Misiones: el desafío de mantenerlos vivos
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El desafío de mantenerlos vivos
Fecha de Publicación: 30/04/2011
Fuente: Territorio Digital
Provincia/Región: Misiones
Misiones tiene 14 especies animales declaradas monumentos naturales para evitar su extinción. Los cambios de hábitat y el avance del hombre sobre la selva, los principales peligros
Posadas y Puerto Iguazú. La fauna misionera tiene 14 especies animales declaradas monumentos naturales provinciales, que por ley, están protegidos, debido al peligro de extinción. En el día del animal, que se celebró ayer, El Territorio, elaboró un informe sobre los animales salvajes que por distintas razones ya no se ven o van camino a desaparecer si no se los cuida.
De las 14, hay dos que desde hace más de dos décadas que no se ven en la selva misionera: El pato serrucho, que fue visto por última vez en el arroyo Urugua-í en 1990 y el lobo gargantilla, que se observó por última en 1985, también en la cuenca del arroyo donde se construyó la represa.
“La declaración tiene una razón porque esas especies están disminuyendo en número. Hay otras que también nos preocupan y que todavía no entraron en esa categoría pero están disminuyendo”, afirmó Miguel Rinas Director general del Parque Ecológico El Puma.
Por su parte, las instituciones y organizaciones ecologistas renuevan sus listas rojas de animales en la selva paranaense, algunos ya los consideran extintos y otros están clasificados en estado de vulnerabilidad debido al retroceso de su hábitat y la caza principalmente.
“Por suerte y siendo un poco positivo, todavía está toda la gama de especies que originalmente estuvieron en Misiones”, destacó Rinas.
El especialista destacó que “Misiones es la única provincia que tiene mayor cantidad de especies, cantidad de biodiversidad, tenemos más de 1000 especies de vertebrados, de los cuales hay 120 especies de mamíferos, 560 especies de aves, lo cual representa más del 50 por ciento de la biofauna argentina, hay 150 especies de reptiles y anfibios y unas 200 especies de peces”
Pero para los ecologista, el Parque Nacional Iguazú ya es considerado “chico” para albergar a los animales de gran porte, a pesar de sus 67 mil hectáreas de área protegida y existe una lista de animales que “se debe prestar atención”.
Guillermo Gil, de la delegación técnico NEA de Parques Nacionales aseguró que, “en el caso de rapaces o mamíferos grandes como tapir, yaguareté y chancho de monte, que realizan grandes movimientos, ya el parque queda chico y no es suficiente para asegurar su protección a largo plazo”.
Está relacionado el tamaño de los animales con las densidades, es por ello que para conservarlos, es importante conocer que la preservación y control del hábitat, reservas naturales protegidas, son el eje principal para evitar también la caza furtiva y la cantidad de accidentes en las rutas lindantes a las áreas protegidas. Los casos más conocidos de animales en peligro de desaparecer so el yaguareté, el dorado, chancho de monte, paca, yacutinga, y macuco, éstos últimos utilizados para consumir.
“Si se desmontara todo a su alrededor menos el parque, muchas especies pequeñas y medianas tal vez sobrevivan pero los que necesitan grandes territorios, seguramente van a desaparecer”, afirmó.
Los animales en peligro en Iguazú
Dentro de los peces, la morena pintada, bagre, moncholo, surubí atigrado, están en la lista de amenazados dentro del Parque y en la provincia. El dorado está en la lista de especies de valor especial por su rol ecológico con escasa presencia y es particularmente valorada por la sociedad.
Por parte de los reptiles, el yacaré ñato y la boa arco iris tienen escasa presencia y hacen que se les preste atención. En tanto que en el caso de las aves la situación es muy preocupante ya que la mayoría de las especies ya está caratulada como en amenaza de extinción, y casi no avistan el macuco, el águila monera y el águila copetona. La yacutinga (pava de monte) corre un peligro especial ante la caza furtiva por su requerimiento para el consumo.
Existen algunos animales que ya se los consideran extintos debido a que su avistaje no se da desde hace varios años, como el ciervo de los pantanos, el venado de las pampas, el guacamayo colorado (nutria gigante), guacamayo verde.
En el caso del lobo gargantilla, los últimos avistajes en el país habían sido en el Parque Nacional Iguazú y el parque Urugua-í, pero no se lo ve desde 1985, y ya lo consideran desaparecido. Un informe acerca de este animal, no establece las razones claras de su declinación en el país ya que no habría sido cazado como en otros países y en estas áreas le habrían dado protección.
Salvar al yaguareté
Entre los mamíferos, el yaguareté es el caso más emblemático, y para resguardarlo se realizan fuertes campañas, incluso en esta semana se reunieron técnicos del Ministerio de Ecología, Parques Nacionales e investigadores para coordinar estrategias en las áreas protegidas con jurisdicción de la Provincia y la Nación para la preservación del hábitat natural entre parques y corredores ante la importancia de la conectividad física entre ellos.
“El yaguareté, es el que mayor peligro corre en el corto plazo. A pesar de ser una especie protegida, declarada monumento natural, necesita mucho espacio para vivir, porque es un animal predador por excelencia y se necesitan unas 5000 hectáreas para que existan dos individuos”, reflexionó Rinas.
Sobre las causas de la desaparición del animal Rinas explicó: “Hay varios factores, la disminución de la superficie, la caza furtiva, que lo mata y mata el alimento natural de esa especie, caso venado, pecaríes y los conflictos que hay con la actividad ganadera, porque esta actividad se involucró en el hábitat de la especie y la especie preda sobre el ganado doméstico y ahí se genera una situación de que los dueños del ganado los ataquen y los maten”.
Entre los proyectos que maneja Ecología se encuentra determinar las zonas ganaderas y establecer una ley para cubrir el gasto que generan los ataques de los yaguaretés.
Nicolás Quintana, Jefe del departamento de Fauna de Ecología explicó:
“La situación que se está repitiendo es la de los productores que salen a cazar el animal porque atacó al ganado y genera pérdidas. Matar un yaguareté es una infracción que hasta prevé la prisión, está terminantemente prohibido la caza, la tenencia, la comercialización, todo lo referente al manejo de la especie está legislado”.
“Estamos abordando el problema con los propietarios de tierras que lindan con monte y se ven afectados por la presencia del yaguareté se les orienta para el correcto manejo de su ganado para disminuir sus ataques”, agregó el funcionario.
Sobre las zonas de mayor conflicto Quintana explicó: “Estamos teniendo problemas con campos ganaderos desde Montecarlo para el Norte, en ruta 15, ruta 18. Se está trabajando sobre un proyecto de reglamentación tendiente a que la provincia indemnice a los que perdieron un animal, se estima una población de 50 yaguaretés en la provincia”.
Sobre lo que hay que hacer para frenar la extinción de los animales Rinas afirmó: “Actualmente tenemos el corredor verde que es nuestra base y mantener el corredor verde es lo importante. De ahí hacer un buen uso de las actividades. Mantener la selva, disminuir la caza furtiva y mejorar los controles”, apuntó.
Animales atropellados
Pecaríes, venados, tapires, gatos silvestres, ocelotes, pumas y hasta tapires son víctimas de la velocidad de los vehículos en las rutas cercanas a las áreas protegidas.
Las organizaciones ecologistas manifiestan constantemente su preocupación ante el Ministerio de Ecología de la provincia y la intendencia del Parque Nacional Iguazú. Los animales no conocen de fronteras y resaltan la concientización de respetar las velocidades máximas permitidas en zonas de protección.
Casi todos los animales accidentados son llevados a rehabilitación en el centro Guira Oga, que posee un centro de rehabilitación para poder devolverlos a la selva (Leer más en página 11).
Los animales que fueron declarados monumentos naturales en misiones
• Yaguareté: La Ley provincial Nº2589 prohibió su caza. Los principales peligros a su supervivencia son la falta de espacio y de alimentos naturales.
• Tucán grande: L. P. Nº4083. Expuesto a las capturas para comercializarlo como mascota.
• Aguila harpía: L. P. Nº3320. Requiere grandes espacios y la pérdida de la selva fue su principal problema.
• Loro charao: L.P. Nº3455. Es muy buscado para comercializarlo como animal doméstico.
• Loro maracaná afeitado: L.P. Nº3455. Es muy buscado para comercializarlo como animal doméstico.
• Yetapá de collar: L. P. Nº3455. Es muy buscado para comercializarlo como animal doméstico.
• Tapir: L.P. Nº3455. Por su tamaño es fácil de cazar. Su carne se utiliza para chacinado.
• Carayá rojo: L.P. Nº3455. La fiebre amarilla hizo estragos en las manadas de San Pedro y Piñalito.
• Aguará guazú: L.P. Nº4083. La pérdida de su hábitat en la zona sur provocó la baja de la especie.
• Zorro pitoco: L.P. Nº3455. La pérdida de su hábitat hizo caer la cantidad de ejemplares. Investigadores estadounidenses empezarán a estudiarlo en los próximos meses.
• Tordo amarillo: L.P. Nº4138. Por su color y su canto es muy requerido como mascota.
• Pato Serrucho: L.P. Nº3320. La pérdida de su hábitat hizo desaparecer la especie. Los últimos ejemplares se observaron en 1990.
• Lobo gargantilla: L.P. Nº3320. La pérdida del hábitat lo llevó a la extinción en la provincia. La última vez que se lo vio fue en 1985.
Fecha de Publicación: 30/04/2011
Fuente: Territorio Digital
Provincia/Región: Misiones
Misiones tiene 14 especies animales declaradas monumentos naturales para evitar su extinción. Los cambios de hábitat y el avance del hombre sobre la selva, los principales peligros
Posadas y Puerto Iguazú. La fauna misionera tiene 14 especies animales declaradas monumentos naturales provinciales, que por ley, están protegidos, debido al peligro de extinción. En el día del animal, que se celebró ayer, El Territorio, elaboró un informe sobre los animales salvajes que por distintas razones ya no se ven o van camino a desaparecer si no se los cuida.
De las 14, hay dos que desde hace más de dos décadas que no se ven en la selva misionera: El pato serrucho, que fue visto por última vez en el arroyo Urugua-í en 1990 y el lobo gargantilla, que se observó por última en 1985, también en la cuenca del arroyo donde se construyó la represa.
“La declaración tiene una razón porque esas especies están disminuyendo en número. Hay otras que también nos preocupan y que todavía no entraron en esa categoría pero están disminuyendo”, afirmó Miguel Rinas Director general del Parque Ecológico El Puma.
Por su parte, las instituciones y organizaciones ecologistas renuevan sus listas rojas de animales en la selva paranaense, algunos ya los consideran extintos y otros están clasificados en estado de vulnerabilidad debido al retroceso de su hábitat y la caza principalmente.
“Por suerte y siendo un poco positivo, todavía está toda la gama de especies que originalmente estuvieron en Misiones”, destacó Rinas.
El especialista destacó que “Misiones es la única provincia que tiene mayor cantidad de especies, cantidad de biodiversidad, tenemos más de 1000 especies de vertebrados, de los cuales hay 120 especies de mamíferos, 560 especies de aves, lo cual representa más del 50 por ciento de la biofauna argentina, hay 150 especies de reptiles y anfibios y unas 200 especies de peces”
Pero para los ecologista, el Parque Nacional Iguazú ya es considerado “chico” para albergar a los animales de gran porte, a pesar de sus 67 mil hectáreas de área protegida y existe una lista de animales que “se debe prestar atención”.
Guillermo Gil, de la delegación técnico NEA de Parques Nacionales aseguró que, “en el caso de rapaces o mamíferos grandes como tapir, yaguareté y chancho de monte, que realizan grandes movimientos, ya el parque queda chico y no es suficiente para asegurar su protección a largo plazo”.
Está relacionado el tamaño de los animales con las densidades, es por ello que para conservarlos, es importante conocer que la preservación y control del hábitat, reservas naturales protegidas, son el eje principal para evitar también la caza furtiva y la cantidad de accidentes en las rutas lindantes a las áreas protegidas. Los casos más conocidos de animales en peligro de desaparecer so el yaguareté, el dorado, chancho de monte, paca, yacutinga, y macuco, éstos últimos utilizados para consumir.
“Si se desmontara todo a su alrededor menos el parque, muchas especies pequeñas y medianas tal vez sobrevivan pero los que necesitan grandes territorios, seguramente van a desaparecer”, afirmó.
Los animales en peligro en Iguazú
Dentro de los peces, la morena pintada, bagre, moncholo, surubí atigrado, están en la lista de amenazados dentro del Parque y en la provincia. El dorado está en la lista de especies de valor especial por su rol ecológico con escasa presencia y es particularmente valorada por la sociedad.
Por parte de los reptiles, el yacaré ñato y la boa arco iris tienen escasa presencia y hacen que se les preste atención. En tanto que en el caso de las aves la situación es muy preocupante ya que la mayoría de las especies ya está caratulada como en amenaza de extinción, y casi no avistan el macuco, el águila monera y el águila copetona. La yacutinga (pava de monte) corre un peligro especial ante la caza furtiva por su requerimiento para el consumo.
Existen algunos animales que ya se los consideran extintos debido a que su avistaje no se da desde hace varios años, como el ciervo de los pantanos, el venado de las pampas, el guacamayo colorado (nutria gigante), guacamayo verde.
En el caso del lobo gargantilla, los últimos avistajes en el país habían sido en el Parque Nacional Iguazú y el parque Urugua-í, pero no se lo ve desde 1985, y ya lo consideran desaparecido. Un informe acerca de este animal, no establece las razones claras de su declinación en el país ya que no habría sido cazado como en otros países y en estas áreas le habrían dado protección.
Salvar al yaguareté
Entre los mamíferos, el yaguareté es el caso más emblemático, y para resguardarlo se realizan fuertes campañas, incluso en esta semana se reunieron técnicos del Ministerio de Ecología, Parques Nacionales e investigadores para coordinar estrategias en las áreas protegidas con jurisdicción de la Provincia y la Nación para la preservación del hábitat natural entre parques y corredores ante la importancia de la conectividad física entre ellos.
“El yaguareté, es el que mayor peligro corre en el corto plazo. A pesar de ser una especie protegida, declarada monumento natural, necesita mucho espacio para vivir, porque es un animal predador por excelencia y se necesitan unas 5000 hectáreas para que existan dos individuos”, reflexionó Rinas.
Sobre las causas de la desaparición del animal Rinas explicó: “Hay varios factores, la disminución de la superficie, la caza furtiva, que lo mata y mata el alimento natural de esa especie, caso venado, pecaríes y los conflictos que hay con la actividad ganadera, porque esta actividad se involucró en el hábitat de la especie y la especie preda sobre el ganado doméstico y ahí se genera una situación de que los dueños del ganado los ataquen y los maten”.
Entre los proyectos que maneja Ecología se encuentra determinar las zonas ganaderas y establecer una ley para cubrir el gasto que generan los ataques de los yaguaretés.
Nicolás Quintana, Jefe del departamento de Fauna de Ecología explicó:
“La situación que se está repitiendo es la de los productores que salen a cazar el animal porque atacó al ganado y genera pérdidas. Matar un yaguareté es una infracción que hasta prevé la prisión, está terminantemente prohibido la caza, la tenencia, la comercialización, todo lo referente al manejo de la especie está legislado”.
“Estamos abordando el problema con los propietarios de tierras que lindan con monte y se ven afectados por la presencia del yaguareté se les orienta para el correcto manejo de su ganado para disminuir sus ataques”, agregó el funcionario.
Sobre las zonas de mayor conflicto Quintana explicó: “Estamos teniendo problemas con campos ganaderos desde Montecarlo para el Norte, en ruta 15, ruta 18. Se está trabajando sobre un proyecto de reglamentación tendiente a que la provincia indemnice a los que perdieron un animal, se estima una población de 50 yaguaretés en la provincia”.
Sobre lo que hay que hacer para frenar la extinción de los animales Rinas afirmó: “Actualmente tenemos el corredor verde que es nuestra base y mantener el corredor verde es lo importante. De ahí hacer un buen uso de las actividades. Mantener la selva, disminuir la caza furtiva y mejorar los controles”, apuntó.
Animales atropellados
Pecaríes, venados, tapires, gatos silvestres, ocelotes, pumas y hasta tapires son víctimas de la velocidad de los vehículos en las rutas cercanas a las áreas protegidas.
Las organizaciones ecologistas manifiestan constantemente su preocupación ante el Ministerio de Ecología de la provincia y la intendencia del Parque Nacional Iguazú. Los animales no conocen de fronteras y resaltan la concientización de respetar las velocidades máximas permitidas en zonas de protección.
Casi todos los animales accidentados son llevados a rehabilitación en el centro Guira Oga, que posee un centro de rehabilitación para poder devolverlos a la selva (Leer más en página 11).
Los animales que fueron declarados monumentos naturales en misiones
• Yaguareté: La Ley provincial Nº2589 prohibió su caza. Los principales peligros a su supervivencia son la falta de espacio y de alimentos naturales.
• Tucán grande: L. P. Nº4083. Expuesto a las capturas para comercializarlo como mascota.
• Aguila harpía: L. P. Nº3320. Requiere grandes espacios y la pérdida de la selva fue su principal problema.
• Loro charao: L.P. Nº3455. Es muy buscado para comercializarlo como animal doméstico.
• Loro maracaná afeitado: L.P. Nº3455. Es muy buscado para comercializarlo como animal doméstico.
• Yetapá de collar: L. P. Nº3455. Es muy buscado para comercializarlo como animal doméstico.
• Tapir: L.P. Nº3455. Por su tamaño es fácil de cazar. Su carne se utiliza para chacinado.
• Carayá rojo: L.P. Nº3455. La fiebre amarilla hizo estragos en las manadas de San Pedro y Piñalito.
• Aguará guazú: L.P. Nº4083. La pérdida de su hábitat en la zona sur provocó la baja de la especie.
• Zorro pitoco: L.P. Nº3455. La pérdida de su hábitat hizo caer la cantidad de ejemplares. Investigadores estadounidenses empezarán a estudiarlo en los próximos meses.
• Tordo amarillo: L.P. Nº4138. Por su color y su canto es muy requerido como mascota.
• Pato Serrucho: L.P. Nº3320. La pérdida de su hábitat hizo desaparecer la especie. Los últimos ejemplares se observaron en 1990.
• Lobo gargantilla: L.P. Nº3320. La pérdida del hábitat lo llevó a la extinción en la provincia. La última vez que se lo vio fue en 1985.
Reunión por la contaminación del río Salí
Reunión regional por la contaminación del río Salí
Fecha de Publicación: 30/04/2011
Fuente: El Siglo Web
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero - Córdoba
En la sede de la Defensoría del Pueblo de Tucumán, se realizó ayer la reunión del Consejo de Defensores del Pueblo de la Cuenca Salí - Dulce, integrado por los ombudsman de: la Nación representado por su Jefe de Gabinete, Tomas Dadic, de Santiago del Estero, Martín Díaz Achaval; de Córdoba, Patricia Calandín y de nuestra provincia, Hugo Cabral.
En la oportunidad, el representante de Santiago del Ester ratificó que esa provincia seguirá adelante con la denuncia contra las industrias tucumanas por la contaminación que generan en el Salí, el cual vuelca sus aguas en el dique de Termas de Río Hondo. "Hasta que no veamos las bolsas de cemento no tenemos confianza, no en el Gobierno ni en los sectores organismos, sino en el empresariado. Ya han asumido hace un año el compromiso de cero contaminación de vinaza. Sin embargo, la mayor mortandad de peces de la última década sucedió en agosto del año pasado", recordó. El ombudsman santiagueño acotó: "Tuvimos episodios de mortandad masivas en plena temporada de las Termas en agosto, retirando 25 toneladas de peces muertos". Por su parte, el secretario de Medio Ambiente de la provincia, Alfredo Montalbán, quien también participó de la audiencia, aclaró que se está trabajando para frenar la contaminación de esa cuenca hídrica, mediante la firma de convenios con las industrias tucumanas para que mitiguen el impacto ambiental.
En este sentido, recordó la reciente firma de un convenio con cinco ingenios para que accedan a créditos del Banco Nación a los fines de realizar inversiones para el adecuado tratamiento de la vinaza, en el marco del Programa de Reconversión Industrial (PRI).
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“No tenemos certezas de que se cumplirá con las obras”
Fecha de Publicación: 30/04/2011
Fuente: Nuevo Diario Wen
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero - Córdoba
En Tucumán, se reunió ayer el Consejo de Defensores del Pueblo de la Cuenca Salí-Dulce, integrado por el defensor del Pueblo de la Nación, representado por su jefe de Gabinete, Lic. Tomás Dadic; el defensor del Pueblo de la provincia de Santiago del Estero, Dr. Martín Díaz Achával; la defensora del Pueblo adjunta de la provincia de Córdoba, Dra. Patricia Calandín y el defensor del Pueblo de la provincia de Tucumán, Arq. Hugo Cabral. La Secretaría de Estado de Medio Ambiente de la Provincia de Tucumán (SEMA) fue invitada a exponer sobre los resultados obtenidos de la implementación de Programa de Reconversión Industrial (PRI) y el estado actual de las gestiones para la implementación de una segunda etapa, con el objeto de profundizar en las acciones abordadas hasta ahora.
Uno de los temas más relevantes abordados por los defensores en la reunión fue el adecuado tratamiento de la vinaza por parte de los industriales alcoholeros; oportunidad en que el secretario de Medio Ambiente tucumano informó sobre la concreción de 5 acuerdos del PRI que serán implementados próximamente. Al respecto el defensor de Pueblo de Santiago, Martín Díaz Achával sostuvo que se trataron temas relacionados con la contaminación y el tema de los convenios firmados entre Nación y las empresas tucumanas. “Creemos que esto es positivo, pero si se cumple, la posición de Santiago es escéptica en cuanto a que no tenemos las certezas de que se vayan a cumplir estos planes porque ya el año pasado se comprometieron y en agosto tuvimos de nuevo la contaminación, por lo que tenemos nuestras dudas hasta que no veamos las obras no vamos a dejar el tema”.
Con respecto a la postura de los otros defensores dijo que “es similar a la de Santiago. Están preocupados por el cumplimiento de estos programas y por la contaminación”.
Es por eso que señaló que se plantearon diversas cuestiones y se elaborarán informes. “Vamos a mandar a los técnicos de cada Defensoría para que elaboren los informes para que así podamos contar con la información en la próxima reunión”. En ese sentido, dijo que la misma se hará a fines de mayo o principios de junio con ya las evaluaciones hechas.
“No tienen excusas para contaminar”
Martín Díaz Achával sostuvo, en cuanto a las declaraciones del vicegobernador de Tucumán, que “no tiene excusa la industria tucumana para seguir contaminado”.
“Días pasados unas declaraciones mías, motivaron a una respuesta rápida de la Secretaría de Ambiente de Tucumán y, seguramente, se aceleró la firma de este convenio entre la Nación y las empresas tucumanas por este motivo”, manifestó.
Asimismo, dijo que “los ingenios tucumanos están dispuestos a aceptar regímenes y parámetros de control mas estrictos, y que asuman la necesidad de hacer una inversión económica mas fuerte, aunque todavía no la hayan comenzado es algo positivo”. Sin embargo, el defensor del Pueblo santiagueño aseveró que “obviamente nosotros todavía no estamos conformes, porque tenemos que ver las obras”.
Modificarían la Ley de Agroquímicos en Chaco
Agroquímicos: Impulsan nueva ley que no fija límites a las fumigaciones
Fecha de Publicación: 30/04/2011
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
La comisión de Agricultura emitió dictamen sobre un proyecto de ley que plantea regular el uso de agroquímicos basado en la “receta agronómica”, y que deroga la de Biocidas. Pero no fija distancias para las aplicaciones aéreas ni terrestres
Pese a que el gobernador Jorge Capitanich admitió que la principal deuda de su gestión es el tema ambiental, los diputados del bloque justicialista y de la Alianza Frente de Todos impulsan un proyecto de ley para regular la aplicación de agroquímicos en la provincia del Chaco, pero a la vez proponen derogar la ley de Biocidas vigente. Hasta ahora, la iniciativa sólo se abordó en la Comisión de Agricultura de la Legislatura donde predomina un enfoque centrado en el aumento de la productividad pero carece de una mirada que ponga énfasis en la salud de la población y la protección del medioambiente y la biodiversidad.
El proyecto de ley ya cuenta con dictamen de la Comisión de Agricultura y no presenta grandes diferencias con la actual normativa, con lo cual se perdería una oportunidad importante para actualizar una norma que regule la aplicación de los agroquímicos abriendo el debate a organizaciones de la sociedad que trabajan en el cuidado del medioambiente.
Uno de los puntos que no se incluyen en el proyecto es la definición de las distancias que deben respetarse para la aplicación de las pulverizaciones aéreas y terrestres, teniendo en cuenta que existen normativas en otras provincias y recomendaciones desde distintos organismos nacionales, internacionales e inclusive fallos judiciales que las establecen expresamente. (Vale citar el caso de los países de la Unión Europea en donde se encuentran expresamente “prohibidas” las pulverizaciones aéreas con agroquímicos).
En este proyecto, así como en la actual ley de Biocidas, el límite para las distancias se deja sujeto a la reglamentación de la norma, que podría facultar al Ejecutivo a dictarla por decreto ó al organismo de aplicación –el Ministerio de Producción y Ambiente- a través de una resolución.
En cambio, la iniciativa que propone derogar la ley de Biocidas incorpora en forma detallada la temática de la “receta agronómica” que deberá estar certificada por ingenieros agrónomos antes de ser aplicada en las explotaciones agrícolas de la provincia del Chaco.
Para "educar" sobre los plaguicidas
Por otro lado, la normativa propone la creación de una Comisión Educativa para el Uso de Plaguicidas Agrícolas, pero su integración está básicamente restringida a organismos públicos e instituciones y entidades ligadas a los agronegocios como expendedores de productos químicos o biológicos de uso agrícola, de la Cámara de Aeroaplicadores, de la Cámara de Aplicadores Terrestres, del Consejo Profesional de Ingenieros Agrónomos, dos representantes del sector productivo y un miembro de la Administración Nacional de Aviación Civil.
En la “comisión educativa” no se incluyen representantes de la Comisión de Investigación de Contaminantes del Agua, del Ministerio de Educación, de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados del Chaco, de organizaciones ambientalistas, o del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), sí un miembro por cada una de las universades con asiento en la provincia.
Se completa la comisión con un referente por el Ministerio de Producción y Ambiente, uno por el Ministerio de Salud, uno por la Administración Provincial del Agua, uno por la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados y uno por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
“Más que un avance es un retroceso”
El diputado del Frente Grande, Fabricio Bolatti, alertó que tal como se está trabajando en la iniciativa “más que avance es un retroceso”. El legislador, autor de varias iniciativas para actualizar la ley de Biocidas, reveló que “partiendo de proyectos que buscaban mejorar o aportar a la protección del ambiente y la salud de la población terminamos con un despacho que pone en riesgo todo el andamiaje jurídico vigente”.
“Es una ley tan importante que está en debate y no se abrió la jugada como, no se invitó a otros sectores a opinar, ni siquiera a los autores de la iniciativa para ver si estábamos de acuerdo con el despacho que se estaba trabajando. Más que un avance es un retroceso”, aseguró Bolatti.
El diputado del Frente Grande recordó que “nosotros propusimos modificar la ley de Biocidas ampliando la distancia entre las zonas urbanas y semiurbanas rurales, o donde se encuentran escuelas o centros de salud, con la producción que ocupa biocidas o agroquímicos para proteger la salud de la población ya que había muchas denuncias en este sentido en todo el territorio provincial, además de otros legisladores que plantearon otras cuestiones con respecto a la ley de Biocidas”.
“Esta ley se comenzó a analizar en la comisión de Agricultura, se hizo una mesa de asesores para que vean el tema y compatibilizar los distintos proyectos, y finalmente sale un despacho que plantea algunas cuestiones que nos preocupan y que seguramente vamos a estar debatiéndolas en las próximas semanas”, sostuvo Bolatti.
Vale recordar que está vigente una medida cautelar dictada por el Juzgado Civil y Comercial Nº18 de Resistencia y ratificada por la Cámara de Apelaciones por la cual se fijó una distancia de 2 mil metros para las pulverizaciones aéreas y mil para las terrestres en las arroceras de La Leonesa y Las Palmas con respecto a los lugares poblados y se prohibió fumigar sobre las lagunas y riachos que se encuentran en la zona. En ese sentido, el legislador advirtió que se crearía un vacío legal entre la derogación de la actual ley de Biocidas y el proceso de reglamentación de la nueva norma por el cual podrían quedar sin efecto las disposiciones judiciales.
Fecha de Publicación: 30/04/2011
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
La comisión de Agricultura emitió dictamen sobre un proyecto de ley que plantea regular el uso de agroquímicos basado en la “receta agronómica”, y que deroga la de Biocidas. Pero no fija distancias para las aplicaciones aéreas ni terrestres
Pese a que el gobernador Jorge Capitanich admitió que la principal deuda de su gestión es el tema ambiental, los diputados del bloque justicialista y de la Alianza Frente de Todos impulsan un proyecto de ley para regular la aplicación de agroquímicos en la provincia del Chaco, pero a la vez proponen derogar la ley de Biocidas vigente. Hasta ahora, la iniciativa sólo se abordó en la Comisión de Agricultura de la Legislatura donde predomina un enfoque centrado en el aumento de la productividad pero carece de una mirada que ponga énfasis en la salud de la población y la protección del medioambiente y la biodiversidad.
El proyecto de ley ya cuenta con dictamen de la Comisión de Agricultura y no presenta grandes diferencias con la actual normativa, con lo cual se perdería una oportunidad importante para actualizar una norma que regule la aplicación de los agroquímicos abriendo el debate a organizaciones de la sociedad que trabajan en el cuidado del medioambiente.
Uno de los puntos que no se incluyen en el proyecto es la definición de las distancias que deben respetarse para la aplicación de las pulverizaciones aéreas y terrestres, teniendo en cuenta que existen normativas en otras provincias y recomendaciones desde distintos organismos nacionales, internacionales e inclusive fallos judiciales que las establecen expresamente. (Vale citar el caso de los países de la Unión Europea en donde se encuentran expresamente “prohibidas” las pulverizaciones aéreas con agroquímicos).
En este proyecto, así como en la actual ley de Biocidas, el límite para las distancias se deja sujeto a la reglamentación de la norma, que podría facultar al Ejecutivo a dictarla por decreto ó al organismo de aplicación –el Ministerio de Producción y Ambiente- a través de una resolución.
En cambio, la iniciativa que propone derogar la ley de Biocidas incorpora en forma detallada la temática de la “receta agronómica” que deberá estar certificada por ingenieros agrónomos antes de ser aplicada en las explotaciones agrícolas de la provincia del Chaco.
Para "educar" sobre los plaguicidas
Por otro lado, la normativa propone la creación de una Comisión Educativa para el Uso de Plaguicidas Agrícolas, pero su integración está básicamente restringida a organismos públicos e instituciones y entidades ligadas a los agronegocios como expendedores de productos químicos o biológicos de uso agrícola, de la Cámara de Aeroaplicadores, de la Cámara de Aplicadores Terrestres, del Consejo Profesional de Ingenieros Agrónomos, dos representantes del sector productivo y un miembro de la Administración Nacional de Aviación Civil.
En la “comisión educativa” no se incluyen representantes de la Comisión de Investigación de Contaminantes del Agua, del Ministerio de Educación, de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados del Chaco, de organizaciones ambientalistas, o del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), sí un miembro por cada una de las universades con asiento en la provincia.
Se completa la comisión con un referente por el Ministerio de Producción y Ambiente, uno por el Ministerio de Salud, uno por la Administración Provincial del Agua, uno por la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados y uno por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
“Más que un avance es un retroceso”
El diputado del Frente Grande, Fabricio Bolatti, alertó que tal como se está trabajando en la iniciativa “más que avance es un retroceso”. El legislador, autor de varias iniciativas para actualizar la ley de Biocidas, reveló que “partiendo de proyectos que buscaban mejorar o aportar a la protección del ambiente y la salud de la población terminamos con un despacho que pone en riesgo todo el andamiaje jurídico vigente”.
“Es una ley tan importante que está en debate y no se abrió la jugada como, no se invitó a otros sectores a opinar, ni siquiera a los autores de la iniciativa para ver si estábamos de acuerdo con el despacho que se estaba trabajando. Más que un avance es un retroceso”, aseguró Bolatti.
El diputado del Frente Grande recordó que “nosotros propusimos modificar la ley de Biocidas ampliando la distancia entre las zonas urbanas y semiurbanas rurales, o donde se encuentran escuelas o centros de salud, con la producción que ocupa biocidas o agroquímicos para proteger la salud de la población ya que había muchas denuncias en este sentido en todo el territorio provincial, además de otros legisladores que plantearon otras cuestiones con respecto a la ley de Biocidas”.
“Esta ley se comenzó a analizar en la comisión de Agricultura, se hizo una mesa de asesores para que vean el tema y compatibilizar los distintos proyectos, y finalmente sale un despacho que plantea algunas cuestiones que nos preocupan y que seguramente vamos a estar debatiéndolas en las próximas semanas”, sostuvo Bolatti.
Vale recordar que está vigente una medida cautelar dictada por el Juzgado Civil y Comercial Nº18 de Resistencia y ratificada por la Cámara de Apelaciones por la cual se fijó una distancia de 2 mil metros para las pulverizaciones aéreas y mil para las terrestres en las arroceras de La Leonesa y Las Palmas con respecto a los lugares poblados y se prohibió fumigar sobre las lagunas y riachos que se encuentran en la zona. En ese sentido, el legislador advirtió que se crearía un vacío legal entre la derogación de la actual ley de Biocidas y el proceso de reglamentación de la nueva norma por el cual podrían quedar sin efecto las disposiciones judiciales.
Desmontes: Ranqueles piden participar
Ranqueles quieren integrar la comisión que evaluará los desmontes
Fecha de Publicación: 29/04/2011
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: La Pampa
Los ranqueles pretenden introducir a la Ley de Bosques una cosmovisión amplia de la protección dee la biodiversidad.
Durante la jornada del miércoles se reunió el Consejo Provincial del Aborigen para tratar los aportes que el Consejo de Lonkos de La Pampa realizó sobre el anteproyecto de Ley de Bosques. Los ranqueles, entre otros reclamos, pretenden integrar la comisión que analice y autorice los desmontes a partir de la sanción de la norma.
Luego del cumplimiento de los pasos administrativos y la previa elevación a la Comisión de Ecología, miembros de Comunidades Ranqueles se acercaron a la Legislatura provincial el miércoles para presentar la redacción de los puntos claves que peticionaron para esta ley.
En principio, buscan ingresar a la Ley de Bosques Provincial los aportes de la ley nacional 26331 en materia de Derechos Indígenas y Campesinos. Y también que se los convoque al debate para el tratamiento en la Comisión, para fundamentar los aportes realizados en distintos artículos.
“Esperamos que en esta ley se reflexione más en el concepto de la categoría de amarillo que no coincide con el concepto de la ley nacional 26331”, señalaron los ranqueles.
Por otra parte, solicitaron que “las autorizaciones sobre los desmontes y los planes de manejo sustentable, sea con la previa evaluación y aprobación de todos los sectores públicos y privados conformados en una comisión asesora de carácter vinculante. Integrando dicha Comisión representantes indígenas”.
“El caldenar, así como también el bosque nativo no es propiedad de particulares, ni del estado, es parte del patrimonio cultural de todos los pampeanos, por lo tanto la intervención, el usos sustentable y la autorización de desmonte, no puede efectuarse solo desde el estado, debe ser una discusión muy reflexionada con representación de todos los sectores”, fundamentaron.
“Tenemos expectativas de que la Comisión de Ecología nos convoque al diálogo, los ranqueles hemos convivido con la naturaleza de forma ecológica y equilibrada hasta la aparición de estado nacional y luego provincial quienes intervinieron destruyendo el 90% de caldén”, añadieron.
Y advirtieron que “la no participación indígena ‘en temas que los involucren‘, como lo establece la Constitución y las leyes concurrentes, dejará expedito el camino hacia otras instancias”.
“Hoy en el plano internacional, nuevos paradigmas están planteando una nueva política ambiental, reconociendo los derechos de la madre tierra y la biodiversidad”, alegaron.
“La ley de bosque no nos atañe solo a los ranqueles, esperamos adhesiones de estudiantes, técnicos y docentes, ambientalistas y todo pampeano que persiga una consciencia ecológica para defender el caldén, árbol sagrado para nosotros y una especie única particular de la región”, apuntaron.
Finalmente, el Consejo Lonkos planteó que “si pretendemos una ley representativa, pionera y vanguardista, los pampeanos no podemos plantear una política de medio ambiente, que solo persiga la finalidad económica de explotación, debemos garantizarles a las nuevas generaciones, la reparación del bosque de caldén y promover mediante la legislación una cultura de respeto y conservación de la biodiversidad”.
Fecha de Publicación: 29/04/2011
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: La Pampa
Los ranqueles pretenden introducir a la Ley de Bosques una cosmovisión amplia de la protección dee la biodiversidad.
Durante la jornada del miércoles se reunió el Consejo Provincial del Aborigen para tratar los aportes que el Consejo de Lonkos de La Pampa realizó sobre el anteproyecto de Ley de Bosques. Los ranqueles, entre otros reclamos, pretenden integrar la comisión que analice y autorice los desmontes a partir de la sanción de la norma.
Luego del cumplimiento de los pasos administrativos y la previa elevación a la Comisión de Ecología, miembros de Comunidades Ranqueles se acercaron a la Legislatura provincial el miércoles para presentar la redacción de los puntos claves que peticionaron para esta ley.
En principio, buscan ingresar a la Ley de Bosques Provincial los aportes de la ley nacional 26331 en materia de Derechos Indígenas y Campesinos. Y también que se los convoque al debate para el tratamiento en la Comisión, para fundamentar los aportes realizados en distintos artículos.
“Esperamos que en esta ley se reflexione más en el concepto de la categoría de amarillo que no coincide con el concepto de la ley nacional 26331”, señalaron los ranqueles.
Por otra parte, solicitaron que “las autorizaciones sobre los desmontes y los planes de manejo sustentable, sea con la previa evaluación y aprobación de todos los sectores públicos y privados conformados en una comisión asesora de carácter vinculante. Integrando dicha Comisión representantes indígenas”.
“El caldenar, así como también el bosque nativo no es propiedad de particulares, ni del estado, es parte del patrimonio cultural de todos los pampeanos, por lo tanto la intervención, el usos sustentable y la autorización de desmonte, no puede efectuarse solo desde el estado, debe ser una discusión muy reflexionada con representación de todos los sectores”, fundamentaron.
“Tenemos expectativas de que la Comisión de Ecología nos convoque al diálogo, los ranqueles hemos convivido con la naturaleza de forma ecológica y equilibrada hasta la aparición de estado nacional y luego provincial quienes intervinieron destruyendo el 90% de caldén”, añadieron.
Y advirtieron que “la no participación indígena ‘en temas que los involucren‘, como lo establece la Constitución y las leyes concurrentes, dejará expedito el camino hacia otras instancias”.
“Hoy en el plano internacional, nuevos paradigmas están planteando una nueva política ambiental, reconociendo los derechos de la madre tierra y la biodiversidad”, alegaron.
“La ley de bosque no nos atañe solo a los ranqueles, esperamos adhesiones de estudiantes, técnicos y docentes, ambientalistas y todo pampeano que persiga una consciencia ecológica para defender el caldén, árbol sagrado para nosotros y una especie única particular de la región”, apuntaron.
Finalmente, el Consejo Lonkos planteó que “si pretendemos una ley representativa, pionera y vanguardista, los pampeanos no podemos plantear una política de medio ambiente, que solo persiga la finalidad económica de explotación, debemos garantizarles a las nuevas generaciones, la reparación del bosque de caldén y promover mediante la legislación una cultura de respeto y conservación de la biodiversidad”.
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Limita el Gobierno la compra de tierras
Limita el Gobierno la compra de tierras
Fecha de Publicación: 28/04/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
La Presidenta envió al Congreso un proyecto que impide a los extranjeros acceder a más de un 20% de la superficie agropecuaria
La presidenta Cristina Kirchner utilizó ayer la transmisión por cadena nacional para anunciar el envío al Congreso de un proyecto de ley para limitar la compra de tierras rurales por parte de personas físicas y sociedades extranjeras, las que no podrán adquirir más del 20% de la superficie agropecuaria del territorio nacional.
La iniciativa, en el artículo 7°, establece en el 20% el límite a toda titularidad de dominio foráneo de tierras rurales en el territorio nacional. Además se impondrá un tope de 1000 hectáreas para cada propietario del exterior, sea persona física o jurídica.
Serán así la Nación, las provincias y los municipios las autoridades de aplicación de la ley, que afectará a personas físicas y jurídicas que exploten producciones agropecuarias, forestales, turísticas o otros usos rurales. "El objetivo de esta ley es conservar para el dominio nacional y no estatal, atención a la diferencia, las tierras nacionales de la propiedad extranjera", dijo Cristina Kirchner en un acto en el Salón de Mujeres de la Casa Rosada.
El encuentro, al que fueron convocados empresarios y sindicalistas, sirvió en realidad para que la Presidenta lanzara también un nuevo diálogo entre la UIA y la CGT, para que criticara la conflictividad social de la central que conduce Hugo Moyano y para que evocara los seis meses del fallecimiento del ex presidente Néstor Kirchner.
El tope del 20% regirá tanto para el territorio nacional como para las provincias y los municipios. Aunque la propia Presidenta indicó que se respetarán los derechos adquiridos.
En el artículo 8° se estipula que en ningún caso las personas físicas o jurídicas de una misma nacionalidad extranjera podrán superar el 30% de aquel 20% asignado a propietarios de otros países. Además, en el artículo 9° se impone el límite de 1000 hectáreas para cada propietario extranjero, sean empresas o personas físicas, cualquiera sea su lugar de ubicación.
El proyecto establece que se considerará extranjera a toda persona jurídica cuyo capital superior al 51% de la sociedad esté en manos foráneas. Según dijo ayer la Presidenta, el nuevo régimen no tendrá efectos retroactivos.
"Nos hemos copiado de los países del primer mundo dedicados al sector primario, con lo cual no somos originales", dijo la jefa del Estado. Planteó, además, que la iniciativa "quiere ser un instrumento muy importante para los hombres y mujeres con capacidad de inversión en la Argentina".
Del acto participó el gabinete en su totalidad. En la mesa junto a la Presidenta se sentaron el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y el ministro de Economía, Amado Boudou, además del senador José Pampuro y el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Fellner.
La Presidenta consideró que "esta ley de protección del dominio nacional de las tierras rurales es una demanda largamente acariciada por muchísimos sectores de la vida nacional". Dijo, además, que "se trata de la protección de un recurso estratégico no renovable".
La jefa del Estado, previendo posibles conflictos, señaló una diferenciación en la terminología del texto de la ley. "Fíjense que no digo dominio estatal, digo nacional, para que no haya ninguna confusión y que después empiecen a decir estatismo."
La ley creará la necesidad de un Registro Unico Nacional de Tierras Rurales en el ámbito del Ministerio de Justicia para precisar el límite del dominio extranjero del 20% de la totalidad de las tierras rurales. "No sabemos si esto ya está cumplimentado o si todavía hay excedente que pueda objeto, por ejemplo, de compra venta con sujetos extranjeros. Eso los argentinos todavía no lo sabemos", dijo la Presidenta.
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“El dominio de la tierra es una cuestión estratégica”
Fecha de Publicación: 28/04/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
La propuesta que ayer anunció la Presidenta impone límite a la venta de tierras a extranjeros. Además establece que no puede ser considerada inversión privada la compra de tierras por extranjeros, por su condición de recurso natural no renovable.
“El tema del dominio de la tierra es una cuestión estratégica y vital en este siglo XXI. Con este proyecto estamos dando un paso muy importante sobre el dominio nacional de este recurso no renovable, con la intención de seguir consolidando un país que puede ser uno de los grandes protagonistas de este tiempo.” Con estas palabras, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció el envío al Congreso del proyecto de ley que regula la venta de tierras a titulares extranjeros. Tal como anticipó Página/12, la iniciativa estipula que los titulares de otra nacionalidad no podrán tener más del 20 por ciento del total de tierras rurales a nivel nacional. Según datos del Ministerio de Agricultura, esa proporción representa hoy 40 millones de hectáreas. De este total, los dueños de una misma nacionalidad no podrán tener más del 30 por ciento. Además, se establece que una persona física o jurídica no podrá adquirir más de 1000 hectáreas en la zona núcleo o su equivalente en otras regiones del país. La iniciativa también prevé la creación de un registro nacional de propietarios.
El otro eje fuerte de la normativa es que define que la comercialización de este recurso no puede ser considerada una inversión privada, por ser un recurso no renovable. De esta manera, la tierra quedará comprendida bajo el dominio público, con el objetivo de evitar cualquier conflicto ante el Ciadi o con los tratados bilaterales de inversión.
“Las decisiones nacionales sobre la titularidad, tenencia y uso de las tierras rurales se inscriben dentro del derecho a la libre determinación de los pueblos, así como su derecho a la independencia económica y a la fijación de las formas de explotación y distribución de lo producido con sus riquezas y recursos naturales, tal como lo establece el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, puede leerse en los fundamentos del proyecto, que ingresó ayer por la noche en la Cámara de Diputados. Incluso se aclara que la tierra no puede ser considerada una inversión, porque es “el recurso que aporta el país que recibe la inversión”. Así quedaría fuera del alcance del Ciadi.
“Esta definición que damos es la primera batalla legal contra los tratados de inversión, que seguramente se extenderán a otras áreas. Es una de las cosas más novedosas de este trabajo. Esta ley afirma que no puede ser considerada inversión la compra de un bien escaso y no renovable. Inversión es cuando alguien trae tecnología, no cuando compra un campo”, explicó a Página/12 Eduardo Barcesat, uno de los juristas que trabajó en la letra chica del proyecto desde noviembre del año pasado. El otro especialista que hizo aportes fue el abogado Aldo Casella, un hombre cercano a la Federación Agraria.
Si bien el proyecto evita avanzar en una definición de “uso social de la tierra”, como sí ocurre en Brasil, la normativa enviada ayer al Parlamento se fundamenta en una serie de tratados internacionales incorporados a la Constitución nacional (artículo 75, inciso 22), que avanzan en este sentido. Por ejemplo, el Pacto de San José de Costa Rica indica que “si bien toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes, la ley puede subordinar tal uso y goce al interés social”.
“Esta es una ley que tiene por objeto conservar en el dominio nacional, no estatal, una cuestión que es de todos los argentinos y fundamentalmente de aquellos que tienen capacidad de producir e invertir en esa tierra que tiene beneficios para todos”, agregó la Presidenta. Este proyecto había sido anunciado por primera vez durante la Asamblea Legislativa del 1º de marzo y fue citado nuevamente la semana pasada, durante el acto lanzamiento de la Corriente Agraria Nacional y Popular (Canpo).
Uno de los aspectos más complejos para definir tiene que ver con la nacionalidad de una sociedad anónima, ya que muchas empresas extranjeras suelen adquirir tierras a través de intermediarios locales. Para avanzar en este tema, la iniciativa prevé la creación de un registro nacional de propietarios, que estará a cargo del Ministerio de Justicia, y la realización de un censo que debería estar finalizado a los 180 días de aprobada la norma. El registro deberá comenzar a partir de las operaciones realizadas el 1º de enero de 2010. “Sin este relevamiento catastral y dominial de todas las tierras rurales no podrá regularse fehacientemente la limitación de la tenencia extranjera”, explicó el ministro de Agricultura, Julián Domínguez.
Por otro lado, en el artículo 3 de la norma se especifican todos los tipos jurídicos que podrían ser considerados titulares extranjeros. Por ejemplo, una empresa que tenga más del 51 por ciento de su capital en manos extranjeras quedará incluida dentro de este régimen. También quedarán comprendidas las UTE, los fideicomisos y las empresas vinculadas que no respeten los límites establecidos.
El objetivo inicial del grupo de juristas que estuvo involucrado en la realización del proyecto era armar una ley federal de tierras rurales, donde quedaran contemplados todos los tipos de propiedad, incluidos los pueblos originarios y la propiedad cooperativa. Sin embargo, una vez que la iniciativa llegó a manos de la Presidenta se decidió acotar el proyecto, con la intención de que pudiera ser tratado en el Congreso.
“Nos dijo que debíamos copiar lo que hicieron otros países para cuidar este recurso natural”, resumió a este diario Barcesat. En los fundamentos del proyecto se incluye un capítulo dedicado a la legislación comparada que se utilizó para formular la iniciativa. Allí se mencionan las leyes de Francia, Italia, Canadá, Brasil, Australia y Bolivia.
Además de los límites generales, se estipula que una persona física o jurídica (en cualquiera de sus formas) no podrá comprar más de 1000 hectáreas en la zona núcleo. “Seguramente en el debate parlamentario se definirá la equivalencia para otras regiones del país. Por ejemplo, si 1000 hectáreas equivalen a 15 millones de dólares en la pampa húmeda, se podría fijar que el límite para un inversor extranjero en la Patagonia sean esos 15 millones de dólares”, explicó a este diario un asesor legal de Agricultura.
Como otro dato clave de la iniciativa, no se afectarán las adquisiciones ya realizadas. Así lo manifestó Fernández de Kirchner. “Con este proyecto procuramos efectivizar el derecho irrenunciable del gobierno nacional al ejercicio de su soberanía y la preservación de la titularidad de los pueblos sobre sus recursos y riquezas naturales”, concluyó Domínguez.
Ley del litio vulnera los derechos de comunidades
La ley del litio vulnera los derechos de comunidades indígenas
Fecha de Publicación: 27/04/2011
Fuente: No a la Mina
Provincia/Región: Jujuy
La abogada jujeña, Alicia Chalabe, advirtió que la Ley Nº 5674 sancionada en forma unánime por la Legislatura Provincial, que declara como recurso natural estratégico al litio y ordena la formación de un comité de expertos, a esta fecha, junto a otras disposiciones que se tomaron, son inconstitucionales y vulneran los derechos de las comunidades indígenas consagrados en el art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional y el Convenio 169 de la OIT, además de otras recomendaciones realizadas por órganos de vigilancia del cumplimiento de los Tratados incorporados a nuestra Constitución en el año 1994.
La letrada sostiene que "la consagración del derecho de participación implica que las comunidades indígenas siempre deberán ser consultadas cuando se pretendan adoptar medidas legislativas o administrativas que puedan afectarlas, ya sea en forma directa como indirecta y supone el derecho de consulta previa, así como el de asegurar la participación de los pueblos indígenas en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. También señala la Constitución que las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones".
Chalabe expresó que "este compromiso va de la mano del reconocimiento de la preexistencia de las poblaciones indígenas que se ha incorporado en la reforma constitucional de 1994 (Art. 75 inc. 17) y de respetar su derecho a la identidad social y cultural, adoptando acciones concretas para proteger sus derechos y garantizar el respeto a su integridad".
En un documento distribuido por la legista, se asegura que "la claridad de las normas citadas, que imponen cargas elementales al Estado provincial, hace que se deba considerar a todo gobierno que las desatienda, como discriminador de los pueblos indígenas, por falta de actividad, por ausencia de acciones positivas, por omisión en el reconocimiento de sus derechos y de lo que es de su legítima propiedad, según las normas constitucionales mencionadas. Esto fue reafirmado en un fallo reciente del Tribunal superior de justicia de Neuquén que rechaza una acción iniciada por una petrolera en contra de comunidades indígenas".
Señala finalmente que "por estas razones las comunidades indígenas de Salinas Grandes, Cuenca de la Laguna de Guayatayoc, de las provincias de Jujuy y Salta han acudido a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, invocando la violación de este derecho de consulta previo y de participación, que ahora queda comprobado con la ley dictada y a la espera de resolución".
Fecha de Publicación: 27/04/2011
Fuente: No a la Mina
Provincia/Región: Jujuy
La abogada jujeña, Alicia Chalabe, advirtió que la Ley Nº 5674 sancionada en forma unánime por la Legislatura Provincial, que declara como recurso natural estratégico al litio y ordena la formación de un comité de expertos, a esta fecha, junto a otras disposiciones que se tomaron, son inconstitucionales y vulneran los derechos de las comunidades indígenas consagrados en el art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional y el Convenio 169 de la OIT, además de otras recomendaciones realizadas por órganos de vigilancia del cumplimiento de los Tratados incorporados a nuestra Constitución en el año 1994.
La letrada sostiene que "la consagración del derecho de participación implica que las comunidades indígenas siempre deberán ser consultadas cuando se pretendan adoptar medidas legislativas o administrativas que puedan afectarlas, ya sea en forma directa como indirecta y supone el derecho de consulta previa, así como el de asegurar la participación de los pueblos indígenas en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. También señala la Constitución que las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones".
Chalabe expresó que "este compromiso va de la mano del reconocimiento de la preexistencia de las poblaciones indígenas que se ha incorporado en la reforma constitucional de 1994 (Art. 75 inc. 17) y de respetar su derecho a la identidad social y cultural, adoptando acciones concretas para proteger sus derechos y garantizar el respeto a su integridad".
En un documento distribuido por la legista, se asegura que "la claridad de las normas citadas, que imponen cargas elementales al Estado provincial, hace que se deba considerar a todo gobierno que las desatienda, como discriminador de los pueblos indígenas, por falta de actividad, por ausencia de acciones positivas, por omisión en el reconocimiento de sus derechos y de lo que es de su legítima propiedad, según las normas constitucionales mencionadas. Esto fue reafirmado en un fallo reciente del Tribunal superior de justicia de Neuquén que rechaza una acción iniciada por una petrolera en contra de comunidades indígenas".
Señala finalmente que "por estas razones las comunidades indígenas de Salinas Grandes, Cuenca de la Laguna de Guayatayoc, de las provincias de Jujuy y Salta han acudido a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, invocando la violación de este derecho de consulta previo y de participación, que ahora queda comprobado con la ley dictada y a la espera de resolución".
Chaco: forestarán más de 5.000 hectáreas
Proyectan la forestación de más de 5.000 hectáreas
Fecha de Publicación: 27/04/2011
Fuente: Data Chaco
Provincia/Región: Chaco
El proyecto demandará una inversión de alrededor de 5.000.000 de pesos.
19:29 El Ministerio de Producción y Ambiente del Chaco invertirá alrededor de 5.000.000 de pesos para cumplir la meta de forestar más de 5.000 hectáreas durante este año con distintas especies. El objetivo es reponer con programas de forestación los bosques que se están autorizando desmontar.
El ministro de Producción y Ambiente, doctor Enrique Orban, dijo que “este año, realizaremos una forestación que marcará todo un record para la provincia y superará los índices históricos que se manejaban en esta materia y que tiene al año 1998, con 800 hectáreas. Esto es muy importante, porque así como damos permiso para el uso de limpieza y desmonte, también vamos a ir acompañando esto con programas de forestación, que es lo que se debió haber hecho siempre en todo el territorio provincial”.
“La idea es expandir el área agrícola en la provincia hasta llegar a los 2 millones de hectáreas, que es una de las metas que impuso el gobernador Jorge Capitanich y para esto es necesario ir otorgando permisos de limpieza de fachinales, campos invadidos por leñosas o sistemas silvopastoriles y también de un monte nativo, según corresponde por la ley de Bosques de la provincia o de la Nación, a la que nosotros estamos adheridos”, explicó.
Orban remarcó que “esto es muy significativo porque sin dudas es un aporte que quedará marcado en la historia, ya que se convertirá en lo más importante que se haya hecho en el área forestal durante los últimos años en la provincia del Chaco”.
El ministro Enrique Orban calificó como “muy importante” el trabajo que viene desarrollando el Instituto de Investigaciones Forestales y Agropecuarias (IIFA) para alcanzar estas metas y poder proyectar el trabajo de los años siguientes.
“Me parece importante dar a conocer lo que estamos haciendo en la materia, porque el IIFA está trabajando muy bien y nos permite hacer las proyecciones para los años venideros. Si bien son dos las especies más requeridas por los productores, algarrobo y lapacho, no quiere decir esto que solo estemos trabajando en estas dos variantes. Por eso hemos comenzado con un proceso de reactivación de todos los viveros que tenemos bajo nuestra jurisdicción, los cuales al inicio de gestión estaban abandonados y hoy están trabajando a pleno”, indicó Orban.
El ministro de Producción destacó que “nuestra intención es recuperar en el menor tiempo posible todos los viveros y obtener así la mayor cantidad de plantines que sea posible alcanzar y desarrollar”.
Finalmente, el ministro Orban dijo que “la Nación nos reconoce el gasto que hacemos en todo este proceso de forestación. Hoy está en 1.000 pesos por hectárea para el productor, por lo que estamos hablando de una inversión de entre 4 y 5 millones de pesos para este año. Pretendemos que esto quede como un fondo rotatorio y que el año que viene, en vez de hacer 5.000 o 6.000 hectáreas, podamos reforestar 8.000, si es que las condiciones así lo permiten”, remarcó.
Fecha de Publicación: 27/04/2011
Fuente: Data Chaco
Provincia/Región: Chaco
El proyecto demandará una inversión de alrededor de 5.000.000 de pesos.
19:29 El Ministerio de Producción y Ambiente del Chaco invertirá alrededor de 5.000.000 de pesos para cumplir la meta de forestar más de 5.000 hectáreas durante este año con distintas especies. El objetivo es reponer con programas de forestación los bosques que se están autorizando desmontar.
El ministro de Producción y Ambiente, doctor Enrique Orban, dijo que “este año, realizaremos una forestación que marcará todo un record para la provincia y superará los índices históricos que se manejaban en esta materia y que tiene al año 1998, con 800 hectáreas. Esto es muy importante, porque así como damos permiso para el uso de limpieza y desmonte, también vamos a ir acompañando esto con programas de forestación, que es lo que se debió haber hecho siempre en todo el territorio provincial”.
“La idea es expandir el área agrícola en la provincia hasta llegar a los 2 millones de hectáreas, que es una de las metas que impuso el gobernador Jorge Capitanich y para esto es necesario ir otorgando permisos de limpieza de fachinales, campos invadidos por leñosas o sistemas silvopastoriles y también de un monte nativo, según corresponde por la ley de Bosques de la provincia o de la Nación, a la que nosotros estamos adheridos”, explicó.
Orban remarcó que “esto es muy significativo porque sin dudas es un aporte que quedará marcado en la historia, ya que se convertirá en lo más importante que se haya hecho en el área forestal durante los últimos años en la provincia del Chaco”.
El ministro Enrique Orban calificó como “muy importante” el trabajo que viene desarrollando el Instituto de Investigaciones Forestales y Agropecuarias (IIFA) para alcanzar estas metas y poder proyectar el trabajo de los años siguientes.
“Me parece importante dar a conocer lo que estamos haciendo en la materia, porque el IIFA está trabajando muy bien y nos permite hacer las proyecciones para los años venideros. Si bien son dos las especies más requeridas por los productores, algarrobo y lapacho, no quiere decir esto que solo estemos trabajando en estas dos variantes. Por eso hemos comenzado con un proceso de reactivación de todos los viveros que tenemos bajo nuestra jurisdicción, los cuales al inicio de gestión estaban abandonados y hoy están trabajando a pleno”, indicó Orban.
El ministro de Producción destacó que “nuestra intención es recuperar en el menor tiempo posible todos los viveros y obtener así la mayor cantidad de plantines que sea posible alcanzar y desarrollar”.
Finalmente, el ministro Orban dijo que “la Nación nos reconoce el gasto que hacemos en todo este proceso de forestación. Hoy está en 1.000 pesos por hectárea para el productor, por lo que estamos hablando de una inversión de entre 4 y 5 millones de pesos para este año. Pretendemos que esto quede como un fondo rotatorio y que el año que viene, en vez de hacer 5.000 o 6.000 hectáreas, podamos reforestar 8.000, si es que las condiciones así lo permiten”, remarcó.
Los argentinos rechazan la energía atómica
A 25 años del desastre de Chernobyl, los argentinos rechazan ampliamente la energía atómica
Fecha de Publicación: 26/04/2011
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Nacional
Una encuesta realizada por la organización ambiental Greenpeace, demuestra que los argentinos rechazan ampliamente la utilización de la energía nuclear, por considerarla una fuente sumamente peligrosa, contaminante y costosa.
Los resultados son contundentes: siete de cada diez argentinos consideran que la energía nuclear es muy peligrosa o peligrosa, proporción que aumentó con respecto a una medición similar realizada en 2006, en ocasión de conmemorarse los 20 años del accidente de Chernobyl.
En este sentido, el mismo trabajo revela que el 64 por ciento de los entrevistados considera que la central nuclear de Atucha II no debería terminar de construirse y que el financiamiento previsto para este proyecto debería ser destinado a programas de energía eólica.
Cabe destacar que, con respecto a análisis efectuados en 2005 y 2006 y, según la consultora MBC Mori a cargo del muestreo, “se redujo el porcentaje de entrevistados que manifiestan ‘No saber’ sobre el tema nuclear. Este fenómeno se observa en todos los indicadores de la encuesta, probablemente influenciados por la reciente mediatización del tema”.
El estudio también demuestra que una cifra incluso mayor (74%), opina que se debería eliminar la opción nuclear en la generación de energía, y un contundente 78% apoya la realización de inversiones en proyectos de energías renovables.
El factor contaminante y los elevados costos de la energía nuclear, son otras de las inquietudes entre la población relevada, que son hombres y mujeres residentes en las principales ciudades del país (Ciudad de Buenos Aires, GBA, Córdoba, Rosario, Mendoza, Tucumán, Mar del Plata y parte de Neuquén).
“A 25 años del desastre de Chernobyl y a pocos meses de la tragedia de Japón, queda demostrado el contundente rechazo de los argentinos a la energía nuclear y la existencia de una posición sostenida de la población con respecto al desarrollo de este tipo de energía”, afirmó Ernesto Boerio, coordinador de la campaña de Clima.
Para recordar a quienes sufrieron esta tragedia e informar al público sobre los riesgos actuales de la energía nuclear, Greenpeace instaló esta mañana en Plaza San Martín (Av. Santa Fé. Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia) una muestra de fotos del reconocido fotógrafo holandés Robert Knoth, con imágenes de las víctimas.
Fecha de Publicación: 26/04/2011
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Nacional
Una encuesta realizada por la organización ambiental Greenpeace, demuestra que los argentinos rechazan ampliamente la utilización de la energía nuclear, por considerarla una fuente sumamente peligrosa, contaminante y costosa.
Los resultados son contundentes: siete de cada diez argentinos consideran que la energía nuclear es muy peligrosa o peligrosa, proporción que aumentó con respecto a una medición similar realizada en 2006, en ocasión de conmemorarse los 20 años del accidente de Chernobyl.
En este sentido, el mismo trabajo revela que el 64 por ciento de los entrevistados considera que la central nuclear de Atucha II no debería terminar de construirse y que el financiamiento previsto para este proyecto debería ser destinado a programas de energía eólica.
Cabe destacar que, con respecto a análisis efectuados en 2005 y 2006 y, según la consultora MBC Mori a cargo del muestreo, “se redujo el porcentaje de entrevistados que manifiestan ‘No saber’ sobre el tema nuclear. Este fenómeno se observa en todos los indicadores de la encuesta, probablemente influenciados por la reciente mediatización del tema”.
El estudio también demuestra que una cifra incluso mayor (74%), opina que se debería eliminar la opción nuclear en la generación de energía, y un contundente 78% apoya la realización de inversiones en proyectos de energías renovables.
El factor contaminante y los elevados costos de la energía nuclear, son otras de las inquietudes entre la población relevada, que son hombres y mujeres residentes en las principales ciudades del país (Ciudad de Buenos Aires, GBA, Córdoba, Rosario, Mendoza, Tucumán, Mar del Plata y parte de Neuquén).
“A 25 años del desastre de Chernobyl y a pocos meses de la tragedia de Japón, queda demostrado el contundente rechazo de los argentinos a la energía nuclear y la existencia de una posición sostenida de la población con respecto al desarrollo de este tipo de energía”, afirmó Ernesto Boerio, coordinador de la campaña de Clima.
Para recordar a quienes sufrieron esta tragedia e informar al público sobre los riesgos actuales de la energía nuclear, Greenpeace instaló esta mañana en Plaza San Martín (Av. Santa Fé. Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia) una muestra de fotos del reconocido fotógrafo holandés Robert Knoth, con imágenes de las víctimas.
Gualeguaychú se prepara para marchar
Gualeguaychú se prepara para marchar pacíficamente al puente
Fecha de Publicación: 25/04/2011
Fuente: El Argentino
Provincia/Región: Entre Ríos
El domingo 8 de mayo, toda la comunidad de Gualeguaychú marchará una vez más al puente internacional General San Martín, para protestar por la instalación de la pastera Botnia-UPM.
Como lo ha hecho en otras seis ocasiones, la comunidad se sumará a una movilización pacífica que ha trascendido las fronteras del país y ha repercutido en los rincones más lejanos del mundo.
Desde 2004, y con cada nueva llegada del otoño, los asambleístas se abocan a la organización de esta movilización masiva al puente internacional “General San Martín”.
Como si se tratara de la ceremonia de un ritual, año a año los pasos se repiten. La jornada comienza en la ciudad, con la concentración en el Corsódromo a eso de las 10 de la mañana. Luego, motos, vehículos particulares, colectivos y camiones comienzan a marchar hacia el puente internacional. Cerca de las 13, se realiza la concentración en el óvalo, donde se eleva una oración ecuménica. Y a las 14, miles de vecinos comienzan a marchar por la vida con las banderas del pacifismo.
Una vez en el puente “General San Martín” ciudadanos que atraviesan una situación extraordinaria y no deseada entonan unidos el Himno Nacional Argentino y leen una proclama, con lo que se da por concluida esta simbólica marcha.
Convocatoria a estudiantes
Es importante recordar que la Asamblea Ciudadana Ambiental abrió una convocatoria a estudiantes secundarios para participar de un concurso de expresiones artísticas –video, bandera o slogan. Los jóvenes que quieran participar pueden hacerlo de manera individual o en grupos y deberán presentar las producciones en la Secretaria de la Asamblea Ciudadana Ambiental (que funciona en Casa de la Cultura -25 de Mayo 734) hasta el 2 de mayo inclusive, en el horario de 10 a 12.
El 4 de mayo, se realizará la exposición y evaluación de los trabajos por parte del jurado. Mientras que el 8 de mayo, a las 11.30, en el ovalo del puente se dará a conocer a los ganadores y se entregarán los premios. Las particularidades de las presentaciones podrán ser consultadas en la mencionada secretaría.
Fecha de Publicación: 25/04/2011
Fuente: El Argentino
Provincia/Región: Entre Ríos
El domingo 8 de mayo, toda la comunidad de Gualeguaychú marchará una vez más al puente internacional General San Martín, para protestar por la instalación de la pastera Botnia-UPM.
Como lo ha hecho en otras seis ocasiones, la comunidad se sumará a una movilización pacífica que ha trascendido las fronteras del país y ha repercutido en los rincones más lejanos del mundo.
Desde 2004, y con cada nueva llegada del otoño, los asambleístas se abocan a la organización de esta movilización masiva al puente internacional “General San Martín”.
Como si se tratara de la ceremonia de un ritual, año a año los pasos se repiten. La jornada comienza en la ciudad, con la concentración en el Corsódromo a eso de las 10 de la mañana. Luego, motos, vehículos particulares, colectivos y camiones comienzan a marchar hacia el puente internacional. Cerca de las 13, se realiza la concentración en el óvalo, donde se eleva una oración ecuménica. Y a las 14, miles de vecinos comienzan a marchar por la vida con las banderas del pacifismo.
Una vez en el puente “General San Martín” ciudadanos que atraviesan una situación extraordinaria y no deseada entonan unidos el Himno Nacional Argentino y leen una proclama, con lo que se da por concluida esta simbólica marcha.
Convocatoria a estudiantes
Es importante recordar que la Asamblea Ciudadana Ambiental abrió una convocatoria a estudiantes secundarios para participar de un concurso de expresiones artísticas –video, bandera o slogan. Los jóvenes que quieran participar pueden hacerlo de manera individual o en grupos y deberán presentar las producciones en la Secretaria de la Asamblea Ciudadana Ambiental (que funciona en Casa de la Cultura -25 de Mayo 734) hasta el 2 de mayo inclusive, en el horario de 10 a 12.
El 4 de mayo, se realizará la exposición y evaluación de los trabajos por parte del jurado. Mientras que el 8 de mayo, a las 11.30, en el ovalo del puente se dará a conocer a los ganadores y se entregarán los premios. Las particularidades de las presentaciones podrán ser consultadas en la mencionada secretaría.
Basura en el fondo del mar de Puerto Madryn
“Invasión” de basura en el fondo del mar por falta de una planta de tratamiento de residuos
Fecha de Publicación: 25/04/2011
Fuente: Diario Jornada
Provincia/Región: Chubut
Puerto Madryn es la Capital Nacional del Buceo y como tal, son frecuentes las acciones, por parte de la Asociación de Operadoras de Buceo para limpiar el lecho marino en distintos sectores del Golfo Nuevo, especialmente frente a la ciudad.
A los operativos Fondos Limpios se le suma otras acciones como las que se realizan para limpiar las playas –escuelas y ONG’s son las que más se ocupan- y se suma en verano el trabajo de los promotores ambientales pero una vez que la basura llega al fondo del mar, poco se puede hacer más que recolectar –mientras el turista que realiza el bautismo submarino no se percate de la acción- los residuos que se van encontrando a medida de que se va realizando la actividad, en su mayoría comercial a través de cursos o bautismos submarinos.
Jornada dialogó con Carolina Larracoechea, buzo profesional con dos décadas de trabajo en el Golfo Nuevo e integrante de la Asociación de Operadoras de Buceo quien contó qué es lo que se puede encontrar en el Golfo Nuevo más allá de una exótica y hermosa fauna y flora submarina.
“Las bolsas de nylon son las protagonistas en cuanto a la basura que puede encontrarse en el fondo del mar y en los parques submarinos. Las bolsas plásticas están invadiendo toda la zona de Madryn debajo y sobre el mar también y esto sólo se soluciona con la puesta en funcionamiento de una planta de tratamiento de residuos urbanos que no sea a cielo abierto como ahora. Mientras la basura esté a cielo abierto, van a seguir volando y terminando al mar”, comentó la buzo profesional de la ciudad portuaria y agregó: “no podemos estar viviendo sin una planta de reciclado de residuos porque en la Patagonia convivimos con el viento y este es un factor de dispersión constante de residuos. Es impensable estar sin planta de reciclado, este es el paso que tiene que dar el Estado para beneficiar a la ciudad y a nuestro mar”.
A lo largo de la costa que bordea a Puerto Madryn existen distintos sectores bien definidos en cuanto a la basura que se haya. “Encontramos permanentemente muchas pilas –altamente contaminantes- celulares, baterías, herramientas, etc. En los parques cuidamos mucho lo que tenemos, si vemos bolsas flotando nosotros mismos las sacamos y esto forma parte del cuidado de los parques que, en definitiva, son parte de nuestra ciudad y de ellos vivimos. En la zona aledaña a los muelles se encuentran residuos típicamente producidos por la gente después de haber pescado, de haber consumido algo sobre el muelle, etc.”, agregó Larracoechea.
No es necesario estar en una embarcación o sobre el muelle Piedra Buena –en el que se permite la presencia del público en general- para colaborar con la contaminación del mar. Con acciones en la vía pública, más aún en el sector de la playa y arena basta para que el viento o la marea se encarguen de introducir los residuos que se generan al mar.
“La diferencia de mareas hace que toda la basura que la gente deja en las playas sea arrastrada por el mar y depende el viento que toque ese día te toca bucear entre bolsitas e incluso pañales descartables”, se señaló.
La capital nacional de buceo tiene ese “aditivo” para el turismo, la posibilidad de encontrarse con un pañal descartable en plena excursión de bautismo. “Es desagradable pero tratamos de distraer a la persona llevándolo hacia otro sector o adelantarnos alguno de nosotros para recoger la bolsita que esté en el parque submarino. Tratamos de que las personas disfruten de un fondo marino limpio”.
A través del operativo Fondos Limpios se encuentran generalmente, en la zona cercana al Muelle Piedra Buena diferentes tipos de basura. Ya es tradicional la “visita” al inodoro ubicado en ese sector que ya forma parte del lecho marino ya que cuenta con la adhesión importante de la fauna del lugar. “Encontramos cientos de celulares, pilas, baterías. Mucha basura se extrae, otros elementos forman parte del fondo marino, sacamos las que no tienen vida adherida”, señaló la buzo.
Fecha de Publicación: 25/04/2011
Fuente: Diario Jornada
Provincia/Región: Chubut
Puerto Madryn es la Capital Nacional del Buceo y como tal, son frecuentes las acciones, por parte de la Asociación de Operadoras de Buceo para limpiar el lecho marino en distintos sectores del Golfo Nuevo, especialmente frente a la ciudad.
A los operativos Fondos Limpios se le suma otras acciones como las que se realizan para limpiar las playas –escuelas y ONG’s son las que más se ocupan- y se suma en verano el trabajo de los promotores ambientales pero una vez que la basura llega al fondo del mar, poco se puede hacer más que recolectar –mientras el turista que realiza el bautismo submarino no se percate de la acción- los residuos que se van encontrando a medida de que se va realizando la actividad, en su mayoría comercial a través de cursos o bautismos submarinos.
Jornada dialogó con Carolina Larracoechea, buzo profesional con dos décadas de trabajo en el Golfo Nuevo e integrante de la Asociación de Operadoras de Buceo quien contó qué es lo que se puede encontrar en el Golfo Nuevo más allá de una exótica y hermosa fauna y flora submarina.
“Las bolsas de nylon son las protagonistas en cuanto a la basura que puede encontrarse en el fondo del mar y en los parques submarinos. Las bolsas plásticas están invadiendo toda la zona de Madryn debajo y sobre el mar también y esto sólo se soluciona con la puesta en funcionamiento de una planta de tratamiento de residuos urbanos que no sea a cielo abierto como ahora. Mientras la basura esté a cielo abierto, van a seguir volando y terminando al mar”, comentó la buzo profesional de la ciudad portuaria y agregó: “no podemos estar viviendo sin una planta de reciclado de residuos porque en la Patagonia convivimos con el viento y este es un factor de dispersión constante de residuos. Es impensable estar sin planta de reciclado, este es el paso que tiene que dar el Estado para beneficiar a la ciudad y a nuestro mar”.
A lo largo de la costa que bordea a Puerto Madryn existen distintos sectores bien definidos en cuanto a la basura que se haya. “Encontramos permanentemente muchas pilas –altamente contaminantes- celulares, baterías, herramientas, etc. En los parques cuidamos mucho lo que tenemos, si vemos bolsas flotando nosotros mismos las sacamos y esto forma parte del cuidado de los parques que, en definitiva, son parte de nuestra ciudad y de ellos vivimos. En la zona aledaña a los muelles se encuentran residuos típicamente producidos por la gente después de haber pescado, de haber consumido algo sobre el muelle, etc.”, agregó Larracoechea.
No es necesario estar en una embarcación o sobre el muelle Piedra Buena –en el que se permite la presencia del público en general- para colaborar con la contaminación del mar. Con acciones en la vía pública, más aún en el sector de la playa y arena basta para que el viento o la marea se encarguen de introducir los residuos que se generan al mar.
“La diferencia de mareas hace que toda la basura que la gente deja en las playas sea arrastrada por el mar y depende el viento que toque ese día te toca bucear entre bolsitas e incluso pañales descartables”, se señaló.
La capital nacional de buceo tiene ese “aditivo” para el turismo, la posibilidad de encontrarse con un pañal descartable en plena excursión de bautismo. “Es desagradable pero tratamos de distraer a la persona llevándolo hacia otro sector o adelantarnos alguno de nosotros para recoger la bolsita que esté en el parque submarino. Tratamos de que las personas disfruten de un fondo marino limpio”.
A través del operativo Fondos Limpios se encuentran generalmente, en la zona cercana al Muelle Piedra Buena diferentes tipos de basura. Ya es tradicional la “visita” al inodoro ubicado en ese sector que ya forma parte del lecho marino ya que cuenta con la adhesión importante de la fauna del lugar. “Encontramos cientos de celulares, pilas, baterías. Mucha basura se extrae, otros elementos forman parte del fondo marino, sacamos las que no tienen vida adherida”, señaló la buzo.
Buenos Aires busca salvar los bosques
Buscan salvar los bosques nativos del avance de la soja y la urbanización
Fecha de Publicación: 24/04/2011
Fuente: El Día
Provincia/Región: Buenos Aires
Entre el avance de la soja, la explotación forestal y el constante proceso de urbanización, sólo en la última década Argentina perdió en bosques nativos una superficie mayor a la de Tierra del Fuego. Y la provincia de Buenos Aires, sin ser la más perjudicada, no ha quedado al margen del fenómeno. Sus montes originarios hoy sólo ocupan un porcentaje ínfimo de su territorio: apenas el 1,18%.
Con esta realidad de fondo y una ley nacional que prevé incentivos por 2 mil millones de pesos para ayudar a preservar los bosques nativos, el gobierno bonaerense inauguró el martes pasado una audiencia pública para empezar a discutir qué es exactamente aquello que debe resguardarse y bajo qué criterios. De esa forma se espera llegar a fin de año con un proyecto de ley que evite que nuestros ecosistemas originarios terminen alguna vez por desaparecer.
Por lo pronto, la audiencia pública de la semana pasada no sólo sirvió para escuchar los planteos de distintas organizaciones civiles sino para que se conociera por primera vez algo que hasta ahora resultaba una incógnita: en qué medida nuestros bosques nativos lograron sobrevivir al avance de la frontera agropecuaria y urbanística de las últimas décadas.
Un relevamiento presentado entonces por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible puso en evidencia que los bosques originarios, en algún momento el 15% del territorio bonaerense, hoy se reducen a apenas 364 mil hectáreas. Proyectados sobre un mapa parecen pequeñas manchas dispersas en medio de una vasta extensión, pero son de hecho reservorios de vida que corren el riesgo de perderse para siempre.
Cuatro ecosistemas
Para poder aprovechar los incentivos económicos que prevé la Ley Nacional de Bosques Nativos, la provincia de Buenos Aires, como todas las demás, debe contar primero con su propia ley de protección de bosques, lo que implica relevar las áreas y categorizarlas en función de su importancia. Con este fin, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible identificó en principio cuatro ecosistemas distintos en territorio bonaerense: la selva ribereña y delta, los talares de barranca, los talares de albardón y el caldenal.
Caracterizado por el caldén -un árbol espinoso que suele crecer en suelos áridos-, el caldenal es uno de los dos tipos de bosques nativos con mayor presencia en la Provincia, ya que abarca hoy unas 284 mil hectáreas entre Puán, Tornquist, Bahía Blanca y Villarino. Luego le sigue el talar de albardón, un ecosistema que se da en las zonas anegadizas de gran parte de litoral entre Punta Indio y General Lavalle, y que ocupa actualmente unas 56 mil hectáreas.
En orden de tamaño viene luego la selva ribereña y el delta con su vegetación de ceibos y sauces criollos, que se extiende desde Campana hasta Punta Indio ocupando unas 22 mil hectáreas; y el talar de barranca, que crece en las estribaciones de ríos como el Paraná o el Luján, sobre unas 1.800 hectáreas diseminadas entre San Pedro, San Nicolás, Baradero, Ramallo y Zárate.
Pero hay además un quinto tipo de bosque nativo que, por ser de carácter leñoso arbustivo, será puesto en debate para decidir si se lo incluye en el proyecto de ley. Se trata del monte arbustivo típico del sudoeste bonaerense, que ocupa hoy unas 400 mil hectáreas entre Patagones y Villarino. Por lejos el más extenso, representa en sí mismo una superficie cercana a la de los otros cuatro tipos de bosques juntos.
Tres niveles de protección
Sobre la base de este esquema inicial planteado por el OPDS, ahora deberá resolverse -primero en talleres participativos para elaborar un proyecto y luego en la Legislatura, para sancionarlo- qué grado de protección se le otorga a cada monte. Para ello se aplicarían en principio siete criterios de valoración que fueron propuestos en la audiencia pública de la semana pasada.
"Los criterios que propusimos pasan por considerar si son áreas protegidas, si resguardan márgenes de ríos, si implican zonas de conexión entre dos áreas de un mismo ecosistema, si son áreas de alta vulnerabilidad, si tienen algún valor sobresaliente, cuál es su potencial productivo y qué uso le otorga la comunidad. Con esas pautas se va a definir si una zona justifica un nivel de protección rojo, amarillo o verde", explica el licenciado Germán Larrán, Director Provincial de Recursos Naturales.
"Un bosque que merezca la categoría roja recibirá la máxima protección y supondrá un plan de conservación por el cual no se podrá desmontar. La categoría amarilla implica dos planes, un plan de conservación y otro de manejo sustentable; y la verde, tres: un plan de conservación, uno de manejo y uno de aprovechamiento con cambio de uso de suelo. Esto último implica que se permitiría el desmonte siempre y cuando haya una audiencia pública y un estudio de impacto ambiental que lo apruebe", comenta Larrán.
Si bien el grado de protección que se le otorgue a cada monte se definirá a lo largo de los próximos meses a través de talleres participativos, el director provincial de Recursos Naturales calcula que "en principio las reservas van a recibir el máximo grado de protección" y "la zona del Delta quedaría bajo un modelo combinado entre la conservación de los montes relictuales y la explotación sustentable".
Incentivos económicos
El hecho es así como cada nivel de protección conlleva condicionamientos para el uso de los bosques también implica incentivos económicos para sus dueños, ya sean particulares u organismos estatales. Y aunque no se conoce aún cuánto dinero se otorgará por hectárea -ya que eso dependerá de la distribución que se haga del Fondo Nacional de Bosques en base a cada provincia-, está claro que a mayor grado de protección, más dinero recibe titular.
"Lo valioso de la Ley de Bosques Nativos es que es una ley de protección pero también de aliento. Y es que al contemplar un Fondo para las provincias, los titulares de bosques van a tener por primera vez un incentivo económico para resguardarlos. Pero además, como incluye un régimen sancionatorio, también van aplicarse multas a quienes incumplan los cuidados", señala Larrán.
Probablemente pase más de un año antes de que los titulares de bosques nativos en la provincia de Buenos Aires reciban algún tipo de incentivo para protegerlos. La audiencia pública de la semana pasada fue apenas el puntapié inicial para elaborar un proyecto de ley provincial que luego deberá ser evaluado por la Legislatura bonaerense. Y una vez sancionada la ley, ésta requerirá la convalidación del gobierno nacional para acceder al Fondo.
Pero lo cierto es que aún cuando se trata apenas del puntapié inicial, la audiencia de la semana pasada simbolizó un rotundo cambio de rumbo en la actitud del Estado bonaerense con respecto a los bosques nativos, un cambio que acaso logre ponerle freno definitivo a una larga historia de devastación.
Deforestación
Según datos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, entre 1998 y 2006 la superficie deforestada en nuestro país fue de 2.295.567 hectáreas, lo que equivale a más de 250.000 hectáreas por año, 1 hectárea cada dos minutos.
Fecha de Publicación: 24/04/2011
Fuente: El Día
Provincia/Región: Buenos Aires
Entre el avance de la soja, la explotación forestal y el constante proceso de urbanización, sólo en la última década Argentina perdió en bosques nativos una superficie mayor a la de Tierra del Fuego. Y la provincia de Buenos Aires, sin ser la más perjudicada, no ha quedado al margen del fenómeno. Sus montes originarios hoy sólo ocupan un porcentaje ínfimo de su territorio: apenas el 1,18%.
Con esta realidad de fondo y una ley nacional que prevé incentivos por 2 mil millones de pesos para ayudar a preservar los bosques nativos, el gobierno bonaerense inauguró el martes pasado una audiencia pública para empezar a discutir qué es exactamente aquello que debe resguardarse y bajo qué criterios. De esa forma se espera llegar a fin de año con un proyecto de ley que evite que nuestros ecosistemas originarios terminen alguna vez por desaparecer.
Por lo pronto, la audiencia pública de la semana pasada no sólo sirvió para escuchar los planteos de distintas organizaciones civiles sino para que se conociera por primera vez algo que hasta ahora resultaba una incógnita: en qué medida nuestros bosques nativos lograron sobrevivir al avance de la frontera agropecuaria y urbanística de las últimas décadas.
Un relevamiento presentado entonces por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible puso en evidencia que los bosques originarios, en algún momento el 15% del territorio bonaerense, hoy se reducen a apenas 364 mil hectáreas. Proyectados sobre un mapa parecen pequeñas manchas dispersas en medio de una vasta extensión, pero son de hecho reservorios de vida que corren el riesgo de perderse para siempre.
Cuatro ecosistemas
Para poder aprovechar los incentivos económicos que prevé la Ley Nacional de Bosques Nativos, la provincia de Buenos Aires, como todas las demás, debe contar primero con su propia ley de protección de bosques, lo que implica relevar las áreas y categorizarlas en función de su importancia. Con este fin, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible identificó en principio cuatro ecosistemas distintos en territorio bonaerense: la selva ribereña y delta, los talares de barranca, los talares de albardón y el caldenal.
Caracterizado por el caldén -un árbol espinoso que suele crecer en suelos áridos-, el caldenal es uno de los dos tipos de bosques nativos con mayor presencia en la Provincia, ya que abarca hoy unas 284 mil hectáreas entre Puán, Tornquist, Bahía Blanca y Villarino. Luego le sigue el talar de albardón, un ecosistema que se da en las zonas anegadizas de gran parte de litoral entre Punta Indio y General Lavalle, y que ocupa actualmente unas 56 mil hectáreas.
En orden de tamaño viene luego la selva ribereña y el delta con su vegetación de ceibos y sauces criollos, que se extiende desde Campana hasta Punta Indio ocupando unas 22 mil hectáreas; y el talar de barranca, que crece en las estribaciones de ríos como el Paraná o el Luján, sobre unas 1.800 hectáreas diseminadas entre San Pedro, San Nicolás, Baradero, Ramallo y Zárate.
Pero hay además un quinto tipo de bosque nativo que, por ser de carácter leñoso arbustivo, será puesto en debate para decidir si se lo incluye en el proyecto de ley. Se trata del monte arbustivo típico del sudoeste bonaerense, que ocupa hoy unas 400 mil hectáreas entre Patagones y Villarino. Por lejos el más extenso, representa en sí mismo una superficie cercana a la de los otros cuatro tipos de bosques juntos.
Tres niveles de protección
Sobre la base de este esquema inicial planteado por el OPDS, ahora deberá resolverse -primero en talleres participativos para elaborar un proyecto y luego en la Legislatura, para sancionarlo- qué grado de protección se le otorga a cada monte. Para ello se aplicarían en principio siete criterios de valoración que fueron propuestos en la audiencia pública de la semana pasada.
"Los criterios que propusimos pasan por considerar si son áreas protegidas, si resguardan márgenes de ríos, si implican zonas de conexión entre dos áreas de un mismo ecosistema, si son áreas de alta vulnerabilidad, si tienen algún valor sobresaliente, cuál es su potencial productivo y qué uso le otorga la comunidad. Con esas pautas se va a definir si una zona justifica un nivel de protección rojo, amarillo o verde", explica el licenciado Germán Larrán, Director Provincial de Recursos Naturales.
"Un bosque que merezca la categoría roja recibirá la máxima protección y supondrá un plan de conservación por el cual no se podrá desmontar. La categoría amarilla implica dos planes, un plan de conservación y otro de manejo sustentable; y la verde, tres: un plan de conservación, uno de manejo y uno de aprovechamiento con cambio de uso de suelo. Esto último implica que se permitiría el desmonte siempre y cuando haya una audiencia pública y un estudio de impacto ambiental que lo apruebe", comenta Larrán.
Si bien el grado de protección que se le otorgue a cada monte se definirá a lo largo de los próximos meses a través de talleres participativos, el director provincial de Recursos Naturales calcula que "en principio las reservas van a recibir el máximo grado de protección" y "la zona del Delta quedaría bajo un modelo combinado entre la conservación de los montes relictuales y la explotación sustentable".
Incentivos económicos
El hecho es así como cada nivel de protección conlleva condicionamientos para el uso de los bosques también implica incentivos económicos para sus dueños, ya sean particulares u organismos estatales. Y aunque no se conoce aún cuánto dinero se otorgará por hectárea -ya que eso dependerá de la distribución que se haga del Fondo Nacional de Bosques en base a cada provincia-, está claro que a mayor grado de protección, más dinero recibe titular.
"Lo valioso de la Ley de Bosques Nativos es que es una ley de protección pero también de aliento. Y es que al contemplar un Fondo para las provincias, los titulares de bosques van a tener por primera vez un incentivo económico para resguardarlos. Pero además, como incluye un régimen sancionatorio, también van aplicarse multas a quienes incumplan los cuidados", señala Larrán.
Probablemente pase más de un año antes de que los titulares de bosques nativos en la provincia de Buenos Aires reciban algún tipo de incentivo para protegerlos. La audiencia pública de la semana pasada fue apenas el puntapié inicial para elaborar un proyecto de ley provincial que luego deberá ser evaluado por la Legislatura bonaerense. Y una vez sancionada la ley, ésta requerirá la convalidación del gobierno nacional para acceder al Fondo.
Pero lo cierto es que aún cuando se trata apenas del puntapié inicial, la audiencia de la semana pasada simbolizó un rotundo cambio de rumbo en la actitud del Estado bonaerense con respecto a los bosques nativos, un cambio que acaso logre ponerle freno definitivo a una larga historia de devastación.
Deforestación
Según datos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, entre 1998 y 2006 la superficie deforestada en nuestro país fue de 2.295.567 hectáreas, lo que equivale a más de 250.000 hectáreas por año, 1 hectárea cada dos minutos.
Jujuy: Preocupa el incremento del tráfico de fauna
Preocupa el incremento del tráfico ilegal de fauna en Jujuy
Fecha de Publicación: 23/04/2011
Fuente: Jujuy al Día
Provincia/Región: Jujuy
Debido a la preocupante situación por la que atraviesa nuestra fauna por el incremento del tráfico ilegal (venta y compra), la Secretaria de Gestión Ambiental a través de la Dirección Provincial de Políticas Ambientales y Recursos Naturales, recordó a la población en general que la Fauna Silvestre se encuentra protegida por las leyes provinciales y nacionales.
Estos instrumentos legales que prohíben la caza de animales, la venta, tenencia de fauna silvestre en los domicilios particulares están enmarcadas en la Ley Nº 5063 -Ley General de Medio Ambiente, la Ley Nº 3014/73 -Ley de Caza-, la Ley Nº 3011/73 -Ley de Pesca- y la Ley Nacional Nº 22.421/81 -Conservación de la Fauna-.
Para hacer cumplir esas normativas, en el mes de marzo personal especializado de la Dirección Provincial recepcionó una lampalagua (Boa constrictor) que fue comprada en la Provincia de Santiago del Estero, la misma recibió tratamiento sanitario y se devolvieron sus características naturales. La Dirección de Políticas Ambientales tomo contacto con la Dirección General de Bosque y Fauna de Santiago de Estero, con Jorge Goles quien decidió liberarla a su medio natural, en la localidad de Santa Catalina, Departamento, Guasayan de la Provincia de Santiago del Estero.
Ante esa situación se recuerda que la fauna silvestre la constituyen los animales que viven libres e independientes del hombre en ambientes naturales. El Medio Ambiente les brinda todos los recursos nutricionales que ellos necesitan para cumplir su ciclo vital, nosotros en nuestros hogares no podemos brindarles las necesidades básicas para su supervivencia.
El comercio ilegal expone a los animales a sufrir hacinamiento por lo cual pocos de estos llegan con vida al lugar de comercialización por las malas condiciones de transporte, al tratar de ocultarlas del control de las autoridades.
Por ello es Mascotismo (tener especies de fauna silvestre como mascotas en nuestros hogares) pone en serio riesgo a esas especies al disminuir drásticamente su número en el Medio Ambiente. Una vez que esos ejemplares viven en contacto con el hombre difícilmente pueden ser devueltos a la Vida Silvestre.
Se puntualizó que es importante la colaboración de la comunidad para que ayuden de la siguiente manera: No alentar el tráfico de fauna comprando loros, catas, tortuga, etc. Muchos de ellos no se encuentran en buen estado sanitario, ellos pueden transmitir enfermedades infecciosas que pueden ser contagiadas al ser humano, (psitacosis enfermedad transmitida por aves entre ellas las catas y loros).No extraiga animales de la fauna silvestre de su hábitat.
Denunciemos a quienes trafican y/o comercializan especies silvestres o a las personas que tengan en sus domicilios algunas de estas especies. Inscribirse de forma voluntaria en el registro de Fauna Silvestre que se encuentran en domicilios particulares en esta Dirección.
Ayuda a cuidar el Medio Ambiente, denuncie la venta ilegal en San Martín Nº 518, San Salvador de Jujuy, Tel. 0388-4249533/94 o Sarmiento 154 o al teléfono 0388 4249305.
Fecha de Publicación: 23/04/2011
Fuente: Jujuy al Día
Provincia/Región: Jujuy
Debido a la preocupante situación por la que atraviesa nuestra fauna por el incremento del tráfico ilegal (venta y compra), la Secretaria de Gestión Ambiental a través de la Dirección Provincial de Políticas Ambientales y Recursos Naturales, recordó a la población en general que la Fauna Silvestre se encuentra protegida por las leyes provinciales y nacionales.
Estos instrumentos legales que prohíben la caza de animales, la venta, tenencia de fauna silvestre en los domicilios particulares están enmarcadas en la Ley Nº 5063 -Ley General de Medio Ambiente, la Ley Nº 3014/73 -Ley de Caza-, la Ley Nº 3011/73 -Ley de Pesca- y la Ley Nacional Nº 22.421/81 -Conservación de la Fauna-.
Para hacer cumplir esas normativas, en el mes de marzo personal especializado de la Dirección Provincial recepcionó una lampalagua (Boa constrictor) que fue comprada en la Provincia de Santiago del Estero, la misma recibió tratamiento sanitario y se devolvieron sus características naturales. La Dirección de Políticas Ambientales tomo contacto con la Dirección General de Bosque y Fauna de Santiago de Estero, con Jorge Goles quien decidió liberarla a su medio natural, en la localidad de Santa Catalina, Departamento, Guasayan de la Provincia de Santiago del Estero.
Ante esa situación se recuerda que la fauna silvestre la constituyen los animales que viven libres e independientes del hombre en ambientes naturales. El Medio Ambiente les brinda todos los recursos nutricionales que ellos necesitan para cumplir su ciclo vital, nosotros en nuestros hogares no podemos brindarles las necesidades básicas para su supervivencia.
El comercio ilegal expone a los animales a sufrir hacinamiento por lo cual pocos de estos llegan con vida al lugar de comercialización por las malas condiciones de transporte, al tratar de ocultarlas del control de las autoridades.
Por ello es Mascotismo (tener especies de fauna silvestre como mascotas en nuestros hogares) pone en serio riesgo a esas especies al disminuir drásticamente su número en el Medio Ambiente. Una vez que esos ejemplares viven en contacto con el hombre difícilmente pueden ser devueltos a la Vida Silvestre.
Se puntualizó que es importante la colaboración de la comunidad para que ayuden de la siguiente manera: No alentar el tráfico de fauna comprando loros, catas, tortuga, etc. Muchos de ellos no se encuentran en buen estado sanitario, ellos pueden transmitir enfermedades infecciosas que pueden ser contagiadas al ser humano, (psitacosis enfermedad transmitida por aves entre ellas las catas y loros).No extraiga animales de la fauna silvestre de su hábitat.
Denunciemos a quienes trafican y/o comercializan especies silvestres o a las personas que tengan en sus domicilios algunas de estas especies. Inscribirse de forma voluntaria en el registro de Fauna Silvestre que se encuentran en domicilios particulares en esta Dirección.
Ayuda a cuidar el Medio Ambiente, denuncie la venta ilegal en San Martín Nº 518, San Salvador de Jujuy, Tel. 0388-4249533/94 o Sarmiento 154 o al teléfono 0388 4249305.
Argentina sin estrategia contra el cambio climático
El país no tiene estrategia contra el cambio climático
Fecha de Publicación: 23/04/2011
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Lo asegura un estudio realizado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, la UBA y el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Faltan leyes y las que existen no se aplican.
El cambio climático ya está afectando a la población y a los ecosistemas, con el retroceso de los glaciares, la reemergencia de enfermedades como el dengue o la mayor frecuencia de inundaciones, pero la Argentina sigue sin estar bien preparada para enfrentarlo o para al menos minimizar el impacto que se sufrirá. Lo asegura un estudio realizado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), que contó con apoyo para su elaboración de instituciones académicas: el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, las facultades de Derecho, de Arquitectura y Urbanismo, y la Maestría de Gestión Ambiental Metropolitana, de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires.
En el informe, que puede leerse en Internet ( www.farn.org.ar ) se advierte el estado de situación de los principales problemas ambientales relacionados con el cambio climático. “Lo que tenemos es un diagnóstico de la situación, pero no queremos quedarnos en la queja, sino que presentamos propuestas concretas para movilizar estos problemas que nos afectan a todos y a las futuras generaciones de argentinos”, dijo a Clarín María Eugenia Di Paola, directora ejecutiva de la FARN y especialista en derecho ambiental.
En el trabajo, se subraya que si bien el Congreso sancionó las leyes como las de preservación de los glaciares y sus áreas cercanas y la ley de bosques, aún no se están implementando en todo el territorio nacional.
En el caso de los glaciares, que en su mayoría están en retroceso según múltiples estudios científicos, hubo demoras en la reglamentación de la norma que fue sancionada en setiembre del año pasado. Recién en marzo, el Gobierno dispuso que el Conicet inicie el relevamiento de las zonas de glaciares y periglaciares. “Pero aún no definió las zonas prioritarias donde hay actividades humanas que pueden estar afectando a los glaciares, como la minería, ni tampoco empezó con las auditorías”, comentó Di Paola. Desde Greenpeace Argentina y más de 40 organizaciones ambientalistas se alertó el martes pasado que la empresa multinacional Barrick Gold y el gobierno de San Juan han presentado amparos judiciales para que no se aplique la ley de glaciares en esa provincia. “Se oponen a la ley para que no los auditen y no se evalúe si están dañando a los glaciares cercanos. La misma empresa ya afectó glaciares del lado chileno y fue multada”, recordó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Cambio Climático de Greenpeace Argentina.
En cuanto a la ley de bosques, el informe de FARN advierte que aún continúan los desmontes ilegales. La Secretaría de Ambiente de la Nación acordó días atrás con las provincias la distribución de los fondos para controlar mejor los desmontes y compensar a los titulares de bosques nativos que realicen tareas de conservación. Sin embargo, “los fondos asignados para poner en marcha la ley de bosques son menores a la cantidad que fijó la norma”, resaltó Diego Moreno, director general de Fundación Vida Silvestre Argentina. “El cumplimiento de la ley de bosques es crucial porque reducirá la deforestación, que es una de las fuentes de emisión de gases de invernadero, que conducen al cambio climático”, agregó.
Hay otros obstáculos en el cumplimiento de normas. Leyes como la de residuos industriales, la de gestión de aguas, la de residuos domiciliares y la de quema de pastizales no han sido reglamentadas, según se indica en el informe de FARN. Faltan también crear más áreas protegidas para preservar la diversidad de especies y ecosistemas y fortalecer las existentes.
Con respecto a la energía –que se usa en viviendas, industrias, y transporte, entre otros rubros– aún no se vislumbra un cambio que abandone la dependencia de la quema de combustible fósil (carbón, petróleo y gas natural). “Sabemos que el Gobierno elaboró un plan energético que llega hasta el 2030 e incluye decisiones sobre la controvertida energía nuclear, pero lo mantiene oculto. No brinda acceso a la información ni da participación a la ciudadanía en el plan”, sostuvo Di Paola. El informe revela también que falta una mayor planificación de la gestión de los ríos y sus cuencas, y que para enfrentar el colapso de la merluza en el mar argentino, se necesita planificación y transparencia del Gobierno y del sector privado.
Más tormentas, calor y enfermedades
Las evidencias del cambio climático se observan en la Argentina y han sido objeto de comentarios en el último informe de la CEPAL, que es el organismo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas responsable de promover el desarrollo económico y social en América latina y el Caribe.
Según el organismo, el número, la intensidad y la frecuencia de las lluvias se modificaron entre 1900 y 2005, y eso se tradujo en un aumento de la frecuencia e intensidad de las inundaciones en la región pampeana. Situaciones similares se han registrado en Paraguay, Uruguay y algunas zonas de Bolivia. A causa de la pérdida del ozono y del aumento del índice de radiación ultravioleta, aumentaron los casos de cáncer de piel no melanoma en nuestro país y en Chile. También se afirma que enfermedades como el dengue pueden subir en la incidencia. En 2009, la Argentina sufrió la epidemia más grande del dengue en la historia.
En el informe de la CEPAL, también se advierte que hay playas argentinas con riesgo elevado de ser afectadas por la erosión de las costas causada por el cambio climático.
La pasividad de Argentina en la discusión ambiental
Las negociaciones internacionales por el cambio climático del planeta aún no están terminadas. Una de las trabas principales es que todavía los países no toman compromisos ni acciones firmes para reducir los niveles de emisión de gases invernadero. En esas discusiones, la Argentina tiene una posición pasiva, a pesar de que su población y su ambiente serán afectados por el impacto del cambio climático.
“Nuestro país ahora no tiene una posición propia ni definida”, afirmó Pablo Canziani, investigador en cambio climático del Conicet y de la Universidad Católica Argentina. Señaló varias diferencias con el pasado: “En 1997 cuando se acordó el Protocolo de Kioto, la Argentina tuvo un rol de liderazgo en las negociaciones. Después, pasaron varios gobiernos y no hubo continuidad con la posición”.
El protocolo, que forma parte de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, estipuló que los países más contaminantes debían reducir sus emisiones en un porcentaje de al menos un 5%, dentro del período que va desde el año 2008 al 2012, en comparación a las emisiones al año 1990.
La Argentina, como país en vías de desarrollo y con aproximadamente el 0,6 por ciento del total de las emisiones mundiales, no estaba obligada a cumplir las metas cuantitativas fijadas por el Protocolo de Kioto. Pero sí ratificó el acuerdo en 2001, a través de la ley del Congreso, y tiene al menos que no seguir aumentando sus emisiones.
En abril del año pasado, se destacó el Acuerdo de los Pueblos, convocado por Bolivia, por el cual se advirtió que “los países desarrollados tienen una deuda climática con los países en vías de desarrollo, la madre tierra y las futuras generaciones”.
La discusión mundial aún continúa: se prepara un acuerdo nuevo que formará parte de las conversaciones de las Conferencias de las Partes en Durban, Sudáfrica, el 28 de noviembre, y en Rusia en 2012.
En el debate, están el grupo de los países europeos, con Inglaterra a la cabeza, que quiere reducir las emisiones de manera tal que el aumento de temperatura media global no supere los 2 grados centígrados para el año 2050. “Estados Unidos hoy no tiene una postura definida. China hace promesas”, comentó Canziani. “Y Argentina aún no asume su liderazgo, como sí lo están haciendo Brasil y México. El problema es que si no se logra un acuerdo global pronto, todo se hará de manera desordenada y puede perjudicarnos”, opinó.
Por ejemplo, Francia ya quiere poner aranceles impositivos a sus importaciones por la emisión de gases de invernadero que se produce durante el transporte de mercaderías y materias primas. “Esto perjudica a la Argentina que está lejos de Europa”.
Por su parte, Raúl Estrada Oyuela, embajador y ex negociador en temas ambientales en las negociaciones internacionales, también expresó que “la posición de la Argentina está muy desdibujada. Debería ayudar a que los países se pongan de acuerdo para reducir las emisiones. La política energética que tenemos aumenta las emisiones. Y también faltan medidas de adaptación al cambio climático. Por ejemplo: ¿cómo se adaptarán las ciudades costeras al avance del nivel del mar? ¿Qué se hace para que los edificios sean eficientes?”.
Fecha de Publicación: 23/04/2011
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Lo asegura un estudio realizado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, la UBA y el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Faltan leyes y las que existen no se aplican.
El cambio climático ya está afectando a la población y a los ecosistemas, con el retroceso de los glaciares, la reemergencia de enfermedades como el dengue o la mayor frecuencia de inundaciones, pero la Argentina sigue sin estar bien preparada para enfrentarlo o para al menos minimizar el impacto que se sufrirá. Lo asegura un estudio realizado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), que contó con apoyo para su elaboración de instituciones académicas: el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, las facultades de Derecho, de Arquitectura y Urbanismo, y la Maestría de Gestión Ambiental Metropolitana, de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires.
En el informe, que puede leerse en Internet ( www.farn.org.ar ) se advierte el estado de situación de los principales problemas ambientales relacionados con el cambio climático. “Lo que tenemos es un diagnóstico de la situación, pero no queremos quedarnos en la queja, sino que presentamos propuestas concretas para movilizar estos problemas que nos afectan a todos y a las futuras generaciones de argentinos”, dijo a Clarín María Eugenia Di Paola, directora ejecutiva de la FARN y especialista en derecho ambiental.
En el trabajo, se subraya que si bien el Congreso sancionó las leyes como las de preservación de los glaciares y sus áreas cercanas y la ley de bosques, aún no se están implementando en todo el territorio nacional.
En el caso de los glaciares, que en su mayoría están en retroceso según múltiples estudios científicos, hubo demoras en la reglamentación de la norma que fue sancionada en setiembre del año pasado. Recién en marzo, el Gobierno dispuso que el Conicet inicie el relevamiento de las zonas de glaciares y periglaciares. “Pero aún no definió las zonas prioritarias donde hay actividades humanas que pueden estar afectando a los glaciares, como la minería, ni tampoco empezó con las auditorías”, comentó Di Paola. Desde Greenpeace Argentina y más de 40 organizaciones ambientalistas se alertó el martes pasado que la empresa multinacional Barrick Gold y el gobierno de San Juan han presentado amparos judiciales para que no se aplique la ley de glaciares en esa provincia. “Se oponen a la ley para que no los auditen y no se evalúe si están dañando a los glaciares cercanos. La misma empresa ya afectó glaciares del lado chileno y fue multada”, recordó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Cambio Climático de Greenpeace Argentina.
En cuanto a la ley de bosques, el informe de FARN advierte que aún continúan los desmontes ilegales. La Secretaría de Ambiente de la Nación acordó días atrás con las provincias la distribución de los fondos para controlar mejor los desmontes y compensar a los titulares de bosques nativos que realicen tareas de conservación. Sin embargo, “los fondos asignados para poner en marcha la ley de bosques son menores a la cantidad que fijó la norma”, resaltó Diego Moreno, director general de Fundación Vida Silvestre Argentina. “El cumplimiento de la ley de bosques es crucial porque reducirá la deforestación, que es una de las fuentes de emisión de gases de invernadero, que conducen al cambio climático”, agregó.
Hay otros obstáculos en el cumplimiento de normas. Leyes como la de residuos industriales, la de gestión de aguas, la de residuos domiciliares y la de quema de pastizales no han sido reglamentadas, según se indica en el informe de FARN. Faltan también crear más áreas protegidas para preservar la diversidad de especies y ecosistemas y fortalecer las existentes.
Con respecto a la energía –que se usa en viviendas, industrias, y transporte, entre otros rubros– aún no se vislumbra un cambio que abandone la dependencia de la quema de combustible fósil (carbón, petróleo y gas natural). “Sabemos que el Gobierno elaboró un plan energético que llega hasta el 2030 e incluye decisiones sobre la controvertida energía nuclear, pero lo mantiene oculto. No brinda acceso a la información ni da participación a la ciudadanía en el plan”, sostuvo Di Paola. El informe revela también que falta una mayor planificación de la gestión de los ríos y sus cuencas, y que para enfrentar el colapso de la merluza en el mar argentino, se necesita planificación y transparencia del Gobierno y del sector privado.
Más tormentas, calor y enfermedades
Las evidencias del cambio climático se observan en la Argentina y han sido objeto de comentarios en el último informe de la CEPAL, que es el organismo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas responsable de promover el desarrollo económico y social en América latina y el Caribe.
Según el organismo, el número, la intensidad y la frecuencia de las lluvias se modificaron entre 1900 y 2005, y eso se tradujo en un aumento de la frecuencia e intensidad de las inundaciones en la región pampeana. Situaciones similares se han registrado en Paraguay, Uruguay y algunas zonas de Bolivia. A causa de la pérdida del ozono y del aumento del índice de radiación ultravioleta, aumentaron los casos de cáncer de piel no melanoma en nuestro país y en Chile. También se afirma que enfermedades como el dengue pueden subir en la incidencia. En 2009, la Argentina sufrió la epidemia más grande del dengue en la historia.
En el informe de la CEPAL, también se advierte que hay playas argentinas con riesgo elevado de ser afectadas por la erosión de las costas causada por el cambio climático.
La pasividad de Argentina en la discusión ambiental
Las negociaciones internacionales por el cambio climático del planeta aún no están terminadas. Una de las trabas principales es que todavía los países no toman compromisos ni acciones firmes para reducir los niveles de emisión de gases invernadero. En esas discusiones, la Argentina tiene una posición pasiva, a pesar de que su población y su ambiente serán afectados por el impacto del cambio climático.
“Nuestro país ahora no tiene una posición propia ni definida”, afirmó Pablo Canziani, investigador en cambio climático del Conicet y de la Universidad Católica Argentina. Señaló varias diferencias con el pasado: “En 1997 cuando se acordó el Protocolo de Kioto, la Argentina tuvo un rol de liderazgo en las negociaciones. Después, pasaron varios gobiernos y no hubo continuidad con la posición”.
El protocolo, que forma parte de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, estipuló que los países más contaminantes debían reducir sus emisiones en un porcentaje de al menos un 5%, dentro del período que va desde el año 2008 al 2012, en comparación a las emisiones al año 1990.
La Argentina, como país en vías de desarrollo y con aproximadamente el 0,6 por ciento del total de las emisiones mundiales, no estaba obligada a cumplir las metas cuantitativas fijadas por el Protocolo de Kioto. Pero sí ratificó el acuerdo en 2001, a través de la ley del Congreso, y tiene al menos que no seguir aumentando sus emisiones.
En abril del año pasado, se destacó el Acuerdo de los Pueblos, convocado por Bolivia, por el cual se advirtió que “los países desarrollados tienen una deuda climática con los países en vías de desarrollo, la madre tierra y las futuras generaciones”.
La discusión mundial aún continúa: se prepara un acuerdo nuevo que formará parte de las conversaciones de las Conferencias de las Partes en Durban, Sudáfrica, el 28 de noviembre, y en Rusia en 2012.
En el debate, están el grupo de los países europeos, con Inglaterra a la cabeza, que quiere reducir las emisiones de manera tal que el aumento de temperatura media global no supere los 2 grados centígrados para el año 2050. “Estados Unidos hoy no tiene una postura definida. China hace promesas”, comentó Canziani. “Y Argentina aún no asume su liderazgo, como sí lo están haciendo Brasil y México. El problema es que si no se logra un acuerdo global pronto, todo se hará de manera desordenada y puede perjudicarnos”, opinó.
Por ejemplo, Francia ya quiere poner aranceles impositivos a sus importaciones por la emisión de gases de invernadero que se produce durante el transporte de mercaderías y materias primas. “Esto perjudica a la Argentina que está lejos de Europa”.
Por su parte, Raúl Estrada Oyuela, embajador y ex negociador en temas ambientales en las negociaciones internacionales, también expresó que “la posición de la Argentina está muy desdibujada. Debería ayudar a que los países se pongan de acuerdo para reducir las emisiones. La política energética que tenemos aumenta las emisiones. Y también faltan medidas de adaptación al cambio climático. Por ejemplo: ¿cómo se adaptarán las ciudades costeras al avance del nivel del mar? ¿Qué se hace para que los edificios sean eficientes?”.
Arroceras en el chaco, piden arresto al intendente
Arresto a un intendente
Fecha de Publicación: 22/04/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Chaco
La Legislatura chaqueña solicitó siete días de detención para el intendente de la ciudad de La Leonesa, José Ramón Carbajal, involucrado en una agresión cometida en perjuicio de científicos y ambientalistas que brindaban una charla sobre agrotóxicos. La Cámara de Diputados provincial resolvió a favor de un planteo de dos legisladores y avaló el pedido de arresto para el jefe comunal, que se hará efectivo cuando deje el cargo.
El 7 de agosto de 2010, Carbajal, su esposa, Elda Insaurralde, y el productor arrocero Eduardo Meichtry fueron denunciados penalmente por los diputados Fabricio Bolatti y Carlos Martínez. Los tres, entre otras personas, estuvieron involucrados en una agresión contra científicos y ambientalistas que iban a brindar una charla contra la utilización de agrotóxicos en los cultivos. En la conferencia iban a participar el investigador del Conicet y profesor de la UBA, Andrés Carrasco, y el jefe del Laboratorio de Biología Molecular de la Universidad Nacional del Nordeste, Raúl Lucero.
Pero el encuentro fue suspendido luego de que un grupo de personas, entre ellas Carbajal, agrediera a golpes a varios de los asistentes. Como resultado del ataque, el ex subsecretario de Derechos Humanos de Chaco Marcelo Salgado y varios ambientalistas locales padecieron fracturas y traumatismos.
Fecha de Publicación: 22/04/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Chaco
La Legislatura chaqueña solicitó siete días de detención para el intendente de la ciudad de La Leonesa, José Ramón Carbajal, involucrado en una agresión cometida en perjuicio de científicos y ambientalistas que brindaban una charla sobre agrotóxicos. La Cámara de Diputados provincial resolvió a favor de un planteo de dos legisladores y avaló el pedido de arresto para el jefe comunal, que se hará efectivo cuando deje el cargo.
El 7 de agosto de 2010, Carbajal, su esposa, Elda Insaurralde, y el productor arrocero Eduardo Meichtry fueron denunciados penalmente por los diputados Fabricio Bolatti y Carlos Martínez. Los tres, entre otras personas, estuvieron involucrados en una agresión contra científicos y ambientalistas que iban a brindar una charla contra la utilización de agrotóxicos en los cultivos. En la conferencia iban a participar el investigador del Conicet y profesor de la UBA, Andrés Carrasco, y el jefe del Laboratorio de Biología Molecular de la Universidad Nacional del Nordeste, Raúl Lucero.
Pero el encuentro fue suspendido luego de que un grupo de personas, entre ellas Carbajal, agrediera a golpes a varios de los asistentes. Como resultado del ataque, el ex subsecretario de Derechos Humanos de Chaco Marcelo Salgado y varios ambientalistas locales padecieron fracturas y traumatismos.
Corrientes: Ratificaron la ley de Bosques Nativos
Ratificaron la ley de Bosques Nativos
Fecha de Publicación: 21/04/2011
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes
El juez de Instrucción, Mario Alegre, resolvió archivar la denuncia presentada por la diputada María Inés Fagetti, en la cual cuestionaba el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos elaborado por la Dirección de Recursos Forestales. El magistrado consideró que no hay elementos que permitan continuar con el proceso por inexistencia de delito.
Tras varios meses de análisis, la Justicia desestimó la denuncia que había realizado la diputada provincial, María Inés Fagetti, contra el Ordenamiento Territo-rial de Bosques Nativos que se aprobó por ley en mayo del año pasado. Con la sentencia judicial, las autoridades de la Dirección de Recursos Forestales de Corrientes anunciaron que continuarán trabajando en el marco de la normativa, que busca regular las actividades agropecuarias en áreas protegidas, y en los próximos meses comenzarían a recibir los proyectos para producción y conservación en estas zonas.
Un fallo emitido el 4 de febrero de este año por el juez de Instrucción Nº 4, Mario Alegre, resolvió archivar la denuncia que había sido presentada por la diputada provincial, María Inés Fagetti, quien había cuestionado algunos puntos del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos elaborado para reglamentar la adhesión a la Ley Nacional, que aprobó el parlamento en mayo del año pasado. En el fallo, el magistrado dio lugar al pedido de desestimación del fiscal, Bue-naventura Duarte, con quien coincidió que no surgen elementos que permitan continuar con el proceso, por inexistencia de delito.
Los puntos cuestionados por la denunciante -presidente de la Comisión de Ecología y Ambiente de la Cámara baja- giraban en torno a la omisión por parte de funcionarios del análisis del decreto por el cual había sido aprobada la adhesión a la ley, y que fuera luego declarado inconstitucional por la Justicia. La observación señala que el ordenamiento efectúa varios fundamentos que refieren al instrumento legal y señala que podrían haberse dictado actos administrativos derivados o fundados en el mismo.
En este punto, el fiscal de la causa señaló que si bien el mencionado decreto fue declarado inconstitucional, esto se debió a la existencia de un vicio formal, por haber sido dictado por una autoridad, y de acuerdo a la Constitución Pro-vincial, las normas en materia de protección ambiental de-ben ser sancionadas por el Poder Legislativo. En pocas palabras, no se anuló el decreto por su contenido, sino por el procedimiento.
Otro de los aspectos cuestionados por Fagetti fue un informe producido por el Instituto de Botánica del Nordeste (Ibone), uno de los organismos que fue convocado para colaborar en el Ordenamiento Territorial. Esta institución señalaba que de su informe se suprimió un párrafo, donde los investigadores proponen considerar algunos sitios como zonas limitadas a la producción.
En cuanto a este cuestionamiento, prestó declaración ante la Justicia el director de Recursos Forestales, Luis María Mestres, quien sostuvo que “nosotros requerimos información técnica a distintas instituciones pertinentes al trabajo, entre ellas el Ibone, que aportó información, lo que no significa que nosotros debemos tomar al pie de la letra lo que pueda opinar el organismo; nosotros tomamos la información que creíamos más conveniente, o sea, la misma Ley prevé que las opiniones no son vinculantes”.
Por su parte, los técnicos del Ibone y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) que aportaron conceptos científicos y técnicos para el ordenamiento territorial, coincidieron que si bien hubo diferencias en las concepciones y los criterios, la autoridad de aplicación de la Ley es la Dirección de Recursos Forestales.
El tercer punto observado por la legisladora justicialista daba cuenta que se habría omitido dar respuesta a los planteos efectuados durante las audiencias públicas que se realizaron en Bella Vista, Curuzú Cuatiá y Santo Tomé, antes de la aprobación del Ordenamiento Territorial. En este caso, Luis Mestres dijo ante el fiscal que “se responderá aquellos planteos que tengan argumentos científicos y técnicos consistentes, y a nuestro criterio, ninguno lo tuvo, por lo tanto no hubo necesidad a responder ninguna de ellas”.
Fecha de Publicación: 21/04/2011
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes
El juez de Instrucción, Mario Alegre, resolvió archivar la denuncia presentada por la diputada María Inés Fagetti, en la cual cuestionaba el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos elaborado por la Dirección de Recursos Forestales. El magistrado consideró que no hay elementos que permitan continuar con el proceso por inexistencia de delito.
Tras varios meses de análisis, la Justicia desestimó la denuncia que había realizado la diputada provincial, María Inés Fagetti, contra el Ordenamiento Territo-rial de Bosques Nativos que se aprobó por ley en mayo del año pasado. Con la sentencia judicial, las autoridades de la Dirección de Recursos Forestales de Corrientes anunciaron que continuarán trabajando en el marco de la normativa, que busca regular las actividades agropecuarias en áreas protegidas, y en los próximos meses comenzarían a recibir los proyectos para producción y conservación en estas zonas.
Un fallo emitido el 4 de febrero de este año por el juez de Instrucción Nº 4, Mario Alegre, resolvió archivar la denuncia que había sido presentada por la diputada provincial, María Inés Fagetti, quien había cuestionado algunos puntos del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos elaborado para reglamentar la adhesión a la Ley Nacional, que aprobó el parlamento en mayo del año pasado. En el fallo, el magistrado dio lugar al pedido de desestimación del fiscal, Bue-naventura Duarte, con quien coincidió que no surgen elementos que permitan continuar con el proceso, por inexistencia de delito.
Los puntos cuestionados por la denunciante -presidente de la Comisión de Ecología y Ambiente de la Cámara baja- giraban en torno a la omisión por parte de funcionarios del análisis del decreto por el cual había sido aprobada la adhesión a la ley, y que fuera luego declarado inconstitucional por la Justicia. La observación señala que el ordenamiento efectúa varios fundamentos que refieren al instrumento legal y señala que podrían haberse dictado actos administrativos derivados o fundados en el mismo.
En este punto, el fiscal de la causa señaló que si bien el mencionado decreto fue declarado inconstitucional, esto se debió a la existencia de un vicio formal, por haber sido dictado por una autoridad, y de acuerdo a la Constitución Pro-vincial, las normas en materia de protección ambiental de-ben ser sancionadas por el Poder Legislativo. En pocas palabras, no se anuló el decreto por su contenido, sino por el procedimiento.
Otro de los aspectos cuestionados por Fagetti fue un informe producido por el Instituto de Botánica del Nordeste (Ibone), uno de los organismos que fue convocado para colaborar en el Ordenamiento Territorial. Esta institución señalaba que de su informe se suprimió un párrafo, donde los investigadores proponen considerar algunos sitios como zonas limitadas a la producción.
En cuanto a este cuestionamiento, prestó declaración ante la Justicia el director de Recursos Forestales, Luis María Mestres, quien sostuvo que “nosotros requerimos información técnica a distintas instituciones pertinentes al trabajo, entre ellas el Ibone, que aportó información, lo que no significa que nosotros debemos tomar al pie de la letra lo que pueda opinar el organismo; nosotros tomamos la información que creíamos más conveniente, o sea, la misma Ley prevé que las opiniones no son vinculantes”.
Por su parte, los técnicos del Ibone y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) que aportaron conceptos científicos y técnicos para el ordenamiento territorial, coincidieron que si bien hubo diferencias en las concepciones y los criterios, la autoridad de aplicación de la Ley es la Dirección de Recursos Forestales.
El tercer punto observado por la legisladora justicialista daba cuenta que se habría omitido dar respuesta a los planteos efectuados durante las audiencias públicas que se realizaron en Bella Vista, Curuzú Cuatiá y Santo Tomé, antes de la aprobación del Ordenamiento Territorial. En este caso, Luis Mestres dijo ante el fiscal que “se responderá aquellos planteos que tengan argumentos científicos y técnicos consistentes, y a nuestro criterio, ninguno lo tuvo, por lo tanto no hubo necesidad a responder ninguna de ellas”.
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