Mortandad de peces por agroquímicos
14:53 | 
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La mortandad de peces en arroyo Calá habría sido por agroquímicos
Fecha de Publicación: 26/04/2010
Fuente: Uno Entre Ríos
Provincia/Región: Entre Ríos
Fernando Raffo descartó que la causa de la mortandad esté relacionada con la planta Manfico y apuntó al uso indebido de agroquímicos.
La secretaría de Medio Ambiente de la provincia tomó muestras de agua del Arroyo Calá, en departamento Uruguay, para conocer qué causó la mortandad de cientos de peces este sábado.
El titular de la cartera, Fernando Raffo, afirmó a APF que “a priori” la causa de la mortandad no estaría relacionada con el funcionamiento de la planta Manfico y apuntó al uso indebido de agroquímicos.
Los resultados de las muestras que se tomaron hoy, se conocerán cerca del fin de semana. Las primeras hipótesis señalaban a la fábrica de carne-harina de la localidad de Rocamora como la causante del fenómeno.
Sin embargo, Raffo explicó que la planta “prácticamente no está liberando efluentes” y que a la vez está bajo el “monitoreo” de Medio Ambiente provincial, tras una serie de trabajos y obras realizadas precisamente para el tratamiento de los líquidos contaminantes.
Fecha de Publicación: 26/04/2010
Fuente: Uno Entre Ríos
Provincia/Región: Entre Ríos
Fernando Raffo descartó que la causa de la mortandad esté relacionada con la planta Manfico y apuntó al uso indebido de agroquímicos.
La secretaría de Medio Ambiente de la provincia tomó muestras de agua del Arroyo Calá, en departamento Uruguay, para conocer qué causó la mortandad de cientos de peces este sábado.
El titular de la cartera, Fernando Raffo, afirmó a APF que “a priori” la causa de la mortandad no estaría relacionada con el funcionamiento de la planta Manfico y apuntó al uso indebido de agroquímicos.
Los resultados de las muestras que se tomaron hoy, se conocerán cerca del fin de semana. Las primeras hipótesis señalaban a la fábrica de carne-harina de la localidad de Rocamora como la causante del fenómeno.
Sin embargo, Raffo explicó que la planta “prácticamente no está liberando efluentes” y que a la vez está bajo el “monitoreo” de Medio Ambiente provincial, tras una serie de trabajos y obras realizadas precisamente para el tratamiento de los líquidos contaminantes.
Acelera la puesta en marcha del fuero ambiental
Acelera la Provincia la puesta en marcha del fuero ambiental
Fecha de Publicación: 26/04/2010
Fuente: NotiBonaerense
Provincia/Región: Buenos Aires
Denuncias por contaminación serán resueltas por tribunales exclusivamente dedicados a cuestiones ambientales en la Provincia
Enviará el proyecto a la Legislatura. Habrá tribunales específicos para causas por contaminación
Las denuncias que se presenten por contaminación o afectaciones a recursos naturales en la Provincia, recaerán en tribunales especializados que comenzarían a funcionar en los próximos meses. Es que el gobierno de Daniel Scioli decidió apurar el paso con la creación del fuero judicial ambiental que incluirá el funcionamiento, en una primera etapa, de al menos ocho organismos en todo el territorio bonaerense.
La futura puesta en marcha de estos tribunales fue anticipada a este diario por el titular del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), José Molina, quien indicó que comenzó la ronda de contactos con legisladores antes de enviar la iniciativa a las cámaras.
"Queremos que los diputados y senadores conozcan el texto de este proyecto que consideramos trascendental, porque creará un fuero específico para el tratamiento de todas aquellas denuncias que tengan que ver con la afectación al medio ambiente", sostuvo Molina.
En busca de consenso, el funcionario se reunió en los últimos días con legisladores de algunos bloques opositores y tiene previsto continuar los contactos.
En forma paralela, el ministerio de Justicia está trabajando en distintas cuestiones técnicas vinculadas con el funcionamiento del fuero y, según trascendió, intercambiará opiniones con la Suprema Corte sobre el proyecto oficial.
La idea de crear un fuero específico para estas causas había sido anticipado por Scioli en la apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura, en marzo de este año.
El ministro de Justicia, Ricardo Casal, le dijo a este diario que en una primera etapa se pondrán en marcha ocho tribunales ambientales -integrados por 3 jueces cada uno- que no responderán a la lógica de distribución de los departamentos judiciales.
La creación de este fuero apunta a centralizar causas en juzgados específicos que en la actualidad se tramitan en diversos organismos de la Justicia. En juzgados en lo Contencioso Administrativo, Civiles y Comerciales y hasta Penales se ventilan denuncias de esta temática.
"Ahora se le dará a los bonaerenses la oportunidad de reclamar eficazmente por sus derechos", indicó el ministro.
"Con la creación de este fuero, el gobernador le está dando sustento al artículo 28 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que se incorporó en la reforma de 1994", sostuvo Casal. También dijo que la iniciativa "le da al ciudadano el derecho de preservar su salud en función del medio ambiente y de preservar los recursos naturales".
"Los bonaerenses podrán tener ahora cerca la justicia para reclamar cuando sea necesario por este tipo de importantes cuestiones y no como ocurre en la actualidad, que se demanda ante la justicia federal u otros ámbitos no especializados", explicó el ministro.
En principio, este fuero funcionaría en las ciudades de Mar del Plata y Bahía Blanca, en la zona de Zárate-Campana, y en cuatro o cinco puntos del Conurbano. "Estamos pensando la instalación de tribunales que tengan una amplia extensión territorial de competencia", dijo Casal.
De esta forma, denuncias sobre emanaciones tóxicas o contaminación de cursos de agua, por ejemplo, se tramitarán en el nuevo fuero, cuya puesta en marcha demandará la aprobación de un proyecto de ley cuya redacción está en su última etapa.
En forma paralela a la puesta en marcha del nuevo fuero, el OPDS está trabajando en la redacción de un Código de Faltas ambiental que establecerá qué tipo de sanciones se aplicarán en los casos de contaminación.
Fecha de Publicación: 26/04/2010
Fuente: NotiBonaerense
Provincia/Región: Buenos Aires
Denuncias por contaminación serán resueltas por tribunales exclusivamente dedicados a cuestiones ambientales en la Provincia
Enviará el proyecto a la Legislatura. Habrá tribunales específicos para causas por contaminación
Las denuncias que se presenten por contaminación o afectaciones a recursos naturales en la Provincia, recaerán en tribunales especializados que comenzarían a funcionar en los próximos meses. Es que el gobierno de Daniel Scioli decidió apurar el paso con la creación del fuero judicial ambiental que incluirá el funcionamiento, en una primera etapa, de al menos ocho organismos en todo el territorio bonaerense.
La futura puesta en marcha de estos tribunales fue anticipada a este diario por el titular del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), José Molina, quien indicó que comenzó la ronda de contactos con legisladores antes de enviar la iniciativa a las cámaras.
"Queremos que los diputados y senadores conozcan el texto de este proyecto que consideramos trascendental, porque creará un fuero específico para el tratamiento de todas aquellas denuncias que tengan que ver con la afectación al medio ambiente", sostuvo Molina.
En busca de consenso, el funcionario se reunió en los últimos días con legisladores de algunos bloques opositores y tiene previsto continuar los contactos.
En forma paralela, el ministerio de Justicia está trabajando en distintas cuestiones técnicas vinculadas con el funcionamiento del fuero y, según trascendió, intercambiará opiniones con la Suprema Corte sobre el proyecto oficial.
La idea de crear un fuero específico para estas causas había sido anticipado por Scioli en la apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura, en marzo de este año.
El ministro de Justicia, Ricardo Casal, le dijo a este diario que en una primera etapa se pondrán en marcha ocho tribunales ambientales -integrados por 3 jueces cada uno- que no responderán a la lógica de distribución de los departamentos judiciales.
La creación de este fuero apunta a centralizar causas en juzgados específicos que en la actualidad se tramitan en diversos organismos de la Justicia. En juzgados en lo Contencioso Administrativo, Civiles y Comerciales y hasta Penales se ventilan denuncias de esta temática.
"Ahora se le dará a los bonaerenses la oportunidad de reclamar eficazmente por sus derechos", indicó el ministro.
"Con la creación de este fuero, el gobernador le está dando sustento al artículo 28 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que se incorporó en la reforma de 1994", sostuvo Casal. También dijo que la iniciativa "le da al ciudadano el derecho de preservar su salud en función del medio ambiente y de preservar los recursos naturales".
"Los bonaerenses podrán tener ahora cerca la justicia para reclamar cuando sea necesario por este tipo de importantes cuestiones y no como ocurre en la actualidad, que se demanda ante la justicia federal u otros ámbitos no especializados", explicó el ministro.
En principio, este fuero funcionaría en las ciudades de Mar del Plata y Bahía Blanca, en la zona de Zárate-Campana, y en cuatro o cinco puntos del Conurbano. "Estamos pensando la instalación de tribunales que tengan una amplia extensión territorial de competencia", dijo Casal.
De esta forma, denuncias sobre emanaciones tóxicas o contaminación de cursos de agua, por ejemplo, se tramitarán en el nuevo fuero, cuya puesta en marcha demandará la aprobación de un proyecto de ley cuya redacción está en su última etapa.
En forma paralela a la puesta en marcha del nuevo fuero, el OPDS está trabajando en la redacción de un Código de Faltas ambiental que establecerá qué tipo de sanciones se aplicarán en los casos de contaminación.
Vence el plazo para sanear el Riachuelo
Vence el plazo para Nación y Provincia para el saneamiento del Riachuelo
Fecha de Publicación: 25/04/2010
Fuente: La Prensa
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
La Corte indicó que el informe oficial, que deberá ser presentado el martes próximo, tiene que ser una "presentación única" y "conjunta" de las administraciones de Cristina Fernández de Kirchner, el jefe de gobierno, Mauricio Macri, y el gobernador Daniel Scioli.
El plazo de quince días hábiles impuesto por la Corte Suprema de Justicia al Estado Nacional, a la provincia de Buenos Aires y a la Capital Federal para presentar un informe sobre el saneamiento en la Cuenca Matanza-Riachuelo vencerá esta semana.
El 6 de abril pasado los jueces del máximo tribunal emplezaron a los gobiernos y también a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), con motivo de lo dispuesto en el denominado "Fallo Mendoza", emitido en 2008, que ordenó la limpieza de la cuenca hídrica contaminada.
En la resolución, los magistrados resaltaron que el informe oficial, que deberá ser presentado el martes próximo, tiene que ser una "presentación única" y "conjunta" de las administraciones de Cristina Fernández de Kirchner, el jefe de gobierno, Mauricio Macri, y el gobernador Daniel Scioli.
En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia exigió un detalle pormenorizado sobre "el íntegro y fiel cumplimiento de todos los mandatos impuestos en la sentencia del 8 de julio de 2008 con respecto a cada uno de los objetivos y resultados establecidos".
El fallo no lo dice expresamente, pero de su contenido parece desprenderse que los plazos establecidos para la purificación del curso hídrico no se cumplieron adecuadamente.
Una semana después de conocido el emplazamiento de la Corte Suprema, el ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, aseguró que "en los últimos 12 meses se hicieron muchas más obras que en los últimos 50 años para el mejoramiento del Riachuelo".
Sin embargo, afirmó que quedaban "muchas cosas por resolver" en lo que calificó de "catástrofe medioambiental" del Riachuelo.
"Estamos trabajando desde la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), el Ministerio de Planificación, la secretaria de Medio Ambiente, y la Jefatura de Gabinete en la tarea del saneamiento de este curso de agua", dijo a la prensa.
Frente a la postura de la Corte Suprema, la diputada nacional de la Coalición Cívica, Fernanda Reyes, reclamó que el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Homero Bibiloni, "rinda explicaciones ante el Congreso por los incumplimientos" en el saneamiento del Riachuelo.
Reyes consideró que Bibiloni, como titular de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), debe justificar "su inacción en el cumplimiento de los plazos y obligaciones ordenados por la Corte Suprema de Justicia" para recuperar el curso de agua.
Para la legisladora de la Coalición Cívica, el Riachuelo "es un reflejo de lo peor de la Argentina: corrupción y desigualdad".
Fecha de Publicación: 25/04/2010
Fuente: La Prensa
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
La Corte indicó que el informe oficial, que deberá ser presentado el martes próximo, tiene que ser una "presentación única" y "conjunta" de las administraciones de Cristina Fernández de Kirchner, el jefe de gobierno, Mauricio Macri, y el gobernador Daniel Scioli.
El plazo de quince días hábiles impuesto por la Corte Suprema de Justicia al Estado Nacional, a la provincia de Buenos Aires y a la Capital Federal para presentar un informe sobre el saneamiento en la Cuenca Matanza-Riachuelo vencerá esta semana.
El 6 de abril pasado los jueces del máximo tribunal emplezaron a los gobiernos y también a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), con motivo de lo dispuesto en el denominado "Fallo Mendoza", emitido en 2008, que ordenó la limpieza de la cuenca hídrica contaminada.
En la resolución, los magistrados resaltaron que el informe oficial, que deberá ser presentado el martes próximo, tiene que ser una "presentación única" y "conjunta" de las administraciones de Cristina Fernández de Kirchner, el jefe de gobierno, Mauricio Macri, y el gobernador Daniel Scioli.
En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia exigió un detalle pormenorizado sobre "el íntegro y fiel cumplimiento de todos los mandatos impuestos en la sentencia del 8 de julio de 2008 con respecto a cada uno de los objetivos y resultados establecidos".
El fallo no lo dice expresamente, pero de su contenido parece desprenderse que los plazos establecidos para la purificación del curso hídrico no se cumplieron adecuadamente.
Una semana después de conocido el emplazamiento de la Corte Suprema, el ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, aseguró que "en los últimos 12 meses se hicieron muchas más obras que en los últimos 50 años para el mejoramiento del Riachuelo".
Sin embargo, afirmó que quedaban "muchas cosas por resolver" en lo que calificó de "catástrofe medioambiental" del Riachuelo.
"Estamos trabajando desde la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), el Ministerio de Planificación, la secretaria de Medio Ambiente, y la Jefatura de Gabinete en la tarea del saneamiento de este curso de agua", dijo a la prensa.
Frente a la postura de la Corte Suprema, la diputada nacional de la Coalición Cívica, Fernanda Reyes, reclamó que el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Homero Bibiloni, "rinda explicaciones ante el Congreso por los incumplimientos" en el saneamiento del Riachuelo.
Reyes consideró que Bibiloni, como titular de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), debe justificar "su inacción en el cumplimiento de los plazos y obligaciones ordenados por la Corte Suprema de Justicia" para recuperar el curso de agua.
Para la legisladora de la Coalición Cívica, el Riachuelo "es un reflejo de lo peor de la Argentina: corrupción y desigualdad".
Una multitud se movilizó contra Botnia
Una multitud se movilizó contra Botnia en la frontera con Fray Bentos
Fecha de Publicación: 25/04/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Entre Ríos
Miles de ambientalistas y vecinos de Gualeguaychú se acercaron al puente fronterizo en micros, autos y a pie, para manifestarse contra el fallo de La Haya. Le pidieron a Cristina Kirchner que "no sea servil" a la pastera finesa.
Gualeguaychú se levantó más temprano este domingo. Colectivos urbanos con pasajeros no acostumbrados, vehículos llenando el centro y virando rumbo a la frontera en caravana, gente en camionetas, a pie o motocicletas movilizándose desde primeras horas de la mañana. Es el aspecto que la ciudad muestra con miras a la sexta gran marcha contra Botnia, el "abrazo al puente", como se le llama localmente.
A las 10 partió desde el corsódromo el primer colectivo de larga distancia rumbo al puente. Continuarán saliendo otros, llevando a quienes no tienen medios propios para trasladarse. También las líneas urbanas han puesto hoy recorridos especiales para llevar a los manifestantes hasta el corsódromo.
Ciento cincuenta integrantes de la Asamblea Ambiental Juvenil abrirán el paso en la marcha, a pedido de los mismos jóvenes. "Ellos seguirán esta lucha, son el semillero", dijeron los asambleístas. Llevarán un cartel del ancho de la ruta con consignas ambientales.
En la ciudad, la Policía Departamental organizó un dispositivo de seguridad para custodiar los hogares que quedarán vacíos. El Comisario Mayor Roberto Sánchez, jefe de la misma, informó que dispuso 300 efectivos para ello. Habrá patrullas en las calles y refuerzo en comisarías. Motos, patrulleros, policía montada forman parte del operativo.
Un nuevo abrazo
El fallo de la Corte Internacional de Justicia el día 20 dejó una sensación de orfandad, de desprotección, de legalizar la ilegalidad, como se lee hoy en los diarios de la región. Así que la gente tiene razones redobladas por las que marchar. "La lucha continúa", es la consigna que lanzó la Asamblea Ciudadana Ambiental.
Entre los concurrentes, estarán monseñor Jorge Lozano y el rabino Sergio Bergman, para encabezar con otros ministros de distintas religiones la oración ecuménica con que dará inicio la caminata. Se movilizarán también el intendente de la ciudad Juan José Bahillo, el ex Gobernador entrerriano y actual Diputado provincial Jorge Pedro Busti.
"La marcha será multitudinaria". La definición provino del intendente de Gualeguaychú, Juan José Bahillo. "Se vive un ambiente muy particular luego del fallo del tribunal de La Haya, que si bien deja un destello de bronca, nos recarga de energía y nos renueva las fuerzas para seguir reclamando que Botnia-UMP se vaya de la cuenca del río Uruguay", aseveró. "La marcha tiene que significar un nuevo punto de partida para la lucha de Gualeguaychú".
El desafío ahora es demostrar, probar que Botnia sí contamina, dijo el intendente. "Llegar a La Haya no es cosa de todos los días, pero un pueblo ha dado la demostración, convencido de sus ideales, obligando a quienes tenemos responsabilidades institucionales a repensar y actuar sobre la cuestión ambiental, como a reflexionar al resto del mundo, más profundamente sobre la cuestión ambiental", subrayó.
En la ciudad, se criticaron fuertemente las declaraciones del ministro del Interior uruguayo, Eduardo Bonomi, quien reforzó la seguridad en la frontera previendo disturbios por parte de los gualeguaychuenses. "Es una pena, Gualeguaychú no solo pide por sí mismo, por su gente y por su futuro, también pide por nuestros hermanos uruguayos, en definitiva los más perjudicados por el accionar de esta pastera", agregó Bahillo.
Bonomi confirmó que la Policía oriental reforzará la seguridad en la zona del puente "para evitar incidentes" durante la sexta marcha. Ello, suponiendo que asambleístas querrían ingresar a Fray Bentos o a la planta de Botnia a producir disturbios. Sin embargo, desde la Asamblea, los vecinos corroboraron que habrá una oración ecuménica a las 13; luego, la caminata hasta el lugar permitido por gendarmería, como años anteriores; lectura de una proclama, entonación de los himnos uruguayo y argentino, y desconcentración.
"No vamos a pasar a territorio uruguayo. No es el plan de la Asamblea. Si alguien cruza, lo haría a título personal", aclararon desde Gualeguaychú.
Fecha de Publicación: 25/04/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Entre Ríos
Miles de ambientalistas y vecinos de Gualeguaychú se acercaron al puente fronterizo en micros, autos y a pie, para manifestarse contra el fallo de La Haya. Le pidieron a Cristina Kirchner que "no sea servil" a la pastera finesa.
Gualeguaychú se levantó más temprano este domingo. Colectivos urbanos con pasajeros no acostumbrados, vehículos llenando el centro y virando rumbo a la frontera en caravana, gente en camionetas, a pie o motocicletas movilizándose desde primeras horas de la mañana. Es el aspecto que la ciudad muestra con miras a la sexta gran marcha contra Botnia, el "abrazo al puente", como se le llama localmente.
A las 10 partió desde el corsódromo el primer colectivo de larga distancia rumbo al puente. Continuarán saliendo otros, llevando a quienes no tienen medios propios para trasladarse. También las líneas urbanas han puesto hoy recorridos especiales para llevar a los manifestantes hasta el corsódromo.
Ciento cincuenta integrantes de la Asamblea Ambiental Juvenil abrirán el paso en la marcha, a pedido de los mismos jóvenes. "Ellos seguirán esta lucha, son el semillero", dijeron los asambleístas. Llevarán un cartel del ancho de la ruta con consignas ambientales.
En la ciudad, la Policía Departamental organizó un dispositivo de seguridad para custodiar los hogares que quedarán vacíos. El Comisario Mayor Roberto Sánchez, jefe de la misma, informó que dispuso 300 efectivos para ello. Habrá patrullas en las calles y refuerzo en comisarías. Motos, patrulleros, policía montada forman parte del operativo.
Un nuevo abrazo
El fallo de la Corte Internacional de Justicia el día 20 dejó una sensación de orfandad, de desprotección, de legalizar la ilegalidad, como se lee hoy en los diarios de la región. Así que la gente tiene razones redobladas por las que marchar. "La lucha continúa", es la consigna que lanzó la Asamblea Ciudadana Ambiental.
Entre los concurrentes, estarán monseñor Jorge Lozano y el rabino Sergio Bergman, para encabezar con otros ministros de distintas religiones la oración ecuménica con que dará inicio la caminata. Se movilizarán también el intendente de la ciudad Juan José Bahillo, el ex Gobernador entrerriano y actual Diputado provincial Jorge Pedro Busti.
"La marcha será multitudinaria". La definición provino del intendente de Gualeguaychú, Juan José Bahillo. "Se vive un ambiente muy particular luego del fallo del tribunal de La Haya, que si bien deja un destello de bronca, nos recarga de energía y nos renueva las fuerzas para seguir reclamando que Botnia-UMP se vaya de la cuenca del río Uruguay", aseveró. "La marcha tiene que significar un nuevo punto de partida para la lucha de Gualeguaychú".
El desafío ahora es demostrar, probar que Botnia sí contamina, dijo el intendente. "Llegar a La Haya no es cosa de todos los días, pero un pueblo ha dado la demostración, convencido de sus ideales, obligando a quienes tenemos responsabilidades institucionales a repensar y actuar sobre la cuestión ambiental, como a reflexionar al resto del mundo, más profundamente sobre la cuestión ambiental", subrayó.
En la ciudad, se criticaron fuertemente las declaraciones del ministro del Interior uruguayo, Eduardo Bonomi, quien reforzó la seguridad en la frontera previendo disturbios por parte de los gualeguaychuenses. "Es una pena, Gualeguaychú no solo pide por sí mismo, por su gente y por su futuro, también pide por nuestros hermanos uruguayos, en definitiva los más perjudicados por el accionar de esta pastera", agregó Bahillo.
Bonomi confirmó que la Policía oriental reforzará la seguridad en la zona del puente "para evitar incidentes" durante la sexta marcha. Ello, suponiendo que asambleístas querrían ingresar a Fray Bentos o a la planta de Botnia a producir disturbios. Sin embargo, desde la Asamblea, los vecinos corroboraron que habrá una oración ecuménica a las 13; luego, la caminata hasta el lugar permitido por gendarmería, como años anteriores; lectura de una proclama, entonación de los himnos uruguayo y argentino, y desconcentración.
"No vamos a pasar a territorio uruguayo. No es el plan de la Asamblea. Si alguien cruza, lo haría a título personal", aclararon desde Gualeguaychú.
Rafaela reciclan 35.000 litros de aceite de auto
En INTI Rafaela reciclan 35.000 litros de aceite
Fecha de Publicación: 25/04/2010
Fuente: La Opinión
Provincia/Región: Santa Fe
Se trata de una acción en forma mensual, correspondiendo a aceite mineral que se utiliza en automotores. De no ser reciclado, cada litro de ese aceite puede contaminar un millón de litros de agua.
En el marco de un proyecto integral de desarrollo tecnológico en el sector de los talleres mecánicos de Rafaela, el INTI asistióa 22 talleres mecánicos. Se hizo eje en el concepto de Mejora Continua, con el objetivo de mejorar la gestión, trabajando sobre el sistema productivo, el administrativo, el de información y el de gestión de los residuos generados por la actividad, para disminuir el impacto ambiental. Diversos actores confluyeron en la puesta en práctica de un proyecto integral de mejora en el sector de talleres mecánicos de Rafaela. Se creó un centro de diagnóstico, permitiendo a todos los mecánicos disponer de equipos y herramental necesario para atender a vehículos más modernos, como así también capacitar a los mecánicos en estas nuevas tecnologías. Esto se hizo posible gracias al trabajo conjunto entre distintas instituciones de la ciudad, tales como la Municipalidad de Rafaela, el ITEC (Instituto Tecnológico de Rafaela) y APROTAME (Asociación Propietarios Talleres Mecánicos de Rafaela).
En el reciclado participan la Municipalidad de Rafaela, el ITEC, APROTAME y el INTI.
A su vez se llevóadelante un proceso de asistencia técnica y capacitación en tecnologías de gestión con 22 talleres mecánicos, proceso en el cual participaron activamente APROTAME, la Municipalidad local e INTI Rafaela liderando dicho proceso.
Inicialmente, se capacitóy se los asistió en la implementación de la metodología 5S, nacida en Japón en los años 60 en un entorno de desarrollo industrial, con el objetivo de lograr lugares de trabajo mejor organizados, más ordenados y más limpios para conseguir una mayor productividad y un mejor entorno laboral de forma permanente. Es una herramienta muy útil y simple que puede ser aplicada en todo tipo de empresas.
Luego, agentes del INTI guiaron en el diseño de registros necesarios para mejorar la gestión administrativa de los talleres, y así obtener información necesaria no sólo para mejorar los procesos de servicio mecánico, evitando confusiones, equívocos y olvidos, sino también permitiendo obtener una mejora en la planificación y control de las actividades.
En este sentido, el tallerista Héctor Zlauvinen se mostróconforme con lo trabajado: "esto sí o sí hay que hacerlo, es algo muy bueno". Como ejemplo destacó lo compartido sobre "cómo reubicar las herramientas, la demarcación de los lugares de actividad, estamos tratando de hacerlo, la mejora es notoria".
Por último se llevóadelante una tarea de concientización mediante charlas informativas sobre Buenas Prácticas de Gestión Ambiental en las Empresas de Servicio Mecánico. En estas charlas se hizo hincapié en la necesidad de llevar adelante una correcta gestión de los residuos generados por la actividad, y se pudo obtener como fruto de las mismas la creación de un sistema logístico de recolección, mediante el cual las empresas pueden vender en forma conjunta el aceite mineral usado, uno de sus principales residuos peligrosos.
La empresa compradora de estos residuos, que estáautorizada legalmente para tratarlos y que lo utiliza como materia prima de sus procesos, puso a disposición un camión recolector exclusivamente para estos talleres.
Diego Peiretti, del área de Desarrollo e Innovación de la Municipalidad de Rafaela, evaluó como "muy positiva" la propuesta de INTI, destacando que "es un gran paso que han dado los talleristas en su conjunto. Ellos tenían la presión de área de Medio Ambiente del municipio, y ahora no sólo solucionaron el problema sino que incluso cobran por el aceite que entregan. Y ya son más de 40 talleres adheridos".
Durante 2008 y 2009 la Municipalidad de Rafaela gestó y llevó adelante un proyecto integral de fortalecimiento de los propietarios y trabajadores de los talleres mecánicos independientes de dicha ciudad.
Estas empresas se encuentran en una posición desventajosa con respecto a los talleres de servicio oficial debido a grandes desarrollos tecnológicos; grandes deficiencias en su gestión y falta de manejo empresarial; grandes falencias y falta de buenas prácticas de gestión ambiental.
Frente a este escenario la Municipalidad de Rafaela llevó adelante la gestión de subsidios ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, lo cual posibilitó trabajar sobre estos temas, enfocando el desarrollo tecnológico de los talleres mecánicos sobre dos ejes fundamentales: 1) incorporación de nuevos equipos y herramental; 2)la mejora en la gestión de los mismos.
La mejora continua y la aplicación de tecnologías de gestión suponen cambios en la productividad de las empresas, cualquiera sea su tamaño, y su aplicación no requiere grandes desembolsos de dinero.
Fecha de Publicación: 25/04/2010
Fuente: La Opinión
Provincia/Región: Santa Fe
Se trata de una acción en forma mensual, correspondiendo a aceite mineral que se utiliza en automotores. De no ser reciclado, cada litro de ese aceite puede contaminar un millón de litros de agua.
En el marco de un proyecto integral de desarrollo tecnológico en el sector de los talleres mecánicos de Rafaela, el INTI asistióa 22 talleres mecánicos. Se hizo eje en el concepto de Mejora Continua, con el objetivo de mejorar la gestión, trabajando sobre el sistema productivo, el administrativo, el de información y el de gestión de los residuos generados por la actividad, para disminuir el impacto ambiental. Diversos actores confluyeron en la puesta en práctica de un proyecto integral de mejora en el sector de talleres mecánicos de Rafaela. Se creó un centro de diagnóstico, permitiendo a todos los mecánicos disponer de equipos y herramental necesario para atender a vehículos más modernos, como así también capacitar a los mecánicos en estas nuevas tecnologías. Esto se hizo posible gracias al trabajo conjunto entre distintas instituciones de la ciudad, tales como la Municipalidad de Rafaela, el ITEC (Instituto Tecnológico de Rafaela) y APROTAME (Asociación Propietarios Talleres Mecánicos de Rafaela).
En el reciclado participan la Municipalidad de Rafaela, el ITEC, APROTAME y el INTI.
A su vez se llevóadelante un proceso de asistencia técnica y capacitación en tecnologías de gestión con 22 talleres mecánicos, proceso en el cual participaron activamente APROTAME, la Municipalidad local e INTI Rafaela liderando dicho proceso.
Inicialmente, se capacitóy se los asistió en la implementación de la metodología 5S, nacida en Japón en los años 60 en un entorno de desarrollo industrial, con el objetivo de lograr lugares de trabajo mejor organizados, más ordenados y más limpios para conseguir una mayor productividad y un mejor entorno laboral de forma permanente. Es una herramienta muy útil y simple que puede ser aplicada en todo tipo de empresas.
Luego, agentes del INTI guiaron en el diseño de registros necesarios para mejorar la gestión administrativa de los talleres, y así obtener información necesaria no sólo para mejorar los procesos de servicio mecánico, evitando confusiones, equívocos y olvidos, sino también permitiendo obtener una mejora en la planificación y control de las actividades.
En este sentido, el tallerista Héctor Zlauvinen se mostróconforme con lo trabajado: "esto sí o sí hay que hacerlo, es algo muy bueno". Como ejemplo destacó lo compartido sobre "cómo reubicar las herramientas, la demarcación de los lugares de actividad, estamos tratando de hacerlo, la mejora es notoria".
Por último se llevóadelante una tarea de concientización mediante charlas informativas sobre Buenas Prácticas de Gestión Ambiental en las Empresas de Servicio Mecánico. En estas charlas se hizo hincapié en la necesidad de llevar adelante una correcta gestión de los residuos generados por la actividad, y se pudo obtener como fruto de las mismas la creación de un sistema logístico de recolección, mediante el cual las empresas pueden vender en forma conjunta el aceite mineral usado, uno de sus principales residuos peligrosos.
La empresa compradora de estos residuos, que estáautorizada legalmente para tratarlos y que lo utiliza como materia prima de sus procesos, puso a disposición un camión recolector exclusivamente para estos talleres.
Diego Peiretti, del área de Desarrollo e Innovación de la Municipalidad de Rafaela, evaluó como "muy positiva" la propuesta de INTI, destacando que "es un gran paso que han dado los talleristas en su conjunto. Ellos tenían la presión de área de Medio Ambiente del municipio, y ahora no sólo solucionaron el problema sino que incluso cobran por el aceite que entregan. Y ya son más de 40 talleres adheridos".
Durante 2008 y 2009 la Municipalidad de Rafaela gestó y llevó adelante un proyecto integral de fortalecimiento de los propietarios y trabajadores de los talleres mecánicos independientes de dicha ciudad.
Estas empresas se encuentran en una posición desventajosa con respecto a los talleres de servicio oficial debido a grandes desarrollos tecnológicos; grandes deficiencias en su gestión y falta de manejo empresarial; grandes falencias y falta de buenas prácticas de gestión ambiental.
Frente a este escenario la Municipalidad de Rafaela llevó adelante la gestión de subsidios ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, lo cual posibilitó trabajar sobre estos temas, enfocando el desarrollo tecnológico de los talleres mecánicos sobre dos ejes fundamentales: 1) incorporación de nuevos equipos y herramental; 2)la mejora en la gestión de los mismos.
La mejora continua y la aplicación de tecnologías de gestión suponen cambios en la productividad de las empresas, cualquiera sea su tamaño, y su aplicación no requiere grandes desembolsos de dinero.
Nace un megaproblema para la megaminería
Nace un megaproblema para la megaminería
Fecha de Publicación: 24/04/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Jujuy
El máximo tribunal de Jujuy ordenó a los jueces inferiores otorgar un amparo pedido por vecinos de Tilcara contra un proyecto minero por el peligro de la contaminación.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Jujuy, máximo órgano judicial de la provincia, emitió un fallo que sienta precedente en los cuestionamientos sobre la minería a gran escala. Hace hincapié en el principio precautorio –ante la posibilidad de perjuicio ambiental irremediable es necesario tomar medidas protectoras– e invierte la carga de la prueba: las poblaciones cercanas a los yacimientos no deberán probar los perjuicios sino que el gobierno y las empresas tienen que aportar pruebas ciertas de que la actividad extractiva no afecta ni afectará el medio ambiente. “La sentencia cambió el paradigma jurídico al introducir el derecho ambiental en la actividad minera”, afirmó Alicia Chalabe, abogada patrocinante, y explicó que “existen muchísimas causas en las provincias por la acción negativa de la megaminería, pero siempre los juzgados interponen el Código Minero y no dan cabida al derecho ambiental. El Superior Tribunal de Jujuy, en sus fundamentos, es totalmente innovador y pionero”. La medida responde a una apelación de vecinos de Tilcara, que habían presentado un recurso de amparo para frenar el avance de una empresa minera en la Quebrada de Humahuaca. El Tribunal Contencioso Administrativo había rechazado el pedido de los autoconvocados, pero ahora el máximo tribunal de Jujuy cuestionó duramente a los jueces de primera instancia, les ordenó que revean el caso y los instó a “ajustarse a derecho” (tener en cuenta las leyes y jurisprudencia vigente).
“Hasta tanto se demuestre (...) que no existe la posibilidad o el peligro cierto de que las tareas que se realicen en la zona produzcan contaminación o conlleven daño ambiental, es deber de los jueces (...) proveer de inmediato al resguardo y hacer efectiva la tutela judicial o protección de los intereses colectivos, tratándose de un derecho humano fundamental, tanto de quienes allí habitan como de todos los habitantes, a un medio ambiente sano y sin contaminación, efectuando lo que fuera menester para evitarla”, afirma el Superior Tribunal de la provincia.
“Hace ya mucho tiempo se expresó que el principio de precaución en materia ambiental plantea que la incertidumbre científica no debe ser excusa para la adopción de medidas que tiendan a evitar la posibilidad cierta de la recurrencia de un daño ambiental grave ni para convalidar las acciones u omisiones humanas potencialmente dañosas”, remarca el máximo tribunal provincial y afirma que “es deber de todos coincidir en que esos daños (al medio ambiente) se prevengan, ya que una vez producidos resultan en la práctica de una casi imposible reparación”.
Vecinos de Tilcara realizaron marchas, encuentros, talleres y campañas de información sobre lo que implica la actividad minera a gran escala. En agosto de 2008, ocho vecinos sumaron otra acción: presentaron un recurso de amparo. Exigían que el Estado provincial no otorgara más permisos de cateos, exploración y explotación minera a cielo abierto, pedían la prohibición de utilización de sustancias químicas como cianuro, mercurio y ácido sulfúrico, entre otras, y solicitaron que se cancelaran los permisos concedidos en la Quebrada de Humahuaca. Apuntaban directamente a los permisos de cateos y exploración otorgados a la empresa Uranios del Sur, que abarcaba una superficie de 14.100 hectáreas en la zona de los “amarillos”, perteneciente a las comunidades indígenas Yacoraite y El Angosto de Yacoraite, departamento de Tilcara.
En abril de 2009, la Cámara Contencioso Administrativo (integrada por Sebastián Damiano, Benjamín Villafañe y Luis Oscar Morales) rechazó el amparo vecinal. Ahora, el máximo tribunal lo criticó: “La sentencia no se ajustó a derecho vigente y, por el contrario, adoleció del vicio de arbitrariedad, por ser incongruente y autocontradictoria”, lamenta el Superior Tribunal de Justicia, y precisa que los jueces “desatendieron e ignoraron” la existencia de presuntos daños ambientales en ocho causas penales, asentadas en los juzgados federales de Jujuy.
“Es inadmisible el rechazo (del amparo) ejercido por no haberse arrimado prueba, según el criterio del Juzgado Contencioso Administrativo”, cuestiona el máximo tribunal provincial, y reitera la necesidad de invertir la carga de la prueba, responsabilizando al gobierno provincial y al sector privado: “De acuerdo a la doctrina y jurisprudencia (...) en caso de probables, posibles o bien que puedan presumirse ya provocado un daño ambiental por contaminación deberá acreditar su inexistencia no sólo quien esté en mejores condiciones de hacerlo sino quien precisamente sostiene tan ciegamente que tal contaminación no existe”. Y carga contra el gobierno por no haber aportado, en su defensa, un estudio técnico que asegure que no existe ni existirá contaminación por la actividad minera. Desde el gobierno jujeño no respondieron las consultas sobre el fallo.
El Tribunal Superior señala que los daños ambientales obligan al sistema judicial a “dejar moldes ortopédicos (...) y elaborar nuevas respuestas legales para brindar una adecuada respuesta desde la perspectiva jurídica”. Explica que, siempre en daños ambientales, no se trabaja sólo con la certeza “sino que se apunta a la probabilidad”.
La sentencia del Superior Tribunal de Justicia es del 23 de febrero pasado, pero recién fue dada a conocer ahora. El dictamen se basó en los argumentos expuestos por el juez del tribunal a cargo del expediente, Héctor Tizón, quien fundamentó con aspectos jurídicos ambientales y remarcó la importancia de seguir el principio precautorio, artículo 4 de la Ley General del Ambiente (25.675). El juez avanzó un paso más al utilizar el concepto de “daños generacionales”, enmarcado en el derecho ambiental moderno, que consiste en “aquellos que por su magnitud repercuten no sólo en la generación actual sino que sus efectos van a impactar en las generaciones futuras”.
“El Tribunal Superior agrega suficiente argumentación legal como para ser usada en otras medidas judiciales del país, aporta un marco legal importante y marcará precedente en cuestiones ambientales”, explicó Movida Nimuendaju, otra de las organizaciones sociales de Jujuy que lucha contra la megaminería.
La exploración minera cuestionada ocurre en la Quebrada de Humahuaca, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2003. El fallo también aborda ese aspecto. “Resulta un absurdo contrasentido permitir nuevas explotaciones, como las mineras a cielo abierto, en un territorio declarado Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad, ya que ese título es revocable (...) y causaría seguramente daños a la infraestructura turística ya realizada”.
Los Vecinos Autoconvocados de Tilcara y Juella celebraron la revocación del fallo de primera instancia y resaltaron la importancia de la trama argumentativa, que alude a leyes y conceptos ambientales que nunca habían tenido cabida en un tribunal máximo. “La gran minería a cielo abierto es la peor opción de ‘progreso’ para nuestra provincia. Mueve mucho dinero pero entre pocas personas, contamina el medio ambiente, usa millones de litros de agua diarios, perjudica la agricultura y la ganadería, arruina la vida en el campo”, afirman.
Los Autoconvocados consideran un gran paso el fallo, y explican que el Juzgado de Primera Instancia debiera hacer propio lo señalado por el Superior Tribunal, pero prefieren esperar los hechos. “No tiene fecha para expedirse, por lo cual hay un riesgo de que la causa duerma en un cajón”, alertó la abogada patrocinante, Alicia Chalabe, y llamó la atención sobre “gran poder de lobby de las empresas mineras”.
El juez que hizo eje en el derecho ambiental, Héctor Tizón, dejó el máximo tribunal (se jubiló una semana después del fallo). Abogado y escritor, Tizón fue el claro impulsor del innovador fallo, aunque en minoría. Los jueces José Manuel del Campo, María Silvia Bernal, Sergio Jenefes y Sergio González apoyaron la sentencia, aunque no adhirieron a la argumentación. Sin embargo, como no explicaron cuáles eran sus argumentos, se impusieron los fundamentos explicitados por Tizón, a cargo del expediente. El voto de esos cuatro jueces también es un factor de alerta de los Vecinos Autoconvocados.
Fecha de Publicación: 24/04/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Jujuy
El máximo tribunal de Jujuy ordenó a los jueces inferiores otorgar un amparo pedido por vecinos de Tilcara contra un proyecto minero por el peligro de la contaminación.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Jujuy, máximo órgano judicial de la provincia, emitió un fallo que sienta precedente en los cuestionamientos sobre la minería a gran escala. Hace hincapié en el principio precautorio –ante la posibilidad de perjuicio ambiental irremediable es necesario tomar medidas protectoras– e invierte la carga de la prueba: las poblaciones cercanas a los yacimientos no deberán probar los perjuicios sino que el gobierno y las empresas tienen que aportar pruebas ciertas de que la actividad extractiva no afecta ni afectará el medio ambiente. “La sentencia cambió el paradigma jurídico al introducir el derecho ambiental en la actividad minera”, afirmó Alicia Chalabe, abogada patrocinante, y explicó que “existen muchísimas causas en las provincias por la acción negativa de la megaminería, pero siempre los juzgados interponen el Código Minero y no dan cabida al derecho ambiental. El Superior Tribunal de Jujuy, en sus fundamentos, es totalmente innovador y pionero”. La medida responde a una apelación de vecinos de Tilcara, que habían presentado un recurso de amparo para frenar el avance de una empresa minera en la Quebrada de Humahuaca. El Tribunal Contencioso Administrativo había rechazado el pedido de los autoconvocados, pero ahora el máximo tribunal de Jujuy cuestionó duramente a los jueces de primera instancia, les ordenó que revean el caso y los instó a “ajustarse a derecho” (tener en cuenta las leyes y jurisprudencia vigente).
“Hasta tanto se demuestre (...) que no existe la posibilidad o el peligro cierto de que las tareas que se realicen en la zona produzcan contaminación o conlleven daño ambiental, es deber de los jueces (...) proveer de inmediato al resguardo y hacer efectiva la tutela judicial o protección de los intereses colectivos, tratándose de un derecho humano fundamental, tanto de quienes allí habitan como de todos los habitantes, a un medio ambiente sano y sin contaminación, efectuando lo que fuera menester para evitarla”, afirma el Superior Tribunal de la provincia.
“Hace ya mucho tiempo se expresó que el principio de precaución en materia ambiental plantea que la incertidumbre científica no debe ser excusa para la adopción de medidas que tiendan a evitar la posibilidad cierta de la recurrencia de un daño ambiental grave ni para convalidar las acciones u omisiones humanas potencialmente dañosas”, remarca el máximo tribunal provincial y afirma que “es deber de todos coincidir en que esos daños (al medio ambiente) se prevengan, ya que una vez producidos resultan en la práctica de una casi imposible reparación”.
Vecinos de Tilcara realizaron marchas, encuentros, talleres y campañas de información sobre lo que implica la actividad minera a gran escala. En agosto de 2008, ocho vecinos sumaron otra acción: presentaron un recurso de amparo. Exigían que el Estado provincial no otorgara más permisos de cateos, exploración y explotación minera a cielo abierto, pedían la prohibición de utilización de sustancias químicas como cianuro, mercurio y ácido sulfúrico, entre otras, y solicitaron que se cancelaran los permisos concedidos en la Quebrada de Humahuaca. Apuntaban directamente a los permisos de cateos y exploración otorgados a la empresa Uranios del Sur, que abarcaba una superficie de 14.100 hectáreas en la zona de los “amarillos”, perteneciente a las comunidades indígenas Yacoraite y El Angosto de Yacoraite, departamento de Tilcara.
En abril de 2009, la Cámara Contencioso Administrativo (integrada por Sebastián Damiano, Benjamín Villafañe y Luis Oscar Morales) rechazó el amparo vecinal. Ahora, el máximo tribunal lo criticó: “La sentencia no se ajustó a derecho vigente y, por el contrario, adoleció del vicio de arbitrariedad, por ser incongruente y autocontradictoria”, lamenta el Superior Tribunal de Justicia, y precisa que los jueces “desatendieron e ignoraron” la existencia de presuntos daños ambientales en ocho causas penales, asentadas en los juzgados federales de Jujuy.
“Es inadmisible el rechazo (del amparo) ejercido por no haberse arrimado prueba, según el criterio del Juzgado Contencioso Administrativo”, cuestiona el máximo tribunal provincial, y reitera la necesidad de invertir la carga de la prueba, responsabilizando al gobierno provincial y al sector privado: “De acuerdo a la doctrina y jurisprudencia (...) en caso de probables, posibles o bien que puedan presumirse ya provocado un daño ambiental por contaminación deberá acreditar su inexistencia no sólo quien esté en mejores condiciones de hacerlo sino quien precisamente sostiene tan ciegamente que tal contaminación no existe”. Y carga contra el gobierno por no haber aportado, en su defensa, un estudio técnico que asegure que no existe ni existirá contaminación por la actividad minera. Desde el gobierno jujeño no respondieron las consultas sobre el fallo.
El Tribunal Superior señala que los daños ambientales obligan al sistema judicial a “dejar moldes ortopédicos (...) y elaborar nuevas respuestas legales para brindar una adecuada respuesta desde la perspectiva jurídica”. Explica que, siempre en daños ambientales, no se trabaja sólo con la certeza “sino que se apunta a la probabilidad”.
La sentencia del Superior Tribunal de Justicia es del 23 de febrero pasado, pero recién fue dada a conocer ahora. El dictamen se basó en los argumentos expuestos por el juez del tribunal a cargo del expediente, Héctor Tizón, quien fundamentó con aspectos jurídicos ambientales y remarcó la importancia de seguir el principio precautorio, artículo 4 de la Ley General del Ambiente (25.675). El juez avanzó un paso más al utilizar el concepto de “daños generacionales”, enmarcado en el derecho ambiental moderno, que consiste en “aquellos que por su magnitud repercuten no sólo en la generación actual sino que sus efectos van a impactar en las generaciones futuras”.
“El Tribunal Superior agrega suficiente argumentación legal como para ser usada en otras medidas judiciales del país, aporta un marco legal importante y marcará precedente en cuestiones ambientales”, explicó Movida Nimuendaju, otra de las organizaciones sociales de Jujuy que lucha contra la megaminería.
La exploración minera cuestionada ocurre en la Quebrada de Humahuaca, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2003. El fallo también aborda ese aspecto. “Resulta un absurdo contrasentido permitir nuevas explotaciones, como las mineras a cielo abierto, en un territorio declarado Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad, ya que ese título es revocable (...) y causaría seguramente daños a la infraestructura turística ya realizada”.
Los Vecinos Autoconvocados de Tilcara y Juella celebraron la revocación del fallo de primera instancia y resaltaron la importancia de la trama argumentativa, que alude a leyes y conceptos ambientales que nunca habían tenido cabida en un tribunal máximo. “La gran minería a cielo abierto es la peor opción de ‘progreso’ para nuestra provincia. Mueve mucho dinero pero entre pocas personas, contamina el medio ambiente, usa millones de litros de agua diarios, perjudica la agricultura y la ganadería, arruina la vida en el campo”, afirman.
Los Autoconvocados consideran un gran paso el fallo, y explican que el Juzgado de Primera Instancia debiera hacer propio lo señalado por el Superior Tribunal, pero prefieren esperar los hechos. “No tiene fecha para expedirse, por lo cual hay un riesgo de que la causa duerma en un cajón”, alertó la abogada patrocinante, Alicia Chalabe, y llamó la atención sobre “gran poder de lobby de las empresas mineras”.
El juez que hizo eje en el derecho ambiental, Héctor Tizón, dejó el máximo tribunal (se jubiló una semana después del fallo). Abogado y escritor, Tizón fue el claro impulsor del innovador fallo, aunque en minoría. Los jueces José Manuel del Campo, María Silvia Bernal, Sergio Jenefes y Sergio González apoyaron la sentencia, aunque no adhirieron a la argumentación. Sin embargo, como no explicaron cuáles eran sus argumentos, se impusieron los fundamentos explicitados por Tizón, a cargo del expediente. El voto de esos cuatro jueces también es un factor de alerta de los Vecinos Autoconvocados.
Mercurio: cuestionan a OSM por la información
Mercurio: cuestionan a OSM por la información
Fecha de Publicación: 23/04/2010
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
El secretario de Medio Ambiente, Guillermo Carmona, reconoció que no se comunicó correctamente a la población la razón y los efectos del corte del pasado viernes y cuestionó a la empresa por no haber designado a un vocero que explicara claramente la situación.
Tras la reunión que mantuvo ayer con diputados de la comisión de Derechos y Garantías, el secretario de Medio Ambiente, Guillermo Carmona, reconoció que no se comunicó correctamente a la población la razón y los efectos del corte del pasado viernes, producto del hallazgo de mercurio en el agua potable.
En ese sentido, cuestionó a Obras Sanitarias por no haber designado a un vocero que explicara claramente la situación. Esta declaración apuntó a contestar al diputado Diego Arenas (PD), quien había dicho que hubo un mal manejo de la información.
Por otro lado, Javier Montoro, titular del EPAS, admitió que la situación los sobrepasó, pero que "se está trabajando con todas las organizaciones que formaron parte de este comité de crisis para nombrar un vocero oficial que sea el responsable de proveer información precisa y concreta para que todos estén bien informados".
Con respecto a la suspensión preventiva de la firma Keghart, Carmona aclaró: "Los indicios por los que tomamos esta medida no tienen que ver con los antecedentes de la empresa sino con que las bocas del colector cloacal con alta presencia de mercurio se encontraron en su predio. Por lo tanto, por acción o por omisión, esta firma tiene que dar explicaciones".
Asimismo, manifestó que "si fue por acción, la fábrica pudo haber vertido la sustancia en lugares no permitidos, hecho aún no confirmado. Si fue por omisión, podrían haber sido terceros, pero con conocimiento por parte de la empresa ya que el vertido se habría dado en reiteradas ocasiones. Si se ha incurrido por omisión, juega el criterio que se denomina ?culpa in vigilando'; es decir, el propietario tiene que dar explicaciones del por qué no ha denunciado una situación que ha sido evidente".
Cuando se le consultó por las sanciones para los culpables, Carmona anticipó que se adoptarán las resoluciones oportunas cuando se cuente con todos los elementos de la investigación.
Fecha de Publicación: 23/04/2010
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
El secretario de Medio Ambiente, Guillermo Carmona, reconoció que no se comunicó correctamente a la población la razón y los efectos del corte del pasado viernes y cuestionó a la empresa por no haber designado a un vocero que explicara claramente la situación.
Tras la reunión que mantuvo ayer con diputados de la comisión de Derechos y Garantías, el secretario de Medio Ambiente, Guillermo Carmona, reconoció que no se comunicó correctamente a la población la razón y los efectos del corte del pasado viernes, producto del hallazgo de mercurio en el agua potable.
En ese sentido, cuestionó a Obras Sanitarias por no haber designado a un vocero que explicara claramente la situación. Esta declaración apuntó a contestar al diputado Diego Arenas (PD), quien había dicho que hubo un mal manejo de la información.
Por otro lado, Javier Montoro, titular del EPAS, admitió que la situación los sobrepasó, pero que "se está trabajando con todas las organizaciones que formaron parte de este comité de crisis para nombrar un vocero oficial que sea el responsable de proveer información precisa y concreta para que todos estén bien informados".
Con respecto a la suspensión preventiva de la firma Keghart, Carmona aclaró: "Los indicios por los que tomamos esta medida no tienen que ver con los antecedentes de la empresa sino con que las bocas del colector cloacal con alta presencia de mercurio se encontraron en su predio. Por lo tanto, por acción o por omisión, esta firma tiene que dar explicaciones".
Asimismo, manifestó que "si fue por acción, la fábrica pudo haber vertido la sustancia en lugares no permitidos, hecho aún no confirmado. Si fue por omisión, podrían haber sido terceros, pero con conocimiento por parte de la empresa ya que el vertido se habría dado en reiteradas ocasiones. Si se ha incurrido por omisión, juega el criterio que se denomina ?culpa in vigilando'; es decir, el propietario tiene que dar explicaciones del por qué no ha denunciado una situación que ha sido evidente".
Cuando se le consultó por las sanciones para los culpables, Carmona anticipó que se adoptarán las resoluciones oportunas cuando se cuente con todos los elementos de la investigación.
Cumbre de presidentes por Botnia
Cumbre de presidentes por Botnia
Fecha de Publicación: 22/04/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Cristina Kirchner recibirá el miércoles próximo a Mujica con la idea de encauzar la relación y buscar una solución a las protestas
Con la definición de la Corte de La Haya sobre la mesa, Cristina Kirchner y José "Pepe" Mujica se reunirán el miércoles próximo para comenzar a destrabar el conflicto bilateral. El eje de la negociación será apuntar a conseguir el levantamiento del corte de ruta en Gualeguaychú, el principal escollo que quedó tras la sentencia de anteayer del tribunal internacional.
La cumbre presidencial se hará en la quinta de Olivos, a las 16, con la participación también de los cancilleres Jorge Taiana y Luis Almagro.
La fecha para la reunión no fue casual. Según contaron altas fuentes oficiales a LA NACION, ambas administraciones quisieron esperar que pase el domingo, día en el que se hará una nueva marcha de la asamblea ambiental que permanece con el corte del puente internacional, para testear la reacción de los manifestantes.
Después del fallo, en Gualeguaychú se reavivaron las voces favorables a liberar el camino (ver aparte).
La idea oficial del encuentro entre Cristina Kirchner y Mujica es avanzar en reforzar el vínculo bilateral, dañado hasta el extremo durante el conflicto por la instalación de la papelera Botnia. Según dijeron en la Casa Rosada, la reunión entre ambos presidentes será un "gesto" hacia los ambientalistas, una suerte de demostración de que ambos gobiernos dieron por superadas las diferencias. Una foto que ambos pretenden que, con el tiempo, los manifestantes imiten.
Ayer, en Montevideo, el canciller uruguayo sostuvo que el corte del puente fronterizo "estará en la agenda´´ de reuniones, pero advirtió que se manejará con "tranquilidad y prudencia".
Una de las preocupaciones centrales del gobierno argentino es evitar un rebrote en los ánimos de los asambleístas, que reaccionaron con dureza ante el fallo que anteayer dispuso que el país vecino había violado el tratado conjunto del río Uruguay al autorizar la instalación de la pastera, pero determinó que no había razones para relocalizar o desmantelar la planta.
Fecha de Publicación: 22/04/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Cristina Kirchner recibirá el miércoles próximo a Mujica con la idea de encauzar la relación y buscar una solución a las protestas
Con la definición de la Corte de La Haya sobre la mesa, Cristina Kirchner y José "Pepe" Mujica se reunirán el miércoles próximo para comenzar a destrabar el conflicto bilateral. El eje de la negociación será apuntar a conseguir el levantamiento del corte de ruta en Gualeguaychú, el principal escollo que quedó tras la sentencia de anteayer del tribunal internacional.
La cumbre presidencial se hará en la quinta de Olivos, a las 16, con la participación también de los cancilleres Jorge Taiana y Luis Almagro.
La fecha para la reunión no fue casual. Según contaron altas fuentes oficiales a LA NACION, ambas administraciones quisieron esperar que pase el domingo, día en el que se hará una nueva marcha de la asamblea ambiental que permanece con el corte del puente internacional, para testear la reacción de los manifestantes.
Después del fallo, en Gualeguaychú se reavivaron las voces favorables a liberar el camino (ver aparte).
La idea oficial del encuentro entre Cristina Kirchner y Mujica es avanzar en reforzar el vínculo bilateral, dañado hasta el extremo durante el conflicto por la instalación de la papelera Botnia. Según dijeron en la Casa Rosada, la reunión entre ambos presidentes será un "gesto" hacia los ambientalistas, una suerte de demostración de que ambos gobiernos dieron por superadas las diferencias. Una foto que ambos pretenden que, con el tiempo, los manifestantes imiten.
Ayer, en Montevideo, el canciller uruguayo sostuvo que el corte del puente fronterizo "estará en la agenda´´ de reuniones, pero advirtió que se manejará con "tranquilidad y prudencia".
Una de las preocupaciones centrales del gobierno argentino es evitar un rebrote en los ánimos de los asambleístas, que reaccionaron con dureza ante el fallo que anteayer dispuso que el país vecino había violado el tratado conjunto del río Uruguay al autorizar la instalación de la pastera, pero determinó que no había razones para relocalizar o desmantelar la planta.
Derecho campesinos en el Día de la Tierra
Día Mundial de la Tierra: buscan reflexionar sobre los derechos de los campesinos
Fecha de Publicación: 22/04/2010
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes
En todo el mundo se recuerda hoy la marcha de miles de personas en Estados Unidos en 1.970 para reclamar la creación de organismos de control en el cuidado del medio ambiente. La fecha fue instaurada como el Día Mundial de la Tierra y en 2000 en la sede de la Unesco en Paris, se aprobó la versión final de la Carta de la Tierra, que se basa en cuatro principios fundamentales: respeto y cuidado de la vida; integridad ecológica; democracia, no violencia y paz; justicia social y económica. Este último principio especifica que se debe erradicar la pobreza como un imperativo ético, social y ambiental.
Diez años después, en muchas regiones del mundo es irrisorio y hasta impensado trabajar en el cuidado del medio del ambiente cuando ni siquiera es respetado el hábitat del hombre. El panorama en la provincia de Corrientes no es muy diferente, según lo señalan los primeros relevamientos realizados por la Mesa Provincial de Tierras.
Este grupo de trabajo, conformado hace un año, está integrada por Caritas Diocesana Corrientes; la Subsecretaria de Agricultura Familiar de la Nación; Instituto de Cultura Popular (Incupo); Foro Provincial de la Agricultura Familiar; Asociación Provincial de Pequeños Productores Correntinos y la Asociación Correntina de Desarrollo Humano, Agropecuario y Agroindustrial Juan XXIII.
La intención inicial fue reflexionar e instalar la problemática de la tenencia de la tierra, hacer visible los conflictos que ella genera, creando conciencia en las familias de pequeños productores rurales, como también a los técnicos que acompañan a este sector en distintos puntos de la provincia. En sus inicios, esta entidad se abocó a la tarea de hacer conocer a los campesinos los derechos que poseen respecto a la tierra, a través de capacitaciones. En una segunda etapa, se buscará hacer visible esta situación a la sociedad en su conjunto.
Corrientes posee una ley de colonización que data de 1974, Ley 3228, que si bien tiene institutos interesantes, se encuentra desactualizada según aseguran desde la Mesa. Remarcan también que la ley ha sufrido reformas que han provocado cambios sustanciales en la misma, la más importante es la desaparición del Instituto de Colonización y su reemplazo por una Gerencia de Tierras Fiscales e Islas que funciona dentro del Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (Icaa).
Los perjudicados son los agricultores familiares que, básicamente, son productores de alimentos para autosustento y, por lo general, es donde también están radicados junto a sus familias. Sin embargo a pesar de la voluntad de la mayor parte de ellos de seguir habitando el campo, hay dos factores que gravitan sobre esa continuidad: la concentración de grandes zonas en pocas manos y la escasa cantidad de tierra que las familias campesinas poseen para seguir produciendo y ampliar su capacidad de producción.
La expulsión del agricultor familiar, con el consecuente despoblamiento de las zonas rurales, afecta no solo la economía de las familias campesinas sino que además generan un problema social de dimensiones al sobrepoblar estas ciudades que carecen de capacidad para recibirlos. Esta situación genera más pobreza, marginación, inseguridad y condiciones indignas de vida para muchos de sus habitantes.
Fecha de Publicación: 22/04/2010
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes
En todo el mundo se recuerda hoy la marcha de miles de personas en Estados Unidos en 1.970 para reclamar la creación de organismos de control en el cuidado del medio ambiente. La fecha fue instaurada como el Día Mundial de la Tierra y en 2000 en la sede de la Unesco en Paris, se aprobó la versión final de la Carta de la Tierra, que se basa en cuatro principios fundamentales: respeto y cuidado de la vida; integridad ecológica; democracia, no violencia y paz; justicia social y económica. Este último principio especifica que se debe erradicar la pobreza como un imperativo ético, social y ambiental.
Diez años después, en muchas regiones del mundo es irrisorio y hasta impensado trabajar en el cuidado del medio del ambiente cuando ni siquiera es respetado el hábitat del hombre. El panorama en la provincia de Corrientes no es muy diferente, según lo señalan los primeros relevamientos realizados por la Mesa Provincial de Tierras.
Este grupo de trabajo, conformado hace un año, está integrada por Caritas Diocesana Corrientes; la Subsecretaria de Agricultura Familiar de la Nación; Instituto de Cultura Popular (Incupo); Foro Provincial de la Agricultura Familiar; Asociación Provincial de Pequeños Productores Correntinos y la Asociación Correntina de Desarrollo Humano, Agropecuario y Agroindustrial Juan XXIII.
La intención inicial fue reflexionar e instalar la problemática de la tenencia de la tierra, hacer visible los conflictos que ella genera, creando conciencia en las familias de pequeños productores rurales, como también a los técnicos que acompañan a este sector en distintos puntos de la provincia. En sus inicios, esta entidad se abocó a la tarea de hacer conocer a los campesinos los derechos que poseen respecto a la tierra, a través de capacitaciones. En una segunda etapa, se buscará hacer visible esta situación a la sociedad en su conjunto.
Corrientes posee una ley de colonización que data de 1974, Ley 3228, que si bien tiene institutos interesantes, se encuentra desactualizada según aseguran desde la Mesa. Remarcan también que la ley ha sufrido reformas que han provocado cambios sustanciales en la misma, la más importante es la desaparición del Instituto de Colonización y su reemplazo por una Gerencia de Tierras Fiscales e Islas que funciona dentro del Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (Icaa).
Los perjudicados son los agricultores familiares que, básicamente, son productores de alimentos para autosustento y, por lo general, es donde también están radicados junto a sus familias. Sin embargo a pesar de la voluntad de la mayor parte de ellos de seguir habitando el campo, hay dos factores que gravitan sobre esa continuidad: la concentración de grandes zonas en pocas manos y la escasa cantidad de tierra que las familias campesinas poseen para seguir produciendo y ampliar su capacidad de producción.
La expulsión del agricultor familiar, con el consecuente despoblamiento de las zonas rurales, afecta no solo la economía de las familias campesinas sino que además generan un problema social de dimensiones al sobrepoblar estas ciudades que carecen de capacidad para recibirlos. Esta situación genera más pobreza, marginación, inseguridad y condiciones indignas de vida para muchos de sus habitantes.
Delitos ambientales como de lesa humanidad
“Los delitos ambientales deben ser considerados delitos de lesa humanidad"
Fecha de Publicación: 21/04/2010
Fuente: Maraustralis
Provincia/Región: Nacional
El diputado nacional del GEN, Horacio Alcuaz, se comprometió hoy a impulsar junto al resto de sus colegas una nueva legislación que establezca como “delitos de lesa humanidad” los delitos ambientales ocasionados por las minas a cielo abierto en todo el país.
Alcuaz integró la semana pasada la delegación de diputados nacionales que visitaron la ciudad catamarqueña de Andalgalá, cuyos habitantes hace sesenta días fueron reprimidos por la policía cuando se manifestaban en contra de la instalación de un nuevo emprendimiento mega-minero a cielo abierto a cargo de la Yamana Gold, conocido como “Agua Rica”.
Los delegación estuvo integrada por Victoria Donda y Verónica Benas de Proyecto Sur, Fernanda Reyes, Elsa "Tata" Quiroz, Héctor "Toti" Flores y Susana García, de la Coalición Cívica y Alcuaz.
“Junto al resto de los diputados nos comprometimos además a impulsar un nuevo código minero que restringa la instalación de minas a cielo abierto en todo el país”, declaró Alcuaz.
Los diputados también denunciaron en Catamarca la inacción judicial en la causa que investiga las responsabilidades políticas y policiales en la feroz represión del 15 de febrero por lo que también acordaron en impulsar una ley que despenalice las causas judiciales originadas en luchas populares.
Fecha de Publicación: 21/04/2010
Fuente: Maraustralis
Provincia/Región: Nacional
El diputado nacional del GEN, Horacio Alcuaz, se comprometió hoy a impulsar junto al resto de sus colegas una nueva legislación que establezca como “delitos de lesa humanidad” los delitos ambientales ocasionados por las minas a cielo abierto en todo el país.
Alcuaz integró la semana pasada la delegación de diputados nacionales que visitaron la ciudad catamarqueña de Andalgalá, cuyos habitantes hace sesenta días fueron reprimidos por la policía cuando se manifestaban en contra de la instalación de un nuevo emprendimiento mega-minero a cielo abierto a cargo de la Yamana Gold, conocido como “Agua Rica”.
Los delegación estuvo integrada por Victoria Donda y Verónica Benas de Proyecto Sur, Fernanda Reyes, Elsa "Tata" Quiroz, Héctor "Toti" Flores y Susana García, de la Coalición Cívica y Alcuaz.
“Junto al resto de los diputados nos comprometimos además a impulsar un nuevo código minero que restringa la instalación de minas a cielo abierto en todo el país”, declaró Alcuaz.
Los diputados también denunciaron en Catamarca la inacción judicial en la causa que investiga las responsabilidades políticas y policiales en la feroz represión del 15 de febrero por lo que también acordaron en impulsar una ley que despenalice las causas judiciales originadas en luchas populares.
La Corte Suprema recibe a pueblos originarios
La Corte Suprema recibe a pueblos originarios
Fecha de Publicación: 20/04/2010
Fuente: Data Chaco
Provincia/Región: Nacional
La Corte Suprema de Justicia de la Nación recibirá este miércoles a dirigentes indígenas del norte argentino. El desmonte en Salta y el genocidio étnico en el Chaco serán los temas de la entrevista.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación recibirá este miércoles, a las 17, a referentes indígenas de norte argentino. El presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti, escuchará a siete delegados de los pueblos originarios. Entre los temas a tratar sobresalen el desmonte ilegal en Salta y el genocidio étnico en el Impenetrable chaqueño, ambos casos donde el máximo tribunal tuvo intervención directa. El encuentro se da en el marco de la Semana de los Pueblos Indígenas, que lleva como lema “Somos vida, somos tierra, queremos Justicia”.
“Se demuestra una excesiva lentitud en la resolución de los procesos judiciales y administrativos y avanza una creciente persecución y criminalización a los dirigentes, organizaciones indígenas e instituciones que acompañan los reclamos”, denuncia la declaración de los Pueblos Indígenas del Chaco Americano, difundida hoy y que también será compartida con la Corte Suprema de Justicia.
En diciembre de 2008, y luego de una presentación judicial de comunidades indígenas y organizaciones campesinas, la Corte Suprema ordenó el cese de desmontes en cuatro departamentos de Salta (San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria). A pesar de esa prohibición, las mismas comunidades alertaron en diciembre pasado sobre la continuidad de la deforestación. Aportaron imágenes satelitales donde se demostraban más de 9000 hectáreas arrasadas.
En marzo de 2009, la Corte había afirmado que los desmontes “configuran una situación clara de peligro, de daño grave, porque podría cambiar sustancialmente el régimen de todo el clima de la región, afectando no sólo a los actuales habitantes, sino a las generaciones futuras. Este perjuicio, de producirse, sería además irreversible”.
La Corte Suprema también intervino en la situación socio-sanitaria de los pueblos indígenas del Chaco. En agosto de 2007, la Defensoría del Pueblo de la Nación demandó al estado provincial y nacional por el “exterminio de comunidades tobas, y la vulneración permanente y sistemática de sus derechos humanos básicos”. A mediados de septiembre de ese año, y en un hecho inédito, la Corte ordenó a Provincia y Nación atender la situación de urgencia de las comunidades.
Los tres pueblos indígenas con presencia en Chaco (Toba, Wichi y Mocoví) vinculan la situación social y sanitaria a la falta de tierras y a los desmontes. Sobre diez millones de hectáreas que tiene la provincia, contaba con 3,5 millones de hectáreas fiscales, casi su totalidad en los departamentos de Almirante Brown y Güemes, el Impenetrable chaqueña, zona con histórica presencia indígena y donde focalizó su denuncia la Defensoría del Pueblo. Según organizaciones sociales de la provincia, entre 1995 y 2005, los sucesivos gobiernos provinciales vendieron 1,7 millones de hectáreas (el 49 por ciento de las tierras fiscales).
El desmonte en Salta y el estado sanitario en Chaco son los dos casos que lograron fallo favorable de la Corte Suprema, y son también casos testigos de problemáticas que se repiten en toda la región del Chaco Sudamericano.
La visita de comunidades originarias a la Corte Suprema se da en el marco de la Semana de los Pueblos Indígenas, una actividad trinacional que se desarrolla en forma alternada en Argentina, Bolivia y Paraguay. Surgió como un espacio para reflexionar y dar visibilidad a los derechos y a las expresiones culturales de los indígenas del Gran Chaco Americano, que abarca un millón de kilómetros cuadrados de Argentina, Bolivia y Paraguay y es la región donde viven 380.000 indígenas.
Fecha de Publicación: 20/04/2010
Fuente: Data Chaco
Provincia/Región: Nacional
La Corte Suprema de Justicia de la Nación recibirá este miércoles a dirigentes indígenas del norte argentino. El desmonte en Salta y el genocidio étnico en el Chaco serán los temas de la entrevista.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación recibirá este miércoles, a las 17, a referentes indígenas de norte argentino. El presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti, escuchará a siete delegados de los pueblos originarios. Entre los temas a tratar sobresalen el desmonte ilegal en Salta y el genocidio étnico en el Impenetrable chaqueño, ambos casos donde el máximo tribunal tuvo intervención directa. El encuentro se da en el marco de la Semana de los Pueblos Indígenas, que lleva como lema “Somos vida, somos tierra, queremos Justicia”.
“Se demuestra una excesiva lentitud en la resolución de los procesos judiciales y administrativos y avanza una creciente persecución y criminalización a los dirigentes, organizaciones indígenas e instituciones que acompañan los reclamos”, denuncia la declaración de los Pueblos Indígenas del Chaco Americano, difundida hoy y que también será compartida con la Corte Suprema de Justicia.
En diciembre de 2008, y luego de una presentación judicial de comunidades indígenas y organizaciones campesinas, la Corte Suprema ordenó el cese de desmontes en cuatro departamentos de Salta (San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria). A pesar de esa prohibición, las mismas comunidades alertaron en diciembre pasado sobre la continuidad de la deforestación. Aportaron imágenes satelitales donde se demostraban más de 9000 hectáreas arrasadas.
En marzo de 2009, la Corte había afirmado que los desmontes “configuran una situación clara de peligro, de daño grave, porque podría cambiar sustancialmente el régimen de todo el clima de la región, afectando no sólo a los actuales habitantes, sino a las generaciones futuras. Este perjuicio, de producirse, sería además irreversible”.
La Corte Suprema también intervino en la situación socio-sanitaria de los pueblos indígenas del Chaco. En agosto de 2007, la Defensoría del Pueblo de la Nación demandó al estado provincial y nacional por el “exterminio de comunidades tobas, y la vulneración permanente y sistemática de sus derechos humanos básicos”. A mediados de septiembre de ese año, y en un hecho inédito, la Corte ordenó a Provincia y Nación atender la situación de urgencia de las comunidades.
Los tres pueblos indígenas con presencia en Chaco (Toba, Wichi y Mocoví) vinculan la situación social y sanitaria a la falta de tierras y a los desmontes. Sobre diez millones de hectáreas que tiene la provincia, contaba con 3,5 millones de hectáreas fiscales, casi su totalidad en los departamentos de Almirante Brown y Güemes, el Impenetrable chaqueña, zona con histórica presencia indígena y donde focalizó su denuncia la Defensoría del Pueblo. Según organizaciones sociales de la provincia, entre 1995 y 2005, los sucesivos gobiernos provinciales vendieron 1,7 millones de hectáreas (el 49 por ciento de las tierras fiscales).
El desmonte en Salta y el estado sanitario en Chaco son los dos casos que lograron fallo favorable de la Corte Suprema, y son también casos testigos de problemáticas que se repiten en toda la región del Chaco Sudamericano.
La visita de comunidades originarias a la Corte Suprema se da en el marco de la Semana de los Pueblos Indígenas, una actividad trinacional que se desarrolla en forma alternada en Argentina, Bolivia y Paraguay. Surgió como un espacio para reflexionar y dar visibilidad a los derechos y a las expresiones culturales de los indígenas del Gran Chaco Americano, que abarca un millón de kilómetros cuadrados de Argentina, Bolivia y Paraguay y es la región donde viven 380.000 indígenas.
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El fallo de La Haya sobre Botnia
Para la Corte Internacional de La Haya, Botnia puede seguir operando
Fecha de Publicación: 20/04/2010
Fuente: Clarín
El tribunal reconoció que Montevideo incumplió el Tratado del Río Uruguay al no avisar a la Argentina antes de autorizar la papelera. Pero sostuvo que nuestro país no pudo demostrar que las plantas contaminen.
La Corte Internacional de Justicia dictaminó que "no hay motivos" para ordenar el cese del funcionamiento de la planta que Botnia tiene en la localidad uruguaya de Fray Bentos. Lo hizo en un extenso fallo que sólo tuvo un triunfo moral para la Argentina pero sin efectos prácticos: el tribunal reconoció que Montevideo violó el Tratado del Río Uruguay por autorizar la construcción de las pasteras sin acordar previamente con la Argentina, pero también evaluó que esa violación fue a una "obligación protocolar", que no hubo incumplimiento de "obligaciones de fondo" y que Buenos Aires no pudo demostrar que la planta de Botnia contamine.
El extenso fallo fue leído en francés, durante más de dos horas, por el eslovaco Peter Tomka, a cargo de la presidencia del Tribunal. Apenas iniciada la lectura, y después de pedir un minuto de silencio en memoria del jurista uruguayo Héctor Gross Espiell, fallecido el año pasado y que fue uno de los representantes de Montevideo ante el Tribunal, Tomka reconoció que para el diferendo era aplicable el Tratado del Río Uruguay y que la Corte era el ámbito para dirimir la controversia.
El primer revés para la postura argentina llegó en el primer tramo del fallo –del que no se leyó la introducción ni la parte que resume el caso-. Allí la Corte dictaminó que "no es el ámbito de aplicación" de las demandas que formuló Buenos Aires contra Uruguay por la presunta contaminación "sonora y visual", los "malos olores" y el impacto de la papelera sobre el turismo.
Pero en un segundo tramo, la Corte dictaminó que Montevideo violó el Tratado del Río Uruguay por no realizar las consultas previas con la Argentina para la autorización de la construcción de las plantas (la de Botnia y la de Ence, que finalmente no se construyó en Fray Bentos). Esa era la principal demanda de Buenos Aires. El tribunal evaluó que Uruguay también desconoció los mecanismos de cooperación previstos por el Tratado del Río Uruguay y señaló incluso que no debería haber avanzado con la construcción de la papelera una vez que la Argentina había aceptado la creación de la Comisión de evaluación.
Hubo un punto del Tratado del Río Uruguay al que la Corte prestó especial atención: el que habla del "aprovechamiento racional" del río, para el que, analizó, deberían tenerse en cuenta tanto la protección del mismo como el desarrollo económico de las localidades ribereñas.
En ese marco, y pese a reconocer el incumplimiento de un "aspecto protocolar" del Tratado por parte de Uruguay, el tribunal concluyó que la Argentina no ha logrado demostrar que el funcionamiento de la pastera sea contaminante.
La Corte también desestimó las quejas sobre la presunta falta de evaluación de otros posibles emplazamientos para las papeleras, otra violación del Tratado que la Argentina le endilgaba a Montevideo. Y evaluó, además, que Uruguay realizó actividades para conservar las poblaciones tanto en su territorio como en la Argentina y que tampoco hay pruebas de que la papelera no utilice las mejores técnicas disponibles.
Con ese argumento, el tribunal internacional concluyó que Uruguay no violó "obligaciones de fondo" del Tratado y que, por eso, "no hay motivos para ordenar el cese" de Botnia.
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Voces dispares aquí y allá por el fallo que le permite a Botnia seguir operando
Fecha de Publicación: 20/04/2010
Fuente: Crítica Digital
El gobernador Urribarri teme por la posible contaminación, mientras que Carrió y De Narváez coinciden con Tabaré en la urgencia de levantar el corte. Los ambientalistas, furiosos tras el fallo, amenazan con seguir "aunque cueste la muerte". La resignación de CFK, desde Venezuela. Se espera reunión bilateral.
El dispar fallo de la Corte internacional de La Haya en el conflicto entre Argentina y Uruguay en torno al conflicto ambiental por la pastera Botnia abrió, como era de esperarse, un amplio abanico de lecturas y de repercusiones. Mientras el gobernador entrerriano Sergio Urribarri insiste con el temor a la posible contaminación que abre el incumplimiento del Tratado del Río Uruguay, desde el país vecino -en coincidencia con importantes dirigentes de la oposición al gobierno de Cristina Kirchner- se centran ahora en la urgencia porque se levante el bloque del puente que une Gualeguaychú con la localidad oriental de Fray Bentos.
"Lo que todos tememos es que en algún momento Botnia contamine. Hay un sabor amargo, pero nosotros somos responsables y tenemos que acatar los fallos" resumió su visión el mandatario aliado a la Casa Rosada. Desde la otra orilla, el vicepresidente Danilo Astori señaló que el fallo ratificó "el respeto de Uruguay por el medio ambiente" y que también "renueva la esperanza" para iniciar una "nueva etapa fructífera" en el vínculo con Argentina. Mientras Cristina expresó resignación desde Venezuela, hasta el momento, el jefe de Estado, José “Pepe” Mujica no se pronunció sobre el tema.
"El bloqueo del puente debe ser levantado ya; es lo único ilegal", dijo Tabaré Vázquez, el ex presidente uruguayo que endureció la postura sobre el conflicto. Con él, paradójicamente, sentaron posición en Buenos Aires Elisa Carrió y Francisco De Narváez. Lilita exhortó a que "liberen el puente" para "restablecer la hermandad" con el pueblo uruguayo, y calificó el fallo como "una derrota enorme" para la Argentina. El diputado instó a "intensificar el diálogo con los hermanos uruguayos" ya que "ha concluido la instancia judicial y ahora hay que trabajar con ellos".
MÁS VOCES. Jorge Taiana, canciller argentino: Habló de "la obligación de los dos estados de cumplir con lo que dice (el Estatuto del río fronterizo), sobre todo con los mecanismos de información y consulta previa para realizar actividades que afecten el río, qué Uruguay no respetó".
Luís Almagro, canciller de Uruguay: Resaltó que el fallo –a su criterio- "reconoce que Uruguay no ha incumplido con sus obligaciones de fondo" establecidas en el estatuto del Río Uruguay.
Homero Bibiloni, secretario de Ambiente de la Nación: "Desde la Secretaría vamos a seguir colaborando con la representación técnica en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), y, por supuesto, el plan de vigilancia ambiental del río seguirá en marcha".
Rubén Giustiniani, senador socialista: "Uruguay violó el Tratado de 1975 al retacear información e incurrió en procedimientos incorrectos, sobre todo por las implicancias a futuro".
Daniel Filmus, senador kirchnerista: Uruguay es el que no cumplió con el tratado. Nunca más se va a poder construir una pastera en el río Uruguay sin consentimiento de los dos países, es decir no se va a construir otra pastera".
Vilma Ripoll, dirigente del MST: "Parece una burla. Por un lado reconocen que Uruguay violó el Tratado, pero luego no lo sancionan y para colmo avalan que siga Botnia. No nos sorprende esta decisión de jueces que suelen ser funcionales a las multinacionales".
Rodolfo Terragno, ex jefe de Gabinete de Fernando de la Rúa: "Lo que hizo el gobierno argentino en 2006 fue lamentable. Hubo algunos demagogos que le habían hecho creer a los gualeguaychuenses que el Uruguay los estaba envenenando y ahora ellos oyen con desazón y perplejidad que no era así".
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La Corte emitió su fallo por la controversia por Botnia
Fecha de Publicación: 20/04/2010
Fuente: Secretaría de Ambiente
La Corte Internacional de Justica emitió su fallo hoy en La Haya con la presencia de la Embajadora Susana Ruiz Cerutti, el secretario de Ambiente de la Nación, Homero M. Bibiloni y el Director del ISEN, Horacio Basabe.
Consejera Legal de la Cancillería, quien se encontraba junto al secretario de Ambiente de la Nación, Homero M. Bibiloni y al Director del ISEN (Instituto del Servicio Exterior de la Nación) y co agente de la delegación argentina, Horacio Basabe, se mostró “muy satisfecha” con lo dictado por el alto tribunal, por cuanto “nos va a permitir recomponer la relación de cooperación que nunca debió haberse terminado”, dijo Cerutti.
De esta forma, el Estatuto sale “refortalecido” y “vigorizado”, expresó la Embajadora, quien explicó que este instrumento legal “sigue vigente” y a partir de ahora, “será necesario someterse a la consulta de información; no hay argumento de soberanía de legislación nacional que se pueda superponer” a lo que dispone ese instrumento, sostuvo .
Consultada acerca de los alcances del fallo leído por el vicepresidente de la Corte Internacional de Justicia, el eslovaco Peter Tomka, Ruiz Cerrutti destacó que la CIJ enumeró serias violaciones en las que incurrió el país vecino desde que dio su autorización para la creación de las plantas de celulosa Botnia, Ence y sus terminales portuarias.
Entre ellas, citó la falta de consulta e información a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU); la falta de notificación a la Argentina de los proyectos; la violación al entendimiento que hubo entre los entonces cancilleres de ambos países en marzo de 2004; la obligación de llevar adelante las negociaciones que el Estatuto prevé para solucionar un diferendo que ya existía; el no cumplimiento generalizado de los artículos 7 a 12 de dicho documento, desconociendo los mecanismos de cooperación previstos por esa norma.
“Esto abre a la cooperación bilateral un camino distinto que va a permitir trabajar como desde 1975, sobre el tratado de Río Uruguay”, analizó Ruiz Cerrutti y aseguró: “La constatación de estas violaciones y la certeza de que esto no volverá a ocurrir, es una satisfacción y una tranquilidad para el país y para la población de la región”.
En su fallo la Corte determinó que la ciudad de Fray Bentos no era "adecuada" para construir la planta de Botnia, y que Uruguay falló en evaluar el eventual impacto ambiental que podría tener el emprendimiento.
“Estamos satisfechos", manifestó la representante argentina y recordó que "de los 14 jueces trece se pronunciaron a favor de la Argentina, menos el juez ad hoc de Uruguay", resaltó.
En tanto, el secretario Bibiloni, quien estuvo presente en el Palacio de la Paz, donde se presentó la sentencia, coincidió con Ruiz Cerrutti en que el fallo abrirá nuevas instancias de cooperación bilateral e indicó que “desde la gestión ambiental tenemos un fuerte compromiso para trabajar en el marco de la CARU” y “la mejor manera es hacerlo desde la cooperación y la buena fe”.
Bibiloni se refirió al Plan de Vigilancia Ambiental llevado a cabo por nuestro país desde el 2007 y aseveró que “seguirá en marcha” dado que “se ajusta a los parámetros de la Corte”. Los elementos presentados como pruebas científicas “son valiosos”, destacó el secretario, dado que para este nuevo proceso que se inicia “han detenido la creación de nuevas pasteras gracias, también, a la gesta de la comunidad de Gualeguaychú”, enunció el funcionario.
En lo que refiere a la demanda por impacto ambiental, la Corte estableció que la contaminación sonora y visual alegada por Argentina "no está recubierta" por el Estatuto del río fronterizo. "En consecuencia, la demanda relativa a los malos olores e impacto sobre el turismo", declaró Tomka, "no es competencia de esta Corte".
El veredicto de la CIJ es vinculante e inapelable, e impedirá que de ahora en adelante se construyan nuevas plantas de celulosa en la ribera compartida con Uruguay sin la evaluación pertinente de ambas naciones involucradas, a través de la CARU.
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Botnia: La Haya falló en contra de la relocalización de la pastera
Fecha de Publicación: 20/04/2010
Fuente: ADN
Si bien el tribunal reconoció que hubo violación del Tratado del Río Uruguay, negó que la papelera contamine, y seguirá funcionando. La sentencia es inapelable y de cumplimiento obligatorio.
La Corte Internacional de Justicia de La Haya, el máximo tribunal de las Naciones Unidas, se pronunció hoy sobre la disputa entre Argentina y Uruguay por la planta papelera UPM (ex Botnia), un fallo que generaba gran expectativa en ambos países, especialmente en la ciudad de Gualeguaychú.
Tal como se especulaba, el tribunal internacional reconoció que Uruguay incumplió un artículo del Tratado del Río, pero negó que la papelera contamine. Dispuso que "no ve motivos para que Botnia sea relocalizada".
"Uruguay no respetó la obligación que le impone el primer apartado del artículo 7 del Tratado del Río Uruguay" de notificar a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) para que esta, según "el segundo apartado del artículo 7, decida si el proyecto puede traer perjuicios".
En tanto, a pesar de considerar que la Argentina no aportó las pruebas necesarias para afirmar que hubo contaminación la Corte instó a las dos partes a velar por el "equilibrio ecológico" de la cuenca del Río Uruguay.
El Tribunal aseguró además que "todo cambio en el balance ecológico" del río Uruguay debe ser coordinado por ambas partes, y que en este sentido no puede haber acciones individuales por parte de uno de los Estados.
"La obligación de coordinar estas acciones toma un rol central y es importante que ambas partes respeten esta norma", se asegura en la sentencia.
De esta manera, se puso fin, al menos en términos judiciales, a la prolongada disputa entre Argentina y Uruguay por la instalación de la pastera finlandesa Botnia (hoy UPM) en el vecino país. La sentencia es inapelable, final y de cumplimiento obligatorio.
Los gobiernos de Cristina Fernández y de José "Pepe" Mujica se han comprometido a respetarlo y a instrumentarlo, con la voluntad de iniciar otro capítulo en la relación bilateral en los demás aspectos.
La Corte, presidida en este caso por el magistrado Peter Tomka, leyó la sentencia durante una sesión pública a la que asistieron los máximos representantes legales de ambos países y que fue seguida por los asambleístas desde el corte de la ruta 136, en el paraje de Arroyo Verde.
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Argentina y Uruguay se muestran satisfechos en "público"
Fecha de Publicación: 20/04/2010
Fuente: La Voz del Interior
Ambos países no reconocen en público ninguna derrota en la controversia.
Los representantes legales de Argentina y Uruguay ante la Corte Internacional de La Haya se mostraron en público "satisfechos" con el fallo de hoy.
La consejera legal de la Cancillería argenetina, Susana Ruiz Cerutti, afirmó que está "satisfecha" con el fallo al sostener que la lucha de los asambleístas "por el 'No a las papeleras' se ha visto reflejada en esta sentencia". "Esto le va a hacer mucho bien a la relación bilateral", enfatizó la funcionaria a la prensa tras asistir a la lectura del fallo y agregó: "Vamos a tener que volver al camino de la cooperación que nunca debimos haber abandonado".
Remarcó que de ahora en más el vecino país "no va a poder llevar adelante otro proyecto sin someterse al Tratado del Río Uruguay" y expresó que "lo que la Corte ha dicho sobre la conducta del Uruguay es muy importante", porque ha señalado "que ha incumplido un tratado vigente de 1975".
Uruguay también. El ex canciller de Uruguay Pedro Vaz, quien forma parte de la delegación que asistió hoy al fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya sobre el conflicto con Argentina por una papelera en la frontera común, expresó la "satisfacción" de su país por el dictamen.
"De parte nuestra sí puedo adelantar que tenemos una gran satisfacción por la decisión de la Corte, esa es la primera sensación y el primer elemento a manejar", afirmó desde La Haya a la cadena de televisión uruguaya VTV.
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Asambleístas de Gualeguaychú no levantarán el corte
Fecha de Publicación: 20/04/2010
Fuente: Agencia DyN
Asambleístas de Gualeguaychú repudiaron hoy el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya que estableció que la pastera de UPM (ex Botnia) no contamina, al advertir que "la lucha comienza nuevamente" y que el corte del puente binacional "no se va a levantar" aunque les "cueste la muerte".
"Hasta que no se vaya Botnia no nos vamos a mover del corte" en el puente General San Martín, que comunica Gualeguaychú con Fray Bentos, aseguraron los ambientalistas que siguieron la lectura del fallo en el paraje de Arroyo Verde.
En declaraciones al canal C5N, dijeron que "la lucha comienza hoy nuevamente, Gualeguaychú no va a aflojar" y abundaron: "El corte no se va a levantar aunque nos cueste la muerte".
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Cronología del conflicto entre Argentina y Uruguay por papeleras
Fecha de Publicación: 20/04/2010
Fuente: EFE
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió hoy su fallo sobre el conflicto entre Argentina y Uruguay por la construcción de una papelera en el segundo país y a orillas de un río fronterizo, que se remonta al año 2003 y es motivo de una de las peores crisis en las relaciones bilaterales.
El máximo tribunal dictaminó que Uruguay no ha violado las obligaciones de protección del medio ambiente que establece el Estatuto del río Uruguay, según un acuerdo bilateral de 1975, pese a no haber informado "ajustadamente" de los potenciales peligros, y rechazó las peticiones de compensación de Argentina.
A continuación, una cronología de los hechos más importantes del conflicto:
2003
-3 de octubre: Argentina admite su "preocupación" por la posible instalación de una planta de la española ENCE en la localidad uruguaya de Fray Bentos, frente a la argentina de Gualeguaychú.
-9 de octubre: Uruguay autoriza la instalación de la planta de ENCE.
-27 de octubre: Argentina presenta una queja por la autorización unilateral del proyecto.
2004
-2 de marzo: Uruguay se compromete a controlar el funcionamiento de la planta de ENCE mediante un acuerdo que nunca se concretó.
2005
-15 de febrero: el Gobierno uruguayo autoriza la construcción de una planta de la finlandesa Botnia en Fray Bentos.
-15 de abril: Botnia inicia la construcción de su planta, con una inversión global de 1.800 millones de dólares.
-6 de mayo: el presidente argentino Néstor Kirchner y el uruguayo Tabaré Vázquez acuerdan crear un Grupo Técnico Bilateral de Alto Nivel (GTAN) para estudiar el asunto.
-Junio: Argentina pide al Banco Mundial que la Corporación Financiera Internacional (CFI), que depende de ese organismo, no contribuya a la financiación de las plantas.
-5 de julio: Uruguay autoriza la construcción de una terminal portuaria para Botnia sobre el río Uruguay.
-3 de agosto: El GTAN se reúne por primera vez, en Montevideo.
-19 de diciembre: Un estudio de la CFI no prevé efectos negativos para Argentina por la construcción de la planta.
2006
-3 de enero: la Asamblea Ambientalista de Gualeguaychú comienza los bloqueos del puente hacia Fray Bentos.
-30 de enero: el GTAN concluye su período de trabajo de 180 días sin avances.
-11 de marzo: Argentina y Uruguay acuerdan negociar una salida en un plazo de 90 días. El acuerdo fracasa.
-4 de mayo: Argentina demanda a Uruguay ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por violación del Estatuto del Río Uruguay.
Uruguay recurre, por su parte, al Tribunal Arbitral del Mercosur para que decida si Argentina violó los acuerdos de libre circulación de este organismo al permitir el bloqueo de pasos.
-13 de julio: La CIJ rechaza la petición argentina para que Uruguay suspenda la construcción de las plantas hasta que se produzca un pronunciamiento de la Corte.
-6 de septiembre: el Tribunal Arbitral del Mercosur cuestiona los bloqueos de puentes.
-4 de noviembre: el presidente Kirchner pide la mediación del rey Juan Carlos de España, que encomienda la tarea al embajador Juan Antonio Yáñez-Barnuevo.
-14 al 17 de noviembre: primera visita de Yáñez-Barnuevo al Río de la Plata.
-20 de noviembre: la Asamblea Ambientalista de Gualeguaychú inicia un nuevo bloqueo por "tiempo indeterminado" sobre el paso a Fray Bentos.
-28 de noviembre: Uruguay presenta ante la CIJ un pedido de medida cautelar contra Argentina por los cortes en los pasos fronterizos.
-4 al 7 de diciembre: segunda visita de Yáñez-Barnuevo.
-12 de diciembre: ENCE anuncia la construcción de una papelera cerca de la localidad uruguaya de Nueva Palmira, en lugar de Fray Bentos.
2007
-23 de enero: La CIJ rechaza la solicitud de Uruguay para que Argentina ponga fin a los bloqueos de pasos fronterizos.
-29 al 31 de enero: tercera visita de Yáñez-Barnuevo.
-2 de febrero: España anuncia que Argentina y Uruguay han llegado a un "entendimiento para iniciar un diálogo directo".
-9 de marzo: la provincia argentina de Entre Ríos prohíbe la exportación de madera a Uruguay.
-19 de abril: Delegaciones de Argentina y Uruguay se reúnen en Madrid para buscar una salida a la crisis.
-20 de abril: la "Declaración de Madrid" recoge el "restablecimiento" del diálogo directo entre ambos países.
- 29 de abril: miles de argentinos marchan al puente General San Martín que une Argentina con Fray Bentos.
-1 de mayo: Uruguay acepta crear una "zona verde" alrededor de la papelera de Botnia.
-9 de mayo: la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú corresponsabiliza a Finlandia del conflicto.
- 29 de mayo: Argentina y Uruguay comienzan una reunión en Nueva York, con la mediación de España.
- 30 de mayo: Concluye la reunión de Nueva York sin avances.
-4 de junio: Botnia suspende por problemas de seguridad las pruebas de puesta a punto de las obras de la planta de celulosa.
-9 de junio: Uruguay autoriza a ENCE a construir su planta de celulosa en el suroeste del país.
-29 de junio: Uruguay advierte que no habrá una salida política al conflicto con Argentina hasta que se conozca el fallo de la CIJ.
-30 y 31 de julio: representantes de Argentina y Uruguay se reúnen en Nueva York, sin resultados.
-29 de agosto: el presidente Tabaré Vázquez inaugura la ampliación del puerto de Nueva Palmira, desde donde se exportará la producción de Botnia, en medio de protestas argentinas en el río Uruguay.
-10 de septiembre: Argentina anuncia su propio "plan de vigilancia ambiental" por la planta de Botnia.
-29 de septiembre: Tercera ronda de contactos en Nueva York con la mediación de España.
-3 de octubre: ENCE anuncia la construcción de su planta de celulosa en Uruguay, con una inversión de 1.000 millones de dólares.
-7 de octubre: Ecologistas uruguayos y argentinos crean en Nueva Palmira la Asamblea Regional Ambiental del Río Uruguay.
-8 de octubre: Uruguay anuncia que prohibirá concentraciones de activistas argentinos en su territorio.
-1 de noviembre: Uruguay posterga el permiso final a Botnia para poner en marcha su planta papelera, a petición de los mediadores españoles, que esperan un grado de acuerdo en la Cumbre Iberoamericana del 8 y 9 de noviembre en Santiago.
-8 de noviembre: concluye sin avances la reunión de Chile. El presidente uruguayo autoriza la entrada en funcionamiento de la planta.
-9 de noviembre: Se pone en marcha la planta de celulosa de la empresa finlandesa Botnia y Argentina emite una nota de protesta.
2008
-12 de mayo: El primer ministro de Finlandia, Matti Vanhanen, defiende los criterios ambientales de las papeleras de su país.
2009
-6 de septiembre: Multitudinaria marcha sobre el puente que enlaza Gualeguaychú con la uruguaya de Fray Bentos, bloqueado desde 2006.
2010
-14 de enero: La presidenta argentina, Cristina Fernández, y el entonces mandatario electo de Uruguay, José Mujica, acuerdan crear una comisión negociadora.
- febrero: Organizaciones argentinas reúnen 6.000 firmas para pedir la apertura del puente entre Gualeguaychú y Fray Bentos.
-20 de abril: La CIJ se pronuncia sobre la demanda interpuesta por Argentina
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Hay un antes y un después de Gualeguaychú
Fecha de Publicación: 20/04/2010
Fuente: La Voz del Interior
Hoy no hay gran emprendimiento que no tenga que pasar por la opinión y aprobación explícita de los residentes de la comunidad.
El fallo de la Haya tan esperado por Gualeguaychú seguramente y lamentablemente no pedirá la relocalización de Botnia, como debería ser, por haber sido este megaemprendimiento proyectado en un lugar indebido y sin la aprobación del país vecino, y menos de la gran parte de la comunidad directamente afectada. Pero la legítima resistencia de los residentes ha transformado para siempre el escenario regional en cuanto a la conciencia y movilización ambiental (?) y eso es una invalorable victoria de un pueblo ejemplar. Hay un antes y un después de Gualeguaychú.
Con Gualeguaychú apareció en Argentina el término de "licencia social" instalándose para siempre en el léxico regional, como aquél derecho otorgado por una comunidad a los operadores comerciales en su ámbito. Hoy no hay gran emprendimiento que no tenga que pasar por la opinión y aprobación explícita de los residentes de la comunidad (?).
Con Gualeguaychú se insertó un debate nacional sobre el medio ambiente, instalándose en el seno de la política nacional (?).
Con Gualeguaychú se movilizaron comunidades de todo el país, resistiendo la embestida sin controles ambientales serios de proyectos industriales de gran escala (?).
Con Gualeguaychú los jueces aprendieron que la degradación ambiental afecta a personas, y que los derechos deben ser protegidos (...).
Con Gualeguaychú tembló el Directorio del Banco Mundial y de la Corporación Financiera Internacional, temblaron bancos estatales europeos (como Finnvera de Finlandia), y bancos privados (como ING que retiró su apoyo a Botnia por el conflicto, y Calyon y Nordea, que tuvieron que replantearse su procedimiento de revisión de proyectos a financiar a fin de no ser cómplices en violaciones de derechos humanos).
El fallo de la Haya, que se espera en las próximas horas, será conservador y, dado el historial de la corte, seguramente no se animará a asumir la responsabilidad que nos toca como comunidad mundial en la protección del ambiente, del procedimiento, de la norma y del sentido común.
Pero una cosa está clara, el pueblo de Gualeguaychú ha dejado una marca inolvidable. Su lucha será para siempre recordada como el primer gran paso que hizo nuestro país en la creación de una conciencia ambiental.
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