Denuncian robo de restos fósiles en zona minera
18:24 | 
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Denuncian robo de restos fósiles en la zona de la minera Vale
Fecha de Publicación: 12/05/2011
Fuente: Los Andes On Line
Provincia/Región: Mendoza
Un concejal malargüino dice que se los llevan, presuntamente en forma ilegal, a Neuquén. Desde Patrimonio aseguran que la acción está a cargo de un profesional que elevará un informe.
Fotos y videos de restos de dinosaurios hallados en inmediaciones del espacio geográfico que ocupa la minera Vale con el proyecto de extracción de sales de potasio, fueron aportados por empleados neuquinos a la prensa y al concejal malargüino del Mopoma, José Gabriel Ferrero, quien realizó una denuncia por presunto tráfico de fósiles, ya que los mismos estarían siendo trasladados a la vecina provincia de Neuquén.
Desde la empresa minera rápidamente desmintieron la veracidad de la denuncia, informando que la Dirección de Patrimonio de Mendoza está al tanto de todo lo que ocurre en inmediaciones del yacimiento. "Vale, en estos casos, sigue los lineamientos normales de cualquier país en los que trabaja, realizando todos los pasos que corresponden. La empresa ha contratado una consultora, se realiza un rastreo previo, un monitoreo de los restos o materiales paleontológicos o arqueológicos que puedan haber en el lugar y en base a eso se lo informa”, destacaron desde sus oficinas centrales en Buenos Aires.
La acusación ha generado gran repercusión porque de comprobarse el robo de los restos fósiles se estaría cometiendo un grave delito. Según lo denunciado por Ferrero, se “estarían sacando restos fósiles de la zona de Corte Cajón, un sector que tiene a su cargo la compañía Skanska en el yacimiento de potasio ubicado en Pata Mora. Los mismos estarían siendo trasladados hacia la vecina provincia de Neuquén, sin conocimiento de la Dirección de Patrimonio de la provincia. Se trataría de restos de tres dinosaurios completos”.
La información aportada por algunos empleados indicaría que los restos habrían sido encontrados en distintos lugares y por casualidad, al estar trazando con máquinas topadoras uno de los caminos que la empresa está realizando en la mencionada zona.
Si bien la denuncia el edil Ferrero la realizó en el escuadrón 29 de Gendarmería Nacional, quienes inmediatamente se aprestaron para dirigirse hasta el lugar, la Justicia Federal habría decidido que se diera parte en el hecho a la policía de Mendoza para que ellos realizaran las actuaciones correspondientes. De hecho, en la jornada de ayer efectivos policiales recorrieron la zona.
“Lo que pudimos observar es que hay muchísimo movimiento de tierra y hay dos personas, creemos que son técnicos, que están trabajando en el lugar con estos restos, pero no en las condiciones y con los elementos que debería ser y como se exige”, informó escuetamente uno de los asistentes al lugar.
“Me dicen que habría una persona autorizada, llamada González Riga, como concesionario del área para hacer los estudios paleontológicos”, afirmó Ferrero, y agregó: “Pero resulta que esta persona no solamente cumple esa función sino que además es inspector de los recursos patrimoniales de la provincia, lo que lo hace juez y parte. González Riga nunca informó del hallazgo, a pesar de que está obligado a hacerlo por el convenio que Vale ejerció con la provincia de que cualquier hallazgo de esta naturaleza debe ser informado, pero no lo hizo”, manifestó el edil malargüino Gabriel Ferrero.
La empresa minera de capitales brasileños informó que la consultora contratada para realizar estos trabajos es Bios y ellos son los que han contratado al doctor González Riga. “Una vez que se termine con todo el procedimiento que corresponde, todos los restos fósiles van a pertenecer a la provincia, porque esto se debe informar a Patrimonio de Mendoza y no al municipio de Malargüe”, manifestaron desde la empresa minera.
En tanto, el propio Bernardo González Riga, quien tiene la concesión de la zona de Cañadón Amarillo desde hace varios años, y ayer estuvo en Malargüe para una reunión llevada a cabo por el “Parque de Huellas de Dinosaurios”, curiosamente no viajó hasta la zona del conflicto y dijo “desconocer la existencia de estos hallazgos y mucho menos el lugar que se menciona (Corte Cajón).
Si hay una denuncia habrá que esperar que siga su transcurso, pero es raro también que haya ingresado un vehículo al lugar, como dicen, y sin autorización se hayan llevado restos fósiles porque la empresa tiene mucha seguridad”. El doctor González Riga, según informaron desde Vale estuvo la semana pasada en la zona. Durante esos días se produjo el hallazgo de uno de los ejemplares.
En tanto, desde Patrimonio de la provincia, la asesora legal,Carolina Delgado destacó a los medios que “Bernardo González Riga es un subcontratado de Vale para realizar los trabajos de rescate de fósiles que se encuentran dentro del perímetro de la empresa. Al mismo tiempo, es un excelente profesional que tiene una concesión paleontológica”, se explayó Delgado y acompañó: “Nos deja tranquilo porque es un especialista y esperaremos su informe”.
Desde la red ambientalista Oikos también se han mostrado preocupados por lo que estaría sucediendo en la localidad malargüina de Pata Mora y por ello, su presidente, Eduardo Sosa, realizaría hoy una conferencia de prensa solicitando al Gobierno, o a quien corresponda, un pedido de informes.
Lo cierto, independientemente de la denuncia, es que nadie ha podido explicar hasta el momento quiénes son las personas que estarían retirando todos los restos fósiles hallados en el lugar, si tienen autorización o no y para qué consultora u organismo trabajan. Será este el motivo de la investigación.
Fecha de Publicación: 12/05/2011
Fuente: Los Andes On Line
Provincia/Región: Mendoza
Un concejal malargüino dice que se los llevan, presuntamente en forma ilegal, a Neuquén. Desde Patrimonio aseguran que la acción está a cargo de un profesional que elevará un informe.
Fotos y videos de restos de dinosaurios hallados en inmediaciones del espacio geográfico que ocupa la minera Vale con el proyecto de extracción de sales de potasio, fueron aportados por empleados neuquinos a la prensa y al concejal malargüino del Mopoma, José Gabriel Ferrero, quien realizó una denuncia por presunto tráfico de fósiles, ya que los mismos estarían siendo trasladados a la vecina provincia de Neuquén.
Desde la empresa minera rápidamente desmintieron la veracidad de la denuncia, informando que la Dirección de Patrimonio de Mendoza está al tanto de todo lo que ocurre en inmediaciones del yacimiento. "Vale, en estos casos, sigue los lineamientos normales de cualquier país en los que trabaja, realizando todos los pasos que corresponden. La empresa ha contratado una consultora, se realiza un rastreo previo, un monitoreo de los restos o materiales paleontológicos o arqueológicos que puedan haber en el lugar y en base a eso se lo informa”, destacaron desde sus oficinas centrales en Buenos Aires.
La acusación ha generado gran repercusión porque de comprobarse el robo de los restos fósiles se estaría cometiendo un grave delito. Según lo denunciado por Ferrero, se “estarían sacando restos fósiles de la zona de Corte Cajón, un sector que tiene a su cargo la compañía Skanska en el yacimiento de potasio ubicado en Pata Mora. Los mismos estarían siendo trasladados hacia la vecina provincia de Neuquén, sin conocimiento de la Dirección de Patrimonio de la provincia. Se trataría de restos de tres dinosaurios completos”.
La información aportada por algunos empleados indicaría que los restos habrían sido encontrados en distintos lugares y por casualidad, al estar trazando con máquinas topadoras uno de los caminos que la empresa está realizando en la mencionada zona.
Si bien la denuncia el edil Ferrero la realizó en el escuadrón 29 de Gendarmería Nacional, quienes inmediatamente se aprestaron para dirigirse hasta el lugar, la Justicia Federal habría decidido que se diera parte en el hecho a la policía de Mendoza para que ellos realizaran las actuaciones correspondientes. De hecho, en la jornada de ayer efectivos policiales recorrieron la zona.
“Lo que pudimos observar es que hay muchísimo movimiento de tierra y hay dos personas, creemos que son técnicos, que están trabajando en el lugar con estos restos, pero no en las condiciones y con los elementos que debería ser y como se exige”, informó escuetamente uno de los asistentes al lugar.
“Me dicen que habría una persona autorizada, llamada González Riga, como concesionario del área para hacer los estudios paleontológicos”, afirmó Ferrero, y agregó: “Pero resulta que esta persona no solamente cumple esa función sino que además es inspector de los recursos patrimoniales de la provincia, lo que lo hace juez y parte. González Riga nunca informó del hallazgo, a pesar de que está obligado a hacerlo por el convenio que Vale ejerció con la provincia de que cualquier hallazgo de esta naturaleza debe ser informado, pero no lo hizo”, manifestó el edil malargüino Gabriel Ferrero.
La empresa minera de capitales brasileños informó que la consultora contratada para realizar estos trabajos es Bios y ellos son los que han contratado al doctor González Riga. “Una vez que se termine con todo el procedimiento que corresponde, todos los restos fósiles van a pertenecer a la provincia, porque esto se debe informar a Patrimonio de Mendoza y no al municipio de Malargüe”, manifestaron desde la empresa minera.
En tanto, el propio Bernardo González Riga, quien tiene la concesión de la zona de Cañadón Amarillo desde hace varios años, y ayer estuvo en Malargüe para una reunión llevada a cabo por el “Parque de Huellas de Dinosaurios”, curiosamente no viajó hasta la zona del conflicto y dijo “desconocer la existencia de estos hallazgos y mucho menos el lugar que se menciona (Corte Cajón).
Si hay una denuncia habrá que esperar que siga su transcurso, pero es raro también que haya ingresado un vehículo al lugar, como dicen, y sin autorización se hayan llevado restos fósiles porque la empresa tiene mucha seguridad”. El doctor González Riga, según informaron desde Vale estuvo la semana pasada en la zona. Durante esos días se produjo el hallazgo de uno de los ejemplares.
En tanto, desde Patrimonio de la provincia, la asesora legal,Carolina Delgado destacó a los medios que “Bernardo González Riga es un subcontratado de Vale para realizar los trabajos de rescate de fósiles que se encuentran dentro del perímetro de la empresa. Al mismo tiempo, es un excelente profesional que tiene una concesión paleontológica”, se explayó Delgado y acompañó: “Nos deja tranquilo porque es un especialista y esperaremos su informe”.
Desde la red ambientalista Oikos también se han mostrado preocupados por lo que estaría sucediendo en la localidad malargüina de Pata Mora y por ello, su presidente, Eduardo Sosa, realizaría hoy una conferencia de prensa solicitando al Gobierno, o a quien corresponda, un pedido de informes.
Lo cierto, independientemente de la denuncia, es que nadie ha podido explicar hasta el momento quiénes son las personas que estarían retirando todos los restos fósiles hallados en el lugar, si tienen autorización o no y para qué consultora u organismo trabajan. Será este el motivo de la investigación.
Citan a titulares de empresas tucumanas
La Justicia Federal local citará a indagatoria a titulares de empresas tucumanas
Fecha de Publicación: 12/05/2011
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
Previamente, el juez Molinari envió los oficios a organismos públicos Tucumán para pedir la identidad de los propietarios o directivos responsables de las firmas.
El juez federal Guillermo Molinari resolvió instruir una causa por delitos ambientales, contra industrias radicadas en Tucumán y que están denunciadas por contaminar las aguas que alimentan la cuenca Salí-Dulce. Esto a instancias del requerimiento del fiscal Pedro Simón quien presentó las denuncias y solicitó la instrucción de una causa contra 15 ingenios, cinco citrícolas, Papelera Tucumán, Sociedad Aguas de Tucumán y Minera La Alumbrera LTD.
Así lo señalaron fuentes judiciales a EL LIBERAL, quienes mencionaron que a partir de la decisión del magistrado, el Juzgado dio cumplimiento el diligenciamiento de los petitorios del fiscal Simón. En primer lugar, el juez Molinari envió las comunicaciones a organismos públicos de Tucumán requiriendo los nombres de los titulares o directivos de las empresas acusadas para citarlos a indagatoria por infracción a la ley de Residuos Peligrosos y cuyas condenas prevén penas de 3 a 10 años y de más años en el caso de que estos hechos (el envenenamiento de las aguas) produjera el deceso de alguna persona.
En su requerimiento, Simón había pedido la citación de los imputados a prestar declaración indagatoria, así como también que se forme un solo cuerpo de expediente con las causas por delitos ambientales.
Nuevas pruebas
Por otra parte, Simón, que representa al Ministerio Público Fiscal Federal, solicitó que se requiera un informe de la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación sobre las empresas anotadas en el Registro Nacional Obligatorio de Inventario de Empresas Productoras de Residuos Peligrosos o bien del Registro Nacional de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos de la Dirección de Recursos Hídricos (de dicha secretaría). También pidió que en dicho informe dé a conocer el tipo de efluentes vertidos, puntos de vuelcos, cantidades, destino y cuerpo receptor.
Además, pidió al juez que requiera a la autoridad de Medio Ambiente de Tucumán un informe sobre toda denuncia, actuación o multa sobre contaminación que tuviera en relación a las empresas citrícolas de Tucumán y sobre la Planta de Secado de Minera La Alumbrera.
Extraoficialmente se supo que la decisión del juez es cumplir con el diligenciamiento a los requerimientos del fiscal Simón, por lo que estaría enviando las comunicaciones a los organismos pertinentes, con los pedidos de informe.
Firmas denunciadas
A partir de numerosa prueba recolectadas como tomas de muestras, el Ministerio Público Fiscal pidió la imputación de los propietarios, directores y responsables de los ingenios Bella Vista, Concepción, La Corona, La Florida, La Fronterita, La Trinidad, Leales, Marapa, Santa Bárbara, San Juan, Santa Rosa, Aguilares, Cruz Alta, La Providencia y Nuñorco. También de las citrícolas Citromax, San Miguel SA, Litoral Citrus, Cota y Acheral; de Papelera Tucumán, de Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) y de la planta de sectado de la empresa Minera Alumbrera LTD.
Para Simón, estas empresas arrojaron sus “desechos industriales a la cuenca del río Salí y con ello contaminaron sus aguas y pusieron en riesgo la salud de las poblaciones de Tucumán y Santiago del Estero”.
En el requerimiento, sostiene que “en el caso de los ingenios, contaminaron arrojando vinaza y cachaza a los ríos que desembocan en el Salí con lo que provocaron un alto grado de demanda biológica y química de oxígeno en agua, la mortandad de peces y el peligro para la salud de la población”.
Sobre la empresa papelera y las citrícolas, afirma que contaminaron “con residuos industriales de los considerados tóxicos”; que la SAT “contaminó con desechos infecciosos del tipo fecal proveniente de cloacas” y que la Minera La Alumbrera Limited envenenó las aguas “con residuos de cobre que superan los límites permitidos por la ley de Residuos Peligrosos”. El Juzgado Federal local espera que desde Tucumán se envíe la nómina de los titulares de estas firmas denunciadas. Con este elemento en su poder en la mano, el juez Molinari ya podrá comenzar con las indagatorias a los empresarios.
Fecha de Publicación: 12/05/2011
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
Previamente, el juez Molinari envió los oficios a organismos públicos Tucumán para pedir la identidad de los propietarios o directivos responsables de las firmas.
El juez federal Guillermo Molinari resolvió instruir una causa por delitos ambientales, contra industrias radicadas en Tucumán y que están denunciadas por contaminar las aguas que alimentan la cuenca Salí-Dulce. Esto a instancias del requerimiento del fiscal Pedro Simón quien presentó las denuncias y solicitó la instrucción de una causa contra 15 ingenios, cinco citrícolas, Papelera Tucumán, Sociedad Aguas de Tucumán y Minera La Alumbrera LTD.
Así lo señalaron fuentes judiciales a EL LIBERAL, quienes mencionaron que a partir de la decisión del magistrado, el Juzgado dio cumplimiento el diligenciamiento de los petitorios del fiscal Simón. En primer lugar, el juez Molinari envió las comunicaciones a organismos públicos de Tucumán requiriendo los nombres de los titulares o directivos de las empresas acusadas para citarlos a indagatoria por infracción a la ley de Residuos Peligrosos y cuyas condenas prevén penas de 3 a 10 años y de más años en el caso de que estos hechos (el envenenamiento de las aguas) produjera el deceso de alguna persona.
En su requerimiento, Simón había pedido la citación de los imputados a prestar declaración indagatoria, así como también que se forme un solo cuerpo de expediente con las causas por delitos ambientales.
Nuevas pruebas
Por otra parte, Simón, que representa al Ministerio Público Fiscal Federal, solicitó que se requiera un informe de la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación sobre las empresas anotadas en el Registro Nacional Obligatorio de Inventario de Empresas Productoras de Residuos Peligrosos o bien del Registro Nacional de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos de la Dirección de Recursos Hídricos (de dicha secretaría). También pidió que en dicho informe dé a conocer el tipo de efluentes vertidos, puntos de vuelcos, cantidades, destino y cuerpo receptor.
Además, pidió al juez que requiera a la autoridad de Medio Ambiente de Tucumán un informe sobre toda denuncia, actuación o multa sobre contaminación que tuviera en relación a las empresas citrícolas de Tucumán y sobre la Planta de Secado de Minera La Alumbrera.
Extraoficialmente se supo que la decisión del juez es cumplir con el diligenciamiento a los requerimientos del fiscal Simón, por lo que estaría enviando las comunicaciones a los organismos pertinentes, con los pedidos de informe.
Firmas denunciadas
A partir de numerosa prueba recolectadas como tomas de muestras, el Ministerio Público Fiscal pidió la imputación de los propietarios, directores y responsables de los ingenios Bella Vista, Concepción, La Corona, La Florida, La Fronterita, La Trinidad, Leales, Marapa, Santa Bárbara, San Juan, Santa Rosa, Aguilares, Cruz Alta, La Providencia y Nuñorco. También de las citrícolas Citromax, San Miguel SA, Litoral Citrus, Cota y Acheral; de Papelera Tucumán, de Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) y de la planta de sectado de la empresa Minera Alumbrera LTD.
Para Simón, estas empresas arrojaron sus “desechos industriales a la cuenca del río Salí y con ello contaminaron sus aguas y pusieron en riesgo la salud de las poblaciones de Tucumán y Santiago del Estero”.
En el requerimiento, sostiene que “en el caso de los ingenios, contaminaron arrojando vinaza y cachaza a los ríos que desembocan en el Salí con lo que provocaron un alto grado de demanda biológica y química de oxígeno en agua, la mortandad de peces y el peligro para la salud de la población”.
Sobre la empresa papelera y las citrícolas, afirma que contaminaron “con residuos industriales de los considerados tóxicos”; que la SAT “contaminó con desechos infecciosos del tipo fecal proveniente de cloacas” y que la Minera La Alumbrera Limited envenenó las aguas “con residuos de cobre que superan los límites permitidos por la ley de Residuos Peligrosos”. El Juzgado Federal local espera que desde Tucumán se envíe la nómina de los titulares de estas firmas denunciadas. Con este elemento en su poder en la mano, el juez Molinari ya podrá comenzar con las indagatorias a los empresarios.
Principio de solución para los Qom
Día de Primavera en pleno otoño
Fecha de Publicación: 11/05/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Formosa
Todos los actores de la mesa de diálogo por el conflicto de los aborígenes de Formosa expresaron su satisfacción. El primer acuerdo fue consensuar la elección de un representante de la comunidad y hacer un relevamiento de territorios indígenas.
El primer encuentro para solucionar conflictos territoriales entre miembros de la comunidad qom La Primavera, encabezados por Félix Díaz, autoridades nacionales y formoseñas, organismos de derechos humanos y otro grupo indígena que dice representar a los qom de Formosa tuvo como primer paso iniciar la resolución de otro problema, la elección de las autoridades de este pueblo, ya que hay un conflicto de representación entre ambos colectivos. Es que el cacique Fernando Sanabria (95), líder de un sector que no reclama la restitución de tierras, fue electo en un acto cuestionado, entre otros, por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Y el sector liderado por Díaz, que promueve la recuperación de los territorios, no es reconocido por el gobierno formoseño. Los originarios deberán resolver internamente el nuevo marco eleccionario, y de no hacerlo lo fijará el gobierno nacional. Los otros puntos del acta firmada el lunes fueron la necesidad de realizar los relevamientos de territorios indígenas, un estudio de Parques Nacionales sobre hectáreas superpuestas del Parque Pilcomayo y de los originarios y la prohibición de arrendar las tierras pertenecientes a la comunidad.
El problema de autoridades surgió el 18 de junio de 2008, cuando la comunidad formó una asamblea, avalada por el Instituto de Comunidades Aborígenes de Formosa, y eligió a Félix Díaz como cacique, con cerca de 500 votos. Ocho días más tarde, Fernando Sanabria, de 95 años, se erigió como autoridad de la comunidad en el marco de una asociación civil, “apoyado por unas treinta personas”, aseguraron desde el entorno de Díaz.
El conflicto lo dirimió el 12 de julio de ese año la Inspección General de Personas Jurídicas del Ministerio de Gobierno formoseño, mediante la resolución 605/08, que negó la autodeterminación de los qom y anuló la representación de Díaz.
El 28 de octubre del 2008, el INAI se expidió al respecto y apuntó que la disposición del ente formoseño “colisiona con la Constitución Nacional y provincial por establecer requisitos para la personería jurídica de la comunidad ajenos a su forma de vida y estilo de organización”. Sin embargo, desde el organismo nacional no se avanzó en reconocer la asamblea que eligió a Díaz. De no haber consenso de los indígenas para fijar el marco eleccionario para nuevas autoridades en los próximos quince días, el INAI deberá pautarlo.
Del encuentro celebrado el lunes pasado en el Ministerio del Interior participó el hijo de Sanabria, Cristino, y un grupo de personas que apoyan a su padre. Desde ese espacio no hubo reclamos en torno del tema territorial. Al respecto, el ministro de Gobierno formoseño, Jorge González, le dijo a Página/12 que le pareció “muy positiva” la reunión, ya que “hasta el lunes sólo se escuchaba la voz de Félix Díaz”. Además, entendió que la mesa de diálogo genera “una buena oportunidad para que se lo escuche a Fernando Sanabria”.
Desde el lado de Díaz le achacan al otro sector su función de “punteros” del gobierno provincial. “Es sólo un argumento para deslegitimar al otro”, defendió el ministro, quien no negó el vínculo de ese grupo con el oficialismo provincial: “Desconozco si trabajan para el gobierno”.
Para cerrar su postura en este marco de conflicto, González ratificó “de manera absoluta”, como hizo ante los legisladores formoseños, que “no hubo represión el 23 de noviembre” de 2010, cuando los originarios fueron desalojados de la ruta 86 por la policía provincial. El episodio resultó en el asesinato del abuelo (qom) Roberto López y del policía Heber Falcón, además de quedar un tendal de heridos. También fueron incendiadas las casas de los indígenas, con todas sus pertenencias dentro.
Por parte del gobierno nacional, Claudio Morgado, titular del Inadi, remarcó que en lo acordado en la mesa de diálogo “se propone el inmediato relevamiento del territorio”, en el marco de la Ley 26.160 de emergencia territorial. La norma obliga a detener los desalojos de los pueblos indígenas hasta que se realicen los correspondientes estudios jurídicos catastrales. El presidente del Inadi destacó que esa “es la herramienta clave” para solucionar el problema. La comunidad pide que se le restituyan 1300 hectáreas que hoy están en manos del Estado formoseño y una familia de hacendados, los Celía.
En el convenio también se recomendó a Parques Nacionales hacer un estudio respecto de la superposición de tierras de la comunidad y del Parque Pilcomayo. En ese sentido, además de su presencia ancestral, los originarios cuentan con documentación que da cuenta de su localización en ese territorio desde 1940, mientras que el parque se creó en 1951.
Por último, Morgado indicó que la reunión dejó algo en claro: “Se confirmó que existe un conflicto territorial”. El funcionario, que trabaja en la problemática de La Primavera desde enero de 2010, compartió: “Lamentamos no haber convencido antes a otros actores sobre lo que pasaba, porque hoy no tendríamos los dos muertos del 23 de noviembre”.
Fecha de Publicación: 11/05/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Formosa
Todos los actores de la mesa de diálogo por el conflicto de los aborígenes de Formosa expresaron su satisfacción. El primer acuerdo fue consensuar la elección de un representante de la comunidad y hacer un relevamiento de territorios indígenas.
El primer encuentro para solucionar conflictos territoriales entre miembros de la comunidad qom La Primavera, encabezados por Félix Díaz, autoridades nacionales y formoseñas, organismos de derechos humanos y otro grupo indígena que dice representar a los qom de Formosa tuvo como primer paso iniciar la resolución de otro problema, la elección de las autoridades de este pueblo, ya que hay un conflicto de representación entre ambos colectivos. Es que el cacique Fernando Sanabria (95), líder de un sector que no reclama la restitución de tierras, fue electo en un acto cuestionado, entre otros, por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Y el sector liderado por Díaz, que promueve la recuperación de los territorios, no es reconocido por el gobierno formoseño. Los originarios deberán resolver internamente el nuevo marco eleccionario, y de no hacerlo lo fijará el gobierno nacional. Los otros puntos del acta firmada el lunes fueron la necesidad de realizar los relevamientos de territorios indígenas, un estudio de Parques Nacionales sobre hectáreas superpuestas del Parque Pilcomayo y de los originarios y la prohibición de arrendar las tierras pertenecientes a la comunidad.
El problema de autoridades surgió el 18 de junio de 2008, cuando la comunidad formó una asamblea, avalada por el Instituto de Comunidades Aborígenes de Formosa, y eligió a Félix Díaz como cacique, con cerca de 500 votos. Ocho días más tarde, Fernando Sanabria, de 95 años, se erigió como autoridad de la comunidad en el marco de una asociación civil, “apoyado por unas treinta personas”, aseguraron desde el entorno de Díaz.
El conflicto lo dirimió el 12 de julio de ese año la Inspección General de Personas Jurídicas del Ministerio de Gobierno formoseño, mediante la resolución 605/08, que negó la autodeterminación de los qom y anuló la representación de Díaz.
El 28 de octubre del 2008, el INAI se expidió al respecto y apuntó que la disposición del ente formoseño “colisiona con la Constitución Nacional y provincial por establecer requisitos para la personería jurídica de la comunidad ajenos a su forma de vida y estilo de organización”. Sin embargo, desde el organismo nacional no se avanzó en reconocer la asamblea que eligió a Díaz. De no haber consenso de los indígenas para fijar el marco eleccionario para nuevas autoridades en los próximos quince días, el INAI deberá pautarlo.
Del encuentro celebrado el lunes pasado en el Ministerio del Interior participó el hijo de Sanabria, Cristino, y un grupo de personas que apoyan a su padre. Desde ese espacio no hubo reclamos en torno del tema territorial. Al respecto, el ministro de Gobierno formoseño, Jorge González, le dijo a Página/12 que le pareció “muy positiva” la reunión, ya que “hasta el lunes sólo se escuchaba la voz de Félix Díaz”. Además, entendió que la mesa de diálogo genera “una buena oportunidad para que se lo escuche a Fernando Sanabria”.
Desde el lado de Díaz le achacan al otro sector su función de “punteros” del gobierno provincial. “Es sólo un argumento para deslegitimar al otro”, defendió el ministro, quien no negó el vínculo de ese grupo con el oficialismo provincial: “Desconozco si trabajan para el gobierno”.
Para cerrar su postura en este marco de conflicto, González ratificó “de manera absoluta”, como hizo ante los legisladores formoseños, que “no hubo represión el 23 de noviembre” de 2010, cuando los originarios fueron desalojados de la ruta 86 por la policía provincial. El episodio resultó en el asesinato del abuelo (qom) Roberto López y del policía Heber Falcón, además de quedar un tendal de heridos. También fueron incendiadas las casas de los indígenas, con todas sus pertenencias dentro.
Por parte del gobierno nacional, Claudio Morgado, titular del Inadi, remarcó que en lo acordado en la mesa de diálogo “se propone el inmediato relevamiento del territorio”, en el marco de la Ley 26.160 de emergencia territorial. La norma obliga a detener los desalojos de los pueblos indígenas hasta que se realicen los correspondientes estudios jurídicos catastrales. El presidente del Inadi destacó que esa “es la herramienta clave” para solucionar el problema. La comunidad pide que se le restituyan 1300 hectáreas que hoy están en manos del Estado formoseño y una familia de hacendados, los Celía.
En el convenio también se recomendó a Parques Nacionales hacer un estudio respecto de la superposición de tierras de la comunidad y del Parque Pilcomayo. En ese sentido, además de su presencia ancestral, los originarios cuentan con documentación que da cuenta de su localización en ese territorio desde 1940, mientras que el parque se creó en 1951.
Por último, Morgado indicó que la reunión dejó algo en claro: “Se confirmó que existe un conflicto territorial”. El funcionario, que trabaja en la problemática de La Primavera desde enero de 2010, compartió: “Lamentamos no haber convencido antes a otros actores sobre lo que pasaba, porque hoy no tendríamos los dos muertos del 23 de noviembre”.
Chaco: los desmontes no paran
Los desmontes no paran: detienen topadora que trabajaba para usurpar un predio fiscal
Fecha de Publicación: 10/05/2011
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
Los desmontes ilegales no cesan en El Impenetrable chaqueño, y en medio de un evidente plan por quedarse de manera ilegal con un predio, inspectores de la Dirección de Bosques junto a personal del Instituto de Colonización lograron parar a una topadora que estaba derribando árboles de quebracho colorado.
Los depredadores estaban realizando un deslinde para su posterior colocación de alambrado, pero lo hacían en un predio fiscal cuya finalidad era la usurpación del mismo.
En un operativo conjunto entre la Dirección de Bosques y el Instituto de Colonización, representado por su vocal Guido Gallovich, apoyados por la Policía Ecológica, el fin de semana último, se hicieron varias inspecciones a predios ubicados en la zona de Fuerte Esperanza, lugar en la que se detectó el caso mencionado, entre otros.
De acuerdo a la información a la que NORTE tuvo acceso ayer, la actuación de los organismos estatales se dio en el predio fracción Oeste de la Legua B, Lote 30 Zona E del departamento General Güemes, donde se constató la existencia de una topadora color verde la cual se encontraría trabajando haciendo limpieza de deslindes para alambrar en un campo fiscal con intenciones de usurpación del mismo.
El inspector de Bosques, Ramón Gauna, hizo las correspondientes actuaciones por desmonte y solicitó a la Fiscalía de turno que proceda al secuestro de la topadora, además de proceder a evaluar el daño producido por la misma.
Un predio para reubicar criollos
Ni los predios fiscales que el Estado chaqueño destinó para reubicación de familias campesinas se salva de la acción de los depredadores de los bosques de ésta provincia. Así es que, según indicó a este diario el vocal del Instituto de Colonización, Juan Gallovich, las tierras donde se detuvo a la topadora que estaba haciendo desmonte ilegal, están destinadas para reubicar a pobladores criollos que se encuentran en lotes de la Reserva Aborígen, constituyendo un grave delito de apropiación, que ahora pasó a sede de Tribunales con sede en el Juzgado de la localidad de Castelli.
“Teníamos algunas informaciones, y en base a datos precisos con imágenes satelitales, concurrimos al lugar de manera inmediata, y nos encontramos con estas personas que estaban haciendo deslinde para alambrar un campo fiscal, con la finalidad de usurparlo después”, indicó el funcionario de Colonización.
Encontraron hasta postes labrados
La sorpresa que se llevaron los inspectores de Bosques junto al personal de Colonización fue tal, ya que en el lugar donde la topadora trabajaba derribando árboles de gran porte, se encontraron una importante cantidad de postes de quebracho colorado cortados recientemente.
En el campamento donde la topadora se resguardaba, estaban almacenados los postes de colorado que serían utilizados para el alambrado del predio fiscal, y también se detectó que esta topadora ya había desmontado un área de aproximadamente una hectárea, además de los deslindes que estaban produciendo.
Fecha de Publicación: 10/05/2011
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
Los desmontes ilegales no cesan en El Impenetrable chaqueño, y en medio de un evidente plan por quedarse de manera ilegal con un predio, inspectores de la Dirección de Bosques junto a personal del Instituto de Colonización lograron parar a una topadora que estaba derribando árboles de quebracho colorado.
Los depredadores estaban realizando un deslinde para su posterior colocación de alambrado, pero lo hacían en un predio fiscal cuya finalidad era la usurpación del mismo.
En un operativo conjunto entre la Dirección de Bosques y el Instituto de Colonización, representado por su vocal Guido Gallovich, apoyados por la Policía Ecológica, el fin de semana último, se hicieron varias inspecciones a predios ubicados en la zona de Fuerte Esperanza, lugar en la que se detectó el caso mencionado, entre otros.
De acuerdo a la información a la que NORTE tuvo acceso ayer, la actuación de los organismos estatales se dio en el predio fracción Oeste de la Legua B, Lote 30 Zona E del departamento General Güemes, donde se constató la existencia de una topadora color verde la cual se encontraría trabajando haciendo limpieza de deslindes para alambrar en un campo fiscal con intenciones de usurpación del mismo.
El inspector de Bosques, Ramón Gauna, hizo las correspondientes actuaciones por desmonte y solicitó a la Fiscalía de turno que proceda al secuestro de la topadora, además de proceder a evaluar el daño producido por la misma.
Un predio para reubicar criollos
Ni los predios fiscales que el Estado chaqueño destinó para reubicación de familias campesinas se salva de la acción de los depredadores de los bosques de ésta provincia. Así es que, según indicó a este diario el vocal del Instituto de Colonización, Juan Gallovich, las tierras donde se detuvo a la topadora que estaba haciendo desmonte ilegal, están destinadas para reubicar a pobladores criollos que se encuentran en lotes de la Reserva Aborígen, constituyendo un grave delito de apropiación, que ahora pasó a sede de Tribunales con sede en el Juzgado de la localidad de Castelli.
“Teníamos algunas informaciones, y en base a datos precisos con imágenes satelitales, concurrimos al lugar de manera inmediata, y nos encontramos con estas personas que estaban haciendo deslinde para alambrar un campo fiscal, con la finalidad de usurparlo después”, indicó el funcionario de Colonización.
Encontraron hasta postes labrados
La sorpresa que se llevaron los inspectores de Bosques junto al personal de Colonización fue tal, ya que en el lugar donde la topadora trabajaba derribando árboles de gran porte, se encontraron una importante cantidad de postes de quebracho colorado cortados recientemente.
En el campamento donde la topadora se resguardaba, estaban almacenados los postes de colorado que serían utilizados para el alambrado del predio fiscal, y también se detectó que esta topadora ya había desmontado un área de aproximadamente una hectárea, además de los deslindes que estaban produciendo.
Ratifican informe socioambiental sobre Rosario
La nación ratificó un duro informe socioambiental sobre Rosario
Fecha de Publicación: 10/05/2011
Fuente: Agencia Fe
Provincia/Región: Santa Fe
El Defensor del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella, dijo que es una "investigación concienzuda". El secretario de Medio Ambiente de la Provincia de Santa Fe, César Mackler, entre otros reproches, la tildó de "incompleta".
"Ratifico todo el informe de riesgo ambiental sobre Rosario y sus conclusiones". Las palabras pertenecen al defensor del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella, quien ayer aludió de ese modo al trabajo publicado por La Capital el domingo pasado y que dejó mal parada a la ciudad cuando se trata de analizar los déficit del medio ambiente ocasionados por la presencia de industrias, el uso de plaguicidas de alta toxicidad y la falta de agua potable y cloacas.
El alarmante informe, realizado por un equipo técnico de la Defensoría del Pueblo nacional y presentado en el primer Congreso Latinoamericano de Salud Socioambiental, fue criticado con dureza por el secretario de Medio Ambiente provincial, César Mackler. Lo menos que dijo de el funcionario acerca del estudio es que es "incompleto" (ver aparte).
Sin embargo, Sella se plantó en sus cien y subrayó: "Es una gran investigación, muy concienzuda y cuenta con una gran cantidad de información".
Lo cierto es que cuando este diario le preguntó si realmente creía que Rosario, que logró un récord histórico al bajar su índice de mortalidad infantil a un dígito (9,7 por ciento por cada mil nacidos vivos), es una de las zonas con mayor contaminación del país y pone en riesgo a su niñez, Sella pareció bajar el tono.
"Afirmar que existe en algún departamento como el de Rosario un alto índice de riesgo ambiental no significa al mismo tiempo que haya gran contaminación. Implica una potencialidad y probabilidad de contaminación que debe poner en alerta a los funcionarios para tratar de llevar adelante las obras y controles para evitar contaminación y enfermedades", contestó. Y se explayó: "En Rosario hay zonas bien diferenciadas, algunas con agua potable y otras sin cloacas ni agua corriente. Ese es un claro índice de probabilidad de riesgo ambiental que, junto a la vulnerabilidad social, genera un componente peligroso en términos de contaminación. Esto no excluye el logro de baja del índice de mortalidad que todos debemos celebrar", concluyó.
Sella se refirió al polémico estudio durante un acto realizado en la Defensoría del Pueblo provincial. En ese marco, el ombudsman santafesino, Edgardo Bistoletti, firmó un convenio marco con el subdirector para la zona sur del Centro Unico de Ablación e Implante de Organos (Cudaio), Gustavo Echeverría.
Mapas. El informe de la controversia había sido presentado por Leandro García Silva en el congreso que se realizó hace dos semanas en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). En conjunto con las Naciones Unidas (ONU), Unicef, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Defensoría del Pueblo de la Nación confeccionó mapas sobre la situación de cada uno de los 531 departamentos provinciales del país en cuanto al riesgo ambiental para la salud de la niñez, que es la población más vulnerable. No obstante, el análisis puede extrapolarse al resto de las franjas etáreas.
El investigador aclaró que en el trabajo se realizó un índice basado en las necesidades básicas insatisfechas, la educación de las madres y la cobertura social y describió a Rosario como "una gran ciudad donde conviven amenazas ambientales que son mayores respecto de otros lugares del país".
También señaló que se combinan factores de riesgo como el uso de los agrotóxicos, la actividad industrial y la gran cantidad de población que vive bajo los índices de pobreza, además de amplias zonas con déficit en materia de servicios cloacales".
Fecha de Publicación: 10/05/2011
Fuente: Agencia Fe
Provincia/Región: Santa Fe
El Defensor del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella, dijo que es una "investigación concienzuda". El secretario de Medio Ambiente de la Provincia de Santa Fe, César Mackler, entre otros reproches, la tildó de "incompleta".
"Ratifico todo el informe de riesgo ambiental sobre Rosario y sus conclusiones". Las palabras pertenecen al defensor del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella, quien ayer aludió de ese modo al trabajo publicado por La Capital el domingo pasado y que dejó mal parada a la ciudad cuando se trata de analizar los déficit del medio ambiente ocasionados por la presencia de industrias, el uso de plaguicidas de alta toxicidad y la falta de agua potable y cloacas.
El alarmante informe, realizado por un equipo técnico de la Defensoría del Pueblo nacional y presentado en el primer Congreso Latinoamericano de Salud Socioambiental, fue criticado con dureza por el secretario de Medio Ambiente provincial, César Mackler. Lo menos que dijo de el funcionario acerca del estudio es que es "incompleto" (ver aparte).
Sin embargo, Sella se plantó en sus cien y subrayó: "Es una gran investigación, muy concienzuda y cuenta con una gran cantidad de información".
Lo cierto es que cuando este diario le preguntó si realmente creía que Rosario, que logró un récord histórico al bajar su índice de mortalidad infantil a un dígito (9,7 por ciento por cada mil nacidos vivos), es una de las zonas con mayor contaminación del país y pone en riesgo a su niñez, Sella pareció bajar el tono.
"Afirmar que existe en algún departamento como el de Rosario un alto índice de riesgo ambiental no significa al mismo tiempo que haya gran contaminación. Implica una potencialidad y probabilidad de contaminación que debe poner en alerta a los funcionarios para tratar de llevar adelante las obras y controles para evitar contaminación y enfermedades", contestó. Y se explayó: "En Rosario hay zonas bien diferenciadas, algunas con agua potable y otras sin cloacas ni agua corriente. Ese es un claro índice de probabilidad de riesgo ambiental que, junto a la vulnerabilidad social, genera un componente peligroso en términos de contaminación. Esto no excluye el logro de baja del índice de mortalidad que todos debemos celebrar", concluyó.
Sella se refirió al polémico estudio durante un acto realizado en la Defensoría del Pueblo provincial. En ese marco, el ombudsman santafesino, Edgardo Bistoletti, firmó un convenio marco con el subdirector para la zona sur del Centro Unico de Ablación e Implante de Organos (Cudaio), Gustavo Echeverría.
Mapas. El informe de la controversia había sido presentado por Leandro García Silva en el congreso que se realizó hace dos semanas en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). En conjunto con las Naciones Unidas (ONU), Unicef, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Defensoría del Pueblo de la Nación confeccionó mapas sobre la situación de cada uno de los 531 departamentos provinciales del país en cuanto al riesgo ambiental para la salud de la niñez, que es la población más vulnerable. No obstante, el análisis puede extrapolarse al resto de las franjas etáreas.
El investigador aclaró que en el trabajo se realizó un índice basado en las necesidades básicas insatisfechas, la educación de las madres y la cobertura social y describió a Rosario como "una gran ciudad donde conviven amenazas ambientales que son mayores respecto de otros lugares del país".
También señaló que se combinan factores de riesgo como el uso de los agrotóxicos, la actividad industrial y la gran cantidad de población que vive bajo los índices de pobreza, además de amplias zonas con déficit en materia de servicios cloacales".
Pedido de previsión de riesgos nucleares
Pedido de previsión de riesgos nucleares
Fecha de Publicación: 09/05/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Miembros de la ONG ambiental Conciencia Solidaria entregaron un pedido de informes a la Comisión Nacional de Energía Atómica en torno del estado de seguridad de las centrales nucleares que funcionan en el país y de las medidas de evacuación previstas para las comunidades aledañas a estas plantas de energía ante un eventual accidente, entre otros puntos. Los ambientalistas se manifestaron frente al organismo con una performance mediante la cual pusieron como ejemplo, de los riesgos que implica utilizar este tipo de energía, el trágico accidente de Chernobyl, ocurrido hace 25 años.
Cristina Martín, presidenta de Conciencia Solidaria, expresó que la ONG que encabeza “está en contra la energía nuclear porque es insegura, contaminante y excesivamente cara”. Como propuesta, Martín sugirió que se destinen fondos “para investigar energías alternativas como la solar, eólica o mareomotriz”. Hoy en día, Argentina cuenta con dos centrales nucleares en funcionamiento, Atucha I (Zárate-Buenos Aires) y Embalse (Río Tercero-Córdoba), que producen cerca del ocho por ciento de la energía del sistema nacional energético interconectado. A estas unidades se sumará próximamente Atucha II, también localizada en Zárate.
“Estamos a 25 años de Chernobyl, que demostró que no hay seguridad posible ante un accidente en una planta nuclear. Esto se reactiva con lo ocurrido en Fukushima”, expuso la referente de la organización. Según consideró Martín, la utilización de este tipo de generación energética “hoy se replantea en el mundo”. “Alemania, por ejemplo, va en proceso de cerrar sus centrales nucleares”, graficó.
En el texto entregado a la CNEA por Conciencia Solidaria se pide “información sobre el estado operativo de las centrales respecto de su seguridad hacia el medio ambiente y las personas”. Además solicita que se enumeren “todos los incidentes ocurridos” hasta la fecha en dichas plantas de energía. Y continúa en otro punto con la necesidad de conocer “las medidas existentes en caso de un accidente en las centrales” que tengan como fin “la evacuación y la protección de las comunidades cercanas”.
En un tercer ítem, la ONG requirió conocer sobre la situación actual de los sitios afectados por el Proyecto de Restitución Ambiental de la Minería del Uranio (Pramu). “El objeto de este proyecto es lograr que, en todos aquellos sitios en los cuales se han desarrollado actividades intrínsecas a la minería del uranio, se restituya el ambiente”, sostiene en su web la CNEA. El trabajo en este sentido se debe realizar en distintos puntos de Chubut, Mendoza, La Rioja, San Luis y Córdoba.
Sobre la central ubicada en Córdoba, el geólogo Carlos Seara (UNC) aseguró que “desde el punto de vista geológico hay un riesgo” ya que Embalse se ubica sobre “una falla geológica, que se la conoce como Falla de Santa Rosa”. Por lo que, según dijo, están “frente a una gran incógnita”. “No sabemos si hay previsión frente a un posible accidente nuclear”, manifestó. Y agregó: “No sabemos qué programas oficiales existen al respecto”.
El especialista, también asesor de las asambleas ambientales de Andalgalá y Famatina, explicó, sin ánimo de alarmar, que “si bien la zona no tiene caraterísticas de fuerte sismicidad, puede ser afectada por un sismo mayor al promedio habitual de la zona, que es de 4 grados en escala Ritchter”. En caso de un eventual accidente “para enfriar la central se utilizaría el agua del Embalse Río Tercero, por lo que el agua se recalentaría. Sería un proceso de reciclaje”. “Es diferente el caso de Atucha, que está sobre la costa del Río Paraná, el agua no está embalsada”, comparó.
Mediante la invocación de la Ley 25.831 de Presupuestos Mínimos de Acceso a la Información Pública Ambiental, la ONG requirió a la CNEA que dentro de los 30 días hábiles responda a estas inquietudes. Asimismo, desde la organización le recordaron al ente estatal la reciente Declaración de Kiev en el marco de la Cumbre de Energía Nuclear, celebrada el 19 de abril pasado, y de la que la CNEA fue partícipe. En ese texto de carácter internacional se asumió: “Estamos comprometidos con el mantenimiento de los más altos niveles de preparación para emergencias y de capacidad de respuesta para mitigar los efectos de un accidente nuclear”.
Fecha de Publicación: 09/05/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Miembros de la ONG ambiental Conciencia Solidaria entregaron un pedido de informes a la Comisión Nacional de Energía Atómica en torno del estado de seguridad de las centrales nucleares que funcionan en el país y de las medidas de evacuación previstas para las comunidades aledañas a estas plantas de energía ante un eventual accidente, entre otros puntos. Los ambientalistas se manifestaron frente al organismo con una performance mediante la cual pusieron como ejemplo, de los riesgos que implica utilizar este tipo de energía, el trágico accidente de Chernobyl, ocurrido hace 25 años.
Cristina Martín, presidenta de Conciencia Solidaria, expresó que la ONG que encabeza “está en contra la energía nuclear porque es insegura, contaminante y excesivamente cara”. Como propuesta, Martín sugirió que se destinen fondos “para investigar energías alternativas como la solar, eólica o mareomotriz”. Hoy en día, Argentina cuenta con dos centrales nucleares en funcionamiento, Atucha I (Zárate-Buenos Aires) y Embalse (Río Tercero-Córdoba), que producen cerca del ocho por ciento de la energía del sistema nacional energético interconectado. A estas unidades se sumará próximamente Atucha II, también localizada en Zárate.
“Estamos a 25 años de Chernobyl, que demostró que no hay seguridad posible ante un accidente en una planta nuclear. Esto se reactiva con lo ocurrido en Fukushima”, expuso la referente de la organización. Según consideró Martín, la utilización de este tipo de generación energética “hoy se replantea en el mundo”. “Alemania, por ejemplo, va en proceso de cerrar sus centrales nucleares”, graficó.
En el texto entregado a la CNEA por Conciencia Solidaria se pide “información sobre el estado operativo de las centrales respecto de su seguridad hacia el medio ambiente y las personas”. Además solicita que se enumeren “todos los incidentes ocurridos” hasta la fecha en dichas plantas de energía. Y continúa en otro punto con la necesidad de conocer “las medidas existentes en caso de un accidente en las centrales” que tengan como fin “la evacuación y la protección de las comunidades cercanas”.
En un tercer ítem, la ONG requirió conocer sobre la situación actual de los sitios afectados por el Proyecto de Restitución Ambiental de la Minería del Uranio (Pramu). “El objeto de este proyecto es lograr que, en todos aquellos sitios en los cuales se han desarrollado actividades intrínsecas a la minería del uranio, se restituya el ambiente”, sostiene en su web la CNEA. El trabajo en este sentido se debe realizar en distintos puntos de Chubut, Mendoza, La Rioja, San Luis y Córdoba.
Sobre la central ubicada en Córdoba, el geólogo Carlos Seara (UNC) aseguró que “desde el punto de vista geológico hay un riesgo” ya que Embalse se ubica sobre “una falla geológica, que se la conoce como Falla de Santa Rosa”. Por lo que, según dijo, están “frente a una gran incógnita”. “No sabemos si hay previsión frente a un posible accidente nuclear”, manifestó. Y agregó: “No sabemos qué programas oficiales existen al respecto”.
El especialista, también asesor de las asambleas ambientales de Andalgalá y Famatina, explicó, sin ánimo de alarmar, que “si bien la zona no tiene caraterísticas de fuerte sismicidad, puede ser afectada por un sismo mayor al promedio habitual de la zona, que es de 4 grados en escala Ritchter”. En caso de un eventual accidente “para enfriar la central se utilizaría el agua del Embalse Río Tercero, por lo que el agua se recalentaría. Sería un proceso de reciclaje”. “Es diferente el caso de Atucha, que está sobre la costa del Río Paraná, el agua no está embalsada”, comparó.
Mediante la invocación de la Ley 25.831 de Presupuestos Mínimos de Acceso a la Información Pública Ambiental, la ONG requirió a la CNEA que dentro de los 30 días hábiles responda a estas inquietudes. Asimismo, desde la organización le recordaron al ente estatal la reciente Declaración de Kiev en el marco de la Cumbre de Energía Nuclear, celebrada el 19 de abril pasado, y de la que la CNEA fue partícipe. En ese texto de carácter internacional se asumió: “Estamos comprometidos con el mantenimiento de los más altos niveles de preparación para emergencias y de capacidad de respuesta para mitigar los efectos de un accidente nuclear”.
Masiva movilización contra la pastera UPM
Masiva movilización contra la pastera UPM en Gualeguaychú
Fecha de Publicación: 09/05/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Entre Ríos
Los vecinos reclamaron el cierre de la planta (ex Botnia), pero no cortaron el puente
"El conflicto no está terminado ni resuelto", dijo ayer la Asamblea Ciudadana y Ambiental de Gualeguaychú en el documento que leyó en el marco de la marcha anual que realizaron para exigir el cierre de la planta de celulosa UPM (ex Botnia). También criticaron al gobierno nacional al que acusaron por sentirse "desprotegidos" en su lucha.
Según la asamblea, miles de vecinos de Gualeguaychú se dieron cita en el puente que une esa ciudad con Fray Bentos para denunciar la contaminación ambiental provocada por la pastera. La de ayer fue la séptima edición de la manifestación que se denomina Abrazo al Río Uruguay, y en esta oportunidad sumó una modalidad: la posibilidad de dejar pasar vehículos mientras se producía la concentración. "No puede decir nada el juez", advirtió el asambleísta Oscar Bargas, en diálogo con La Nacion, haciendo referencia a la causa que se inició en la Justicia Federal contra diez asambleístas por el corte de la ruta internacional, que se prolongó durante tres años y medio desde noviembre de 2006.
Como parte de las actividades, se leyeron oraciones religiosas tras lo cual se realizó la caminata de manifestantes, entre las 14 y las 19. Como en otros años, estuvo presente el candidato a jefe de gobierno porteño "Pino" Solanas, además de referentes provinciales entrerrianos, como el vicegobernador Eduardo Lauritto; el ex gobernador y candidato del Peronismo Federal, Jorge Busti, y el intendente local, el kirchnerista Juan José Bahillo.
En el documento que se leyó hubo duras críticas al gobierno uruguayo. "No olvidamos las falsas promesas de Tabaré Vázquez asumidas por el presidente José Mujica: «Si Botnia contamina, la cierro». Desde aquí le decimos: presidente Mujica, si usted tiene honor y dignidad, cumpla su palabra. Ya ha quedado suficientemente probado que Botnia-UPM contamina, y mucho más de lo que temíamos al principio."
Tampoco faltó un reproche a la presidenta Cristina Kirchner. "Expresamos claramente también, señora Presidenta, que en la actualidad nos sentimos desprotegidos, abandonados y en estado de indefensión de nuestra justa causa nacional", dijeron los asambleístas.
"Las fábricas de pasta celulosa -denuncia el documento- insumen para la producción de un millón de toneladas de pasta más de 300 millones de metros cúbicos de agua anuales que toman de ríos de agua dulce; de ese caudal de agua, el 80% regresará contaminada al río y un 20% quedará en el proceso de elaboración de pasta, evaporación de gases y para reciclaje de la producción química del proceso. ¿Esto es ambientalmente aceptable? ¿Debe este pueblo resignarse a vivir contaminado?"
Además hubo una queja por el fallo del Tribunal de La Haya que, pese a declarar que Uruguay violó el Tratado del Río Uruguay, no hizo mayor alusión a la contaminación. "La asamblea no aceptará ni aceptaremos jamás el dictamen de La Haya en cuanto a su legalización de la instalación de Botnia UPM; para nosotros, los habitantes de la cuenca, Botnia-UPM será siempre ilegal. El alto tribunal desperdició la oportunidad de consagrarse como el defensor de la vida", dijo la organización ambiental.
Por último, el escrito instó a continuar la lucha contra la pastera. "Hay que escuchar la naturaleza y a seguir luchando por nosotros por nuestros hijos, por la vida de todos", concluyó.
Cumbre de cancilleres
Los cancilleres de la Argentina, Héctor Timerman, y de Uruguay, Luis Almagro, se reunirán pasado mañana en Buenos Aires para debatir la agenda bilateral y, sobre todo, los temas relacionados con las comisiones de los ríos de la Plata y Uruguay. Según informó la Cancillería, se analizará la marcha del plan de monitoreo de la planta de producción de pasta de celulosa UPM (ex Botnia) y la reciente normativa uruguaya relacionada con los efluentes de dicha fábrica.
Fecha de Publicación: 09/05/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Entre Ríos
Los vecinos reclamaron el cierre de la planta (ex Botnia), pero no cortaron el puente
"El conflicto no está terminado ni resuelto", dijo ayer la Asamblea Ciudadana y Ambiental de Gualeguaychú en el documento que leyó en el marco de la marcha anual que realizaron para exigir el cierre de la planta de celulosa UPM (ex Botnia). También criticaron al gobierno nacional al que acusaron por sentirse "desprotegidos" en su lucha.
Según la asamblea, miles de vecinos de Gualeguaychú se dieron cita en el puente que une esa ciudad con Fray Bentos para denunciar la contaminación ambiental provocada por la pastera. La de ayer fue la séptima edición de la manifestación que se denomina Abrazo al Río Uruguay, y en esta oportunidad sumó una modalidad: la posibilidad de dejar pasar vehículos mientras se producía la concentración. "No puede decir nada el juez", advirtió el asambleísta Oscar Bargas, en diálogo con La Nacion, haciendo referencia a la causa que se inició en la Justicia Federal contra diez asambleístas por el corte de la ruta internacional, que se prolongó durante tres años y medio desde noviembre de 2006.
Como parte de las actividades, se leyeron oraciones religiosas tras lo cual se realizó la caminata de manifestantes, entre las 14 y las 19. Como en otros años, estuvo presente el candidato a jefe de gobierno porteño "Pino" Solanas, además de referentes provinciales entrerrianos, como el vicegobernador Eduardo Lauritto; el ex gobernador y candidato del Peronismo Federal, Jorge Busti, y el intendente local, el kirchnerista Juan José Bahillo.
En el documento que se leyó hubo duras críticas al gobierno uruguayo. "No olvidamos las falsas promesas de Tabaré Vázquez asumidas por el presidente José Mujica: «Si Botnia contamina, la cierro». Desde aquí le decimos: presidente Mujica, si usted tiene honor y dignidad, cumpla su palabra. Ya ha quedado suficientemente probado que Botnia-UPM contamina, y mucho más de lo que temíamos al principio."
Tampoco faltó un reproche a la presidenta Cristina Kirchner. "Expresamos claramente también, señora Presidenta, que en la actualidad nos sentimos desprotegidos, abandonados y en estado de indefensión de nuestra justa causa nacional", dijeron los asambleístas.
"Las fábricas de pasta celulosa -denuncia el documento- insumen para la producción de un millón de toneladas de pasta más de 300 millones de metros cúbicos de agua anuales que toman de ríos de agua dulce; de ese caudal de agua, el 80% regresará contaminada al río y un 20% quedará en el proceso de elaboración de pasta, evaporación de gases y para reciclaje de la producción química del proceso. ¿Esto es ambientalmente aceptable? ¿Debe este pueblo resignarse a vivir contaminado?"
Además hubo una queja por el fallo del Tribunal de La Haya que, pese a declarar que Uruguay violó el Tratado del Río Uruguay, no hizo mayor alusión a la contaminación. "La asamblea no aceptará ni aceptaremos jamás el dictamen de La Haya en cuanto a su legalización de la instalación de Botnia UPM; para nosotros, los habitantes de la cuenca, Botnia-UPM será siempre ilegal. El alto tribunal desperdició la oportunidad de consagrarse como el defensor de la vida", dijo la organización ambiental.
Por último, el escrito instó a continuar la lucha contra la pastera. "Hay que escuchar la naturaleza y a seguir luchando por nosotros por nuestros hijos, por la vida de todos", concluyó.
Cumbre de cancilleres
Los cancilleres de la Argentina, Héctor Timerman, y de Uruguay, Luis Almagro, se reunirán pasado mañana en Buenos Aires para debatir la agenda bilateral y, sobre todo, los temas relacionados con las comisiones de los ríos de la Plata y Uruguay. Según informó la Cancillería, se analizará la marcha del plan de monitoreo de la planta de producción de pasta de celulosa UPM (ex Botnia) y la reciente normativa uruguaya relacionada con los efluentes de dicha fábrica.
Biocombustible, nueva apuesta industrial
Biocombustible, nueva apuesta industrial
Fecha de Publicación: 08/05/2011
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Alentado por el mayor porcentaje de corte en el país y el freno a las compras de China de aceite de soja argentino, crece en el país la producción de biocombustibles.
Córdoba fue una de las primeras provincias en darle importancia al biocombustible. Curiosamente, hoy es una de las más retrasadas en subirse al tren de su producción.
Operadores del sector aseguran que los cambios en los mercados interno y externo crean oportunidades para que la provincia retome la iniciativa, pero hace falta inversión.
Esta producción nacional comenzó en el país en 2006. Por impulso del entonces gobernador José Manuel de la Sota, la provincia fue la primera en adherir a la ley nacional de promoción de los biocombustibles, pero el avance local se frenó en las primeras etapas.
En 2010, el país elaboró 1,9 millón de toneladas de biodiésel y para este año se prevé un salto mayor al 30 por ciento, con lo que llegará a 2,5 millones. En este volumen, Córdoba participaría sólo con 100 mil toneladas, apenas el cuatro por ciento, según estimaciones de mercado.
Para entender este retraso hay que analizar el proceso. El biodiésel argentino se produce con soja; de 100 toneladas de esta oleaginosa se obtienen 18 toneladas de aceite de soja y de esto se puede fabricar la misma cantidad de biodiésel.
El problema es que para hacerlo hacen falta grandes inversiones. Una planta que produzca 50 mil toneladas por año necesita una inversión de 12 a 15 millones de dólares (hasta 40 millones si se utilizan equipos importados). Además, para ser competitivo, hay que producir más de 150 mil toneladas.
Así la producción de biodiésel fue quedando en manos de grandes operadores del agro (como Vicentin, Cargill, Louis Dreyfus, AGD y Bunge) que prefirieron instalarse en Santa Fe por la cercanía del puerto.
Las plantas que comenzaron a desarrollarse en Córdoba para procesar la soja invirtieron en la mejora del grano y en su procesamiento para aceite de soja, dada la buena demanda del mercado internacional.
Según Mario Bragachini, coordinador del Inta Manfredi, hay actualmente en la provincia casi 80 pequeñas y medianas plantas de extrusado-prensado de soja, ubicadas principalmente en la franja central de la provincia (ver mapa), capaces de elaborar de 4,2 a 4,8 toneladas de aceite de soja (12 por ciento del volumen de granos). En total, pueden elaborar aproximadamente 330 toneladas diarias.
Cambio de escenario. Este mercado de alta demanda de aceite de soja cambió en 2010. China dejó de comprar el producto argentino en represalia por las restricciones a la importación de productos chinos fijadas por el Gobierno argentino.
Esto obligó a los productores de aceite de soja a canalizar su producto al biodiésel para exportación (ver aparte).
A esto, se sumó que a partir del año pasado el Gobierno elevó el corte de gasoil con biodiésel de cinco a siete por ciento; para el año próximo, el corte podría llegar a 10 por ciento.
Esta mayor demanda de biodiésel para el mercado interno como para exportación anima a la Cámara de Biocombustible de Córdoba (Cabiocor) a pensar que entre 2011 y 2012 se producirá el despegue de la producción local de biodiésel.
“Por ahora, la producción de biodiésel está destinada al consumo interno. Pero la entidad está trabajando con algunos proyectos de inversores, buscando la zona donde instalar una planta mediante joint-ventares (alianzas), para aprovechar mejor la materia prima”, asegura el vicepresidente de Cabiocor, Oscar Gentili.
A su vez, una serie de proyectos para la producción de etanol (alcohol que se utiliza para la mezcla con nafta) comenzarán a tomar forma este año.
La Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) construye una planta que producirá 100 mil toneladas de etanol en Villa María.
Paralelamente, Porta Hnos. junto a BIO4 desarrolla en Río Cuarto una destilería para la producción de etanol en base a cereales.
Fecha de Publicación: 08/05/2011
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Alentado por el mayor porcentaje de corte en el país y el freno a las compras de China de aceite de soja argentino, crece en el país la producción de biocombustibles.
Córdoba fue una de las primeras provincias en darle importancia al biocombustible. Curiosamente, hoy es una de las más retrasadas en subirse al tren de su producción.
Operadores del sector aseguran que los cambios en los mercados interno y externo crean oportunidades para que la provincia retome la iniciativa, pero hace falta inversión.
Esta producción nacional comenzó en el país en 2006. Por impulso del entonces gobernador José Manuel de la Sota, la provincia fue la primera en adherir a la ley nacional de promoción de los biocombustibles, pero el avance local se frenó en las primeras etapas.
En 2010, el país elaboró 1,9 millón de toneladas de biodiésel y para este año se prevé un salto mayor al 30 por ciento, con lo que llegará a 2,5 millones. En este volumen, Córdoba participaría sólo con 100 mil toneladas, apenas el cuatro por ciento, según estimaciones de mercado.
Para entender este retraso hay que analizar el proceso. El biodiésel argentino se produce con soja; de 100 toneladas de esta oleaginosa se obtienen 18 toneladas de aceite de soja y de esto se puede fabricar la misma cantidad de biodiésel.
El problema es que para hacerlo hacen falta grandes inversiones. Una planta que produzca 50 mil toneladas por año necesita una inversión de 12 a 15 millones de dólares (hasta 40 millones si se utilizan equipos importados). Además, para ser competitivo, hay que producir más de 150 mil toneladas.
Así la producción de biodiésel fue quedando en manos de grandes operadores del agro (como Vicentin, Cargill, Louis Dreyfus, AGD y Bunge) que prefirieron instalarse en Santa Fe por la cercanía del puerto.
Las plantas que comenzaron a desarrollarse en Córdoba para procesar la soja invirtieron en la mejora del grano y en su procesamiento para aceite de soja, dada la buena demanda del mercado internacional.
Según Mario Bragachini, coordinador del Inta Manfredi, hay actualmente en la provincia casi 80 pequeñas y medianas plantas de extrusado-prensado de soja, ubicadas principalmente en la franja central de la provincia (ver mapa), capaces de elaborar de 4,2 a 4,8 toneladas de aceite de soja (12 por ciento del volumen de granos). En total, pueden elaborar aproximadamente 330 toneladas diarias.
Cambio de escenario. Este mercado de alta demanda de aceite de soja cambió en 2010. China dejó de comprar el producto argentino en represalia por las restricciones a la importación de productos chinos fijadas por el Gobierno argentino.
Esto obligó a los productores de aceite de soja a canalizar su producto al biodiésel para exportación (ver aparte).
A esto, se sumó que a partir del año pasado el Gobierno elevó el corte de gasoil con biodiésel de cinco a siete por ciento; para el año próximo, el corte podría llegar a 10 por ciento.
Esta mayor demanda de biodiésel para el mercado interno como para exportación anima a la Cámara de Biocombustible de Córdoba (Cabiocor) a pensar que entre 2011 y 2012 se producirá el despegue de la producción local de biodiésel.
“Por ahora, la producción de biodiésel está destinada al consumo interno. Pero la entidad está trabajando con algunos proyectos de inversores, buscando la zona donde instalar una planta mediante joint-ventares (alianzas), para aprovechar mejor la materia prima”, asegura el vicepresidente de Cabiocor, Oscar Gentili.
A su vez, una serie de proyectos para la producción de etanol (alcohol que se utiliza para la mezcla con nafta) comenzarán a tomar forma este año.
La Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) construye una planta que producirá 100 mil toneladas de etanol en Villa María.
Paralelamente, Porta Hnos. junto a BIO4 desarrolla en Río Cuarto una destilería para la producción de etanol en base a cereales.
Rosario:una de las ciudades más contaminadas
Rosario es una de las zonas con mayor contaminación del país
Fecha de Publicación: 08/05/2011
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
Un informe presentado en el primer Congreso Latinoamericano de Salud Socioambiental, que se realizó en Rosario, detalló que esta ciudad y su gran zona de influencia es uno de los sectores con mayores índices de contaminación del país por la presencia de industrias, el uso de fuertes agrotóxicos en los cultivos, la falta de cloacas en amplias zonas y la cantidad de población que vive con necesidades básicas insatisfechas.
El estudio, realizado por un equipo técnico de la Defensoría del Pueblo de la Nación, fue presentado por uno de sus integrantes, Leandro García Silva, en el congreso que se desarrolló la semana pasada en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario.
En conjunto con Naciones Unidas, Unicef, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Defensoría del Pueblo de la Nación confeccionó un conjunto de mapas donde se aprecia con claridad cuál es la situación de cada departamento provincial del país en cuanto al riesgo ambiental para la salud de la niñez, que es la población más vulnerable, y que puede extrapolarse al resto de las franjas etáreas.
En diálogo con La Capital, García Silva explicó que “el riesgo ambiental es el resultado de la interrelación entre una situación de vulnerabilidad, exposición y peligro, y un nivel de incertidumbre que siempre está presente”.
El trabajo analizó cuatro fuentes de peligro o amenazas ambientales: la presencia de industrias, el uso de plaguicidas de alta toxicidad en la actividad agrícola, la situación del agua y saneamiento (existencia de cloacas y agua potable) y la actividad petrolera, de gas y minería.
Estos factores se relacionaron con el nivel de vulnerabilidad de la población infantil. “Se hizo un índice basado en las necesidades básicas insatisfechas, la educación de las madres y la cobertura social”, indicó el profesional.
“El objetivo es prevenir, ir a las fuentes, anticiparse”, explicó García Silva y destacó que “el riesgo no significa causa-consecuencia sobre enfermedades, sino la necesidad de tomar medidas más concretas si hay algún daño en curso”.
Este atlas logró identificar los departamentos de cada provincia con mayor nivel de riesgo y compararlo con otros lugares del país, además de obtener una visión global de la Argentina.
Situación local. García Silva describió a Rosario como “una gran ciudad donde conviven amenazas ambientales que son mayores respecto a otros lugares del país”. El especialista señaló que “se combinan todo los factores de riesgo, como el uso de agrotóxicos en la actividad agrícola, la actividad industrial y la gran cantidad de población que vive bajo la línea de pobreza, a lo que se suman las amplias zonas con déficit en materia de servicios cloacales. Esto reclama una política ambiental muy activa”, subrayó.
El atlas demostró que Rosario es una ciudad con industrias de alta complejidad y tiene (como otras grandes metrópolis del país) un cinturón hortícola que produce las verduras y utiliza plaguicidas de alta toxicidad. En este sentido, el profesional destacó que “hace falta mucho cuidado entre quienes se dedican al cultivo de verduras y hortalizas, y quienes trabajan en los mercados centrales. Hay que pensar en formas más saludables de producir los alimentos”.
Los datos demuestran que en el departamento Rosario el índice de contaminación por plaguicidas es alto. En todo el país sólo dos departamentos de Mendoza tienen un índice muy alto y 9 fueron clasificados como riesgo alto, como es el caso de Rosario. Cabe destacar que dentro de la provincia de Santa Fe, el departamento Rosario es el que más alto índice de contaminación por plaguicidas presenta.
Cloacas. A su vez queda clara la necesidad de lograr el saneamiento ambiental, la construcción de cloacas en zonas todavía desabastecidas y la provisión de agua potable para todos. De los 104 departamentos del país con mayor déficit de cloacas, la mayoría se ubican en el norte, pero también se suman algunos de las provincias de Buenos Aires, el norte de Santa Fe y el Gran Rosario.
En cuanto a los riesgos por la contaminación ambiental que produce la falta de saneamiento, Rosario se ubica entre los que tienen los índices más altos del país. Ese triste privilegio también lo comparten en Córdoba y Buenos Aires.
En materia de minería Rosario no posee ningún índice de contaminación porque no se ejerce la actividad en la región.
Niños vulnerables. El atlas también muestra cuáles son las zonas del país con niños más vulnerables. Sobre un total de 12.169.648 niños y niñas menores de 18 años en el país, 5.759.456 viven en departamentos con alto y muy alto índice de vulnerabilidad social (lo que implica necesidades básicas insatisfechas, bajo nivel educativo de las mujeres en edad fértil, jefes de hogar desocupados, falta de cobertura de salud y mortalidad infantil). Esto significa que un 47% de los niños en situación de riesgo alto o muy alto viven en el 9% de los departamentos del total del país, entre ellos Rosario.
Como señala el atlas, “se trata de un punto de partida para tomar decisiones políticas más acertadas y tomar conciencia ante los problemas que pueden afectar la salud, en especial de los niños”.
Fecha de Publicación: 08/05/2011
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
Un informe presentado en el primer Congreso Latinoamericano de Salud Socioambiental, que se realizó en Rosario, detalló que esta ciudad y su gran zona de influencia es uno de los sectores con mayores índices de contaminación del país por la presencia de industrias, el uso de fuertes agrotóxicos en los cultivos, la falta de cloacas en amplias zonas y la cantidad de población que vive con necesidades básicas insatisfechas.
El estudio, realizado por un equipo técnico de la Defensoría del Pueblo de la Nación, fue presentado por uno de sus integrantes, Leandro García Silva, en el congreso que se desarrolló la semana pasada en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario.
En conjunto con Naciones Unidas, Unicef, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Defensoría del Pueblo de la Nación confeccionó un conjunto de mapas donde se aprecia con claridad cuál es la situación de cada departamento provincial del país en cuanto al riesgo ambiental para la salud de la niñez, que es la población más vulnerable, y que puede extrapolarse al resto de las franjas etáreas.
En diálogo con La Capital, García Silva explicó que “el riesgo ambiental es el resultado de la interrelación entre una situación de vulnerabilidad, exposición y peligro, y un nivel de incertidumbre que siempre está presente”.
El trabajo analizó cuatro fuentes de peligro o amenazas ambientales: la presencia de industrias, el uso de plaguicidas de alta toxicidad en la actividad agrícola, la situación del agua y saneamiento (existencia de cloacas y agua potable) y la actividad petrolera, de gas y minería.
Estos factores se relacionaron con el nivel de vulnerabilidad de la población infantil. “Se hizo un índice basado en las necesidades básicas insatisfechas, la educación de las madres y la cobertura social”, indicó el profesional.
“El objetivo es prevenir, ir a las fuentes, anticiparse”, explicó García Silva y destacó que “el riesgo no significa causa-consecuencia sobre enfermedades, sino la necesidad de tomar medidas más concretas si hay algún daño en curso”.
Este atlas logró identificar los departamentos de cada provincia con mayor nivel de riesgo y compararlo con otros lugares del país, además de obtener una visión global de la Argentina.
Situación local. García Silva describió a Rosario como “una gran ciudad donde conviven amenazas ambientales que son mayores respecto a otros lugares del país”. El especialista señaló que “se combinan todo los factores de riesgo, como el uso de agrotóxicos en la actividad agrícola, la actividad industrial y la gran cantidad de población que vive bajo la línea de pobreza, a lo que se suman las amplias zonas con déficit en materia de servicios cloacales. Esto reclama una política ambiental muy activa”, subrayó.
El atlas demostró que Rosario es una ciudad con industrias de alta complejidad y tiene (como otras grandes metrópolis del país) un cinturón hortícola que produce las verduras y utiliza plaguicidas de alta toxicidad. En este sentido, el profesional destacó que “hace falta mucho cuidado entre quienes se dedican al cultivo de verduras y hortalizas, y quienes trabajan en los mercados centrales. Hay que pensar en formas más saludables de producir los alimentos”.
Los datos demuestran que en el departamento Rosario el índice de contaminación por plaguicidas es alto. En todo el país sólo dos departamentos de Mendoza tienen un índice muy alto y 9 fueron clasificados como riesgo alto, como es el caso de Rosario. Cabe destacar que dentro de la provincia de Santa Fe, el departamento Rosario es el que más alto índice de contaminación por plaguicidas presenta.
Cloacas. A su vez queda clara la necesidad de lograr el saneamiento ambiental, la construcción de cloacas en zonas todavía desabastecidas y la provisión de agua potable para todos. De los 104 departamentos del país con mayor déficit de cloacas, la mayoría se ubican en el norte, pero también se suman algunos de las provincias de Buenos Aires, el norte de Santa Fe y el Gran Rosario.
En cuanto a los riesgos por la contaminación ambiental que produce la falta de saneamiento, Rosario se ubica entre los que tienen los índices más altos del país. Ese triste privilegio también lo comparten en Córdoba y Buenos Aires.
En materia de minería Rosario no posee ningún índice de contaminación porque no se ejerce la actividad en la región.
Niños vulnerables. El atlas también muestra cuáles son las zonas del país con niños más vulnerables. Sobre un total de 12.169.648 niños y niñas menores de 18 años en el país, 5.759.456 viven en departamentos con alto y muy alto índice de vulnerabilidad social (lo que implica necesidades básicas insatisfechas, bajo nivel educativo de las mujeres en edad fértil, jefes de hogar desocupados, falta de cobertura de salud y mortalidad infantil). Esto significa que un 47% de los niños en situación de riesgo alto o muy alto viven en el 9% de los departamentos del total del país, entre ellos Rosario.
Como señala el atlas, “se trata de un punto de partida para tomar decisiones políticas más acertadas y tomar conciencia ante los problemas que pueden afectar la salud, en especial de los niños”.
Ensenada alojará la plata de "Basura Cero"
Basura Cero: formalizan el acuerdo con Ensenada
Fecha de Publicación: 07/05/2011
Fuente: El Día
Provincia/Región: Buenos Aires
La municipalidad de Ensenada aceptó ayer formalmente el acuerdo por el cual alojará en su territorio la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos proyectada por La Plata y los distritos del Consorcio Regional en el marco del sistema "Basura Cero", que permitirá el cierre definitivo del relleno de la Ceamse en Punta Lara y marcará el punto final a tres décadas de contaminación ambiental por el enterramiento de basura.
Durante una ceremonia encabezada por el jefe de Gabinete de Ministros, Alberto Pérez, se firmó con el intendente ensenadense, Mario Secco, la sesión de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), a esa comuna. En el acto estuvieron los intendentes Consorcio Regional: Pablo Bruera, de La Plata; de Berisso, Enrique Slezack; de Brandsen, Mirta Sargiotti, y de Punta Indio, Héctor Equiza, así como otros funcionarios del gobierno provincial.
El acuerdo marcó el punto final al largo debate sobre la localización de la planta de tratamiento de residuos en el marco del plan Basura Cero de las comunas de la Región. Es que en una primera instancia, la planta iba a estar ubicada en La Plata, cuya administración comunal eligió la tecnología a aplicar y licitó la obra. La resistencia de vecinos de diferentes localidades platenses donde había posibilidades de radicar la planta y la decisión de la administración Bruera de proteger al cinturón frutihortícola local impidió encontrar un lugar apto. Y en ese marco, Ensenada decidió recibir el emprendimiento, cuyo presupuesto estimado en 40 millones de dólares será financiado por la Provincia.
Al término de la reunión, el intendente Secco aseguró que por el alto nivel tecnológico y de cuidado del medio ambiente del proyecto Basura Cero, "la planta de tratamiento no contamina y se puede poner a la vuelta de la Gobernación o del Palacio Municipal de Ensenada, porque no implica enterramiento de basura. Los residuos que ingresen a la planta saldrán inmediatamente, nada tocará el suelo".
"Estamos solucionando un problema de fondo junto con la Provincia. Los ambientalistas de todo el mundo dicen que ésta es la mejor tecnología para tratar la basura", señaló Secco. "Estamos haciendo algo histórico que será copiado por otras ciudades de Latinoamérica", agregó.
En diálogo con este diario Secco adelantó que enviará al Concejo Deliberante de su distrito el proyecto para convalidar la ejecución de la planta de tratamiento de basura y estimó que "Pablo (Bruera) en La Plata hará lo mismo para poder dar inicio a este proceso que nos va a permitir cerrar la Ceamse de Punta Lara para siempre".
Consultado sobre la localización de Basura Cero, Secco reiteró lo adelantado por este diario en el sentido que "se hará sobre un terreno de unas 25 hectáreas ubicado a unos 300 metros de la Autopista La Plata-Buenos Aires y al que se accederá por caminos nuevos porque nunca más transitarán camiones de basura por Punta Lara".
Secco explicó que la planta se ubicará sobre un terreno de 25 hectáreas ubicado a 300 metros de la Autopista, que contará con nuevos caminos de acceso
Y subrayó además que el futuro sistema “marcará el punto final a tres décadas de contaminación ambiental en la Región por el enterramiento de basura”
El intendente de Ensenada dijo que la planta "no contamina" y firmó el traspaso
Tras los anuncios y la polémica que se desató en torno al traslado de la nueva planta de residuos, el jefe de Gabinete, Alberto Pérez, se reunió ayer con los intendentes de Ensenada, Mario Secco; de La Plata, Pablo Bruera; de Berisso, Enrique Slezack; de Brandsen, Mirta Sargiotti y de Punta Indio, Héctor Equiza, para confirmar que la planta se instalará en Ensenada, cerca de la subida de la autopista Buenos Aires-La Plata
Secco intentó despejar las dudas acerca de la posible contaminación , y sostuvo que “esta es una planta única en América Latina, no contamina”.
“Se puede poner a la vuelta de la Gobernación o del Palacio Municipal de Ensenada. No es un enterramiento, lo que entra sale de la planta. Se trata sobre calles de hormigón, nada le pasa al suelo”, afirmó. “Estamos solucionando un problema de fondo junto con la Provincia. Los ambientalistas de todas partes dicen que esta es la mejor tecnología para tratar la basura y estamos adquiriendo la última tecnología que hay en el mundo”, dijo Secco.
Fecha de Publicación: 07/05/2011
Fuente: El Día
Provincia/Región: Buenos Aires
La municipalidad de Ensenada aceptó ayer formalmente el acuerdo por el cual alojará en su territorio la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos proyectada por La Plata y los distritos del Consorcio Regional en el marco del sistema "Basura Cero", que permitirá el cierre definitivo del relleno de la Ceamse en Punta Lara y marcará el punto final a tres décadas de contaminación ambiental por el enterramiento de basura.
Durante una ceremonia encabezada por el jefe de Gabinete de Ministros, Alberto Pérez, se firmó con el intendente ensenadense, Mario Secco, la sesión de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), a esa comuna. En el acto estuvieron los intendentes Consorcio Regional: Pablo Bruera, de La Plata; de Berisso, Enrique Slezack; de Brandsen, Mirta Sargiotti, y de Punta Indio, Héctor Equiza, así como otros funcionarios del gobierno provincial.
El acuerdo marcó el punto final al largo debate sobre la localización de la planta de tratamiento de residuos en el marco del plan Basura Cero de las comunas de la Región. Es que en una primera instancia, la planta iba a estar ubicada en La Plata, cuya administración comunal eligió la tecnología a aplicar y licitó la obra. La resistencia de vecinos de diferentes localidades platenses donde había posibilidades de radicar la planta y la decisión de la administración Bruera de proteger al cinturón frutihortícola local impidió encontrar un lugar apto. Y en ese marco, Ensenada decidió recibir el emprendimiento, cuyo presupuesto estimado en 40 millones de dólares será financiado por la Provincia.
Al término de la reunión, el intendente Secco aseguró que por el alto nivel tecnológico y de cuidado del medio ambiente del proyecto Basura Cero, "la planta de tratamiento no contamina y se puede poner a la vuelta de la Gobernación o del Palacio Municipal de Ensenada, porque no implica enterramiento de basura. Los residuos que ingresen a la planta saldrán inmediatamente, nada tocará el suelo".
"Estamos solucionando un problema de fondo junto con la Provincia. Los ambientalistas de todo el mundo dicen que ésta es la mejor tecnología para tratar la basura", señaló Secco. "Estamos haciendo algo histórico que será copiado por otras ciudades de Latinoamérica", agregó.
En diálogo con este diario Secco adelantó que enviará al Concejo Deliberante de su distrito el proyecto para convalidar la ejecución de la planta de tratamiento de basura y estimó que "Pablo (Bruera) en La Plata hará lo mismo para poder dar inicio a este proceso que nos va a permitir cerrar la Ceamse de Punta Lara para siempre".
Consultado sobre la localización de Basura Cero, Secco reiteró lo adelantado por este diario en el sentido que "se hará sobre un terreno de unas 25 hectáreas ubicado a unos 300 metros de la Autopista La Plata-Buenos Aires y al que se accederá por caminos nuevos porque nunca más transitarán camiones de basura por Punta Lara".
Secco explicó que la planta se ubicará sobre un terreno de 25 hectáreas ubicado a 300 metros de la Autopista, que contará con nuevos caminos de acceso
Y subrayó además que el futuro sistema “marcará el punto final a tres décadas de contaminación ambiental en la Región por el enterramiento de basura”
El intendente de Ensenada dijo que la planta "no contamina" y firmó el traspaso
Tras los anuncios y la polémica que se desató en torno al traslado de la nueva planta de residuos, el jefe de Gabinete, Alberto Pérez, se reunió ayer con los intendentes de Ensenada, Mario Secco; de La Plata, Pablo Bruera; de Berisso, Enrique Slezack; de Brandsen, Mirta Sargiotti y de Punta Indio, Héctor Equiza, para confirmar que la planta se instalará en Ensenada, cerca de la subida de la autopista Buenos Aires-La Plata
Secco intentó despejar las dudas acerca de la posible contaminación , y sostuvo que “esta es una planta única en América Latina, no contamina”.
“Se puede poner a la vuelta de la Gobernación o del Palacio Municipal de Ensenada. No es un enterramiento, lo que entra sale de la planta. Se trata sobre calles de hormigón, nada le pasa al suelo”, afirmó. “Estamos solucionando un problema de fondo junto con la Provincia. Los ambientalistas de todas partes dicen que esta es la mejor tecnología para tratar la basura y estamos adquiriendo la última tecnología que hay en el mundo”, dijo Secco.
Chaco modificaría la ley de agroquímicos
“Si se deroga la ley de Biocidas es para tener una norma mejor”
Fecha de Publicación: 07/05/2011
Fuente: Chaco Día Por Día
Provincia/Región: Chaco
Lo aseguró la diputada y titular de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Aclaró que la ley actual sólo se derogará si existe consenso en una que signifique un avance. Analizan incluir límites a las fumigaciones de lugares poblados.
“Lo que estamos tratando es de mejorar la ley de Biocidas pero de ninguna manera, hasta que no quede correctamente legislado, se va a derogar la otra”. Así, la presidenta de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Legislatura chaqueña, Alicia Mastandrea, trató de llevar tranquilidad ante las inquietudes manifestadas por organizaciones ambientalistas y algunos sectores políticos ante una posible derogación de la actual ley de Biocidas.
En declaraciones a Radio Libertad, Mastandrea precisó que “lo que estamos haciendo en la comisión de Agricultura, con la opinión unánime de todos los asesores, es tener una ley de Biocidas aggiornada”. Y reveló que “hablé el jueves con el ministro (de Producción y Ambiente, Enrique) Orban tratando algunos puntos en particular de la ley para no causar problemas”.
En este sentido, la diputada aliancista subrayó que está prevista una reunión de la comisión para este martes por la mañana en la que se tratará de avanzar en una nueva normativa. “No es para que quedemos sin ley, sino que tengamos una mejor”, explicó.
Mastandrea aclaró que recién hace un mes asumió la presidencia de la comisión y que las iniciativas sobre actualización de la ley de Biocidas están radicadas desde hace un año en esa cartera. Al respecto, insistió en que “la intención es que la ley quede mejor, no peor”.
Ante la inquietud planteada desde la Red de Salud Popular “Dr. Ramón Carrillo” sobre que una nueva normativa dejaría sin establecer distancias para las fumigaciones respecto lugares poblados, como en el caso testigo del barrio La Ralera de La Leonesa, la diputada aclaró que “se escucha a todos los sectores y se tiene especial cuidado además en los temas que hacen a regular las distancias de las plantas urbanas”. En ese sentido, reconoció que hay propuestas para fijar los límites en mil, tres mil y cuatro mil metros de los centros urbanos. “Todavía no se ha tomado la definición”, sostuvo.
La legisladora aliancista aseguró que se busca encontrar “consenso” entre las distintas posturas que se están planteando ya que existen cinco proyectos de ley distintos. Pero ratificó que “se va a derogar si existe otra ley mejor. Se van a tomar las medidas y precauciones para evitar que sea un retroceso. Si se deroga la ley es para sancionar una qué de un paso para adelante no para atrás”.
Fecha de Publicación: 07/05/2011
Fuente: Chaco Día Por Día
Provincia/Región: Chaco
Lo aseguró la diputada y titular de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Aclaró que la ley actual sólo se derogará si existe consenso en una que signifique un avance. Analizan incluir límites a las fumigaciones de lugares poblados.
“Lo que estamos tratando es de mejorar la ley de Biocidas pero de ninguna manera, hasta que no quede correctamente legislado, se va a derogar la otra”. Así, la presidenta de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Legislatura chaqueña, Alicia Mastandrea, trató de llevar tranquilidad ante las inquietudes manifestadas por organizaciones ambientalistas y algunos sectores políticos ante una posible derogación de la actual ley de Biocidas.
En declaraciones a Radio Libertad, Mastandrea precisó que “lo que estamos haciendo en la comisión de Agricultura, con la opinión unánime de todos los asesores, es tener una ley de Biocidas aggiornada”. Y reveló que “hablé el jueves con el ministro (de Producción y Ambiente, Enrique) Orban tratando algunos puntos en particular de la ley para no causar problemas”.
En este sentido, la diputada aliancista subrayó que está prevista una reunión de la comisión para este martes por la mañana en la que se tratará de avanzar en una nueva normativa. “No es para que quedemos sin ley, sino que tengamos una mejor”, explicó.
Mastandrea aclaró que recién hace un mes asumió la presidencia de la comisión y que las iniciativas sobre actualización de la ley de Biocidas están radicadas desde hace un año en esa cartera. Al respecto, insistió en que “la intención es que la ley quede mejor, no peor”.
Ante la inquietud planteada desde la Red de Salud Popular “Dr. Ramón Carrillo” sobre que una nueva normativa dejaría sin establecer distancias para las fumigaciones respecto lugares poblados, como en el caso testigo del barrio La Ralera de La Leonesa, la diputada aclaró que “se escucha a todos los sectores y se tiene especial cuidado además en los temas que hacen a regular las distancias de las plantas urbanas”. En ese sentido, reconoció que hay propuestas para fijar los límites en mil, tres mil y cuatro mil metros de los centros urbanos. “Todavía no se ha tomado la definición”, sostuvo.
La legisladora aliancista aseguró que se busca encontrar “consenso” entre las distintas posturas que se están planteando ya que existen cinco proyectos de ley distintos. Pero ratificó que “se va a derogar si existe otra ley mejor. Se van a tomar las medidas y precauciones para evitar que sea un retroceso. Si se deroga la ley es para sancionar una qué de un paso para adelante no para atrás”.
Chubut: descubren yacimiento de uranio
Anuncian descubrimiento de un nuevo yacimiento de uranio en Chubut
Fecha de Publicación: 06/05/2011
Fuente: Diario La Jornada - Edición 05/05/2011
Provincia/Región: Chubut
El CEO de la canadiense Pacific Bay Minerals reportó que la compañía descubrió una amplia zona mineralizada en su propiedad Regalo, ubicada en el centro de la provincia.
El CEO de Pacific Bay Minerals, David Brett, reportó que la compañía ha descubierto una amplia zona mineralizada con valores significativos de uranio en la propiedad Regalo, totalmente de propiedad de la compañía localizada en la provincia de Chubut, en la Argentina. Los resultados de los ensayos muestran valores que varían entre 0.002 y 0.14% U (1,382 ppm o 2.8 libras por tonelada) en muestras geoquímicas de de roca provenientes de una área que mide casi 1 kilómetro cuadrado.
La empresa, ademñas, ha planificado continuar con un programa de trincheramiento, mapeo y muestreo para mayo. “Este es un descubrimiento fascinante”, mencionó el CEO de Pacific Bay a través de un comunicado difundido por la compañía. “Estas muestras fueron tomadas a partir de afloramientos sobre de una extensa área. El siguiente paso es llevar a cabo un programa de trincheramiento para más información detallada de muestreo y mapeo”, concluyó.
Fecha de Publicación: 06/05/2011
Fuente: Diario La Jornada - Edición 05/05/2011
Provincia/Región: Chubut
El CEO de la canadiense Pacific Bay Minerals reportó que la compañía descubrió una amplia zona mineralizada en su propiedad Regalo, ubicada en el centro de la provincia.
El CEO de Pacific Bay Minerals, David Brett, reportó que la compañía ha descubierto una amplia zona mineralizada con valores significativos de uranio en la propiedad Regalo, totalmente de propiedad de la compañía localizada en la provincia de Chubut, en la Argentina. Los resultados de los ensayos muestran valores que varían entre 0.002 y 0.14% U (1,382 ppm o 2.8 libras por tonelada) en muestras geoquímicas de de roca provenientes de una área que mide casi 1 kilómetro cuadrado.
La empresa, ademñas, ha planificado continuar con un programa de trincheramiento, mapeo y muestreo para mayo. “Este es un descubrimiento fascinante”, mencionó el CEO de Pacific Bay a través de un comunicado difundido por la compañía. “Estas muestras fueron tomadas a partir de afloramientos sobre de una extensa área. El siguiente paso es llevar a cabo un programa de trincheramiento para más información detallada de muestreo y mapeo”, concluyó.
¿La culpa la tiene la sojización?
¿La culpa la tiene la sojización?
Fecha de Publicación: 06/05/2011
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Por Néstor Roulet (Presidente de Confederaciones de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona -Cartez)
Cada 12 pesos que ingresan al Estado, uno proviene de la soja. ¿Quién incentiva, entonces, la siembra? Por cada hectárea que ocupen las vacas, el trigo o el maíz, la recaudación es menor.
Días pasados se conoció esta información: “El Ministerio de Educación de la Nación distribuirá en 45 mil colegios manuales con contenidos sobre medio ambiente (...), en los que se responsabiliza a los pools de siembra y a la soja por el deterioro ecológico”.
Ante esto, no podemos dejar de hacernos algunas preguntas: ¿quiénes incentivan la sojización? ¿Por qué hay concentración productiva? ¿Puede el Gobierno desentenderse de esas imperfecciones?
Los argentinos estamos atrapados en las consecuencias de un "problema “ideológico” del Gobier-no, que piensa que las exportacio-nes compiten con el mercado interno cuando, en realidad, son complementarias. Se debe producir no "sólo para el mercado interno" –por la famosa “soberanía alimentaria”–, sino mucho más, para generar saldos exportables que, casualmente, compensen con su precio diferencial al mercado interno.
Esas intervenciones imperfectas por parte del Gobierno en los mercados agropecuarios, con la excusa de la “defensa de la mesa de los argentinos”, incentivan un desbalance productivo, por el que se alientan ciertas producciones en desmedro de otras, lo que provoca un efecto contrario al que hipotéticamente se busca. Hoy pagamos el queso igual valor que en Italia o la carne más cara que en Uruguay.
Sólo produciendo más y dejando más saldos exportables, los precios internos podrán disminuir. No hay regla económica que demuestre que un producto puede costar menos cuando menos se produce.
Lo único que importa. A las autoridades nacionales, lo único que les interesa del campo son los 500 dólares por hectárea que aporta el cultivo de la soja. El ejemplo más claro es que en el presupuesto para este año –no aprobado por el Congreso–, la gran novedad fueron los altos ingresos calculados por las retenciones a las exportaciones granarias, gracias a la posibilidad de una buena cosecha –por supuesto, de soja–, acompañada por los buenos precios internacionales.
Esa avaricia recaudatoria es para el Gobierno totalmente necesaria para el manejo del poder político, el sometimiento de gobernadores e indirectamente del Senado, de parte de la población, de empresarios, etcétera, y para el planteo de abarrotar de dinero al mercado interno –sin importar sus efectos secundarios– para alentar la ola consumista, espejismo de bienestar.
En un trabajo elaborado por Cartez, concluimos que de cada 12 pesos que ingresan al Estado, uno proviene de la soja. ¿Quién incentiva, entonces, la siembra? Por cada hectárea que ocupen las vacas, el trigo o el maíz, la recaudación es menor.
La única manera de tener un sistema sustentable –lo dirá, sin dudas, el manual con contenidos sobre medio ambiente– es haciendo rotaciones y esto se logra devolviendo rentabilidad y previsibilidad a sectores como la ganadería, la lechería y los cultivos de trigo y maíz.
Menos gramíneas, más pesos. Por más que en la actualidad el 95 por ciento de la agricultura se hace con labores conservacionistas, la rotación entre leguminosas –soja– y gramíneas –trigo y maíz– es fundamental. Aunque la proporción ideal de mitad y mitad es muy difícil de alcanzar, hace 10 años estábamos cerca de esa ecuación al participar las gramíneas del 44 por ciento de la superficie total sembrada. Hoy, a causa del castigo que sufren esos dos cultivos, sólo participan en 25,8 por ciento.
Esa necesidad monetaria del Gobierno provoca, a la vez, una acción injusta e inequitativa al momento de recaudar, ya que se aprovecha de los sectores más competitivos para aumentar la presión impositiva. Para el sector agropecuario, va desde el 40 al 52 por ciento, cuando la media del país es 33 por ciento, lo que convierte a la producción del campo en un negocio totalmente financiero. A un productor pequeño, lo que le deja de renta una hectárea de campo apenas le alcanza para vivir; en cambio, para un grupo económico es un gran negocio que la rentabilidad sea del ocho al nueve por ciento de lo invertido.
Es a causa de esa política que tenemos una gran concentración productiva, desplazando de su medio social, cultural y productivo al pequeño y mediano productor. Con la intervención imperfecta en los mercados y la alta presión tributaria, se aniquiló uno de los valores fundacionales del campo, como es el de la “pertenencia” y se dejó vacío a ese interior productivo tan necesitado de “vida”, incentivando la migración rural hacia los grandes centros urbanos. En 2006, 14 mil productores producíamos 10.160 millones de litros de leche; hoy tenemos casi la misma producción –10.200 millones de litros– con algo menos de 11 mil productores; lo mismo sucede en la ganadería y agricultura.
Ese vaciamiento demográfico es potenciado, al mismo tiempo, por la constante transferencia monetaria del interior productivo al Gobierno –de cada uno de los pueblos se van entre 200 millones y 300 millones de pesos y vuelven migajas–, que quita posibilidades de generación de mano de obra, actividad monetaria, progreso y desarrollo económico.
Indudablemente, estamos ante otro planteo engañoso del Estado, que pretende hacer creer a la población –sobre todo, a la juventud– que la culpa de la sojización y la concentración productiva la tiene “la avaricia insaciable del hombre del campo”, cuando, en realidad, la falta de una política agropecuaria clara y la manera de ejercer el poder por parte del Gobierno son las que no permiten desarrollar plenamente el sistema de vida, que consiste en “vivir produciendo en el interior”.
Fecha de Publicación: 06/05/2011
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Por Néstor Roulet (Presidente de Confederaciones de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona -Cartez)
Cada 12 pesos que ingresan al Estado, uno proviene de la soja. ¿Quién incentiva, entonces, la siembra? Por cada hectárea que ocupen las vacas, el trigo o el maíz, la recaudación es menor.
Días pasados se conoció esta información: “El Ministerio de Educación de la Nación distribuirá en 45 mil colegios manuales con contenidos sobre medio ambiente (...), en los que se responsabiliza a los pools de siembra y a la soja por el deterioro ecológico”.
Ante esto, no podemos dejar de hacernos algunas preguntas: ¿quiénes incentivan la sojización? ¿Por qué hay concentración productiva? ¿Puede el Gobierno desentenderse de esas imperfecciones?
Los argentinos estamos atrapados en las consecuencias de un "problema “ideológico” del Gobier-no, que piensa que las exportacio-nes compiten con el mercado interno cuando, en realidad, son complementarias. Se debe producir no "sólo para el mercado interno" –por la famosa “soberanía alimentaria”–, sino mucho más, para generar saldos exportables que, casualmente, compensen con su precio diferencial al mercado interno.
Esas intervenciones imperfectas por parte del Gobierno en los mercados agropecuarios, con la excusa de la “defensa de la mesa de los argentinos”, incentivan un desbalance productivo, por el que se alientan ciertas producciones en desmedro de otras, lo que provoca un efecto contrario al que hipotéticamente se busca. Hoy pagamos el queso igual valor que en Italia o la carne más cara que en Uruguay.
Sólo produciendo más y dejando más saldos exportables, los precios internos podrán disminuir. No hay regla económica que demuestre que un producto puede costar menos cuando menos se produce.
Lo único que importa. A las autoridades nacionales, lo único que les interesa del campo son los 500 dólares por hectárea que aporta el cultivo de la soja. El ejemplo más claro es que en el presupuesto para este año –no aprobado por el Congreso–, la gran novedad fueron los altos ingresos calculados por las retenciones a las exportaciones granarias, gracias a la posibilidad de una buena cosecha –por supuesto, de soja–, acompañada por los buenos precios internacionales.
Esa avaricia recaudatoria es para el Gobierno totalmente necesaria para el manejo del poder político, el sometimiento de gobernadores e indirectamente del Senado, de parte de la población, de empresarios, etcétera, y para el planteo de abarrotar de dinero al mercado interno –sin importar sus efectos secundarios– para alentar la ola consumista, espejismo de bienestar.
En un trabajo elaborado por Cartez, concluimos que de cada 12 pesos que ingresan al Estado, uno proviene de la soja. ¿Quién incentiva, entonces, la siembra? Por cada hectárea que ocupen las vacas, el trigo o el maíz, la recaudación es menor.
La única manera de tener un sistema sustentable –lo dirá, sin dudas, el manual con contenidos sobre medio ambiente– es haciendo rotaciones y esto se logra devolviendo rentabilidad y previsibilidad a sectores como la ganadería, la lechería y los cultivos de trigo y maíz.
Menos gramíneas, más pesos. Por más que en la actualidad el 95 por ciento de la agricultura se hace con labores conservacionistas, la rotación entre leguminosas –soja– y gramíneas –trigo y maíz– es fundamental. Aunque la proporción ideal de mitad y mitad es muy difícil de alcanzar, hace 10 años estábamos cerca de esa ecuación al participar las gramíneas del 44 por ciento de la superficie total sembrada. Hoy, a causa del castigo que sufren esos dos cultivos, sólo participan en 25,8 por ciento.
Esa necesidad monetaria del Gobierno provoca, a la vez, una acción injusta e inequitativa al momento de recaudar, ya que se aprovecha de los sectores más competitivos para aumentar la presión impositiva. Para el sector agropecuario, va desde el 40 al 52 por ciento, cuando la media del país es 33 por ciento, lo que convierte a la producción del campo en un negocio totalmente financiero. A un productor pequeño, lo que le deja de renta una hectárea de campo apenas le alcanza para vivir; en cambio, para un grupo económico es un gran negocio que la rentabilidad sea del ocho al nueve por ciento de lo invertido.
Es a causa de esa política que tenemos una gran concentración productiva, desplazando de su medio social, cultural y productivo al pequeño y mediano productor. Con la intervención imperfecta en los mercados y la alta presión tributaria, se aniquiló uno de los valores fundacionales del campo, como es el de la “pertenencia” y se dejó vacío a ese interior productivo tan necesitado de “vida”, incentivando la migración rural hacia los grandes centros urbanos. En 2006, 14 mil productores producíamos 10.160 millones de litros de leche; hoy tenemos casi la misma producción –10.200 millones de litros– con algo menos de 11 mil productores; lo mismo sucede en la ganadería y agricultura.
Ese vaciamiento demográfico es potenciado, al mismo tiempo, por la constante transferencia monetaria del interior productivo al Gobierno –de cada uno de los pueblos se van entre 200 millones y 300 millones de pesos y vuelven migajas–, que quita posibilidades de generación de mano de obra, actividad monetaria, progreso y desarrollo económico.
Indudablemente, estamos ante otro planteo engañoso del Estado, que pretende hacer creer a la población –sobre todo, a la juventud– que la culpa de la sojización y la concentración productiva la tiene “la avaricia insaciable del hombre del campo”, cuando, en realidad, la falta de una política agropecuaria clara y la manera de ejercer el poder por parte del Gobierno son las que no permiten desarrollar plenamente el sistema de vida, que consiste en “vivir produciendo en el interior”.
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Media sanción a la Ley de Basura Electrónica
La gestión de la basura electrónica
Fecha de Publicación: 05/05/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
La Cámara de Senadores aprobó ayer y giró a Diputados un proyecto de ley que establece presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de aparatos eléctricos y electrónicos y de sus residuos. La iniciativa, que obtuvo 54 votos a favor y uno en contra, establece la responsabilidad de los fabricantes, que deben hacerse cargo de los materiales que producen “hasta su disposición final”. La norma involucra a los equipos de computación, televisores, teléfonos móviles y otros aparatos de alto recambio que, si bien a la hora de descartarse son considerados residuos domiciliarios, tienen un alto poder contaminante.
El objetivo de la ley es promover la gestión de esos residuos para recuperar partes y materiales que pueden ser reutilizados. La norma, impulsada por el senador Daniel Filmus, fue apoyada por Greenpeace, la Fundación Vida Silvestre y el INTI, entre otras instituciones.
El proyecto establece los presupuestos mínimos que deberán cumplir tanto los productores de los aparatos, como las provincias y los municipios. El proyecto apunta a proteger el ambiente, promover la reducción de la peligrosidad de los componentes y promover la reutilización y el reciclado. Además, crea un Fondo Nacional de Gestión de los residuos con el objeto de financiar su procesamiento, así como un Ente Nacional de Gestión, que deberá funcionar coordinadamente con la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación.
Filmus consideró que la aprobación de esta iniciativa es “un avance trascendental” porque “toma una de las preocupaciones más importantes que tiene hoy la humanidad”.
“Estamos contentos por la capacidad que tenemos de adquirir nuevos aparatos tecnológicos, pero no sabemos qué hacer con los que no usamos más”, enfatizó. Filmus comentó que el parque de la telefonía móvil se renueva en un 30 por ciento cada año y llamó la atención porque “nadie sabe dónde van los aparatos que nadie utiliza”. El senador habló de la “responsabilidad extendida del productor, que debe hacerse cargo del aparato hasta su disposición final”.
El proyecto fue apoyado por la mayoría de los senadores, pero el radical chubutense Mario Cimadevilla votó en contra al considerar que algunos artículos de la iniciativa “avasallan la jurisdicción de las autonomías provinciales”. El senador señaló al respecto que el proyecto “no puede establecer presupuestos mínimos que deben ser seguidos” en todo el territorio de la Nación.
Basura electrónica: más responsabilidad para los fabricantes
Fecha de Publicación: 05/05/2011
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
El Senado dio el primer paso para regular el destino final de la llamada “basura electrónica” , residuos peligrosos para el ambiente que van desde pilas y baterías hasta computadoras, celulares y lámparas de bajo consumo. Esos desechos –que hoy son descartados junto a los domiciliarios– deberán tener una recolección, reciclado, tratamiento y disposición final diferenciados cuando el proyecto aprobado ayer se convierta en ley.
La iniciativa, que se discute desde hace tres años y fue celebrada ayer por la organización ambientalista Greenpeace, recibió 54 votos a favor y sólo uno en contra . Ordena el reciclado y la disposición final diferenciada, y consagra el principio de la responsabilidad legal y financiera de los productores en el destino final de lo que fabrican.
El proyecto es la Ley de Presupuestos Mínimos de Gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), que crea un ente mixto en el órbita de la Secretaría de Medio Ambiente y un fondo para que se hagan cargo de la gestión y control de los desechos . El fondo será conformado por aportes que deben hacer las empresas por cada producto que coloquen en el mercado.
Sin embargo, el proyecto exceptúa de esta obligación a las fábricas (generalmente las más poderosas) que organicen la forma de recuperar sus propios residuos electrónicos . Además, la iniciativa no impide a los fabricantes que trasladen el monto que deben abonar al precio de sus productos.
Otro punto clave del proyecto es que, desde dos años después de sancionada la ley (que ahora pasó a Diputados), quedará prohibida la comercialización de aparatos eléctrico y electrónicos que contengan plomo, mercurio, cadmio, cromo hexavalente, polibromobifenilos y polibromodifeniléteres.
“Esta es una de las preocupaciones más importantes en el mundo de hoy ”, dijo Daniel Filmus, impulsor del proyecto, para quien es “un avance histórico”.
Fecha de Publicación: 05/05/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
La Cámara de Senadores aprobó ayer y giró a Diputados un proyecto de ley que establece presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de aparatos eléctricos y electrónicos y de sus residuos. La iniciativa, que obtuvo 54 votos a favor y uno en contra, establece la responsabilidad de los fabricantes, que deben hacerse cargo de los materiales que producen “hasta su disposición final”. La norma involucra a los equipos de computación, televisores, teléfonos móviles y otros aparatos de alto recambio que, si bien a la hora de descartarse son considerados residuos domiciliarios, tienen un alto poder contaminante.
El objetivo de la ley es promover la gestión de esos residuos para recuperar partes y materiales que pueden ser reutilizados. La norma, impulsada por el senador Daniel Filmus, fue apoyada por Greenpeace, la Fundación Vida Silvestre y el INTI, entre otras instituciones.
El proyecto establece los presupuestos mínimos que deberán cumplir tanto los productores de los aparatos, como las provincias y los municipios. El proyecto apunta a proteger el ambiente, promover la reducción de la peligrosidad de los componentes y promover la reutilización y el reciclado. Además, crea un Fondo Nacional de Gestión de los residuos con el objeto de financiar su procesamiento, así como un Ente Nacional de Gestión, que deberá funcionar coordinadamente con la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación.
Filmus consideró que la aprobación de esta iniciativa es “un avance trascendental” porque “toma una de las preocupaciones más importantes que tiene hoy la humanidad”.
“Estamos contentos por la capacidad que tenemos de adquirir nuevos aparatos tecnológicos, pero no sabemos qué hacer con los que no usamos más”, enfatizó. Filmus comentó que el parque de la telefonía móvil se renueva en un 30 por ciento cada año y llamó la atención porque “nadie sabe dónde van los aparatos que nadie utiliza”. El senador habló de la “responsabilidad extendida del productor, que debe hacerse cargo del aparato hasta su disposición final”.
El proyecto fue apoyado por la mayoría de los senadores, pero el radical chubutense Mario Cimadevilla votó en contra al considerar que algunos artículos de la iniciativa “avasallan la jurisdicción de las autonomías provinciales”. El senador señaló al respecto que el proyecto “no puede establecer presupuestos mínimos que deben ser seguidos” en todo el territorio de la Nación.
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Basura electrónica: más responsabilidad para los fabricantes
Fecha de Publicación: 05/05/2011
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
El Senado dio el primer paso para regular el destino final de la llamada “basura electrónica” , residuos peligrosos para el ambiente que van desde pilas y baterías hasta computadoras, celulares y lámparas de bajo consumo. Esos desechos –que hoy son descartados junto a los domiciliarios– deberán tener una recolección, reciclado, tratamiento y disposición final diferenciados cuando el proyecto aprobado ayer se convierta en ley.
La iniciativa, que se discute desde hace tres años y fue celebrada ayer por la organización ambientalista Greenpeace, recibió 54 votos a favor y sólo uno en contra . Ordena el reciclado y la disposición final diferenciada, y consagra el principio de la responsabilidad legal y financiera de los productores en el destino final de lo que fabrican.
El proyecto es la Ley de Presupuestos Mínimos de Gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), que crea un ente mixto en el órbita de la Secretaría de Medio Ambiente y un fondo para que se hagan cargo de la gestión y control de los desechos . El fondo será conformado por aportes que deben hacer las empresas por cada producto que coloquen en el mercado.
Sin embargo, el proyecto exceptúa de esta obligación a las fábricas (generalmente las más poderosas) que organicen la forma de recuperar sus propios residuos electrónicos . Además, la iniciativa no impide a los fabricantes que trasladen el monto que deben abonar al precio de sus productos.
Otro punto clave del proyecto es que, desde dos años después de sancionada la ley (que ahora pasó a Diputados), quedará prohibida la comercialización de aparatos eléctrico y electrónicos que contengan plomo, mercurio, cadmio, cromo hexavalente, polibromobifenilos y polibromodifeniléteres.
“Esta es una de las preocupaciones más importantes en el mundo de hoy ”, dijo Daniel Filmus, impulsor del proyecto, para quien es “un avance histórico”.
Salta: escándalo por los fondos de los bosques
Renunció el director de Bosques por el escándalo de los fondos
Fecha de Publicación: 05/05/2011
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
El primer funcionario afectado por el caso que pone serias dudas sobre el destino de $28millones enviados por la Nación. Por su parte elministro dijo que “si seconcretaba la estafa, la culpa era del banco”, en el informe que dio ayer al Senado.
El escándalo por el manejo de los millonarios fondos de la ley de bosques se cobró ayer su primera víctima; tras el inconducente informe brindado por el ministro de Medio Ambiente, Francisco López Sastre, ante el Senado provincial, el director de la Agencia de Bosques, Juan Godoy, tuvo que presentar su renuncia al cargo.
Inmediatamente después, a través de un decreto, el Gobierno provincial habría nombrado en su reemplazo a la licenciada Mercedes Beltrame, quien también estaría vinculada a la Fundación Oikos, una de las entidades que gestionaba los proyectos para el cobro de los fondos de bosques. Horas antes y a pesar de los esfuerzos oficiales por minimizar la polémica que abrió el intento de estafa con fondos de la ley de bosques, el ministro de Ambiente, Francisco López Sastre, profundizó el malestar con las declaraciones que les hizo a los senadores. Sin vueltas, aseguró que “si se concretaba la estafa, la culpa era del banco”. A la afirmación la realizó basándose en su criterio de que los controles dentro de la cartera que conduce “fueron impecables”. A mediados del mes pasado un empleado del Banco Macro se percató de una irregularidad por parte de personas que en dos oportunidades intentaron crear cuentas para recibir fondos de la ley de bosques a nombre de personas fallecidas, por un total de $258 mil.
Sobre este punto, los senadores que más hincapié hicieron para que el funcionario brindara información sobre lo sucedido fueron Raúl García (PRS, Metán), Silvina Vargas (UCR, Cafayate) y Pablo Díaz (Cachi, PJ). En su defensa, López Sastre sostuvo -al igual que cuando estuvo en Diputados- que los controles en el otorgamiento de los fondos son responsabilidad compartida entre el Ministerio y la entidad bancaria.
“La única forma de que se haga efectivo el pago es que concurra el titular de las tierras; nosotros no podemos negar que un gestor o un apoderado haga todos los trámites en el Ministerio”, sostuvo López Sastre.
Ante la nebulosa en la que se encuentra el caso del intento de estafa, el senador García solicitó que la Cámara alta requiera a Ambiente el envío de todo el expediente en cuestión. Durante el encuentro llevado a cabo en el palacio legislativo hubo varios momentos de tensión, ya que el ministro concurrió acompañado de dos asesores -uno legal y el otro técnico-, que inclusive hablaron y explicaron las consultas de los legisladores. El informe del ministro se produjo por la mañana. Por la tarde se produjo la renuncia de Juan Godoy y el nombramiento de su reemplazante.
Mucho dinero
Salta recibió el año pasado $28 millones en concepto de la ley de bosques. De ese total, el Ministerio de Ambiente dispone de $8 millones para efectuar controles sobre aquellas personas beneficiarias de la ley de bosques. Sobre el tema, López Sastre aseguró que se adquirirán unas 10 camionetas para que los empleados de la cartera puedan recorrer la provincia y que está planeado abrir delegaciones en los departamentos San Martín, Orán, Anta y Metán.
Fecha de Publicación: 05/05/2011
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
El primer funcionario afectado por el caso que pone serias dudas sobre el destino de $28millones enviados por la Nación. Por su parte elministro dijo que “si seconcretaba la estafa, la culpa era del banco”, en el informe que dio ayer al Senado.
El escándalo por el manejo de los millonarios fondos de la ley de bosques se cobró ayer su primera víctima; tras el inconducente informe brindado por el ministro de Medio Ambiente, Francisco López Sastre, ante el Senado provincial, el director de la Agencia de Bosques, Juan Godoy, tuvo que presentar su renuncia al cargo.
Inmediatamente después, a través de un decreto, el Gobierno provincial habría nombrado en su reemplazo a la licenciada Mercedes Beltrame, quien también estaría vinculada a la Fundación Oikos, una de las entidades que gestionaba los proyectos para el cobro de los fondos de bosques. Horas antes y a pesar de los esfuerzos oficiales por minimizar la polémica que abrió el intento de estafa con fondos de la ley de bosques, el ministro de Ambiente, Francisco López Sastre, profundizó el malestar con las declaraciones que les hizo a los senadores. Sin vueltas, aseguró que “si se concretaba la estafa, la culpa era del banco”. A la afirmación la realizó basándose en su criterio de que los controles dentro de la cartera que conduce “fueron impecables”. A mediados del mes pasado un empleado del Banco Macro se percató de una irregularidad por parte de personas que en dos oportunidades intentaron crear cuentas para recibir fondos de la ley de bosques a nombre de personas fallecidas, por un total de $258 mil.
Sobre este punto, los senadores que más hincapié hicieron para que el funcionario brindara información sobre lo sucedido fueron Raúl García (PRS, Metán), Silvina Vargas (UCR, Cafayate) y Pablo Díaz (Cachi, PJ). En su defensa, López Sastre sostuvo -al igual que cuando estuvo en Diputados- que los controles en el otorgamiento de los fondos son responsabilidad compartida entre el Ministerio y la entidad bancaria.
“La única forma de que se haga efectivo el pago es que concurra el titular de las tierras; nosotros no podemos negar que un gestor o un apoderado haga todos los trámites en el Ministerio”, sostuvo López Sastre.
Ante la nebulosa en la que se encuentra el caso del intento de estafa, el senador García solicitó que la Cámara alta requiera a Ambiente el envío de todo el expediente en cuestión. Durante el encuentro llevado a cabo en el palacio legislativo hubo varios momentos de tensión, ya que el ministro concurrió acompañado de dos asesores -uno legal y el otro técnico-, que inclusive hablaron y explicaron las consultas de los legisladores. El informe del ministro se produjo por la mañana. Por la tarde se produjo la renuncia de Juan Godoy y el nombramiento de su reemplazante.
Mucho dinero
Salta recibió el año pasado $28 millones en concepto de la ley de bosques. De ese total, el Ministerio de Ambiente dispone de $8 millones para efectuar controles sobre aquellas personas beneficiarias de la ley de bosques. Sobre el tema, López Sastre aseguró que se adquirirán unas 10 camionetas para que los empleados de la cartera puedan recorrer la provincia y que está planeado abrir delegaciones en los departamentos San Martín, Orán, Anta y Metán.
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