Por la fumigación, más cardiopatías congénitas
18:58 | 
Publicado por
Eco Sitio |
Por la fumigación, aumentaron las cardiopatías congénitas en niños
Fecha de Publicación: 14/02/2010
Fuente: AIM Digital
Provincia/Región: Entre Ríos - Nacional
Las cardiopatías congénitas, una serie de malformaciones en el corazón del niño, aumentaron considerablemente en los últimos años y están directamente relacionadas con el uso indiscriminado de agroquímicos, alertó a AIM el presidente de la Fundación por el Corazón de los Niños, Alfredo Berduc, quien aseveró que “en este momento hay entre 50 y 60 chicos esperando para operarse en el hospital San Roque de Paraná, y cada vez habrá más porque en cada cosecha de soja aparecen más casos”. Además, cuestionó que las cirugías en el principal nosocomio de la provincia “están paralizadas porque no hay dinero para realizarlas, pese a que está todo el equipamiento necesario e incluso se consiguió el nombramiento del personal”.
En diálogo con esta Agencia, Berduc señaló que “en este momento hay entre 50 y 60 chicos esperando para operarse, y cada vez habrá más porque en cada cosecha de soja aparecen más casos de cardiopatía congénita”.
Sin embargo, denunció que “las cirugías en el hospital San Roque están paralizadas porque no hay dinero para realizarlas, pese a que está todo el equipamiento necesario e incluso se consiguió el nombramiento del personal, pero falta la voluntad política del gobierno de invertir el dinero necesario para realizar las operaciones y sólo los casos de extrema urgencia son enviados a Buenos Aires”.
Al respecto, especificó que “una cirugía en Paraná al Estado le sale siete mil pesos y derivarla afuera sale 26 mil pesos” y cuestionó que esas derivaciones “implican que un chiquito deba hacer 10 mil kilómetros en ambulancia para poder solucionar su problema, más el desarraigo que significa tener que vivir en Buenos Aires”.
También sostuvo que “en varias oportunidades se solicitó audiencia desde la Fundación con los secretarios de Salud de la provincia –aunque aclaró que no se hizo con el actual secretario Pablo Basso- y no se obtuvo ninguna respuesta” y agregó que “recién cuando salimos a los medios logramos que nombraran a los médicos, pero no queremos tener que llegar a eso porque pueden pensar que se trata de una cuestión política”.
“Esto no se trata de ninguna cuestión política, sino que se trata de la salud de nuestros chicos y de los más humildes”, sentenció.
Agroquímicos y cáncer
Consultado sobre los motivos del aumento de estas patologías, el profesional las vinculó “sin lugar a dudas” al uso indiscriminado de agroquímicos y aseveró que “esto es una realidad, y no sólo aparecen más cardiopatías, sino también las leucocis, los cánceres y las malformaciones”.
“En Rosario y fuera de la ciudad, se hicieron estudios en los barrios cercanos a los cultivos y se detectó que el 60 por ciento de los hombres estaba contaminado, y en Hasenkamp hubo ocho muchachos jóvenes que vivían y trabajaban al lado de un silo que tuvieron cáncer y se murieron todos. Esto es una realidad que no se puede negar en absoluto”, ejemplificó.
Además, detalló que los cuadros que aparecen relacionados con el uso de agroquímicos en el corazón de los niños son: falta de ventrículos, falta de una de las arterias, o la existencia de dos cámaras, en vez de cuatro.
También dijo que el uso de agrotóxicos determina otras situaciones comunes en las salas de partos: “se ven embarazos de chicos que no tienen cabeza, que nacen con el abdomen abierto o con la columna vertebral abierta, y todo esto tiene que ver con los agroquímicos”.
Contó que también el plomo que se usa en las cacerías de pato impacta en la salud y “quienes se dedican a cazar patos utilizan gran cantidad de cartuchos con plomo y después regalan los patos a los comedores escolares, pero esos animales tienen 800 veces más plomo”. Precisó que “también el arroz viene contaminado con tóxicos, y eso afecta a las madres embarazadas y a los adultos y se nota directamente en una mayor cantidad de casos de cardiopatías, malformaciones, leucemias y cáncer”.
Berduc dijo a esta Agencia que hoy en día se sabe que el glifosato (agroquímico para fumigar) es tóxico. Sólo basta recordar que el glifosato es el agroquímico más utilizado en los más de 16 millones de hectáreas cultivadas en Argentina con variedades resistentes a este compuesto, principalmente soja transgénica.
El trabajo de la fundación
La Fundación por el corazón de los niños se sostiene exclusivamente gracias a la venta de una rifa que se realiza todos los años, y destina su tiempo y su trabajo a la compra de aparatología para el área de cardiología del hospital San Roque de Paraná.
Al respecto, la secretaria de la institución, Blanca Varela comentó a AIM que el objetico de la Fundación es “colaborar con las cirugías cardiovasculares y el área de hemodinamia del hospital”.
En los diez años de trabajo pudieron donar al nosocomio “equipamiento, instrumental, a paratología, el año pasado se entregó un respirador que fue muy utilizado en la época de la pandemia de gripe”. “En el hospital hay muchas necesidades y nunca alcanza el dinero que el Estado destina para los gastos que demanda y el año pasado estuvo desbordado por la pandemia”, admitió.
“También se dan especializaciones para el personal y este año el objetivo es comprar una ambulancia y equiparla junto a la Fundación de Neonatología FundNeo”, adelantó Berduc, quien reclamó que “la sociedad ha cumplido en esto pero al gobierno le falta cumplir”.
Acotó que este 2010 “ya se está organizando la rifa porque de otro modo no podríamos subsistir” y recordó que “hace tiempo nos sacaron del hospital y tuvimos que alquilar una casa”. Al respecto, Varela sostuvo que “tanto las empresas como los particulares que deseen realizar donaciones pueden hacerlo comunicándose con la Fundación, que funciona en calle La Rioja 431 de Paraná”.
Qué es una cardiopatía congénita
Las cardiopatías congénitas son lesiones anatómicas de una o varias de las cuatro cámaras cardíacas, de los tabiques que las separan, o de las válvulas o tractos de salida (zonas ventriculares por donde sale la sangre del corazón).
La noticia de que un niño padece una lesión cardíaca congénita es siempre motivo de gran preocupación para los padres. Y efectivamente, una cardiopatía congénita no diagnosticada ni tratada siempre es algo serio, y a diferencia de lo que ocurre con otros órganos, con un corazón enfermo la situación clínica de los niños pequeños, en especial los recién nacidos, cambia rápidamente pudiendo ser grave en pocas horas o días.
Uno de los signos de alarma que los papás deben tener en cuenta para consultar rápidamente es que el bebé se fatigue cuando le dan de mamar, porque el chico con insuficiencia cardíaca se agota al comer, entonces deja de hacerlo y no crece como debería.
Fecha de Publicación: 14/02/2010
Fuente: AIM Digital
Provincia/Región: Entre Ríos - Nacional
Las cardiopatías congénitas, una serie de malformaciones en el corazón del niño, aumentaron considerablemente en los últimos años y están directamente relacionadas con el uso indiscriminado de agroquímicos, alertó a AIM el presidente de la Fundación por el Corazón de los Niños, Alfredo Berduc, quien aseveró que “en este momento hay entre 50 y 60 chicos esperando para operarse en el hospital San Roque de Paraná, y cada vez habrá más porque en cada cosecha de soja aparecen más casos”. Además, cuestionó que las cirugías en el principal nosocomio de la provincia “están paralizadas porque no hay dinero para realizarlas, pese a que está todo el equipamiento necesario e incluso se consiguió el nombramiento del personal”.
En diálogo con esta Agencia, Berduc señaló que “en este momento hay entre 50 y 60 chicos esperando para operarse, y cada vez habrá más porque en cada cosecha de soja aparecen más casos de cardiopatía congénita”.
Sin embargo, denunció que “las cirugías en el hospital San Roque están paralizadas porque no hay dinero para realizarlas, pese a que está todo el equipamiento necesario e incluso se consiguió el nombramiento del personal, pero falta la voluntad política del gobierno de invertir el dinero necesario para realizar las operaciones y sólo los casos de extrema urgencia son enviados a Buenos Aires”.
Al respecto, especificó que “una cirugía en Paraná al Estado le sale siete mil pesos y derivarla afuera sale 26 mil pesos” y cuestionó que esas derivaciones “implican que un chiquito deba hacer 10 mil kilómetros en ambulancia para poder solucionar su problema, más el desarraigo que significa tener que vivir en Buenos Aires”.
También sostuvo que “en varias oportunidades se solicitó audiencia desde la Fundación con los secretarios de Salud de la provincia –aunque aclaró que no se hizo con el actual secretario Pablo Basso- y no se obtuvo ninguna respuesta” y agregó que “recién cuando salimos a los medios logramos que nombraran a los médicos, pero no queremos tener que llegar a eso porque pueden pensar que se trata de una cuestión política”.
“Esto no se trata de ninguna cuestión política, sino que se trata de la salud de nuestros chicos y de los más humildes”, sentenció.
Agroquímicos y cáncer
Consultado sobre los motivos del aumento de estas patologías, el profesional las vinculó “sin lugar a dudas” al uso indiscriminado de agroquímicos y aseveró que “esto es una realidad, y no sólo aparecen más cardiopatías, sino también las leucocis, los cánceres y las malformaciones”.
“En Rosario y fuera de la ciudad, se hicieron estudios en los barrios cercanos a los cultivos y se detectó que el 60 por ciento de los hombres estaba contaminado, y en Hasenkamp hubo ocho muchachos jóvenes que vivían y trabajaban al lado de un silo que tuvieron cáncer y se murieron todos. Esto es una realidad que no se puede negar en absoluto”, ejemplificó.
Además, detalló que los cuadros que aparecen relacionados con el uso de agroquímicos en el corazón de los niños son: falta de ventrículos, falta de una de las arterias, o la existencia de dos cámaras, en vez de cuatro.
También dijo que el uso de agrotóxicos determina otras situaciones comunes en las salas de partos: “se ven embarazos de chicos que no tienen cabeza, que nacen con el abdomen abierto o con la columna vertebral abierta, y todo esto tiene que ver con los agroquímicos”.
Contó que también el plomo que se usa en las cacerías de pato impacta en la salud y “quienes se dedican a cazar patos utilizan gran cantidad de cartuchos con plomo y después regalan los patos a los comedores escolares, pero esos animales tienen 800 veces más plomo”. Precisó que “también el arroz viene contaminado con tóxicos, y eso afecta a las madres embarazadas y a los adultos y se nota directamente en una mayor cantidad de casos de cardiopatías, malformaciones, leucemias y cáncer”.
Berduc dijo a esta Agencia que hoy en día se sabe que el glifosato (agroquímico para fumigar) es tóxico. Sólo basta recordar que el glifosato es el agroquímico más utilizado en los más de 16 millones de hectáreas cultivadas en Argentina con variedades resistentes a este compuesto, principalmente soja transgénica.
El trabajo de la fundación
La Fundación por el corazón de los niños se sostiene exclusivamente gracias a la venta de una rifa que se realiza todos los años, y destina su tiempo y su trabajo a la compra de aparatología para el área de cardiología del hospital San Roque de Paraná.
Al respecto, la secretaria de la institución, Blanca Varela comentó a AIM que el objetico de la Fundación es “colaborar con las cirugías cardiovasculares y el área de hemodinamia del hospital”.
En los diez años de trabajo pudieron donar al nosocomio “equipamiento, instrumental, a paratología, el año pasado se entregó un respirador que fue muy utilizado en la época de la pandemia de gripe”. “En el hospital hay muchas necesidades y nunca alcanza el dinero que el Estado destina para los gastos que demanda y el año pasado estuvo desbordado por la pandemia”, admitió.
“También se dan especializaciones para el personal y este año el objetivo es comprar una ambulancia y equiparla junto a la Fundación de Neonatología FundNeo”, adelantó Berduc, quien reclamó que “la sociedad ha cumplido en esto pero al gobierno le falta cumplir”.
Acotó que este 2010 “ya se está organizando la rifa porque de otro modo no podríamos subsistir” y recordó que “hace tiempo nos sacaron del hospital y tuvimos que alquilar una casa”. Al respecto, Varela sostuvo que “tanto las empresas como los particulares que deseen realizar donaciones pueden hacerlo comunicándose con la Fundación, que funciona en calle La Rioja 431 de Paraná”.
Qué es una cardiopatía congénita
Las cardiopatías congénitas son lesiones anatómicas de una o varias de las cuatro cámaras cardíacas, de los tabiques que las separan, o de las válvulas o tractos de salida (zonas ventriculares por donde sale la sangre del corazón).
La noticia de que un niño padece una lesión cardíaca congénita es siempre motivo de gran preocupación para los padres. Y efectivamente, una cardiopatía congénita no diagnosticada ni tratada siempre es algo serio, y a diferencia de lo que ocurre con otros órganos, con un corazón enfermo la situación clínica de los niños pequeños, en especial los recién nacidos, cambia rápidamente pudiendo ser grave en pocas horas o días.
Uno de los signos de alarma que los papás deben tener en cuenta para consultar rápidamente es que el bebé se fatigue cuando le dan de mamar, porque el chico con insuficiencia cardíaca se agota al comer, entonces deja de hacerlo y no crece como debería.
La peor contaminación
La peor contaminación, a tres kilómetros del Centro porteño
Fecha de Publicación: 13/02/2010
Fuente: Perfil - Por Daniel Muchnik
Provincia/Región: Buenos Aires
Más de cinco millones de personas viven en los 2.200 kilómetros cuadrados que abarca la cuenca Matanza-Riachuelo, la región más contaminada de nuestro país, donde las tasas de mortalidad y enfermedades respiratorias y gastrointestinales superan todos los récords en el país. A esa terrible realidad se le suma una escandalosa lucha de vanidades entre las autoridades de la Nación, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad para determinar las jurisdicciones a la hora de actuar. Informes de organismos de control revelan severos atrasos y mala ejecución en acciones claves como la reubicación de los vecinos del lugar.
Decir que el Riachuelo sigue siendo una cloaca abierta, un tajo mugriento, maloliente y contaminante en las orillas de la Capital y la Provincia ya es un lugar común. Pero aun asumiendo otra vez esa definición, el balance de lo actuado para modificar esa realidad es definitivamente magro.
Con bastante razón los dirigentes uruguayos señalaron a la Argentina como imposibilitada para hablar de contaminación, a partir del caso de la papelera Botnia. Dijeron que el Riachuelo era una muestra de dejadez, impericia y bomba ambiental.
Todas las movilizaciones populares, en entidades vinculadas geográficamente a la cuenca Matanza-Riachuelo, en reclamo de soluciones, no fueron escuchadas, pero siguen insistiendo con especial énfasis en las enfermedades a la que están expuestos más de un millón de hogares. En las orillas de la Cuenca, que comprende un territorio de 2.200 kilómetros cuadrados, viven 5 millones y medio de personas. Los informes de la Auditoría General de la Nación, de la asociación que nuclea a los técnicos y empleados de diferentes organismos de control y de la Defensoría del Pueblo, quedaron en los cajones oficiales, a la espera de resoluciones. Debió intervenir la Corte Suprema de Justicia para exigir soluciones con perentoriedad. La mayoría bien sabe cuáles son las industrias y otros factores contaminantes, con nombre y apellido.
El Riachuelo sufrió la lucha, la vanidad, el narcisismo y la competencia entre jurisdicciones geográficas vinculadas. La Ciudad no se puso de acuerdo con la Provincia de Buenos Aires y ninguna de las dos con la Nación. Fue la fría estatua del desentendimiento. Un ente gestado para superar esos abismos, la Autoridad de Cuenca Matanza–Riachuelo (Acumar) acaba de informar el plan presupuestario para el saneamiento. Dispone de 23.801 millones de pesos hasta el año 2024. Para este año destinará 4.427 millones y entre 2006 y 2009 gastó 3.114 millones de pesos.
¿Será suficiente? Experiencias extranjeras –como el caso de la contaminación del río Támesis en Gran Bretaña– demostraron que no se requieren súper presupuestos, aunque sí coordinación por parte del Estado, eficiencia, rapidez, racionalización contable y garantías para que no se repita la contaminación. La Acumar está integrada por un Consejo Directivo presidido por el Secretario de Ambiente y titular del Ente, Homero Bibiloni, un Consejo con representantes de 14 municipios por donde pasa la contaminación, una Comisión de Participación Social y un Foro de Universidades.
Detalles históricos. Buenos Aires descuidó históricamente la limpieza y no supo advertir a tiempo las contingencias de la contaminación. Las pestes que la azotaron en la segunda mitad del siglo XIX, con sus miles de víctimas, las que llenaron cementerios hoy ocultos en los subsuelos de algunas plazas de la Ciudad, no fueron suficiente enseñanza hasta varias décadas después. Sólo el 14 por ciento de las viviendas de la ciudad disponían de agua potable, distribuída por red, en 1887, 17 años después de la epidemia de fiebre amarilla. En 1910, en el primer Centenario llegaba al 53 por ciento de sus viviendas. Ese mismo año de 1910 registra que tan sólo el 40 por ciento de los hogares de la Ciudad estaba contectado a la red cloacal, pese a que desde 1895 la Municipalidad había prohibido la excavación de pozos ciegos, una de las causas que originaron, en 1870 los brotes epidemiológicos fatales.
¿Qué hacía la gente? ¿Dónde se alojaba? Las clases altas ya habían ganado el espacio de la Plaza San Martín y de allí hacia el norte conocido, hasta toparse con los bosques de Palermo. Las clases que intentaban ubicarse en el medio de la pirámide social tenían otros barrios, hacia el sur y hacia el oeste de la capital. Los inmigrantes pobres, gran parte del torrente de extranjeros que llegó al país, se concentraban, hacinados, en los conventillos. Hubo excepciones a la regla: varias empresas de servicios, como el caso de las ferroviarias, construyeron barrios para empleados, con departamentos agrupados en dos pisos, a la manera de Gran Bretaña. Existió, en su momento, una Comisión Nacional de Casas Baratas: se dedicaba a construir una gran casa colectiva a la que llamaban “mansión para obreros”. Para calmar sus aflicciones por la promiscuidad, algunos gobiernos conservadores inauguraron barrios obreros con casas construidas con préstamos a muy largo plazo.
¿Qué hacían con la basura? Para ello eligieron La Quema, al sur de la ciudad, detrás de Parque Patricios, ya en Pompeya, donde se procuraba “quemar” todo lo que se tiraba. Y quien también recibía los monumentales desechos eran las orillas y el mismo Riachuelo, cercano a La Quema. A esa parte de la Ciudad fueron a parar los sectores de población sin recursos, muchos de los cuales vivían de rescatar algún elemento de la basura para revender. Y allí se levantaron las primeras “villas miseria”, un término que quedó registrado por la literatura preocupada por los temas sociales. Una de las primeras fue el barrio Las Ranas.
Con la industrialización, que comienza a tomar vigor a fines del siglo XIX y en las tres primeras décadas del siglo XX (ya en los tiempos de nuestros bisabuelos y abuelos) varias fábricas y los frigoríficos se radican al borde del Riachuelo. Toda la porquería, todos los químicos que usan, lo vertieron en esa cuenca hasta desgraciarla. Esa herencia quedó intacta a lo largo de todo el siglo pasado. No se hicieron grandes emprendimientos salvo, quizás, esas obras que impidieron la inundación mayor de La Boca.
Hoy por hoy. En todo el recorrido de la cuenca Matanza-Riachuelo falta agua de red, no hay suficientes desagües cloacales y todo se inunda. Las tasas de mortalidad y enfermedades respiratorias y gastrointestinales superan todos los récords en el país.
Es una pintura del drama social, cada día más creciente y a muy pocos kilómetros del centro mismo de la Capital Federal.
Un estudio de la Auditoría General de la Nación detalla que el Comité Ejecutor del Plan Ambiental que funcionó desde 1995 hasta la creación de la Autoridad de la Cuenca (Acumar) subejecutó su presupuesto, no controló a las industrias contaminantes y no hizo cumplir un contrato de concesión con Aguas Argentinas S.A. que preveía la construcción del sistema cloacal de la cuenca.
Según un informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, los ministerios de Salud y Desarrollo Urbano, el Instituto de la Vivienda y la Agencia de Protección Ambiental, registran “debilidades” en su tarea de sanear la cuenca. Destacan demoras en la ejecución de obras, falta de controles de contaminación con metales pesados y poco avance en la relocalización de los vecinos.
Otro trabajo muy reciente de la Auditoría General de la Nación señala a Acumar, la actual principal responsable, de no implementar el fondo de “compensación ambiental”, que estaba incluido en la misma ley que creó al organismo en 2006. Ese fondo apuntaba a la “protección de los derechos humanos y la prevención, mitigación y recomposición de los daños ambientales”.
Uno de los principales derechos humanos es el derecho a una vida digna.
Fecha de Publicación: 13/02/2010
Fuente: Perfil - Por Daniel Muchnik
Provincia/Región: Buenos Aires
Más de cinco millones de personas viven en los 2.200 kilómetros cuadrados que abarca la cuenca Matanza-Riachuelo, la región más contaminada de nuestro país, donde las tasas de mortalidad y enfermedades respiratorias y gastrointestinales superan todos los récords en el país. A esa terrible realidad se le suma una escandalosa lucha de vanidades entre las autoridades de la Nación, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad para determinar las jurisdicciones a la hora de actuar. Informes de organismos de control revelan severos atrasos y mala ejecución en acciones claves como la reubicación de los vecinos del lugar.
Decir que el Riachuelo sigue siendo una cloaca abierta, un tajo mugriento, maloliente y contaminante en las orillas de la Capital y la Provincia ya es un lugar común. Pero aun asumiendo otra vez esa definición, el balance de lo actuado para modificar esa realidad es definitivamente magro.
Con bastante razón los dirigentes uruguayos señalaron a la Argentina como imposibilitada para hablar de contaminación, a partir del caso de la papelera Botnia. Dijeron que el Riachuelo era una muestra de dejadez, impericia y bomba ambiental.
Todas las movilizaciones populares, en entidades vinculadas geográficamente a la cuenca Matanza-Riachuelo, en reclamo de soluciones, no fueron escuchadas, pero siguen insistiendo con especial énfasis en las enfermedades a la que están expuestos más de un millón de hogares. En las orillas de la Cuenca, que comprende un territorio de 2.200 kilómetros cuadrados, viven 5 millones y medio de personas. Los informes de la Auditoría General de la Nación, de la asociación que nuclea a los técnicos y empleados de diferentes organismos de control y de la Defensoría del Pueblo, quedaron en los cajones oficiales, a la espera de resoluciones. Debió intervenir la Corte Suprema de Justicia para exigir soluciones con perentoriedad. La mayoría bien sabe cuáles son las industrias y otros factores contaminantes, con nombre y apellido.
El Riachuelo sufrió la lucha, la vanidad, el narcisismo y la competencia entre jurisdicciones geográficas vinculadas. La Ciudad no se puso de acuerdo con la Provincia de Buenos Aires y ninguna de las dos con la Nación. Fue la fría estatua del desentendimiento. Un ente gestado para superar esos abismos, la Autoridad de Cuenca Matanza–Riachuelo (Acumar) acaba de informar el plan presupuestario para el saneamiento. Dispone de 23.801 millones de pesos hasta el año 2024. Para este año destinará 4.427 millones y entre 2006 y 2009 gastó 3.114 millones de pesos.
¿Será suficiente? Experiencias extranjeras –como el caso de la contaminación del río Támesis en Gran Bretaña– demostraron que no se requieren súper presupuestos, aunque sí coordinación por parte del Estado, eficiencia, rapidez, racionalización contable y garantías para que no se repita la contaminación. La Acumar está integrada por un Consejo Directivo presidido por el Secretario de Ambiente y titular del Ente, Homero Bibiloni, un Consejo con representantes de 14 municipios por donde pasa la contaminación, una Comisión de Participación Social y un Foro de Universidades.
Detalles históricos. Buenos Aires descuidó históricamente la limpieza y no supo advertir a tiempo las contingencias de la contaminación. Las pestes que la azotaron en la segunda mitad del siglo XIX, con sus miles de víctimas, las que llenaron cementerios hoy ocultos en los subsuelos de algunas plazas de la Ciudad, no fueron suficiente enseñanza hasta varias décadas después. Sólo el 14 por ciento de las viviendas de la ciudad disponían de agua potable, distribuída por red, en 1887, 17 años después de la epidemia de fiebre amarilla. En 1910, en el primer Centenario llegaba al 53 por ciento de sus viviendas. Ese mismo año de 1910 registra que tan sólo el 40 por ciento de los hogares de la Ciudad estaba contectado a la red cloacal, pese a que desde 1895 la Municipalidad había prohibido la excavación de pozos ciegos, una de las causas que originaron, en 1870 los brotes epidemiológicos fatales.
¿Qué hacía la gente? ¿Dónde se alojaba? Las clases altas ya habían ganado el espacio de la Plaza San Martín y de allí hacia el norte conocido, hasta toparse con los bosques de Palermo. Las clases que intentaban ubicarse en el medio de la pirámide social tenían otros barrios, hacia el sur y hacia el oeste de la capital. Los inmigrantes pobres, gran parte del torrente de extranjeros que llegó al país, se concentraban, hacinados, en los conventillos. Hubo excepciones a la regla: varias empresas de servicios, como el caso de las ferroviarias, construyeron barrios para empleados, con departamentos agrupados en dos pisos, a la manera de Gran Bretaña. Existió, en su momento, una Comisión Nacional de Casas Baratas: se dedicaba a construir una gran casa colectiva a la que llamaban “mansión para obreros”. Para calmar sus aflicciones por la promiscuidad, algunos gobiernos conservadores inauguraron barrios obreros con casas construidas con préstamos a muy largo plazo.
¿Qué hacían con la basura? Para ello eligieron La Quema, al sur de la ciudad, detrás de Parque Patricios, ya en Pompeya, donde se procuraba “quemar” todo lo que se tiraba. Y quien también recibía los monumentales desechos eran las orillas y el mismo Riachuelo, cercano a La Quema. A esa parte de la Ciudad fueron a parar los sectores de población sin recursos, muchos de los cuales vivían de rescatar algún elemento de la basura para revender. Y allí se levantaron las primeras “villas miseria”, un término que quedó registrado por la literatura preocupada por los temas sociales. Una de las primeras fue el barrio Las Ranas.
Con la industrialización, que comienza a tomar vigor a fines del siglo XIX y en las tres primeras décadas del siglo XX (ya en los tiempos de nuestros bisabuelos y abuelos) varias fábricas y los frigoríficos se radican al borde del Riachuelo. Toda la porquería, todos los químicos que usan, lo vertieron en esa cuenca hasta desgraciarla. Esa herencia quedó intacta a lo largo de todo el siglo pasado. No se hicieron grandes emprendimientos salvo, quizás, esas obras que impidieron la inundación mayor de La Boca.
Hoy por hoy. En todo el recorrido de la cuenca Matanza-Riachuelo falta agua de red, no hay suficientes desagües cloacales y todo se inunda. Las tasas de mortalidad y enfermedades respiratorias y gastrointestinales superan todos los récords en el país.
Es una pintura del drama social, cada día más creciente y a muy pocos kilómetros del centro mismo de la Capital Federal.
Un estudio de la Auditoría General de la Nación detalla que el Comité Ejecutor del Plan Ambiental que funcionó desde 1995 hasta la creación de la Autoridad de la Cuenca (Acumar) subejecutó su presupuesto, no controló a las industrias contaminantes y no hizo cumplir un contrato de concesión con Aguas Argentinas S.A. que preveía la construcción del sistema cloacal de la cuenca.
Según un informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, los ministerios de Salud y Desarrollo Urbano, el Instituto de la Vivienda y la Agencia de Protección Ambiental, registran “debilidades” en su tarea de sanear la cuenca. Destacan demoras en la ejecución de obras, falta de controles de contaminación con metales pesados y poco avance en la relocalización de los vecinos.
Otro trabajo muy reciente de la Auditoría General de la Nación señala a Acumar, la actual principal responsable, de no implementar el fondo de “compensación ambiental”, que estaba incluido en la misma ley que creó al organismo en 2006. Ese fondo apuntaba a la “protección de los derechos humanos y la prevención, mitigación y recomposición de los daños ambientales”.
Uno de los principales derechos humanos es el derecho a una vida digna.
Escándalo y agresiones verbales en Catamarca
Escándalo y agresiones verbales durante la visita de Pino Solanas
Fecha de Publicación: 13/02/2010
Fuente: DERF
Provincia/Región: Catamarca
El arribo a Catamarca del cineasta Fernando "Pino" Solanas se tiñó ayer de escándalo, entrecruces y discusiones verbales. Un grupo de estudiantes universitarios, docentes, empleados de la Secretaría Minería y algún militante a favor de la extracción de los recursos naturales agredieron al diputado nacional del movimiento Proyecto Sur que llegó a Catamarca para apoyar a las organizaciones que rechazan la explotación del yacimiento Agua Rica.
Pasado el mediodía, Solanas arribó al hotel Ancasti en auto y fue recibido a huevazos por los grupos promineros que ya lo esperaban en la puerta. Los jóvenes que se identificaron como estudiantes de las carreras de ingeniería en Minas de la Universidad Nacional de Catamarca portaban pancartas con leyendas que expresaban: "Solanas miente", "Solanas, preocúpate por el Riachuelo".
Llamó la atención el despliegue de una bandera tricolor de más de dos metros que se identificaba como juventud del FCS y acompañaba al grupo que organizaba el escrache.
"Nuestra presencia es para repudiar la presencia de Pino Solanas ya que le hace mucho daño a la actividad minera. Es la única actividad productiva para el desarrollo de Catamarca. Viene a sembrar pánico en nuestra provincia", justificó el estudiante Javier Saracho para explicar el escrache que hasta ese momento era sólo en la vía pública.
El escándalo pasó a mayores cuando Solanas junto a dirigentes y militantes del movimiento Proyecto Sur pretendieron iniciar una conferencia de prensa y se vieron sorprendidos por la repentina aparición en la sala del hotel de los mismos militantes que lo habían recibido a huevazos.
Los activistas a favor de la minería reclamaban participar de la conferencia para rebatir los argumentos en contra de la explotación minera y porque entendían que era un evento abierto al público. Los partidarios que acompañaban al director de la película "Tierra Sublevada, Oro Impuro" les pidieron que se retiraran del lugar porque era una actividad que estaba prevista sólo para periodistas locales y para algunos invitados particulares. Pero los primeros insistían en quedarse para escuchar y a partir de allí la pasión fue incontrolable y hubo entrecruces verbales, forcejeos y debates a los gritos.
Mientras ocurrían los incidentes, Solanas intentaba dialogar con la prensa. "Lo que siempre ocurre es que siempre hay 15 ó 20 enviados por las empresas mineras para provocar, que vienen a tirar huevos, lo real es que en Andalgalá me esperan 3.000 ó 4.000 personas", dijo al ser consultado por la recepción que recibió. Lo que es un escándalo es la contaminación de las mineras, lo que es un escándalo es la pobreza que deja la gran minería", expresó.
El diputado nacional pretendía responder a la prensa pero militantes se ubicaron a su lado para mostrar ante las cámaras de televisión las pancartas que lo acusaban de mentiroso. El diálogo era imposible. Algunos estudiantes se animaron a increparlo y el cineasta los trató de "autoritarios y fascistas".
Entre tanta tensión, lo cierto es que faltó muy poco para algunas escenas de pugilato. Otra de las polémicas las protagonizó el ingeniero Héctor Nieva, quien tuvo varios entrecruces con docentes de la Universidad local.
Militantes de una y otra parte acusaron agresión en medio de acaloradas discusiones. Fue en ese momento que los dirigentes de Proyecto Sur solicitaron la intervención de la policía de la Provincia y comenzaron a "marcar" a cada uno para que los agentes los retiren del salón.
Cuando la calma retornó al lugar, el diputado nacional no pudo ocultar su mal humor por los incidentes y ya con menguada voluntad respondió a los interrogantes de la prensa local. Al finalizar, Solanas partió hacia Andalgalá y anoche acompañaba a una marcha en contra de la explotación de Agua Rica. Además, continuará con la difusión de su película en Andalgalá, Santa María y Quilmes.
Denuncias polémicas
El cineasta Fernando Pino Solanas participaba anoche de la marcha que se realizaba en Andalgalá en contra de la explotación del yacimiento de Agua Rica.
"Va a multiplicar el enorme daño ambiental contra la región", opinó.
Pero además confirmó que viajaba hasta la perla del Oeste porque una de las protagonistas de la película Oro Impuro, Laura Reales, una adolescente de 13 años, murió hace pocos días.
"Vivía a tres kilómetros de la mina y falleció por una extrañísima enfermedad, que no se pudo detectar pero que es producto de la contaminación de las aguas y del polvillo", dijo en lo que fue una de las denuncias que más polémica generó cuando todavía estaban presentes los militantes a favor de la minería.
"Sin lugar a dudas se trata de esas enfermedades por envenenamiento de las aguas", arriesgó Solanas.
"Ustedes lo saben y no pueden ocultar la verdad, ése es un escándalo. La Secretaría de Minería de Catamarca responden a las mineras, los informes de impacto ambiental lo hacen las mineras", acusó y salió al cruce de los manifestantes que lo criticaban por no haberse ocupado de la contaminación del Riachuelo.
"Participé de todas las interpelaciones a María Julia Alsogaray, pero además una cosa no tiene que ver con la otra", se defendió.
"Hay una Catamarca ligada a las mineras y hay otra Catamarca que no cree en las promesas de la megaminería", dijo y aclaró que Proyecto Sur no se opone a la explotación minera sino a la megaexplotación que realiza voladuras y utiliza sustancias tóxicas como cianuro. Apuntó que en el país hoy son siete las provincias cuyas legislaturas, por unanimidad, se pronunciaron en contra de la explotación a cielo abierto. "Que sectores de la población no estén informados es lamentable", dijo.
Activistas mineros dicen que querían debatir
Los estudiantes y docentes que participaron del escrache a Solanas justificaron el escándalo al señalar que pretendían ingresar y participar de la conferencia para lograr rebatir la postura de aquéllos que declaman contra la actividad minera.
"Lo que ocurrió fue una reacción natural de todos porque lo único que queremos es defender la actividad. Es un personaje que viene a opinar sin ningún tipo de fundamento técnico", explicó el docente Gerardo Fuentes, uno de los que protagonizó el cruce verbal con el ingeniero Héctor Nieva .
"Teníamos entendido que era una conferencia abierta. Estábamos esperando la charla y queríamos escuchar la postura", justificó Fuentes . "Sostenemos que la actividad minera puede concretarse sin ningún tipo de daño", agregó.
Por otra parte, el estudiante Javier Saracho denunció que uno de los jóvenes que estaba en el grupo fue agredido por los militantes que acompañaban al legislador nacional. Aunque hubo forcejeos y discusiones verbales, los incidentes no pasaron a mayores y no se registraron ni heridos ni agresiones físicas.
Fecha de Publicación: 13/02/2010
Fuente: DERF
Provincia/Región: Catamarca
El arribo a Catamarca del cineasta Fernando "Pino" Solanas se tiñó ayer de escándalo, entrecruces y discusiones verbales. Un grupo de estudiantes universitarios, docentes, empleados de la Secretaría Minería y algún militante a favor de la extracción de los recursos naturales agredieron al diputado nacional del movimiento Proyecto Sur que llegó a Catamarca para apoyar a las organizaciones que rechazan la explotación del yacimiento Agua Rica.
Pasado el mediodía, Solanas arribó al hotel Ancasti en auto y fue recibido a huevazos por los grupos promineros que ya lo esperaban en la puerta. Los jóvenes que se identificaron como estudiantes de las carreras de ingeniería en Minas de la Universidad Nacional de Catamarca portaban pancartas con leyendas que expresaban: "Solanas miente", "Solanas, preocúpate por el Riachuelo".
Llamó la atención el despliegue de una bandera tricolor de más de dos metros que se identificaba como juventud del FCS y acompañaba al grupo que organizaba el escrache.
"Nuestra presencia es para repudiar la presencia de Pino Solanas ya que le hace mucho daño a la actividad minera. Es la única actividad productiva para el desarrollo de Catamarca. Viene a sembrar pánico en nuestra provincia", justificó el estudiante Javier Saracho para explicar el escrache que hasta ese momento era sólo en la vía pública.
El escándalo pasó a mayores cuando Solanas junto a dirigentes y militantes del movimiento Proyecto Sur pretendieron iniciar una conferencia de prensa y se vieron sorprendidos por la repentina aparición en la sala del hotel de los mismos militantes que lo habían recibido a huevazos.
Los activistas a favor de la minería reclamaban participar de la conferencia para rebatir los argumentos en contra de la explotación minera y porque entendían que era un evento abierto al público. Los partidarios que acompañaban al director de la película "Tierra Sublevada, Oro Impuro" les pidieron que se retiraran del lugar porque era una actividad que estaba prevista sólo para periodistas locales y para algunos invitados particulares. Pero los primeros insistían en quedarse para escuchar y a partir de allí la pasión fue incontrolable y hubo entrecruces verbales, forcejeos y debates a los gritos.
Mientras ocurrían los incidentes, Solanas intentaba dialogar con la prensa. "Lo que siempre ocurre es que siempre hay 15 ó 20 enviados por las empresas mineras para provocar, que vienen a tirar huevos, lo real es que en Andalgalá me esperan 3.000 ó 4.000 personas", dijo al ser consultado por la recepción que recibió. Lo que es un escándalo es la contaminación de las mineras, lo que es un escándalo es la pobreza que deja la gran minería", expresó.
El diputado nacional pretendía responder a la prensa pero militantes se ubicaron a su lado para mostrar ante las cámaras de televisión las pancartas que lo acusaban de mentiroso. El diálogo era imposible. Algunos estudiantes se animaron a increparlo y el cineasta los trató de "autoritarios y fascistas".
Entre tanta tensión, lo cierto es que faltó muy poco para algunas escenas de pugilato. Otra de las polémicas las protagonizó el ingeniero Héctor Nieva, quien tuvo varios entrecruces con docentes de la Universidad local.
Militantes de una y otra parte acusaron agresión en medio de acaloradas discusiones. Fue en ese momento que los dirigentes de Proyecto Sur solicitaron la intervención de la policía de la Provincia y comenzaron a "marcar" a cada uno para que los agentes los retiren del salón.
Cuando la calma retornó al lugar, el diputado nacional no pudo ocultar su mal humor por los incidentes y ya con menguada voluntad respondió a los interrogantes de la prensa local. Al finalizar, Solanas partió hacia Andalgalá y anoche acompañaba a una marcha en contra de la explotación de Agua Rica. Además, continuará con la difusión de su película en Andalgalá, Santa María y Quilmes.
Denuncias polémicas
El cineasta Fernando Pino Solanas participaba anoche de la marcha que se realizaba en Andalgalá en contra de la explotación del yacimiento de Agua Rica.
"Va a multiplicar el enorme daño ambiental contra la región", opinó.
Pero además confirmó que viajaba hasta la perla del Oeste porque una de las protagonistas de la película Oro Impuro, Laura Reales, una adolescente de 13 años, murió hace pocos días.
"Vivía a tres kilómetros de la mina y falleció por una extrañísima enfermedad, que no se pudo detectar pero que es producto de la contaminación de las aguas y del polvillo", dijo en lo que fue una de las denuncias que más polémica generó cuando todavía estaban presentes los militantes a favor de la minería.
"Sin lugar a dudas se trata de esas enfermedades por envenenamiento de las aguas", arriesgó Solanas.
"Ustedes lo saben y no pueden ocultar la verdad, ése es un escándalo. La Secretaría de Minería de Catamarca responden a las mineras, los informes de impacto ambiental lo hacen las mineras", acusó y salió al cruce de los manifestantes que lo criticaban por no haberse ocupado de la contaminación del Riachuelo.
"Participé de todas las interpelaciones a María Julia Alsogaray, pero además una cosa no tiene que ver con la otra", se defendió.
"Hay una Catamarca ligada a las mineras y hay otra Catamarca que no cree en las promesas de la megaminería", dijo y aclaró que Proyecto Sur no se opone a la explotación minera sino a la megaexplotación que realiza voladuras y utiliza sustancias tóxicas como cianuro. Apuntó que en el país hoy son siete las provincias cuyas legislaturas, por unanimidad, se pronunciaron en contra de la explotación a cielo abierto. "Que sectores de la población no estén informados es lamentable", dijo.
Activistas mineros dicen que querían debatir
Los estudiantes y docentes que participaron del escrache a Solanas justificaron el escándalo al señalar que pretendían ingresar y participar de la conferencia para lograr rebatir la postura de aquéllos que declaman contra la actividad minera.
"Lo que ocurrió fue una reacción natural de todos porque lo único que queremos es defender la actividad. Es un personaje que viene a opinar sin ningún tipo de fundamento técnico", explicó el docente Gerardo Fuentes, uno de los que protagonizó el cruce verbal con el ingeniero Héctor Nieva .
"Teníamos entendido que era una conferencia abierta. Estábamos esperando la charla y queríamos escuchar la postura", justificó Fuentes . "Sostenemos que la actividad minera puede concretarse sin ningún tipo de daño", agregó.
Por otra parte, el estudiante Javier Saracho denunció que uno de los jóvenes que estaba en el grupo fue agredido por los militantes que acompañaban al legislador nacional. Aunque hubo forcejeos y discusiones verbales, los incidentes no pasaron a mayores y no se registraron ni heridos ni agresiones físicas.
Comisión de impacto ambiental de las arroceras
El gobierno conformará una comisión de impacto ambiental con organizaciones civiles
Fecha de Publicación: 12/02/2010
Fuente: Adventus
Provincia/Región: Chaco
Estará integrada por los Ministerios de Salud y Producción, la APA, Sameep y organizaciones ambientalistas. Tendrá a su cargo ampliar el estudio de impacto de las arroceras “San Carlos SRL” y “Cancha Larga SA” sobre la población de Las Palmas y La Leonesa.
El gobierno provincial creará una comisión integrada por distintas áreas del Estado y organizaciones ambientalistas para ampliar los estudios de impacto ambiental de las arroceras ubicadas en el Departamento Bermejo. Así lo anunció el gobernador Jorge Capitanich tras el encuentro que mantuvo esta mañana con representantes de las organizaciones Carta Abierta y Red de Salud Popular “Miguel Carrillo”.
En la oportunidad, el primer mandatario provincial garantizó además el cumplimiento riguroso de la Ley de Biocidas que regula la actividad, con el objetivo de evitar la contaminación del medio ambiente. A la par, aseguró que se pondrá a disposición de la Justicia toda la información necesaria para llevar a buen puerto la causa federal iniciada al respecto.
Por su parte, Edgardo Pérez de la Comisión Salud y Ambiente “Carta Abierta”, calificó “muy positivo” el encuentro, a la vez que consideró que “el gobierno del Chaco se puso al frente de los reclamos de La Leonesa y Las Palmas para revertir este proceso que tanto daño ocasiona a la población”.
Participaron del encuentro también el ministro de Producción, Enrique Orban; la doctora Ana Lía Otaño de la red “Miguel Carrillo” y “Carta Blanca”, y Hugo Deschuter de la comisión Salud y Ambiente de la organización “Carta Blanca”.
Fecha de Publicación: 12/02/2010
Fuente: Adventus
Provincia/Región: Chaco
Estará integrada por los Ministerios de Salud y Producción, la APA, Sameep y organizaciones ambientalistas. Tendrá a su cargo ampliar el estudio de impacto de las arroceras “San Carlos SRL” y “Cancha Larga SA” sobre la población de Las Palmas y La Leonesa.
El gobierno provincial creará una comisión integrada por distintas áreas del Estado y organizaciones ambientalistas para ampliar los estudios de impacto ambiental de las arroceras ubicadas en el Departamento Bermejo. Así lo anunció el gobernador Jorge Capitanich tras el encuentro que mantuvo esta mañana con representantes de las organizaciones Carta Abierta y Red de Salud Popular “Miguel Carrillo”.
En la oportunidad, el primer mandatario provincial garantizó además el cumplimiento riguroso de la Ley de Biocidas que regula la actividad, con el objetivo de evitar la contaminación del medio ambiente. A la par, aseguró que se pondrá a disposición de la Justicia toda la información necesaria para llevar a buen puerto la causa federal iniciada al respecto.
Por su parte, Edgardo Pérez de la Comisión Salud y Ambiente “Carta Abierta”, calificó “muy positivo” el encuentro, a la vez que consideró que “el gobierno del Chaco se puso al frente de los reclamos de La Leonesa y Las Palmas para revertir este proceso que tanto daño ocasiona a la población”.
Participaron del encuentro también el ministro de Producción, Enrique Orban; la doctora Ana Lía Otaño de la red “Miguel Carrillo” y “Carta Blanca”, y Hugo Deschuter de la comisión Salud y Ambiente de la organización “Carta Blanca”.
Biodiésel a partir de las microalgas
Buscan desarrollar biodiésel a partir de las microalgas
Fecha de Publicación: 12/02/2010
Fuente: El Chubut
Provincia/Región: Chubut
Las doctoras Simonetta Pancaldi y Laura Pantaleoni, de la Universidad de Ferrara, Italia, visitaron ayer el Laboratorio de Microalgas de la Facultad de Ciencias Naturales, sede Trelew, de la UNPSJB, en el marco del proyecto de investigación ítalo-argentino «Desarrollo de metodologías para el empleo de microalgas como fuente renovable de biocombustible».
El proyecto conjunto apunta a desarrollar combustible biodiésel a partir de las microalgas.
Pancaldi es la coordinadora de este proyecto, del que participan las universidades italianas de Ferrara, Pavia y Padova y las nacionales de Buenos Aires, del Sur y de la Patagonia San Juan Bosco. Su visita representa el primer encuentro con los diferentes grupos de trabajo para aunar criterios y articular acciones.
En representación del Secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Provincia del Chubut, Lic. Fernando Menchi, participó de la reunión la licenciada María Noelia Corvalán, para interiorizarse de esta iniciativa.
El Laboratorio de Microalgas trabaja en diferentes líneas de investigación: depuración de efluentes, bioensayos de toxicidad para evaluar el impacto de plaguicidas y herbicidas que se usan en el Valle Inferior del Río Chubut, en agricultura como biofertilizante y en alimentación como un alimento funcional y en la obtención de biocombustibles. Se trabaja además en un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de Nación, destinado al cultivo de microalgas en efluentes y su caracterización como potenciales productoras de aceites para la obtención de biodiésel.
Dirige el Laboratorio de Microalgas la Profesora Isabel Albarracín, y el equipo de trabajo está conformado por la Licenciada en Química Marcela Cravero, la Ingeniera Química Ruth Salomón, la Bioquímica Gabriela Pío, la Técnica en Saneamiento Ambiental Rosa Quintero, los alumnos de la Facultad de Ciencias Naturales Ariel Parra y Daniela García y la alumna pasante Daiana Obholz
Las microalgas son organismos microscópicos de una alta potencialidad biotecnológica con la ventaja de que pueden crecer y reproducirse incluso en ambientes salinos o en aguas residuales no aptas para riego u otros usos. Por esto no compiten con la agricultura tradicional, además de no requerir pesticidas y herbicidas.
Respecto de la producción de biodiésel de origen vegetal como alternativa a los costosos y contaminantes combustibles fósiles las microalgas producen más de 25 veces la cantidad de aceite comparadas con las mejores fuentes productoras terrestres, como soja, colza, maíz y otras.
El proyecto ítalo-argentino plantea como objetivos mantener cepas de microalgas en condiciones controladas de luz, temperatura y nutrientes, evaluar el potencial oleico de las cepas y desarrollar una metodología de producción en planta piloto.
El grupo local aportará dos tareas específicas: el aislamiento e identificación de las cepas locales más adecuadas y la optimización de las condiciones de crecimiento de las especies seleccionadas.
Fecha de Publicación: 12/02/2010
Fuente: El Chubut
Provincia/Región: Chubut
Las doctoras Simonetta Pancaldi y Laura Pantaleoni, de la Universidad de Ferrara, Italia, visitaron ayer el Laboratorio de Microalgas de la Facultad de Ciencias Naturales, sede Trelew, de la UNPSJB, en el marco del proyecto de investigación ítalo-argentino «Desarrollo de metodologías para el empleo de microalgas como fuente renovable de biocombustible».
El proyecto conjunto apunta a desarrollar combustible biodiésel a partir de las microalgas.
Pancaldi es la coordinadora de este proyecto, del que participan las universidades italianas de Ferrara, Pavia y Padova y las nacionales de Buenos Aires, del Sur y de la Patagonia San Juan Bosco. Su visita representa el primer encuentro con los diferentes grupos de trabajo para aunar criterios y articular acciones.
En representación del Secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Provincia del Chubut, Lic. Fernando Menchi, participó de la reunión la licenciada María Noelia Corvalán, para interiorizarse de esta iniciativa.
El Laboratorio de Microalgas trabaja en diferentes líneas de investigación: depuración de efluentes, bioensayos de toxicidad para evaluar el impacto de plaguicidas y herbicidas que se usan en el Valle Inferior del Río Chubut, en agricultura como biofertilizante y en alimentación como un alimento funcional y en la obtención de biocombustibles. Se trabaja además en un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de Nación, destinado al cultivo de microalgas en efluentes y su caracterización como potenciales productoras de aceites para la obtención de biodiésel.
Dirige el Laboratorio de Microalgas la Profesora Isabel Albarracín, y el equipo de trabajo está conformado por la Licenciada en Química Marcela Cravero, la Ingeniera Química Ruth Salomón, la Bioquímica Gabriela Pío, la Técnica en Saneamiento Ambiental Rosa Quintero, los alumnos de la Facultad de Ciencias Naturales Ariel Parra y Daniela García y la alumna pasante Daiana Obholz
Las microalgas son organismos microscópicos de una alta potencialidad biotecnológica con la ventaja de que pueden crecer y reproducirse incluso en ambientes salinos o en aguas residuales no aptas para riego u otros usos. Por esto no compiten con la agricultura tradicional, además de no requerir pesticidas y herbicidas.
Respecto de la producción de biodiésel de origen vegetal como alternativa a los costosos y contaminantes combustibles fósiles las microalgas producen más de 25 veces la cantidad de aceite comparadas con las mejores fuentes productoras terrestres, como soja, colza, maíz y otras.
El proyecto ítalo-argentino plantea como objetivos mantener cepas de microalgas en condiciones controladas de luz, temperatura y nutrientes, evaluar el potencial oleico de las cepas y desarrollar una metodología de producción en planta piloto.
El grupo local aportará dos tareas específicas: el aislamiento e identificación de las cepas locales más adecuadas y la optimización de las condiciones de crecimiento de las especies seleccionadas.
Abogados ambientalistas cuestionan a la Barrick
Abogados ambientalistas cuestionan a la Barrick Gold
Fecha de Publicación: 11/02/2010
Fuente: Publimetro
Provincia/Región: San Juan
El presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Enrique Viale, cuestionó a través del diario Crítica y en una nota titulada "Un tercer país" , la presencia canadiense, incluida una bandera, en un acto chileno argentino en la cordillera.
"Resulta necesario generar conciencia del daño ambiental, económico y social que está causando la minería. Prueba de ello es lo ocurrido en el cruce de los Andes, donde el gobernador de San Juan, José Luis Gioja, llevó las banderas de la Argentina, Chile y... Canadá: una descarada confesión sobre la subordinación a la canadiense Barrick Gold, dueña de los emprendimientos Veladero y Pascua-Lama, que se desarrollan en la provincia. Triste parodia de la época colonial, el cruce contó con el embajador canadiense Timothy Joseph Martin, casi un virrey controlando sus territorios" .
"Pero el panorama no es nuevo, atento a las relaciones que existen entre funcionarios nacionales y esta empresa que llegó a financiar eventos de la fórmula Cristina-Cobos" , acusó el jurista, y continuó "Pascua-Lama será un paraíso fiscal, gracias al Tratado sobre Integración y Complementación Minero Argentino-Chileno, un símbolo de entrega de soberanía a las multinacionales" .
"El tratado permite a las mineras la explotación sin restricciones, otorgando facilitaciones fronterizas inéditas" , denunció el jurista, y remató lamentando que "se plantó una tercera bandera en la cordillera y se lo ha hecho, paradójicamente, emulando la gesta libertadora".
Fecha de Publicación: 11/02/2010
Fuente: Publimetro
Provincia/Región: San Juan
El presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Enrique Viale, cuestionó a través del diario Crítica y en una nota titulada "Un tercer país" , la presencia canadiense, incluida una bandera, en un acto chileno argentino en la cordillera.
"Resulta necesario generar conciencia del daño ambiental, económico y social que está causando la minería. Prueba de ello es lo ocurrido en el cruce de los Andes, donde el gobernador de San Juan, José Luis Gioja, llevó las banderas de la Argentina, Chile y... Canadá: una descarada confesión sobre la subordinación a la canadiense Barrick Gold, dueña de los emprendimientos Veladero y Pascua-Lama, que se desarrollan en la provincia. Triste parodia de la época colonial, el cruce contó con el embajador canadiense Timothy Joseph Martin, casi un virrey controlando sus territorios" .
"Pero el panorama no es nuevo, atento a las relaciones que existen entre funcionarios nacionales y esta empresa que llegó a financiar eventos de la fórmula Cristina-Cobos" , acusó el jurista, y continuó "Pascua-Lama será un paraíso fiscal, gracias al Tratado sobre Integración y Complementación Minero Argentino-Chileno, un símbolo de entrega de soberanía a las multinacionales" .
"El tratado permite a las mineras la explotación sin restricciones, otorgando facilitaciones fronterizas inéditas" , denunció el jurista, y remató lamentando que "se plantó una tercera bandera en la cordillera y se lo ha hecho, paradójicamente, emulando la gesta libertadora".
Riachuelo: Crítico informe por la falta de acciones
Crítico informe sobre la falta de acciones para sanear el Riachuelo
Fecha de Publicación: 11/02/2010
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Buenos Aires
El Defensor del Pueblo y distintas ONG indicaron que persisten los "basurales a cielo abierto" y que hay "falta de inspecciones a industrias y coordinación" entre Nación, la Provincia y la Ciudad a 17 meses del fallo de la Corte que ordenara su saneamiento
Ver galerias de imagenes
A un año y cinco meses de la sentencia producida por la Corte Suprema de Justicia que ordenó la ejecución del Plan de Saneamiento de la Cuenca Matanza – Riachuelo, el Cuerpo Colegiado que coordina el Defensor del Pueblo de la Nación, a cargo de Anselmo Sella, emitió un pormenorizado y crítico informe en el cual se analizan cada una de las órdenes dictadas por el máximo tribunal, muchas de las cuales no se han llevado a cabo.
En el documento se destacan leves avances en la ejecución de los programas, pero numerosos déficits, falta de cumplimiento y coordinación que "se espera sean subsanados durante 2010 por la Autoridad de la Cuenca Matanza–Riachuelo (ACUMAR)".
Se puede destacar, entre otros aspectos, que "no se inspeccionó la totalidad de las industrias de la Cuenca ni se avanzó en los planes de reconversión industrial”. El texto del Defensor también denuncia que "se encuentra postergada la erradicación de los basurales a cielo abierto existentes y la prioritaria atención sanitaria de la población expuesta a riesgo ambiental".
El informe propone con relación a las autoridades involucradas “a tomar, en el marco de un amplio consenso con el resto de las fuerzas políticas y los actores económicos y sociales del territorio de la Cuenca, las decisiones necesarias para cumplir con lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
Y añade que “es necesario que las políticas a implementarse cuenten con un explícito y amplio apoyo político construido a partir de acuerdos entre todos los sectores a fin de dar continuidad a los planes y dotar a la ACUMAR de los recursos humanos, financieros y materiales apropiados para funcionar con solvencia técnica y capacidad organizativa, evitando las marchas y contramarchas que han caracterizado su débil accionar hasta el presente”, asegura entre otros puntos dicho Informe.
El Cuerpo Colegiado que coordina el Defensor del Pueblo de la Nación está integrado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación de Vecinos La Boca, la Fundación Greenpeace Argentina y la Asociación ciudadana por los Derechos.
Fecha de Publicación: 11/02/2010
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Buenos Aires
El Defensor del Pueblo y distintas ONG indicaron que persisten los "basurales a cielo abierto" y que hay "falta de inspecciones a industrias y coordinación" entre Nación, la Provincia y la Ciudad a 17 meses del fallo de la Corte que ordenara su saneamiento
Ver galerias de imagenes
A un año y cinco meses de la sentencia producida por la Corte Suprema de Justicia que ordenó la ejecución del Plan de Saneamiento de la Cuenca Matanza – Riachuelo, el Cuerpo Colegiado que coordina el Defensor del Pueblo de la Nación, a cargo de Anselmo Sella, emitió un pormenorizado y crítico informe en el cual se analizan cada una de las órdenes dictadas por el máximo tribunal, muchas de las cuales no se han llevado a cabo.
En el documento se destacan leves avances en la ejecución de los programas, pero numerosos déficits, falta de cumplimiento y coordinación que "se espera sean subsanados durante 2010 por la Autoridad de la Cuenca Matanza–Riachuelo (ACUMAR)".
Se puede destacar, entre otros aspectos, que "no se inspeccionó la totalidad de las industrias de la Cuenca ni se avanzó en los planes de reconversión industrial”. El texto del Defensor también denuncia que "se encuentra postergada la erradicación de los basurales a cielo abierto existentes y la prioritaria atención sanitaria de la población expuesta a riesgo ambiental".
El informe propone con relación a las autoridades involucradas “a tomar, en el marco de un amplio consenso con el resto de las fuerzas políticas y los actores económicos y sociales del territorio de la Cuenca, las decisiones necesarias para cumplir con lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
Y añade que “es necesario que las políticas a implementarse cuenten con un explícito y amplio apoyo político construido a partir de acuerdos entre todos los sectores a fin de dar continuidad a los planes y dotar a la ACUMAR de los recursos humanos, financieros y materiales apropiados para funcionar con solvencia técnica y capacidad organizativa, evitando las marchas y contramarchas que han caracterizado su débil accionar hasta el presente”, asegura entre otros puntos dicho Informe.
El Cuerpo Colegiado que coordina el Defensor del Pueblo de la Nación está integrado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación de Vecinos La Boca, la Fundación Greenpeace Argentina y la Asociación ciudadana por los Derechos.
Piden informes sobre desmontes en Río Negro
Piccinini pidió informes sobre desmontes y deforestación
Fecha de Publicación: 10/02/2010
Fuente: AN Bariloche
Provincia/Región: Río Negro
Diferentes organismos deberán responder ante el pedido de informes elevado por la Defensora del Pueblo de Río Negro, Ana Piccinini. Entre ellos, los Ministerios de Familia y de Producción, el Departamento de Agronomía de la Universidad Nacional del Sur, las Estaciones Experimental Agropecuaria del Valle Inferior y de Hilario Ascasubí del INTA.
A raíz de los efectos que las tormentas de viento y tierra producen en la Comarca Viedma – Patagones, atribuidos entre otros a los desmontes producidos en la región y ante el pedido de intervención sobre dicho tema, la defensora del Pueblo, Ana Piccinini, remitió pedidos de informes a los Ministerios de Familia y de Producción de Río Negro. También lo elevó al Departamento de Agronomía de la Universidad Nacional del Sur, a las Estaciones Experimental Agropecuaria del Valle Inferior y de Hilario Ascasubi del INTA.
La Defensoría le solicitó al Ministerio de Familia que se le informe respecto a “la operatividad y funcionamiento del Plan Calor, que incluye datos sobre las compras de leña y tipo de madera, desde el comienzo del plan, como así también la nómina de proveedores con precisión de las zonas de procedencia de la leña”, destacó en una gacetilla de prensa. Mientras que al Ministerio de Producción, pidió sobre si “existe en el ámbito de esa cartera, organismo o dependencia encargada de vigilar y controlar la tala, desmonte y desforestación de campos en el Departamento de Adolfo Alsina, qué procedimiento debe realizar la persona que pretende efectuar el desmonte, lista de propietarios de campos desmontados, si existen mecanismos de sanción a quienes realicen desmontes no autorizados, si quienes procedieron al desmonte presentaron proyectos productivos que motivaron el mismo, medidas adoptadas por ese Ministerio para remediar la situación y si tiene conocimiento de la existencia de otros organismos nacionales, internacionales, Organizaciones No Gubernamentales que estén abocados a la problemática en cuestión”.
A los responsables del Departamento de Agronomía de la Universidad Nacional del Sur, Piccinini requirió los informes elaborados por la Casa de Altos Estudios respecto de “la problemática surgida de la conjunción del desmonte y la sequía en zonas de secano del Partido de Patagones, datos sobre las hectáreas desforestadas en ese mismo distrito desde el 2003 a la fecha, destino que tiene el desmonte y en que zona se comercializa, si tiene conocimiento si en la Provincia de Buenos Aires y en el Partido de Patagones existe legislación que regule o controle los desmontes en campos de secano”.
Además, pidió “las recomendaciones o posibles soluciones de la Casa de Altos Estudios para revertir el proceso de erosión de las tierras desmontadas y cuales serían las soluciones de fondo para disminuir o eliminar los incentivos de desmonte”, aseguraron.
Las autoridades de las Estaciones Experimentales del INTA del Valle Inferior e Hilario Ascasubi, deberán presentar –en el primero de los casos- “copia de los informes elaborados por el Organismo respecto de la problemática surgida por la conjunción del desmonte y la sequía en zonas del Departamento de Adolfo Alsina y a la de Hilario Ascasubi en relación a lo vinculado con el Partido de Patagones”. En ambos casos solicitó datos sobre las hectáreas desforestados y desmontadas desde el 2003 a la fecha, entre otros datos.
Fecha de Publicación: 10/02/2010
Fuente: AN Bariloche
Provincia/Región: Río Negro
Diferentes organismos deberán responder ante el pedido de informes elevado por la Defensora del Pueblo de Río Negro, Ana Piccinini. Entre ellos, los Ministerios de Familia y de Producción, el Departamento de Agronomía de la Universidad Nacional del Sur, las Estaciones Experimental Agropecuaria del Valle Inferior y de Hilario Ascasubí del INTA.
A raíz de los efectos que las tormentas de viento y tierra producen en la Comarca Viedma – Patagones, atribuidos entre otros a los desmontes producidos en la región y ante el pedido de intervención sobre dicho tema, la defensora del Pueblo, Ana Piccinini, remitió pedidos de informes a los Ministerios de Familia y de Producción de Río Negro. También lo elevó al Departamento de Agronomía de la Universidad Nacional del Sur, a las Estaciones Experimental Agropecuaria del Valle Inferior y de Hilario Ascasubi del INTA.
La Defensoría le solicitó al Ministerio de Familia que se le informe respecto a “la operatividad y funcionamiento del Plan Calor, que incluye datos sobre las compras de leña y tipo de madera, desde el comienzo del plan, como así también la nómina de proveedores con precisión de las zonas de procedencia de la leña”, destacó en una gacetilla de prensa. Mientras que al Ministerio de Producción, pidió sobre si “existe en el ámbito de esa cartera, organismo o dependencia encargada de vigilar y controlar la tala, desmonte y desforestación de campos en el Departamento de Adolfo Alsina, qué procedimiento debe realizar la persona que pretende efectuar el desmonte, lista de propietarios de campos desmontados, si existen mecanismos de sanción a quienes realicen desmontes no autorizados, si quienes procedieron al desmonte presentaron proyectos productivos que motivaron el mismo, medidas adoptadas por ese Ministerio para remediar la situación y si tiene conocimiento de la existencia de otros organismos nacionales, internacionales, Organizaciones No Gubernamentales que estén abocados a la problemática en cuestión”.
A los responsables del Departamento de Agronomía de la Universidad Nacional del Sur, Piccinini requirió los informes elaborados por la Casa de Altos Estudios respecto de “la problemática surgida de la conjunción del desmonte y la sequía en zonas de secano del Partido de Patagones, datos sobre las hectáreas desforestadas en ese mismo distrito desde el 2003 a la fecha, destino que tiene el desmonte y en que zona se comercializa, si tiene conocimiento si en la Provincia de Buenos Aires y en el Partido de Patagones existe legislación que regule o controle los desmontes en campos de secano”.
Además, pidió “las recomendaciones o posibles soluciones de la Casa de Altos Estudios para revertir el proceso de erosión de las tierras desmontadas y cuales serían las soluciones de fondo para disminuir o eliminar los incentivos de desmonte”, aseguraron.
Las autoridades de las Estaciones Experimentales del INTA del Valle Inferior e Hilario Ascasubi, deberán presentar –en el primero de los casos- “copia de los informes elaborados por el Organismo respecto de la problemática surgida por la conjunción del desmonte y la sequía en zonas del Departamento de Adolfo Alsina y a la de Hilario Ascasubi en relación a lo vinculado con el Partido de Patagones”. En ambos casos solicitó datos sobre las hectáreas desforestados y desmontadas desde el 2003 a la fecha, entre otros datos.
Lastran agua del Paraná y la subastan por Internet
Buques lastran agua del Paraná y la subastan a granel por Internet
Fecha de Publicación: 10/02/2010
Fuente: Movimiento Social Misiones
Provincia/Región: Nacional
Desmedido y paradójico, así es como empresas internacionales venden el agua de los ríos argentinos a Medio Oriente y África. El agua dulce, dada su escasez en el planeta (3% del total), asoma como el mayor conflicto geopolítico del siglo XXI.
Argentina dispone de 22.000 metros cúbicos por habitante al año, lo cual es mucho, pero mal distribuida: dos tercios de su territorio es árido o semiárido. En este escenario, la empresa Makhena SA, con sede en Miami y sucursal en Buenos Aires, ofrece por internet agua dulce de los ríos de la llanura argentina, entre los que se encuentra el Paraná.
Así se observa en el sitio www.makhena.com, en un negocio redondísimo: "Agua dulce a granel. Comercialización de agua dulce de río. Características: Agua dulce, cruda, sin tratamiento. Origen: Ríos de llanura. Cantidades: entre 60.000 y 70.000 toneladas por envío. Usos: Potabilización y consumo, riego, etc. Transporte: Buques Tanque", se observa en el sitio.
"El agua es un elemento insustituible para el sostenimiento de la vida humana y el resto de los seres vivos, siendo al mismo tiempo un insumo imprescindible en innumerables procesos productivos. A pesar de ser renovable, la escasez del agua se manifiesta gradualmente a medida que aumentan las demandas y los conflictos por su uso", argumentan para vender este recurso a precios altísimos.
En concreto: se llevan el agua del litoral del país en el lastre de los barcos. Cualquier buque, para poder navegar, tiene que estar lastrado, con cierto peso para mantenerlo equilibrado. Para que pueda navegar sin zozobras, debe cargar cierto volumen en sus bodegas, así, descargan la mercadería en puerto argentino y cargan agua dulce (también en puerto argentino) “para la vuelta”, y la venden en los mercados del Medio Oriente, África y Europa donde luego la potabilizan. La cargan en el Paraná porque el agua está menos contaminada que en el Río de la Plata.
Hasta ahora no hay ninguna ley que regule el “tráfico clandestino de agua dulce”, lo hacen impunemente a la vista de todo el mundo y en las propias narices de la prefectura naval argentina, que sabe lo que hacen pero que no tienen los instrumentos jurídicos para poder actuar.
Mientras tanto, por los ríos del Delta del Paraná los vemos navegar todos los días, llevándose nuestros recursos naturales en sus bodegas gratuitamente.
Fecha de Publicación: 10/02/2010
Fuente: Movimiento Social Misiones
Provincia/Región: Nacional
Desmedido y paradójico, así es como empresas internacionales venden el agua de los ríos argentinos a Medio Oriente y África. El agua dulce, dada su escasez en el planeta (3% del total), asoma como el mayor conflicto geopolítico del siglo XXI.
Argentina dispone de 22.000 metros cúbicos por habitante al año, lo cual es mucho, pero mal distribuida: dos tercios de su territorio es árido o semiárido. En este escenario, la empresa Makhena SA, con sede en Miami y sucursal en Buenos Aires, ofrece por internet agua dulce de los ríos de la llanura argentina, entre los que se encuentra el Paraná.
Así se observa en el sitio www.makhena.com, en un negocio redondísimo: "Agua dulce a granel. Comercialización de agua dulce de río. Características: Agua dulce, cruda, sin tratamiento. Origen: Ríos de llanura. Cantidades: entre 60.000 y 70.000 toneladas por envío. Usos: Potabilización y consumo, riego, etc. Transporte: Buques Tanque", se observa en el sitio.
"El agua es un elemento insustituible para el sostenimiento de la vida humana y el resto de los seres vivos, siendo al mismo tiempo un insumo imprescindible en innumerables procesos productivos. A pesar de ser renovable, la escasez del agua se manifiesta gradualmente a medida que aumentan las demandas y los conflictos por su uso", argumentan para vender este recurso a precios altísimos.
En concreto: se llevan el agua del litoral del país en el lastre de los barcos. Cualquier buque, para poder navegar, tiene que estar lastrado, con cierto peso para mantenerlo equilibrado. Para que pueda navegar sin zozobras, debe cargar cierto volumen en sus bodegas, así, descargan la mercadería en puerto argentino y cargan agua dulce (también en puerto argentino) “para la vuelta”, y la venden en los mercados del Medio Oriente, África y Europa donde luego la potabilizan. La cargan en el Paraná porque el agua está menos contaminada que en el Río de la Plata.
Hasta ahora no hay ninguna ley que regule el “tráfico clandestino de agua dulce”, lo hacen impunemente a la vista de todo el mundo y en las propias narices de la prefectura naval argentina, que sabe lo que hacen pero que no tienen los instrumentos jurídicos para poder actuar.
Mientras tanto, por los ríos del Delta del Paraná los vemos navegar todos los días, llevándose nuestros recursos naturales en sus bodegas gratuitamente.
Petróleo en el acuífero Guaraní ... para problemas
La exploración petrolera en la provincia se sellará hoy con YPF
Fecha de Publicación: 09/02/2010
Fuente: Uno Entre Ríos
Provincia/Región: Entre Ríos
Entre Ríos será la primera provincia en integrar el Programa de Desarrollo de la compañía. El acuerdo se firmará a las 9 en el Salón Blanco de la Casa Gris.
El gobernador Sergio Urribarri firmará hoy con el vicepresidente de la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) un acuerdo para el estudio de potenciales proyectos exploratorios de hidrocarburos.
Entre Ríos será la primera provincia en integrar el Programa de Desarrollo Exploratorio 2010 - 2014 que lanzó la compañía en Diciembre de 2009.
“Si le sumamos industria y regalías petroleras a nuestra capacidad especializada para producir agroalimentos, Entre Ríos sí que no tiene techo en su economía y en su desarrollo humano, porque justamente el desafío es que todo eso desarrolle un círculo virtuoso que impacte positivamente en las personas y en las familias”, dijo el mandatario.
El gobernador recibió ayer a Edgardo Moreyra y Gustavo Rivolier. miembros de la organización ecológica de Gualeguaychú Fundavida. Del encuentro participó el secretario de Medio Ambiente, Fernando Raffo,
El acuerdo, denominado “Acuerdo de trabajo para el desarrollo de proyectos exploratorios de hidrocarburos”, se firmará a las 9 en el Salón Blanco de la Casa Gris y será el primero en el marco del programa de Desarrollo Exploratorio 2010 - 2014, mediante el cual YPF proyecta hacer inversiones para explorar los 163 bloques que ya fueron asignados a otras compañías o consorcios donde la compañía no tenga actualmente participación.
“La industria petrolera debió adaptarse a nuevos estándares ambientales en todo el mundo, así que descartamos eventualmente cualquier tipo de problemas al respecto y hay decenas de ejemplos en el mundo donde zonas de producción primaria conviven perfectamente con desarrollos petroleros”, dijo el mandatario.
Además, Urribarri mencionó que desde diciembre rige en la provincia el decreto de reglamentación de los estudios de impacto ambiental “como un instituto necesario para la conservación del ambiente en todo el territorio entrerriano. Se trata de un instrumento de carácter preventivo tendiente a evitar problemas ambientales”. Y agregó: “Es una herramienta esencial de ordenamiento territorial y, por lo tanto, de planificación estratégica en lo referido a la localización de actividades y emprendimientos en el ámbito físico del territorio provincial”.
“Para el gobierno entrerriano es primordial la preservación, mantenimiento, mejoramiento y recuperación de los recursos naturales y el ambiente humano, para lograr y mantener una óptima calidad de vida”, aseguró el gobernador.
Los compromisos que se asumen el en convenio se desprende que la provincia avanza en la exploración y el reconocimiento superficial a través de técnicas geofísicas como la sísmica de reflexión, la audiomagentoteluria y otras; que como es sabido no son intrusivas, ni invasivas, ni contaminantes, minimizan los riesgos ambientales y son las mismas que fueron utilizadas en el estudio del Acuífero Guaraní, explicó el director de Minería, Jorge Tomas.
Fernando Raffo, se refirió a la reciente promulgación del decreto 7947 que “regula la presentación de estudios de impacto ambiental; normativa que no existía anteriormente y que solo busca regularizar la situación, ya que Hidráulica, Energía o Minería ya lo tenían incorporado y con esta norma lo que se hace es que todas las reparticiones tengan que hacerlo”.
El funcionario explicó que “cualquier emprendimiento pasará pasar por un mecanismo de estudio y evaluación de impacto ambiental”.
El antecedente
La única exploración de un pozo en la provincia se ejecutó en El Pueblito, paraje próximo a la ciudad de Nogoyá. Las tareas se practicaron en un pozo que alcanzó los 2.088 metros y en el cual, de acuerdo a los informes de la empresa YPF, no se hallaron hidrocarburos líquidos ni gaseosos.
De aquella experiencia en el pozo de Nogoyá, existen algunos indicios de que sedimentos encontrados allí podrían considerarse roca madre, que es la roca generadora de hidrocarburo. Otra de las condiciones para la existencia del petróleo es la cuenca, que en nuestro caso es el Chaco paranaense.
El acuífero Guaraní en riesgo por la búsqueda de petróleo
Fecha de Publicación: 09/02/2010
Fuente: Crítica Digital
Provincia/Región: Entre Ríos
Organizaciones ecologistas denuncian que se podría producir un grave daño al medio ambiente y piden que el tema se someta a una consulta popular. El convenio entre la provincia y la empresa de capitales españoles se rubricará mañana.
YPF y el gobierno de Entre Ríos firmarán este martes un convenio para la exploración del subsuelo provincial en busca de petróleo. Pero ese anuncio, promocionado como un negocio que derivará en regalías para las arcas provinciales, será, en realidad, el punto de partida de un inesperado conflicto ecológico. Vecinos autoconvocados, geólogos y diferentes ONG conservacionistas aseguran que la perforación del lecho subterráneo podría generar un altísimo impacto ambiental sobre el acuífero Guaraní, la reserva de agua potable más grande de la Argentina.
El caso viene generando debate en los medios de comunicación locales, pero hasta ahora no había tenido repercusión nacional. Los ecologistas consultados por Crítica de la Argentina denuncian que el gobernador Sergio Urribarri operó el convenio con YPF sin plantear el tema en el Parlamento provincial y sin realizar una consulta popular acerca de los riesgos que implica el proyecto para los recursos naturales entrerrianos. “Urribarri no cuenta con la licencia social para hacer esto. Debería haber llamado a un plebiscito para que la ciudadanía se pronuncie. Dice que actividades primarias como la ganadería y la agricultura pueden convivir con la extracción petrolera, pero es falso”, cuenta Guillermo Luciano, titular de la ONG Fundavida, organización que acaba de iniciar una campaña para difundir el caso. En un último comunicado remarcan: “El próximo martes se consumará la violación. Ante el silencio cómplice de muchos, y la preocupación de quienes pretendemos vivir en un mundo donde prime el respeto a la vida, de cumplirse lo anunciado, el gobernador Urribarri otorgará permiso a YPF para que atraviese el acuífero Guaraní buscando petróleo. Esta empresa es denunciada diariamente por la manifiesta irresponsabilidad con que actúa. Sólo nos queda esperar que la providencia nos proteja frente a tanto desatino”.
EL AGUA PURA. La provincia de Entre Ríos es como una balsa de 78.781 kilómetros cuadrados que flota sobre un enorme acuífero. Ese océano subterráneo, justamente, aflora por sus contornos, y también por su interior, en la forma de ríos, arroyos, humedales y bañados. Prácticamente toda la economía regional depende del agua: desde la agricultura y la ganadería hasta el turismo termal y la industria frigorífica. “De existir petróleo –explica el director de Fundavida– está debajo del acuífero. Se han hecho por lo menos quince perforaciones para el turismo termal, de casi mil metros cada una, y en ninguna se encontró petróleo. Pero hay una excavación de 1961 en la que sí se halló. Por lo tanto, está claro que el plan es atravesar esa reserva de agua pura”.
Según las autoridades provinciales, las áreas de exploración acordadas con Repsol-YPF se encuentran al norte de la ruta nacional 18 –que corta la provincia de este a oeste– en una región que comprende los departamentos de Feliciano, Federación, La Paz, Federal, y parte de los de Paraná, Villaguay, San Salvador y Concordia. Se trata de un territorio que concentra numerosas actividades productivas. De acuerdo con registros del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la región abarca seis zonas agroeconómicas homogéneas, en las que predominan la ganadería bovina y ovina, el 98% de la superficie citrícola provincial, el 43% de los cultivos forestales y extensas superficies sembradas de soja, trigo, arroz, lino, sorgo y maíz. “Perforar el acuífero –dice Luciano– sería afectar muchas de estas actividades, ya sea por el alto riesgo de la perforación en sí, por la emanación de gases o por cualquier desperfecto que desemboque en tragedias ambientales como la de Shell en Magdalena”.
Más cauto, Diego Rodríguez, director ejecutivo de la ONG ambientalista M’biguá, analiza: “En Entre Ríos se hicieron varios pozos hace muchos años con resultados negativos. Pero por las proyecciones que hacen ahora, debajo del acuífero, al norte de la provincia, habría petróleo. Entiendo que en la primera etapa YPF no va a perforar, sino a detectar y entonces después sí haría el pozo. Pero antes de eso la empresa debería presentar una serie de medidas para disminuir los riesgos ambientales. Así lo exige la ley provincial de hidrocarburos”.
“De todos modos –concluye– toda exploración de este tipo es de alto riesgo. No nos oponemos, pero sí nos interesa que se cumplan todos los requisitos: sabemos que el costo ambiental vendría con la extracción”.
Según un informe del Observatorio Petrolero Sur (OPS), el convenio de exploración entre YPF y Entre Ríos se enmarca en el Programa de Desarrollo Exploratorio 2010-2014, que la compañía lanzó en diciembre. Dicho programa inaugura un proceso de selección de áreas para la exploración hidrocarburífera en casi todas las provincias del país.
En efecto, explican desde el OPS, “a partir de la promulgación del decreto 546/03 y la sanción de la ley 26.197/06, ambas durante la presidencia de Néstor Kirchner, muchas provincias encararon el dominio de sus recursos y se lanzaron en una agresiva campaña a licitar zonas de exploración y explotación, actualizando sus legislaciones internas y otorgando exenciones impositivas para atraer el capital privado, convirtiéndose así en las nuevas interlocutoras de la industria petrolera. Así, motivadas por el alza en el precio de barril de crudo y la caída del horizonte de reservas del país, vieron en el petróleo una nueva fuente de ingresos frente a los crecientes déficits fiscales”.
CRUDO. El secretario de Medio Ambiente de Paraná, Fernando Raffo, es claro: “La secretaría todavía no evaluó el caso. Pero nuestra normativa ambiental incluye el tema de la participación ciudadana y antes de que se avance en cualquier rumbo, la gente deberá dar su opinión”.
Los ambientalistas opositores argumentan que YPF fue cuestionada por varios casos de impacto ambiental. Recuerdan el más reciente, ocurrido en el Golfo San Jorge (Chubut y Santa Cruz), donde trabajadores y empresarios de la pesca están exigiendo respuestas sobre la actividad de prospección y exploración offshore porque sostienen que desde que se llevaron adelante esas tareas en el lugar la vida marina fue aniquilada. “Los barcos vuelven vacíos porque no hay nada”, denunciaron en una carta de prensa.
Crítica de la Argentina se comunicó con la petrolera para conocer sus intenciones en el subsuelo entrerriano. A través de un vocero, la devolución fue breve: “El acuerdo que se va a firmar con la provincia de Entre Ríos sólo fija el inicio de estudios”.
En la misma línea el secretario de Energía del gobierno de Entre Ríos, el ingeniero Raúl Arroyo, dijo que está previsto que se realicen todos los estudios de impacto ambiental que sean necesarios. “Nuestra intención no es poner en peligro el acuífero. En este proceso, la perforación es lo último que se hace. Primero vienen una serie de trabajos superficiales para después sí llegar a la extracción. Si se hace todo bien, se hace todo con encamisado. O sea que uno puede atravesar las capas geológicas sin afectar al resto”, explicó el funcionario. Arroyo no ve polémica alguna, pero no descarta que el tema sea sometido a consulta popular. “Llegado el caso, está previsto”, concluyó.
Fecha de Publicación: 09/02/2010
Fuente: Uno Entre Ríos
Provincia/Región: Entre Ríos
Entre Ríos será la primera provincia en integrar el Programa de Desarrollo de la compañía. El acuerdo se firmará a las 9 en el Salón Blanco de la Casa Gris.
El gobernador Sergio Urribarri firmará hoy con el vicepresidente de la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) un acuerdo para el estudio de potenciales proyectos exploratorios de hidrocarburos.
Entre Ríos será la primera provincia en integrar el Programa de Desarrollo Exploratorio 2010 - 2014 que lanzó la compañía en Diciembre de 2009.
“Si le sumamos industria y regalías petroleras a nuestra capacidad especializada para producir agroalimentos, Entre Ríos sí que no tiene techo en su economía y en su desarrollo humano, porque justamente el desafío es que todo eso desarrolle un círculo virtuoso que impacte positivamente en las personas y en las familias”, dijo el mandatario.
El gobernador recibió ayer a Edgardo Moreyra y Gustavo Rivolier. miembros de la organización ecológica de Gualeguaychú Fundavida. Del encuentro participó el secretario de Medio Ambiente, Fernando Raffo,
El acuerdo, denominado “Acuerdo de trabajo para el desarrollo de proyectos exploratorios de hidrocarburos”, se firmará a las 9 en el Salón Blanco de la Casa Gris y será el primero en el marco del programa de Desarrollo Exploratorio 2010 - 2014, mediante el cual YPF proyecta hacer inversiones para explorar los 163 bloques que ya fueron asignados a otras compañías o consorcios donde la compañía no tenga actualmente participación.
“La industria petrolera debió adaptarse a nuevos estándares ambientales en todo el mundo, así que descartamos eventualmente cualquier tipo de problemas al respecto y hay decenas de ejemplos en el mundo donde zonas de producción primaria conviven perfectamente con desarrollos petroleros”, dijo el mandatario.
Además, Urribarri mencionó que desde diciembre rige en la provincia el decreto de reglamentación de los estudios de impacto ambiental “como un instituto necesario para la conservación del ambiente en todo el territorio entrerriano. Se trata de un instrumento de carácter preventivo tendiente a evitar problemas ambientales”. Y agregó: “Es una herramienta esencial de ordenamiento territorial y, por lo tanto, de planificación estratégica en lo referido a la localización de actividades y emprendimientos en el ámbito físico del territorio provincial”.
“Para el gobierno entrerriano es primordial la preservación, mantenimiento, mejoramiento y recuperación de los recursos naturales y el ambiente humano, para lograr y mantener una óptima calidad de vida”, aseguró el gobernador.
Los compromisos que se asumen el en convenio se desprende que la provincia avanza en la exploración y el reconocimiento superficial a través de técnicas geofísicas como la sísmica de reflexión, la audiomagentoteluria y otras; que como es sabido no son intrusivas, ni invasivas, ni contaminantes, minimizan los riesgos ambientales y son las mismas que fueron utilizadas en el estudio del Acuífero Guaraní, explicó el director de Minería, Jorge Tomas.
Fernando Raffo, se refirió a la reciente promulgación del decreto 7947 que “regula la presentación de estudios de impacto ambiental; normativa que no existía anteriormente y que solo busca regularizar la situación, ya que Hidráulica, Energía o Minería ya lo tenían incorporado y con esta norma lo que se hace es que todas las reparticiones tengan que hacerlo”.
El funcionario explicó que “cualquier emprendimiento pasará pasar por un mecanismo de estudio y evaluación de impacto ambiental”.
El antecedente
La única exploración de un pozo en la provincia se ejecutó en El Pueblito, paraje próximo a la ciudad de Nogoyá. Las tareas se practicaron en un pozo que alcanzó los 2.088 metros y en el cual, de acuerdo a los informes de la empresa YPF, no se hallaron hidrocarburos líquidos ni gaseosos.
De aquella experiencia en el pozo de Nogoyá, existen algunos indicios de que sedimentos encontrados allí podrían considerarse roca madre, que es la roca generadora de hidrocarburo. Otra de las condiciones para la existencia del petróleo es la cuenca, que en nuestro caso es el Chaco paranaense.
----------------------------------------------------------------------------------
El acuífero Guaraní en riesgo por la búsqueda de petróleo
Fecha de Publicación: 09/02/2010
Fuente: Crítica Digital
Provincia/Región: Entre Ríos
Organizaciones ecologistas denuncian que se podría producir un grave daño al medio ambiente y piden que el tema se someta a una consulta popular. El convenio entre la provincia y la empresa de capitales españoles se rubricará mañana.
YPF y el gobierno de Entre Ríos firmarán este martes un convenio para la exploración del subsuelo provincial en busca de petróleo. Pero ese anuncio, promocionado como un negocio que derivará en regalías para las arcas provinciales, será, en realidad, el punto de partida de un inesperado conflicto ecológico. Vecinos autoconvocados, geólogos y diferentes ONG conservacionistas aseguran que la perforación del lecho subterráneo podría generar un altísimo impacto ambiental sobre el acuífero Guaraní, la reserva de agua potable más grande de la Argentina.
El caso viene generando debate en los medios de comunicación locales, pero hasta ahora no había tenido repercusión nacional. Los ecologistas consultados por Crítica de la Argentina denuncian que el gobernador Sergio Urribarri operó el convenio con YPF sin plantear el tema en el Parlamento provincial y sin realizar una consulta popular acerca de los riesgos que implica el proyecto para los recursos naturales entrerrianos. “Urribarri no cuenta con la licencia social para hacer esto. Debería haber llamado a un plebiscito para que la ciudadanía se pronuncie. Dice que actividades primarias como la ganadería y la agricultura pueden convivir con la extracción petrolera, pero es falso”, cuenta Guillermo Luciano, titular de la ONG Fundavida, organización que acaba de iniciar una campaña para difundir el caso. En un último comunicado remarcan: “El próximo martes se consumará la violación. Ante el silencio cómplice de muchos, y la preocupación de quienes pretendemos vivir en un mundo donde prime el respeto a la vida, de cumplirse lo anunciado, el gobernador Urribarri otorgará permiso a YPF para que atraviese el acuífero Guaraní buscando petróleo. Esta empresa es denunciada diariamente por la manifiesta irresponsabilidad con que actúa. Sólo nos queda esperar que la providencia nos proteja frente a tanto desatino”.
EL AGUA PURA. La provincia de Entre Ríos es como una balsa de 78.781 kilómetros cuadrados que flota sobre un enorme acuífero. Ese océano subterráneo, justamente, aflora por sus contornos, y también por su interior, en la forma de ríos, arroyos, humedales y bañados. Prácticamente toda la economía regional depende del agua: desde la agricultura y la ganadería hasta el turismo termal y la industria frigorífica. “De existir petróleo –explica el director de Fundavida– está debajo del acuífero. Se han hecho por lo menos quince perforaciones para el turismo termal, de casi mil metros cada una, y en ninguna se encontró petróleo. Pero hay una excavación de 1961 en la que sí se halló. Por lo tanto, está claro que el plan es atravesar esa reserva de agua pura”.
Según las autoridades provinciales, las áreas de exploración acordadas con Repsol-YPF se encuentran al norte de la ruta nacional 18 –que corta la provincia de este a oeste– en una región que comprende los departamentos de Feliciano, Federación, La Paz, Federal, y parte de los de Paraná, Villaguay, San Salvador y Concordia. Se trata de un territorio que concentra numerosas actividades productivas. De acuerdo con registros del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la región abarca seis zonas agroeconómicas homogéneas, en las que predominan la ganadería bovina y ovina, el 98% de la superficie citrícola provincial, el 43% de los cultivos forestales y extensas superficies sembradas de soja, trigo, arroz, lino, sorgo y maíz. “Perforar el acuífero –dice Luciano– sería afectar muchas de estas actividades, ya sea por el alto riesgo de la perforación en sí, por la emanación de gases o por cualquier desperfecto que desemboque en tragedias ambientales como la de Shell en Magdalena”.
Más cauto, Diego Rodríguez, director ejecutivo de la ONG ambientalista M’biguá, analiza: “En Entre Ríos se hicieron varios pozos hace muchos años con resultados negativos. Pero por las proyecciones que hacen ahora, debajo del acuífero, al norte de la provincia, habría petróleo. Entiendo que en la primera etapa YPF no va a perforar, sino a detectar y entonces después sí haría el pozo. Pero antes de eso la empresa debería presentar una serie de medidas para disminuir los riesgos ambientales. Así lo exige la ley provincial de hidrocarburos”.
“De todos modos –concluye– toda exploración de este tipo es de alto riesgo. No nos oponemos, pero sí nos interesa que se cumplan todos los requisitos: sabemos que el costo ambiental vendría con la extracción”.
Según un informe del Observatorio Petrolero Sur (OPS), el convenio de exploración entre YPF y Entre Ríos se enmarca en el Programa de Desarrollo Exploratorio 2010-2014, que la compañía lanzó en diciembre. Dicho programa inaugura un proceso de selección de áreas para la exploración hidrocarburífera en casi todas las provincias del país.
En efecto, explican desde el OPS, “a partir de la promulgación del decreto 546/03 y la sanción de la ley 26.197/06, ambas durante la presidencia de Néstor Kirchner, muchas provincias encararon el dominio de sus recursos y se lanzaron en una agresiva campaña a licitar zonas de exploración y explotación, actualizando sus legislaciones internas y otorgando exenciones impositivas para atraer el capital privado, convirtiéndose así en las nuevas interlocutoras de la industria petrolera. Así, motivadas por el alza en el precio de barril de crudo y la caída del horizonte de reservas del país, vieron en el petróleo una nueva fuente de ingresos frente a los crecientes déficits fiscales”.
CRUDO. El secretario de Medio Ambiente de Paraná, Fernando Raffo, es claro: “La secretaría todavía no evaluó el caso. Pero nuestra normativa ambiental incluye el tema de la participación ciudadana y antes de que se avance en cualquier rumbo, la gente deberá dar su opinión”.
Los ambientalistas opositores argumentan que YPF fue cuestionada por varios casos de impacto ambiental. Recuerdan el más reciente, ocurrido en el Golfo San Jorge (Chubut y Santa Cruz), donde trabajadores y empresarios de la pesca están exigiendo respuestas sobre la actividad de prospección y exploración offshore porque sostienen que desde que se llevaron adelante esas tareas en el lugar la vida marina fue aniquilada. “Los barcos vuelven vacíos porque no hay nada”, denunciaron en una carta de prensa.
Crítica de la Argentina se comunicó con la petrolera para conocer sus intenciones en el subsuelo entrerriano. A través de un vocero, la devolución fue breve: “El acuerdo que se va a firmar con la provincia de Entre Ríos sólo fija el inicio de estudios”.
En la misma línea el secretario de Energía del gobierno de Entre Ríos, el ingeniero Raúl Arroyo, dijo que está previsto que se realicen todos los estudios de impacto ambiental que sean necesarios. “Nuestra intención no es poner en peligro el acuífero. En este proceso, la perforación es lo último que se hace. Primero vienen una serie de trabajos superficiales para después sí llegar a la extracción. Si se hace todo bien, se hace todo con encamisado. O sea que uno puede atravesar las capas geológicas sin afectar al resto”, explicó el funcionario. Arroyo no ve polémica alguna, pero no descarta que el tema sea sometido a consulta popular. “Llegado el caso, está previsto”, concluyó.
Una designación contaminada en el Riachuelo
Una designación contaminada en la limpieza del Riachuelo
Fecha de Publicación: 09/02/2010
Fuente: Crítica Digital
Provincia/Región: Buenos Aires
El Gobierno nombró a un funcionario procesado en el organismo encargado de sanear el Riachuelo. Llegó al cargo impulsado por Alessandra Minnicelli, la esposa de De Vido. Un presupuesto de 1.484 millones de dólares en juego.
El gobierno nacional acaba de designar en la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) a un funcionario procesado por el escándalo del caso Greco, la maniobra por la cual Economía estuvo a punto de pagar en 2006 una deuda de 500 millones de pesos –sospechada de ilegítima– a través de una partida oculta en el presupuesto nacional. Se trata de Alberto Daniel García, el ex director de Asuntos Jurídicos de Entes Liquidados del Ministerio de Economía que ahora revista en el Ministerio de Planificación Federal, de Julio De Vido, como asesor en materia de transporte y gestión judicial.
García fue designado director de Asuntos Jurídicos de Acumar gracias a la gestión de Alessandra “Lali” Minnicelli, la esposa de De Vido, que ejerce como jefa de asesores ad honorem de Planificación. Fuentes oficiales confiaron a Crítica de la Argentina que su nombramiento se decidió después de que la abogada Silvia García desistió de asumir en ese lugar. García oficiaba como asesora principal de subsecretario legal y técnico del ministerio, Rafael Llorens, pero abandonó el ministerio porque se negó a avanzar con el proceso de reordenamiento urbano que el proyecto contempla sobre los márgenes del Riachuelo. Según pudo saber este diario, García habría expresado su desacuerdo con desalojar a habitantes que viven a la orilla del río sin consulta previa.
La cuenca del río Matanza-Riachuelo es la más contaminada de la Argentina. Más de 3.000 industrias que están instaladas a sus orillas descargan efluentes sin tratamiento en el sistema de recolección de agua o directamente en el río. En sus márgenes viven alrededor de cinco millones de personas en condiciones de riesgo: el 35% carece de acceso a agua potable, el 60% no está conectado al sistema cloacal y el 10% vive en asentamientos informales, cerca de basurales a cielo abierto. Abarca a los partidos bonaerenses de Lanús, Avellaneda, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, La Matanza, Ezeiza, Cañuelas, Almirante Brown, Morón, Merlo, Marcos Paz, Presidente Perón, San Vicente y General Las Heras.
La Acumar fue creada por la ley 26.168, después del primer fallo de la Corte Suprema que dio vía libre a las denuncias por contaminación, como ente de derecho público interjurisdiccional en el ámbito de la Secretaría de Medio Ambiente de la Jefatura de Gabinete, y dispone de un presupuesto anual de 186 millones de pesos. Es un organismo tripartito que integran el Estado nacional, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma. Sin embargo, las fuentes consultadas por este diario coinciden en que allí la incidencia del secretario de Medio Ambiente, Homero Bibiloni –quien ocupa formalmente la presidencia de la Acumar– es ínfima. La mayor parte del organigrama se reparte entre funcionarios que reportan a De Vido y al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. El ex intendente de Quilmes cuenta entre sus leales al subsecretario de Promoción del Desarrollo Sustentable, Ricardo Eusebio “Coyote” Rodríguez. Pero en los últimos días el organismo se vio sacudido por la llegada de hombres ligados a Planificación. En 2009, el Banco Mundial aprobó un crédito de 840 millones de dólares para el saneamiento integral de la cuenca. La inversión total destinada a la limpieza asciende a 1.484 millones de dólares. Los 640 restantes corresponden a fondos aportados por el gobierno nacional.
Alberto Daniel García no es un recién llegado a la función pública. Formó parte del grupo de técnicos encabezados por la ex directora de Asuntos Jurídicos, Yolanda Eggink, y el ex subsecretario legal de Roberto Lavagna, Osvaldo Siseles, que quedaron involucrados en distintas causas investigadas por la Justicia. Cuando se conoció el caso Greco, Eggink y García perdieron su cargo en Economía pero mantuvieron su puesto como parte de la planta permanente. Entonces, la ministra Felisa Miceli abrió sumarios sobre los funcionarios que habían intervenido en el expediente, acusó a los tres experimentados abogados de haber avalado el pago en forma ilegal y aseguró que en el monto que habían acordado pagar ignoraron 164 millones de pesos que el Estado ya había desembolsado. Hoy cargan con un procesamiento del juez federal Sergio Torres que fue ratificado por la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones como “responsables del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en grado de coautores”. En el fallo de segunda instancia, además, el tribunal trabó un embargo sobre los bienes de cada uno de ellos hasta cubrir la suma de un millón de pesos. Según pudo averiguar este diario, el expediente será elevado este año a juicio oral. Para Torres, “los funcionarios nombrados maniobraron dentro del procedimiento administrativo y del judicial, aparentando ejercitar competencias que no tenían, y con desconsideración de la normativa vigente persiguieron, a través de estos medios, la satisfacción de un interés distinto del público y claramente reprochable”, comprometiendo al Estado a pagar al Grupo Greco más de 330 millones de pesos en bonos de consolidación de deuda que al momento de abortarse el pago alcanzaban un valor efectivo mayor a 600 millones de pesos.
La hermandad del caso Greco
Alberto García no es el único funcionario procesado por el caso Greco que sigue en la administración pública. El nuevo director de Asuntos Jurídicos de Acumar forma parte de un grupo de abogados que trabajó durante años en Economía. El juez Sergio Torres lo procesó junto a la ex directora de Asuntos Jurídicos, Yolanda Eggink; el ex subsecretario de Administración, Juan Cayetano Intelisano; y el ex subsecretario legal del ministro Roberto Lavagna, Osvaldo Siseles. Tras el escándalo, Eggink y García permanecieron como empleados en Planificación. Intelisano, Eggink y Siseles volvieron a ser noticia a principios de 2009 cuando el entonces fiscal Manuel Garrido los denunció por el pago irregular de una deuda ilegítima de 54 millones de pesos a un pool de aseguradoras. Garrido demostró que las dos maniobras tenían notorios puntos de contacto y que los funcionarios habían alcanzado un aceitado funcionamiento durante años en Economía. La semana pasada, en coincidencia con el pase de García a Medio Ambiente, Intelisano presentó un recurso de amparo ante la Justicia para volver a su cargo.
Lali Minnicelli, la “arquitecta jurídica” en las sombras de Planificación
Alessandra “Lali” Minnicelli es la mano derecha de Julio De Vido. La abogada que llegó a ocupar la secretaría adjunta de la Sindicatura General durante el gobierno de Néstor Kirchner ya no tiene un cargo pero sigue siendo la arquitecta jurídica del ministerio. Lali, como la llama su marido, ocupa un despacho en el piso 11 de Planificación, donde trabaja De Vido. La ex síndica y el subsecretario de Coordinación y Control de Gestión, Roberto Baratta, son los dos pilares sobre los que se asienta el arquitecto. Minnicelli es la encargada de cuidarle la firma a De Vido y suele tener encontronazos con el subsecretario legal, Rafael Llorens, a quien le achaca una mirada de los asuntos de la cartera más militante que técnica. “Ella es el cerebro jurídico”, le dijo a este diario un empresario que suele tratarla. Minnicelli va dos o tres veces por semana al edificio de Hipólito Yrigoyen y su presencia no pasa desapercibida. Fuentes del ministerio reconocieron que Minnicelli pesó en la designación del procesado Alberto García en el Acumar. Fue después de que la abogada Silvia García, una funcionaria ligada a Llorens, abandonó el ministerio. La doctora García fue la primera candidata para desembarcar en la autoridad de la Cuenca. Se desempeñaba a las órdenes del director de Asuntos Jurídicos, Pablo Campi, con quien suele trabajar también en la esfera privada. En el área legal de De Vido permanece otra funcionaria procesada por el caso Greco: la ex directora general de Asuntos Jurídicos de Economía, Yolanda Eggink.
Fecha de Publicación: 09/02/2010
Fuente: Crítica Digital
Provincia/Región: Buenos Aires
El Gobierno nombró a un funcionario procesado en el organismo encargado de sanear el Riachuelo. Llegó al cargo impulsado por Alessandra Minnicelli, la esposa de De Vido. Un presupuesto de 1.484 millones de dólares en juego.
El gobierno nacional acaba de designar en la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) a un funcionario procesado por el escándalo del caso Greco, la maniobra por la cual Economía estuvo a punto de pagar en 2006 una deuda de 500 millones de pesos –sospechada de ilegítima– a través de una partida oculta en el presupuesto nacional. Se trata de Alberto Daniel García, el ex director de Asuntos Jurídicos de Entes Liquidados del Ministerio de Economía que ahora revista en el Ministerio de Planificación Federal, de Julio De Vido, como asesor en materia de transporte y gestión judicial.
García fue designado director de Asuntos Jurídicos de Acumar gracias a la gestión de Alessandra “Lali” Minnicelli, la esposa de De Vido, que ejerce como jefa de asesores ad honorem de Planificación. Fuentes oficiales confiaron a Crítica de la Argentina que su nombramiento se decidió después de que la abogada Silvia García desistió de asumir en ese lugar. García oficiaba como asesora principal de subsecretario legal y técnico del ministerio, Rafael Llorens, pero abandonó el ministerio porque se negó a avanzar con el proceso de reordenamiento urbano que el proyecto contempla sobre los márgenes del Riachuelo. Según pudo saber este diario, García habría expresado su desacuerdo con desalojar a habitantes que viven a la orilla del río sin consulta previa.
La cuenca del río Matanza-Riachuelo es la más contaminada de la Argentina. Más de 3.000 industrias que están instaladas a sus orillas descargan efluentes sin tratamiento en el sistema de recolección de agua o directamente en el río. En sus márgenes viven alrededor de cinco millones de personas en condiciones de riesgo: el 35% carece de acceso a agua potable, el 60% no está conectado al sistema cloacal y el 10% vive en asentamientos informales, cerca de basurales a cielo abierto. Abarca a los partidos bonaerenses de Lanús, Avellaneda, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, La Matanza, Ezeiza, Cañuelas, Almirante Brown, Morón, Merlo, Marcos Paz, Presidente Perón, San Vicente y General Las Heras.
La Acumar fue creada por la ley 26.168, después del primer fallo de la Corte Suprema que dio vía libre a las denuncias por contaminación, como ente de derecho público interjurisdiccional en el ámbito de la Secretaría de Medio Ambiente de la Jefatura de Gabinete, y dispone de un presupuesto anual de 186 millones de pesos. Es un organismo tripartito que integran el Estado nacional, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma. Sin embargo, las fuentes consultadas por este diario coinciden en que allí la incidencia del secretario de Medio Ambiente, Homero Bibiloni –quien ocupa formalmente la presidencia de la Acumar– es ínfima. La mayor parte del organigrama se reparte entre funcionarios que reportan a De Vido y al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. El ex intendente de Quilmes cuenta entre sus leales al subsecretario de Promoción del Desarrollo Sustentable, Ricardo Eusebio “Coyote” Rodríguez. Pero en los últimos días el organismo se vio sacudido por la llegada de hombres ligados a Planificación. En 2009, el Banco Mundial aprobó un crédito de 840 millones de dólares para el saneamiento integral de la cuenca. La inversión total destinada a la limpieza asciende a 1.484 millones de dólares. Los 640 restantes corresponden a fondos aportados por el gobierno nacional.
Alberto Daniel García no es un recién llegado a la función pública. Formó parte del grupo de técnicos encabezados por la ex directora de Asuntos Jurídicos, Yolanda Eggink, y el ex subsecretario legal de Roberto Lavagna, Osvaldo Siseles, que quedaron involucrados en distintas causas investigadas por la Justicia. Cuando se conoció el caso Greco, Eggink y García perdieron su cargo en Economía pero mantuvieron su puesto como parte de la planta permanente. Entonces, la ministra Felisa Miceli abrió sumarios sobre los funcionarios que habían intervenido en el expediente, acusó a los tres experimentados abogados de haber avalado el pago en forma ilegal y aseguró que en el monto que habían acordado pagar ignoraron 164 millones de pesos que el Estado ya había desembolsado. Hoy cargan con un procesamiento del juez federal Sergio Torres que fue ratificado por la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones como “responsables del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en grado de coautores”. En el fallo de segunda instancia, además, el tribunal trabó un embargo sobre los bienes de cada uno de ellos hasta cubrir la suma de un millón de pesos. Según pudo averiguar este diario, el expediente será elevado este año a juicio oral. Para Torres, “los funcionarios nombrados maniobraron dentro del procedimiento administrativo y del judicial, aparentando ejercitar competencias que no tenían, y con desconsideración de la normativa vigente persiguieron, a través de estos medios, la satisfacción de un interés distinto del público y claramente reprochable”, comprometiendo al Estado a pagar al Grupo Greco más de 330 millones de pesos en bonos de consolidación de deuda que al momento de abortarse el pago alcanzaban un valor efectivo mayor a 600 millones de pesos.
La hermandad del caso Greco
Alberto García no es el único funcionario procesado por el caso Greco que sigue en la administración pública. El nuevo director de Asuntos Jurídicos de Acumar forma parte de un grupo de abogados que trabajó durante años en Economía. El juez Sergio Torres lo procesó junto a la ex directora de Asuntos Jurídicos, Yolanda Eggink; el ex subsecretario de Administración, Juan Cayetano Intelisano; y el ex subsecretario legal del ministro Roberto Lavagna, Osvaldo Siseles. Tras el escándalo, Eggink y García permanecieron como empleados en Planificación. Intelisano, Eggink y Siseles volvieron a ser noticia a principios de 2009 cuando el entonces fiscal Manuel Garrido los denunció por el pago irregular de una deuda ilegítima de 54 millones de pesos a un pool de aseguradoras. Garrido demostró que las dos maniobras tenían notorios puntos de contacto y que los funcionarios habían alcanzado un aceitado funcionamiento durante años en Economía. La semana pasada, en coincidencia con el pase de García a Medio Ambiente, Intelisano presentó un recurso de amparo ante la Justicia para volver a su cargo.
Lali Minnicelli, la “arquitecta jurídica” en las sombras de Planificación
Alessandra “Lali” Minnicelli es la mano derecha de Julio De Vido. La abogada que llegó a ocupar la secretaría adjunta de la Sindicatura General durante el gobierno de Néstor Kirchner ya no tiene un cargo pero sigue siendo la arquitecta jurídica del ministerio. Lali, como la llama su marido, ocupa un despacho en el piso 11 de Planificación, donde trabaja De Vido. La ex síndica y el subsecretario de Coordinación y Control de Gestión, Roberto Baratta, son los dos pilares sobre los que se asienta el arquitecto. Minnicelli es la encargada de cuidarle la firma a De Vido y suele tener encontronazos con el subsecretario legal, Rafael Llorens, a quien le achaca una mirada de los asuntos de la cartera más militante que técnica. “Ella es el cerebro jurídico”, le dijo a este diario un empresario que suele tratarla. Minnicelli va dos o tres veces por semana al edificio de Hipólito Yrigoyen y su presencia no pasa desapercibida. Fuentes del ministerio reconocieron que Minnicelli pesó en la designación del procesado Alberto García en el Acumar. Fue después de que la abogada Silvia García, una funcionaria ligada a Llorens, abandonó el ministerio. La doctora García fue la primera candidata para desembarcar en la autoridad de la Cuenca. Se desempeñaba a las órdenes del director de Asuntos Jurídicos, Pablo Campi, con quien suele trabajar también en la esfera privada. En el área legal de De Vido permanece otra funcionaria procesada por el caso Greco: la ex directora general de Asuntos Jurídicos de Economía, Yolanda Eggink.
El riesgo de vivir junto a la contaminación
El riesgo de vivir junto a la contaminación
Fecha de Publicación: 08/02/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires
El 96,4% de la población de la zona de la cuenca Matanza-Riachuelo está expuesta a las amenazas del deterioro del medio ambiente
Nacer en la cuenca Matanza-Riachuelo es como nacer desahuciado. Así lo describió Marcela Gianini, cocinera de uno de los comedores del barrio Nicole, en La Matanza: "Cuando mi hijo empezó con episodios de asma, me dijeron que el origen era el lugar donde vivíamos. Ahora tiene 8 años y sigue con problemas respiratorios. Y no es el único. Muchos chicos que vienen al comedor tienen algún síntoma respiratorio".
Su diagnóstico coincide con la realidad: un documento oficial revela que el 96,4 por ciento de la población de la cuenca está expuesta, al menos, a una amenaza de riesgo ambiental, que se traduce en tasas de mortalidad general e infantil que superan las medias del país.
El informe oficial, elaborado por la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación, agrega que entre los problemas de salud más frecuentes en la cuenca predominan los gastrointestinales (33,3%) y respiratorios (26%).
A 17 meses de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenara el saneamiento del Riachuelo a los estados nacional, bonaerense y porteño, son pocos los avances que se advierten.
"La situación que muestra el informe simplemente exige y legitima la necesidad del cumplimiento rápido y eficiente del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) del Riachuelo", sostuvo Anselmo Sella, defensor titular adjunto del pueblo de la Nación.
"Es fundamental que se identifiquen rápidamente los sectores con mayor riesgo ambiental y se realice un plan sanitario de emergencia proactivo", agregó.
La encuesta realizada por la cartera sanitaria nacional también permitió determinar que de los 973.196 hogares de la cuenca, la mitad padece alguna situación ambiental de riesgo, tales como deficiencias en el abastecimiento de agua, cloacas o disposición de residuos.
"No deberíamos extrañarnos al conocer las cifras de las condiciones de salud de la población de la cuenca. Los organismos de las personas que viven en ella, sumamente deteriorados como consecuencia del inexistente saneamiento básico (agua segura y cloacas) son un blanco fácil para la contaminación de origen industrial a la cual están expuestos diariamente.", indicó Martín Prieto, director ejecutivo de Greenpeace Argentina.
Pánfilo Bogado vive a pocas cuadras de distancia de Gianini, más cerca del arroyo Morales, que desemboca en el río Matanza y forma parte de la cuenca. "Un grave problema que tenemos es que la gente no tiene dónde tirar la basura y la va acumulando acá", dijo, y señaló una montaña fétida de residuos que se veía sobre los pastizales de la orilla. "Para nosotros, que ya estamos, no es el problema; el problema es para los chicos que tienen toda la vida por delante", agregó.
Víctor Friti es representante del Foro Hídrico de Lomas de Zamora vive en otro partido, pero comparte la preocupación: "Se mezclan un montón cuestiones. En muchos barrios, por la explosión demográfica que ha habido en la zona, no hay agua. Al no tener cloacas, Lomas tiene 25% de cloacas; el agua que puede extraerse del subsuelo no es precisamente de la mejor calidad. Pero lo peor no es que no hay cloacas, sino que no hay plan de saneamiento hídrico".
A Frites hay otro tema que lo preocupa: La Salada. Hay unos 1200 metros de puestos que ocupan el camino de sirga del Riachuelo, que deberán ser liberados. "Por el momento, se liberaron sólo 200 metros. Desde hace años estamos presos. Para poder salir del barrio, tenemos que caminar 15 o 20 cuadras debido a esta ocupación. No pueden entrar ni las ambulancias. Y encima tenemos que soportar que toda la basura que se genera en la feria se tire directamente en ese lugar."
A la Justicia
La Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar), ente interjurisdiccional que debe velar por el cumplimiento del plan de saneamiento, envió a la Justicia un detalle del presupuesto con el que contará este año. Según el informe oficial, se señaló: "El saneamiento del Riachuelo insumirá 23.801 millones de pesos hasta 2024; se llevan invertidos 3114 millones entre 2006 y 2009, y para este año se prevé destinar 4427 millones".
El secretario de Ambiente de la Nación y presidente de la Acumar, Homero Bibiloni, dijo: "La inversión presupuestaria realizada y proyectada para este año marca el compromiso del Estado nacional frente al tema. El desafío es revertir la histórica degradación de la cuenca haciendo frente a los diversos problemas ambientales, económicos, sociales e institucionales, para lo cual se requiere la participación de diversos actores sociales y múltiples acciones en su resolución".
Para los vecinos, ese desafío sigue sin cumplirse.
Datos alarmantes
- De los 973.196 hogares de la zona, la mitad padece alguna situación de riesgo ambiental. Los problemas de salud más frecuentes que se presentan son gastrointestinales y respiratorios.
- Falta provisión de agua de red a 297.232 personas.
- Hay carencia de desagües cloacales de red de 327.560 personas.
- Están con residencia alejada de hospitales o de establecimientos de salud 327.007 personas.
- Viven en casas o en viviendas con superficies inundables 198.388 personas.
- Habitan cerca de basurales 2682 personas.
- Residen cerca de establecimientos industriales con riesgo de contaminación 32.364 personas.
- Mientras el índice de mortalidad infantil en la Argentina es de 13,3 por mil nacidos vivos hasta el primer año de vida, el índice de mortalidad infantil en la cuenca Matanza-Riachuelo es de 14,3 por mil nacidos vivos hasta el primer año de edad.
Fecha de Publicación: 08/02/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires
El 96,4% de la población de la zona de la cuenca Matanza-Riachuelo está expuesta a las amenazas del deterioro del medio ambiente
Nacer en la cuenca Matanza-Riachuelo es como nacer desahuciado. Así lo describió Marcela Gianini, cocinera de uno de los comedores del barrio Nicole, en La Matanza: "Cuando mi hijo empezó con episodios de asma, me dijeron que el origen era el lugar donde vivíamos. Ahora tiene 8 años y sigue con problemas respiratorios. Y no es el único. Muchos chicos que vienen al comedor tienen algún síntoma respiratorio".
Su diagnóstico coincide con la realidad: un documento oficial revela que el 96,4 por ciento de la población de la cuenca está expuesta, al menos, a una amenaza de riesgo ambiental, que se traduce en tasas de mortalidad general e infantil que superan las medias del país.
El informe oficial, elaborado por la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación, agrega que entre los problemas de salud más frecuentes en la cuenca predominan los gastrointestinales (33,3%) y respiratorios (26%).
A 17 meses de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenara el saneamiento del Riachuelo a los estados nacional, bonaerense y porteño, son pocos los avances que se advierten.
"La situación que muestra el informe simplemente exige y legitima la necesidad del cumplimiento rápido y eficiente del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) del Riachuelo", sostuvo Anselmo Sella, defensor titular adjunto del pueblo de la Nación.
"Es fundamental que se identifiquen rápidamente los sectores con mayor riesgo ambiental y se realice un plan sanitario de emergencia proactivo", agregó.
La encuesta realizada por la cartera sanitaria nacional también permitió determinar que de los 973.196 hogares de la cuenca, la mitad padece alguna situación ambiental de riesgo, tales como deficiencias en el abastecimiento de agua, cloacas o disposición de residuos.
"No deberíamos extrañarnos al conocer las cifras de las condiciones de salud de la población de la cuenca. Los organismos de las personas que viven en ella, sumamente deteriorados como consecuencia del inexistente saneamiento básico (agua segura y cloacas) son un blanco fácil para la contaminación de origen industrial a la cual están expuestos diariamente.", indicó Martín Prieto, director ejecutivo de Greenpeace Argentina.
Pánfilo Bogado vive a pocas cuadras de distancia de Gianini, más cerca del arroyo Morales, que desemboca en el río Matanza y forma parte de la cuenca. "Un grave problema que tenemos es que la gente no tiene dónde tirar la basura y la va acumulando acá", dijo, y señaló una montaña fétida de residuos que se veía sobre los pastizales de la orilla. "Para nosotros, que ya estamos, no es el problema; el problema es para los chicos que tienen toda la vida por delante", agregó.
Víctor Friti es representante del Foro Hídrico de Lomas de Zamora vive en otro partido, pero comparte la preocupación: "Se mezclan un montón cuestiones. En muchos barrios, por la explosión demográfica que ha habido en la zona, no hay agua. Al no tener cloacas, Lomas tiene 25% de cloacas; el agua que puede extraerse del subsuelo no es precisamente de la mejor calidad. Pero lo peor no es que no hay cloacas, sino que no hay plan de saneamiento hídrico".
A Frites hay otro tema que lo preocupa: La Salada. Hay unos 1200 metros de puestos que ocupan el camino de sirga del Riachuelo, que deberán ser liberados. "Por el momento, se liberaron sólo 200 metros. Desde hace años estamos presos. Para poder salir del barrio, tenemos que caminar 15 o 20 cuadras debido a esta ocupación. No pueden entrar ni las ambulancias. Y encima tenemos que soportar que toda la basura que se genera en la feria se tire directamente en ese lugar."
A la Justicia
La Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar), ente interjurisdiccional que debe velar por el cumplimiento del plan de saneamiento, envió a la Justicia un detalle del presupuesto con el que contará este año. Según el informe oficial, se señaló: "El saneamiento del Riachuelo insumirá 23.801 millones de pesos hasta 2024; se llevan invertidos 3114 millones entre 2006 y 2009, y para este año se prevé destinar 4427 millones".
El secretario de Ambiente de la Nación y presidente de la Acumar, Homero Bibiloni, dijo: "La inversión presupuestaria realizada y proyectada para este año marca el compromiso del Estado nacional frente al tema. El desafío es revertir la histórica degradación de la cuenca haciendo frente a los diversos problemas ambientales, económicos, sociales e institucionales, para lo cual se requiere la participación de diversos actores sociales y múltiples acciones en su resolución".
Para los vecinos, ese desafío sigue sin cumplirse.
Datos alarmantes
- De los 973.196 hogares de la zona, la mitad padece alguna situación de riesgo ambiental. Los problemas de salud más frecuentes que se presentan son gastrointestinales y respiratorios.
- Falta provisión de agua de red a 297.232 personas.
- Hay carencia de desagües cloacales de red de 327.560 personas.
- Están con residencia alejada de hospitales o de establecimientos de salud 327.007 personas.
- Viven en casas o en viviendas con superficies inundables 198.388 personas.
- Habitan cerca de basurales 2682 personas.
- Residen cerca de establecimientos industriales con riesgo de contaminación 32.364 personas.
- Mientras el índice de mortalidad infantil en la Argentina es de 13,3 por mil nacidos vivos hasta el primer año de vida, el índice de mortalidad infantil en la cuenca Matanza-Riachuelo es de 14,3 por mil nacidos vivos hasta el primer año de edad.
Bosques tucumanos en jaque
Una demora legislativa pone en jaque a los bosques nativos
Fecha de Publicación: 08/02/2010
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
Al borde la extinción, no. Sí, en punto crítico. Daniel Manso, director de Fauna, Flora Silvestre y Suelo de la provincia, considera que la sociedad tiene una oportunidad histórica para salvar sus bosques nativos. Explica: "según nuestra información satelital, la superficie boscosa no ha disminuido en los últimos 10 años gracias a las plantaciones y regeneraciones. Sí estamos en un umbral, en un punto límite: más allá de esta frontera, la destrucción será irreversible".
A la decisiva conservación del bosque contribuirá el ordenamiento del territorio que la Legislatura de Tucumán debe aprobar y reglamentar por exigencia de la Ley Nacional 26.331, de Presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos. El arquitecto Manso calcula que la redacción del borrador de este instrumento, que debía estar listo a finales de 2008, concluirá en abril. Recién entonces será girado al Poder Legislativo.
"La mayoría de las provincias están en mora. Quizá sea un consuelo de tontos, pero la planificación es una materia pendiente en Argentina y la ambiental, más todavía. Entiendo que los planteles técnicos y académicos de Tucumán no estaban maduros para asumir este compromiso", justifica.
El reto planteado por la Ley 26.331 supone generar un mapa tricolor mediante un proceso participativo, donde el sector rojo corresponda a la zona que, por su alto valor de conservación, debe persistir como bosque a perpetuidad. El amarillo comprende las áreas de mediano valor de conservación susceptibles de aprovechamiento sostenible (en simultáneo con programas de restauración). La zona pintada con verde, por su escaso valor de conservación, puede ser total o parcialmente transformada.
Cambios
La exigencia del ordenamiento produjo cambios en la Dirección de Fauna, Flora Silvestre y Suelo (Manso, que en marzo de 2009 reemplazó a Manuel Imbert, asegura que asumió para llevar adelante este cometido) y obligó a licitar la gestión del proceso, que quedó en manos de la ONG Fundejma (el gobierno gastará 445.000 pesos en esta contratación). Javier González Morenghi, presidente de esa institución, afirma que desconoce la razón de la demora que acarrea el ordenamiento. "No somos parte del Estado. Sí nos consta que esta gestión se está esforzando para que el trabajo sea técnicamente impecable y cumpla los procesos participativos que exige la ley", afirmó.
Tucumán y Catamarca son las únicas jurisdicciones del NOA que no han aprobado la categorización de sus respectivos territorios. "En general, las provincias comenzaron tarde (respecto del plazo legal que venció en diciembre de 2008). También hay casos donde los ordenamientos han sido cuestionados por las autoridades nacionales o sectores de la ciudadanía", esgrime el vocero de Fundefma. Para evitar las hipótesis de conflicto y judicialización, las propuestas de zonificación han sido debatidas en cuatro talleres abiertos a la comunidad tucumana. "En la discusión participaron ambientalistas, representantes de los tres poderes del Estado, del sector privado y ciudadanos comunes", precisa Manso.
Este productivo
Aunque el mapa aún no está definido, el director de Flora, Fauna Silvestre y Suelo anticipa que, en general, existe gran coincidencia sobre cómo debe ser trazado. Con la ayuda de un apunte, anuncia: "la montaña será roja porque la gente quiere preservar el sistema de yungas, la Selva Tucumano Boliviana. El piedemonte y Tafí del Valle y sus alrededores probablemente entren en el sector amarillo porque la comunidad desea que estas áreas sean preservadas y estén sujetas al desarrollo sustentable, que será muy distinto al aprovechamiento que se hace actualmente. El este será verde, es decir, productivo".
Más allá de la conservación de los bosques, el ordenamiento territorial urge para destrabar la prohibición de desmontar vigente desde la sanción de la Ley 26.331, en noviembre de 2007. Manso asegura que el Estado no ha dado permisos. "Los desmontes ejecutados en este período son ilegales u obedecen a licencias anteriores a la votación en el Congreso de la Nación", aclara el funcionario.
Fecha de Publicación: 08/02/2010
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
Al borde la extinción, no. Sí, en punto crítico. Daniel Manso, director de Fauna, Flora Silvestre y Suelo de la provincia, considera que la sociedad tiene una oportunidad histórica para salvar sus bosques nativos. Explica: "según nuestra información satelital, la superficie boscosa no ha disminuido en los últimos 10 años gracias a las plantaciones y regeneraciones. Sí estamos en un umbral, en un punto límite: más allá de esta frontera, la destrucción será irreversible".
A la decisiva conservación del bosque contribuirá el ordenamiento del territorio que la Legislatura de Tucumán debe aprobar y reglamentar por exigencia de la Ley Nacional 26.331, de Presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos. El arquitecto Manso calcula que la redacción del borrador de este instrumento, que debía estar listo a finales de 2008, concluirá en abril. Recién entonces será girado al Poder Legislativo.
"La mayoría de las provincias están en mora. Quizá sea un consuelo de tontos, pero la planificación es una materia pendiente en Argentina y la ambiental, más todavía. Entiendo que los planteles técnicos y académicos de Tucumán no estaban maduros para asumir este compromiso", justifica.
El reto planteado por la Ley 26.331 supone generar un mapa tricolor mediante un proceso participativo, donde el sector rojo corresponda a la zona que, por su alto valor de conservación, debe persistir como bosque a perpetuidad. El amarillo comprende las áreas de mediano valor de conservación susceptibles de aprovechamiento sostenible (en simultáneo con programas de restauración). La zona pintada con verde, por su escaso valor de conservación, puede ser total o parcialmente transformada.
Cambios
La exigencia del ordenamiento produjo cambios en la Dirección de Fauna, Flora Silvestre y Suelo (Manso, que en marzo de 2009 reemplazó a Manuel Imbert, asegura que asumió para llevar adelante este cometido) y obligó a licitar la gestión del proceso, que quedó en manos de la ONG Fundejma (el gobierno gastará 445.000 pesos en esta contratación). Javier González Morenghi, presidente de esa institución, afirma que desconoce la razón de la demora que acarrea el ordenamiento. "No somos parte del Estado. Sí nos consta que esta gestión se está esforzando para que el trabajo sea técnicamente impecable y cumpla los procesos participativos que exige la ley", afirmó.
Tucumán y Catamarca son las únicas jurisdicciones del NOA que no han aprobado la categorización de sus respectivos territorios. "En general, las provincias comenzaron tarde (respecto del plazo legal que venció en diciembre de 2008). También hay casos donde los ordenamientos han sido cuestionados por las autoridades nacionales o sectores de la ciudadanía", esgrime el vocero de Fundefma. Para evitar las hipótesis de conflicto y judicialización, las propuestas de zonificación han sido debatidas en cuatro talleres abiertos a la comunidad tucumana. "En la discusión participaron ambientalistas, representantes de los tres poderes del Estado, del sector privado y ciudadanos comunes", precisa Manso.
Este productivo
Aunque el mapa aún no está definido, el director de Flora, Fauna Silvestre y Suelo anticipa que, en general, existe gran coincidencia sobre cómo debe ser trazado. Con la ayuda de un apunte, anuncia: "la montaña será roja porque la gente quiere preservar el sistema de yungas, la Selva Tucumano Boliviana. El piedemonte y Tafí del Valle y sus alrededores probablemente entren en el sector amarillo porque la comunidad desea que estas áreas sean preservadas y estén sujetas al desarrollo sustentable, que será muy distinto al aprovechamiento que se hace actualmente. El este será verde, es decir, productivo".
Más allá de la conservación de los bosques, el ordenamiento territorial urge para destrabar la prohibición de desmontar vigente desde la sanción de la Ley 26.331, en noviembre de 2007. Manso asegura que el Estado no ha dado permisos. "Los desmontes ejecutados en este período son ilegales u obedecen a licencias anteriores a la votación en el Congreso de la Nación", aclara el funcionario.
Etiquetas:
bosques nativos,
Desmontes,
ecosistemas,
legislación y derecho ambiental,
Tucumán
|
0
comentarios
Un año de conflictos mineros
Un año de conflictos mineros
Fecha de Publicación: 08/02/2010
Fuente: Diario Crítica - Por Javier Rodríguez Pardo
Provincia/Región: Nacional
En un país subastado y ocupado por 74 megacorporaciones mineras, la mayoría canadienses y británicas, 165 proyectos de explotación esperan luz verde este año para avanzar en diferentes etapas de exploración, factibilidad, construcción y explotación. De ellos, 66 corresponden a Jujuy, Salta, Catamarca y la Rioja, 43 operan en San Juan, San Luis, Mendoza y Neuquén, y 56 en Santa Cruz, Chubut y Río Negro. A esta cantidad se suman miles de cateos mineros que prospectan vastas áreas cuantificando yacimientos y su posibilidad extractiva, con absoluta promiscuidad y un laxismo legal inconcebible: la cifra da escalofríos porque es el comienzo de la devastación. De aprobarse todos los informes de impacto ambiental, cohabitaríamos con suelos lunares, ingentes territorios con centenares de cráteres de 4 kilómetros de diámetro y más de 700 metros de profundidad que en la jerga se denominan “open pit”.
Sólo seis las provincias argentinas legislaron impidiendo la actividad minera (Chubut, Río Negro, Mendoza, Córdoba, San Luis y Tucumán). Mientras tanto, el resto de las comunidades cordilleranas se halla en virtual levantamiento popular al reconocer que los minerales diseminados sólo presentan rentabilidad con el sistema a cielo abierto, volando montañas. El método es de una voracidad sin obstáculos: empapar con reactivos químicos las rocas pulverizadas, consumir en un segundo el agua que utiliza una familia tipo en un mes y la energía equivalente a la de toda una provincia.
Los yacimientos se registran según la concentración de metales como oro, plata, cobre, uranio, etc., pero igualmente valiosos son los subproductos que acompañan a éstos y que no son declarados al cruzar la aduana. Al mismo tiempo, las poblaciones expuestas al sistema extractivo denuncian contaminación, destrucción territorial y saqueo, y se sublevan resistiendo el arribo minero. Del otro lado, judicializan la protesta y reprimen. Así están las cosas al comienzo de 2010.
Un caso testigo es el del renio. (Crítica de la Argentina, 31/1/2010). Se trata de un subproducto de metales que generalmente franquea la frontera con la declaración de “impurezas de exportación”. El metal se utiliza en aleaciones de aceros especiales para la industria aeronáutica, naval y espacial. Se llega a pagar hasta 25 mil dólares el kilo, lo que significa que es el mineral más caro del mundo, tan indispensable que no se concibe construir un avión moderno o una central nuclear sin incluirlo. Los fabricantes de aviones usan entre 3 y 6% de renio en sus turbinas. La velocidad de las aeronaves depende de él. Además soporta temperaturas superiores a los 3.000º C.
Otro caso son las “tierras raras”, 15 elementos de la tabla periódica que a principios del siglo XX no tenían aplicación, de ahí su nombre. Hoy la demanda mundial obliga a China, principal productor, a limitar las exportaciones, previendo el mercado de automóviles eléctricos que irrumpe de manera sostenida y que requiere de aleaciones con el “raro” neodimio. Otro componente de estas “tierras” es el lantano, crucial para las baterías de los autos y en la electrónica y comunicaciones. Son metales que parten regalados hacia los mercados del norte, por no decir que se contrabandean. Todas las transnacionales en el país los exportan sin declararlos en la aduana. “Para qué los querés –le decía el subsecretario de Minería de la provincia de San Juan a un ingeniero del sector– si aquí no tenemos cómo investigarlos ni aplicarlos”. Lo cierto es que en los países del norte, las “tierras raras” llegan a venderse a más de 10 mil dólares la tonelada. En esta línea se halla el coltán, combinación de dos metales, niobio y tántalo, tan críticos como estratégicos. El coltán es indispensable en tecnologías como la telefónica, médica (implantes), electrónica, aeroespacial y bélica. Su demanda y valor produjo, entre otras, la guerra civil en el Congo. Un mineral que en los últimos 15 años soporta la implacabilidad de las transnacionales y los recurrentes debates en las Naciones Unidas debido a explotaciones vandálicas. En nuestro país las mineras ocultan su hallazgo mientras rastrean el continente de manera obsesiva.
Varios son los proyectos mineros avanzados para el presente año. El principal es Pascua-Lama, de la Barrick Gold, en el límite con Chile, a 4.500 metros de altura, en San Juan. Las poblaciones aledañas de ambos estados mantienen constantes movilizaciones, decenas de presentaciones judiciales por daños ambientales que impactan en cursos de agua y glaciares. El lobby de la Barrick Gold y del gobierno de José Luis Gioja provocó que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner vetara la ley de protección de glaciares sancionada por el Congreso nacional.
Casposo es otro yacimiento sanjuanino de oro y plata que mantiene en rebeldía a asambleístas y autoconvocados.
En la misma provincia, Pachón, de Xtrata Kopper, igual que Pascua-Lama, aplicará el tratado binacional minero de implementación conjunta argentino-chileno, convenio que convierte a la Cordillera de los Andes en un virtual tercer país gobernado por transnacionales.
En Catamarca se anunció la construcción de Agua Rica –cobre y polimetálica–, afectando a los pueblos de Andalgalá, Belén, Santa María y otros, que se manifiestan en las rutas y bloquean el paso de los vehículos mineros.
En Chubut, el proyecto Navidad, autopublicitado el más grande del mundo en plata y plomo, también oculta minerales no revelados. En Chubut rige la ley 5001, que prohíbe la minería a cielo abierto y el uso de compuestos tóxicos; los patagónicos la defienden y prometen evitar una zonificación minera, pergeñada por gobernantes y corporaciones.
En Mendoza hay dos pertenencias extractivas en ciernes. Una es Potasio Río Colorado, de la brasileña Vale, en Malargüe, pródigo en cloruro de potasio para las fábricas de fertilizantes. Su explotación debería convulsionar al país, pues consumirá un millón de metros cúbicos de gas por día, equivalente a un tercio del que se importa de Bolivia. Utilizará la misma cantidad de energía eléctrica que la provincia de Tucumán. Agotará fuentes de agua y provocará un impacto ambiental insalvable reconocido por el propio Consejo Provincial del Ambiente. A la provincia le dejaría menos del 4% de lo que embolsará la minera.
Se precipita un año de conflictos sociales anunciados, con gobernantes y mineros abroquelados, ignorando los reclamos populares y del sentido común.
Fecha de Publicación: 08/02/2010
Fuente: Diario Crítica - Por Javier Rodríguez Pardo
Provincia/Región: Nacional
En un país subastado y ocupado por 74 megacorporaciones mineras, la mayoría canadienses y británicas, 165 proyectos de explotación esperan luz verde este año para avanzar en diferentes etapas de exploración, factibilidad, construcción y explotación. De ellos, 66 corresponden a Jujuy, Salta, Catamarca y la Rioja, 43 operan en San Juan, San Luis, Mendoza y Neuquén, y 56 en Santa Cruz, Chubut y Río Negro. A esta cantidad se suman miles de cateos mineros que prospectan vastas áreas cuantificando yacimientos y su posibilidad extractiva, con absoluta promiscuidad y un laxismo legal inconcebible: la cifra da escalofríos porque es el comienzo de la devastación. De aprobarse todos los informes de impacto ambiental, cohabitaríamos con suelos lunares, ingentes territorios con centenares de cráteres de 4 kilómetros de diámetro y más de 700 metros de profundidad que en la jerga se denominan “open pit”.
Sólo seis las provincias argentinas legislaron impidiendo la actividad minera (Chubut, Río Negro, Mendoza, Córdoba, San Luis y Tucumán). Mientras tanto, el resto de las comunidades cordilleranas se halla en virtual levantamiento popular al reconocer que los minerales diseminados sólo presentan rentabilidad con el sistema a cielo abierto, volando montañas. El método es de una voracidad sin obstáculos: empapar con reactivos químicos las rocas pulverizadas, consumir en un segundo el agua que utiliza una familia tipo en un mes y la energía equivalente a la de toda una provincia.
Los yacimientos se registran según la concentración de metales como oro, plata, cobre, uranio, etc., pero igualmente valiosos son los subproductos que acompañan a éstos y que no son declarados al cruzar la aduana. Al mismo tiempo, las poblaciones expuestas al sistema extractivo denuncian contaminación, destrucción territorial y saqueo, y se sublevan resistiendo el arribo minero. Del otro lado, judicializan la protesta y reprimen. Así están las cosas al comienzo de 2010.
Un caso testigo es el del renio. (Crítica de la Argentina, 31/1/2010). Se trata de un subproducto de metales que generalmente franquea la frontera con la declaración de “impurezas de exportación”. El metal se utiliza en aleaciones de aceros especiales para la industria aeronáutica, naval y espacial. Se llega a pagar hasta 25 mil dólares el kilo, lo que significa que es el mineral más caro del mundo, tan indispensable que no se concibe construir un avión moderno o una central nuclear sin incluirlo. Los fabricantes de aviones usan entre 3 y 6% de renio en sus turbinas. La velocidad de las aeronaves depende de él. Además soporta temperaturas superiores a los 3.000º C.
Otro caso son las “tierras raras”, 15 elementos de la tabla periódica que a principios del siglo XX no tenían aplicación, de ahí su nombre. Hoy la demanda mundial obliga a China, principal productor, a limitar las exportaciones, previendo el mercado de automóviles eléctricos que irrumpe de manera sostenida y que requiere de aleaciones con el “raro” neodimio. Otro componente de estas “tierras” es el lantano, crucial para las baterías de los autos y en la electrónica y comunicaciones. Son metales que parten regalados hacia los mercados del norte, por no decir que se contrabandean. Todas las transnacionales en el país los exportan sin declararlos en la aduana. “Para qué los querés –le decía el subsecretario de Minería de la provincia de San Juan a un ingeniero del sector– si aquí no tenemos cómo investigarlos ni aplicarlos”. Lo cierto es que en los países del norte, las “tierras raras” llegan a venderse a más de 10 mil dólares la tonelada. En esta línea se halla el coltán, combinación de dos metales, niobio y tántalo, tan críticos como estratégicos. El coltán es indispensable en tecnologías como la telefónica, médica (implantes), electrónica, aeroespacial y bélica. Su demanda y valor produjo, entre otras, la guerra civil en el Congo. Un mineral que en los últimos 15 años soporta la implacabilidad de las transnacionales y los recurrentes debates en las Naciones Unidas debido a explotaciones vandálicas. En nuestro país las mineras ocultan su hallazgo mientras rastrean el continente de manera obsesiva.
Varios son los proyectos mineros avanzados para el presente año. El principal es Pascua-Lama, de la Barrick Gold, en el límite con Chile, a 4.500 metros de altura, en San Juan. Las poblaciones aledañas de ambos estados mantienen constantes movilizaciones, decenas de presentaciones judiciales por daños ambientales que impactan en cursos de agua y glaciares. El lobby de la Barrick Gold y del gobierno de José Luis Gioja provocó que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner vetara la ley de protección de glaciares sancionada por el Congreso nacional.
Casposo es otro yacimiento sanjuanino de oro y plata que mantiene en rebeldía a asambleístas y autoconvocados.
En la misma provincia, Pachón, de Xtrata Kopper, igual que Pascua-Lama, aplicará el tratado binacional minero de implementación conjunta argentino-chileno, convenio que convierte a la Cordillera de los Andes en un virtual tercer país gobernado por transnacionales.
En Catamarca se anunció la construcción de Agua Rica –cobre y polimetálica–, afectando a los pueblos de Andalgalá, Belén, Santa María y otros, que se manifiestan en las rutas y bloquean el paso de los vehículos mineros.
En Chubut, el proyecto Navidad, autopublicitado el más grande del mundo en plata y plomo, también oculta minerales no revelados. En Chubut rige la ley 5001, que prohíbe la minería a cielo abierto y el uso de compuestos tóxicos; los patagónicos la defienden y prometen evitar una zonificación minera, pergeñada por gobernantes y corporaciones.
En Mendoza hay dos pertenencias extractivas en ciernes. Una es Potasio Río Colorado, de la brasileña Vale, en Malargüe, pródigo en cloruro de potasio para las fábricas de fertilizantes. Su explotación debería convulsionar al país, pues consumirá un millón de metros cúbicos de gas por día, equivalente a un tercio del que se importa de Bolivia. Utilizará la misma cantidad de energía eléctrica que la provincia de Tucumán. Agotará fuentes de agua y provocará un impacto ambiental insalvable reconocido por el propio Consejo Provincial del Ambiente. A la provincia le dejaría menos del 4% de lo que embolsará la minera.
Se precipita un año de conflictos sociales anunciados, con gobernantes y mineros abroquelados, ignorando los reclamos populares y del sentido común.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Suscribirse
Entradas
Comentarios