Alumbrera acusada de un desastre ambiental
Acusan a la Alumbrera de producir desastre ambiental
Fecha de Publicación: 02/10/2011
Fuente: Nuevo Diario Web
Provincia/Región: Catamarca
Desde Catamarca dicen que la minera afecta a varias zonas de la provincia.
Desde la ciudad de Andalgalá, provincia de Catamarca, el integrante de la asamblea “El Algarrobo”, Roberto Luna, detalló a Nuevo Diario su visión acerca del desastre ambiental y sanitario generado por la megaminería transnacional, Minera la Alumbrera desde el mismo momento en que hizo su aparición en la provincia de Catamarca.
Al respecto, señaló que desde su aparición, “la empresa ha venido desinformando, falseando y ocultando información sobre sus actividades y prácticas a toda la sociedad en su conjunto. Es obvio que en este propósito fue acompañada por los sucesivos gobiernos de la provincia”.
“Esta conducta de la ‘minera‘, como parte de su política empresaria, tiene el propósito de esconder al conocimiento de la ciudadanía las reales consecuencias e impactos de esos emprendimientos sobre el medio ambiente y la salud de las poblaciones de la región, especialmente notables en el departamento de Andalgalá, aunque también en Belén, pueblos cercanos a la mina Bajo la Alumbrera y zonas de la provincia de Tucumán, donde hubo derrames de concentrado del mineraloducto”. Entre otros aspectos, remarcó que “su objetivo es el lucro con urgencia, a través de la extracción del oro y otros metales, sin importarles el desastre ambiental y sanitario que están causando”.
Agregó que como la mina en Andalgalá está próxima a agotarse, Minera la Alumbrera acaba de hacerse cargo de la otra mina, Agua Rica, y junto con el gobierno de la provincia de Catamarca pretende iniciar su explotación lo antes posible. “Hay que destacar que el yacimiento está a sólo 21 kilómetros de la ciudad de Andalgalá y se ubica sobre sus fuentes de agua. Su puesta en marcha implicará de hecho la desaparición en poco tiempo de Andalgalá”, remarcó el ambientalista Roberto Luna.
“El resto, es decir el palabrerío de la empresa Minera Alumbrera, sus maniobras, sus mentiras, inclusive hasta el sospechado informe de impacto ambiental ya aprobado por el actual gobernador Brizuela del Moral, son puro cuento minero”, puntualizó.
La amenaza minera de Agua Rica
En relación al trabajo a desarrollar por parte del próximo emprendimiento minero denominado Agua Rica, el ambientalista Luna expresó a Nuevo Diario que de implementarse dicho proyecto en los nevados del Aconquija, produciría un gran impacto en el agua, con la destrucción inmediata del río Minas, que recorre el centro del yacimiento.
Asimismo, agregó que el río Candado será afectado por derrumbes y contaminación; el caudal del río Andalgalá será mínimo. Los ríos El Potrero, Choya y Blanco también serán afectados. Mencionó, además, impacto sobre el aire que se origina en las cumbres nevadas del Aconquija bajarán hacia Andalgalá y pueblos vecinos portando polvo fugitivo de las explosiones en la mina, con partículas de uranio, torio, cesio, arsénico, plomo, zinc, entre otros elementos.
Resaltó que poblaciones más alejadas también sufrirán el problema. Sumado a ello, se producirá la destrucción masiva del relieve, cerros, cursos de agua, ecosistema y paisaje, en la mina y varios kilómetros a la redonda, en donde se acumulará la contaminación.
Fecha de Publicación: 02/10/2011
Fuente: Nuevo Diario Web
Provincia/Región: Catamarca
Desde Catamarca dicen que la minera afecta a varias zonas de la provincia.
Desde la ciudad de Andalgalá, provincia de Catamarca, el integrante de la asamblea “El Algarrobo”, Roberto Luna, detalló a Nuevo Diario su visión acerca del desastre ambiental y sanitario generado por la megaminería transnacional, Minera la Alumbrera desde el mismo momento en que hizo su aparición en la provincia de Catamarca.
Al respecto, señaló que desde su aparición, “la empresa ha venido desinformando, falseando y ocultando información sobre sus actividades y prácticas a toda la sociedad en su conjunto. Es obvio que en este propósito fue acompañada por los sucesivos gobiernos de la provincia”.
“Esta conducta de la ‘minera‘, como parte de su política empresaria, tiene el propósito de esconder al conocimiento de la ciudadanía las reales consecuencias e impactos de esos emprendimientos sobre el medio ambiente y la salud de las poblaciones de la región, especialmente notables en el departamento de Andalgalá, aunque también en Belén, pueblos cercanos a la mina Bajo la Alumbrera y zonas de la provincia de Tucumán, donde hubo derrames de concentrado del mineraloducto”. Entre otros aspectos, remarcó que “su objetivo es el lucro con urgencia, a través de la extracción del oro y otros metales, sin importarles el desastre ambiental y sanitario que están causando”.
Agregó que como la mina en Andalgalá está próxima a agotarse, Minera la Alumbrera acaba de hacerse cargo de la otra mina, Agua Rica, y junto con el gobierno de la provincia de Catamarca pretende iniciar su explotación lo antes posible. “Hay que destacar que el yacimiento está a sólo 21 kilómetros de la ciudad de Andalgalá y se ubica sobre sus fuentes de agua. Su puesta en marcha implicará de hecho la desaparición en poco tiempo de Andalgalá”, remarcó el ambientalista Roberto Luna.
“El resto, es decir el palabrerío de la empresa Minera Alumbrera, sus maniobras, sus mentiras, inclusive hasta el sospechado informe de impacto ambiental ya aprobado por el actual gobernador Brizuela del Moral, son puro cuento minero”, puntualizó.
La amenaza minera de Agua Rica
En relación al trabajo a desarrollar por parte del próximo emprendimiento minero denominado Agua Rica, el ambientalista Luna expresó a Nuevo Diario que de implementarse dicho proyecto en los nevados del Aconquija, produciría un gran impacto en el agua, con la destrucción inmediata del río Minas, que recorre el centro del yacimiento.
Asimismo, agregó que el río Candado será afectado por derrumbes y contaminación; el caudal del río Andalgalá será mínimo. Los ríos El Potrero, Choya y Blanco también serán afectados. Mencionó, además, impacto sobre el aire que se origina en las cumbres nevadas del Aconquija bajarán hacia Andalgalá y pueblos vecinos portando polvo fugitivo de las explosiones en la mina, con partículas de uranio, torio, cesio, arsénico, plomo, zinc, entre otros elementos.
Resaltó que poblaciones más alejadas también sufrirán el problema. Sumado a ello, se producirá la destrucción masiva del relieve, cerros, cursos de agua, ecosistema y paisaje, en la mina y varios kilómetros a la redonda, en donde se acumulará la contaminación.
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Los residuos electrónicos, sin destino
Los residuos electrónicos, sin destino
Fecha de Publicación: 02/10/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
De las 100.000 toneladas de aparatos que se descartan por año en la Argentina, sólo se recicla aproximadamente el 2 por ciento
uería encontrar la clásica heladera SIAM de bolita, símbolo de lo que había sido la empresa décadas atrás. Corrió hacia una más moderna que todavía tenía los imanes pegados sobre la puerta; se metió por un angosto pasillo entre los electrodomésticos arrumbados y la encontró. Descascarada, con el logo colgando, esa heladera había ido a parar ahí, a un patio trasero de la ex fábrica SIAM, situada en Avellaneda, a orillas del Riachuelo, procedencia directa de alguna casa como parte del plan canje de electrodomésticos de línea blanca que en 2009 promovió el gobierno nacional.
Esa heladera, al igual que las 1500 que quedan a su alrededor, ya fue desguazada: se le extrajeron los aceites del compresor y los materiales aislantes, y se separaron el gas, el plástico, el acero, el cobre y el aluminio para comercializarlos. A las carcasas se las fueron llevando de a poco en camiones, rumbo a una planta de recuperación de metales ferrosos que los clasifica y selecciona para abastecer a las plantas siderúrgicas de Ternium Siderar y de Tenaris, donde se convertirán en tubos o chapas laminadas de acero para la fabricación de autos, sembradoras, postes de luz, silos y lavarropas.
Contento por haber encontrado el modelo que buscaba, Julio Cozes, una de las 105 personas que trabaja hoy en la cooperativa que se formó tras la quiebra de la empresa a mediados de los 90, cuenta que por el plan canje llegaron a acumularse en pasillos, patios y galpones unas 16.000 heladeras y lavarropas. Un verdadero cementerio de electrodomésticos, destinado al reciclaje, que muestra sólo una ínfima parte de la contracara del boom de consumo: los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), cuyo número no sólo aumenta cada año, sino que, de no recuperarse, son los que mayor cantidad de sustancias contaminantes aportan al medio ambiente.
Porque, en líneas generales, el trabajo que viene realizando la cooperativa SIAM con las heladeras es una excepción: se calcula que se recicla no más del 2 por ciento de las 100.000 toneladas de RAEE que se generan por año en el país, según Greenpeace. Lo demás termina en la bolsa de basura, en la vereda, en services o acopiados en roperos, garajes y oficinas públicas y privadas.
Hoy, en la Argentina, en una casa de una familia tipo de cuatro personas pueden contabilizarse unos 50 aparatos o dispositivos eléctricos y electrónicos, entre electrodomésticos, televisores, equipos de audio o video, juegos, iluminación, pilas, baterías y cámaras de fotos, que pesan unos 420 kg, según precisa Gustavo Protomastro, director de Escrap, una red de operadores de residuos que promueve el uso sustentable de los aparatos electrónicos. De ese total, se desechan unos 10 kg por año, es decir unos 3 por habitante, y cuyo mayor peligro son los componentes altamente contaminantes que poseen, como mercurio, cadmio, bromo, selenio y plomo.
"La venta como segunda mano ha caído notablemente a la par del ciclo de vida de esos aparatos. Entre el 30 y el 40% de lo que va a la basura termina contaminando suelos y rellenos sanitarios; lo que se deja en la vereda es recuperado por cartoneros o chatarreros en busca de sus metales, pero también se desechan. Más del 50% queda acopiado en casas y una pequeña fracción llega en la actualidad a plantas, debidamente, para ser reciclada. De 120.000 toneladas anuales, no más de 10.000 se reciclan en plantas habilitadas", explica.
Son pocas las empresas habilitadas por la Secretaría de Medio Ambiente que gestionan residuos. Y firmas como Silkers o Scrap, y Rezagos se dedican a residuos informáticos y de telecomunicaciones, pero no a RAEE de línea blanca.
Números en alza
La cantidad de aparatos eléctricos y electrónicos que se descartan aumenta cada año. En su previsión para 2011, la Cámara Argentina de Máquinas de Oficina, Comerciales y Afines (Camoca) estima que se generarán unos 74.562.400 kg de residuos entre fotocopiadoras, impresoras, computadoras, cartuchos, teléfonos... Unos cuatro millones más de lo que se había alcanzado en 2010, sin tener en cuenta los residuos de electrodomésticos de línea blanca, respecto de los cuales no existen índices oficiales ni privados.
A Greenpeace no sólo le preocupan los residuos que se producen todos los años, sino también el acortamiento de los ciclos de vida de estos aparato, tanto por el boom del consumo como por la cada vez más acelerada renovación tecnológica. Por ejemplo, las computadoras: para este año, calculan que en el país se descartará más de un millón, número que en años venideros subirá fuertemente.
El de los televisores es un caso emblemático: entre la renovación tecnológica, el plan LCD para todos, las cincuenta cuotas sin interés, el efecto Mundial 2010 y el denominado "apagón analógico" por la llegada de la televisión digital se ha impulsado un fuerte recambio, que significó un incremento del parque de televisores en más de 20 millones de unidades en menos de una década, según Greenpeace.
Respecto de los celulares, en los últimos dos años se desecharon en el país casi 10 millones, es decir, cerca del 30% del parque actual.
En Números
2% De los residuos se recicla. No más de 10.000 toneladas se reciclan en plantas habilitadas por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
120.000 T. Se descartan por año. Es el número aproximado de residuos eléctricos y electrónicos entre los que se cuentan desde computadoras y celulares hasta pilas, televisores y electrodomésticos.
16.000 Heladeras por el plan canje. Como parte de ese programa de 2009, promovido por el gobierno nacional en 2009, la cooperativa de la ex fábrica Siam recibió esa cantidad para reciclar.
La ley que espera en Diputados
En mayo de este año, el Senado de la Nación aprobó el proyecto de ley que promueve la responsabilidad del fabricante hasta el destino final del producto, y que establece presupuestos mínimos para que se defina qué hacer con las más de 100.000 toneladas de basura electrónica que se producen por año en el país. Hoy, el proyecto que se encuentra en la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados y que será girado a la de Industria y a la de Presupuesto, espera alcanzar dictamen. "Mientras se dilate la promulgación de la ley, la basura electrónica en la Argentina seguirá creciendo", afirmó Yanina Rullo, coordinadora de la Campaña de Residuos Electrónicos de Greenpeace, que confía en que el proyecto se pueda convertir en ley antes de fines de año.
Fecha de Publicación: 02/10/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
De las 100.000 toneladas de aparatos que se descartan por año en la Argentina, sólo se recicla aproximadamente el 2 por ciento
uería encontrar la clásica heladera SIAM de bolita, símbolo de lo que había sido la empresa décadas atrás. Corrió hacia una más moderna que todavía tenía los imanes pegados sobre la puerta; se metió por un angosto pasillo entre los electrodomésticos arrumbados y la encontró. Descascarada, con el logo colgando, esa heladera había ido a parar ahí, a un patio trasero de la ex fábrica SIAM, situada en Avellaneda, a orillas del Riachuelo, procedencia directa de alguna casa como parte del plan canje de electrodomésticos de línea blanca que en 2009 promovió el gobierno nacional.
Esa heladera, al igual que las 1500 que quedan a su alrededor, ya fue desguazada: se le extrajeron los aceites del compresor y los materiales aislantes, y se separaron el gas, el plástico, el acero, el cobre y el aluminio para comercializarlos. A las carcasas se las fueron llevando de a poco en camiones, rumbo a una planta de recuperación de metales ferrosos que los clasifica y selecciona para abastecer a las plantas siderúrgicas de Ternium Siderar y de Tenaris, donde se convertirán en tubos o chapas laminadas de acero para la fabricación de autos, sembradoras, postes de luz, silos y lavarropas.
Contento por haber encontrado el modelo que buscaba, Julio Cozes, una de las 105 personas que trabaja hoy en la cooperativa que se formó tras la quiebra de la empresa a mediados de los 90, cuenta que por el plan canje llegaron a acumularse en pasillos, patios y galpones unas 16.000 heladeras y lavarropas. Un verdadero cementerio de electrodomésticos, destinado al reciclaje, que muestra sólo una ínfima parte de la contracara del boom de consumo: los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), cuyo número no sólo aumenta cada año, sino que, de no recuperarse, son los que mayor cantidad de sustancias contaminantes aportan al medio ambiente.
Porque, en líneas generales, el trabajo que viene realizando la cooperativa SIAM con las heladeras es una excepción: se calcula que se recicla no más del 2 por ciento de las 100.000 toneladas de RAEE que se generan por año en el país, según Greenpeace. Lo demás termina en la bolsa de basura, en la vereda, en services o acopiados en roperos, garajes y oficinas públicas y privadas.
Hoy, en la Argentina, en una casa de una familia tipo de cuatro personas pueden contabilizarse unos 50 aparatos o dispositivos eléctricos y electrónicos, entre electrodomésticos, televisores, equipos de audio o video, juegos, iluminación, pilas, baterías y cámaras de fotos, que pesan unos 420 kg, según precisa Gustavo Protomastro, director de Escrap, una red de operadores de residuos que promueve el uso sustentable de los aparatos electrónicos. De ese total, se desechan unos 10 kg por año, es decir unos 3 por habitante, y cuyo mayor peligro son los componentes altamente contaminantes que poseen, como mercurio, cadmio, bromo, selenio y plomo.
"La venta como segunda mano ha caído notablemente a la par del ciclo de vida de esos aparatos. Entre el 30 y el 40% de lo que va a la basura termina contaminando suelos y rellenos sanitarios; lo que se deja en la vereda es recuperado por cartoneros o chatarreros en busca de sus metales, pero también se desechan. Más del 50% queda acopiado en casas y una pequeña fracción llega en la actualidad a plantas, debidamente, para ser reciclada. De 120.000 toneladas anuales, no más de 10.000 se reciclan en plantas habilitadas", explica.
Son pocas las empresas habilitadas por la Secretaría de Medio Ambiente que gestionan residuos. Y firmas como Silkers o Scrap, y Rezagos se dedican a residuos informáticos y de telecomunicaciones, pero no a RAEE de línea blanca.
Números en alza
La cantidad de aparatos eléctricos y electrónicos que se descartan aumenta cada año. En su previsión para 2011, la Cámara Argentina de Máquinas de Oficina, Comerciales y Afines (Camoca) estima que se generarán unos 74.562.400 kg de residuos entre fotocopiadoras, impresoras, computadoras, cartuchos, teléfonos... Unos cuatro millones más de lo que se había alcanzado en 2010, sin tener en cuenta los residuos de electrodomésticos de línea blanca, respecto de los cuales no existen índices oficiales ni privados.
A Greenpeace no sólo le preocupan los residuos que se producen todos los años, sino también el acortamiento de los ciclos de vida de estos aparato, tanto por el boom del consumo como por la cada vez más acelerada renovación tecnológica. Por ejemplo, las computadoras: para este año, calculan que en el país se descartará más de un millón, número que en años venideros subirá fuertemente.
El de los televisores es un caso emblemático: entre la renovación tecnológica, el plan LCD para todos, las cincuenta cuotas sin interés, el efecto Mundial 2010 y el denominado "apagón analógico" por la llegada de la televisión digital se ha impulsado un fuerte recambio, que significó un incremento del parque de televisores en más de 20 millones de unidades en menos de una década, según Greenpeace.
Respecto de los celulares, en los últimos dos años se desecharon en el país casi 10 millones, es decir, cerca del 30% del parque actual.
En Números
2% De los residuos se recicla. No más de 10.000 toneladas se reciclan en plantas habilitadas por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
120.000 T. Se descartan por año. Es el número aproximado de residuos eléctricos y electrónicos entre los que se cuentan desde computadoras y celulares hasta pilas, televisores y electrodomésticos.
16.000 Heladeras por el plan canje. Como parte de ese programa de 2009, promovido por el gobierno nacional en 2009, la cooperativa de la ex fábrica Siam recibió esa cantidad para reciclar.
La ley que espera en Diputados
En mayo de este año, el Senado de la Nación aprobó el proyecto de ley que promueve la responsabilidad del fabricante hasta el destino final del producto, y que establece presupuestos mínimos para que se defina qué hacer con las más de 100.000 toneladas de basura electrónica que se producen por año en el país. Hoy, el proyecto que se encuentra en la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados y que será girado a la de Industria y a la de Presupuesto, espera alcanzar dictamen. "Mientras se dilate la promulgación de la ley, la basura electrónica en la Argentina seguirá creciendo", afirmó Yanina Rullo, coordinadora de la Campaña de Residuos Electrónicos de Greenpeace, que confía en que el proyecto se pueda convertir en ley antes de fines de año.
Una estrategia para el cambio climático
Una estrategia para el cambio climático
Fecha de Publicación: 01/10/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
La Secretaría de Ambiente presentó ayer la fase inicial del programa, consensuado por 24 organismos nacionales. La primera fase de la estrategia se basa en atacar la emisión de gases de efecto invernadero.
En respuesta a los desafíos que plantea de manera creciente la cuestión ambiental, Argentina avanza, por primera vez, en una Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) que sentará las bases de mitigación de las causas y adaptación al impacto producido por el fenómeno. Ayer fue presentada la fase inicial de ese plan, consensuado por los 24 organismos nacionales que conforman el comité gubernamental que se abocará al tema. El director de Cambio Climático de la Secretaría de Ambiente, Nazareno Castillo Marín, destacó que la concreción del proyecto evidencia que “se ha logrado incorporar la temática a la agenda nacional” y anticipó que la segunda parte del programa constará de una definición de las metas concretas y sus indicadores, a cumplir en un tiempo fijado.
“La temática del cambio climático es extremadamente compleja”, definió Castillo Marín. Argentina es responsable de menos del uno por ciento de los gases de efecto invernadero emitidos mundialmente y, sin embargo, “se estima que si se continúa con el actual ritmo de producción el país habrá incrementado (las emisiones) en un 105 por ciento para el 2030”, especificaba ayer el funcionario durante una reunión realizada con representantes de los ministerios de Economía, Planificación, Agricultura y Salud, entre otros. También participaron delegados de las secretarías de Industria y Transporte, y representantes del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) y del Consejo Hídrico Federal (Cofime).
La primera fase de la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) se basa en dos grandes ejes: atacar la producción de gases de efecto invernadero y, por otro lado, crear políticas de adaptación y de manejo de emergencias sobre los impactos del cambio climático existente. En el primer grupo, las estrategias estarán dirigidas a “mejorar la eficiencia energética, incrementar la participación de energías renovables, y aumentar la eficiencia en la industria, en la agricultura, en el tratamiento de los residuos sólidos urbanos y de los efluentes líquidos”. El punto número 13 de los ejes de acción promueve cambios en estilos de vida de la población.
El coordinador residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Martín Santiago Herrero, resaltó en el encuentro realizado en el Hotel Sheraton Libertador que “la creación de la Estrategia determina una visión muy coherente y responsable del Estado argentino” y consideró “esencial que se continúe con la política de crecimiento económico con inclusión social, pero deberá incluirse también la cuestión del ambiente”.
Actualmente, según la Secretaría de Ambiente, la producción de gases de efecto invernadero a escala nacional corresponde en un 47 por ciento al sector de energía y en un 42 por ciento al de agricultura. Dentro de la estrategia prevista para el sector del campo, se prevé promover la diversificación e integración de producciones agropecuarias y forestales. Dentro de las convenciones sobre medio ambiente, el concepto de “responsabilidad común pero diferenciada” cobra vital importancia. Así lo entiende Martín Chojo, representante técnico de la Secretaría de Políticas Económicas, quien explicó que “en los acuerdos internacionales son parte inherente no sólo el compromiso a reducir la contaminación, sino a que los países con mayores recursos, que son los que mayores emisiones de gases tienen, financien” proyectos fuera de sus fronteras.
En ese sentido, aseguró a Página/12 que la creación del Nuevo Fondo Climático Verde, que comenzará a funcionar en enero próximo, será “el instrumento de mayor importancia en la estructura financiera de programas sobre el cambio climático global”. En la próxima cumbre de Cambio Climático que se realizará en Durban, Sudáfrica, los 194 países miembros de Naciones Unidas tendrán que ratificar la creación del banco.
Por su parte, el delegado por la Secretaría de Transporte, Rodrigo Rodríguez Torquinst, contó que la cartera tiene una gran posibilidad de contribuir a la mitigación de los efectos del cambio climático a través del tendido de nuevas vías de ferrocarriles, el transporte público más ecológico.
Por otra parte, en el país hay más de 1,5 millón de hectáreas de bosques nativos protegidos y casi un millón de hectáreas de glaciares, que “deben ser privilegiados en materia de cambio climático”, exhortó una representante de Parques Nacionales.
La presentación de la Estrategia Nacional de Cambio Climático continuó ayer con la exposición por parte de los sectores privados, científico-académicos y de los trabajadores para sentar los lineamientos básicos que deberá incluir la segunda fase del plan. Es “la manera más coordinada y eficiente de hacer frente a la problemática”, definió Castillo Marín.
Fecha de Publicación: 01/10/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
La Secretaría de Ambiente presentó ayer la fase inicial del programa, consensuado por 24 organismos nacionales. La primera fase de la estrategia se basa en atacar la emisión de gases de efecto invernadero.
En respuesta a los desafíos que plantea de manera creciente la cuestión ambiental, Argentina avanza, por primera vez, en una Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) que sentará las bases de mitigación de las causas y adaptación al impacto producido por el fenómeno. Ayer fue presentada la fase inicial de ese plan, consensuado por los 24 organismos nacionales que conforman el comité gubernamental que se abocará al tema. El director de Cambio Climático de la Secretaría de Ambiente, Nazareno Castillo Marín, destacó que la concreción del proyecto evidencia que “se ha logrado incorporar la temática a la agenda nacional” y anticipó que la segunda parte del programa constará de una definición de las metas concretas y sus indicadores, a cumplir en un tiempo fijado.
“La temática del cambio climático es extremadamente compleja”, definió Castillo Marín. Argentina es responsable de menos del uno por ciento de los gases de efecto invernadero emitidos mundialmente y, sin embargo, “se estima que si se continúa con el actual ritmo de producción el país habrá incrementado (las emisiones) en un 105 por ciento para el 2030”, especificaba ayer el funcionario durante una reunión realizada con representantes de los ministerios de Economía, Planificación, Agricultura y Salud, entre otros. También participaron delegados de las secretarías de Industria y Transporte, y representantes del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) y del Consejo Hídrico Federal (Cofime).
La primera fase de la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) se basa en dos grandes ejes: atacar la producción de gases de efecto invernadero y, por otro lado, crear políticas de adaptación y de manejo de emergencias sobre los impactos del cambio climático existente. En el primer grupo, las estrategias estarán dirigidas a “mejorar la eficiencia energética, incrementar la participación de energías renovables, y aumentar la eficiencia en la industria, en la agricultura, en el tratamiento de los residuos sólidos urbanos y de los efluentes líquidos”. El punto número 13 de los ejes de acción promueve cambios en estilos de vida de la población.
El coordinador residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Martín Santiago Herrero, resaltó en el encuentro realizado en el Hotel Sheraton Libertador que “la creación de la Estrategia determina una visión muy coherente y responsable del Estado argentino” y consideró “esencial que se continúe con la política de crecimiento económico con inclusión social, pero deberá incluirse también la cuestión del ambiente”.
Actualmente, según la Secretaría de Ambiente, la producción de gases de efecto invernadero a escala nacional corresponde en un 47 por ciento al sector de energía y en un 42 por ciento al de agricultura. Dentro de la estrategia prevista para el sector del campo, se prevé promover la diversificación e integración de producciones agropecuarias y forestales. Dentro de las convenciones sobre medio ambiente, el concepto de “responsabilidad común pero diferenciada” cobra vital importancia. Así lo entiende Martín Chojo, representante técnico de la Secretaría de Políticas Económicas, quien explicó que “en los acuerdos internacionales son parte inherente no sólo el compromiso a reducir la contaminación, sino a que los países con mayores recursos, que son los que mayores emisiones de gases tienen, financien” proyectos fuera de sus fronteras.
En ese sentido, aseguró a Página/12 que la creación del Nuevo Fondo Climático Verde, que comenzará a funcionar en enero próximo, será “el instrumento de mayor importancia en la estructura financiera de programas sobre el cambio climático global”. En la próxima cumbre de Cambio Climático que se realizará en Durban, Sudáfrica, los 194 países miembros de Naciones Unidas tendrán que ratificar la creación del banco.
Por su parte, el delegado por la Secretaría de Transporte, Rodrigo Rodríguez Torquinst, contó que la cartera tiene una gran posibilidad de contribuir a la mitigación de los efectos del cambio climático a través del tendido de nuevas vías de ferrocarriles, el transporte público más ecológico.
Por otra parte, en el país hay más de 1,5 millón de hectáreas de bosques nativos protegidos y casi un millón de hectáreas de glaciares, que “deben ser privilegiados en materia de cambio climático”, exhortó una representante de Parques Nacionales.
La presentación de la Estrategia Nacional de Cambio Climático continuó ayer con la exposición por parte de los sectores privados, científico-académicos y de los trabajadores para sentar los lineamientos básicos que deberá incluir la segunda fase del plan. Es “la manera más coordinada y eficiente de hacer frente a la problemática”, definió Castillo Marín.
Atucha II: La central nuclear más cara del mundo
Atucha II/ “La central de energía nuclear más cara del mundo”
Fecha de Publicación: 30/09/2011
Fuente: AIM
Provincia/Región: Nacional
“A pesar de los anuncios, no hay un ingreso de potencia real al Sistema Interconectado Nacional porque la central no entrará en funcionamiento sino hasta dentro de un año y medio o dos años cuando logre cumplir con las condiciones de seguridad internacionales requeridas para las centrales nucleares”, indicó a AIM el coordinador del área de energía del Taller Ecologista de Rosario, Pablo Bertinat, quien agregó: “si tenemos en cuenta los costos desde que se empezó a construir hasta ahora, y lo que falta para completar la obra, podremos hablar de Atucha II como la central más cara del mundo, comparable con la hidroeléctrica Yacyretá”.
En diálogo con esta Agencia, el ingeniero precisó que “es difícil hacer los cálculos del valor del kilovatio de energía que producirá Atucha II, pero rondaría los
6.000 dólares, teniendo en cuenta los costos implicados desde que se empezó a construir en los años ochenta hasta estas últimas inversiones, mientras que la misma cantidad de energía producida por una fuente renovable y limpia como la eólica rondaría los 1.200 dólares”.
¿Diversificación de la matriz?
“Atucha II no es un aporte a la diversificación de la matriz energética argentina, porque esa matriz ya tenía un componente nuclear”, aseguró a AIM el especialista, y agregó: “a la diversificación hay que buscarla a través de fuentes renovables y limpias, para no profundizar la dependencia de las fuentes que ya tenemos y presentan estos rasgos de inseguridad, riesgo y altos costos”.
“Creo que hay una decisión estratégica en torno a la visualización de este tipo de obras que suponen un desarrollo tecnológico para el país, de ahí parte la decisión de avanzar en el proyecto que tiene que ver, además, con una fascinación geopolítica, y con la creencia de que esto es realmente un avance tecnológico, sin mencionar la seducción que par los gobiernos tienen las obras gigantescas”, consideró a AIM Bertinat, quien añadió: “y esto sin tener en cuenta los costos y riesgos de de la energía nuclear”.
En cambio, “se podría invertir esa suma y profundizar la licitación que hizo Enarsa el año pasado, por el que se construirían fuentes de energía eólica con una capacidad similar a la de Atucha II”, consideró el ingeniero, quien añadió: “se trata de energía renovable, con mayor perspectiva a largo plazo, fundamentalmente por su sustentabilidad”.
Fecha de Publicación: 30/09/2011
Fuente: AIM
Provincia/Región: Nacional
“A pesar de los anuncios, no hay un ingreso de potencia real al Sistema Interconectado Nacional porque la central no entrará en funcionamiento sino hasta dentro de un año y medio o dos años cuando logre cumplir con las condiciones de seguridad internacionales requeridas para las centrales nucleares”, indicó a AIM el coordinador del área de energía del Taller Ecologista de Rosario, Pablo Bertinat, quien agregó: “si tenemos en cuenta los costos desde que se empezó a construir hasta ahora, y lo que falta para completar la obra, podremos hablar de Atucha II como la central más cara del mundo, comparable con la hidroeléctrica Yacyretá”.
En diálogo con esta Agencia, el ingeniero precisó que “es difícil hacer los cálculos del valor del kilovatio de energía que producirá Atucha II, pero rondaría los
6.000 dólares, teniendo en cuenta los costos implicados desde que se empezó a construir en los años ochenta hasta estas últimas inversiones, mientras que la misma cantidad de energía producida por una fuente renovable y limpia como la eólica rondaría los 1.200 dólares”.
¿Diversificación de la matriz?
“Atucha II no es un aporte a la diversificación de la matriz energética argentina, porque esa matriz ya tenía un componente nuclear”, aseguró a AIM el especialista, y agregó: “a la diversificación hay que buscarla a través de fuentes renovables y limpias, para no profundizar la dependencia de las fuentes que ya tenemos y presentan estos rasgos de inseguridad, riesgo y altos costos”.
“Creo que hay una decisión estratégica en torno a la visualización de este tipo de obras que suponen un desarrollo tecnológico para el país, de ahí parte la decisión de avanzar en el proyecto que tiene que ver, además, con una fascinación geopolítica, y con la creencia de que esto es realmente un avance tecnológico, sin mencionar la seducción que par los gobiernos tienen las obras gigantescas”, consideró a AIM Bertinat, quien añadió: “y esto sin tener en cuenta los costos y riesgos de de la energía nuclear”.
En cambio, “se podría invertir esa suma y profundizar la licitación que hizo Enarsa el año pasado, por el que se construirían fuentes de energía eólica con una capacidad similar a la de Atucha II”, consideró el ingeniero, quien añadió: “se trata de energía renovable, con mayor perspectiva a largo plazo, fundamentalmente por su sustentabilidad”.
Día de Acción Global contra la Basura e Incineración
En el Día de Acción Global contra la Basura y la Incineración
Fecha de Publicación: 30/09/2011
Fuente: Coalición Ciudadana Anti-incineración
Provincia/Región: Nacional
La Coalición Ciudadana Anti-incineración, red de más de 50 organizaciones de todo el país e integrante de GAIA (Alianza Global por Alternativas a la Incineración) hizo un llamado de atención sobre los proyectos de “valorización energética” de residuos que están proliferando en Argentina, en el marco del el Día de Acción Global (DAG) contra la Basura y la Incineración, fecha celebrada desde hace 10 años en todo el mundo.
“Estos proyectos se están instalando o proponiendo con la pretensión de resolver las crisis del mal manejo de residuos domiciliarios en varias ciudades de Argentina, particularmente la zona Metropolitana de Buenos Aires, región Capital - La Plata y Córdoba. Pero se trata de falsas soluciones que generarán nuevos riesgos ambientales, sanitarios y económicos, y no contribuirán a disminuir los impactos de la mala gestión de los RSU”, explicaron desde la Coalición.
A pesar de la intensa publicidad por parte de empresas y gobiernos, algunas de las tecnologías que se están evaluando en el país (gasificación, depolimerización catalítica) no sólo no han demostrado ser viables para el tratamiento de RSU a una escala significativa sino que además han resultado ser muy riesgosas desde el punto de vista ambiental, social y económico, por las emisiones de sustancias tóxicas, recurrentes fallas operativas y escasa generación de energía.
Otras alternativas en evaluación, como la incineración y la co-incineración en cementeras, también generan emisiones tóxicas, son grandes generadoras de gases de efecto invernadero, tienen un balance energético altamente desfavorable, destruyen recursos que podrían ser reciclados o recuperados y obstaculizan los programas reciclaje. Por esto último, representan una amenaza para quienes hoy viven del reciclaje. De hecho, la Unión Europea está recomendando limitar la incineración sólo a materiales no reciclables.
"Es una irresponsabilidad de las autoridades que avancen con completa ligereza con estos proyectos, cuando incluso los responsables del plan de residuos en la Cuenca Matanza-Riachuelo estuvieron directamente implicados en el escandaloso fracaso de los proyectos de la empresa Innviron en la provincia de Córdoba", agregaron
Finalmente las organizaciones reclamaron que se inviertan recursos en “verdaderas soluciones”, en planes de separación en origen, compostaje, reciclaje, en estrategias para reducir la producción de basura. “Si los recursos millonarios que se van a gastar en estos mega-proyectos se invirtieran en programas de gestión integral de residuos, ambientalmente sustentables y con las estrategias y tecnologías que ya están probadas, podríamos sin duda resolver en poco tiempo las crisis actuales de manejo de residuos”, expresaron.
La Coalición Ciudadana Anti-Incineración se formó en 1995 y está integrada por más de 50 ciudadanos y organizaciones no gubernamentales preocupados por la expansión de la incineración de residuos hospitalarios, industriales y urbanos en la Argentina, y sus impactos sobre el ambiente y la salud humana.
Iniciativas y proyectos en evaluación:
• Centro de Recomposición Energética - CARE (La Matanza): planta de clasificación y producción de combustible derivado de residuos, que se enviaría a plantas cementeras u otros usos (co-incineración). El año pasado fue presentado públicamente como una “solución mágica” para obtener energía “limpia” de la basura. Es financiado por ENARSA. No se está apuntando a separar los residuos en origen ya que la planta está concebida para procesar residuos mezclados, lo que implica porcentajes muy bajos de reciclaje.
• ACUMAR - Cuenca Matanza-Riachuelo. La Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo ha presentado un Plan Maestro de Residuos que incluye la utilización de las tecnologías de gasificación y oxidación térmica para obtener energía de la basura. Se firmó un convenio entre ENARSA, CEAMSE, Ministerio de Defensa y ACUMAR para desarrollar proyectos de valorización energética en la cuenca, y ENARSA realizó a tal fin un llamado a licitación. Según ENARSA, este llamado se realiza en concordancia con la ley de energías renovables, Nº 26190, sin embargo esta ley no incluye a los residuos sólidos urbanos.
• Región Capital-La Plata (La Plata, Ensenada, Berisso, Brandsen, Punta Indio): se aprobó el proyecto de construcción de una planta de clasificación y producción de combustible derivado de residuos que se enviaría a cementeras (co-incineración), a instalarse en Ensenada. El proyecto original incluye la utilización de la tecnología depolimerización catalítica. El proyecto no se basa en la separación en origen por lo que resultarían porcentajes bajos de reciclaje y una producción de compost de mala calidad.
• Córdoba: en 2010 la empresa Innviron propuso obtener energía de la basura de las ciudades de Córdoba, Villa María y Rio Cuarto a través de la tecnología de gasificación; sin embargo, no pudo sostener la viabilidad de la tecnología y los proyectos fracasaron. Hoy, el recientemente electo gobernador está evaluando alternativas en España; concretamente, de la empresa Griñó Ecologic que envía residuos a quemar en cementeras y está ofreciendo la tecnología de depolimerización catalítica. Dicha empresa también fue visitada por autoridades del Concejo Deliberante de Mar del Plata.
Más información: Página web http://www.noalaincineracion.org/
Fecha de Publicación: 30/09/2011
Fuente: Coalición Ciudadana Anti-incineración
Provincia/Región: Nacional
La Coalición Ciudadana Anti-incineración, red de más de 50 organizaciones de todo el país e integrante de GAIA (Alianza Global por Alternativas a la Incineración) hizo un llamado de atención sobre los proyectos de “valorización energética” de residuos que están proliferando en Argentina, en el marco del el Día de Acción Global (DAG) contra la Basura y la Incineración, fecha celebrada desde hace 10 años en todo el mundo.
“Estos proyectos se están instalando o proponiendo con la pretensión de resolver las crisis del mal manejo de residuos domiciliarios en varias ciudades de Argentina, particularmente la zona Metropolitana de Buenos Aires, región Capital - La Plata y Córdoba. Pero se trata de falsas soluciones que generarán nuevos riesgos ambientales, sanitarios y económicos, y no contribuirán a disminuir los impactos de la mala gestión de los RSU”, explicaron desde la Coalición.
A pesar de la intensa publicidad por parte de empresas y gobiernos, algunas de las tecnologías que se están evaluando en el país (gasificación, depolimerización catalítica) no sólo no han demostrado ser viables para el tratamiento de RSU a una escala significativa sino que además han resultado ser muy riesgosas desde el punto de vista ambiental, social y económico, por las emisiones de sustancias tóxicas, recurrentes fallas operativas y escasa generación de energía.
Otras alternativas en evaluación, como la incineración y la co-incineración en cementeras, también generan emisiones tóxicas, son grandes generadoras de gases de efecto invernadero, tienen un balance energético altamente desfavorable, destruyen recursos que podrían ser reciclados o recuperados y obstaculizan los programas reciclaje. Por esto último, representan una amenaza para quienes hoy viven del reciclaje. De hecho, la Unión Europea está recomendando limitar la incineración sólo a materiales no reciclables.
"Es una irresponsabilidad de las autoridades que avancen con completa ligereza con estos proyectos, cuando incluso los responsables del plan de residuos en la Cuenca Matanza-Riachuelo estuvieron directamente implicados en el escandaloso fracaso de los proyectos de la empresa Innviron en la provincia de Córdoba", agregaron
Finalmente las organizaciones reclamaron que se inviertan recursos en “verdaderas soluciones”, en planes de separación en origen, compostaje, reciclaje, en estrategias para reducir la producción de basura. “Si los recursos millonarios que se van a gastar en estos mega-proyectos se invirtieran en programas de gestión integral de residuos, ambientalmente sustentables y con las estrategias y tecnologías que ya están probadas, podríamos sin duda resolver en poco tiempo las crisis actuales de manejo de residuos”, expresaron.
La Coalición Ciudadana Anti-Incineración se formó en 1995 y está integrada por más de 50 ciudadanos y organizaciones no gubernamentales preocupados por la expansión de la incineración de residuos hospitalarios, industriales y urbanos en la Argentina, y sus impactos sobre el ambiente y la salud humana.
Iniciativas y proyectos en evaluación:
• Centro de Recomposición Energética - CARE (La Matanza): planta de clasificación y producción de combustible derivado de residuos, que se enviaría a plantas cementeras u otros usos (co-incineración). El año pasado fue presentado públicamente como una “solución mágica” para obtener energía “limpia” de la basura. Es financiado por ENARSA. No se está apuntando a separar los residuos en origen ya que la planta está concebida para procesar residuos mezclados, lo que implica porcentajes muy bajos de reciclaje.
• ACUMAR - Cuenca Matanza-Riachuelo. La Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo ha presentado un Plan Maestro de Residuos que incluye la utilización de las tecnologías de gasificación y oxidación térmica para obtener energía de la basura. Se firmó un convenio entre ENARSA, CEAMSE, Ministerio de Defensa y ACUMAR para desarrollar proyectos de valorización energética en la cuenca, y ENARSA realizó a tal fin un llamado a licitación. Según ENARSA, este llamado se realiza en concordancia con la ley de energías renovables, Nº 26190, sin embargo esta ley no incluye a los residuos sólidos urbanos.
• Región Capital-La Plata (La Plata, Ensenada, Berisso, Brandsen, Punta Indio): se aprobó el proyecto de construcción de una planta de clasificación y producción de combustible derivado de residuos que se enviaría a cementeras (co-incineración), a instalarse en Ensenada. El proyecto original incluye la utilización de la tecnología depolimerización catalítica. El proyecto no se basa en la separación en origen por lo que resultarían porcentajes bajos de reciclaje y una producción de compost de mala calidad.
• Córdoba: en 2010 la empresa Innviron propuso obtener energía de la basura de las ciudades de Córdoba, Villa María y Rio Cuarto a través de la tecnología de gasificación; sin embargo, no pudo sostener la viabilidad de la tecnología y los proyectos fracasaron. Hoy, el recientemente electo gobernador está evaluando alternativas en España; concretamente, de la empresa Griñó Ecologic que envía residuos a quemar en cementeras y está ofreciendo la tecnología de depolimerización catalítica. Dicha empresa también fue visitada por autoridades del Concejo Deliberante de Mar del Plata.
Más información: Página web http://www.noalaincineracion.org/
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