Buscan restringir las fumigaciones
14:51 | 
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Un proyecto de ley busca restringir las fumigaciones con agrotóxicos
Fecha de Publicación: 23/05/2011
Fuente: El Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional
Prohíbe las aplicaciones terrestres de glifosato y otros plaguicidas a menos de 1000 metros de zonas urbanas y suburbanas, y las aéreas a menos de 2500 metros. Deberán tener el consentimiento informado de los residentes.
A pesar de que el mundo científico cuenta con evidencias cada vez más explícitas sobre los efectos dañinos de los agrotóxicos en la salud de las poblaciones cercanas a las áreas fumigadas, la Argentina aún no tiene una ley nacional que regule la aplicación de estos plaguicidas. Con el objetivo de revertir esta falta, la diputada Virginia Linares (GEN) presentó un proyecto de ley que busca establecer “franjas mínimas de protección sanitaria y ambiental para prevenir la contaminación generada por estos químicos en residentes de zonas urbanas, periurbanas y/o suburbanas a estos cultivos”.
La norma cuenta con las firmas de todo el bloque del GEN y el apoyo de legisladores del Partido Socialista y la Unión Cívica Radical, y determina, tal como otra propuesta presentada por el interbloque Proyecto Sur –que aún espera tratamiento en el Congreso de la Nación–, una restricción a las aplicaciones terrestres, a partir de un radio de 1000 metros en relación a las poblaciones más cercanas. Sin embargo, se diferencia del segundo en que, en lugar de prohibir las fumigaciones aéreas, las fija a partir de un radio de 2500 metros.
“Uno estaría de acuerdo con prohibir la utilización de agrotóxicos directamente, porque son elementos peligrosos para la salud de las poblaciones expuestas. Pero para llegar a ese punto hay que tener resuelto el tema de los sustitutos, una meta que aún no está completa, y por eso es difícil que salga una ley más exigente. Esta es una propuesta para el mientras tanto. Si saliese la restricción completa, sería mejor, no tendría sentido nuestro proyecto. Se trata más bien de subir un escalón hasta alcanzar el marco regulatorio ideal”, explicó a Tiempo Argentino la diputada Linares.
La eliminación de las aplicaciones aéreas es una demanda de especialistas, científicos y médicos que estudian los daños de agrotóxicos en la salud de las poblaciones, y que siguieron la evolución durante los últimos años de distintos tipos de cáncer, malformaciones congénitas, abortos espontáneos y trastornos de la fertilidad. Toman como referencia para este reclamo la experiencia de la legislación europea, que resolvió prohibirlas en 2009. Sin ir más lejos, entre el 28 y 30 de abril, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario fue la sede del 2º Encuentro de Médicos de Pueblos Fumigados, cuya principal conclusión fue la reiteración de ese pedido (ver p. 27). “En el Congreso Nacional continúa prevaleciendo la defensa de los derechos a la propiedad privada y al agronegocio”, denunciaron en su comunicado final.
La norma cuenta en sus argumentos con un importante estudio sobre legislación comparada e información sobre los daños a la salud, pero no hace mención al problema del agronegocio y su semilla estrella, la soja transgénica. Sin embargo, la diputada Linares aseguró “no estar de acuerdo con el monocultivo”, y dijo que para revertir esa tendencia “deben cambiarse las condiciones nacionales e internacionales y potenciar una política agropecuaria nacional que estimule y fomente otras producciones”.
El proyecto determina además una serie de obligaciones para los aplicadores. Estos deberán, por ejemplo, presentar un plan de gestión aprobado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, el ente de aplicación, que incluya información sobre las características de la tecnología utilizada para la dispersión de los productos, la evaluación de la utilización de aditivos para minimizar la deriva de los productos utilizados y el consentimiento informado por vía escrita de los residentes de las áreas potencialmente afectadas por la deriva. Este último punto es una novedad en el abordaje de la aplicación de agrotóxicos, pero su viabilidad dependerá de la reglamentación, donde se determinarán los límites y modos de ese consentimiento.
En caso de incumplimiento, indica además que se reprimirá, tal como marca el Código Penal en lo referido a los delitos contra la salud pública, con una pena de prisión de tres a diez años para los casos de envenenamiento, adulteración de aguas potables o alimentos o medicinas; y de diez a veinticinco años si el hecho fuere seguido de la muerte de alguna persona.
Fecha de Publicación: 23/05/2011
Fuente: El Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional
Prohíbe las aplicaciones terrestres de glifosato y otros plaguicidas a menos de 1000 metros de zonas urbanas y suburbanas, y las aéreas a menos de 2500 metros. Deberán tener el consentimiento informado de los residentes.
A pesar de que el mundo científico cuenta con evidencias cada vez más explícitas sobre los efectos dañinos de los agrotóxicos en la salud de las poblaciones cercanas a las áreas fumigadas, la Argentina aún no tiene una ley nacional que regule la aplicación de estos plaguicidas. Con el objetivo de revertir esta falta, la diputada Virginia Linares (GEN) presentó un proyecto de ley que busca establecer “franjas mínimas de protección sanitaria y ambiental para prevenir la contaminación generada por estos químicos en residentes de zonas urbanas, periurbanas y/o suburbanas a estos cultivos”.
La norma cuenta con las firmas de todo el bloque del GEN y el apoyo de legisladores del Partido Socialista y la Unión Cívica Radical, y determina, tal como otra propuesta presentada por el interbloque Proyecto Sur –que aún espera tratamiento en el Congreso de la Nación–, una restricción a las aplicaciones terrestres, a partir de un radio de 1000 metros en relación a las poblaciones más cercanas. Sin embargo, se diferencia del segundo en que, en lugar de prohibir las fumigaciones aéreas, las fija a partir de un radio de 2500 metros.
“Uno estaría de acuerdo con prohibir la utilización de agrotóxicos directamente, porque son elementos peligrosos para la salud de las poblaciones expuestas. Pero para llegar a ese punto hay que tener resuelto el tema de los sustitutos, una meta que aún no está completa, y por eso es difícil que salga una ley más exigente. Esta es una propuesta para el mientras tanto. Si saliese la restricción completa, sería mejor, no tendría sentido nuestro proyecto. Se trata más bien de subir un escalón hasta alcanzar el marco regulatorio ideal”, explicó a Tiempo Argentino la diputada Linares.
La eliminación de las aplicaciones aéreas es una demanda de especialistas, científicos y médicos que estudian los daños de agrotóxicos en la salud de las poblaciones, y que siguieron la evolución durante los últimos años de distintos tipos de cáncer, malformaciones congénitas, abortos espontáneos y trastornos de la fertilidad. Toman como referencia para este reclamo la experiencia de la legislación europea, que resolvió prohibirlas en 2009. Sin ir más lejos, entre el 28 y 30 de abril, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario fue la sede del 2º Encuentro de Médicos de Pueblos Fumigados, cuya principal conclusión fue la reiteración de ese pedido (ver p. 27). “En el Congreso Nacional continúa prevaleciendo la defensa de los derechos a la propiedad privada y al agronegocio”, denunciaron en su comunicado final.
La norma cuenta en sus argumentos con un importante estudio sobre legislación comparada e información sobre los daños a la salud, pero no hace mención al problema del agronegocio y su semilla estrella, la soja transgénica. Sin embargo, la diputada Linares aseguró “no estar de acuerdo con el monocultivo”, y dijo que para revertir esa tendencia “deben cambiarse las condiciones nacionales e internacionales y potenciar una política agropecuaria nacional que estimule y fomente otras producciones”.
El proyecto determina además una serie de obligaciones para los aplicadores. Estos deberán, por ejemplo, presentar un plan de gestión aprobado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, el ente de aplicación, que incluya información sobre las características de la tecnología utilizada para la dispersión de los productos, la evaluación de la utilización de aditivos para minimizar la deriva de los productos utilizados y el consentimiento informado por vía escrita de los residentes de las áreas potencialmente afectadas por la deriva. Este último punto es una novedad en el abordaje de la aplicación de agrotóxicos, pero su viabilidad dependerá de la reglamentación, donde se determinarán los límites y modos de ese consentimiento.
En caso de incumplimiento, indica además que se reprimirá, tal como marca el Código Penal en lo referido a los delitos contra la salud pública, con una pena de prisión de tres a diez años para los casos de envenenamiento, adulteración de aguas potables o alimentos o medicinas; y de diez a veinticinco años si el hecho fuere seguido de la muerte de alguna persona.
Venta de tierras: en junio inician debate
Venta de tierras: en junio inician debate de la ley
Fecha de Publicación: 22/05/2011
Fuente: La mañana de Neuquén
Provincia/Región: Nacional
Es la que busca limitar la venta a extranjeros. Será tratada en el marco de un plenario de comisiones.
La Cámara de Diputados iniciará en la primera semana de junio el debate en comisión del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que busca limitar la venta de tierras a extranjeros, en el marco de un plenario de comisiones que contará con la presencia de funcionarios del Ministerio de Agricultura.
El texto, enviado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el pasado 27 de abril al Congreso, será tratado el próximo 2 de junio en un plenario de las comisiones de Legislación General y Agricultura y Ganadería de la Cámara Baja, que contaría con la presencia del ministro de Agricultura, Julián Domínguez.
Según confirmó a Télam la diputada de Nuevo Encuentro, Vilma Ibarra, titular de la comisión de Legislación General, también se invitará al plenario a los legisladores que integran la comisión de Asuntos Constitucionales, donde se encuentran otros proyectos vinculados a la posesión de tierras en manos de extranjeros.
Al anunciar el proyecto, la Presidenta -que ya se había comprometido el 1 de marzo al inaugurar la Asamblea Legislativa a remitir el texto al Congreso- aseguró que con la iniciativa "estamos dando un paso más en algo muy importante que es el dominio nacional de nuestro recurso no renovable, la tierra".
La iniciativa no sólo apunta "a regular un previsible incremento de la propiedad extranjera sino a la necesidad de limitar un proceso de concentración de grandes extensiones de tierras en manos de capitales", según los fundamentos.
Entre otras cuestiones, el proyecto establece que las tierras rurales de un mismo titular extranjero no podrán superar las 1.000 hectáreas, cualquiera sea su lugar de ubicación, y fija en el 20 por ciento el límite a toda titularidad de dominio por parte de extranjeros de tierras rurales en el territorio nacional.
Si bien existen cerca de una docena de proyectos vinculados con la propiedad de la tierra, el plenario de comisiones -previsto para el 2 de junio- avanzará en el debate de la cuestión y buscará consensuar un texto unificado entre los diferentes bloques parlamentarios.
La iniciativa fue bien recibida por la mayoría de los bloques parlamentarios, que coincidieron en destacar la importancia de avanzar en la cuestión y anticiparon el respaldo al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo aunque se mostraron a favor de unificarlo con las otras inciativas existentes en la Cámara Baja.
"Creo que vamos a poder llegar a un consenso fácilmente, ya que tanto el oficialismo como la oposición tienen vocación de sacar una ley que aborde definitivamente la cuestión del dominio de las tierras rurales", enfatizó Ibarra.
Desde el radicalismo, el diputado Pablo Orsolini, ex vicepresidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), manifestó su respaldo al proyecto, al sostener que "es un buen augurio que se le dé celeridad a este tema tan importante, ya que desde 2000 que venimos reclamando este debate en nuestra entidad".
Fecha de Publicación: 22/05/2011
Fuente: La mañana de Neuquén
Provincia/Región: Nacional
Es la que busca limitar la venta a extranjeros. Será tratada en el marco de un plenario de comisiones.
La Cámara de Diputados iniciará en la primera semana de junio el debate en comisión del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que busca limitar la venta de tierras a extranjeros, en el marco de un plenario de comisiones que contará con la presencia de funcionarios del Ministerio de Agricultura.
El texto, enviado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el pasado 27 de abril al Congreso, será tratado el próximo 2 de junio en un plenario de las comisiones de Legislación General y Agricultura y Ganadería de la Cámara Baja, que contaría con la presencia del ministro de Agricultura, Julián Domínguez.
Según confirmó a Télam la diputada de Nuevo Encuentro, Vilma Ibarra, titular de la comisión de Legislación General, también se invitará al plenario a los legisladores que integran la comisión de Asuntos Constitucionales, donde se encuentran otros proyectos vinculados a la posesión de tierras en manos de extranjeros.
Al anunciar el proyecto, la Presidenta -que ya se había comprometido el 1 de marzo al inaugurar la Asamblea Legislativa a remitir el texto al Congreso- aseguró que con la iniciativa "estamos dando un paso más en algo muy importante que es el dominio nacional de nuestro recurso no renovable, la tierra".
La iniciativa no sólo apunta "a regular un previsible incremento de la propiedad extranjera sino a la necesidad de limitar un proceso de concentración de grandes extensiones de tierras en manos de capitales", según los fundamentos.
Entre otras cuestiones, el proyecto establece que las tierras rurales de un mismo titular extranjero no podrán superar las 1.000 hectáreas, cualquiera sea su lugar de ubicación, y fija en el 20 por ciento el límite a toda titularidad de dominio por parte de extranjeros de tierras rurales en el territorio nacional.
Si bien existen cerca de una docena de proyectos vinculados con la propiedad de la tierra, el plenario de comisiones -previsto para el 2 de junio- avanzará en el debate de la cuestión y buscará consensuar un texto unificado entre los diferentes bloques parlamentarios.
La iniciativa fue bien recibida por la mayoría de los bloques parlamentarios, que coincidieron en destacar la importancia de avanzar en la cuestión y anticiparon el respaldo al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo aunque se mostraron a favor de unificarlo con las otras inciativas existentes en la Cámara Baja.
"Creo que vamos a poder llegar a un consenso fácilmente, ya que tanto el oficialismo como la oposición tienen vocación de sacar una ley que aborde definitivamente la cuestión del dominio de las tierras rurales", enfatizó Ibarra.
Desde el radicalismo, el diputado Pablo Orsolini, ex vicepresidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), manifestó su respaldo al proyecto, al sostener que "es un buen augurio que se le dé celeridad a este tema tan importante, ya que desde 2000 que venimos reclamando este debate en nuestra entidad".
Chubut: bosques nativos con rango constitucional?
Quieren darle rango constitucional al manejo de los bosques nativos
Fecha de Publicación: 21/05/2011
Fuente: El Diario
Provincia/Región: Chubut
La Legislatura Provincial avanza en la redacción de un anteproyecto para reemplazar definitivamente el polémico decreto N° 268/11 emitido en marzo último por el Poder Ejecutivo Provincial para habilitar la transferencia de tierras fiscales con bosques nativos.
“El anteproyecto de ley está prácticamente terminado. Sólo resta confirmar y ajustar algunos aspectos jurídicos que refuerzan la solución que reclama específicamente el municipio de Lago Puelo para el manejo de las tierras de su jurisdicción”, confirmó ayer el diputado Carlos Lorenzo (UCR), tras una reunión con su par justicialista Jorge Pitiot, representante del oficialismo en esta cuestión.
La respuesta corroboró la opinión extendida de que la única problemática concreta en este tema, presentada como “grave, recurrente e inveterada” de los municipios cordilleranos por el Poder Ejecutivo, se circunscribe a Lago Puelo.
El asesor legal de ese municipio, Julio Traverso, severamente cuestionado por entidades aborígenes y ambientalistas de la zona, fue sindicado como el principal inspirador de esta propuesta de avance desenfrenado de las comunas en las tierras fiscales con bosques nativos, una cuestión estrictamente reglamentada por la Constitución Provincial que establece el dominio provincial sobre las masas arbóreas en esas superficies y la realización de una votación especial para cualquier decisión que las involucre.
Consecuencias impensadas
El decreto 268/11 desencadenó a principios del mes pasado de abril una generalizada resistencia por las eventuales consecuencias inmobiliarias de su aplicación y la posibilidad de facilitar el traspaso de riquísimas tierras cordilleranas a manos privadas extranjeras.
Ante la oposición creciente y en medio de críticas que se extendieron al resto del país, desde el Poder Ejecutivo se intentó defender la oculta medida, adoptada el 10 de marzo pero que recién tomó estado público más de un mes después mediante su publicación fragmentada en el Boletín Oficial del 4 de abril pasado.
El rechazo, sin embargo, no pudo ser contrarrestado ni con la participación del intendente municipal de Lago Puelo, Iván Fernández, único jefe comunal en funciones que mostró públicamente un fervoroso interés por la decisión, durante una reunión celebrada en la Cámara de Diputados con la presencia también del intendente electo de Cholila y actual ministro de Gobierno, Héctor Miguel Castro.
Anuncio inesperado
La fragilidad de los solitarios defensores, en medio del desinterés, ignorancia y críticas del resto de los intendentes municipales supuestamente beneficiados con el decreto, obligó al gobernador Mario Das Neves a suspender la vigencia de controvertido decreto y a establecer un plazo de 60 días para que la Legislatura Provincial apruebe la norma correspondiente.
La decisión se conoció en una situación inusual, por cuando en medio de una farragosa discusión entre la mayoría justicialista, defensora a ultranza de la propuesta pedida en solitario por el intendente Fernández y con endebles fundamentos jurídicos del Asesor Legal del Gobierno, Pablo Aguilera y la oposición en bloque, promotora de su rechazo por considerarla una violación constitucional, se supo que el gobernador Das Neves había anunciado, hacía varias horas, la suspensión por dos meses del decreto 268.
Oficialismo desarticulado
El anuncio lo realizó la oposición ante las miradas incrédulas de los diputados oficialistas que mostraron un total desconocimiento de las resoluciones de su jefe político. Das Neves prefirió entonces organizar una conferencia de prensa para que sus voceros de siempre anticiparan un giro total del tema e ignorar una elemental cortesía hacia quienes habían sido, hasta ese momento, sus principales escuderos en defensa de su discutida decisión.
Los legisladores justicialistas guardaron sus argumentos rápidamente frente a la inesperada noticia que fue objeto de celebración especial por parte de los opositores.
¿Burocracia o Intención?
La suspensión se anunció el jueves 28 de abril pero recién una semana después, el jueves 5 de mayo, se registró el decreto N° 511/11, que suspendió, por el plazo de dos meses la entrada en vigencia del Decreto N° 268 de fecha 10 de Marzo de 2011, a partir del dictado del presente Decreto.
El discutido decreto originario tuvo así una vigencia de casi dos meses (56 días), abriendo un perentorio compás de espera que parece será superado por la labor legislativa con su propuesta de ley.
Aunque se insistió en que el dictado del decreto 268/11 obedeció al legítimo reconocimiento de la autonomía municipal, y de la propiedad sobre las tierras fiscales dentro de los correspondientes ejidos municipales, negando que se soslayaran las medidas que se adopten en el marco de lo dispuesto por el art. 105° de esa Carta Magna Provincial, el escenario había cambiado.
El Poder Ejecutivo Provincial tuvo que reconocer que “se han emitido críticas que conllevan a adoptar la decisión de suspender el acto administrativo por un plazo determinado, dejando por ese período en la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia del Chubut, la responsabilidad de dictar las normas que permitan arribar a soluciones alternativas”.
Oposición firme
Lorenzo se convirtió en el principal vocero del bloque de la Unión Cívica Radical a lo largo de la discusión, exhortando a recuperar el debate legislativo para “definir y comenzar a ordenar” cuestiones de fondo como el manejo de las tierras públicas con bosques nativos en Chubut.
Reivindicó también la necesidad de que “no haya más grises” en un tema pendiente de reglamentación a partir de la unanimidad alcanzada y consolidada en la Constitución Provincial.
“Tenemos que ser la garantía de que se respete que los bosques son para las futuras generaciones y no para negocios inmobiliarios de los intendentes municipales”, señaló en su momento al presentar una propuesta de ley que apuntó a movilizar la intervención parlamentaria en un debate “que ponga blanco sobre negro” a esta problemática actualizada a partir del decreto N° 268 del pasado 10 de marzo.
Mencionó también la existencia de “un conflicto funcional” motivado por la ausencia de legislación que ha desembocado en “una compleja relación” entre el Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural – IAC y la Dirección General de Bosques y Parques.
“El bloque radical será firme defensor del artículo constitucional que habla que la enajenación del bosque nativo pasa solamente por la aprobación de los 4/5 de los diputados de esta Legislatura”, sostuvo Lorenzo. “El bosque nativo es para su explotación racional y no para que lo vengan a alambrar en un negocio inmobiliario y termine en manos de extranjeros que compran tierras baratas”, advirtió.
Fecha de Publicación: 21/05/2011
Fuente: El Diario
Provincia/Región: Chubut
La Legislatura Provincial avanza en la redacción de un anteproyecto para reemplazar definitivamente el polémico decreto N° 268/11 emitido en marzo último por el Poder Ejecutivo Provincial para habilitar la transferencia de tierras fiscales con bosques nativos.
“El anteproyecto de ley está prácticamente terminado. Sólo resta confirmar y ajustar algunos aspectos jurídicos que refuerzan la solución que reclama específicamente el municipio de Lago Puelo para el manejo de las tierras de su jurisdicción”, confirmó ayer el diputado Carlos Lorenzo (UCR), tras una reunión con su par justicialista Jorge Pitiot, representante del oficialismo en esta cuestión.
La respuesta corroboró la opinión extendida de que la única problemática concreta en este tema, presentada como “grave, recurrente e inveterada” de los municipios cordilleranos por el Poder Ejecutivo, se circunscribe a Lago Puelo.
El asesor legal de ese municipio, Julio Traverso, severamente cuestionado por entidades aborígenes y ambientalistas de la zona, fue sindicado como el principal inspirador de esta propuesta de avance desenfrenado de las comunas en las tierras fiscales con bosques nativos, una cuestión estrictamente reglamentada por la Constitución Provincial que establece el dominio provincial sobre las masas arbóreas en esas superficies y la realización de una votación especial para cualquier decisión que las involucre.
Consecuencias impensadas
El decreto 268/11 desencadenó a principios del mes pasado de abril una generalizada resistencia por las eventuales consecuencias inmobiliarias de su aplicación y la posibilidad de facilitar el traspaso de riquísimas tierras cordilleranas a manos privadas extranjeras.
Ante la oposición creciente y en medio de críticas que se extendieron al resto del país, desde el Poder Ejecutivo se intentó defender la oculta medida, adoptada el 10 de marzo pero que recién tomó estado público más de un mes después mediante su publicación fragmentada en el Boletín Oficial del 4 de abril pasado.
El rechazo, sin embargo, no pudo ser contrarrestado ni con la participación del intendente municipal de Lago Puelo, Iván Fernández, único jefe comunal en funciones que mostró públicamente un fervoroso interés por la decisión, durante una reunión celebrada en la Cámara de Diputados con la presencia también del intendente electo de Cholila y actual ministro de Gobierno, Héctor Miguel Castro.
Anuncio inesperado
La fragilidad de los solitarios defensores, en medio del desinterés, ignorancia y críticas del resto de los intendentes municipales supuestamente beneficiados con el decreto, obligó al gobernador Mario Das Neves a suspender la vigencia de controvertido decreto y a establecer un plazo de 60 días para que la Legislatura Provincial apruebe la norma correspondiente.
La decisión se conoció en una situación inusual, por cuando en medio de una farragosa discusión entre la mayoría justicialista, defensora a ultranza de la propuesta pedida en solitario por el intendente Fernández y con endebles fundamentos jurídicos del Asesor Legal del Gobierno, Pablo Aguilera y la oposición en bloque, promotora de su rechazo por considerarla una violación constitucional, se supo que el gobernador Das Neves había anunciado, hacía varias horas, la suspensión por dos meses del decreto 268.
Oficialismo desarticulado
El anuncio lo realizó la oposición ante las miradas incrédulas de los diputados oficialistas que mostraron un total desconocimiento de las resoluciones de su jefe político. Das Neves prefirió entonces organizar una conferencia de prensa para que sus voceros de siempre anticiparan un giro total del tema e ignorar una elemental cortesía hacia quienes habían sido, hasta ese momento, sus principales escuderos en defensa de su discutida decisión.
Los legisladores justicialistas guardaron sus argumentos rápidamente frente a la inesperada noticia que fue objeto de celebración especial por parte de los opositores.
¿Burocracia o Intención?
La suspensión se anunció el jueves 28 de abril pero recién una semana después, el jueves 5 de mayo, se registró el decreto N° 511/11, que suspendió, por el plazo de dos meses la entrada en vigencia del Decreto N° 268 de fecha 10 de Marzo de 2011, a partir del dictado del presente Decreto.
El discutido decreto originario tuvo así una vigencia de casi dos meses (56 días), abriendo un perentorio compás de espera que parece será superado por la labor legislativa con su propuesta de ley.
Aunque se insistió en que el dictado del decreto 268/11 obedeció al legítimo reconocimiento de la autonomía municipal, y de la propiedad sobre las tierras fiscales dentro de los correspondientes ejidos municipales, negando que se soslayaran las medidas que se adopten en el marco de lo dispuesto por el art. 105° de esa Carta Magna Provincial, el escenario había cambiado.
El Poder Ejecutivo Provincial tuvo que reconocer que “se han emitido críticas que conllevan a adoptar la decisión de suspender el acto administrativo por un plazo determinado, dejando por ese período en la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia del Chubut, la responsabilidad de dictar las normas que permitan arribar a soluciones alternativas”.
Oposición firme
Lorenzo se convirtió en el principal vocero del bloque de la Unión Cívica Radical a lo largo de la discusión, exhortando a recuperar el debate legislativo para “definir y comenzar a ordenar” cuestiones de fondo como el manejo de las tierras públicas con bosques nativos en Chubut.
Reivindicó también la necesidad de que “no haya más grises” en un tema pendiente de reglamentación a partir de la unanimidad alcanzada y consolidada en la Constitución Provincial.
“Tenemos que ser la garantía de que se respete que los bosques son para las futuras generaciones y no para negocios inmobiliarios de los intendentes municipales”, señaló en su momento al presentar una propuesta de ley que apuntó a movilizar la intervención parlamentaria en un debate “que ponga blanco sobre negro” a esta problemática actualizada a partir del decreto N° 268 del pasado 10 de marzo.
Mencionó también la existencia de “un conflicto funcional” motivado por la ausencia de legislación que ha desembocado en “una compleja relación” entre el Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural – IAC y la Dirección General de Bosques y Parques.
“El bloque radical será firme defensor del artículo constitucional que habla que la enajenación del bosque nativo pasa solamente por la aprobación de los 4/5 de los diputados de esta Legislatura”, sostuvo Lorenzo. “El bosque nativo es para su explotación racional y no para que lo vengan a alambrar en un negocio inmobiliario y termine en manos de extranjeros que compran tierras baratas”, advirtió.
Agroquímicos: piden "pruebas científicas" en contra
Reclaman pruebas científicas contra los agroquímicos
Fecha de Publicación: 20/05/2011
Fuente: El Diario
Provincia/Región: Entre Ríos
Si bien el ministro de Salud, Ángel Giano, entiende que los agrotóxicos afectan a la salud, consideró que es necesario tener "pruebas científicas" que avalen esta teoría para poder tomar las medidas correspondientes.
"Deberemos darnos un trabajo conjunto entre Salud, Medio Ambiente, Municipios y Producción para que tengamos más claro el panorama", señaló a APF, refiriéndose al proyecto legislativo que busca prohibir las fumigaciones aéreas.
Medidas. "Tenemos que tener rápidamente las pruebas científicas para poder tomar medidas en consecuencia", señaló el Ministro refiriéndose al debate que se está dando en torno a un proyecto legislativo que establece la prohibición de las fumigaciones aéreas.
El funcionario entiende que los agrotóxicos afectan a la salud, pero remarcó que "es necesario tener la evidencia para poder tomar las medidas correspondientes".
Luego destacó la visión que tiene el especialista de la UBA y del Conicet, Andrés Carrasco, un militante de la lucha contra los agroquímicos e investigador de los efectos que éstos producen en la salud.
"Comparto lo que dice Carrasco cuando plantea lo de los efectos nocivos de los agrotóxicos, que producen malformaciones congénitas y daños a la salud de la población expuesta, que también va de la mano de algún desconocimiento por parte de los trabajadores rurales, de la falta de asesoramiento de algunos gremios y de quienes no toman los recaudos necesarios a la hora de fumigar, pero creo que es necesario debatir todo esto", aseveró.
Por ello, el funcionario sostuvo: "Deberemos darnos un trabajo conjunto entre Salud, Medio Ambiente, Municipios y Producción para que tengamos más claro el panorama".
"Si se hallan pruebas científicas y hay que prohibir las fumigaciones aéreas, lo apoyaré. Y si hay que regularlas, también estoy dispuesta a acompañar en el control que sea necesario", concluyó, en declaraciones a esta Agencia.
Fecha de Publicación: 20/05/2011
Fuente: El Diario
Provincia/Región: Entre Ríos
Si bien el ministro de Salud, Ángel Giano, entiende que los agrotóxicos afectan a la salud, consideró que es necesario tener "pruebas científicas" que avalen esta teoría para poder tomar las medidas correspondientes.
"Deberemos darnos un trabajo conjunto entre Salud, Medio Ambiente, Municipios y Producción para que tengamos más claro el panorama", señaló a APF, refiriéndose al proyecto legislativo que busca prohibir las fumigaciones aéreas.
Medidas. "Tenemos que tener rápidamente las pruebas científicas para poder tomar medidas en consecuencia", señaló el Ministro refiriéndose al debate que se está dando en torno a un proyecto legislativo que establece la prohibición de las fumigaciones aéreas.
El funcionario entiende que los agrotóxicos afectan a la salud, pero remarcó que "es necesario tener la evidencia para poder tomar las medidas correspondientes".
Luego destacó la visión que tiene el especialista de la UBA y del Conicet, Andrés Carrasco, un militante de la lucha contra los agroquímicos e investigador de los efectos que éstos producen en la salud.
"Comparto lo que dice Carrasco cuando plantea lo de los efectos nocivos de los agrotóxicos, que producen malformaciones congénitas y daños a la salud de la población expuesta, que también va de la mano de algún desconocimiento por parte de los trabajadores rurales, de la falta de asesoramiento de algunos gremios y de quienes no toman los recaudos necesarios a la hora de fumigar, pero creo que es necesario debatir todo esto", aseveró.
Por ello, el funcionario sostuvo: "Deberemos darnos un trabajo conjunto entre Salud, Medio Ambiente, Municipios y Producción para que tengamos más claro el panorama".
"Si se hallan pruebas científicas y hay que prohibir las fumigaciones aéreas, lo apoyaré. Y si hay que regularlas, también estoy dispuesta a acompañar en el control que sea necesario", concluyó, en declaraciones a esta Agencia.
Más argumentos en contra de minería San Jorge
Más argumentos en contra del proyecto minero San Jorge
Fecha de Publicación: 19/05/2011
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
Fecha de Publicación: 19/05/2011
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
Diputados analiza la autorización del proyecto en Uspallata. En la reunión de hoy se expresaron más opiniones contrarias a su aprobación. Los exponentes hicieron hincapié en los daños en la salud provocados por emprendimientos similares. Proponen un proyecto alternativo.
Un plenario de comisiones de la Cámara Baja realiza una serie de consultas previas al tratamiento del expediente que autoriza la realización del proyecto minero Planta Concentradora San Jorge.
En la jornada de hoy, los legisladores recibieron a distintos disertantes quienes se opusieron a la aprobación de dicho expediente.
María Salazar, integrantes de Madres Jachaleras, oriunda del departamento sanjuanino de Jachal -donde funciona una planta extractiva de minerales- aconsejó oponerse basándose en que en su pueblo deben comprar el agua porque la del río estaría contaminada.
Además, según Salazar “el centro de Jachal es el más afectado por los casos de cáncer” y “muchos empleados de Barrick tienen hoy cáncer de pulmón por el cilicio”.
Según el relato de la sanjuanina, “lo primero que le pasa a la gente cuando toma agua con cianuro es que se le caen los dientes, por eso la Barrick hace los tratamientos dentales a la gente” de la localidad.
La mujer aclaró que “no estamos en contra de la minería”, pero dijo que “en Jachal gobierna la empresa Barrica y agregó que “creemos que están dejando morir el pueblo para que nos vayamos y les dejemos el pueblo que está sobre una mina de uranio”.
Por su parte, el licenciado en turismo Federico Soria propuso que “las áreas protegidas pueden ser herramientas productivas” y en este sentido habló de un proyecto –que está en el Senado- que sería alternativo al de asentamiento de San Jorge, y que se ajustaría a los parámetros internacionales de la conservación de la naturaleza.
Soria manifestó que San Jorge limitaría los aportes de dinero que Mendoza recibe por ingreso de turistas, cánones a empresas prestadoras y guías turísticos y limitaría el empleo de personal necesario para custodia de parques naturales y patrimonio.
Pero además, frenaría los ingresos por permisos de pesca, aprovechamiento del paisaje para rodaje de películas (como Siete años en el Tíbet, que pagó 50 mil pesos por día) y para publicidad.
También opinó sobre la imposibilidad de lograr la “denominación de origen protegido que sólo se obtiene si se usa agua cuyo nacimiento es de origen en áreas protegidas”.
“El paisaje natural es un recurso escaso por el que algunos países están cobrando”, dijo.
Según el disertante, si se concretara San Jorge se dañarían piezas del patrimonio arquitectónico y natural como el cerro Tunduqueral, los tambos incaicos, el Camino del Inca y el puente Picheuta entre otros.
Pero además, según manifestó, donde se ubicaría el proyecto San Jorge se habría determinado que el ejército de San Martín pasó al cruzar los andes hacia Chile.
Ángel Rossini, residente de Uspallata, expresó por su parte que “se nos ha presentado como enemigos del progreso y se nos ha negado el acceso a los medios de comunicación” y espetó que “no queremos extracción intensiva y saqueadora que persigue el rédito económico”.
Finalmente, Ana María Sedevich, del Consejo de Desarrollo Sustentable dijo que “no se tiene la información territorial necesaria, ni con la profundidad que debe tener para poderlo evaluar (al estudio de impacto ambiental de San Jorge)”.
“No tienen ni siquiera la autorización de uso de agua”, terminó Sedevich.
Estuvieron presentes los diputados Mireya Díaz, Rita Morcos Sonia Carmona (PJ), Aníbal Ríos, Antonio Spezia (PD), Silvia Ramos (Eje Peronista), Teresa Maza, Edgardo Pintos, Humberto Montenegro, Fernando Barrigón y Alejandro Limas (UCR), quien presidió la reunión.
Buenos Aires: modificarían la ley de agroquímicos
Peligro: modificarían la ley de agroquímicos
Fecha de Publicación: 19/05/2011
Fuente: Adital - Renace
Provincia/Región: Buenos Aires
El Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires creó en 2010 la Mesa de Trabajo sobre el Proyecto de Modificación del Decreto Reglamentario 499/91 de la Ley de Agroquímicos 10.699. Lo que podría haber sido un espacio para resolver los innumerables problemas relevados en todo el territorio provincial por exposición a plaguicidas, se convirtió en una trampa que podría costar la salud y la vida de miles de coprovincianos. El dictamen permitiría fumigar sin restricciones a Agrotóxicos Clase 3 y 4.
En lo metodológico impugnamos la Mesa de Trabajo creada de modo arbitrario, por
1. No es plural. En ella no están representadas las diferentes escuelas de pensamiento ni los distintos territorios y sus características particularísimas. Se negó concretamente la participación a instituciones de probada trayectoria en el tema.
2. No es interinstitucional, ya que no hubo presencia de ninguna institución que represente específicamente a los vecinos que son y serán los afectados por las fumigaciones, ni representantes del Ministerio de Salud ni de los hospitales ni centros de salud de la provincia;
3. No es interdisciplinario, ya que no están representadas las disciplinas de la salud, ni la sociología, ni la ecología; y solamente está representada la escuela neoliberal, en todo caso, de la economía, a través de las Cámaras. Una mesa de trabajo que diga tratar temas de salud no puede NO TENER NINGUN MEDICO
4. No puede organizarse una mesa de trabajo para tratar un conflicto de intereses, donde esté representada sólo una de las partes, y los intelectuales de las escuelas de pensamiento que avalan la postura de esa parte, estando ausentes y censurados todos los que la cuestionan, dado que se trata de un conflicto entre dos partes: Productores, vendedores y aplicadores por un lado, y habitantes fumigados por el otro.
5. No pueden las Cámaras empresarias estar reglamentando sus propias actividades. No es posible que sean juez y parte.
6. No puede decidirse en temas tan sensibles sin apelar a ninguna epidemiología.
7. No pueden discutirse los impactos de los agrotóxicos en la salud sin intercambiar información alguna con el colectivo Médicos de Pueblos Fumigados, de reciente reunión y otras instituciones y organizaciones que de manera sistemática trabajan en el tema dese hace mas de 20 años.
8. No se contemplan las condiciones ambientales al determinar los equipos de protección a utilizar durante la etapa de dosificación y aplicación.
9. No se establecen los organismos que realizarán las difíciles funciones de monitoreo.
10. No se establecen mecanismos de información, sensibilización y capacitación para productores y trabajadores.
En lo específico, consideramos que:
1) Las clasificaciones toxicológicas no son instrumentos para fijar distancias libres de fumigación y esas clasificaciones deben ser siempre usadas como criterios complementarios, nunca como criterio principal, tal como lo viene sosteniendo incluso la OMS hace ya tanto tiempo.
La baja toxicidad aguda es en realidad la baja toxicidad letal aguda (DL50), es decir, la dosis que mata en corto tiempo al 50% de la muestra analizada. No se refiere a la toxicidad aguda en general, que es la que produce el daño en el corto plazo; ni a la toxicidad crónica que es la que se produce por padecimiento de dosis repetidas o cuando el daño aparece en el mediano y largo plazo, que es el caso de los vecinos fumigados sistemáticamente
Ese tipo de argumentaciones, que muestran los daños que supuestamente no hacen los pesticidas y ocultan los daños que sí generan, son los que esgrime el discurso sojero transgénico cuando defiende el uso de esos productos. Y los defiende de esa manera porque no puede hacerlo de otra.
El informe FAO/OMS 2004 no señala ningún estudio de afectación a la población en general ni comenta sobre estudios epidemiológicos, lo que significa que no fueron considerados por el Comité.
2) Son insuficiente las distancias establecidas respecto de los cursos de aguas al realizarse las aplicaciones. Los plaguicidas pueden alcanzar dichos cursos ya por infiltración como por arrastre de partículas solidas – erosión – y relaves a causa de las lluvias.
3) Se establecen reglamentaciones de dudosa posibilidad de aplicación. Por ejemplo, la venta bajo receta agronómica, la autorización para hacer mezclas o sobre las tecnologías de aplicación, que han sido sistemáticamente violadas y que ya se hallan en la ley vigente.
4) Las aplicaciones de productos clasificados como clase III y IV a menos de 300 metros de las zonas habitadas desconoce la arbitrariedad e insuficiencia de criterios de esas clasificaciones asi como la posibilidad de bioacumulación, arrastre a grandes distancias y persistencia en el ambiente.
Fecha de Publicación: 19/05/2011
Fuente: Adital - Renace
Provincia/Región: Buenos Aires
El Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires creó en 2010 la Mesa de Trabajo sobre el Proyecto de Modificación del Decreto Reglamentario 499/91 de la Ley de Agroquímicos 10.699. Lo que podría haber sido un espacio para resolver los innumerables problemas relevados en todo el territorio provincial por exposición a plaguicidas, se convirtió en una trampa que podría costar la salud y la vida de miles de coprovincianos. El dictamen permitiría fumigar sin restricciones a Agrotóxicos Clase 3 y 4.
En lo metodológico impugnamos la Mesa de Trabajo creada de modo arbitrario, por
1. No es plural. En ella no están representadas las diferentes escuelas de pensamiento ni los distintos territorios y sus características particularísimas. Se negó concretamente la participación a instituciones de probada trayectoria en el tema.
2. No es interinstitucional, ya que no hubo presencia de ninguna institución que represente específicamente a los vecinos que son y serán los afectados por las fumigaciones, ni representantes del Ministerio de Salud ni de los hospitales ni centros de salud de la provincia;
3. No es interdisciplinario, ya que no están representadas las disciplinas de la salud, ni la sociología, ni la ecología; y solamente está representada la escuela neoliberal, en todo caso, de la economía, a través de las Cámaras. Una mesa de trabajo que diga tratar temas de salud no puede NO TENER NINGUN MEDICO
4. No puede organizarse una mesa de trabajo para tratar un conflicto de intereses, donde esté representada sólo una de las partes, y los intelectuales de las escuelas de pensamiento que avalan la postura de esa parte, estando ausentes y censurados todos los que la cuestionan, dado que se trata de un conflicto entre dos partes: Productores, vendedores y aplicadores por un lado, y habitantes fumigados por el otro.
5. No pueden las Cámaras empresarias estar reglamentando sus propias actividades. No es posible que sean juez y parte.
6. No puede decidirse en temas tan sensibles sin apelar a ninguna epidemiología.
7. No pueden discutirse los impactos de los agrotóxicos en la salud sin intercambiar información alguna con el colectivo Médicos de Pueblos Fumigados, de reciente reunión y otras instituciones y organizaciones que de manera sistemática trabajan en el tema dese hace mas de 20 años.
8. No se contemplan las condiciones ambientales al determinar los equipos de protección a utilizar durante la etapa de dosificación y aplicación.
9. No se establecen los organismos que realizarán las difíciles funciones de monitoreo.
10. No se establecen mecanismos de información, sensibilización y capacitación para productores y trabajadores.
En lo específico, consideramos que:
1) Las clasificaciones toxicológicas no son instrumentos para fijar distancias libres de fumigación y esas clasificaciones deben ser siempre usadas como criterios complementarios, nunca como criterio principal, tal como lo viene sosteniendo incluso la OMS hace ya tanto tiempo.
La baja toxicidad aguda es en realidad la baja toxicidad letal aguda (DL50), es decir, la dosis que mata en corto tiempo al 50% de la muestra analizada. No se refiere a la toxicidad aguda en general, que es la que produce el daño en el corto plazo; ni a la toxicidad crónica que es la que se produce por padecimiento de dosis repetidas o cuando el daño aparece en el mediano y largo plazo, que es el caso de los vecinos fumigados sistemáticamente
Ese tipo de argumentaciones, que muestran los daños que supuestamente no hacen los pesticidas y ocultan los daños que sí generan, son los que esgrime el discurso sojero transgénico cuando defiende el uso de esos productos. Y los defiende de esa manera porque no puede hacerlo de otra.
El informe FAO/OMS 2004 no señala ningún estudio de afectación a la población en general ni comenta sobre estudios epidemiológicos, lo que significa que no fueron considerados por el Comité.
2) Son insuficiente las distancias establecidas respecto de los cursos de aguas al realizarse las aplicaciones. Los plaguicidas pueden alcanzar dichos cursos ya por infiltración como por arrastre de partículas solidas – erosión – y relaves a causa de las lluvias.
3) Se establecen reglamentaciones de dudosa posibilidad de aplicación. Por ejemplo, la venta bajo receta agronómica, la autorización para hacer mezclas o sobre las tecnologías de aplicación, que han sido sistemáticamente violadas y que ya se hallan en la ley vigente.
4) Las aplicaciones de productos clasificados como clase III y IV a menos de 300 metros de las zonas habitadas desconoce la arbitrariedad e insuficiencia de criterios de esas clasificaciones asi como la posibilidad de bioacumulación, arrastre a grandes distancias y persistencia en el ambiente.
Se agrava situación de industrias tucumanas
Se agrava situación de industrias tucumanas: 0 oxígeno en efluentes
Fecha de Publicación: 18/05/2011
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán
Miembros del Comité de Cuenca detectaron en el río Colorado, aportante al caudal del Embalse, falta de condiciones para la vida de la fauna y la flora. La situación fue calificada de grave, pues aún no comenzó la zafra y ya se nota la contaminación.
Las Termas, Río Hondo (C) Durante un recorrido que alcanzó más 100 kilómetros entre la provincias de Tucumán y Santiago, miembros del equipo técnico del Comité de Cuenca Salí Dulce monitorearon durante la jornada de ayer más de 10 tributarios tucumanos que aportan su caudal de agua al embalse de Las Termas en el marco del control que ejerce el organismo para medir el grado de contaminación que afecta al principal espejo de agua de Las Termas. De las pruebas efectuadas se constató in situ que el Río Colorado, a 42 kilómetros de San Miguel de Tucumán y a 103 kilómetros desde Las Termas, tenía bajísimos niveles de oxígeno y un fuerte olor fétido invadía la zona.
Para los especialistas fue alentador el diagnóstico dado que el 90% de los ríos que alimenta el embalse se encuentra con parámetros normales a comparación del año pasado, cuando a esta altura del año y con la cota baja de agua presentaban un alto grado de contaminación. No obstante, cabe consignar que la zafra azucarera recién se inició en Tucumán y aún no llegó a su pico alto de producción.
EL LIBERAL acompañó durante las 7 horas de inspección a los técnicos integrantes de la Secretaría del Agua de la provincia, comitiva encabezada por el Lic. Sergio Saltz, en representación de Santiago del Estero en el Comité de la Cuenca Salí Dulce. El itinerario se inició por la ruta Nº9 hasta llegar al arroyo denominado Troncal a cinco kilómetros de la localidad de Los Puestos (Tucumán) y cuyo caudal transporta desagües del canal DP1 y canal DP2 provenientes de ingenios y de Minera Alumbrera.
Cerca de las 10.50, los especialistas tomaron muestras del arroyo Mixta y Mixta Mezcla que también desembocan en el embalse. Entre los dos estrechos cauces, se observó el agua color marrón pero sin olor y un porcentaje bajo de salinidad que podría ser vinaza diluida, aunque los estudios de laboratorio confirmarán esta posibilidad. “En estos momentos es favorable la cantidad de agua que tienen los ríos y a causa de las precipitaciones, en otras ocasiones comprobamos que no había nada de oxígeno en estos arroyos”, señaló Saltz.
Desechos cloacales
Posteriormente, al llegar al Río Salí uno de los principales afluentes del lago Río Hondo que conduce desechos del sistema cloacal y de ingenios, se detectó valores normales de oxígeno y un importante volumen de agua, signo alentador para los técnicos porque logra mermar el impacto de la contaminación.
No obstante, 10 kilómetros más adelante por la ruta Nº157 con destino a la ciudad de Simoca, el panorama cambió rotundamente al constatar que los río Colorado y el arroyo Aguas Blancas, sitio donde se depositarían los desechos de algunas citrícolas y de una papelera, la medición de oxígeno no superaba el 2,7 cuando el valor normal es de 12. “El agua está verde oscura, se siente un olor nauseabundo y acá prácticamente no hay vida ictícola. Puede tener un aporte importante de materia orgánica”, explicó Saltz.
Llamativamente, según el biólogo, “las barandas del puente del río Colorado están oxidadas por los vapores que emana permanentemente el afluente, como así también la presencia de hojas blanquecinas en especies arbóreas que colindan con el curso de agua”.
En el arroyo Aguas Blancas, paradójicamente, lo menos que se constataba era su claridad ocasionada según Saltz por restos de “carbonilla”, desechos que quedan en los filtros de los ingenios al lavarse la caña quemada. “Ahora el peón se ahorra de apartar manualmente la hoja de la caña y prefiere quemarla, cuando se lava los filtros se elimina esos restos quemados a los tributarios”, indicó.
La presencia de “carbonilla” fue una constante durante las inspecciones en el arroyo del Esteco, Río Seco y Gastona, mientras que la medición del oxígeno dio parámetros normales. Antes de llegar a la localidad de Lamadrid, el río Medina, arroyo Matazambi y el Río Graneros exhibían un estado bueno con un gran volumen de agua, presencia de oxígeno y peces. “El año pasado el arroyo Matazambi, estaba teñido de color rojo y miles de peces muertos, es uno de los afluentes que recepta desechos del Ingenio Marapa y de la planta cloacal de Guayacane y luego van al embalse”, reveló Saltz.
Fecha de Publicación: 18/05/2011
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán
Miembros del Comité de Cuenca detectaron en el río Colorado, aportante al caudal del Embalse, falta de condiciones para la vida de la fauna y la flora. La situación fue calificada de grave, pues aún no comenzó la zafra y ya se nota la contaminación.
Las Termas, Río Hondo (C) Durante un recorrido que alcanzó más 100 kilómetros entre la provincias de Tucumán y Santiago, miembros del equipo técnico del Comité de Cuenca Salí Dulce monitorearon durante la jornada de ayer más de 10 tributarios tucumanos que aportan su caudal de agua al embalse de Las Termas en el marco del control que ejerce el organismo para medir el grado de contaminación que afecta al principal espejo de agua de Las Termas. De las pruebas efectuadas se constató in situ que el Río Colorado, a 42 kilómetros de San Miguel de Tucumán y a 103 kilómetros desde Las Termas, tenía bajísimos niveles de oxígeno y un fuerte olor fétido invadía la zona.
Para los especialistas fue alentador el diagnóstico dado que el 90% de los ríos que alimenta el embalse se encuentra con parámetros normales a comparación del año pasado, cuando a esta altura del año y con la cota baja de agua presentaban un alto grado de contaminación. No obstante, cabe consignar que la zafra azucarera recién se inició en Tucumán y aún no llegó a su pico alto de producción.
EL LIBERAL acompañó durante las 7 horas de inspección a los técnicos integrantes de la Secretaría del Agua de la provincia, comitiva encabezada por el Lic. Sergio Saltz, en representación de Santiago del Estero en el Comité de la Cuenca Salí Dulce. El itinerario se inició por la ruta Nº9 hasta llegar al arroyo denominado Troncal a cinco kilómetros de la localidad de Los Puestos (Tucumán) y cuyo caudal transporta desagües del canal DP1 y canal DP2 provenientes de ingenios y de Minera Alumbrera.
Cerca de las 10.50, los especialistas tomaron muestras del arroyo Mixta y Mixta Mezcla que también desembocan en el embalse. Entre los dos estrechos cauces, se observó el agua color marrón pero sin olor y un porcentaje bajo de salinidad que podría ser vinaza diluida, aunque los estudios de laboratorio confirmarán esta posibilidad. “En estos momentos es favorable la cantidad de agua que tienen los ríos y a causa de las precipitaciones, en otras ocasiones comprobamos que no había nada de oxígeno en estos arroyos”, señaló Saltz.
Desechos cloacales
Posteriormente, al llegar al Río Salí uno de los principales afluentes del lago Río Hondo que conduce desechos del sistema cloacal y de ingenios, se detectó valores normales de oxígeno y un importante volumen de agua, signo alentador para los técnicos porque logra mermar el impacto de la contaminación.
No obstante, 10 kilómetros más adelante por la ruta Nº157 con destino a la ciudad de Simoca, el panorama cambió rotundamente al constatar que los río Colorado y el arroyo Aguas Blancas, sitio donde se depositarían los desechos de algunas citrícolas y de una papelera, la medición de oxígeno no superaba el 2,7 cuando el valor normal es de 12. “El agua está verde oscura, se siente un olor nauseabundo y acá prácticamente no hay vida ictícola. Puede tener un aporte importante de materia orgánica”, explicó Saltz.
Llamativamente, según el biólogo, “las barandas del puente del río Colorado están oxidadas por los vapores que emana permanentemente el afluente, como así también la presencia de hojas blanquecinas en especies arbóreas que colindan con el curso de agua”.
En el arroyo Aguas Blancas, paradójicamente, lo menos que se constataba era su claridad ocasionada según Saltz por restos de “carbonilla”, desechos que quedan en los filtros de los ingenios al lavarse la caña quemada. “Ahora el peón se ahorra de apartar manualmente la hoja de la caña y prefiere quemarla, cuando se lava los filtros se elimina esos restos quemados a los tributarios”, indicó.
La presencia de “carbonilla” fue una constante durante las inspecciones en el arroyo del Esteco, Río Seco y Gastona, mientras que la medición del oxígeno dio parámetros normales. Antes de llegar a la localidad de Lamadrid, el río Medina, arroyo Matazambi y el Río Graneros exhibían un estado bueno con un gran volumen de agua, presencia de oxígeno y peces. “El año pasado el arroyo Matazambi, estaba teñido de color rojo y miles de peces muertos, es uno de los afluentes que recepta desechos del Ingenio Marapa y de la planta cloacal de Guayacane y luego van al embalse”, reveló Saltz.
Salí-Dulce: inminente citación a indagatoria
Identifican a responsables de ingenios y es inminente la citación a indagatoria
Fecha de Publicación: 17/05/2011
Fuente: El Siglo
Provincia/Región: Santiago del Estero - Tucumán
El Ministerio Público Fiscal solicitó al juez federal Guillermo Molinari que fijara fecha de indagatoria y que incorporara a la causa la declaración de un ex gerente “arrepentido”.
Dos importantes elementos se sumaron a la causa por daño ambiental en el embalse Río Hondo que se instruye en el Juzgado Federal de Santiago del Estero, contra industrias de Tucumán que vierten sus desechos en la cuenca Salí-Dulce.
Por un lado, un informe de la Dirección de Medio Ambiente de Tucumán enviado al Comité de Cuenca Salí-Dulce y que forma parte del expediente contiene los nombres de los responsables de los 15 ingenios denunciados por contaminación. Con esta prueba, el fiscal federal Pedro Simón solicitó al juez federal local Guillermo Molinari que fijara fecha de indagatoria de estas personas, lo que podría producirse en dos semanas.
En tanto, Simón también requirió al magistrado que incorpore a la causa la declaración de un ex directivo de un ingenio azucarero que reveló como estas industrias contaminaron y causaron la mortandad de peces en los últimos tiempos, en especial 2010 cuando murieron toneladas de animales por tóxicos. Conjuntamente, pidió que se produzcan medidas probatorias que corroboren los dichos de este industrial.
Cerco judicial
Según fuentes judiciales, los responsables de los 15 ingenios azucareros sindicados por Fiscalía de Estado como causantes de la contaminación de la cuenca Salí-Dulce tendrían que estar sentados frente al juez Guillermo Molinari dentro de dos semanas, tiempo que demandaría la notificación de la citación de la Justicia, en cada uno de los domicilios de los industriales. Esto, en el caso de no mediar alguna presentación de eximición de prisión por parte de los abogados defensores, lo que demandaría al magistrado tener que resolver sobre cada uno de los pedidos, lo que aplazaría las indagatorias.
Días atrás, Pedro Simón, representante del Ministerio Público Fiscal Federal, había asegurado que había muchas posibilidades de que se cite a indagatorias a los empresarios tucumanos. El primer paso hacia esta medida procesal, la dio el juez Molinari con el avocamiento de la causa y el libramiento de oficios a organismos públicos de Tucumán, para que proporcionen un listado con el nombre de los titulares de las firmas involucradas. Ahora, con este informe de la Dirección de Medio Ambiente de Tucumán (dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente) que había sido enviado al Comité de Cuenca Salí-Dulce, la Justicia logró acortar bastante los tiempos y al parecer, está cerca de indagar a empresarios tucumanos.
Hace dos semanas, a partir de numerosas pruebas recolectadas como tomas de muestras, el fiscal Simón solicitó la imputación por infracción a la ley nacional de Residuos Peligrosos de los responsables de los ingenios Bella Vista, Concepción, La Corona, La Florida, La Fronterita, La Trinidad, Leales, Marapa, Santa Bárbara, San Juan, Santa Rosa, Aguilares, Cruz Alta, La Providencia y Nuñorco.
También a los titulares de las citrícolas Citromax, San Miguel SA, Litoral Citrus, Cota y Acheral; de Papelera Tucumán, de Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) y de la planta de secado de la empresa Minera Alumbrera Ltd.
Para Simón, estas empresas arrojaron sus “desechos industriales a la cuenca del río Salí y con ello contaminaron sus aguas y pusieron en riesgo la salud de las poblaciones de Tucumán y Santiago del Estero”.
Fecha de Publicación: 17/05/2011
Fuente: El Siglo
Provincia/Región: Santiago del Estero - Tucumán
El Ministerio Público Fiscal solicitó al juez federal Guillermo Molinari que fijara fecha de indagatoria y que incorporara a la causa la declaración de un ex gerente “arrepentido”.
Dos importantes elementos se sumaron a la causa por daño ambiental en el embalse Río Hondo que se instruye en el Juzgado Federal de Santiago del Estero, contra industrias de Tucumán que vierten sus desechos en la cuenca Salí-Dulce.
Por un lado, un informe de la Dirección de Medio Ambiente de Tucumán enviado al Comité de Cuenca Salí-Dulce y que forma parte del expediente contiene los nombres de los responsables de los 15 ingenios denunciados por contaminación. Con esta prueba, el fiscal federal Pedro Simón solicitó al juez federal local Guillermo Molinari que fijara fecha de indagatoria de estas personas, lo que podría producirse en dos semanas.
En tanto, Simón también requirió al magistrado que incorpore a la causa la declaración de un ex directivo de un ingenio azucarero que reveló como estas industrias contaminaron y causaron la mortandad de peces en los últimos tiempos, en especial 2010 cuando murieron toneladas de animales por tóxicos. Conjuntamente, pidió que se produzcan medidas probatorias que corroboren los dichos de este industrial.
Cerco judicial
Según fuentes judiciales, los responsables de los 15 ingenios azucareros sindicados por Fiscalía de Estado como causantes de la contaminación de la cuenca Salí-Dulce tendrían que estar sentados frente al juez Guillermo Molinari dentro de dos semanas, tiempo que demandaría la notificación de la citación de la Justicia, en cada uno de los domicilios de los industriales. Esto, en el caso de no mediar alguna presentación de eximición de prisión por parte de los abogados defensores, lo que demandaría al magistrado tener que resolver sobre cada uno de los pedidos, lo que aplazaría las indagatorias.
Días atrás, Pedro Simón, representante del Ministerio Público Fiscal Federal, había asegurado que había muchas posibilidades de que se cite a indagatorias a los empresarios tucumanos. El primer paso hacia esta medida procesal, la dio el juez Molinari con el avocamiento de la causa y el libramiento de oficios a organismos públicos de Tucumán, para que proporcionen un listado con el nombre de los titulares de las firmas involucradas. Ahora, con este informe de la Dirección de Medio Ambiente de Tucumán (dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente) que había sido enviado al Comité de Cuenca Salí-Dulce, la Justicia logró acortar bastante los tiempos y al parecer, está cerca de indagar a empresarios tucumanos.
Hace dos semanas, a partir de numerosas pruebas recolectadas como tomas de muestras, el fiscal Simón solicitó la imputación por infracción a la ley nacional de Residuos Peligrosos de los responsables de los ingenios Bella Vista, Concepción, La Corona, La Florida, La Fronterita, La Trinidad, Leales, Marapa, Santa Bárbara, San Juan, Santa Rosa, Aguilares, Cruz Alta, La Providencia y Nuñorco.
También a los titulares de las citrícolas Citromax, San Miguel SA, Litoral Citrus, Cota y Acheral; de Papelera Tucumán, de Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) y de la planta de secado de la empresa Minera Alumbrera Ltd.
Para Simón, estas empresas arrojaron sus “desechos industriales a la cuenca del río Salí y con ello contaminaron sus aguas y pusieron en riesgo la salud de las poblaciones de Tucumán y Santiago del Estero”.
Intentarán clonar árboles selváticos en peligro
Unne: intentarán clonar árboles selváticos en peligro de extinción
Fecha de Publicación: 16/05/2011
Fuente: Diario La República
Provincia/Región: Misiones
El trabajo lo realizan investigadores del Instituto de Botánica del Nordeste. El objetivo es recuperar las especies afectadas por el sector maderero. Usarán la biotecnología como herramienta.
La selva misionera cuenta con una gran riqueza biológica expresada por la diversidad de estratos vegetales y la fauna terrestre e ictícola que posee. A pesar de que esta alberga más de 200 especies arbóreas, es evidente el proceso de deterioro sufrido debido a la extracción indiscriminada de las especies maderables. En ese marco, intentando revertir la situación, un grupo de científicos de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) intentará clonar algunos árboles y plantas similares que están en peligro de extinción.
Dentro del proceso de deterioro, el mayor impacto reside en la erosión genética causada por la presión de selección, porque se eliminan los mejores ejemplares adultos dejando en pie aquellos generalmente enfermos, de escaso valor genético para la futura regeneración. Esa situación, sumada a otros factores, impide la regeneración de las especies arbóreas del bosque requiriendo de períodos prolongados para su establecimiento.
Frente a este problema, la ingeniera forestal Evelyn Raquel Duarte, becaria del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), propone como parte de su tesis doctoral trabajar en la “Aplicación de herramientas biotecnológicas en la clonación de especies arbóreas nativas de la selva misionera en peligro de extinción”.
La investigación, que tiene como director al doctor Pedro Sansberro y como codirectora a la doctora Claudia Luna, ambos de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Unne, se lleva a cabo en el Instituto de Botánica del Nordeste.
La clonación del germoplasma
El objetivo principal de este trabajo es el desarrollo de procedimientos de clonación del germoplasma nativo mediante el uso de las herramientas que ofrece la biotecnología vegetal, a fin de ser utilizados en programas estratégicos de recuperación de especies en peligro.
El germoplasma es el conjunto de genes que se transmite por la reproducción a la descendencia por medio de gametos o células reproductoras. El mencionado concepto se utiliza comúnmente para designar el genoma de las especies vegetales silvestres y no genéticamente modificadas de interés para la agricultura.
La selección de especies
El equipo científico que lleva adelante el proyecta, señaló que las especies elegidas para la clonación serían aquellas de mayor importancia económica que han despertado el interés del sector maderero: Balfourodendron riedelianum (guatambú), Cordia trichotoma (peteribí), Myrocarpus frondosus (incienso), como así también distintas especies del género Cedrela (meliáceas) que debido a sus características xilotecnológicas (color, veteado, densidad y facilidad para ser trabajada en aserrado y carpintería), generó una intensa explotación.
El cultivo in vitro de tejidos es una herramienta biotecnológica que es utilizada exitosamente en la propagación vegetativa de numerosas especies vegetales, ofrece una serie de ventajas con respecto a los sistemas tradicionales de propagación entre las que se podrían mencionar la posibilidad de obtener plantas libres de enfermedades en forma rápida, masiva y en términos económicamente accesibles.
Fecha de Publicación: 16/05/2011
Fuente: Diario La República
Provincia/Región: Misiones
El trabajo lo realizan investigadores del Instituto de Botánica del Nordeste. El objetivo es recuperar las especies afectadas por el sector maderero. Usarán la biotecnología como herramienta.
La selva misionera cuenta con una gran riqueza biológica expresada por la diversidad de estratos vegetales y la fauna terrestre e ictícola que posee. A pesar de que esta alberga más de 200 especies arbóreas, es evidente el proceso de deterioro sufrido debido a la extracción indiscriminada de las especies maderables. En ese marco, intentando revertir la situación, un grupo de científicos de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) intentará clonar algunos árboles y plantas similares que están en peligro de extinción.
Dentro del proceso de deterioro, el mayor impacto reside en la erosión genética causada por la presión de selección, porque se eliminan los mejores ejemplares adultos dejando en pie aquellos generalmente enfermos, de escaso valor genético para la futura regeneración. Esa situación, sumada a otros factores, impide la regeneración de las especies arbóreas del bosque requiriendo de períodos prolongados para su establecimiento.
Frente a este problema, la ingeniera forestal Evelyn Raquel Duarte, becaria del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), propone como parte de su tesis doctoral trabajar en la “Aplicación de herramientas biotecnológicas en la clonación de especies arbóreas nativas de la selva misionera en peligro de extinción”.
La investigación, que tiene como director al doctor Pedro Sansberro y como codirectora a la doctora Claudia Luna, ambos de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Unne, se lleva a cabo en el Instituto de Botánica del Nordeste.
La clonación del germoplasma
El objetivo principal de este trabajo es el desarrollo de procedimientos de clonación del germoplasma nativo mediante el uso de las herramientas que ofrece la biotecnología vegetal, a fin de ser utilizados en programas estratégicos de recuperación de especies en peligro.
El germoplasma es el conjunto de genes que se transmite por la reproducción a la descendencia por medio de gametos o células reproductoras. El mencionado concepto se utiliza comúnmente para designar el genoma de las especies vegetales silvestres y no genéticamente modificadas de interés para la agricultura.
La selección de especies
El equipo científico que lleva adelante el proyecta, señaló que las especies elegidas para la clonación serían aquellas de mayor importancia económica que han despertado el interés del sector maderero: Balfourodendron riedelianum (guatambú), Cordia trichotoma (peteribí), Myrocarpus frondosus (incienso), como así también distintas especies del género Cedrela (meliáceas) que debido a sus características xilotecnológicas (color, veteado, densidad y facilidad para ser trabajada en aserrado y carpintería), generó una intensa explotación.
El cultivo in vitro de tejidos es una herramienta biotecnológica que es utilizada exitosamente en la propagación vegetativa de numerosas especies vegetales, ofrece una serie de ventajas con respecto a los sistemas tradicionales de propagación entre las que se podrían mencionar la posibilidad de obtener plantas libres de enfermedades en forma rápida, masiva y en términos económicamente accesibles.
Impulsan sancionar delitos ambientales
Impulsan sancionar delitos ambientales
Fecha de Publicación: 16/05/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires
Un proyecto de ley para juzgar a quienes cometan acciones que perjudiquen el medio ambiente será enviado en las próximas semanas a la Legislatura bonaerense, que de aprobarse convertirá a la provincia en la primera región del país que tipifica estos delitos.
"Tanto este nuevo Código de Faltas como la creación de los futuros juzgados de faltas ambientales son de importancia vital para la provincia, ya que nos permitirá optimizar los recursos ya existentes, otorgándoles a las cuestiones ambientales el tratamiento específico que por su impacto social y trascendencia económica merece", explicó a la agencia Télam José Molina del Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable (OPDS), que elaboró la iniciativa.
De esta manera, Buenos Aires será la primera provincia del país en tener un Código de Faltas Ambiental y juzgados ambientales para juzgar a quienes cometan delitos ecológicos y acciones que perjudiquen la salud del medio ambiente.
El Código será el marco normativo del que surgirán juzgados encargados de disponer sentencias que incluyen apercibimientos, multas y también la posibilidad de aplicar arresto domiciliario para los responsables de generar casos graves de contaminación ecológica. Además, establecerá qué tipo de contravenciones y faltas serán juzgadas en las comunas y cuáles en los nuevos organismos creados en el marco de la normativa.
Aplicación municipal
El objetivo es que exista un sólo procedimiento para los temas ambientales, que sea aplicable tanto por la provincia como por los municipios, ya que actualmente existen, de mínima, cinco procedimientos con distintas prescripciones, según marcan las distintas leyes concernientes al medio ambiente y la sanidad ecológica.
Según los fundamentos del proyecto de Código Ambiental, se pretende "la preservación, recuperación, conservación, defensa, restauración y mejoramiento del ambiente en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, estableciendo los principios rectores del desarrollo sustentable".
Se propiciarán "acciones a los fines de asegurar la dinámica de los ecosistemas existentes, la óptima calidad del ambiente, el sostenimiento de la diversidad biológica y los recursos escénicos para sus habitantes y las generaciones futuras".
Fecha de Publicación: 16/05/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires
Un proyecto de ley para juzgar a quienes cometan acciones que perjudiquen el medio ambiente será enviado en las próximas semanas a la Legislatura bonaerense, que de aprobarse convertirá a la provincia en la primera región del país que tipifica estos delitos.
"Tanto este nuevo Código de Faltas como la creación de los futuros juzgados de faltas ambientales son de importancia vital para la provincia, ya que nos permitirá optimizar los recursos ya existentes, otorgándoles a las cuestiones ambientales el tratamiento específico que por su impacto social y trascendencia económica merece", explicó a la agencia Télam José Molina del Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable (OPDS), que elaboró la iniciativa.
De esta manera, Buenos Aires será la primera provincia del país en tener un Código de Faltas Ambiental y juzgados ambientales para juzgar a quienes cometan delitos ecológicos y acciones que perjudiquen la salud del medio ambiente.
El Código será el marco normativo del que surgirán juzgados encargados de disponer sentencias que incluyen apercibimientos, multas y también la posibilidad de aplicar arresto domiciliario para los responsables de generar casos graves de contaminación ecológica. Además, establecerá qué tipo de contravenciones y faltas serán juzgadas en las comunas y cuáles en los nuevos organismos creados en el marco de la normativa.
Aplicación municipal
El objetivo es que exista un sólo procedimiento para los temas ambientales, que sea aplicable tanto por la provincia como por los municipios, ya que actualmente existen, de mínima, cinco procedimientos con distintas prescripciones, según marcan las distintas leyes concernientes al medio ambiente y la sanidad ecológica.
Según los fundamentos del proyecto de Código Ambiental, se pretende "la preservación, recuperación, conservación, defensa, restauración y mejoramiento del ambiente en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, estableciendo los principios rectores del desarrollo sustentable".
Se propiciarán "acciones a los fines de asegurar la dinámica de los ecosistemas existentes, la óptima calidad del ambiente, el sostenimiento de la diversidad biológica y los recursos escénicos para sus habitantes y las generaciones futuras".
Reabren una causa por el Riachuelo
Reabren una causa por el Riachuelo
Fecha de Publicación: 15/05/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires
La Cámara Federal ordenó que se reactive un caso archivado por vuelco ilegal de efluentes tóxicos
La Justicia ordenó que se profundice la investigación de una causa penal iniciada por la Asociación Vecinos de La Boca por contaminación en el Riachuelo. El fallo, de la Sala I de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, revocó el archivo ordenado en primera instancia.
Según el tribunal, debe reiniciarse la pesquisa sobre el vuelco ilegal de efluentes en el río y la supuesta falta de escurrimiento de las aguas a causa de 8500 toneladas de chatarra depositadas en su lecho. La denuncia, que en 2004 se realizó ante la entonces flamante Fiscalía de La Boca, también alertaba sobre la extensión de basurales a cielo abierto.
"Se trata de la denuncia que hicimos como asociación en el año 2004. Realmente creíamos [que la causa] estaba archivada en vía muerta, pero no. La muy grata sorpresa es que estaba gozando de muy buena salud", precisó Alfredo Alberti, presidente de la ONG.
La investigación quedó ahora en manos del juez federal Norberto Oyarbide; sin embargo, la Corte podría ordenar que formara parte de la causa Mendoza, que instruye el juez federal de Quilmes, Luis Armella, y en la que se ordena a los Estados nacional, bonaerense y porteño a sanear la cuenca Matanza-Riachuelo.
Precisamente es en el contexto de esa causa que la Corte Suprema de Justicia convocó a una nueva audiencia para el 1° del mes próximo, ocasión en que las autoridades y los organismos de control deberán responder un detallado cuestionario elaborado por el máximo tribunal para que se determine el avance del proceso de limpieza ordenado en 2008.
Entre los puntos que deben responder los funcionarios está el detalle sobre el desarrollo del sistema de indicadores, el acceso a la información pública, las mediciones de calidad de aire y agua, la contaminación de origen industrial, los planes de reconversión industrial, la limpieza de las márgenes del río, la expansión de la red de agua potable, los desagües pluviales y el saneamiento cloacal, el plan de reordenamiento territorial del puerto de Dock Sud, la situación de los basurales, el estado del financiamiento y del presupuesto, y el ordenamiento ambiental-territorial.
Sobre esa cuestión deberán responder acerca de las relocalizaciones de las más de 10.000 personas que viven en riesgo a la orilla del contaminado río, que tienen plazos que culminarán en 2013 y que fueron ordenados por Armella.
Cabe recordar que uno de los predios destinados a familias que viven en el Riachuelo sigue ocupado en Villa Lugano; se trata del complejo habitacional de Lacarra y Castañares.
Fecha de Publicación: 15/05/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires
La Cámara Federal ordenó que se reactive un caso archivado por vuelco ilegal de efluentes tóxicos
La Justicia ordenó que se profundice la investigación de una causa penal iniciada por la Asociación Vecinos de La Boca por contaminación en el Riachuelo. El fallo, de la Sala I de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, revocó el archivo ordenado en primera instancia.
Según el tribunal, debe reiniciarse la pesquisa sobre el vuelco ilegal de efluentes en el río y la supuesta falta de escurrimiento de las aguas a causa de 8500 toneladas de chatarra depositadas en su lecho. La denuncia, que en 2004 se realizó ante la entonces flamante Fiscalía de La Boca, también alertaba sobre la extensión de basurales a cielo abierto.
"Se trata de la denuncia que hicimos como asociación en el año 2004. Realmente creíamos [que la causa] estaba archivada en vía muerta, pero no. La muy grata sorpresa es que estaba gozando de muy buena salud", precisó Alfredo Alberti, presidente de la ONG.
La investigación quedó ahora en manos del juez federal Norberto Oyarbide; sin embargo, la Corte podría ordenar que formara parte de la causa Mendoza, que instruye el juez federal de Quilmes, Luis Armella, y en la que se ordena a los Estados nacional, bonaerense y porteño a sanear la cuenca Matanza-Riachuelo.
Precisamente es en el contexto de esa causa que la Corte Suprema de Justicia convocó a una nueva audiencia para el 1° del mes próximo, ocasión en que las autoridades y los organismos de control deberán responder un detallado cuestionario elaborado por el máximo tribunal para que se determine el avance del proceso de limpieza ordenado en 2008.
Entre los puntos que deben responder los funcionarios está el detalle sobre el desarrollo del sistema de indicadores, el acceso a la información pública, las mediciones de calidad de aire y agua, la contaminación de origen industrial, los planes de reconversión industrial, la limpieza de las márgenes del río, la expansión de la red de agua potable, los desagües pluviales y el saneamiento cloacal, el plan de reordenamiento territorial del puerto de Dock Sud, la situación de los basurales, el estado del financiamiento y del presupuesto, y el ordenamiento ambiental-territorial.
Sobre esa cuestión deberán responder acerca de las relocalizaciones de las más de 10.000 personas que viven en riesgo a la orilla del contaminado río, que tienen plazos que culminarán en 2013 y que fueron ordenados por Armella.
Cabe recordar que uno de los predios destinados a familias que viven en el Riachuelo sigue ocupado en Villa Lugano; se trata del complejo habitacional de Lacarra y Castañares.
La Rioja pone en marcha el parque eólico
La Rioja pone en marcha el parque eólico más grande de la Argentina
Fecha de Publicación: 15/05/2011
Fuente: InfoAmbiente - Tiempo Argentino
Provincia/Región: La Rioja
Doce aerogeneradores comenzarán a funcionar el 20 de mayo, cuando la presidenta Cristina Fernández y el gobernador Luis Beder Herrera inauguren la obra que aportará el 20% de la energía eléctrica de la provincia.
Dentro de pocos días, el poderoso viento que peina la cadena montañosa del Velazco, ubicada a 30 kilómetros al norte de Anillaco, aportará el 20% de la energía eléctrica que consume toda La Rioja. Además de estremecer a los viajeros que visitan la zona de Valle de la Puerta, los míticos soplidos de la Cordillera de los Andes que silban sobre su llanura también darán vida a doce gigantes de metal, que los riojanos decidieron bautizar “Molinos de viento”, como si se tratara de los viejos edificios del siglo XVIII, que aprovechaban las brisas para obtener agua. En algo se parecen: girarán todo el día y aprovecharán los vientos como hacían sus antepasados de madera, pero en este caso, se trata de doce hélices gigantescas, de tres aspas, que formarán parte del parque eólico más grande del país.
La obra comenzó hace tres años y, por ahora, tiene 12 aerogeneadores de 100 metros de altura que fueron construidos por la empresa mendocina IMPSA Wind, que planea instalar otros 40 en los próximos cinco años. Las máquinas fueron compradas por el gobierno riojano, a través de la empresa estatal con participación privada Parque Eólico Arauco SAPEM, que desembolsó 2,5 millones de pesos por cada aparato de energía limpia. La primera línea de maquinarias eólicas comenzarán a funcionar en forma regular desde el 20 de mayo, cuando la presidenta Cristina Fernández visite La Rioja para apoyar al gobernador Luis Beder Herrera que buscará su reelección nueve días después.
Cada uno de los aerogeneradores mide más de 100 metros, y sus hélices tienen un diámetro de 83. Frenan de inmediato cuando los vientos andinos superan los 100 kilómetros por hora, pero cuando las brisas superan los diez kilómetros ya comienzan a generar energía. Cada una de las máquinas puede girar 360 grados, cuenta con una escalera interior que llega hasta su cima y sus componentes provienen de distintas partes del mundo. “La torre fue construida en Corea del Sur, el motor fue hecho en Brasil y las aspas son mendocinas”, dice Juan Aguirre, un joven arquitecto de IMPSA, que cuenta los detalles de la obra, mientras el viento riojano de la tarde casi lo vuela. Lleva meses al pie del Velazco y su función es controlar la construcción de ese nuevo paisaje de hélices que, a la hora del crespúsculo, toman un color rojizo que transforman a la zona en un paisaje andino inesperado.
La Rioja es una de las provincias argentinas con mayores problemas de provisión eléctrica debido a la falta de agua y a la ausencia de grandes ríos con el caudal suficiente para la construcción de represas hidroeléctricas. De acuerdo con los cálculos del gobierno riojano, los aerogeneradores producirán 25 megavatios, una cifra equivalente a un quinto de todo el consumo eléctrico de la provincia norteña. En los planes oficiales los generadores llegarán a 50 dentro de cinco años y permitirán una producción de 50 megavatios, un caudal eléctrico que permitirá abastecer a más de 69 mil familias en una provincia donde el 95% del agua es subterránea.
El complejo tuvo un costo de 245 millones de pesos pagados por una sociedad mixta de control estatal, aunque su duración será superior a los 20 años sin ningún impacto contaminante, que permitirá evitar la emisión de 94 mil toneladas de CO2, el equivalente que producen las centrales eléctricas alimentadas a combustibles como fuel oil o carbón, para generar la misma energía. Por ahora, los 12 molinos de viento lograrán proveer a 18 mil hogares con energía limpia y en 2012, el mismo paisaje andino tendrá otra docena de aerogeneradores. El plan original habla de la instalación de 200 máquinas con un costo superior a los 480 millones de dólares. Los molinos de viento del Parque Arauco, son definidos por sus constructores como una “monocolumna de acero, con una base de hormigón que se puede instalar en espacios reducidos”, ya que su mecánica consiste en “un molino destinado a la generación de electricidad que funciona gracias al viento que mueve las hélices conectadas a un generador, y así transforma la energía mecánica en eléctrica”.
Para sus impulsores se trata de mucho más que un molino: tiene un gran generador de electricidad, un rotor, una enorme caja de engranajes, su sistema de control y una forma de generar energía muy valorada en una tierra donde el agua escasea mucho. Para otros, se trata de la mejor forma de alejarse de los fantasmas de la tragedia japonesa de Fukushima, donde la crisis de su central nuclear recordó que esa generación de energía puede resultar un pésimo negocio cuando lo previsible se desgaja por la fuerza de la naturaleza. Al parecer, las aspas gigantes de los andes riojanos, se llevan mejor con una naturaleza cada día más imprevisible.
Fecha de Publicación: 15/05/2011
Fuente: InfoAmbiente - Tiempo Argentino
Provincia/Región: La Rioja
Doce aerogeneradores comenzarán a funcionar el 20 de mayo, cuando la presidenta Cristina Fernández y el gobernador Luis Beder Herrera inauguren la obra que aportará el 20% de la energía eléctrica de la provincia.
Dentro de pocos días, el poderoso viento que peina la cadena montañosa del Velazco, ubicada a 30 kilómetros al norte de Anillaco, aportará el 20% de la energía eléctrica que consume toda La Rioja. Además de estremecer a los viajeros que visitan la zona de Valle de la Puerta, los míticos soplidos de la Cordillera de los Andes que silban sobre su llanura también darán vida a doce gigantes de metal, que los riojanos decidieron bautizar “Molinos de viento”, como si se tratara de los viejos edificios del siglo XVIII, que aprovechaban las brisas para obtener agua. En algo se parecen: girarán todo el día y aprovecharán los vientos como hacían sus antepasados de madera, pero en este caso, se trata de doce hélices gigantescas, de tres aspas, que formarán parte del parque eólico más grande del país.
La obra comenzó hace tres años y, por ahora, tiene 12 aerogeneadores de 100 metros de altura que fueron construidos por la empresa mendocina IMPSA Wind, que planea instalar otros 40 en los próximos cinco años. Las máquinas fueron compradas por el gobierno riojano, a través de la empresa estatal con participación privada Parque Eólico Arauco SAPEM, que desembolsó 2,5 millones de pesos por cada aparato de energía limpia. La primera línea de maquinarias eólicas comenzarán a funcionar en forma regular desde el 20 de mayo, cuando la presidenta Cristina Fernández visite La Rioja para apoyar al gobernador Luis Beder Herrera que buscará su reelección nueve días después.
Cada uno de los aerogeneradores mide más de 100 metros, y sus hélices tienen un diámetro de 83. Frenan de inmediato cuando los vientos andinos superan los 100 kilómetros por hora, pero cuando las brisas superan los diez kilómetros ya comienzan a generar energía. Cada una de las máquinas puede girar 360 grados, cuenta con una escalera interior que llega hasta su cima y sus componentes provienen de distintas partes del mundo. “La torre fue construida en Corea del Sur, el motor fue hecho en Brasil y las aspas son mendocinas”, dice Juan Aguirre, un joven arquitecto de IMPSA, que cuenta los detalles de la obra, mientras el viento riojano de la tarde casi lo vuela. Lleva meses al pie del Velazco y su función es controlar la construcción de ese nuevo paisaje de hélices que, a la hora del crespúsculo, toman un color rojizo que transforman a la zona en un paisaje andino inesperado.
La Rioja es una de las provincias argentinas con mayores problemas de provisión eléctrica debido a la falta de agua y a la ausencia de grandes ríos con el caudal suficiente para la construcción de represas hidroeléctricas. De acuerdo con los cálculos del gobierno riojano, los aerogeneradores producirán 25 megavatios, una cifra equivalente a un quinto de todo el consumo eléctrico de la provincia norteña. En los planes oficiales los generadores llegarán a 50 dentro de cinco años y permitirán una producción de 50 megavatios, un caudal eléctrico que permitirá abastecer a más de 69 mil familias en una provincia donde el 95% del agua es subterránea.
El complejo tuvo un costo de 245 millones de pesos pagados por una sociedad mixta de control estatal, aunque su duración será superior a los 20 años sin ningún impacto contaminante, que permitirá evitar la emisión de 94 mil toneladas de CO2, el equivalente que producen las centrales eléctricas alimentadas a combustibles como fuel oil o carbón, para generar la misma energía. Por ahora, los 12 molinos de viento lograrán proveer a 18 mil hogares con energía limpia y en 2012, el mismo paisaje andino tendrá otra docena de aerogeneradores. El plan original habla de la instalación de 200 máquinas con un costo superior a los 480 millones de dólares. Los molinos de viento del Parque Arauco, son definidos por sus constructores como una “monocolumna de acero, con una base de hormigón que se puede instalar en espacios reducidos”, ya que su mecánica consiste en “un molino destinado a la generación de electricidad que funciona gracias al viento que mueve las hélices conectadas a un generador, y así transforma la energía mecánica en eléctrica”.
Para sus impulsores se trata de mucho más que un molino: tiene un gran generador de electricidad, un rotor, una enorme caja de engranajes, su sistema de control y una forma de generar energía muy valorada en una tierra donde el agua escasea mucho. Para otros, se trata de la mejor forma de alejarse de los fantasmas de la tragedia japonesa de Fukushima, donde la crisis de su central nuclear recordó que esa generación de energía puede resultar un pésimo negocio cuando lo previsible se desgaja por la fuerza de la naturaleza. Al parecer, las aspas gigantes de los andes riojanos, se llevan mejor con una naturaleza cada día más imprevisible.
Pascua Lama: denuncia ante la CSJ
Pascua Lama: denuncia ante la Corte para que cese su actividad minera
Fecha de Publicación: 14/05/2011
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Nacional - San Juan
Según la demanda, el emprendimiento minero de la empresa Barrick Gold en San Juan se lleva adelante sobre estas reservas de agua.
Varias organizaciones ambientalistas presentaron una demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Solicitaron que se ordene el inmediato cese de actividades del proyecto minero binacional “Pascua Lama" (San Juan), en cumplimiento de la Ley de Protección de Glaciares, y disponga “la inmediata suspensión” de las medidas cautelares que impiden su aplicación en esa provincia.
La medida fue llevada adelante por Greenpeace, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Amigos de la Tierra Argentina y Diálogo por el Ambiente.
Según la demanda, el emprendimiento minero de la empresa Barrick Gold viola la prohibición establecida en el artículo 6° de la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección de Glaciares y el Ambiente Periglacial (Nº 26.639) ya que está desarrollando su actividad sobre glaciares y ambiente periglacial.
La demanda presentada, también solicita que se disponga “la inmediata suspensión” de las medidas cautelares dictadas por la Justicia Federal de San Juan” que impiden la aplicación en la provincia de los artículos clave de la norma en dicha provincia.
Asimismo, la demanda tiene por objeto que se garantice la plena vigencia de la Ley de Protección de Glaciares y que se ordene la realización inmediata del inventario nacional de glaciares y la auditoría ambiental que establece la norma sobre el emprendimiento Pascua-Lama.
Por otro lado, la presentación judicial pide que se condene a los demandados (el Estado Nacional, la provincia de San Juan y la empresa Barrick Gold y sus subsidiarias) a realizar obras de saneamiento y recomposición del ambiente, en el área donde se encuentra el proyecto minero, por los daños ambientales ya ocasionados.
La demanda de las organizaciones ambientalistas se enmarca en la causa iniciada ante la Corte Suprema, caratulada “VARGAS, Ricardo Marcelo c/ SAN JUAN, Provincia de y otros s/ daño ambiental”, donde ciudadanos sanjuaninos denunciaron el impacto ambiental del emprendimiento Pascua-Lama, incluso antes de la sanción de la Ley de Protección de Glaciares.
Fecha de Publicación: 14/05/2011
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Nacional - San Juan
Según la demanda, el emprendimiento minero de la empresa Barrick Gold en San Juan se lleva adelante sobre estas reservas de agua.
Varias organizaciones ambientalistas presentaron una demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Solicitaron que se ordene el inmediato cese de actividades del proyecto minero binacional “Pascua Lama" (San Juan), en cumplimiento de la Ley de Protección de Glaciares, y disponga “la inmediata suspensión” de las medidas cautelares que impiden su aplicación en esa provincia.
La medida fue llevada adelante por Greenpeace, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Amigos de la Tierra Argentina y Diálogo por el Ambiente.
Según la demanda, el emprendimiento minero de la empresa Barrick Gold viola la prohibición establecida en el artículo 6° de la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección de Glaciares y el Ambiente Periglacial (Nº 26.639) ya que está desarrollando su actividad sobre glaciares y ambiente periglacial.
La demanda presentada, también solicita que se disponga “la inmediata suspensión” de las medidas cautelares dictadas por la Justicia Federal de San Juan” que impiden la aplicación en la provincia de los artículos clave de la norma en dicha provincia.
Asimismo, la demanda tiene por objeto que se garantice la plena vigencia de la Ley de Protección de Glaciares y que se ordene la realización inmediata del inventario nacional de glaciares y la auditoría ambiental que establece la norma sobre el emprendimiento Pascua-Lama.
Por otro lado, la presentación judicial pide que se condene a los demandados (el Estado Nacional, la provincia de San Juan y la empresa Barrick Gold y sus subsidiarias) a realizar obras de saneamiento y recomposición del ambiente, en el área donde se encuentra el proyecto minero, por los daños ambientales ya ocasionados.
La demanda de las organizaciones ambientalistas se enmarca en la causa iniciada ante la Corte Suprema, caratulada “VARGAS, Ricardo Marcelo c/ SAN JUAN, Provincia de y otros s/ daño ambiental”, donde ciudadanos sanjuaninos denunciaron el impacto ambiental del emprendimiento Pascua-Lama, incluso antes de la sanción de la Ley de Protección de Glaciares.
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Avanza prohibición de termómetros con mercurio
Avanza prohibición de termómetros con mercurio
Fecha de Publicación: 14/05/2011
Fuente: El Día
Provincia/Región: Buenos Aires
La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad y giró al Senado para su sanción un proyecto que prohíbe, por ser perjudiciales para la salud, la fabricación, venta y distribución de termómetros y tensiómetros que contengan mercurio en la provincia de Buenos Aires.
Se trata de una iniciativa impulsada por el diputado del GEN, Juan Carlos Juárez, luego de un trabajo realizado por le ONG Salud sin Daño para eliminar el mercurio de la medicina por el riesgo que implica para el medio ambiente y la población.
De sancionarse la iniciativa, el Poder Ejecutivo deberá confeccionar un registro de las firmas que producen termómetros y tensiómetros que no utilicen mercurio, con la finalidad de orientar las compras de los hospitales públicos y de los prestadores de salud del sector privado.
También, prevé la realización de un inventario de los insumos, reactivos químicos y dispositivos médicos que contengan mercurio y que puedan ser reemplazados gradualmente por otro tipo que garanticen, como mínimo, la misma eficacia.
"Los estudios realizados por distintos organismos han demostrado que es posible ir reemplazando gradualmente los insumos y dispositivos médicos que contienen mercurio, por otros menos contaminantes, que brindan la mismas prestaciones con calidad y exactitud similares y sin incrementar los costos" dijo Juárez.
Fecha de Publicación: 14/05/2011
Fuente: El Día
Provincia/Región: Buenos Aires
La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad y giró al Senado para su sanción un proyecto que prohíbe, por ser perjudiciales para la salud, la fabricación, venta y distribución de termómetros y tensiómetros que contengan mercurio en la provincia de Buenos Aires.
Se trata de una iniciativa impulsada por el diputado del GEN, Juan Carlos Juárez, luego de un trabajo realizado por le ONG Salud sin Daño para eliminar el mercurio de la medicina por el riesgo que implica para el medio ambiente y la población.
De sancionarse la iniciativa, el Poder Ejecutivo deberá confeccionar un registro de las firmas que producen termómetros y tensiómetros que no utilicen mercurio, con la finalidad de orientar las compras de los hospitales públicos y de los prestadores de salud del sector privado.
También, prevé la realización de un inventario de los insumos, reactivos químicos y dispositivos médicos que contengan mercurio y que puedan ser reemplazados gradualmente por otro tipo que garanticen, como mínimo, la misma eficacia.
"Los estudios realizados por distintos organismos han demostrado que es posible ir reemplazando gradualmente los insumos y dispositivos médicos que contienen mercurio, por otros menos contaminantes, que brindan la mismas prestaciones con calidad y exactitud similares y sin incrementar los costos" dijo Juárez.
"Alumbrera para mí es la que más contamina"
"La Minera Alumbrera para mí es la que más contamina"
Fecha de Publicación: 13/05/2011
Fuente: No a la Mina - Diario El Siglo
Provincia/Región: Tucumán
Así lo advirtió el fiscal federal general de Tucumán quien en declaraciones a una radio de Santiago del Estero dijo que desde hace más de 10 años la empresa contamina con metales pesados un canal que luego desemboca en el dique El Frontal de Las Termas de Río Hondo. Por otra parte, un informe oficial indica que la compañía obtuvo 1.590 millones de dólares el año pasado por la extracción de minerales y que las ganancias acumuladas en el período 1.999-2010 alcanza los 10.962 millones de dólares. Una cifra insignificante si se la compara con los 40.000 millones de dólares que se habría llevado según una demanda penal.
Para el fiscal federal general de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, de todas las industrias, en su mayoría tucumanas, que son acusadas por el daño ambiental ocasionado a la cuenca de los ríos Salí-Dulce, "Minera Alumbrera es la que más contamina".
Durante una entrevista concedida a la radio LV11 de Santiago del Estero, el fiscal recordó que "en Tucumán tenemos cerca de 100 causas penales por contaminación ambiental", en las cuales tuvo una fuerte participación como principal instructor.
En este sentido, resaltó que en la Justicia Federal de Tucumán hay "casos de condena por delitos de contaminación ambiental" y destacó que "por el volcado de residuos patológicos fue condenado el intendente de Concepción (Octavio Muedra) a un año de prisión. También condenaron a los propietarios de un sanatorio a tres años de prisión; tenemos procesados a más de media docena de intendentes por esta cuestión de la contaminación a través de los basurales, y empresarios de recolección de residuos. Se ha procesado a los propietarios de empresas citrícolas y de frigoríficos", enumeró.
"La que más contamina"
No obstante, Gómez advirtió que "la Minera (Alumbrera) para mí es la que más contamina". A propósito, recordó que "se presentaron tres querellantes en una causa, uno de una ONG ambientalista de Buenos Aires, otro de una ONG de Tucumán y la otra es Anita Loto, la ex concejal de Las Termas".
También recordó que los querellantes "se reunieron días pasados con los camaristas, le plantearon estas cuestiones y están impulsando la causa penal de la Minera Alumbrera pidiendo el procesamiento de sus directivos".
Según dijo Gómez a LV11, en declaraciones reproducidas por el Nuevo Diario de Santiago, "los ciudadanos comunes están en un riesgo mucho mayor que yo. A mí me pagan un muy buen sueldo por hacer el trabajo que hago, pero Anita Loto tiene un sueldo básico y sin embargo tiene el coraje de presentarse e impulsar todas estas acciones en representación de su pueblo", destacó.
Explicó que "en el caso de Minera es una causa que ya tiene 13 años de duración. Si se lo pudiera llevar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos harían muchas recomendaciones, porque sin dudas está fallando la administración de justicia y por eso creo que la presentación de los querellantes va a significar un gran impulso en la causa, sobre todo porque la propia empresa minera en sus informes de impacto ambiental reconoce la contaminación y los niveles elevados de la misma", argumentó.
Gómez destacó al respecto que "esto es casi una prueba matemática porque los niveles de contaminación por encima de los cuales se comete un delito ambiental están establecidos en la Ley 24.051". "Hay contaminación con metales pesados y confesado por la propia empresa Minera Alumbrera, estos son líquidos que se tiran a un canal y que van directamente al dique Frontal (de Termas de Río Hondo) y es algo que ocurre desde hace más de 10 años, por lo que hay un proceso de acumulación muy importante", manifestó.
Evasión: las multimillonarias ganancias de Minera Alumbrera
Un informe oficial indica que la compañía obtuvo 1.590 millones de dólares el año pasado por la extracción de minerales y que las ganancias acumuladas en el período 1.999-2010 alcanza los 10.962 millones de dólares. Una cifra insignificante si se la compara con los 40.000 millones de dólares que se habría llevado según una demanda penal.
Mientras que dos causas penales contra la empresa Minera Alumbrera (una por contaminación y otra por una multimillonaria evasión) se tramitan sin avances sustanciales en la Justicia Federal de Tucumán, la compañía de capitales extranjeros reportó en 2010 ganancias por la extracción de minerales por la friolera de 1.590 millones de dólares. Según un informe oficial recientemente difundido, Minera Alumbrera, que explota el Yacimiento Bajo la Alumbrera, en el departamento Belén, en la vecina provincia de Catamarca, extrajo y se llevó del país oro, cobre y otros metales de alto valor económico por un monto global de 1.590 millones de dólares, es decir unos 6.390 millones de pesos.
De acuerdo al mismo informe, ese nivel de exportación que registró la empresa implicó un incremento de 20 por ciento respecto del año anterior y el acumulado 1999-2010 suma unos 10.962 millones de dólares o sea 43.848 millones de pesos.
Sin embargo, esas cifras son insignificantes si se las compara con los 40.000 millones de dólares que, de acuerdo a una demanda penal presentada hace más de un año por dos geólogos tucumanos, se habría llevado Minera Alumbrera en los últimos tiempos (ver "Investigación estancada").
En el informe oficial, se aclaró que este crecimiento respecto de 2009 es producto sólo de la suba de precios de estas commodities, ya que las cantidades exportadas disminuyeron 2,4 por ciento para el concentrado de cobre, 22,3 por ciento, para el oro doré y 4,4 por ciento, para el molibdeno.
Según el mismo documento, la composición de los envíos al exterior es de: 95,5 por ciento concentrado de cobre y oro, mientras que 3,5 por ciento es oro doré y el 1,1 por ciento restante molibdeno.
El valor de las exportaciones del proyecto Alumbrera para 2010 significa 2,3 por ciento de las exportaciones totales del país, 10,5 por ciento de las exportaciones de productos primarios y 35 por ciento de las exportaciones del sector minero.
Según la empresa, en 2010, el proyecto minero aportó a la economía argentina ingresos por un total de 3.916 millones de pesos, en concepto de pago de impuestos, regalías, salarios, aportes a la seguridad social, compra de insumos y servicios nacionales, entre otros.
No obstante, es oportuno aclarar que a diferencia de las exportaciones normales, que le generan al país importantes ingresos, en el caso de esta compañía se ve beneficiada por el Decreto 753/2004, según el cual las mineras no están obligadas a ingresar al circuito financiero argentino los dólares producidos por la venta al exterior de lo extraído en territorio argentino.
Investigación estancada
Hace 15 meses fue presentada ante la Justicia Federal de Tucumán una denuncia sobre un ocultamiento de ganancias por más de 40.000 millones de dólares por parte de la firma Minera Alumbrera, en perjuicio del Estado nacional y de sus socios del Yacimiento Minero Aguas de Dionisio-YMAD (constituido por la Universidad Nacional de Tucumán y el Gobierno de Catamarca). Sin embargo, la causa, que está en manos del titular del Juzgado Federal Número I, Daniel Bejas, sigue paralizada y no hubo un avance significativo en la investigación.
La demanda fue promovida por los geólogos tucumanos Guillermo Amilcar Vergara y Miguel Gianfrancisco, quienes mediante la realización de un estudio sobre metalogénesis llegaron a comprobar que Minera Alumbrera solamente declara, para su tributación, la exportación de oro, cobre y molibdeno, pero omite informar sobre la extracción y venta al exterior de importantes cantidades de una lista de casi 50 minerales de alto valor económico, entre ellos: escandio, titanio, cromo, cobalto, cesio y uranio. De acuerdo a la demanda de los profesionales, con la exportación no declarada de esos metales se estaría consumando una evasión de más 8.000 millones de dólares por año.
Para llegar a esa cifra, los licenciados Vergara y Gianfrancisco realizaron un cálculo sobre las cantidades vendidas al exterior, el precio en dólares por gramo de cada uno de los mencionados minerales y el tributo que deberían haber ingresado al Estado Nacional, a Catamarca y al YMAD.
En su planteo, los geólogos recordaron que el Código de Minería de la Nación establece que los primeros cinco años la firma minera estaba libre de impuestos, por lo que la evasión impositiva real estimada abarca, hasta comienzos de 2010, (que es cuando se concretó la demanda) siete años. A partir de dichas consideración, el monto del fraude-evasión ascendería a más de 40.000 millones de dólares.
La causa por contaminación
Paralelamente a esa causa, en la Justicia Federal de Tucumán se investiga otra demanda contra Minera Alumbrera, que fue iniciada hace 13 años, por contaminación ambiental.
La demanda fue planteada por el ex titular de Medio Ambiente de la Provincia, Juan Antonio González, junto a un grupo de organizaciones ecologistas y a la concejal de las Termas de Río Hondo Anita Loto, que acusaron a la firma de envenenar las aguas del canal DP2, que está ubicado en territorio tucumano y desemboca en el río Salí, que a su vez vuelca sus aguas en el dique El Frontal.
Por estos hechos, estuvo procesado el vicepresidente de la minera, Julián Rooney, luego de que en mayo de 2008 la Cámara Federal de Apelaciones lo considerara supuesto autor responsable del delito de contaminación peligrosa para la salud, previsto por el artículo 55 de la Ley Nº 24.051 (Residuos Peligrosos). En septiembre de 2009, la Cámara de Casación Penal declaró la nulidad del procesamiento. Sin embargo, Rooney sigue como imputado en la causa por violación a la citada norma.
El último movimiento importante en la causa se produjo hace unos días, cuando el titular del Juzgado Federal II, Mario Racedo, ordenó realizar nuevos estudios sobre el grado de contaminación actual del canal DP2, designando para esa tarea a tres ingenieros de la facultad de Ciencias Exactas de la UNT.
Los querellantes expresaron su total disconformidad con esta medida, aduciendo, por un lado, que al ser la UNT socia de Minera Alumbrera en el YMAD la elección de peritos pertenecientes a esa casa de altos estudios no garantiza la imparcialidad necesaria para establecer si la firma minera sigue envenenando el agua.
Por otro lado, plantearon que, después de 13 años de iniciada la causa, ya hay pruebas suficientes que constatan el daño ambiental ocasionado por la compañía minera.
Fecha de Publicación: 13/05/2011
Fuente: No a la Mina - Diario El Siglo
Provincia/Región: Tucumán
Así lo advirtió el fiscal federal general de Tucumán quien en declaraciones a una radio de Santiago del Estero dijo que desde hace más de 10 años la empresa contamina con metales pesados un canal que luego desemboca en el dique El Frontal de Las Termas de Río Hondo. Por otra parte, un informe oficial indica que la compañía obtuvo 1.590 millones de dólares el año pasado por la extracción de minerales y que las ganancias acumuladas en el período 1.999-2010 alcanza los 10.962 millones de dólares. Una cifra insignificante si se la compara con los 40.000 millones de dólares que se habría llevado según una demanda penal.
Para el fiscal federal general de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, de todas las industrias, en su mayoría tucumanas, que son acusadas por el daño ambiental ocasionado a la cuenca de los ríos Salí-Dulce, "Minera Alumbrera es la que más contamina".
Durante una entrevista concedida a la radio LV11 de Santiago del Estero, el fiscal recordó que "en Tucumán tenemos cerca de 100 causas penales por contaminación ambiental", en las cuales tuvo una fuerte participación como principal instructor.
En este sentido, resaltó que en la Justicia Federal de Tucumán hay "casos de condena por delitos de contaminación ambiental" y destacó que "por el volcado de residuos patológicos fue condenado el intendente de Concepción (Octavio Muedra) a un año de prisión. También condenaron a los propietarios de un sanatorio a tres años de prisión; tenemos procesados a más de media docena de intendentes por esta cuestión de la contaminación a través de los basurales, y empresarios de recolección de residuos. Se ha procesado a los propietarios de empresas citrícolas y de frigoríficos", enumeró.
"La que más contamina"
No obstante, Gómez advirtió que "la Minera (Alumbrera) para mí es la que más contamina". A propósito, recordó que "se presentaron tres querellantes en una causa, uno de una ONG ambientalista de Buenos Aires, otro de una ONG de Tucumán y la otra es Anita Loto, la ex concejal de Las Termas".
También recordó que los querellantes "se reunieron días pasados con los camaristas, le plantearon estas cuestiones y están impulsando la causa penal de la Minera Alumbrera pidiendo el procesamiento de sus directivos".
Según dijo Gómez a LV11, en declaraciones reproducidas por el Nuevo Diario de Santiago, "los ciudadanos comunes están en un riesgo mucho mayor que yo. A mí me pagan un muy buen sueldo por hacer el trabajo que hago, pero Anita Loto tiene un sueldo básico y sin embargo tiene el coraje de presentarse e impulsar todas estas acciones en representación de su pueblo", destacó.
Explicó que "en el caso de Minera es una causa que ya tiene 13 años de duración. Si se lo pudiera llevar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos harían muchas recomendaciones, porque sin dudas está fallando la administración de justicia y por eso creo que la presentación de los querellantes va a significar un gran impulso en la causa, sobre todo porque la propia empresa minera en sus informes de impacto ambiental reconoce la contaminación y los niveles elevados de la misma", argumentó.
Gómez destacó al respecto que "esto es casi una prueba matemática porque los niveles de contaminación por encima de los cuales se comete un delito ambiental están establecidos en la Ley 24.051". "Hay contaminación con metales pesados y confesado por la propia empresa Minera Alumbrera, estos son líquidos que se tiran a un canal y que van directamente al dique Frontal (de Termas de Río Hondo) y es algo que ocurre desde hace más de 10 años, por lo que hay un proceso de acumulación muy importante", manifestó.
Evasión: las multimillonarias ganancias de Minera Alumbrera
Un informe oficial indica que la compañía obtuvo 1.590 millones de dólares el año pasado por la extracción de minerales y que las ganancias acumuladas en el período 1.999-2010 alcanza los 10.962 millones de dólares. Una cifra insignificante si se la compara con los 40.000 millones de dólares que se habría llevado según una demanda penal.
Mientras que dos causas penales contra la empresa Minera Alumbrera (una por contaminación y otra por una multimillonaria evasión) se tramitan sin avances sustanciales en la Justicia Federal de Tucumán, la compañía de capitales extranjeros reportó en 2010 ganancias por la extracción de minerales por la friolera de 1.590 millones de dólares. Según un informe oficial recientemente difundido, Minera Alumbrera, que explota el Yacimiento Bajo la Alumbrera, en el departamento Belén, en la vecina provincia de Catamarca, extrajo y se llevó del país oro, cobre y otros metales de alto valor económico por un monto global de 1.590 millones de dólares, es decir unos 6.390 millones de pesos.
De acuerdo al mismo informe, ese nivel de exportación que registró la empresa implicó un incremento de 20 por ciento respecto del año anterior y el acumulado 1999-2010 suma unos 10.962 millones de dólares o sea 43.848 millones de pesos.
Sin embargo, esas cifras son insignificantes si se las compara con los 40.000 millones de dólares que, de acuerdo a una demanda penal presentada hace más de un año por dos geólogos tucumanos, se habría llevado Minera Alumbrera en los últimos tiempos (ver "Investigación estancada").
En el informe oficial, se aclaró que este crecimiento respecto de 2009 es producto sólo de la suba de precios de estas commodities, ya que las cantidades exportadas disminuyeron 2,4 por ciento para el concentrado de cobre, 22,3 por ciento, para el oro doré y 4,4 por ciento, para el molibdeno.
Según el mismo documento, la composición de los envíos al exterior es de: 95,5 por ciento concentrado de cobre y oro, mientras que 3,5 por ciento es oro doré y el 1,1 por ciento restante molibdeno.
El valor de las exportaciones del proyecto Alumbrera para 2010 significa 2,3 por ciento de las exportaciones totales del país, 10,5 por ciento de las exportaciones de productos primarios y 35 por ciento de las exportaciones del sector minero.
Según la empresa, en 2010, el proyecto minero aportó a la economía argentina ingresos por un total de 3.916 millones de pesos, en concepto de pago de impuestos, regalías, salarios, aportes a la seguridad social, compra de insumos y servicios nacionales, entre otros.
No obstante, es oportuno aclarar que a diferencia de las exportaciones normales, que le generan al país importantes ingresos, en el caso de esta compañía se ve beneficiada por el Decreto 753/2004, según el cual las mineras no están obligadas a ingresar al circuito financiero argentino los dólares producidos por la venta al exterior de lo extraído en territorio argentino.
Investigación estancada
Hace 15 meses fue presentada ante la Justicia Federal de Tucumán una denuncia sobre un ocultamiento de ganancias por más de 40.000 millones de dólares por parte de la firma Minera Alumbrera, en perjuicio del Estado nacional y de sus socios del Yacimiento Minero Aguas de Dionisio-YMAD (constituido por la Universidad Nacional de Tucumán y el Gobierno de Catamarca). Sin embargo, la causa, que está en manos del titular del Juzgado Federal Número I, Daniel Bejas, sigue paralizada y no hubo un avance significativo en la investigación.
La demanda fue promovida por los geólogos tucumanos Guillermo Amilcar Vergara y Miguel Gianfrancisco, quienes mediante la realización de un estudio sobre metalogénesis llegaron a comprobar que Minera Alumbrera solamente declara, para su tributación, la exportación de oro, cobre y molibdeno, pero omite informar sobre la extracción y venta al exterior de importantes cantidades de una lista de casi 50 minerales de alto valor económico, entre ellos: escandio, titanio, cromo, cobalto, cesio y uranio. De acuerdo a la demanda de los profesionales, con la exportación no declarada de esos metales se estaría consumando una evasión de más 8.000 millones de dólares por año.
Para llegar a esa cifra, los licenciados Vergara y Gianfrancisco realizaron un cálculo sobre las cantidades vendidas al exterior, el precio en dólares por gramo de cada uno de los mencionados minerales y el tributo que deberían haber ingresado al Estado Nacional, a Catamarca y al YMAD.
En su planteo, los geólogos recordaron que el Código de Minería de la Nación establece que los primeros cinco años la firma minera estaba libre de impuestos, por lo que la evasión impositiva real estimada abarca, hasta comienzos de 2010, (que es cuando se concretó la demanda) siete años. A partir de dichas consideración, el monto del fraude-evasión ascendería a más de 40.000 millones de dólares.
La causa por contaminación
Paralelamente a esa causa, en la Justicia Federal de Tucumán se investiga otra demanda contra Minera Alumbrera, que fue iniciada hace 13 años, por contaminación ambiental.
La demanda fue planteada por el ex titular de Medio Ambiente de la Provincia, Juan Antonio González, junto a un grupo de organizaciones ecologistas y a la concejal de las Termas de Río Hondo Anita Loto, que acusaron a la firma de envenenar las aguas del canal DP2, que está ubicado en territorio tucumano y desemboca en el río Salí, que a su vez vuelca sus aguas en el dique El Frontal.
Por estos hechos, estuvo procesado el vicepresidente de la minera, Julián Rooney, luego de que en mayo de 2008 la Cámara Federal de Apelaciones lo considerara supuesto autor responsable del delito de contaminación peligrosa para la salud, previsto por el artículo 55 de la Ley Nº 24.051 (Residuos Peligrosos). En septiembre de 2009, la Cámara de Casación Penal declaró la nulidad del procesamiento. Sin embargo, Rooney sigue como imputado en la causa por violación a la citada norma.
El último movimiento importante en la causa se produjo hace unos días, cuando el titular del Juzgado Federal II, Mario Racedo, ordenó realizar nuevos estudios sobre el grado de contaminación actual del canal DP2, designando para esa tarea a tres ingenieros de la facultad de Ciencias Exactas de la UNT.
Los querellantes expresaron su total disconformidad con esta medida, aduciendo, por un lado, que al ser la UNT socia de Minera Alumbrera en el YMAD la elección de peritos pertenecientes a esa casa de altos estudios no garantiza la imparcialidad necesaria para establecer si la firma minera sigue envenenando el agua.
Por otro lado, plantearon que, después de 13 años de iniciada la causa, ya hay pruebas suficientes que constatan el daño ambiental ocasionado por la compañía minera.
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