Riachuelo: echaron a una funcionaria
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Riachuelo: echaron a una funcionaria
Fecha de Publicación: 29/05/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
Es la titular de la Agencia de Protección Ambiental; la reemplaza Javier Corcuera; rumores sobre el alejamiento de Bibiloni en la Nación
A 48 horas de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación intimara a los Estados nacional, bonaerense y porteño a ampliar un informe oficial, al que calificaron de incompleto, el plan de saneamiento del Riachuelo se cobró un nuevo funcionario.
Ayer Graciela Gerola, presidenta de la Agencia de Protección Ambiental porteña (APA) tuvo que presentar su renuncia. Aunque en el gobierno indicaron que se trató "exclusivamente de diferencias personales entre ella y el ministro de Ambiente, Diego Santilli", LA NACION pudo saber que la flaca actuación de la funcionaria en la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo y el desprolijo manejo del conflicto con la provincia de Buenos Aires por las 10 toneladas de pilas acopiadas y sin destino que tiene la ciudad, fueron los detonantes.
La decisión del máximo tribunal también provocó rumores sobre la posibilidad de un cambio en la Secretaría de Ambiente de la Nación, aunque la versión no pudo ser confirmada. Hoy la Corte cuestiona tanto la actuación de la ciudad, como de la nación y de la provincia de buenos Aires en el manejo del saneamiento del Riachuelo. Cabe recordar que esa cuestión fue también decisiva cuando el gobierno nacional decidió el alejamiento de Romina Picolotti de ese organismo, antecesora de Bibiloni.
Sustituto
En reemplazo de Gerola asumirá Javier Corcuera, un especialista en temas ambientales y ex director de la Fundación Vida Silvestre Argentina. En la actualidad, es representante de la Fundación Avina en el país. Será la limpieza del río más contaminado de la Argentina uno de los temas a los que se abocará de inmediato, según dijeron sus allegados a LA NACION.
"Queremos dar impulso a la agenda verde: profundizar las acciones en el saneamiento del Riachuelo y Corcuera es un experto en la materia. También hay que resolver el tema de las pilas. Lo que quiero destacar es que se seguirá trabajando con los recursos de la Agencia cuya institucionalidad sigue intacta".
La Corte determinó que la presentación de la Acumar, en abril pasado, no da adecuada respuesta al informe requerido por el alto tribunal, pues no establece, respecto de todos los objetivos y resultados, "las pautas cuantitativas exigidas ni el grado en que ha sido alcanzado, mediante el concreto porcentaje correspondiente a cada uno de los contenidos".
Hace casi dos años el máximo tribunal determinó que los Estados nacional, bonaerense y porteño sanearan el Riachuelo y estableció plazos para cada una de las acciones que debían estar cumplidas. En su mayoría, están vencidos.
Según los cálculos oficiales, el saneamiento del Riachuelo insumirá $ 23.801 millones hasta 2024. Entre 2006 y 2009, se invirtieron $ 3114 millones. Sobre el presupuesto para este año no hay un detalle oficial.
Otro tema polémico que tiene la APA por resolver es el destino de las 10 t de pilas acopiadas en un depósito del gobierno porteño. La provincia de Buenos Aires se niega a recibir las baterías agotadas, que son residuos peligrosos, y la ciudad de Buenos Aires no tiene un lugar donde darles tratamiento.
A principios de este mes la presidenta de la Auditoría de la ciudad de Buenos Aires, Sandra Bergenfeld, se presentó ante la Unidad Fiscal Federal para Investigación de Delitos contra el Ambiente (Ufima) ya que se había adjudicado a una empresa radicada en la provincia el trataxmiento del material.
"La adjudicación para el transporte, tratamiento y disposición final de pilas y baterías agotadas en la provincia es a todas luces inconstitucional y nula por ilegítima. Le pedí al fiscal que investigue esta situación y determine si existió o no un delito ambiental", dijo Bergenfeld. El artículo 28 de la Constitución bonaerense prohíbe el ingreso de desechos tóxicos y radiactivos a ese territorio.
"La ciudad se convirtió en generadora de residuos peligrosos al acopiar 10 t de pilas sin programar adecuadamente su disposición final", agregó Bergenfeld.
La APA se creó en la ciudad de Buenos Aires después de la reforma de la ley de ministerios que impulsó el gobierno macrista. Es un ente autárquico que depende del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Bajo su órbita está la protección del ambiente y por eso está a cargo de las inspecciones y de velar por el cumplimiento de las normas que rigen en la Capital.
También es la agencia la que forma parte de la Acumar. Lo hace en representación de la ciudad de Buenos Aires.
PROTAGONISTAS DE UN PROCESO CONFLICTIVO
GRACIELA GEROLA
Era titular de la Agencia Porteña
Tiene un perfil técnico. Es especialista en residuos; trabajó en la Coordinación Ecológica Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse).
JAVIER CORCUERA
Reemplaza a Gerola
Biólogo. Antes de vincularse con las organizaciones del tercer sector trabajó en el Conicet y en el Museo Argentino de Ciencias Naturales.
HOMERO BIBILONI
Secretario de Ambiente de la Nación
Los rumores sobre su alejamiento del cargo vuelven a intensificarse. Ni por ese ni por otros temas su dependencia ofrece información.
ROMINA PICOLOTTI
Ex secretaria de Ambiente
Aunque el saneamiento del Riachuelo no fue el único motivo de su alejamiento, tuvo que renunciar sin haber concretado grandes avances.
QUE PIDE LA CORTE
Contaminación industrial
* Se inspeccionó el 20% de los 4103 establecimientos señalados por la Acumar. Hay casi 20.000. La Corte había exigido que se inspeccionaran en 30 días. En 2009 se relevaron diez por día. Sólo en marzo se diseñó un registro de industrias, que no se incluyó en el informe a la Corte.
Limpieza de márgenes
* Es lo que más ha avanzado hasta el momento. Hasta ahora no hay ningún proyecto integrado para las márgenes y los arroyos de la cuenca. Es necesario este trabajo y la urbanización de villas para poder construir los conductos cloacales, la obra más importante de saneamiento.
Calidad del agua y del aire
* La Acumar debía presentar informes cada tres meses. Los informes son incompletos y tardíos. El gobierno porteño debía instrumentar un sistema de medición. Fue la administración que más avanzó con el tema, a pesar de la poca cantidad de puntos de medición que tiene.
Saneamiento del Riachuelo
* Para la provisión de agua y cloacas, sumada a la construcción del colector cloacal se usarán US$ 840 millones obtenidos a través de un crédito del Banco Mundial. Construir los colectores, que desembocarán en el Río de la Plata, demandará al menos dos años.
Limpieza de basurales
* Hay 171 basurales en la cuenca. La Corte había fijado para febrero pasado el cierre de todos. No se cumplió. El 96,4% de la población de la cuenca está expuesta a riesgo ambiental, que se traduce en tasas de mortalidad general e infantil que superan la media del país.
Fecha de Publicación: 29/05/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
Es la titular de la Agencia de Protección Ambiental; la reemplaza Javier Corcuera; rumores sobre el alejamiento de Bibiloni en la Nación
A 48 horas de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación intimara a los Estados nacional, bonaerense y porteño a ampliar un informe oficial, al que calificaron de incompleto, el plan de saneamiento del Riachuelo se cobró un nuevo funcionario.
Ayer Graciela Gerola, presidenta de la Agencia de Protección Ambiental porteña (APA) tuvo que presentar su renuncia. Aunque en el gobierno indicaron que se trató "exclusivamente de diferencias personales entre ella y el ministro de Ambiente, Diego Santilli", LA NACION pudo saber que la flaca actuación de la funcionaria en la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo y el desprolijo manejo del conflicto con la provincia de Buenos Aires por las 10 toneladas de pilas acopiadas y sin destino que tiene la ciudad, fueron los detonantes.
La decisión del máximo tribunal también provocó rumores sobre la posibilidad de un cambio en la Secretaría de Ambiente de la Nación, aunque la versión no pudo ser confirmada. Hoy la Corte cuestiona tanto la actuación de la ciudad, como de la nación y de la provincia de buenos Aires en el manejo del saneamiento del Riachuelo. Cabe recordar que esa cuestión fue también decisiva cuando el gobierno nacional decidió el alejamiento de Romina Picolotti de ese organismo, antecesora de Bibiloni.
Sustituto
En reemplazo de Gerola asumirá Javier Corcuera, un especialista en temas ambientales y ex director de la Fundación Vida Silvestre Argentina. En la actualidad, es representante de la Fundación Avina en el país. Será la limpieza del río más contaminado de la Argentina uno de los temas a los que se abocará de inmediato, según dijeron sus allegados a LA NACION.
"Queremos dar impulso a la agenda verde: profundizar las acciones en el saneamiento del Riachuelo y Corcuera es un experto en la materia. También hay que resolver el tema de las pilas. Lo que quiero destacar es que se seguirá trabajando con los recursos de la Agencia cuya institucionalidad sigue intacta".
La Corte determinó que la presentación de la Acumar, en abril pasado, no da adecuada respuesta al informe requerido por el alto tribunal, pues no establece, respecto de todos los objetivos y resultados, "las pautas cuantitativas exigidas ni el grado en que ha sido alcanzado, mediante el concreto porcentaje correspondiente a cada uno de los contenidos".
Hace casi dos años el máximo tribunal determinó que los Estados nacional, bonaerense y porteño sanearan el Riachuelo y estableció plazos para cada una de las acciones que debían estar cumplidas. En su mayoría, están vencidos.
Según los cálculos oficiales, el saneamiento del Riachuelo insumirá $ 23.801 millones hasta 2024. Entre 2006 y 2009, se invirtieron $ 3114 millones. Sobre el presupuesto para este año no hay un detalle oficial.
Otro tema polémico que tiene la APA por resolver es el destino de las 10 t de pilas acopiadas en un depósito del gobierno porteño. La provincia de Buenos Aires se niega a recibir las baterías agotadas, que son residuos peligrosos, y la ciudad de Buenos Aires no tiene un lugar donde darles tratamiento.
A principios de este mes la presidenta de la Auditoría de la ciudad de Buenos Aires, Sandra Bergenfeld, se presentó ante la Unidad Fiscal Federal para Investigación de Delitos contra el Ambiente (Ufima) ya que se había adjudicado a una empresa radicada en la provincia el trataxmiento del material.
"La adjudicación para el transporte, tratamiento y disposición final de pilas y baterías agotadas en la provincia es a todas luces inconstitucional y nula por ilegítima. Le pedí al fiscal que investigue esta situación y determine si existió o no un delito ambiental", dijo Bergenfeld. El artículo 28 de la Constitución bonaerense prohíbe el ingreso de desechos tóxicos y radiactivos a ese territorio.
"La ciudad se convirtió en generadora de residuos peligrosos al acopiar 10 t de pilas sin programar adecuadamente su disposición final", agregó Bergenfeld.
La APA se creó en la ciudad de Buenos Aires después de la reforma de la ley de ministerios que impulsó el gobierno macrista. Es un ente autárquico que depende del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Bajo su órbita está la protección del ambiente y por eso está a cargo de las inspecciones y de velar por el cumplimiento de las normas que rigen en la Capital.
También es la agencia la que forma parte de la Acumar. Lo hace en representación de la ciudad de Buenos Aires.
PROTAGONISTAS DE UN PROCESO CONFLICTIVO
GRACIELA GEROLA
Era titular de la Agencia Porteña
Tiene un perfil técnico. Es especialista en residuos; trabajó en la Coordinación Ecológica Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse).
JAVIER CORCUERA
Reemplaza a Gerola
Biólogo. Antes de vincularse con las organizaciones del tercer sector trabajó en el Conicet y en el Museo Argentino de Ciencias Naturales.
HOMERO BIBILONI
Secretario de Ambiente de la Nación
Los rumores sobre su alejamiento del cargo vuelven a intensificarse. Ni por ese ni por otros temas su dependencia ofrece información.
ROMINA PICOLOTTI
Ex secretaria de Ambiente
Aunque el saneamiento del Riachuelo no fue el único motivo de su alejamiento, tuvo que renunciar sin haber concretado grandes avances.
QUE PIDE LA CORTE
Contaminación industrial
* Se inspeccionó el 20% de los 4103 establecimientos señalados por la Acumar. Hay casi 20.000. La Corte había exigido que se inspeccionaran en 30 días. En 2009 se relevaron diez por día. Sólo en marzo se diseñó un registro de industrias, que no se incluyó en el informe a la Corte.
Limpieza de márgenes
* Es lo que más ha avanzado hasta el momento. Hasta ahora no hay ningún proyecto integrado para las márgenes y los arroyos de la cuenca. Es necesario este trabajo y la urbanización de villas para poder construir los conductos cloacales, la obra más importante de saneamiento.
Calidad del agua y del aire
* La Acumar debía presentar informes cada tres meses. Los informes son incompletos y tardíos. El gobierno porteño debía instrumentar un sistema de medición. Fue la administración que más avanzó con el tema, a pesar de la poca cantidad de puntos de medición que tiene.
Saneamiento del Riachuelo
* Para la provisión de agua y cloacas, sumada a la construcción del colector cloacal se usarán US$ 840 millones obtenidos a través de un crédito del Banco Mundial. Construir los colectores, que desembocarán en el Río de la Plata, demandará al menos dos años.
Limpieza de basurales
* Hay 171 basurales en la cuenca. La Corte había fijado para febrero pasado el cierre de todos. No se cumplió. El 96,4% de la población de la cuenca está expuesta a riesgo ambiental, que se traduce en tasas de mortalidad general e infantil que superan la media del país.
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Alumbrera no permitió extraer muestras
Minera Alumbrera no permitió a un fiscal extraer muestras de su planta de Ranchillos
Fecha de Publicación: 28/05/2010
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Catamarca
Debido a que la empresa no se dio por notificada, no permitió que el fiscal federal Emilio Ferrer, acompañado por Gendarmería, realice una extracción de muestras minerales en la planta de secado de Ranchillos. Malestar de asambleístas y funcionarios judiciales. Se investiga una millonaria evasión impositiva por parte de la minera.
Minera Alumbrera impidió que el jueves pasado se realice una extracción de muestras en el marco de una causa en la que se investiga un supuesto caso de evasión fiscal. El frustrado operativo iba a realizarse en la planta de filtrado de Ranchillos, lugar donde desemboca el mineraloducto proveniente de la explotación a cielo abierto ubicada en el departamento de Belén, Catamarca.
Según explicó a primerafuente el fiscal federal que investiga la causa, Emilio Ferrer, la minera no permitió que se realice el procedimiento debido a que, supuestamente, la notificación judicial a Minera Alumbrera fue enviada al domicilio anterior de la firma. Por ende, la cédula nunca habría llegado a destino.
“Ante esto quisimos evitar planteos de nulidad por parte de la empresa”, explicó Ferrer, quien investiga la causa en manos del juez federal Nº 1, Daniel Bejas.
Sin embargo, fuentes de la Justicia Federal advirtieron que el procedimiento podría haberse realizado de todas formas debido a que, en rigor, la notificación a la minera no debe realizarse para la extracción de la muestra sino recién para su posterior peritaje.
Por su parte, el fiscal general federal, Gustavo Gómez, calificó como “tremendamente grave, que un fiscal, con orden judicial y respaldado por Gendarmería, haya retrocedido ante la actitud de la empresa de negar el cumplimiento del procedimiento judicial”.
“Se llega al punto de desobedecer una orden escrita de un juez federal. ¿Qué sucedería si alguno de nosotros se resiste a una orden judicial? Sin embargo, cuando los ciudadanos salen a protestar o a realizar bloqueos contra las mineras inmediatamente aparecen fiscales, jueces, policías, fuerzas especiales y gendarmería para reprimir y criminalizar las protestas y judicializar a los vecinos”, se quejaron integrantes de la Asamblea Socioambiental del NOA.
El origen de la causa contra la minera
Minera Alumbrera está siendo investigada, entre otras cosas, por obtener, aparentemente, ganancias encubiertas que no distribuye con sus socios de Yacimientos Minero Aguas de Dionisio (YMAD), a partir de que no produciría sólo lo que públicamente ha declarado (oro, cobre y molibdeno) sino que además exportaría cromo, titanio, cobalto, cesio y uranio, entre otros, los que en sí mismos tienen un valor agregado mucho mayor.
La presentación judicial, realizada por Guillermo Amilcar Vergara, permitiría sacar a la luz que la minera estaría ganando de modo encubierto un promedio de noventa dólares por tonelada, habiendo descontado de dicho monto todo lo que significa el costo de producción desde la extracción hasta el fraccionado y la venta.
Al analizar propia documentación de la explotadora minera, Gómez indicó que se estarían extrayendo en forma anual un promedio de 91.250.000 toneladas. Es decir, que la empresa no declara 8.266.337.500 dólares por año. Asimismo, señaló que Minera La Alumbrera habría evadido el impuesto a las ganancias por un total de 17.360.148.750 dólares.
Fecha de Publicación: 28/05/2010
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Catamarca
Debido a que la empresa no se dio por notificada, no permitió que el fiscal federal Emilio Ferrer, acompañado por Gendarmería, realice una extracción de muestras minerales en la planta de secado de Ranchillos. Malestar de asambleístas y funcionarios judiciales. Se investiga una millonaria evasión impositiva por parte de la minera.
Minera Alumbrera impidió que el jueves pasado se realice una extracción de muestras en el marco de una causa en la que se investiga un supuesto caso de evasión fiscal. El frustrado operativo iba a realizarse en la planta de filtrado de Ranchillos, lugar donde desemboca el mineraloducto proveniente de la explotación a cielo abierto ubicada en el departamento de Belén, Catamarca.
Según explicó a primerafuente el fiscal federal que investiga la causa, Emilio Ferrer, la minera no permitió que se realice el procedimiento debido a que, supuestamente, la notificación judicial a Minera Alumbrera fue enviada al domicilio anterior de la firma. Por ende, la cédula nunca habría llegado a destino.
“Ante esto quisimos evitar planteos de nulidad por parte de la empresa”, explicó Ferrer, quien investiga la causa en manos del juez federal Nº 1, Daniel Bejas.
Sin embargo, fuentes de la Justicia Federal advirtieron que el procedimiento podría haberse realizado de todas formas debido a que, en rigor, la notificación a la minera no debe realizarse para la extracción de la muestra sino recién para su posterior peritaje.
Por su parte, el fiscal general federal, Gustavo Gómez, calificó como “tremendamente grave, que un fiscal, con orden judicial y respaldado por Gendarmería, haya retrocedido ante la actitud de la empresa de negar el cumplimiento del procedimiento judicial”.
“Se llega al punto de desobedecer una orden escrita de un juez federal. ¿Qué sucedería si alguno de nosotros se resiste a una orden judicial? Sin embargo, cuando los ciudadanos salen a protestar o a realizar bloqueos contra las mineras inmediatamente aparecen fiscales, jueces, policías, fuerzas especiales y gendarmería para reprimir y criminalizar las protestas y judicializar a los vecinos”, se quejaron integrantes de la Asamblea Socioambiental del NOA.
El origen de la causa contra la minera
Minera Alumbrera está siendo investigada, entre otras cosas, por obtener, aparentemente, ganancias encubiertas que no distribuye con sus socios de Yacimientos Minero Aguas de Dionisio (YMAD), a partir de que no produciría sólo lo que públicamente ha declarado (oro, cobre y molibdeno) sino que además exportaría cromo, titanio, cobalto, cesio y uranio, entre otros, los que en sí mismos tienen un valor agregado mucho mayor.
La presentación judicial, realizada por Guillermo Amilcar Vergara, permitiría sacar a la luz que la minera estaría ganando de modo encubierto un promedio de noventa dólares por tonelada, habiendo descontado de dicho monto todo lo que significa el costo de producción desde la extracción hasta el fraccionado y la venta.
Al analizar propia documentación de la explotadora minera, Gómez indicó que se estarían extrayendo en forma anual un promedio de 91.250.000 toneladas. Es decir, que la empresa no declara 8.266.337.500 dólares por año. Asimismo, señaló que Minera La Alumbrera habría evadido el impuesto a las ganancias por un total de 17.360.148.750 dólares.
Intentan que se levante el corte de ruta
El Gobierno intentará que se levante el corte de ruta
Fecha de Publicación: 28/05/2010
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Entre Ríos
No se fijaron plazos para convencer a los asambleístas. Aníbal Fernández dijo que la salida de la crisis no será inmediata. El fallo de La Haya obliga a superar el conflicto.El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, reiteró la "vocación" de la Casa Rosada por convencer a los asambleístas de Gualeguaychú para que desactiven el bloqueo del puente internacional, pero advirtió que la resolución no será en el corto plazo.
"No hay que mirarlo como una cosa de inmediatez", advirtió Fernández, aunque subrayó que el gobierno argentino "tiene tanta vocación de resolverlo, como el presidente José Mujica" al bloqueo de rechazo a la instalación de la pastera UPM (ex Botnia), en Fray Bentos.
La presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y Mujica se reunirán el miércoles de la semana próxima en la Residencia de Anchorena, a pocos kilómetros de la ciudad uruguaya de Colonia.
"Cuando el presidente Mujica vino a la Argentina, la primera vez, no estaba el fallo de la Corte Internacional de La Haya, con lo cual prácticamente no se habló del tema. Y la segunda, ya con el fallo de La Haya, se habló de todo", sostuvo.
Respecto del conflicto derivado del corte de ruta de los asambleístas, el jefe de Gabinete sostuvo que "nosotros tenemos tanta vocación de resolverlo, como lo tiene el presidente Mujica". "Lo importante que se rescató es que a partir de ese punto (por el fallo de La Haya) comenzaba un proceso distinto del que había sucedido hasta ese momento entre argentinos y uruguayos, y que era apostar por una excelente relación como la tuvimos toda la vida", remarcó.
Los errores
Para Aníbal Fernández, "si esto se hubiera resuelto en tiempo y forma, no hubiéramos llegado al momento en que nos encontramos". "En ese marco, todos los temas, sin exclusión, van a ser analizados y trabajados con Uruguay de la mejor manera, para cumplirlos y resolverlos en el momento oportuno y conveniente. Y eso es lo que está sucediendo, no hay que mirarlo como una cosa de inmediatez", aseveró.
El jefe de Gabinete recordó que el propio Mujica manifestó en su momento: "ni la Presidenta (Fernández de Kirchner) ni yo somos magos", por lo que Aníbal Fernández consideró que "con eso dejó (el mandatario uruguayo) más que gráfica una definición política respecto a la vocación política de resolver los temas" que prolongan el conflicto bilateral.
Fecha de Publicación: 28/05/2010
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Entre Ríos
No se fijaron plazos para convencer a los asambleístas. Aníbal Fernández dijo que la salida de la crisis no será inmediata. El fallo de La Haya obliga a superar el conflicto.El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, reiteró la "vocación" de la Casa Rosada por convencer a los asambleístas de Gualeguaychú para que desactiven el bloqueo del puente internacional, pero advirtió que la resolución no será en el corto plazo.
"No hay que mirarlo como una cosa de inmediatez", advirtió Fernández, aunque subrayó que el gobierno argentino "tiene tanta vocación de resolverlo, como el presidente José Mujica" al bloqueo de rechazo a la instalación de la pastera UPM (ex Botnia), en Fray Bentos.
La presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y Mujica se reunirán el miércoles de la semana próxima en la Residencia de Anchorena, a pocos kilómetros de la ciudad uruguaya de Colonia.
"Cuando el presidente Mujica vino a la Argentina, la primera vez, no estaba el fallo de la Corte Internacional de La Haya, con lo cual prácticamente no se habló del tema. Y la segunda, ya con el fallo de La Haya, se habló de todo", sostuvo.
Respecto del conflicto derivado del corte de ruta de los asambleístas, el jefe de Gabinete sostuvo que "nosotros tenemos tanta vocación de resolverlo, como lo tiene el presidente Mujica". "Lo importante que se rescató es que a partir de ese punto (por el fallo de La Haya) comenzaba un proceso distinto del que había sucedido hasta ese momento entre argentinos y uruguayos, y que era apostar por una excelente relación como la tuvimos toda la vida", remarcó.
Los errores
Para Aníbal Fernández, "si esto se hubiera resuelto en tiempo y forma, no hubiéramos llegado al momento en que nos encontramos". "En ese marco, todos los temas, sin exclusión, van a ser analizados y trabajados con Uruguay de la mejor manera, para cumplirlos y resolverlos en el momento oportuno y conveniente. Y eso es lo que está sucediendo, no hay que mirarlo como una cosa de inmediatez", aseveró.
El jefe de Gabinete recordó que el propio Mujica manifestó en su momento: "ni la Presidenta (Fernández de Kirchner) ni yo somos magos", por lo que Aníbal Fernández consideró que "con eso dejó (el mandatario uruguayo) más que gráfica una definición política respecto a la vocación política de resolver los temas" que prolongan el conflicto bilateral.
Abortos y malformaciones detrás de la soja
Abortos y malformaciones detrás del boom de la soja
Fecha de Publicación: 27/05/2010
Fuente: El Día
Provincia/Región: Nacional
El herbicida más usado en el país afecta el desarrollo embrionario, afirmó un investigador en su visita a La Plata
Que el glifosato -el herbicida más utilizado en nuestro país y la clave del boom sojero- produciría trastornos en la salud de las poblaciones rurales más expuestas a él ha sido objeto de denuncias desde hace tiempo. Pero a falta de pruebas científicas, esas denuncias siempre habían quedado relativizadas hasta que el año pasado investigadores del Conicet comprobaron que el famoso agroquímico no es inocuo: puede producir al menos abortos espontáneos y serias malformaciones embrionarias. Desde aquel hallazgo, el responsable del estudio, el doctor Andrés Carrasco, no ha dejado de alertar sobre el riesgo sanitario que implica su utilización y el escaso interés del Estado por considerarlo.
Invitado el viernes último para dar una charla en la facultad de Agronomía de La Plata, Andrés Carrasco -profesor de embriología, investigador principal del Conicet y director del Laboratorio de Embriología Molecular de la UBA- relató cómo, a partir de una iniciativa propia y una "investigación muy sencilla", su equipo comprobó algo que en el campo se sabe desde hace años: el glifosato puede causar serios efectos sobre la salud de las personas expuestas a él.
Para comprobarlo los investigadores utilizaron embriones de anfibios y aves -dos modelos cuyas reacciones son comparables a las del embrión humano- y los expusieron a concentraciones variables de glifosato, ya sea por inmersión o inyección. En ambos casos "el resultado fue igualmente alarmante: disminución del largo del embrión y alteraciones en la formación del cerebro y el corazón", aseguró el investigador.
Si bien estos efectos fueron advertidos en el Laboratorio de Embriología de la UBA al utilizar glifosato en las cantidades recomendadas por sus fabricantes, también aparecieron en embriones expuestos a dosis hasta 1.540 veces inferiores a las usadas en los campos de soja.
Con todo, "no deja de ser una exacerbación de lo que ocurre en la naturaleza; estas malformaciones aparecen cuando el embrión logra resistir la exposición al glifosato; pero lo normal es que no la resista y se produzca un aborto espontáneo", explica Carrasco, quien asegura que ese resultado es consistente con cientos de denuncias surgidas durante los últimos años en poblaciones rurales.
"Es un hecho indiscutible que el glifosato, al atravesar la barrera placentaria y aumentar en cuatro o cinco veces el ácido retinoico, produce malformaciones en el embrión. El mecanismo que nosotros pudimos comprobar afecta a una población restringida: mujeres en edad fértil que cursan embarazos en zona rurales. Pero el glifosato también está asociado a un aumento significativo de casos de leucemia en chicos menores de 15 años, entre otros trastornos que nuestro sistema sanitario no se ha ocupado de investigar epidemiológicamente en profundidad", sostuvo Carrasco.
"Entiendo los intereses de los pooles de siembra y las grandes compañías pero no entiendo la mora del Estado nacional por revisar la toxicidad de los agroquímicos. No hay renta que justifique esa mora ni que esté por encima de la salud de la gente: es un límite ético que uno no puede olvidarse", dijo.
Fecha de Publicación: 27/05/2010
Fuente: El Día
Provincia/Región: Nacional
El herbicida más usado en el país afecta el desarrollo embrionario, afirmó un investigador en su visita a La Plata
Que el glifosato -el herbicida más utilizado en nuestro país y la clave del boom sojero- produciría trastornos en la salud de las poblaciones rurales más expuestas a él ha sido objeto de denuncias desde hace tiempo. Pero a falta de pruebas científicas, esas denuncias siempre habían quedado relativizadas hasta que el año pasado investigadores del Conicet comprobaron que el famoso agroquímico no es inocuo: puede producir al menos abortos espontáneos y serias malformaciones embrionarias. Desde aquel hallazgo, el responsable del estudio, el doctor Andrés Carrasco, no ha dejado de alertar sobre el riesgo sanitario que implica su utilización y el escaso interés del Estado por considerarlo.
Invitado el viernes último para dar una charla en la facultad de Agronomía de La Plata, Andrés Carrasco -profesor de embriología, investigador principal del Conicet y director del Laboratorio de Embriología Molecular de la UBA- relató cómo, a partir de una iniciativa propia y una "investigación muy sencilla", su equipo comprobó algo que en el campo se sabe desde hace años: el glifosato puede causar serios efectos sobre la salud de las personas expuestas a él.
Para comprobarlo los investigadores utilizaron embriones de anfibios y aves -dos modelos cuyas reacciones son comparables a las del embrión humano- y los expusieron a concentraciones variables de glifosato, ya sea por inmersión o inyección. En ambos casos "el resultado fue igualmente alarmante: disminución del largo del embrión y alteraciones en la formación del cerebro y el corazón", aseguró el investigador.
Si bien estos efectos fueron advertidos en el Laboratorio de Embriología de la UBA al utilizar glifosato en las cantidades recomendadas por sus fabricantes, también aparecieron en embriones expuestos a dosis hasta 1.540 veces inferiores a las usadas en los campos de soja.
Con todo, "no deja de ser una exacerbación de lo que ocurre en la naturaleza; estas malformaciones aparecen cuando el embrión logra resistir la exposición al glifosato; pero lo normal es que no la resista y se produzca un aborto espontáneo", explica Carrasco, quien asegura que ese resultado es consistente con cientos de denuncias surgidas durante los últimos años en poblaciones rurales.
"Es un hecho indiscutible que el glifosato, al atravesar la barrera placentaria y aumentar en cuatro o cinco veces el ácido retinoico, produce malformaciones en el embrión. El mecanismo que nosotros pudimos comprobar afecta a una población restringida: mujeres en edad fértil que cursan embarazos en zona rurales. Pero el glifosato también está asociado a un aumento significativo de casos de leucemia en chicos menores de 15 años, entre otros trastornos que nuestro sistema sanitario no se ha ocupado de investigar epidemiológicamente en profundidad", sostuvo Carrasco.
"Entiendo los intereses de los pooles de siembra y las grandes compañías pero no entiendo la mora del Estado nacional por revisar la toxicidad de los agroquímicos. No hay renta que justifique esa mora ni que esté por encima de la salud de la gente: es un límite ético que uno no puede olvidarse", dijo.
Corrientes: Ley de Bosques controvertida
Ley de Bosques: Salió como quería el oficialismo, pero tendría destino judicial
Fecha de Publicación: 27/05/2010
Fuente: Corrientes Hoy
Provincia/Región: Corrientes
No se incluyeron cambios en la Cámara baja y el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos salió como pidió la Casa de Gobierno. El oficialismo lo toma como una herramienta para atraer inversiones productivas, aunque desde el PJ anunciaron que llevarán el asunto a la Justicia. “Mañana acudo al fiscal en turno a ofrecer pruebas para que se investigue; aquí hay cosas graves”, dijo en forma vehemente la legisladora peronista Mary Mansutti, que en su propuesta de cambios consiguió el acompañamiento de todo el bloque Correntinos por el Cambio y del liberal Bernardo Quetglas.
Con una fuerte controversia como trastienda, se aprobó anoche en la Cámara de Diputados la Ley de Bosques Nativos, que establece diferentes niveles de protección ambiental para numerosos entornos naturales de la provincia. El oficialismo con aliados impuso un infranqueable número de 18 votos para sacar la norma, que según la oposición incurre en vicios de inconstitucionalidad e ilegalidad ante lo cual la diputada María Inés Fagetti anunció que llevará el caso a la Justicia.
El Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos se convirtió anoche en ley, al obtener la media sanción que le faltaba tras la sanción del Senado sin modificaciones al expediente que remitió el Poder Ejecutivo como una copia textual del decreto firmado el año pasado por el Gobierno de Arturo Colombi y que hace poco más de un mes fuera tachado de inconstitucional por el Superior Tribunal de Justicia. El oficialismo consiguió que a sus legisladores se sumen aliados que permitieron imponer una mayoría automática con 18 voluntades.
Diputados sancionó en general la ley y llevaba aprobados 14 artículos sin modificaciones del proyecto que remitió la administración de Ricardo Colombi.
Previamente a la votación, la presidenta de la Comisión de Ecología, María Inés Fagetti (PJ), anunció que llevará el asunto a los tribunales, en virtud de una serie de vicios de inconstitucionalidad y de ilegalidad que advirtió en el marco de una extensa justificación para oponerse a la aprobación sin cambios en la norma.
“Mañana acudo al fiscal en turno a ofrecer pruebas para que se investigue; aquí hay cosas graves”, dijo en forma vehemente la legisladora peronista, que en su propuesta de cambios consiguió el acompañamiento de todo el bloque Correntinos por el Cambio y del liberal Bernardo Quetglas.
Fagetti aseguró que en los informes científicos requeridos a los diversos organismos oficiales “hay falsificación” y además, que se recortaron “párrafos sustanciales” de los documentos remitidos a la Comisión. Y además, que no se cumple el principio precautorio que establecen las normas ambientales federales, superiores a la ley correntina.
Sugestivamente, el oficialismo no respondió ninguna de las acusaciones que vertió ayer la diputada del PJ y se remitió estrictamente a avanzar con la votación, luego de que el cuerpo se constituya en comisión, lo que significó que no había término de tiempo para las exposiciones de los diputados.
Así, en general y los primeros 14 artículos de la norma se sancionaron orillando las 23,30: contra la mayoría automática que consiguió la UCR habían pedido cambios Fagetti, Carlos Rubín, Angel Rodríguez e Irma Pacayut, mientras que por el liberalismo el único representante que justificó su posición fue Alejandro Sitjá y Balbastro.
En rigor, la ley establece que en rojo, es decir, en el grado de máxima protección, se incluyeron 76 mil hectáreas de la provincia que cuentan con vegetación, tierra y aguas intocables. Unos meses atrás, ese espacio lo ocupaban casi 100 mil hectáreas. De ese modo se agrandó el espacio pintado de verde, donde se podrán realizar desmontes y donde, por ejemplo, se podrían incluir represas arroceras sobre cursos de agua naturales, una controversia que promete continuar en el ámbito político tanto como judicial.
En ese sentido, hay posiciones tomadas a nivel social, como lo demostraron ayer en el recinto el titular de la Rural y militantes ecologistas.
Fecha de Publicación: 27/05/2010
Fuente: Corrientes Hoy
Provincia/Región: Corrientes
No se incluyeron cambios en la Cámara baja y el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos salió como pidió la Casa de Gobierno. El oficialismo lo toma como una herramienta para atraer inversiones productivas, aunque desde el PJ anunciaron que llevarán el asunto a la Justicia. “Mañana acudo al fiscal en turno a ofrecer pruebas para que se investigue; aquí hay cosas graves”, dijo en forma vehemente la legisladora peronista Mary Mansutti, que en su propuesta de cambios consiguió el acompañamiento de todo el bloque Correntinos por el Cambio y del liberal Bernardo Quetglas.
Con una fuerte controversia como trastienda, se aprobó anoche en la Cámara de Diputados la Ley de Bosques Nativos, que establece diferentes niveles de protección ambiental para numerosos entornos naturales de la provincia. El oficialismo con aliados impuso un infranqueable número de 18 votos para sacar la norma, que según la oposición incurre en vicios de inconstitucionalidad e ilegalidad ante lo cual la diputada María Inés Fagetti anunció que llevará el caso a la Justicia.
El Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos se convirtió anoche en ley, al obtener la media sanción que le faltaba tras la sanción del Senado sin modificaciones al expediente que remitió el Poder Ejecutivo como una copia textual del decreto firmado el año pasado por el Gobierno de Arturo Colombi y que hace poco más de un mes fuera tachado de inconstitucional por el Superior Tribunal de Justicia. El oficialismo consiguió que a sus legisladores se sumen aliados que permitieron imponer una mayoría automática con 18 voluntades.
Diputados sancionó en general la ley y llevaba aprobados 14 artículos sin modificaciones del proyecto que remitió la administración de Ricardo Colombi.
Previamente a la votación, la presidenta de la Comisión de Ecología, María Inés Fagetti (PJ), anunció que llevará el asunto a los tribunales, en virtud de una serie de vicios de inconstitucionalidad y de ilegalidad que advirtió en el marco de una extensa justificación para oponerse a la aprobación sin cambios en la norma.
“Mañana acudo al fiscal en turno a ofrecer pruebas para que se investigue; aquí hay cosas graves”, dijo en forma vehemente la legisladora peronista, que en su propuesta de cambios consiguió el acompañamiento de todo el bloque Correntinos por el Cambio y del liberal Bernardo Quetglas.
Fagetti aseguró que en los informes científicos requeridos a los diversos organismos oficiales “hay falsificación” y además, que se recortaron “párrafos sustanciales” de los documentos remitidos a la Comisión. Y además, que no se cumple el principio precautorio que establecen las normas ambientales federales, superiores a la ley correntina.
Sugestivamente, el oficialismo no respondió ninguna de las acusaciones que vertió ayer la diputada del PJ y se remitió estrictamente a avanzar con la votación, luego de que el cuerpo se constituya en comisión, lo que significó que no había término de tiempo para las exposiciones de los diputados.
Así, en general y los primeros 14 artículos de la norma se sancionaron orillando las 23,30: contra la mayoría automática que consiguió la UCR habían pedido cambios Fagetti, Carlos Rubín, Angel Rodríguez e Irma Pacayut, mientras que por el liberalismo el único representante que justificó su posición fue Alejandro Sitjá y Balbastro.
En rigor, la ley establece que en rojo, es decir, en el grado de máxima protección, se incluyeron 76 mil hectáreas de la provincia que cuentan con vegetación, tierra y aguas intocables. Unos meses atrás, ese espacio lo ocupaban casi 100 mil hectáreas. De ese modo se agrandó el espacio pintado de verde, donde se podrán realizar desmontes y donde, por ejemplo, se podrían incluir represas arroceras sobre cursos de agua naturales, una controversia que promete continuar en el ámbito político tanto como judicial.
En ese sentido, hay posiciones tomadas a nivel social, como lo demostraron ayer en el recinto el titular de la Rural y militantes ecologistas.
Riachuelo: rechazó la Corte un informe oficial
Riachuelo: rechazó la Corte un informe oficial
Fecha de Publicación: 27/05/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires - Capital
La Corte Suprema de Justicia volvió a intimar a los estados nacional, bonaerense y porteño y a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) para que en tres días cumpla con lo requerido el 6 de abril pasado, cuando pidió que se presente un informe sobre el cumplimiento de las tareas de saneamiento porque consideró que la información no estaba completa.
"La presentación efectuada por la Acumar que contempla la ley 26.128 no da adecuada respuesta al informe requerido, pues no establece, respecto de todos los objetivos y resultados, las pautas cuantitativas exigidas ni el grado en que ha sido alcanzado, mediante el concreto porcentaje correspondiente a cada uno de los contenidos", advirtió el máximo tribunal.
En la resolución, firmada ayer, también se recordó que en el fallo anterior se intimaba a brindar un informe que debía establecer, con rigurosa precisión y mediante la utilización de pautas cuantitativas, el grado en que ha sido alcanzado -al 31 de marzo pasado- cada uno de los objetivos y resultados que integraron el programa de ejecución obligatoria impuesto en el fallo por la limpieza del Riachuelo.
LA NACION intentó comunicarse con la Acumar pero no tuvo éxito. En tanto, en el Cuerpo Colegiado, conformado por el Defensor del Pueblo de la Nación y varias ONG que deben controlar el cumplimiento del plan, analizaban la nueva decisión de la Corte.
Punto de inflexión
La semana pasada, Gustavo Villa Uría, presidente del consejo ejecutivo de Acumar, describió el trabajo que se está haciendo desde el Estado: "Acumar está cumpliendo con los requerimientos del fallo de crear un organismo autárquico que pueda manejar su presupuesto. Se ha desligado de la Secretaría de Ambiente, es interjurisdiccional. No podemos decir que llegamos a un punto de inflexión, pero estamos llegando a indicadores que marcan algunas mejoras".
El funcionario reconoció, durante el seminario de Defensores y Medios, que hasta el momento sólo cuenta con el 50% del presupuesto asignado para el organismo (no precisó el monto), que de las 2000 industrias que se han inspeccionado en la cuenca (hay un universo calculado de entre 10.000 y 20.000) sólo fueron sancionadas dos por contaminar y sólo una presentó en tiempo y forma un plan de reconversión industrial.
Hace casi dos años la Corte ordenó el saneamiento del río más contaminado de la Argentina. Para concretar ese plan se creó, cuando Romina Picolotti era secretaria de Ambiente de la Nación, la Acumar como órgano autárquico. Sin embargo, sólo hace un mes pudo contratar su propio personal, entre ellos los inspectores, que no superan el número de 30.
El saneamiento del Riachuelo insumió $ 23.801 millones hasta 2024, mientras que entre 2006 y 2009 se invirtieron $ 3114 millones.
Una gran parte de esos aportes provendrán de un crédito otorgado por el Banco Mundial de 840 millones de dólares para un colector cloacal. Los trabajos están en etapa de licitación.
Fecha de Publicación: 27/05/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires - Capital
La Corte Suprema de Justicia volvió a intimar a los estados nacional, bonaerense y porteño y a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) para que en tres días cumpla con lo requerido el 6 de abril pasado, cuando pidió que se presente un informe sobre el cumplimiento de las tareas de saneamiento porque consideró que la información no estaba completa.
"La presentación efectuada por la Acumar que contempla la ley 26.128 no da adecuada respuesta al informe requerido, pues no establece, respecto de todos los objetivos y resultados, las pautas cuantitativas exigidas ni el grado en que ha sido alcanzado, mediante el concreto porcentaje correspondiente a cada uno de los contenidos", advirtió el máximo tribunal.
En la resolución, firmada ayer, también se recordó que en el fallo anterior se intimaba a brindar un informe que debía establecer, con rigurosa precisión y mediante la utilización de pautas cuantitativas, el grado en que ha sido alcanzado -al 31 de marzo pasado- cada uno de los objetivos y resultados que integraron el programa de ejecución obligatoria impuesto en el fallo por la limpieza del Riachuelo.
LA NACION intentó comunicarse con la Acumar pero no tuvo éxito. En tanto, en el Cuerpo Colegiado, conformado por el Defensor del Pueblo de la Nación y varias ONG que deben controlar el cumplimiento del plan, analizaban la nueva decisión de la Corte.
Punto de inflexión
La semana pasada, Gustavo Villa Uría, presidente del consejo ejecutivo de Acumar, describió el trabajo que se está haciendo desde el Estado: "Acumar está cumpliendo con los requerimientos del fallo de crear un organismo autárquico que pueda manejar su presupuesto. Se ha desligado de la Secretaría de Ambiente, es interjurisdiccional. No podemos decir que llegamos a un punto de inflexión, pero estamos llegando a indicadores que marcan algunas mejoras".
El funcionario reconoció, durante el seminario de Defensores y Medios, que hasta el momento sólo cuenta con el 50% del presupuesto asignado para el organismo (no precisó el monto), que de las 2000 industrias que se han inspeccionado en la cuenca (hay un universo calculado de entre 10.000 y 20.000) sólo fueron sancionadas dos por contaminar y sólo una presentó en tiempo y forma un plan de reconversión industrial.
Hace casi dos años la Corte ordenó el saneamiento del río más contaminado de la Argentina. Para concretar ese plan se creó, cuando Romina Picolotti era secretaria de Ambiente de la Nación, la Acumar como órgano autárquico. Sin embargo, sólo hace un mes pudo contratar su propio personal, entre ellos los inspectores, que no superan el número de 30.
El saneamiento del Riachuelo insumió $ 23.801 millones hasta 2024, mientras que entre 2006 y 2009 se invirtieron $ 3114 millones.
Una gran parte de esos aportes provendrán de un crédito otorgado por el Banco Mundial de 840 millones de dólares para un colector cloacal. Los trabajos están en etapa de licitación.
Mendoza en riesgo por uso de plaguicidas
Guaymallén y Maipú, en riesgo por uso de plaguicidas
Fecha de Publicación: 26/05/2010
Fuente: Los Andes On Line
Provincia/Región: Mendoza
Ambos departamentos encabezan una lista nacional que incluye a 470 comunas, porque sus zonas cultivadas tienen un alto riesgo de contaminación por plaguicidas. La producción de hortalizas y frutales de pepita requieren de los pesticidas de mayor toxicidad.
Guaymallén y Maipú tienen un riesgo muy alto de contaminación por plaguicidas. De hecho, ocupan el primero y segundo puesto, respectivamente, en una lista que incluye 470 departamentos en todo el país.
El dato surge de una investigación que tuvo como objeto determinar los efectos de la degradación ambiental en la niñez y que realizaron en forma conjunta la Defensoría del Pueblo de la Nación y cuatro organizaciones del Sistema de Naciones Unidas.
La investigación dio como resultado un Atlas del Riesgo Ambiental de la Niñez de Argentina, en el que se establecen índices de contaminación -potencial, no efectiva- para cada uno de los departamentos o distritos del país. En este sentido, no es un mapa de zonas contaminadas, sino una herramienta de planificación de políticas públicas que apunten a la prevención y control.
Para hacer el estudio se analizaron cuatro procesos de degradación, generados por las actividades industrial, agrícola y minera, y por saneamiento básico insuficiente -es decir, la ausencia de sistemas de agua potable y cloacas-, y se calculó un índice para cada uno de ellos en función de algunas variables.
En el caso de los plaguicidas, se consideró la posibilidad de que los químicos que se utilizan en la producción agropecuaria contaminen los ríos, la napa freática, el aire, la tierra y los alimentos. Y este riesgo se definió a partir de la superficie sembrada de distintos cultivos en cada departamento, los agroquímicos empleados, el grado de toxicidad que poseen y la cantidad que se utiliza.
Guaymallén y Maipú figuran en los primeros sitios en el país ya que tienen una gran proporción del territorio sembrado con hortalizas (13 y 11%), que es un cultivo para el que se usan plaguicidas de elevada toxicidad. Además, también hay presencia de frutales de pepita, que si bien tienen un porcentaje muy bajo de ocupación de superficie, son los que poseen el mayor potencial tóxico.
Los cítricos, que se ubican en tercer lugar en cuanto a nivel de toxicidad, poseen un valor 90% menor que las hortalizas, mientras la soja ocupa el sexto puesto. Por otra parte, las hortalizas y frutales suelen producirse en zonas periurbanas, lo que hace que la población esté muy expuesta.
Cristina Maiztegui, jefa del Área de Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo de la Nación, subrayó que el índice de contaminación por plaguicidas se calculó en base al concepto de toxicidad aguda, no crónica (los efectos de la exposición a bajas dosis de contaminante durante largo tiempo).
También planteó que en la Argentina se siguen utilizando productos que han sido prohibidos en otras partes del mundo y que en general existe una cultura de sobre utilización del agroquímico.
El organismo que se encarga de controlar diversos aspectos relacionados con el uso de pesticidas es el Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza (Iscamen). Oscar Astorga, quien está al frente del Programa Agroquímicos, consideró lógico que se considere al cinturón verde de Guaymallén y Maipú como una zona de riesgo, pero también detalló que el año pasado se tomaron en la provincia 250 muestras en distintos niveles de comercialización y sólo en 7 u 8% de los casos se encontró mal uso.
Tiempo de exposición
El ingeniero explicó que el estudio del producto final permite determinar, en función del residuo que se encuentra, si se utilizó otro pesticida diferente al que corresponde para cada cultivo, si se usó mayor cantidad de la recomendada y si se respetó el tiempo que debe transcurrir desde la última exposición hasta la cosecha.
También manifestó que permanentemente se realizan capacitaciones de buenas prácticas de uso y que hace seis años se desarrolla una propuesta de recolección de envases vacíos.
Violeta Becerra, del Área de Fitoterapéutica del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), señaló también que si bien está establecido cómo debe usarse cada plaguicida, no siempre se respetan estas recomendaciones, y que los productos que contaminan menos el ambiente son más costosos.
Por otra parte, indicó que hay zonas donde se cultivan hortalizas que tienen la napa freática a muy poca profundidad, lo que incrementa el riesgo de degradación.
Precisamente, el atlas cruza datos de los cuatro tipos de contaminación y en Guaymallén y Maipú se superponen tres riesgos: el alto índice por la producción agrícola y, en menor medida, por la presencia de industrial y de saneamiento básico insuficiente. Aunque se puede considerar que en estos casos el riesgo ambiental se suma, también es probable que la combinación provoque que se potencie.
Fecha de Publicación: 26/05/2010
Fuente: Los Andes On Line
Provincia/Región: Mendoza
Ambos departamentos encabezan una lista nacional que incluye a 470 comunas, porque sus zonas cultivadas tienen un alto riesgo de contaminación por plaguicidas. La producción de hortalizas y frutales de pepita requieren de los pesticidas de mayor toxicidad.
Guaymallén y Maipú tienen un riesgo muy alto de contaminación por plaguicidas. De hecho, ocupan el primero y segundo puesto, respectivamente, en una lista que incluye 470 departamentos en todo el país.
El dato surge de una investigación que tuvo como objeto determinar los efectos de la degradación ambiental en la niñez y que realizaron en forma conjunta la Defensoría del Pueblo de la Nación y cuatro organizaciones del Sistema de Naciones Unidas.
La investigación dio como resultado un Atlas del Riesgo Ambiental de la Niñez de Argentina, en el que se establecen índices de contaminación -potencial, no efectiva- para cada uno de los departamentos o distritos del país. En este sentido, no es un mapa de zonas contaminadas, sino una herramienta de planificación de políticas públicas que apunten a la prevención y control.
Para hacer el estudio se analizaron cuatro procesos de degradación, generados por las actividades industrial, agrícola y minera, y por saneamiento básico insuficiente -es decir, la ausencia de sistemas de agua potable y cloacas-, y se calculó un índice para cada uno de ellos en función de algunas variables.
En el caso de los plaguicidas, se consideró la posibilidad de que los químicos que se utilizan en la producción agropecuaria contaminen los ríos, la napa freática, el aire, la tierra y los alimentos. Y este riesgo se definió a partir de la superficie sembrada de distintos cultivos en cada departamento, los agroquímicos empleados, el grado de toxicidad que poseen y la cantidad que se utiliza.
Guaymallén y Maipú figuran en los primeros sitios en el país ya que tienen una gran proporción del territorio sembrado con hortalizas (13 y 11%), que es un cultivo para el que se usan plaguicidas de elevada toxicidad. Además, también hay presencia de frutales de pepita, que si bien tienen un porcentaje muy bajo de ocupación de superficie, son los que poseen el mayor potencial tóxico.
Los cítricos, que se ubican en tercer lugar en cuanto a nivel de toxicidad, poseen un valor 90% menor que las hortalizas, mientras la soja ocupa el sexto puesto. Por otra parte, las hortalizas y frutales suelen producirse en zonas periurbanas, lo que hace que la población esté muy expuesta.
Cristina Maiztegui, jefa del Área de Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo de la Nación, subrayó que el índice de contaminación por plaguicidas se calculó en base al concepto de toxicidad aguda, no crónica (los efectos de la exposición a bajas dosis de contaminante durante largo tiempo).
También planteó que en la Argentina se siguen utilizando productos que han sido prohibidos en otras partes del mundo y que en general existe una cultura de sobre utilización del agroquímico.
El organismo que se encarga de controlar diversos aspectos relacionados con el uso de pesticidas es el Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza (Iscamen). Oscar Astorga, quien está al frente del Programa Agroquímicos, consideró lógico que se considere al cinturón verde de Guaymallén y Maipú como una zona de riesgo, pero también detalló que el año pasado se tomaron en la provincia 250 muestras en distintos niveles de comercialización y sólo en 7 u 8% de los casos se encontró mal uso.
Tiempo de exposición
El ingeniero explicó que el estudio del producto final permite determinar, en función del residuo que se encuentra, si se utilizó otro pesticida diferente al que corresponde para cada cultivo, si se usó mayor cantidad de la recomendada y si se respetó el tiempo que debe transcurrir desde la última exposición hasta la cosecha.
También manifestó que permanentemente se realizan capacitaciones de buenas prácticas de uso y que hace seis años se desarrolla una propuesta de recolección de envases vacíos.
Violeta Becerra, del Área de Fitoterapéutica del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), señaló también que si bien está establecido cómo debe usarse cada plaguicida, no siempre se respetan estas recomendaciones, y que los productos que contaminan menos el ambiente son más costosos.
Por otra parte, indicó que hay zonas donde se cultivan hortalizas que tienen la napa freática a muy poca profundidad, lo que incrementa el riesgo de degradación.
Precisamente, el atlas cruza datos de los cuatro tipos de contaminación y en Guaymallén y Maipú se superponen tres riesgos: el alto índice por la producción agrícola y, en menor medida, por la presencia de industrial y de saneamiento básico insuficiente. Aunque se puede considerar que en estos casos el riesgo ambiental se suma, también es probable que la combinación provoque que se potencie.
Buenos Aires: deberán tener seguros ambientales
El gobierno bonaerense obligará a empresas a contratar seguros para cubrir eventuales daños ambientales
Fecha de Publicación: 25/05/2010
Fuente: El Comercio On Line
Provincia/Región: Buenos Aires
El Gobierno bonaerense dispuso que las empresas que puedan contaminar el ambiente deberán contratar un seguro "para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño" que pudieran causar, como condición ineludible para conseguir habilitaciones, permisos e inscripciones de parte de las autoridades respectivas.
La resolución fue emitida por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible que dirige José Manuel Molina y alcanza a empresas consideradas por la normativa vigente como de segunda y tercera categoría, según la complejidad ambiental, y a "personas físicas o jurídicas responsables de la generación, tratamiento, almacenamiento y disposición final de residuos especiales".
Según la ley ambiental que rige en el territorio bonaerense, los establecimientos de segunda categoría son los considerados "incómodos porque su funcionamiento constituye una molestia para la salubridad e higiene de la población u ocasiona daños graves a los bienes y al medio ambiente".
Y los de tercera son los "peligrosos porque su funcionamiento constituye un riesgo para la seguridad, salubridad e higiene de la población u ocasiona daños graves a los bienes y al medio ambiente".
En tanto, la primera categoría contempla a los "inocuos", pues "su funcionamiento no constituye riesgo o molestia a la seguridad, salubridad e higiene de la población, ni ocasiona daños a sus bienes materiales ni al medio ambiente".
Las autoridades recordaron que la Constitución Nacional "establece que el daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer según lo establezca la ley" y que la Carta Magna bonaerense "dispone que toda persona física o jurídica cuya acción u omisión pueda degradar el ambiente está obligada a tomar todas las precauciones para evitarlo".
Y resaltaron que la Ley General del Ambiente "obliga a toda persona física o jurídica, pública o privada, que realice actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos, a contratar un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que en su tipo pudiere producir". Asimismo, "determina que quien ocasione un daño al ambiente será objetivamente responsable de su restablecimiento al estado anterior a su producción".
Y con similar temperamento otras normas -por ejemplo las de Presupuestos Mínimos para la Gestión y Eliminación de los PCB's y de Gestión Integral de Residuos Industriales y de Actividades de Servicios- "establecen la necesidad de contratar un seguro de responsabilidad civil a fin de asegurar la recomposición de posibles daños ambientales", añadieron.
Por ello, la resolución oficial 165/10 dispuso que los titulares de esas actividades, para "obtener las respectivas habilitaciones, permisos e inscripciones" oficiales, "deberán acreditar la contratación de un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño ambiental que su actividad pudiera producir".
El organismo destacó que la Corte Suprema nacional "ha venido requiriendo la efectiva constitución de seguros ambientales a través de sus más recientes pronunciamientos (por ej. Riachuelo)". Y que "las pólizas de Seguro por Daño Ambiental de Incidencia Colectiva" que se aceptarán serán "las emitidas por las compañías que hayan sido previamente aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación".
El seguro ambiental -enfatizó- es "una herramienta de prevención y reparación del daño, ya que el valor de la prima así como el monto asegurable tendrá directa relación con la gestión de la actividad que se realice".
Fecha de Publicación: 25/05/2010
Fuente: El Comercio On Line
Provincia/Región: Buenos Aires
El Gobierno bonaerense dispuso que las empresas que puedan contaminar el ambiente deberán contratar un seguro "para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño" que pudieran causar, como condición ineludible para conseguir habilitaciones, permisos e inscripciones de parte de las autoridades respectivas.
La resolución fue emitida por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible que dirige José Manuel Molina y alcanza a empresas consideradas por la normativa vigente como de segunda y tercera categoría, según la complejidad ambiental, y a "personas físicas o jurídicas responsables de la generación, tratamiento, almacenamiento y disposición final de residuos especiales".
Según la ley ambiental que rige en el territorio bonaerense, los establecimientos de segunda categoría son los considerados "incómodos porque su funcionamiento constituye una molestia para la salubridad e higiene de la población u ocasiona daños graves a los bienes y al medio ambiente".
Y los de tercera son los "peligrosos porque su funcionamiento constituye un riesgo para la seguridad, salubridad e higiene de la población u ocasiona daños graves a los bienes y al medio ambiente".
En tanto, la primera categoría contempla a los "inocuos", pues "su funcionamiento no constituye riesgo o molestia a la seguridad, salubridad e higiene de la población, ni ocasiona daños a sus bienes materiales ni al medio ambiente".
Las autoridades recordaron que la Constitución Nacional "establece que el daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer según lo establezca la ley" y que la Carta Magna bonaerense "dispone que toda persona física o jurídica cuya acción u omisión pueda degradar el ambiente está obligada a tomar todas las precauciones para evitarlo".
Y resaltaron que la Ley General del Ambiente "obliga a toda persona física o jurídica, pública o privada, que realice actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos, a contratar un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que en su tipo pudiere producir". Asimismo, "determina que quien ocasione un daño al ambiente será objetivamente responsable de su restablecimiento al estado anterior a su producción".
Y con similar temperamento otras normas -por ejemplo las de Presupuestos Mínimos para la Gestión y Eliminación de los PCB's y de Gestión Integral de Residuos Industriales y de Actividades de Servicios- "establecen la necesidad de contratar un seguro de responsabilidad civil a fin de asegurar la recomposición de posibles daños ambientales", añadieron.
Por ello, la resolución oficial 165/10 dispuso que los titulares de esas actividades, para "obtener las respectivas habilitaciones, permisos e inscripciones" oficiales, "deberán acreditar la contratación de un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño ambiental que su actividad pudiera producir".
El organismo destacó que la Corte Suprema nacional "ha venido requiriendo la efectiva constitución de seguros ambientales a través de sus más recientes pronunciamientos (por ej. Riachuelo)". Y que "las pólizas de Seguro por Daño Ambiental de Incidencia Colectiva" que se aceptarán serán "las emitidas por las compañías que hayan sido previamente aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación".
El seguro ambiental -enfatizó- es "una herramienta de prevención y reparación del daño, ya que el valor de la prima así como el monto asegurable tendrá directa relación con la gestión de la actividad que se realice".
Crearon en Salta la Agencia de Areas Protegidas
Crearon la Agencia de Areas Protegidas
Fecha de Publicación: 24/05/2010
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
Las actuales direcciones de Areas Protegidas y Servicios, y el Programa de Guardas Ambientales quedaron bajo su órbita.
Fue conformada recientemente la Agencia de Areas Protegidas de Salta. Se trata de un ente técnico que actuará como autoridad de aplicación de la ley 7.107, que crea el Sistema Provincial de Areas Protegidas (SiPAP).
La Agencia absorberá las actuales direcciones de Areas Protegidas y Servicios Ambientales y el Programa de Guardas Ambientales.
Fue designado al frente del organismo Francisco López Sastre. Al respecto, el funcionario explicó que su principal función será la de aplicar la normativa vigente, que prevé la conservación y el uso sustentable de recursos naturales de la provincia. Prescribe, además, la puesta en marcha de un plan integral de manejo y desarrollo en cada zona.
Salta cuenta en la actualidad con 22 áreas protegidas bajo diferentes categorías de manejo, incluyendo la Reserva de la Biosfera de las Yungas y su integración a la Red de Reservas de la Biosfera del programa MAB-Unesco.
Las mismas suman una superficie aproximada de 2.000.000 de hectáreas, representando aproximadamente el 15 % del territorio provincial.
A través de estas unidades están representadas las diferentes ecorregiones de la provincia. Cabe destacar que en más del 50 % de las unidades del sistema existen comunidades que utilizan, en distinto grado, sus recursos naturales.
“La idea es lograr que las áreas protegidas sean autosostenibles. Eso se logra capacitando a los agentes, con la finalidad de que alcancen un amplio conocimiento y aceptación acerca de cuál es la forma de servirse de los recursos, gestionando cooperación internacional y trabajando para el desarrollo de un plan turístico sustentable”, afirmó López Sastre.
Fecha de Publicación: 24/05/2010
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
Las actuales direcciones de Areas Protegidas y Servicios, y el Programa de Guardas Ambientales quedaron bajo su órbita.
Fue conformada recientemente la Agencia de Areas Protegidas de Salta. Se trata de un ente técnico que actuará como autoridad de aplicación de la ley 7.107, que crea el Sistema Provincial de Areas Protegidas (SiPAP).
La Agencia absorberá las actuales direcciones de Areas Protegidas y Servicios Ambientales y el Programa de Guardas Ambientales.
Fue designado al frente del organismo Francisco López Sastre. Al respecto, el funcionario explicó que su principal función será la de aplicar la normativa vigente, que prevé la conservación y el uso sustentable de recursos naturales de la provincia. Prescribe, además, la puesta en marcha de un plan integral de manejo y desarrollo en cada zona.
Salta cuenta en la actualidad con 22 áreas protegidas bajo diferentes categorías de manejo, incluyendo la Reserva de la Biosfera de las Yungas y su integración a la Red de Reservas de la Biosfera del programa MAB-Unesco.
Las mismas suman una superficie aproximada de 2.000.000 de hectáreas, representando aproximadamente el 15 % del territorio provincial.
A través de estas unidades están representadas las diferentes ecorregiones de la provincia. Cabe destacar que en más del 50 % de las unidades del sistema existen comunidades que utilizan, en distinto grado, sus recursos naturales.
“La idea es lograr que las áreas protegidas sean autosostenibles. Eso se logra capacitando a los agentes, con la finalidad de que alcancen un amplio conocimiento y aceptación acerca de cuál es la forma de servirse de los recursos, gestionando cooperación internacional y trabajando para el desarrollo de un plan turístico sustentable”, afirmó López Sastre.
Temen fallas en motores si añaden más biodiesel
Temen fallas en motores de autos si añaden más biodiesel al gasoil
Fecha de Publicación: 23/05/2010
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno estudia llevar al 10% la parte de biodiesel en cada litro de ese combustible.
A partir del freno dispuesto por China a las importaciones de aceite de soja argentina, el Gobierno quiere destinar una mayor proporción de este insumo a la elaboración de biodiesel, un componente que, desde este año -y por motivos ecológicos- debe contener el gasoil en un 5%. Del mismo modo, las naftas, según la misma resolución, deben incluir etanol. La idea oficial es pasar del 5 al 7% en julio para llevarla al 10% hacia fin de año. La iniciativa despierta preocupación en las terminales automotrices porque advierten que "se necesita tiempo" para lograr la adaptación de los motores al nuevo combustible. Y subrayan lo imperioso de implementar la medida "en forma programada".
"Con las especificaciones actuales, el parque automotor está preparado para admitir ese 5% de corte. Pero no tenemos hechos los ensayos para certificar que no haya problemas si los autos funcionan bien o no más allá de ese porcentaje", confió una fuente de una de las principales empresas.
En la última reunión que mantuvieron las terminales con los funcionarios por este tema, hace tres semanas, las empresas transmitieron su preocupación. Por eso, en base a la elaboración de ensayos realizados en Brasil y en otros mercados, las fábricas están preparando un plan para elevar al Gobierno, según comentó Fernando Rodríguez Canedo, director ejecutivo de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA).
"Este proceso, de "rebaje" de los combustibles llevó años en Europa, donde por otra parte, la medida fue consensuada entre el Estado, las petroleras y las automotrices. Y acá se pretende hacerlo en seis meses". se quejó una fuente ligada a las petroleras.
La idea oficial de incrementar el porcentaje de biodiesel y etanol, es -además de encauzar el aceite que no se puede exportar a China y proteger el medio ambiente- reducir los márgenes de importación de gasoil para proteger la balanza comercial.
Por otra parte, la medida también apunta a que el mercado no se vea desabastecido de gasoil, especialmente este año, cuando el campo -por la cosecha récord- demandó un 23% más de este combustible, confió una fuente del sector..
La capacidad de producción de biodiesel de la Argentina es de 2,5 millones de toneladas por año. Y la disposición de ese 5% para realizar el corte, que rige desde enero, insume unas 800.000 toneladas del producto, según los datos que maneja la Cámara Argentina de Biocombustibles, donde están representadas las grandes empresas productoras.
Fecha de Publicación: 23/05/2010
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno estudia llevar al 10% la parte de biodiesel en cada litro de ese combustible.
A partir del freno dispuesto por China a las importaciones de aceite de soja argentina, el Gobierno quiere destinar una mayor proporción de este insumo a la elaboración de biodiesel, un componente que, desde este año -y por motivos ecológicos- debe contener el gasoil en un 5%. Del mismo modo, las naftas, según la misma resolución, deben incluir etanol. La idea oficial es pasar del 5 al 7% en julio para llevarla al 10% hacia fin de año. La iniciativa despierta preocupación en las terminales automotrices porque advierten que "se necesita tiempo" para lograr la adaptación de los motores al nuevo combustible. Y subrayan lo imperioso de implementar la medida "en forma programada".
"Con las especificaciones actuales, el parque automotor está preparado para admitir ese 5% de corte. Pero no tenemos hechos los ensayos para certificar que no haya problemas si los autos funcionan bien o no más allá de ese porcentaje", confió una fuente de una de las principales empresas.
En la última reunión que mantuvieron las terminales con los funcionarios por este tema, hace tres semanas, las empresas transmitieron su preocupación. Por eso, en base a la elaboración de ensayos realizados en Brasil y en otros mercados, las fábricas están preparando un plan para elevar al Gobierno, según comentó Fernando Rodríguez Canedo, director ejecutivo de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA).
"Este proceso, de "rebaje" de los combustibles llevó años en Europa, donde por otra parte, la medida fue consensuada entre el Estado, las petroleras y las automotrices. Y acá se pretende hacerlo en seis meses". se quejó una fuente ligada a las petroleras.
La idea oficial de incrementar el porcentaje de biodiesel y etanol, es -además de encauzar el aceite que no se puede exportar a China y proteger el medio ambiente- reducir los márgenes de importación de gasoil para proteger la balanza comercial.
Por otra parte, la medida también apunta a que el mercado no se vea desabastecido de gasoil, especialmente este año, cuando el campo -por la cosecha récord- demandó un 23% más de este combustible, confió una fuente del sector..
La capacidad de producción de biodiesel de la Argentina es de 2,5 millones de toneladas por año. Y la disposición de ese 5% para realizar el corte, que rige desde enero, insume unas 800.000 toneladas del producto, según los datos que maneja la Cámara Argentina de Biocombustibles, donde están representadas las grandes empresas productoras.
Chubut: no se dejará presionar por las mineras
Korn aseguró que el gobierno no se dejará presionar por las mineras
Fecha de Publicación: 22/05/2010
Fuente: El Diario de Madryn
Provincia/Región: Chubut
“Nosotros respetamos todo tipo de movilización”, dijo el ministro Coordinador, Pablo Korn, al ser consultado sobre la marcha que las comunidades aborígenes hicieron el jueves hacia la Legislatura de Chubut en reclamo de tierras y para que no se desarrolle la megaminería en la Meseta Central.
“Ellos tienen derecho a reclamar mientras no compliquen la vida de los demás, cuando el mensaje está confuso o mezclado con intereses es difícil saber lo que están peticionando”, dijo Korn.
Con relación al tema minero, sostuvo que el gobierno lo único que hizo fue abrir un debate y comenzar seriamente a trabajar en lo técnico y capacitar a la gente que está trabajando en el Estado provincial para que puedan garantizar los estudios de diferentes temas ambientales, técnicos y económicos, “esta provincia no tiene buena experiencia con la minería porque el gobierno radical que intentó impulsarlo fracasó y los diputados que hoy protestan son los que antes lo apoyaban pero el gobierno está investigando en el mundo y en otras provincias del país cómo se está manejando la minería, estamos capacitando y fortaleciendo los equipos de trabajo para estudiar las leyes con mejor certeza”.
La legislación
Indicó que la Ley 5001 está vigente y garantizó que el gobierno no moverá ninguna legislación en detrimento del medio ambiente y de las comunidades aborígenes de la Meseta Central y no permitirá que ninguna empresa presione ni adelante el ritmo de trabajo, “no vamos a creer lo que nos dice una empresa porque la responsabilidad del gobierno es recorrer la zona y estar en el terreno”
Korn garantizó que no hay falta de agua como producto de las perforaciones que se vienen realizando, sólo se está trabajando en cateos y proyecciones para sabe que minerales hay, “es un recurso natural de la provincia y que controlado sirve para vivir mejor y poder proyectar desarrollo y mejor calidad de vida y esto es lo vamos a discutir, pero por el momento no hay una definición política de cómo lo vamos a llevar adelante ni cuando”.
Aseveró que hoy no hacen nada que esté en disonancia a lo que están plateando, “y si bien nadie puede definir la megamineria no estamos de acuerdo con algo que tenga una dimensión tal que complique el desarrollo de los pueblos del interior, no hay nada como verdad, hay opiniones de grupos ambientales pero tienen que hablar los técnicos y tener la chance de discutir porque no podemos decir que la minería contamina o destroza los pueblos”.
Fecha de Publicación: 22/05/2010
Fuente: El Diario de Madryn
Provincia/Región: Chubut
“Nosotros respetamos todo tipo de movilización”, dijo el ministro Coordinador, Pablo Korn, al ser consultado sobre la marcha que las comunidades aborígenes hicieron el jueves hacia la Legislatura de Chubut en reclamo de tierras y para que no se desarrolle la megaminería en la Meseta Central.
“Ellos tienen derecho a reclamar mientras no compliquen la vida de los demás, cuando el mensaje está confuso o mezclado con intereses es difícil saber lo que están peticionando”, dijo Korn.
Con relación al tema minero, sostuvo que el gobierno lo único que hizo fue abrir un debate y comenzar seriamente a trabajar en lo técnico y capacitar a la gente que está trabajando en el Estado provincial para que puedan garantizar los estudios de diferentes temas ambientales, técnicos y económicos, “esta provincia no tiene buena experiencia con la minería porque el gobierno radical que intentó impulsarlo fracasó y los diputados que hoy protestan son los que antes lo apoyaban pero el gobierno está investigando en el mundo y en otras provincias del país cómo se está manejando la minería, estamos capacitando y fortaleciendo los equipos de trabajo para estudiar las leyes con mejor certeza”.
La legislación
Indicó que la Ley 5001 está vigente y garantizó que el gobierno no moverá ninguna legislación en detrimento del medio ambiente y de las comunidades aborígenes de la Meseta Central y no permitirá que ninguna empresa presione ni adelante el ritmo de trabajo, “no vamos a creer lo que nos dice una empresa porque la responsabilidad del gobierno es recorrer la zona y estar en el terreno”
Korn garantizó que no hay falta de agua como producto de las perforaciones que se vienen realizando, sólo se está trabajando en cateos y proyecciones para sabe que minerales hay, “es un recurso natural de la provincia y que controlado sirve para vivir mejor y poder proyectar desarrollo y mejor calidad de vida y esto es lo vamos a discutir, pero por el momento no hay una definición política de cómo lo vamos a llevar adelante ni cuando”.
Aseveró que hoy no hacen nada que esté en disonancia a lo que están plateando, “y si bien nadie puede definir la megamineria no estamos de acuerdo con algo que tenga una dimensión tal que complique el desarrollo de los pueblos del interior, no hay nada como verdad, hay opiniones de grupos ambientales pero tienen que hablar los técnicos y tener la chance de discutir porque no podemos decir que la minería contamina o destroza los pueblos”.
Piden cambiar clasificación de agroquímicos
Piden cambiar metodología de clasificación de agroquímicos
Fecha de Publicación: 21/05/2010
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Nacional
Con más de mil firmas se elevó a la Defensoría del Pueblo de la Nación un requerimiento solicitando su intervención para el cambio de la metodología de clasificación de los agroquímicos
La nota elevada al Ombudsman nacional está acompañada de la adhesión de 1.036 ciudadanas y ciudadanos argentinos, en planillas de papel, de los más diversos lugares del país y que desempeñan las más variadas actividades; que manifiestan con su firma y su documento de identidad el rechazo a los riesgos y daños a la salud que generan los agroquímicos; y peticionan:
• Que la clasificación toxicológica de los agroquímicos considere el conjunto de daños a la salud (letales agudos, letales de mediano y largo plazo, subletales agudos, subletales crónicos) que por su toxicidad pueden generar estos productos, y no sólo uno de ellos (letales agudos), como ocurre en la actualidad.
• Que los agroquímicos que no tengan evaluadas todos esas toxicidades y hayan sido aprobados para su uso sean clasificados como “Ia: sumamente peligrosos, muy tóxicos”; e identificados con banda roja.
Esta clasificación posibilitará que las fumigaciones con estos productos sean alejadas de los barrios, poblaciones, asentamientos y escuelas rurales, apartando los riesgos y daños de las personas que hoy están siendo directamente afectadas. Además; promoverá que quienes manipulan y aplican estos productos adopten las precauciones que hoy no toman.
• Que se considere la toxicidad de la mezcla de productos agroquímicos que realmente se aplica, o la toxicidad del producto más tóxico de esa mezcla, y no la toxicidad del denominado principio activo en forma individual, como sucede actualmente.
• Que los estudios en los que se basan esas clasificaciones sean realizados por investigadores, empresas y/o laboratorios que no estén y/o no hayan estado vinculados de alguna manera a las empresas y laboratorios que patentan, elaboran y/o comercializan los agroquímicos, como en la actualidad.
La recolección de las adhesiones se inició el 16 de abril, y se hizo con un perfil muy bajo. La mayoría de las personas que firmaron viven en poblaciones alejadas de la Ciudad de Buenos Aires, y se ven afectadas directamente por las fumigaciones, o tienen conocimiento directo de los daños a la salud que generan los agroquímicos. También adhirieron ciudadanos de las grandes ciudades, concientes de los riesgos y daños que se requieren evitar.
Fecha de Publicación: 21/05/2010
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Nacional
Con más de mil firmas se elevó a la Defensoría del Pueblo de la Nación un requerimiento solicitando su intervención para el cambio de la metodología de clasificación de los agroquímicos
La nota elevada al Ombudsman nacional está acompañada de la adhesión de 1.036 ciudadanas y ciudadanos argentinos, en planillas de papel, de los más diversos lugares del país y que desempeñan las más variadas actividades; que manifiestan con su firma y su documento de identidad el rechazo a los riesgos y daños a la salud que generan los agroquímicos; y peticionan:
• Que la clasificación toxicológica de los agroquímicos considere el conjunto de daños a la salud (letales agudos, letales de mediano y largo plazo, subletales agudos, subletales crónicos) que por su toxicidad pueden generar estos productos, y no sólo uno de ellos (letales agudos), como ocurre en la actualidad.
• Que los agroquímicos que no tengan evaluadas todos esas toxicidades y hayan sido aprobados para su uso sean clasificados como “Ia: sumamente peligrosos, muy tóxicos”; e identificados con banda roja.
Esta clasificación posibilitará que las fumigaciones con estos productos sean alejadas de los barrios, poblaciones, asentamientos y escuelas rurales, apartando los riesgos y daños de las personas que hoy están siendo directamente afectadas. Además; promoverá que quienes manipulan y aplican estos productos adopten las precauciones que hoy no toman.
• Que se considere la toxicidad de la mezcla de productos agroquímicos que realmente se aplica, o la toxicidad del producto más tóxico de esa mezcla, y no la toxicidad del denominado principio activo en forma individual, como sucede actualmente.
• Que los estudios en los que se basan esas clasificaciones sean realizados por investigadores, empresas y/o laboratorios que no estén y/o no hayan estado vinculados de alguna manera a las empresas y laboratorios que patentan, elaboran y/o comercializan los agroquímicos, como en la actualidad.
La recolección de las adhesiones se inició el 16 de abril, y se hizo con un perfil muy bajo. La mayoría de las personas que firmaron viven en poblaciones alejadas de la Ciudad de Buenos Aires, y se ven afectadas directamente por las fumigaciones, o tienen conocimiento directo de los daños a la salud que generan los agroquímicos. También adhirieron ciudadanos de las grandes ciudades, concientes de los riesgos y daños que se requieren evitar.
Hundimiento de playas por la urbanización
Aseguran que el impacto urbano en el ecosistema provoca el hundimiento de playas
Fecha de Publicación: 21/05/2010
Fuente: Diario de Madryn
Provincia/Región: Chubut
La modificación de los ecosistemas costeros en ambientes frágiles como el entorno de Puerto Madryn, donde existe un estrecho régimen de precipitaciones que ha llevado a que el clima sea definido como semidesértico, repercute fuertemente sobre una amplia región, con consecuencias que pueden ser permanentes o de muy compleja reversibilidad.
En la zona costera sur del sector urbanizado de Madryn, a partir de la vigencia de la Ordenanza 6947 sancionada en noviembre de 2008, se creó un área de conservación de la zona de dunas y médanos, en el que se prohibió realizar cualquier tipo de modificación del terreno y la vegetación ubicada sobre él, pero a partir de haber dejado habilitada la urbanización de un importante loteo ubicado inmediatamente detrás de ese sector, los especialistas concluyen en que indefectiblemente podría producirse una modificación del ecosistema de la playa, profundizándose el impacto que ya registra toda la zona costera de la bahía Nueva.
Desde hace más de un lustro, científicos locales y legisladores municipales plantearon de diferente manera su preocupación por el constante descenso de la capa de arena en la playa de esa bahía, lo que produjo que la playa descendiera -se hundiera- transformándose en alrededor de un metro más profunda.
Allá por el año 2004 comenzó a aparecer un sector de fondo rocoso, muy próximo a Punta Cuevas, que jamás había sido observado, frente al sector del monumento a San Francisco de Paola. Hoy, ese sector dejó prácticamente todo descubierto un fondo de tosca y pequeño canto rodado.
La costa madrynense siempre se caracterizó por ser una playa segura para el turismo familiar, pues reunía las condiciones de seguridad ideales para los niños, ya que sus aguas no eran profundas, existe poco oleaje y no había declives pronunciados como desde hace algunos años se comenzó a producir entre la playa ubicada en la última rotonda del boulevard Brown y el Monumento al Indio Tehuelche. Pero hasta enero del 2004, se había cuantificado en aproximadamente 70 centímetros la diferencia en el incremento en la profundidad de la playa de “Bahía Nueva”, tradicionalmente conocida como “la curva del Indio”.
El motivo, habían aclarado tanto los científicos como el entonces titular de la cartera de Ecología y Medio Ambiente de la comuna en la gestión del Intendente Julio César Aristarain, era que ya no quedaban médanos sobre la costa que permitieran “retroalimentar la playa de arena. Roto el ciclo, la playa sigue quedándose sin arena”.
Falta de planificación
La falta de planificación, el avance de las construcciones de cemento y la destrucción constante del sistema de médanos costeros rompieron definitivamente la fuente de retroalimentación de la arena de playas. Esencialmente, y según explican los geólogos, los médanos tienen una función natural de contención para evitar la pérdida de arena de las playas. Sin ellos, cuando sopla viento desde el océano, la arena se vuela y aleja de la costa hasta los domicilios particulares, y no regresa; pues la señora o la empleada doméstica llega con su escobillón y palita a recoger la arena que llega de la playa y se juntó en la puerta o en la vereda, y la arroja al cesto de residuos para que termine en el basural.
Quienes recuerdan la zona costera sur de la ciudad, coinciden en que el fondo de tosca actualmente existente en la zona de “la curva del Indio”, no es el históricamente reconocido en ese sector.
Ese año 2004, una de las políticas públicas diagramadas desde la Municipalidad consistía en intentar mitigar las consecuencias de la urbanización a partir de acarrear nuevamente arena, en camión, hacia ese sector de playas, en un intento por recuperar la fisonomía costera madrynense. Pero cualquier acción debía estar directamente orientada a preservar lo que quedara del recurso de arena, y tratar de mitigar lo máximo posible la acción del hombre sobre los médanos, sea con una moto, un cuatriciclo o un vehículo doble tracción.
Política de médanos y urbanización
Sin embargo, y a pesar que se protegió un cordón de médanos costeros, ubicado entre la penúltima rotonda del boulevard Brown y el Monumento al Indio Tehuelche, y que también se ingresó en espacios privados al prohibir la modificación de la cadena de médanos ubicados en las fracciones 7 y 18 de la circunscripción catastral 1, sector 1, dentro de las cuales funciona actualmente el Camping del Automóvil Club Argentino, desde la Municipalidad se autorizó la destrucción de todos los médanos, el retiro de la arena y todo el ecosistema, la apertura de calles y la nivelación de terrenos, de toda la fracción 21, conformado por grandes médanos que aportaban arena para el equilibrio de la zona protegida, desde donde también se alimentaba la playa. Toda la biodiversidad de ese sitio desapareció, y tras ello el impacto se verá directamente sobre la playa.
“Este tema ya ha sido tan hablado,” planteó la investigadora Ana María Beeskow, del Centro Nacional Pategónico ante la consulta de este Diario, por lo que consideró que la población tiene pleno conocimiento que los médanos “conforman un ambiente dinámico que se produce a partir de un proceso natural. La vegetación que existe sobre ellos son de un muy corto plazo de existencia”, pero “lo importante” de esa acumulación de arena en que consiste una duna o médano, es la función “geológica, porque permite el aporte de arena a la playa”.
Al intentar graficar las repercusiones inmediatas que produce el retiro de un médano, la especialista recordó lo ocurrido en el sector costero “cuando se retiraron médanos para realizar estacionamientos de casillas, primero aparecía una piedrita y luego otra y después arcilla, la lluvia limpiaba con un impacto muy fuerte y del resto se hizo cargo el viento. Hablar sobre política de medanos sería una cuestión adecuada para proyectar la urbanización de una ciudad” atendiendo el equilibrio del ecosistema y sin alterar su conformación. Pero “la dinámica de Madryn” ha llevado a que “crezca hacia allí y algunos médanos han sido rotos, a partir de la destrucción de la vegetación. Una vez que esa vegetación que existía sobre la capa superior de la arena desaparece, se van también las raíces que sostienen y retienen la arena, y así queda ‘pelado’, con una vegetación que ya no regresa, no se recupera; pues aprovecha para fijarse el ‘cardo ruso’, que tiene una altísima producción de semillas”. Esta planta, de importante volumen, es la que se observa tradicionalmente en las películas de escenarios desérticos, rodando arrastrada por el viento, pues “es una especie que no se instala, sino que se seca rápidamente y la arranca el viento” agregó la investigadora adjunta Ana María Beeskow, integrante de la Unidad de Investigación: Diversidad, Sistemática y Evolución.
“Ha cambiado el perfil de la playa producto de la volatilidad de arena, ha cambiado porque se va la arena” remarcó la especialista, quien cuestionó duramente el impacto de la urbanización de la zona costera sur de Madryn, incluso aquellas instalaciones realizadas sobre la playa, pues allí “las entradas se rellenan con material árido calcáreo, con lo cual se modifica hasta la textura de la playa. Siempre se habla de construir sobre el frente” costero, cuando “en realidad, para impactar lo menos posible sobre el medio ambiente, se tendría que haber hecho de la calle (colectora del Boulevard Brown) hacia atrás”.
“Eran médanos ubicados en tierras privadas”
La destrucción de la totalidad del frágil ecosistema que existía en la fracción 21 de la Circunscripción I, sector 1 de la ciudad, espacio ubicado entre el Club de Aromodelismo, el Camping El Golfito, y el cordón de médanos protegidos, fue “para la concreción de un loteo privado, pero que está fuera de la zona protegida por Ordenanza” justificó y explicó el Secretario de Ecología y Medio Ambiente de la comuna, Raúl Arranz.
“Eran médanos, pero ubicados en tierras privadas. Los que están protegidos no han sido afectados” insistió en remarcar, aunque admitió que “siguen incursionando cuatriciclos y motos” en esa zona protegida, por lo que “de los carteles hacia dentro, se los infracciona y multa”.
A ese sector, “se los protege luego de la modificación de Ordenanzas municipales, porque es necesario protegerlos, incluso tratándose de terrenos privados, como la parcela del Automóvil Club Argentino” acotó el funcionario.
Finalmente, cuestionó la opinión de científicos que han realizado estudios en toda la zona costera bonaerense y en esta misma ciudad, quienes aseguran que el impacto que produjo la urbanización es haber hecho descender el nivel de profundidad de la histórica playa madrynense, pues “si, está bien, la playa bajó, pero esos son informes tendenciosos, porque hay otros médanos que subieron” en altura y ahora son más grandes. “El médano se forma incluso debajo del mar, desde allí nace y repercute en la costa” sentenció el funcionario.
Fecha de Publicación: 21/05/2010
Fuente: Diario de Madryn
Provincia/Región: Chubut
La modificación de los ecosistemas costeros en ambientes frágiles como el entorno de Puerto Madryn, donde existe un estrecho régimen de precipitaciones que ha llevado a que el clima sea definido como semidesértico, repercute fuertemente sobre una amplia región, con consecuencias que pueden ser permanentes o de muy compleja reversibilidad.
En la zona costera sur del sector urbanizado de Madryn, a partir de la vigencia de la Ordenanza 6947 sancionada en noviembre de 2008, se creó un área de conservación de la zona de dunas y médanos, en el que se prohibió realizar cualquier tipo de modificación del terreno y la vegetación ubicada sobre él, pero a partir de haber dejado habilitada la urbanización de un importante loteo ubicado inmediatamente detrás de ese sector, los especialistas concluyen en que indefectiblemente podría producirse una modificación del ecosistema de la playa, profundizándose el impacto que ya registra toda la zona costera de la bahía Nueva.
Desde hace más de un lustro, científicos locales y legisladores municipales plantearon de diferente manera su preocupación por el constante descenso de la capa de arena en la playa de esa bahía, lo que produjo que la playa descendiera -se hundiera- transformándose en alrededor de un metro más profunda.
Allá por el año 2004 comenzó a aparecer un sector de fondo rocoso, muy próximo a Punta Cuevas, que jamás había sido observado, frente al sector del monumento a San Francisco de Paola. Hoy, ese sector dejó prácticamente todo descubierto un fondo de tosca y pequeño canto rodado.
La costa madrynense siempre se caracterizó por ser una playa segura para el turismo familiar, pues reunía las condiciones de seguridad ideales para los niños, ya que sus aguas no eran profundas, existe poco oleaje y no había declives pronunciados como desde hace algunos años se comenzó a producir entre la playa ubicada en la última rotonda del boulevard Brown y el Monumento al Indio Tehuelche. Pero hasta enero del 2004, se había cuantificado en aproximadamente 70 centímetros la diferencia en el incremento en la profundidad de la playa de “Bahía Nueva”, tradicionalmente conocida como “la curva del Indio”.
El motivo, habían aclarado tanto los científicos como el entonces titular de la cartera de Ecología y Medio Ambiente de la comuna en la gestión del Intendente Julio César Aristarain, era que ya no quedaban médanos sobre la costa que permitieran “retroalimentar la playa de arena. Roto el ciclo, la playa sigue quedándose sin arena”.
Falta de planificación
La falta de planificación, el avance de las construcciones de cemento y la destrucción constante del sistema de médanos costeros rompieron definitivamente la fuente de retroalimentación de la arena de playas. Esencialmente, y según explican los geólogos, los médanos tienen una función natural de contención para evitar la pérdida de arena de las playas. Sin ellos, cuando sopla viento desde el océano, la arena se vuela y aleja de la costa hasta los domicilios particulares, y no regresa; pues la señora o la empleada doméstica llega con su escobillón y palita a recoger la arena que llega de la playa y se juntó en la puerta o en la vereda, y la arroja al cesto de residuos para que termine en el basural.
Quienes recuerdan la zona costera sur de la ciudad, coinciden en que el fondo de tosca actualmente existente en la zona de “la curva del Indio”, no es el históricamente reconocido en ese sector.
Ese año 2004, una de las políticas públicas diagramadas desde la Municipalidad consistía en intentar mitigar las consecuencias de la urbanización a partir de acarrear nuevamente arena, en camión, hacia ese sector de playas, en un intento por recuperar la fisonomía costera madrynense. Pero cualquier acción debía estar directamente orientada a preservar lo que quedara del recurso de arena, y tratar de mitigar lo máximo posible la acción del hombre sobre los médanos, sea con una moto, un cuatriciclo o un vehículo doble tracción.
Política de médanos y urbanización
Sin embargo, y a pesar que se protegió un cordón de médanos costeros, ubicado entre la penúltima rotonda del boulevard Brown y el Monumento al Indio Tehuelche, y que también se ingresó en espacios privados al prohibir la modificación de la cadena de médanos ubicados en las fracciones 7 y 18 de la circunscripción catastral 1, sector 1, dentro de las cuales funciona actualmente el Camping del Automóvil Club Argentino, desde la Municipalidad se autorizó la destrucción de todos los médanos, el retiro de la arena y todo el ecosistema, la apertura de calles y la nivelación de terrenos, de toda la fracción 21, conformado por grandes médanos que aportaban arena para el equilibrio de la zona protegida, desde donde también se alimentaba la playa. Toda la biodiversidad de ese sitio desapareció, y tras ello el impacto se verá directamente sobre la playa.
“Este tema ya ha sido tan hablado,” planteó la investigadora Ana María Beeskow, del Centro Nacional Pategónico ante la consulta de este Diario, por lo que consideró que la población tiene pleno conocimiento que los médanos “conforman un ambiente dinámico que se produce a partir de un proceso natural. La vegetación que existe sobre ellos son de un muy corto plazo de existencia”, pero “lo importante” de esa acumulación de arena en que consiste una duna o médano, es la función “geológica, porque permite el aporte de arena a la playa”.
Al intentar graficar las repercusiones inmediatas que produce el retiro de un médano, la especialista recordó lo ocurrido en el sector costero “cuando se retiraron médanos para realizar estacionamientos de casillas, primero aparecía una piedrita y luego otra y después arcilla, la lluvia limpiaba con un impacto muy fuerte y del resto se hizo cargo el viento. Hablar sobre política de medanos sería una cuestión adecuada para proyectar la urbanización de una ciudad” atendiendo el equilibrio del ecosistema y sin alterar su conformación. Pero “la dinámica de Madryn” ha llevado a que “crezca hacia allí y algunos médanos han sido rotos, a partir de la destrucción de la vegetación. Una vez que esa vegetación que existía sobre la capa superior de la arena desaparece, se van también las raíces que sostienen y retienen la arena, y así queda ‘pelado’, con una vegetación que ya no regresa, no se recupera; pues aprovecha para fijarse el ‘cardo ruso’, que tiene una altísima producción de semillas”. Esta planta, de importante volumen, es la que se observa tradicionalmente en las películas de escenarios desérticos, rodando arrastrada por el viento, pues “es una especie que no se instala, sino que se seca rápidamente y la arranca el viento” agregó la investigadora adjunta Ana María Beeskow, integrante de la Unidad de Investigación: Diversidad, Sistemática y Evolución.
“Ha cambiado el perfil de la playa producto de la volatilidad de arena, ha cambiado porque se va la arena” remarcó la especialista, quien cuestionó duramente el impacto de la urbanización de la zona costera sur de Madryn, incluso aquellas instalaciones realizadas sobre la playa, pues allí “las entradas se rellenan con material árido calcáreo, con lo cual se modifica hasta la textura de la playa. Siempre se habla de construir sobre el frente” costero, cuando “en realidad, para impactar lo menos posible sobre el medio ambiente, se tendría que haber hecho de la calle (colectora del Boulevard Brown) hacia atrás”.
“Eran médanos ubicados en tierras privadas”
La destrucción de la totalidad del frágil ecosistema que existía en la fracción 21 de la Circunscripción I, sector 1 de la ciudad, espacio ubicado entre el Club de Aromodelismo, el Camping El Golfito, y el cordón de médanos protegidos, fue “para la concreción de un loteo privado, pero que está fuera de la zona protegida por Ordenanza” justificó y explicó el Secretario de Ecología y Medio Ambiente de la comuna, Raúl Arranz.
“Eran médanos, pero ubicados en tierras privadas. Los que están protegidos no han sido afectados” insistió en remarcar, aunque admitió que “siguen incursionando cuatriciclos y motos” en esa zona protegida, por lo que “de los carteles hacia dentro, se los infracciona y multa”.
A ese sector, “se los protege luego de la modificación de Ordenanzas municipales, porque es necesario protegerlos, incluso tratándose de terrenos privados, como la parcela del Automóvil Club Argentino” acotó el funcionario.
Finalmente, cuestionó la opinión de científicos que han realizado estudios en toda la zona costera bonaerense y en esta misma ciudad, quienes aseguran que el impacto que produjo la urbanización es haber hecho descender el nivel de profundidad de la histórica playa madrynense, pues “si, está bien, la playa bajó, pero esos son informes tendenciosos, porque hay otros médanos que subieron” en altura y ahora son más grandes. “El médano se forma incluso debajo del mar, desde allí nace y repercute en la costa” sentenció el funcionario.
Demanda a la Asamblema de Gualeguaychú
Presentan una demanda penal por el bloqueo ecologista del paso fronterizo con Uruguay
Fecha de Publicación: 20/05/2010
Fuente: EFE
Provincia/Región: Entre Ríos
Un grupo de vecinos de Gualeguaychú presentó hoy una demanda penal contra los ecologistas de esa ciudad argentina por el "bloqueo ilegal" del paso fronterizo hacia la uruguaya de Fray Bentos, que mantienen desde fines de 2006 en rechazo a una papelera instalada en esa localidad.
La demanda reclama a la Justicia argentina que investigue la "obstrucción de paso" fronterizo, que causa "graves perjuicios" económicos a la población de ambas ciudades, separadas por el río Uruguay, informó a Efe uno de los querellantes, Jorge Iturburúa.
También aduce que el bloqueo que lleva a cabo la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú impide a muchas personas de las dos localidades mantener el habitual contacto con familiares, entre otras penurias que soportan vecinos de la zona, indicó Iturburúa, un uruguayo radicado hace 26 años en la ciudad argentina.
La denuncia penal fue presentada en tribunales federales de Concepción del Uruguay, vecina a Gualeguaychú, por miembros de la agrupación "Ciudadanos Movilizados por el Levantamiento del Corte" del paso a Fray Bentos.
Esta agrupación, que afirma tener unos 7.000 adherentes, participará de una manifestación "de demostración fraternal" que se prepara para el 30 de mayo próximo en la Plaza de Mayo, frente a la sede del Gobierno argentino, en Fray Bentos y en Montevideo, apuntó.
Iturburúa dijo que los demandantes "quedaron a la espera" de lo que resuelva la Justicia "para determinar los pasos a seguir" para lograr que se libere el paso fronterizo, interrumpido por los ecologistas desde noviembre de 2006.
Aseguró que "no está prevista ninguna manifestación" hacia la zona del bloqueo de la carretera que conduce al puente General San Martín, que une a Gualeguaychú con Fray Bentos, donde se levanta una fábrica de pasta de celulosa de la finlandesa UPN (ex Botnia).
Además, insistió en que "hay que revisar los métodos de protesta" y reiteró que "nadie discute" en Gualeguaychú la "lucha contra la papelera", a la que se rechaza por considerarla una amenaza al ambiente.
El pasado domingo, la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú llevó a cabo una votación "ampliada" a otros vecinos de la ciudad en la se aprobó la continuidad del bloqueo.
Tal decisión se tomó en lo que constituyó la primera reunión ampliada a los vecinos de Gualeguaychú luego de que la Corte Internacional de Justicia de La Haya dictaminara en abril pasado que el Gobierno uruguayo violó el Tratado del Río Uruguay (1975) al autorizar de forma unilateral la instalación de la planta, pero permitió que la fábrica continúe con su funcionamiento.
Quienes rechazan el bloqueo del paso fronterizo optaron por no asistir a la cita del domingo "para no legalizar la decisión sobre una medida que es ilegal", reiteró Iturburúa.
Fecha de Publicación: 20/05/2010
Fuente: EFE
Provincia/Región: Entre Ríos
Un grupo de vecinos de Gualeguaychú presentó hoy una demanda penal contra los ecologistas de esa ciudad argentina por el "bloqueo ilegal" del paso fronterizo hacia la uruguaya de Fray Bentos, que mantienen desde fines de 2006 en rechazo a una papelera instalada en esa localidad.
La demanda reclama a la Justicia argentina que investigue la "obstrucción de paso" fronterizo, que causa "graves perjuicios" económicos a la población de ambas ciudades, separadas por el río Uruguay, informó a Efe uno de los querellantes, Jorge Iturburúa.
También aduce que el bloqueo que lleva a cabo la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú impide a muchas personas de las dos localidades mantener el habitual contacto con familiares, entre otras penurias que soportan vecinos de la zona, indicó Iturburúa, un uruguayo radicado hace 26 años en la ciudad argentina.
La denuncia penal fue presentada en tribunales federales de Concepción del Uruguay, vecina a Gualeguaychú, por miembros de la agrupación "Ciudadanos Movilizados por el Levantamiento del Corte" del paso a Fray Bentos.
Esta agrupación, que afirma tener unos 7.000 adherentes, participará de una manifestación "de demostración fraternal" que se prepara para el 30 de mayo próximo en la Plaza de Mayo, frente a la sede del Gobierno argentino, en Fray Bentos y en Montevideo, apuntó.
Iturburúa dijo que los demandantes "quedaron a la espera" de lo que resuelva la Justicia "para determinar los pasos a seguir" para lograr que se libere el paso fronterizo, interrumpido por los ecologistas desde noviembre de 2006.
Aseguró que "no está prevista ninguna manifestación" hacia la zona del bloqueo de la carretera que conduce al puente General San Martín, que une a Gualeguaychú con Fray Bentos, donde se levanta una fábrica de pasta de celulosa de la finlandesa UPN (ex Botnia).
Además, insistió en que "hay que revisar los métodos de protesta" y reiteró que "nadie discute" en Gualeguaychú la "lucha contra la papelera", a la que se rechaza por considerarla una amenaza al ambiente.
El pasado domingo, la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú llevó a cabo una votación "ampliada" a otros vecinos de la ciudad en la se aprobó la continuidad del bloqueo.
Tal decisión se tomó en lo que constituyó la primera reunión ampliada a los vecinos de Gualeguaychú luego de que la Corte Internacional de Justicia de La Haya dictaminara en abril pasado que el Gobierno uruguayo violó el Tratado del Río Uruguay (1975) al autorizar de forma unilateral la instalación de la planta, pero permitió que la fábrica continúe con su funcionamiento.
Quienes rechazan el bloqueo del paso fronterizo optaron por no asistir a la cita del domingo "para no legalizar la decisión sobre una medida que es ilegal", reiteró Iturburúa.
CNEA proyecta explotación de uranio en Chubut
Uranio: La CNEA proyecta explotación tercerizada y a cielo abierto en el yacimiento de Cerro Solo
Fecha de Publicación: 20/05/2010
Fuente: El Chubut
Provincia/Región: Chubut
El yacimiento de uranio que la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) tiene en Cerro Solo, en la meseta de Chubut, y que contiene 6.000 toneladas de reservas, estará en condiciones técnicas de ser explotado en el año 2012. Las autoridades prevén que sea explotado mediante la modalidad a cielo abierto y que una empresa privada sea contratada para ejecutar los trabajos.
La presidenta de la CNEA, que depende del ministerio de Planificación Federal, Noemí Boero, coincidió con las respuestas que brindó sobre el tema el gerente de exploración de la CNEA, Roberto Bianchi. Ambos estuvieron en Trelew encabezando el acto por los 60 años de la comisión.
- ¿Cuándo creen que el yacimiento estará en condiciones de ser explotado?
- Las condiciones técnicas estarían dadas en el año 2012 en el cual se finalizarán los estudios de exploración y evaluación de los dos cuerpos mineralizados que, según las reservas certificadas e inferidas, tienen más de seis mil toneladas de uranio. En ese momento deberá existir un acuerdo entre la Nación y la provincia, y crearse las condiciones políticas para poder dar la explotación.
- ¿Mantienen conversaciones con el gobierno de Chubut sobre el proyecto de explotación?
- Tenemos un contacto muy fluido tanto con la gobernación, como con diferentes niveles como el Ministerio de Ambiente, con el ministro Juan Garitano, con la secretaría de Minería y hay un intercambio permanente de información.
- ¿Son optimistas sobre la posibilidad de que se llegue a la etapa de explotación?
- Nosotros sí somos optimistas, porque yo creo que hay que demostrarle a la gente que estamos desarrollando una actividad legal que hoy técnicamente es controlable, absolutamente controlable. No estamos trabajando para exportar el mineral, es exclusivamente para consumo interno, para el combustible que necesiten los reactores nucleares.
- ¿La explotación la va a llevar adelante la CNEA o se va a tercerizar?
- Si no tenemos la capacidad técnica podremos llegar a tercerizar el servicio de explotación. Pero eso no implica que estemos entregando mineral a cambio de ese trabajo. Hemos tenido buenos resultados en Córdoba, creo que no habría problema en tercerizar ese tipo de trabajos.
- ¿El yacimiento se va a explotar mediante la modalidad a cielo abierto?
- Ninguna provincia puede determinar por un decreto o una ley el método de explotación de cualquier yacimiento. Eso va a depender del autosoporte que tenga la roca, de lo próximo que esté el mineral a la superficie. No depende de una decisión política la forma de explotarlo.
- ¿Ustedes entienden que debe derogarse la ley que prohíbe la explotación metalífera a cielo abierto en Chubut?
- Sinceramente creo que este tipo de leyes tienen que ser objeto de revisión, de discusión. Si el país quiere crecer, proyectarse, debe saber con qué recursos cuenta y con cuáles no. Tiene que ser una discusión amplia y sincera.
Fecha de Publicación: 20/05/2010
Fuente: El Chubut
Provincia/Región: Chubut
El yacimiento de uranio que la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) tiene en Cerro Solo, en la meseta de Chubut, y que contiene 6.000 toneladas de reservas, estará en condiciones técnicas de ser explotado en el año 2012. Las autoridades prevén que sea explotado mediante la modalidad a cielo abierto y que una empresa privada sea contratada para ejecutar los trabajos.
La presidenta de la CNEA, que depende del ministerio de Planificación Federal, Noemí Boero, coincidió con las respuestas que brindó sobre el tema el gerente de exploración de la CNEA, Roberto Bianchi. Ambos estuvieron en Trelew encabezando el acto por los 60 años de la comisión.
- ¿Cuándo creen que el yacimiento estará en condiciones de ser explotado?
- Las condiciones técnicas estarían dadas en el año 2012 en el cual se finalizarán los estudios de exploración y evaluación de los dos cuerpos mineralizados que, según las reservas certificadas e inferidas, tienen más de seis mil toneladas de uranio. En ese momento deberá existir un acuerdo entre la Nación y la provincia, y crearse las condiciones políticas para poder dar la explotación.
- ¿Mantienen conversaciones con el gobierno de Chubut sobre el proyecto de explotación?
- Tenemos un contacto muy fluido tanto con la gobernación, como con diferentes niveles como el Ministerio de Ambiente, con el ministro Juan Garitano, con la secretaría de Minería y hay un intercambio permanente de información.
- ¿Son optimistas sobre la posibilidad de que se llegue a la etapa de explotación?
- Nosotros sí somos optimistas, porque yo creo que hay que demostrarle a la gente que estamos desarrollando una actividad legal que hoy técnicamente es controlable, absolutamente controlable. No estamos trabajando para exportar el mineral, es exclusivamente para consumo interno, para el combustible que necesiten los reactores nucleares.
- ¿La explotación la va a llevar adelante la CNEA o se va a tercerizar?
- Si no tenemos la capacidad técnica podremos llegar a tercerizar el servicio de explotación. Pero eso no implica que estemos entregando mineral a cambio de ese trabajo. Hemos tenido buenos resultados en Córdoba, creo que no habría problema en tercerizar ese tipo de trabajos.
- ¿El yacimiento se va a explotar mediante la modalidad a cielo abierto?
- Ninguna provincia puede determinar por un decreto o una ley el método de explotación de cualquier yacimiento. Eso va a depender del autosoporte que tenga la roca, de lo próximo que esté el mineral a la superficie. No depende de una decisión política la forma de explotarlo.
- ¿Ustedes entienden que debe derogarse la ley que prohíbe la explotación metalífera a cielo abierto en Chubut?
- Sinceramente creo que este tipo de leyes tienen que ser objeto de revisión, de discusión. Si el país quiere crecer, proyectarse, debe saber con qué recursos cuenta y con cuáles no. Tiene que ser una discusión amplia y sincera.
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