El Riachuelo, eterno demorado
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El Riachuelo, eterno demorado
Fecha de Publicación: 27/07/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
Transcurre el tiempo y, a pesar del expreso mandato judicial, el curso fluvial aún está en un lento proceso de recuperación
Hay consenso general acerca de que el complejo Matanza-Riachuelo es un importante foco de contaminación ambiental. A pesar de la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante la cual se ordenó a los gobiernos nacional, bonaerense y porteño a que procedieran al saneamiento del río, la contaminación continúa afectando la salud de las poblaciones aledañas.
A dos años del histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa Mendoza, la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar), organismo que debe velar por el cumplimiento efectivo de las tareas de remediación, sigue postergando el cometido que le ha sido asignado o, al menos, lo cumple a paso lento.
Se han dispuesto escasas medidas de seguridad para prevenir la formación de nuevos basurales; se han inspeccionado menos de un tercio de las industrias radicadas en la cuenca; no se han establecido metas tendientes a lograr la reducción de los vertidos de efluentes contaminantes, principalmente de componentes tales como arsénico, cromo, mercurio y plomo, todos encontrados en el agua del Riachuelo por encima de los niveles permitidos; no se han realizado mediciones sobre la calidad del aire en la cuenca, ni se ha implementado un sistema de información pública que sea accesible para el ciudadano, tal como ordenó la Corte en su fallo.
Incluso el polo petroquímico de Dock Sud, ubicado a tan sólo unas pocas cuadras de la zona céntrica de Buenos Aires, el cual ha sido blanco de insistentes denuncias por parte de los vecinos de La Boca, Barracas y Avellaneda, continúa en el mismo estado.
Lo que aquí comentamos no es nuevo. El Riachuelo viene siendo blanco de críticas públicas y harto fundamentadas, que se iniciaron hacia fines del siglo XIX. A partir de esa época se sucedieron, simultáneamente, juicios y anuncios políticos que prometían dar inicio a las tareas de remediación del río y su cuenca. Baste recordar los célebres 1000 días anunciados en la época del gobierno de Carlos Menem, al cabo de los cuales "se iba a poder nadar y pescar en el Riachuelo".
Sin embargo, continúan hoy los basurales a cielo abierto. Se han efectuado muy escasos avances para el saneamiento de los más de 200 basurales existentes en la cuenca. Tampoco se han adoptado medidas urgentes tendientes a asistir y relocalizar a las personas que viven sobre los basurales. Recientemente, se anunció el llamado a licitación pública para construir un nuevo puente giratorio sobre el Riachuelo, a fin de unir la avenida Roca, de Avellaneda, con la avenida Regimiento de Patricios, de la ciudad de Buenos Aires.
Se trata de una obra positiva, pero de alguna manera paradójica, ya que miles de familias están padeciendo enfermedades a causa de la contaminación del Riachuelo y viviendo sin servicios públicos elementales a la vera del río.
Se evidencia la total ausencia de políticas públicas integrales hacia los sectores más vulnerables en materia ambiental, habitacional y fundamentalmente en respuestas efectivas para el mejoramiento de la calidad de vida de quienes mas lo necesitan.
La indudable debilidad institucional del Acumar contribuye a esta situación y sería deseable que se produjeran cambios hacia la conformacion de una verdadera instancia de coordinación y articulación interjurisdiccional. De otro modo, se seguirá padeciendo este mal por otros muchos miles de días.
Fecha de Publicación: 27/07/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
Transcurre el tiempo y, a pesar del expreso mandato judicial, el curso fluvial aún está en un lento proceso de recuperación
Hay consenso general acerca de que el complejo Matanza-Riachuelo es un importante foco de contaminación ambiental. A pesar de la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante la cual se ordenó a los gobiernos nacional, bonaerense y porteño a que procedieran al saneamiento del río, la contaminación continúa afectando la salud de las poblaciones aledañas.
A dos años del histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa Mendoza, la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar), organismo que debe velar por el cumplimiento efectivo de las tareas de remediación, sigue postergando el cometido que le ha sido asignado o, al menos, lo cumple a paso lento.
Se han dispuesto escasas medidas de seguridad para prevenir la formación de nuevos basurales; se han inspeccionado menos de un tercio de las industrias radicadas en la cuenca; no se han establecido metas tendientes a lograr la reducción de los vertidos de efluentes contaminantes, principalmente de componentes tales como arsénico, cromo, mercurio y plomo, todos encontrados en el agua del Riachuelo por encima de los niveles permitidos; no se han realizado mediciones sobre la calidad del aire en la cuenca, ni se ha implementado un sistema de información pública que sea accesible para el ciudadano, tal como ordenó la Corte en su fallo.
Incluso el polo petroquímico de Dock Sud, ubicado a tan sólo unas pocas cuadras de la zona céntrica de Buenos Aires, el cual ha sido blanco de insistentes denuncias por parte de los vecinos de La Boca, Barracas y Avellaneda, continúa en el mismo estado.
Lo que aquí comentamos no es nuevo. El Riachuelo viene siendo blanco de críticas públicas y harto fundamentadas, que se iniciaron hacia fines del siglo XIX. A partir de esa época se sucedieron, simultáneamente, juicios y anuncios políticos que prometían dar inicio a las tareas de remediación del río y su cuenca. Baste recordar los célebres 1000 días anunciados en la época del gobierno de Carlos Menem, al cabo de los cuales "se iba a poder nadar y pescar en el Riachuelo".
Sin embargo, continúan hoy los basurales a cielo abierto. Se han efectuado muy escasos avances para el saneamiento de los más de 200 basurales existentes en la cuenca. Tampoco se han adoptado medidas urgentes tendientes a asistir y relocalizar a las personas que viven sobre los basurales. Recientemente, se anunció el llamado a licitación pública para construir un nuevo puente giratorio sobre el Riachuelo, a fin de unir la avenida Roca, de Avellaneda, con la avenida Regimiento de Patricios, de la ciudad de Buenos Aires.
Se trata de una obra positiva, pero de alguna manera paradójica, ya que miles de familias están padeciendo enfermedades a causa de la contaminación del Riachuelo y viviendo sin servicios públicos elementales a la vera del río.
Se evidencia la total ausencia de políticas públicas integrales hacia los sectores más vulnerables en materia ambiental, habitacional y fundamentalmente en respuestas efectivas para el mejoramiento de la calidad de vida de quienes mas lo necesitan.
La indudable debilidad institucional del Acumar contribuye a esta situación y sería deseable que se produjeran cambios hacia la conformacion de una verdadera instancia de coordinación y articulación interjurisdiccional. De otro modo, se seguirá padeciendo este mal por otros muchos miles de días.
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Planta industrial de reciclado de neumáticos
Comenzó a funcionar la primera planta industrial de reciclado de neumáticos de Argentina
Fecha de Publicación: 27/07/2010
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Buenos Aires
Neumáticos en desuso Comenzó a funcionar la primera planta industrial de reciclado de neumáticos de Argentina
El proyecto fue ideado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Participan la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) y la empresa REGOMAX.
Según informó el Noticiero Tecnológico Semanal Nº 218, ya se encuentra en funcionamiento en el partido bonaerense de San Martín la primer planta industrial del país dedicada al reciclado de neumáticos fuera de uso. El monto de la inversión para la construcción de la planta y la adquisición de la maquinaria fue de dos millones de dólares.
El proyecto original fue desarrollado y es actualmente coordinado por INTI Caucho, área del instituto que busca generar actividades industriales a partir de los materiales recuperados y ayudar en la elaboración de leyes y regulaciones teniendo en cuenta los beneficios ambientales y sociales.
En el marco de estos objetivos, la dependencia articuló los sectores público y privado para el desarrollo de un modelo de gestión integral de neumáticos fuera de uso. Para ello, se realizó un estudio previo de la distribución del residuo en el país, así como posibles acciones por zonas geográficas.
En el año 2007, se firmó un contrato entre la CEAMSE y la empresa REGOMAX, quienes se unieron al proyecto. Por su parte, la Coordinación Ecológica cedió el terreno y la empresa privada recicla el residuo y obtiene el molido de goma destinándolo a la fabricación de pisos, pavimentos deportivos y canchas sintéticas. En tanto, el INTI garantiza que el proceso sea realizado correctamente.
La solución a un problema múltiple
Según informó el INTI, se estima que en nuestro país la generación de neumáticos fuera de uso supera las 100.000 t anuales, correspondiendo 40.000 t a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires.
El problema para los rellenos sanitarios es el gran volumen que ocupan y el largo tiempo de degradación (600 años aproximadamente), en tanto que la disposición inadecuada en espacios públicos crea un hábitat propicio para la proliferación de mosquitos transmisores del dengue y roedores.
El uso indebido de neumáticos al final de su vida útil en medios de transporte, aumenta la probabilidad de provocar accidentes de tránsito. Asimismo, su incineración para combatir efectos de heladas en cultivos es perjudicial para el ambiente y la salud.
Fecha de Publicación: 27/07/2010
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Buenos Aires
Neumáticos en desuso Comenzó a funcionar la primera planta industrial de reciclado de neumáticos de Argentina
El proyecto fue ideado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Participan la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) y la empresa REGOMAX.
Según informó el Noticiero Tecnológico Semanal Nº 218, ya se encuentra en funcionamiento en el partido bonaerense de San Martín la primer planta industrial del país dedicada al reciclado de neumáticos fuera de uso. El monto de la inversión para la construcción de la planta y la adquisición de la maquinaria fue de dos millones de dólares.
El proyecto original fue desarrollado y es actualmente coordinado por INTI Caucho, área del instituto que busca generar actividades industriales a partir de los materiales recuperados y ayudar en la elaboración de leyes y regulaciones teniendo en cuenta los beneficios ambientales y sociales.
En el marco de estos objetivos, la dependencia articuló los sectores público y privado para el desarrollo de un modelo de gestión integral de neumáticos fuera de uso. Para ello, se realizó un estudio previo de la distribución del residuo en el país, así como posibles acciones por zonas geográficas.
En el año 2007, se firmó un contrato entre la CEAMSE y la empresa REGOMAX, quienes se unieron al proyecto. Por su parte, la Coordinación Ecológica cedió el terreno y la empresa privada recicla el residuo y obtiene el molido de goma destinándolo a la fabricación de pisos, pavimentos deportivos y canchas sintéticas. En tanto, el INTI garantiza que el proceso sea realizado correctamente.
La solución a un problema múltiple
Según informó el INTI, se estima que en nuestro país la generación de neumáticos fuera de uso supera las 100.000 t anuales, correspondiendo 40.000 t a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires.
El problema para los rellenos sanitarios es el gran volumen que ocupan y el largo tiempo de degradación (600 años aproximadamente), en tanto que la disposición inadecuada en espacios públicos crea un hábitat propicio para la proliferación de mosquitos transmisores del dengue y roedores.
El uso indebido de neumáticos al final de su vida útil en medios de transporte, aumenta la probabilidad de provocar accidentes de tránsito. Asimismo, su incineración para combatir efectos de heladas en cultivos es perjudicial para el ambiente y la salud.
Protección a bosques de lenga
Habrá más protección a bosques de lenga y prohibición de desmontes andinos
Fecha de Publicación: 26/07/2010
Fuente: Agencia Digital de Noticias
Provincia/Región: Río Negro
A partir de la sanción de la ley de conservación y aprovechamiento sustentable de los bosques nativos en la provincia de Río Negro, sancionada este mes por la Legislatura, el Estado provincial no otorgará nuevos títulos de propiedad sobre tierras fiscales en las que se encuentran ejemplares de lenga.
Según lo establece esa norma, los titulares o tenedores de tierras donde hay bosques de lenga se constituirán en “custodios ambientales”.
La misma ley estipula además que no podrán autorizarse desmontes de bosques nativos clasificados en las categorías uno (rojo) y dos (amarillo), que son considerados, respectivamente, sectores de muy alto y mediano valor de conservación.
No obstante, podrán autorizarse prácticas de fuego de eliminación de residuos vegetales, pero esas acciones deben fundarse en la disminución de riesgos sanitarios o la prevención de incendios forestales.
La ley sancionada por la Legislatura el 8 de este mes –y promulgada por el Poder Ejecutivo cuatro días después- fija que los planes de conservación, manejo sostenible y aprovechamiento de cambio de uso del suelo requerirán de la evaluación y aprobación de la autoridad de aplicación y deberán estar firmados por titulares de la actividad y avalados por un profesional habilitado.
Entre otras infracciones o sanciones a la ley vigente, la realización de desmontes, aprovechamientos o cualquier otras actividades sometidas a permiso sin mediar la correspondiente autorización está penada con multa entre 300 y 10.000 sueldos básicos de la categoría inicial de la administración pública nacional.
La recaudación será afectada al denominado fondo provincial para el enriquecimiento y la conservación de los bosques nativos.
Fecha de Publicación: 26/07/2010
Fuente: Agencia Digital de Noticias
Provincia/Región: Río Negro
A partir de la sanción de la ley de conservación y aprovechamiento sustentable de los bosques nativos en la provincia de Río Negro, sancionada este mes por la Legislatura, el Estado provincial no otorgará nuevos títulos de propiedad sobre tierras fiscales en las que se encuentran ejemplares de lenga.
Según lo establece esa norma, los titulares o tenedores de tierras donde hay bosques de lenga se constituirán en “custodios ambientales”.
La misma ley estipula además que no podrán autorizarse desmontes de bosques nativos clasificados en las categorías uno (rojo) y dos (amarillo), que son considerados, respectivamente, sectores de muy alto y mediano valor de conservación.
No obstante, podrán autorizarse prácticas de fuego de eliminación de residuos vegetales, pero esas acciones deben fundarse en la disminución de riesgos sanitarios o la prevención de incendios forestales.
La ley sancionada por la Legislatura el 8 de este mes –y promulgada por el Poder Ejecutivo cuatro días después- fija que los planes de conservación, manejo sostenible y aprovechamiento de cambio de uso del suelo requerirán de la evaluación y aprobación de la autoridad de aplicación y deberán estar firmados por titulares de la actividad y avalados por un profesional habilitado.
Entre otras infracciones o sanciones a la ley vigente, la realización de desmontes, aprovechamientos o cualquier otras actividades sometidas a permiso sin mediar la correspondiente autorización está penada con multa entre 300 y 10.000 sueldos básicos de la categoría inicial de la administración pública nacional.
La recaudación será afectada al denominado fondo provincial para el enriquecimiento y la conservación de los bosques nativos.
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El desmonte clandestino chaqueño
El desmonte clandestino chaqueño se adueñó de los departamentos Brown y Güemes
Fecha de Publicación: 26/07/2010
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
Poco más de 5000 hectáreas de montes topadas en forma clandestina fueron detectadas desde el Centro de Geoinformación instalado en Sáenz Peña y que depende de la Dirección de Bosques de la provincia.
Los desmontes fueron detectados en los primeros seis meses de este año, y según explicó a NORTE el titular de la Dirección de Bosques, Miguel Ángel López, durante la semana anterior, salieron desde juzgados de la segunda circunscripción tres órdenes de allanamientos para tres explotaciones de la zona por desmontes ilegales.
De todas maneras, reconoció dificultades trazando un paralelismo con lo que ocurre con la actividad del agro, en la que existe una superficie de 1.300.000 hectáreas que son controladas por un importante número de personas afectadas a las tareas y se generan inconvenientes de diverso tipo: “imagínense cómo hacer para cubrir el control de 5.000.000 de hectáreas de bosques; la presencia en las calles no alcanza a pesar de contar con el sistema de mapeo satelital cada 16 días”, indicó López.
Se “barre”, a través del satélite, la provincia
“Acá se mezclan otras cuestiones”, enfatizó López, y explicó se está haciendo un barrido de toda la provincia con imágenes que llegan con una corta periodicidad de tiempo “y hemos detectado importantes cambios. Por ello se han confeccionado poco más de un centenar de expedientes mediante el accionar de inspectores pertenecientes al departamento legal de Bosques para corroborar lo indicado por las imágenes”.
Detalló que una vez que se hace la inspección a campo se envían los resultados junto a lo detectado por las imágenes al Departamento de Asuntos Legales y se inician las acciones intimando por carta documento para que en el lapso de 10 días se presente el productor a hacer el descargo.
Pasado ese lapso, lo novedoso, según López, es que se pueden llegar a realizar acciones de embargo preventivo según las directivas emanadas por el ministro de la Producción, Enrique Orban, si se excede el plazo y no se adviene a negociar un plan de pagos.
También el responsable de Bosques indicó que tras la detección de los desmontes ilegales la actividad debe cesar inmediatamente “porque tenemos en la calle inspectores que se encargan de llevar a delante los controles”.
El equipo de trabajo
En la oficina del Centro de Geoinformación en la cual López recibió a NORTE, el equipo de trabajo está integrado por sólo tres personas encargadas de las imágenes que brinda el satélite: el ingeniero Walter Massad, experto en sistemas de imágenes que trabajó dos años en Georgia, Estados Unidos y dos años en Canadá; el ingeniero Javier Maurazo Fernández y el técnico forestal Diego Córdoba.
“Disponemos de equipamiento moderno, que barre la geografía chaqueña, y tenemos la capacidad, a través de un software especial, que capta lo que el ojo humano no ve, y estamos trabajado también para el Ministerio de la Producción y para el Instituto de Colonización”, indicó Massad.
Un 0-800 para hacer denuncias
López, que mostró a NORTE cómo se trabaja con el sistema de imágenes en el Centro de Geoinformación ubicado en el primer piso del ex edificio de Cosecha en Sáenz Peña, adelantó que a partir de esta semana estará disponible un 0-800 para realizar denuncias, con una cinta grabadora que estará todos los días habilitada para recibirlas e intervenir ante cada llamado. “Por eso pedimos a toda la comunidad que participe de esto cumpliendo un rol social y además se ha creado el registro de infractores que próximamente estará disponible en el sitio web de nuestro organismo e inclusive en las delegaciones ya está disponible para quien quiera consultarlas”, indicó.
Fecha de Publicación: 26/07/2010
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
Poco más de 5000 hectáreas de montes topadas en forma clandestina fueron detectadas desde el Centro de Geoinformación instalado en Sáenz Peña y que depende de la Dirección de Bosques de la provincia.
Los desmontes fueron detectados en los primeros seis meses de este año, y según explicó a NORTE el titular de la Dirección de Bosques, Miguel Ángel López, durante la semana anterior, salieron desde juzgados de la segunda circunscripción tres órdenes de allanamientos para tres explotaciones de la zona por desmontes ilegales.
De todas maneras, reconoció dificultades trazando un paralelismo con lo que ocurre con la actividad del agro, en la que existe una superficie de 1.300.000 hectáreas que son controladas por un importante número de personas afectadas a las tareas y se generan inconvenientes de diverso tipo: “imagínense cómo hacer para cubrir el control de 5.000.000 de hectáreas de bosques; la presencia en las calles no alcanza a pesar de contar con el sistema de mapeo satelital cada 16 días”, indicó López.
Se “barre”, a través del satélite, la provincia
“Acá se mezclan otras cuestiones”, enfatizó López, y explicó se está haciendo un barrido de toda la provincia con imágenes que llegan con una corta periodicidad de tiempo “y hemos detectado importantes cambios. Por ello se han confeccionado poco más de un centenar de expedientes mediante el accionar de inspectores pertenecientes al departamento legal de Bosques para corroborar lo indicado por las imágenes”.
Detalló que una vez que se hace la inspección a campo se envían los resultados junto a lo detectado por las imágenes al Departamento de Asuntos Legales y se inician las acciones intimando por carta documento para que en el lapso de 10 días se presente el productor a hacer el descargo.
Pasado ese lapso, lo novedoso, según López, es que se pueden llegar a realizar acciones de embargo preventivo según las directivas emanadas por el ministro de la Producción, Enrique Orban, si se excede el plazo y no se adviene a negociar un plan de pagos.
También el responsable de Bosques indicó que tras la detección de los desmontes ilegales la actividad debe cesar inmediatamente “porque tenemos en la calle inspectores que se encargan de llevar a delante los controles”.
El equipo de trabajo
En la oficina del Centro de Geoinformación en la cual López recibió a NORTE, el equipo de trabajo está integrado por sólo tres personas encargadas de las imágenes que brinda el satélite: el ingeniero Walter Massad, experto en sistemas de imágenes que trabajó dos años en Georgia, Estados Unidos y dos años en Canadá; el ingeniero Javier Maurazo Fernández y el técnico forestal Diego Córdoba.
“Disponemos de equipamiento moderno, que barre la geografía chaqueña, y tenemos la capacidad, a través de un software especial, que capta lo que el ojo humano no ve, y estamos trabajado también para el Ministerio de la Producción y para el Instituto de Colonización”, indicó Massad.
Un 0-800 para hacer denuncias
López, que mostró a NORTE cómo se trabaja con el sistema de imágenes en el Centro de Geoinformación ubicado en el primer piso del ex edificio de Cosecha en Sáenz Peña, adelantó que a partir de esta semana estará disponible un 0-800 para realizar denuncias, con una cinta grabadora que estará todos los días habilitada para recibirlas e intervenir ante cada llamado. “Por eso pedimos a toda la comunidad que participe de esto cumpliendo un rol social y además se ha creado el registro de infractores que próximamente estará disponible en el sitio web de nuestro organismo e inclusive en las delegaciones ya está disponible para quien quiera consultarlas”, indicó.
Botnia: el Gobierno confía en el acuerdo
Botnia: faltan detalles, pero el Gobierno confía en el acuerdo
Fecha de Publicación: 25/07/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Entre Ríos - Nacional
Las cancillerías de Argentina y Uruguay terminarán de definir en los próximos días el acuerdo que permitirá que se hagan controles ambientales a las industrias ubicadas en ambas márgenes del río Uruguay, sobre todo a la papelera UPM, ex Botnia. A pesar de que aún resta acordar algunos detalles, en el Gobierno dan por hecho que el plan de monitoreo se oficializará pronto, confirmó a Clarín uno de los ministros que ayer acompañó a la presidenta Crsistina Kirchner a un acto en Santiago del Estero (Ver página 19).
El canciller Héctor Timerman usó ayer 136 caracteres para informar desde Twitter, a grandes rasgos, cuál es la posición argentina sobre el control ambiental a las industrias que trabajan sobre el río Uruguay: “ Sobre Botnia. en síntesis la posición argentina propone q los científicos tengan ingreso a todos los establecimientos en ambas márgenes” (sic). Antes había dado a entender que aún persisten algunas diferencias con Uruguay, por lo que el acuerdo sigue trabado, aunque fuentes del entorno presidencial descuentan que el tema se solucionará rápidamente .
Timerman intentó desmentir al vicecanciller del Uruguay, Roberto Conde, que había dicho que el acuerdo estaba “cerrado”: “La voluntad política de llegar a este acuerdo es irreversible, ahora se está trabajando justamente en la materialización y en los detalles, y es obvio que se tenían que dar estas instancias de intercambio y de traspaso de borradores de una parte a la otra”.
Siguiendo esa línea, la cancillería uruguaya dejó trascender ayer que lo que resta definir es qué organizaciones y científicos harán el monitoreo binacional a la ex Botnia y a las demás industrias que funcionan sobre el río Uruguay. El diario uruguayo El País reveló que se analiza que el equipo de ambientalistas encargados del control podría estar conformado por ambientalistas que provengan de dos universidades ( una argentina y otra uruguaya); de dos universidades y un laboratorio con prestigio internacional; de un laboratorio consensuado por ambos gobiernos; o de dos laboratorios elegidos por cada país.
Ante consultas de Clarín vía Twitter, Timerman dio a entender que lo que resta acordar es qué empresas de ambas márgenes serán monitoreadas: “La ciencia en cuidado del medioambiente no debe tener más límites que los que decidan los científicos”. ¿Uruguay se niega a abrir a los ambientalistas todas las industrias que trabajan sobre el lecho del río? Timerman dijo que no le correspondía opinar sobre el planteo del país vecino. Sobre quiénes serán los científicos, tampoco dio precisiones: “No voy a opinar públicamente sobre la postura uruguaya. Nosotros abrimos todo a la ciencia a controlar en forma permanente”.
Más allá de estas diferencias, en el Gobierno están confiados de que se llegará a un acuerdo en los próximos días.
Por su lado, los asambleístas de Gualeguaychú se mostraron escépticos y anunciaron que exigirán que el pacto binacional se plasme en un escrito porque desconfían del gobierno uruguayo (ver Los asambleístas ...). El gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, también sigue el tema con especial atención.
Cristina estará junto a Mujica en San Juan
La presidenta Cristina Kirchner y su par de Uruguay, José Mujica, se verán personalmente el martes 3 de agosto, durante la Cumbre del Mercosur y sus Estados asociados que se realizará en la provincia de San Juan. Fuentes diplomáticas especulan que ese día podrían anunciar públicamente el acuerdo de monitoreo ambiental de la ex Botnia y las demás industrias que se encuentran en ambas márgenes del Río Uruguay. Así lo había dicho esta semana el propio canciller uruguayo, Luis Almagro. El jefe de la diplomacia del país vecino explicó también que le gustaría plantear en esa reunión internacional que los países del Mercosur creen un protocolo ambiental colectivo. Más allá de estos temas, la cumbre de San Juan, sin embargo, estará teñida por el conflicto cada más agudizado entre los gobiernos de Venezuela y el de Colombia.
Fecha de Publicación: 25/07/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Entre Ríos - Nacional
Las cancillerías de Argentina y Uruguay terminarán de definir en los próximos días el acuerdo que permitirá que se hagan controles ambientales a las industrias ubicadas en ambas márgenes del río Uruguay, sobre todo a la papelera UPM, ex Botnia. A pesar de que aún resta acordar algunos detalles, en el Gobierno dan por hecho que el plan de monitoreo se oficializará pronto, confirmó a Clarín uno de los ministros que ayer acompañó a la presidenta Crsistina Kirchner a un acto en Santiago del Estero (Ver página 19).
El canciller Héctor Timerman usó ayer 136 caracteres para informar desde Twitter, a grandes rasgos, cuál es la posición argentina sobre el control ambiental a las industrias que trabajan sobre el río Uruguay: “ Sobre Botnia. en síntesis la posición argentina propone q los científicos tengan ingreso a todos los establecimientos en ambas márgenes” (sic). Antes había dado a entender que aún persisten algunas diferencias con Uruguay, por lo que el acuerdo sigue trabado, aunque fuentes del entorno presidencial descuentan que el tema se solucionará rápidamente .
Timerman intentó desmentir al vicecanciller del Uruguay, Roberto Conde, que había dicho que el acuerdo estaba “cerrado”: “La voluntad política de llegar a este acuerdo es irreversible, ahora se está trabajando justamente en la materialización y en los detalles, y es obvio que se tenían que dar estas instancias de intercambio y de traspaso de borradores de una parte a la otra”.
Siguiendo esa línea, la cancillería uruguaya dejó trascender ayer que lo que resta definir es qué organizaciones y científicos harán el monitoreo binacional a la ex Botnia y a las demás industrias que funcionan sobre el río Uruguay. El diario uruguayo El País reveló que se analiza que el equipo de ambientalistas encargados del control podría estar conformado por ambientalistas que provengan de dos universidades ( una argentina y otra uruguaya); de dos universidades y un laboratorio con prestigio internacional; de un laboratorio consensuado por ambos gobiernos; o de dos laboratorios elegidos por cada país.
Ante consultas de Clarín vía Twitter, Timerman dio a entender que lo que resta acordar es qué empresas de ambas márgenes serán monitoreadas: “La ciencia en cuidado del medioambiente no debe tener más límites que los que decidan los científicos”. ¿Uruguay se niega a abrir a los ambientalistas todas las industrias que trabajan sobre el lecho del río? Timerman dijo que no le correspondía opinar sobre el planteo del país vecino. Sobre quiénes serán los científicos, tampoco dio precisiones: “No voy a opinar públicamente sobre la postura uruguaya. Nosotros abrimos todo a la ciencia a controlar en forma permanente”.
Más allá de estas diferencias, en el Gobierno están confiados de que se llegará a un acuerdo en los próximos días.
Por su lado, los asambleístas de Gualeguaychú se mostraron escépticos y anunciaron que exigirán que el pacto binacional se plasme en un escrito porque desconfían del gobierno uruguayo (ver Los asambleístas ...). El gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, también sigue el tema con especial atención.
Cristina estará junto a Mujica en San Juan
La presidenta Cristina Kirchner y su par de Uruguay, José Mujica, se verán personalmente el martes 3 de agosto, durante la Cumbre del Mercosur y sus Estados asociados que se realizará en la provincia de San Juan. Fuentes diplomáticas especulan que ese día podrían anunciar públicamente el acuerdo de monitoreo ambiental de la ex Botnia y las demás industrias que se encuentran en ambas márgenes del Río Uruguay. Así lo había dicho esta semana el propio canciller uruguayo, Luis Almagro. El jefe de la diplomacia del país vecino explicó también que le gustaría plantear en esa reunión internacional que los países del Mercosur creen un protocolo ambiental colectivo. Más allá de estos temas, la cumbre de San Juan, sin embargo, estará teñida por el conflicto cada más agudizado entre los gobiernos de Venezuela y el de Colombia.
Glaciares: provincias mineras apuran sus leyes
Provincias mineras apuran sus leyes de protección ambiental
Fecha de Publicación: 25/07/2010
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Nacional - Catamarca
El gobierno envió ayer a la legislatura el proyecto local de protección de glaciares.
Luego de que la Cámara de Diputados de la Nación diera media sanción a la Ley de Protección de Glaciares, que de ser confirmada por el Senado implicará fuertes restricciones a la minería, las provincias en las que esta actividad es una parte importante de su desarrollo productivo, están apurando normativas propias sobre el tema, para reafirmar su potestad en materia ambiental.
Recientemente, el gobernador de San Juan, José Luis Gioja, consiguió el respaldo de los legisladores provinciales, que aprobaron una normativa propia, como habían hecho La Rioja y Jujuy.
En este marco, el Ejecutivo catamarqueño remitió ayer el proyecto de protección de glaciares a la Legislatura, con el objetivo de que tenga un rápido tratamiento.
La acción, que se está replicando en las provincias cordilleranas, responde a un acuerdo rubricado por los mandatarios días atrás, ante la preocupación que existe por los posibles efectos de la normativa que se está analizando en el Congreso.
En la votación de la Cámara baja nacional, los cinco diputados catamarqueños del FCS y el kirchnerismo votaron en contra de la propuesta que impulsó el arco opositor, y que prevé la prohibición de actividad minera en la zona de los glaciares y periglaciares.
Según graficó la diputada Mariana Veaute, la normativa con media sanción "perjudica mucho a Catamarca", en referencia a las restricciones que prevé.
También Dalmacio Mera (FV), cuestionó la ley, a la que calificó como un "ataque al federalismo".
Fecha de Publicación: 25/07/2010
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Nacional - Catamarca
El gobierno envió ayer a la legislatura el proyecto local de protección de glaciares.
Luego de que la Cámara de Diputados de la Nación diera media sanción a la Ley de Protección de Glaciares, que de ser confirmada por el Senado implicará fuertes restricciones a la minería, las provincias en las que esta actividad es una parte importante de su desarrollo productivo, están apurando normativas propias sobre el tema, para reafirmar su potestad en materia ambiental.
Recientemente, el gobernador de San Juan, José Luis Gioja, consiguió el respaldo de los legisladores provinciales, que aprobaron una normativa propia, como habían hecho La Rioja y Jujuy.
En este marco, el Ejecutivo catamarqueño remitió ayer el proyecto de protección de glaciares a la Legislatura, con el objetivo de que tenga un rápido tratamiento.
La acción, que se está replicando en las provincias cordilleranas, responde a un acuerdo rubricado por los mandatarios días atrás, ante la preocupación que existe por los posibles efectos de la normativa que se está analizando en el Congreso.
En la votación de la Cámara baja nacional, los cinco diputados catamarqueños del FCS y el kirchnerismo votaron en contra de la propuesta que impulsó el arco opositor, y que prevé la prohibición de actividad minera en la zona de los glaciares y periglaciares.
Según graficó la diputada Mariana Veaute, la normativa con media sanción "perjudica mucho a Catamarca", en referencia a las restricciones que prevé.
También Dalmacio Mera (FV), cuestionó la ley, a la que calificó como un "ataque al federalismo".
Argentina con potencial en biocombustibles
Argentina es uno de los países con mayor potencial en biocombustibles
Fecha de Publicación: 24/07/2010
Fuente: El Argentino
Provincia/Región: Nacional
La primera jornada del “Segundo Foro Panamericano de Bioenergías-La Rural 2010” tuvo lugar ayer en el predio de Palermo, donde quedó en claro que Argentina es uno de los países con mayor potencial para producción de biocombustibles.
En este sentido, Víctor Castro de la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO), desarrolló las alternativas del mercado argentino de los bioproductos.
Explicó que “nuestro país en tan sólo tres años se ha convertido en el quinto productor y principal exportador de biodiésel a escala mundial”.
Al cierre de 2009 ascendieron a 1.2 millones de toneladas exportadas. Estos números, para los especialistas, significan no sólo la creciente demanda mundial de biodiésel sino también la alta calidad y sustentabilidad que posee este producto fabricado en la Argentina.
También se indicó que el país posee una de las industrias de biodiésel más moderna del mundo, cumple con los estándares de calidad más altos en términos técnicos, económicos y ambientales.
El 85 por ciento de las plantas están ubicadas en la provincia de Santa Fe, especialmente en las localidades de Puerto General San Martín, San Lorenzo y Rosario.
Estas localidades forman el principal polo aceitero de la Argentina y cuentan con una infraestructura diseñada específicamente para exportar a través de la Hidrovía Paraná-Uruguay, lo que implica la existencia del cluster más grande a nivel mundial en el sector oleaginosas.
Así lo explicó Castro al destacar que “actualmente la oferta de biocombustibles se centra en la producción de biodiésel de soja, con destino al mercado interno y a la exportación”.
A partir de 2010, en Argentina se debe mezclar los carburantes fósiles con al menos 5 por ciento de biocombustibles, la nafta con un siete por ciento de bioetanol y el gasoil con biodiésel.
La disertación tuvo lugar en el pabellón Ceibo del predio rural donde tiene lugar la 124 Exposición de Palermo y el Foro continuará hoy.
Se destacó que la legislación crea un mercado interno que demandará unas 800 mil toneladas de biodiésel, cantidad que la industria argentina puede abastecer ampliamente ya que la capacidad instalada alcanza a 2,5 millones de toneladas.
Fecha de Publicación: 24/07/2010
Fuente: El Argentino
Provincia/Región: Nacional
La primera jornada del “Segundo Foro Panamericano de Bioenergías-La Rural 2010” tuvo lugar ayer en el predio de Palermo, donde quedó en claro que Argentina es uno de los países con mayor potencial para producción de biocombustibles.
En este sentido, Víctor Castro de la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO), desarrolló las alternativas del mercado argentino de los bioproductos.
Explicó que “nuestro país en tan sólo tres años se ha convertido en el quinto productor y principal exportador de biodiésel a escala mundial”.
Al cierre de 2009 ascendieron a 1.2 millones de toneladas exportadas. Estos números, para los especialistas, significan no sólo la creciente demanda mundial de biodiésel sino también la alta calidad y sustentabilidad que posee este producto fabricado en la Argentina.
También se indicó que el país posee una de las industrias de biodiésel más moderna del mundo, cumple con los estándares de calidad más altos en términos técnicos, económicos y ambientales.
El 85 por ciento de las plantas están ubicadas en la provincia de Santa Fe, especialmente en las localidades de Puerto General San Martín, San Lorenzo y Rosario.
Estas localidades forman el principal polo aceitero de la Argentina y cuentan con una infraestructura diseñada específicamente para exportar a través de la Hidrovía Paraná-Uruguay, lo que implica la existencia del cluster más grande a nivel mundial en el sector oleaginosas.
Así lo explicó Castro al destacar que “actualmente la oferta de biocombustibles se centra en la producción de biodiésel de soja, con destino al mercado interno y a la exportación”.
A partir de 2010, en Argentina se debe mezclar los carburantes fósiles con al menos 5 por ciento de biocombustibles, la nafta con un siete por ciento de bioetanol y el gasoil con biodiésel.
La disertación tuvo lugar en el pabellón Ceibo del predio rural donde tiene lugar la 124 Exposición de Palermo y el Foro continuará hoy.
Se destacó que la legislación crea un mercado interno que demandará unas 800 mil toneladas de biodiésel, cantidad que la industria argentina puede abastecer ampliamente ya que la capacidad instalada alcanza a 2,5 millones de toneladas.
Desalojo de empresa en el Riachuelo
Armella ordenó otro desalojo
Fecha de Publicación: 23/07/2010
Fuente: El Sol de Quilmes
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
El juez Federal de Quilmes, Luis Armella, ordenó el desalojo de una empresa ubicada en el partido bonaerense de Lanús, para así liberar las márgenes del Riachuelo, se informó ayer.
Así lo informaron fuentes judiciales, las cuales aseguraron que la medida ya se efectivizó y por orden del juzgado los costos por la remoción de objetos correrán por cuenta de la empresa, DICC S.A.
La decisión fue tomada en el marco de la causa "Mendoza", a partir de la cual la Corte Suprema ordenó en 2008 la puesta en marcha de un plan de saneamiento de la cuenca Matanza - Riachuelo, tarea que le fue delegada al juzgado federal de Quilmes.
El juez Armella consideró apropiado remover todos los obstáculos existentes sobre el "camino de sirga" y evitar futuras usurpaciones.
"Los titulares dominiales de las tierras que limitan con cursos de agua están obligados a dejar una calle o camino público de 35 metros hasta la orilla cuando los ríos o caminos sirven de comunicación por agua, ya sea para la navegabilidad como para la flotablidad", sostuvo el magistrado en su resolución.
Informes a ACUMAR
Además, el juez tuvo en cuenta que al pedir informes a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), la misma aseguró que existían dificultades sobre la implementación del "camino de sirga" con relación al terreno que ocupaba dicha empresa.
En ese informe, el organismo, que agrupa al Estado bonaerense, porteño y nacional, detalló la existencia de dos niveles y doble fila de containers a ambos lados e invasión sobre el camino de sirga.
Para el juez, los plazos que dio a la empresa DICC S.A. para la desocupación del camino de sirga, "han sido ampliamente contemplados, como así también el libramiento de las correspondientes intimaciones y las oportunidades de liberar el camino, razón por la cual resulta de suma importancia instrumentar una medida ejemplificador".
Así, el magistrado quilmeño busca "no dilatar el cumplimiento del Plan de Saneamiento trazado en la ejecución a cargo del suscripto de la sentencia dictada por el Tribunal Cimero".
Fecha de Publicación: 23/07/2010
Fuente: El Sol de Quilmes
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
El juez Federal de Quilmes, Luis Armella, ordenó el desalojo de una empresa ubicada en el partido bonaerense de Lanús, para así liberar las márgenes del Riachuelo, se informó ayer.
Así lo informaron fuentes judiciales, las cuales aseguraron que la medida ya se efectivizó y por orden del juzgado los costos por la remoción de objetos correrán por cuenta de la empresa, DICC S.A.
La decisión fue tomada en el marco de la causa "Mendoza", a partir de la cual la Corte Suprema ordenó en 2008 la puesta en marcha de un plan de saneamiento de la cuenca Matanza - Riachuelo, tarea que le fue delegada al juzgado federal de Quilmes.
El juez Armella consideró apropiado remover todos los obstáculos existentes sobre el "camino de sirga" y evitar futuras usurpaciones.
"Los titulares dominiales de las tierras que limitan con cursos de agua están obligados a dejar una calle o camino público de 35 metros hasta la orilla cuando los ríos o caminos sirven de comunicación por agua, ya sea para la navegabilidad como para la flotablidad", sostuvo el magistrado en su resolución.
Informes a ACUMAR
Además, el juez tuvo en cuenta que al pedir informes a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), la misma aseguró que existían dificultades sobre la implementación del "camino de sirga" con relación al terreno que ocupaba dicha empresa.
En ese informe, el organismo, que agrupa al Estado bonaerense, porteño y nacional, detalló la existencia de dos niveles y doble fila de containers a ambos lados e invasión sobre el camino de sirga.
Para el juez, los plazos que dio a la empresa DICC S.A. para la desocupación del camino de sirga, "han sido ampliamente contemplados, como así también el libramiento de las correspondientes intimaciones y las oportunidades de liberar el camino, razón por la cual resulta de suma importancia instrumentar una medida ejemplificador".
Así, el magistrado quilmeño busca "no dilatar el cumplimiento del Plan de Saneamiento trazado en la ejecución a cargo del suscripto de la sentencia dictada por el Tribunal Cimero".
Chaco: Sin herramientas para castigar desmontes
No hay herramientas para castigar los desmontes ilegales
Fecha de Publicación: 22/07/2010
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
Las entidades forestales de la provincia anunciaron ayer que convocarán, con carácter de urgencia, a los legisladores provinciales para la primera semana de agosto en Sáenz Peña, para abordar la problemática admitida en ámbitos oficiales en cuanto a que continúan los desmontes ilegales, lo que pone en riesgo la sustentabilidad de los recursos.
Sostienen que el gobierno no tiene herramientas efectivas para castigar a los transgresores.
Luego de reunirse con el subsecretario de Recursos Naturales Miguel Brunswig, los principales referentes de las entidades forestales Edmundo Ybarra (Asociación de Productores Forestales del Chaco -APFCh) y Noé Khon (Federación de Asociaciones de Productores e Industriales Forestales -FAPIF) coincidieron en señalar que debe ser el ámbito legislativo en el que se debe debatir a fondo esta situación, “dado que las denuncias son reales, concretas, y hay mucŽ
ha tarea por hacer, porque hasta el momento hay normas pero no tienen la suficiente claridad ni contundencia para que los transgresores paguen la tala indiscriminada de nuestros montes”, indicó Khon.
Los desmontes ilegales
Ayer, dirigentes de entidades forestales del interior analizaron lo publicado por NORTE, que transcribió declaraciones del director de Bosques Miguel López, quien denunció que se detectó un centenar de infracciones y que hay entre 4.000 y 5.000 hectáreas de desmontes ilegales durante los primeros seis meses de 2010.
“La verdad que es increíble que todo esto continúe así, teniendo elementos de controles, como el centro de geoinformación de Sáenz Peña, que con cobertura satelital tendría que enviar la información a las autoridades competentes”, indicó Marcelo Aguirre, presidente de la Asociación de Productores Forestales de Avia Terai. “Algo está fallando. O la información llega tarde o no hay sustento en las normas para que los depredadores de los montes paguen el daño hecho”, señaló.
Ybarra: No hay herramientas eficaces
Quien fue contundente ayer fue Ybarra, quien no dudó en señalar que “no hay herramientas para castigar a los infractores”, e indicó que el sistema de multas y de embargos preventivos “son cuestiones aleatorias, no centrales del tema, y quien tiene plata paga la multa y sigue desmontando. Hay que ser muy serios, caso contrario nos quedaremos sin recursos en poco tiempo”, advirtió enérgicamente.
El debate “se tiene que instalar en el ámbito que corresponda, y creo que son los legisladores quienes deben bajar después del receso y hablar en profundidad sobre este tema”, indicó.
Ybarra se refirió a que, en Saenz Peña, el Centro de Geoinformación cuenta con elementos para detectar este tipo de ilícitos. “Nos han dicho que el radar satelital detecta el calor, o sea cuando se desmontan, se sabe que queman los árboles, sin aprovechamiento forestal, y allí, de manera inmediata, tendría que hacerse una inspección, no dentro de diez o quince días, cuando ya no hay nada ni nadie”.
“Lamento profundamente decir que estamos en el aire, no hay una legislación acorde con lo que implica cuidar el recurso. Además, hay que determinar cómo se trabaja en las direcciones de Bosques del interior con el sistema de entrega de las guías forestales, por eso queremos encarar un debate profundo”, manifestó.
Fecha de Publicación: 22/07/2010
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
Las entidades forestales de la provincia anunciaron ayer que convocarán, con carácter de urgencia, a los legisladores provinciales para la primera semana de agosto en Sáenz Peña, para abordar la problemática admitida en ámbitos oficiales en cuanto a que continúan los desmontes ilegales, lo que pone en riesgo la sustentabilidad de los recursos.
Sostienen que el gobierno no tiene herramientas efectivas para castigar a los transgresores.
Luego de reunirse con el subsecretario de Recursos Naturales Miguel Brunswig, los principales referentes de las entidades forestales Edmundo Ybarra (Asociación de Productores Forestales del Chaco -APFCh) y Noé Khon (Federación de Asociaciones de Productores e Industriales Forestales -FAPIF) coincidieron en señalar que debe ser el ámbito legislativo en el que se debe debatir a fondo esta situación, “dado que las denuncias son reales, concretas, y hay mucŽ
ha tarea por hacer, porque hasta el momento hay normas pero no tienen la suficiente claridad ni contundencia para que los transgresores paguen la tala indiscriminada de nuestros montes”, indicó Khon.
Los desmontes ilegales
Ayer, dirigentes de entidades forestales del interior analizaron lo publicado por NORTE, que transcribió declaraciones del director de Bosques Miguel López, quien denunció que se detectó un centenar de infracciones y que hay entre 4.000 y 5.000 hectáreas de desmontes ilegales durante los primeros seis meses de 2010.
“La verdad que es increíble que todo esto continúe así, teniendo elementos de controles, como el centro de geoinformación de Sáenz Peña, que con cobertura satelital tendría que enviar la información a las autoridades competentes”, indicó Marcelo Aguirre, presidente de la Asociación de Productores Forestales de Avia Terai. “Algo está fallando. O la información llega tarde o no hay sustento en las normas para que los depredadores de los montes paguen el daño hecho”, señaló.
Ybarra: No hay herramientas eficaces
Quien fue contundente ayer fue Ybarra, quien no dudó en señalar que “no hay herramientas para castigar a los infractores”, e indicó que el sistema de multas y de embargos preventivos “son cuestiones aleatorias, no centrales del tema, y quien tiene plata paga la multa y sigue desmontando. Hay que ser muy serios, caso contrario nos quedaremos sin recursos en poco tiempo”, advirtió enérgicamente.
El debate “se tiene que instalar en el ámbito que corresponda, y creo que son los legisladores quienes deben bajar después del receso y hablar en profundidad sobre este tema”, indicó.
Ybarra se refirió a que, en Saenz Peña, el Centro de Geoinformación cuenta con elementos para detectar este tipo de ilícitos. “Nos han dicho que el radar satelital detecta el calor, o sea cuando se desmontan, se sabe que queman los árboles, sin aprovechamiento forestal, y allí, de manera inmediata, tendría que hacerse una inspección, no dentro de diez o quince días, cuando ya no hay nada ni nadie”.
“Lamento profundamente decir que estamos en el aire, no hay una legislación acorde con lo que implica cuidar el recurso. Además, hay que determinar cómo se trabaja en las direcciones de Bosques del interior con el sistema de entrega de las guías forestales, por eso queremos encarar un debate profundo”, manifestó.
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bosques nativos,
Chaco,
Desmontes,
ecosistemas,
legislación y derecho ambiental
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El ambiente, sin política criminal
El ambiente, sin política criminal
Fecha de Publicación: 21/07/2010
Fuente: Clarín - PorMaximiliano Rusconi
Provincia/Región: Nacional
En nuestro país no existen estrategias ni preventivas ni punitivas para proteger el medio ambiente. Como en otras áreas clave como seguridad, prostitución infantil o control del lavado de activos, carecemos de resguardos elementales.
Las imágenes del terrible derrame de petróleo en las costas cercanas a la península de la Florida en los EE. UU. y Océano , el conmovedor documental que en estos días se presenta en los cines de nuestro país sobre el mundo marino y los riesgos de su desprotección frente a la permanente y ya ni siquiera gradual destrucción por el hombre nos debe motivar a formularnos una pregunta fundamental: ¿hay en nuestro país una eficaz, completa y coherente política criminal destinada a la protección del medio ambiente? La respuesta es la misma de siempre y, por supuesto lamentable: no, no hay ninguna política criminal, si bajo ese título debe entenderse un conjunto de decisiones estatales, formuladas en varias dimensiones institucionales, que provocan una actuación coherente y mancomunada de varios organismos del Estado y que tienen al desarrollo de un conjunto de controles informales, formales no punitivos y penales a efectos de desarrollar una completa estrategia de prevención de los daños ambientales (en el aire, el agua y la tierra) y, en el caso de que las instancias de prevención fracasen, de sanción de las conductas dolosas y/o imprudentes que día a día destruyen nuestra casa y, lo que es peor, la casa de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos.
No es que semejante carencia deba sorprendernos: lamentablemente casi podemos decir, en nuestro país, que en materia de ausencias de políticas criminales de seguridad ciudadana, de prevención y sanción de la prostitución infantil, de control del lavado de activos, etc, estamos francamente invictos. Nada de nada .
La lesión indiscriminada del medio ambiente de la cual somos víctimas a veces insensibles, como forma de ilicitud, requiere un serio trabajo en materia de reformulación y coordinación de las instancias de prevención, de redefinición y especialización de los organismos de investigación del Ministerio Público, a nivel federal. Es decir, a lo largo de todo el país, con presencia física de los fiscales en las zonas de daño presente o potencial, de transformación del sistema de penas a efectos de potenciar modelos de reparación del daño por parte de las personas jurídicas y en forma directa, entes ideales que, a su vez, deben ser responsabilizados penalmente por sí mismos (y no sólo a través de sus directivos que son transformados en fusibles y fungibles).
Décadas de gestiones públicas deprimentes nos han asegurado un escenario en el cual nuestro país sólo posee como último tesoro niveles todavía seductores de recursos naturales que, y esa es la mala noticia, no son renovables . La ausencia de trabajo estatal en la protección del medio ambiente es la mejor instigación para una descomunal depredación de esos recursos que es observada con miradas cómplices por parte de las autoridades nacionales y provinciales, que para financiar los próximos tres minutos de supervivencia política pagan en moneda de exterminio de la naturaleza .
La política criminal, sobre todo en materias de tanta envergadura ética y social, es mucho más importante que el concepto cuya función es darle el nombre a más de una dependencia del Poder Ejecutivo. La política criminal es nuestra última esperanza para la protección de la vida , de toda vida. Su ausencia nos condena a ser meros observadores de posturas de coyuntura poco creíbles y de nulo impacto real en la protección del bien jurídico de mayor importancia general y comunitaria.
No perdamos más tiempo.
Fecha de Publicación: 21/07/2010
Fuente: Clarín - PorMaximiliano Rusconi
Provincia/Región: Nacional
En nuestro país no existen estrategias ni preventivas ni punitivas para proteger el medio ambiente. Como en otras áreas clave como seguridad, prostitución infantil o control del lavado de activos, carecemos de resguardos elementales.
Las imágenes del terrible derrame de petróleo en las costas cercanas a la península de la Florida en los EE. UU. y Océano , el conmovedor documental que en estos días se presenta en los cines de nuestro país sobre el mundo marino y los riesgos de su desprotección frente a la permanente y ya ni siquiera gradual destrucción por el hombre nos debe motivar a formularnos una pregunta fundamental: ¿hay en nuestro país una eficaz, completa y coherente política criminal destinada a la protección del medio ambiente? La respuesta es la misma de siempre y, por supuesto lamentable: no, no hay ninguna política criminal, si bajo ese título debe entenderse un conjunto de decisiones estatales, formuladas en varias dimensiones institucionales, que provocan una actuación coherente y mancomunada de varios organismos del Estado y que tienen al desarrollo de un conjunto de controles informales, formales no punitivos y penales a efectos de desarrollar una completa estrategia de prevención de los daños ambientales (en el aire, el agua y la tierra) y, en el caso de que las instancias de prevención fracasen, de sanción de las conductas dolosas y/o imprudentes que día a día destruyen nuestra casa y, lo que es peor, la casa de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos.
No es que semejante carencia deba sorprendernos: lamentablemente casi podemos decir, en nuestro país, que en materia de ausencias de políticas criminales de seguridad ciudadana, de prevención y sanción de la prostitución infantil, de control del lavado de activos, etc, estamos francamente invictos. Nada de nada .
La lesión indiscriminada del medio ambiente de la cual somos víctimas a veces insensibles, como forma de ilicitud, requiere un serio trabajo en materia de reformulación y coordinación de las instancias de prevención, de redefinición y especialización de los organismos de investigación del Ministerio Público, a nivel federal. Es decir, a lo largo de todo el país, con presencia física de los fiscales en las zonas de daño presente o potencial, de transformación del sistema de penas a efectos de potenciar modelos de reparación del daño por parte de las personas jurídicas y en forma directa, entes ideales que, a su vez, deben ser responsabilizados penalmente por sí mismos (y no sólo a través de sus directivos que son transformados en fusibles y fungibles).
Décadas de gestiones públicas deprimentes nos han asegurado un escenario en el cual nuestro país sólo posee como último tesoro niveles todavía seductores de recursos naturales que, y esa es la mala noticia, no son renovables . La ausencia de trabajo estatal en la protección del medio ambiente es la mejor instigación para una descomunal depredación de esos recursos que es observada con miradas cómplices por parte de las autoridades nacionales y provinciales, que para financiar los próximos tres minutos de supervivencia política pagan en moneda de exterminio de la naturaleza .
La política criminal, sobre todo en materias de tanta envergadura ética y social, es mucho más importante que el concepto cuya función es darle el nombre a más de una dependencia del Poder Ejecutivo. La política criminal es nuestra última esperanza para la protección de la vida , de toda vida. Su ausencia nos condena a ser meros observadores de posturas de coyuntura poco creíbles y de nulo impacto real en la protección del bien jurídico de mayor importancia general y comunitaria.
No perdamos más tiempo.
Pesca y contaminación aniquilan especies
La pesca furtiva y la contaminación aniquilan las especies del embalse
Fecha de Publicación: 21/07/2010
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Santiago del Estero
Así afirman los guías de pesca y conocedores de cada lugar del lago. La principal zona afectada es Toro Mocho, donde numerosos sábalos, bogas y bagres flotaban sin vida.
Una masiva presencia de peces muertos en distintos sectores del embalse Río Hondo están generando la preocupación en los guías de pesca, quienes a diario, recorren el principal lago del territorio santiagueño.
Por estos días, una de las actividades que atrae a cientos de turistas todo el año por su contacto con la naturaleza se ve notablemente perjudicada al encontrar un escenario de muerte y desolación en el espejo de agua de casi 33.000 hectáreas.
La pesca deportiva sufre un impacto negativo a causa de los constantes desechos químicos e industriales que eliminan las empresas tucumanas y la industria minera a cielo abierto.
Recientemente, uno de los reconocidos guías de pesca de esta ciudad, fue testigo de la depredación de peces en el embalse, mientras se hallaba en plena actividad pesquera, junto con un turista tucumano, ansioso de extraer un Dorado.
Se trata de Carlos Álvarez, experimentado guía de pesca y conocedor del extenso embalse Río Hondo.
En los meses en que se habilita la pesca, el teléfono de Álvarez suena insistentemente desde la provincia de Córdoba, Tucumán, Buenos Aires y, hasta del exterior, solicitando una salida al embalse Río Hondo con el afán de captar un Dorado.
Existen sectores del lago que son reconocidos por “el buen pique de Dorados”. Algunos de ellos están identificados como Plaza de la Villa sumergida, Centro del Lago (zona más profunda del lago), desembocadura del Salí y el Gastona y el Toro Mocho.
Precisamente, en el Toro Mocho, cientos de pescados, entre ellos, sábalos, bogas, tararitas y bagres flotaban sin vida en la superficie del agua.
“No lo podíamos creer, era terrible la mortandad de peces. Lo curioso fue que en este sector, el agua estaba clara, pero tenía un fuerte olor a cloaca, era insoportable. Me incliné de la lancha y tomé contacto con el agua, las manos me quedaron como si hubiese estado en contacto con aceite o nafta”, graficó Álvarez.
Agregó: “Estoy seguro de que están arrojando componentes y lo preocupante es no saber qué tipo de componentes químicos ocasiona la mortandad de peces y contamina el agua que se utiliza para riego en la producción de la provincia. El pescador se desespera por tomar un contacto con la naturaleza y cuando ve esto, todas sus expectativas se van por el piso”.
El guía contó que eran cientos de peces de todos los tamaños, aunque no se logró ver a ningún Dorado.
Sin embargo, considera que esta mancha química destruyó el desobe del bagre.
“En la desembocadura del Salí, había bagres más grandes todavía. Lo preocupante es que si en julio tenemos esta mortandad, no quiero imaginarse lo que será cuando sea el pico más alto de la producción en Tucumán, cerca de septiembre”, resaltó.
“El turista mira nuestras páginas de pesca deportiva en internet y viene a buscar el Dorado. Todos sabemos que es una de las especies solicitadas por el pescador deportivo. El problema es que la contaminación afectará nuestra fuente de trabajo y de ingresos a esta ciudad turística. El Dorado le huye a la contaminación y en los sectores conocidos por el buen pique nos encontramos con peces muertos, algo está ocurriendo”, concluyó Álvarez.
Fecha de Publicación: 21/07/2010
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Santiago del Estero
Así afirman los guías de pesca y conocedores de cada lugar del lago. La principal zona afectada es Toro Mocho, donde numerosos sábalos, bogas y bagres flotaban sin vida.
Una masiva presencia de peces muertos en distintos sectores del embalse Río Hondo están generando la preocupación en los guías de pesca, quienes a diario, recorren el principal lago del territorio santiagueño.
Por estos días, una de las actividades que atrae a cientos de turistas todo el año por su contacto con la naturaleza se ve notablemente perjudicada al encontrar un escenario de muerte y desolación en el espejo de agua de casi 33.000 hectáreas.
La pesca deportiva sufre un impacto negativo a causa de los constantes desechos químicos e industriales que eliminan las empresas tucumanas y la industria minera a cielo abierto.
Recientemente, uno de los reconocidos guías de pesca de esta ciudad, fue testigo de la depredación de peces en el embalse, mientras se hallaba en plena actividad pesquera, junto con un turista tucumano, ansioso de extraer un Dorado.
Se trata de Carlos Álvarez, experimentado guía de pesca y conocedor del extenso embalse Río Hondo.
En los meses en que se habilita la pesca, el teléfono de Álvarez suena insistentemente desde la provincia de Córdoba, Tucumán, Buenos Aires y, hasta del exterior, solicitando una salida al embalse Río Hondo con el afán de captar un Dorado.
Existen sectores del lago que son reconocidos por “el buen pique de Dorados”. Algunos de ellos están identificados como Plaza de la Villa sumergida, Centro del Lago (zona más profunda del lago), desembocadura del Salí y el Gastona y el Toro Mocho.
Precisamente, en el Toro Mocho, cientos de pescados, entre ellos, sábalos, bogas, tararitas y bagres flotaban sin vida en la superficie del agua.
“No lo podíamos creer, era terrible la mortandad de peces. Lo curioso fue que en este sector, el agua estaba clara, pero tenía un fuerte olor a cloaca, era insoportable. Me incliné de la lancha y tomé contacto con el agua, las manos me quedaron como si hubiese estado en contacto con aceite o nafta”, graficó Álvarez.
Agregó: “Estoy seguro de que están arrojando componentes y lo preocupante es no saber qué tipo de componentes químicos ocasiona la mortandad de peces y contamina el agua que se utiliza para riego en la producción de la provincia. El pescador se desespera por tomar un contacto con la naturaleza y cuando ve esto, todas sus expectativas se van por el piso”.
El guía contó que eran cientos de peces de todos los tamaños, aunque no se logró ver a ningún Dorado.
Sin embargo, considera que esta mancha química destruyó el desobe del bagre.
“En la desembocadura del Salí, había bagres más grandes todavía. Lo preocupante es que si en julio tenemos esta mortandad, no quiero imaginarse lo que será cuando sea el pico más alto de la producción en Tucumán, cerca de septiembre”, resaltó.
“El turista mira nuestras páginas de pesca deportiva en internet y viene a buscar el Dorado. Todos sabemos que es una de las especies solicitadas por el pescador deportivo. El problema es que la contaminación afectará nuestra fuente de trabajo y de ingresos a esta ciudad turística. El Dorado le huye a la contaminación y en los sectores conocidos por el buen pique nos encontramos con peces muertos, algo está ocurriendo”, concluyó Álvarez.
¿Cuál es la solución al problema de la basura?
¿Cuál es la solución al problema de la basura?
Fecha de Publicación: 20/07/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Capital
La ciudad de Buenos Aires discute cómo será la recolección de residuos durante los próximos cuatro años; ¿Cuál cree usted que es la respuesta a esta problemática?
Desde abril el gobierno porteño llamó a consulta pública para debatir el nuevo sistema de recolección de residuos en la ciudad de Buenos Aires. La novedad es que se trata de una licitación diferenciada por la que los vecinos deberán separar los orgánicos de los secos.
Mientras avanza la discusión hacia la audiencia pública fijada para el 27 de julio próximo (decretos 425/10 y 426/10 ), lanacion.com y LA NACION recorrieron las principales ciudades de Europa , Asia y América para conocer cuáles fueron las respuestas encontradas a esta problemática .
¿Cuál cree usted que es la solución al problema de la basura en la ciudad de Buenos Aires? ¿Usted separa los secos de los orgánicos a pesar de que el sistema no se encuentra formalizado? ¿Por qué? ¿Cuáles son las dificultades que le parece que pueden surgir?
Poca conciencia para el reciclado
Los hábitos de consumo cambiaron desde 1972; sólo se recupera el 11% de los residuos
a población de la Capital ha variado muy poco en las últimas décadas, pero sus hábitos sí han cambiado, lo que se advierte al analizar los componentes de los desechos domiciliarios. No obstante, los porteños no han adquirido la costumbre del reciclado, simplemente porque no hay conciencia social al respecto. Así lo demuestra un estudio sobre la basura realizado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires.
Los habitantes de la ciudad dan una gran importancia a los alimentos caseros, consumen buenas cantidades de gaseosas, yogures y aguas, usan mucho papel, así como pañales y apósitos descartables.
Esto se desprende del estudio Evolución de la Calidad de los Residuos Sólidos Urbanos (1972-2008), que indica que si bien la presencia de desechos alimenticios muestra una tendencia a la baja desde el 63,5% en 1972 hasta el 41% en 2008, siguen siendo el principal componente tanto en peso como en porcentaje.
"Este es un indicador de las costumbres y de los tipos de alimentos que se consumen. En los países más industrializados hay mayor presencia de papeles y cartones por la cantidad de envases que se utilizan", explicó Marcela de Luca, una de las investigadoras que realizó el estudio.
Aquí es importante la presencia de papeles y cartones: "Mantiene una constante de entre el 15 y el 20% del total, con un pico del 24% en 2001, pero que regresa a sus valores históricos de 2005 a 2008", indica el informe. Y agrega: "Es de destacar que el papel de alta calidad [de oficina] duplica su presencia, correlacionándose con los indicadores macroeconómicos que marcan un crecimiento a un ritmo del 7% del PBI, lo que implica mayor cantidad de bienes y servicios, y mayor consumo".
El papel y el cartón, por otra parte, son los elementos que más se recuperan. Según los investigadores, los cartoneros se llevan entre el 11 y el 13 por ciento de lo que se genera (según datos del gobierno, es el 6 por ciento). "Aunque no hay cifras oficiales porque no se terminó de formalizar el sistema es importante el trabajo que realizan", destacó De Luca.
Sobre la posibilidad de que el reciclado sea una realidad en la Capital, los investigadores señalaron que es necesaria una campaña de toma de conciencia que acompañe el proceso de separación de residuos. "Es mucho trabajo, y muchas personas, por más que sepan y conozcan los beneficios de la reutilización, se niegan a hacerlo. Es un proceso que necesita tiempo", agregó Néstor Giorgi, que, junto con María Elena Guaresti, completa el equipo de investigación de la UBA.
En este punto, los investigadores señalaron que, a nivel mundial, en las ciudades en donde está instalada la cultura del reciclaje lo óptimo es que el 70 por ciento de la población adhiera a esta buena práctica.
En el estudio se destaca el aumento de la presencia de los plásticos, como los envases PET. "Pasó de ser insignificante en 1972 (del orden del 2 o 3%) a representar entre el 15 y el 20% del total de residuos", dice el estudio realizado por el Instituto de Ingeniería Sanitaria de la UBA, junto con la Coordinación Ecológica Area Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse).
De Luca señaló que la cantidad de plástico varía según la época del año: "Cuando el relevamiento se hace en primavera o en verano hay más cantidad de envases de yogures, de aguas o de gaseosas". Los pañales y apósitos descartables también empiezan a tener una fuerte presencia en 2001. Son el sexto componente en importancia y representan entre el 4 y el 4,5 por ciento. Según el análisis, se tiran a la basura unas 100 toneladas diarias. El vidrio mantiene una presencia constante: entre el 5 y el 6% en el peso de los residuos.
Las muestras, de 1000 kg cada una, se tomaron durante tres meses en cada año en que se realizó la investigación: 1972, 1991, 2001, 2005, 2006, 2007. "Empezamos con un estudio cada década, y desde 2005 el trabajo es anual. Primero tenemos que diseñar el mapeo que se realizará cada año, luego se toman las muestras, se analizan y después se hace el informe. La idea es que en 2011 también abarque el área metropolitana", dijo De Luca.
"El escenario futuro indicaría que la producción per cápita de residuos en la ciudad aumentará y que se acelerará en los próximos años", concluye el informe. Se agrega que la población ha disminuido, según el último censo, en el orden de los 150.000 habitantes. "Por día, cada habitante genera 0,929 kg de residuos."
Fecha de Publicación: 20/07/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Capital
La ciudad de Buenos Aires discute cómo será la recolección de residuos durante los próximos cuatro años; ¿Cuál cree usted que es la respuesta a esta problemática?
Desde abril el gobierno porteño llamó a consulta pública para debatir el nuevo sistema de recolección de residuos en la ciudad de Buenos Aires. La novedad es que se trata de una licitación diferenciada por la que los vecinos deberán separar los orgánicos de los secos.
Mientras avanza la discusión hacia la audiencia pública fijada para el 27 de julio próximo (decretos 425/10 y 426/10 ), lanacion.com y LA NACION recorrieron las principales ciudades de Europa , Asia y América para conocer cuáles fueron las respuestas encontradas a esta problemática .
¿Cuál cree usted que es la solución al problema de la basura en la ciudad de Buenos Aires? ¿Usted separa los secos de los orgánicos a pesar de que el sistema no se encuentra formalizado? ¿Por qué? ¿Cuáles son las dificultades que le parece que pueden surgir?
Poca conciencia para el reciclado
Los hábitos de consumo cambiaron desde 1972; sólo se recupera el 11% de los residuos
a población de la Capital ha variado muy poco en las últimas décadas, pero sus hábitos sí han cambiado, lo que se advierte al analizar los componentes de los desechos domiciliarios. No obstante, los porteños no han adquirido la costumbre del reciclado, simplemente porque no hay conciencia social al respecto. Así lo demuestra un estudio sobre la basura realizado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires.
Los habitantes de la ciudad dan una gran importancia a los alimentos caseros, consumen buenas cantidades de gaseosas, yogures y aguas, usan mucho papel, así como pañales y apósitos descartables.
Esto se desprende del estudio Evolución de la Calidad de los Residuos Sólidos Urbanos (1972-2008), que indica que si bien la presencia de desechos alimenticios muestra una tendencia a la baja desde el 63,5% en 1972 hasta el 41% en 2008, siguen siendo el principal componente tanto en peso como en porcentaje.
"Este es un indicador de las costumbres y de los tipos de alimentos que se consumen. En los países más industrializados hay mayor presencia de papeles y cartones por la cantidad de envases que se utilizan", explicó Marcela de Luca, una de las investigadoras que realizó el estudio.
Aquí es importante la presencia de papeles y cartones: "Mantiene una constante de entre el 15 y el 20% del total, con un pico del 24% en 2001, pero que regresa a sus valores históricos de 2005 a 2008", indica el informe. Y agrega: "Es de destacar que el papel de alta calidad [de oficina] duplica su presencia, correlacionándose con los indicadores macroeconómicos que marcan un crecimiento a un ritmo del 7% del PBI, lo que implica mayor cantidad de bienes y servicios, y mayor consumo".
El papel y el cartón, por otra parte, son los elementos que más se recuperan. Según los investigadores, los cartoneros se llevan entre el 11 y el 13 por ciento de lo que se genera (según datos del gobierno, es el 6 por ciento). "Aunque no hay cifras oficiales porque no se terminó de formalizar el sistema es importante el trabajo que realizan", destacó De Luca.
Sobre la posibilidad de que el reciclado sea una realidad en la Capital, los investigadores señalaron que es necesaria una campaña de toma de conciencia que acompañe el proceso de separación de residuos. "Es mucho trabajo, y muchas personas, por más que sepan y conozcan los beneficios de la reutilización, se niegan a hacerlo. Es un proceso que necesita tiempo", agregó Néstor Giorgi, que, junto con María Elena Guaresti, completa el equipo de investigación de la UBA.
En este punto, los investigadores señalaron que, a nivel mundial, en las ciudades en donde está instalada la cultura del reciclaje lo óptimo es que el 70 por ciento de la población adhiera a esta buena práctica.
En el estudio se destaca el aumento de la presencia de los plásticos, como los envases PET. "Pasó de ser insignificante en 1972 (del orden del 2 o 3%) a representar entre el 15 y el 20% del total de residuos", dice el estudio realizado por el Instituto de Ingeniería Sanitaria de la UBA, junto con la Coordinación Ecológica Area Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse).
De Luca señaló que la cantidad de plástico varía según la época del año: "Cuando el relevamiento se hace en primavera o en verano hay más cantidad de envases de yogures, de aguas o de gaseosas". Los pañales y apósitos descartables también empiezan a tener una fuerte presencia en 2001. Son el sexto componente en importancia y representan entre el 4 y el 4,5 por ciento. Según el análisis, se tiran a la basura unas 100 toneladas diarias. El vidrio mantiene una presencia constante: entre el 5 y el 6% en el peso de los residuos.
Las muestras, de 1000 kg cada una, se tomaron durante tres meses en cada año en que se realizó la investigación: 1972, 1991, 2001, 2005, 2006, 2007. "Empezamos con un estudio cada década, y desde 2005 el trabajo es anual. Primero tenemos que diseñar el mapeo que se realizará cada año, luego se toman las muestras, se analizan y después se hace el informe. La idea es que en 2011 también abarque el área metropolitana", dijo De Luca.
"El escenario futuro indicaría que la producción per cápita de residuos en la ciudad aumentará y que se acelerará en los próximos años", concluye el informe. Se agrega que la población ha disminuido, según el último censo, en el orden de los 150.000 habitantes. "Por día, cada habitante genera 0,929 kg de residuos."
Califican de discriminatoria a la ley de glaciares
Califican de discriminatoria a la ley de glaciares aprobada
Fecha de Publicación: 19/07/2010
Fuente: Los Andes On Line
Provincia/Región: Nacional
Para las mineras, el proyecto sancionado en Diputados tiene términos confusos y prohíbe la actividad en amplias zonas del país.
Empresas mineras agrupadas en Gemera cuestionaron el proyecto de ley de glaciares aprobado en general en la Cámara de Diputados, al calificarlo de "discriminatorio" y dijeron que busca "prohibir la minería en amplias zonas del territorio argentino, incluso, avanzando sobre áreas con fuerte actividad petrolera".
"La ley sobre protección de los glaciares que tiene media sanción legislativa presenta una serie de términos confusos donde no se define bien el término glaciar ni siquiera el término periglaciar", apuntó Gemera.
A través de un comunicado firmado el presidente, vice y secretario de la entidad, Julio Ríos Gómez, Mario Hernández y Facundo Huidobro, Gemera expresó en que "se debe insistir en aclarar que la reserva de agua dulce más importante está constituida por los acuíferos subterráneos coincidentes con áreas planas, donde en general no se realiza actividad minera".
"Entendemos que el marco legal vigente protege los recursos naturales, en especial el agua y que las provincias dueñas de tales recursos los administran de manera responsable y sustentable", señalaron las empresas.
Además, indicaron que "un ejemplo de ello son las evaluaciones de impacto ambiental de cada proyecto minero con el suficiente detalle y rigurosidad científica dando participación a entidades provinciales y nacionales como el Instituto Nacional del Agua (INA)".
Este sector empresarial aclaró que "en los ciclos climáticos de humedad-aridez y calidez-glaciación que ha sufrido el planeta desde el inicio de su existencia hace variar el tamaño y espesor de los glaciares".
También, recalcaron que "los emprendimientos mineros ubicados en áreas cercanas o lejanas a glaciares poseen sus políticas de reducción de consumo de agua fresca (agua obtenida de ríos o acuíferos) y que el caudal procesado en su metalurgia corresponde a caudales recirculados en su mayoría (70% a 95%), y el resto es agua fresca".
"Esto ha llevado a la confusión del uso del agua por lo que se considera que el 100% del agua usada diariamente en los procesos metalúrgicos sea fresca, nada más alejado de la realidad por la recirculación de la misma", añadieron.
Y, remarcaron que "sólo se agrega agua fresca para compensar las pérdidas por evaporación y el resto es usada para campamentos en consumos de hotelería o uso humano".
El grupo de empresas Gemera manifestó que en "la ley con media sanción figuran como actividades prohibidas de realizar la exploración y explotación petrolera y minera en el ámbito que pretende proteger esa norma, lo cual es claramente discriminatorio ya que excluye dichas actividades "per sé", sin considerar la posibilidad de que las mismas pueden ser realizadas, como de hecho ocurre, de manera sustentable".
Por otra parte, señalaron que "técnicamente en la actualidad no existe explotación petrolera posible en zonas de glaciares en Argentina" por lo que consideraron que "la norma aprobada está claramente destinada a prohibir la minería en zonas donde la naturaleza ha concentrado los metales en forma económicamente explotable".
Al respecto, sostuvo que "el uso del término periglaciar (usado en forma ambigua) puede afectar seriamente a la actividad petrolera, ya que en muchos casos los yacimientos actualmente en producción en el sur del país y zonas a explorar, cumplen con la condición que se pueden encuadrar como áreas congeladas en algún momento del año".
El jueves, el proyecto de ley de protección de glaciares sólo fue aprobado en general por la Cámara de Diputados y hasta el artículo 5 de los 17 que cuenta la propuesta.
La iniciativa -que resultó de una negociación entre el ex kirchnerista Miguel Bonasso y el diputado del Frente para la Victoria Daniel Filmus (aunque luego el oficialismo pidió un tiempo para analizar el referido consenso)- fue aprobada en general por 129 votos afirmativos contra 86 del oficialismo.
Fecha de Publicación: 19/07/2010
Fuente: Los Andes On Line
Provincia/Región: Nacional
Para las mineras, el proyecto sancionado en Diputados tiene términos confusos y prohíbe la actividad en amplias zonas del país.
Empresas mineras agrupadas en Gemera cuestionaron el proyecto de ley de glaciares aprobado en general en la Cámara de Diputados, al calificarlo de "discriminatorio" y dijeron que busca "prohibir la minería en amplias zonas del territorio argentino, incluso, avanzando sobre áreas con fuerte actividad petrolera".
"La ley sobre protección de los glaciares que tiene media sanción legislativa presenta una serie de términos confusos donde no se define bien el término glaciar ni siquiera el término periglaciar", apuntó Gemera.
A través de un comunicado firmado el presidente, vice y secretario de la entidad, Julio Ríos Gómez, Mario Hernández y Facundo Huidobro, Gemera expresó en que "se debe insistir en aclarar que la reserva de agua dulce más importante está constituida por los acuíferos subterráneos coincidentes con áreas planas, donde en general no se realiza actividad minera".
"Entendemos que el marco legal vigente protege los recursos naturales, en especial el agua y que las provincias dueñas de tales recursos los administran de manera responsable y sustentable", señalaron las empresas.
Además, indicaron que "un ejemplo de ello son las evaluaciones de impacto ambiental de cada proyecto minero con el suficiente detalle y rigurosidad científica dando participación a entidades provinciales y nacionales como el Instituto Nacional del Agua (INA)".
Este sector empresarial aclaró que "en los ciclos climáticos de humedad-aridez y calidez-glaciación que ha sufrido el planeta desde el inicio de su existencia hace variar el tamaño y espesor de los glaciares".
También, recalcaron que "los emprendimientos mineros ubicados en áreas cercanas o lejanas a glaciares poseen sus políticas de reducción de consumo de agua fresca (agua obtenida de ríos o acuíferos) y que el caudal procesado en su metalurgia corresponde a caudales recirculados en su mayoría (70% a 95%), y el resto es agua fresca".
"Esto ha llevado a la confusión del uso del agua por lo que se considera que el 100% del agua usada diariamente en los procesos metalúrgicos sea fresca, nada más alejado de la realidad por la recirculación de la misma", añadieron.
Y, remarcaron que "sólo se agrega agua fresca para compensar las pérdidas por evaporación y el resto es usada para campamentos en consumos de hotelería o uso humano".
El grupo de empresas Gemera manifestó que en "la ley con media sanción figuran como actividades prohibidas de realizar la exploración y explotación petrolera y minera en el ámbito que pretende proteger esa norma, lo cual es claramente discriminatorio ya que excluye dichas actividades "per sé", sin considerar la posibilidad de que las mismas pueden ser realizadas, como de hecho ocurre, de manera sustentable".
Por otra parte, señalaron que "técnicamente en la actualidad no existe explotación petrolera posible en zonas de glaciares en Argentina" por lo que consideraron que "la norma aprobada está claramente destinada a prohibir la minería en zonas donde la naturaleza ha concentrado los metales en forma económicamente explotable".
Al respecto, sostuvo que "el uso del término periglaciar (usado en forma ambigua) puede afectar seriamente a la actividad petrolera, ya que en muchos casos los yacimientos actualmente en producción en el sur del país y zonas a explorar, cumplen con la condición que se pueden encuadrar como áreas congeladas en algún momento del año".
El jueves, el proyecto de ley de protección de glaciares sólo fue aprobado en general por la Cámara de Diputados y hasta el artículo 5 de los 17 que cuenta la propuesta.
La iniciativa -que resultó de una negociación entre el ex kirchnerista Miguel Bonasso y el diputado del Frente para la Victoria Daniel Filmus (aunque luego el oficialismo pidió un tiempo para analizar el referido consenso)- fue aprobada en general por 129 votos afirmativos contra 86 del oficialismo.
Riachuelo: Presentaron el empadronamiento
Presentaron el empadronamiento de empresas
Fecha de Publicación: 18/07/2010
Fuente: InfoRegión
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
En el encuentro se anunció específicamente el Sistema Integral de Cuenca Matanza Riachuelo. Los establecimientos que deben empadronarse son industriales, de servicios, actividades extractivo-mineras, agrcola-ganaderas, y cualquier otra actividad comercial que tengan consecuencias con nuestro medio ambiente. El plazo general para inscribirse en el registro es de 120 das corridos desde el 1 de junio pasado.
La Municipalidad de Presidente Perón fue sede del Encuentro organizado por la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo y esta Comuna, a fin de presentar el Empadronamiento General de Empresas.
La jornada se llevó a cabo el pasado miércoles en el Salón Auditorium y se anunció específicamente el Sistema Integral de Cuenca Matanza Riachuelo (SICMaR), una herramienta de gestión que permitir actualizar el registro de establecimientos radicados en la cuenca e implementar acciones que beneficien la recomposición ambiental.
Durante la apertura hicieron uso de la palabra el Ing, Julián Bautista (en representación de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), quien detalló el funcionamiento del SICMaR; también estuvieron José Almeida Summe (secretario de Gobierno peronense) y José Luis Almeida (director de Ordenamiento Urbano municipal).
Los establecimientos que deben empadronarse son industriales, de servicios, actividades extractivo-mineras, agrcola-ganaderas, y cualquier otra actividad comercial que tengan consecuencias con nuestro medio ambiente. El plazo general para inscribirse en el registro es de 120 das corridos desde el 1 de junio pasado. No obstante para la región de la Cuenca alta (Cañuelas, General Las Heras, Marcos Paz, Presidente Perón y San Vicente) del 1 al 31 de julio.
Las personas deben empadronarse ingresando a la web del Sistema Integral de Cuenca Matanza Riachuelo (SICMaR) y completar una declaración jurada electrónica, de carácter obligatorio, para informar y certificar su actividad. El nombre de la página es www.sicmar.gov.ar.
La falta de cumplimiento de la obligación de inscribirse en este registro hará pasible al responsable de las sanciones previstas y establecidas en la resolución ACUMAR N 110/2010.
Para mayor información comunicarse con la Secretara de Medio Ambiente de la Municipalidad, teléfono (02224) 473500 interno 265.
Fecha de Publicación: 18/07/2010
Fuente: InfoRegión
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
En el encuentro se anunció específicamente el Sistema Integral de Cuenca Matanza Riachuelo. Los establecimientos que deben empadronarse son industriales, de servicios, actividades extractivo-mineras, agrcola-ganaderas, y cualquier otra actividad comercial que tengan consecuencias con nuestro medio ambiente. El plazo general para inscribirse en el registro es de 120 das corridos desde el 1 de junio pasado.
La Municipalidad de Presidente Perón fue sede del Encuentro organizado por la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo y esta Comuna, a fin de presentar el Empadronamiento General de Empresas.
La jornada se llevó a cabo el pasado miércoles en el Salón Auditorium y se anunció específicamente el Sistema Integral de Cuenca Matanza Riachuelo (SICMaR), una herramienta de gestión que permitir actualizar el registro de establecimientos radicados en la cuenca e implementar acciones que beneficien la recomposición ambiental.
Durante la apertura hicieron uso de la palabra el Ing, Julián Bautista (en representación de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), quien detalló el funcionamiento del SICMaR; también estuvieron José Almeida Summe (secretario de Gobierno peronense) y José Luis Almeida (director de Ordenamiento Urbano municipal).
Los establecimientos que deben empadronarse son industriales, de servicios, actividades extractivo-mineras, agrcola-ganaderas, y cualquier otra actividad comercial que tengan consecuencias con nuestro medio ambiente. El plazo general para inscribirse en el registro es de 120 das corridos desde el 1 de junio pasado. No obstante para la región de la Cuenca alta (Cañuelas, General Las Heras, Marcos Paz, Presidente Perón y San Vicente) del 1 al 31 de julio.
Las personas deben empadronarse ingresando a la web del Sistema Integral de Cuenca Matanza Riachuelo (SICMaR) y completar una declaración jurada electrónica, de carácter obligatorio, para informar y certificar su actividad. El nombre de la página es www.sicmar.gov.ar.
La falta de cumplimiento de la obligación de inscribirse en este registro hará pasible al responsable de las sanciones previstas y establecidas en la resolución ACUMAR N 110/2010.
Para mayor información comunicarse con la Secretara de Medio Ambiente de la Municipalidad, teléfono (02224) 473500 interno 265.
Los diez desafíos ambientales de Argentina
Los diez desafíos medioambientales de Argentina
Fecha de Publicación: 17/07/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Los especialistas y las organizaciones sociales señalan la necesidad de actuar cuanto antes en temas como minería, depredación ictícola, deforestación, energías renovables, residuos domiciliarios y la contaminación del Riachuelo, entre otros
Uso racional de los recursos naturales, planeamiento territorial, protección de especies nativas, saneamiento de cursos de agua y aprovechamiento y reutilización de los desechos son algunos de los desafíos ambientales que afronta la Argentina. LA NACION halló diez temas en pleno debate en el seno de la sociedad argentina. Cada uno plantea un conflicto, pero también una posible solución.
Sociólogos, científicos, abogados, vecinos, autoridades gubernamentales, fueron consultados para poder tener un abanico de opiniones y sensaciones respecto de la relación del hombre y la naturaleza en el país.
Estos son los 10 desafíos ambientales que se plantearon:
Biodiversidad
Según las metas planteadas en la Convención de Diversidad Biológica, firmadas en 1992 por el gobierno argentino y ratificadas en 1994 por el Congreso Nacional mediante la ley 24.375, nuestro país debía alcanzar a proteger al menos un 10% de cada región natural terrestre para 2010 y marina para 2012, y asegurar que la mayor parte de esas áreas protegidas se encuentren bien implementadas (con guardaparques, presupuesto, plan de manejo, por ejemplo) para que cumplan efectivamente con su función.
Sin embargo, actualmente en la Argentina, sólo el 7,7% (214.969 kilómetros cuadrados) de la superficie continental se encuentra protegido. A la vez, sólo un 20% de estas áreas protegidas tiene un nivel aceptable de manejo, mientras que el 57% cuenta con nulo nivel de implementación. Por otro lado, la superficie de mar y costas con algún grado de protección representa el 0,85% (7927 kilómetros cuadrados). Se estima que de las 45 áreas marino-costeras protegidas, el 80% no cuenta con recursos para cumplir sus objetivos básicos.
Entre las especies en riesgo en el país se encuentran, entre otros, el cóndor andino, el oso hormiguero, el ocelote, el yaguareté, el ciervo de los pantanos, mientras que respecto de la flora podemos mencionar el alerce y la araucaria.
Precisamente este año fue declarado por la ONU como el de la Biodiversidad. Incluso, el último informe realizado por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) sostiene que la preservación de los ecosistemas es tanto o más importante que la lucha contra el cambio climático. "La conservación de la diversidad biológica supone una contribución decisiva a la moderación de la escala del cambio climático y a la reducción de sus impactos negativos, haciendo que los ecosistemas, y por lo tanto las sociedades humanas, tengan una mayor capacidad de recuperación. Es esencial que los retos relacionados con la diversidad biológica y el cambio climático sean abordados de manera coordinada y se les dé igual prioridad", dijo Ban Ki-moon, secretario general de la ONU.
Minería
La minería es una actividad que genera resistencia en algunas zonas de la Argentina. Catamarca es una región ancestral a la que la megaminería llegó para quedarse. Es una provincia minera que alberga, desde hace más de 10 años, a Bajo de La Alumbrera, el yacimiento de oro y cobre más grande del país. Desde fines de 2009, diversos grupos de ambientalistas de la ciudad de Andalgalá han pasado a la militancia abierta para resistir la presentación de nuevos proyectos extractivos, como el de la Minera Agua Rica, aprobados o en vías de aprobación por parte de las autoridades. El denominador común en casi todos estos enfrentamientos es la falta de diálogo entre las autoridades y los ciudadanos. Estas iniciativas nacieron por la movilización de habitantes de las localidades afectadas, pero luego se sumaron militantes de otras provincias y de organizaciones no gubernamentales de alcance nacional.
"Este ciclo de movilización social, cuyo blanco principal son las transnacionales mineras, se enmarca en las propias lógicas estatales. Estas abarcan la promoción de la industria extractiva minero-exportadora como política de Estado, el aprovechamiento de sus exiguas regalías y escasos puestos de trabajo temporarios por parte de los gobiernos provinciales, y la debilidad de la institucionalidad ambiental que de manera notoria caracteriza a la Argentina. Aunque el marco jurídico que regula la protección del ambiente es tan exhaustivo como robusto, no opera como guía de las políticas públicas, pero habilita a los afectados en sus reclamos", sostiene Gabriela Delamata, investigadora del Conicet y profesora de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín.
Enrique Viale, de la Asociación de Abogados Ambientales, opinó: "El régimen jurídico aplicable a la minería cuenta con un tratamiento impositivo y financiero diferencial, con beneficios exclusivos para el sector como ninguna otra actividad. Ello permite que coexistan empresas inmensamente ricas y pueblos extremadamente pobres como ocurre en Catamarca, donde la actividad de la mina La Alumbrera, a pesar de estar en funcionamiento desde mediados de la década pasada y con exportaciones que superan el presupuesto provincial, no ha mejorado ni un ápice".
Según el abogado, "la megaminería es inherentemente contaminante e insostenible. Estamos ante una nueva modalidad de explotación, imposible de controlar, diferente de la minería tradicional. Esta megaminería se realiza a cielo abierto con el uso de colosales cantidades de explosivos y sustancias extremadamente tóxicas como el mercurio, el cianuro y el ácido sulfúrico, entre otras".
En la industria aseguran que cumplen con todas las reglamentaciones que exige el Estado para cada uno de los proyectos y que, antes de iniciar cualquier acción, deben presentar un estudio de impacto ambiental que asegure la sustentabilidad del emprendimiento.
Residuos
La basura domiciliaria es un problema en todo el país. Sin embargo, en las conglomerados urbanos es donde más se padece. Para tener una idea, sólo en la Capital y el conurbano bonaerense se generan diariamente 12.000 toneladas de residuos. Todo ese material luego se transporta a rellenos sanitarios que se encuentran en la provincia de Buenos Aires. La recuperación y reutilización de gran porcentaje del material que se tira es una de las posibles soluciones. En muchas jurisdicciones existen leyes para disminuir paulatinamente la cantidad de residuos; sin embargo, por ahora no hay resultados visibles. Los cartoneros, que surgieron tras la crisis económica y social de 2001, reciclan apenas un 11% de los residuos que se generan en la ciudad.
Uno de los planes que está funcionando es la recolección de aceite vegetal usado. Un buen ejemplo de prácticas sostenibles -en un emprendimiento público-privado- es el que realizan la empresa Gas Meridional y la ONG Reciduca. "Desarrollamos un circuito de recolección de aceite vegetal usado en el nivel gastronómico en el municipio de San Isidro. La idea era evitar que ese aceite fuera vertido al cauce público, obstruyendo drenajes y contaminando el río; que fuera reingresado al circuito gastronómico por los recolectores informales, y además que con el mismo se lograra la sustentabilidad a corto plazo. Hace más de un año iniciamos la implementación del programa, realizando la recolección, con un vehículo y personal propio, tímidamente en 20 comercios. Hoy, hay 90 comercios adheridos, un promedio mensual de 3300 litros y un total de 30.000 litros de aceite recolectados en el primer año", explicó Matías Meszaros, responsable de RSE de Gas Meridional.
Este aporte se sumó al plan bonaerense denominado Plan Bio, que persigue el cuidado del ambiente y el desarrollo de energías alternativas. Según cifras oficiales, se han recolectado más de 240.000 litros de aceite vegetal usado para ser convertido en biocombustible. El programa funciona en alrededor de 60 municipios de la provincia y con él se beneficia a más de 200 instituciones sociales. Hay más de 300 restaurantes, clubes y corredores gastronómicos adheridos al plan. La producción de biodiésel a partir del aceite de cocina usado tiene un rendimiento establecido que permite generar por cada 1,25 litros de aceite que recolectamos, cerca de 1 litro del biocombustible.
Para más información sobre el plan o consultas para participar o adherir al mismo se pueden visitar la Web www.opds.gba.gov.ar
Agroquímicos
El avance de la frontera agropecuaria generó un debate que sigue abierto: el uso de agroquímicos en las plantaciones cuyo uso podría ser nocivo para la salud de las personas. En ese sentido, la Defensoría del Pueblo de la Nación realizó un estudio en el que determinó que más de 2 millones de chicos están expuestos al uso de agroquímicos.
El informe, según Cristina Maiztegui, responsable del Area de Medio Ambiente de la Defensoría, unos 6,5 millones de niños, niñas y adolescentes (el 53% de la población infantil) "viven en departamentos con alta vulnerabilidad social. Al respecto, la peor situación referida a la falta de infraestructura de servicios sanitarios se encuentra principalmente en 193 departamentos ubicados en el norte del país y en otras áreas urbanas". La Defensoría destacó que en el caso de la utilización de agroquímicos, los departamentos mendocinos de Guaymallén y Maipú se encuentran entre los que más efectos nocivos provocan a su población infantil, seguidos por la localidad bonaerense de Florencio Varela y las sanjuaninas Pocito y Rawson.
El investigador del Conicet Andrés Carrasco opinó al respecto: "Estas tecnologías (que mejoran la productividad de las plantaciones, especialmente de la soja) no son neutrales y son traccionadas por los modelos de producción traídos de afuera con el consentimiento del Estado. Los agroquímicos son venenos y siempre serán venenos contaminantes en tanto y en cuanto se apliquen de este modo. Las empresas tercerizan para saber cuánto de tóxico tienen los productos. El Senasa no puede delegar ese control antes de poner un paquete toxicológico en el mercado".
Entre las regiones no figuran Santa Fe o las regiones bonaerenses con explotaciones sojeras. "A partir del mapa estamos trabajando en la recategorización de los agroquímicos. No pudieron evaluarse ya algunos que son considerados como benévolos (el glifosato es uno de ellos) y no se puede medir el impacto ambiental real que tienen. Hay que poner en tema en la agenda pública", agregó Maiztegui.
Uno de los agroquímicos que más polémica generan es el glifosato, principio activo de herbicida que actúa bloqueando la actividad de una enzima sin la cual los vegetales mueren. Se trata de un producto que lleva más de 30 años de vigencia y se lo utiliza en unos 140 países. "Se lo comenzó a utilizar en 1974, o sea que en el mundo hay una experiencia de más de 35 años de uso", señaló Pablo Grosso en una nota publicada por LA NACION, director de Gestión Tecnológica de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe), que agrupa a firmas proveedoras de agroquímicos. Según él es el producto fitosanitario (es decir, de protección de los cultivos) más utilizado en el mundo. "Se usan aproximadamente 2000 millones de litros y la Argentina representa el 8,5% de ese total, con 170 millones de litros", añadió.
Energías renovables
La incorporación de las energías renovables a la matriz energética nacional es uno de los desafíos más importantes que tiene la Argentina. La escasez de combustibles fósiles y el bajo nivel de contaminación que generan alientan este desarrollo. La energía solar, la eólica, la geotermia y la biomasa tienen un gran potencial en el territorio. Aunque las energías renovables cuentan con sólo 30 MW instalados principalmente por cooperativas eléctricas entre 1994 y 2002, el futuro es alentador. Hace un par de semanas se adjudicaron 895 megavatios en proyectos de distintos tipos de renovables.
"En esta industria naciente de energías renovables en el país estamos más que contentos. Estos proyectos, en el marco del programa de Energías Renovables del Ministerio de Planificación Federal (Genren) van a dar la diversidad y la descentralización necesarias para que en todo el país haya algún proyecto con generación de energía limpia", explicó Carlo St. James, presidente de la Cámara Argentina de Energías Renovables. Según St. James, la generación de energía de estos proyectos representará el 3 por ciento de la matriz energética. "Para 2016 debería haber instalado un 8 por ciento. Si seguimos en este camino estamos cerca de cumplirlo", sostuvo.
Aunque este valor ha crecido en los últimos años, está muy por debajo de los valores que se manejan en otros países: Estados Unidos con 35.159 MW, Alemania con 25.777 MW, China con 25.104 MW. Actualmente se calcula que a nivel mundial hay instalados 159.213 MW. En Argentina hay 15 parques eólicos operando. Y para tener una idea de la dimensión, Atucha genera unos 250 megavatios de energía, capaz de abastecer a una población de 600.000 habitantes.
Riachuelo
El Riachuelo es el espejo de los problemas ambientales de la Argentina. Intereses económicos, superposición de jurisdicciones, industrias poco sustentables y falta de saneamiento son algunos de los impedimentos para que este río se vea como un río, huela como un río y contenga la calidad de vida y agua de un río desde hace 200 años. A dos años de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenara a los estados nacional y bonaerense el saneamiento del curso de agua, los avances son escasos y los plazos impuestos por el máximo tribunal para realizar inspecciones, estudios y relocalización de poblaciones, están en su mayoría vencidos. Sin embargo, el protagonismo de la Corte y del juez de ejecución del fallo, Luis Armella, generan una esperanza en los vecinos daminificados.
"Necesitamos enriquecer este endeble Estado de Derecho, con observaciones constructivas hacia el mejor y real cumplimiento de la causa. Una posibilidad es la de entablar debates académicos sobre cómo profundizar o no la judicialización de las cuestiones ambientales y administrativas en la causa Riachuelo. Se tiene que castigar al contaminador, y meterlo preso si no resuelve la contaminación que generó. La impunidad nos juega en contra, y mientras no ataquemos a la corrupción, madre de nuestras mayores desgracias, todo nos resultará imposible", opinó Alfredo Alberti, presidente de la Asociación Vecinos de La Boca, una de las ONG que conforman el Cuerpo Colegiado que debe monitorear el cumplimiento del fallo.
Para Alberti también es fundamental el involucramiento por parte de la comunidad en el plan de saneamiento. "Estamos ante una oportunidad históricamente única, con instituciones y organizaciones de principalísimo nivel ocupándose. No debemos permitirnos como sociedad vivir el tema como una nueva experiencia infructuosa", agregó el vecino.
Pesca
En los últimos 20 años desapareció el 70% del total de la población de merluza y un 80% de los especímenes adultos. Esto significa que de diez ejemplares hoy sólo dos llegan a la adultez porque el resto es pescado cuando todavía se halla en el estadio juvenil. Según un informe de la Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA)basado en los últimos datos públicos disponibles, en 2008, el 61% de los ejemplares de merluza desembarcados en puertos correspondió a juveniles. Eso significa que de los 1,2 millones de toneladas de adultos, pasamos a sólo 200.000, en 20 años. "Los juveniles están sosteniendo los que podrían ser los últimos años del negocio de la merluza", explicó Guillermo Cañete, coordinador del Programa Marino de la FVSA. Una de las iniciativas que Vida Silvestre es pedir a la ciudadanía que no consuma merluza que mida menos de 25 cm.
"El sistema pesquero, como todo sistema, tiene una lógica. Dejar crecer los peces, hasta su primera reproducción, antes de retirarlos del agua, debería ser la premisa de cualquier política pesquera sustentable y rentable", agregó Cañete.Para la ONG, pescar juveniles representa un "mal negocio", es un riesgo para la pesca en el corto plazo y una "pérdida de millones de dólares en el presente". Según datos del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep), un ejemplar juvenil de merluza puede pesar, en promedio, 145 gramos, mientras que el peso de un adulto comienza en los 315 gramos. Si se pesca merluza sin utilizar dispositivos de selectividad, sólo sobrevive el 48 % al cabo de un año. Pero si se implementan estos recursos para evitar su captura, sobreviviría el 74%, que podrían duplicar su peso en ese mismo plazo.
Aunque el propio Subsecretario de Pesca, Norberto Yauhar, reconoció que "ni la sustentabilidad, ni la seguridad alimentaria serán posibles mientras exista pesca ilegal, no declarada y no reglamentada", la política adoptada por el gobierno, por ahora, no logra solucionar las amenazas ni garantizar la estabilidad del sector.
"Los indicadores ambientales revelan que la situación empeora cada año, y el cierre de empresas y los despidos de miles de trabajadores lo confirman. Sin embargo, ni las medidas adoptadas para la pesca de merluza en 2010, ni los discursos de la Subsecretaría de Pesca reconocieron, hasta ahora, la gravedad de la situación. Celebramos este cambio de actitud, pero es solo un parte de la transformación necesaria en materia de gestión pesquera", opinó Diego Moreno, director general de la ONG.
Bosques
La Argentina se encuentra en emergencia forestal. Hace tres años el Congreso sancionó una ley de presupuestos mínimos que obliga a las provincias a realizar un ordenamiento territorial en el que debe establecer el nivel de protección de sus bosques. Según datos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, entre 1998 y 2006 la superficie deforestada fue de 2.295.567 hectáreas, lo que equivale a más de 250.000 hectáreas por año, 1 hectárea cada dos minutos.
En ese período se perdió el 70% de los bosques nativos originales y la deforestación aumentó fuertemente en la última década por el avance descontrolado de la frontera agropecuaria. Sin embargo, la nueva norma frenó a las topadoras.
"Es importante que ya haya provincias que estén avanzando en el ordenamiento del territorio. Algunas han tenido algún ruido por falta de participación ciudadana. Sin embargo, sigue sin instrumentarse el fondo que se creó para la protección. Eso sin mencionar que el monto establecido por ley representaba para este año unos 800 millones de pesos y sólo fueron asignados 300", indicó María Eugenia Di Paola, directora ejecutiva de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales.
Según Di Paola esta dilación en la implementación ha actuado en detrimento de la moratoria de desmonte en varias provincias. Al tiempo que destacó: "Lo que hay que combatir es el desmonte ilegal, que todavía existe. Es necesario que las autoridades, en conjunto con la ciudadanía trabajen en el monitoreo".
Cuencas hídricas
La contaminación de las cuencas hídricas también son un problema ambiental profundo. Casi con el mismo nivel de polución que la del Riachuelo, en la provincia de Buenos Aires está la del Reconquista. Su cuenca cubre unos 1670 kilómetros cuadrados y su recorrido atraviesa 18 partidos de la provincia de Buenos Aires hasta desembocar en el río Luján.
Según estudios científicos, el Reconquista aporta el 33% de la contaminación industrial y cloacal al estuario del Río de la Plata. De las 12.000 industrias radicadas en su cuenca, se ha estima que unas 700 vierten en sus aguas, de modo clandestino, efluentes con residuos. En esa misma cuenca, altamente contaminada, viven cerca de cuatro millones de personas y una población igualmente numerosa se relaciona o depende económicamente de las actividades que allí se desarrollan.
Al igual que en el Riachuelo, en la cuenca del Reconquista se conformó, en 2001, un comité para planificar las tareas de saneamiento. A casi diez años los resultados brillan por su ausencia.
"La ley sigue estando incumplida. Esta gestión ha divido la cuenca en tres partes pero no ha convocado a nadie a una reunión. Supuestamente se armarían 18 consejos consultivos y, hasta el momento, sólo hay dos", contó Adriana Córdoba, vecina de la zona y representante del Centro Oeste de Estudios Políticos, Sociales y Ambientales (Coepsa).
"No sabemos qué se va a hacer. No nos convocan para comunicarnos nada", agregó la vecina. Córdoba se refiere al plan oficial que se anunció en la provincia de Buenos Aires para realizar el saneamiento que requeriría unas inversión de unos 200 millones de dólares. Según fuentes oficiales, ese dinero provendría de un préstamo BID que estaría pre aprobado, y el plan comenzaría el año próximo.
Sin embargo, en Coepsa advierten: "En términos de saneamiento el proyecto no menciona una palabra. No explica cómo se va a hacer el control industrial ni si va a haber reconversión de las empresas que existen. Y sólo se destina un 3% a remediación".
Glaciares
El agua es un recurso estratégico para la Argentina. Una de las reservas más importantes con las que cuenta el país son los glaciares. Sin embargo, a dos años de que se vetara la norma que establecía no sólo su protección sino también la realización de un inventario de los gigantes de hielo, no se sancionó una nueva ley. Un prometeder avance es que el jueves pasado la Cámara de Diputados haya dado media sanción al proyecto de ley de protección de glaciares.
Los glaciares en claro retroceso en Argentina son: el Upsala, el Ameghino, el Viedma, en Santa Cruz y el Tronador, en Río Negro, entre otros.
"Las imágenes satelitales muestran claramente la tendencia de retroceso que tienen nuestros glaciares. La causa fundamental es el aumento de las temperaturas, aunque pueden existir otros factores como la reducción de la precipitación entre las causas", explicó Ricardo Villalba, director del Instituto Argentino de Nieve y Glaciares del Conicet.
En Cuyo los glaciares son fundamentales como reguladores de los recursos hídricos, en la zona norte de la Patagonia son reguladores de caudales de ríos y fuentes de energía y en el Sur, en El Calafate toda la actividad regional gira en torno al recurso. "La función reguladora los convierte en una reserva hidrológica fundamental. Me encantaría responder cuántos glaciares hay en la Argentina, pero lamentablemente los inventarios que existen no están actualizados. Un ejemplo: sólo una cuenca en Mendoza cuenta con 900 glaciares", indicó Villalba.
"Dada la importancia que tienen los glaciares cuesta creer que no dispongamos de una ley de protección de glaciares que permitirá, que además de la protección per se se pueda realizar el inventario", agregó. El científico cree que el error es pensar en una norma de protección como una ley para limitar un tipo de producción. "No se trata de una ley antiminera", dijo.
El cambio climático es un fenómeno global que altera las temperaturas promedios del planeta generando no sólo menos diferencias entre las estaciones del año sino también fenómenos extremos más frecuentes. Según algunos expertos, el fenómeno es consecuencia de la actividad humana, que provoca gases de efecto invernadero que no dejan salir el calor del planeta. El compromiso mundial que se firmó en el Protocolo de Kyoto que establecía la reducción de, al menos, un 5 por ciento de esos gases para 2012, meta que no será alcanzada.
Fecha de Publicación: 17/07/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Los especialistas y las organizaciones sociales señalan la necesidad de actuar cuanto antes en temas como minería, depredación ictícola, deforestación, energías renovables, residuos domiciliarios y la contaminación del Riachuelo, entre otros
Uso racional de los recursos naturales, planeamiento territorial, protección de especies nativas, saneamiento de cursos de agua y aprovechamiento y reutilización de los desechos son algunos de los desafíos ambientales que afronta la Argentina. LA NACION halló diez temas en pleno debate en el seno de la sociedad argentina. Cada uno plantea un conflicto, pero también una posible solución.
Sociólogos, científicos, abogados, vecinos, autoridades gubernamentales, fueron consultados para poder tener un abanico de opiniones y sensaciones respecto de la relación del hombre y la naturaleza en el país.
Estos son los 10 desafíos ambientales que se plantearon:
Biodiversidad
Según las metas planteadas en la Convención de Diversidad Biológica, firmadas en 1992 por el gobierno argentino y ratificadas en 1994 por el Congreso Nacional mediante la ley 24.375, nuestro país debía alcanzar a proteger al menos un 10% de cada región natural terrestre para 2010 y marina para 2012, y asegurar que la mayor parte de esas áreas protegidas se encuentren bien implementadas (con guardaparques, presupuesto, plan de manejo, por ejemplo) para que cumplan efectivamente con su función.
Sin embargo, actualmente en la Argentina, sólo el 7,7% (214.969 kilómetros cuadrados) de la superficie continental se encuentra protegido. A la vez, sólo un 20% de estas áreas protegidas tiene un nivel aceptable de manejo, mientras que el 57% cuenta con nulo nivel de implementación. Por otro lado, la superficie de mar y costas con algún grado de protección representa el 0,85% (7927 kilómetros cuadrados). Se estima que de las 45 áreas marino-costeras protegidas, el 80% no cuenta con recursos para cumplir sus objetivos básicos.
Entre las especies en riesgo en el país se encuentran, entre otros, el cóndor andino, el oso hormiguero, el ocelote, el yaguareté, el ciervo de los pantanos, mientras que respecto de la flora podemos mencionar el alerce y la araucaria.
Precisamente este año fue declarado por la ONU como el de la Biodiversidad. Incluso, el último informe realizado por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) sostiene que la preservación de los ecosistemas es tanto o más importante que la lucha contra el cambio climático. "La conservación de la diversidad biológica supone una contribución decisiva a la moderación de la escala del cambio climático y a la reducción de sus impactos negativos, haciendo que los ecosistemas, y por lo tanto las sociedades humanas, tengan una mayor capacidad de recuperación. Es esencial que los retos relacionados con la diversidad biológica y el cambio climático sean abordados de manera coordinada y se les dé igual prioridad", dijo Ban Ki-moon, secretario general de la ONU.
Minería
La minería es una actividad que genera resistencia en algunas zonas de la Argentina. Catamarca es una región ancestral a la que la megaminería llegó para quedarse. Es una provincia minera que alberga, desde hace más de 10 años, a Bajo de La Alumbrera, el yacimiento de oro y cobre más grande del país. Desde fines de 2009, diversos grupos de ambientalistas de la ciudad de Andalgalá han pasado a la militancia abierta para resistir la presentación de nuevos proyectos extractivos, como el de la Minera Agua Rica, aprobados o en vías de aprobación por parte de las autoridades. El denominador común en casi todos estos enfrentamientos es la falta de diálogo entre las autoridades y los ciudadanos. Estas iniciativas nacieron por la movilización de habitantes de las localidades afectadas, pero luego se sumaron militantes de otras provincias y de organizaciones no gubernamentales de alcance nacional.
"Este ciclo de movilización social, cuyo blanco principal son las transnacionales mineras, se enmarca en las propias lógicas estatales. Estas abarcan la promoción de la industria extractiva minero-exportadora como política de Estado, el aprovechamiento de sus exiguas regalías y escasos puestos de trabajo temporarios por parte de los gobiernos provinciales, y la debilidad de la institucionalidad ambiental que de manera notoria caracteriza a la Argentina. Aunque el marco jurídico que regula la protección del ambiente es tan exhaustivo como robusto, no opera como guía de las políticas públicas, pero habilita a los afectados en sus reclamos", sostiene Gabriela Delamata, investigadora del Conicet y profesora de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín.
Enrique Viale, de la Asociación de Abogados Ambientales, opinó: "El régimen jurídico aplicable a la minería cuenta con un tratamiento impositivo y financiero diferencial, con beneficios exclusivos para el sector como ninguna otra actividad. Ello permite que coexistan empresas inmensamente ricas y pueblos extremadamente pobres como ocurre en Catamarca, donde la actividad de la mina La Alumbrera, a pesar de estar en funcionamiento desde mediados de la década pasada y con exportaciones que superan el presupuesto provincial, no ha mejorado ni un ápice".
Según el abogado, "la megaminería es inherentemente contaminante e insostenible. Estamos ante una nueva modalidad de explotación, imposible de controlar, diferente de la minería tradicional. Esta megaminería se realiza a cielo abierto con el uso de colosales cantidades de explosivos y sustancias extremadamente tóxicas como el mercurio, el cianuro y el ácido sulfúrico, entre otras".
En la industria aseguran que cumplen con todas las reglamentaciones que exige el Estado para cada uno de los proyectos y que, antes de iniciar cualquier acción, deben presentar un estudio de impacto ambiental que asegure la sustentabilidad del emprendimiento.
Residuos
La basura domiciliaria es un problema en todo el país. Sin embargo, en las conglomerados urbanos es donde más se padece. Para tener una idea, sólo en la Capital y el conurbano bonaerense se generan diariamente 12.000 toneladas de residuos. Todo ese material luego se transporta a rellenos sanitarios que se encuentran en la provincia de Buenos Aires. La recuperación y reutilización de gran porcentaje del material que se tira es una de las posibles soluciones. En muchas jurisdicciones existen leyes para disminuir paulatinamente la cantidad de residuos; sin embargo, por ahora no hay resultados visibles. Los cartoneros, que surgieron tras la crisis económica y social de 2001, reciclan apenas un 11% de los residuos que se generan en la ciudad.
Uno de los planes que está funcionando es la recolección de aceite vegetal usado. Un buen ejemplo de prácticas sostenibles -en un emprendimiento público-privado- es el que realizan la empresa Gas Meridional y la ONG Reciduca. "Desarrollamos un circuito de recolección de aceite vegetal usado en el nivel gastronómico en el municipio de San Isidro. La idea era evitar que ese aceite fuera vertido al cauce público, obstruyendo drenajes y contaminando el río; que fuera reingresado al circuito gastronómico por los recolectores informales, y además que con el mismo se lograra la sustentabilidad a corto plazo. Hace más de un año iniciamos la implementación del programa, realizando la recolección, con un vehículo y personal propio, tímidamente en 20 comercios. Hoy, hay 90 comercios adheridos, un promedio mensual de 3300 litros y un total de 30.000 litros de aceite recolectados en el primer año", explicó Matías Meszaros, responsable de RSE de Gas Meridional.
Este aporte se sumó al plan bonaerense denominado Plan Bio, que persigue el cuidado del ambiente y el desarrollo de energías alternativas. Según cifras oficiales, se han recolectado más de 240.000 litros de aceite vegetal usado para ser convertido en biocombustible. El programa funciona en alrededor de 60 municipios de la provincia y con él se beneficia a más de 200 instituciones sociales. Hay más de 300 restaurantes, clubes y corredores gastronómicos adheridos al plan. La producción de biodiésel a partir del aceite de cocina usado tiene un rendimiento establecido que permite generar por cada 1,25 litros de aceite que recolectamos, cerca de 1 litro del biocombustible.
Para más información sobre el plan o consultas para participar o adherir al mismo se pueden visitar la Web www.opds.gba.gov.ar
Agroquímicos
El avance de la frontera agropecuaria generó un debate que sigue abierto: el uso de agroquímicos en las plantaciones cuyo uso podría ser nocivo para la salud de las personas. En ese sentido, la Defensoría del Pueblo de la Nación realizó un estudio en el que determinó que más de 2 millones de chicos están expuestos al uso de agroquímicos.
El informe, según Cristina Maiztegui, responsable del Area de Medio Ambiente de la Defensoría, unos 6,5 millones de niños, niñas y adolescentes (el 53% de la población infantil) "viven en departamentos con alta vulnerabilidad social. Al respecto, la peor situación referida a la falta de infraestructura de servicios sanitarios se encuentra principalmente en 193 departamentos ubicados en el norte del país y en otras áreas urbanas". La Defensoría destacó que en el caso de la utilización de agroquímicos, los departamentos mendocinos de Guaymallén y Maipú se encuentran entre los que más efectos nocivos provocan a su población infantil, seguidos por la localidad bonaerense de Florencio Varela y las sanjuaninas Pocito y Rawson.
El investigador del Conicet Andrés Carrasco opinó al respecto: "Estas tecnologías (que mejoran la productividad de las plantaciones, especialmente de la soja) no son neutrales y son traccionadas por los modelos de producción traídos de afuera con el consentimiento del Estado. Los agroquímicos son venenos y siempre serán venenos contaminantes en tanto y en cuanto se apliquen de este modo. Las empresas tercerizan para saber cuánto de tóxico tienen los productos. El Senasa no puede delegar ese control antes de poner un paquete toxicológico en el mercado".
Entre las regiones no figuran Santa Fe o las regiones bonaerenses con explotaciones sojeras. "A partir del mapa estamos trabajando en la recategorización de los agroquímicos. No pudieron evaluarse ya algunos que son considerados como benévolos (el glifosato es uno de ellos) y no se puede medir el impacto ambiental real que tienen. Hay que poner en tema en la agenda pública", agregó Maiztegui.
Uno de los agroquímicos que más polémica generan es el glifosato, principio activo de herbicida que actúa bloqueando la actividad de una enzima sin la cual los vegetales mueren. Se trata de un producto que lleva más de 30 años de vigencia y se lo utiliza en unos 140 países. "Se lo comenzó a utilizar en 1974, o sea que en el mundo hay una experiencia de más de 35 años de uso", señaló Pablo Grosso en una nota publicada por LA NACION, director de Gestión Tecnológica de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe), que agrupa a firmas proveedoras de agroquímicos. Según él es el producto fitosanitario (es decir, de protección de los cultivos) más utilizado en el mundo. "Se usan aproximadamente 2000 millones de litros y la Argentina representa el 8,5% de ese total, con 170 millones de litros", añadió.
Energías renovables
La incorporación de las energías renovables a la matriz energética nacional es uno de los desafíos más importantes que tiene la Argentina. La escasez de combustibles fósiles y el bajo nivel de contaminación que generan alientan este desarrollo. La energía solar, la eólica, la geotermia y la biomasa tienen un gran potencial en el territorio. Aunque las energías renovables cuentan con sólo 30 MW instalados principalmente por cooperativas eléctricas entre 1994 y 2002, el futuro es alentador. Hace un par de semanas se adjudicaron 895 megavatios en proyectos de distintos tipos de renovables.
"En esta industria naciente de energías renovables en el país estamos más que contentos. Estos proyectos, en el marco del programa de Energías Renovables del Ministerio de Planificación Federal (Genren) van a dar la diversidad y la descentralización necesarias para que en todo el país haya algún proyecto con generación de energía limpia", explicó Carlo St. James, presidente de la Cámara Argentina de Energías Renovables. Según St. James, la generación de energía de estos proyectos representará el 3 por ciento de la matriz energética. "Para 2016 debería haber instalado un 8 por ciento. Si seguimos en este camino estamos cerca de cumplirlo", sostuvo.
Aunque este valor ha crecido en los últimos años, está muy por debajo de los valores que se manejan en otros países: Estados Unidos con 35.159 MW, Alemania con 25.777 MW, China con 25.104 MW. Actualmente se calcula que a nivel mundial hay instalados 159.213 MW. En Argentina hay 15 parques eólicos operando. Y para tener una idea de la dimensión, Atucha genera unos 250 megavatios de energía, capaz de abastecer a una población de 600.000 habitantes.
Riachuelo
El Riachuelo es el espejo de los problemas ambientales de la Argentina. Intereses económicos, superposición de jurisdicciones, industrias poco sustentables y falta de saneamiento son algunos de los impedimentos para que este río se vea como un río, huela como un río y contenga la calidad de vida y agua de un río desde hace 200 años. A dos años de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenara a los estados nacional y bonaerense el saneamiento del curso de agua, los avances son escasos y los plazos impuestos por el máximo tribunal para realizar inspecciones, estudios y relocalización de poblaciones, están en su mayoría vencidos. Sin embargo, el protagonismo de la Corte y del juez de ejecución del fallo, Luis Armella, generan una esperanza en los vecinos daminificados.
"Necesitamos enriquecer este endeble Estado de Derecho, con observaciones constructivas hacia el mejor y real cumplimiento de la causa. Una posibilidad es la de entablar debates académicos sobre cómo profundizar o no la judicialización de las cuestiones ambientales y administrativas en la causa Riachuelo. Se tiene que castigar al contaminador, y meterlo preso si no resuelve la contaminación que generó. La impunidad nos juega en contra, y mientras no ataquemos a la corrupción, madre de nuestras mayores desgracias, todo nos resultará imposible", opinó Alfredo Alberti, presidente de la Asociación Vecinos de La Boca, una de las ONG que conforman el Cuerpo Colegiado que debe monitorear el cumplimiento del fallo.
Para Alberti también es fundamental el involucramiento por parte de la comunidad en el plan de saneamiento. "Estamos ante una oportunidad históricamente única, con instituciones y organizaciones de principalísimo nivel ocupándose. No debemos permitirnos como sociedad vivir el tema como una nueva experiencia infructuosa", agregó el vecino.
Pesca
En los últimos 20 años desapareció el 70% del total de la población de merluza y un 80% de los especímenes adultos. Esto significa que de diez ejemplares hoy sólo dos llegan a la adultez porque el resto es pescado cuando todavía se halla en el estadio juvenil. Según un informe de la Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA)basado en los últimos datos públicos disponibles, en 2008, el 61% de los ejemplares de merluza desembarcados en puertos correspondió a juveniles. Eso significa que de los 1,2 millones de toneladas de adultos, pasamos a sólo 200.000, en 20 años. "Los juveniles están sosteniendo los que podrían ser los últimos años del negocio de la merluza", explicó Guillermo Cañete, coordinador del Programa Marino de la FVSA. Una de las iniciativas que Vida Silvestre es pedir a la ciudadanía que no consuma merluza que mida menos de 25 cm.
"El sistema pesquero, como todo sistema, tiene una lógica. Dejar crecer los peces, hasta su primera reproducción, antes de retirarlos del agua, debería ser la premisa de cualquier política pesquera sustentable y rentable", agregó Cañete.Para la ONG, pescar juveniles representa un "mal negocio", es un riesgo para la pesca en el corto plazo y una "pérdida de millones de dólares en el presente". Según datos del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep), un ejemplar juvenil de merluza puede pesar, en promedio, 145 gramos, mientras que el peso de un adulto comienza en los 315 gramos. Si se pesca merluza sin utilizar dispositivos de selectividad, sólo sobrevive el 48 % al cabo de un año. Pero si se implementan estos recursos para evitar su captura, sobreviviría el 74%, que podrían duplicar su peso en ese mismo plazo.
Aunque el propio Subsecretario de Pesca, Norberto Yauhar, reconoció que "ni la sustentabilidad, ni la seguridad alimentaria serán posibles mientras exista pesca ilegal, no declarada y no reglamentada", la política adoptada por el gobierno, por ahora, no logra solucionar las amenazas ni garantizar la estabilidad del sector.
"Los indicadores ambientales revelan que la situación empeora cada año, y el cierre de empresas y los despidos de miles de trabajadores lo confirman. Sin embargo, ni las medidas adoptadas para la pesca de merluza en 2010, ni los discursos de la Subsecretaría de Pesca reconocieron, hasta ahora, la gravedad de la situación. Celebramos este cambio de actitud, pero es solo un parte de la transformación necesaria en materia de gestión pesquera", opinó Diego Moreno, director general de la ONG.
Bosques
La Argentina se encuentra en emergencia forestal. Hace tres años el Congreso sancionó una ley de presupuestos mínimos que obliga a las provincias a realizar un ordenamiento territorial en el que debe establecer el nivel de protección de sus bosques. Según datos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, entre 1998 y 2006 la superficie deforestada fue de 2.295.567 hectáreas, lo que equivale a más de 250.000 hectáreas por año, 1 hectárea cada dos minutos.
En ese período se perdió el 70% de los bosques nativos originales y la deforestación aumentó fuertemente en la última década por el avance descontrolado de la frontera agropecuaria. Sin embargo, la nueva norma frenó a las topadoras.
"Es importante que ya haya provincias que estén avanzando en el ordenamiento del territorio. Algunas han tenido algún ruido por falta de participación ciudadana. Sin embargo, sigue sin instrumentarse el fondo que se creó para la protección. Eso sin mencionar que el monto establecido por ley representaba para este año unos 800 millones de pesos y sólo fueron asignados 300", indicó María Eugenia Di Paola, directora ejecutiva de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales.
Según Di Paola esta dilación en la implementación ha actuado en detrimento de la moratoria de desmonte en varias provincias. Al tiempo que destacó: "Lo que hay que combatir es el desmonte ilegal, que todavía existe. Es necesario que las autoridades, en conjunto con la ciudadanía trabajen en el monitoreo".
Cuencas hídricas
La contaminación de las cuencas hídricas también son un problema ambiental profundo. Casi con el mismo nivel de polución que la del Riachuelo, en la provincia de Buenos Aires está la del Reconquista. Su cuenca cubre unos 1670 kilómetros cuadrados y su recorrido atraviesa 18 partidos de la provincia de Buenos Aires hasta desembocar en el río Luján.
Según estudios científicos, el Reconquista aporta el 33% de la contaminación industrial y cloacal al estuario del Río de la Plata. De las 12.000 industrias radicadas en su cuenca, se ha estima que unas 700 vierten en sus aguas, de modo clandestino, efluentes con residuos. En esa misma cuenca, altamente contaminada, viven cerca de cuatro millones de personas y una población igualmente numerosa se relaciona o depende económicamente de las actividades que allí se desarrollan.
Al igual que en el Riachuelo, en la cuenca del Reconquista se conformó, en 2001, un comité para planificar las tareas de saneamiento. A casi diez años los resultados brillan por su ausencia.
"La ley sigue estando incumplida. Esta gestión ha divido la cuenca en tres partes pero no ha convocado a nadie a una reunión. Supuestamente se armarían 18 consejos consultivos y, hasta el momento, sólo hay dos", contó Adriana Córdoba, vecina de la zona y representante del Centro Oeste de Estudios Políticos, Sociales y Ambientales (Coepsa).
"No sabemos qué se va a hacer. No nos convocan para comunicarnos nada", agregó la vecina. Córdoba se refiere al plan oficial que se anunció en la provincia de Buenos Aires para realizar el saneamiento que requeriría unas inversión de unos 200 millones de dólares. Según fuentes oficiales, ese dinero provendría de un préstamo BID que estaría pre aprobado, y el plan comenzaría el año próximo.
Sin embargo, en Coepsa advierten: "En términos de saneamiento el proyecto no menciona una palabra. No explica cómo se va a hacer el control industrial ni si va a haber reconversión de las empresas que existen. Y sólo se destina un 3% a remediación".
Glaciares
El agua es un recurso estratégico para la Argentina. Una de las reservas más importantes con las que cuenta el país son los glaciares. Sin embargo, a dos años de que se vetara la norma que establecía no sólo su protección sino también la realización de un inventario de los gigantes de hielo, no se sancionó una nueva ley. Un prometeder avance es que el jueves pasado la Cámara de Diputados haya dado media sanción al proyecto de ley de protección de glaciares.
Los glaciares en claro retroceso en Argentina son: el Upsala, el Ameghino, el Viedma, en Santa Cruz y el Tronador, en Río Negro, entre otros.
"Las imágenes satelitales muestran claramente la tendencia de retroceso que tienen nuestros glaciares. La causa fundamental es el aumento de las temperaturas, aunque pueden existir otros factores como la reducción de la precipitación entre las causas", explicó Ricardo Villalba, director del Instituto Argentino de Nieve y Glaciares del Conicet.
En Cuyo los glaciares son fundamentales como reguladores de los recursos hídricos, en la zona norte de la Patagonia son reguladores de caudales de ríos y fuentes de energía y en el Sur, en El Calafate toda la actividad regional gira en torno al recurso. "La función reguladora los convierte en una reserva hidrológica fundamental. Me encantaría responder cuántos glaciares hay en la Argentina, pero lamentablemente los inventarios que existen no están actualizados. Un ejemplo: sólo una cuenca en Mendoza cuenta con 900 glaciares", indicó Villalba.
"Dada la importancia que tienen los glaciares cuesta creer que no dispongamos de una ley de protección de glaciares que permitirá, que además de la protección per se se pueda realizar el inventario", agregó. El científico cree que el error es pensar en una norma de protección como una ley para limitar un tipo de producción. "No se trata de una ley antiminera", dijo.
El cambio climático es un fenómeno global que altera las temperaturas promedios del planeta generando no sólo menos diferencias entre las estaciones del año sino también fenómenos extremos más frecuentes. Según algunos expertos, el fenómeno es consecuencia de la actividad humana, que provoca gases de efecto invernadero que no dejan salir el calor del planeta. El compromiso mundial que se firmó en el Protocolo de Kyoto que establecía la reducción de, al menos, un 5 por ciento de esos gases para 2012, meta que no será alcanzada.
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