Salí - Dulce contaminado con cachaza y vinaza
07:57 | 
Publicado por
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Contaminación: La cuenca Salí - Dulce recibe un 23% de cachaza y 60% de vinaza
Fecha de Publicación: 03/03/2010
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
El Comité Permanente de Cuenca Salí Dulce determinó que el principal agente contaminante es la producción industrial de la provincia de Tucumán, ante esta situación, días atrás, se reunieron en la capital provincial los defensores del Pueblo de las provincias afectadas, entre ellos el representante local, Martín Díaz Achával y el defensor del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella.
Respecto de este encuentro, el doctor Díaz Achával destacó la predisposición de los funcionarios del gobierno tucumano, ya que les han presentado un informe con las obras e inversiones realizadas por las industrias de esa provincia, tendientes a mitigar las acciones de contaminación en el último año para el tratamiento de cachaza, que representa el 23% de los efluentes contaminantes y de vinaza, que representa cerca del 60%. A su vez, indicó que en principio, en la zafra 2010 se bajarían los efectos contaminantes, por lo que realizó una solicitud por escrito para visitar y comprobar que realmente se dé esta situación.
Por otra parte, manifestó que se han sumado al informe crítico presentado por la Defensoría de la Nación sobre los análisis del agua en base a 5 variables, que son los que han mostrado mejoría en sus resultados, pero los especialistas con los que cuenta la Defensoría hablan de 30 variables al momento de analizar el grado de contaminación del agua.
Respecto de la contaminación minera, el doctor Díaz Achával explicó que la Defensoría es querellante ante la Justicia Federal, pero que en los resultados de los muestreos tomados en canales de agua no se han encontrado productos contaminantes. Precisó que esto tiene que ver con que no se realiza la tarea de refinamiento del mineral, que es cuando se utiliza el cianuro y otros productos altamente contaminantes.
El Ceibal
Consultado sobre el avance que ha tenido en el litigio por las tierras de El Ceibal, el defensor del Pueblo explicó que se está avanzando y que es probable que a mediados de año se pueda dar el paso más importante que es la venta de las tierras para después comenzar con las escrituras de las hectáreas a nombre de los pobladores, según lo acordado entre el comité de acreedores y los pobladores de la zona. Al respecto, precisó que el lote en litigio va a pasar a propiedad de quien lo compre, pero luego se entregarán las parcelas a quien corresponda. Díaz Achával remarcó que una vez que se dé cumplimiento al compromiso de ceder las tierras, la Defensoría del Pueblo levantará la medida cautelar que pesa sobre la causa.
Agroquímicos: Buscan solución
Por último, el doctor Díaz Achával informó que el viernes a las 10 se llevará a cabo una reunión en la ciudad de Bandera, con personal de la Defensoría y la intendencia para buscar una solución por la problemática de los agroquímicos, ya que han tenido denuncias de varios vecinos por el tema. Explicó que se buscará un principio de solución y acuerdo estableciendo una zona de interfase, para evitar el uso de agroquímicos con efectos nocivos cerca de las zonas urbanas. De todas maneras, el defensor comunicó que con Bandera se inicia el programa Defensoría Móvil, para lo cual el personal de la oficina se trasladará a distintos puntos de la provincia para escuchar a los pobladores y conocer sus diferentes problemáticas.
Fecha de Publicación: 03/03/2010
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
El Comité Permanente de Cuenca Salí Dulce determinó que el principal agente contaminante es la producción industrial de la provincia de Tucumán, ante esta situación, días atrás, se reunieron en la capital provincial los defensores del Pueblo de las provincias afectadas, entre ellos el representante local, Martín Díaz Achával y el defensor del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella.
Respecto de este encuentro, el doctor Díaz Achával destacó la predisposición de los funcionarios del gobierno tucumano, ya que les han presentado un informe con las obras e inversiones realizadas por las industrias de esa provincia, tendientes a mitigar las acciones de contaminación en el último año para el tratamiento de cachaza, que representa el 23% de los efluentes contaminantes y de vinaza, que representa cerca del 60%. A su vez, indicó que en principio, en la zafra 2010 se bajarían los efectos contaminantes, por lo que realizó una solicitud por escrito para visitar y comprobar que realmente se dé esta situación.
Por otra parte, manifestó que se han sumado al informe crítico presentado por la Defensoría de la Nación sobre los análisis del agua en base a 5 variables, que son los que han mostrado mejoría en sus resultados, pero los especialistas con los que cuenta la Defensoría hablan de 30 variables al momento de analizar el grado de contaminación del agua.
Respecto de la contaminación minera, el doctor Díaz Achával explicó que la Defensoría es querellante ante la Justicia Federal, pero que en los resultados de los muestreos tomados en canales de agua no se han encontrado productos contaminantes. Precisó que esto tiene que ver con que no se realiza la tarea de refinamiento del mineral, que es cuando se utiliza el cianuro y otros productos altamente contaminantes.
El Ceibal
Consultado sobre el avance que ha tenido en el litigio por las tierras de El Ceibal, el defensor del Pueblo explicó que se está avanzando y que es probable que a mediados de año se pueda dar el paso más importante que es la venta de las tierras para después comenzar con las escrituras de las hectáreas a nombre de los pobladores, según lo acordado entre el comité de acreedores y los pobladores de la zona. Al respecto, precisó que el lote en litigio va a pasar a propiedad de quien lo compre, pero luego se entregarán las parcelas a quien corresponda. Díaz Achával remarcó que una vez que se dé cumplimiento al compromiso de ceder las tierras, la Defensoría del Pueblo levantará la medida cautelar que pesa sobre la causa.
Agroquímicos: Buscan solución
Por último, el doctor Díaz Achával informó que el viernes a las 10 se llevará a cabo una reunión en la ciudad de Bandera, con personal de la Defensoría y la intendencia para buscar una solución por la problemática de los agroquímicos, ya que han tenido denuncias de varios vecinos por el tema. Explicó que se buscará un principio de solución y acuerdo estableciendo una zona de interfase, para evitar el uso de agroquímicos con efectos nocivos cerca de las zonas urbanas. De todas maneras, el defensor comunicó que con Bandera se inicia el programa Defensoría Móvil, para lo cual el personal de la oficina se trasladará a distintos puntos de la provincia para escuchar a los pobladores y conocer sus diferentes problemáticas.
GBA :más de 200 canteras que son un peligro
El GBA tiene más de 200 canteras que son un peligro a cielo abierto
Fecha de Publicación: 02/03/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Buenos Aires
Las cavas pueden transformarse en una trampa mortal. Y un factor de peligro que se potencia en el verano y las temporadas cálidas. En el Gran Buenos Aires existen 83 canteras registradas, pero los cálculos oficiales indican que habría por lo menos otras 130 abandonadas, muchas clandestinas, que constituyen un riesgo a cielo abierto en zonas periféricas y semi rurales.
Son excavaciones utilizadas para la extracción de minerales, tierra para ladrillos, piedra para construcción de obras viales o edificios que quedan cubiertas de agua, con escaso control y nula seguridad.
Aunque no existen estadísticas precisas, en el Ministerio de Seguridad bonaerense aseguran que cada temporada mueren entre cuatro y seis personas ahogadas en los piletones artificiales que se extienden en los distritos del conurbano. Los datos corresponden a las actuaciones de la División Bomberos de la fuerza que interviene en este tipo de accidentes.
La peor tragedia reciente se registró hace seis meses en una tosquera de Florencio Varela: murieron dos nenes de 10 y 12 años. Y también dos mayores que intentaron rescatarlos. El lugar es conocido por su peligrosidad histórica (ver Los casos resonantes...).
Además de estos casos fatales, los bordes verticales de estas enormes fosas pueden provocar derrumbes y riesgo para vehículos o propiedades vecinas.
A partir de este diagnóstico, el gobierno provincial inició una tarea de relevamiento y actualización de los datos vinculados con las canteras activas o desechadas. Los municipios deberán elevar un informe sobre la situación de cada distrito. Sólo en La Plata habría 50 canteras en desuso. También se hará una inspección satelital para determinar la forma y la ubicación exacta de cada una. "Constituyen pasivos ambientales, un foco de contaminación -porque se utilizan como basurales- y un peligro para la población que vive cerca", admitió el ministro de la Producción bonaerense, Martín Ferré.
Las autoridades tienen previsto invertir casi 50 millones de pesos en tareas de "remediación". Con esos fondos se financiarán trabajos de cercado de los predios, señalización y, en caso de ser necesario, vigilancia para evitar accidentes.
También la plata será utilizada para los trabajos de tapado de las cavas abiertas.
Las autoridades intentan controlar la actividad que determina la existencia de las fosas. Por eso, la Dirección de Minería reglamentó la Guía de Traslado de sustancias Minerales, que obligará a los transportistas informar la procedencia y destino de las cargas de tierra o tosca que transitan por la provincia.
"Serán documentos obligatorios emitidos por cuadruplicado. Y una de las copias quedará en el ministerio", explicó Ferré.
Además, se reforzará la tarea del Registro de Productores Minerales. Allí deberán inscribirse las empresas dedicadas a la explotación minera. Tendrán que presentar el diseño de la cantera, la modalidad de extracción, los detalles de inversión y la documentación de la propiedad del predio. "Estas exigencias están previstas en el Código Minero y vamos a iniciar inspecciones con personal propio y con los municipios", aseguró el funcionario.
No obstante, admitió que será necesario un trabajo constante de más de cinco años para regularizar la situación de los terrenos convertidos en inmensos pozos esparcidos en los distritos que rodean la Capital Federal.
Fecha de Publicación: 02/03/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Buenos Aires
Las cavas pueden transformarse en una trampa mortal. Y un factor de peligro que se potencia en el verano y las temporadas cálidas. En el Gran Buenos Aires existen 83 canteras registradas, pero los cálculos oficiales indican que habría por lo menos otras 130 abandonadas, muchas clandestinas, que constituyen un riesgo a cielo abierto en zonas periféricas y semi rurales.
Son excavaciones utilizadas para la extracción de minerales, tierra para ladrillos, piedra para construcción de obras viales o edificios que quedan cubiertas de agua, con escaso control y nula seguridad.
Aunque no existen estadísticas precisas, en el Ministerio de Seguridad bonaerense aseguran que cada temporada mueren entre cuatro y seis personas ahogadas en los piletones artificiales que se extienden en los distritos del conurbano. Los datos corresponden a las actuaciones de la División Bomberos de la fuerza que interviene en este tipo de accidentes.
La peor tragedia reciente se registró hace seis meses en una tosquera de Florencio Varela: murieron dos nenes de 10 y 12 años. Y también dos mayores que intentaron rescatarlos. El lugar es conocido por su peligrosidad histórica (ver Los casos resonantes...).
Además de estos casos fatales, los bordes verticales de estas enormes fosas pueden provocar derrumbes y riesgo para vehículos o propiedades vecinas.
A partir de este diagnóstico, el gobierno provincial inició una tarea de relevamiento y actualización de los datos vinculados con las canteras activas o desechadas. Los municipios deberán elevar un informe sobre la situación de cada distrito. Sólo en La Plata habría 50 canteras en desuso. También se hará una inspección satelital para determinar la forma y la ubicación exacta de cada una. "Constituyen pasivos ambientales, un foco de contaminación -porque se utilizan como basurales- y un peligro para la población que vive cerca", admitió el ministro de la Producción bonaerense, Martín Ferré.
Las autoridades tienen previsto invertir casi 50 millones de pesos en tareas de "remediación". Con esos fondos se financiarán trabajos de cercado de los predios, señalización y, en caso de ser necesario, vigilancia para evitar accidentes.
También la plata será utilizada para los trabajos de tapado de las cavas abiertas.
Las autoridades intentan controlar la actividad que determina la existencia de las fosas. Por eso, la Dirección de Minería reglamentó la Guía de Traslado de sustancias Minerales, que obligará a los transportistas informar la procedencia y destino de las cargas de tierra o tosca que transitan por la provincia.
"Serán documentos obligatorios emitidos por cuadruplicado. Y una de las copias quedará en el ministerio", explicó Ferré.
Además, se reforzará la tarea del Registro de Productores Minerales. Allí deberán inscribirse las empresas dedicadas a la explotación minera. Tendrán que presentar el diseño de la cantera, la modalidad de extracción, los detalles de inversión y la documentación de la propiedad del predio. "Estas exigencias están previstas en el Código Minero y vamos a iniciar inspecciones con personal propio y con los municipios", aseguró el funcionario.
No obstante, admitió que será necesario un trabajo constante de más de cinco años para regularizar la situación de los terrenos convertidos en inmensos pozos esparcidos en los distritos que rodean la Capital Federal.
Diluvios, inundaciones y sequías serán habituales
Diluvios, inundaciones y sequías serán habituales en la Argentina
Fecha de Publicación: 01/03/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Diluvios cinematográficos que azotan a una atónita Buenos Aires; inundaciones con decenas de miles evacuados en ciudades cercanas a los ríos Paraná y Uruguay; aludes de barro que arrastran casas, autos, puentes y personas en Salta, Córdoba y de pronto también en Comodoro Rivadavia; sequías bíblicas que ahogan el ganado en Buenos Aires, convierten el pasto en arena en La Pampa o vacían el lago San Roque en Villa Carlos Paz: estos y otros desastres naturales ocurrieron en Argentina, sólo en el último año. Y van a repetirse.
Las tormentas como las que sumergieron a Buenos Aires en las últimas dos semanas no deberían ser una sorpresa para nadie: desde hace al menos tres años, los científicos vienen repitiendo que llegarán a convertirse en habituales. ¿Por qué? "Por una suma de variables, que este año están operando simultáneamente", explica la doctora Inés Camilloni, del Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera de la UBA. "Hay un fenómeno cíclico y natural como es El Niño, que consiste en un calentamiento temporal del Océano Pacífico y que con una frecuencia de entre dos y siete años provoca más precipitaciones en los ríos Paraná, Uruguay, Paraguay y el Río de la Plata. Las peores lluvias las tendremos en este otoño", anuncia.
Pero a este factor natural hay que sumarle otros, en los que sí intervino la mano del hombre: los drásticos cambios en el uso del suelo -cientos de miles de hectáreas de bosques nativos reemplazadas por cultivos cerealeros rebosantes de agroquímicos- y la concentración de gases del efecto invernadero cambiaron la composición de la atmósfera y aceleraron la llegada a la región de los principales efectos del cambio climático: el aumento de la temperatura y de las lluvias. "En el centro-este del país ya tenemos más precipitaciones, que a su vez se producen de un nuevo modo: con lluvias más espaciadas pero torrenciales", dice Camilloni. Un dato: los meteorólogos consideran que una tormenta es 'muy fuerte' cuando llueven más de 100 milímetros en un día. En las últimas dos semanas, en tres ocasiones, esa cantidad de agua cayó en menos de dos horas.
El último elemento que colaboró con los diluvios de estos días también es fruto de la acción humana. Los científicos lo llaman el "efecto ciudad": la expansión del hormigón y el cemento aumenta el reflejo de los rayos solares a la atmósfera, y el calor que emanan los automóviles y los aparatos de aire acondicionado -por tomar sólo dos ejemplos- suben la temperatura y la humedad.
"Esto se nota más a la mañana; 'la fresca' ya es un recuerdo y las temperaturas mínimas son cada vez más altas. Las máximas también están subiendo por el cambio climático, y por eso tendremos cada vez más olas de calor, tanto en verano como también en invierno", asegura Camilloni." ¿Una exageración? Para quienes ya lo olvidaron: el pasado 30 de agosto Buenos Aires tuvo una temperatura de 34,4 grados.
Según el último informe del Centro de Previsión del Tiempo y Estudios Climáticos de Brasil, los escenarios más optimistas presentan para los próximos setenta años un aumento de la temperatura de 1,9 grados para una vasta zona que incluye Buenos Aires (los pesimistas dicen 2,8 grados). Pues bien, todo lo que se discute sobre el cambio climático en todo el mundo responde a un aumento de la temperatura del planeta de poco menos de un grado en el último siglo. Hay más datos inapelables: en los últimos cien años, en la zona centro y norte del país las lluvias aumentaron un 23 por ciento, mientras que en la zona oeste se redujeron un 50 por ciento. Entre 1910 y 1960, jamás hubo más de tres días de "tormentas fuertes" por década. Este año, Buenos Aires los soportó en una semana.
Sobre llovido, mojado: la deforestación de más de un millón de hectáreas de bosques nativos en los últimos seis años también fue clave en la multiplicación de aludes como el que hace un año arrasó la ciudad salteña de Tartagal o el que hace diez días se desató sobre Comodoro Rivadavia.
Habrá que prepararse para nuevas amenazas, y las expectativas no son felices. Ni la periódica cita con el Niño, ni la desforestación masiva de los bosques causaron hasta ahora ninguna reacción previsora, consistente y coordinada por parte del Estado. Hace tres años, Clarín daba cuenta de varias investigaciones realizadas por científicos argentinos y entregadas al Gobierno. Sus resultados tienen una vigencia total, tanto como la falta de respuesta a ese detallado pronóstico. Entre otros datos, ya se sabe que la región pampeana será la más golpeada por las inundaciones, y reparar los daños costará unos 150 millones de pesos por año; que las inundaciones y las sequías asolarán alternativa o simultáneamente zonas de Córdoba, Santa Fe y Chaco, y que los municipios del Conurbano más expuestos a las inundaciones son La Matanza, Esteban Echeverría, Lomas de Zamora y Quilmes.
De pronto parece haber voluntad de hacer algo, de pronto no. El presupuesto de este año asignó 1.628 millones de pesos al Plan de Control de Inundaciones. Pero pocos días después de que el Congreso lo aprobara, la Presidenta le recortó por decreto una partida de 810 millones. La mitad. Clarín intentó durante una semana contactar al director de Cambio Climático de la secretaría de Ambiente, Nazareno Castillo. Sus asistentes dijeron que estaba de viaje y pidieron un cuestionario, que él jamás respondió.
Los pronósticos ya empezaron a convertirse en hechos, mientras los planes oficiales avanzan a cuentagotas y en forma desarticulada, o directamente no existen. Absortos en internas y especulaciones políticas, funcionarios y legisladores permanecen literalmente impermeables a las urgencias y problemas que impone la agenda ambiental. Siguen en lo suyo. Como quien oye llover.
Fecha de Publicación: 01/03/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Diluvios cinematográficos que azotan a una atónita Buenos Aires; inundaciones con decenas de miles evacuados en ciudades cercanas a los ríos Paraná y Uruguay; aludes de barro que arrastran casas, autos, puentes y personas en Salta, Córdoba y de pronto también en Comodoro Rivadavia; sequías bíblicas que ahogan el ganado en Buenos Aires, convierten el pasto en arena en La Pampa o vacían el lago San Roque en Villa Carlos Paz: estos y otros desastres naturales ocurrieron en Argentina, sólo en el último año. Y van a repetirse.
Las tormentas como las que sumergieron a Buenos Aires en las últimas dos semanas no deberían ser una sorpresa para nadie: desde hace al menos tres años, los científicos vienen repitiendo que llegarán a convertirse en habituales. ¿Por qué? "Por una suma de variables, que este año están operando simultáneamente", explica la doctora Inés Camilloni, del Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera de la UBA. "Hay un fenómeno cíclico y natural como es El Niño, que consiste en un calentamiento temporal del Océano Pacífico y que con una frecuencia de entre dos y siete años provoca más precipitaciones en los ríos Paraná, Uruguay, Paraguay y el Río de la Plata. Las peores lluvias las tendremos en este otoño", anuncia.
Pero a este factor natural hay que sumarle otros, en los que sí intervino la mano del hombre: los drásticos cambios en el uso del suelo -cientos de miles de hectáreas de bosques nativos reemplazadas por cultivos cerealeros rebosantes de agroquímicos- y la concentración de gases del efecto invernadero cambiaron la composición de la atmósfera y aceleraron la llegada a la región de los principales efectos del cambio climático: el aumento de la temperatura y de las lluvias. "En el centro-este del país ya tenemos más precipitaciones, que a su vez se producen de un nuevo modo: con lluvias más espaciadas pero torrenciales", dice Camilloni. Un dato: los meteorólogos consideran que una tormenta es 'muy fuerte' cuando llueven más de 100 milímetros en un día. En las últimas dos semanas, en tres ocasiones, esa cantidad de agua cayó en menos de dos horas.
El último elemento que colaboró con los diluvios de estos días también es fruto de la acción humana. Los científicos lo llaman el "efecto ciudad": la expansión del hormigón y el cemento aumenta el reflejo de los rayos solares a la atmósfera, y el calor que emanan los automóviles y los aparatos de aire acondicionado -por tomar sólo dos ejemplos- suben la temperatura y la humedad.
"Esto se nota más a la mañana; 'la fresca' ya es un recuerdo y las temperaturas mínimas son cada vez más altas. Las máximas también están subiendo por el cambio climático, y por eso tendremos cada vez más olas de calor, tanto en verano como también en invierno", asegura Camilloni." ¿Una exageración? Para quienes ya lo olvidaron: el pasado 30 de agosto Buenos Aires tuvo una temperatura de 34,4 grados.
Según el último informe del Centro de Previsión del Tiempo y Estudios Climáticos de Brasil, los escenarios más optimistas presentan para los próximos setenta años un aumento de la temperatura de 1,9 grados para una vasta zona que incluye Buenos Aires (los pesimistas dicen 2,8 grados). Pues bien, todo lo que se discute sobre el cambio climático en todo el mundo responde a un aumento de la temperatura del planeta de poco menos de un grado en el último siglo. Hay más datos inapelables: en los últimos cien años, en la zona centro y norte del país las lluvias aumentaron un 23 por ciento, mientras que en la zona oeste se redujeron un 50 por ciento. Entre 1910 y 1960, jamás hubo más de tres días de "tormentas fuertes" por década. Este año, Buenos Aires los soportó en una semana.
Sobre llovido, mojado: la deforestación de más de un millón de hectáreas de bosques nativos en los últimos seis años también fue clave en la multiplicación de aludes como el que hace un año arrasó la ciudad salteña de Tartagal o el que hace diez días se desató sobre Comodoro Rivadavia.
Habrá que prepararse para nuevas amenazas, y las expectativas no son felices. Ni la periódica cita con el Niño, ni la desforestación masiva de los bosques causaron hasta ahora ninguna reacción previsora, consistente y coordinada por parte del Estado. Hace tres años, Clarín daba cuenta de varias investigaciones realizadas por científicos argentinos y entregadas al Gobierno. Sus resultados tienen una vigencia total, tanto como la falta de respuesta a ese detallado pronóstico. Entre otros datos, ya se sabe que la región pampeana será la más golpeada por las inundaciones, y reparar los daños costará unos 150 millones de pesos por año; que las inundaciones y las sequías asolarán alternativa o simultáneamente zonas de Córdoba, Santa Fe y Chaco, y que los municipios del Conurbano más expuestos a las inundaciones son La Matanza, Esteban Echeverría, Lomas de Zamora y Quilmes.
De pronto parece haber voluntad de hacer algo, de pronto no. El presupuesto de este año asignó 1.628 millones de pesos al Plan de Control de Inundaciones. Pero pocos días después de que el Congreso lo aprobara, la Presidenta le recortó por decreto una partida de 810 millones. La mitad. Clarín intentó durante una semana contactar al director de Cambio Climático de la secretaría de Ambiente, Nazareno Castillo. Sus asistentes dijeron que estaba de viaje y pidieron un cuestionario, que él jamás respondió.
Los pronósticos ya empezaron a convertirse en hechos, mientras los planes oficiales avanzan a cuentagotas y en forma desarticulada, o directamente no existen. Absortos en internas y especulaciones políticas, funcionarios y legisladores permanecen literalmente impermeables a las urgencias y problemas que impone la agenda ambiental. Siguen en lo suyo. Como quien oye llover.
Se recicla poco y sin lugar donde enterrarla...
Se recicla poco y no surgen lugares donde enterrarla
Fecha de Publicación: 28/02/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Capital
Al relleno donde van los residuos porteños le quedan dos años y debe cerrar. Proponen ampliarlo pero hay oposición, igual que a nuevas plantas de tratamiento. La Ciudad sigue sin plan de reciclado.
Nadie quiere la basura cerca. Lo supo el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, y lo sabe el actual, Daniel Scioli. Cada vez que se menciona un municipio como probable sede de un nuevo relleno sanitario para recibir los residuos de la Ciudad y el Conurbano, la reacción vecinal abortó cualquier negociación.
Ahora, con los rellenos sanitarios de la Provincia al borde de la saturación, la Ciudad de Buenos Aires no encuentra soluciones para el problema de qué hacer con la basura en un futuro cercano.
Y además se recicla poco: como mínimo se podría recuperar el doble de lo que se está reciclando en la actualidad. La Ciudad no cumple con la Ley de Basura Cero, que establece como meta para este año una reducción del 30% de toneladas que se entierran. Según los datos oficiales publicados por la CEAMSE, en 2009 mandó 1.847.748,4 toneladas, contra 1.884.460 del año anterior, casi la misma cantidad (Ver "Podría recuperarse ...").
La crisis de la basura espera definiciones. Es que fuentes de la CEAMSE -la empresa estatal que administra los rellenos sanitarios- y del Gobierno de la Ciudad confiaron en que al relleno sanitario ubicado en el Camino del Buen Ayre (Norte III), que recibe los residuos de la Capital, tendría una vida útil estimada en dos años más y que por eso se está evaluando ampliarlo.
Claro que esa alternativa tampoco se presenta fácil, porque habría que contar con el consentimiento del Ejército -los terrenos apuntados son parte del Regimiento Militar de Campo de Mayo- y de la Municipalidad de San Miguel, donde está el relleno. Por lo pronto, el secretario de Gobierno del Partido, Alfonso Col Areco, dijo a Clarín que San Miguel "no va a aceptar que se amplíe el relleno" y, por el contrario, está apuntando a que se le garantice una fecha de cierre entre 2012 y 2015.
"Entendemos que no podemos dejar a la Ciudad de Buenos Aires sin un lugar donde disponer su basura. Pero la capacidad del relleno sanitario está llegando a un límite", agregó el funcionario. Este diario intentó consultar a la CEAMSE, pero ni su presidente Raúl de Elizalde (quien representa al gobierno de Scioli) ni el vice, José Luis Novick (hombre nombrado a instancias del macrismo) quisieron hablar.
En agosto de 2008 Scioli y Macri firmaron ante la prensa un "acuerdo de gestión integral de residuos sólidos urbanos". La Ciudad se comprometió a financiar la construcción de dos nuevos rellenos sanitarios y dos plantas de transferencia y la Provincia, a lo más difícil: encontrar lugares dónde ubicarlos. Hoy, la realidad indica que ese convenio es letra muerta, a pesar de que en la Jefatura de Gabinete de la Provincia lo niegan y enfatizan que el acuerdo no puso fecha, por lo que todavía se está a tiempo de llevarlo a la práctica.
Sin embargo, fuentes políticas de la Provincia revelaron que la idea era instalar los rellenos en los partidos de La Plata y en el de Zárate o Campana, pero que en los municipios les dijeron que no, porque saben que sus vecinos no lo tolerarían. La Plata fue más allá: "Vamos a salir del sistema de la CEAMSE, que ha colapsado conceptualmente, porque no dispone la basura de un modo ambientalmente sustentable. Los rellenos sanitarios tienen un altísimo rechazo social y debemos ir hacia sistemas de tratamiento de la basura que la aprovechen de otra manera", dijo Sergio Federovisky, titular de la Agencia Ambiental del municipio de la capital bonaerense.
La Plata y los municipios cercanos envían hoy sus residuos al relleno sanitario que la CEAMSE tiene en Punta Lara, sobre el cual pesa una orden de cierre de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que ya debió haberse efectivizado. Pero como la sentencia estableció que se puede seguir recibiendo allí basura hasta que haya una alternativa, en la CEAMSE estiran los tiempos.
El tercer relleno sanitario que tiene la CEAMSE es el de González Catán, que sigue abierto a pesar de que ya el gobernador Solá había prometido cerrarlo a los vecinos que se quejan por la contaminación. Solá dejó su gobernación en diciembre de 2007 sin poder resolver este problema, por el cual padeció violentas manifestaciones, por ejemplo de los vecinos de Brandsen, municipio que se señaló como posible destino de la basura.
A fines del año pasado comenzaron a reunirse por este tema representantes de la CEAMSE, de la Provincia, de la Ciudad y del partido de San Miguel, pero la solución todavía no aparece. Sobre la posibilidad de encontrar alternativas a los rellenos sanitarios no hay una opinión única.
Marcela De Luca, docente del Instituto de Ingeniería Sanitaria de la UBA, dijo a este diario que "mucha gente tiene que distinguir entre un relleno sanitario y un basural. Un relleno es un dispositivo de ingeniería, que no contamina el suelo ni las aguas subterráneas y en el que se tratan los líquidos generados, que son los lixiviados y los gases de relleno. Todo esto minimiza el potencial de contaminación. Además, estas instalaciones cuentan con sistemas de monitoreo de las aguas superficiales y subterráneas; y de calidad de aire, de modo tal de garantizar una operación segura".
De Luca advirtió que "aunque se minimice la cantidad y se separen los materiales reciclables presentes en los residuos, siempre va a existir la necesidad de enviar residuos a disposición final. Aun si se incinera, quedan las cenizas. Y no existe otra tecnología de disposición final que no sea el relleno sanitario".
Fecha de Publicación: 28/02/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Capital
Al relleno donde van los residuos porteños le quedan dos años y debe cerrar. Proponen ampliarlo pero hay oposición, igual que a nuevas plantas de tratamiento. La Ciudad sigue sin plan de reciclado.
Nadie quiere la basura cerca. Lo supo el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, y lo sabe el actual, Daniel Scioli. Cada vez que se menciona un municipio como probable sede de un nuevo relleno sanitario para recibir los residuos de la Ciudad y el Conurbano, la reacción vecinal abortó cualquier negociación.
Ahora, con los rellenos sanitarios de la Provincia al borde de la saturación, la Ciudad de Buenos Aires no encuentra soluciones para el problema de qué hacer con la basura en un futuro cercano.
Y además se recicla poco: como mínimo se podría recuperar el doble de lo que se está reciclando en la actualidad. La Ciudad no cumple con la Ley de Basura Cero, que establece como meta para este año una reducción del 30% de toneladas que se entierran. Según los datos oficiales publicados por la CEAMSE, en 2009 mandó 1.847.748,4 toneladas, contra 1.884.460 del año anterior, casi la misma cantidad (Ver "Podría recuperarse ...").
La crisis de la basura espera definiciones. Es que fuentes de la CEAMSE -la empresa estatal que administra los rellenos sanitarios- y del Gobierno de la Ciudad confiaron en que al relleno sanitario ubicado en el Camino del Buen Ayre (Norte III), que recibe los residuos de la Capital, tendría una vida útil estimada en dos años más y que por eso se está evaluando ampliarlo.
Claro que esa alternativa tampoco se presenta fácil, porque habría que contar con el consentimiento del Ejército -los terrenos apuntados son parte del Regimiento Militar de Campo de Mayo- y de la Municipalidad de San Miguel, donde está el relleno. Por lo pronto, el secretario de Gobierno del Partido, Alfonso Col Areco, dijo a Clarín que San Miguel "no va a aceptar que se amplíe el relleno" y, por el contrario, está apuntando a que se le garantice una fecha de cierre entre 2012 y 2015.
"Entendemos que no podemos dejar a la Ciudad de Buenos Aires sin un lugar donde disponer su basura. Pero la capacidad del relleno sanitario está llegando a un límite", agregó el funcionario. Este diario intentó consultar a la CEAMSE, pero ni su presidente Raúl de Elizalde (quien representa al gobierno de Scioli) ni el vice, José Luis Novick (hombre nombrado a instancias del macrismo) quisieron hablar.
En agosto de 2008 Scioli y Macri firmaron ante la prensa un "acuerdo de gestión integral de residuos sólidos urbanos". La Ciudad se comprometió a financiar la construcción de dos nuevos rellenos sanitarios y dos plantas de transferencia y la Provincia, a lo más difícil: encontrar lugares dónde ubicarlos. Hoy, la realidad indica que ese convenio es letra muerta, a pesar de que en la Jefatura de Gabinete de la Provincia lo niegan y enfatizan que el acuerdo no puso fecha, por lo que todavía se está a tiempo de llevarlo a la práctica.
Sin embargo, fuentes políticas de la Provincia revelaron que la idea era instalar los rellenos en los partidos de La Plata y en el de Zárate o Campana, pero que en los municipios les dijeron que no, porque saben que sus vecinos no lo tolerarían. La Plata fue más allá: "Vamos a salir del sistema de la CEAMSE, que ha colapsado conceptualmente, porque no dispone la basura de un modo ambientalmente sustentable. Los rellenos sanitarios tienen un altísimo rechazo social y debemos ir hacia sistemas de tratamiento de la basura que la aprovechen de otra manera", dijo Sergio Federovisky, titular de la Agencia Ambiental del municipio de la capital bonaerense.
La Plata y los municipios cercanos envían hoy sus residuos al relleno sanitario que la CEAMSE tiene en Punta Lara, sobre el cual pesa una orden de cierre de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que ya debió haberse efectivizado. Pero como la sentencia estableció que se puede seguir recibiendo allí basura hasta que haya una alternativa, en la CEAMSE estiran los tiempos.
El tercer relleno sanitario que tiene la CEAMSE es el de González Catán, que sigue abierto a pesar de que ya el gobernador Solá había prometido cerrarlo a los vecinos que se quejan por la contaminación. Solá dejó su gobernación en diciembre de 2007 sin poder resolver este problema, por el cual padeció violentas manifestaciones, por ejemplo de los vecinos de Brandsen, municipio que se señaló como posible destino de la basura.
A fines del año pasado comenzaron a reunirse por este tema representantes de la CEAMSE, de la Provincia, de la Ciudad y del partido de San Miguel, pero la solución todavía no aparece. Sobre la posibilidad de encontrar alternativas a los rellenos sanitarios no hay una opinión única.
Marcela De Luca, docente del Instituto de Ingeniería Sanitaria de la UBA, dijo a este diario que "mucha gente tiene que distinguir entre un relleno sanitario y un basural. Un relleno es un dispositivo de ingeniería, que no contamina el suelo ni las aguas subterráneas y en el que se tratan los líquidos generados, que son los lixiviados y los gases de relleno. Todo esto minimiza el potencial de contaminación. Además, estas instalaciones cuentan con sistemas de monitoreo de las aguas superficiales y subterráneas; y de calidad de aire, de modo tal de garantizar una operación segura".
De Luca advirtió que "aunque se minimice la cantidad y se separen los materiales reciclables presentes en los residuos, siempre va a existir la necesidad de enviar residuos a disposición final. Aun si se incinera, quedan las cenizas. Y no existe otra tecnología de disposición final que no sea el relleno sanitario".
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Denunciar el cambalache
Los ambientalistas deben denunciar el cambalache
Fecha de Publicación: 27/02/2010
Fuente: El Diario de Paraná - Por Jorge Oscar Daneri - Abogado. Dirigente ambientalista
Provincia/Región: Nacional
El Poder Ejecutivo Nacional modificó el Presupuesto General de la Administración para el Ejercicio 2010, redireccionando un total de $ 144 millones a la «Jefatura del Programa Fútbol para Todos», recursos destinados originariamente a transferencias a municipios y provincias para programas y proyectos de políticas ambientales .
¿Qué lectura se puede hacer sobre medidas políticas de esta naturaleza? Qué negocio está en “juego”, que prevalece el juego millonario del fútbol por sobre políticas que deberían ser prioritarias y urgentes ante escenarios climáticos y de emergencias ambientales, que tanto tiempo se anticiparon, y que ahora, cada día más es sufrida por productores, ciudadanos urbanos, y tantas comunidades en el interior de nuestro país.
La lista es gigante, desde los conflictos socioambientales, transitando hacia nuevas políticas. Señalar solo los procesos de demolición del bosque, selva y montes nativos y sus consecuencias sobre comunidades y cuencas en todas las escalas.
Las obras necesarias a redireccionar en sus aplicaciones originarias, como infraestructura pública, tipología de puentes, canalizaciones, acceso al agua potable en zonas desérticas, replanificación urbana y del transporte público e investigación en energías alternativas.
No están en el debate político estos puntos y tantos otros. Lo que está es un mejor acceso televisivo al deporte más popular y redituable, en el caso, para una minoría con acceso directo a los dos señores ministros o la propia Presidente.
Debemos también indicar ya no con asombro, que ningún gobernador se ha molestado por la medida. Menos los responsables de las áreas ambientales provinciales, menos aún, el Secretario de Ambiente de la Nación.
Son las organizaciones ambientales las que tienen que denunciar el cambalache producido. Uno más, fruto de un desgobierno en política ambiental, que resulta simplemente, más aún con esta medida, escandaloso e impúdico.
No resulta un detalle menor, a solo meses de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya en el caso planta de celulosa de Botnia.
Uno se pregunta, ¿Qué tipo de broma es ésta? ¿Quién en el gobierno valora la oportunidad de semejante decisiones?
¿El Sr. canciller o su equipo de asesores fueron consultados? ¿Lo llamaron por lo menos por teléfono al Secretario de Ambiente de la Nación para decirle que le quitaban la mitad de los fondos para las Provincias?
Y el Cofema (Consejo Federal de Medio Ambiente) ¿Qué ha dicho, denunciado o frenado?
En Entre Ríos se está atravesando por un proceso de Ordenamiento Territorial Ambiental del Bosque Nativo que se ha venido implementando con una lentitud anárquica y sin el apoyo financiero del Estado Nacional, lo que dificulta la tarea y retrasa no solo las medidas necesarias para su recomposición, sino que además es funcional a su destrucción.
Estas decisiones demuestran que lograr las metas dispuestas por las normas ambientales de presupuestos mínimos nacionales es cada vez más dificultoso para las provincias y sus comunidades, que no cuentan con los recursos económicos mínimamente necesarios.
Pero esta claro, en un país donde dos ministros son más importantes que el Congreso de la Nación para redireccionar fondos públicos a donde se les ocurra, todo es posible, incluso, violar la esencia misma del ser de una democracia, la división de poderes, algo naturalizado en nuestra Argentina.
Son modos de un cambalache al mejor estilo de nuestro tango, un golazo en contra de los intereses más significativos de una nación que debería mirar y hacer a mediano y largo plazo.
No, esto es un sueño, el domingo solo importa el partido para las mayorías, y el negocio para estos eficientes funcionarios, los que actúan como los dos ministros y los que esconden en el silencio, su sin vergüenza y cobardía.
Fecha de Publicación: 27/02/2010
Fuente: El Diario de Paraná - Por Jorge Oscar Daneri - Abogado. Dirigente ambientalista
Provincia/Región: Nacional
El Poder Ejecutivo Nacional modificó el Presupuesto General de la Administración para el Ejercicio 2010, redireccionando un total de $ 144 millones a la «Jefatura del Programa Fútbol para Todos», recursos destinados originariamente a transferencias a municipios y provincias para programas y proyectos de políticas ambientales .
¿Qué lectura se puede hacer sobre medidas políticas de esta naturaleza? Qué negocio está en “juego”, que prevalece el juego millonario del fútbol por sobre políticas que deberían ser prioritarias y urgentes ante escenarios climáticos y de emergencias ambientales, que tanto tiempo se anticiparon, y que ahora, cada día más es sufrida por productores, ciudadanos urbanos, y tantas comunidades en el interior de nuestro país.
La lista es gigante, desde los conflictos socioambientales, transitando hacia nuevas políticas. Señalar solo los procesos de demolición del bosque, selva y montes nativos y sus consecuencias sobre comunidades y cuencas en todas las escalas.
Las obras necesarias a redireccionar en sus aplicaciones originarias, como infraestructura pública, tipología de puentes, canalizaciones, acceso al agua potable en zonas desérticas, replanificación urbana y del transporte público e investigación en energías alternativas.
No están en el debate político estos puntos y tantos otros. Lo que está es un mejor acceso televisivo al deporte más popular y redituable, en el caso, para una minoría con acceso directo a los dos señores ministros o la propia Presidente.
Debemos también indicar ya no con asombro, que ningún gobernador se ha molestado por la medida. Menos los responsables de las áreas ambientales provinciales, menos aún, el Secretario de Ambiente de la Nación.
Son las organizaciones ambientales las que tienen que denunciar el cambalache producido. Uno más, fruto de un desgobierno en política ambiental, que resulta simplemente, más aún con esta medida, escandaloso e impúdico.
No resulta un detalle menor, a solo meses de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya en el caso planta de celulosa de Botnia.
Uno se pregunta, ¿Qué tipo de broma es ésta? ¿Quién en el gobierno valora la oportunidad de semejante decisiones?
¿El Sr. canciller o su equipo de asesores fueron consultados? ¿Lo llamaron por lo menos por teléfono al Secretario de Ambiente de la Nación para decirle que le quitaban la mitad de los fondos para las Provincias?
Y el Cofema (Consejo Federal de Medio Ambiente) ¿Qué ha dicho, denunciado o frenado?
En Entre Ríos se está atravesando por un proceso de Ordenamiento Territorial Ambiental del Bosque Nativo que se ha venido implementando con una lentitud anárquica y sin el apoyo financiero del Estado Nacional, lo que dificulta la tarea y retrasa no solo las medidas necesarias para su recomposición, sino que además es funcional a su destrucción.
Estas decisiones demuestran que lograr las metas dispuestas por las normas ambientales de presupuestos mínimos nacionales es cada vez más dificultoso para las provincias y sus comunidades, que no cuentan con los recursos económicos mínimamente necesarios.
Pero esta claro, en un país donde dos ministros son más importantes que el Congreso de la Nación para redireccionar fondos públicos a donde se les ocurra, todo es posible, incluso, violar la esencia misma del ser de una democracia, la división de poderes, algo naturalizado en nuestra Argentina.
Son modos de un cambalache al mejor estilo de nuestro tango, un golazo en contra de los intereses más significativos de una nación que debería mirar y hacer a mediano y largo plazo.
No, esto es un sueño, el domingo solo importa el partido para las mayorías, y el negocio para estos eficientes funcionarios, los que actúan como los dos ministros y los que esconden en el silencio, su sin vergüenza y cobardía.
Una quema al lado de los pingüinos
Una quema al lado de los pingüinos
Fecha de Publicación: 26/02/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Antártida
La denuncia la formularon dos maestros de la escuela de la Base Esperanza, que tomaron fotos como prueba. La contaminación ambiental está severamente prohibida por el Tratado Antártico. Según dice el Ejército, el jefe de la base ya fue sancionado.
La denuncia de un matrimonio de maestros de escuela de la base antártica Esperanza, a cargo del Ejército Argentino, permitió limitar un acto de contaminación ambiental –quema de residuos a cielo abierto– reñido con las normas del Tratado Antártico, y abrió el camino para investigar una serie de raras situaciones. Una de ellas sería que, por demora en la construcción de la nueva escuela –inaugurada formalmente el año pasado por la presidenta de la Nación–, su techo, a medio hacer, fue destruido por una tormenta, y sus restos habrían pasado a formar parte de los residuos ilegalmente quemados. Además, las familias residentes en esa base estarían siendo alimentadas con productos vencidos. Otro caso notable tuvo como protagonistas a más de mil pollos congelados: por una falla en la cámara frigorífica, se descompusieron; los pollos podridos habrían sido enterrados en la proximidad de la base del Uruguay, que estaba temporariamente desocupada. En cuanto a la quema de residuos, la Dirección Nacional del Antártico transmitió la denuncia de los maestros al Ejército, que sancionó al responsable de la base.
En noviembre del año pasado, Mariela Barrios y Alejandro Veuthey –matrimonio de maestros fueguinos a cargo de la Escuela Nº 38 de la provincia de Tierra del Fuego, situada en la base antártica Esperanza– denunció ante la Dirección Nacional del Antártico “la quema de residuos a cielo abierto, en contradicción con el Protocolo sobre Protección del Medio Ambiente anexo al Tratado Antártico”. La denuncia fue respaldada por fotografías realizadas por ellos: “Se quemaban al aire libre distintos materiales, incluso poliuretano, plásticos, cables y aerosoles en desuso”, precisó a este diario Alejandro Veuthey. Según el Protocolo, los residuos deben ser retirados de la Antártida en tambores sellados; sólo ciertos residuos orgánicos pueden ser incinerados, pero no al aire libre sino en incineradores especiales.
“Para colmo, el lugar donde se los quemaba estaba a menos de 50 metros de una de las pingüineras más grandes de la zona, donde van a tener sus crías varios miles de pingüinos Adelia”, agregó Veuthey, y comentó que “todos veían que se quemaba basura pero nadie hacía nada. Es que nosotros éramos los únicos civiles de la base. Los demás eran todos militares y sus esposas, ellos se manejan por órdenes. Llegó un momento en que quemaban la basura cuando nosotros dábamos clase ‘para que no se enteren los maestros’, pero nos enterábamos igual”. La base cuenta con un incinerador que supuestamente cumple las normas del Protocolo. “Tal vez no lo usaban para ahorrar combustible”, hipotetiza el maestro.
Según su colega y esposa Mariela Barrios, entre los residuos quemados al aire libre se hallaban “la mayor parte del plástico y la espuma de poliuretano del techo del nuevo local de la escuela”, que se inauguró el 2 de marzo de 2009 en presencia de la presidenta de la Nación, Cristina Fernández. “Los materiales fueron dispuestos por la provincia de Tierra del Fuego y la construcción debía ser efectuada por el Ejército: pero, después de la inauguración oficial, se demoraron en terminar la obra y a mediados de año, con vientos de 250 kilómetros por hora, la mitad del techo se vino abajo. La escuela todavía tiene un techo provisorio, de chapa”, contó la maestra.
Luego de la denuncia ante la Dirección Nacional del Antártico (ver recuadro), las quemas al aire libre cesaron. “Volvieron a usar el incinerador y limpiaron el sector donde hacían las quemas: claro que en el suelo quedó un gran manchón que sigue demostrando lo que hacían”, señaló Veuthey.
Pero habría más: “En el invierno pasado se quemó el motor de una cámara frigorífica con más de 1000 pollos congelados: quizás se podrían haber conservado haciendo un pozo en el hielo antártico, pero cuando se dieron cuenta ya era tarde. Entonces los juntaron y los enterraron en las cercanías de la base antártica uruguaya, que en esa época del año está cerrada”, según Barrios.
Otro destino indebido para la basura antártica habría sido el estómago de los residentes: “El año pasado, nosotros y todos los que vivíamos en la base consumimos alimentos vencidos –denuncia la maestra–: leche en polvo, galletitas, alfajores, café, yerba elaborados en 2007. Eran productos remanentes de años anteriores, que debían haberse devuelto para su destrucción”.
Barrios y Veuthey fueron seleccionados de entre siete matrimonios de maestros fueguinos para ejercer durante 2009 en la base Esperanza, a cargo del Comando Antártico del Ejército Argentino, mediante un procedimiento que incluye una experiencia previa de varios días de convivencia con los alumnos y sus familias.
Fecha de Publicación: 26/02/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Antártida
La denuncia la formularon dos maestros de la escuela de la Base Esperanza, que tomaron fotos como prueba. La contaminación ambiental está severamente prohibida por el Tratado Antártico. Según dice el Ejército, el jefe de la base ya fue sancionado.
La denuncia de un matrimonio de maestros de escuela de la base antártica Esperanza, a cargo del Ejército Argentino, permitió limitar un acto de contaminación ambiental –quema de residuos a cielo abierto– reñido con las normas del Tratado Antártico, y abrió el camino para investigar una serie de raras situaciones. Una de ellas sería que, por demora en la construcción de la nueva escuela –inaugurada formalmente el año pasado por la presidenta de la Nación–, su techo, a medio hacer, fue destruido por una tormenta, y sus restos habrían pasado a formar parte de los residuos ilegalmente quemados. Además, las familias residentes en esa base estarían siendo alimentadas con productos vencidos. Otro caso notable tuvo como protagonistas a más de mil pollos congelados: por una falla en la cámara frigorífica, se descompusieron; los pollos podridos habrían sido enterrados en la proximidad de la base del Uruguay, que estaba temporariamente desocupada. En cuanto a la quema de residuos, la Dirección Nacional del Antártico transmitió la denuncia de los maestros al Ejército, que sancionó al responsable de la base.
En noviembre del año pasado, Mariela Barrios y Alejandro Veuthey –matrimonio de maestros fueguinos a cargo de la Escuela Nº 38 de la provincia de Tierra del Fuego, situada en la base antártica Esperanza– denunció ante la Dirección Nacional del Antártico “la quema de residuos a cielo abierto, en contradicción con el Protocolo sobre Protección del Medio Ambiente anexo al Tratado Antártico”. La denuncia fue respaldada por fotografías realizadas por ellos: “Se quemaban al aire libre distintos materiales, incluso poliuretano, plásticos, cables y aerosoles en desuso”, precisó a este diario Alejandro Veuthey. Según el Protocolo, los residuos deben ser retirados de la Antártida en tambores sellados; sólo ciertos residuos orgánicos pueden ser incinerados, pero no al aire libre sino en incineradores especiales.
“Para colmo, el lugar donde se los quemaba estaba a menos de 50 metros de una de las pingüineras más grandes de la zona, donde van a tener sus crías varios miles de pingüinos Adelia”, agregó Veuthey, y comentó que “todos veían que se quemaba basura pero nadie hacía nada. Es que nosotros éramos los únicos civiles de la base. Los demás eran todos militares y sus esposas, ellos se manejan por órdenes. Llegó un momento en que quemaban la basura cuando nosotros dábamos clase ‘para que no se enteren los maestros’, pero nos enterábamos igual”. La base cuenta con un incinerador que supuestamente cumple las normas del Protocolo. “Tal vez no lo usaban para ahorrar combustible”, hipotetiza el maestro.
Según su colega y esposa Mariela Barrios, entre los residuos quemados al aire libre se hallaban “la mayor parte del plástico y la espuma de poliuretano del techo del nuevo local de la escuela”, que se inauguró el 2 de marzo de 2009 en presencia de la presidenta de la Nación, Cristina Fernández. “Los materiales fueron dispuestos por la provincia de Tierra del Fuego y la construcción debía ser efectuada por el Ejército: pero, después de la inauguración oficial, se demoraron en terminar la obra y a mediados de año, con vientos de 250 kilómetros por hora, la mitad del techo se vino abajo. La escuela todavía tiene un techo provisorio, de chapa”, contó la maestra.
Luego de la denuncia ante la Dirección Nacional del Antártico (ver recuadro), las quemas al aire libre cesaron. “Volvieron a usar el incinerador y limpiaron el sector donde hacían las quemas: claro que en el suelo quedó un gran manchón que sigue demostrando lo que hacían”, señaló Veuthey.
Pero habría más: “En el invierno pasado se quemó el motor de una cámara frigorífica con más de 1000 pollos congelados: quizás se podrían haber conservado haciendo un pozo en el hielo antártico, pero cuando se dieron cuenta ya era tarde. Entonces los juntaron y los enterraron en las cercanías de la base antártica uruguaya, que en esa época del año está cerrada”, según Barrios.
Otro destino indebido para la basura antártica habría sido el estómago de los residentes: “El año pasado, nosotros y todos los que vivíamos en la base consumimos alimentos vencidos –denuncia la maestra–: leche en polvo, galletitas, alfajores, café, yerba elaborados en 2007. Eran productos remanentes de años anteriores, que debían haberse devuelto para su destrucción”.
Barrios y Veuthey fueron seleccionados de entre siete matrimonios de maestros fueguinos para ejercer durante 2009 en la base Esperanza, a cargo del Comando Antártico del Ejército Argentino, mediante un procedimiento que incluye una experiencia previa de varios días de convivencia con los alumnos y sus familias.
Chaco: sanciones por incumplir la Ley de Biocidas
Ahora habrá sanciones por incumplir la Ley de Biocidas
Fecha de Publicación: 26/02/2010
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
El Ministerio de Producción y Ambiente reforzará los controles e inspecciones en toda la provincia a fin de comprobar en terreno el buen manejo de los agroquímicos, con la intensión de garantizar el cuidado del medio ambiente.
El Ministerio de Producción y Ambiente reforzará los controles e inspecciones en toda la geografía provincial a fin de comprobar en terreno el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Ley de Biocidas, para garantizar el cuidado del medio ambiente. En caso de comprobarse infracciones se aplicarán las sanciones establecidas en la misma.
El ministro de la cartera productiva, Enrique Orban, señaló que desde la su ministerio se ha conformado un equipo de técnicos y especialistas que se encargará de recoger todos los envases de pesticidas, que es lo que dice la ley de Biocidas. “En el interior de la provincia y en muchos sectores del país, adolecemos de controles estrictos de estos elementos”, sostuvo.
Asimismo, indicó que se adquirirán dos máquinas para la reducción de los envases de agroquímicos. De esta manera, se pondrá en práctica un sistema para que el productor que entregue los envases de los productos utilizados, reciba un resarcimiento, que le permita cubrir los gastos de traslado para realizar este operativo. “Los envases deben ser destruidos en zonas donde la Dirección de Agrotóxicos de la Nación indique, porque además es necesario saber que los mismos no pueden ser utilizados para otras tareas”, agregó.
El funcionario explicó que si un productor tiene que hacer una aplicación de agroquímicos en sus campos, está obligado a realizar una declaración y un pedido de permiso 48 horas antes de llevar a cabo el trabajo, a fin de garantizar el buen uso de los productos.
La Ley de Biocidas que tiene la Provincia, otorga al Estado la facultad de manejar la venta, distribución y aplicación de todos los productos agroquímicos como los fertilizantes, herbicidas y pesticidas, que se aplican ante la aparición de plagas. La aplicación puede ser en forma terrestre o aérea, para lo cual todas requieren los permisos necesarios.
Al referirse a los controles de los agroquímicos que se utilizan en los campos y que en breve se comenzará en distintos puntos de la geografía provincial, el ministro de Producción y Ambiente, Enrique Orban, anticipó que se trabajará en el cordón frutihortícola de zonas como el Gran Resistencia o Castelli sobre determinaciones de pesticidas. “Para ello se suscribirá un convenio con la Facultad de Agroindustria de Sáenz Peña y la carrera de Bioquímica, para que colaboren en la certificación de lo que consumimos”, manifestó.
“Este tipo de controles es un rol indelegable del Estado. Nosotros sabemos que productos de otros lugares donde no se hacen los controles sobre los residuos de pesticidas y que no dan los valores de tolerancia, vienen a venderse en zonas como la nuestra, por eso debemos tener especial cuidado”, advirtió.
Por último indicó que dichas acciones tienen que estar articuladas con Salud Pública, tanto de provincia como de Nación, “a través de programas que tiendan a minimizar el impacto que tiene la aplicación de cualquier producto en el ambiente, preservando los niveles de inocuidad y calidad que tiene que tener un alimento”, finalizó.
Fecha de Publicación: 26/02/2010
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
El Ministerio de Producción y Ambiente reforzará los controles e inspecciones en toda la provincia a fin de comprobar en terreno el buen manejo de los agroquímicos, con la intensión de garantizar el cuidado del medio ambiente.
El Ministerio de Producción y Ambiente reforzará los controles e inspecciones en toda la geografía provincial a fin de comprobar en terreno el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Ley de Biocidas, para garantizar el cuidado del medio ambiente. En caso de comprobarse infracciones se aplicarán las sanciones establecidas en la misma.
El ministro de la cartera productiva, Enrique Orban, señaló que desde la su ministerio se ha conformado un equipo de técnicos y especialistas que se encargará de recoger todos los envases de pesticidas, que es lo que dice la ley de Biocidas. “En el interior de la provincia y en muchos sectores del país, adolecemos de controles estrictos de estos elementos”, sostuvo.
Asimismo, indicó que se adquirirán dos máquinas para la reducción de los envases de agroquímicos. De esta manera, se pondrá en práctica un sistema para que el productor que entregue los envases de los productos utilizados, reciba un resarcimiento, que le permita cubrir los gastos de traslado para realizar este operativo. “Los envases deben ser destruidos en zonas donde la Dirección de Agrotóxicos de la Nación indique, porque además es necesario saber que los mismos no pueden ser utilizados para otras tareas”, agregó.
El funcionario explicó que si un productor tiene que hacer una aplicación de agroquímicos en sus campos, está obligado a realizar una declaración y un pedido de permiso 48 horas antes de llevar a cabo el trabajo, a fin de garantizar el buen uso de los productos.
La Ley de Biocidas que tiene la Provincia, otorga al Estado la facultad de manejar la venta, distribución y aplicación de todos los productos agroquímicos como los fertilizantes, herbicidas y pesticidas, que se aplican ante la aparición de plagas. La aplicación puede ser en forma terrestre o aérea, para lo cual todas requieren los permisos necesarios.
Al referirse a los controles de los agroquímicos que se utilizan en los campos y que en breve se comenzará en distintos puntos de la geografía provincial, el ministro de Producción y Ambiente, Enrique Orban, anticipó que se trabajará en el cordón frutihortícola de zonas como el Gran Resistencia o Castelli sobre determinaciones de pesticidas. “Para ello se suscribirá un convenio con la Facultad de Agroindustria de Sáenz Peña y la carrera de Bioquímica, para que colaboren en la certificación de lo que consumimos”, manifestó.
“Este tipo de controles es un rol indelegable del Estado. Nosotros sabemos que productos de otros lugares donde no se hacen los controles sobre los residuos de pesticidas y que no dan los valores de tolerancia, vienen a venderse en zonas como la nuestra, por eso debemos tener especial cuidado”, advirtió.
Por último indicó que dichas acciones tienen que estar articuladas con Salud Pública, tanto de provincia como de Nación, “a través de programas que tiendan a minimizar el impacto que tiene la aplicación de cualquier producto en el ambiente, preservando los niveles de inocuidad y calidad que tiene que tener un alimento”, finalizó.
Arroceras: exigen que la causa avance
Arroceras: vecinos y organizaciones sociales exigen que la causa avance en la Justicia Federal
Fecha de Publicación: 25/02/2010
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
Vecinos y organizaciones sociales pidieron ayer la continuidad en la Justicia Federal de la causa por contaminación iniciada contra las arroceras instaladas en La Leonesa y Las Palmas. Así, respaldaron todas las actuaciones efectuadas por el fiscal federal Gustavo Corregido y criticaron la decisión del juez subrogante Eduardo Valiente de declararse incompetente por falta de pruebas.También pidieron la urgente intervención del Ministerio de Gobierno del Chaco para garantizar la seguridad de los habitantes ante las persistentes amenazas que aseguran recibir. Además, la delegada sanitaria Ana Lía Otaño acusó a los ministerios de la Producción y de Salud por no intervenir en la medida de sus obligaciones.
Durante una rueda de prensa que tuvo lugar ayer en la seccional San Fernando del sindicato Utre, integrantes de diversas organizaciones sociales, vecinos, concejales y la delegada sanitaria del Ministerio de Salud de la Nación, Ana Lía Otaño, expresaron su acompañamiento a las actuaciones realizadas por el fiscal Corregido en las causas que denuncian a las arroceras San Carlos SRL y Cancha Larga SA por contaminación en las localidades de La Leonesa y Las Palmas, y cuyo efecto podría extenderse hacia otras jurisdicciones. “Sostenemos que las pruebas recogidas de acuerdo a lo que determina la ley son suficientes para que involucre a la Justicia Federal en su investigación”, enfatizaron.
“Lo que hace el juez es un apartamiento sin causa ni razón”, remarcó Valeria Romero, del Espacio Carta Abierta Chaco. Así, dijo que los argumentos esgrimidos por el magistrado “no alcanzan” ya que el fiscal Corregido probó a través de los elementos reunidos la relación existente entre la pulverización de agrotóxicos y el drenaje de agua hacia causes interjurisdiccionales.
“Está probado que la arrocera que actualmente se llama Cancha Larga arroja residuos hacia el río Paraguay, por distintos canales, y que al fumigar los agroquímicos pueden llegar a causar daños a otras jurisdicciones”, señaló Romero, justificando así el reclamo de competencia en el tema de la Justicia Federal.
Asimismo, subrayó que el Humedal Chaco afectado por las arroceras- es un sitio RAMSAR (una convención que otorga a los humedales importancia internacional). En consecuencia y por la vigencia de tratados internacionales, el Estado Nacional es garante de los artículos 41 y 75 de la Constitución Nacional y la causa debe enmarcarse en la Justicia Federal.
Otro integrante de Carta Abierta, Hugo Deschutter, aseguró que las fumigaciones siguen desarrollándose sin modificaciones. Al respecto, Juan Álvarez, habitante de las localidades perjudicadas, sostuvo que las pulverizaciones “arrecian cada vez más” porque está próxima a iniciarse la cosecha; y luego se paralizarán hasta octubre. “Pedimos que el gobierno se ponga al frente de todo esto, aunque hay muchos intereses económicos y políticos sobre todo en nuestra zona, y tratan de acallarnos a quienes actuamos en forma independiente”, remarcó.
Elio Servín, otro vecino de las localidades que denuncian la contaminación ambiental, aseguró que las mejores pruebas de los efectos de agrotóxicos son las malformaciones y los innumerables problemas de salud de la población. “Nos asombra cómo día a día se manifiestan múltiples enfermedades, muchas de ellas cancerígenas”, enfatizó. Al respecto, contó que fueron detectados casos de malformaciones no solamente en humanos, sino también en animales.
En la rueda de prensa estuvieron presentes referentes del Espacio Carta Abierta Chaco, la Red de Salud Popular “Ramón Carillo”, vecinos de La Leonesa y Las Palmas, el Frente Grande, el Movimiento Comandante Andresito, ATE, CTA y la concejal de La Leonesa Patricia García.
Fecha de Publicación: 25/02/2010
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
Vecinos y organizaciones sociales pidieron ayer la continuidad en la Justicia Federal de la causa por contaminación iniciada contra las arroceras instaladas en La Leonesa y Las Palmas. Así, respaldaron todas las actuaciones efectuadas por el fiscal federal Gustavo Corregido y criticaron la decisión del juez subrogante Eduardo Valiente de declararse incompetente por falta de pruebas.También pidieron la urgente intervención del Ministerio de Gobierno del Chaco para garantizar la seguridad de los habitantes ante las persistentes amenazas que aseguran recibir. Además, la delegada sanitaria Ana Lía Otaño acusó a los ministerios de la Producción y de Salud por no intervenir en la medida de sus obligaciones.
Durante una rueda de prensa que tuvo lugar ayer en la seccional San Fernando del sindicato Utre, integrantes de diversas organizaciones sociales, vecinos, concejales y la delegada sanitaria del Ministerio de Salud de la Nación, Ana Lía Otaño, expresaron su acompañamiento a las actuaciones realizadas por el fiscal Corregido en las causas que denuncian a las arroceras San Carlos SRL y Cancha Larga SA por contaminación en las localidades de La Leonesa y Las Palmas, y cuyo efecto podría extenderse hacia otras jurisdicciones. “Sostenemos que las pruebas recogidas de acuerdo a lo que determina la ley son suficientes para que involucre a la Justicia Federal en su investigación”, enfatizaron.
“Lo que hace el juez es un apartamiento sin causa ni razón”, remarcó Valeria Romero, del Espacio Carta Abierta Chaco. Así, dijo que los argumentos esgrimidos por el magistrado “no alcanzan” ya que el fiscal Corregido probó a través de los elementos reunidos la relación existente entre la pulverización de agrotóxicos y el drenaje de agua hacia causes interjurisdiccionales.
“Está probado que la arrocera que actualmente se llama Cancha Larga arroja residuos hacia el río Paraguay, por distintos canales, y que al fumigar los agroquímicos pueden llegar a causar daños a otras jurisdicciones”, señaló Romero, justificando así el reclamo de competencia en el tema de la Justicia Federal.
Asimismo, subrayó que el Humedal Chaco afectado por las arroceras- es un sitio RAMSAR (una convención que otorga a los humedales importancia internacional). En consecuencia y por la vigencia de tratados internacionales, el Estado Nacional es garante de los artículos 41 y 75 de la Constitución Nacional y la causa debe enmarcarse en la Justicia Federal.
Otro integrante de Carta Abierta, Hugo Deschutter, aseguró que las fumigaciones siguen desarrollándose sin modificaciones. Al respecto, Juan Álvarez, habitante de las localidades perjudicadas, sostuvo que las pulverizaciones “arrecian cada vez más” porque está próxima a iniciarse la cosecha; y luego se paralizarán hasta octubre. “Pedimos que el gobierno se ponga al frente de todo esto, aunque hay muchos intereses económicos y políticos sobre todo en nuestra zona, y tratan de acallarnos a quienes actuamos en forma independiente”, remarcó.
Elio Servín, otro vecino de las localidades que denuncian la contaminación ambiental, aseguró que las mejores pruebas de los efectos de agrotóxicos son las malformaciones y los innumerables problemas de salud de la población. “Nos asombra cómo día a día se manifiestan múltiples enfermedades, muchas de ellas cancerígenas”, enfatizó. Al respecto, contó que fueron detectados casos de malformaciones no solamente en humanos, sino también en animales.
En la rueda de prensa estuvieron presentes referentes del Espacio Carta Abierta Chaco, la Red de Salud Popular “Ramón Carillo”, vecinos de La Leonesa y Las Palmas, el Frente Grande, el Movimiento Comandante Andresito, ATE, CTA y la concejal de La Leonesa Patricia García.
Gualeguaychú construirá un laboratorio ambiental
Gualeguaychú: construirán un laboratorio ambiental
Fecha de Publicación: 25/02/2010
Fuente: Telam
Provincia/Región: Entre Ríos
El intendente de esa locaclidad, Juan José Bahillo, informó que la Nación se comprometió a financiar la construcción de un laboratorio ambiental en Gualeguaychú, "como continuidad de otras políticas que se vienen llevando adelante para acompañar la estrategia jurídica ante el Tribunal Internacional de La Haya" por la instalación de Botnia.
El jefe comunal de esa ciudad entrerriana señaló que el compromiso lo dio a conocer el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, durante un encuentro desarrollado anoche en la Capital Federal, y del que también participó el gobernador Sergio Irribarri.
"Fue una reunión muy positiva donde dialogamos sobre cuestiones que tienen que ver con tareas de los gobiernos nacional, provincial y municipal y el tema central fue el fortalecimiento de políticas ambientales llevadas a cabo en los tres niveles de gobierno", explicó Bahillo en declaraciones a la prensa.
Reveló que en el encuentro se analizó la "la construcción de un laboratorio ambiental en Gualeguaychú como continuidad de otras políticas que vienen llevando adelante la Nación y la Provincia en el marco de acompañar la estrategia jurídica ante el Tribunal Internacional de La Haya” en el diferendo por la pastera Botnia.
"Para darle continuidad a esta política ambiental, en nuestra ciudad se va a construir un laboratorio que nos permitirá tener la capacidad instalada, equipamiento y recursos humanos para seguir desarrollando los controles que debemos llevar adelante para preservar el medio ambiente tanto en la calidad del aire como de agua en la región”, agregó el intendente de Gualeguaychú.
Reconoció que la obra "es una articulación entre provincia, municipio y Nación" y adelantó que "el financiamiento será del Gobierno nacional a través de la Jefatura de Gabinete”.
Fecha de Publicación: 25/02/2010
Fuente: Telam
Provincia/Región: Entre Ríos
El intendente de esa locaclidad, Juan José Bahillo, informó que la Nación se comprometió a financiar la construcción de un laboratorio ambiental en Gualeguaychú, "como continuidad de otras políticas que se vienen llevando adelante para acompañar la estrategia jurídica ante el Tribunal Internacional de La Haya" por la instalación de Botnia.
El jefe comunal de esa ciudad entrerriana señaló que el compromiso lo dio a conocer el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, durante un encuentro desarrollado anoche en la Capital Federal, y del que también participó el gobernador Sergio Irribarri.
"Fue una reunión muy positiva donde dialogamos sobre cuestiones que tienen que ver con tareas de los gobiernos nacional, provincial y municipal y el tema central fue el fortalecimiento de políticas ambientales llevadas a cabo en los tres niveles de gobierno", explicó Bahillo en declaraciones a la prensa.
Reveló que en el encuentro se analizó la "la construcción de un laboratorio ambiental en Gualeguaychú como continuidad de otras políticas que vienen llevando adelante la Nación y la Provincia en el marco de acompañar la estrategia jurídica ante el Tribunal Internacional de La Haya” en el diferendo por la pastera Botnia.
"Para darle continuidad a esta política ambiental, en nuestra ciudad se va a construir un laboratorio que nos permitirá tener la capacidad instalada, equipamiento y recursos humanos para seguir desarrollando los controles que debemos llevar adelante para preservar el medio ambiente tanto en la calidad del aire como de agua en la región”, agregó el intendente de Gualeguaychú.
Reconoció que la obra "es una articulación entre provincia, municipio y Nación" y adelantó que "el financiamiento será del Gobierno nacional a través de la Jefatura de Gabinete”.
Embestida contra el ambiente
Embestida contra el ambiente
Fecha de Publicación: 25/02/2010
Fuente: Clarín - Por Mariano Aguilar - Abogados Ambientalistas
Provincia/Región: Nacional
El artículo 41 de la Constitución Nacional reza "Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano" ( ...) "Las autoridades proveerán a la protección de este derecho". Advertimos hoy una nueva embestida contra los derechos ambientales, garantizados por la Constitución Nacional, que trae como corolario el retiro de fondos de más de 144,2 millones de pesos, que debían girarse de acuerdo al Presupuesto a las provincias, con destino al cuidado del medio ambiente, y que fueron extraídos para sostener el fútbol "para todos".
Se puede afirmar, sin riesgo a equivocarse, que de esta manera el Gobierno ha violentado el derecho ambiental constitucional de todos los argentinos, y en particular el derecho de las provincias a percibir fondos para su cuidado.
Existen muchas conductas criticables llevadas adelante por las autoridades nacionales con referencia al ambiente, como el veto de la Presidenta a la Ley de presupuestos mínimos de los Glaciares (ley conquistada en forma unánime por ambas Cámaras). Y se verifica también desinterés general ante los innumerables problemas ambientales existentes en todo el país, tanto en las desmesuradas explotaciones mineras cuyos efectos son tremendamente contaminantes, como en la indiferencia general en la aplicación de los agrotóxicos, la pasividad ante la contaminación de las Cuencas Matanza-Riachuelo, Luján-Reconquista y Salí-Dulce entre otras, y la ignorancia en la promoción y creación de energías limpias como la eólica.
Todos estos hechos demuestran desapego al cuidado del ambiente y de los recursos naturales. O sea, finalmente, del hombre. De allí que observar hoy el retiro de fondos destinados al cuidado del ambiente para proveer "mejor fútbol para todos" es realmente tener una prueba más de la despreocupación absoluta por el ambiente, la inexistencia de política alguna en materia ambiental y el desinterés por las provincias y su entorno. De todo ello nos agraviamos tanto nosotros como en la representación que ejercemos de las generaciones futuras.
Fecha de Publicación: 25/02/2010
Fuente: Clarín - Por Mariano Aguilar - Abogados Ambientalistas
Provincia/Región: Nacional
El artículo 41 de la Constitución Nacional reza "Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano" ( ...) "Las autoridades proveerán a la protección de este derecho". Advertimos hoy una nueva embestida contra los derechos ambientales, garantizados por la Constitución Nacional, que trae como corolario el retiro de fondos de más de 144,2 millones de pesos, que debían girarse de acuerdo al Presupuesto a las provincias, con destino al cuidado del medio ambiente, y que fueron extraídos para sostener el fútbol "para todos".
Se puede afirmar, sin riesgo a equivocarse, que de esta manera el Gobierno ha violentado el derecho ambiental constitucional de todos los argentinos, y en particular el derecho de las provincias a percibir fondos para su cuidado.
Existen muchas conductas criticables llevadas adelante por las autoridades nacionales con referencia al ambiente, como el veto de la Presidenta a la Ley de presupuestos mínimos de los Glaciares (ley conquistada en forma unánime por ambas Cámaras). Y se verifica también desinterés general ante los innumerables problemas ambientales existentes en todo el país, tanto en las desmesuradas explotaciones mineras cuyos efectos son tremendamente contaminantes, como en la indiferencia general en la aplicación de los agrotóxicos, la pasividad ante la contaminación de las Cuencas Matanza-Riachuelo, Luján-Reconquista y Salí-Dulce entre otras, y la ignorancia en la promoción y creación de energías limpias como la eólica.
Todos estos hechos demuestran desapego al cuidado del ambiente y de los recursos naturales. O sea, finalmente, del hombre. De allí que observar hoy el retiro de fondos destinados al cuidado del ambiente para proveer "mejor fútbol para todos" es realmente tener una prueba más de la despreocupación absoluta por el ambiente, la inexistencia de política alguna en materia ambiental y el desinterés por las provincias y su entorno. De todo ello nos agraviamos tanto nosotros como en la representación que ejercemos de las generaciones futuras.
Soja: siembra récord y contaminación también...
Soja: siembra récord y producción de 52,5 M de toneladas en el país
Fecha de Publicación: 24/02/2010
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Nacional
Se implantaron 18,7 millones de hectáreas en el país, 11% más que la campaña anterior. Se estiman 52,5 millones de toneladas. Córdoba, líder en el cultivo.
La campaña de soja 2009/2010 será récord tanto en siembra como en producción. La superficie dedicada al cultivo asciende a 18,7 millones de hectáreas, lo que representa un récord histórico, y un incremento del 11 por ciento respecto del 2008/09, según el informe de la Bolsa de Cereales de Rosario (BCR).
En cuanto al rendimiento, se estima que la soja de primera en el área núcleo llegará a 28,5 quintales por hectárea el rinde medio nacional, un quintal por encima de la proyección de unas semanas anteriores.
“Con las estimaciones de superficie sembrada área perdida, que se encuentra ligeramente por encima del promedio histórico, y rendimiento, se sostiene una cifra de producción nacional de soja de 52,5 millones de toneladas para este ciclo 2009/10”, aseguraron desde la entidad. Cabe recordar que la cifra también había sido calculada por el Usda (Departamento de Agricultura de Estados Unidos), el cual pasó de 51 millones a 52,5 millones.
Febrero es un mes clave para la definición de rindes y, por lo tanto, las variables climáticas que jugaron durante su desarrollo son fundamentales. Muchas regiones han definido los rindes de soja de primera y el desarrollo y el estado de humedad de las reservas de suelo en las sojas tardías y de segunda ocupación, permiten estimar que de las 18,7 millones de hectáreas se obtendrán 52,5 millones de toneladas.
Córdoba encabeza la lista tanto en cantidad de hectáreas destinadas como en producción, aunque el rinde es inferior al proyectado para Buenos Aires y Santa Fe (ver cuadro). Los datos de la Bolsa son levemente superiores a los del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos de la Provincia, que informó 5.140.000 de hectáreas frente a las 4.951.900 de la campaña 2008/2009. Las últimas lluvias posibilitaron que se recupere a tiempo la oleaginosa en el norte de la provincia.
Preocupan enfermedades
Pese a las buenas proyecciones, los técnicos advierten sobre las enfermedades de fin de ciclo, en especial la llamada “Mancha de ojo de rana”. En este ciclo se está manifestando con gran fuerza y se extendió a varias zonas, abarcando Córdoba, Santa Fe y norte de Buenos Aires en forma generalizada, aunque con distinta densidad.
Esa enfermedad requiere mayor temperatura y humedad, condiciones que se dieron en las últimas tres semanas, con temperaturas nocturnas superiores a 20°C, lluvias abundantes y formación de rocío. Esto explica en la actual campaña su gran difusión, y las repetidas infecciones que han sobrepasado repetidos controles con fungicidas. “Las reinfecciones en algunas regiones -como en los departamentos Marcos Juárez y Unión- han sido muy severas y puede afectar los rendimientos, según cómo se termine de manifestar. Las pérdidas que produce varían dependiendo del cultivar y del momento de infección. Para la región núcleo, en variedades susceptibles y sin tratamientos con fungicidas, se estima que pueden llegar a ser mayores al 40 por ciento debido a la reducción de la capacidad fotosintética que afecta a la planta y a la defoliación prematura. Si bien se ha hecho un cuidadoso monitoreo y control, aún es prematuro cuantificar la incidencia que tendrá finalmente en la producción unitaria del área afectada”, aseguraron los técnicos de la BCR.
Fecha de Publicación: 24/02/2010
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Nacional
Se implantaron 18,7 millones de hectáreas en el país, 11% más que la campaña anterior. Se estiman 52,5 millones de toneladas. Córdoba, líder en el cultivo.
La campaña de soja 2009/2010 será récord tanto en siembra como en producción. La superficie dedicada al cultivo asciende a 18,7 millones de hectáreas, lo que representa un récord histórico, y un incremento del 11 por ciento respecto del 2008/09, según el informe de la Bolsa de Cereales de Rosario (BCR).
En cuanto al rendimiento, se estima que la soja de primera en el área núcleo llegará a 28,5 quintales por hectárea el rinde medio nacional, un quintal por encima de la proyección de unas semanas anteriores.
“Con las estimaciones de superficie sembrada área perdida, que se encuentra ligeramente por encima del promedio histórico, y rendimiento, se sostiene una cifra de producción nacional de soja de 52,5 millones de toneladas para este ciclo 2009/10”, aseguraron desde la entidad. Cabe recordar que la cifra también había sido calculada por el Usda (Departamento de Agricultura de Estados Unidos), el cual pasó de 51 millones a 52,5 millones.
Febrero es un mes clave para la definición de rindes y, por lo tanto, las variables climáticas que jugaron durante su desarrollo son fundamentales. Muchas regiones han definido los rindes de soja de primera y el desarrollo y el estado de humedad de las reservas de suelo en las sojas tardías y de segunda ocupación, permiten estimar que de las 18,7 millones de hectáreas se obtendrán 52,5 millones de toneladas.
Córdoba encabeza la lista tanto en cantidad de hectáreas destinadas como en producción, aunque el rinde es inferior al proyectado para Buenos Aires y Santa Fe (ver cuadro). Los datos de la Bolsa son levemente superiores a los del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos de la Provincia, que informó 5.140.000 de hectáreas frente a las 4.951.900 de la campaña 2008/2009. Las últimas lluvias posibilitaron que se recupere a tiempo la oleaginosa en el norte de la provincia.
Preocupan enfermedades
Pese a las buenas proyecciones, los técnicos advierten sobre las enfermedades de fin de ciclo, en especial la llamada “Mancha de ojo de rana”. En este ciclo se está manifestando con gran fuerza y se extendió a varias zonas, abarcando Córdoba, Santa Fe y norte de Buenos Aires en forma generalizada, aunque con distinta densidad.
Esa enfermedad requiere mayor temperatura y humedad, condiciones que se dieron en las últimas tres semanas, con temperaturas nocturnas superiores a 20°C, lluvias abundantes y formación de rocío. Esto explica en la actual campaña su gran difusión, y las repetidas infecciones que han sobrepasado repetidos controles con fungicidas. “Las reinfecciones en algunas regiones -como en los departamentos Marcos Juárez y Unión- han sido muy severas y puede afectar los rendimientos, según cómo se termine de manifestar. Las pérdidas que produce varían dependiendo del cultivar y del momento de infección. Para la región núcleo, en variedades susceptibles y sin tratamientos con fungicidas, se estima que pueden llegar a ser mayores al 40 por ciento debido a la reducción de la capacidad fotosintética que afecta a la planta y a la defoliación prematura. Si bien se ha hecho un cuidadoso monitoreo y control, aún es prematuro cuantificar la incidencia que tendrá finalmente en la producción unitaria del área afectada”, aseguraron los técnicos de la BCR.
Terceros en el ranking de consumo eléctrico
Argentinos, terceros en el ranking de consumo eléctrico
Fecha de Publicación: 23/02/2010
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Nacional
Los argentinos, con 2,979 Kwh/habitante, son terceros en el ranking de consumo per cápita de energía eléctrica en Latinoamérica. Los venezolanos están primeros con 4.126 Kwh/habitante y segundo, a cierta distancia, Chile con 3.505. Después de Argentina, Uruguay 2.585, Brasil 2.447, Ecuador 1.222 y Colombia con 1207.
En general, en todos los países de la región –en mayor o menor grado- los gobiernos están impulsando programas de consumo responsable o, directamente, de racionamiento para los servicios. En Venezuela es el propio presidente Hugo Chávez quien en varias oportunidades planteó la necesidad de reducir el uso de energía y de agua, con su ya famoso ejemplo de la ducha en segundos. El presidente de la Electricidad de Caracas, Javier Alvarado, insiste en la urgencia de achicar los consumos ante la sequía que genera el fenómeno de El Niño y que ha generado el descenso del embalse de Guri, proveedor de casi 70% de la electricidad que consumen.
En Paraguay, el titular de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), Germán Fatecha, anunció un plan de incentivos para el racionamiento de electricidad debido a la crítica situación del sistema energético, al borde del colapso tras el aumento del consumo en las últimas semanas. Aunque todavía no hay detalles, serán favorecidos los usuarios “por el esfuerzo y la colaboración” y se tomará en cuenta el promedio de consumo de 2009 para una rebaja de hasta el 50%. La energía “va a ser más barata para algunas tarifas, pero también va haber castigo para el que se excede, abuse, para el que derrocha”, explicó.
El esquema será similar al que instrumentó Argentina, el Pure, en 2006. Ese fue el peor momento de la crisis energética, alentada por un invierno de bajas temperaturas que obligó al corte de la provisión de gas a empresas. Entre 2005 y comienzos de 2009 –de cuando datan las cifras del ranking- el consumo eléctrico por habitante en el país se disparó el 30%. La explicación, en buena medida, es la mejora de la actividad económica.
Esa tendencia se modifica en 2009 cuando la demanda eléctrica cayó 1,3% en lo que fue su primer descenso anual desde la crisis de 2002. Los datos de la Fundación para el Desarrollo Eléctrico indican que, con el retroceso registrado en diciembre, el consumo eléctrico descendió durante ocho de los últimos 10 meses. Sin embargo en enero, por las altas temperaturas, la demanda eléctrica del MEM registró una suba interanual del 7,2% marcando récord de consumo.
Con las tarifas en mano el consumo argentino está por debajo del de Chile aunque las tarifas son seis veces más altas en la capital del país vecino. Por caso, un usuario que consumo 150 MW paga 130 pesos en Chile, mientras que quienes viven en Capital Federal, Gran Buenos Aires, La Plata y Gran La Plata gastan 23,95 pesos.
Ayuda a Venezuela
Aunque Argentina está lejos de resolver sus problemas energéticos, el ministro Julio De Vido ofreció colaboración a los venezolanos para superar sus problemas: “Venimos a ponernos a disposición y a decir qué necesita Venezuela, qué trayecto y pedazo de la experiencia que desarrolló Argentina en la superación de esta crisis potencial de 2004 puede servir a los venezolanos para poder evolucionar en esta crisis”, dijo y planteó que la administración chavista invirtió más de 10 veces “de lo que se había invertido en gobiernos anteriores, según lo que hemos leído en las estadísticas en materia de generación térmica”.
Fecha de Publicación: 23/02/2010
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Nacional
Los argentinos, con 2,979 Kwh/habitante, son terceros en el ranking de consumo per cápita de energía eléctrica en Latinoamérica. Los venezolanos están primeros con 4.126 Kwh/habitante y segundo, a cierta distancia, Chile con 3.505. Después de Argentina, Uruguay 2.585, Brasil 2.447, Ecuador 1.222 y Colombia con 1207.
En general, en todos los países de la región –en mayor o menor grado- los gobiernos están impulsando programas de consumo responsable o, directamente, de racionamiento para los servicios. En Venezuela es el propio presidente Hugo Chávez quien en varias oportunidades planteó la necesidad de reducir el uso de energía y de agua, con su ya famoso ejemplo de la ducha en segundos. El presidente de la Electricidad de Caracas, Javier Alvarado, insiste en la urgencia de achicar los consumos ante la sequía que genera el fenómeno de El Niño y que ha generado el descenso del embalse de Guri, proveedor de casi 70% de la electricidad que consumen.
En Paraguay, el titular de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), Germán Fatecha, anunció un plan de incentivos para el racionamiento de electricidad debido a la crítica situación del sistema energético, al borde del colapso tras el aumento del consumo en las últimas semanas. Aunque todavía no hay detalles, serán favorecidos los usuarios “por el esfuerzo y la colaboración” y se tomará en cuenta el promedio de consumo de 2009 para una rebaja de hasta el 50%. La energía “va a ser más barata para algunas tarifas, pero también va haber castigo para el que se excede, abuse, para el que derrocha”, explicó.
El esquema será similar al que instrumentó Argentina, el Pure, en 2006. Ese fue el peor momento de la crisis energética, alentada por un invierno de bajas temperaturas que obligó al corte de la provisión de gas a empresas. Entre 2005 y comienzos de 2009 –de cuando datan las cifras del ranking- el consumo eléctrico por habitante en el país se disparó el 30%. La explicación, en buena medida, es la mejora de la actividad económica.
Esa tendencia se modifica en 2009 cuando la demanda eléctrica cayó 1,3% en lo que fue su primer descenso anual desde la crisis de 2002. Los datos de la Fundación para el Desarrollo Eléctrico indican que, con el retroceso registrado en diciembre, el consumo eléctrico descendió durante ocho de los últimos 10 meses. Sin embargo en enero, por las altas temperaturas, la demanda eléctrica del MEM registró una suba interanual del 7,2% marcando récord de consumo.
Con las tarifas en mano el consumo argentino está por debajo del de Chile aunque las tarifas son seis veces más altas en la capital del país vecino. Por caso, un usuario que consumo 150 MW paga 130 pesos en Chile, mientras que quienes viven en Capital Federal, Gran Buenos Aires, La Plata y Gran La Plata gastan 23,95 pesos.
Ayuda a Venezuela
Aunque Argentina está lejos de resolver sus problemas energéticos, el ministro Julio De Vido ofreció colaboración a los venezolanos para superar sus problemas: “Venimos a ponernos a disposición y a decir qué necesita Venezuela, qué trayecto y pedazo de la experiencia que desarrolló Argentina en la superación de esta crisis potencial de 2004 puede servir a los venezolanos para poder evolucionar en esta crisis”, dijo y planteó que la administración chavista invirtió más de 10 veces “de lo que se había invertido en gobiernos anteriores, según lo que hemos leído en las estadísticas en materia de generación térmica”.
Biocombustibles de algas
Inauguran laboratorio para extraer biocombustibles de algas
Fecha de Publicación: 23/02/2010
Fuente: Cuyo Noticias
Provincia/Región: Mendoza
Se habilitará el miércoles 24 a las 11 en el Espacio de la Ciencia y la Tecnología. Es un proyecto que implica una inversión de 100 mil dólares para fabricar biodiesel a partir de algas unicelulares. El desarrollo está a cargo de un equipo de especialistas de la Universidad Nacional de Cuyo.
Se trata de uno de los ejemplos claros de cómo la universidad pública contribuye a mejorar la calidad de vida a través de la producción de conocimiento científico. El equipo conducido por el doctor Jorge Barón llevará adelante este proyecto de investigación aplicada con financiamiento externo.
El proyecto a-oil estrenará su flamante laboratorio el miércoles 24 de febrero a las 11 en el Espacio de la Ciencia y la Tecnología que se ubica en la calle Padre Contreras sin número del Parque General San Martín. El rector Arturo Somoza, el vicerrector Gustavo Kent, el director de la investigación, Jorge Barón, otras autoridades universitarias e investigadores participarán de la inauguración de las instalaciones.
En qué consiste el proyecto
Esta investigación tiene como objetivo estudiar desde el punto de vista técnico-económico la producción de algas para extracción de aceite y obtención de biocombustibles. En particular, en este laboratorio se llevarán a cabo investigaciones relativas al cultivo, aislación y caracterización de especies, parametrización de procesos, cosecha, secado y extracción de aceite. En todos los casos se utilizan condiciones ambientales controladas e iluminación artificial controlada.
Los inóculos de algas unicelulares caracterizados en este laboratorio, serán luego trasladados a piletas abiertas en un segundo laboratorio, en construcción, en la Facultad de Ingeniería de la UNCuyo. En este laboratorio se realizarán cultivos a mayor escala utilizando luz solar natural.
El proyecto a-oil nació de un convenio que se concretó en agosto del año pasado entre la Universidad Nacional de Cuyo, la Facultad de Ingeniería, la empresa Dorial Management LLC de Estados Unidos, que financia el emprendimiento con 100 mil dólares y la Fundación de la UNCuyo, que administra los fondos.
Los investigadores esperan producir algas y extraer de ellas un aceite apto para fabricar biodiesel. Además de conocer y dimensionar el proceso productivo de selección, cría y engorde de las algas, evaluarán el potencial comercial de la aplicación del proyecto y de su explotación a gran escala en
el futuro, y a través de la actuación de la Unidad Técnico Acacadémica de Propiedad Intelectual de la Universidad, se protegerán los posibles desarrollos susceptibles de patentamiento. También, como es costumbre en este tipo de emprendimientos, se formarán recursos humanos.
Cuidado del ambiente
Las ventajas de este estudio radican en que se utilizará la energía solar como fuente primaria y se reciclará el bióxido de carbono de chimenea para disminuir la emisión de gases de efecto invernadero.
En la investigación se contempla la utilización de algas autóctonas y se estudiarán diversos sistemas productivos de biomasa para biocombustibles u otros fines, utilizando aguas residuales urbanas e industriales ya que es en ese ámbito donde crecen las algas que se producirán. Se generará así un
proyecto ambientalmente cuidadoso. Además se contempla realizar mejoras ambientales a través de captura de dióxido de carbono y de producción de combustibles a partir de energía solar, mediante procesos fotosintéticos. Es importante destacar que el cultivo de algas no requiere tierra fértil y por
lo tanto no compite con la producción de alimentos.
Como actividad complementaria de esta investigación aplicada, se formarán estudiantes avanzados de grado y posgrado con conciencia de uso de alternativas tecnológicas para producir energía limpia.
Fecha de Publicación: 23/02/2010
Fuente: Cuyo Noticias
Provincia/Región: Mendoza
Se habilitará el miércoles 24 a las 11 en el Espacio de la Ciencia y la Tecnología. Es un proyecto que implica una inversión de 100 mil dólares para fabricar biodiesel a partir de algas unicelulares. El desarrollo está a cargo de un equipo de especialistas de la Universidad Nacional de Cuyo.
Se trata de uno de los ejemplos claros de cómo la universidad pública contribuye a mejorar la calidad de vida a través de la producción de conocimiento científico. El equipo conducido por el doctor Jorge Barón llevará adelante este proyecto de investigación aplicada con financiamiento externo.
El proyecto a-oil estrenará su flamante laboratorio el miércoles 24 de febrero a las 11 en el Espacio de la Ciencia y la Tecnología que se ubica en la calle Padre Contreras sin número del Parque General San Martín. El rector Arturo Somoza, el vicerrector Gustavo Kent, el director de la investigación, Jorge Barón, otras autoridades universitarias e investigadores participarán de la inauguración de las instalaciones.
En qué consiste el proyecto
Esta investigación tiene como objetivo estudiar desde el punto de vista técnico-económico la producción de algas para extracción de aceite y obtención de biocombustibles. En particular, en este laboratorio se llevarán a cabo investigaciones relativas al cultivo, aislación y caracterización de especies, parametrización de procesos, cosecha, secado y extracción de aceite. En todos los casos se utilizan condiciones ambientales controladas e iluminación artificial controlada.
Los inóculos de algas unicelulares caracterizados en este laboratorio, serán luego trasladados a piletas abiertas en un segundo laboratorio, en construcción, en la Facultad de Ingeniería de la UNCuyo. En este laboratorio se realizarán cultivos a mayor escala utilizando luz solar natural.
El proyecto a-oil nació de un convenio que se concretó en agosto del año pasado entre la Universidad Nacional de Cuyo, la Facultad de Ingeniería, la empresa Dorial Management LLC de Estados Unidos, que financia el emprendimiento con 100 mil dólares y la Fundación de la UNCuyo, que administra los fondos.
Los investigadores esperan producir algas y extraer de ellas un aceite apto para fabricar biodiesel. Además de conocer y dimensionar el proceso productivo de selección, cría y engorde de las algas, evaluarán el potencial comercial de la aplicación del proyecto y de su explotación a gran escala en
el futuro, y a través de la actuación de la Unidad Técnico Acacadémica de Propiedad Intelectual de la Universidad, se protegerán los posibles desarrollos susceptibles de patentamiento. También, como es costumbre en este tipo de emprendimientos, se formarán recursos humanos.
Cuidado del ambiente
Las ventajas de este estudio radican en que se utilizará la energía solar como fuente primaria y se reciclará el bióxido de carbono de chimenea para disminuir la emisión de gases de efecto invernadero.
En la investigación se contempla la utilización de algas autóctonas y se estudiarán diversos sistemas productivos de biomasa para biocombustibles u otros fines, utilizando aguas residuales urbanas e industriales ya que es en ese ámbito donde crecen las algas que se producirán. Se generará así un
proyecto ambientalmente cuidadoso. Además se contempla realizar mejoras ambientales a través de captura de dióxido de carbono y de producción de combustibles a partir de energía solar, mediante procesos fotosintéticos. Es importante destacar que el cultivo de algas no requiere tierra fértil y por
lo tanto no compite con la producción de alimentos.
Como actividad complementaria de esta investigación aplicada, se formarán estudiantes avanzados de grado y posgrado con conciencia de uso de alternativas tecnológicas para producir energía limpia.
Los desplazados por la soja y la minería
Los desplazados por la soja y la minería
Fecha de Publicación: 22/02/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El modelo agropecuario y la minería que comenzó a instalarse en el país a fines de la década pasada afectaron a campesinos pobres y pueblos originarios, un sector silenciado y ubicado en las antípodas de la Mesa de Enlace.
A medida que avanzan en el país las distintas industrias extractivas (petróleo, minería, monocultivos industriales) se incrementan como respuesta la organización de las comunidades rurales y pequeños pueblos, que resisten el avance empresarial. Un relevamiento de conflictos territoriales y ambientales sobre seis provincias del noreste argentino confirma esta situación, cuantifica la magnitud del fenómeno y aporta datos inéditos: cinco millones de hectáreas en disputa, casi 600 mil personas afectadas y confirma que el sector privado y estatal son los principales opositores a los campesinos e indígenas, un espectro rural silenciado y ubicado en las antípodas de la Mesa de Enlace. El trabajo, que coincide con otro realizado por la Cátedra Unesco de Sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) (ver aparte) reveló que la mayor conflictividad comenzó en la década del ’90, de la mano del avance de la soja sobre el norte del país.
“Conflictos sobre tenencia de la tierra y medioambiente en la región del Chaco argentino” es el título del relevamiento de la Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf), integrada por un colectivo de organizaciones, académicos y técnicos de distintas disciplinas. Identificaron 120 conflictos, de los cuales ya fueron procesados hasta el momento 52 casos (el 43 por ciento). Los datos son contundentes: 600 mil personas, mayoritariamente campesinos e indígenas, de las provincias de Salta, Formosa, Santiago del Estero, Chaco, Córdoba y norte de Santa Fe están afectadas por conflictos territoriales y ambientales.
“Una superficie y población que prácticamente equivalen a la provincia de Jujuy son las que actualmente se encuentran afectadas por conflictos de tierra o medioambiente en la región chaqueña argentina”, compara el informe y destaca que más de la mitad de los conflictos (63 por ciento) comenzaron a partir de 2000, época en que se inició la expansión de la frontera agropecuaria en el noreste argentino. También subraya que en el 95 por ciento de los conflictos tienen protagonismo organizaciones de base y la articulación de comunidades.
La región del Chaco Americano (incluye norte argentino y zonas de Paraguay y Bolivia) es, luego del Amazonas, el área más rica en biodiversidad. También es la zona con los índices de pobreza más altos del país. Las familias campesinas e indígenas enfrentan en sus conflictos al Estado (52 por ciento), empresas y personas físicas (44 por ciento), Estado junto a empresas juntas, ONG e iglesias (cuatro por ciento).
La gran mayoría (70 por ciento) de las familias y comunidades afectadas responsabilizan al Estado por su situación de conflicto, sobre todo por la falta de títulos de propiedad, donde los afectados sienten falta de voluntad política o negligencia y demoras de parte de la dirigencia para resolver la situación. También cargan contra el Poder Judicial, que en la opinión de los afectados realiza una interpretación sesgada del Código Civil, que suele favorecer a quien tiene los dudosos títulos de propiedad y no a quienes tienen la posesión de las tierras.
“En los últimos años amplias zonas del NEA y NOA se sumaron a la producción de oleaginosas, especialmente soja, y fueron incorporadas de este modo al esquema modernizante de agricultura pampeana. Para lo cual se arrasaron decenas de miles de hectáreas de monte, se eliminaron cultivos tradicionales, se cambió el destino de terrenos dedicados a la ganadería y se modificó la estructura de tenencia de la tierra”, afirma el relevamiento y destaca que “la modernización agrícola agravó el deterioro de los ecosistemas, empeoró las condiciones de vida y aceleró las migraciones de pequeños productores”.
Se identificaron 14 casos de conflictos ambientales, de los cuales el 72 por ciento se iniciaron a partir de 2000. El 36 por ciento se debe a deforestación (para realizar obras de infraestructura o habilitar campos para siembra), el 29 por ciento por contaminación (uso de agrotóxicos, desechos industriales y canales que provocan deterioro del medioambiente), el 14 por ciento a obras de infraestructura y el otro 14 por ciento son preventivos (por amenazas de contaminación y deforestación).
Las contrapartes en las disputas ambientales son el Estado (79 por ciento) y empresas (21 por ciento). A diferencia de los conflictos de tierra, los conflictos ambientales afectan a la población en general, no sólo a criollos y aborígenes.
El informe resalta los casos de conflictos medioambientales causados por obras públicas. Aunque no son la causa mayoritaria, afectan a ecosistemas importantes de la región: Bañado la Estrella, en Formosa, y los Bajos Submeridionales, en Santa Fe, que involucran extensas superficies y gran cantidad de población. “Las obras provocan cambios en su dinámica natural, inundaciones, sequías, desertificación, deforestación y pérdida de biodiversidad”, explica.
El relevamiento de la Redaf señala la existencia de dos factores que imposibilitan las políticas de desarrollo de las comunidades campesinas e indígenas: la precariedad en la tenencia de la tierra y los daños ambientales provocados por la acelerada expansión de la frontera agrícola. El trabajo recuerda que en Argentina el 80 por ciento de la población vive en ciudades de más de 100.000 habitantes y asegura que “no hay voluntad política o no se visualizan políticas públicas” que consideren la permanencia de la población rural en sus tierras.
Misión a seis provincias
Para la investigación fueron visitadas seis provincias (Santiago del Estero, Jujuy, Salta, Catamarca, Mendoza y Córdoba), se realizaron 55 entrevistas y llevó dos años de trabajo de un equipo multidisciplinario de profesionales. Con 187 páginas repletas de datos, testimonios, investigaciones de otras instituciones y entrecruzamiento de datos, contó con el apoyo local del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-Vía Campesina), de miembros de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) y fue presentado en Ginebra (Suiza) durante el 12º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos.
La Cátedra Unesco de Sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) comenzó en 1996 luego de una acuerdo entre Unesco y la UPC. En la última década se transformó en una referencia en lo que respecta a derechos humanos, ambiente y economía. También participaron de la elaboración de la investigación las organizaciones Educación para la Acción Crítica, el Grupo de Cooperación del Campus de Terrassa y el Grupo de Investigación en Derechos Humanos y Sostenibilidad. Colaboró la Asociación Catalana de Ingeniería Sin Fronteras y apoyó el Departamento del Interior de Cataluña.
Fecha de Publicación: 22/02/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El modelo agropecuario y la minería que comenzó a instalarse en el país a fines de la década pasada afectaron a campesinos pobres y pueblos originarios, un sector silenciado y ubicado en las antípodas de la Mesa de Enlace.
A medida que avanzan en el país las distintas industrias extractivas (petróleo, minería, monocultivos industriales) se incrementan como respuesta la organización de las comunidades rurales y pequeños pueblos, que resisten el avance empresarial. Un relevamiento de conflictos territoriales y ambientales sobre seis provincias del noreste argentino confirma esta situación, cuantifica la magnitud del fenómeno y aporta datos inéditos: cinco millones de hectáreas en disputa, casi 600 mil personas afectadas y confirma que el sector privado y estatal son los principales opositores a los campesinos e indígenas, un espectro rural silenciado y ubicado en las antípodas de la Mesa de Enlace. El trabajo, que coincide con otro realizado por la Cátedra Unesco de Sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) (ver aparte) reveló que la mayor conflictividad comenzó en la década del ’90, de la mano del avance de la soja sobre el norte del país.
“Conflictos sobre tenencia de la tierra y medioambiente en la región del Chaco argentino” es el título del relevamiento de la Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf), integrada por un colectivo de organizaciones, académicos y técnicos de distintas disciplinas. Identificaron 120 conflictos, de los cuales ya fueron procesados hasta el momento 52 casos (el 43 por ciento). Los datos son contundentes: 600 mil personas, mayoritariamente campesinos e indígenas, de las provincias de Salta, Formosa, Santiago del Estero, Chaco, Córdoba y norte de Santa Fe están afectadas por conflictos territoriales y ambientales.
“Una superficie y población que prácticamente equivalen a la provincia de Jujuy son las que actualmente se encuentran afectadas por conflictos de tierra o medioambiente en la región chaqueña argentina”, compara el informe y destaca que más de la mitad de los conflictos (63 por ciento) comenzaron a partir de 2000, época en que se inició la expansión de la frontera agropecuaria en el noreste argentino. También subraya que en el 95 por ciento de los conflictos tienen protagonismo organizaciones de base y la articulación de comunidades.
La región del Chaco Americano (incluye norte argentino y zonas de Paraguay y Bolivia) es, luego del Amazonas, el área más rica en biodiversidad. También es la zona con los índices de pobreza más altos del país. Las familias campesinas e indígenas enfrentan en sus conflictos al Estado (52 por ciento), empresas y personas físicas (44 por ciento), Estado junto a empresas juntas, ONG e iglesias (cuatro por ciento).
La gran mayoría (70 por ciento) de las familias y comunidades afectadas responsabilizan al Estado por su situación de conflicto, sobre todo por la falta de títulos de propiedad, donde los afectados sienten falta de voluntad política o negligencia y demoras de parte de la dirigencia para resolver la situación. También cargan contra el Poder Judicial, que en la opinión de los afectados realiza una interpretación sesgada del Código Civil, que suele favorecer a quien tiene los dudosos títulos de propiedad y no a quienes tienen la posesión de las tierras.
“En los últimos años amplias zonas del NEA y NOA se sumaron a la producción de oleaginosas, especialmente soja, y fueron incorporadas de este modo al esquema modernizante de agricultura pampeana. Para lo cual se arrasaron decenas de miles de hectáreas de monte, se eliminaron cultivos tradicionales, se cambió el destino de terrenos dedicados a la ganadería y se modificó la estructura de tenencia de la tierra”, afirma el relevamiento y destaca que “la modernización agrícola agravó el deterioro de los ecosistemas, empeoró las condiciones de vida y aceleró las migraciones de pequeños productores”.
Se identificaron 14 casos de conflictos ambientales, de los cuales el 72 por ciento se iniciaron a partir de 2000. El 36 por ciento se debe a deforestación (para realizar obras de infraestructura o habilitar campos para siembra), el 29 por ciento por contaminación (uso de agrotóxicos, desechos industriales y canales que provocan deterioro del medioambiente), el 14 por ciento a obras de infraestructura y el otro 14 por ciento son preventivos (por amenazas de contaminación y deforestación).
Las contrapartes en las disputas ambientales son el Estado (79 por ciento) y empresas (21 por ciento). A diferencia de los conflictos de tierra, los conflictos ambientales afectan a la población en general, no sólo a criollos y aborígenes.
El informe resalta los casos de conflictos medioambientales causados por obras públicas. Aunque no son la causa mayoritaria, afectan a ecosistemas importantes de la región: Bañado la Estrella, en Formosa, y los Bajos Submeridionales, en Santa Fe, que involucran extensas superficies y gran cantidad de población. “Las obras provocan cambios en su dinámica natural, inundaciones, sequías, desertificación, deforestación y pérdida de biodiversidad”, explica.
El relevamiento de la Redaf señala la existencia de dos factores que imposibilitan las políticas de desarrollo de las comunidades campesinas e indígenas: la precariedad en la tenencia de la tierra y los daños ambientales provocados por la acelerada expansión de la frontera agrícola. El trabajo recuerda que en Argentina el 80 por ciento de la población vive en ciudades de más de 100.000 habitantes y asegura que “no hay voluntad política o no se visualizan políticas públicas” que consideren la permanencia de la población rural en sus tierras.
Misión a seis provincias
Para la investigación fueron visitadas seis provincias (Santiago del Estero, Jujuy, Salta, Catamarca, Mendoza y Córdoba), se realizaron 55 entrevistas y llevó dos años de trabajo de un equipo multidisciplinario de profesionales. Con 187 páginas repletas de datos, testimonios, investigaciones de otras instituciones y entrecruzamiento de datos, contó con el apoyo local del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-Vía Campesina), de miembros de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) y fue presentado en Ginebra (Suiza) durante el 12º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos.
La Cátedra Unesco de Sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) comenzó en 1996 luego de una acuerdo entre Unesco y la UPC. En la última década se transformó en una referencia en lo que respecta a derechos humanos, ambiente y economía. También participaron de la elaboración de la investigación las organizaciones Educación para la Acción Crítica, el Grupo de Cooperación del Campus de Terrassa y el Grupo de Investigación en Derechos Humanos y Sostenibilidad. Colaboró la Asociación Catalana de Ingeniería Sin Fronteras y apoyó el Departamento del Interior de Cataluña.
Botnia negó haber contaminado el río Uruguay
Botnia negó haber contaminado el río Uruguay
Fecha de Publicación: 22/02/2010
Fuente: La Prensa
Provincia/Región: Entre Ríos
Desde la pastera aclararon que "no hubo ninguna irregularidad" que pudiera generar consecuencias para la salud. Ayer, cerró un balneario en Gualeguaychú porque 90 bañistas sufrieron irritaciones en la piel y las autoridades analizan las aguas
El cierre del balneario argentino Ñandubaysal de Gualeguaychú, tras registrar 90 casos de personas con sarpullidos en la piel, todavía genera repercusiones.
Pese a que los asambleístas acusaron a Botnia por la reacción alérgica en la playa del río Uruguay, frente a su planta industrial, desde la compañía negaron que existiera alguna irregularidad que haya generado el brote.
La portavoz de Botnia, Florencia Herrera, dijo que "no hubo ninguna irregularidad" en los últimos días ni "ningún accidente" que haga pensar que esa situación fue consecuencia de las operaciones de la planta.
En tanto, el intendente de Gualeguaychú, Juan José Bahillo, aseguró esta mañana estar "muy preocupado". "El balneario tiene más de 30 años y nunca había habido un episodio de estas características", lanzó.
Sin embargo, el funcionario declinó implicar "directamente" a la planta de celulosa, aunque aclaró que "es innegable que Botnia altera y perjudica el medio ambiente".
En tanto, las autoridades argentinas aseguraron que aguardaran los análisis que son analizados por las universidades de Buenos Aires y de La Plata. Funcionarios uruguayos también analizan la pureza de las aguas del río Uruguay, ante el cierre del balneario.
Desde la Asamblea Ciudadana de Gualeguaychú calificaron de "canallesca" la actitud de la pastera y lanzaron fuertes críticas. "Nos hace pensar que es indudablemente una sustancia irritante y tóxica para la piel que estaba en el agua", señaló Martín Alazard, asambleista y médico.
Tras los incidentes, la asamblea le pidió una audiencia al intendente Bahillo para interiorizarse sobre el funcionamiento del Plan de Vigilancia Ambiental instrumentado para controlar los efectos de Botnia en la región.
En este marco, senadores y diputados provinciales visitarán el jueves la zona ubicada frente a Botnia, entre la isla Inés y el arroyo Pereyra, para constatar el supuesto perjuicio que la pastera habría ocasionado en ese lugar.
El senador por Gualeguaychú Osvaldo Chessini, anticipó que no se descarta que los legisladores impulsen alguna acción contra el daño ambiental de la pastera, en caso de que confirmen que los cambios en el paisaje fueron producidos por las emisiones de Botnia.
Fecha de Publicación: 22/02/2010
Fuente: La Prensa
Provincia/Región: Entre Ríos
Desde la pastera aclararon que "no hubo ninguna irregularidad" que pudiera generar consecuencias para la salud. Ayer, cerró un balneario en Gualeguaychú porque 90 bañistas sufrieron irritaciones en la piel y las autoridades analizan las aguas
El cierre del balneario argentino Ñandubaysal de Gualeguaychú, tras registrar 90 casos de personas con sarpullidos en la piel, todavía genera repercusiones.
Pese a que los asambleístas acusaron a Botnia por la reacción alérgica en la playa del río Uruguay, frente a su planta industrial, desde la compañía negaron que existiera alguna irregularidad que haya generado el brote.
La portavoz de Botnia, Florencia Herrera, dijo que "no hubo ninguna irregularidad" en los últimos días ni "ningún accidente" que haga pensar que esa situación fue consecuencia de las operaciones de la planta.
En tanto, el intendente de Gualeguaychú, Juan José Bahillo, aseguró esta mañana estar "muy preocupado". "El balneario tiene más de 30 años y nunca había habido un episodio de estas características", lanzó.
Sin embargo, el funcionario declinó implicar "directamente" a la planta de celulosa, aunque aclaró que "es innegable que Botnia altera y perjudica el medio ambiente".
En tanto, las autoridades argentinas aseguraron que aguardaran los análisis que son analizados por las universidades de Buenos Aires y de La Plata. Funcionarios uruguayos también analizan la pureza de las aguas del río Uruguay, ante el cierre del balneario.
Desde la Asamblea Ciudadana de Gualeguaychú calificaron de "canallesca" la actitud de la pastera y lanzaron fuertes críticas. "Nos hace pensar que es indudablemente una sustancia irritante y tóxica para la piel que estaba en el agua", señaló Martín Alazard, asambleista y médico.
Tras los incidentes, la asamblea le pidió una audiencia al intendente Bahillo para interiorizarse sobre el funcionamiento del Plan de Vigilancia Ambiental instrumentado para controlar los efectos de Botnia en la región.
En este marco, senadores y diputados provinciales visitarán el jueves la zona ubicada frente a Botnia, entre la isla Inés y el arroyo Pereyra, para constatar el supuesto perjuicio que la pastera habría ocasionado en ese lugar.
El senador por Gualeguaychú Osvaldo Chessini, anticipó que no se descarta que los legisladores impulsen alguna acción contra el daño ambiental de la pastera, en caso de que confirmen que los cambios en el paisaje fueron producidos por las emisiones de Botnia.
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