Dos miradas sobre la Ley de Glaciares
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Dos miradas sobre la Ley de Glaciares
Fecha de Publicación: 10/08/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
La Ley de Glaciares que está en discusión en el Congreso enfrenta intereses de sectores en apariencia inconciliables. Aquí, dos opiniones que evalúan la protección necesaria tanto para la actividad empresaria como para los recursos naturales.
Para detener la amenaza sobre nuestro ecosistema
Por
Maristella Svampa
SOCIOLOGA E INVESTIGADORA DEL CONICET.
Enrique Viale
PRESIDENTE ASOCIACION ARGENTINA DE ABOGADOS AMBIENTALISTAS
La Ley de Protección de Glaciares, aprobada en general por la Cámara de Diputados, es un paso importante para el resguardo de nuestros recursos hídricos y la defensa del ecosistema de nuestra cordillera, hoy amenazado por el avance de la megaminería metalífera .
Esta ley conoció el veto presidencial en 2008, y debió enfrentar la ofensiva oficialista, de la mano del proyecto del senador Daniel Filmus, más permisivo, tal como pretendía el lobby minero.
Semanas atrás, la norma fue aprobada en general y en particular (sólo hasta el artículo 5°) con un articulado que amplía el carácter protector de la norma vetada. La ausencia del bloque oficialista y la irresponsabilidad de una parte de la oposición, en la sesión del miércoles pasado, no permitió aún que dicha ley obtenga media sanción.
La sanción de esta ley, inspirada en los principios básicos del derecho ambiental, ilustra el avance de las luchas socioambientales de las Asambleas Ciudadanas , así como una saludable apertura de la agenda parlamentaria , gracias al accionar de legisladores conscientes del carácter depredador de este tipo de actividades extractivas.
En toda América latina asistimos a luchas en contra de la megaminería transnacional, en protección del agua como el mayor bien común , protagonizadas por centenares de ciudadanos y comunidades, violentadas en sus derechos y afectadas por este tipo de actividad que consume hasta 100 millones de litros de agua por día (como Bajo La Alumbrera, en Catamarca).
Asimismo, los daños ambientales producidos por este tipo de minería están suficientemente probados ; tan es así que el Parlamento Europeo, en su Resolución del 5 de mayo de 2010, recomendó la prohibición general del uso de las tecnologías mineras a base de cianuro en la Unión Europa.
Pero hay varios hechos que ensombrecen este panorama . Anticipándose a un revés en el Congreso Nacional, las provincias mineras sancionaron, de manera express, leyes provinciales de “protección” de glaciares, que abren las puertas a la explotación minera en zonas protegidas por la ley nacional. Escudados en el artículo 124 de la Constitución Nacional (que provincializa los recursos naturales), pretenden convertir estas normas locales en un escollo jurídico para la aplicación de la ley nacional.
Pero la jugada tiene patas cortas , ya que nuestra Carta Magna limita el dominio provincial sobre los recursos naturales al establecer -en el artículo 41- que es el Congreso Nacional quien instituye los pisos básicos de protección ambiental para todo el país. Así, en caso de que estas leyes provinciales se opongan a los principios y disposiciones contenidas en la futura ley nacional, prevalecerá esta última.
Además, luego de la reciente fotografía de la presidenta Cristina F. de Kirchner, en Canadá, junto a los directivos de la Barrick y los gobernadores pro-mineros oficialistas, el gobierno nacional inició una campaña en favor de la megaminería , como lo muestra un video difundido por la web del Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, que minimiza el daño ambiental.
En suma, no estamos ante un debate menor, ya que los intereses económicos en juego son enormes . La sanción de esta ley nacional, que apunta a la preservación del agua y de nuestros bienes naturales, puede ser un primer paso para poner coto a las corporaciones transnacionales y desenmascarar el simulado discurso federalista de las provincias mineras, así como el falso discurso progresista del gobierno nacional.
No conviene una ley que esté contra la producción
PorManuel Benítez
PRESIDENTE DE LA CAMARA ARGENTINA DE EMPRESARIOS MINEROS (CAEM)
La Ley de Glaciares, que el Congreso trata en estos días, es de vital trascendencia para la sociedad en su conjunto. En especial, es muy importante contar con una norma que asegure la protección de estos cuerpos contemplando el plexo normativo provincial y nacional que ya existe sobre la protección del agua. En este sentido, esta Ley no debe solamente ser la mejor y la que efectivamente asegure la protección de los glaciares, sino que no debe de manera alguna conspirar contra el desarrollo efectivo de provincias cordilleranas. No se puede caer en falsas antinomias entre actividades productivas y cuidado del medio ambiente.
El proyecto de ley en discusión no sólo prohíbe la minería, sino también otras actividades igualmente fundamentales para el desarrollo de muchas regiones argentinas, tales como la construcción de caminos, el aprovechamiento de la energía hidroeléctrica y toda otra actividad industrial o de infraestructura que se plantee en la zona denominada “periglaciar”, de peligrosa amplitud conceptual y definición imprecisa. En síntesis, lo que la Argentina necesita es una Ley de protección de Glaciares y no una norma antiproductiva o antiminera.
Respecto de esta actividad, nuestro país se encuentra frente a una gran oportunidad. Durante el año pasado, se invirtieron en la minería argentina un total de nada menos que 750 millones de dólares, que generaron 8.000 empleos y dieron trabajo a más de 750 pequeñas y medianas empresas que hoy son proveedoras nacionales de la minería local.
El hecho más trascendente fue el tan esperado lanzamiento de Pascua Lama, el primer emprendimiento binacional del mundo entre Argentina y Chile. En materia de producción, el último año se pusieron en marcha cuatro nuevos proyectos de escala internacional: Manantial Espejo en Santa Cruz, Gualcamayo en San Juan, Sierra Grande en Río Negro y Pirquitas en Jujuy.
Un desglose de las inversiones previstas y en curso permite hacer una radiografía de la situación. La compañía australiana Troy Resources está invirtiendo en el proyecto Casposo 115 millones de dólares, que generan otros 3.000 empleos. La australiana Andean Resources confirmó la inversión de 315 millones de dólares para la construcción del proyecto Cerro Negro. Y la empresa brasileña Vale está avanzando en el proyecto Potasio Río Colorado, en Mendoza, con una inversión cercana a 3.000 millones de dólares.
La industria minera nacional es la primera en reconocer el valor de sus trabajadores, cuyos salarios están al tope de la lista de los sectores mejor pagos dentro de la economía local. La tecnología que utiliza la moderna minería metalífera es de última generación, lo que le permite ser absolutamente responsable en materia ambiental. La minería paga todos los impuestos y contribuciones nacionales, provinciales y municipales que corresponden, entre los que se cuentan Ganancias, Rentas provinciales, cargas sociales, entre otros. Y es la única actividad que ya tiene una ley ambiental específica y que cuenta con la mayor cantidad de controles cruzados.
Mirando hacia el futuro, la Argentina tiene metas claras para el sector. En el año 2015 aspira a exportar 7.600 millones de dólares, sumar 10.400 millones de inversión y llegar a 9.800 millones de producción, cuando hace cinco años apenas se alcanzaba algo más de 1.000 millones de dólares.
En resumen, se debe mirar a los países del mundo que forjaron un desarrollo sustentable en los cuales la minería fue y es una columna fundamental de inversión, desarrollo regional, y expansión de fronteras (Canadá, Australia, Chile; EE. UU., Brasil, Perú, etc). Nuestro país, y fundamentalmente la gente, se merece contar con una industria minera sólida y expansiva, generando recursos genuinos y trabajo.
Fecha de Publicación: 10/08/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
La Ley de Glaciares que está en discusión en el Congreso enfrenta intereses de sectores en apariencia inconciliables. Aquí, dos opiniones que evalúan la protección necesaria tanto para la actividad empresaria como para los recursos naturales.
Para detener la amenaza sobre nuestro ecosistema
Por
Maristella Svampa
SOCIOLOGA E INVESTIGADORA DEL CONICET.
Enrique Viale
PRESIDENTE ASOCIACION ARGENTINA DE ABOGADOS AMBIENTALISTAS
La Ley de Protección de Glaciares, aprobada en general por la Cámara de Diputados, es un paso importante para el resguardo de nuestros recursos hídricos y la defensa del ecosistema de nuestra cordillera, hoy amenazado por el avance de la megaminería metalífera .
Esta ley conoció el veto presidencial en 2008, y debió enfrentar la ofensiva oficialista, de la mano del proyecto del senador Daniel Filmus, más permisivo, tal como pretendía el lobby minero.
Semanas atrás, la norma fue aprobada en general y en particular (sólo hasta el artículo 5°) con un articulado que amplía el carácter protector de la norma vetada. La ausencia del bloque oficialista y la irresponsabilidad de una parte de la oposición, en la sesión del miércoles pasado, no permitió aún que dicha ley obtenga media sanción.
La sanción de esta ley, inspirada en los principios básicos del derecho ambiental, ilustra el avance de las luchas socioambientales de las Asambleas Ciudadanas , así como una saludable apertura de la agenda parlamentaria , gracias al accionar de legisladores conscientes del carácter depredador de este tipo de actividades extractivas.
En toda América latina asistimos a luchas en contra de la megaminería transnacional, en protección del agua como el mayor bien común , protagonizadas por centenares de ciudadanos y comunidades, violentadas en sus derechos y afectadas por este tipo de actividad que consume hasta 100 millones de litros de agua por día (como Bajo La Alumbrera, en Catamarca).
Asimismo, los daños ambientales producidos por este tipo de minería están suficientemente probados ; tan es así que el Parlamento Europeo, en su Resolución del 5 de mayo de 2010, recomendó la prohibición general del uso de las tecnologías mineras a base de cianuro en la Unión Europa.
Pero hay varios hechos que ensombrecen este panorama . Anticipándose a un revés en el Congreso Nacional, las provincias mineras sancionaron, de manera express, leyes provinciales de “protección” de glaciares, que abren las puertas a la explotación minera en zonas protegidas por la ley nacional. Escudados en el artículo 124 de la Constitución Nacional (que provincializa los recursos naturales), pretenden convertir estas normas locales en un escollo jurídico para la aplicación de la ley nacional.
Pero la jugada tiene patas cortas , ya que nuestra Carta Magna limita el dominio provincial sobre los recursos naturales al establecer -en el artículo 41- que es el Congreso Nacional quien instituye los pisos básicos de protección ambiental para todo el país. Así, en caso de que estas leyes provinciales se opongan a los principios y disposiciones contenidas en la futura ley nacional, prevalecerá esta última.
Además, luego de la reciente fotografía de la presidenta Cristina F. de Kirchner, en Canadá, junto a los directivos de la Barrick y los gobernadores pro-mineros oficialistas, el gobierno nacional inició una campaña en favor de la megaminería , como lo muestra un video difundido por la web del Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, que minimiza el daño ambiental.
En suma, no estamos ante un debate menor, ya que los intereses económicos en juego son enormes . La sanción de esta ley nacional, que apunta a la preservación del agua y de nuestros bienes naturales, puede ser un primer paso para poner coto a las corporaciones transnacionales y desenmascarar el simulado discurso federalista de las provincias mineras, así como el falso discurso progresista del gobierno nacional.
No conviene una ley que esté contra la producción
PorManuel Benítez
PRESIDENTE DE LA CAMARA ARGENTINA DE EMPRESARIOS MINEROS (CAEM)
La Ley de Glaciares, que el Congreso trata en estos días, es de vital trascendencia para la sociedad en su conjunto. En especial, es muy importante contar con una norma que asegure la protección de estos cuerpos contemplando el plexo normativo provincial y nacional que ya existe sobre la protección del agua. En este sentido, esta Ley no debe solamente ser la mejor y la que efectivamente asegure la protección de los glaciares, sino que no debe de manera alguna conspirar contra el desarrollo efectivo de provincias cordilleranas. No se puede caer en falsas antinomias entre actividades productivas y cuidado del medio ambiente.
El proyecto de ley en discusión no sólo prohíbe la minería, sino también otras actividades igualmente fundamentales para el desarrollo de muchas regiones argentinas, tales como la construcción de caminos, el aprovechamiento de la energía hidroeléctrica y toda otra actividad industrial o de infraestructura que se plantee en la zona denominada “periglaciar”, de peligrosa amplitud conceptual y definición imprecisa. En síntesis, lo que la Argentina necesita es una Ley de protección de Glaciares y no una norma antiproductiva o antiminera.
Respecto de esta actividad, nuestro país se encuentra frente a una gran oportunidad. Durante el año pasado, se invirtieron en la minería argentina un total de nada menos que 750 millones de dólares, que generaron 8.000 empleos y dieron trabajo a más de 750 pequeñas y medianas empresas que hoy son proveedoras nacionales de la minería local.
El hecho más trascendente fue el tan esperado lanzamiento de Pascua Lama, el primer emprendimiento binacional del mundo entre Argentina y Chile. En materia de producción, el último año se pusieron en marcha cuatro nuevos proyectos de escala internacional: Manantial Espejo en Santa Cruz, Gualcamayo en San Juan, Sierra Grande en Río Negro y Pirquitas en Jujuy.
Un desglose de las inversiones previstas y en curso permite hacer una radiografía de la situación. La compañía australiana Troy Resources está invirtiendo en el proyecto Casposo 115 millones de dólares, que generan otros 3.000 empleos. La australiana Andean Resources confirmó la inversión de 315 millones de dólares para la construcción del proyecto Cerro Negro. Y la empresa brasileña Vale está avanzando en el proyecto Potasio Río Colorado, en Mendoza, con una inversión cercana a 3.000 millones de dólares.
La industria minera nacional es la primera en reconocer el valor de sus trabajadores, cuyos salarios están al tope de la lista de los sectores mejor pagos dentro de la economía local. La tecnología que utiliza la moderna minería metalífera es de última generación, lo que le permite ser absolutamente responsable en materia ambiental. La minería paga todos los impuestos y contribuciones nacionales, provinciales y municipales que corresponden, entre los que se cuentan Ganancias, Rentas provinciales, cargas sociales, entre otros. Y es la única actividad que ya tiene una ley ambiental específica y que cuenta con la mayor cantidad de controles cruzados.
Mirando hacia el futuro, la Argentina tiene metas claras para el sector. En el año 2015 aspira a exportar 7.600 millones de dólares, sumar 10.400 millones de inversión y llegar a 9.800 millones de producción, cuando hace cinco años apenas se alcanzaba algo más de 1.000 millones de dólares.
En resumen, se debe mirar a los países del mundo que forjaron un desarrollo sustentable en los cuales la minería fue y es una columna fundamental de inversión, desarrollo regional, y expansión de fronteras (Canadá, Australia, Chile; EE. UU., Brasil, Perú, etc). Nuestro país, y fundamentalmente la gente, se merece contar con una industria minera sólida y expansiva, generando recursos genuinos y trabajo.
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Minería: Una piedra en el zapato
Una piedra en el zapato
Fecha de Publicación: 09/08/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Por Tomás Lukin
Economista del Centro Cultural de la Cooperación
La estructura impositiva del sector minero, que resultó privilegiado en la década del ’90, está pasando relativamente inadvertida en la discusión parlamentaria del proyecto que busca preservar los glaciares y sus zonas lindantes.
La imponencia del glaciar Perito Moreno como símbolo icónico de la geografía argentina y de la belleza de la Patagonia sirvió para lograr en la ciudadanía un apoyo a la ley que se discute en el Congreso. En los debates de TV se habla con soltura del permafrost o el ambiente periglacial y nos enteramos, acusaciones mediáticas mediante, que algunos de nuestros representantes son “empleados” de la Barrick Corporation. Lástima que suceda ahora y no cuando las corporaciones tuvieron la absoluta libertad de escribir el borrador del actual Código Minero en la tranquilidad de sus oficinas en Denver y Toronto, Canadá.
Es de celebrar que finalmente se discuta cómo preservar los glaciares de la devastación ambiental que genera la moderna megaminería química a cielo abierto. No solamente los glaciares deben ser preservados, sino también los acuíferos y napas freáticas. Sin embargo, el Parlamento va muy por detrás de los hechos, amén de que la legislación ambiental es dura en el papel e inefectiva en el terreno.
La renuncia a fines de junio del primer ministro de Australia, Kevin Rudd, está estrechamente ligada a su enfrentamiento personal al poderoso lobby minero y su plan de gobierno para la reforma impositiva de las industrias extractivas. El plan intentó reemplazar el cobro de regalías, que es la forma histórica en que se grava la minería desde la época de los pioneros y los buscadores de oro y que se mantiene así desde el siglo XIX, hacia un gravamen sobre las ganancias y las ganancias extraordinarias. David Parker, quien lleva adelante las conversaciones con la industria minera en representación del Estado, remarca que “las naciones ricas en recursos naturales están reemplazando los sistemas de regalías por los de gravamen a la renta minera”.
Según el gabinete del primer ministro, “es una discusión sobre el gravamen a las ganancias extraordinarias de un sector que ya lleva un boom de dos décadas, destinado a financiar la reducción de impuestos a pymes, capitalizar el sistema de jubilación y pensiones y financiar proyectos de infraestructura que extiendan al resto de los australianos los beneficios obtenidos de la riqueza del subsuelo que es propiedad de la nación”. Debate intenso, ya que el gravamen en cuestión impondría a las empresas mineras un impuesto del 40 por ciento.
En una analogía a la reacción que sucedió, a la Resolución 125 en Argentina, un grupo de 20 renombrados intelectuales y economistas australianos respaldó en una carta abierta la decisión del gobierno de Rudd de cobrar impuestos a las mineras en sustitución de las regalías; la base sobre la que parte la discusión es sobre el impuesto a las “super ganancias” y lo que en inglés se denomina (windfall profit tax), que grava a sectores específicos cuando los costos se mantienen pero el precio en el mercado internacional se dispara. En la carta, el grupo aclara que la minería es un sector único, ya que usa recursos naturales que son de todos los ciudadanos, motivo por el cual los beneficios también deben alcanzar a la sociedad toda.
La sucesora del saliente primer ministro, Julia Gillard, en su primera semana como jefa de Estado, dijo: “Tenemos derecho a recibir una porción justa de nuestra herencia; la riqueza mineral que yace bajo nuestros pies”, y agregó que cobrar un impuesto tan elevado “les dará a los australianos una mejor retribución sobre los recursos de los que todos los australianos somos dueños; y que pueden extraerse sólo una vez”. A fines de mayo el CEO de la gigante minera Rio Tinto, Tom Albanese, se mostró preocupado porque algunos países puedan seguir el ejemplo australiano, presionando a través de los medios y a la opinión pública por la derogación del plan. Se recurrió a argumentos tan trillados que seguramente los vamos a ver pronto por estas pampas no bien se intente cambiar algo del abusivo Código Minero actual: que se van a ir las inversiones, que no hay seguridad jurídica o que se perderán puestos de trabajo.
Tanto se ha escrito sobre por qué Argentina no fue Australia o cómo empezamos mejor que Canadá como nación para quedar rezagados lejos de ese “primer mundo”; y hoy tenemos que tanto Australia y Canadá como la Unión Europea nos indican los caminos. En primer lugar, se debe dar el verdadero debate sobre si se quiere o no un desarrollo basado en la megaminería, que es la forma en que se explota hoy en día los recursos minerales de baja ley. El Parlamento europeo dio hace unas semanas una clara indicación, a la Comisión Europea para que impulse la “prohibición completa” del uso de las tecnologías mineras a base de cianuro en toda la Unión Europea antes de fines de 2011. En tanto, Australia piensa gravar el sector en más de 75.000 millones de dólares en esta década para el financiamiento de la infraestructura del país y Canadá recibe más de 50.000 millones por las operaciones de sus empresas en el extranjero. Mientras, el Estado argentino con suerte salvará los glaciares, cobrará un exiguo 3 por ciento de regalía en boca de mina y de los pasivos ambientales futuros, bien, gracias.
Fecha de Publicación: 09/08/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Por Tomás Lukin
Economista del Centro Cultural de la Cooperación
La estructura impositiva del sector minero, que resultó privilegiado en la década del ’90, está pasando relativamente inadvertida en la discusión parlamentaria del proyecto que busca preservar los glaciares y sus zonas lindantes.
La imponencia del glaciar Perito Moreno como símbolo icónico de la geografía argentina y de la belleza de la Patagonia sirvió para lograr en la ciudadanía un apoyo a la ley que se discute en el Congreso. En los debates de TV se habla con soltura del permafrost o el ambiente periglacial y nos enteramos, acusaciones mediáticas mediante, que algunos de nuestros representantes son “empleados” de la Barrick Corporation. Lástima que suceda ahora y no cuando las corporaciones tuvieron la absoluta libertad de escribir el borrador del actual Código Minero en la tranquilidad de sus oficinas en Denver y Toronto, Canadá.
Es de celebrar que finalmente se discuta cómo preservar los glaciares de la devastación ambiental que genera la moderna megaminería química a cielo abierto. No solamente los glaciares deben ser preservados, sino también los acuíferos y napas freáticas. Sin embargo, el Parlamento va muy por detrás de los hechos, amén de que la legislación ambiental es dura en el papel e inefectiva en el terreno.
La renuncia a fines de junio del primer ministro de Australia, Kevin Rudd, está estrechamente ligada a su enfrentamiento personal al poderoso lobby minero y su plan de gobierno para la reforma impositiva de las industrias extractivas. El plan intentó reemplazar el cobro de regalías, que es la forma histórica en que se grava la minería desde la época de los pioneros y los buscadores de oro y que se mantiene así desde el siglo XIX, hacia un gravamen sobre las ganancias y las ganancias extraordinarias. David Parker, quien lleva adelante las conversaciones con la industria minera en representación del Estado, remarca que “las naciones ricas en recursos naturales están reemplazando los sistemas de regalías por los de gravamen a la renta minera”.
Según el gabinete del primer ministro, “es una discusión sobre el gravamen a las ganancias extraordinarias de un sector que ya lleva un boom de dos décadas, destinado a financiar la reducción de impuestos a pymes, capitalizar el sistema de jubilación y pensiones y financiar proyectos de infraestructura que extiendan al resto de los australianos los beneficios obtenidos de la riqueza del subsuelo que es propiedad de la nación”. Debate intenso, ya que el gravamen en cuestión impondría a las empresas mineras un impuesto del 40 por ciento.
En una analogía a la reacción que sucedió, a la Resolución 125 en Argentina, un grupo de 20 renombrados intelectuales y economistas australianos respaldó en una carta abierta la decisión del gobierno de Rudd de cobrar impuestos a las mineras en sustitución de las regalías; la base sobre la que parte la discusión es sobre el impuesto a las “super ganancias” y lo que en inglés se denomina (windfall profit tax), que grava a sectores específicos cuando los costos se mantienen pero el precio en el mercado internacional se dispara. En la carta, el grupo aclara que la minería es un sector único, ya que usa recursos naturales que son de todos los ciudadanos, motivo por el cual los beneficios también deben alcanzar a la sociedad toda.
La sucesora del saliente primer ministro, Julia Gillard, en su primera semana como jefa de Estado, dijo: “Tenemos derecho a recibir una porción justa de nuestra herencia; la riqueza mineral que yace bajo nuestros pies”, y agregó que cobrar un impuesto tan elevado “les dará a los australianos una mejor retribución sobre los recursos de los que todos los australianos somos dueños; y que pueden extraerse sólo una vez”. A fines de mayo el CEO de la gigante minera Rio Tinto, Tom Albanese, se mostró preocupado porque algunos países puedan seguir el ejemplo australiano, presionando a través de los medios y a la opinión pública por la derogación del plan. Se recurrió a argumentos tan trillados que seguramente los vamos a ver pronto por estas pampas no bien se intente cambiar algo del abusivo Código Minero actual: que se van a ir las inversiones, que no hay seguridad jurídica o que se perderán puestos de trabajo.
Tanto se ha escrito sobre por qué Argentina no fue Australia o cómo empezamos mejor que Canadá como nación para quedar rezagados lejos de ese “primer mundo”; y hoy tenemos que tanto Australia y Canadá como la Unión Europea nos indican los caminos. En primer lugar, se debe dar el verdadero debate sobre si se quiere o no un desarrollo basado en la megaminería, que es la forma en que se explota hoy en día los recursos minerales de baja ley. El Parlamento europeo dio hace unas semanas una clara indicación, a la Comisión Europea para que impulse la “prohibición completa” del uso de las tecnologías mineras a base de cianuro en toda la Unión Europea antes de fines de 2011. En tanto, Australia piensa gravar el sector en más de 75.000 millones de dólares en esta década para el financiamiento de la infraestructura del país y Canadá recibe más de 50.000 millones por las operaciones de sus empresas en el extranjero. Mientras, el Estado argentino con suerte salvará los glaciares, cobrará un exiguo 3 por ciento de regalía en boca de mina y de los pasivos ambientales futuros, bien, gracias.
Se perdió un tercio de las reservas de energía
Energía: En 10 años, se perdió un tercio de las reservas de petróleo y gas
Fecha de Publicación: 08/08/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Es producto de la caída de inversiones. Que se suma al incremento de la demanda y a los subsidios sin control. El país consumió sin reponer combustibles por 150.000 millones de dólares. Es una crisis que heredará el próximo Gobierno.
El Distrito Federal de México tiene una curiosa característica. A simple vista, presenta un aspecto sólido y atractivo. Pero a medida que se va conociendo su historia queda al descubierto que su suelo se va hundiendo unos 40 centímetros por año.
Al igual que la capital azteca, el sistema energético argentino también enfrenta un serio problema estructural que va carcomiendo las reservas de hidrocarburos y de generación eléctrica.
Incremento del consumo interno, inversiones insuficientes, tarifas semicongeladas, subsidios sin control, contratos pendientes de renegociación, incumplimiento de normas regulatorias y falta de planificación oficial conforman el crítico panorama que viene afrontando el sector energético desde 2003 hasta ahora.
Más allá del discurso oficial que se empeña en negar los problemas, la realidad demuestra que la caída de las reservas energéticas no cesa y va camino a convertirse en una bomba de tiempo para el próximo gobierno.
De acuerdo con el último informe del Instituto Argentino de la Energía (IAE) “General Mosconi”, las reservas comprobadas de hidrocarburos (que abarcan petróleo y gas) registraro n en 2009 una caída interanual del 2,8% y totalizaron 665 millones de Tep (toneladas equivalentes de petróleo).
En el año 2000, las reservas totales eran de 1.070 millones de Tep, con lo cual ahora el país tiene un 38% menos de hidrocarburos disponibles que hace una década .
En el caso específico del gas natural, el trabajo del IAE puso sobre el tapete el siguiente panorama: Las reservas de gas llegaron en 2009 a 378.862 miles de millones (MM) de metros cúbicos, con una baja interanual del 4,9%.
Comparada con la situación de hace 10 años, las reservas actuales son poco menos de la mitad de los 777.609 MM de metros cúbicos que se registraron en el 2000, el año en que se alcanzó el máximo histórico de las reservas gasíferas del país.
Medido en años, el horizonte de reservas de gas natural bajó drásticamente de los 17,2 que había a principios del nuevo siglo a sólo 7,8 años en 2009.
Durante la última década, se verificó una marcada reducción de las reservas comprobadas que se encuentran en las principales cuencas gasíferas (Noroeste, Cuyana, Neuquina, Austral y Golfo San Jorge) que aportan el 80% de la producción total. Entre 2005 y 2009, la caída total de las reservas en esas cuencas fue del 14%.
La declinación de las reservas se ve agravada por el incremento del consumo interno . Salvo la leve caída registrada en 2009 por el impacto de la crisis económica, la demanda doméstica de gas no se detiene y hace más evidente el problema de las reservas y la falta de resultados del programa “Gas Plus” que instrumentó el Gobierno con el fin de elevar la producción y el horizonte de reservas.
Por el lado del s ector petrolero , la situación es la siguiente: Las reservas comprobadas de petróleo en 2009 se situaron en 398.213 millones de metros cúbicos, un 0,6 % menos que el nivel registrado en 2008.
Las reservas actuales muestran una caída de casi 16% respecto a las que había en el año 2000.
Tras haber tenido un horizonte de reserva de casi 20 años en la década del 90, en el período 2000-2009 ese parámetro se redujo a un promedio de 10 años .
En los últimos años, el nivel de reservas se mantuvo relativamente estable debido a la caída que se registró en el nivel de producción que pasó de 43.243 millones de metros cúbicos en el 2.000 a 36.163 millones de metros cúbicos en 2009.
La caída de las reservas se explica básicamente por la falta de inversión en exploración y explotación. En la década del 80, se habían incorporado unos 1.026 nuevos pozos de exploración. Entre 1990 y 1999, la cantidad de pozos terminados llegó a 989. Y en los últimos diez años, sólo se activaron un total de 484 pozos exploratorios.
En materia de energía eléctrica, la caída de las reservas se aprecia en la cantidad de MW excedentes que tiene el sector para poder cubrir los picos de mayor demanda. Técnicamente se considera que el sistema eléctrico debe tener un nivel de reserva equivalente al 10% la demanda nacional.
En el 2001, el nivel de reserva era del 15%, ya que el consumo máximo de energía de ese año había alcanzado al 85% de la capacidad instalada del parque de generación.
Cuatro años después, en 2005, la demanda pico trepó al 92% y dejó al sistema con una reserva disponible d e sólo un 8%.
A partir de 2007, la demanda máxima se ubicó en torno del 100% de la capacidad instalada de generación. Desde entonces, el sistema ha comenzado a operar al límite técnico y sin márgenes de reservas e n los períodos de mayor consumo. Ante esa situación, el Gobierno ha tenido que recurrir a la importación de entre 1.000 y 1.500 MW diarios de Brasil para poder reforzar la generación en los días más críticos.
La reducción de las reservas eléctricas responde, básicamente, a dos causas relevantes . En primer lugar, una insuficiente inversión en nuevas usinas: desde 2003 la demanda acumuló un crecimiento del 40% que no fue acompañado por la capacidad de generación que sólo se elevó un 18,2%. Y en segundo lugar, aparece el i ncremento de la indisponibilidad de las máquinas térmicas por la falta de mantenimiento y pérdida de eficiencia por el uso de fuel oil y gasoil en lugar de gas natural.
Según el ex secretario de Energía, Alieto Guadagni la “descapitalización energética” registrada durante las administraciones kirchneristas por la pérdida de reservas y las inversiones mínimas que no se realizaron asciende a un total de US$ 146.000 millones.
En el caso del gas, las reservas que se gastaron y no se repusieron equivalen a unos 313.000 MM de metros cúbicos que a los precios actuales significan US$ 82.000 millones.
En el sector petrolero, los números indican que las reservas consumidas llegan a 100.000 millones de metros cúbicos y representan otros US$ 50.000 millones . Y en generación eléctrica, el déficit de los MW que no se incorporaron para sostener la suba del consumo dejó un bache de US$ 14.000 millones.
“El monto total en juego por la descapitalización energética equivale casi al 42% del PBI y todo indica que será uno de los principales desafíos de inversión que tendrá que resolver el próximo gobierno”, advirtió Guadagni.
Fecha de Publicación: 08/08/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Es producto de la caída de inversiones. Que se suma al incremento de la demanda y a los subsidios sin control. El país consumió sin reponer combustibles por 150.000 millones de dólares. Es una crisis que heredará el próximo Gobierno.
El Distrito Federal de México tiene una curiosa característica. A simple vista, presenta un aspecto sólido y atractivo. Pero a medida que se va conociendo su historia queda al descubierto que su suelo se va hundiendo unos 40 centímetros por año.
Al igual que la capital azteca, el sistema energético argentino también enfrenta un serio problema estructural que va carcomiendo las reservas de hidrocarburos y de generación eléctrica.
Incremento del consumo interno, inversiones insuficientes, tarifas semicongeladas, subsidios sin control, contratos pendientes de renegociación, incumplimiento de normas regulatorias y falta de planificación oficial conforman el crítico panorama que viene afrontando el sector energético desde 2003 hasta ahora.
Más allá del discurso oficial que se empeña en negar los problemas, la realidad demuestra que la caída de las reservas energéticas no cesa y va camino a convertirse en una bomba de tiempo para el próximo gobierno.
De acuerdo con el último informe del Instituto Argentino de la Energía (IAE) “General Mosconi”, las reservas comprobadas de hidrocarburos (que abarcan petróleo y gas) registraro n en 2009 una caída interanual del 2,8% y totalizaron 665 millones de Tep (toneladas equivalentes de petróleo).
En el año 2000, las reservas totales eran de 1.070 millones de Tep, con lo cual ahora el país tiene un 38% menos de hidrocarburos disponibles que hace una década .
En el caso específico del gas natural, el trabajo del IAE puso sobre el tapete el siguiente panorama: Las reservas de gas llegaron en 2009 a 378.862 miles de millones (MM) de metros cúbicos, con una baja interanual del 4,9%.
Comparada con la situación de hace 10 años, las reservas actuales son poco menos de la mitad de los 777.609 MM de metros cúbicos que se registraron en el 2000, el año en que se alcanzó el máximo histórico de las reservas gasíferas del país.
Medido en años, el horizonte de reservas de gas natural bajó drásticamente de los 17,2 que había a principios del nuevo siglo a sólo 7,8 años en 2009.
Durante la última década, se verificó una marcada reducción de las reservas comprobadas que se encuentran en las principales cuencas gasíferas (Noroeste, Cuyana, Neuquina, Austral y Golfo San Jorge) que aportan el 80% de la producción total. Entre 2005 y 2009, la caída total de las reservas en esas cuencas fue del 14%.
La declinación de las reservas se ve agravada por el incremento del consumo interno . Salvo la leve caída registrada en 2009 por el impacto de la crisis económica, la demanda doméstica de gas no se detiene y hace más evidente el problema de las reservas y la falta de resultados del programa “Gas Plus” que instrumentó el Gobierno con el fin de elevar la producción y el horizonte de reservas.
Por el lado del s ector petrolero , la situación es la siguiente: Las reservas comprobadas de petróleo en 2009 se situaron en 398.213 millones de metros cúbicos, un 0,6 % menos que el nivel registrado en 2008.
Las reservas actuales muestran una caída de casi 16% respecto a las que había en el año 2000.
Tras haber tenido un horizonte de reserva de casi 20 años en la década del 90, en el período 2000-2009 ese parámetro se redujo a un promedio de 10 años .
En los últimos años, el nivel de reservas se mantuvo relativamente estable debido a la caída que se registró en el nivel de producción que pasó de 43.243 millones de metros cúbicos en el 2.000 a 36.163 millones de metros cúbicos en 2009.
La caída de las reservas se explica básicamente por la falta de inversión en exploración y explotación. En la década del 80, se habían incorporado unos 1.026 nuevos pozos de exploración. Entre 1990 y 1999, la cantidad de pozos terminados llegó a 989. Y en los últimos diez años, sólo se activaron un total de 484 pozos exploratorios.
En materia de energía eléctrica, la caída de las reservas se aprecia en la cantidad de MW excedentes que tiene el sector para poder cubrir los picos de mayor demanda. Técnicamente se considera que el sistema eléctrico debe tener un nivel de reserva equivalente al 10% la demanda nacional.
En el 2001, el nivel de reserva era del 15%, ya que el consumo máximo de energía de ese año había alcanzado al 85% de la capacidad instalada del parque de generación.
Cuatro años después, en 2005, la demanda pico trepó al 92% y dejó al sistema con una reserva disponible d e sólo un 8%.
A partir de 2007, la demanda máxima se ubicó en torno del 100% de la capacidad instalada de generación. Desde entonces, el sistema ha comenzado a operar al límite técnico y sin márgenes de reservas e n los períodos de mayor consumo. Ante esa situación, el Gobierno ha tenido que recurrir a la importación de entre 1.000 y 1.500 MW diarios de Brasil para poder reforzar la generación en los días más críticos.
La reducción de las reservas eléctricas responde, básicamente, a dos causas relevantes . En primer lugar, una insuficiente inversión en nuevas usinas: desde 2003 la demanda acumuló un crecimiento del 40% que no fue acompañado por la capacidad de generación que sólo se elevó un 18,2%. Y en segundo lugar, aparece el i ncremento de la indisponibilidad de las máquinas térmicas por la falta de mantenimiento y pérdida de eficiencia por el uso de fuel oil y gasoil en lugar de gas natural.
Según el ex secretario de Energía, Alieto Guadagni la “descapitalización energética” registrada durante las administraciones kirchneristas por la pérdida de reservas y las inversiones mínimas que no se realizaron asciende a un total de US$ 146.000 millones.
En el caso del gas, las reservas que se gastaron y no se repusieron equivalen a unos 313.000 MM de metros cúbicos que a los precios actuales significan US$ 82.000 millones.
En el sector petrolero, los números indican que las reservas consumidas llegan a 100.000 millones de metros cúbicos y representan otros US$ 50.000 millones . Y en generación eléctrica, el déficit de los MW que no se incorporaron para sostener la suba del consumo dejó un bache de US$ 14.000 millones.
“El monto total en juego por la descapitalización energética equivale casi al 42% del PBI y todo indica que será uno de los principales desafíos de inversión que tendrá que resolver el próximo gobierno”, advirtió Guadagni.
Llegaron a un acuerdo por Botnia
Argentina y Uruguay llegaron a un acuerdo por Botnia y ya no hay más conflicto
Fecha de Publicación: 08/08/2010
Fuente: InfoBae
Así lo señaló el canciller Héctor Timerman. "Es un muy buen acuerdo, un gran éxito y se sabe que solucionar problemas vende mucho menos que el conflicto", afirmó el funcionario
El canciller Héctor Timerman dijo que será "la ciencia" la "jueza" de lo que suceda en el medio ambiente del río Uruguay, compartido la Argentina y el vecino país.
En declaraciones al canal 7, el ministro señaló que el río Uruguay "será la primera frontera internacional con control ambiental", lo que significa, a su criterio, "un ejemplo".
Respecto de algunas discrepancias con el acuerdo mostradas por los asambleistas de Gualeguaychú, Timerman comentó que el objetivo del acuerdo fue que "estuvieran contentos argentinos y uruguayos".
Al respecto, pidió "terminar con los falsos nacionalismos" y opinó que "la protesta" que llevaron adelante los ambientalistas entrerrianos debe "tener un límite".
El canciller sostuvo que, con el consenso alcanzado entre la presidente Cristina Kirchner y su par uruguayo José "Pepe" Mujica "finaliza el conflicto con Uruguay".
"El monitoreo medioambiental conjunto de ambas orillas incluye ingresar a todas las plantas que están sobre el río Uruguay, empezando por Botnia", aseveró el canciller en declaraciones radiales.
Fecha de Publicación: 08/08/2010
Fuente: InfoBae
Así lo señaló el canciller Héctor Timerman. "Es un muy buen acuerdo, un gran éxito y se sabe que solucionar problemas vende mucho menos que el conflicto", afirmó el funcionario
El canciller Héctor Timerman dijo que será "la ciencia" la "jueza" de lo que suceda en el medio ambiente del río Uruguay, compartido la Argentina y el vecino país.
En declaraciones al canal 7, el ministro señaló que el río Uruguay "será la primera frontera internacional con control ambiental", lo que significa, a su criterio, "un ejemplo".
Respecto de algunas discrepancias con el acuerdo mostradas por los asambleistas de Gualeguaychú, Timerman comentó que el objetivo del acuerdo fue que "estuvieran contentos argentinos y uruguayos".
Al respecto, pidió "terminar con los falsos nacionalismos" y opinó que "la protesta" que llevaron adelante los ambientalistas entrerrianos debe "tener un límite".
El canciller sostuvo que, con el consenso alcanzado entre la presidente Cristina Kirchner y su par uruguayo José "Pepe" Mujica "finaliza el conflicto con Uruguay".
"El monitoreo medioambiental conjunto de ambas orillas incluye ingresar a todas las plantas que están sobre el río Uruguay, empezando por Botnia", aseveró el canciller en declaraciones radiales.
Controles de los desmontes en San Luis
Intensificaron los controles de los desmontes en San Luis
Fecha de Publicación: 07/08/2010
Fuente: El Mensajero
Provincia/Región: San Luis
La provincia trabaja en controlar los desmontes ilegales dentro del territorio utilizando tecnología satelital.
El Ministerio de Medio Ambiente intensificó el control de los desmontes ilegales en el territorio provincial mediante la comparativa de imágenes satelitales provistas por la Comisión Nacional de Asuntos Espaciales (CONAE), por ello no requerirá la presencia de inspectores para llevar a cabo la fiscalización de actividades forestales no autorizadas.
Esta nueva metodología facilita y transparenta la tarea de detección de desmontes de los bosques nativos.
La misma consiste en realizar un trabajo de teledetección por personal técnico del Ministerio, en el que se comparan imágenes satelitales Landsat 5 TM. A través de estas comparativas se pueden identificar los inmuebles rurales que hayan realizados trabajos de desmontes en época de veda forestal.
En caso que ante una multa se niegue la existencia del desmonte, ingenieros forestales y ambientales del Ministerio, podrán hacerse presentes en el campo que este negando el hecho, antes de dejar firme la multa. En caso que la multa quede firme, los costos por movilizarse al lugar, serán sumados a la multa original.
A través de esta metodología se transparenta la gestión de fiscalización y control que lleva adelante el Ministerio de acuerdo a la Ley de Bosques Nativos, dando paso al acceso de la tecnología de avanzada.
Cien años en crecer, cinco minutos en caer
Los bosques, son ecosistemas muy complejos, en los que se asocian distintas especies de flora y fauna con otros componentes como suelo, subsuelo, agua; los cuales brindan diversos servicios ambientales a toda la comunidad.
La ley provincial de bosques nativos, cuyo objetivo principal es la conservación de los mismos y evitar la deforestación descontrolada, prevé la posibilidad de desmontar solo en la categoría verde (Mapa anexo de la Resolución Nº 123-2010) del Programa Recursos Naturales, debiendo presentarse a tal fin un plan de cambio de uso del suelo al MMA. El plan, cuyos requisitos de presentación se establecen en la Resolución mencionada, será evaluado por el equipo técnico del Ministerio; y una vez aprobado, el solicitante podrá ejecutarlo.
Es importante destacar, que los desmontes ejecutados y que no estén autorizados por la autoridad competente, se le aplicarán multas que pueden ascender hasta los 2,5 millones de pesos.
Fecha de Publicación: 07/08/2010
Fuente: El Mensajero
Provincia/Región: San Luis
La provincia trabaja en controlar los desmontes ilegales dentro del territorio utilizando tecnología satelital.
El Ministerio de Medio Ambiente intensificó el control de los desmontes ilegales en el territorio provincial mediante la comparativa de imágenes satelitales provistas por la Comisión Nacional de Asuntos Espaciales (CONAE), por ello no requerirá la presencia de inspectores para llevar a cabo la fiscalización de actividades forestales no autorizadas.
Esta nueva metodología facilita y transparenta la tarea de detección de desmontes de los bosques nativos.
La misma consiste en realizar un trabajo de teledetección por personal técnico del Ministerio, en el que se comparan imágenes satelitales Landsat 5 TM. A través de estas comparativas se pueden identificar los inmuebles rurales que hayan realizados trabajos de desmontes en época de veda forestal.
En caso que ante una multa se niegue la existencia del desmonte, ingenieros forestales y ambientales del Ministerio, podrán hacerse presentes en el campo que este negando el hecho, antes de dejar firme la multa. En caso que la multa quede firme, los costos por movilizarse al lugar, serán sumados a la multa original.
A través de esta metodología se transparenta la gestión de fiscalización y control que lleva adelante el Ministerio de acuerdo a la Ley de Bosques Nativos, dando paso al acceso de la tecnología de avanzada.
Cien años en crecer, cinco minutos en caer
Los bosques, son ecosistemas muy complejos, en los que se asocian distintas especies de flora y fauna con otros componentes como suelo, subsuelo, agua; los cuales brindan diversos servicios ambientales a toda la comunidad.
La ley provincial de bosques nativos, cuyo objetivo principal es la conservación de los mismos y evitar la deforestación descontrolada, prevé la posibilidad de desmontar solo en la categoría verde (Mapa anexo de la Resolución Nº 123-2010) del Programa Recursos Naturales, debiendo presentarse a tal fin un plan de cambio de uso del suelo al MMA. El plan, cuyos requisitos de presentación se establecen en la Resolución mencionada, será evaluado por el equipo técnico del Ministerio; y una vez aprobado, el solicitante podrá ejecutarlo.
Es importante destacar, que los desmontes ejecutados y que no estén autorizados por la autoridad competente, se le aplicarán multas que pueden ascender hasta los 2,5 millones de pesos.
Bosques de Córdobas desamparados por la Ley
El ordenamiento de bosques nativos votado por la legislatura cordobesa viola la ley nacional de bosques
Fecha de Publicación: 06/08/2010
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Córdoba
La organización ambientalista Greenpeace criticó duramente la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos aprobada anoche en la legislatura cordobesa y remarcó que ante la situación de emergencia forestal que se registra en la provincia constituye una enorme irresponsabilidad.
Greenpeace denunció que la norma aprobada viola la Ley nacional 26.331 y pone en peligro los últimos bosques nativos que le quedan a la provincia.
Los ambientalistas señalaron al gobernador Juan Schiaretti y a los legisladores que apoyaron los cambios en el proyecto original elaborado por la Comisión de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (COTBN) como los responsables del atropello a la Ley nacional de Bosques Nativos y de privilegiar intereses de sectores económicos por encima del bienestar de la población en general.
“El proyecto aprobado por la legislatura cordobesa viola directamente la Ley nacional de Bosques Nativos, incluye en el área roja, destinada a la conservación, la posibilidad de realizar actividades productivas, lo cual está claramente prohibido por la ley nacional 26.331. Por otro lado, se reduce la superficie a proteger, ya que se modifica la definición de bosque nativo para poder destruir prácticamente todo lo que las topadoras o el fuego intencional tenga a su paso”, señaló M. Eugenia Testa, Directora política de Greenpeace.
La ley aprobada reduce a menos de la mitad las zonas a proteger, en comparación con el proyecto elaborado y presentado por la COTBN, e incluye la posibilidad de realizar actividades que impactan en el medioambiente dentro de las zonas de mayor protección según la ley nacional. Por otro lado, desestima la participación de la sociedad en los procesos de control ya que anula la creación del Cuerpo Voluntario de Guardianes de Bosques Nativos y no obliga a la Autoridad de Aplicación a convocar a Audiencia Pública en caso de solicitud de desmonte.
Greenpeace apoya al proyecto realizado y presentado por la COTBN para dar cumplimiento a la Ley 26.331 de protección de Bosques Nativos, en la que se establece que el proceso de ordenamiento territorial de las zonas boscosas debe realizarse a partir de la evaluación de diez criterios ambientales, económicos y sociales, y que el mismo debe ser participativo. Para cumplir con esto, la COTBN ha realizado un análisis pormenorizado de los criterios y ha garantizado la participación mediante talleres regionales y una audiencia pública con casi mil asistentes.
“El Ordenamiento Territorial que aprobó la legislatura cordobesa no solo desconoce lo establecido por la Ley de Presupuestos Mínimos, sino que además hace oídos sordos a los reclamos y propuestas de los ciudadanos cordobeses que participaron activamente durante dos años de una comisión participativa, tal como lo establece la ley”, agregó Testa.
Córdoba posee una superficie total de 16 millones de hectáreas, de las cuales el 70 por ciento (12 millones de hectáreas) eran de bosque nativo, mientras que en la actualidad sólo queda el 5 por ciento de la superficie original (unas 600.000 hectáreas); y tiene la tasa de deforestación más alta del país (-2,93% anual durante el período 1998-2002), y la misma resulta doce veces superior a la media mundial (-0,23% para 1999-2000).
“El proyecto aprobado reduce drásticamente las zonas a conservar y destinadas al desarrollo sustentable en favor de actividades económicas en una provincia que ya ha destruido prácticamente todos sus bosques nativos”, señaló Hernán Giardini, Coordinador de la Campaña de Biodiversidad de Greenpeace.
Fecha de Publicación: 06/08/2010
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Córdoba
La organización ambientalista Greenpeace criticó duramente la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos aprobada anoche en la legislatura cordobesa y remarcó que ante la situación de emergencia forestal que se registra en la provincia constituye una enorme irresponsabilidad.
Greenpeace denunció que la norma aprobada viola la Ley nacional 26.331 y pone en peligro los últimos bosques nativos que le quedan a la provincia.
Los ambientalistas señalaron al gobernador Juan Schiaretti y a los legisladores que apoyaron los cambios en el proyecto original elaborado por la Comisión de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (COTBN) como los responsables del atropello a la Ley nacional de Bosques Nativos y de privilegiar intereses de sectores económicos por encima del bienestar de la población en general.
“El proyecto aprobado por la legislatura cordobesa viola directamente la Ley nacional de Bosques Nativos, incluye en el área roja, destinada a la conservación, la posibilidad de realizar actividades productivas, lo cual está claramente prohibido por la ley nacional 26.331. Por otro lado, se reduce la superficie a proteger, ya que se modifica la definición de bosque nativo para poder destruir prácticamente todo lo que las topadoras o el fuego intencional tenga a su paso”, señaló M. Eugenia Testa, Directora política de Greenpeace.
La ley aprobada reduce a menos de la mitad las zonas a proteger, en comparación con el proyecto elaborado y presentado por la COTBN, e incluye la posibilidad de realizar actividades que impactan en el medioambiente dentro de las zonas de mayor protección según la ley nacional. Por otro lado, desestima la participación de la sociedad en los procesos de control ya que anula la creación del Cuerpo Voluntario de Guardianes de Bosques Nativos y no obliga a la Autoridad de Aplicación a convocar a Audiencia Pública en caso de solicitud de desmonte.
Greenpeace apoya al proyecto realizado y presentado por la COTBN para dar cumplimiento a la Ley 26.331 de protección de Bosques Nativos, en la que se establece que el proceso de ordenamiento territorial de las zonas boscosas debe realizarse a partir de la evaluación de diez criterios ambientales, económicos y sociales, y que el mismo debe ser participativo. Para cumplir con esto, la COTBN ha realizado un análisis pormenorizado de los criterios y ha garantizado la participación mediante talleres regionales y una audiencia pública con casi mil asistentes.
“El Ordenamiento Territorial que aprobó la legislatura cordobesa no solo desconoce lo establecido por la Ley de Presupuestos Mínimos, sino que además hace oídos sordos a los reclamos y propuestas de los ciudadanos cordobeses que participaron activamente durante dos años de una comisión participativa, tal como lo establece la ley”, agregó Testa.
Córdoba posee una superficie total de 16 millones de hectáreas, de las cuales el 70 por ciento (12 millones de hectáreas) eran de bosque nativo, mientras que en la actualidad sólo queda el 5 por ciento de la superficie original (unas 600.000 hectáreas); y tiene la tasa de deforestación más alta del país (-2,93% anual durante el período 1998-2002), y la misma resulta doce veces superior a la media mundial (-0,23% para 1999-2000).
“El proyecto aprobado reduce drásticamente las zonas a conservar y destinadas al desarrollo sustentable en favor de actividades económicas en una provincia que ya ha destruido prácticamente todos sus bosques nativos”, señaló Hernán Giardini, Coordinador de la Campaña de Biodiversidad de Greenpeace.
Glaciares: el oficialismo no dió cuorum
Los K aprovecharon algunas ausencias para voltear la sesión por la ley de glaciares
Fecha de Publicación: 05/08/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Sin quórum por un pelito y con ribetes de escándalo, fracasó ayer la sesión de la Cámara de Diputados en la que se iba a intentar sancionar la nueva ley de glaciares.
A las 14.35, Agustín Rossi ingresó al recinto, 127 diputados llevaban media hora esperando. Faltaban dos para que se pudiera dar inicio al debate y el jefe de la bancada oficialista pidió entonces que se levantara la sesión.
Elisa Carrió (Coalición Cívica) y Claudio Lozano (Proyecto Sur), se levantaron indignados y pidieron que se tomara lista.
“No estamos en un ejército”, respondió Rossi.
A las 14.45, Eduardo Fellner levantó la sesión sin que se pudieran votar los 18 artículos pendientes de la nueva ley que reemplazará a la vetada el años pasado por la Presidenta Cristina Kirchner.
Había pegado el faltazo el bloque oficialista en pleno.
Pero también se ausentaron gran parte de los radicales, tres peronistas disidentes y dos diputados del PRO, entre otros.
El más furioso era Miguel Bonasso (Diálogo por Buenos Aires), autor de la iniciativa. Apenas salió del recinto se cruzó con la aliada del kirchnerismo Silvia Vázquez (Concertación), que a esa misma hora estaba dando en pleno salón de los pasos perdidos una conferencia de prensa junto a representantes de los pueblos originarios. Bonasso le endilgó que no hubiese entrado a dar quórum, Vázquez le respondió, y todo casi termina a las trompadas con los acompañantes de la diputada.
“Si no tienen una causa justificada para ausentarse, tengo derecho a pensar que faltaron por el lobby de la Barrick, que recibieron algún ‘banelcazo’ o presiones de las provincias mineras”, le dijo Bonasso a Clarín , después de acusar Rossi por haber tenido actitudes de “guapo de barrio” y de pedir la remoción de Fellner.
Carrió resaltó que los 19 diputados de su bloque estaban en sus bancas. Por eso prefirió cargar las tintas sobre los opositores ausentes.
Habló de “negligencia, desidia e irresponsabilidad”. Y subrayó que “nos pagan para trabajar. No puede ser que haya diputados en Europa y se nos caiga la sesión”.
Fuentes del bloque del Frente para la Victoria apuntaron que la ausencia masiva de la tropa propia fue una “pase de facturas” por los últimos dictámenes contrarios a los deseos del oficialismo, como el de la reforma del INDEC. Y para dejar a la luz las fracturas internas de la oposición que le impiden juntar el quórum propio.
De cualquier modo, en el bloque oficialista asumían que la ley seguramente será aprobada en la sesión de la semana próxima.
Antecedentes
La ley de glaciares, aprobada por unanimidad por diputados y senadores, fue vetada el año pasado por la presidenta Cristina Kirchner.
Daniel Filmus presentó un nuevo proyecto que fue aprobado en el Senado. Pero Miguel Bonasso promovió reformas desde Diputados para proteger mejor los glaciares y su zona adyacente.
Antes del receso invernal, el proyecto de Bonasso fue aprobado en general pero faltan la aprobación en particular de algunas artículos clave. Bonasso acusa al lobby en contra de las mineras.
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Fracasó la sesión por los glaciares
Fecha de Publicación: 05/08/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Con reproches cruzados entre los opositores, fracasó ayer por falta de quórum la sesión que iba a celebrarse en la Cámara de Diputados para dar media sanción al proyecto de ley de protección de glaciares.
La sesión se levantó cuando faltaban sólo dos diputados para alcanzar los 129 necesarios para el quórum. La responsabilidad recae en la oposición porque, pese a tener mayoría en el cuerpo, varios legisladores de esas filas se ausentaron. El kirchnerismo ya había avisado de antemano que no apoyaría la iniciativa.
La líder de la Coalición Cívica, la diputada Elisa Carrió, y su par Miguel Bonasso (Diálogo por Buenos Aires), uno de los principales fogoneros de la iniciativa, criticaron con dureza a sus pares opositores. Fuentes cercanas a ambos diputados sospechan que hubo un acuerdo tácito entre el oficialismo y sectores de la oposición para que la sesión fracasara.
"La Coalición estaba con todos sus diputados y no puede ser que haya legisladores paseando por Europa y nosotros tratando de sesionar aquí", se quejó Carrió. Bonasso tampoco ahorró críticas: "Los señores de la oposición deben explicar por qué no estuvieron en la sesión. Cada vez que se trata un tema ambiental que implica temas económicos este fenómeno se reitera".
El proyecto de ley de protección de glaciares había comenzado a tratarse el 14 de julio, pero cuando se estaba discutiendo en particular cada artículo se decidió postergar la sesión por falta de quórum. La iniciativa establece presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial.
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Glaciares: Los diputados de la minera Barrick Gold
Fecha de Publicación: 05/08/2010
Fuente: Urgente 24
Provincia/Región: Nacional
Entre acusaciones cruzadas, fracasó este miércoles 04/08 la aprobación del proyecto para la preservación de los glaciares. La oposición no logró reunir los votos necesarios para concretar la votación en particular y el oficialismo se retiró del recinto para que fracasara la sanción de la iniciativa.
La oposición alcanzó a reunir 128 diputados, uno menos de lo que exige el quórum, por lo que el jefe del bloque del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, pidió que se levantara la sesión por falta de número.
Hubo 129 diputados ausentes. No llamó la antención la ausencia de los diputados del Frente para la Victoria y sus aliados del Moviviento Popular Neuquino, el Frente Cívico de Santiago del Estero y los de la Concertación y los del Nuevo Encuentro popular y Solidario de Carlos Heller, Martín Sabatella y compañía.
La sorpresa se centró en la ausencia de varios diputados de la UCR, sobre todo la de Eduardo Kenny (La Pampa), que se levantó cuando había 128 diputados no posibilitando el incio de la sesión. Tambien la de varios legisladores del peronismo desidente y Federal y los del PRO.
Brillaron por su ausencia, Gerardo Millman ( GEN -Buenos Aires), Ricardo Gil Lavedra (UCR-ciudad Autónoma de Buenos Aires), Autónoma de Buenos Aires), Mauricio Ibarra (Peronismo Federal- San Juan), fue papá por 5ta vez, Beatriz Daher (Peronismo Federal-Salta), acaba de ser abuela, Sergio Pansa (Peronismo Federal- de San Luis), Atilio Benedetti (UCR-Entre Ríos), por solo nombrar algunos.
Con justa razón se quejaba la diputada de la Coalición Cívica, Elisa Carrió. La ausencia de una veintena de diputados hubiera posibilitado la aprobación de la iniciativa que contempla que establece los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial, ley que fuera vetada por la presidenta Cristina de Kirchner en 2008.
A continuación los ausentes:
ABDALA de MATARAZZO, Norma (Frente Cívico -Santiago)
ACOSTA, María Julia Frente para la Victoria (PJ-Catamarca)
AGUIRRE de SORIA, Hilda (Frente para la Victoria - La Rioja)
ALBRIEU, Oscar (Frente para la Victoria - Rio Negro)
ALFARO, German (Frente para la Victoria-Tucumán)
ALIZEGUI, Antonio (Frente para la Victoria - Entre Ríos)
ALONSO, Laura (PRO- Cdad. Aut. Bs. As)
ALVAREZ, Juan José (Peronista-Buenos Aires)
ALVARO, Héctor (De la Concertación- Mendoza)
ARETA, María Josefa (Frente de Todos- Corrientes)
ARGÜELLO, Octavio (Frente para la Victoria - Buenos Aires)
ASEF, Daniel (Peronista Córdoba Ciudadana- Córdoba)
BARRANDEGUY, Raúl (Frente para la Victoria - Entre Ríos)
BEDANO, Nora (Frente para la Victoria - Córdoba)
BELOUS, Nélida (Proyecto Progresista- Tierra del Fuego)
BENEDETTI, Atilio (Union Cívica Radical- Entre Ríos)
BERNAL, María (Frente para la Victoria - Jujuy)
BERTONE, Rosana (Frente para la Victoria- Tierra del Fuego)
BIDEGAIN, Gloria (Frente para la Victoria - Buenos Aires)
BLANCO de PERALTA,(Blanca Frente para la Victoria -Santa Cruz)
BRILLO, José (Movimiento Popular Neuquino- Neuquén)
BRUE, Daniel (Frente Cívico- Santiago del Estero)
BULLRICH, Esteban (con Licencia) (PRO- Cdad. Aut. Bs. As)
CALCHAQUI, Mariel (Frente para la Victoria - Tierra del Fuego)
CARLOTTO, Remo (Frente para la Victoria - Buenos Aires)
CASELLES, Graciela (Partido Bloquista- San Juan)
CEJAS, Jorge (Frente para la Victoria - Rio Negro)
CHIENO, Maria Elena (Frente para la Victoria - Corrientes)
CHIQUICHANO, Rosa (Frente para la Victoria - Chubut)
CIGOGNA, Luis (Frente para la Victoria - Buenos Aires)
COMELLI, Alicia (Movimiento Popular Neuquino- Neuquén)
CONTI, Diana (Frente para la Victoria - Buenos Aires)
CORDOBA, Stella (Frente para la Victoria - Tucumán)
DAHER, Zulema (Peronismo Federal-Salta)
DAMILANO GRIVARELLO, Viviana (Frente para la Victoria - Chaco)
DATO, Alfredo (Frente para la Victoria - Tucumán)
de la ROSA, Maria (Frente para la Victoria - Formosa)
di TULLIO, Juliana (Frente para la Victoria - Buenos Aires)
DIAZ BANCALARI, José (Frente para la Victoria - Buenos Aires)
DIAZ ROIG, Juan Carlos (Frente para la Victoria - Formosa)
DIAZ, Susana (Frente para la Victoria - Tucumán)
FADEL, Patricia (Frente para la Victoria - Mendoza)
FELIX, Omar (Frente para la Victoria - Mendoza)
FERNANDEZ BASUALDO, Luis (Frente para la Victoria - Formosa)
FERRA de BARTOL, Margarita (Frente para la Victoria - San Juan)
FIOL, Paulina (Frente para la Victoria - Santa Fe)
GALLARDO, Miriam (Frente para la Victoria - Tucumán)
GARCIA, María (Frente para la Victoria - Buenos Aires)
GARDELLA, Patricia (Corriente de Pensamiento Federal- Buenos Aires)
GIANNETTASIO, Graciela (Frente para la Victoria - Buenos Aires)
GIL LAVEDRA, Ricardo (Union Cívica Radical- Cdad. Aut. Bs. As)
GIOJA, Juan Carlos (Frente para la Victoria - San Juan)
GODOY, Ruperto (Frente para la Victoria - San Juan)
GONZALEZ, Juan (Frente para la Victoria - Mendoza)
GONZALEZ, Nancy (Frente para la Victoria - Chubut)
GRANADOS, Dulce (Frente para la Victoria - Buenos Aires)
GRIBAUDO, Christian (PRO- Buenos Aires)
GULLO, Juan Dante (Frente para la Victoria - Cdad. Aut. Bs. As)
GUZMAN, Olga (Movimiento Popular Neuquino-Neuquén)
HELLER, Carlos (Nuevo Encuentro Popular y Solidario -Cdad. Aut. Bs. As)
HERRERA, José (Frente Cívico - Santiago del Estero)
HOTTON, Cynthia (Liliana Valores para mi País- Cdad. Aut. Bs. As)
IBARRA, Mauricio (Peronismo Federal- San Juan)
IRRAZABAL, Juan Manuel (Frente para la Victoria - Misiones)
KENNY, Eduardo (Union Cívica Radical- La Pampa)
KIRCHNER, Néstor (Frente para la Victoria - Buenos Aires)
KORENFELD, Beatriz (Frente para la Victoria - Santa Cruz)
KUNKEL, Carlos (Frente para la Victoria - Buenos Aires)
LANDAU, Jorge (Frente para la Victoria - Buenos Aires)
LEDESMA, Julio (Corriente de Pensamiento Federal- Buenos Aires)
LEGUIZAMON, María Laura (Frente para la Victoria - Buenos Aires)
LEVERBERG, Stella Maris (Frente para la Victoria - Misiones)
LLANOS, Ermindo (Frente para la Victoria - Jujuy)
LLERA, Timoteo (Frente para la Victoria - Misiones)
LOPEZ, Rafael (Frente para la Victoria - Formosa)
LORGES, Juan Carlos (Frente para la Victoria - Buenos Aires)
LUNA de MARCOS, Ana Zulema (Frente Cívico - Santiago del Estero)
MARCONATO, Gustavo Angel (Frente para la Victoria - Santa Fe)
MARTIARENA, Mario (Peronismo Jujeño - Jujuy)
MENDOZA, Sandra (Frente para la Victoria - Chaco)
MERA, Dalmacio (Frente para la Victoria - Catamarca)
MILMAN, Gerardo (GEN- Buenos Aires)
MOLAS, Pedro (Union Cívica Radical- Catamarca)
MONTOYA, Jorge (Peronista- Córdoba)
MORANTE, Antonio (Frente para la Victoria - Chaco)
MOREJON, Manuel (Peronista- Chubut)
MORENO, Carlos (Frente para la Victoria - Buenos Aires)
NEBREDA, Carmen (Frente para la Victoria - Córdoba)
OLIVA, Cristian (Frente Cívico - Santiago del Estero)
PAIS, Juan (Frente para la Victoria - Chubut)
PANSA, Sergio (Peronismo Federal- San Luis)
PAREDES URQUIZA, Alberto (Frente para la Victoria - La Rioja)
PAROLI, Raúl (Frente Cívico y Social - Catamarca)
PASINI, Ariel (Frente para la Victoria - Buenos Aires)
PASTORIZA, Mirta (Frente Cívico - Santiago del Estero)
PEREYRA, Guillermo (Frente para la Victoria - Mendoza)
PEREZ, Jorge (Frente Cívico - Santiago del Estero)
PERIE, Hugo (Frente para la Victoria - Corrientes)
PERIE, Julia (Frente para la Victoria - Misiones)
PILATTI VERGARA, María (Frente para la Victoria - Chaco)
PINTO, Sergio (Union Cívica Radical- Mendoza)
PLAINI, Francisco (Frente para la Victoria - Buenos Aires)
PRIETO, Hugo (De la Concertación - Neuquén)
PUIGGROS, Adriana (Frente para la Victoria - Buenos Aires)
QUINTERO, Marta (Frente para la Victoria - La Rioja)
RECALDE, Héctor (Frente para la Victoria - Buenos Aires)
REGAZZOLI, María (Partido Justicialista -La Pampa)
RISKO, Silvia (Frente para la Victoria - Misiones)
RIVAS, Jorge (Encuentro Popular y Solidario - Buenos Aires)
ROBLEDO, Roberto (Partido Justicialista - La Pampa)
RODRIGUEZ, Evaristo (Frente para la Victoria - Santa Cruz)
ROSSI, Agustín (Frente para la Victoria - Santa Fe)
ROSSI, Alejandro (Frente para la Victoria - Santa Fe)
RUIZ, Ramón (Frente para la Victoria - Buenos Aires)
SALIM, Juan (Frente para la Victoria - Tucumán)
SCIUTTO, Rubén (Frente para la Victoria - Tierra del Fuego)
SEGARRA, Adela (Frente para la Victoria - Buenos Aires)
SLUGA, Juan Carlos (Frente para la Victoria - Buenos Aires)
TOMAS, Daniel (Frente para la Victoria - San Juan)
TORFE, Mónica (Renovador de Salta -Salta)
VARGAS AIGNASSE, Gerónimo (Frente para la Victoria - Tucumán)
VAZQUEZ, Silvia (Partido de la Concertación / FORJA - Buenos Aires)
VEAUTE, Mariana (Union Cívica Radical- Catamarca)
VILARIÑO, José (Frente para la Victoria - Salta)
WAYAR, Walter (Frente Peronista Federal -Salta)
WEST, Mariano (Frente para la Victoria - Buenos Aires)
YARADE, Fernando (Frente para la Victoria - Salta)
YOMA, Jorge Raul (Frente para la Victoria - La Rioja)
ZIEGLER, Alex (Frente para la Victoria - Misiones)
Diez claves de la ley de glaciares
Diez claves para entender la polémica por la ley de glaciares
Fecha de Publicación: 04/08/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Horas antes del tratamiento en Diputados, el kirchnerismo ratificó que no apoyará el acuerdo entre la oposición y el senador oficialista Daniel Filmus; Pro adelantó a lanacion.com que dará quórum pero que votará en contra; pese a la negativa, la oposición confía en aprobar la iniciativa
Terminó el receso legislativo en Diputados y el debate por los glaciares se volvió a encender. Acusaciones cruzadas, denuncias de corrupción y una fuerte tensión se vivió en la Cámara baja antes de que la oposición impusiera su mayoría para aprobar en general el proyecto acordado por el diputado Miguel Bonasso y el senador kirchnerista Daniel Filmus. Se espera la misma tensión para la sesión de esta tarde, en el debate artículo por artículo. Las contradicciones del oficialismo, la negativa de Pro y las denuncias de la oposición son algunos de los temas claves para entender la discusión.
1. Diferencias dentro del kirchnerismo. Pese a que el oficialista Filmus, principal defensor de la preservación de los glaciares en el Senado, acordó con la oposición en Diputados un proyecto en común, el kirchnerismo no acompañó su decisión. Tras pedir 15 días de prórroga para estudiar el tema, el oficialismo votó en contra del acuerdo que selló un legislador de su misma fuerza en la última sesión. En diálogo con lanacion.com, el diputado Daniel Tomas ratificó la negativa del Frente para la Victoria en la votación de esta tarde. "No vamos a apoyar lo acordado porque el concepto de área periglaciar no es válido. Se va al extremo de prohibir toda la actividad industrial en nuestra zona", afirmó. El oficialismo intentará introducir modificaciones en la iniciativa.
2. Pro, en contra. Si bien el bloque macrista apoyó el acuerdo en la votación en general, su postura es negativa con respecto a los artículos polémicos que prohíben la actividad industrial en la zona periglaciar. "Vamos a votar en contra", aseguró a lanacion.com el jefe de esa fuerza en Diputados, Federico Pinedo. "Esos lugares de agua congelada que menciona el proyecto como zona periglaciar es la totalidad de la cordillera. Si van a prohibir cualquier industria, obviamente no lo vamos a apoyar", explicó.
3. Cuentas. "No les dan los números", dijeron fuentes oficialistas a este medio, entusiasmados por la negativa de Pro a los artículos más polémicos. Del otro lado, aseguran que juntan los votos para aprobar la iniciativa: el Acuerdo Cívico, el Peronismo Federal y los bloques de centroizquierda la apoyan.
4. La minería, eje del debate. La discusión por la preservación de los glaciares pone en agenda la discusión sobre la minería a cielo abierto. La negativa del kirchnerismo en la Cámara baja está vinculada, entre otras disidencias, a ese tema. "La sanción de este acuerdo perjudica el desarrollo de proyectos mineros, porque la mayoría de las minas funcionan con suelo congelado en invierno", dijo Tomas. La oposición, en cambio, se manifestó en contra de cualquier tipo de actividad industrial en la zona periglaciar. "Sostenemos la prohibición de las actividades que generen impacto sobre los glaciares", dijo la diputada Fernanda Reyes (Coalición Cívica) a lanacion.com.
5. Artículos polémicos. Existen diversos temas que despiertan polémica en torno a la protección de los glaciares. El artículo 2, ya aprobado en particular por la oposición (sin el apoyo del kirchnerismo ni de Pro), es determinante para los intereses de ambas partes. En ese apartado se define el concepto de glaciar y de área periglaciar. Como el oficialismo ya no puede modificarlo, apuntará al artículo 6, que prohíbe la exploración y explotación minera en el área periglaciar definida en el artículo 2. El kirchnerismo considera excesiva la zona delimitada por el proyecto conjunto y planteará que los apartados polémicos sean reemplazados por los del proyecto aprobado en el Senado, iniciativa que rechaza la oposición. El debate continuará con el artículo 15, en el que se discuten las disposiciones transitorias para las minas en funcionamiento. La oposición propone que la auditoría ambiental que determina si una mina contamina sea realizada 180 días después de la sanción de la ley. El kirchnerismo, en cambio, pedirá que el estudio sea ejecutado en el mismo plazo, pero luego de la culminación del inventario que desarrolle cada jurisdicción, en plazos que no son determinados dentro del proyecto.
6. El veto. Tras obtener un apoyo unánime en el Congreso, la ley de glaciares fue vetada en 2008 por Cristina Kirchner. En los fundamentos expuestos por el Ejecutivo, se cuestiona que la ley "no puede limitarse a la absoluta prohibición de actividades" y se considera "excesivo prohibir la actividad de minería o perforación petrolera en los glaciares y en las áreas que bordean los glaciares". Además, el Gobierno admitió que "gobernadores de la zona cordillerana han manifestado su preocupación con lo dispuesto por la norma sancionada" porque afectaría inversiones y puestos de trabajo.
7. El acuerdo. Luego del veto, la Presidenta impulsó la presentación de un nuevo proyecto en el Senado, a través de Filmus. La iniciativa fue aprobada por unanimidad en la Cámara alta. Pero en Diputados no contó con el mismo apoyo. La oposición introdujo considerables cambios en el proyecto original, lo que motivó un fuerte debate entre el diputado Bonasso y Filmus. Finalmente, los legisladores limaron las diferencias y acordaron un proyecto conjunto que, curiosamente, no fue votado por el FPV.
8. La foto. El encuentro que mantuvo en Canadá Cristina Kirchner con el CEO de Barrick Gold, Peter Munk, despertó la ira opositora. Durante el almuerzo de negocios organizado para promover las inversiones mineras en el país, la mandataria recibió los elogios del empresario por "mantener las reglas de juego" para los capitales del sector. "Las reglas no cambiarán y eso es muy importante para una inversión de largo plazo", asintió ella.
9. Las acusaciones. Desde el veto de la Presidenta, la oposición vinculó la decisión presidencial con los intereses de las empresas mineras. Los diputados Bonasso y Reyes presentaron una denuncia ante la Justicia en la que se acusa a funcionarios kirchneristas por incompatibilidades entre la función pública y el vínculo que supuestamente mantienen como empresarios con empresas mineras. La relación del Gobierno con Barrick Gold es el principal argumento que esboza la oposición para explicar el rechazo oficial de aprobar al proyecto que había sido aprobado por unanimidad. Los apuntados fueron el senador kirchnerista César Gioja y el secretario de Minería, Jorge Mayoral. "Están defendiendo negocios particulares, como en el caso de Gioja y de Mayoral, que tienen vínculos con Barrick", acusó Bonasso ante lanacion.com.
10. La última sesión. Cuando el acuerdo parecía sellado, el oficialismo sorprendió en el recinto con un pedido de prórroga por 15 días para estudiar el tema. El arco opositor se negó y le torció el brazo: el kirchnerismo votó en contra, pero el proyecto fue aprobado en general. En plena discusión artículo por artículo, la oposición se quedó sin quórum y postergó su aprobación hasta que se reanude la actividad legislativa, la semana próxima.
Fecha de Publicación: 04/08/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Horas antes del tratamiento en Diputados, el kirchnerismo ratificó que no apoyará el acuerdo entre la oposición y el senador oficialista Daniel Filmus; Pro adelantó a lanacion.com que dará quórum pero que votará en contra; pese a la negativa, la oposición confía en aprobar la iniciativa
Terminó el receso legislativo en Diputados y el debate por los glaciares se volvió a encender. Acusaciones cruzadas, denuncias de corrupción y una fuerte tensión se vivió en la Cámara baja antes de que la oposición impusiera su mayoría para aprobar en general el proyecto acordado por el diputado Miguel Bonasso y el senador kirchnerista Daniel Filmus. Se espera la misma tensión para la sesión de esta tarde, en el debate artículo por artículo. Las contradicciones del oficialismo, la negativa de Pro y las denuncias de la oposición son algunos de los temas claves para entender la discusión.
1. Diferencias dentro del kirchnerismo. Pese a que el oficialista Filmus, principal defensor de la preservación de los glaciares en el Senado, acordó con la oposición en Diputados un proyecto en común, el kirchnerismo no acompañó su decisión. Tras pedir 15 días de prórroga para estudiar el tema, el oficialismo votó en contra del acuerdo que selló un legislador de su misma fuerza en la última sesión. En diálogo con lanacion.com, el diputado Daniel Tomas ratificó la negativa del Frente para la Victoria en la votación de esta tarde. "No vamos a apoyar lo acordado porque el concepto de área periglaciar no es válido. Se va al extremo de prohibir toda la actividad industrial en nuestra zona", afirmó. El oficialismo intentará introducir modificaciones en la iniciativa.
2. Pro, en contra. Si bien el bloque macrista apoyó el acuerdo en la votación en general, su postura es negativa con respecto a los artículos polémicos que prohíben la actividad industrial en la zona periglaciar. "Vamos a votar en contra", aseguró a lanacion.com el jefe de esa fuerza en Diputados, Federico Pinedo. "Esos lugares de agua congelada que menciona el proyecto como zona periglaciar es la totalidad de la cordillera. Si van a prohibir cualquier industria, obviamente no lo vamos a apoyar", explicó.
3. Cuentas. "No les dan los números", dijeron fuentes oficialistas a este medio, entusiasmados por la negativa de Pro a los artículos más polémicos. Del otro lado, aseguran que juntan los votos para aprobar la iniciativa: el Acuerdo Cívico, el Peronismo Federal y los bloques de centroizquierda la apoyan.
4. La minería, eje del debate. La discusión por la preservación de los glaciares pone en agenda la discusión sobre la minería a cielo abierto. La negativa del kirchnerismo en la Cámara baja está vinculada, entre otras disidencias, a ese tema. "La sanción de este acuerdo perjudica el desarrollo de proyectos mineros, porque la mayoría de las minas funcionan con suelo congelado en invierno", dijo Tomas. La oposición, en cambio, se manifestó en contra de cualquier tipo de actividad industrial en la zona periglaciar. "Sostenemos la prohibición de las actividades que generen impacto sobre los glaciares", dijo la diputada Fernanda Reyes (Coalición Cívica) a lanacion.com.
5. Artículos polémicos. Existen diversos temas que despiertan polémica en torno a la protección de los glaciares. El artículo 2, ya aprobado en particular por la oposición (sin el apoyo del kirchnerismo ni de Pro), es determinante para los intereses de ambas partes. En ese apartado se define el concepto de glaciar y de área periglaciar. Como el oficialismo ya no puede modificarlo, apuntará al artículo 6, que prohíbe la exploración y explotación minera en el área periglaciar definida en el artículo 2. El kirchnerismo considera excesiva la zona delimitada por el proyecto conjunto y planteará que los apartados polémicos sean reemplazados por los del proyecto aprobado en el Senado, iniciativa que rechaza la oposición. El debate continuará con el artículo 15, en el que se discuten las disposiciones transitorias para las minas en funcionamiento. La oposición propone que la auditoría ambiental que determina si una mina contamina sea realizada 180 días después de la sanción de la ley. El kirchnerismo, en cambio, pedirá que el estudio sea ejecutado en el mismo plazo, pero luego de la culminación del inventario que desarrolle cada jurisdicción, en plazos que no son determinados dentro del proyecto.
6. El veto. Tras obtener un apoyo unánime en el Congreso, la ley de glaciares fue vetada en 2008 por Cristina Kirchner. En los fundamentos expuestos por el Ejecutivo, se cuestiona que la ley "no puede limitarse a la absoluta prohibición de actividades" y se considera "excesivo prohibir la actividad de minería o perforación petrolera en los glaciares y en las áreas que bordean los glaciares". Además, el Gobierno admitió que "gobernadores de la zona cordillerana han manifestado su preocupación con lo dispuesto por la norma sancionada" porque afectaría inversiones y puestos de trabajo.
7. El acuerdo. Luego del veto, la Presidenta impulsó la presentación de un nuevo proyecto en el Senado, a través de Filmus. La iniciativa fue aprobada por unanimidad en la Cámara alta. Pero en Diputados no contó con el mismo apoyo. La oposición introdujo considerables cambios en el proyecto original, lo que motivó un fuerte debate entre el diputado Bonasso y Filmus. Finalmente, los legisladores limaron las diferencias y acordaron un proyecto conjunto que, curiosamente, no fue votado por el FPV.
8. La foto. El encuentro que mantuvo en Canadá Cristina Kirchner con el CEO de Barrick Gold, Peter Munk, despertó la ira opositora. Durante el almuerzo de negocios organizado para promover las inversiones mineras en el país, la mandataria recibió los elogios del empresario por "mantener las reglas de juego" para los capitales del sector. "Las reglas no cambiarán y eso es muy importante para una inversión de largo plazo", asintió ella.
9. Las acusaciones. Desde el veto de la Presidenta, la oposición vinculó la decisión presidencial con los intereses de las empresas mineras. Los diputados Bonasso y Reyes presentaron una denuncia ante la Justicia en la que se acusa a funcionarios kirchneristas por incompatibilidades entre la función pública y el vínculo que supuestamente mantienen como empresarios con empresas mineras. La relación del Gobierno con Barrick Gold es el principal argumento que esboza la oposición para explicar el rechazo oficial de aprobar al proyecto que había sido aprobado por unanimidad. Los apuntados fueron el senador kirchnerista César Gioja y el secretario de Minería, Jorge Mayoral. "Están defendiendo negocios particulares, como en el caso de Gioja y de Mayoral, que tienen vínculos con Barrick", acusó Bonasso ante lanacion.com.
10. La última sesión. Cuando el acuerdo parecía sellado, el oficialismo sorprendió en el recinto con un pedido de prórroga por 15 días para estudiar el tema. El arco opositor se negó y le torció el brazo: el kirchnerismo votó en contra, pero el proyecto fue aprobado en general. En plena discusión artículo por artículo, la oposición se quedó sin quórum y postergó su aprobación hasta que se reanude la actividad legislativa, la semana próxima.
La Rioja: el Parque Eólico más grande del país
La Rioja cuenta con el Parque Eólico más grande del país
Fecha de Publicación: 04/08/2010
Fuente: Noticias NOA
Provincia/Región: La Rioja
Lo que durante mucho tiempo fue una utopía, hoy es una realidad palpable. Durante años se habló sobre la posibilidad de que la Provincia comience a generar energía eólica, pero fue durante la presente gestión del gobernador Luis Beder Herrera que se tomó la decisión de encarar el proyecto más importante de los últimos años a nivel nacional, en materia de energías alternativas.
El parque eólico riojano crece y se consolida como el más importante y moderno de la Nación. Su nacimiento se enmarca en el Programa Productivo Provincial y sus potencialidades despertaron el interés de numerosas empresas de invertir en esta empresa.
Este hecho cobra mucho más valor si tenemos en cuenta que cuando la Provincia contaba con el apoyo del entonces presidente Carlos Saúl Menem no se logró nada al respecto y se dejó pasar la oportunidad de desarrollar las potencialidades del Valle de la Puerta, en el Departamento Arauco, para la puesta en marcha de un proyecto de esta envergadura.
Actualmente, en ese sitio, ya se instaló el tercer generador eólico de una nueva generación de máquinas de origen nacional y con la mayor capacidad de generación instalada de Latinoamérica: 2,1 MW de potencia. Precisamente, en los últimos días se terminó de izar este tercer equipo y próximamente se avanzará en el montaje de 4 equipos más.
El parque eólico riojano ya es noticia a nivel internacional. Durante la semana pasada fue visitado por numerosos medios periodísticos provenientes de diversas partes del mundo interesados en la tecnología que IMPSA está instalando en nuestro territorio.
A nivel político, el Gobierno Provincial considera a esta actividad como una Política de Estado estratégica para el desarrollo productivo provincial y, en lo económico, los inversores que pretendan radicar sus inversiones en el Valle de la Puerta deberán trabajar junto al Estado, en calidad de socio.
El viento se convirtió en un recurso de enorme valor y el Gobierno Provincial tiene la firme decisión de capitalizar esta oportunidad histórica que le brinda el desarrollo del parque eólico. La idea es que esta monumental herramienta de desarrollo haga posible la inserción definitiva de La Rioja en el esquema productivo nacional.
En la actualidad, producir energía es un medio para obtener dividendos que se pueden capitalizar en más desarrollo y la Provincia no está dispuesta a desaprovechar esta nueva oportunidad.
A diferencia de otros proyectos en los cuales las Provincias sólo reciben un pequeño porcentaje por el uso de las tierras, que muchas veces es usufructuado por particulares; en la Rioja, el Estado Provincial no solo es dueño de los terrenos donde se está instalando el Parque, sino que también forma parte de la sociedad que se encargará de la operación del Parque Eólico.
Respecto del proveedor de los equipos, la empresa mendocina IMPSA invirtió durante más de 7 años en el desarrollo de esta tecnología propia y se ha consolidado como el mayor generador de energía eólica de Latinoamérica, con varios parques instalados y otros en proceso de montaje.
En estos últimos años, la Argentina logró un fuerte avance en la propuesta de generación de energías alternativas y La Rioja está a la vanguardia.
En este proceso, ya se consolida el primer parque riojano de 25,2 Mw de potencia instalada y se trabaja para que en el 2011 quede consolidado el segundo parque de 25,2 Mw. En el mediado plazo, también se planifica la expansión del potencial máximo del Valle de la Puerta a la generación de entre 350 a 400 Mw de potencia.
Estas importantes concreciones no hubieran sido posibles, sin el inestimable apoyo de nuestra Presidenta, Cristina Fernández quien supo interpretar a nuestro Gobernador cuando le pidió apoyó para esta obra considerada como el emprendimiento del Bicentenario en La Rioja.
De esta manera, La Rioja asume orgullosa un rol activo y preponderante en el plano de las políticas energéticas de la Nación, a partir de una iniciativa fuertemente identificada con el cuidado del ambiente y con enormes potencialidades para promover el desarrollo económico y productivo de sus habitantes.
Fecha de Publicación: 04/08/2010
Fuente: Noticias NOA
Provincia/Región: La Rioja
Lo que durante mucho tiempo fue una utopía, hoy es una realidad palpable. Durante años se habló sobre la posibilidad de que la Provincia comience a generar energía eólica, pero fue durante la presente gestión del gobernador Luis Beder Herrera que se tomó la decisión de encarar el proyecto más importante de los últimos años a nivel nacional, en materia de energías alternativas.
El parque eólico riojano crece y se consolida como el más importante y moderno de la Nación. Su nacimiento se enmarca en el Programa Productivo Provincial y sus potencialidades despertaron el interés de numerosas empresas de invertir en esta empresa.
Este hecho cobra mucho más valor si tenemos en cuenta que cuando la Provincia contaba con el apoyo del entonces presidente Carlos Saúl Menem no se logró nada al respecto y se dejó pasar la oportunidad de desarrollar las potencialidades del Valle de la Puerta, en el Departamento Arauco, para la puesta en marcha de un proyecto de esta envergadura.
Actualmente, en ese sitio, ya se instaló el tercer generador eólico de una nueva generación de máquinas de origen nacional y con la mayor capacidad de generación instalada de Latinoamérica: 2,1 MW de potencia. Precisamente, en los últimos días se terminó de izar este tercer equipo y próximamente se avanzará en el montaje de 4 equipos más.
El parque eólico riojano ya es noticia a nivel internacional. Durante la semana pasada fue visitado por numerosos medios periodísticos provenientes de diversas partes del mundo interesados en la tecnología que IMPSA está instalando en nuestro territorio.
A nivel político, el Gobierno Provincial considera a esta actividad como una Política de Estado estratégica para el desarrollo productivo provincial y, en lo económico, los inversores que pretendan radicar sus inversiones en el Valle de la Puerta deberán trabajar junto al Estado, en calidad de socio.
El viento se convirtió en un recurso de enorme valor y el Gobierno Provincial tiene la firme decisión de capitalizar esta oportunidad histórica que le brinda el desarrollo del parque eólico. La idea es que esta monumental herramienta de desarrollo haga posible la inserción definitiva de La Rioja en el esquema productivo nacional.
En la actualidad, producir energía es un medio para obtener dividendos que se pueden capitalizar en más desarrollo y la Provincia no está dispuesta a desaprovechar esta nueva oportunidad.
A diferencia de otros proyectos en los cuales las Provincias sólo reciben un pequeño porcentaje por el uso de las tierras, que muchas veces es usufructuado por particulares; en la Rioja, el Estado Provincial no solo es dueño de los terrenos donde se está instalando el Parque, sino que también forma parte de la sociedad que se encargará de la operación del Parque Eólico.
Respecto del proveedor de los equipos, la empresa mendocina IMPSA invirtió durante más de 7 años en el desarrollo de esta tecnología propia y se ha consolidado como el mayor generador de energía eólica de Latinoamérica, con varios parques instalados y otros en proceso de montaje.
En estos últimos años, la Argentina logró un fuerte avance en la propuesta de generación de energías alternativas y La Rioja está a la vanguardia.
En este proceso, ya se consolida el primer parque riojano de 25,2 Mw de potencia instalada y se trabaja para que en el 2011 quede consolidado el segundo parque de 25,2 Mw. En el mediado plazo, también se planifica la expansión del potencial máximo del Valle de la Puerta a la generación de entre 350 a 400 Mw de potencia.
Estas importantes concreciones no hubieran sido posibles, sin el inestimable apoyo de nuestra Presidenta, Cristina Fernández quien supo interpretar a nuestro Gobernador cuando le pidió apoyó para esta obra considerada como el emprendimiento del Bicentenario en La Rioja.
De esta manera, La Rioja asume orgullosa un rol activo y preponderante en el plano de las políticas energéticas de la Nación, a partir de una iniciativa fuertemente identificada con el cuidado del ambiente y con enormes potencialidades para promover el desarrollo económico y productivo de sus habitantes.
Riachuelo: No quieren dejar de contaminar
No quieren dejar de contaminar
Fecha de Publicación: 03/08/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
Las ONG encargadas de monitorear el plan de saneamiento de la cuenca cuestionaron a la central empresaria porque amenaza con iniciar acciones judiciales contra el Estado, en defensa de supuestos derechos adquiridos.
El Cuerpo Colegiado que monitorea el plan de saneamiento del Riachuelo denunció “la falta de colaboración de la Unión Industrial Argentina (UIA)”, que representa “a responsables de la grave emergencia ambiental”. El organismo –designado por la Corte Suprema de Justicia– criticó en especial un anuncio de la UIA, que estudia iniciar acciones judiciales para voltear normas de saneamiento, con el argumento de que, como antes esas normas no existían, el nivel de contaminación que presentan las empresas es un derecho adquirido que debería respetarse. En los últimos meses se detectaron 118 industrias contaminantes en la cuenca Matanza-Riachuelo: de ellas, sólo cuatro cumplieron en presentar planes de reconversión y ninguna empezó a llevarlo a la práctica.
El Cuerpo Colegiado, coordinado por el defensor del Pueblo de la Nación, está conformado por cinco ONG: la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Greenpeace Argentina, la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH) y la Asociación de Vecinos de La Boca; la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo designó para controlar su orden de ejecutar un plan de saneamiento del Riachuelo.
“Sorprenden las declaraciones del sector industrial acerca de sus intenciones de recurrir a la Justicia, cuando ha sido la máxima autoridad judicial de la Nación la que tuvo que intervenir para dar respuesta a los millones de habitantes que se ven afectados por la contaminación de origen industrial”, advierte el Cuerpo Colegiado.
El comité ejecutivo de la UIA dispuso hace unos días “avanzar en el estudio de acciones jurídicas contra resoluciones que está emitiendo la Autoridad de la cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar)”. Fuentes de la UIA sostuvieron que “muchas empresas plantean un problema legal porque la Acumar saca resoluciones que concentran el poder ambiental y eso depende de cada jurisdicción, entonces la UIA acordó salir en defensa de esas firmas”, ya que “la jurisdicción les dio autorización para instalarse en determinadas condiciones y ahora la Acumar resuelve cambiarlas. Se merecen, como mínimo, un resarcimiento”. Además, la UIA anunció que pedirá audiencia al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y que se comunicará con los jefes de bloque en el Congreso, para pedir modificaciones a la Ley del Ambiente.
Andrés Napoli, director del área Riachuelo de la FARN, recordó a este diario que “el sentido de la creación de la Acumar fue precisamente contar con un organismo que estuviera por encima de las jurisdicciones, las cuales históricamente no lograron resolver la contaminación en la cuenca. Las facultades de Acumar le fueron expresamente cedidas, no sólo por ley nacional, sino por las legislaturas bonaerense y porteña. En función de esas facultades, la entidad emitió una serie de resoluciones de unificación de vertidos”.
El representante de la FARN explicó que “a partir de medidas judiciales y por protestas del Cuerpo Colegiado, la Acumar aceleró la inspección de empresas y el análisis de efluentes industriales. Los inspectores toman muestras y, si están fuera de parámetros, se declara que la empresa es agente contaminante y se la intima a iniciar un proceso de reconversión industrial”.
El comunicado del Cuerpo Colegiado advierte que “ya existen 118 industrias declaradas agentes contaminantes (ver recuadro) y sólo cuatro de ellas han prestado disposición para presentar un plan de reconversión industrial acorde a procesos limpios, pero todavía ninguno fue puesto en funcionamiento; esto demuestra la baja iniciativa del sector para colaborar con la disminución de la contaminación que ellos generan en la cuenca”.
En 2008, la Corte ordenó al Poder Ejecutivo implementar el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, de acuerdo con una serie de pautas. La ejecución de la sentencia quedó a cargo del juez federal de Quilmes, Luis Armella, asistido por el Cuerpo Colegiado. El comunicado de este organismo señala también que “un reciente estudio en conjunto con organismos de las Naciones Unidas muestra que, de los 12 millones de niños y adolescentes de la Argentina, alrededor de cinco millones residen en municipios donde existe un alto riesgo ambiental a causa de la actividad industrial; de éstos, cinco de los 15 municipios que presentan mayor riesgo están en la cuenca Matanza-Riachuelo”.
Fecha de Publicación: 03/08/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
Las ONG encargadas de monitorear el plan de saneamiento de la cuenca cuestionaron a la central empresaria porque amenaza con iniciar acciones judiciales contra el Estado, en defensa de supuestos derechos adquiridos.
El Cuerpo Colegiado que monitorea el plan de saneamiento del Riachuelo denunció “la falta de colaboración de la Unión Industrial Argentina (UIA)”, que representa “a responsables de la grave emergencia ambiental”. El organismo –designado por la Corte Suprema de Justicia– criticó en especial un anuncio de la UIA, que estudia iniciar acciones judiciales para voltear normas de saneamiento, con el argumento de que, como antes esas normas no existían, el nivel de contaminación que presentan las empresas es un derecho adquirido que debería respetarse. En los últimos meses se detectaron 118 industrias contaminantes en la cuenca Matanza-Riachuelo: de ellas, sólo cuatro cumplieron en presentar planes de reconversión y ninguna empezó a llevarlo a la práctica.
El Cuerpo Colegiado, coordinado por el defensor del Pueblo de la Nación, está conformado por cinco ONG: la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Greenpeace Argentina, la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH) y la Asociación de Vecinos de La Boca; la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo designó para controlar su orden de ejecutar un plan de saneamiento del Riachuelo.
“Sorprenden las declaraciones del sector industrial acerca de sus intenciones de recurrir a la Justicia, cuando ha sido la máxima autoridad judicial de la Nación la que tuvo que intervenir para dar respuesta a los millones de habitantes que se ven afectados por la contaminación de origen industrial”, advierte el Cuerpo Colegiado.
El comité ejecutivo de la UIA dispuso hace unos días “avanzar en el estudio de acciones jurídicas contra resoluciones que está emitiendo la Autoridad de la cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar)”. Fuentes de la UIA sostuvieron que “muchas empresas plantean un problema legal porque la Acumar saca resoluciones que concentran el poder ambiental y eso depende de cada jurisdicción, entonces la UIA acordó salir en defensa de esas firmas”, ya que “la jurisdicción les dio autorización para instalarse en determinadas condiciones y ahora la Acumar resuelve cambiarlas. Se merecen, como mínimo, un resarcimiento”. Además, la UIA anunció que pedirá audiencia al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y que se comunicará con los jefes de bloque en el Congreso, para pedir modificaciones a la Ley del Ambiente.
Andrés Napoli, director del área Riachuelo de la FARN, recordó a este diario que “el sentido de la creación de la Acumar fue precisamente contar con un organismo que estuviera por encima de las jurisdicciones, las cuales históricamente no lograron resolver la contaminación en la cuenca. Las facultades de Acumar le fueron expresamente cedidas, no sólo por ley nacional, sino por las legislaturas bonaerense y porteña. En función de esas facultades, la entidad emitió una serie de resoluciones de unificación de vertidos”.
El representante de la FARN explicó que “a partir de medidas judiciales y por protestas del Cuerpo Colegiado, la Acumar aceleró la inspección de empresas y el análisis de efluentes industriales. Los inspectores toman muestras y, si están fuera de parámetros, se declara que la empresa es agente contaminante y se la intima a iniciar un proceso de reconversión industrial”.
El comunicado del Cuerpo Colegiado advierte que “ya existen 118 industrias declaradas agentes contaminantes (ver recuadro) y sólo cuatro de ellas han prestado disposición para presentar un plan de reconversión industrial acorde a procesos limpios, pero todavía ninguno fue puesto en funcionamiento; esto demuestra la baja iniciativa del sector para colaborar con la disminución de la contaminación que ellos generan en la cuenca”.
En 2008, la Corte ordenó al Poder Ejecutivo implementar el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, de acuerdo con una serie de pautas. La ejecución de la sentencia quedó a cargo del juez federal de Quilmes, Luis Armella, asistido por el Cuerpo Colegiado. El comunicado de este organismo señala también que “un reciente estudio en conjunto con organismos de las Naciones Unidas muestra que, de los 12 millones de niños y adolescentes de la Argentina, alrededor de cinco millones residen en municipios donde existe un alto riesgo ambiental a causa de la actividad industrial; de éstos, cinco de los 15 municipios que presentan mayor riesgo están en la cuenca Matanza-Riachuelo”.
Se suspendió la matanza de perros en Neuquén
Se suspendió la matanza de perros en Neuquén
Fecha de Publicación: 03/08/2010
Fuente: Neuquén On Line
Provincia/Región: Neuquén
El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, a través de su cuenta en Twitter, le pidió al jefe comunal, Martín Farizano, que no permita la eutanasia canina.
La decisión del intendente Martín Farizano, de aprobar por vía de excepción el sacrificio de animales sumó una nueva voz a la polémica. Esta vez, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, a través de su cuenta en Twitter, le pidió al jefe comunal que no permita la eutanasia canina.
"Neuquén tiene el mismo número de letras que asesino. No permita, señor intendente, desde su hombría de bien, que esta llamativa casualidad se transforme en una realidad para el escarnio del municipio frente a los argentinos y al resto del mundo", sostuvo Fernández.
Al argumento oficial de Farizano de que la decisión se adoptó por vía de excepción, en una zona de la ciudad en donde se detectaron casos de leptospirosis en humanos -que transmiten los perros-, el funcionario nacional replicó: "la matanza como método de control de cualquier población sólo aumenta su número a mediano plazo. Se entiende, entonces que, además de inútil, ineficaz e ineficiente, esta medida también es cruel, antiética y, sobre todo, innecesaria".
Frente a las protestas de organizaciones defensoras de animales, Farizano admitió ayer que aún no se sacrificó ningún perro en Colonia Nueva Esperanza, donde se produjo el brote de leptospirosis. El funcionario también dijo que se hará todo lo posible para no llegar a ese extremo.
Fecha de Publicación: 03/08/2010
Fuente: Neuquén On Line
Provincia/Región: Neuquén
El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, a través de su cuenta en Twitter, le pidió al jefe comunal, Martín Farizano, que no permita la eutanasia canina.
La decisión del intendente Martín Farizano, de aprobar por vía de excepción el sacrificio de animales sumó una nueva voz a la polémica. Esta vez, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, a través de su cuenta en Twitter, le pidió al jefe comunal que no permita la eutanasia canina.
"Neuquén tiene el mismo número de letras que asesino. No permita, señor intendente, desde su hombría de bien, que esta llamativa casualidad se transforme en una realidad para el escarnio del municipio frente a los argentinos y al resto del mundo", sostuvo Fernández.
Al argumento oficial de Farizano de que la decisión se adoptó por vía de excepción, en una zona de la ciudad en donde se detectaron casos de leptospirosis en humanos -que transmiten los perros-, el funcionario nacional replicó: "la matanza como método de control de cualquier población sólo aumenta su número a mediano plazo. Se entiende, entonces que, además de inútil, ineficaz e ineficiente, esta medida también es cruel, antiética y, sobre todo, innecesaria".
Frente a las protestas de organizaciones defensoras de animales, Farizano admitió ayer que aún no se sacrificó ningún perro en Colonia Nueva Esperanza, donde se produjo el brote de leptospirosis. El funcionario también dijo que se hará todo lo posible para no llegar a ese extremo.
ONGs apuntan a la UIA por el Riachuelo
ONGs apuntan a la UIA por el Riachuelo
Fecha de Publicación: 02/08/2010
Fuente: Noticias Urbanas
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
El Cuerpo Colegiado que supervisa las tareas de saneamiento del río más contaminado del país criticó la intención del Comité Ejecutivo de la Unión Industrial Argentina de iniciar acciones legales contra las resoluciones de ACUMAR. Acusan falta de voluntad por parte de las empresas.
Una vez más el Riachuelo vuelve a ser eje de polémica. Después de que la el Comité Ejecutivo de la Unión Industrial Argentina (UIA) manifestara su intención de analizar el inicio de acciones legales contra las resoluciones de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), el Cuerpo Colegiado que, por orden de la Corte Suprema de Justicia, controla el plan de saneamiento del río, le comunicó a la asociación su disconformidad.
De acuerdo a lo publicado por el Cronista.com el pasado 21 de julio, desde la UIA se tomó la decisión a partir de que varias empresas plantearon la existencia de un problema legal debido a que Acumar estaba sacando resoluciones que concentraban “el poder ambiental” y alegaron que esto competía a cada jurisdicción. A partir de esto el Comité Directivo planteó iniciar una acción legal conjunta como entidad.
A través de un comunicado de prensa, los integrantes del Cuerpo Colegiado manifestaron su “decepción” por lo que consideran una falta de colaboración por parte de las empresas, a las que consideran “uno de los sectores responsables de la grave emergencia ambiental que sufre la Cuenca Matanza Riachuelo”. También recordaron que fue justamente la máxima autoridad judicial la que ordenó a los gobiernos nacional, bonaerense y porteño dar solución a la contaminación del río.
Por otra parte, el Cuerpo Colegiado destacó que ya existen 118 industrias declaradas agentes contaminantes y “sólo cuatro de ellas han prestado disposición para presentar un plan de reconversión industrial acorde a procesos limpios, pero todavía ninguno fue puesto en funcionamiento”. Para los autores del comunicado, esto refleja “la baja iniciativa del sector para colaborar con la disminución de la contaminación que generan en la Cuenca”.
El Cuerpo Colegiado está conformado por cinco ONGs que trabajan bajo la coordinación del Defensor del Pueblo de la Nación. Las cinco agrupaciones son: Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH), Asociación de Vecinos La Boca, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), y Fundación Greenpeace Argentina.
Fecha de Publicación: 02/08/2010
Fuente: Noticias Urbanas
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
El Cuerpo Colegiado que supervisa las tareas de saneamiento del río más contaminado del país criticó la intención del Comité Ejecutivo de la Unión Industrial Argentina de iniciar acciones legales contra las resoluciones de ACUMAR. Acusan falta de voluntad por parte de las empresas.
Una vez más el Riachuelo vuelve a ser eje de polémica. Después de que la el Comité Ejecutivo de la Unión Industrial Argentina (UIA) manifestara su intención de analizar el inicio de acciones legales contra las resoluciones de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), el Cuerpo Colegiado que, por orden de la Corte Suprema de Justicia, controla el plan de saneamiento del río, le comunicó a la asociación su disconformidad.
De acuerdo a lo publicado por el Cronista.com el pasado 21 de julio, desde la UIA se tomó la decisión a partir de que varias empresas plantearon la existencia de un problema legal debido a que Acumar estaba sacando resoluciones que concentraban “el poder ambiental” y alegaron que esto competía a cada jurisdicción. A partir de esto el Comité Directivo planteó iniciar una acción legal conjunta como entidad.
A través de un comunicado de prensa, los integrantes del Cuerpo Colegiado manifestaron su “decepción” por lo que consideran una falta de colaboración por parte de las empresas, a las que consideran “uno de los sectores responsables de la grave emergencia ambiental que sufre la Cuenca Matanza Riachuelo”. También recordaron que fue justamente la máxima autoridad judicial la que ordenó a los gobiernos nacional, bonaerense y porteño dar solución a la contaminación del río.
Por otra parte, el Cuerpo Colegiado destacó que ya existen 118 industrias declaradas agentes contaminantes y “sólo cuatro de ellas han prestado disposición para presentar un plan de reconversión industrial acorde a procesos limpios, pero todavía ninguno fue puesto en funcionamiento”. Para los autores del comunicado, esto refleja “la baja iniciativa del sector para colaborar con la disminución de la contaminación que generan en la Cuenca”.
El Cuerpo Colegiado está conformado por cinco ONGs que trabajan bajo la coordinación del Defensor del Pueblo de la Nación. Las cinco agrupaciones son: Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH), Asociación de Vecinos La Boca, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), y Fundación Greenpeace Argentina.
Misiones: protegería un millón de ha de bosques
Pretenden preservar más de un millón de hectáreas de bosques en la provincia
Fecha de Publicación: 01/08/2010
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
El ministro de Ecología, Recursos Naturales Renovables y Turismo de Misiones, Horacio Blodek, brindó precisiones sobre el proyecto de ordenamiento territorial de los bosques nativos que tomó estado parlamentario en la última sesión legislativa, cuya finalidad es dar un cumplimento a lo exigido en la ley nacional 26.331. Entre los objetivos indicó que aspiran llegar al millón de hectáreas de bosques que se conserven.
Blodek explicó que el ordenamiento de los bosques nativos tiene como objetivo dar un cumplimento a lo exigido en la ley nacional 26.331 que establece un mecanismo de exigencia a las distintas jurisdicciones del país. Cada provincia debe tener una normativa provincial, para recibir los beneficios establecidos en la normativa nacional, la ley ordena las distintas zonas.
Al respecto aclaró que la provincia tiene distintas normas que están en vigencia, que ya le dieron un ordenamiento a los bosques nativos.
La provincia debe definir tres zonas (roja, verde y amarilla) que tiene ciertas restricciones en el uso del bosque y de la tierra.
La zona roja refiere a la parte de bosques que no se podrá tocar más. La verde se permite hacer ciertos tipos de tareas en el bosque pero sin reconvertir la tierra, mientras que la amarilla se puede hacer hasta la reconvención del boque. Todos estos aspectos “ya lo tenemos ordenados en la provincia”, indicó el ministro.
Sin embargo, están terminando de procesar toda la información para determinar la cantidad de superficie. Indicó que aspiran llegar al millón de hectáreas de bosques que se conserven, “con una imagen de la provincia de mucha naturaleza, que tiene una relación muy directa con el turismo”, manifestó.
Por otro lado, expuso además que, si el productor misionero tiene mil hectáreas de bosques, podrá reconvertir 400 hectáreas, mientras que las restantes tendría que preservarlos. Estos aspectos serían discutidos en la legislatura provincial. “Este trabajo nos va a permitir garantizar que la tarea que se realice sobre un bosque nativo este determinada con claridad”, dijo y agregó que “el productor recibiría una compensación a nivel nacional. En función de las zonas habrá valores establecidos, que aún no está aprobada”.
Fecha de Publicación: 01/08/2010
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
El ministro de Ecología, Recursos Naturales Renovables y Turismo de Misiones, Horacio Blodek, brindó precisiones sobre el proyecto de ordenamiento territorial de los bosques nativos que tomó estado parlamentario en la última sesión legislativa, cuya finalidad es dar un cumplimento a lo exigido en la ley nacional 26.331. Entre los objetivos indicó que aspiran llegar al millón de hectáreas de bosques que se conserven.
Blodek explicó que el ordenamiento de los bosques nativos tiene como objetivo dar un cumplimento a lo exigido en la ley nacional 26.331 que establece un mecanismo de exigencia a las distintas jurisdicciones del país. Cada provincia debe tener una normativa provincial, para recibir los beneficios establecidos en la normativa nacional, la ley ordena las distintas zonas.
Al respecto aclaró que la provincia tiene distintas normas que están en vigencia, que ya le dieron un ordenamiento a los bosques nativos.
La provincia debe definir tres zonas (roja, verde y amarilla) que tiene ciertas restricciones en el uso del bosque y de la tierra.
La zona roja refiere a la parte de bosques que no se podrá tocar más. La verde se permite hacer ciertos tipos de tareas en el bosque pero sin reconvertir la tierra, mientras que la amarilla se puede hacer hasta la reconvención del boque. Todos estos aspectos “ya lo tenemos ordenados en la provincia”, indicó el ministro.
Sin embargo, están terminando de procesar toda la información para determinar la cantidad de superficie. Indicó que aspiran llegar al millón de hectáreas de bosques que se conserven, “con una imagen de la provincia de mucha naturaleza, que tiene una relación muy directa con el turismo”, manifestó.
Por otro lado, expuso además que, si el productor misionero tiene mil hectáreas de bosques, podrá reconvertir 400 hectáreas, mientras que las restantes tendría que preservarlos. Estos aspectos serían discutidos en la legislatura provincial. “Este trabajo nos va a permitir garantizar que la tarea que se realice sobre un bosque nativo este determinada con claridad”, dijo y agregó que “el productor recibiría una compensación a nivel nacional. En función de las zonas habrá valores establecidos, que aún no está aprobada”.
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